La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presentó un
Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhortaría al Gobernador para
que instruya a la autoridad del Transporte Público, respeto a lo establecido en
el artículo 361 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial,
referente al servicio que prestan los taxistas en la entidad veracruzana.

El exhorto estaría dirigido también al Secretario de
Seguridad Pública para que instruya al Titular de la Dirección General de
Transporte, a que sus delegaciones cesen la persecución y hostigamiento a los
compañeros de los diversos gremios de taxistas de la entidad, permitiéndoles brindar
el servicio a la sociedad veracruzana.

Durante su intervención en la Décima Tercera Sesión
Ordinaria de la LXV Legislatura del Estado, la legisladora precisó que el
transporte público de pasajeros en su modalidad de taxis representa uno de los
mayores medios de movilidad en el Estado y en ocasiones, es el único medio de
transporte para miles de hombres y mujeres.

Dijo que diariamente, cerca de 79 mil taxistas
prestan sus servicios a los veracruzanos y sin embargo, algunos prestadores del
servicio abusan de la concesión, levantando pasaje fuera de la demarcación
territorial a la que corresponden y utilizando sus unidades como “taxis
colectivos”.

Esta falta –explicó-, es aprovechada por agentes de
tránsito para detener a cualquier taxista y pedir “mochada”, con la amenaza de
que si no acceden, remitirán sus unidades al corralón.

La integrante del Grupo Legislativo Movimiento
Ciudadano – Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), precisó que en el
distrito de Perote, al cual pertenece,
taxistas de Altotonga se han visto acosados por elementos pertenecientes
de la Dirección General de Transporte del Estado, bajándoles el pasaje,
acusándolos de hacer corridas fuera de su jurisdicción o demarcación
territorial y amenazándolos con retirarles las unidades y las concesiones si no
pagan las cantidades que les requieren, cuando únicamente prestan su servicio
en viaje redondo.

Por lo anteriormente expuesto, la legisladora
presentó el Anteproyecto, mismo que fue turnado a la Junta de Coordinación
Política para su análisis y dictamen correspondiente.

El diputado Erik Iván Aguilar López, integrante del
Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia” en el Congreso de
Veracruz, presentó una iniciativa de decreto que reformaría la Ley Orgánica del
Municipio Libre para otorgar a las Contralorías Municipales la facultad para
realizar las diligencias de notificaciones personales que vía exhorto u oficio
les encomienden el Órgano de Fiscalización del Estado (Orfis) u otros Órganos Internos
de Control (OIC), una vez diligenciado deberá remitirlo al Órgano Interno de
Control requirente.

Del mismo modo, modificaría el Código de
Procedimientos Administrativos para señalar que “cuando la persona a notificar
radique fuera de la residencia del Órgano Interno de Control respectivo, esta
diligencia podrá hacerse mediante exhorto u oficio dirigido a la autoridad del
Órgano Interno de Control ubicado en el domicilio donde se tenga que llevar la
misma. Una vez diligenciado el exhorto u oficio, el órgano Interno de Control,
sin más trámite, deberá remitirlo con las constancias que acrediten el debido
cumplimiento de la diligencia practicada en auxilio del Órgano requirente.”

El legislador subrayó que esta medida, además de
agilizar los procedimientos, evitará que el personal se traslade a las
diferentes partes de Estado e implicará un ahorro considerable de recursos
económicos en viáticos y demás gastos inherentes.

De la misma manera –agregó- se estima eficaz, pues las
notificaciones se realizarán por un Órgano de similar naturaleza, que por tanto
es conocedor de los principios que rigen las notificaciones.

Aseguró
que por una parte los OIC son los responsables de notificar personalmente a
cualquier servidor público de algún procedimiento que se le ha iniciado, sin
embargo el funcionamiento de los adecuados procesos administrativos se complica
ante la distribución geográfica de algunas dependencias en la entidad, sea por
distancia, viáticos, entre otros, lo que impide que los procedimientos se
cumplan en tiempo y forma como se encuentra inscrito en la ley.

En
su iniciativa, el legislador Aguilar López, propone que las Contralorías
municipales (respetando sus autonomías) coadyuven con los OIC responsables de
fiscalizar a las Dependencias y Organismo Autónomos, a notificar a todo
servidor público que se encuentren requerido por un proceso administrativo y
que lógicamente su área de trabajo se encuentra ubicada en el Municipio o
región donde se le realizará la notificación.

La
iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Permanentes
Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Gobernación.

Durante los trabajos del Pleno de la LXV Legislatura
del Estado, en su décimo tercera Sesión Ordinaria, se presentó la Iniciativa de
Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado, y que a nombre de los
diputados integrantes del Grupo Legislativo de Morena, dio lectura la diputada Deisy
Juan Antonio.

Reconoció, durante su intervención y
en referencia a como se encuentra actualmente redactado el artículo 19, que se
trata de una disposición de gran alcance por propiciar que en las
construcciones que realice el sector público se considere a los veracruzanos,
destacando la visión por acercar al ámbito laboral a las personas con
discapacidad, medida que promueve en ellos una verdadera inclusión social.

La legisladora Deisy Juan Antonio
subrayó que esta iniciativa plantea reformar el contenido del primer párrafo
del artículo antes citado para que, con base en el ejemplo existente de
adentrar a la vida productiva a las personas con discapacidad, esta medida
también pueda impactar positivamente en los adultos mayores, quienes tienen
mucho que contribuir sin que la edad constituya limitante alguna para ello.

Asimismo hizo un llamado a los
diputados a que se generen oportunidades
para nuestros adultos mayores, “gente de gran valía de la que tenemos mucho que
aprender, y que, en correspondencia, incansablemente debemos proteger y
respetar desde el orden jurídico”.

El valor de los adultos mayores,
destacó, es de suma importancia, por tanto su aportación en el desarrollo de
Veracruz debe ser reconocida con la creación de oportunidades que les permitan
seguir siendo partícipes en el proceso de transformación que hoy vivimos,
subrayando que los esfuerzos institucionales y legales impulsados en su
beneficio nos advierten que debemos hacer más por ellos.

De acuerdo con la Iniciativa de
Decreto, se propone reformar el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado para quedar como
sigue: En la planeación, programación, presupuestación, contratación, construcción,
ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las
obras públicas y los servicios relacionados con ellas, se tomará en cuenta,
preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de
personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de
maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

La iniciativa fue turnada a la
Comisión Permanente de Comunicaciones.

Otorgaría
certeza al denunciante y al denunciado respecto a los alcances de las
autoridades que intervienen.

La diputada María Josefina Gamboa Torales,
integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz, presentó la
iniciativa que busca reformar la Ley número 556 de Juicio Político y
Declaración de Procedencia con el propósito de dar certeza al denunciante y al
denunciado, de los alcances de las actuaciones de las autoridades
intervinientes, les reconoce la posibilidad de hacer uso de mecanismos de
defensa ante actos arbitrarios o desapegados a derecho, en el desarrollo de un
juicio político o declaración de procedencia.

La legisladora refiere que la Constitución Política
Federal ha sido objeto de diversas
reformas que han impactado a la Ley de Juicio Político y Declaración de
Procedencia para Veracruz. Por lo que –consideró- se hace necesario realizar
una revisión de esta última norma, para poder armonizar y adecuar su texto con
la realidad jurídica imperante actual.

Lo anterior, agrega, con la única finalidad de que
los servidores públicos que atenten contra los intereses públicos fundamentales
y su correcto despacho, sean objeto de un proceso que le exija una rendición de
cuentas puntual, pero que no sirva de instrumento meramente mediático, sino que
sea un mecanismo más, de control constitucional.

De esta manera, propone que las infracciones de las
que se adolezcan las partes (denunciante/denunciado), sean materia de estudio a
través del Juicio de Protección de los Derechos Humanos, previsto por la
Constitución Política del Estado. Medida que ayudará a reforzar la legitimidad
de las actuaciones llevadas a cabo en los Poderes intervinientes de declarar la
responsabilidad política, abundó.

Se considera como una medida adecuada, que ciertas
previsiones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento para el
Gobierno Interior, sean incluidas de una vez en el texto de la Ley de Juicio
Político.

Un ejemplo de esto, se tiene en la redacción
propuesta para los párrafos 3 y 4 del artículo 3º, en donde se señala de forma
puntual la manera en que se tomarán las decisiones dentro de las Comisiones
Permanentes, así como, los derechos y obligaciones de los Diputados y las Diputadas involucrados en la
deliberación de un asunto objeto de juicio político o declaración de
procedencia.

Prevé que tanto el Congreso del Estado, como el
Tribunal Superior, deben guardar ciertas actuaciones en similitud, como lo son:
a) El guardar reserva de los asuntos puestos a su consideración, tal como se
les exige a los jueces actualmente; b) Abstenerse de presentar al denunciado
como culpable ante la sociedad, obligación que ya se fija en la fracción
primera, del apartado B, del artículo 20 constitucional, así como lo señala el
Código Nacional de Procedimientos Penales.

La iniciativa plantea que las sesiones en donde se
deban tratar los asuntos de juicio político y declaración de procedencias, sean
totalmente públicas, con acceso a todo aquel que desee informarse sobre la
tramitación de los mismos. Sin que ello quiera decir, que las actuaciones de
los Diputados y Magistrados, no se verán sujetas a la obligación de guardar
reserva de la información que manejen.

Por otra parte, se propone que el término que tenga
las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos
Constitucionales, no sea de tres días, sino de cinco, con la finalidad que el
estudio que hagan de la procedencia de la denuncia sea de calidad, exhaustiva,
legal y profesional, ya que de la misma ha de depender el inicio de todo un
procedimiento legal y que ha de impactar en gran medida a toda la sociedad
veracruzana.

De igual forma
y a fin de que el servidor público denunciado pueda defenderse, la
Secretaría General tendría la obligación de entregarle copias del expediente,
el dictamen previo y los votos concurrentes o particulares que hubiere.

También se plantea que la Comisión Permanente
Instructora pueda contar con un plazo no de tres, sino de 10 días, para emitir
su dictamen, en donde haga un estudio exhaustivo de los argumentos y del
material de convicción ofertados por el denunciante y el denunciado.

La iniciativa fue turnada, para su análisis, a las
Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación; de Justicia y Puntos
Constitucionales y la Instructora.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, sostuvo una reunión
con la Unión de Asociaciones Civiles, Turísticas y de Servicios de Tuxpan,
encabezados por su presidente, Gabriel Gómez Ruiz, a quienes expresó su
respaldo para impulsar, desde el Congreso de Veracruz, las acciones que
permitan fortalecer a este sector.

El legislador destacó que actualmente existe
coordinación institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo
que confía que la administración estatal, a cargo del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, apoye la zona norte de la entidad, con mejores vías de comunicación,
infraestructura, promoción al lugar y seguridad pública, que permitan atraer
más visitantes.

El diputado Pozos Castro, representante del Distrito
III, con cabecera en Tuxpan, propuso la realización de Foros Ciudadanos en
materia de turismo, a fin que los prestadores de servicios, autoridades del
ramo y sociedad en general expongan sus ideas que permitan detonar el turismo
en esta región; actividad de la cual viven cientos de familias veracruzanas,
abundó.

Gabriel Gómez Ruiz subrayó que la Unión de
Asociaciones Civiles, Turísticas y de Servicios de Tuxpan la integran 32
organizaciones que además del turismo, se dedican a las acciones de medio
ambiente, gastronomía, animalista, entre otros.

De igual manera, agradeció la apertura y espacio que
brinda el diputado Pozos Castro.

Tenemos una ideología muy clara: garantizar las
libertades de las mujeres veracruzanas», afirmó el diputado Juan Javier
Gómez Cazarín, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO), así como de líder del grupo legislativo de Morena en el Congreso
Local.

Lo anterior, en relación a la declaración de su
homóloga, Ana Miriam Ferráez Centeno sobre la propuesta de instaurar un ‘toque
de queda’ para las mujeres de nuestra entidad, con el objetivo de prevenir los
feminicidios en Veracruz; “respeto su ideología, pero no comparto su opinión
sobre el tema, dijo Gómez Cazarín.

«En la bancada de Morena existe un respeto
total a la libertad de expresión de nuestras y nuestros compañeros, quiero
celebrar que hay pluralidad de ideas. Sin embargo, soy claro en este aspecto:
tanto mujeres como hombres sin distinción tenemos derecho a la seguridad de
transitar libremente en cualquier horario, en paz y tranquilidad», expresó
el representante popular del distrito XXV, con cabecera en San Andrés Tuxtla.

Por lo tanto, Gómez Cazarín celebró el compromiso de
las y los legisladores de Morena en impulsar y fortalecer las políticas
públicas necesarias para evitar la violencia de género en nuestro estado.

De igual modo, refrendó su solidaridad con las mujeres
veracruzanas que han sido víctimas de algún tipo de maltrato y de las familias
de aquellas asesinadas cobardemente en razón de género «¡Ni una más! es la
exigencia de la ciudadanía y de nosotros como legisladores».

En este tenor, reconoció el esfuerzo que está
llevando a cabo la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, con la
finalidad de poner punto final a la ola de violencia que ha padecido el estado
en los últimos años.

En el auditorio
Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso de Veracruz, se llevó a cabo el Foro Jurídico
Interamericano “Política criminal, prisiones y proyecto inocencia en el estado
de Veracruz”, inaugurado por el secretario de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado Jorge Moreno Salinas y que tuvo la participación
de Tomás Mundo Arriasa, Rubén Pacheco Inclán, el
escritor José León Sánchez y el poeta Juan Hernández.

El objetivo de este foro fue realizar un análisis acerca de
la capacidad de procuración e impartición de justicia en el estado y la defensa
de los derechos humanos para aplicarse a los veracruzanos que se encuentran
recluidos en prisiones injustamente, así como defender el debido proceso de una
persona que está acusada, además del plantear el proyecto “veracruzano
inocente” para apoyar a reclusos juzgados inadecuadamente.

El poeta
Juan Hernández Ramírez, destacó que en Veracruz más de 500 indígenas purgan
condena y que fueron juzgados, en muchos casos, sin contar con una legítima
defensa que garantizara la correcta aplicación de justicia, o bien llevado su
juicio sin presencia de un traductor o intérprete, lo que entre otras cosas,
coloca a la entidad en el lugar 31 a nivel nacional en procuración e impartición
de justicia.

De esta
forma, Hernández Ramírez pidió a la Barra Interamericana de Abogados, a través
de su presidente Rubén Pacheco Inclán, Tomás Mundo Arriasa y al escritor José
León Sánchez, se unan en una sola voz y solicitar la revisión de los
expedientes de los indígenas que se encuentran recluidos en las diferentes
cárceles de Veracruz.

Durante
su participación, Tomás Mundo Arriasa, dijo que en Veracruz también se han detectado algunos casos de
mujeres privadas de su libertad, víctimas del Síndrome de la Mujer Maltratada,
y que sus casos no han sido llevados adecuadamente, por lo que aseguró “vamos a tramitar la
liberación de todas aquellas, que probatoriamente, sustentadas y a la luz de lo
que mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales, demostraremos tal
excluyente y que responsabilidad
dan y así lograr por ende su liberación”.

Al
hablar de “veracruzano inocente”, Mundo Arriasa aseguró que es un proyecto que
se basa en reuniones con todos los ediles del estado y revisar los casos de los
ciudadanos originarios de sus municipios; firmar convenios con los abogados de
cada uno de los municipios para trabajar en conjunto y detectar los casos de
sus respectivas jurisdicciones; firmar convenios con las universidades del
estado para que los estudiantes de derecho formen parte de las clínicas
procesales y apoyen en la revisión de expediente.

Asimismo,
se pedirá firmar un convenio con la Legislatura del Estado, que les permita a
los abogados integrantes de este proyecto sugerir o plantear reformas legales
necesarias al Código Penal del estado en lo referente a las sanciones que se
deben dar a las autoridades que consientan una detención arbitraria.

Agregó
que confían plenamente que las autoridades ante quienes se presenten las
respectivas demandas de la liberación de los presos indígenas y de las mujeres
que sufren del Síndrome de la Mujer Maltratada, se rijan por los principios de
excelencia y profesionalismo e imparcialidad.

Hizo un
llamado y aseguró que en el proyecto “veracruzano inocente” se necesita la
asesoría de la sociedad en general, empresarios, abogados, líderes sociales,
funcionarios, políticos, académicos, entre otros.

Por su
parte Rubén Pacheco Inclán, Presidente de la Barra Interamericana de abogados,
destacó el beneficio que traerá el proyecto “veracruzano inocente”, y aseguró
estar en completo apoyo para que se puedan concretar los objetivos de este
proyecto y lograr una impartición de justicia digna y apegada a los derechos
humanos, ya que aplicar lo que las leyes y la Constitución dicen es difícil y
para ello se debe trabajar conjuntamente como sociedad.

Finalmente,
el escritor José León Sánchez, después de su experiencia de estar encarcelado
por 30 años en el presidio de la Isla San Lucas en Costa Rica, acusado de un
delito que no cometió y donde los abogados firmaron un documento en el que
aceptan cualquier pena antes de defenderlo, dio sus apreciaciones referente a
la impartición de justicia en México, destacando que la ley no tiene que ser
nula, sino que tiene que ser ley, por lo que todos tenemos los mismos derechos.

En el
marco de este Foro se otorgó por parte de la Barra Interamericana de Abogados
el Doctorado Honoris Causa a Tomás Mundo Arriasa y José León Sánchez.

Estuvieron
presentes en éste evento la diputada, Adriana Esther Martínez Sánchez, el Diputado
Federal, Héctor Yunes Landa y Susana Granada Armas.

Al respaldar el pronunciamiento de la diputada
Cristina Alarcón Gutiérrez, quien exigió desde la tribuna el Congreso del
Estado un alto a los feminicidios en la entidad, la legisladora María Candelas
Francisco Doce lamentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no brinde
resultados para esclarecer el asesinato de la joven enfermera del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Beatriz Vázquez Osorio. En su intervención, durante la décima segunda sesión
ordinaria, la representante del Distrito XXI, de Ciudad Mendoza, indicó que el
cuerpo de la joven Vázquez Osorio fue abandonado el pasado 15 de enero, en la
carretera federal Ixtaczoquitlán-Fortín, y hasta el momento no hay avances ni
datos para dar con los responsables. La legisladora exigió a la Fiscalía, toda vez que es
la instancia de esta materia, acelerar las investigaciones y dar con los
responsables de este delito. Asimismo trabajar a fin de esclarecer a la brevedad los feminicidios, así como los
diversos crímenes, registrados en la entidad y que siguen impunes. “Solicito al fiscal Jorge Winckler a que, en
cumplimiento de su responsabilidad y con el personal de su dependencia,
esclarezca a la brevedad este feminicidio y todos los nombrados con
anterioridad” enfatizó.

Al expresar su solidaridad hacia la familia de la
joven Beatriz Vázquez la diputada María Candelas Francisco hizo un llamado a
las autoridades para que asuman su responsabilidad, así como la implementación
de medidas para evitar más casos como este.

La paridad de género es el primer paso y ahora
corresponde hacerla válida, desde los espacios de poder, al tomar las
decisiones adecuadas que se reflejen en cambios para mejorar la vida de las
mujeres, expresó la diputada federal Martha Angélica Tagle Martínez al impartir
la conferencia “Los retos y desafíos de la paridad de género en la política
mexicana”, celebrada este 18 de enero, en el auditorio Sebastián Lerdo de
Tejada del Congreso de Veracruz.

Esta conferencia fue organizada por la diputada
Ivonne Trujillo Ortiz, representante del Distrito IX, de Perote y presidenta de
la Comisión Permanente para la Igualdad de Género del Congreso del Estado.

En su ponencia, Tagle Martínez habló sobre cómo se
ha ido consolidando la paridad de género y explicó que, en su experiencia, ha
constatado como los partidos políticos ven con desagrado el cumplimiento de la
cuota de género en las candidaturas.

De igual forma se pronunció por eliminar esas
barreras que aún persisten en la misma sociedad, relativas a la forma de pensar
que las mujeres deben llegar a los espacios de poder “por sus capacidades”,
toda vez que, a la par de que no se evalúa a los hombres, las mujeres pueden y
deben estar en los lugares donde se toman las decisiones públicas.

La también politóloga recordó una experiencia en un
evento, donde un varón señaló abiertamente que “las mujeres se han empeñado en
quitarles los espacios a los hombres”, por lo que Tagle Martínez subrayó que
debe cambiarse ese estigma que los hombres, por el solo hecho de ser hombres,
ya tienen los espacios asignados y las mujeres “deben ganárselos”.

Indicó que al involucrar a toda la población
(hombres y mujeres) las decisiones públicas deben contener una visión conjunta,
ya que “por años los hombres han tomado las decisiones, pero solo sobre las
cuestiones que les afectan, por esta razón las mujeres no deben quedar fuera”.

Citó como ejemplo la respuesta a la inseguridad,
basado en la decisión de un hombre y que se refleja en más patrullas y policías;
en tanto las mujeres pugnarían por una decisión más integral y, además de
policías, debe haber alumbrado público y calles en buenas condiciones.

En otro sentido refirió que el tema de la Guardia
Nacional es un reto, toda vez que además de una policía militar sólida,
capacitada en derechos humanos y con recursos para su óptima operación, debe
trabajarse para evitar abusos cometidos en el pasado y que se reflejan en
recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De igual forma pidió trabajar para quitar lo que
consideró “mitos geniales” respecto a “mujeres juntas, ni difuntas”, ya que los
logros alcanzados en materia de paridad de género son resultado del trabajo de
unidad y armonía entre las propias mujeres.

Asimismo, el mito “entre mujeres podremos
despedazarnos, pero jamás hacernos daño” ya que sí existen daños entre mismas
mujeres, pero –recomendó- analizar siempre y, antes de actuar, pensar al
respecto.

Por último, hizo un llamado a olvidarse de las
siglas o colores partidistas e implementar, unidas, acciones para exigir frenar
la violencia hacia las mujeres, asignación de mayores presupuestos a los
Institutos de la Mujer, entre otros.

Al término de la conferencia, la legisladora Ivonne
Trujillo, integrante del Grupo Legislativo de los partidos de la Revolución
Democrática-Movimiento Ciudadano, a nombre del Congreso del Estado de Veracruz,
entregó un reconocimiento a la ponente por su destacable aportación.

Asistieron las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno,
Montserrat Ortega Ruiz, Adriana Esther Martínez Sánchez, Mónica Robles Barajas,
Brianda Kristel Hernández Topete, Margarita Corro Mendoza, así como los
legisladores Alexis Sánchez García y Henri Christophe Gómez Sánchez, además de
representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil,
medios de comunicación y público en general.

La diputada Florencia Martínez Rivera, presidenta de
la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de la LXV Legislatura, y
el director del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM) Rafael
Castillo Zugasti, anunciaron la realización de tres foros regionales para
integrar la nueva Agenda Municipal del Estado de Veracruz. El primero se llevará a cabo el 26 de enero en
Acayucan, con la participación confirmada del Director del Sistema Estatal de
Planeación, quien hablará a los funcionarios municipales sobre la nueva Ley de
Planeación. En febrero, los foros se realizarán en Boca del Río y Poza Rica. En conferencia de prensa y luego de participar en la
Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Veracruzano
de Desarrollo Municipal que encabezó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
la legisladora destacó la importancia de trabajar de cerca con los titulares de
los ayuntamientos, para conocer sus necesidades y ofrecer el apoyo conjunto de
los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por su parte, Castillo Zugasti consideró la fecha
muy importante para la vida municipalista del Estado de Veracruz, pues dieron a
conocer el Plan de Trabajo 2019 que contempla 18 acciones con las que pretenden
impulsar el desarrollo integral de los municipios del Estado, a través de la
integración de una Agenda Municipalista. Además de los foros que deberán abonar a la
integración del Plan Veracruzano de Desarrollo y a la armonización de los
Planes Municipales de Desarrollo, el Poder Ejecutivo y Legislativo –en conjunto–,
pretenden impulsar una red que afiliará a los 45 mil servidores públicos
municipales que, de acuerdo con cifras del INEGI, laboran en los 212
ayuntamientos del Estado.

“Vamos a credencializar a todos y a buscarles un
beneficio adicional, como becas o descuentos en algunas áreas comerciales de
todo el territorio estatal”, explicó el funcionario. La Junta de Gobierno está conformada por el
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez como Presidente; el Secretario de Gobierno,
Eric Cisneros Burgos; el Director del INVEDEM; la Comisión de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal de la LXV Legislatura que integran las diputadas
Florencia Martínez Rivera, Ivonne Trujillo Ortiz y Judith Pineda Andrade; así
como cinco presidentes municipales, un independiente y cuatro de diferentes
filiaciones partidistas: Victoria Rasgado Pérez, de Moloacán; Bogar Ruiz Rosas,
de Alvarado; Luis Fernando Cervantes Cruz, de Pueblo Viejo; Octavio Pérez
Garay, de San Andrés Tuxtla y Esteban Bautista Hernández, de Tatahuicapan.

La Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado, que preside el diputado Eric Domínguez
Vázquez, llevó a cabo su primera sesión, con la asistencia de 13 de los 15
diputados que la conforman.

Como primer punto, la Comisión de Vigilancia aprobó
elaborar dictámenes para informar a los cuatro ayuntamientos que solicitaron
autorización para realizar auditorías de tipo financiero presupuestal y técnica
a la obra pública, que derivado de la reforma al artículo 33 de la Constitución
Política local, realizada el 27 de noviembre de 2017, se remueve la facultad
del Congreso del Estado para autorizar a los ayuntamientos la celebración de
convenios con personas físicas y morales.

Siete ayuntamientos más, informaron al Congreso la
contratación de un despacho externo para las auditorías.

Con base en el artículo 52 del Reglamento de los
Servicios Administrativos para el Estado de Veracruz, la Comisión de
Vigilancia, acordó solicitar a la Secretaría de Fiscalización un informe del
cumplimiento de las obligaciones de los ayuntamientos y de los organismos
paramunicipales, como son estados financieros, corte de caja, reporte de obra
pública, deuda pública, entre otros; con la finalidad de que la Comisión
conozca el estado que guarda y en caso de ser necesario, realizar los
requerimientos y sanciones correspondientes a los municipios que no cumplieran
con dicha obligación.

En otro tema y a propuesta del diputado Bingen
Rementería Molina, los integrantes de la Comisión Permanente acordaron remitir
una copia de las 12 quejas presentadas por diversos ayuntamientos a cada uno de
los integrantes de la Comisión, para determinar en la siguiente sesión, pueden
solventar y cuáles no.

Entre los municipios que presentaron alguna queja
destaca Ixtaczoquitlán, Minatitlán, Jamapa y Martínez de la Torre

Acordaron elaborar una iniciativa de reforma al
artículo 18 fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin de
homologarlo con las facultades del Congreso de Veracruz, conferidas en el
artículo 33 de la Constitución Política del Estado. Esto, debido a que el
decreto número 343 que reforma la propia Constitución, publicado el 2 de
octubre de 2017, así lo instruye y no se ha hecho.

A puerta cerrada, los legisladores abordaron los
asuntos generales referentes a una denuncia presentada ante la Contraloría
Interna del Congreso del Estado y a la Comparecencia del Titular del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), programada para el
próximo miércoles 23 de enero.

A esta primera sesión acudieron la diputada
secretaria Mónica Robles Barajas y los diputados vocales Rodrigo García
Escalante, Bingen Rementería Molina, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Deisy
Juan Antonio, Henri Christophe Gómez Sánchez, Juan Manuel De Unánue Abascal,
Florencia Martínez Rivera, Wenceslao González Martínez, María Esther López
Callejas, María Graciela Hernández Iñiguez y Magaly Armenta Oliveros.

Con 45 votos a favor, tres en contra y cero
abstenciones, el Congreso del Estado aprobó el nombramiento de las personas que
integrarán el Consejo Estatal Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación
en Materia de Búsqueda de Personas.

El diputado presidente de la Mesa Directiva, José
Manuel Pozos Castro, designó a los diputados Elizabeth Cervantes de la Cruz, Henri
Christophe Gómez Sánchez, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Erika Ayala Ríos,
Florencia Martínez Rivera y Brianda Kristel Hernández Topete, para recibir y
conducir al recinto legislativo a los integrantes del Consejo, para rendir la
protesta de ley.

Los ciudadanos María Celia Torres Melo, Ramón López
Anaya, Rosalía Castro Toss, Marcela Zurita Rosas, Lenit Enríquez Orozco, José
Casas Chávez, Teresa Anaís Palacios Pérez, Alejandra Jiménez Ramírez, Jesús
Granada Bautista y Marcela Flores Dionicio, protestaron guardar y hacer guardar
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mirando en
todo por el bien del Estado.

El 21 de noviembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial
del Estado el decreto por el que se reforma la Ley en Materia de Desaparición,
con el que se amplió el plazo para realizar el nombramiento de los integrantes
del Consejo Estatal Ciudadano

Del 7 al 9 de enero de este 2019, la Comisión
Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en
Veracruz, entrevistó a los ciudadanos aspirantes al Consejo Estatal Ciudadano
que hoy rindieron protesta de ley.

De acuerdo con la Gaceta Legislativa número 15, se
publicará una Convocatoria Pública Extraordinaria para cubrir las vacantes que
han quedado pendientes, bajo los criterios y en los plazos que la Comisión
Especial para el Seguimiento estime pertinentes.

El diputado León David Jiménez Reyes, integrante del
Grupo Legislativo de Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo que
exhortaría al Rector del Colegio de Veracruz (COLVER) a entregar un informe al
Congreso del Estado en el que precise el estatus que guarda la situación
laboral de todo el personal docente y administrativo de esa casa de estudios. Lo anterior, en atención a los señalamientos
presentados por alumnos que lo acusan de supuestos despidos injustificados,
detalló el legislador, presidente de la Comisión Permanente de Educación y
Cultura del Congreso del Estado. Al exponer sus consideraciones, explicó que la
educación es uno de los pilares fundamentales para la construcción del progreso
social. De ahí que resulte indispensable para quienes ostentan una
representación popular, permanecer atentos al contexto imperante en este tema
tan sensible, con miras a impulsar acciones destinadas a la solución de sus
problemáticas. En el caso concreto del sector educativo –acotó-,
los tiempos actuales evidencian la urgencia de establecer un modelo incluyente
y vanguardista, diseñado con una visión en la que verdaderamente se tome en
cuenta la participación de todos sus actores, particularmente alumnos y docentes.
Quien así no lo advierta –refirió-, estará demostrando escasez de compromiso
con la educación de calidad. Luego de reconocer al COLVER como una institución
pública de gran prestigio, narró que en diciembre pasado, un grupo de estudiantes
se manifestó afuera de sus instalaciones, para denunciar la pretensión de
despedir a los catedráticos investigadores, Laura Ruelas, quien imparte cátedra
en el Doctorado en Desarrollo Sustentable y Noé Hernández, quien hace lo propio
en el Doctorado en Ciencias Políticas. En consecuencia, decidió presentar el Anteproyecto
de Punto de Acuerdo con el propósito de que el Congreso del Estado, exhorte al
Rector del Colegio de Veracruz para que, por escrito y a la brevedad, entregue
un informe mediante el cual precise no solamente la situación que han señalado
los alumnos del plantel respecto a los dos docentes afectados, sino también, el
estatus laboral en el que se encuentran cada una de las personas que prestan
sus servicios en él.

La diputada del Distrito XIV, Veracruz I, María
Josefina Gamboa Torales presentó, ante el Pleno de la LXV Legislatura, un anteproyecto
con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado, con fundamento en el artículo cuarto transitorio del Decreto de
Presupuesto de Egresos 2019, incluya en la propuesta de ajuste presupuestal que
remita a esta Soberanía, recursos por 29.5 millones de pesos para el pago
correspondiente a la conclusión de diversas obras en el municipio de Veracruz.

En su
intervención en tribuna, durante la décima segunda sesión ordinaria, la
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que las
obras corresponden a: construcción del colector pluvial y cruce de la Laguna
Olmeca; parque Zaragoza; rescate de la Laguna el Encanto y la trotapista Laguna
de Lagartos, en Veracruz.

De igual forma plantea exhortar a los titulares de la Comisión de Agua del Estado
(CAEV), de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), de la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y de la Secretaría de Medio
Ambiente (Sedema), a dar cumplimiento financiero a las estimaciones correspondientes
a cada una de las obras descritas.

La legisladora Gamboa Torales precisó que el Ayuntamiento de Veracruz es el de mayor
población en la entidad y que tiene grandes retos para seguir siendo uno de los
principales atractivos turísticos del país, “por su historia y la calidez de su
gente y desde luego por su infraestructura”.

Por ello,
agregó, es necesario el mantenimiento y
rehabilitación de la misma y la construcción de nuevos espacios que atiendan
las necesidades y demandas de una ciudad en constante crecimiento como lo es el
puerto de Veracruz.

Destacó que en 2018 fueron iniciados importantes proyectos con recursos estatales,
obras cuyo avance fue significativo y que hoy corren el riesgo de no ser
concluidas por falta de pago.

Refirió
que frente a los cambios que se han dado en el Gobierno del Estado, se debe
preponderar el interés de los ciudadanos por encima de cuestiones partidistas o
políticas.

El diputado Alexis Sánchez García presentó ante el
Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto
con Punto de Acuerdo que tiene como propósito la creación de la Comisión
Especial de la Industria Azucarera, Alcoholera y sus Derivados, que
representará un área de gestión y posicionamiento legal para apoyar a los
productores de la caña de azúcar de la entidad. En su intervención, durante la décima segunda sesión
ordinaria, el legislador hizo un llamado a los productores de caña, a los
poderes federal y estatal, así como al Congreso de la Unión para sumar
esfuerzos, hacer frente a la grave crisis que enfrenta este sector y frenar las
importaciones de alta fructuosa, que representan un “enemigo” del consumo de
azúcar. De igual manera, subrayó el legislador, deberán
implementarse políticas públicas acorde a los nuevos tiempos que exigen los productores
de caña, desde los procesos de siembra, cultivo, cosecha, y acarreo, hasta su
venta y/o exportación del azúcar, “porque de ahí dependen los buenos precios
para nuestro productores de esta gramínea”, agregó. El también vicepresidente de la Mesa Directiva de la
LXV Legislatura indicó que Veracruz vive actualmente una etapa crítica
alrededor de la producción de caña de azúcar, toda vez que México importó en un
año 1.5 millones de toneladas de alta fructuosa, provenientes de Estados
Unidos. “Estas importaciones tienen repercusiones muy graves
en el sector azucarero; están en riesgo los 18 ingenios azucareros instalados
en la entidad y con ello, productores de caña, obreros, transportistas,
cortadores y todas las mujeres y hombres que hacen posible la cadena productiva
de este noble cultivo donde dependen más de 500 mil familias”, señaló. El diputado Alexis Sánchez manifestó que la alta
fructosa ocupa el 28 por ciento del consumo nacional de edulcorantes calóricos,
lo que es preocupante porque es elaborado con maíz transgénico que es principal
promotor de las enfermedades degenerativas. Recordó que Veracruz es un referente histórico del
sector azucarero, ya que siempre se ha caracterizado por ser el mayor productor
de caña y azúcar en México, porque de los 18 ingenios trabajando actualmente en
la entidad, generan anualmente el 40 por ciento de la producción en el país. Por último, refirió que debe trabajarse para frenar
el cierre de ingenios azucareros y que tienen un impacto negativo económico y social
en las comunidades, como lo fueron los ingenios de Cuatotolapan, en la
región de Hueyapan de Ocampo; La Concepción, en la zona de Jilotepec; el San
Francisco, en Lerdo de Tejada y el Independencia, en la zona de Martínez de la
Torre. Este
anteproyecto fue turnado, para su análisis y dictamen, a la Junta de
Coordinación Política.

El
Grupo Legislativo Mixto de los Partidos
Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), a
través de la diputada Erika Ayala Ríos presentó, durante la Décimo Segunda Sesión
Ordinaria, un Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
del Poder Ejecutivo Estatal a realizar diversas acciones a fin de dar
cumplimiento a las Alertas de Violencia de Género, decretadas para Veracruz.

La
legisladora afirmó que debe realizarse un exhorto contundente a las autoridades
competentes para que le den seguimiento y atiendan los casos de violencia de
género en Veracruz, “no se puede hablar de una democracia, crecimiento y paz
social si el 51 por ciento de la población se encuentra en constante amenaza,
desigualdad, agravios y exclusión”.

Aseguró
que la realidad que viven las mujeres, en especial las de Veracruz, es crítica
pues de acuerdo con especialistas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y reportes del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz ocupa el segundo lugar con mayor
número de feminicidios con 85 casos de enero a noviembre 2018.

Cifra
que se eleva a 118 en todo el año, según
el observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la Universidad
Veracruzana. Asimismo, de los 100 municipios más violentos en el país, ocho son
de Veracruz: Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Xalapa, Poza
Rica, Tierra Blanca y Tuxpan, agregó.

Lamentó
que a tres años de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declaró la Alerta de Violencia de Género
por feminicidios en 11 municipios, sus recomendaciones aún no hayan sido
atenidas.

Además,
detalló Ríos Ayala, sin dejar de lado el fenómeno de municipios indígenas donde
por circunstancias sociales, económicas, desconocimiento de sus derechos
humanos y de usos y costumbres, el número de estos actos ilícitos está en
constante ascenso. Asimismo, señaló la creciente cifra de mujeres y jóvenes
desaparecidas, que del mes de julio a diciembre fue de 128 casos.

En
tribuna, la diputada Erika Ayala manifestó que es obligación del Ejecutivo
desplegar todos los esfuerzos y recursos para combatir la violencia contra las
veracruzanas.

De
esta manera exhortó a la Dirección General de Cultura y Paz y Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobierno, informe cuáles serán sus responsabilidades y plan
de trabajo, así como quien dará seguimiento al cumplimiento de las Alertas de
Violencia de Género.

También
solicitó la integración de una Comisión Técnica de Seguimiento a las Alertas de
Violencia de Género, como mecanismo de monitoreo y vigilancia de los programas
y recomendaciones, donde participen autoridades competentes, colectivos, redes
y organizaciones sociales y especialistas en la materia.

Aunado
a la instalación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, y que este al igual que
el Programa Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, se elaboren con
alineación a las acciones que indican las Alertas de Violencia de Género,
emitidas por la CONAVIM y que sean incorporados al Plan Veracruzano de
Desarrollo.

Se
pronunció por exhortar a la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado (SSP) a revisar y reforzar el programa de
atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que opera el C4; así
como pedir al Ejecutivo declarar públicamente y comprometerse a trabajar por la
tolerancia cero a la violencia de género y a reunirse periódicamente con las víctimas directas e indirectas de
feminicidios y violencia de género.

Finalmente,
afirmó que la sororidad de las 25 diputadas con el resto de las veracruzanas es
bandera de acción para una vida libre de violencia, y que en la LXV Legislatura
existe voluntad, coincidencias y disposición para cerrar filas para trabajar en
unidad y coordinación.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, puso a consideración del Pleno
de la LXV Legislatura del Estado una Iniciativa con proyecto de Decreto que
adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden
natural, al artículo 332 del Código de Procedimientos Administrativos para Estado
de Veracruz. Esto, señaló, porque en términos reales y efectivos,
la norma es omisa para prevenir aquellas situaciones en que se presenta un
cambio, sustitución o relevo de autoridades y, aunque ello supone, formalmente,
la misma autoridad, lo cierto es que, materialmente, nos encontramos con un
servidor público diverso, recién nombrado aunque sujeto, como su antecesor, a
responsabilidades administrativas de naturaleza objetiva o subjetiva. Así como de gravedad o no gravedad, sobre las que,
además, se imponen previsiones legales de entrega-recepción, suscripción de
instrumentos específicos en vías de anexos e informes. Además, agrega, a menudo sucede, como se sabe en la
praxis administrativa real, que quienes han conocido inicialmente (en las fases
previas a la audiencia o la sentencia) la impugnación de un acto o
procedimiento administrativo mediante juicio contencioso, prolongan, en
perjuicio de los particulares, su secuela, la resolución o el cumplimiento de
las sentencias, por advertirse condenatorias en contra de la autoridad, con el
consecuente daño patrimonial, y afectación del interés público. La legisladora dijo que hay ineficacia de actuación
de la autoridad que conlleva una dilación causada por el servidor público
responsable para no afrontar las consecuencias que derivan del cumplimiento de
la sentencia y, lo que es peor, omiten informar a la autoridad entrante que los
sustituye en la función pública, el estado procesal de los asuntos ventilados
mediante juicio contencioso, sobre todo, la inmediatez de las consecuencias del
incumplimiento de sentencias condenatorias para la autoridad que representan. Ante esta “laguna legal”, propone la citada reforma
para que el Tribunal, cuando el incumplimiento de la sentencia se dé al término
o al inicio de una administración del Poder Ejecutivo del Estado, de oficio
informe por escrito a las autoridades responsables, el estado que guarden los
asuntos en vía de ejecución, para que estos estén en posibilidades de cumplir
cabalmente con la sentencia emitida. La modificación al artículo 332 del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado, busca establecer que el
Tribunal, informe de oficio y por escrito a las autoridades entrantes el estado
que guardan los asuntos que se encuentren en vía de ejecución, para que éstos
analicen el trámite que realizó la anterior administración y envíen a los
diversos entes públicos, un dictamen de los trámites que realizaron los
titulares de la administración anterior, esto para efecto de poder atender
debidamente a la parte actora al tiempo de deslindar responsabilidades. Esta Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, integrante
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del
Estado, presentó, durante la décimo segunda Sesión Ordinaria, un pronunciamiento
para la ampliación de la base fiscalizable y optimizar, con ello, la rendición
de cuentas de parte de los gobiernos municipales de la entidad. La legisladora destacó que la transparencia y la
rendición de cuentas son benéficas para la sociedad, ya que fortalecen el
ejercicio de gobierno, procuran los recursos públicos y en conjunto promueven
una mejor calidad democrática en la vida nacional. Subrayó que ante el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado (ORFIS) diversos ayuntamientos simulan la conclusión de obra pública, lo que
es un ejemplo del uso inadecuado de las capacidades técnicas y el marco normativo
de este organismo autónomo, lo que afecta tanto las finanzas públicas como los
derechos de todos los veracruzanos. “Esta simulación me lleva a pronunciarme para hacer
un llamado a la autoridad fiscalizadora a fin de que revise sus procedimientos
de monitoreo, seguimiento y quejas; y cumpla, de manera estrictica, con sus atribuciones”, abundó. Agregó que hay por lo menos dos asignaturas
pendientes en el actuar del ORFIS: se requiere que la autoridad fiscalizadora
revise su procedimiento de seguimiento y atención a quejas a fin de mejorar sus
prácticas y la respuesta al ciudadano. Es necesario, indicó, que el ORFIS revise sus reglas
técnicas de auditoría, pida ampliar la base fiscalizable y perfeccione su
monitoreo a dichos proyectos, para evitar que obras, con presupuestos
relativamente menores, se conviertan en potenciales “focos” de corrupción.

Aseveró que la falta de aplicación estricta de las
atribuciones del ORFIS tiene un efecto negativo tanto en la aplicación de los
recursos públicos como en la calidad de vida de los veracruzanos.

La diputada María de Jesús Martínez Díaz, integrante
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de
Veracruz, puso a consideración del Pleno un Anteproyecto de Punto de Acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del
Gobierno Federal para que informe a esta Soberanía el avance físico de la obra
de reconstrucción del camino Martínez de la Torre-Las Cañadas, en el municipio
de Martínez de la Torre, así como el monto pagado a la empresa Consorcio
Constructor e Industrial Trasnacional del Golfo, S.A. de C.V. a quien fue
adjudicada la obra. Asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y a la SCT a iniciar una auditoría técnica, física, financiera
y documental de la obra y en su caso empezar los procedimientos legales
necesarios para sancionar a los responsables de que esta obra al día de hoy, se
encuentre inconclusa y abandonada. Lo anterior, señaló la diputada del PAN, y tomando
en consideración que una parte fundamental para fortalecer el comercio y las
actividades económicas es el contar con infraestructura para el traslado de
mercancías, bienes y personas, resulta una exigencia que en Veracruz cuente con
una red carretera en óptimas condiciones, que acorten los tiempos, sean seguras
y que cumplan la función de comunicar. La diputada indicó que se trata de un tramo
carretero del distrito de Martínez de la Torre, que comunica la localidad de
Las Cañadas con la ciudad de Martínez de la Torre y que representa una
importante vía de comunicación, pues a través de ella se trasladan diariamente
los productores de cítricos de los estados de Veracruz y Puebla. “El pasado 6 de enero realicé un recorrido por esta
obra y es lamentable que se encuentre literalmente abandonada, sólo se
encuentran pavimentados 3.3 kilómetros de los 11.70 que contempla el contrato,
se encuentra destrozada en muchos tramos y sólo quitaron la carpeta que estaba
anteriormente sin colocar la nueva”, refirió. Subrayó que hace algunos meses se realizaron trabajos
de rehabilitación en algunas zonas que resultaban intransitables e inseguras,
sin embargo, es necesario que se dé atención prioritaria y de manera permanente
a esta vía de comunicación, de lo contrario, los productores y la población en
general se verán obligados a hacer uso de vías alternas o en todo caso
transitar de manera forzosa en la misma, arriesgando no solamente sus unidades
de transporte, sino incluso su integridad. “Para los habitantes de mi distrito la conclusión de
esta tiene gran relevancia en la realización de sus actividades cotidianas”,
expuso. Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a
la Junta de Coordinación Política.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Dictamen por el que se deja sin efectos el Acuerdo de
autorización, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario
264 de fecha 4 de julio de 2016, relativo a la enajenación, a título gratuito,
de dos bienes muebles en favor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
(FGE). Los bienes consisten en un helicóptero, marca Bell
Helicopter Textron, modelo 407, año de fabricación 2009, con matrícula XC-CTZ y
número de serie 53964, así como el helicóptero marca Eurocopter, modelo
AS365N3, año de fabricación 2007 con
matrícula XC-GEV y número de serie 6766. En las consideraciones del Dictamen, la Comisión de
Hacienda del Estado, señala que el 30 de
diciembre del año 2016, la FGE, a través del oficio 3670, signado por la
Oficial Mayor, manifiesta que no tiene condiciones de aceptar la Enajenación a
Título Gratuito de los bienes muebles consistentes en dos helicópteros, en
razón a que no cuentan con los recursos necesarios para el mantenimiento y
operación de los muebles, además de que no se cuenta con las instalaciones
adecuadas para su resguardo. Este Dictamen registró 36 votos a favor y 13 en
contra. En la sesión, el Pleno avaló el Dictamen por el cual
se autoriza al Ejecutivo del Estado enajenar la superficie de terreno de seis
hectáreas, 54 áreas, cinco centiáreas, expropiados por causa de utilidad
pública, al ejido “El Potrerillo”, perteneciente al municipio de
Ixtaczoquitlán, en favor de la empresa Fermentaciones Mexicanas S.A de C.V,
(Fermex), hecha por el Gobierno del Estado desde 2013, en términos del contrato
de subrogación suscrito con ésta. De igual forma se autorizó al Ayuntamiento de
Zaragoza dar en donación condicional, en su caso revocable, una fracción de
terreno perteneciente al fundo legal del municipio con una superficie total de
1,192.706 metros cuadrados, a favor del Gobierno del Estado de Veracruz, a
través de la Secretaría de Educación de Veracruz, con destino y para uso final
del jardín de niños Manuel Gómez Pedroza, con clave 30DJN0595Z. Al ayuntamiento de Coatzacoalcos le fue autorizado
celebrar convenio de vinculación y colaboración con el Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar número 15 (CETMAR), ubicado en dicha ciudad. En tanto, al Ayuntamiento de Veracruz se le concedió
anuencia para celebrar Convenio de Colaboración Educativa con el Centro de
Capacitación para el Trabajo Industrial número 42.

El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso
de Veracruz, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo que exhorta a
diversas autoridades a implementar acciones tendientes a proteger y garantizar
los derechos humanos de la población migrante en su recorrido por el territorio
veracruzano. El anteproyecto, con fundamento en el artículo
cuarto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio
2019, también solicita al titular del Poder Ejecutivo que, en la propuesta de
ajuste presupuestal que remita al Congreso del Estado y con la finalidad de
incorporar las previsiones necesarias en materia de protección a migrantes, se
asignen recursos a este rubro a fin de poner en marcha el Instituto Veracruzano
de Atención a Migrantes e implementar las acciones contenidas en la Ley de Atención
a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz. El legislador del Distrito XVI, refirió que migrantes
son todos los centroamericanos que en su camino a la Unión Americana pasan por
nuestro país y estado para llegar a su destino, pero también son migrantes los
miles de veracruzanos que dejan el país o el estado para ir a establecerse a
otro lugar en busca de un mejor futuro. Indicó que a la población migrante, independientemente
de su condición jurídica en el país, le son reconocidos los mismos derechos que
al resto de las personas, por lo que deben ser respetados, y este respeto
irrestricto de los derechos humanos es uno de los principios en los que el Estado
debe sustentar su actuación. “Los migrantes tienen derecho a la nacionalidad, a
la seguridad jurídica y al debido proceso, a la atención consular, a no ser
discriminado, a la protección de la unidad familiar -principalmente cuando se
trata de niñas, niños y adolescentes en movilidad por contextos de
vulnerabilidad-; a la dignidad humana e incluso a no ser criminalizado”,
destacó durante su participación en Tribuna.

Recordó que la frontera de México con Estados Unidos
es la más transitada del mundo, donde ocurre la explotación de mano de obra y
donde se violan los derechos humanos de manera constante y rememoró que durante
los meses de octubre y noviembre del año pasado, los medios de comunicación
siguieron puntualmente la ruta de la Caravana Migrante en la que más de dos mil
500 centroamericanos llegaron a la frontera sur del país con la intención de
llegar a los Estados Unidos. “Esto nos dio un panorama muy claro de las
necesidades y dificultades del tránsito de las personas migrantes: falta de
alimentos, agua, alojamiento y atención médica”, mencionó.

Recordó que el 5 de octubre de 2018, se publicó en
la Gaceta Oficial del Estado la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias
para el Estado de Veracruz, que tiene por objeto garantizar la protección y
promoción de los derechos de todas las personas migrantes y organizar la
estructura y atribuciones del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes. El Anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su análisis.

Luego de los hechos ocurridos el pasado 14 de enero,
en la Ciudad de Orizaba, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, se pronunció ante la
problemática de los feminicidios en el marco del incremento de la ola de
violencia de género y exigió que sean esclarecidos todos los casos, registrados
a en territorio veracruzano.

Destacó que en Veracruz, desde el 23 de noviembre
del 2016, se emitió la primera Alerta de Violencia de Género (AVG) Contra las
Mujeres en 11 municipios. Asimismo, el 13 de diciembre del 2017, se realizó la segunda
declaratoria de la Alerta por Agravio Comparado.

Agregó
que las mujeres, en el estado viven una realidad que las “arroja” a niveles de
violencia extrema, y que si bien la AVG
contra las mujeres, es un mecanismo de protección de los derechos humanos y que
se encuentra establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida
libre de violencia y su trámite para emitirla o concederla, en Veracruz desde
el año 2008 existe esta ley.

Aseguró
que el caso particular del municipio de Orizaba, los discursos en materia de
seguridad pública contrastan con el argumento municipal de tener a la mejor
policía municipal del Estado; cuando han ocurrido hechos en donde integrantes
de ésta corporación se han visto involucrados en actos ilícitos, como es el
caso de los jóvenes asesinados en diciembre de 2018 y ahora el feminicidio de una
menor de 16 años.

“Recuerdo
en esta tribuna los nombres de Arely Ramírez, Karina Patiño, Luz de Carmen y su
hija Karen Yamel, Vanessa López, y hoy de la pequeña de 16 años, Ana Karen
Castro Aguilar, todas asesinadas en los últimos meses en la ciudad de Orizaba,
para que sus nombres no sean olvidados”, agregó.

Finalmente la presidenta de la Comisión Permanente de los
Derechos de la Niñez y la Familia, aseguró que como mujer y como veracruzana,
se une a la pena que embarga a estas familias.

.

El
diputado Rodrigo García Escalante, en representación del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante el Pleno la Iniciativa de Decreto
que reforma los párrafos primero y tercero del artículo 66 y adiciona un
artículo 67 bis, ambos del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo del Estado de Veracruz, cuyo propósito es regular los tiempos de
las Comisiones Permanentes para emitir sus dictámenes y/o análisis de los
expedientes turnados por las instancias correspondientes. Durante
la décima segunda sesión ordinaria, el legislador aseguró que algunos de los
mecanismos existentes para dictaminar son obsoletos e imprácticos, lo que
provoca el incumplimiento en su totalidad de los objetivos de las Comisiones y
los “orilla” a caer en actividades que viola sus propias normas. “De
ahí la importancia de que exista un plazo suficiente y apegado a la realidad
para que las Comisiones Permanentes dictaminen, acorde a las necesidades que
estas requieran, que permita analizar la viabilidad o inviabilidad de las
propuestas, es decir, un plazo suficiente para que un proyecto sea estudiado y
valorado responsablemente”. Mismo
que -agregó- no constituya un exceso que cubra vicios u omisiones en el trabajo
que los legisladores deben realizar. Asimismo con una consecuencia jurídica si
los plazos son sobrepasados. Las
reformas, planteadas por el legislador García Escalante, radican en ampliar a
un plazo de 20 días hábiles a la fecha en que hayan recibido el expediente,
tomando en cuenta la agenda legislativa y la trascendencia del asunto en cuestión. Por
otra parte, las comisiones podrán solicitar por escrito, con la firma de la
mayoría de sus integrantes, la ampliación o la prórroga del término para la
conclusión del dictamen respectivo. Si mediare excitativa (procedimiento
legislativo por medio del cual, agotado el tiempo señalado en la norma, el
legislador pide a la Mesa Directiva requiera a la Comisión la elaboración del
Dictamen) del Presidente, formulada por sí o a solicitud de dos o más
diputados, para la presentación de un dictamen, el presidente de la comisión o
su secretario explicará al Pleno o a la Permanente las razones de la demora. Además
si transcurrido el periodo, incluyendo la prórroga, se tendrá como perdida la
facultad de la Comisión Permanente o Comisiones, será el Presidente de la Mesa
Directiva quien requerirá la Presidente de la Comisión Permanente de los
trabajos de dictaminación, además del expediente correspondiente para someterlo
a la Junta de Trabajos Legislativos, la cual lo incluirá en el orden del día de
la siguiente sesión, para su discusión y votación; de las cuales las que no
sean aprobadas se tomarán como desechadas. El
diputado aseguró que ésta reforma permitirá en lo sucesivo reducir las
iniciativas que no hayan sido dictaminadas en tiempo y forma por las Comisiones
Permanentes a las que fueron turnadas; y
así disminuir la problemática del alto porcentaje de iniciativas, que a lo
largo de la historia se han presentado y turnado y que no se han logrado
dictaminar. “Siempre
ha sido complejo medir la eficacia y productividad de la Legislatura del
Congreso del Estado, sin embargo, la constante es el trabajo que realizan las
comisiones permanentes al estudiar, valorar y dictaminar las iniciativas de ley
o decreto turnadas a estas”, concluyó.

La diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo
Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia” presentó una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se agregaría un párrafo al artículo 313 del
Código Financiero del Estado, que obligaría al Gobierno de Veracruz a
presupuestar el pago de la deuda contraída con proveedores, contratistas y
municipios, así como al Congreso del Estado a vigilar dicho cumplimiento. La diputada consideró que Veracruz y sus empresarios
esperan que la LXV Legislatura asuma su responsabilidad e impida que la
operación y gestión gubernamental genere incumplimientos contractuales con ese
sector. “Debemos integrar de forma explícita al Código
Financiero de Veracruz, no sólo la obligación de pago de la deuda derivada de
servicios, adquisiciones y obras públicas contratadas por el Gobierno del
Estado, sino también la vigilancia por parte de esta Soberanía, para que en la
aprobación del Presupuesto de Egresos de cada año se destinen recursos para
este fin”, expresó la también vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia. Puntualizó el caso específico de empresarios, que
desde la administración de Javier Duarte, reclaman el pago de sus servicios al
Gobierno de Veracruz y que siguen en la indefensión, sin saber cuándo les van a
pagar ni cuánto. “Para que haya inversión en la entidad es
fundamental que demos certeza a los inversionistas, respecto al gasto que
realiza el Gobierno del Estado y que mandemos un mensaje de certidumbre a
quienes arriesgan su patrimonio para ser proveedores de gobierno”, argumentó.

En ese contexto, recordó, los ayuntamientos del
Estado también dejaron de recibir recursos por cuatro mil millones de pesos, conflicto que
prevalece pues no fueron saldados durante el bienio anterior. Citó que la mayoría de los ayuntamientos integraron
denuncias contra el Gobierno del Estado y el Poder Judicial les ha venido
concediendo la razón, obligando a la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) a liquidar estos adeudos. Por lo antes expuesto, sometió a consideración de la
LXV Legislatura la iniciativa con proyecto de decreto por el que se agregaría
un tercer párrafo al artículo 313, para reformar la fracción III y VII del
artículo 323 y el artículo 325 del Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. El diputado presidente de la Mesa Directiva, José
Manuel Pozos Castro, turnó la iniciativa a la Comisión Permanente de Hacienda
del Estado, para su estudio y dictamen.

De
cuatro a ochos años de prisión y multa de hasta dos mil UMA´s a quien cometa
este delito.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó ante el
Pleno del Congreso del Estado la iniciativa que prevé reformar el Código Penal
de la entidad, con el propósito de sancionar la violencia digital, a través de
la creación del capítulo “Delitos Contra la Privacidad Sexual”, con lo que Veracruz
estaría a la vanguardia en la protección de la privacidad sexual como bien
jurídico tutelado de las y los ciudadanos. La integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN) plantea, en su iniciativa, que comete el delito de
“violación a la intimidad sexual”, quien por cualquier medio divulgue,
comparta, distribuya, publique y/o solicite imágenes, audios o videos de una
persona desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo o erótico sexual, ya
sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima. Esta conducta se sancionará de cuatro a ocho años de
prisión y multa de mil hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA),
al momento de que se cometa el delito. Este delito se perseguirá por querella. La legisladora propone que las penas antes
señaladas, aumenten hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el
cónyuge o por persona con la que esté, o
haya estado unida a la víctima por alguna relación de afectividad, aún sin
convivencia, o se cometa en contra de una persona que por su situación de discapacidad no comprenda
el significado del hecho. La autoridad investigadora, ordenará el retiro
inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la víctima, al
administrador o titular de la plataforma digital, medio de comunicación o red
social que las contenga. La diputada Ortega Ruiz, secretaria de la Comisión
Permanente de los Derechos de la Niñez y la Familia, recordó que, según el
módulo sobre Ciber Acoso (MOCIBA) 2015, publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), la violencia en espacios digitales ha afectado
a más mujeres que a hombres, pues al menos 9 millones de mujeres han
experimentado algún tipo de violencia digital, que van desde lo físico hasta la
afectación a su vida emocional. Expuso que en Veracruz se han detectado 45 mercados
de Explotación Digital operando en el año 2018, sobre todo en plataformas como facebook
y twitter donde se publican contenidos íntimos sin consentimiento de mujeres y
menores de edad, sin restricciones. Agregó que estás publicaciones acaban en
diferentes tipos de violencia digital como la ciber persecución, la sextorción
y la trata virtual de personas, sin que exista un marco jurídico que las
regule. Por otra parte, señaló que la comisión de este
delito se realiza desde el hackeo de cuentas de correo electrónico, robo de
dispositivos móviles, de información en computadoras o de algún medio de
almacenamiento de información, que se extrae para obtener la información
personal de sus víctimas y otra más,
mediante la aportación voluntaria de las víctimas en razón del
vínculo emocional que mantiene con el
sujeto activo del delito, hecho que se conoce como “sexting”. La iniciativa, a la cual se adhirieron los
integrantes del Grupo Legislativo PRD-MC, así como la legisladora María
Graciela Hernández Iñiguez, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y
Puntos Constitucionales.

Para que las y los veracruzanos puedan conocer y participar
en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, las diputadas Adriana Esther
Martínez Sánchez y Erika Ayala Ríos,
presidenta y secretaria, respectivamente, de la Comisión Permanente de Trabajo
y Previsión Social del Congreso del Estado, inauguraron un módulo de
información, ubicado en las instalaciones de este Poder. Ante la presencia de las diputadas Rosalinda Galindo
Silva, Cristina Alarcón Gutiérrez y María Candelas Francisco Doce, fue abierto
este módulo, que representa el espacio idea para que las y los jóvenes conozcan
los lineamientos y beneficios de este programa y así puedan capacitarse y a la
vez, recibir una remuneración económica. En su intervención, la diputada Adriana Esther
Martínez subrayó que los programas de capacitación laboral parten de la premisa
de que la entrega de habilidades claves incrementa la probabilidad de que
jóvenes obtengan un trabajo estable y contribuyen a reducir la brecha de
competencias entre los generadores y los buscadores de empleo. Dijo que este módulo
tiene como objetivos principales: integrar a jóvenes en actividades de
capacitación en el trabajo y dar la oportunidad de acceso a estudios
universitarios; alejar a los jóvenes del desempleo y del camino de conductas
antisociales; acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las
actividades productivas, e incluir al sector privado en las actividades de
responsabilidad social para el desarrollo productivo de los jóvenes. La diputada Martínez Sánchez subrayó que el
compromiso de las diputadas y diputados de la LXV Legislatura es con los jóvenes veracruzanos que buscan
ampliar su universo de oportunidades, “se trata de un compromiso entre gobierno
y sociedad, que nos permita superar obstáculos y posibilite elevar la calidad
del servicio de quienes son el futuro de nuestro país”. En tanto, la diputada Erika Ayala Ríos reconoció el
trabajo coordinado con la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y
Productividad (STPSP) del estado y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), que
además –agregó- refleja un alto sentido de responsabilidad con las y los
ciudadanos. Expuso que el programa “Jóvenes Construyendo el
Futuro” está enfocado en generar verdaderas oportunidades para emplear a las y
los mexicanos. Refirió que no se trata de recibir una beca mensualmente, sino
de capacitar a jóvenes en las diversas ramas de la vida económica para que
puedan emplearse de manera adecuada y para ello, convocó, a las micro y
medianas empresas a participar. Asistieron, en representación de la titular de la
STPSP, Guadalupe Argüelles, el Subdirector de Trabajo, Arim Ruiz Ramírez; el
director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz
(ICATVER), Miguel Ángel Jácome Domínguez; el director del Instituto Veracruzano
de la Juventud (IVJ), Jonathan Yunuel Ramírez Martínez, así como personal
administrativo y directivo de los citados organismos.

A nombre de los diputados de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), la legisladora Erika Ayala Ríos, presentó
ante al Pleno de la LXV Legislatura del Estado, y durante la Décimo Segunda
Sesión Ordinaria, una Iniciativa de Decreto que reforma
el Artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Por sus funciones, afirmó Ayala Ríos, queda de
manifiesto la importancia de los Agentes y Subagentes Municipales para el
desarrollo de la vida social, la gobernanza y la vigencia del estado de
derecho. No obstante, en la realidad de algunos municipios del Estado existen y
subsisten problemáticas en torno a esta importante figura, razón por la que es
necesario perfeccionar la ley a fin de dar solución a dichas demandas sociales. Uno de los problemas más graves, agregó la diputada
del PRI, y que se han presentado en todos los rincones de la geografía
veracruzana atiende, en la gran mayoría de los casos, a la falta de pago a
dichos servidores públicos que ha caracterizado sistemáticamente a las
administraciones municipales desde sus comienzos. A pesar de su relevante función, añadió, la
naturaleza del cargo, así como las disposiciones que en esa materia existen,
tanto a nivel federal como local, los Agentes y Subagentes Municipales siguen
sin recibir una remuneración adecuada a su labor, por lo que se plantea atender
dicha situación y se incorpore, al texto de la ley, la obligación por parte de
los Ayuntamientos de fijar, en sus presupuestos de egresos, la retribución que
corresponda a dichos funcionarios públicos. A partir de estas coordenadas normativas pueden
entenderse las reglas específicas que articulan la función de los Agentes y
Subagentes Municipales en la entidad, los que son servidores públicos,
auxiliares del Ayuntamiento, elegidos popularmente; y en su carácter de
servidores públicos, tienen derecho a recibir una remuneración, de conformidad
con los artículos 127, del pacto federal y 82, de la Constitución Política
local. La diputada Erika Ayala refirió que en la actualidad
la Ley Orgánica del Municipio Libre no establece expresamente, en alguno de sus
preceptos, el derecho de los citados servidores públicos a recibir una
remuneración y las características para presupuestarlo. Por lo anterior plantean, es necesario se reforme el
artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para que se reconozca, en
primer lugar, el derecho de Agentes y Subagentes Municipales a recibir una
remuneración. La propuesta de la legisladora quedaría como sigue:
Artículo 61. Los Agentes y Subagentes Municipales son servidores públicos que
funcionarán en sus respectivas demarcaciones como auxiliares de los
Ayuntamientos. Recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el
desempeño de su función, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y
la cual se fijará en el presupuesto de egresos del Municipio, atendiendo a los
principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público.

Finalmente, y como elemento clave para evitar la
intromisión injustificada a la autonomía municipal, proponen los legisladores
integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, que la determinación precisa
del monto a otorgar a los servidores públicos sea facultad exclusiva de los
entes municipales, para lo cual deberán fijarlo en el presupuesto de egresos
del ejercicio fiscal correspondiente. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Gobernación.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo),
relativo al calendario de comparecencias de cinco órganos autónomos de la
entidad, que en cumplimiento a la fracción XXXIII, del artículo 33 de la
Constitución Política del Estado, acudirán ante este Poder a ampliar su informe
anual de actividades e informarán sobre el estado que guarda su gestión. De esta manera la titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) acudirá el 23 de enero a las 10:00 horas, ante la
Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. En tanto, el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado (Orfis) hará lo propio el 23 de enero a las 16:00 horas, ante la
Comisión Permanente de Vigilancia. La titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) se presentará el 28 de
enero, a las 10:00 horas, ante la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso
a la Información y Parlamento Abierto. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de
los Periodistas (CEAPP) comparecerá el 28 de enero, a las 16:00 horas, ante la
Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas. Por último, la Fiscalía General del Estado (FGE)
acudirá el 30 de enero, a las 10:00 horas, ante la Comisión Permanente de
Procuración de Justicia. Las comparecencias se realizarán en el auditorio
“Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo y, conforme a lo dispuesto
por el artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo, los comparecientes evitarán hacer, por cualquier medio, promoción
de su persona. De igual forma tienen la obligación de presentar
oportunamente, a la Presidencia del Congreso, la relación de hasta 20 colaboradores
de los que podrán hacerse acompañar, para auxiliarse en el desarrollo de la
comparecencia, quienes se abstendrán de realizar, directa o indirectamente,
actos multitudinarios dentro o fuera del edificio sede del Poder Legislativo. Además, deben enviar, con 48 horas de anticipación,
el texto de su presentación al Presidente de la Comisión Permanente que
corresponda y se sujetarán a las reglas generales que señala dicho precepto.

La presidenta de la
Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso de Veracruz, diputada
Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, encabezó los trabajos de la segunda reunión
para la actualización de la Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH-Sida en el
Estado de Veracruz, en la que se presentaron diversas propuestas, encaminadas a
revisar y actualizar ese ordenamiento legal. Asistió a la clausura de esta reunión, el Secretario
de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor, quien manifestó su apoyo institucional
a este tipo de iniciativas, y anunció que está en proyecto, por parte del área
a su cargo, una jornada de atención, prevención y difusión de este problema de
salud, que permita sacar a Veracruz de las estadísticas negativas en este tema. También participó la diputada Cristina Alarcón
Gutiérrez, presidenta de la Comisión
Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia, quien destacó lo importante
que es, para los jóvenes, educarlos y orientarlos en el tema, como lo es el
evitar se sigan cometiendo acciones discriminatorias en contra de los
portadores de esta enfermedad. Asimismo, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presidenta
de la Comisión
Permanente para la Igualdad de Género, se sumó a los
trabajos de este grupo multisectorial, en el que expresó su respaldo a los
trabajos del mismo, y ofreció crear una propuesta sobre el tema, que permita
presentar una iniciativa de reforma debidamente estructurada, ante el pleno de
la LXV Legislatura del Congreso del Estado. En esta segunda reunión de trabajo, asistieron y
aportaron sus propuestas: la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad
de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, María Elena García
Filobello; la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Yolanda
Olivares Pérez y por el CIESAS Golfo, Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Martha
Patricia Ponce Jiménez, quienes se pronunciaron por tomar en cuenta, en la
redacción de esta Ley, las nuevas normas para enfrentar este problema de salud
y las consideraciones de los organismos internacionales en la elaboración de
leyes en esta materia; y resumieron el proceso por el cual pasó el presente
marco legal. Entre los acuerdos más importantes destaca la
integración de un grupo multisectorial, que tendrá la responsabilidad de
trabajar en la elaboración final de la iniciativa, después de haber revisado
las propuestas de los organismos e instituciones involucradas y se citó a la
próxima reunión de trabajo, a celebrarse el próximo 8 de febrero, en las
instalaciones del IVM. Será en esta próxima reunión en la que se conocerán los
nombres de los integrantes de la comisión de trabajo, que tienen como meta elaborar
una propuesta final para presentarse en el Segundo Periodo de Sesiones de la
LXV Legislatura estatal, que iniciará a partir del 2 de mayo del presente año,
en la que se dijo contará con las aportaciones de personas que padecen esta
enfermedad, como de los colectivos y organismos ciudadanos.

La presidenta de la Comisión Permanente de Derechos
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Veracruz, diputada Brianda
Kristel Hernández Topete, presidió una reunión con especialistas en la materia
para analizar la iniciativa de Ley Especial de Adopciones Anticipadas y el
decreto que reforma el artículo quinto de la Ley de Adopciones en el Estado de
Veracruz, presentados por la diputada Montserrat Ortega Ruiz durante la Octava
Sesión Ordinaria, del Primer Periodo de Sesiones. La iniciativa que persigue proveer de opciones a las
mujeres embarazadas que deseen dar en adopción a su hijo o hija, fue turnada
para su análisis a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia que
preside la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez y a la Comisión de Derechos
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Durante la reunión, la diputada Brianda Kristel
entregó a los asesores de las diputadas Deisy Juan Antonio -secretaria- y
Montserrat Ortega Ruiz -vocal-, un pronunciamiento que elaboraron en conjunto, a
favor de las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) sobre la Atención hacia las Personas Integrantes de las Poblaciones
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual en
Centros Penitenciarios de la República Mexicana, para fortalecer y garantizar el
respeto de sus Derechos Humanos, evitando se incrementen entornos inadecuados
que vulneran sus condiciones de igualdad y no discriminación. Del mismo modo y ante la presencia de expertos en la
materia, la legisladora del Distrito XXIV, informó sobre la propuesta de
iniciativa popular, enviada por integrantes del Comité de Difusión de los
Derechos Humanos, que adiciona a la Ley Orgánica del Municipio Libre, para
incluir la figura de defensor municipal de derechos humanos. A esta segunda reunión de la Comisión de Derechos
Humanos, acudieron Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDH); Yolanda Olivares Pérez, directora
del Instituto Veracruzano de las Mujeres; María Elena García Filobello,
encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos
del Congreso de Veracruz y Adolfo Gutiérrez de la Subsecretaría Jurídica de la
Secretaría de Gobierno.

Xalapa, Veracruz., 16 de Enero de 2019.- “De acuerdo a las cifras oficiales, en nuestra entidad hubo 169 feminicidios entre 2017 y 2018, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) no puede evadir su responsabilidad de integrar correctamente las investigaciones y dar resultados”, demandó el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), del Congreso Local.

La diputada Magaly Armenta Oliveros y el diputado Wenceslao
González Martínez, presidenta y secretario, respectivamente, de la Comisión
Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad de la LXV Legislatura del Estado,
dieron seguimiento, junto con la Dirección de Transporte Público del Estado, a
los planteamientos presentados en días pasados respecto a problemáticas que han
expuesto concesionarios de transporte público y líderes de este ramo.

En reunión con Alejandra Segovia Vargas, Delegada
Jurídica y Guillermo Sosa Vázquez, Subdirector de Planeación, Estadística y
Autorizaciones de ésta dependencia gubernamental, se analizaron disposiciones
relativas a la ley 589 y el reglamento de transporte público, el reordenamiento
vial, entre otros temas.

La
presidenta de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia del
Congreso de Veracruz, diputada Cristina Alarcón
Gutiérrez, y la diputada Montserrat Ortega Ruiz autora de la iniciativa
de Ley Especial de Adopciones Anticipadas y secretaria de dicha instancia
legislativa, se reunieron con un grupo de especialistas en derechos humanos,
para escuchar sus aportaciones que fortalecerán esta norma. Esta
iniciativa -presentada en la octava sesión ordinaria el pasado 13 de Diciembre
de 2018- tiene el objetivo de establecer diferentes opciones para las mujeres
embarazadas que deseen voluntariamente dar en adopción a su hijo o hija. Por
su parte la diputada Alarcón Gutiérrez, aseguró que es importante la
participación de las diversas instituciones e instancias especializadas para
tratar un tema que es fundamental para la sociedad veracruzana, asimismo
aseguró que a pesar de que ha avanzado en la construcción de un andamiaje institucional,
la adopción de niños y niñas sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda
pública. La
diputada Montserrat Ortega, expuso que su principal preocupación es garantizar
el respeto de las mujeres gestantes, así como de sus hijos, y que el objeto de
esta iniciativa es establecer los mecanismos que protejan los derechos
inherentes a los niños y niñas, y así poder brindarle la oportunidad de crecer
en un ambiente favorable. También,
establecer los derechos de las madres en tomar la decisión respecto a dar a su
hijo en adopción de manera totalmente voluntaria. A
esta reunión asistieron Mercy Esther Pérez Arévalo, Secretaria ejecutiva del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes (Sippina Xalapa), Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDH), Miguel Ángel
Córdova Álvarez, Jurídico de la CEDH de Veracruz, María Elena García Filobello¸
encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y
Derechos Humanos del Congreso de Veracruz, Gilberto A. Zamorano Morfín y José
Arturo Sánchez Sánchez, del DIF Estatal; Juan José Chávez Jiménez, Coordinación
de Investigaciones Legislativas; Josefina Castrejón y Oscar Escudero, del Movimiento
de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (Matraca, A.C)

Finalmente, la legisladora Alarcón Gutiérrez agradeció la
intervención que cada uno de los participantes en esta mesa de trabajo, así
como sus aportaciones que desde sus diversas áreas de investigación o praxis,
para buscar el bienestar de los niños y niñas veracruzanos, extendiendo la
invitación de seguir trabajando en unidad para el fortalecimiento y análisis de
ésta iniciativa.

El diputado del Distrito XII, con cabecera en
Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, se reunió con integrantes de la Coalición de
Taxistas de Coatepec, quienes expusieron sus inquietudes sobre el servicio
colectivo y el servicio de taxi en una localidad distinta a aquella para la
cual se otorgó la concesión.

El legislador reconoció que estos y otros temas, que
podrían derivar en la pérdida de concesión, han generado polémica por muchos
años y se comprometió a programar una reunión con los diputados integrantes de
la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad, que preside la diputada Magaly
Armenta Oliveros, para analizar estos asuntos y encontrar una solución.

Los diputados Ricardo Arturo Serna Barajas y
Cristina Alarcón Gutiérrez, presidente y vocal, respectivamente, de la Comisión
Permanente de Asuntos Indígenas de la LXV Legislatura del Estado, recibieron a
un grupo de indígenas que solicitan su reconocimiento como consejeros
integrantes del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los
Pueblos y Comunidades Indígenas de Veracruz de Ignacio de la Llave. Reunidos en el Congreso del Estado, hombres y
mujeres, del norte del Estado, expresaron las carencias que viven en sus
localidades, en donde los estudiantes caminan hasta dos horas para llegar a sus
escuelas, donde requieren comedores comunitarios y resulta imprescindible la
introducción de servicios básicos. Expresaron que en las regiones del norte y sur del
Estado, en donde tienen representación, hay muchos problemas sociales y que
esperan recibir la atención que en otras administraciones les han negado. El presidente de la Comisión, diputado Ricardo
Arturo Serna, indicó que darán seguimiento a los documentos presentados y que
legitimaría el nombramiento de los consejeros; no obstante, subrayó que las
puertas del Congreso están abiertas para todos. “La Comisión está a sus órdenes, hemos dado nuestros
datos para estar en comunicación y atender los temas relacionados con sus zonas”,
dijo el diputado del distrito IV con cabecera en Álamo Temapache.

Los asistentes, liderados por la licenciada Rosita
Martínez Facundo, dijeron representar a las etnias Totonaca, Tenek, Tepehua,
Otomí, Mixteca, Zapoteca, Mixe, Popoluca, Náhuatl, Mazateca y Zoque.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidenta
de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo,
Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, reiteró
el compromiso de la misma, de promover una coordinación efectiva con todos los
sectores involucrados en la caficultura, crear una red general, y otorgar resultados viables y concretos, a la brevedad, toda
vez que Veracruz es el segundo productor del aromático en el país. Lo anterior, al dar a conocer que se analiza la
posibilidad de realizar un encuentro regional que permita efectuar un
diagnóstico y desarrollar líneas de acción a fin de atender, de manera
conjunta, los retos que enfrenta la caficultura en nuestro estado, en el que
participarían organizaciones campesinas, productores independientes, el sector
académico y los tres órdenes de gobierno; a fin de plantear acciones conjuntas. La diputada Lagunes Jáuregui señaló que ésta
propuesta surge en el marco de la primera reunión de la Comisión Especial, de
la LXV Legislatura, realizada el pasado siete de enero, en la que participaron
representantes de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Forestal
(SEDAF), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y del Centro
Agroecológico del Café (CAFECOL), en la que se acordó establecer una agenda de
trabajo que agilice la atención a las distintas demandas de los productores de
café. Recordó la legisladora por el Distrito XVIII,
Huatusco, que se encuentra en análisis y modificación la propuesta del
presupuesto de egresos del estado, para el ejercicio fiscal 2019, y que la
Comisión Especial que encabeza ha solicitado participar, de manera formal, en
estos trabajos y lograr con ello una
asignación de recursos económicos suficientes para la actividad cafetalera, de
la que dependen las familias de 86 mil productores veracruzanos.

Agregó que, para el encuentro regional, se tiene como
sede tentativa el municipio de Fortín de las Flores.