El
Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso
de Veracruz, que preside la candidata a doctora María Elena García Filobello,
es patrocinador de la Escuela para Juventudes Defensoras de Derechos Humanos y
Constructoras de Paz, que promueve el grupo Juventudes Defensoras de Veracruz.

El
proyecto que forma parte del proyecto político educativo CDHVitoria, está
dirigido a jóvenes estudiantes, comunicadores o vinculados al ejercicio de la
libertad de expresión o al periodismo; activistas, luchadores sociales,
educadores o agentes de cambio.

En
conferencia de prensa, el joven Christian Hernández explicó que la propuesta es
por la creación de espacios con un sentido crítico, que surjan a partir de
compartir experiencias, sentires, saberes y reflexiones tanto de las juventudes
participantes, como de sus comunidades.

Para
participar es necesario tener entre 18 y 29 años, llenar un formulario
disponible en la página derechoshumanos.org.mx/escuelita2019, acudir a una
sesión informativa el 23 de febrero en Xalapa, registrarse antes del 17 de
febrero, tener disponibilidad de tiempo los sábados de 11:00 a 16:00 horas de
marzo a junio y cubrir el pago de una cuota simbólica.

Entre
los temas que aborda el programa de la “Escuelita”, como se refieren al
proyecto, destaca: Perspectiva de género y juventudes, no discriminación,
migración, cultura de paz, defensa de tierra y territorio, derecho a la
educación, derecho a la información y derecho a la alimentación, entre otros.

La
LXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó el Dictamen por el cual se
reforma el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz, que alentará, entre otras cosas, la contratación
de personas con discapacidad y adultos mayores.

Después
de emitir votaciones en lo particular y en lo general, los legisladores
aprobaron también reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y al Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.

Con
46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso del Estado
aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Comunicaciones, para
reformar el párrafo primero del artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con ellas, para quedar como sigue: “en la planeación,
programación, presupuestación, contratación, construcción, ejecución,
conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control, de las obras públicas
y los servicios relacionados con ellas, se tomará en cuenta, preferentemente,
la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con
discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales,
productos y equipos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.

De
igual forma fue aprobado el Dictamen con proyecto de decreto, emitido por la
Comisión Permanente de Hacienda del Estado, que adiciona los artículos 8 Bis, 8 Ter y 17 Bis a la Ley
de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios de Veracruz.

La
iniciativa remitida por el Titular del Ejecutivo responde a la necesidad de
armonizar con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal federal, en
específico con lo dispuesto por los artículos 3- B y 6°penúltimo párrafo.

De
esta manera el Gobierno del Estado, atiende los requerimientos del ente
fiscalizador Auditoría Superior de la Federación (ASF), realizado a la anterior
administración gubernamental, derivados de la práctica de la Auditoría
denominada “Distribución de las Participaciones Federales” a la Cuenta Pública
2016; para que se precise en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los
Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la disposición del pago
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable a los municipios y sus organismo
auxiliares que hayan enterado a la SHCP salarios pagados con recursos propios o
participaciones federales.

Así
como también; que se precise en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y
los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la disposición de
publicar anualmente en el periódico oficial del estado y en el Acuerdo por el
que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, formulas y variables utilizadas,
así como los montos estimados que recibirá cada municipio del Estado de
Veracruz, las variables, fuentes de información, valores y métodos de cálculo
con los que se determinan los factores utilizados para distribuir las
participaciones federales; en ambos casos se estableció como fecha de
cumplimiento el 30 de junio de 2018.

Finalmente,
el Pleno del Congreso aprobó el dictamen por el cual se adiciona un párrafo al
artículo 332 del Código de Procedimientos Administrativos para quedar como
sigue: “cuando durante la ejecución de sentencia se presente la finalización
del periodo constitucional de una autoridad y el inicio de una nueva
administración, el Tribunal, de oficio, reiterará los requerimientos y medidas
de apremio previstos en el artículo 331 y en el párrafo anterior, con la
finalidad de salvaguardar los derechos de los justiciables. Ninguna destitución
podrá recaer en autoridad alguna sin que se agoten los requisitos previstos en
el párrafo anterior”.

Con
base en el resultado de la votación emitida en cada caso, la Mesa Directiva
declaró aprobados los dictámenes en lo particular y en lo general, ordenó
emitir el decreto correspondiente y turnarse al titular del Poder Ejecutivo
para su promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de
Veracruz, presidida por la diputada Mónica Robles Bajaras, sesionó este 29 de
enero para analizar la iniciativa que adiciona la fracción VIII al artículo 48
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la fracción X-B al artículo 25, el
título cuarto con un capítulo único, a la Ley Orgánica de la Universidad
Veracruzana, y el artículo 11 a la Ley de Autonomía de la Universidad
Veracruzana.

En
la sesión de parlamento abierto (transmitida en vivo por los canales oficiales
de este Poder) participaron, además de la diputada Robles Barajas, la
legisladora Erika Ayala Ríos, vocal de la Comisión antes citada; el abogado
general de la UV, Alberto Islas Reyes y el diputado Rodrigo García Escalante,
autor de la iniciativa, puesta a consideración del Pleno el 13 de diciembre de
2018.

La
diputada Mónica Robles señaló que para formular cualquier iniciativa debe
considerarse la opinión de expertos en la materia, así como la autoridad a la
que habrá de impactar la reforma.

Agregó
que como Comisión, deben definir si el Congreso, al otorgar la facultad de
presentar iniciativas a los órganos autónomos, también debe decidir cuál es el
mecanismo por el que se deben construir esas iniciativas; y en tal caso, sin
duda debe considerarse la opinión del organismo autónomo, en este caso, de la
Universidad Veracruzana.

La
legisladora Erika Ayala Ríos, expuso que esta reforma de ninguna manera vulnera
la autonomía de la Universidad y que si la Legislatura pasada, consideró
otorgarle a la Institución la facultad de presentar iniciativas, lo hizo para
que fueran los expertos que están ahí, quienes pudieran hacerlas; “pero eso en
ningún momento limita al propio Congreso de seguir generando las propias
iniciativas a las que tienen derecho”.

El
académico Alberto Islas Reyes mencionó que el Consejo Universitario General,
máxima autoridad universitaria, nombró a una comisión transitoria integrada por
miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Centro de
Globalización y Seguridad, y de la Facultad de Derecho; con la intención de
integrar un anteproyecto que a la fecha se sigue construyendo.

Reconoció
que constitucionalmente, la facultad de recibir la iniciativa, de que cumpla su
proceso legislativo interno y de que se apruebe, es competencia del Congreso;
sin embargo, puntualizó que están haciendo el ejercicio que la Constitución les
puso a disposición. “Que sea la primera vez que la Universidad construya su
propio instrumento jurídico de operación ordinaria”, subrayó.

En
respuesta, el diputado García Escalante, señaló que actualmente, la UV no tiene
un procedimiento para poder crear su propio instrumento jurídico, que es lo que
mandata la reforma constitucional y que el Consejo Universitario no tiene las
atribuciones para crear la comisión transitoria para presentar iniciativas, “lo
que proponemos es eso, darle las facultades a la UV para tenerlas”, enfatizó.

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante
del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó un
anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos
municipales de Orizaba, Ixtaczoquitlán, Río Blanco, La Perla, Mariano Escobedo
y Nogales para que destinen recursos económicos al Cuerpo de Bomberos de la
estación 119, con sede en la ciudad de Orizaba, que le permitan cubrir el
adeudo, de 363 mil pesos, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La
legisladora recordó que la estación 119 del Cuerpo de Bomberos existe desde
1971 y da servicio a la población en situaciones de
emergencia, como son incendios, fugas de gas, retiro de enjambres de abejas,
salvamento en ríos, entre otras.

Expuso que durante muchos años esta estación
funcionó mediante condonaciones de servicios, como agua, predial y servicio de
luz, con el ayuntamiento y con empresas como la CFE, en retribución de las
innumerables acciones de auxilio brindadas a la población en todos los
municipios aledaños.

Informó que desde abril de 2017 la CFE ha requerido
a los bomberos de Orizaba un pago, por la cantidad de 363 mil pesos, por los
servicios de energía eléctrica y desde el 11 de mayo de ese mismo año, a la
estación 119 le fue cortado dicho servicio.

Destacó que a pesar del corte de energía eléctrica,
los Bomberos de Orizaba continúan brindando el servicio a la población y
ejemplificó el hecho de este 28 de enero, en la colonia Barrio Nuevo, donde
cuatro elementos, con un carro bomba y un camión cisterna, apagaron un incendio
de una vivienda de madera con estructura metálica, que arrojó como saldo de una
persona lesionada.

De igual forma, explicó que para suplir el servicio
de energía eléctrica, recurrieron a la utilización de una planta de luz operada
por gasolina, la cual, a la par de consumir los pocos recursos económicos con
los que cuentan, es insuficiente para cubrir las necesidades de operación.

La diputada Cristina Alarcón subrayó que en
cumplimiento al artículo 12 de la Ley 676 de los Cuerpos de Bomberos para el
Estado de Veracruz (con vigencia del 24 de julio de 2018) los ayuntamientos
deben respaldar con recursos económicos a los cuerpos de bomberos, toda vez que
la norma dicta que el presupuesto de los cuerpos de bomberos, que en su caso
corresponda, se determinará en el presupuesto anual de egresos que apruebe el ayuntamiento
respectivo.

Agregó que a la fecha, son ya 20 meses que los
bomberos de la estación 119 carecen de luz eléctrica y nunca han dejado de
acudir a un llamado de emergencia, por lo que –consideró- urgente que los
ayuntamientos asuman su compromiso hacia esta noble institución que apoya a las
y los ciudadanos.

Su anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política, al tiempo sumarse los diputados Augusto Nahúm Álvarez
Pellico, Ana Miriam Ferráez Centeno y los integrantes del Grupo Legislativo
“Del Lado Correcto de la Historia”.

Este 29 de enero, el Pleno de la LXV Legislatura del
Estado dio entrada al oficio signado por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac
García Jiménez, por el que propone a los ciudadanos Adolfo Cortés Veneroso, Esteban Martínez Vázquez, Bertha Inés Chávez Méndez, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández
Cadena y Sofía Martínez Huerta para que ocupen el cargo de magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.

Lo anterior, en términos del artículo 59 de la
Constitución Política del Estado que señala “Los magistrados serán nombrados
por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado. En los recesos del
Congreso la Diputación Permanente hará el nombramiento, con carácter
provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva”.

Esta lista fue turnada, por la Mesa Directiva
presidida por el diputado José Manuel Pozos Castro, a la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) para su estudio y dictamen correspondiente.

En la sesión, décima quinta del primer periodo
ordinario, el Pleno aprobó el Dictamen por el cual se autoriza al Ayuntamiento
de Acajete a donar un terreno, del fundo legal, a favor del Gobierno del
estado, con destino a los Servicios de
Salud de Veracruz, para la construcción del centro de salud de este municipio.

De igual forma se determinó que el propio
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, a través de sus áreas administrativas
correspondientes, sea quien realice las adecuaciones necesarias en su fondo de
participaciones para dar cumplimento a la sentencia recaída en los autos del
juicio contencioso administrativo 129/2013 y acuerdo de ejecución de sentencia
43/2016 del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Además, el Pleno determinó que el Congreso de
Veracruz no tiene facultades para autorizar una ampliación presupuestal al
Ayuntamiento de Tlacojalpan, por lo que deberá ser el propio Ayuntamiento, a
través de sus áreas administrativas, quien realice las acciones necesarias para
dar cumplimiento a la sentencia recaída sobre el expediente laboral número
568/2010-IV del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La diputada María Esther López Callejas, del Grupo
Legislativo Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó un Anteproyecto con Punto
de Acuerdo por el que solicita al Gobierno Federal, revise las concesiones
mineras otorgadas para explotar el suelo veracruzano y de encontrar
irregularidades, ordene su cancelación.

La
diputada López Callejas sostuvo que el compromiso con el medio ambiente, es
parte de un proyecto de nación y responsabilidad de todos.

Refirió
que la minería es una actividad económica que a pesar de generar cuantiosos
ingresos a las empresas productoras, provoca la destrucción de ecosistemas y la
destrucción del medio ambiente; es decir que, lejos de ser una forma adecuada
de producción de riquezas, genera un ecocidio.

“Los
daños que ocasionan a las regiones cercanas donde se llevan a cabo estos
proyectos mineros merman el bienestar del medio ambiente y la salud de los
habitantes que viven en la región”, puntualizó.

Con
base en datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la
legisladora señaló la gran cantidad de contaminación que produce la obtención
de materiales valiosos de la corteza terrestre.

Mencionó
que a nivel federal, el pago de impuestos por ésta actividad es mínimo y sin
embargo son muchas las empresas extranjeras beneficiadas por un gran número de
concesiones durante la administración federal anterior.

Señaló
que estas empresas vulneraron leyes ambientalistas, presentan diversas fallas
técnicas y análisis superfluos en sus permisos de explotación minera.

Asimismo,
citó las declaraciones del ambientalista Emilio Rodríguez, integrante de la
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), quien refirió
que las empresas cuentan con una concesión por 50 años y se renuevan con 50
años más, por lo que tienen los instrumentos legales construidos desde hace 20
años para que su operación avance.

Ante
este contexto, López Callejas cuestionó las supuestas cancelaciones que en su
momento anunció SEMARNAT, además aseguró que resulta sospechoso que empresas
transnacionales hayan obtenido concesiones para la explotación de minas, sin
los requerimientos ambientalistas adecuados.

Por
lo que ante el Pleno, realizó una solicitud de manera respetuosa, ante el
Gobierno Federal para que a través de las instancias correspondientes, se lleve
a cabo una revisión exhaustiva de los permisos para explotar tierras
veracruzanas y de no cumplir con lo dispuesto en la ley, ser canceladas dichas
concesiones de manera inmediata.

Este
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y
dictamen.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez,
representante del Distrito VII de Martínez de la Torre, presentó ante el Pleno
de la LXV Legislatura un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al
presidente municipal de Martínez de la Torre a que, en el ámbito de su competencia, implemente
acciones urgentes, eficientes y eficaces, para garantizar la seguridad de los
habitantes del municipio que gobierna.

Durante la
décima quinta sesión ordinaria, del primer año de labores, la integrante del
Grupo Legislativo de Morena, indicó que la inseguridad es uno de los problemas
que más le han hecho saber sus representados, toda vez que se han incrementado
los robos a viviendas y comercios, extorsiones y secuestros; lo cual –agregó-
mantiene a la población intranquila y con incertidumbre.

Expuso que
además de la intranquilidad para las familias de Martínez de la Torre, el
sector empresarial es uno de los que más reciente la violencia e inseguridad y
se refleja en que varios han optado por cerrar sus negocios definitivamente.

“Resulta
inadmisible que gente que invierte su capital para establecer un negocio y al
mismo tiempo generar empleos, se vea afectada por conductas contrarias a la
legalidad, pero también a causa de la omisión de quienes tienen que velar por
la seguridad de todos”, abundó.

La
diputada recordó que en días recientes, los ciudadanos se han inconformado, en
medios de comunicación y redes sociales, con la medida implementada por el
presidente municipal de Martínez de la Torre, José de la Torre Sánchez, al
ocupar a la policía municipal para resguardar a sus familiares y cuidar sus
empresas.

Esta
situación –detalló- indigna a los habitantes, tanto de la cabecera como de las
comunidades martinenses, “mientras ellos sufren los embates de la delincuencia,
la autoridad municipal utiliza indebidamente, para su beneficio personal, a
algunos elementos de la policía bajo su jurisdicción, que bien podrían realizar
operativos y rondines por los puntos donde se registran altos índices
delictivos”.

La
legisladora Martínez Sánchez expuso que de acuerdo al censo del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Martínez de la Torre, cuenta con
110 mil 415 habitantes, lo que hace evidente que se trata de un municipio con
una amplia densidad y que, en consecuencia, requiere de atención oportuna a sus
problemas reales, sin ser la excepción el de la inseguridad.

“Sabemos
que la inseguridad es un tema que debe combatirse de raíz, con inteligencia y
estrategia, pero sin simulaciones, improvisaciones e indiferencia”, concluyó.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para el trámite
legislativo correspondiente.

El Grupo
Legislativo de Morena, en voz del diputado León David Jiménez Reyes, presentó
una Iniciativa
con proyecto de Decreto que reforma diversas leyes orgánicas y que tiene como
propósito apoyar el programa de
austeridad y proponer a los contralores la disposición del personal de base y confianza,
con el que ya se cuenta en las instituciones, para apegarse a las medidas de austeridad y así eficientar los
recursos económicos, financieros y humanos de cada dependencia, entidad, órgano
y poder de Estado, en el marco de aplicación del Sistema Estatal
Anticorrupción.

La
iniciativa busca reformar las leyes de la Fiscalía General del Estado; de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos; de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado; de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado; de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas; del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; del Poder
Legislativo del Estado; del Poder Ejecutivo y la del Municipio Libre, así como
el Código Electoral del estado de Veracruz.

La
legislador León David Jiménez Reyes, aseguró que en concordancia con las leyes
emitidas a partir del Sistema Nacional Anticorrupción, es necesario trabajar
coordinadamente de manera local para que exista un trabajo en conjunto y así realizar
adecuaciones en los diferentes niveles
de gobierno para que estén actualizados y regularizados, y por ende ocuparse en
la prevención, detección, y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, además en la fiscalización y control de recursos
públicos.

Por lo anterior,
-añadió- el grupo Legislativo de Morena, “considera necesario realizar una
reforma legal que privilegie los principios de eficacia y austeridad, con los
cuales se busca que las metas y los objetivos que el Sistema
Estatal Anticorrupción ha impuesto a los Órganos Internos de Control, se
logren con la menor cantidad de recursos
financieros y humanos posible”.

Asimismo,
aseguró que los Órganos Internos de Control desempeñan un papel
fundamental al atender todo lo relativo a las faltas administrativas no graves
de los y las servidores públicas, por lo que es esencial la reforma de varios
ordenamientos legales ya existentes, así como la emisión de nuevas leyes que
definan y den operatividad al naciente Sistema Local Anticorrupción.

Expuso que si las reformas realizadas por un lado son benéficas para el fortalecimiento de los
institutos, también se corre el riesgo
de ensanchar su estructura administrativa para la atención adecuada del Sistema
Anticorrupción por lo que, “también estamos llamados a actuar con
responsabilidad”.

Recordó
que este Sistema se encuentra conformado por los titulares del
Órgano de Fiscalización Superior, (ORFIS), de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, de la Contraloría General del Estado (CGE), Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa (TEJAV), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Consejo de la
Judicatura y del Comité de Participación Ciudadana.

De esta forma –prosiguió- este proyecto
plantea que estos entes tomen en cuenta directrices como su carga de trabajo, disponibilidad
presupuestal y la debida separación entre las
funciones de
investigación
en el marco del procedimiento de responsabilidad administrativa, de
aquellas correspondientes a la substanciación y, en su caso, resolución del
mismo.

Jiménez
Reyes, subrayó que con esta iniciativa se está a favor de los principios de
eficiencia y austeridad, buscando siempre la eficiencia y buen trato que las y
los veracruzanos merecen.

Dicha
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales
para su análisis y dictamen correspondiente.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presentó
un anteproyecto con Punto de Acuerdo que busca exhortar al titular del Poder
Ejecutivo, para que con fundamento en el artículo cuarto transitorio del
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, incluya en la
propuesta de ajuste presupuestal -que remita a esta Soberanía- partidas
destinadas al impulso del café veracruzano.

De esta manera, la integrante del Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional (PAN) pide que en este ajuste sean incluidas las
siguientes partidas presupuestales: 33 millones de pesos para la Activación de
la Agroindustria del café; 20 millones de pesos para la renovación de cafetales y nueve millones de pesos para el Fomento a la producción
de cafés de especialidad que contemple maquinaria y equipo especializado.

Además de 8 millones de pesos para la Activación del
Consejo Reguladores del café Veracruz para la denominación de origen y 10
millones de pesos para el combate de plagas y enfermedades.

La también presidenta de la Comisión Especial para
la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y
Comercialización del Café Veracruzano sostuvo que de la siembra y
comercialización del café 86 mil veracruzanos garantizan el sustento a sus
familias y promueven el bienestar en la entidad.

Agregó que en años recientes los productores han
visto afectados sus ingresos y productividad por una serie de condiciones
desfavorables para esta actividad como son las diferentes plagas, el descenso
de los precios e incluso condiciones climatológicas.

“Esto, ha provocado que en un período de cinco años
bajara en 50 por ciento la producción de café en Veracruz, al pasar de 12 a
sólo seis quintales en promedio por hectárea”, refirió.

El
diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de
MORENA, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhortaría
a los supervisores y directores escolares, a regularizar los predios de las
escuelas de todos los niveles educativos, que no cuentan con títulos de
propiedad.

El
legislador informó que más del 50 por ciento de las escuelas públicas
veracruzanas carecen de escritura, debido a que muchos de los predios escolares
fueron donados o construidos donde se necesitaban, sin considerar su situación
legal.

Precisó
que son 12 mil 541 planteles de todos los niveles educativos, del sistema estatal
y federal, los que deben regularizar su situación jurídica.

Para
atender este problema, refirió que el Secretario de Educación de Veracruz,
Zenyazen Escobar García, anunció el programa “Escuela garantizada, escritura
garante”.

Este
programa –explicó–, traerá a las instituciones educativas certeza jurídica y
patrimonial, acceso a los recursos de gobierno estatal y federal; así como
mejoras en infraestructura, obras de rehabilitación y equipamiento escolar.

Vargas
Barrientos señaló que en Veracruz, los indicadores muestran que en los últimos
años no hubo avance en materia educativa, situación palpable en decenas de planteles.

La
deplorable situación de las escuelas pone en riesgo la vida de estudiantes,
personal docente, administrativo e intendente –evidenció el legislador– para enseguida
reconocer que son los padres de familia quienes tienen que hacerse cargo del
mantenimiento de los inmuebles educativos.

Por
los motivos antes expuestos, desde la más alta tribuna del Estado de Veracruz,
el diputado originario de Fortín propuso emitir un exhorto para la regularización
y escrituración de los predios escolares de todos los niveles educativos;
además, pidió a la Dirección Jurídica del Congreso, que a través del
Departamento de Fundo Legal, asesore y colabore con el departamento jurídico de
la Secretaría de Educación de Veracruz en la realización de trámites.

Del
mismo modo, hizo un llamado a diputadas y diputados para que, de manera
respetuosa, inviten a las autoridades educativas que correspondan a sus
distritos, y juntos coadyuven en la regularización, medida que abonaría al
desarrollo educativo de Veracruz.

El
anteproyecto de punto de acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación
Política para su análisis.

El diputado Amado Jesús Cruz Malpica, integrante del
Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó la iniciativa
que prevé reformar y derogar diversas disposiciones del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre con el propósito de reducir el número de ediles,
lo que representará un ahorro que para los ciudadanos constituye la existencia
de este órgano colegiado.

En esta propuesta, presentada durante la décima
quinta sesión ordinaria, el diputado Cruz Malpica propone establecer tres
rangos para la asignación de ediles. Tres, para los municipios de hasta 70 mil
habitantes; cinco, para los municipios de más de 70 mil y hasta 150 mil
habitantes. Siete, para los municipios de más de 150 mil habitantes.

De igual manera, el legislador plantea eliminar las
fracciones IV, V y VI relativas a la asignación de ediles para municipios que
irían de los 125 mil a los 400 mil habitantes.

Asimismo, busca señalar que el Congreso del Estado podrá modificar, por el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes el número de Ediles, con base en el Censo
General de Población de cada diez años o, en su caso, el Conteo de Población y
Vivienda, antes de la elección que corresponda.

Lo
anterior, escuchando la opinión de los ayuntamientos respectivos y, en su caso,
atendiendo la propuesta que presente el Organismo Público Local Electoral
(OPLE) en el estado, a fin de actualizar su número, para efectos de lo
dispuesto en las fracciones anteriores.

En su
intervención en tribuna, el también secretario de la Comisión de Organización Política y Procesos
Electorales dijo que de no comenzar a tomar decisiones de esta naturaleza, tendientes a mejorar, reducir en
tamaño y costos, legitimar y hacer eficiente y eficaz el sistema de partidos y
de representación popular, se continuará deteriorando la confianza de la
población en el mismo.

Destacó que la legislación vigente arroja una
conformación total de 630 regidores para todo el Estado, con una población de
más de 8 millones de ciudadanos.

Sostuvo
que a través de las medidas propuestas, se lograría un
ahorro considerable para los municipios y el estado de Veracruz, se
contribuiría a la simplificación y adelgazamiento de un sistema
político-electoral en las partes que son susceptibles de ello sin perjudicar su
funcionamiento, y se contribuiría a la mejora en la crisis financiera que
actualmente atraviesa el gobierno del Estado.

“Tendríamos una reducción del 48 por ciento del
total de los regidores actuales que conforman los ayuntamientos, lo que
significaría un ahorro anual considerable para sus finanzas, que puede ser
aprovechado en otros rubros para cumplir necesidades prioritarias”, refirió el
diputado por Coatzacoalcos.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Organización
Política y Procesos Electorales para el trámite legislativo correspondiente.

Al pronunciarse sobre el precio de la caña de azúcar
en la zafra 2018-2019, el diputado Juan Carlos Molina Palacios exigió a los
industriales azucareros para que, de manera urgente, atiendan la problemática
expresada por las organizaciones cañeras nacionales y se garantice la
exportación de excedentes de azúcar, equivalente a 2.5 millones de toneladas de
azúcar.

De igual forma, durante la décima quinta sesión
ordinaria, el legislador pidió que el Gobierno Federal realice, a través de la
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, de la Secretaría de Economía,
una investigación formal contra la fructosa estadounidense que entra al país.

Además, el diputado Molina Palacios pidió exhortar
al Senado de la República y a la Cámara de Diputados Federales para que sea
revisada la situación que guarda el acuerdo de azúcar entre México y Estados
Unidos en el T-MEC (antes TLCAN) que más afecta a los cañeros y a la industria
azucarera mexicana: la fructosa de maíz transgénico.

Por otra parte, el legislador solicitó, a la Junta
de Coordinación Política del Congreso del Estado, aprobar el exhorto que presentó, desde el 8 de enero,
para pedir al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar políticas
públicas que frenen la importación de alta fructosa y edulcorantes a México y
con esto se mejore el precio de la caña de azúcar, en apoyo de los productores.

Recordó que desde el inicio de la zafra 2018-2019,
se empezó con baja en el precio de la azúcar en las principales centrales de
abasto, por lo que el día 18 de enero las organizaciones nacionales CNC y CNPR
determinaron tomar las bodegas de los ingenios del país para evitar que esa
azúcar se siga vendiendo en mercado locales a bajos precios y no se está
cumpliendo con los compromisos de
exportación al mercado mundial.

El estado de Veracruz es un gran productor de caña
de azúcar, miles de familias del país y estado viven de esta importante
agroindustria, refirió el diputado, quien agregó que la siembra y procesamiento
requieren de mucha mano de obra y es una gran fuente de empleo en México.

El
diputado Bingen Rementería Molina, del distrito XV, puso a consideración de la
LXV Legislatura del Congreso del Estado, un Anteproyecto con Punto de Acuerdo
para exhortar a la Federación a que no escatime esfuerzos, ni recursos públicos
en el combate a la inseguridad en el Estado de Veracruz.

Durante
su intervención en Tribuna, el legislador propuso que el Estado reciba del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el mismo presupuesto
ejercido el año pasado.

Dijo
que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha
establecido una nueva fórmula diseñada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, que agrega un componente para evitar que las entidades pierdan
recursos.

No
obstante, puntualizó que esta reformulación, implica recortarle al Estado de
Veracruz, recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública,
reduciéndolos en cifras cerradas, de 308 millones 485 mil pesos del 2018, a
240 millones 850 mil, para este año.

La diputada Judith Pineda Andrade, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual se exhortaría al
Ejecutivo estatal y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a dar
cabal cumplimiento al pago de Sentencias por Controversias Constitucionales
resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de
diversos Ayuntamientos.

En su propuesta la legisladora solicita que dichos
pagos deberán ser íntegros, respetando los montos y fechas establecidas en el anexo
XXVIII del Presupuesto de Egresos, del Gobierno del Estado de Veracruz para el
Ejercicio Fiscal 2019.

De igual forma exhorta a los presidentes municipales
y ayuntamientos que ganaron las controversias constitucionales interpuestas
ante la SCJN y cuyas sentencias ordenan el pago de los recursos, que en su
momento fueron desviados o retenidos por el Gobierno del Estado, a asegurarse
de recibir íntegramente el monto que fue determinado en las resoluciones del
máximo tribunal del País, a fin de no afectar la Hacienda Pública Municipal.

También, solicita al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (ORFIS) a que emita lineamientos específicos para realizar
auditorías al 100 por ciento de los recursos que reciban los ayuntamientos con
motivo de la ejecución de las sentencias dictadas por la SCJN, con motivo de
las controversias constitucionales promovidas por la falta de ministración de
recursos federales en que incurrió el Gobierno estatal.

La diputada Pineda Andrade, vocal de la Comisión
Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, enfatizó que para los
Ayuntamientos que ganaron las controversias, recibir un recurso adicional es
una buena noticia, “pero no debemos olvidar que esos recursos originalmente son
federales, que provenían de un fondo específico para atender un fin
determinado, es decir, que, conforme a las reglas de operación
correspondientes, esos recursos, antes y ahora: están etiquetados”.

Destacó que en apego a las leyes de
responsabilidades y anticorrupción vigentes se hace necesario advertir a los
munícipes, que no pueden negociar los
montos que la SCJN ha ordenado que reciban, porque son recursos públicos que
quedaron pendientes de ser entregados.

“Negociar los recursos etiquetados en beneficio de
pueblo es corrupción, y nadie puede, ni de buena fe o por ignorancia de la ley,
eximirse del cumplimiento de una sentencia”, concluyó.

Su
anteproyecto fue turnado, para su estudio y análisis, a la Junta de
Coordinación Política.

La
diputada Judith Pineda Andrade, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reformaría los artículos 103,
104 y 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Veracruz.

Para
una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, se propone la creación de la Procuraduría Estatal de Protección,
la cual sería un organismo público descentralizado, con autonomía técnica y de
gestión, sectorizado a la Oficina del Gobernador del Estado.

La
diputada panista dijo que es necesario que la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, que opera actualmente en el DIF estatal y cuenta
con representación en los municipios, se fortalezca y deje de estar subordinada
a esta dependencia de carácter asistencialista, acción que mandaría el mensaje
de que la protección especial de niños, niñas y adolescentes con derechos
vulnerados es una prioridad de la política de infancia en Veracruz.

Lo
anterior –expuso-, permitiría a esta Procuraduría coordinar una red
institucional necesaria para proteger integralmente los derechos de niñas,
niños y adolescentes, otorgándole facultades más amplias que favorezcan su
intervención sin las limitaciones que actualmente tiene por depender estructuralmente
del DIF estatal.

Durante
su exposición de motivos, la legisladora del Distrito II de Tantoyuca, refirió
que aunque Veracruz cuenta con la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y
Adolescentes, su función está encaminada a la atención de las necesidades de
alimentación, salud, educación y protección de los derechos de los menores de
edad en estado vulnerable, es decir, a la asistencia social, cuando el marco
jurídico internacional es mucho más amplio.

Por
esa razón, los integrantes del Grupo Legislativo del PAN, consideraron que el
fortalecimiento de la protección de los derechos de la niñez, debe ser un tema
primordial en la agenda legislativa, atendiendo los vacíos legales que no se han
considerado, para procurar una efectiva y adecuada protección.

Aseveró
que el Procurador Estatal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Veracruz, debe garantizar y resguardar los derechos humanos y para
ello debe contar con recursos técnicos y herramientas para implementar mecanismos
de protección especial y restitución de derechos.

El
titular de esta Procuraduría –especificó–, debe contar con amplios
conocimientos en materia de derechos humanos, con especialidad en la atención
de los menores, conocer y detectar áreas de conflicto, coordinar acciones de
protección y restitución de derechos de la niñez y adolescencia en el Estado.

Por
lo anteriormente expuesto, el Grupo Legislativo del PAN propuso reformar los
párrafos primero y cuarto del artículo 103; la fracción IV y el último párrafo
del artículo 104; así como el artículo 122 de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de los Derechos de la Niñez y
la Familia para su análisis y dictamen.

La Sexagésima Quinta Legislatura actúa con estricto
apego a legalidad y respeto a derechos humanos, señaló el diputado Rubén Ríos
Uribe, presidente de la Comisión Permanente Instructora, durante la audiencia
de pruebas y alegatos, celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Poder Legislativo, como parte del proceso de Juicio Político en contra del
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La audiencia tuvo carácter de privada, en atención
al artículo 7 de la Ley de Juicio Política y Declaración de Procedencia para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que dicta “en el juicio político y la
declaración de procedencia, los acuerdos del Congreso del Estado y las
resoluciones del Tribunal Superior de Justicia se tomarán en sesión pública o
privada, según puedan afectarse las buenas costumbres o el interés general”.

El legislador Ríos Uribe subrayó que la Comisión
Instructora tiene una conformación plural, toda vez que él, en su calidad de
presidente, pertenece al Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”,
la diputada Jessica Ramírez Cisneros, secretaria, de Morena y el diputado
Enrique Cambranis Torres, vocal, del Partido Acción Nacional (PAN).

Dijo que esta instancia legislativa, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley, tiene la obligación de desahogar los
asuntos que le son turnados por el Pleno y en esta ocasión corresponde escuchar
las pruebas que presenten el denunciante y el denunciado y, con base en el
artículo 22 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, dictaminar –tres días posteriores a la fecha
de la audiencia- los hechos denunciados.

El diputado Rubén Ríos descartó “tintes políticos o
partidistas” en este proceso de Juicio Político y –aseguró- que se trata del
cumplimiento de la ley. “Como diputados nos corresponde hacer nuestra labor en
el Congreso del Estado, viendo en todo momento por el interés superior de las y
los ciudadanos. Considero que es el pueblo quien juzga y ellos no se
equivocan”.

Por último, el legislador hizo un llamado a los
actores políticos involucrados en el tema a conducirse con civilidad y respeto,
toda vez que la división y el encono perjudican a las instituciones y a la
sociedad en su conjunto.

La
Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de
Personas en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en voz de la diputada
Rosalinda Galindo Silva, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para
reformar el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Derechos y el Código
Civil para el Estado de Veracruz

En
la sesión ordinaria del pasado 22 de enero, la Comisión Especial presentó el proyecto
de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas
para el Estado de Veracruz que permitiría, entre otras cosas, establecer el
procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia.

Este
proyecto de Ley –explicó–, obliga a la reforma y adición de normas en los
Códigos Civil, de Procedimientos Civiles y el de Derechos.

De
este modo, la Comisión Especial plantea reformar el Código de Procedimientos
Civiles en el primer párrafo del artículo 117 a efecto que, la competencia para
conocer del procedimiento de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición,
corresponda a los Jueces de Primera Instancia de lo Familiar, toda vez que la
mayoría de los efectos previstos para las declaraciones de dicha naturaleza
atañen al núcleo familiar, como ya ha sido reconocido por el Honorable Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

Propone
reformar el Código de Derechos Estatal, a efecto de privilegiar el principio de
gratuidad que debe permear en todos los actos requeridos para la Declaración
Especial de Ausencia por Desaparición; así mismo, en su artículo 60, incluiría que
la expedición de copias certificadas que se requieran, no tengan costo alguno.

Finalmente,
la legisladora del Distrito X de Xalapa, planteó adicionar el artículo 652 Bis
al Código Civil para el Estado, a efecto de remitir al juzgador a observar las
disposiciones de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por
Desaparición de Personas, obligatoriamente aplicables a todos aquellos casos relacionados
con personas cuyo paradero se desconoce y se presuma, por cualquier indicio,
que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

Estas
reformas darían operatividad a las disposiciones de la Ley Estatal en materia
de Desaparición de Personas, así como a las del Proyecto de Ley para la
Declaración Especial de Ausencia por Desaparición presentado por la Comisión Especial,
integrada por la diputada presidenta Elizabeth Cervantes de la Cruz, la
diputada secretaria Rosalinda Galindo Silva y el diputado secretario Henri
Christophe Gómez Sánchez.

Así
como por las diputadas vocales, Erika Ayala Ríos, María Esther López Callejas, Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, Magaly Armenta Oliveros, Florencia Martínez Rivera, Brianda
Kristel Hernández Topete, Mónica Robles Barajas y Deisy Juan Antonio.

La diputada María Josefina Gamboa Torales,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la
iniciativa de reforma al artículo 206 Bis del Código Penal del Estado que prevé
elevar las actuales penalidades por el robo de instalaciones eléctricas, así
como el establecimiento de dos agravantes cuando con este ilícito se genere una
afectación a un grupo considerable de personas.

La legisladora recordó que “los amantes de lo ajeno”
no han perdido la oportunidad de obtener un ingreso económico mediante
actividades de hurto, ya que se han dado varios ejemplos del robo de los
materiales que se han adquirido para ser utilizados en la creación o
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, “o lo que es más
increíble, se los han robado, ya una vez que están incorporados a las
luminarias públicas”.

De esta manera y de acuerdo a la iniciativa a quien,
con ánimo de dominio, lucro o uso, sin consentimiento de quien legalmente pueda
otorgarlo, se apodere de metales, como cobre, bronce, fierro, aluminio, acero,
níquel y sus aleaciones, utilizados en
monumentos, instalaciones eléctricas o hidráulicas se le sancionará con prisión
de tres a nueve años y multa de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización
(UMA) si el valor de lo robado no excediera las 100 UMA.

De igual forma se busca establecer que si el valor
de lo robado excediera de 100 UMA, se sancionará con prisión de cinco a 15 años
y multa de hasta 900 UMA.

En caso que las citadas conductas causen
afectaciones a un grupo mayor de cien personas, las infracciones señaladas
podrán incrementarse hasta en una tercera parte, indica la propuesta
legislativa.

Asimismo, cuando el sujeto activo cometa las citadas
conductas como medio para realizar otro delito, las sanciones previstas se
aumentarán hasta en dos terceras partes.

La diputada Gamboa Torales considera necesario
reformar el Código Penal para que el delito de robo de instalaciones eléctricas
sea penado de una manera ejemplar, y así evitar que se siga dando el hurto de
materiales como el cable de cobre, “debido a que esto trae aparejado la
creación de un campo nocturno de cultivo para la criminalidad”.

Agregó que con este delito se pierde, no solamente
el dinero público invertido en las instalaciones, sino la tranquilidad que se
había generado para un sector de la población con el alumbrado.

La iniciativa, que busca reformar las fracciones I y
II, así como adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 206 Bis del
Código Penal para el Estado, fue turnada para su análisis a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

A nombre del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz presentó la
iniciativa de reforma al artículo 44 de la Ley de Desarrollo Integral de la
Juventud que tiene como propósito establecer la obligación del Gobierno estatal
de asignar un presupuesto que permita planear, promocionar y aplicar las
actividades de atención y asistencia que coadyuven al desarrollo integral de la
juventud.

Este presupuesto deberá garantizar el cumplimiento
eficaz y eficiente de los citados propósitos, por lo cual bajo ninguna
circunstancia será menor al del ejercicio fiscal inmediato anterior.

En su intervención, durante la décima cuarta sesión
ordinaria, la legisladora subrayó que de aprobarse esta iniciativa no solo se
contribuirá al desarrollo puntual de las políticas públicas y los programas que
durante la actual administración Estatal se implementen en la materia, sino
también, guardará concordancia con el trabajo que viene realizando el Gobierno
de México, donde como principal acción destaca la denominada: “Jóvenes
Construyendo el Futuro”.

La también presidenta de la Comisión Permanente de
Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad explicó que uno de los
principales activos que tiene Veracruz radica en los jóvenes, ya que –de
acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía- se cuenta con
un millón 959 mil 243 jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 29 años de
edad.

Destacó que en Veracruz el sentir de los jóvenes se
evidencia en su justo reclamo por la falta de oportunidades en diferentes
rubros y que los esfuerzos institucionales efectuados al respecto no han sido
los suficientes.

Agregó que se advierte la necesidad de edificar
mayores condiciones orientadas a cumplir su legítimo anhelo de alcanzar un
futuro promisorio y verdaderamente alentador.

De igual forma convocó a las diputadas y diputados
de la LXV Legislatura a que se sumen a esta propuesta, “sin tomar en
consideración ideologías políticas y sí, en cambio, el bienestar de una de
nuestras más grandes riquezas, la juventud veracruzana”.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la
Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Juventud y Deporte y
Atletas con Discapacidad.

El diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, asistió al foro “Opciones de
Financiamiento y Aplicación de Fondos Federales para Municipios”, realizado por
el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario de Finanzas
y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.

El Foro fue celebrado en las instalaciones del Museo
Interactivo de Xalapa (MIX), con la finalidad de brindarles
información, a los integrantes de los ayuntamientos veracruzanos, que les
permita fortalecer su crecimiento y una mejor gestión de los recursos
federales. Se contó con la asistencia de funcionarios de los gobiernos federal
y estatal, así como ediles de los 212 ayuntamientos de la entidad.

El
gobernador Cuitláhuac García Jiménez puso a consideración de la LXV
Legislatura, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas
disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios
de Veracruz.

La
iniciativa publicada en la Gaceta Legislativa número 17, propone la adición de
los artículos 8 Bis, 8 Ter y 17 Bis, que quedarían como sigue:

Artículo
8 Bis.El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, deberá publicar
anualmente en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el «Acuerdo
por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y
Variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave», mismo que señalará de
manera clara y didáctica, la información completa y detallada de las
participaciones que el Estado tenga obligación de participar a sus municipios,
las variables, fuentes de información, valores y métodos de cálculo utilizados
para distribuir las participaciones, por cada uno de los fondos e incentivos.

Artículo
8 Ter. El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, pondrá a
disposición de los municipios que lo requieran, la información necesaria que les
permita comprobar la correcta determinación de sus factores de participaciones
e incentivos económicos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal, así como el monto

de
los mismos.

Artículo
17 Bis. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, participará el 100%
de la recaudación del impuesto sobre la renta, correspondiente a los municipios
y a sus organismos municipales que lo hayan enterado a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, por salarios pagados con recursos propios o
participaciones federales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3-B
de la Ley de Coordinación Fiscal.

La
participación correspondiente a los municipios se realizará de conformidad con
la información de montos que proporcione la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que en caso
de ajustes derivados de diferencias en el entero de dicho impuesto respecto de
algún municipio o municipios, la Secretaría realizará los descuentos con cargo
a la ministración correspondiente a las ministraciones subsecuentes, informando
a dichos municipios de la instrucción recibida por la Unidad de Coordinación
señalada.

En
la exposición de motivos, el Ejecutivo del Estado cita el penúltimo párrafo del
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que los Gobiernos de
las entidades federativas, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en
su periódico oficial, así como en su página de internet, el calendario de entrega,
porcentaje, fórmulas, variables utilizadas y los montos estimados de las
participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de
participar a sus municipios;

En
tanto, La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artículos 9, 10, 11, 12 y 14, establece
los porcentajes, variables y fórmulas, mediante los cuales deben repartirse
entre los municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, los recursos
provenientes del Fondo General de Participaciones Municipales, del Fondo de
Fomento Municipal, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Ingresos
derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal y Fondo
de Extracción de Hidrocarburos.

El
diputado presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, turnó la
iniciativa a la Comisión Permanente de
Hacienda del Estado para su análisis y dictamen.

Ante la Comisión Permanente de Vigilancia del
Congreso del Estado, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, compareció
el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, quien, además de rendir un informe sobre las actividades
realizadas en el ejercicio 2018, respondió las preguntas de las diputadas y los
diputados de la LXV Legislatura.

A las 16:00 horas, en la sala Venustiano Carranza
del Poder Legislativo, la Comisión de Vigilancia dio inicio a la comparecencia,
en cumplimiento a lo que marca la Constitución Política del Estado y la
legislación secundaria en la materia.

En
la primera ronda, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez, preguntó
sobre los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que
integran el sistema estatal de video vigilancia, que anunció el ex Gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares, con una inversión superior a los 700 millones de
pesos y que dicho sistema se encuentra operando en tan solo un 40 por ciento de
su capacidad, al respecto solicitó al titular del ORFIS un informe de los
avances que se tienen de este tema o bien, en su caso, cuál es el programa de
trabajo para realizar dicho informe.

El
titular del ORFIS contestó que se ha iniciado una revisión al proceso de
adquisición e instalación de las cámaras del sistema de video vigilancia, de la
cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el contrato que elaboró con
el proveedor en relación a la adquisición, suministro, electrificación, instalación
y puesta en operación del sistema de circuito cerrado y televisión CCTV con un
costo de mil millones de pesos con la empresa COMTELSAT S.A. de C.V, misma que se comprometió a dar el servicio de
electrificación hasta por un máximo de 116 municipios.

El
proyecto propone la instalación de cerca de 6 mil 500 cámaras de video
vigilancia de 3 tipos, y que tendrían como objetivo dotar de la tecnología a 6
centros regionales de monitoreo en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa,
Boca del Río, Fortín y Cosoleacaque, de acuerdo con las adecuaciones técnicas
correspondientes.

Portilla
Vásquez, aseguró que con base en todo lo especificado en el contrato se está realizando una revisión al anexo técnico y al mismo contrato de acuerdo
a lo que describe el proyecto como solución integral en tema de seguridad, por
lo que será responsabilidad del proveedor proporcionar el equipamiento
necesario para el funcionamiento adecuado de las video cámaras.

Sostuvo
que se ha solicitado a la SSP los documentos y anexos que conlleva este
contrato para realizar la revisión a profundidad y verificar el cumplimiento de
las cláusulas del mismo, además de la
revisión física de postes y cámaras pero de la calidad de la imagen, es decir, que
sean nítidas y visibles desde los
diversos sistemas de monitoreo.

Por
su parte el diputado Domínguez Vázquez, agregó que el programa cumple con las
expectativas de seguridad de la ciudadanía, sin embargo es importante saber su
real utilización y funcionamiento, además que se ha hecho referencia que la
empresa proveedora tiene una inhabilitación, sancionada por la
Secretaría de la Función Pública en el 2013,
por lo que hizo un exhorto al titular del ORFIS para realizar una
investigación al respecto.

Por
el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada María
Graciela Hernández Iñiguez solicitó la opinión técnica del titular del ORFIS al
plantear que derivado de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en favor de algunos municipios, por el cual otorga
hasta 90 días para cumplir con la sentencia de pago y que se podría fincar
alguna responsabilidad a las autoridades correspondientes en caso no atender
este fallo.

El
auditor Lorenzo Antonio Portilla respondió que este tema se deriva que durante
el ejercicio fiscal 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
dejó de ministrar en el último trimestre recursos hacia los 212 Ayuntamientos, lo que significó
una cantidad de mil 478 millones de pesos, por lo cual los municipios
interpusieron las denuncias correspondientes y que ante los cuestionamientos
del Órgano Fiscalizador la SEFIPLAN confirmó
que la SCJN falló a favor de 80 municipios, con lo cual se les deberá
pagar dichos recursos con los intereses generados a la fecha, por lo que al
haber una resolución definitiva pudiera existir una responsabilidad penal ya
que se debe cumplir con la sentencia en su totalidad.

Por
otra parte, la diputada Hernández Iñiguez cuestionó que si al existir una firma
de convenio que disminuye el monto de la devolución podría ser considerado como
un presunto delito de daño patrimonial; a lo que el auditor del ORFIS aseguró
que lo que ya se sentenció se debe reintegrar a los municipios por parte de SEFIPLAN de acuerdo al monto
señalado por la resolución, señaló que siendo un recurso destinado al fondo
social y pobreza extrema debe ser aplicado a ese fin, -añadió- que ya se tiene
planeado reuniones con los municipios involucrados en este proceso para
asesorarlos en cómo deben aplicarse dichos recursos.

La diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, preguntó cuánto ha
invertido el ORFIS en el desarrollo de diversas herramientas informáticas y qué
acciones preventivas ha desarrollado para el fortalecimiento de la gestión
pública municipal.

El compareciente detalló que todas las herramientas
tecnológicas del ORFIS han sido desarrolladas por un equipo multidisciplinario
que trabaja en el organismo, por lo que no han significado gasto alguno.

Respecto a las acciones preventivas, dijo que dentro
del Plan Maestro 2012-2019 se establece que la prevención es fundamental para
evitar y contener actos de corrupción, razón por la que se implementaron el
Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) y
el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER); además de mecanismos
de acceso a la información como el Sistema de Consulta de Obras y Acciones
Municipales de Veracruz (COMVER).

Durante su intervención, la diputada Magaly Armenta
Oliveros, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó si la Comisión Permanente
de Vigilancia de la Legislatura anterior, solicitó al ORFIS alguna opinión
técnica sobre las observaciones determinadas a 64 municipios que comparecieron
y solventaron de manera total y parcial diversas observaciones por un monto
total de 326 millones de pesos.

Lorenzo Antonio Portilla respondió que sí fue
convocado; sin embargo, explicó que su función en ese proceso es únicamente
aclaratoria y explicativa, sin que ello implique la reapertura de los informes.
“El procedimiento de fiscalización superior concluye en el momento en que son
entregados los informes a este Honorable Congreso”, puntualizó el funcionario.

Tomando en cuenta la experiencia del ORFIS en el
procedimiento de fiscalización superior, la diputada Magaly preguntó si en un
par de horas, sin contar con el personal especializado en auditorías
financiera, presupuestal y técnica a la obra pública, sea posible solventar
observaciones por posible daño patrimonial a las arcas públicas municipales,
aún cuando dichos ayuntamientos tuvieron 30 días para solventar el pliego de
observaciones emitido por el ORFIS y no lo hicieron.

No obstante, el titular del ORFIS se abstuvo a dar
respuesta, considerando que su posición podría influir en los criterios sobre
los cuales caerá la resolución que en su momento se emita, con motivo de la
denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado,
por el decreto número 784 publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 2 de
noviembre de 2018, por medio del cual, la LXIV Legislatura aprobó los informes
individuales y el informe general ejecutivo de las cuentas públicas del
ejercicio 2017.

Al hacer uso de la voz, la diputada Nora Jessica
Lagunes Jáuregui, representante del PAN, se refirió a una denuncia de habitantes
de Comapa y señaló la aparente dificultad que enfrentan los ciudadanos para
utilizar los mecanismos de transparencia y denuncia que el ORFIS pone a
disposición de la sociedad. Dijo que es deseable que el Organismo refuerce su
marco normativo a fin de facilitar la presentación de quejas y obtengan una
respuesta clara.

El Auditor aseguró que la queja señalaba una red de
energía eléctrica que está funcionando y una red hidráulica, en ese caso,
mencionó que la autoridad municipal reportó que estaba operando, pero no
dijeron la verdad, por lo que se presentó la denuncia correspondiente.

No obstante, la legisladora refutó, asegurando que
la ampliación de red eléctrica no se encuentra funcionando y que las
fotografías que aparecen en el COMVER pertenecen a otra localidad, por lo que
consideró el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz no
es una herramienta que dé certeza de las obras.

El Auditor General, del ORFIS, Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez dio respuesta a los cuestionamientos del diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, del Grupo
Legislativo de Morena, sobre las graves faltas administrativas detectadas en la
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por un monto de 800 millones de pesos.

Sobre lo anterior, el titular del ORFIS, respondió
que el órgano a su cargo detectó en la Cuenta Pública 2017, y en esos
contratos, un conflicto de intereses, lo que hizo del conocimiento de la SIOP
para que actuara en consecuencia.

El diputado Wenceslao González Martínez,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó al Auditor en torno a las
observaciones hechas a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV),
sobre el daño patrimonial detectado por 361 millones de pesos.

Portilla Vásquez señaló que se hizo lo conducente
para que la UPAV realizara la determinación de responsabilidades y fincará las
medidas necesarias a fin de conocer el destino de los recursos recaudados por
el patronato; y actualmente esa institución educativa solicitó la reconsideración
de las medidas a aplicar.

La legisladora Mónica Robles Bajaras, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó
cuál fue la opinión del Orfis sobre la reestructuración de la deuda pública,
realizada en 2017, así como el proceso y seguimiento a la licitación de la
misma y respecto al presunto daño patrimonial, en la cuenta pública 2017, del
ayuntamiento de Coatzacoalcos por un monto de 142 millones de pesos (mdp).

El
auditor respondió que la reestructura no resolvía la crisis financiera de ese
momento y agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avaló
esta reestructura y se cumplió con la normatividad y las disposiciones de los
bancos. De igual forma confirmó el presunto daño patrimonial del ayuntamiento
de Coatzacoalcos y señaló que en este momento está la fase de solventación y
que será hasta marzo cuando se tenga una respuesta; en caso contrario
recurrirán al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.

La
diputada Rosalinda Galindo Silva, del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó
sobre la disparidad en las cifras sobre los bienes recuperados por la anterior
administración estatal y que correspondían al monto de mil 522 mdp. Además
preguntó si realizan revisiones de campo a los bienes recuperados.

Al
respecto, Portilla Vásquez refirió que la fiscalización se realizó con base en
documentos de la cuenta pública y, sobre la cifra recuperada de 793.4 mdp en
efectivo, expuso que fue auditada en cheques y el rendimiento generado. Detalló
que el Orfis pretende en este año revisar la cuenta pública 2018 y revisar al
momento 2019 para ver las diferencias. También dijo que van a revisar si los bienes
recuperados están registrados en patrimonio del estado, que cuenten con su
documento notarial y estén incorporados legalmente.

Por
último, el legislador Rodrigo García Escalante, del PAN, agradeció al auditor
la labor que ha realizado al frente del Orfis y la coordinación que se ha
establecido con la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

A
las 18:25 horas, el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente; con la
participación de las legisladoras Mónica Robles Barajas, secretaria y Florencia
Martínez Rivera, María Graciela Hernández Iñiguez y Florencia Martínez Rivera,
vocales, concluyó la comparecencia.

Las pensiones son el agradecimiento que la sociedad
da a quienes más han trabajado a su servicio y representan un derecho de
quienes entregaron sus mejores años a Veracruz, afirmó el diputado Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de Morena, al
realizar un exhorto los Ayuntamientos del Estado, para que realicen el pago de
las cuotas y aportaciones que tienen pendientes con el Instituto de Pensiones
del Estado (IPE).

El legislador subrayó que el IPE garantiza el
cumplimiento del derecho humano a la seguridad social, se encarga de
administrar las cuotas y aportaciones de los trabajadores de manera eficiente,
garantizando a largo plazo las pensiones y jubilaciones a sus agremiados;
contribuyendo de esta forma, al sano desarrollo de las políticas públicas del
Gobierno del Estado.

Dijo que desde su creación a la fecha se han
incorporado Organismos Públicos Centralizados, Descentralizados y Autónomos,
así como un total de 137 municipios de la entidad.

“El IPE sufre, desde hace algunos años, una de las
peores crisis de su historia, donde los malos manejos de administraciones
anteriores son la principal causa, sin embargo, no es la única, existen otros
factores que han contribuido al detrimento de este Instituto”.

Destacó que esta grave crisis económica, con un
déficit de más de 700 millones de pesos anuales, pone en peligro al sostén de
miles de pensionados y jubilados del Estado.

Sostuvo que la causa más importante de la crisis del
Instituto se origina por la falta del pago de las cuotas y aportaciones de los
diferentes organismos públicos incorporados a él.

Los ejemplos más claros, dijo, son 78 municipios del
Estado que adeudan cuotas y aportaciones de sus trabajadores, lo que sumado nos
arroja la cantidad de 231 millones 729
mil 045 pesos.

Por lo anterior, exhortó a pagar las cuotas y
aportaciones que adeudan al Instituto de Pensiones del Estado los Ayuntamientos
de: Acayucan, Actopan, Acultzingo, Altotonga, Amatitlán, Amatlan de los Reyes,
Ángel R. Cabada, Atoyac, Atzacan¸ Banderilla, Camarón de Tejeda, Camerino Z.
Mendoza, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera,
Cerro Azul, Coetzala, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlan de Carvajal,
Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Cuichapa, Chacaltianguis,
Chalma.

Así como los de: Chiconquiaco, Chinameca, Las
Choapas, Fortin, Hidalgotitlan, Huayacocotla, Ixcatepec, Ixmatlahuacan,
Ixtaczoquitlan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juchique de
Ferrer, Lerdo de Tejada, Malio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Medellín de
Bravo, Minatitlán, Moloacan, Naolinco, Nogales, Omealca, Ozuluama, Pajapan,
Papantla, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Saltabarranca, San Juan Evangelista,
Santiago Tuxtla, Soconusco, Sochiapa, Tamalin, Tampico Alto, Álamo Temapache,
Teocelo, Tepatlaxco, Tepetzintla, Tihuatlan, Tlacojalpan, Tlilapan, Tomatlán,
Tres Valles, Xico, Yanga, Yecuatla, Zentla, Zongolica y Zozocolco de Hidalgo.

Vargas Barrientos invitó a los integrantes de la LXV
Legislatura a sumar esfuerzos para salvar de la crisis económica al IPE, y
pidió su gestión en los municipios que pertenecen a sus distritos, para que se
realice el pago de cuotas y aportaciones que adeudan, lo que permitirá abonar,
destacó, a la causa y encaminar a la salvación del pilar que sostiene la
economía de los más de diez mil derechohabientes pensionados y jubilados.

No vamos a claudicar en dar todo nuestro esfuerzo,
por moderar las desigualdades sociales, y en pugnar por hacer de Veracruz, un
estado libre y justo, que nos llene de orgullo, concluyó.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política.

El Pleno de la LXV Legislatura de Veracruz, con base
en las atribuciones señaladas en el artículo 33, fracción II y II y 38 de la Constitución
Política del Estado, aprobó el Decreto de Interpretación Auténtica de Ley, de
los artículos 134 y 135 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Este Dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, establece “El artículo 134 del Código Financiero de Veracruz
de Ignacio de la Llave, establece cuál será la base del gravamen: el pago de
derechos e impuestos previstos en el propio ordenamiento financiero y que, para
su justipreciación, esto es, establecer el monto a pagar, deberá calcularse con
base en los mismos, adicionando 15% a la base del cálculo”.

De igual forma, “en cuanto al artículo 135 del
Código Financiero de Veracruz de Ignacio de la Llave, este establece el momento
en que se debe erogar, que es en el mismo acto de pago de los impuestos y
derechos, así también especifica el destino que tendrán estos ingresos, estando
etiquetados al rubro presupuestal que corresponde al fomento a la educación”.

Por cuanto hace a la constitucionalidad de este, no corresponde a este H.
Congreso del Estado, en términos del artículo 94 párrafo décimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 56 de la
Constitución del Estado.

La exposición de motivos del Dictamen indica que
este decreto es resultado de la solicitud presentada ante este Congreso, por el
ciudadano Ulises Álvarez
Molina, el 11 de junio de 2018, en la cual pide que el Congreso del Estado se
pronunciara sobre la interpretación auténtica de los artículos 134 y 135 del
Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Detalla que el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en sesión
ordinaria celebrada el 28 de junio de 2018, conoció de la petición, misma que
fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales
correspondiente a esa Legislatura.

El ciudadano Ulises Álvarez Molina, al no obtener respuesta a su
solicitud por parte del H. Congreso del Estado, interpuso una demanda de
garantías.

El 9 de enero del presente año el Juzgado Primero de Distrito en el
Estado notificó el acuerdo en el que se ordena dar contestación en breve
término, congruente, completa, fundada y motivada a la petición que formuló el
quejoso.

Este
Decreto registró 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

El diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una
iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXIX, del artículo
18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en la que señala que las leyes,
normas, reglamentos y demás disposiciones que rigen al Estado de Veracruz,
deben tener armonía con la Constitución Política Local, con la finalidad de
evitar ciertos errores de interpretación del Derecho y superar las
contradicciones existentes entre las diversas leyes.

Con la armonización de las Leyes, agregó el
integrante del Grupo Legislativo de Morena, se busca que el sistema legal opere
de manera integral, mediante normas, reglamentos y demás disposiciones con
contenidos similares, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del
Estado. “Por lo tanto, es imperante generar una armonía entre diversas leyes ya
que permite identificar y resolver algunas incongruencias o contradicciones y,
sobre todo, revertir ciertas lagunas legales como es el caso que nos ocupa”.

Un ejemplo de lo anterior, destacó Domínguez
Vázquez, se presenta entre la Constitución Política del Estado Libre, en la
Sección Segunda denominada “De las Atribuciones del Congreso”, y la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, en su Título Segundo denominado “De la
organización y funcionamiento del Congreso del Estado, Capítulo Primero “De las
atribuciones del Congreso”, derivado de que el 2 de octubre de 2017 se realizó
una reforma a diversas fracciones del artículo 33 de la Constitución Local,
entre las que destaca la reforma a la fracción XXIX del mismo artículo.

Lo relevante y la importancia que tiene la armonización
del artículo 33 fracción XXIX de la Constitución Política del Estado y el
artículo 18 fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, radica en
que, abundó, el primer ordenamiento faculta al Congreso para revisar las
Cuentas Públicas de todos los Entes Fiscalizables y en el segundo sólo da
facultades para que el Congreso revise las Cuentas Públicas del Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos.

Por lo anterior, el objeto de la homologación es
crear la armonización entre ellas y evitar lagunas, contradicciones e
incongruencias entre las leyes, finalizó.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Vigilancia y de Gobernación.

En representación del Congreso del Estado, diputadas
y diputados de la LXV Legislatura, encabezados por los legisladores Juan Javier
Gómez Cazarín y José Manuel Pozos Castro, presidentes de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) y de la Mesa Directiva, respectivamente,
asistieron a la presentación del programa “Cero Tolerancia a la Violencia
Contra las Mujeres y las Niñas”, implementado por el Gobierno del Estado, que
encabeza el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

En el evento, celebrado en las instalaciones del
Museo Interactivo de Xalapa (MIX), las y los diputados refrendaron su
compromiso de trabajar para lograr la consolidación de la igualdad de género e
implementar acciones enfocadas a la prevención, combate y erradicación de la
violencia hacia las mujeres y niñas.

El diputado Juan Javier Gómez dijo que la LXV
Legislatura es y será siempre un Poder aliado de las veracruzanas y –anunció-
que habrá de trabajarse en breve para atender los exhortos del Programa “Cero
Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas” relativas al proceso
de armonización que permita eliminar de la normatividad veracruzana todos los
elementos que pudieran constituir discriminación hacia las mujeres.

De igual forma, agregó, habrá de tomarse en cuenta
la creación de mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia hacia
las mujeres; de conformidad con los tratados en la materia y, sobre todo, “será
un trabajo que partirá del diálogo abierto entre diputadas y diputados,
organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas mujeres y hombres
interesados en fortalecer nuestras leyes”.

El legislador José Manuel Pozos Castro celebró que
el Gobierno del Estado haya tomado esta decisión y –señaló- que al tratarse de
un programa integral, el Congreso del Estado habrá de sumarse a los trabajos
para lograr resultados eficientes “el respaldo es para el gobernador, porque
esto representa el respaldo a las mujeres y niñas de Veracruz, ya que garantiza
seguridad, tranquilidad y armonía”.

Asistieron a este evento las diputadas Brianda
Kristel Hernández Topete, Ivonne Trujillo Ortiz, Rosalinda Galindo Silva,
Adriana Paola Linares Capitanachi, Deisy Juan Antonio, María Candelas Francisco
Doce, Mónica Robles Barajas, Margarita Corro Mendoza, Andrea de Guadalupe Yunes
Yunes, Cristina Alarcón Gutiérrez, Montserrat Ortega Ruiz, Nora Jessica Lagunes
Jáuregui, María Esther López Callejas, Ana Miriam Ferráez Centeno, Magaly
Armenta Oliveros, Elizabeth Cervantes de la Cruz y Adriana Esther Martínez
Sánchez, así como los legisladores Alexis Sánchez García, Eric Domínguez
Vázquez, Henri Christophe Gómez Sánchez y Raymundo Andrade Rivera.

El
Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso
del Estado, a cargo de la Dra. María Elena García Filobello, replicó el taller
“Sexualidad más que eso”, ahora dirigido a titulares y auxiliares de las
unidades de género de los Organismos Autónomos.

El
diputado del Distrito XX, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, asistió al evento
convocado en la Sala Jesús Reyes Heroles del Congreso del Estado, en donde se
impartió el taller concebido como una estrategia para impulsar acciones a favor
de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.

A
nombre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables, la diputada secretaria Deisy Juan Antonio, leyó un pronunciamiento
a favor de las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) sobre la Atención hacia las personas integrantes de las poblaciones
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI),
en Centros Penitenciarios de la República Mexicana.

Expresó
que el documento de la CNDH, tiene especial relevancia debido a que pone de
manifiesto las graves violaciones a los derechos humanos que sufre este grupo
poblacional en los centros penitenciarios.

“Veracruz
no es la excepción, las prácticas discriminatorias también suceden en las
cárceles de nuestro estado y es necesario difundir el contenido del
pronunciamiento a efecto de que las autoridades tomen cartas en el asunto para
erradicar estas conductas”, destacó la diputada Deisy Juan Antonio durante su
participación en tribuna.

Explicó
que la CNDH plantea la necesidad de eliminar prácticas institucionales que
generan discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género,
así como sancionar a los servidores públicos que cometen agravios en contra de
estas poblaciones, refiriendo la importancia de promover la cultura de la
legalidad y de revisar los procesos legales.

En
ese sentido, indicó que la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, integrada por las diputadas Brianda
Kristel Hernández Topete y Montserrat Ortega Ruiz, presidenta y vocal,
respectivamente, y ella misma como secretaria, coinciden con la CNDH en
promover la igualdad de trato entre las personas, sin ningún distingo.

Por
lo anterior se pronunciaron a favor de las propuestas que establecen lo
siguiente:

1.-
Sensibilizar y capacitar al personal penitenciario para impedir la violación de
los derechos de las personas pertenecientes a grupos LBGTTTI.

2.-
Establecer mecanismos accesibles para facilitar que al ingreso, las personas
puedan referir cualquier necesidad que amerite una atención especial.

3.-
Proveer a las personas, sin discriminación alguna por ninguna condición,
alojamiento, seguridad y protección de acuerdo a sus necesidades específicas.

4.-
Desarrollar e implementar políticas públicas y acciones específicas como
campañas y pláticas que fomenten la cultura de respeto de los Derechos Humanos
y el derecho a una vida libre de violencia y discriminación.

5.-
Armonizar los reglamentos de los establecimientos penitenciarios con la Ley
Nacional de Ejecución Penal y estándares internacionales de Derechos Humanos.

6.-
El acceso a todas las instalaciones y servicios del centro y los programas de
tratamiento en igualdad de condiciones que el resto de la población
penitenciaria, así como a todas las actividades educativas, laborales, de
capacitación para el trabajo, deportivas y culturales.

7.-
Fortalecer los programas de visitas, promoviendo las relaciones familiares y el
contacto con el mundo exterior.

8.-
Proporcionar atención médica, tratamientos y medicamentos de acuerdo a las
necesidades específicas.

9.-
Difundir toda la normatividad que permita fortalecer la cultura de la legalidad
y de respeto de sus Derechos Humanos.

10.-
Crear e implementar un protocolo de actuación para los servidores públicos de
los centros penitenciarios, con un enfoque transversal de Derechos Humanos para que atiendan de forma integral, sin
discriminación de ningún tipo a esta población.

La Diputada por el Distrito XXIII, de Cosamaloapan,
Margarita Corro Mendoza, presentó un anteproyecto con punto de acuerdo por el
cual se exhortaría al Ejecutivo del estado y a la Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN) incrementar el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesquero (SEDARPA), para el rubro de ganadería; de 23 a 500
millones de pesos (mdp) para el presente año fiscal.

La legisladora, secretaria de la Comisión Permanente
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, afirmó que
recuperar la producción agropecuaria en el país y en el estado será un fuerte
golpe para combatir la pobreza, y que para ello es necesario hacer frente a los
retos necesarios para dicho fin.

Implementación de tecnología, la otorgación de créditos
suficientes y oportunos, integración a cadenas de comercialización primarias, capacitación,
asesoría y organización de los productores; son parte de las carencias que
enfrentan los productores, expuso la diputada, quien agregó que no se debe
dejar de lado la deficiente coordinación institucional en programas e información
sobre apoyos y subsidios gubernamentales, “problemáticas que viven día a día
los productores de éste sector”.

Refirió que parte de lo anterior se debe a que no
existe un programa rector de incremento de productividad y menos la creación de
complejos y polígonos agroindustriales, que da la oportunidad de tener nuevos
retos y estrategias para posicionar al estado y principalmente a los
productores en un estatus de producción y productividad que cumpla con los
objetivos que ellos tienen y que al mismo tiempo le permita al Gobierno de
Veracruz ser ejemplo de innovación institucional en este ámbito.

Corro Mendoza, integrante del Grupo Legislativo de
Morena en el Congreso de Veracruz, aseguró que en la entidad el 50.3 por ciento
de la superficie está dedicada a este sector con doble propósito, por una parte
proveer la mayor cantidad de becerros para la producción de carne en la
entidad, y por otro lado son
responsables de la leche producida en pastoreo el cual el 85 por ciento del
volumen de leche producida con 684 millones 919 mil litros durante el 2017,
según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

La legisladora detalló que es necesario impulsar el desarrollo
agropecuario en la entidad, lo que obliga a tomar en cuenta las demandas,
necesidades y oportunidades de los productores, y del resto de la sociedad; tal
como lo plantea el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, aseguró que el Programa Agroalimentario
Pecuario es un proyecto viable y que sin duda fomentará a la ganadería
sustentable con integración a cadenas de valor que no sólo se beneficiará el
sector ganadero sino también a los consumidores finales.

“Se tiene que privilegiar, como parte de una
política de igualdad sustantiva el apoyo necesario y suficiente a las mujeres
veracruzanas que con gran tesón trabajan en el campo veracruzano y en especial
en la ganadería”, citó.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) para su análisis y dictamen correspondiente.

La diputada Florencia Martínez Rivera, integrante
del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, presentó una
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1, de la
Ley que Reconoce el Derecho de las Personas Físicas, Mayores de Setenta Años de
Edad, que No Tengan Ingreso Alguno y Sin la Protección de los Sistemas de Seguridad
Social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del
Gobierno del Estado.

La legisladora expuso que las personas adultas
mayores merecen especial protección por parte de los órganos estatales y se les
tiene que brindar una vida sana como a todas las personas, garantizando su
protección por parte del Estado, pues constituyen un grupo vulnerable que por
su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia
familiar, discriminación e incluso abandono.

Actualmente, abundó Martínez Rivera, las condiciones
de pobreza, abandono, violencia, negligencia, maltrato y abuso económico que
padecen adultos mayores en nuestro estado, les imposibilita vivir dignamente su
vejez.

Dijo que esta situación de vulnerabilidad ocasiona
que no puedan satisfacer la mayoría de sus necesidades básicas, en salud,
nutrición y vivienda, limitando los derechos de estos miembros débiles de la
sociedad, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas
públicas para brindarles una adecuada protección.

En Veracruz, la actual Ley número 223, subrayó, únicamente
proporciona y hace referencia a una pensión alimenticia mensual,
correspondiente a la mitad del salario mínimo vigente, lo que es insuficiente
para que los adultos mayores logren tener acceso a una vida digna, poniendo a
las personas que son beneficiarias de esta pensión alimenticia, en un estado de
vulnerabilidad, que contribuye a la disminución de la capacidad motora e
intelectual propias de la edad, que a su vez se traduce en la dependencia
familiar y social, que en muchos casos en la realidad conlleva al aislamiento y
discriminación familiar, laboral y económica.

Agregó que hoy en día, el Poder Ejecutivo Estatal, por
mandato de la Ley, otorga una pensión alimenticia mensual a los adultos mayores
de 70 años, equivalente a la mitad del salario mínimo vigente en la ciudad de
Xalapa, siendo los 212 DIF Municipales en coordinación con el DIF Estatal, los
responsables de entregar y suministrar los recursos económicos.

De acuerdo a datos del Gobierno del Estado, hay
solamente 5,000 mil beneficiarios, a lo largo y ancho del territorio
veracruzano, expuso.

La diputada señaló que los beneficiarios de dicha
pensión alimenticia, tal y como establece la Ley, son adultos mayores que viven
en situación de pobreza y que no cuentan con ingresos o activos, ni con
pensiones del IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE, Fuerzas Armadas, ni con sistemas de pensiones
o seguridad social, ya sea privado, del Estado, de la Federación o de empresas paraestatales.

Destacó que son personas que sistemáticamente fueron
y son víctimas de exclusión laboral y de atención médica, razón por la que no
cuentan con seguros médicos y tienen dificultades para acceder a los servicios
de salud.

En la mayoría de los casos, abundó, esta pensión, es
el único medio de subsistencia con la que ellos cuentan.

Destacó que la presente iniciativa tiene por
objetivo beneficiar a los cinco mil adultos mayores, de los cuales tres mil 43
son mujeres y mil 957 hombres, aumentando y otorgándoles una pensión
correspondiente a las tres cuartas partes del salario mínimo vigente en la ciudad
de Xalapa.

Lo anterior, concluyó Martínez Rivera, con el fin de
garantizar a los beneficiarios un ingreso económico adecuado, que permita
atender sus necesidades básicas de salud, bienestar, vestimenta, alimentación,
y contribuya a su plena integración social y a una mejor calidad de vida.

La iniciativa, que registró la adhesión del Grupo
Legislativo del PAN, del Mixto PRI-PVEM y de la diputada Mónica Robles Barajas,
del Grupo Legislativo de Morena, fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables.

Con el propósito de brindar seguridad jurídica a las familias, a través de la firma del contrato matrimonial y dar protección legal también a los hijos; El Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, encabezado por el Dr. Sergio Manzur Navarrete, a través del DIF Municipal y Registro Civil invita a las personas que deseen casarse que se acerquen con la documentación requerida a las instalaciones del palacio municipal, ya que tienen hasta el 8 de febrero para entregarla.

Los requisitos son:

• 2 copias actualizadas de las actas de nacimiento de los contrayentes

• Copias de la credencial de elector de los contrayentes

• Análisis sanguíneos

• Certificado médico prenupcial

• En caso de que alguno de los contrayentes está divorciado o viudo, presentar copia de acta de divorcio o defunción

• Si algún contrayente está registrado en otro municipio o estado, deberá presentar constancia de inexistencia de matrimonio.

Las bodas se llevarán a cabo el próximo 14 de febrero en la sala de cabildo del ayuntamiento, en donde se contará con la presencia de todo el cuerpo edilicio, quienes serán testigos de honor.

El sábado 26
de enero en las instalaciones de la Universidad Veracruzana (UV) Campus
Acayucan, se llevó a cabo el Foro Consultivo de la Zona Sur “Una Nueva Agenda
Municipal de Veracruz” evento realizado
en el marco de los Foros que se llevarán a cabo en las zonas sur, centro y
norte de la entidad que tienen como finalidad escuchar las distintas voces de
la sociedad civil, jóvenes, empresarios, académicos, munícipes y servidores
públicos municipales, para hacer de los ayuntamientos de Veracruz, entidades
con mayor bienestar, mejores servicios públicos y con más desarrollo económico
y social.

Este evento fue encabezado por la diputada Florencia
Martínez Rivera, presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado y por Mario Paniagua, Jefe del Departamento
Administrativo del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM),
quien asistió en representación del Maestro Rafael Alejandro Castillo Zugasti,
Director General del citado instituto.

Así mismo, el Economista César Antonio Rodríguez
Sosa, Subdirector de Integración y Evaluación de Planes, Programas y Estudios
de la Sefiplan, impartió la conferencia “La nueva Ley de Planeación y sus
implicaciones en la Planeación Municipal y en la Construcción de Una Nueva
Agenda Municipal”, en donde expuso los
cambios que contempla la Nueva Ley de Planeación, resaltando la integración de
la metodología Gestión para resultados, así como sus ejes y presupuesto basado
en resultados. Explicó que esta metodología elimina a los obsoletos Programas
Operativos Anuales que elaboraban los Ayuntamientos como herramienta de
planeación.

Indicó que en la Nueva Agenda Municipal, se tienen
que implementar programas transversales en igualdad de género, seguridad
pública, desarrollo económico y a la par que
los ayuntamientos deben generar confianza en la ciudadanía, ya que sin
participación social no se puede avanzar.