Ante la Comisión Permanente de Vigilancia del
Congreso del Estado, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, compareció
el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, quien, además de rendir un informe sobre las actividades
realizadas en el ejercicio 2018, respondió las preguntas de las diputadas y los
diputados de la LXV Legislatura.
A las 16:00 horas, en la sala Venustiano Carranza
del Poder Legislativo, la Comisión de Vigilancia dio inicio a la comparecencia,
en cumplimiento a lo que marca la Constitución Política del Estado y la
legislación secundaria en la materia.
En
la primera ronda, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez, preguntó
sobre los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que
integran el sistema estatal de video vigilancia, que anunció el ex Gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares, con una inversión superior a los 700 millones de
pesos y que dicho sistema se encuentra operando en tan solo un 40 por ciento de
su capacidad, al respecto solicitó al titular del ORFIS un informe de los
avances que se tienen de este tema o bien, en su caso, cuál es el programa de
trabajo para realizar dicho informe.
El
titular del ORFIS contestó que se ha iniciado una revisión al proceso de
adquisición e instalación de las cámaras del sistema de video vigilancia, de la
cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el contrato que elaboró con
el proveedor en relación a la adquisición, suministro, electrificación, instalación
y puesta en operación del sistema de circuito cerrado y televisión CCTV con un
costo de mil millones de pesos con la empresa COMTELSAT S.A. de C.V, misma que se comprometió a dar el servicio de
electrificación hasta por un máximo de 116 municipios.
El
proyecto propone la instalación de cerca de 6 mil 500 cámaras de video
vigilancia de 3 tipos, y que tendrían como objetivo dotar de la tecnología a 6
centros regionales de monitoreo en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa,
Boca del Río, Fortín y Cosoleacaque, de acuerdo con las adecuaciones técnicas
correspondientes.
Portilla
Vásquez, aseguró que con base en todo lo especificado en el contrato se está realizando una revisión al anexo técnico y al mismo contrato de acuerdo
a lo que describe el proyecto como solución integral en tema de seguridad, por
lo que será responsabilidad del proveedor proporcionar el equipamiento
necesario para el funcionamiento adecuado de las video cámaras.
Sostuvo
que se ha solicitado a la SSP los documentos y anexos que conlleva este
contrato para realizar la revisión a profundidad y verificar el cumplimiento de
las cláusulas del mismo, además de la
revisión física de postes y cámaras pero de la calidad de la imagen, es decir, que
sean nítidas y visibles desde los
diversos sistemas de monitoreo.
Por
su parte el diputado Domínguez Vázquez, agregó que el programa cumple con las
expectativas de seguridad de la ciudadanía, sin embargo es importante saber su
real utilización y funcionamiento, además que se ha hecho referencia que la
empresa proveedora tiene una inhabilitación, sancionada por la
Secretaría de la Función Pública en el 2013,
por lo que hizo un exhorto al titular del ORFIS para realizar una
investigación al respecto.
Por
el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada María
Graciela Hernández Iñiguez solicitó la opinión técnica del titular del ORFIS al
plantear que derivado de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en favor de algunos municipios, por el cual otorga
hasta 90 días para cumplir con la sentencia de pago y que se podría fincar
alguna responsabilidad a las autoridades correspondientes en caso no atender
este fallo.
El
auditor Lorenzo Antonio Portilla respondió que este tema se deriva que durante
el ejercicio fiscal 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
dejó de ministrar en el último trimestre recursos hacia los 212 Ayuntamientos, lo que significó
una cantidad de mil 478 millones de pesos, por lo cual los municipios
interpusieron las denuncias correspondientes y que ante los cuestionamientos
del Órgano Fiscalizador la SEFIPLAN confirmó
que la SCJN falló a favor de 80 municipios, con lo cual se les deberá
pagar dichos recursos con los intereses generados a la fecha, por lo que al
haber una resolución definitiva pudiera existir una responsabilidad penal ya
que se debe cumplir con la sentencia en su totalidad.
Por
otra parte, la diputada Hernández Iñiguez cuestionó que si al existir una firma
de convenio que disminuye el monto de la devolución podría ser considerado como
un presunto delito de daño patrimonial; a lo que el auditor del ORFIS aseguró
que lo que ya se sentenció se debe reintegrar a los municipios por parte de SEFIPLAN de acuerdo al monto
señalado por la resolución, señaló que siendo un recurso destinado al fondo
social y pobreza extrema debe ser aplicado a ese fin, -añadió- que ya se tiene
planeado reuniones con los municipios involucrados en este proceso para
asesorarlos en cómo deben aplicarse dichos recursos.
La diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, preguntó cuánto ha
invertido el ORFIS en el desarrollo de diversas herramientas informáticas y qué
acciones preventivas ha desarrollado para el fortalecimiento de la gestión
pública municipal.
El compareciente detalló que todas las herramientas
tecnológicas del ORFIS han sido desarrolladas por un equipo multidisciplinario
que trabaja en el organismo, por lo que no han significado gasto alguno.
Respecto a las acciones preventivas, dijo que dentro
del Plan Maestro 2012-2019 se establece que la prevención es fundamental para
evitar y contener actos de corrupción, razón por la que se implementaron el
Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) y
el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER); además de mecanismos
de acceso a la información como el Sistema de Consulta de Obras y Acciones
Municipales de Veracruz (COMVER).
Durante su intervención, la diputada Magaly Armenta
Oliveros, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó si la Comisión Permanente
de Vigilancia de la Legislatura anterior, solicitó al ORFIS alguna opinión
técnica sobre las observaciones determinadas a 64 municipios que comparecieron
y solventaron de manera total y parcial diversas observaciones por un monto
total de 326 millones de pesos.
Lorenzo Antonio Portilla respondió que sí fue
convocado; sin embargo, explicó que su función en ese proceso es únicamente
aclaratoria y explicativa, sin que ello implique la reapertura de los informes.
“El procedimiento de fiscalización superior concluye en el momento en que son
entregados los informes a este Honorable Congreso”, puntualizó el funcionario.
Tomando en cuenta la experiencia del ORFIS en el
procedimiento de fiscalización superior, la diputada Magaly preguntó si en un
par de horas, sin contar con el personal especializado en auditorías
financiera, presupuestal y técnica a la obra pública, sea posible solventar
observaciones por posible daño patrimonial a las arcas públicas municipales,
aún cuando dichos ayuntamientos tuvieron 30 días para solventar el pliego de
observaciones emitido por el ORFIS y no lo hicieron.
No obstante, el titular del ORFIS se abstuvo a dar
respuesta, considerando que su posición podría influir en los criterios sobre
los cuales caerá la resolución que en su momento se emita, con motivo de la
denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado,
por el decreto número 784 publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 2 de
noviembre de 2018, por medio del cual, la LXIV Legislatura aprobó los informes
individuales y el informe general ejecutivo de las cuentas públicas del
ejercicio 2017.
Al hacer uso de la voz, la diputada Nora Jessica
Lagunes Jáuregui, representante del PAN, se refirió a una denuncia de habitantes
de Comapa y señaló la aparente dificultad que enfrentan los ciudadanos para
utilizar los mecanismos de transparencia y denuncia que el ORFIS pone a
disposición de la sociedad. Dijo que es deseable que el Organismo refuerce su
marco normativo a fin de facilitar la presentación de quejas y obtengan una
respuesta clara.
El Auditor aseguró que la queja señalaba una red de
energía eléctrica que está funcionando y una red hidráulica, en ese caso,
mencionó que la autoridad municipal reportó que estaba operando, pero no
dijeron la verdad, por lo que se presentó la denuncia correspondiente.
No obstante, la legisladora refutó, asegurando que
la ampliación de red eléctrica no se encuentra funcionando y que las
fotografías que aparecen en el COMVER pertenecen a otra localidad, por lo que
consideró el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz no
es una herramienta que dé certeza de las obras.
El Auditor General, del ORFIS, Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez dio respuesta a los cuestionamientos del diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, del Grupo
Legislativo de Morena, sobre las graves faltas administrativas detectadas en la
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por un monto de 800 millones de pesos.
Sobre lo anterior, el titular del ORFIS, respondió
que el órgano a su cargo detectó en la Cuenta Pública 2017, y en esos
contratos, un conflicto de intereses, lo que hizo del conocimiento de la SIOP
para que actuara en consecuencia.
El diputado Wenceslao González Martínez,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó al Auditor en torno a las
observaciones hechas a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV),
sobre el daño patrimonial detectado por 361 millones de pesos.
Portilla Vásquez señaló que se hizo lo conducente
para que la UPAV realizara la determinación de responsabilidades y fincará las
medidas necesarias a fin de conocer el destino de los recursos recaudados por
el patronato; y actualmente esa institución educativa solicitó la reconsideración
de las medidas a aplicar.
La legisladora Mónica Robles Bajaras, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó
cuál fue la opinión del Orfis sobre la reestructuración de la deuda pública,
realizada en 2017, así como el proceso y seguimiento a la licitación de la
misma y respecto al presunto daño patrimonial, en la cuenta pública 2017, del
ayuntamiento de Coatzacoalcos por un monto de 142 millones de pesos (mdp).
El
auditor respondió que la reestructura no resolvía la crisis financiera de ese
momento y agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avaló
esta reestructura y se cumplió con la normatividad y las disposiciones de los
bancos. De igual forma confirmó el presunto daño patrimonial del ayuntamiento
de Coatzacoalcos y señaló que en este momento está la fase de solventación y
que será hasta marzo cuando se tenga una respuesta; en caso contrario
recurrirán al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.
La
diputada Rosalinda Galindo Silva, del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó
sobre la disparidad en las cifras sobre los bienes recuperados por la anterior
administración estatal y que correspondían al monto de mil 522 mdp. Además
preguntó si realizan revisiones de campo a los bienes recuperados.
Al
respecto, Portilla Vásquez refirió que la fiscalización se realizó con base en
documentos de la cuenta pública y, sobre la cifra recuperada de 793.4 mdp en
efectivo, expuso que fue auditada en cheques y el rendimiento generado. Detalló
que el Orfis pretende en este año revisar la cuenta pública 2018 y revisar al
momento 2019 para ver las diferencias. También dijo que van a revisar si los bienes
recuperados están registrados en patrimonio del estado, que cuenten con su
documento notarial y estén incorporados legalmente.
Por
último, el legislador Rodrigo García Escalante, del PAN, agradeció al auditor
la labor que ha realizado al frente del Orfis y la coordinación que se ha
establecido con la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
A
las 18:25 horas, el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente; con la
participación de las legisladoras Mónica Robles Barajas, secretaria y Florencia
Martínez Rivera, María Graciela Hernández Iñiguez y Florencia Martínez Rivera,
vocales, concluyó la comparecencia.
