El sábado 26
de enero en las instalaciones de la Universidad Veracruzana (UV) Campus
Acayucan, se llevó a cabo el Foro Consultivo de la Zona Sur “Una Nueva Agenda
Municipal de Veracruz” evento realizado
en el marco de los Foros que se llevarán a cabo en las zonas sur, centro y
norte de la entidad que tienen como finalidad escuchar las distintas voces de
la sociedad civil, jóvenes, empresarios, académicos, munícipes y servidores
públicos municipales, para hacer de los ayuntamientos de Veracruz, entidades
con mayor bienestar, mejores servicios públicos y con más desarrollo económico
y social.

Este evento fue encabezado por la diputada Florencia
Martínez Rivera, presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado y por Mario Paniagua, Jefe del Departamento
Administrativo del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM),
quien asistió en representación del Maestro Rafael Alejandro Castillo Zugasti,
Director General del citado instituto.

Así mismo, el Economista César Antonio Rodríguez
Sosa, Subdirector de Integración y Evaluación de Planes, Programas y Estudios
de la Sefiplan, impartió la conferencia “La nueva Ley de Planeación y sus
implicaciones en la Planeación Municipal y en la Construcción de Una Nueva
Agenda Municipal”, en donde expuso los
cambios que contempla la Nueva Ley de Planeación, resaltando la integración de
la metodología Gestión para resultados, así como sus ejes y presupuesto basado
en resultados. Explicó que esta metodología elimina a los obsoletos Programas
Operativos Anuales que elaboraban los Ayuntamientos como herramienta de
planeación.

Indicó que en la Nueva Agenda Municipal, se tienen
que implementar programas transversales en igualdad de género, seguridad
pública, desarrollo económico y a la par que
los ayuntamientos deben generar confianza en la ciudadanía, ya que sin
participación social no se puede avanzar.

Finalmente recalcó que el artículo 65 de la Ley de
Planeación, establece que la omisión de no seguir los lineamientos en materia
de planeación, puede generar responsabilidades legales en los servidores
públicos.

Al término del evento diversos asistentes hicieron
uso de la voz para expresar sus ideas y propuestas en temas de seguridad
pública, igualdad de género, comunicaciones, migración, empleo, cultura y
atención a grupos vulnerables.

Al evento asistieron autoridades de los municipios
de Soconusco, Oluta, Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Texistepec, Sayula de
Alemán, Santiago Sochiapa, Jaltipan, Mecayapan y Jesús Carranza.

La LXV Legislatura del Estado de Veracruz, a través
de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y
Parlamento Abierto recibió la comparecencia de la titular del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI),
Yolli García Álvarez quien, además de brindar un informe sobre las acciones
llevadas a cabo en el año, respondió a
las preguntas de las y los diputados en relación a la capacitación a entes
obligados, el motivo de la demanda contra la Sefiplan, el estado y seguimiento
a las solicitudes de información, entre otros.

A las 10:00 horas, la Comisión Permanente de
Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, integrada por el
diputado Henri Cristophe Gómez Sánchez, presidente y las legisladoras Nora
Jessica Lagunes Jáuregui y Adriana Paola Linares Capitanachi, secretaria y
vocal, respectivamente, dio la bienvenida a la compareciente y leyó los
lineamientos que guiaron los trabajos.

En la primera ronda, la diputada del Grupo
Legislativo de Morena, María Candelas Francisco Doce recordó que la
verificación diagnóstica implementada por el IVAI arrojó datos como el que de
212 ayuntamientos sólo ocho tuvieron calificación aprobatoria, acto que señaló como
un reflejo de la responsabilidad de los ayuntamientos, pero que también atañe
al IVAI.

Por lo anterior, preguntó cuál es la consecuencia
legal que tiene un ente obligado que es omiso a las solicitudes de información
y cuáles fueron los casos más relevantes de sanciones y en qué temas,
correspondiente a la administración pública estatal anterior.

La titular del IVAI respondió que el cambio de
formato relativo a los nuevos lineamientos para publicar las obligaciones se
dio al final de las administraciones municipales salientes, por lo que las
nuevas autoridades tenían apenas que organizarse. Agregó que el Instituto
asesora y capacita a los entes que lo solicitan, además que han implementado
Foros Regionales, a fin de llegar a más lugares.

A una segunda intervención de la legisladora
Francisco Doce, la Comisionada subrayó que las tres demandas a la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan) fueron por el incumplimiento de ministraciones
al Instituto y que tenían que ver con gasto corriente, arrendamientos, entre
otros conceptos.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui habló sobre la triplicación de
solicitudes de información de un solo usuario; ante lo cual preguntó si existe
abuso al derecho de acceso a la información.

García Álvarez respondió que existe el antecedente
de un Ayuntamiento en la que una sola persona realizó solicitudes de
información masiva, lo que representó que esa autoridad dedicara a todas las
áreas a cumplir con las solicitudes de información. Dijo que en acercamientos
con el Congreso se ha planteado la posibilidad de plantear mecanismos para que,
cuando sucedan este tipo de casos, ampliar a más de diez días el plazo para que
el sujeto obligado entregue la información y así no ser sancionado.

La diputada Vicky Virginia Tadeo Ríos, del Grupo
Legislativo de Morena, recordó el exhorto
que se realizó a los Ayuntamientos donde se plantea la publicación y
actualización de los portales de transparencia y acceso de información del
estado de Veracruz; posteriormente cuestionó qué acciones emprendió el IVAI
para verificar que los Ayuntamientos cumplieran esta disposición legal en el
2018 y qué porcentaje de cumplimiento se alcanzó, además preguntó cuál fue la
sanción a los Ayuntamientos que incumplieron en este tema.

A lo que Comisionada del IVAI, refrendó que la
capacitación es el eje rector para dar cumplimiento de estas acciones, -agregó-
que antes de que los nuevos Ayuntamientos entraran en vigor se trabajó en
cuáles eran las obligaciones que se deberían dejar cumplidas, para los
salientes, así como levantar el acta de validación de las acciones incumplidas
en el caso de los entrantes, en el proceso de entrega recepción.

Aseguró que esta fue una acción que se realizó de la
mano de la Legislatura del Estado de Veracruz y el Órgano de Fiscalización, en
6 foros regionales para llegar a todos los puntos del estado.

Afirmó que actualmente, se han intensificado los
programas de capacitación para los nuevos titulares para que se conviertan en “la
voz” del IVAI dentro del Ayuntamiento y lograr que todas las áreas
administrativas tengan ese compromiso.

Respecto a la verificación, reiteró que no fue
posible verificar a todos los sujetos obligados, sin embargo se detectó que de
los 212 Ayuntamientos 24 incumplen al no tener en la plataforma ningún formato,
sin embargo aclaró que no ha concluido el proceso y que ya están en proceso
para dictaminar en los próximos días.

Por su parte el diputado Raymundo Andrade del Distrito
XII de Coatepec, pidió información referente al tema de la reportera Naldy
Rodríguez, respecto a la solicitud que realizó de los convenios publicitarios
firmados por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado
(CGCS) del año 2011 al 2016 y autorizados por el ex Gobernador del Estado Javier
Duarte de Ochoa y que supuestamente no le fueron otorgados; por lo que la
Comisionada respondió que a modo de aclaración el IVAI no presenta la
información que se solicita, sino que exhorta a los sujetos obligados a
entregarla en tiempo y forma conforme a la ley.

Ante esto el Instituto dictó la resolución que se le
fuera entregada dicha información por
parte de la CGCS, pues a pesar de asegurar de que no los tenían en existencia
no había sido expedida un acta de validación de inexistencia a través del comité
de transparencia; fue en enero de 2017 que se puso a disposición de la
reportera 799 fojas para sacarle copias, ya que en ese momento aún no estaba la
disposición de tenerlos publicadas en el portal.

De acuerdo a la ley tuvo 60 días hábiles para recoger
la información y que de no obtener esta información haberlo referido al IVAI
para actuar al respecto; sin embargo, al no haber respuesta de la misma, tanto
el Instituto así como la CGCS dio por finalizado el asunto de acuerdo al plazo
que marca la ley.

Indicó que la ciudadana Naldy Rodríguez promovió un
juicio de amparo ante el juzgado 2do de distrito de Veracruz y el IVAI solicita
los documentos a la CGCS dándose a la tarea de verificar la calidad de la
información, aunque no se encuentra obligada a realizar dicha actividad.

Expuso que ante las negativas de la Unidad de
transparencia de la CGCS de entregar dicha información, fue sujeta a una
amonestación por parte del Instituto. Finalmente se remite la información al
IVAI, siendo aun más fojas que las que inicialmente se habían entregado, para
que una vez revisadas ser entregadas a la solicitante. Añadió que adicional a
estas acciones, se solicitaron las facturas al ejecutivo que dio respuesta a
través de actas de validez que no tenían las facturas que emparaban dichos
convenios.

A la fecha, la solicitante expone inconformidad por
el cumplimiento de dicha información en la fiscalía, sin embargo no ha dado
parte al IVAI sobre los hechos o causas de dicha inconformidad; por lo que el
colegiado no ha resulto a la fecha si se debe dar por cumplida, ante lo
anterior el IVAI no ha dictaminado nada, hasta el que colegiado resuelva.

El diputado Andrade Rivera, cuestionó respecto al
tema del Foro Boca y la determinación que dio el IVAI de entregar por parte del
Ayuntamiento de Boca Río información de la construcción de este inmueble a un
particular que la solicitó, así como las carpetas y documentación que avalaran
dicha información para poder realizar una consulta pública.

García Álvarez, aseguró que en cuanto al Foro Boca,
fue alta la importancia y cantidad de recursos que se utilizaron que fue
calificado como sujeto obligado, afirmó que en efecto se han recibido muchas
solicitudes al respecto de los gastos de construcción.

Abundó que fue encontrado de primera instancia dos
irregularidades, solicitar la identificación de quien pide la información,
cuando ésta puede ser anónima y la segunda que le dieron un plazo específico
para la revisión de la documentación, cuando la persona llega a realizar la
revisión de la documentación no se le permitió el acceso ya que no se respetó
el plazo ni horario establecido.

Asimismo, le prohibieron la posibilidad de tomar
fotografías, por lo que levanta su inconformidad ante el IVAI. De acuerdo a la
observación del Instituto, el Ayuntamiento levanta constancia de haber cumplido
con la entrega de información, sin embargo el particular no acude al IVAI al
desahogó y este Instituto le da vista con la documentación emitida por el
sujeto obligado, donde asegura haber cumplido con la solicitud de la
Institución.

En la segunda intervención de la diputada Nora
Jessica Lagunes en relación a por qué esperaron a que concluyera la
administración estatal para presentar la demanda por la falta de pago de Sefiplan,
la presidenta del IVAI indicó que en primera instancia realizaban los
requerimientos de pago, pero que a partir de que el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (Orfis) lo detectó en la Cuenta Pública pidió al Órgano
Interno de Control del IVAI actuar en consecuencia.

Al hacer uso de la voz, durante la segunda ronda de
preguntas y respuestas, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui,
representante del PAN, cuestionó a la Comisionada Yolli García, sobre las
acciones de inconstitucionalidad presentadas por los órganos autónomos en
relación a creación de los órganos internos de control en cada uno de ellos.

García Álvarez detalló que estas acciones se derivan
de que consideran que no puede existir un órgano autónomo, como es el caso de
los órganos internos de control, dentro de otro órgano autónomo y están a la
espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo defina.

No obstante que se atendió el llamado del Congreso a
crear el órgano interno de control, abundo la Comisionada Presidenta, existe
una omisión legislativa y derivado de ello no se realizó una armonización
legislativa adecuada.

Lo anterior, destacó, pone en riesgo la viabilidad y
la autonomía financiera y presupuestal, del órgano que preside, y la acción de
inconstitucionalidad, promovida ante la SCJN, la cual se encuentra en periodo
de análisis, concluyó.

Como parte del calendario de comparecencias de los
órganos autónomos ante el Poder Legislativo de Veracruz, este 28 de enero
acudió la titular de la Comisión Estatal de Atención y Protección de
Periodistas (CEAPP) Ana Laura Pérez Mendoza a comparecer ante la Comisión
Permanente de Atención y Protección de Periodistas, presidida por la diputada
María Josefina Gamboa Torales, en donde brindó un informe sobre los resultados
de un año de ejercicio y además respondió las preguntas de las y los diputados.

A las 16:00 horas, en el auditorio Sebastián Lerdo
de Tejada, y con la participación del diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico,
secretario de la Comisión, la diputada María Josefina Gamboa dio la bienvenida
a la compareciente y acto seguido leyó el reglamento y disposiciones de los
trabajos de esta reunión.

En la primera ronda y por el Grupo Legislativo de
Morena, el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico preguntó qué acciones hace la
CEAPP para apoyar a las familias de los periodistas que hayan perdido la vida y
cuáles en materia de protección de periodistas mujeres, toda vez que Veracruz
tiene decretadas dos Alertas de Violencia de Género (AVG).

Al respecto, Pérez Mendoza indicó que han destinado
recursos humanos y financieros para las familias, así como medidas de seguridad
y programas con la Comisión de Víctimas. Destacó que debe sumarse esfuerzos con
el Poder Legislativo para crear mecanismos que faciliten los trámites a
realizar, ya que –ejemplificó- en el caso de un compañero desaparecido llevó un
año tener la constancia de víctima y los familiares se les dificultó el
trasladarse a la capital, que incluye gastos de traslado, hospedaje,
alimentación, entre otros.

Sobre las acciones de AVG informó que trabajan con
asociaciones, entre ellas “testigo púrpura” con actividades en materia de
prevención y concientización. Además se busca la coordinación con la autoridad
de seguridad pública.

A la segunda intervención del legislador Álvarez
Pellico sobre la atención otorgada por la CEAPP a los periodistas Oliver
Coronado y Ramón Rocha, la presidenta del órgano autónomo explicó que se llevó
a cabo una reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Gobierno, el
entonces legislador por Orizaba, Rogelio Arturo Rodríguez García y el munícipe
para tratar el tema.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, María
Josefina Gamboa Torales, solicitó que de todas las preguntas que realizó, se le
hiciera llegar por escrito en el término que la ley marca que es de 48 horas,
para su análisis y ampliación. Respecto a sus cuestionamientos versaron en los
temas del crecimiento presupuestal para el ejercicio 2018 en el capítulo 4 mil,
el cual incrementó de 600 mil pesos a 2 millones de pesos el cual pretende
incrementarse a 2 millones 300 mil pesos para ejercicio fiscal 2019, y que
debería reflejarse en protección para periodistas, ante lo anterior, Gamboa
Torales cuestionó, que en el contexto que en 2017 fueron 403 medidas de prevención en comparación de las
293 medidas dictadas en 2018; ¿a qué se debe la disminución de medidas?

Asimismo, la legisladora cuestionó que en su informe
de diagnóstico de la CEEAP referente a
la libertad de expresión, aseguró que los primeros 5 meses del 2018 se
registraron 478 agresiones de
periodistas, al respecto, preguntó si a pesar del incremento presupuestal del
233 por ciento no se cumplió con el objetivo de disminuir las amenazas en
contra de los comunicadores.

En su tercer cuestionamiento, la legisladora
preguntó cuáles son las acciones específicas que realiza la CEEAP para hacer
valer los derechos de los trabajadores, ante la afirmación por parte de esta
dependencia, de la precariedad laboral de los periodistas. Asimismo, cuestionó
que de las 133 medidas dictadas de los 46 expedientes de carácter preventivo,
se mencionan 29 medidas implementadas en colaboración con la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), 53 medidas tecnológicas, en conjunto con los años
anteriores, 3 más con la SSP y 8 tecnológicas, en el caso específico de SSP,
cuáles fueron específicamente y cuánto se destinó presupuestalmente en ese
sentido, así como en las tecnológicas,
cuántos periodistas fueron beneficiados y de qué manera contribuyeron a
la prevención de las agresiones.

En su quinto cuestionamiento, María Josefina Gamboa
Torales, abordó el tema del periodista Manuel Carvallo quien falleció hace
algunos días, por complicaciones en la amputación de un pie, aseguró que es
parte de las funciones de la CEEAP es apoyar a periodistas que se encuentran
ante alguna necesidad primordial, cómo garantizar que los apoyos sociales que
otorgan se realicen de manera imparcial.

A lo que la Presidenta de este Organismo, respondió
que referente al caso del compañero Manuel Carvallo fallecido en días
anteriores la Comisión no cuenta con la facultad de seguridad social para otorgar a
periodistas y que para ello hay autoridades encargadas de velar por los
derechos laborales, no solo de periodistas, sino de los trabajadores
veracruzanos, sin embargo la CEEAP pone atención en los periodistas que tengan
o no derechos laborales. En el caso especifico del finado Manuel Carvallo, en
el transcurso de varios momentos se le otorgó apoyo con asesoría jurídica
referente a un problema con un familiar, apoyo para la compra de medicamento,
la canalización a los Servicios de Salud correspondiente, pero él lo denegó en
su momento, entre otros, inclusive para sus gastos funerarios, asimismo,
destacó que en la pasada legislatura se presentó una iniciativa respecto a la
seguridad social del gremio, ya que es un tema fundamental para la CEEAP.

En lo que se refiere a la cuestión presupuestal,
Pérez Mendoza –agregó- que desde el año 2017 la Comisión realizó una reducción
de salario del cuerpo que integra la CEEAP, en vista de poder contribuir con
los programas de austeridad.

Ante el cuestionamiento del presupuesto, la
presidenta de la Comisión aseguró que la primera ampliación de 600 mil a 2 millones 339 mil pesos, al capítulo 4
mil fue planteado por la restructuración
por servicios personales, y ese monto es el que se espera volver a ejercer para
el 2019, sin obviar las economías posibles para beneficiar a este rubro, esto
se refleja en apoyos en materia preventiva, en revisión de expedientes y
reforzado en medidas de seguridad de los afectados. Añadió que en materia de
tecnológica, se ha realizado compra de equipo para reforzar los centros de
trabajo, además aclaró, que no fueron 403 medidas en 2017, sino 288 medidas
cautelares.

En cuanto a su derecho de réplica, la diputada
Gamboa Torales, solicitó explicar y abundar respecto a las inconsistencias en
cuanto a gastos de representación y viáticos, por lo que solicitó un desglose
por escrito de cada uno de los gastos expuestos en el informe presentado, ya
que la cantidad presentada en viáticos supera los 600 mil pesos que se han
otorgado en apoyo al gremio y con esto no se cumple con los objetivos de la
comisión.

Asimismo, cuestionó el caso de Jesús Santander que
fue reportado el 7 de enero como haber
concluido su medida cautelar y el 13 de enero se reporta como vigente.

Al respecto, la Presidenta del CEEAP, argumentó que
habría que revisar cuando se realizó la entrega del informe por parte del IVAI
ya que algunos gastos por comprobar se realizan hasta fin de mes; agregó, que
no existe gastos de representación para los integrantes de la Comisión y que se
utilizan vehículos oficiales de una manera responsable.

Respecto al tema de Jesús Santander, la Presidente
de CEEAP, se reservó abundar en el tema,
ya que se encuentra en su derecho de preservar detalles que pudieran poner en
riesgo la integridad del afectado o las personas implicadas en el mismo. Por lo
que propone una mesa de trabajo para platicarlo en lo particular.

A lo que la diputada Gamboa Torales, solicitó por
escrito se describa qué medidas cautelares han concluido y cuales siguen
activas, además solicitó las datos de los 578 periodistas capacitados, así como
los por menores de los tipos de capacitación y cómo fueron elegidos.

Al
hacer uso de la voz, durante la segunda ronda de preguntas y respuestas, la
diputada María Josefina García, cuestionó a la compareciente sobre diversos
temas, en especial sobre el trato misógino de que fueron objeto dos
periodistas, por parte del Secretario Ejecutivo de la CEAPP y qué medidas de
protección se toman cuando este tipo de acciones proviene de un funcionario de
esa Comisión, además sobre la situación que guardan otros casos que han
atendido y en cuáles existen comentarios que no han sido debidamente atendidos.

Asimismo,
fue cuestionada la presidenta de la Comisión respecto a la disparidad que
existe entre el número de carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía
especializada y las que reporta la CEAPP, a lo que la compareciente respondió
que esa disparidad se debe a que el organismo que preside abre carpetas por
cada caso que recibe y los periodistas no siempre deciden presentar la denuncia
correspondiente ante la Fiscalía.

Pérez
Mendoza se comprometió a hacer llegar -en el tiempo establecido- por escrito los
demás temas y datos que quedaron pendientes de responder.

El legislador Augusto Nahúm Álvarez cuestionó sobre
cuáles son los criterios para la redistribución del presupuesto de la CEAPP y
en qué elementos se basan para la capacitación a periodistas; a lo que Pérez
Mendoza contestó que siempre actúan conforme al Código Financiero del Estado y
demás leyes aplicables y –agregó- desde 2017 se establecieron los lineamientos
procurando que en dicha redistribución privilegiar la prevención y protección
de la integridad de las y los periodistas.

Sobre el plan de capacitación, expuso ésta es
realizada con el fin de incentivar a los periodistas a una mejor labor. Agregó
que se llevaron a cabo tres talleres, capacitándose a más de 50 personas del
norte y centro de la entidad.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura, diputado José Manuel Pozos Castro recibió a la diputada federal,
Anilú Ingram Vallines, quien presentó ante este Poder la iniciativa con
proyecto de Ley en Apoyo a Jefas de Familia Veracruzanas en Situación de
Vulnerabilidad, para el trámite legislativo correspondiente.

Con la participación de la diputada Mónica Robles
Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, el legislador Pozos Castro recordó que de conformidad con el
capítulo II, “Del Proceso Legislativo”, fracción II, del artículo 48 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo los diputados y senadores del Congreso de la
Unión, que se encuentren en funciones y hayan sido electos en el Estado, tienen
el derecho de iniciar leyes o decretos.

El legislador Pozos Castro subrayó que las y los
diputados del Congreso del Estado siempre respaldan las acciones que beneficien
a la sociedad en su conjunto y destacó que la suma de esfuerzos es de vital importancia para la construcción
de leyes que generen desarrollo social, bienestar y paz social.

“Sin distingo de partidos o colores, en el Congreso
privilegiamos el diálogo y la apertura porque es una demanda que nos exigen las
y los veracruzanos”, enfatizó.

La legisladora federal, Anilú Ingram destacó la
apertura de la Sexagésima Quinta Legislatura de Veracruz, toda vez que al
escuchar el sentir de las diversas fuerzas políticas dan muestra de la madurez
con que se guían los trabajos de este y corresponden a la nueva realidad que
vive la entidad.

Indicó que su iniciativa busca que la autoridad
estatal brinde apoyo a las jefas de familia que están en situación de
vulnerabilidad, que significa aquellas que no reciben beneficios de algún
programa social.

La diputada Magaly Armenta Olivares, presidenta de la
Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla “Premio Estatal a la Mujer
Veracruzana 2019”, expresó que este galardón se otorga a quien por sus
acciones, con su esfuerzo y amor, con su quehacer diario, ha trascendido en su
labor a favor de la población femenil y el Estado se los reconoce de esta
manera.

Esto, al encabezar los trabajos de la Comisión
Especial, durante los cuales analizaron el proyecto de convocatoria al Premio
Estatal, misma que deberá ser aprobada por el pleno del Congreso del Estado
para su posterior publicación.

Asistieron, también, las diputadas María Graciela Hernández
Iñiguez, secretaria; María Candelas Francisco Doce y Cristina Alarcón
Gutiérrez, vocales; quienes revisaron cada una de las bases de la convocatoria,
dirigida a las asociaciones civiles y académicas, agrupaciones defensoras de
derechos humanos y ciudadanas en general.

El propósito de la convocatoria es que se considere
a las veracruzanas, con los méritos suficientes, para recibir este
reconocimiento. De acuerdo con las bases, las propuestas podrán presentarse a
partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 22 de febrero del
presente año, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Las propuestas deberán incluir una exposición de
motivos y una narrativa de las principales acciones a favor de la igualdad de
género, promoción, impulso o defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Se establece que la comisión seleccionará entre las
propuestas a la mujer que, a su juicio, sea la merecedora
de esta distinción. El dictamen será sometido a consideración del Pleno para su
aprobación y la decisión de este es inapelable.

Integran, también, esta Comisión Especial, las
diputadas Florencia Martínez Rivera, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, Ivonne
Trujillo Ortiz y Jessica Ramírez Cisneros.

Las propuestas deberán hacerse llegar al Palacio
Legislativo, en avenida Encanto S/N esquina Lázaro Cárdenas, Colonia El
Mirador, Xalapa, Veracruz. Más información, en el teléfono (228) 842-05-00 extensión 2040.

El diputado presidente de la Comisión de Educación y
Cultura, León David Jiménez Reyes, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo
con el que se exhortaría al Rector de la Universidad Popular Autónoma de
Veracruz (UPAV), para que entregue un informe al Congreso del Estado sobre el
estado que guarda la institución en diferentes aspectos.

Durante su participación en Tribuna, el legislador
propuso solicitar por escrito y a la brevedad, un informe que precise la
cantidad de alumnos inscritos en las diversas áreas de la UPAV, detalles sobre
la inscripción y titulación; así como qué asociación civil y por qué se encarga
de manejar y operar los recursos que ingresan a la Institución.

Al exponer sus consideraciones, mencionó que uno de
los reclamos más constantes y que durante años hicieron los jóvenes
veracruzanos, era la falta de oportunidades para seguir estudiando una carrera
universitaria. El cupo que ofertaba la Universidad Veracruzana era insuficiente
y muchos aspirantes se quedaban sin preparación académica.

Recordó que este problema motivó la apertura de
diversas instituciones educativas en el sector privado, inaccesibles para
muchas familias veracruzanas.

Como medida para combatir el problema, en el 2011 se
expide la Ley número 276 que creó la Universidad Autónoma Popular de Veracruz,
desapareciendo el Instituto Veracruzano de Educación Superior y ofreciendo una
opción educativa de carácter público que respondía a las necesidades
específicas de la sociedad veracruzana.

Sin embargo –refirió el legislador de Morena-, desde
su fundación, la UPAV es administrada por un patronato cuyo manejo administrativo
es necesario transparentar.

Como ejemplo, señaló que en las cuentas públicas de
la UPAV del ejercicio fiscal 2016, la Comisión de Vigilancia de la LXIV
Legislatura, determinó 17 observaciones, de las cuales, se detectaron
irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores, ex
servidores públicos y personal que administra recursos recaudados, que hacen
presumir la existencia de daño patrimonial e inconsistencias de carácter
administrativo.

Explicó que finalizada la ampliación de la auditoría
financiera de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se determinó
que existen observaciones por probable daño patrimonial equivalentes a un monto
superior a los 363 millones de pesos.

Indicó que como Presidente de la Comisión es miembro
de la Junta de Gobierno de la UPAV y sin embargo, decidió solicitar la
información desde la Tribuna del Congreso, para dejar en claro que las cosas se
van a hacer bien y que habrá transparencia en el manejo de los recursos de la
institución.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, presidida por la
diputada Brianda Kristel Hernández Topete, recibió la comparecencia de la
titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto
Benítez, quien atendió las preguntas de las y los legisladores en relación a la
atención a la caravana de migrantes centroamericanos, trabajo a favor de víctimas
indirectas de feminicidio, trámite a las quejas, transparencia y casos
específicos referentes a la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras
dependencias.

La legisladora Hernández Topete, con la
participación de las diputadas Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz,
secretaria y vocal, respectivamente, guiaron los trabajos de esta
comparecencia, llevada a cabo en cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo
segundo del artículo 67 de la Constitución Política del Estado y lo señalado,
tanto en la Ley Orgánica como en el
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo.

En la primera ronda de preguntas y a nombre del
Grupo Legislativo de Morena, el diputado Wenceslao González Martínez preguntó
sobre el apoyo de la CEDH a la caravana de migrantes centroamericanos, las
acciones emprendidas en caso que se haya registrado la violación a derechos
humanos y si hubo coordinación con los gobiernos municipales y con el Estatal.

Matzumoto Benítez respondió que la labor de la CEDH
si hubo acompañamiento a la Caravana y que ésta labor se circunscribe en
vigilar que durante el tránsito por el territorio no sean vulnerados sus
derechos. Informó que asignaron más personas a las delegaciones de los
municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz para tal fin.

Refirió que recibieron quejas de la Caravana, en
su mayoría porque no se les brindó de
manera rápida y adecuada la atención médica para quienes sufrieron accidentes o
tuvieran una enfermedad. Destacó que hubo acciones coordinadas con los
ayuntamientos antes citados y asimismo con el Instituto Nacional de Migración
(INM) para los migrantes que optaron por el retorno voluntario a su país.

Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), la diputada Montserrat Ortega Ruiz cuestionó el número de quejas
registradas por familiares de víctimas de feminicidio, los programas
implementados para atender a las víctimas indirectas de este delito y si la
Comisión cuenta con personal especializado en el protocolo de Estambul cuando
se realiza este proceso en los reclusorios.

La titular de la CEDH informó que hay dos quejas que
versan sobre el retardo injustificado en la integración de carpetas de
investigación y –abundó- que existe coordinación con el Comité de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW). De igual forma señaló que registran cuatro recomendaciones
por tortura, una de 2016 y tres en 2017. En el mismo sentido subrayó que la
CEDH no cuenta con personal especializado para la atención del protocolo de
Estambul.

Por el Grupo Legislativo Mixto “Del
Correcto de la Historia”, la diputada Florencia Martínez Rivera preguntó qué
clase de políticas públicas ha implementado con los 212 municipios para promover y difundir la
cultura de los derechos humanos en la entidad; a lo que Matzumoto Benítez
respondió que a pesar de ser importantes las actividades de difusión se han priorizado las actividades de capacitación
en todo el estado. Destacó que en los municipios de Poza Rica y Jáltipan se han logrado firmar convenios para
llevar a cabo estas actividades, sin
embargo la capacitación no exige convenios.

Agregó que a través de las
delegaciones se han dado pláticas, capacitación, instalación de módulos afuera
de los Ayuntamientos -previo autorización de los propios ediles-, así como
campañas mensuales, siendo una acción constante en todos los ayuntamientos
que realizan los delegados de la CEDH,
además de las campañas en redes sociales que tienen gran alcance.

Por su parte la diputada Martínez Rivera resaltó que los derechos humanos son
esenciales para cualquier persona ya que gracias a su respeto se goza de
justicia, libertad y poder vivir de forma igualitaria, – agregó- es parte de la
sociedad que todos deben hacer colectiva y que convierte en protagonistas y
vigilantes de los mismos.

A lo que Namiko Matzumoto aseguró “extender la mano”
para el trabajo en conjunto a fin que las acciones que se tienen encaminadas sean
logradas y poder garantizar los derechos
humanos en Veracruz.

La diputada Brianda Kristel Hernández
Topete, representante del Grupo Legislativo Mixto MC-PRD, cuestionó cuántas
solicitudes de quejas recibió la CEDH por parte de los municipios que componen
el distrito XXIV, con cabecera en Santiago Tuxtla, y qué status guardan; por su
parte Matzumoto Benítez aseguró que existen 9 quejas; 4 están en
Visitaduría, 4 en trámite y una turnada a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) por motivo que la CEDH ya no tuvo competencia, pues las
autoridades que violaron los derechos humanos fueron de índole federal.

La legisladora Hernández Topete, continúo
su cuestionamiento respecto a las acciones que han impulsado los derechos
humanos por alerta de género; a lo que la Presidenta del CEDH respondió que
tanto la Ley General para que las mujeres vivan libres de violencia y su
homónima estatal, consideran a las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos
Humanos como aliados estratégicos en la implementación de las medidas de alerta
de género más no tienen injerencia como dependencia o autoridad.

Aseguró que la CEDH es tomada en
cuenta como un actor estratégico que puede coadyuvar en la elaboración de
políticas públicas para emitir las alertas de género y existe participación en
la creación del modelo, cursos de capacitación en diversos municipios de la
entidad, además de llevar el contenido de los derechos humanos en México como
una herramienta para introducir los
derechos humanos de género en la entidad.

El
diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, del Grupo Legislativo de Morena,
preguntó sobre las recomendaciones formuladas en contra de la FGE, cuántas
atendió y cuántas no.

Namiko
Matzumoto respondió que durante los tres años de su administración, la Fiscalía
ha sido destinataria de 53 recomendaciones; de hecho –puntualizó- es el ente
con mayor número de recomendaciones.

En
el año que se informa, la FGE recibió 21 recomendaciones, dos no fueron
aceptadas, por lo que se promovió el recurso de impugnación y están en trámite
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El porcentaje de cumplimiento que
tiene la Fiscalía es de 32.77 por ciento.

Durante
su intervención, la diputada de Morena, Cristina Alarcón Gutiérrez, abordó el
caso específico de la policía municipal de Orizaba, “los veracruzanos hemos
vivido con indignación, gobiernos indolentes y corruptos que lo menos que han
procurado es la plenitud de los derechos humanos”, refirió la legisladora.

La
titular de la Comisión aceptó que los casos que han vulnerado derechos humanos
por parte de la policía municipal y de los inspectores de comercio de Orizaba,
son de dominio público. Especificó que el año pasado se emitieron 17
recomendaciones por el uso ilegítimo de la fuerza y que inclusive las últimas
fueron rechazadas por la anterior administración.

Dijo
que han entrado en comunicación con el nuevo gobierno municipal que
aparentemente tiene la intención de aceptar las recomendaciones e ir avanzando
en el cumplimiento de dichos puntos.

Destacó
que la CEDH privilegia que las víctimas sean reparadas oportuna e
integralmente, eso es lo que más interesa a la Comisión.

La diputada Deisy Juan Antonio, del
Grupo Legislativo de Morena, cuestionó a la doctora Namiko Matzumoto, sobre el
número de recomendaciones emitidas a la FGE y cuál ha sido la repuesta de ese
órgano autónomo.

La respuesta fue que en 2017 fueron 11
recomendaciones y en 2018 se emitieron 21, las que han sido aceptadas por la
Fiscalía, en una primera etapa, aunque enfrenta dificultades, especialmente, en
el cumplimiento de recomendaciones de compensaciones a víctimas, ante la falta
de presupuesto que argumenta este organismo.

Abundó la titular de la CEDH que la
Fiscalía presenta un 32.77 por ciento de cumplimiento de las recomendaciones
emitidas y sobre sanciones a funcionarios públicos sólo ha informado que ha
sido iniciado el procedimiento.

La diputada María Esther López
Callejas, del Grupo Legislativo de Morena, centró sus cuestionamientos en las acciones
realizadas en atención a víctimas de desaparición forzada, a sus familiares y
qué protocolos aplican.

A estos cuestionamientos, Matzumoto
Benítez respondió que en los casos de desapariciones forzadas se da
acompañamiento a los familiares de las víctimas, orientación, asesoría en
protocolos y se mantiene un contacto permanente con ellos.

En otro momento de su participación,
la diputada Deisy Juan Antonio, preguntó
el número de recomendaciones emitidas en el caso de las fosas
clandestinas localizadas en el predio “Arbolillo”, ubicado en el municipio de Alvarado;
respondiendo la compareciente que fueron 12 quejas y básicamente por falta a la
debida diligencia.

El legislador Amado Jesús Cruz Malpica, del
Grupo Legislativo de Morena, preguntó cuántas recomendaciones ha emitido la
CEDH respecto al tema de periodistas y sobre la posición de este órgano con
relación a la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas
(CEAPP), toda vez que –consideró- pareciera existe un “problema de frontera”,
entre ambas instituciones.

La
servidora pública expuso que la CEDH emitió en 2017 una recomendación y en 2018
dos conciliaciones (cuando ya se acredita la restricción ilegitima) respecto al
ejercicio periodístico. Descartó un “problema de frontera” con la CEAPP, ya que
–agregó- ésta última tiene encomendada la protección de los periodistas en
relación a su vida e integridad en el ejercicio del periodismo y brindar las
medidas necesarias.

Detalló
que la CEDH siempre tiene disposición de trabajar coordinadamente con los
diversos órganos y dependencias de la administración pública, con el fin de
garantizar los derechos humanos de quienes habitan o transitan por el
territorio veracruzano.

La
legisladora Ana Miriam Ferráez Centeno, del Grupo Legislativo de Morena,
solicitó la postura de la CEDH respecto a los resultados de las políticas
públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. A lo que Matzumoto
Benítez respondió que el Estado mexicano y en particular Veracruz es “rico” en
legislación respecto a igualdad entre mujeres y hombres “el problema a
enfrentarse está entre la normativa y la realidad, ya que existe una brecha
enorme al respecto”.

La
comparecencia, que inició a las 10:00 horas, fue concluida a las 12:18 horas
por la diputada Brianda Kristel Hernández.

La
diputada del Distrito XI, Ana Miriam Ferráez Centeno, ofreció una disculpa a
las mujeres veracruzanas por su declaración de ayer, “no supe expresar de
manera correcta la indignación, la impotencia y el dolor que siento ante esta
situación de las cuales somos víctimas las mujeres en nuestro país”.

En
la sala de prensa del Congreso del Estado, la legisladora originaria de Xalapa,
expresó su solidaridad con todas las mujeres que de cierto modo sufren
violencia de género, discriminación, la misoginia y las desigualdades, y que
además temen por su vida y la de sus hijas.

La
diputada secretaria de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, consideró
que la violencia contra las mujeres es una realidad que debe atenderse
conjuntamente.

“Mi
admiración a todas las mujeres, jefas de familia que trabajan todo el día y
hasta altas horas de la noche. Mi intención nunca fue coartar su libertad y
tampoco victimizarlas. Es de humanos errar y con humildad les reitero mi
ofrecimiento de disculpas a todas las mujeres que se sintieron agredidas por mi
declaración”, puntualizó.

Además,
dijo sumarse y celebrar que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ponga en
marcha a partir del 25 de enero, su programa “Cero Tolerancia a la Violencia”.

La diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz presentó ante el pleno de la
LXV Legislatura un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que propone la
creación de la Comisión Especial para el Seguimiento de las Alertas de
Violencia de Género Contra las Mujeres y por Agravio Comparado para el Estado
de Veracruz.

La legisladora Robles Barajas, presidenta de la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales destacó que la discriminación,
la inseguridad, los feminicidios, asesinatos y desapariciones representan una
lacerante realidad que viven cientos de mujeres y niñas veracruzanas, marcando
por siempre su vida, la de sus familias
y con ello la de la sociedad entera.

“Una realidad que a
todas y a todos nos indigna, nos preocupa y nos conmina a tomar acciones
en colectivo”, destacó.

Señaló que hoy toma la palabra desde la máxima
tribuna del Estado para expresar de manera categórica que su partido,
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tiene un compromiso irrestricto
con el respeto y la garantía al libre ejercicio
de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y de la ciudadanía
veracruzana en su conjunto.

“A pesar de haber heredado de las administraciones
anteriores los índices de violencia más alarmantes en la historia de nuestro
estado, de ninguna manera justificaremos o promoveremos medidas que atenten contra la libertad de las
personas”, refirió.

Dijo que en
Veracruz es y debe ser, asunto de la más alta prioridad en la Agenda
estatal, para los tres órdenes de gobierno, para el Poder Ejecutivo, como para
los Poderes Legislativo y Judicial, que se acentúen de forma efectiva, las
acciones para atender las recomendaciones de las Declaratorias de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres, por Feminicidio y por Agravio Comparado
para el estado.

Agregó que como diputadas y diputados de la
Sexagésima Quinta Legislatura, primera
integrada con paridad de género, es una extraordinaria oportunidad para saldar
la deuda de igualdad sustantiva, y consideró de gran importancia y emergencia,
proponer ante el Pleno, la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la
implementación de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y por
Agravio Comparado.

Destacó que esta Comisión Especial debe estar conformada con la representación de cada una de las
fracciones parlamentarias por las y los diputados que deseen demostrar acciones
y decisiones.

Además, propuso que en esta instancia participen
también, las y los presidentes integrantes de las siguientes Comisiones
permanentes de: Para la Igualdad de Género; de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables; de Salud y Asistencia; de Educación y Cultura; de
Procuración de Justicia; de Asuntos Indígenas; de Derechos de la Niñez y la
Familia, de Seguridad Pública; de Justicia y Puntos Constitucionales y de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

Para finalizar, la diputada de Morena, apuntó que esta
Sexagésima Quinta Legislatura puede
hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre la libertad, el respeto y
la inclusión para las veracruzanas, al romper inercias, al superar tabúes y
prejuicios, para escribir la historia que debe transformar el entorno, la
cultura de Igualdad y la vida de todas.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de
Veracruz aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por
el cual este Poder exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)
del estado a revisar, en conjunto con las Comisiones Permanentes para la
Igualdad de Género y de Hacienda del Estado, el presupuesto para atender
eficazmente las alertas de violencia de género contra las mujeres, declaradas
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Incluye la revisión del presupuesto para fortalecer
la capacidad institucional de las Unidades de Género de la Administración
Pública Estatal, de los organismos autónomos y del Poder Judicial y para
retomar, como referentes, los anexos X y XI del Decreto de Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016, a
fin de crear un nuevo anexo de presupuesto etiquetado para el ejercicio fiscal
2019.

Lo anterior, para implementar políticas públicas en
las dependencias de la Administración Pública Estatal, que refuercen las
acciones y los programas para la igualdad de género, la prevención y atención
de la violencia y el empoderamiento de las veracruzanas.

En este Acuerdo, resultado del anteproyecto que
presentó el pasado 8 de enero la diputada del Grupo Legislativo de Morena,
Mónica Robles Barajas, los integrantes de la Jucopo coinciden en relación a que
el Presupuesto de Egresos es el instrumento de política pública que refleja las
prioridades económicas y sociales de los gobiernos en términos monetarios, por
este motivo debe considerar las necesidades e intereses de las mujeres y los
hombres.

Destacan la aportación, por parte de la legisladora,
de información estadística respecto a que Veracruz se ubica entre los primeros
lugares en la incidencia de feminicidios a nivel nacional, así como en
embarazos de adolescentes, lo que revela una constante de violencia contra las
mujeres, a quienes además se criminaliza por decidir interrumpir su embarazo.

La diputada Robles Barajas, presidenta de la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, consideró legítimo
el reclamo de las Unidades de Género y Enlaces para la Igualdad de la
Administración Pública Estatal, de los organismos autónomos y del Poder
Judicial de mayores recursos para el desempeño de sus tareas, por lo que estima
necesario elaborar un anexo que permita fortalecer políticas públicas que
materialicen acciones y programas en la materia y se combatan las violaciones a
los derechos humanos de las mujeres y niñas.

En cumplimiento al artículo 23 nonies, de la Ley de
Premios del Estado, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó la creación de la
Comisión Especial del Premio
Estatal a la Mujer cuya instancia será la encargada de
realizar los trabajos para la elección de la mujer acreedora a esta distinción.

La Comisión Especial quedó integrada por las
diputadas Magaly Armenta Oliveros, presidenta; María Graciela Hernández
Iñiguez, secretaria, así como por las legisladoras Andrea de Guadalupe Yunes
Yunes, Florencia Martínez Rivera, Ivonne Trujillo Ortiz, María Candelas
Francisco Doce, Jessica Ramírez Cisneros y Cristina Alarcón Gutiérrez, vocales.

De acuerdo con la normatividad vigente, esta
comisión legislativa emitirá la convocatoria para recibir las propuestas
correspondientes y posteriormente formulará un dictamen con el nombre de la
mujer que se considere merecedora al premio estatal, mismo que será sometido al
Pleno para su votación antes de que concluya el primer periodo ordinario de
sesiones.

Cabe destacar que el Premio Estatal a la Mujer es un
reconocimiento que se otorga a las veracruzanas destacadas por su trayectoria
de vida, obra, méritos académicos, científicos, artísticos, literarios o de
otra índole, o que desde cualquier ámbito de acción hayan contribuido al
cumplimiento en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de
género en la Entidad.

El Premio Estatal a la Mujer consistirá en una
medalla que se entregará en el mes de marzo, en sesión solemne del Pleno, en el
marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer como lo establece
la ley en la materia.

Este Acuerdo será comunicado a los ciudadanos Gobernador del Estado y al Presidente
del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Además de será publicado la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de
Veracruz aprobó la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el
artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos con la que se dota a la figura de “extinción de
dominio” de viabilidad y eficacia.

De esta manera, la Sexagésima Quinta Legislatura de Veracruz
cumple con lo señalado en el artículo 135 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de reformas constitucionales.

La Minuta, que registró 42 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra, establece que la acción de extinción de dominio
se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento
jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma del penal. Las autoridades
competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el
cumplimiento de esta función.

La Ley establecerá los mecanismos para que las
autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio,
incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la
autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y
monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de
oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.

“Será procedente sobre bienes de carácter
patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren
relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción,
encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia
organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra
la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.

A toda persona que se considere afectada, se le
deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la
procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento.

No se considerará confiscación la aplicación de
bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos,
ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad
civil derivada de la comisión de un delito.

En la Minuta se establece como facultad del Congreso
de la Unión el expedir la legislación única en materia procesal civil y
familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22
de la Constitución Política Federal.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz
presentó ante el Pleno la iniciativa con proyecto de Ley para la Declaración
Especial de Ausencia por Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz
que tiene como objeto, entre otros, establecer el procedimiento local para la
emisión de la Declaración Especial de
Ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio
del procedimiento.

Así como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los Familiares
o personas legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por el Órgano
Jurisdiccional competente.

La diputada Cervantes de la Cruz, integrante del Grupo
Legislativo de Morena, subrayó que esta ley regirá la problemática y
dará solución a los daños producidos de las necesidades de las victimas
indirectas, con un enfoque de derechos humanos, respetando el principio de
presunción de vida de la persona desaparecida hasta su localización, o bien,
hasta que el resultado de una investigación y búsqueda efectiva indiquen lo
contrario.

Aseguró que la práctica de la desaparición forzada de personas
viola los derechos humanos, tanto de víctimas directas como indirectas, y ante
este contexto los familiares, no sólo sufren la ausencia por desaparición de su
familiar, sino que también se enfrentan a la anulación de la posibilidad de ejercer
los derechos del desaparecido y hacerse cargo de sus obligaciones, por lo que
el reconocimiento de su personalidad jurídica queda suprimido hasta en tanto se
localice.

Lo
anterior –agregó- representa un problema más, pues en muchos de los casos la
persona desaparecida puede ser el sustento de la familia, y que derivado de su
desaparición sus bienes o propiedades quedan en la incertidumbre, ya que la
mayoría de las veces no hay posibilidad de que sean administrados para
garantizar la subsistencia de la familia o de las personas dependientes, de lo
que se desprende afectaciones
económicas, emocionales, sociales y jurídicas que sufren las familias en estas
circunstancias.

Dijo
que en Veracruz, el incremento de ésta conducta se torna preocupante y más aún
cuando desafortunadamente se encuentra la falta de voluntad política para la búsqueda
eficiente, la poca impartición de justicia y la ausente reparación del daño por
parte de las autoridades competentes en la investigación de las personas desaparecidas
que hacen aun más difícil el camino para familiares que atraviesan ésta
situación.

En
este afán por encontrar respuestas que familiares y amigos se han unido en
grupos, asociaciones y colectivos para alzar la voz y que les ha permitido
colocar ésta problemática en la agenda pública y gubernamental del país, abundó
Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a
la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz.

Precisó
que “con la presente ley no sólo se
estará dando cumplimiento a los mandatos establecidos por la Ley General en
Materia de Desaparición y operatividad a los de la Ley Estatal, sino lo más
importante, se estará escuchando la voz y el sentir de los colectivos de
familiares de personas desaparecidas, quienes han trabajado arduamente en la
configuración de esta Ley y en general, en la configuración de un marco
jurídico sensible y acorde a las necesidades que engendra la desaparición de
personas”.

Afirmó
que dicho proyecto está compuesto de 34 artículos sistematizados en cuatro
capítulos, los cuales se han trabajo en conjunto con colectivos y especialistas
en materia legislativa, para dar solución a ésta problemática.

Esta
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

El Pleno de la LXV Legislatura modificó el
calendario de comparecencias de órganos autónomos para el solo efecto que tanto
los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) acudan ante las comisiones
respectivas, a las 10:00 y 16:00 horas, respectivamente, teniendo como sede la
sala de sesiones “Venustiano Carranza” del Congreso del Estado.

Cabe destacar que el calendario, aprobado por el
Pleno el pasado 17 de enero, establecía que las comparecencias se realizarán en
el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”. Sin embargo este 23 de enero, del año
en curso, a las 10:00 horas será la audiencia del titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE) ante la Comisión Permanente Instructora.

Por lo anterior, las y los integrantes de la Jucopo
consideraron viable cambiar la sede de las comparecencias de la CEDH y del
Orfis, a petición del área administrativa de este Poder.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó la
iniciativa que busca crear la Comisión Permanente de Atención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad en el Congreso del Estado cuya instancia
tendría, entre sus principales objetivos, impulsar la debida y oportuna atención a una
parte de la población que requiere leyes, acciones y programas de gobierno
permanentes, que les garanticen el pleno ejercicio de sus derechos humanos y su
incorporación a la vida social y productiva.

Durante su intervención en la décima tercera sesión
ordinaria, del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura planteó adicionar
la fracción IV, recorriéndose las subsecuentes,
al artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz
a fin de crear la citada Comisión Permanente.

La diputada Ortega
Ruiz subrayó que la creación de la Comisión Permanente de Atención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad no implicaría costo adicional a los trabajos
legislativos que se realizan en este Congreso, “por el contrario, será un mensaje
claro del esfuerzo de esta Legislatura a favor de los Derechos Humanos de todas
las personas”.

Enfatizó que en México las personas con discapacidad se enfrentan a enormes
desigualdades de oportunidades de participación e inclusión efectiva en la sociedad,
lo cual impacta en una grave violación a sus derechos más fundamentales, siendo
que en el país existe una amplia legislación sobre los derechos de las Personas
con Discapacidad, incluidos de modo amplio en la Reforma Constitucional del 10
de junio de 2011, en materia de Derechos Humanos.

Sin
embargo, -agregó- éste sector aún enfrenta múltiples barreras relativas a la
participación adecuada en los procesos de toma de decisiones, acceso a la
educación inclusiva y de calidad, a la salud, al empleo, a la justicia, a la
recreación y la cultura, entre muchas más.

La
diputada Montserrat Ortega, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN) señaló que datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el Banco Mundial (2011), registran a nivel global alrededor de mil millones de
personas con discapacidad, física, sensorial, intelectual y psicosocial, es
decir, cerca del 15 por ciento de la población mundial.

Expuso que
la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto (2013), reporta que el 7.1 por ciento de la
población en México expresa algún tipo de discapacidad, en Veracruz se estima
que alrededor del 6 por ciento de la población presenta algún tipo de
discapacidad, esto es el 19 por ciento de los hogares.

La también secretaria de la Comisión Permanente de
Derechos de las Niñez y la Familia expuso que su iniciativa va en concordancia con el anuncio del Gobierno Federal,
hecho en días pasados, sobre el programa de pensión para personas con
discapacidad.

Para su análisis y estudio, la iniciativa fue
turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables y a la de Gobernación.

El Pleno de la LXV Legislatura modificó el
calendario de comparecencias de órganos autónomos para el solo efecto que tanto
los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) acudan ante las comisiones
respectivas, a las 10:00 y 16:00 horas, respectivamente, teniendo como sede la
sala de sesiones “Venustiano Carranza” del Congreso del Estado.

Cabe destacar que el calendario, aprobado por el
Pleno el pasado 17 de enero, establecía que las comparecencias se realizarán en
el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”. Sin embargo este 23 de enero, del año
en curso, a las 10:00 horas será la audiencia del titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE) ante la Comisión Permanente Instructora.

Por lo anterior, las y los integrantes de la Jucopo
consideraron viable cambiar la sede de las comparecencias de la CEDH y del
Orfis, a petición del área administrativa de este Poder.

El diputado José Magdaleno Rosales Torres presentó
ante el Pleno de la LXV Legislatura un anteproyecto que busca exhortar a los
Gobiernos federal y estatal, para que a través de las dependencias competentes, instrumenten acciones
concernientes a la prevención, atención, supervisión, erradicación y sanción,
respecto a la problemática surgida del ecocidio del Río Atoyac, ubicado al
margen de los municipios de Cuitláhuac, Atoyac, Carrillo Puerto y Cotaxtla.

El
legislador, representante del Distrito XVII, con cabecera en Medellín, solicita
en su anteproyecto exhortar a los
Ayuntamientos de Atoyac, Carrillo Puerto, Cotaxtla y Cuitláhuac a
incluir en sus programas de obras la gestión, construcción y mantenimiento de
plantas de tratamientos de aguas residuales, así como su implementación por las
industrias asentadas en sus demarcaciones, y a cumplir lo previsto sobre este
particular en sus respectivos planes municipales de desarrollo.

En el
mismo sentido y de acuerdo al artículo 9 y 10 de la Ley General de Aguas Nacionales,
pide a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informe a esta soberanía los
resultados de las evaluaciones aplicadas a las industrias asentadas en la
cuenca del Río Atoyac.

En su
intervención, durante la décima tercera sesión ordinaria, el diputado Rosales
Torres señaló que el Río Atoyac es dañado por una cantidad inmensa de
sustancias contaminantes, vertidas sin control por diversas industrias
asentadas en la zona. Agregó que las granjas porcinas envían sus excrementos y
desechos, la Alcoholera de Zapopan vierte vinaza y junto a los ingenios
azucareros como “El Potrero” desechos agroquímicos.

Dijo que
los municipios aledaños descargan sus drenajes y residuos de aguas negras;
además de los lixiviados de un creciente número de basureros a cielo abierto,
como el de Medellín de Bravo, y aguas residuales sin tratar del rastro
municipal de Atoyac.

Aunado a
lo anterior –subrayó- la contaminación ambiental empeora debido a que los
ingenios azucareros arrojan humo y tizne de forma continua, los cuales son una
presencia permanente en las casas, escuelas, calles y en los pulmones de los
habitantes de las comunidades, en mayor grado durante la época de zafra que
dura entre seis y ocho meses.

El
diputado expuso que es cierto que el ingenio, la alcoholera y las granjas han
dado trabajo por muchos años a la población e invierten en innovación
tecnológica. Pero, agregó, han sido dejados de lado proyectos de apoyo al medio
ambiente como plantas de tratamiento de aguas residuales, no sólo del ingenio
sino de las demás empresas de la zona y de los ayuntamientos.

Por
último, recordó que el artículo cuarto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos garantiza, entre otros, que toda persona tiene derecho
a la protección de la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Para generar alianzas con las dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado e implementar acciones que puedan impactar en la
transformación de la sociedad, el Centro de Estudios para la Igualdad de Género
y Derechos Humanos del Congreso del Estado, convocó al taller “Sexualidad,
mucho más que sexo. Nociones básicas para hablar de sexualidad”.

La candidata a doctora, María Elena García Filobello,
encargada del Centro, dio la bienvenida a titulares y auxiliares de las
unidades de género de distintas dependencias del Gobierno del Estado, con
quienes espera trabajar de cerca para generar cambios al interior de sus
centros de trabajo pero también, de acuerdo con sus respectivas atribuciones,
promover acciones y políticas con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos.

Tras destacar que el evento se convocó en el marco
del día 25, dedicado –cada mes- a generar conciencia sobre la situación de
violencia que viven millones de mujeres, García Filobello mencionó que
erradicar la violencia de género es una lucha de día a día que involucra al Sector
Público, al Privado y a la Academia.

“Muchas de las obligaciones que hay en el tema de la
violencia de género, recaen en las autoridades, sobre todo en las que tienen la
capacidad para implementar las acciones dentro de la Alerta de Violencia de Género.
Yo espero que las unidades de género den seguimiento firme y puntual al
cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género en sus dependencias”, expresó.

Reunidos en la sala Jesús Reyes Heroles del Congreso
del Estado, los representantes de las Secretarías de Salud (SS), de Desarrollo
Económico y Portuario (Sedecop), de Seguridad Pública (SSP), de Educación de
Veracruz (SEV), de Finanzas y Planeación (Sefiplan), así como de Dirección
General de Archivo del Estado, el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
(INVEDEM) y otras dependencias estatales, participaron en el taller impartido
por el Colectivo Multidisciplinario BRIO por una educación sexual integral.

Este 23 de enero, se replica el curso, ahora con
representantes de organismos autónomos.

La Sexagésima Quinta Legislatura actúa con estricto
apego a legalidad y respeto a derechos humanos, señaló el diputado Rubén Ríos
Uribe, presidente de la Comisión Permanente Instructora, durante la audiencia
de pruebas y alegatos, celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Poder Legislativo, como parte del proceso de Juicio Político en contra del
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La audiencia tuvo carácter de privada, en atención
al artículo 7 de la Ley de Juicio Política y Declaración de Procedencia para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que dicta “en el juicio político y la
declaración de procedencia, los acuerdos del Congreso del Estado y las
resoluciones del Tribunal Superior de Justicia se tomarán en sesión pública o
privada, según puedan afectarse las buenas costumbres o el interés general”.

El legislador Ríos Uribe subrayó que la Comisión
Instructora tiene una conformación plural, toda vez que él, en su calidad de
presidente, pertenece al Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”,
la diputada Jessica Ramírez Cisneros, secretaria, de Morena y el diputado
Enrique Cambranis Torres, vocal, del Partido Acción Nacional (PAN).

Dijo que esta instancia legislativa, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley, tiene la obligación de desahogar los
asuntos que le son turnados por el Pleno y en esta ocasión corresponde escuchar
las pruebas que presenten el denunciante y el denunciado y, con base en el
artículo 22 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, dictaminar –tres días posteriores a la fecha
de la audiencia- los hechos denunciados.

El diputado Rubén Ríos descartó “tintes políticos o
partidistas” en este proceso de Juicio Político y –aseguró- que se trata del
cumplimiento de la ley. “Como diputados nos corresponde hacer nuestra labor en
el Congreso del Estado, viendo en todo momento por el interés superior de las y
los ciudadanos. Considero que es el pueblo quien juzga y ellos no se
equivocan”.

Por último, el legislador hizo un llamado a los
actores políticos involucrados en el tema a conducirse con civilidad y respeto,
toda vez que la división y el encono perjudican a las instituciones y a la
sociedad en su conjunto.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,
integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, al hacer
uso de la tribuna presentó un pronunciamiento relativo al robo de hidrocarburos,
que durante la alternancia democrática, destacó, fue notable y exponencial, como
el nulo interés que se tuvo por combatir esta ilegalidad, de tal manera que el
actual Presidente lo está resolviendo, no es una estrategia al vapor, es un
protocolo de PEMEX que nunca se llevó a cabo.

Esta práctica, continuó el legislador Vagas
Barrientos, aparte de ser un delito grave, representa un peligro para los que de manera ilegal
perforan y roban los hidrocarburos. “La semana pasada en el estado de Hidalgo
sucedió una tragedia, la cual lamentamos mucho el grupo legislativo de Morena”.

Por tanto, agregó, es necesario generar las medidas
para que estas prácticas dejen de lacerar al país y lograr que quienes se
dedican a esto dejen de hacerlo, con ello entender que es un delito y que se
pone en riesgo la vida.

Desde hace un par de semanas que López Obrador
anunció medidas frontales, abundó el diputado del Grupo Legislativo de Morena,
para el combate al robo de gasolinas y ha habido resultados positivos, ya que,
se informó que se ha logrado pasar del equivalente de setecientos ochenta y
siete camiones cisternas robadas diariamente a solamente ciento setenta y
siete. Una reducción notable que, en números, significa un ahorro de ciento
treinta millones de dólares en solamente unos días.

El diputado Vargas Barrientos, apuntó que “quisiera
reservarme en ese momento, opinar sobre las gasolineras que se presume
compraban gasolina robada, este tema es también delicado y de ser cierto, serán
sancionadas con apego a la ley.”

Iniciamos una Cuarta Transformación, subrayó durante
su participación, “hay muchas cosas por hacer, esto empieza y empieza bien, se
están cumpliendo las promesas de campaña, se erradicara la corrupción, se
erradicara el robo de combustible que tanto daño ha hecho al país y que a pocos
días de que el señor Presidente tomo cargo, se decidió frenar el saqueo de
PEMEX y a nuestro país”.

Al finalizar su participación, el legislador de Morena
hizo un llamado para que “quienes pretendan que el Gobierno Federal dé marcha
atrás para que se sigan robando miles y millones de litros de hidrocarburos,
pensando que no es la manera, les pedimos su comprensión, se está regularizando
y pronto todo se normalizará.”

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presentó un
Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhortaría al Gobernador para
que instruya a la autoridad del Transporte Público, respeto a lo establecido en
el artículo 361 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial,
referente al servicio que prestan los taxistas en la entidad veracruzana.

El exhorto estaría dirigido también al Secretario de
Seguridad Pública para que instruya al Titular de la Dirección General de
Transporte, a que sus delegaciones cesen la persecución y hostigamiento a los
compañeros de los diversos gremios de taxistas de la entidad, permitiéndoles brindar
el servicio a la sociedad veracruzana.

Durante su intervención en la Décima Tercera Sesión
Ordinaria de la LXV Legislatura del Estado, la legisladora precisó que el
transporte público de pasajeros en su modalidad de taxis representa uno de los
mayores medios de movilidad en el Estado y en ocasiones, es el único medio de
transporte para miles de hombres y mujeres.

Dijo que diariamente, cerca de 79 mil taxistas
prestan sus servicios a los veracruzanos y sin embargo, algunos prestadores del
servicio abusan de la concesión, levantando pasaje fuera de la demarcación
territorial a la que corresponden y utilizando sus unidades como “taxis
colectivos”.

Esta falta –explicó-, es aprovechada por agentes de
tránsito para detener a cualquier taxista y pedir “mochada”, con la amenaza de
que si no acceden, remitirán sus unidades al corralón.

La integrante del Grupo Legislativo Movimiento
Ciudadano – Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), precisó que en el
distrito de Perote, al cual pertenece,
taxistas de Altotonga se han visto acosados por elementos pertenecientes
de la Dirección General de Transporte del Estado, bajándoles el pasaje,
acusándolos de hacer corridas fuera de su jurisdicción o demarcación
territorial y amenazándolos con retirarles las unidades y las concesiones si no
pagan las cantidades que les requieren, cuando únicamente prestan su servicio
en viaje redondo.

Por lo anteriormente expuesto, la legisladora
presentó el Anteproyecto, mismo que fue turnado a la Junta de Coordinación
Política para su análisis y dictamen correspondiente.

El diputado Erik Iván Aguilar López, integrante del
Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia” en el Congreso de
Veracruz, presentó una iniciativa de decreto que reformaría la Ley Orgánica del
Municipio Libre para otorgar a las Contralorías Municipales la facultad para
realizar las diligencias de notificaciones personales que vía exhorto u oficio
les encomienden el Órgano de Fiscalización del Estado (Orfis) u otros Órganos Internos
de Control (OIC), una vez diligenciado deberá remitirlo al Órgano Interno de
Control requirente.

Del mismo modo, modificaría el Código de
Procedimientos Administrativos para señalar que “cuando la persona a notificar
radique fuera de la residencia del Órgano Interno de Control respectivo, esta
diligencia podrá hacerse mediante exhorto u oficio dirigido a la autoridad del
Órgano Interno de Control ubicado en el domicilio donde se tenga que llevar la
misma. Una vez diligenciado el exhorto u oficio, el órgano Interno de Control,
sin más trámite, deberá remitirlo con las constancias que acrediten el debido
cumplimiento de la diligencia practicada en auxilio del Órgano requirente.”

El legislador subrayó que esta medida, además de
agilizar los procedimientos, evitará que el personal se traslade a las
diferentes partes de Estado e implicará un ahorro considerable de recursos
económicos en viáticos y demás gastos inherentes.

De la misma manera –agregó- se estima eficaz, pues las
notificaciones se realizarán por un Órgano de similar naturaleza, que por tanto
es conocedor de los principios que rigen las notificaciones.

Aseguró
que por una parte los OIC son los responsables de notificar personalmente a
cualquier servidor público de algún procedimiento que se le ha iniciado, sin
embargo el funcionamiento de los adecuados procesos administrativos se complica
ante la distribución geográfica de algunas dependencias en la entidad, sea por
distancia, viáticos, entre otros, lo que impide que los procedimientos se
cumplan en tiempo y forma como se encuentra inscrito en la ley.

En
su iniciativa, el legislador Aguilar López, propone que las Contralorías
municipales (respetando sus autonomías) coadyuven con los OIC responsables de
fiscalizar a las Dependencias y Organismo Autónomos, a notificar a todo
servidor público que se encuentren requerido por un proceso administrativo y
que lógicamente su área de trabajo se encuentra ubicada en el Municipio o
región donde se le realizará la notificación.

La
iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Permanentes
Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Gobernación.

Durante los trabajos del Pleno de la LXV Legislatura
del Estado, en su décimo tercera Sesión Ordinaria, se presentó la Iniciativa de
Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado, y que a nombre de los
diputados integrantes del Grupo Legislativo de Morena, dio lectura la diputada Deisy
Juan Antonio.

Reconoció, durante su intervención y
en referencia a como se encuentra actualmente redactado el artículo 19, que se
trata de una disposición de gran alcance por propiciar que en las
construcciones que realice el sector público se considere a los veracruzanos,
destacando la visión por acercar al ámbito laboral a las personas con
discapacidad, medida que promueve en ellos una verdadera inclusión social.

La legisladora Deisy Juan Antonio
subrayó que esta iniciativa plantea reformar el contenido del primer párrafo
del artículo antes citado para que, con base en el ejemplo existente de
adentrar a la vida productiva a las personas con discapacidad, esta medida
también pueda impactar positivamente en los adultos mayores, quienes tienen
mucho que contribuir sin que la edad constituya limitante alguna para ello.

Asimismo hizo un llamado a los
diputados a que se generen oportunidades
para nuestros adultos mayores, “gente de gran valía de la que tenemos mucho que
aprender, y que, en correspondencia, incansablemente debemos proteger y
respetar desde el orden jurídico”.

El valor de los adultos mayores,
destacó, es de suma importancia, por tanto su aportación en el desarrollo de
Veracruz debe ser reconocida con la creación de oportunidades que les permitan
seguir siendo partícipes en el proceso de transformación que hoy vivimos,
subrayando que los esfuerzos institucionales y legales impulsados en su
beneficio nos advierten que debemos hacer más por ellos.

De acuerdo con la Iniciativa de
Decreto, se propone reformar el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado para quedar como
sigue: En la planeación, programación, presupuestación, contratación, construcción,
ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las
obras públicas y los servicios relacionados con ellas, se tomará en cuenta,
preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de
personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de
maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

La iniciativa fue turnada a la
Comisión Permanente de Comunicaciones.

Otorgaría
certeza al denunciante y al denunciado respecto a los alcances de las
autoridades que intervienen.

La diputada María Josefina Gamboa Torales,
integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz, presentó la
iniciativa que busca reformar la Ley número 556 de Juicio Político y
Declaración de Procedencia con el propósito de dar certeza al denunciante y al
denunciado, de los alcances de las actuaciones de las autoridades
intervinientes, les reconoce la posibilidad de hacer uso de mecanismos de
defensa ante actos arbitrarios o desapegados a derecho, en el desarrollo de un
juicio político o declaración de procedencia.

La legisladora refiere que la Constitución Política
Federal ha sido objeto de diversas
reformas que han impactado a la Ley de Juicio Político y Declaración de
Procedencia para Veracruz. Por lo que –consideró- se hace necesario realizar
una revisión de esta última norma, para poder armonizar y adecuar su texto con
la realidad jurídica imperante actual.

Lo anterior, agrega, con la única finalidad de que
los servidores públicos que atenten contra los intereses públicos fundamentales
y su correcto despacho, sean objeto de un proceso que le exija una rendición de
cuentas puntual, pero que no sirva de instrumento meramente mediático, sino que
sea un mecanismo más, de control constitucional.

De esta manera, propone que las infracciones de las
que se adolezcan las partes (denunciante/denunciado), sean materia de estudio a
través del Juicio de Protección de los Derechos Humanos, previsto por la
Constitución Política del Estado. Medida que ayudará a reforzar la legitimidad
de las actuaciones llevadas a cabo en los Poderes intervinientes de declarar la
responsabilidad política, abundó.

Se considera como una medida adecuada, que ciertas
previsiones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento para el
Gobierno Interior, sean incluidas de una vez en el texto de la Ley de Juicio
Político.

Un ejemplo de esto, se tiene en la redacción
propuesta para los párrafos 3 y 4 del artículo 3º, en donde se señala de forma
puntual la manera en que se tomarán las decisiones dentro de las Comisiones
Permanentes, así como, los derechos y obligaciones de los Diputados y las Diputadas involucrados en la
deliberación de un asunto objeto de juicio político o declaración de
procedencia.

Prevé que tanto el Congreso del Estado, como el
Tribunal Superior, deben guardar ciertas actuaciones en similitud, como lo son:
a) El guardar reserva de los asuntos puestos a su consideración, tal como se
les exige a los jueces actualmente; b) Abstenerse de presentar al denunciado
como culpable ante la sociedad, obligación que ya se fija en la fracción
primera, del apartado B, del artículo 20 constitucional, así como lo señala el
Código Nacional de Procedimientos Penales.

La iniciativa plantea que las sesiones en donde se
deban tratar los asuntos de juicio político y declaración de procedencias, sean
totalmente públicas, con acceso a todo aquel que desee informarse sobre la
tramitación de los mismos. Sin que ello quiera decir, que las actuaciones de
los Diputados y Magistrados, no se verán sujetas a la obligación de guardar
reserva de la información que manejen.

Por otra parte, se propone que el término que tenga
las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos
Constitucionales, no sea de tres días, sino de cinco, con la finalidad que el
estudio que hagan de la procedencia de la denuncia sea de calidad, exhaustiva,
legal y profesional, ya que de la misma ha de depender el inicio de todo un
procedimiento legal y que ha de impactar en gran medida a toda la sociedad
veracruzana.

De igual forma
y a fin de que el servidor público denunciado pueda defenderse, la
Secretaría General tendría la obligación de entregarle copias del expediente,
el dictamen previo y los votos concurrentes o particulares que hubiere.

También se plantea que la Comisión Permanente
Instructora pueda contar con un plazo no de tres, sino de 10 días, para emitir
su dictamen, en donde haga un estudio exhaustivo de los argumentos y del
material de convicción ofertados por el denunciante y el denunciado.

La iniciativa fue turnada, para su análisis, a las
Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación; de Justicia y Puntos
Constitucionales y la Instructora.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, sostuvo una reunión
con la Unión de Asociaciones Civiles, Turísticas y de Servicios de Tuxpan,
encabezados por su presidente, Gabriel Gómez Ruiz, a quienes expresó su
respaldo para impulsar, desde el Congreso de Veracruz, las acciones que
permitan fortalecer a este sector.

El legislador destacó que actualmente existe
coordinación institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo
que confía que la administración estatal, a cargo del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, apoye la zona norte de la entidad, con mejores vías de comunicación,
infraestructura, promoción al lugar y seguridad pública, que permitan atraer
más visitantes.

El diputado Pozos Castro, representante del Distrito
III, con cabecera en Tuxpan, propuso la realización de Foros Ciudadanos en
materia de turismo, a fin que los prestadores de servicios, autoridades del
ramo y sociedad en general expongan sus ideas que permitan detonar el turismo
en esta región; actividad de la cual viven cientos de familias veracruzanas,
abundó.

Gabriel Gómez Ruiz subrayó que la Unión de
Asociaciones Civiles, Turísticas y de Servicios de Tuxpan la integran 32
organizaciones que además del turismo, se dedican a las acciones de medio
ambiente, gastronomía, animalista, entre otros.

De igual manera, agradeció la apertura y espacio que
brinda el diputado Pozos Castro.

Tenemos una ideología muy clara: garantizar las
libertades de las mujeres veracruzanas», afirmó el diputado Juan Javier
Gómez Cazarín, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO), así como de líder del grupo legislativo de Morena en el Congreso
Local.

Lo anterior, en relación a la declaración de su
homóloga, Ana Miriam Ferráez Centeno sobre la propuesta de instaurar un ‘toque
de queda’ para las mujeres de nuestra entidad, con el objetivo de prevenir los
feminicidios en Veracruz; “respeto su ideología, pero no comparto su opinión
sobre el tema, dijo Gómez Cazarín.

«En la bancada de Morena existe un respeto
total a la libertad de expresión de nuestras y nuestros compañeros, quiero
celebrar que hay pluralidad de ideas. Sin embargo, soy claro en este aspecto:
tanto mujeres como hombres sin distinción tenemos derecho a la seguridad de
transitar libremente en cualquier horario, en paz y tranquilidad», expresó
el representante popular del distrito XXV, con cabecera en San Andrés Tuxtla.

Por lo tanto, Gómez Cazarín celebró el compromiso de
las y los legisladores de Morena en impulsar y fortalecer las políticas
públicas necesarias para evitar la violencia de género en nuestro estado.

De igual modo, refrendó su solidaridad con las mujeres
veracruzanas que han sido víctimas de algún tipo de maltrato y de las familias
de aquellas asesinadas cobardemente en razón de género «¡Ni una más! es la
exigencia de la ciudadanía y de nosotros como legisladores».

En este tenor, reconoció el esfuerzo que está
llevando a cabo la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, con la
finalidad de poner punto final a la ola de violencia que ha padecido el estado
en los últimos años.

En el auditorio
Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso de Veracruz, se llevó a cabo el Foro Jurídico
Interamericano “Política criminal, prisiones y proyecto inocencia en el estado
de Veracruz”, inaugurado por el secretario de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado Jorge Moreno Salinas y que tuvo la participación
de Tomás Mundo Arriasa, Rubén Pacheco Inclán, el
escritor José León Sánchez y el poeta Juan Hernández.

El objetivo de este foro fue realizar un análisis acerca de
la capacidad de procuración e impartición de justicia en el estado y la defensa
de los derechos humanos para aplicarse a los veracruzanos que se encuentran
recluidos en prisiones injustamente, así como defender el debido proceso de una
persona que está acusada, además del plantear el proyecto “veracruzano
inocente” para apoyar a reclusos juzgados inadecuadamente.

El poeta
Juan Hernández Ramírez, destacó que en Veracruz más de 500 indígenas purgan
condena y que fueron juzgados, en muchos casos, sin contar con una legítima
defensa que garantizara la correcta aplicación de justicia, o bien llevado su
juicio sin presencia de un traductor o intérprete, lo que entre otras cosas,
coloca a la entidad en el lugar 31 a nivel nacional en procuración e impartición
de justicia.

De esta
forma, Hernández Ramírez pidió a la Barra Interamericana de Abogados, a través
de su presidente Rubén Pacheco Inclán, Tomás Mundo Arriasa y al escritor José
León Sánchez, se unan en una sola voz y solicitar la revisión de los
expedientes de los indígenas que se encuentran recluidos en las diferentes
cárceles de Veracruz.

Durante
su participación, Tomás Mundo Arriasa, dijo que en Veracruz también se han detectado algunos casos de
mujeres privadas de su libertad, víctimas del Síndrome de la Mujer Maltratada,
y que sus casos no han sido llevados adecuadamente, por lo que aseguró “vamos a tramitar la
liberación de todas aquellas, que probatoriamente, sustentadas y a la luz de lo
que mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales, demostraremos tal
excluyente y que responsabilidad
dan y así lograr por ende su liberación”.

Al
hablar de “veracruzano inocente”, Mundo Arriasa aseguró que es un proyecto que
se basa en reuniones con todos los ediles del estado y revisar los casos de los
ciudadanos originarios de sus municipios; firmar convenios con los abogados de
cada uno de los municipios para trabajar en conjunto y detectar los casos de
sus respectivas jurisdicciones; firmar convenios con las universidades del
estado para que los estudiantes de derecho formen parte de las clínicas
procesales y apoyen en la revisión de expediente.

Asimismo,
se pedirá firmar un convenio con la Legislatura del Estado, que les permita a
los abogados integrantes de este proyecto sugerir o plantear reformas legales
necesarias al Código Penal del estado en lo referente a las sanciones que se
deben dar a las autoridades que consientan una detención arbitraria.

Agregó
que confían plenamente que las autoridades ante quienes se presenten las
respectivas demandas de la liberación de los presos indígenas y de las mujeres
que sufren del Síndrome de la Mujer Maltratada, se rijan por los principios de
excelencia y profesionalismo e imparcialidad.

Hizo un
llamado y aseguró que en el proyecto “veracruzano inocente” se necesita la
asesoría de la sociedad en general, empresarios, abogados, líderes sociales,
funcionarios, políticos, académicos, entre otros.

Por su
parte Rubén Pacheco Inclán, Presidente de la Barra Interamericana de abogados,
destacó el beneficio que traerá el proyecto “veracruzano inocente”, y aseguró
estar en completo apoyo para que se puedan concretar los objetivos de este
proyecto y lograr una impartición de justicia digna y apegada a los derechos
humanos, ya que aplicar lo que las leyes y la Constitución dicen es difícil y
para ello se debe trabajar conjuntamente como sociedad.

Finalmente,
el escritor José León Sánchez, después de su experiencia de estar encarcelado
por 30 años en el presidio de la Isla San Lucas en Costa Rica, acusado de un
delito que no cometió y donde los abogados firmaron un documento en el que
aceptan cualquier pena antes de defenderlo, dio sus apreciaciones referente a
la impartición de justicia en México, destacando que la ley no tiene que ser
nula, sino que tiene que ser ley, por lo que todos tenemos los mismos derechos.

En el
marco de este Foro se otorgó por parte de la Barra Interamericana de Abogados
el Doctorado Honoris Causa a Tomás Mundo Arriasa y José León Sánchez.

Estuvieron
presentes en éste evento la diputada, Adriana Esther Martínez Sánchez, el Diputado
Federal, Héctor Yunes Landa y Susana Granada Armas.

Al respaldar el pronunciamiento de la diputada
Cristina Alarcón Gutiérrez, quien exigió desde la tribuna el Congreso del
Estado un alto a los feminicidios en la entidad, la legisladora María Candelas
Francisco Doce lamentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no brinde
resultados para esclarecer el asesinato de la joven enfermera del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Beatriz Vázquez Osorio. En su intervención, durante la décima segunda sesión
ordinaria, la representante del Distrito XXI, de Ciudad Mendoza, indicó que el
cuerpo de la joven Vázquez Osorio fue abandonado el pasado 15 de enero, en la
carretera federal Ixtaczoquitlán-Fortín, y hasta el momento no hay avances ni
datos para dar con los responsables. La legisladora exigió a la Fiscalía, toda vez que es
la instancia de esta materia, acelerar las investigaciones y dar con los
responsables de este delito. Asimismo trabajar a fin de esclarecer a la brevedad los feminicidios, así como los
diversos crímenes, registrados en la entidad y que siguen impunes. “Solicito al fiscal Jorge Winckler a que, en
cumplimiento de su responsabilidad y con el personal de su dependencia,
esclarezca a la brevedad este feminicidio y todos los nombrados con
anterioridad” enfatizó.

Al expresar su solidaridad hacia la familia de la
joven Beatriz Vázquez la diputada María Candelas Francisco hizo un llamado a
las autoridades para que asuman su responsabilidad, así como la implementación
de medidas para evitar más casos como este.

La paridad de género es el primer paso y ahora
corresponde hacerla válida, desde los espacios de poder, al tomar las
decisiones adecuadas que se reflejen en cambios para mejorar la vida de las
mujeres, expresó la diputada federal Martha Angélica Tagle Martínez al impartir
la conferencia “Los retos y desafíos de la paridad de género en la política
mexicana”, celebrada este 18 de enero, en el auditorio Sebastián Lerdo de
Tejada del Congreso de Veracruz.

Esta conferencia fue organizada por la diputada
Ivonne Trujillo Ortiz, representante del Distrito IX, de Perote y presidenta de
la Comisión Permanente para la Igualdad de Género del Congreso del Estado.

En su ponencia, Tagle Martínez habló sobre cómo se
ha ido consolidando la paridad de género y explicó que, en su experiencia, ha
constatado como los partidos políticos ven con desagrado el cumplimiento de la
cuota de género en las candidaturas.

De igual forma se pronunció por eliminar esas
barreras que aún persisten en la misma sociedad, relativas a la forma de pensar
que las mujeres deben llegar a los espacios de poder “por sus capacidades”,
toda vez que, a la par de que no se evalúa a los hombres, las mujeres pueden y
deben estar en los lugares donde se toman las decisiones públicas.

La también politóloga recordó una experiencia en un
evento, donde un varón señaló abiertamente que “las mujeres se han empeñado en
quitarles los espacios a los hombres”, por lo que Tagle Martínez subrayó que
debe cambiarse ese estigma que los hombres, por el solo hecho de ser hombres,
ya tienen los espacios asignados y las mujeres “deben ganárselos”.

Indicó que al involucrar a toda la población
(hombres y mujeres) las decisiones públicas deben contener una visión conjunta,
ya que “por años los hombres han tomado las decisiones, pero solo sobre las
cuestiones que les afectan, por esta razón las mujeres no deben quedar fuera”.

Citó como ejemplo la respuesta a la inseguridad,
basado en la decisión de un hombre y que se refleja en más patrullas y policías;
en tanto las mujeres pugnarían por una decisión más integral y, además de
policías, debe haber alumbrado público y calles en buenas condiciones.

En otro sentido refirió que el tema de la Guardia
Nacional es un reto, toda vez que además de una policía militar sólida,
capacitada en derechos humanos y con recursos para su óptima operación, debe
trabajarse para evitar abusos cometidos en el pasado y que se reflejan en
recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De igual forma pidió trabajar para quitar lo que
consideró “mitos geniales” respecto a “mujeres juntas, ni difuntas”, ya que los
logros alcanzados en materia de paridad de género son resultado del trabajo de
unidad y armonía entre las propias mujeres.

Asimismo, el mito “entre mujeres podremos
despedazarnos, pero jamás hacernos daño” ya que sí existen daños entre mismas
mujeres, pero –recomendó- analizar siempre y, antes de actuar, pensar al
respecto.

Por último, hizo un llamado a olvidarse de las
siglas o colores partidistas e implementar, unidas, acciones para exigir frenar
la violencia hacia las mujeres, asignación de mayores presupuestos a los
Institutos de la Mujer, entre otros.

Al término de la conferencia, la legisladora Ivonne
Trujillo, integrante del Grupo Legislativo de los partidos de la Revolución
Democrática-Movimiento Ciudadano, a nombre del Congreso del Estado de Veracruz,
entregó un reconocimiento a la ponente por su destacable aportación.

Asistieron las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno,
Montserrat Ortega Ruiz, Adriana Esther Martínez Sánchez, Mónica Robles Barajas,
Brianda Kristel Hernández Topete, Margarita Corro Mendoza, así como los
legisladores Alexis Sánchez García y Henri Christophe Gómez Sánchez, además de
representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil,
medios de comunicación y público en general.

La diputada Florencia Martínez Rivera, presidenta de
la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de la LXV Legislatura, y
el director del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM) Rafael
Castillo Zugasti, anunciaron la realización de tres foros regionales para
integrar la nueva Agenda Municipal del Estado de Veracruz. El primero se llevará a cabo el 26 de enero en
Acayucan, con la participación confirmada del Director del Sistema Estatal de
Planeación, quien hablará a los funcionarios municipales sobre la nueva Ley de
Planeación. En febrero, los foros se realizarán en Boca del Río y Poza Rica. En conferencia de prensa y luego de participar en la
Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Veracruzano
de Desarrollo Municipal que encabezó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
la legisladora destacó la importancia de trabajar de cerca con los titulares de
los ayuntamientos, para conocer sus necesidades y ofrecer el apoyo conjunto de
los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por su parte, Castillo Zugasti consideró la fecha
muy importante para la vida municipalista del Estado de Veracruz, pues dieron a
conocer el Plan de Trabajo 2019 que contempla 18 acciones con las que pretenden
impulsar el desarrollo integral de los municipios del Estado, a través de la
integración de una Agenda Municipalista. Además de los foros que deberán abonar a la
integración del Plan Veracruzano de Desarrollo y a la armonización de los
Planes Municipales de Desarrollo, el Poder Ejecutivo y Legislativo –en conjunto–,
pretenden impulsar una red que afiliará a los 45 mil servidores públicos
municipales que, de acuerdo con cifras del INEGI, laboran en los 212
ayuntamientos del Estado.