Como una medida de apoyo para las personas con
discapacidad de la entidad, el diputado José Andrés Castellanos Velázquez presentó la iniciativa que reformaría las
fracciones X y X del artículo 11 de la Ley para la Integración de las Personas
con Discapacidad para señalar que el Estado deberá promover la celebración de
convenios orientados a otorgar de manera gratuita medicamentos para el
tratamiento de salud de las personas con discapacidad.

La propuesta legislativa indica que el Estado deberá
promover, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, bancos
de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, y
facilitar a las personas con discapacidad de escasos recursos su gestión y
obtención de manera gratuita.

El también presidente de la Comisión Permanente de
Desarrollo Social, Humano y Regional sostuvo que de acuerdo a estadísticas del
Informe “La Discapacidad en México,
datos al 2014”, publicado por el INEGI, muestran que en México habitan
alrededor de 7.1 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 49.6
por ciento, se localizan en siete entidades federativas: Estado de México,
Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán y Veracruz.

Agregó que en Veracruz, con base en datos del
informe mencionado, habitan casi seiscientas mil personas con discapacidad,
representando el 7.5 por ciento del total nacional, localizando a Veracruz como
la tercera entidad con mayor población de personas con discapacidad.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz detalló que según datos del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social, para el año 2017, el 49.4 por ciento de
las personas con discapacidad vive en situación de pobreza, de los cuales al
menos el 10 por ciento está en pobreza extrema.

Dijo que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) resalta que sólo el 25 por ciento de las personas con
discapacidad con una ocupación económica tiene contrato y sólo 27 por ciento
cuenta con prestaciones médicas.

Las personas con discapacidad tienen el derecho a
gozar del más alto nivel posible de los servicios de salud, expresó el
diputado, quien agregó que el espíritu de la presente iniciativa es que el
Estado, a través de las instituciones competentes, apoye con el otorgamiento de
las medicinas necesarias para rehabilitaciones, tratamientos o aquellas de uso
diario por su situación de discapacidad.

La
iniciativa fue turnada, para su análisis, a las Comisiones Permanentes Unidas
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y la de Salud y Asistencia.

Tras clausurarse los trabajos del primer periodo
ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, correspondiente al primer año de
ejercicio constitucional, en sesión solemne fue instalada la Diputación
Permanente que fungirá durante el primer receso, que comprende del 1 de febrero
al 30 de abril del presente año.

De esta manera este órgano legislativo quedó
integrado por el diputado José Manuel Pozos Castro, presidente; Erika Ayala
Ríos, vicepresidenta y Alexis Sánchez García, secretario.

En las vocalías están las diputadas María Josefina
Gamboa Torales, Montserrat Ortega Ruiz, Magaly Armenta Oliveros, Deisy Juan
Antonio, Jessica Ramírez Cisneros, así como los legisladores Erik Iván Aguilar
López y Raymundo Andrade Rivera.

Fungirán como sustitutos las diputadas Elizabeth
Cervantes de la Cruz, Judith Pineda Andrade, María Candelas Francisco Doce y
Adriana Esther Martínez Sánchez, así como los legisladores Víctor Emmanuel
Vargas Barrientos, Rodrigo García Escalante, Rubén Ríos Uribe, Sergio Hernández
Hernández, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Henri Cristophe Gómez Sánchez.

A las 19:20 horas fue declarada legalmente instalada
esta instancia legislativa.

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder
Legislativo la Diputación Permanente estará compuesta por el cuarenta por
ciento del total de los integrantes del Congreso, de los cuales la mitad
actuará como propietarios y los demás como sustitutos. Además señala que funcionará
durante los recesos del Congreso y, en el año de su renovación, hasta la instalación
del sucesivo, debiendo integrarse proporcionalmente según el número de
diputados pertenecientes a los diversos grupos legislativos.

El presidente de la Mesa Directiva, José Manuel
Pozos Castro, concluyó la sesión y citó a la primera ordinaria para el martes 5
de febrero a las 13:00 horas, en la sala de sesiones Venustiano Carranza.

El diputado por el
Distrito XVII, José Magdaleno Rosales Torres, integrante del Grupo Legislativo
de MORENA, emitió un pronunciamiento, señalando irregularidades en el
Ayuntamiento de Manlio Fabio de Altamirano, correspondientes al periodo
municipal 2014-2017. Recordó que en el
2014, el regidor único de ese municipio denunció ante el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) y ante la Fiscalía Especializada,
posibles actos de desvío de recursos y simulación de obras. El legislador
reprobó que el ORFIS y la anterior Legislatura validaron obras, pese a que los
montos no corresponden a los que el Ayuntamiento especificó. Entre las
irregularidades, citó la supuesta construcción de aulas en la escuela Adolfo
López Mateos, presupuestada en 450 mil pesos. Obra que aseguró, no se realizó. Como obras
inconclusas, señaló la construcción de un pozo profundo en la localidad de San
Cenobio y la ampliación de red eléctrica de la localidad de Alta Luz. Mencionó que el regidor
único del periodo mencionado, interpuso las denuncias correspondientes ante la
Fiscalía Anticorrupción; sin embargo, los avances en las investigaciones han
sido lentos. “El problema de la
corrupción nos afecta a todos, pues antes de ser diputados, somos ciudadanos y
desde aquí debemos trabajar en el cuidado de los recursos del erario y que no
se permita que las tesorerías de los ayuntamientos sean la cartera de los
alcaldes”, puntualizó el diputado Rosales Torres.

El
diputado Gonzalo Guízar Valladares, coordinador del Grupo Legislativo Mixto
“Del Lado Correcto de la Historia”, sometió a consideración de la LXV
Legislatura una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un
artículo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para
crear la Subsecretaría de Educación Indígena.

El
legislador del Distrito XXX, de Coatzacoalcos, explicó que el Gobierno de la
República, las entidades federativas y los municipios, tienen la obligación de
garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo a la
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior,
entre otras.

Después
de referirse al amplio marco normativo que establece el reconocimiento
constitucional y legal de la necesidad de fortalecer la educación indígena, señaló
la gravedad de que gran parte de las nuevas generaciones de los pueblos
originarios no están aprendiendo a hablar la lengua de sus antepasados.

Dijo
que el poeta indígena Juan Hernández Ramírez, recientemente galardonado por el
Congreso de Veracruz con la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” y presente durante
esta Última Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones, manifestó su
preocupación sobre el futuro de las lenguas de los grupos originarios y que no
debe permitirse que las lenguas indígenas se extingan.

Lo
anterior dado que son depositarias simbólicas de los bienes materiales e
inmateriales de la humanidad, ya que si lo hacen, mueren con ellas la
filosofía, la cosmovisión, los conocimientos y la sabiduría construidas a
través de cientos o quizás miles de años.

Advirtió
que para preservarlas, hay que transmitirlas y reproducirlas a través de su
fomento y revitalización lingüística y cultural, y es la escuela la vía más idónea.

Con
base en las ideas del poeta Juan Hernández, el legislador destacó que la niñez
indígena merece una atención digna e igualitaria en materia educativa, y no
será así mientras la estructura operativa actual no cumpa con las necesidades
lingüísticas.

“La
nueva Subsecretaría debe hacerse cargo de manera inmediata del fomento,
conservación, desarrollo y preservación de nuestras lenguas originarias,
evitando su deterioro; por ello, la presente iniciativa cumple con el nivel
histórico que merecen nuestras comunidades indígenas”, subrayó.

El
presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, turnó la iniciativa
a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación, de Educación y Cultura, y
de Asuntos Indígenas, para su análisis y dictamen.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por
el cual se crea la Comisión Especial de la Industria Azucarera, Alcoholera y sus Derivados, como
órgano de gestión y posicionamiento legal para apoyar a los productores de caña
de azúcar de la Entidad.

Esta Comisión Especial estará integrada por los
diputados Alexis Sánchez García, presidente; José Magdaleno Rosales Torres,
secretario y Jorge Moreno Salinas, Juan Javier Gómez Cazarín, Florencia
Martínez Rivera, Juan Manuel de Unánue Abascal y Margarita Corro Mendoza, como
vocales.

Esta instancia legislativa es resultado del
anteproyecto con punto de Acuerdo, presentado el pasado 17 de enero por el
diputado vicepresidente de la Mesa Directiva, Alexis Sánchez García.

En el anteproyecto, el legislador planteó la crisis
por la que atraviesa la industria azucarera nacional, en la que repercuten
gravemente las importaciones de alta fructosa procedente de los Estados Unidos,
con lo que se pone en riesgo a los ingenios azucareros y, por tanto, a los
productores de caña, obreros, transportistas, cortadores y todas las mujeres y
hombres que hacen posible la cadena productiva de este noble cultivo, del cual
dependen más de 500 mil familias en Veracruz.

-Gobierno Federal debe frenar importación de
alta fructuosa y edulcorantes-

En la sesión, las y los diputados aprobaron
el Acuerdo de la Jucopo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar
políticas públicas que frenen la importación de alta fructosa y edulcorantes al
país, a la vez que ordene a la Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales, de la Secretaría de Economía, realizar una
investigación sobre la alta fructosa estadounidense que entra a México por
prácticas desleales de comercio (dumping).

De igual forma se
exhorta al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión para que revisen la situación que guarda el acuerdo sobre el azúcar entre
México y Estados Unidos en el tratado que sustituirá al anterior de libre
comercio.

Este Acuerdo es
resultado del anteproyecto que presentó el 8 de enero de este año, durante la
décima primera sesión ordinaria, el diputado Juan Carlos Molina Palacios.

La LXV Legislatura del Estado de Veracruz lleva a
cabo el proceso de licitación simplificada para los servicios de limpieza y
fotocopiado, con el propósito de transparentar las acciones en el uso y
aplicación de recursos, además de elegir la mejor opción en cuanto a calidad y
precio que ofertan los proveedores.

En la reunión, celebrada en la Sala Jesús Reyes
Heroles del Congreso del Estado, la titular de la Secretaría de Servicios
Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales, encabezó los
trabajos de la licitación simplificada relativa al servicio de limpieza y que
tuvo la participación de tres empresas del ramo, así como el proceso para el
servicio de fotocopiado.

De esta manera al elegir la mejor opción para el
mantenimiento y los suministros que requiere el Poder Legislativo de Veracruz,
sus autoridades administrativas cumplen con las disposiciones establecidas en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y ponderan por
el ahorro en el gasto.

Participan en las licitaciones por el Departamento
de Adquisiciones, Mario Pérez Espinoza; de la Dirección de Tesorería,
Diana Leydi Zacarías Carrasco; Coordinación de
Informática, Cesar Eduardo Pérez Díaz; Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales, Carlos Iram Arévalo Rodríguez; Contralor del
Poder Legislativo, René Buenrostro Hernández; así como representantes de la
Secretaría General y la de Fiscalización, entre otras áreas afines.

Los resultados, de la elección de la empresa para la
prestación del servicio, serán publicados en el sitio relativo a las
adquisiciones de la página oficial del Congreso del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de
Veracruz aprobó, durante la décima sexta sesión ordinaria, la segunda etapa de cuatro
decretos de reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, relativos a facultades de este Poder para autorizar a los
Ayuntamientos montos máximos de empréstitos, integración de Concejos
municipales, disposiciones para suplir ausencia de diputados, así como la
consulta, a las comunidades indígenas sobre planes y programas de desarrollo.

De esta manera y con 46 votos a favor, fue aprobado el
Dictamen de Decreto que reforma el artículo 33, fracción XVI, inciso c), de la
Constitución Política del Estado por el que se establece como facultad del
Congreso del Estado, autorizar a los Ayuntamientos, por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes, los montos máximos para la
contratación de empréstitos y obligaciones en las mejores condiciones del
mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el
otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

De igual forma
y con 48 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen que
adiciona el párrafo noveno, recorriendo
los párrafos sucesivos al artículo 4 de la Constitución Política del Estado,
con el que se establece que las autoridades deberán privilegiar la solución del
conflicto sobre los formalismos, siempre y cuando, no se afecte la igualdad
entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

En los juicios o procedimientos seguidos en forma de
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.

En la sesión, última del periodo ordinario del
primer año de labores, el Pleno aprobó –con 45 votos- el Decreto que reforma
diversas disposiciones del artículo 33 de la Constitución Política estatal con
el que se establecen las facultades que tiene el Congreso del Estado para
designar a los vecinos que conformarán un Concejo Municipal, para convocar a elecciones
extraordinarias y las disposiciones para suplir, en caso de ausencia, al
diputado propietario y suplente, plurinominal.

De esta forma, el Congreso podrá designar, con la
aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre los vecinos
de un municipio, a los que integrarán un concejo municipal. Éste se conformará
con un número de concejales idéntico al de ediles que corresponderían al
Ayuntamiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley.

También se establece que el Congreso del Estado podrá
llamar, en cualquier momento, cuando se trate de diputados elegidos por el
principio de representación proporcional, al siguiente en el orden que
corresponda, según las listas presentadas por los partidos políticos, si
ocurriere la falta del propietario y del suplente.

Asimismo, podrá convocar a elecciones
extraordinarias de los Ayuntamientos en los que se hubiere declarado la
nulidad, o no se hubiere hecho la declaración de validez respectiva, el día
último del mes de diciembre inmediato a la elección correspondiente.

En la convocatoria se fijará la fecha de celebración
de las elecciones, se expedirá en un plazo no mayor a 45 días, contados a
partir de la declaración de nulidad, si es el caso, y en ella no se podrán
restringir los derechos y prerrogativas que la Constitución Federal y las leyes
generales aplicables otorgan a los ciudadanos y a los partidos políticos.

Por último, fue aprobado –con 45 votos a favor- el
Dictamen de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 5 de la
Constitución Política del Estado para indicar que el Estado y los municipios,
en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán el derecho de las
comunidades indígenas a promover su desarrollo equitativo y sustentable, por lo
que para la elaboración de los respectivos planes estatal y municipales de
desarrollo consultarán previamente a las comunidades indígenas.

Lo anterior, conforme a los medios de consulta que
para tal efecto se establezcan en la Ley de Planeación, así como la forma en
que participen en el ejercicio y vigilancia de las acciones a ellas destinadas;
también se reconocerá su derecho a una educación laica, obligatoria, bilingüe y
pluricultural.

Asimismo, en los términos previstos por la ley, se
impulsarán el respeto y reconocimiento de las diversas culturas existentes en
la Entidad y combatirán toda forma de discriminación.

Cabe
destacar que, al ser aprobados en los dos periodos ordinarios correspondientes,
estos decretos serán remitidos a los Ayuntamientos de la entidad para su
consideración y a fin que envíen, a este Poder, su acta de Cabildo con el
sentido de su voto.

De
aprobarlo más de la mitad de los Ayuntamientos, el Pleno de la LXV Legislatura
los declararía aprobados y los remitirá al Ejecutivo estatal para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La diputada Florencia Martínez Rivera, integrante
del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, presentó ante
el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que deroga disposiciones de la
Ley Estatal del Servicio Civil, eliminando los preceptos legales que por
diversas reformas se han vuelto contrarios a la nueva estructura orgánica del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, estipulada tanto en la Constitución
Política del Estado como en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

La Legisladora aseguró que esta situación se ha dado
ante las numerosas reformas, derogaciones y abrogaciones que tanto la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder
Judicial del estado han tenido, y -que inclusive- han derivado en cambios en la estructura del Poder Judicial
del Estado, impactando directamente en el órgano de impartición de justicia
laboral burocrático de la entidad, por lo que solicitó la derogación de los
capítulos I, II y III del Título Noveno de la Ley Número 364 Estatal del
Servicio Civil de Veracruz.

Martínez
Rivera, explicó que lo anterior, a todas luces, ha ocasionado que gran parte de
la regulación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, contenida en la Ley
Estatal del Servicio Civil, actualmente se encuentre en desuso jurídico; sumado
a ello, la falta de actualización y adecuación al sistema jurídico veracruzano
vigente, por lo que es necesaria la derogación de diversas disposiciones de la
Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

Después
de exponer diversos ejemplos de la discordancia entre las leyes citadas, la
diputada afirmó que la regulación que establece la Ley Estatal del Servicio
Civil, en cuanto a la integración, funcionamiento y competencia del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, es distinta a lo dispuesto en la Constitución
Política y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que no corresponde a la
realidad jurídica actual de Veracruz.

“No
hacernos cargo de este tema, cerca de crear certeza y seguridad jurídica a los
gobernados, genera incertidumbre; por lo que, resulta de vital importancia dar
claridad a nuestras leyes, lo que sin duda alguna abona a la confianza de las
instituciones”, concluyó.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social
para su estudio y dictamen correspondiente.

El
Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso
de Veracruz, que preside la candidata a doctora María Elena García Filobello,
es patrocinador de la Escuela para Juventudes Defensoras de Derechos Humanos y
Constructoras de Paz, que promueve el grupo Juventudes Defensoras de Veracruz.

El
proyecto que forma parte del proyecto político educativo CDHVitoria, está
dirigido a jóvenes estudiantes, comunicadores o vinculados al ejercicio de la
libertad de expresión o al periodismo; activistas, luchadores sociales,
educadores o agentes de cambio.

En
conferencia de prensa, el joven Christian Hernández explicó que la propuesta es
por la creación de espacios con un sentido crítico, que surjan a partir de
compartir experiencias, sentires, saberes y reflexiones tanto de las juventudes
participantes, como de sus comunidades.

Para
participar es necesario tener entre 18 y 29 años, llenar un formulario
disponible en la página derechoshumanos.org.mx/escuelita2019, acudir a una
sesión informativa el 23 de febrero en Xalapa, registrarse antes del 17 de
febrero, tener disponibilidad de tiempo los sábados de 11:00 a 16:00 horas de
marzo a junio y cubrir el pago de una cuota simbólica.

Entre
los temas que aborda el programa de la “Escuelita”, como se refieren al
proyecto, destaca: Perspectiva de género y juventudes, no discriminación,
migración, cultura de paz, defensa de tierra y territorio, derecho a la
educación, derecho a la información y derecho a la alimentación, entre otros.

La
LXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó el Dictamen por el cual se
reforma el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz, que alentará, entre otras cosas, la contratación
de personas con discapacidad y adultos mayores.

Después
de emitir votaciones en lo particular y en lo general, los legisladores
aprobaron también reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y al Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.

Con
46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso del Estado
aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Comunicaciones, para
reformar el párrafo primero del artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con ellas, para quedar como sigue: “en la planeación,
programación, presupuestación, contratación, construcción, ejecución,
conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control, de las obras públicas
y los servicios relacionados con ellas, se tomará en cuenta, preferentemente,
la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con
discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales,
productos y equipos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.

De
igual forma fue aprobado el Dictamen con proyecto de decreto, emitido por la
Comisión Permanente de Hacienda del Estado, que adiciona los artículos 8 Bis, 8 Ter y 17 Bis a la Ley
de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios de Veracruz.

La
iniciativa remitida por el Titular del Ejecutivo responde a la necesidad de
armonizar con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal federal, en
específico con lo dispuesto por los artículos 3- B y 6°penúltimo párrafo.

De
esta manera el Gobierno del Estado, atiende los requerimientos del ente
fiscalizador Auditoría Superior de la Federación (ASF), realizado a la anterior
administración gubernamental, derivados de la práctica de la Auditoría
denominada “Distribución de las Participaciones Federales” a la Cuenta Pública
2016; para que se precise en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los
Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la disposición del pago
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable a los municipios y sus organismo
auxiliares que hayan enterado a la SHCP salarios pagados con recursos propios o
participaciones federales.

Así
como también; que se precise en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y
los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la disposición de
publicar anualmente en el periódico oficial del estado y en el Acuerdo por el
que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, formulas y variables utilizadas,
así como los montos estimados que recibirá cada municipio del Estado de
Veracruz, las variables, fuentes de información, valores y métodos de cálculo
con los que se determinan los factores utilizados para distribuir las
participaciones federales; en ambos casos se estableció como fecha de
cumplimiento el 30 de junio de 2018.

Finalmente,
el Pleno del Congreso aprobó el dictamen por el cual se adiciona un párrafo al
artículo 332 del Código de Procedimientos Administrativos para quedar como
sigue: “cuando durante la ejecución de sentencia se presente la finalización
del periodo constitucional de una autoridad y el inicio de una nueva
administración, el Tribunal, de oficio, reiterará los requerimientos y medidas
de apremio previstos en el artículo 331 y en el párrafo anterior, con la
finalidad de salvaguardar los derechos de los justiciables. Ninguna destitución
podrá recaer en autoridad alguna sin que se agoten los requisitos previstos en
el párrafo anterior”.

Con
base en el resultado de la votación emitida en cada caso, la Mesa Directiva
declaró aprobados los dictámenes en lo particular y en lo general, ordenó
emitir el decreto correspondiente y turnarse al titular del Poder Ejecutivo
para su promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de
Veracruz, presidida por la diputada Mónica Robles Bajaras, sesionó este 29 de
enero para analizar la iniciativa que adiciona la fracción VIII al artículo 48
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la fracción X-B al artículo 25, el
título cuarto con un capítulo único, a la Ley Orgánica de la Universidad
Veracruzana, y el artículo 11 a la Ley de Autonomía de la Universidad
Veracruzana.

En
la sesión de parlamento abierto (transmitida en vivo por los canales oficiales
de este Poder) participaron, además de la diputada Robles Barajas, la
legisladora Erika Ayala Ríos, vocal de la Comisión antes citada; el abogado
general de la UV, Alberto Islas Reyes y el diputado Rodrigo García Escalante,
autor de la iniciativa, puesta a consideración del Pleno el 13 de diciembre de
2018.

La
diputada Mónica Robles señaló que para formular cualquier iniciativa debe
considerarse la opinión de expertos en la materia, así como la autoridad a la
que habrá de impactar la reforma.

Agregó
que como Comisión, deben definir si el Congreso, al otorgar la facultad de
presentar iniciativas a los órganos autónomos, también debe decidir cuál es el
mecanismo por el que se deben construir esas iniciativas; y en tal caso, sin
duda debe considerarse la opinión del organismo autónomo, en este caso, de la
Universidad Veracruzana.

La
legisladora Erika Ayala Ríos, expuso que esta reforma de ninguna manera vulnera
la autonomía de la Universidad y que si la Legislatura pasada, consideró
otorgarle a la Institución la facultad de presentar iniciativas, lo hizo para
que fueran los expertos que están ahí, quienes pudieran hacerlas; “pero eso en
ningún momento limita al propio Congreso de seguir generando las propias
iniciativas a las que tienen derecho”.

El
académico Alberto Islas Reyes mencionó que el Consejo Universitario General,
máxima autoridad universitaria, nombró a una comisión transitoria integrada por
miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Centro de
Globalización y Seguridad, y de la Facultad de Derecho; con la intención de
integrar un anteproyecto que a la fecha se sigue construyendo.

Reconoció
que constitucionalmente, la facultad de recibir la iniciativa, de que cumpla su
proceso legislativo interno y de que se apruebe, es competencia del Congreso;
sin embargo, puntualizó que están haciendo el ejercicio que la Constitución les
puso a disposición. “Que sea la primera vez que la Universidad construya su
propio instrumento jurídico de operación ordinaria”, subrayó.

En
respuesta, el diputado García Escalante, señaló que actualmente, la UV no tiene
un procedimiento para poder crear su propio instrumento jurídico, que es lo que
mandata la reforma constitucional y que el Consejo Universitario no tiene las
atribuciones para crear la comisión transitoria para presentar iniciativas, “lo
que proponemos es eso, darle las facultades a la UV para tenerlas”, enfatizó.

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante
del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó un
anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos
municipales de Orizaba, Ixtaczoquitlán, Río Blanco, La Perla, Mariano Escobedo
y Nogales para que destinen recursos económicos al Cuerpo de Bomberos de la
estación 119, con sede en la ciudad de Orizaba, que le permitan cubrir el
adeudo, de 363 mil pesos, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La
legisladora recordó que la estación 119 del Cuerpo de Bomberos existe desde
1971 y da servicio a la población en situaciones de
emergencia, como son incendios, fugas de gas, retiro de enjambres de abejas,
salvamento en ríos, entre otras.

Expuso que durante muchos años esta estación
funcionó mediante condonaciones de servicios, como agua, predial y servicio de
luz, con el ayuntamiento y con empresas como la CFE, en retribución de las
innumerables acciones de auxilio brindadas a la población en todos los
municipios aledaños.

Informó que desde abril de 2017 la CFE ha requerido
a los bomberos de Orizaba un pago, por la cantidad de 363 mil pesos, por los
servicios de energía eléctrica y desde el 11 de mayo de ese mismo año, a la
estación 119 le fue cortado dicho servicio.

Destacó que a pesar del corte de energía eléctrica,
los Bomberos de Orizaba continúan brindando el servicio a la población y
ejemplificó el hecho de este 28 de enero, en la colonia Barrio Nuevo, donde
cuatro elementos, con un carro bomba y un camión cisterna, apagaron un incendio
de una vivienda de madera con estructura metálica, que arrojó como saldo de una
persona lesionada.

De igual forma, explicó que para suplir el servicio
de energía eléctrica, recurrieron a la utilización de una planta de luz operada
por gasolina, la cual, a la par de consumir los pocos recursos económicos con
los que cuentan, es insuficiente para cubrir las necesidades de operación.

La diputada Cristina Alarcón subrayó que en
cumplimiento al artículo 12 de la Ley 676 de los Cuerpos de Bomberos para el
Estado de Veracruz (con vigencia del 24 de julio de 2018) los ayuntamientos
deben respaldar con recursos económicos a los cuerpos de bomberos, toda vez que
la norma dicta que el presupuesto de los cuerpos de bomberos, que en su caso
corresponda, se determinará en el presupuesto anual de egresos que apruebe el ayuntamiento
respectivo.

Agregó que a la fecha, son ya 20 meses que los
bomberos de la estación 119 carecen de luz eléctrica y nunca han dejado de
acudir a un llamado de emergencia, por lo que –consideró- urgente que los
ayuntamientos asuman su compromiso hacia esta noble institución que apoya a las
y los ciudadanos.

Su anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política, al tiempo sumarse los diputados Augusto Nahúm Álvarez
Pellico, Ana Miriam Ferráez Centeno y los integrantes del Grupo Legislativo
“Del Lado Correcto de la Historia”.

Este 29 de enero, el Pleno de la LXV Legislatura del
Estado dio entrada al oficio signado por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac
García Jiménez, por el que propone a los ciudadanos Adolfo Cortés Veneroso, Esteban Martínez Vázquez, Bertha Inés Chávez Méndez, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández
Cadena y Sofía Martínez Huerta para que ocupen el cargo de magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.

Lo anterior, en términos del artículo 59 de la
Constitución Política del Estado que señala “Los magistrados serán nombrados
por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado. En los recesos del
Congreso la Diputación Permanente hará el nombramiento, con carácter
provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva”.

Esta lista fue turnada, por la Mesa Directiva
presidida por el diputado José Manuel Pozos Castro, a la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) para su estudio y dictamen correspondiente.

En la sesión, décima quinta del primer periodo
ordinario, el Pleno aprobó el Dictamen por el cual se autoriza al Ayuntamiento
de Acajete a donar un terreno, del fundo legal, a favor del Gobierno del
estado, con destino a los Servicios de
Salud de Veracruz, para la construcción del centro de salud de este municipio.

De igual forma se determinó que el propio
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, a través de sus áreas administrativas
correspondientes, sea quien realice las adecuaciones necesarias en su fondo de
participaciones para dar cumplimento a la sentencia recaída en los autos del
juicio contencioso administrativo 129/2013 y acuerdo de ejecución de sentencia
43/2016 del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Además, el Pleno determinó que el Congreso de
Veracruz no tiene facultades para autorizar una ampliación presupuestal al
Ayuntamiento de Tlacojalpan, por lo que deberá ser el propio Ayuntamiento, a
través de sus áreas administrativas, quien realice las acciones necesarias para
dar cumplimiento a la sentencia recaída sobre el expediente laboral número
568/2010-IV del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La diputada María Esther López Callejas, del Grupo
Legislativo Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó un Anteproyecto con Punto
de Acuerdo por el que solicita al Gobierno Federal, revise las concesiones
mineras otorgadas para explotar el suelo veracruzano y de encontrar
irregularidades, ordene su cancelación.

La
diputada López Callejas sostuvo que el compromiso con el medio ambiente, es
parte de un proyecto de nación y responsabilidad de todos.

Refirió
que la minería es una actividad económica que a pesar de generar cuantiosos
ingresos a las empresas productoras, provoca la destrucción de ecosistemas y la
destrucción del medio ambiente; es decir que, lejos de ser una forma adecuada
de producción de riquezas, genera un ecocidio.

“Los
daños que ocasionan a las regiones cercanas donde se llevan a cabo estos
proyectos mineros merman el bienestar del medio ambiente y la salud de los
habitantes que viven en la región”, puntualizó.

Con
base en datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la
legisladora señaló la gran cantidad de contaminación que produce la obtención
de materiales valiosos de la corteza terrestre.

Mencionó
que a nivel federal, el pago de impuestos por ésta actividad es mínimo y sin
embargo son muchas las empresas extranjeras beneficiadas por un gran número de
concesiones durante la administración federal anterior.

Señaló
que estas empresas vulneraron leyes ambientalistas, presentan diversas fallas
técnicas y análisis superfluos en sus permisos de explotación minera.

Asimismo,
citó las declaraciones del ambientalista Emilio Rodríguez, integrante de la
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), quien refirió
que las empresas cuentan con una concesión por 50 años y se renuevan con 50
años más, por lo que tienen los instrumentos legales construidos desde hace 20
años para que su operación avance.

Ante
este contexto, López Callejas cuestionó las supuestas cancelaciones que en su
momento anunció SEMARNAT, además aseguró que resulta sospechoso que empresas
transnacionales hayan obtenido concesiones para la explotación de minas, sin
los requerimientos ambientalistas adecuados.

Por
lo que ante el Pleno, realizó una solicitud de manera respetuosa, ante el
Gobierno Federal para que a través de las instancias correspondientes, se lleve
a cabo una revisión exhaustiva de los permisos para explotar tierras
veracruzanas y de no cumplir con lo dispuesto en la ley, ser canceladas dichas
concesiones de manera inmediata.

Este
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y
dictamen.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez,
representante del Distrito VII de Martínez de la Torre, presentó ante el Pleno
de la LXV Legislatura un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al
presidente municipal de Martínez de la Torre a que, en el ámbito de su competencia, implemente
acciones urgentes, eficientes y eficaces, para garantizar la seguridad de los
habitantes del municipio que gobierna.

Durante la
décima quinta sesión ordinaria, del primer año de labores, la integrante del
Grupo Legislativo de Morena, indicó que la inseguridad es uno de los problemas
que más le han hecho saber sus representados, toda vez que se han incrementado
los robos a viviendas y comercios, extorsiones y secuestros; lo cual –agregó-
mantiene a la población intranquila y con incertidumbre.

Expuso que
además de la intranquilidad para las familias de Martínez de la Torre, el
sector empresarial es uno de los que más reciente la violencia e inseguridad y
se refleja en que varios han optado por cerrar sus negocios definitivamente.

“Resulta
inadmisible que gente que invierte su capital para establecer un negocio y al
mismo tiempo generar empleos, se vea afectada por conductas contrarias a la
legalidad, pero también a causa de la omisión de quienes tienen que velar por
la seguridad de todos”, abundó.

La
diputada recordó que en días recientes, los ciudadanos se han inconformado, en
medios de comunicación y redes sociales, con la medida implementada por el
presidente municipal de Martínez de la Torre, José de la Torre Sánchez, al
ocupar a la policía municipal para resguardar a sus familiares y cuidar sus
empresas.

Esta
situación –detalló- indigna a los habitantes, tanto de la cabecera como de las
comunidades martinenses, “mientras ellos sufren los embates de la delincuencia,
la autoridad municipal utiliza indebidamente, para su beneficio personal, a
algunos elementos de la policía bajo su jurisdicción, que bien podrían realizar
operativos y rondines por los puntos donde se registran altos índices
delictivos”.

La
legisladora Martínez Sánchez expuso que de acuerdo al censo del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Martínez de la Torre, cuenta con
110 mil 415 habitantes, lo que hace evidente que se trata de un municipio con
una amplia densidad y que, en consecuencia, requiere de atención oportuna a sus
problemas reales, sin ser la excepción el de la inseguridad.

“Sabemos
que la inseguridad es un tema que debe combatirse de raíz, con inteligencia y
estrategia, pero sin simulaciones, improvisaciones e indiferencia”, concluyó.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para el trámite
legislativo correspondiente.

El Grupo
Legislativo de Morena, en voz del diputado León David Jiménez Reyes, presentó
una Iniciativa
con proyecto de Decreto que reforma diversas leyes orgánicas y que tiene como
propósito apoyar el programa de
austeridad y proponer a los contralores la disposición del personal de base y confianza,
con el que ya se cuenta en las instituciones, para apegarse a las medidas de austeridad y así eficientar los
recursos económicos, financieros y humanos de cada dependencia, entidad, órgano
y poder de Estado, en el marco de aplicación del Sistema Estatal
Anticorrupción.

La
iniciativa busca reformar las leyes de la Fiscalía General del Estado; de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos; de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado; de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado; de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas; del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; del Poder
Legislativo del Estado; del Poder Ejecutivo y la del Municipio Libre, así como
el Código Electoral del estado de Veracruz.

La
legislador León David Jiménez Reyes, aseguró que en concordancia con las leyes
emitidas a partir del Sistema Nacional Anticorrupción, es necesario trabajar
coordinadamente de manera local para que exista un trabajo en conjunto y así realizar
adecuaciones en los diferentes niveles
de gobierno para que estén actualizados y regularizados, y por ende ocuparse en
la prevención, detección, y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, además en la fiscalización y control de recursos
públicos.

Por lo anterior,
-añadió- el grupo Legislativo de Morena, “considera necesario realizar una
reforma legal que privilegie los principios de eficacia y austeridad, con los
cuales se busca que las metas y los objetivos que el Sistema
Estatal Anticorrupción ha impuesto a los Órganos Internos de Control, se
logren con la menor cantidad de recursos
financieros y humanos posible”.

Asimismo,
aseguró que los Órganos Internos de Control desempeñan un papel
fundamental al atender todo lo relativo a las faltas administrativas no graves
de los y las servidores públicas, por lo que es esencial la reforma de varios
ordenamientos legales ya existentes, así como la emisión de nuevas leyes que
definan y den operatividad al naciente Sistema Local Anticorrupción.

Expuso que si las reformas realizadas por un lado son benéficas para el fortalecimiento de los
institutos, también se corre el riesgo
de ensanchar su estructura administrativa para la atención adecuada del Sistema
Anticorrupción por lo que, “también estamos llamados a actuar con
responsabilidad”.

Recordó
que este Sistema se encuentra conformado por los titulares del
Órgano de Fiscalización Superior, (ORFIS), de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, de la Contraloría General del Estado (CGE), Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa (TEJAV), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Consejo de la
Judicatura y del Comité de Participación Ciudadana.

De esta forma –prosiguió- este proyecto
plantea que estos entes tomen en cuenta directrices como su carga de trabajo, disponibilidad
presupuestal y la debida separación entre las
funciones de
investigación
en el marco del procedimiento de responsabilidad administrativa, de
aquellas correspondientes a la substanciación y, en su caso, resolución del
mismo.

Jiménez
Reyes, subrayó que con esta iniciativa se está a favor de los principios de
eficiencia y austeridad, buscando siempre la eficiencia y buen trato que las y
los veracruzanos merecen.

Dicha
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales
para su análisis y dictamen correspondiente.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presentó
un anteproyecto con Punto de Acuerdo que busca exhortar al titular del Poder
Ejecutivo, para que con fundamento en el artículo cuarto transitorio del
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, incluya en la
propuesta de ajuste presupuestal -que remita a esta Soberanía- partidas
destinadas al impulso del café veracruzano.

De esta manera, la integrante del Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional (PAN) pide que en este ajuste sean incluidas las
siguientes partidas presupuestales: 33 millones de pesos para la Activación de
la Agroindustria del café; 20 millones de pesos para la renovación de cafetales y nueve millones de pesos para el Fomento a la producción
de cafés de especialidad que contemple maquinaria y equipo especializado.

Además de 8 millones de pesos para la Activación del
Consejo Reguladores del café Veracruz para la denominación de origen y 10
millones de pesos para el combate de plagas y enfermedades.

La también presidenta de la Comisión Especial para
la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y
Comercialización del Café Veracruzano sostuvo que de la siembra y
comercialización del café 86 mil veracruzanos garantizan el sustento a sus
familias y promueven el bienestar en la entidad.

Agregó que en años recientes los productores han
visto afectados sus ingresos y productividad por una serie de condiciones
desfavorables para esta actividad como son las diferentes plagas, el descenso
de los precios e incluso condiciones climatológicas.

“Esto, ha provocado que en un período de cinco años
bajara en 50 por ciento la producción de café en Veracruz, al pasar de 12 a
sólo seis quintales en promedio por hectárea”, refirió.

El
diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de
MORENA, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhortaría
a los supervisores y directores escolares, a regularizar los predios de las
escuelas de todos los niveles educativos, que no cuentan con títulos de
propiedad.

El
legislador informó que más del 50 por ciento de las escuelas públicas
veracruzanas carecen de escritura, debido a que muchos de los predios escolares
fueron donados o construidos donde se necesitaban, sin considerar su situación
legal.

Precisó
que son 12 mil 541 planteles de todos los niveles educativos, del sistema estatal
y federal, los que deben regularizar su situación jurídica.

Para
atender este problema, refirió que el Secretario de Educación de Veracruz,
Zenyazen Escobar García, anunció el programa “Escuela garantizada, escritura
garante”.

Este
programa –explicó–, traerá a las instituciones educativas certeza jurídica y
patrimonial, acceso a los recursos de gobierno estatal y federal; así como
mejoras en infraestructura, obras de rehabilitación y equipamiento escolar.

Vargas
Barrientos señaló que en Veracruz, los indicadores muestran que en los últimos
años no hubo avance en materia educativa, situación palpable en decenas de planteles.

La
deplorable situación de las escuelas pone en riesgo la vida de estudiantes,
personal docente, administrativo e intendente –evidenció el legislador– para enseguida
reconocer que son los padres de familia quienes tienen que hacerse cargo del
mantenimiento de los inmuebles educativos.

Por
los motivos antes expuestos, desde la más alta tribuna del Estado de Veracruz,
el diputado originario de Fortín propuso emitir un exhorto para la regularización
y escrituración de los predios escolares de todos los niveles educativos;
además, pidió a la Dirección Jurídica del Congreso, que a través del
Departamento de Fundo Legal, asesore y colabore con el departamento jurídico de
la Secretaría de Educación de Veracruz en la realización de trámites.

Del
mismo modo, hizo un llamado a diputadas y diputados para que, de manera
respetuosa, inviten a las autoridades educativas que correspondan a sus
distritos, y juntos coadyuven en la regularización, medida que abonaría al
desarrollo educativo de Veracruz.

El
anteproyecto de punto de acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación
Política para su análisis.

El diputado Amado Jesús Cruz Malpica, integrante del
Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó la iniciativa
que prevé reformar y derogar diversas disposiciones del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre con el propósito de reducir el número de ediles,
lo que representará un ahorro que para los ciudadanos constituye la existencia
de este órgano colegiado.

En esta propuesta, presentada durante la décima
quinta sesión ordinaria, el diputado Cruz Malpica propone establecer tres
rangos para la asignación de ediles. Tres, para los municipios de hasta 70 mil
habitantes; cinco, para los municipios de más de 70 mil y hasta 150 mil
habitantes. Siete, para los municipios de más de 150 mil habitantes.

De igual manera, el legislador plantea eliminar las
fracciones IV, V y VI relativas a la asignación de ediles para municipios que
irían de los 125 mil a los 400 mil habitantes.

Asimismo, busca señalar que el Congreso del Estado podrá modificar, por el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes el número de Ediles, con base en el Censo
General de Población de cada diez años o, en su caso, el Conteo de Población y
Vivienda, antes de la elección que corresponda.

Lo
anterior, escuchando la opinión de los ayuntamientos respectivos y, en su caso,
atendiendo la propuesta que presente el Organismo Público Local Electoral
(OPLE) en el estado, a fin de actualizar su número, para efectos de lo
dispuesto en las fracciones anteriores.

En su
intervención en tribuna, el también secretario de la Comisión de Organización Política y Procesos
Electorales dijo que de no comenzar a tomar decisiones de esta naturaleza, tendientes a mejorar, reducir en
tamaño y costos, legitimar y hacer eficiente y eficaz el sistema de partidos y
de representación popular, se continuará deteriorando la confianza de la
población en el mismo.

Destacó que la legislación vigente arroja una
conformación total de 630 regidores para todo el Estado, con una población de
más de 8 millones de ciudadanos.

Sostuvo
que a través de las medidas propuestas, se lograría un
ahorro considerable para los municipios y el estado de Veracruz, se
contribuiría a la simplificación y adelgazamiento de un sistema
político-electoral en las partes que son susceptibles de ello sin perjudicar su
funcionamiento, y se contribuiría a la mejora en la crisis financiera que
actualmente atraviesa el gobierno del Estado.

“Tendríamos una reducción del 48 por ciento del
total de los regidores actuales que conforman los ayuntamientos, lo que
significaría un ahorro anual considerable para sus finanzas, que puede ser
aprovechado en otros rubros para cumplir necesidades prioritarias”, refirió el
diputado por Coatzacoalcos.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Organización
Política y Procesos Electorales para el trámite legislativo correspondiente.

Al pronunciarse sobre el precio de la caña de azúcar
en la zafra 2018-2019, el diputado Juan Carlos Molina Palacios exigió a los
industriales azucareros para que, de manera urgente, atiendan la problemática
expresada por las organizaciones cañeras nacionales y se garantice la
exportación de excedentes de azúcar, equivalente a 2.5 millones de toneladas de
azúcar.

De igual forma, durante la décima quinta sesión
ordinaria, el legislador pidió que el Gobierno Federal realice, a través de la
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, de la Secretaría de Economía,
una investigación formal contra la fructosa estadounidense que entra al país.

Además, el diputado Molina Palacios pidió exhortar
al Senado de la República y a la Cámara de Diputados Federales para que sea
revisada la situación que guarda el acuerdo de azúcar entre México y Estados
Unidos en el T-MEC (antes TLCAN) que más afecta a los cañeros y a la industria
azucarera mexicana: la fructosa de maíz transgénico.

Por otra parte, el legislador solicitó, a la Junta
de Coordinación Política del Congreso del Estado, aprobar el exhorto que presentó, desde el 8 de enero,
para pedir al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar políticas
públicas que frenen la importación de alta fructosa y edulcorantes a México y
con esto se mejore el precio de la caña de azúcar, en apoyo de los productores.

Recordó que desde el inicio de la zafra 2018-2019,
se empezó con baja en el precio de la azúcar en las principales centrales de
abasto, por lo que el día 18 de enero las organizaciones nacionales CNC y CNPR
determinaron tomar las bodegas de los ingenios del país para evitar que esa
azúcar se siga vendiendo en mercado locales a bajos precios y no se está
cumpliendo con los compromisos de
exportación al mercado mundial.

El estado de Veracruz es un gran productor de caña
de azúcar, miles de familias del país y estado viven de esta importante
agroindustria, refirió el diputado, quien agregó que la siembra y procesamiento
requieren de mucha mano de obra y es una gran fuente de empleo en México.

El
diputado Bingen Rementería Molina, del distrito XV, puso a consideración de la
LXV Legislatura del Congreso del Estado, un Anteproyecto con Punto de Acuerdo
para exhortar a la Federación a que no escatime esfuerzos, ni recursos públicos
en el combate a la inseguridad en el Estado de Veracruz.

Durante
su intervención en Tribuna, el legislador propuso que el Estado reciba del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el mismo presupuesto
ejercido el año pasado.

Dijo
que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha
establecido una nueva fórmula diseñada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, que agrega un componente para evitar que las entidades pierdan
recursos.

No
obstante, puntualizó que esta reformulación, implica recortarle al Estado de
Veracruz, recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública,
reduciéndolos en cifras cerradas, de 308 millones 485 mil pesos del 2018, a
240 millones 850 mil, para este año.

La diputada Judith Pineda Andrade, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual se exhortaría al
Ejecutivo estatal y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a dar
cabal cumplimiento al pago de Sentencias por Controversias Constitucionales
resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de
diversos Ayuntamientos.

En su propuesta la legisladora solicita que dichos
pagos deberán ser íntegros, respetando los montos y fechas establecidas en el anexo
XXVIII del Presupuesto de Egresos, del Gobierno del Estado de Veracruz para el
Ejercicio Fiscal 2019.

De igual forma exhorta a los presidentes municipales
y ayuntamientos que ganaron las controversias constitucionales interpuestas
ante la SCJN y cuyas sentencias ordenan el pago de los recursos, que en su
momento fueron desviados o retenidos por el Gobierno del Estado, a asegurarse
de recibir íntegramente el monto que fue determinado en las resoluciones del
máximo tribunal del País, a fin de no afectar la Hacienda Pública Municipal.

También, solicita al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (ORFIS) a que emita lineamientos específicos para realizar
auditorías al 100 por ciento de los recursos que reciban los ayuntamientos con
motivo de la ejecución de las sentencias dictadas por la SCJN, con motivo de
las controversias constitucionales promovidas por la falta de ministración de
recursos federales en que incurrió el Gobierno estatal.

La diputada Pineda Andrade, vocal de la Comisión
Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, enfatizó que para los
Ayuntamientos que ganaron las controversias, recibir un recurso adicional es
una buena noticia, “pero no debemos olvidar que esos recursos originalmente son
federales, que provenían de un fondo específico para atender un fin
determinado, es decir, que, conforme a las reglas de operación
correspondientes, esos recursos, antes y ahora: están etiquetados”.

Destacó que en apego a las leyes de
responsabilidades y anticorrupción vigentes se hace necesario advertir a los
munícipes, que no pueden negociar los
montos que la SCJN ha ordenado que reciban, porque son recursos públicos que
quedaron pendientes de ser entregados.

“Negociar los recursos etiquetados en beneficio de
pueblo es corrupción, y nadie puede, ni de buena fe o por ignorancia de la ley,
eximirse del cumplimiento de una sentencia”, concluyó.

Su
anteproyecto fue turnado, para su estudio y análisis, a la Junta de
Coordinación Política.

La
diputada Judith Pineda Andrade, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reformaría los artículos 103,
104 y 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Veracruz.

Para
una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, se propone la creación de la Procuraduría Estatal de Protección,
la cual sería un organismo público descentralizado, con autonomía técnica y de
gestión, sectorizado a la Oficina del Gobernador del Estado.

La
diputada panista dijo que es necesario que la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, que opera actualmente en el DIF estatal y cuenta
con representación en los municipios, se fortalezca y deje de estar subordinada
a esta dependencia de carácter asistencialista, acción que mandaría el mensaje
de que la protección especial de niños, niñas y adolescentes con derechos
vulnerados es una prioridad de la política de infancia en Veracruz.

Lo
anterior –expuso-, permitiría a esta Procuraduría coordinar una red
institucional necesaria para proteger integralmente los derechos de niñas,
niños y adolescentes, otorgándole facultades más amplias que favorezcan su
intervención sin las limitaciones que actualmente tiene por depender estructuralmente
del DIF estatal.

Durante
su exposición de motivos, la legisladora del Distrito II de Tantoyuca, refirió
que aunque Veracruz cuenta con la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y
Adolescentes, su función está encaminada a la atención de las necesidades de
alimentación, salud, educación y protección de los derechos de los menores de
edad en estado vulnerable, es decir, a la asistencia social, cuando el marco
jurídico internacional es mucho más amplio.

Por
esa razón, los integrantes del Grupo Legislativo del PAN, consideraron que el
fortalecimiento de la protección de los derechos de la niñez, debe ser un tema
primordial en la agenda legislativa, atendiendo los vacíos legales que no se han
considerado, para procurar una efectiva y adecuada protección.

Aseveró
que el Procurador Estatal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Veracruz, debe garantizar y resguardar los derechos humanos y para
ello debe contar con recursos técnicos y herramientas para implementar mecanismos
de protección especial y restitución de derechos.

El
titular de esta Procuraduría –especificó–, debe contar con amplios
conocimientos en materia de derechos humanos, con especialidad en la atención
de los menores, conocer y detectar áreas de conflicto, coordinar acciones de
protección y restitución de derechos de la niñez y adolescencia en el Estado.

Por
lo anteriormente expuesto, el Grupo Legislativo del PAN propuso reformar los
párrafos primero y cuarto del artículo 103; la fracción IV y el último párrafo
del artículo 104; así como el artículo 122 de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de los Derechos de la Niñez y
la Familia para su análisis y dictamen.

La Sexagésima Quinta Legislatura actúa con estricto
apego a legalidad y respeto a derechos humanos, señaló el diputado Rubén Ríos
Uribe, presidente de la Comisión Permanente Instructora, durante la audiencia
de pruebas y alegatos, celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Poder Legislativo, como parte del proceso de Juicio Político en contra del
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La audiencia tuvo carácter de privada, en atención
al artículo 7 de la Ley de Juicio Política y Declaración de Procedencia para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que dicta “en el juicio político y la
declaración de procedencia, los acuerdos del Congreso del Estado y las
resoluciones del Tribunal Superior de Justicia se tomarán en sesión pública o
privada, según puedan afectarse las buenas costumbres o el interés general”.

El legislador Ríos Uribe subrayó que la Comisión
Instructora tiene una conformación plural, toda vez que él, en su calidad de
presidente, pertenece al Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”,
la diputada Jessica Ramírez Cisneros, secretaria, de Morena y el diputado
Enrique Cambranis Torres, vocal, del Partido Acción Nacional (PAN).

Dijo que esta instancia legislativa, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley, tiene la obligación de desahogar los
asuntos que le son turnados por el Pleno y en esta ocasión corresponde escuchar
las pruebas que presenten el denunciante y el denunciado y, con base en el
artículo 22 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, dictaminar –tres días posteriores a la fecha
de la audiencia- los hechos denunciados.

El diputado Rubén Ríos descartó “tintes políticos o
partidistas” en este proceso de Juicio Político y –aseguró- que se trata del
cumplimiento de la ley. “Como diputados nos corresponde hacer nuestra labor en
el Congreso del Estado, viendo en todo momento por el interés superior de las y
los ciudadanos. Considero que es el pueblo quien juzga y ellos no se
equivocan”.

Por último, el legislador hizo un llamado a los
actores políticos involucrados en el tema a conducirse con civilidad y respeto,
toda vez que la división y el encono perjudican a las instituciones y a la
sociedad en su conjunto.

La
Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de
Personas en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en voz de la diputada
Rosalinda Galindo Silva, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para
reformar el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Derechos y el Código
Civil para el Estado de Veracruz

En
la sesión ordinaria del pasado 22 de enero, la Comisión Especial presentó el proyecto
de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas
para el Estado de Veracruz que permitiría, entre otras cosas, establecer el
procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia.

Este
proyecto de Ley –explicó–, obliga a la reforma y adición de normas en los
Códigos Civil, de Procedimientos Civiles y el de Derechos.

De
este modo, la Comisión Especial plantea reformar el Código de Procedimientos
Civiles en el primer párrafo del artículo 117 a efecto que, la competencia para
conocer del procedimiento de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición,
corresponda a los Jueces de Primera Instancia de lo Familiar, toda vez que la
mayoría de los efectos previstos para las declaraciones de dicha naturaleza
atañen al núcleo familiar, como ya ha sido reconocido por el Honorable Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

Propone
reformar el Código de Derechos Estatal, a efecto de privilegiar el principio de
gratuidad que debe permear en todos los actos requeridos para la Declaración
Especial de Ausencia por Desaparición; así mismo, en su artículo 60, incluiría que
la expedición de copias certificadas que se requieran, no tengan costo alguno.

Finalmente,
la legisladora del Distrito X de Xalapa, planteó adicionar el artículo 652 Bis
al Código Civil para el Estado, a efecto de remitir al juzgador a observar las
disposiciones de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por
Desaparición de Personas, obligatoriamente aplicables a todos aquellos casos relacionados
con personas cuyo paradero se desconoce y se presuma, por cualquier indicio,
que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

Estas
reformas darían operatividad a las disposiciones de la Ley Estatal en materia
de Desaparición de Personas, así como a las del Proyecto de Ley para la
Declaración Especial de Ausencia por Desaparición presentado por la Comisión Especial,
integrada por la diputada presidenta Elizabeth Cervantes de la Cruz, la
diputada secretaria Rosalinda Galindo Silva y el diputado secretario Henri
Christophe Gómez Sánchez.

Así
como por las diputadas vocales, Erika Ayala Ríos, María Esther López Callejas, Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, Magaly Armenta Oliveros, Florencia Martínez Rivera, Brianda
Kristel Hernández Topete, Mónica Robles Barajas y Deisy Juan Antonio.

La diputada María Josefina Gamboa Torales,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la
iniciativa de reforma al artículo 206 Bis del Código Penal del Estado que prevé
elevar las actuales penalidades por el robo de instalaciones eléctricas, así
como el establecimiento de dos agravantes cuando con este ilícito se genere una
afectación a un grupo considerable de personas.

La legisladora recordó que “los amantes de lo ajeno”
no han perdido la oportunidad de obtener un ingreso económico mediante
actividades de hurto, ya que se han dado varios ejemplos del robo de los
materiales que se han adquirido para ser utilizados en la creación o
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, “o lo que es más
increíble, se los han robado, ya una vez que están incorporados a las
luminarias públicas”.

De esta manera y de acuerdo a la iniciativa a quien,
con ánimo de dominio, lucro o uso, sin consentimiento de quien legalmente pueda
otorgarlo, se apodere de metales, como cobre, bronce, fierro, aluminio, acero,
níquel y sus aleaciones, utilizados en
monumentos, instalaciones eléctricas o hidráulicas se le sancionará con prisión
de tres a nueve años y multa de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización
(UMA) si el valor de lo robado no excediera las 100 UMA.

De igual forma se busca establecer que si el valor
de lo robado excediera de 100 UMA, se sancionará con prisión de cinco a 15 años
y multa de hasta 900 UMA.

En caso que las citadas conductas causen
afectaciones a un grupo mayor de cien personas, las infracciones señaladas
podrán incrementarse hasta en una tercera parte, indica la propuesta
legislativa.

Asimismo, cuando el sujeto activo cometa las citadas
conductas como medio para realizar otro delito, las sanciones previstas se
aumentarán hasta en dos terceras partes.

La diputada Gamboa Torales considera necesario
reformar el Código Penal para que el delito de robo de instalaciones eléctricas
sea penado de una manera ejemplar, y así evitar que se siga dando el hurto de
materiales como el cable de cobre, “debido a que esto trae aparejado la
creación de un campo nocturno de cultivo para la criminalidad”.

Agregó que con este delito se pierde, no solamente
el dinero público invertido en las instalaciones, sino la tranquilidad que se
había generado para un sector de la población con el alumbrado.

La iniciativa, que busca reformar las fracciones I y
II, así como adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 206 Bis del
Código Penal para el Estado, fue turnada para su análisis a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

A nombre del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz presentó la
iniciativa de reforma al artículo 44 de la Ley de Desarrollo Integral de la
Juventud que tiene como propósito establecer la obligación del Gobierno estatal
de asignar un presupuesto que permita planear, promocionar y aplicar las
actividades de atención y asistencia que coadyuven al desarrollo integral de la
juventud.

Este presupuesto deberá garantizar el cumplimiento
eficaz y eficiente de los citados propósitos, por lo cual bajo ninguna
circunstancia será menor al del ejercicio fiscal inmediato anterior.

En su intervención, durante la décima cuarta sesión
ordinaria, la legisladora subrayó que de aprobarse esta iniciativa no solo se
contribuirá al desarrollo puntual de las políticas públicas y los programas que
durante la actual administración Estatal se implementen en la materia, sino
también, guardará concordancia con el trabajo que viene realizando el Gobierno
de México, donde como principal acción destaca la denominada: “Jóvenes
Construyendo el Futuro”.

La también presidenta de la Comisión Permanente de
Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad explicó que uno de los
principales activos que tiene Veracruz radica en los jóvenes, ya que –de
acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía- se cuenta con
un millón 959 mil 243 jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 29 años de
edad.

Destacó que en Veracruz el sentir de los jóvenes se
evidencia en su justo reclamo por la falta de oportunidades en diferentes
rubros y que los esfuerzos institucionales efectuados al respecto no han sido
los suficientes.

Agregó que se advierte la necesidad de edificar
mayores condiciones orientadas a cumplir su legítimo anhelo de alcanzar un
futuro promisorio y verdaderamente alentador.

De igual forma convocó a las diputadas y diputados
de la LXV Legislatura a que se sumen a esta propuesta, “sin tomar en
consideración ideologías políticas y sí, en cambio, el bienestar de una de
nuestras más grandes riquezas, la juventud veracruzana”.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la
Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Juventud y Deporte y
Atletas con Discapacidad.

El diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, asistió al foro “Opciones de
Financiamiento y Aplicación de Fondos Federales para Municipios”, realizado por
el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario de Finanzas
y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.

El Foro fue celebrado en las instalaciones del Museo
Interactivo de Xalapa (MIX), con la finalidad de brindarles
información, a los integrantes de los ayuntamientos veracruzanos, que les
permita fortalecer su crecimiento y una mejor gestión de los recursos
federales. Se contó con la asistencia de funcionarios de los gobiernos federal
y estatal, así como ediles de los 212 ayuntamientos de la entidad.

El
gobernador Cuitláhuac García Jiménez puso a consideración de la LXV
Legislatura, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas
disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios
de Veracruz.

La
iniciativa publicada en la Gaceta Legislativa número 17, propone la adición de
los artículos 8 Bis, 8 Ter y 17 Bis, que quedarían como sigue:

Artículo
8 Bis.El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, deberá publicar
anualmente en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el «Acuerdo
por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y
Variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave», mismo que señalará de
manera clara y didáctica, la información completa y detallada de las
participaciones que el Estado tenga obligación de participar a sus municipios,
las variables, fuentes de información, valores y métodos de cálculo utilizados
para distribuir las participaciones, por cada uno de los fondos e incentivos.

Artículo
8 Ter. El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, pondrá a
disposición de los municipios que lo requieran, la información necesaria que les
permita comprobar la correcta determinación de sus factores de participaciones
e incentivos económicos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal, así como el monto

de
los mismos.

Artículo
17 Bis. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, participará el 100%
de la recaudación del impuesto sobre la renta, correspondiente a los municipios
y a sus organismos municipales que lo hayan enterado a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, por salarios pagados con recursos propios o
participaciones federales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3-B
de la Ley de Coordinación Fiscal.

La
participación correspondiente a los municipios se realizará de conformidad con
la información de montos que proporcione la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que en caso
de ajustes derivados de diferencias en el entero de dicho impuesto respecto de
algún municipio o municipios, la Secretaría realizará los descuentos con cargo
a la ministración correspondiente a las ministraciones subsecuentes, informando
a dichos municipios de la instrucción recibida por la Unidad de Coordinación
señalada.

En
la exposición de motivos, el Ejecutivo del Estado cita el penúltimo párrafo del
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que los Gobiernos de
las entidades federativas, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en
su periódico oficial, así como en su página de internet, el calendario de entrega,
porcentaje, fórmulas, variables utilizadas y los montos estimados de las
participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de
participar a sus municipios;

En
tanto, La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artículos 9, 10, 11, 12 y 14, establece
los porcentajes, variables y fórmulas, mediante los cuales deben repartirse
entre los municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, los recursos
provenientes del Fondo General de Participaciones Municipales, del Fondo de
Fomento Municipal, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Ingresos
derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal y Fondo
de Extracción de Hidrocarburos.

El
diputado presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, turnó la
iniciativa a la Comisión Permanente de
Hacienda del Estado para su análisis y dictamen.

Ante la Comisión Permanente de Vigilancia del
Congreso del Estado, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, compareció
el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, quien, además de rendir un informe sobre las actividades
realizadas en el ejercicio 2018, respondió las preguntas de las diputadas y los
diputados de la LXV Legislatura.

A las 16:00 horas, en la sala Venustiano Carranza
del Poder Legislativo, la Comisión de Vigilancia dio inicio a la comparecencia,
en cumplimiento a lo que marca la Constitución Política del Estado y la
legislación secundaria en la materia.

En
la primera ronda, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez, preguntó
sobre los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que
integran el sistema estatal de video vigilancia, que anunció el ex Gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares, con una inversión superior a los 700 millones de
pesos y que dicho sistema se encuentra operando en tan solo un 40 por ciento de
su capacidad, al respecto solicitó al titular del ORFIS un informe de los
avances que se tienen de este tema o bien, en su caso, cuál es el programa de
trabajo para realizar dicho informe.

El
titular del ORFIS contestó que se ha iniciado una revisión al proceso de
adquisición e instalación de las cámaras del sistema de video vigilancia, de la
cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el contrato que elaboró con
el proveedor en relación a la adquisición, suministro, electrificación, instalación
y puesta en operación del sistema de circuito cerrado y televisión CCTV con un
costo de mil millones de pesos con la empresa COMTELSAT S.A. de C.V, misma que se comprometió a dar el servicio de
electrificación hasta por un máximo de 116 municipios.

El
proyecto propone la instalación de cerca de 6 mil 500 cámaras de video
vigilancia de 3 tipos, y que tendrían como objetivo dotar de la tecnología a 6
centros regionales de monitoreo en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa,
Boca del Río, Fortín y Cosoleacaque, de acuerdo con las adecuaciones técnicas
correspondientes.

Portilla
Vásquez, aseguró que con base en todo lo especificado en el contrato se está realizando una revisión al anexo técnico y al mismo contrato de acuerdo
a lo que describe el proyecto como solución integral en tema de seguridad, por
lo que será responsabilidad del proveedor proporcionar el equipamiento
necesario para el funcionamiento adecuado de las video cámaras.

Sostuvo
que se ha solicitado a la SSP los documentos y anexos que conlleva este
contrato para realizar la revisión a profundidad y verificar el cumplimiento de
las cláusulas del mismo, además de la
revisión física de postes y cámaras pero de la calidad de la imagen, es decir, que
sean nítidas y visibles desde los
diversos sistemas de monitoreo.

Por
su parte el diputado Domínguez Vázquez, agregó que el programa cumple con las
expectativas de seguridad de la ciudadanía, sin embargo es importante saber su
real utilización y funcionamiento, además que se ha hecho referencia que la
empresa proveedora tiene una inhabilitación, sancionada por la
Secretaría de la Función Pública en el 2013,
por lo que hizo un exhorto al titular del ORFIS para realizar una
investigación al respecto.

Por
el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada María
Graciela Hernández Iñiguez solicitó la opinión técnica del titular del ORFIS al
plantear que derivado de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en favor de algunos municipios, por el cual otorga
hasta 90 días para cumplir con la sentencia de pago y que se podría fincar
alguna responsabilidad a las autoridades correspondientes en caso no atender
este fallo.

El
auditor Lorenzo Antonio Portilla respondió que este tema se deriva que durante
el ejercicio fiscal 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
dejó de ministrar en el último trimestre recursos hacia los 212 Ayuntamientos, lo que significó
una cantidad de mil 478 millones de pesos, por lo cual los municipios
interpusieron las denuncias correspondientes y que ante los cuestionamientos
del Órgano Fiscalizador la SEFIPLAN confirmó
que la SCJN falló a favor de 80 municipios, con lo cual se les deberá
pagar dichos recursos con los intereses generados a la fecha, por lo que al
haber una resolución definitiva pudiera existir una responsabilidad penal ya
que se debe cumplir con la sentencia en su totalidad.

Por
otra parte, la diputada Hernández Iñiguez cuestionó que si al existir una firma
de convenio que disminuye el monto de la devolución podría ser considerado como
un presunto delito de daño patrimonial; a lo que el auditor del ORFIS aseguró
que lo que ya se sentenció se debe reintegrar a los municipios por parte de SEFIPLAN de acuerdo al monto
señalado por la resolución, señaló que siendo un recurso destinado al fondo
social y pobreza extrema debe ser aplicado a ese fin, -añadió- que ya se tiene
planeado reuniones con los municipios involucrados en este proceso para
asesorarlos en cómo deben aplicarse dichos recursos.

La diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, preguntó cuánto ha
invertido el ORFIS en el desarrollo de diversas herramientas informáticas y qué
acciones preventivas ha desarrollado para el fortalecimiento de la gestión
pública municipal.

El compareciente detalló que todas las herramientas
tecnológicas del ORFIS han sido desarrolladas por un equipo multidisciplinario
que trabaja en el organismo, por lo que no han significado gasto alguno.

Respecto a las acciones preventivas, dijo que dentro
del Plan Maestro 2012-2019 se establece que la prevención es fundamental para
evitar y contener actos de corrupción, razón por la que se implementaron el
Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) y
el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER); además de mecanismos
de acceso a la información como el Sistema de Consulta de Obras y Acciones
Municipales de Veracruz (COMVER).

Durante su intervención, la diputada Magaly Armenta
Oliveros, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó si la Comisión Permanente
de Vigilancia de la Legislatura anterior, solicitó al ORFIS alguna opinión
técnica sobre las observaciones determinadas a 64 municipios que comparecieron
y solventaron de manera total y parcial diversas observaciones por un monto
total de 326 millones de pesos.

Lorenzo Antonio Portilla respondió que sí fue
convocado; sin embargo, explicó que su función en ese proceso es únicamente
aclaratoria y explicativa, sin que ello implique la reapertura de los informes.
“El procedimiento de fiscalización superior concluye en el momento en que son
entregados los informes a este Honorable Congreso”, puntualizó el funcionario.

Tomando en cuenta la experiencia del ORFIS en el
procedimiento de fiscalización superior, la diputada Magaly preguntó si en un
par de horas, sin contar con el personal especializado en auditorías
financiera, presupuestal y técnica a la obra pública, sea posible solventar
observaciones por posible daño patrimonial a las arcas públicas municipales,
aún cuando dichos ayuntamientos tuvieron 30 días para solventar el pliego de
observaciones emitido por el ORFIS y no lo hicieron.

No obstante, el titular del ORFIS se abstuvo a dar
respuesta, considerando que su posición podría influir en los criterios sobre
los cuales caerá la resolución que en su momento se emita, con motivo de la
denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado,
por el decreto número 784 publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 2 de
noviembre de 2018, por medio del cual, la LXIV Legislatura aprobó los informes
individuales y el informe general ejecutivo de las cuentas públicas del
ejercicio 2017.

Al hacer uso de la voz, la diputada Nora Jessica
Lagunes Jáuregui, representante del PAN, se refirió a una denuncia de habitantes
de Comapa y señaló la aparente dificultad que enfrentan los ciudadanos para
utilizar los mecanismos de transparencia y denuncia que el ORFIS pone a
disposición de la sociedad. Dijo que es deseable que el Organismo refuerce su
marco normativo a fin de facilitar la presentación de quejas y obtengan una
respuesta clara.

El Auditor aseguró que la queja señalaba una red de
energía eléctrica que está funcionando y una red hidráulica, en ese caso,
mencionó que la autoridad municipal reportó que estaba operando, pero no
dijeron la verdad, por lo que se presentó la denuncia correspondiente.

No obstante, la legisladora refutó, asegurando que
la ampliación de red eléctrica no se encuentra funcionando y que las
fotografías que aparecen en el COMVER pertenecen a otra localidad, por lo que
consideró el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz no
es una herramienta que dé certeza de las obras.

El Auditor General, del ORFIS, Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez dio respuesta a los cuestionamientos del diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, del Grupo
Legislativo de Morena, sobre las graves faltas administrativas detectadas en la
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por un monto de 800 millones de pesos.

Sobre lo anterior, el titular del ORFIS, respondió
que el órgano a su cargo detectó en la Cuenta Pública 2017, y en esos
contratos, un conflicto de intereses, lo que hizo del conocimiento de la SIOP
para que actuara en consecuencia.

El diputado Wenceslao González Martínez,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó al Auditor en torno a las
observaciones hechas a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV),
sobre el daño patrimonial detectado por 361 millones de pesos.

Portilla Vásquez señaló que se hizo lo conducente
para que la UPAV realizara la determinación de responsabilidades y fincará las
medidas necesarias a fin de conocer el destino de los recursos recaudados por
el patronato; y actualmente esa institución educativa solicitó la reconsideración
de las medidas a aplicar.

La legisladora Mónica Robles Bajaras, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó
cuál fue la opinión del Orfis sobre la reestructuración de la deuda pública,
realizada en 2017, así como el proceso y seguimiento a la licitación de la
misma y respecto al presunto daño patrimonial, en la cuenta pública 2017, del
ayuntamiento de Coatzacoalcos por un monto de 142 millones de pesos (mdp).

El
auditor respondió que la reestructura no resolvía la crisis financiera de ese
momento y agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avaló
esta reestructura y se cumplió con la normatividad y las disposiciones de los
bancos. De igual forma confirmó el presunto daño patrimonial del ayuntamiento
de Coatzacoalcos y señaló que en este momento está la fase de solventación y
que será hasta marzo cuando se tenga una respuesta; en caso contrario
recurrirán al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.

La
diputada Rosalinda Galindo Silva, del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó
sobre la disparidad en las cifras sobre los bienes recuperados por la anterior
administración estatal y que correspondían al monto de mil 522 mdp. Además
preguntó si realizan revisiones de campo a los bienes recuperados.

Al
respecto, Portilla Vásquez refirió que la fiscalización se realizó con base en
documentos de la cuenta pública y, sobre la cifra recuperada de 793.4 mdp en
efectivo, expuso que fue auditada en cheques y el rendimiento generado. Detalló
que el Orfis pretende en este año revisar la cuenta pública 2018 y revisar al
momento 2019 para ver las diferencias. También dijo que van a revisar si los bienes
recuperados están registrados en patrimonio del estado, que cuenten con su
documento notarial y estén incorporados legalmente.

Por
último, el legislador Rodrigo García Escalante, del PAN, agradeció al auditor
la labor que ha realizado al frente del Orfis y la coordinación que se ha
establecido con la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

A
las 18:25 horas, el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente; con la
participación de las legisladoras Mónica Robles Barajas, secretaria y Florencia
Martínez Rivera, María Graciela Hernández Iñiguez y Florencia Martínez Rivera,
vocales, concluyó la comparecencia.

Las pensiones son el agradecimiento que la sociedad
da a quienes más han trabajado a su servicio y representan un derecho de
quienes entregaron sus mejores años a Veracruz, afirmó el diputado Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de Morena, al
realizar un exhorto los Ayuntamientos del Estado, para que realicen el pago de
las cuotas y aportaciones que tienen pendientes con el Instituto de Pensiones
del Estado (IPE).

El legislador subrayó que el IPE garantiza el
cumplimiento del derecho humano a la seguridad social, se encarga de
administrar las cuotas y aportaciones de los trabajadores de manera eficiente,
garantizando a largo plazo las pensiones y jubilaciones a sus agremiados;
contribuyendo de esta forma, al sano desarrollo de las políticas públicas del
Gobierno del Estado.

Dijo que desde su creación a la fecha se han
incorporado Organismos Públicos Centralizados, Descentralizados y Autónomos,
así como un total de 137 municipios de la entidad.

“El IPE sufre, desde hace algunos años, una de las
peores crisis de su historia, donde los malos manejos de administraciones
anteriores son la principal causa, sin embargo, no es la única, existen otros
factores que han contribuido al detrimento de este Instituto”.

Destacó que esta grave crisis económica, con un
déficit de más de 700 millones de pesos anuales, pone en peligro al sostén de
miles de pensionados y jubilados del Estado.

Sostuvo que la causa más importante de la crisis del
Instituto se origina por la falta del pago de las cuotas y aportaciones de los
diferentes organismos públicos incorporados a él.

Los ejemplos más claros, dijo, son 78 municipios del
Estado que adeudan cuotas y aportaciones de sus trabajadores, lo que sumado nos
arroja la cantidad de 231 millones 729
mil 045 pesos.

Por lo anterior, exhortó a pagar las cuotas y
aportaciones que adeudan al Instituto de Pensiones del Estado los Ayuntamientos
de: Acayucan, Actopan, Acultzingo, Altotonga, Amatitlán, Amatlan de los Reyes,
Ángel R. Cabada, Atoyac, Atzacan¸ Banderilla, Camarón de Tejeda, Camerino Z.
Mendoza, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera,
Cerro Azul, Coetzala, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlan de Carvajal,
Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Cuichapa, Chacaltianguis,
Chalma.

Así como los de: Chiconquiaco, Chinameca, Las
Choapas, Fortin, Hidalgotitlan, Huayacocotla, Ixcatepec, Ixmatlahuacan,
Ixtaczoquitlan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juchique de
Ferrer, Lerdo de Tejada, Malio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Medellín de
Bravo, Minatitlán, Moloacan, Naolinco, Nogales, Omealca, Ozuluama, Pajapan,
Papantla, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Saltabarranca, San Juan Evangelista,
Santiago Tuxtla, Soconusco, Sochiapa, Tamalin, Tampico Alto, Álamo Temapache,
Teocelo, Tepatlaxco, Tepetzintla, Tihuatlan, Tlacojalpan, Tlilapan, Tomatlán,
Tres Valles, Xico, Yanga, Yecuatla, Zentla, Zongolica y Zozocolco de Hidalgo.

Vargas Barrientos invitó a los integrantes de la LXV
Legislatura a sumar esfuerzos para salvar de la crisis económica al IPE, y
pidió su gestión en los municipios que pertenecen a sus distritos, para que se
realice el pago de cuotas y aportaciones que adeudan, lo que permitirá abonar,
destacó, a la causa y encaminar a la salvación del pilar que sostiene la
economía de los más de diez mil derechohabientes pensionados y jubilados.

No vamos a claudicar en dar todo nuestro esfuerzo,
por moderar las desigualdades sociales, y en pugnar por hacer de Veracruz, un
estado libre y justo, que nos llene de orgullo, concluyó.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política.

El Pleno de la LXV Legislatura de Veracruz, con base
en las atribuciones señaladas en el artículo 33, fracción II y II y 38 de la Constitución
Política del Estado, aprobó el Decreto de Interpretación Auténtica de Ley, de
los artículos 134 y 135 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Este Dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, establece “El artículo 134 del Código Financiero de Veracruz
de Ignacio de la Llave, establece cuál será la base del gravamen: el pago de
derechos e impuestos previstos en el propio ordenamiento financiero y que, para
su justipreciación, esto es, establecer el monto a pagar, deberá calcularse con
base en los mismos, adicionando 15% a la base del cálculo”.

De igual forma, “en cuanto al artículo 135 del
Código Financiero de Veracruz de Ignacio de la Llave, este establece el momento
en que se debe erogar, que es en el mismo acto de pago de los impuestos y
derechos, así también especifica el destino que tendrán estos ingresos, estando
etiquetados al rubro presupuestal que corresponde al fomento a la educación”.

Por cuanto hace a la constitucionalidad de este, no corresponde a este H.
Congreso del Estado, en términos del artículo 94 párrafo décimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 56 de la
Constitución del Estado.

La exposición de motivos del Dictamen indica que
este decreto es resultado de la solicitud presentada ante este Congreso, por el
ciudadano Ulises Álvarez
Molina, el 11 de junio de 2018, en la cual pide que el Congreso del Estado se
pronunciara sobre la interpretación auténtica de los artículos 134 y 135 del
Código Financiero para el Estado de Veracruz.