El
diputado Bingen Rementería Molina, del distrito XV, puso a consideración de la
LXV Legislatura del Congreso del Estado, un Anteproyecto con Punto de Acuerdo
para exhortar a la Federación a que no escatime esfuerzos, ni recursos públicos
en el combate a la inseguridad en el Estado de Veracruz.

Durante
su intervención en Tribuna, el legislador propuso que el Estado reciba del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el mismo presupuesto
ejercido el año pasado.

Dijo
que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha
establecido una nueva fórmula diseñada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, que agrega un componente para evitar que las entidades pierdan
recursos.

No
obstante, puntualizó que esta reformulación, implica recortarle al Estado de
Veracruz, recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública,
reduciéndolos en cifras cerradas, de 308 millones 485 mil pesos del 2018, a
240 millones 850 mil, para este año.

La diputada Judith Pineda Andrade, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual se exhortaría al
Ejecutivo estatal y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a dar
cabal cumplimiento al pago de Sentencias por Controversias Constitucionales
resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de
diversos Ayuntamientos.

En su propuesta la legisladora solicita que dichos
pagos deberán ser íntegros, respetando los montos y fechas establecidas en el anexo
XXVIII del Presupuesto de Egresos, del Gobierno del Estado de Veracruz para el
Ejercicio Fiscal 2019.

De igual forma exhorta a los presidentes municipales
y ayuntamientos que ganaron las controversias constitucionales interpuestas
ante la SCJN y cuyas sentencias ordenan el pago de los recursos, que en su
momento fueron desviados o retenidos por el Gobierno del Estado, a asegurarse
de recibir íntegramente el monto que fue determinado en las resoluciones del
máximo tribunal del País, a fin de no afectar la Hacienda Pública Municipal.

También, solicita al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (ORFIS) a que emita lineamientos específicos para realizar
auditorías al 100 por ciento de los recursos que reciban los ayuntamientos con
motivo de la ejecución de las sentencias dictadas por la SCJN, con motivo de
las controversias constitucionales promovidas por la falta de ministración de
recursos federales en que incurrió el Gobierno estatal.

La diputada Pineda Andrade, vocal de la Comisión
Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, enfatizó que para los
Ayuntamientos que ganaron las controversias, recibir un recurso adicional es
una buena noticia, “pero no debemos olvidar que esos recursos originalmente son
federales, que provenían de un fondo específico para atender un fin
determinado, es decir, que, conforme a las reglas de operación
correspondientes, esos recursos, antes y ahora: están etiquetados”.

Destacó que en apego a las leyes de
responsabilidades y anticorrupción vigentes se hace necesario advertir a los
munícipes, que no pueden negociar los
montos que la SCJN ha ordenado que reciban, porque son recursos públicos que
quedaron pendientes de ser entregados.

“Negociar los recursos etiquetados en beneficio de
pueblo es corrupción, y nadie puede, ni de buena fe o por ignorancia de la ley,
eximirse del cumplimiento de una sentencia”, concluyó.

Su
anteproyecto fue turnado, para su estudio y análisis, a la Junta de
Coordinación Política.

La
diputada Judith Pineda Andrade, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reformaría los artículos 103,
104 y 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Veracruz.

Para
una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, se propone la creación de la Procuraduría Estatal de Protección,
la cual sería un organismo público descentralizado, con autonomía técnica y de
gestión, sectorizado a la Oficina del Gobernador del Estado.

La
diputada panista dijo que es necesario que la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, que opera actualmente en el DIF estatal y cuenta
con representación en los municipios, se fortalezca y deje de estar subordinada
a esta dependencia de carácter asistencialista, acción que mandaría el mensaje
de que la protección especial de niños, niñas y adolescentes con derechos
vulnerados es una prioridad de la política de infancia en Veracruz.

Lo
anterior –expuso-, permitiría a esta Procuraduría coordinar una red
institucional necesaria para proteger integralmente los derechos de niñas,
niños y adolescentes, otorgándole facultades más amplias que favorezcan su
intervención sin las limitaciones que actualmente tiene por depender estructuralmente
del DIF estatal.

Durante
su exposición de motivos, la legisladora del Distrito II de Tantoyuca, refirió
que aunque Veracruz cuenta con la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y
Adolescentes, su función está encaminada a la atención de las necesidades de
alimentación, salud, educación y protección de los derechos de los menores de
edad en estado vulnerable, es decir, a la asistencia social, cuando el marco
jurídico internacional es mucho más amplio.

Por
esa razón, los integrantes del Grupo Legislativo del PAN, consideraron que el
fortalecimiento de la protección de los derechos de la niñez, debe ser un tema
primordial en la agenda legislativa, atendiendo los vacíos legales que no se han
considerado, para procurar una efectiva y adecuada protección.

Aseveró
que el Procurador Estatal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Veracruz, debe garantizar y resguardar los derechos humanos y para
ello debe contar con recursos técnicos y herramientas para implementar mecanismos
de protección especial y restitución de derechos.

El
titular de esta Procuraduría –especificó–, debe contar con amplios
conocimientos en materia de derechos humanos, con especialidad en la atención
de los menores, conocer y detectar áreas de conflicto, coordinar acciones de
protección y restitución de derechos de la niñez y adolescencia en el Estado.

Por
lo anteriormente expuesto, el Grupo Legislativo del PAN propuso reformar los
párrafos primero y cuarto del artículo 103; la fracción IV y el último párrafo
del artículo 104; así como el artículo 122 de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de los Derechos de la Niñez y
la Familia para su análisis y dictamen.

La Sexagésima Quinta Legislatura actúa con estricto
apego a legalidad y respeto a derechos humanos, señaló el diputado Rubén Ríos
Uribe, presidente de la Comisión Permanente Instructora, durante la audiencia
de pruebas y alegatos, celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Poder Legislativo, como parte del proceso de Juicio Político en contra del
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La audiencia tuvo carácter de privada, en atención
al artículo 7 de la Ley de Juicio Política y Declaración de Procedencia para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que dicta “en el juicio político y la
declaración de procedencia, los acuerdos del Congreso del Estado y las
resoluciones del Tribunal Superior de Justicia se tomarán en sesión pública o
privada, según puedan afectarse las buenas costumbres o el interés general”.

El legislador Ríos Uribe subrayó que la Comisión
Instructora tiene una conformación plural, toda vez que él, en su calidad de
presidente, pertenece al Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”,
la diputada Jessica Ramírez Cisneros, secretaria, de Morena y el diputado
Enrique Cambranis Torres, vocal, del Partido Acción Nacional (PAN).

Dijo que esta instancia legislativa, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley, tiene la obligación de desahogar los
asuntos que le son turnados por el Pleno y en esta ocasión corresponde escuchar
las pruebas que presenten el denunciante y el denunciado y, con base en el
artículo 22 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, dictaminar –tres días posteriores a la fecha
de la audiencia- los hechos denunciados.

El diputado Rubén Ríos descartó “tintes políticos o
partidistas” en este proceso de Juicio Político y –aseguró- que se trata del
cumplimiento de la ley. “Como diputados nos corresponde hacer nuestra labor en
el Congreso del Estado, viendo en todo momento por el interés superior de las y
los ciudadanos. Considero que es el pueblo quien juzga y ellos no se
equivocan”.

Por último, el legislador hizo un llamado a los
actores políticos involucrados en el tema a conducirse con civilidad y respeto,
toda vez que la división y el encono perjudican a las instituciones y a la
sociedad en su conjunto.

La
Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de
Personas en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en voz de la diputada
Rosalinda Galindo Silva, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para
reformar el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Derechos y el Código
Civil para el Estado de Veracruz

En
la sesión ordinaria del pasado 22 de enero, la Comisión Especial presentó el proyecto
de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas
para el Estado de Veracruz que permitiría, entre otras cosas, establecer el
procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia.

Este
proyecto de Ley –explicó–, obliga a la reforma y adición de normas en los
Códigos Civil, de Procedimientos Civiles y el de Derechos.

De
este modo, la Comisión Especial plantea reformar el Código de Procedimientos
Civiles en el primer párrafo del artículo 117 a efecto que, la competencia para
conocer del procedimiento de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición,
corresponda a los Jueces de Primera Instancia de lo Familiar, toda vez que la
mayoría de los efectos previstos para las declaraciones de dicha naturaleza
atañen al núcleo familiar, como ya ha sido reconocido por el Honorable Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

Propone
reformar el Código de Derechos Estatal, a efecto de privilegiar el principio de
gratuidad que debe permear en todos los actos requeridos para la Declaración
Especial de Ausencia por Desaparición; así mismo, en su artículo 60, incluiría que
la expedición de copias certificadas que se requieran, no tengan costo alguno.

Finalmente,
la legisladora del Distrito X de Xalapa, planteó adicionar el artículo 652 Bis
al Código Civil para el Estado, a efecto de remitir al juzgador a observar las
disposiciones de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por
Desaparición de Personas, obligatoriamente aplicables a todos aquellos casos relacionados
con personas cuyo paradero se desconoce y se presuma, por cualquier indicio,
que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

Estas
reformas darían operatividad a las disposiciones de la Ley Estatal en materia
de Desaparición de Personas, así como a las del Proyecto de Ley para la
Declaración Especial de Ausencia por Desaparición presentado por la Comisión Especial,
integrada por la diputada presidenta Elizabeth Cervantes de la Cruz, la
diputada secretaria Rosalinda Galindo Silva y el diputado secretario Henri
Christophe Gómez Sánchez.

Así
como por las diputadas vocales, Erika Ayala Ríos, María Esther López Callejas, Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, Magaly Armenta Oliveros, Florencia Martínez Rivera, Brianda
Kristel Hernández Topete, Mónica Robles Barajas y Deisy Juan Antonio.

La diputada María Josefina Gamboa Torales,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la
iniciativa de reforma al artículo 206 Bis del Código Penal del Estado que prevé
elevar las actuales penalidades por el robo de instalaciones eléctricas, así
como el establecimiento de dos agravantes cuando con este ilícito se genere una
afectación a un grupo considerable de personas.

La legisladora recordó que “los amantes de lo ajeno”
no han perdido la oportunidad de obtener un ingreso económico mediante
actividades de hurto, ya que se han dado varios ejemplos del robo de los
materiales que se han adquirido para ser utilizados en la creación o
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, “o lo que es más
increíble, se los han robado, ya una vez que están incorporados a las
luminarias públicas”.

De esta manera y de acuerdo a la iniciativa a quien,
con ánimo de dominio, lucro o uso, sin consentimiento de quien legalmente pueda
otorgarlo, se apodere de metales, como cobre, bronce, fierro, aluminio, acero,
níquel y sus aleaciones, utilizados en
monumentos, instalaciones eléctricas o hidráulicas se le sancionará con prisión
de tres a nueve años y multa de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización
(UMA) si el valor de lo robado no excediera las 100 UMA.

De igual forma se busca establecer que si el valor
de lo robado excediera de 100 UMA, se sancionará con prisión de cinco a 15 años
y multa de hasta 900 UMA.

En caso que las citadas conductas causen
afectaciones a un grupo mayor de cien personas, las infracciones señaladas
podrán incrementarse hasta en una tercera parte, indica la propuesta
legislativa.

Asimismo, cuando el sujeto activo cometa las citadas
conductas como medio para realizar otro delito, las sanciones previstas se
aumentarán hasta en dos terceras partes.

La diputada Gamboa Torales considera necesario
reformar el Código Penal para que el delito de robo de instalaciones eléctricas
sea penado de una manera ejemplar, y así evitar que se siga dando el hurto de
materiales como el cable de cobre, “debido a que esto trae aparejado la
creación de un campo nocturno de cultivo para la criminalidad”.

Agregó que con este delito se pierde, no solamente
el dinero público invertido en las instalaciones, sino la tranquilidad que se
había generado para un sector de la población con el alumbrado.

La iniciativa, que busca reformar las fracciones I y
II, así como adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 206 Bis del
Código Penal para el Estado, fue turnada para su análisis a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

A nombre del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz presentó la
iniciativa de reforma al artículo 44 de la Ley de Desarrollo Integral de la
Juventud que tiene como propósito establecer la obligación del Gobierno estatal
de asignar un presupuesto que permita planear, promocionar y aplicar las
actividades de atención y asistencia que coadyuven al desarrollo integral de la
juventud.

Este presupuesto deberá garantizar el cumplimiento
eficaz y eficiente de los citados propósitos, por lo cual bajo ninguna
circunstancia será menor al del ejercicio fiscal inmediato anterior.

En su intervención, durante la décima cuarta sesión
ordinaria, la legisladora subrayó que de aprobarse esta iniciativa no solo se
contribuirá al desarrollo puntual de las políticas públicas y los programas que
durante la actual administración Estatal se implementen en la materia, sino
también, guardará concordancia con el trabajo que viene realizando el Gobierno
de México, donde como principal acción destaca la denominada: “Jóvenes
Construyendo el Futuro”.

La también presidenta de la Comisión Permanente de
Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad explicó que uno de los
principales activos que tiene Veracruz radica en los jóvenes, ya que –de
acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía- se cuenta con
un millón 959 mil 243 jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 29 años de
edad.

Destacó que en Veracruz el sentir de los jóvenes se
evidencia en su justo reclamo por la falta de oportunidades en diferentes
rubros y que los esfuerzos institucionales efectuados al respecto no han sido
los suficientes.

Agregó que se advierte la necesidad de edificar
mayores condiciones orientadas a cumplir su legítimo anhelo de alcanzar un
futuro promisorio y verdaderamente alentador.

De igual forma convocó a las diputadas y diputados
de la LXV Legislatura a que se sumen a esta propuesta, “sin tomar en
consideración ideologías políticas y sí, en cambio, el bienestar de una de
nuestras más grandes riquezas, la juventud veracruzana”.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la
Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Juventud y Deporte y
Atletas con Discapacidad.

El diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, asistió al foro “Opciones de
Financiamiento y Aplicación de Fondos Federales para Municipios”, realizado por
el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario de Finanzas
y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.

El Foro fue celebrado en las instalaciones del Museo
Interactivo de Xalapa (MIX), con la finalidad de brindarles
información, a los integrantes de los ayuntamientos veracruzanos, que les
permita fortalecer su crecimiento y una mejor gestión de los recursos
federales. Se contó con la asistencia de funcionarios de los gobiernos federal
y estatal, así como ediles de los 212 ayuntamientos de la entidad.

El
gobernador Cuitláhuac García Jiménez puso a consideración de la LXV
Legislatura, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas
disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios
de Veracruz.

La
iniciativa publicada en la Gaceta Legislativa número 17, propone la adición de
los artículos 8 Bis, 8 Ter y 17 Bis, que quedarían como sigue:

Artículo
8 Bis.El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, deberá publicar
anualmente en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el «Acuerdo
por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y
Variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave», mismo que señalará de
manera clara y didáctica, la información completa y detallada de las
participaciones que el Estado tenga obligación de participar a sus municipios,
las variables, fuentes de información, valores y métodos de cálculo utilizados
para distribuir las participaciones, por cada uno de los fondos e incentivos.

Artículo
8 Ter. El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, pondrá a
disposición de los municipios que lo requieran, la información necesaria que les
permita comprobar la correcta determinación de sus factores de participaciones
e incentivos económicos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal, así como el monto

de
los mismos.

Artículo
17 Bis. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, participará el 100%
de la recaudación del impuesto sobre la renta, correspondiente a los municipios
y a sus organismos municipales que lo hayan enterado a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, por salarios pagados con recursos propios o
participaciones federales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3-B
de la Ley de Coordinación Fiscal.

La
participación correspondiente a los municipios se realizará de conformidad con
la información de montos que proporcione la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que en caso
de ajustes derivados de diferencias en el entero de dicho impuesto respecto de
algún municipio o municipios, la Secretaría realizará los descuentos con cargo
a la ministración correspondiente a las ministraciones subsecuentes, informando
a dichos municipios de la instrucción recibida por la Unidad de Coordinación
señalada.

En
la exposición de motivos, el Ejecutivo del Estado cita el penúltimo párrafo del
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que los Gobiernos de
las entidades federativas, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en
su periódico oficial, así como en su página de internet, el calendario de entrega,
porcentaje, fórmulas, variables utilizadas y los montos estimados de las
participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de
participar a sus municipios;

En
tanto, La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artículos 9, 10, 11, 12 y 14, establece
los porcentajes, variables y fórmulas, mediante los cuales deben repartirse
entre los municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, los recursos
provenientes del Fondo General de Participaciones Municipales, del Fondo de
Fomento Municipal, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Ingresos
derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal y Fondo
de Extracción de Hidrocarburos.

El
diputado presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, turnó la
iniciativa a la Comisión Permanente de
Hacienda del Estado para su análisis y dictamen.

Ante la Comisión Permanente de Vigilancia del
Congreso del Estado, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, compareció
el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, quien, además de rendir un informe sobre las actividades
realizadas en el ejercicio 2018, respondió las preguntas de las diputadas y los
diputados de la LXV Legislatura.

A las 16:00 horas, en la sala Venustiano Carranza
del Poder Legislativo, la Comisión de Vigilancia dio inicio a la comparecencia,
en cumplimiento a lo que marca la Constitución Política del Estado y la
legislación secundaria en la materia.

En
la primera ronda, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez, preguntó
sobre los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que
integran el sistema estatal de video vigilancia, que anunció el ex Gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares, con una inversión superior a los 700 millones de
pesos y que dicho sistema se encuentra operando en tan solo un 40 por ciento de
su capacidad, al respecto solicitó al titular del ORFIS un informe de los
avances que se tienen de este tema o bien, en su caso, cuál es el programa de
trabajo para realizar dicho informe.

El
titular del ORFIS contestó que se ha iniciado una revisión al proceso de
adquisición e instalación de las cámaras del sistema de video vigilancia, de la
cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el contrato que elaboró con
el proveedor en relación a la adquisición, suministro, electrificación, instalación
y puesta en operación del sistema de circuito cerrado y televisión CCTV con un
costo de mil millones de pesos con la empresa COMTELSAT S.A. de C.V, misma que se comprometió a dar el servicio de
electrificación hasta por un máximo de 116 municipios.

El
proyecto propone la instalación de cerca de 6 mil 500 cámaras de video
vigilancia de 3 tipos, y que tendrían como objetivo dotar de la tecnología a 6
centros regionales de monitoreo en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa,
Boca del Río, Fortín y Cosoleacaque, de acuerdo con las adecuaciones técnicas
correspondientes.

Portilla
Vásquez, aseguró que con base en todo lo especificado en el contrato se está realizando una revisión al anexo técnico y al mismo contrato de acuerdo
a lo que describe el proyecto como solución integral en tema de seguridad, por
lo que será responsabilidad del proveedor proporcionar el equipamiento
necesario para el funcionamiento adecuado de las video cámaras.

Sostuvo
que se ha solicitado a la SSP los documentos y anexos que conlleva este
contrato para realizar la revisión a profundidad y verificar el cumplimiento de
las cláusulas del mismo, además de la
revisión física de postes y cámaras pero de la calidad de la imagen, es decir, que
sean nítidas y visibles desde los
diversos sistemas de monitoreo.

Por
su parte el diputado Domínguez Vázquez, agregó que el programa cumple con las
expectativas de seguridad de la ciudadanía, sin embargo es importante saber su
real utilización y funcionamiento, además que se ha hecho referencia que la
empresa proveedora tiene una inhabilitación, sancionada por la
Secretaría de la Función Pública en el 2013,
por lo que hizo un exhorto al titular del ORFIS para realizar una
investigación al respecto.

Por
el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada María
Graciela Hernández Iñiguez solicitó la opinión técnica del titular del ORFIS al
plantear que derivado de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en favor de algunos municipios, por el cual otorga
hasta 90 días para cumplir con la sentencia de pago y que se podría fincar
alguna responsabilidad a las autoridades correspondientes en caso no atender
este fallo.

El
auditor Lorenzo Antonio Portilla respondió que este tema se deriva que durante
el ejercicio fiscal 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
dejó de ministrar en el último trimestre recursos hacia los 212 Ayuntamientos, lo que significó
una cantidad de mil 478 millones de pesos, por lo cual los municipios
interpusieron las denuncias correspondientes y que ante los cuestionamientos
del Órgano Fiscalizador la SEFIPLAN confirmó
que la SCJN falló a favor de 80 municipios, con lo cual se les deberá
pagar dichos recursos con los intereses generados a la fecha, por lo que al
haber una resolución definitiva pudiera existir una responsabilidad penal ya
que se debe cumplir con la sentencia en su totalidad.

Por
otra parte, la diputada Hernández Iñiguez cuestionó que si al existir una firma
de convenio que disminuye el monto de la devolución podría ser considerado como
un presunto delito de daño patrimonial; a lo que el auditor del ORFIS aseguró
que lo que ya se sentenció se debe reintegrar a los municipios por parte de SEFIPLAN de acuerdo al monto
señalado por la resolución, señaló que siendo un recurso destinado al fondo
social y pobreza extrema debe ser aplicado a ese fin, -añadió- que ya se tiene
planeado reuniones con los municipios involucrados en este proceso para
asesorarlos en cómo deben aplicarse dichos recursos.

La diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, preguntó cuánto ha
invertido el ORFIS en el desarrollo de diversas herramientas informáticas y qué
acciones preventivas ha desarrollado para el fortalecimiento de la gestión
pública municipal.

El compareciente detalló que todas las herramientas
tecnológicas del ORFIS han sido desarrolladas por un equipo multidisciplinario
que trabaja en el organismo, por lo que no han significado gasto alguno.

Respecto a las acciones preventivas, dijo que dentro
del Plan Maestro 2012-2019 se establece que la prevención es fundamental para
evitar y contener actos de corrupción, razón por la que se implementaron el
Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) y
el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER); además de mecanismos
de acceso a la información como el Sistema de Consulta de Obras y Acciones
Municipales de Veracruz (COMVER).

Durante su intervención, la diputada Magaly Armenta
Oliveros, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó si la Comisión Permanente
de Vigilancia de la Legislatura anterior, solicitó al ORFIS alguna opinión
técnica sobre las observaciones determinadas a 64 municipios que comparecieron
y solventaron de manera total y parcial diversas observaciones por un monto
total de 326 millones de pesos.

Lorenzo Antonio Portilla respondió que sí fue
convocado; sin embargo, explicó que su función en ese proceso es únicamente
aclaratoria y explicativa, sin que ello implique la reapertura de los informes.
“El procedimiento de fiscalización superior concluye en el momento en que son
entregados los informes a este Honorable Congreso”, puntualizó el funcionario.

Tomando en cuenta la experiencia del ORFIS en el
procedimiento de fiscalización superior, la diputada Magaly preguntó si en un
par de horas, sin contar con el personal especializado en auditorías
financiera, presupuestal y técnica a la obra pública, sea posible solventar
observaciones por posible daño patrimonial a las arcas públicas municipales,
aún cuando dichos ayuntamientos tuvieron 30 días para solventar el pliego de
observaciones emitido por el ORFIS y no lo hicieron.

No obstante, el titular del ORFIS se abstuvo a dar
respuesta, considerando que su posición podría influir en los criterios sobre
los cuales caerá la resolución que en su momento se emita, con motivo de la
denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado,
por el decreto número 784 publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 2 de
noviembre de 2018, por medio del cual, la LXIV Legislatura aprobó los informes
individuales y el informe general ejecutivo de las cuentas públicas del
ejercicio 2017.

Al hacer uso de la voz, la diputada Nora Jessica
Lagunes Jáuregui, representante del PAN, se refirió a una denuncia de habitantes
de Comapa y señaló la aparente dificultad que enfrentan los ciudadanos para
utilizar los mecanismos de transparencia y denuncia que el ORFIS pone a
disposición de la sociedad. Dijo que es deseable que el Organismo refuerce su
marco normativo a fin de facilitar la presentación de quejas y obtengan una
respuesta clara.

El Auditor aseguró que la queja señalaba una red de
energía eléctrica que está funcionando y una red hidráulica, en ese caso,
mencionó que la autoridad municipal reportó que estaba operando, pero no
dijeron la verdad, por lo que se presentó la denuncia correspondiente.

No obstante, la legisladora refutó, asegurando que
la ampliación de red eléctrica no se encuentra funcionando y que las
fotografías que aparecen en el COMVER pertenecen a otra localidad, por lo que
consideró el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz no
es una herramienta que dé certeza de las obras.

El Auditor General, del ORFIS, Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez dio respuesta a los cuestionamientos del diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, del Grupo
Legislativo de Morena, sobre las graves faltas administrativas detectadas en la
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por un monto de 800 millones de pesos.

Sobre lo anterior, el titular del ORFIS, respondió
que el órgano a su cargo detectó en la Cuenta Pública 2017, y en esos
contratos, un conflicto de intereses, lo que hizo del conocimiento de la SIOP
para que actuara en consecuencia.

El diputado Wenceslao González Martínez,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó al Auditor en torno a las
observaciones hechas a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV),
sobre el daño patrimonial detectado por 361 millones de pesos.

Portilla Vásquez señaló que se hizo lo conducente
para que la UPAV realizara la determinación de responsabilidades y fincará las
medidas necesarias a fin de conocer el destino de los recursos recaudados por
el patronato; y actualmente esa institución educativa solicitó la reconsideración
de las medidas a aplicar.

La legisladora Mónica Robles Bajaras, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó
cuál fue la opinión del Orfis sobre la reestructuración de la deuda pública,
realizada en 2017, así como el proceso y seguimiento a la licitación de la
misma y respecto al presunto daño patrimonial, en la cuenta pública 2017, del
ayuntamiento de Coatzacoalcos por un monto de 142 millones de pesos (mdp).

El
auditor respondió que la reestructura no resolvía la crisis financiera de ese
momento y agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avaló
esta reestructura y se cumplió con la normatividad y las disposiciones de los
bancos. De igual forma confirmó el presunto daño patrimonial del ayuntamiento
de Coatzacoalcos y señaló que en este momento está la fase de solventación y
que será hasta marzo cuando se tenga una respuesta; en caso contrario
recurrirán al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.

La
diputada Rosalinda Galindo Silva, del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó
sobre la disparidad en las cifras sobre los bienes recuperados por la anterior
administración estatal y que correspondían al monto de mil 522 mdp. Además
preguntó si realizan revisiones de campo a los bienes recuperados.

Al
respecto, Portilla Vásquez refirió que la fiscalización se realizó con base en
documentos de la cuenta pública y, sobre la cifra recuperada de 793.4 mdp en
efectivo, expuso que fue auditada en cheques y el rendimiento generado. Detalló
que el Orfis pretende en este año revisar la cuenta pública 2018 y revisar al
momento 2019 para ver las diferencias. También dijo que van a revisar si los bienes
recuperados están registrados en patrimonio del estado, que cuenten con su
documento notarial y estén incorporados legalmente.

Por
último, el legislador Rodrigo García Escalante, del PAN, agradeció al auditor
la labor que ha realizado al frente del Orfis y la coordinación que se ha
establecido con la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

A
las 18:25 horas, el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente; con la
participación de las legisladoras Mónica Robles Barajas, secretaria y Florencia
Martínez Rivera, María Graciela Hernández Iñiguez y Florencia Martínez Rivera,
vocales, concluyó la comparecencia.

Las pensiones son el agradecimiento que la sociedad
da a quienes más han trabajado a su servicio y representan un derecho de
quienes entregaron sus mejores años a Veracruz, afirmó el diputado Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de Morena, al
realizar un exhorto los Ayuntamientos del Estado, para que realicen el pago de
las cuotas y aportaciones que tienen pendientes con el Instituto de Pensiones
del Estado (IPE).

El legislador subrayó que el IPE garantiza el
cumplimiento del derecho humano a la seguridad social, se encarga de
administrar las cuotas y aportaciones de los trabajadores de manera eficiente,
garantizando a largo plazo las pensiones y jubilaciones a sus agremiados;
contribuyendo de esta forma, al sano desarrollo de las políticas públicas del
Gobierno del Estado.

Dijo que desde su creación a la fecha se han
incorporado Organismos Públicos Centralizados, Descentralizados y Autónomos,
así como un total de 137 municipios de la entidad.

“El IPE sufre, desde hace algunos años, una de las
peores crisis de su historia, donde los malos manejos de administraciones
anteriores son la principal causa, sin embargo, no es la única, existen otros
factores que han contribuido al detrimento de este Instituto”.

Destacó que esta grave crisis económica, con un
déficit de más de 700 millones de pesos anuales, pone en peligro al sostén de
miles de pensionados y jubilados del Estado.

Sostuvo que la causa más importante de la crisis del
Instituto se origina por la falta del pago de las cuotas y aportaciones de los
diferentes organismos públicos incorporados a él.

Los ejemplos más claros, dijo, son 78 municipios del
Estado que adeudan cuotas y aportaciones de sus trabajadores, lo que sumado nos
arroja la cantidad de 231 millones 729
mil 045 pesos.

Por lo anterior, exhortó a pagar las cuotas y
aportaciones que adeudan al Instituto de Pensiones del Estado los Ayuntamientos
de: Acayucan, Actopan, Acultzingo, Altotonga, Amatitlán, Amatlan de los Reyes,
Ángel R. Cabada, Atoyac, Atzacan¸ Banderilla, Camarón de Tejeda, Camerino Z.
Mendoza, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera,
Cerro Azul, Coetzala, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlan de Carvajal,
Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Cuichapa, Chacaltianguis,
Chalma.

Así como los de: Chiconquiaco, Chinameca, Las
Choapas, Fortin, Hidalgotitlan, Huayacocotla, Ixcatepec, Ixmatlahuacan,
Ixtaczoquitlan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juchique de
Ferrer, Lerdo de Tejada, Malio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Medellín de
Bravo, Minatitlán, Moloacan, Naolinco, Nogales, Omealca, Ozuluama, Pajapan,
Papantla, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Saltabarranca, San Juan Evangelista,
Santiago Tuxtla, Soconusco, Sochiapa, Tamalin, Tampico Alto, Álamo Temapache,
Teocelo, Tepatlaxco, Tepetzintla, Tihuatlan, Tlacojalpan, Tlilapan, Tomatlán,
Tres Valles, Xico, Yanga, Yecuatla, Zentla, Zongolica y Zozocolco de Hidalgo.

Vargas Barrientos invitó a los integrantes de la LXV
Legislatura a sumar esfuerzos para salvar de la crisis económica al IPE, y
pidió su gestión en los municipios que pertenecen a sus distritos, para que se
realice el pago de cuotas y aportaciones que adeudan, lo que permitirá abonar,
destacó, a la causa y encaminar a la salvación del pilar que sostiene la
economía de los más de diez mil derechohabientes pensionados y jubilados.

No vamos a claudicar en dar todo nuestro esfuerzo,
por moderar las desigualdades sociales, y en pugnar por hacer de Veracruz, un
estado libre y justo, que nos llene de orgullo, concluyó.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política.

El Pleno de la LXV Legislatura de Veracruz, con base
en las atribuciones señaladas en el artículo 33, fracción II y II y 38 de la Constitución
Política del Estado, aprobó el Decreto de Interpretación Auténtica de Ley, de
los artículos 134 y 135 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Este Dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, establece “El artículo 134 del Código Financiero de Veracruz
de Ignacio de la Llave, establece cuál será la base del gravamen: el pago de
derechos e impuestos previstos en el propio ordenamiento financiero y que, para
su justipreciación, esto es, establecer el monto a pagar, deberá calcularse con
base en los mismos, adicionando 15% a la base del cálculo”.

De igual forma, “en cuanto al artículo 135 del
Código Financiero de Veracruz de Ignacio de la Llave, este establece el momento
en que se debe erogar, que es en el mismo acto de pago de los impuestos y
derechos, así también especifica el destino que tendrán estos ingresos, estando
etiquetados al rubro presupuestal que corresponde al fomento a la educación”.

Por cuanto hace a la constitucionalidad de este, no corresponde a este H.
Congreso del Estado, en términos del artículo 94 párrafo décimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 56 de la
Constitución del Estado.

La exposición de motivos del Dictamen indica que
este decreto es resultado de la solicitud presentada ante este Congreso, por el
ciudadano Ulises Álvarez
Molina, el 11 de junio de 2018, en la cual pide que el Congreso del Estado se
pronunciara sobre la interpretación auténtica de los artículos 134 y 135 del
Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Detalla que el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en sesión
ordinaria celebrada el 28 de junio de 2018, conoció de la petición, misma que
fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales
correspondiente a esa Legislatura.

El ciudadano Ulises Álvarez Molina, al no obtener respuesta a su
solicitud por parte del H. Congreso del Estado, interpuso una demanda de
garantías.

El 9 de enero del presente año el Juzgado Primero de Distrito en el
Estado notificó el acuerdo en el que se ordena dar contestación en breve
término, congruente, completa, fundada y motivada a la petición que formuló el
quejoso.

Este
Decreto registró 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

El diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una
iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXIX, del artículo
18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en la que señala que las leyes,
normas, reglamentos y demás disposiciones que rigen al Estado de Veracruz,
deben tener armonía con la Constitución Política Local, con la finalidad de
evitar ciertos errores de interpretación del Derecho y superar las
contradicciones existentes entre las diversas leyes.

Con la armonización de las Leyes, agregó el
integrante del Grupo Legislativo de Morena, se busca que el sistema legal opere
de manera integral, mediante normas, reglamentos y demás disposiciones con
contenidos similares, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del
Estado. “Por lo tanto, es imperante generar una armonía entre diversas leyes ya
que permite identificar y resolver algunas incongruencias o contradicciones y,
sobre todo, revertir ciertas lagunas legales como es el caso que nos ocupa”.

Un ejemplo de lo anterior, destacó Domínguez
Vázquez, se presenta entre la Constitución Política del Estado Libre, en la
Sección Segunda denominada “De las Atribuciones del Congreso”, y la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, en su Título Segundo denominado “De la
organización y funcionamiento del Congreso del Estado, Capítulo Primero “De las
atribuciones del Congreso”, derivado de que el 2 de octubre de 2017 se realizó
una reforma a diversas fracciones del artículo 33 de la Constitución Local,
entre las que destaca la reforma a la fracción XXIX del mismo artículo.

Lo relevante y la importancia que tiene la armonización
del artículo 33 fracción XXIX de la Constitución Política del Estado y el
artículo 18 fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, radica en
que, abundó, el primer ordenamiento faculta al Congreso para revisar las
Cuentas Públicas de todos los Entes Fiscalizables y en el segundo sólo da
facultades para que el Congreso revise las Cuentas Públicas del Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos.

Por lo anterior, el objeto de la homologación es
crear la armonización entre ellas y evitar lagunas, contradicciones e
incongruencias entre las leyes, finalizó.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Vigilancia y de Gobernación.

En representación del Congreso del Estado, diputadas
y diputados de la LXV Legislatura, encabezados por los legisladores Juan Javier
Gómez Cazarín y José Manuel Pozos Castro, presidentes de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) y de la Mesa Directiva, respectivamente,
asistieron a la presentación del programa “Cero Tolerancia a la Violencia
Contra las Mujeres y las Niñas”, implementado por el Gobierno del Estado, que
encabeza el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

En el evento, celebrado en las instalaciones del
Museo Interactivo de Xalapa (MIX), las y los diputados refrendaron su
compromiso de trabajar para lograr la consolidación de la igualdad de género e
implementar acciones enfocadas a la prevención, combate y erradicación de la
violencia hacia las mujeres y niñas.

El diputado Juan Javier Gómez dijo que la LXV
Legislatura es y será siempre un Poder aliado de las veracruzanas y –anunció-
que habrá de trabajarse en breve para atender los exhortos del Programa “Cero
Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas” relativas al proceso
de armonización que permita eliminar de la normatividad veracruzana todos los
elementos que pudieran constituir discriminación hacia las mujeres.

De igual forma, agregó, habrá de tomarse en cuenta
la creación de mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia hacia
las mujeres; de conformidad con los tratados en la materia y, sobre todo, “será
un trabajo que partirá del diálogo abierto entre diputadas y diputados,
organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas mujeres y hombres
interesados en fortalecer nuestras leyes”.

El legislador José Manuel Pozos Castro celebró que
el Gobierno del Estado haya tomado esta decisión y –señaló- que al tratarse de
un programa integral, el Congreso del Estado habrá de sumarse a los trabajos
para lograr resultados eficientes “el respaldo es para el gobernador, porque
esto representa el respaldo a las mujeres y niñas de Veracruz, ya que garantiza
seguridad, tranquilidad y armonía”.

Asistieron a este evento las diputadas Brianda
Kristel Hernández Topete, Ivonne Trujillo Ortiz, Rosalinda Galindo Silva,
Adriana Paola Linares Capitanachi, Deisy Juan Antonio, María Candelas Francisco
Doce, Mónica Robles Barajas, Margarita Corro Mendoza, Andrea de Guadalupe Yunes
Yunes, Cristina Alarcón Gutiérrez, Montserrat Ortega Ruiz, Nora Jessica Lagunes
Jáuregui, María Esther López Callejas, Ana Miriam Ferráez Centeno, Magaly
Armenta Oliveros, Elizabeth Cervantes de la Cruz y Adriana Esther Martínez
Sánchez, así como los legisladores Alexis Sánchez García, Eric Domínguez
Vázquez, Henri Christophe Gómez Sánchez y Raymundo Andrade Rivera.

El
Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso
del Estado, a cargo de la Dra. María Elena García Filobello, replicó el taller
“Sexualidad más que eso”, ahora dirigido a titulares y auxiliares de las
unidades de género de los Organismos Autónomos.

El
diputado del Distrito XX, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, asistió al evento
convocado en la Sala Jesús Reyes Heroles del Congreso del Estado, en donde se
impartió el taller concebido como una estrategia para impulsar acciones a favor
de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.

A
nombre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables, la diputada secretaria Deisy Juan Antonio, leyó un pronunciamiento
a favor de las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) sobre la Atención hacia las personas integrantes de las poblaciones
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI),
en Centros Penitenciarios de la República Mexicana.

Expresó
que el documento de la CNDH, tiene especial relevancia debido a que pone de
manifiesto las graves violaciones a los derechos humanos que sufre este grupo
poblacional en los centros penitenciarios.

“Veracruz
no es la excepción, las prácticas discriminatorias también suceden en las
cárceles de nuestro estado y es necesario difundir el contenido del
pronunciamiento a efecto de que las autoridades tomen cartas en el asunto para
erradicar estas conductas”, destacó la diputada Deisy Juan Antonio durante su
participación en tribuna.

Explicó
que la CNDH plantea la necesidad de eliminar prácticas institucionales que
generan discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género,
así como sancionar a los servidores públicos que cometen agravios en contra de
estas poblaciones, refiriendo la importancia de promover la cultura de la
legalidad y de revisar los procesos legales.

En
ese sentido, indicó que la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, integrada por las diputadas Brianda
Kristel Hernández Topete y Montserrat Ortega Ruiz, presidenta y vocal,
respectivamente, y ella misma como secretaria, coinciden con la CNDH en
promover la igualdad de trato entre las personas, sin ningún distingo.

Por
lo anterior se pronunciaron a favor de las propuestas que establecen lo
siguiente:

1.-
Sensibilizar y capacitar al personal penitenciario para impedir la violación de
los derechos de las personas pertenecientes a grupos LBGTTTI.

2.-
Establecer mecanismos accesibles para facilitar que al ingreso, las personas
puedan referir cualquier necesidad que amerite una atención especial.

3.-
Proveer a las personas, sin discriminación alguna por ninguna condición,
alojamiento, seguridad y protección de acuerdo a sus necesidades específicas.

4.-
Desarrollar e implementar políticas públicas y acciones específicas como
campañas y pláticas que fomenten la cultura de respeto de los Derechos Humanos
y el derecho a una vida libre de violencia y discriminación.

5.-
Armonizar los reglamentos de los establecimientos penitenciarios con la Ley
Nacional de Ejecución Penal y estándares internacionales de Derechos Humanos.

6.-
El acceso a todas las instalaciones y servicios del centro y los programas de
tratamiento en igualdad de condiciones que el resto de la población
penitenciaria, así como a todas las actividades educativas, laborales, de
capacitación para el trabajo, deportivas y culturales.

7.-
Fortalecer los programas de visitas, promoviendo las relaciones familiares y el
contacto con el mundo exterior.

8.-
Proporcionar atención médica, tratamientos y medicamentos de acuerdo a las
necesidades específicas.

9.-
Difundir toda la normatividad que permita fortalecer la cultura de la legalidad
y de respeto de sus Derechos Humanos.

10.-
Crear e implementar un protocolo de actuación para los servidores públicos de
los centros penitenciarios, con un enfoque transversal de Derechos Humanos para que atiendan de forma integral, sin
discriminación de ningún tipo a esta población.

La Diputada por el Distrito XXIII, de Cosamaloapan,
Margarita Corro Mendoza, presentó un anteproyecto con punto de acuerdo por el
cual se exhortaría al Ejecutivo del estado y a la Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN) incrementar el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesquero (SEDARPA), para el rubro de ganadería; de 23 a 500
millones de pesos (mdp) para el presente año fiscal.

La legisladora, secretaria de la Comisión Permanente
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, afirmó que
recuperar la producción agropecuaria en el país y en el estado será un fuerte
golpe para combatir la pobreza, y que para ello es necesario hacer frente a los
retos necesarios para dicho fin.

Implementación de tecnología, la otorgación de créditos
suficientes y oportunos, integración a cadenas de comercialización primarias, capacitación,
asesoría y organización de los productores; son parte de las carencias que
enfrentan los productores, expuso la diputada, quien agregó que no se debe
dejar de lado la deficiente coordinación institucional en programas e información
sobre apoyos y subsidios gubernamentales, “problemáticas que viven día a día
los productores de éste sector”.

Refirió que parte de lo anterior se debe a que no
existe un programa rector de incremento de productividad y menos la creación de
complejos y polígonos agroindustriales, que da la oportunidad de tener nuevos
retos y estrategias para posicionar al estado y principalmente a los
productores en un estatus de producción y productividad que cumpla con los
objetivos que ellos tienen y que al mismo tiempo le permita al Gobierno de
Veracruz ser ejemplo de innovación institucional en este ámbito.

Corro Mendoza, integrante del Grupo Legislativo de
Morena en el Congreso de Veracruz, aseguró que en la entidad el 50.3 por ciento
de la superficie está dedicada a este sector con doble propósito, por una parte
proveer la mayor cantidad de becerros para la producción de carne en la
entidad, y por otro lado son
responsables de la leche producida en pastoreo el cual el 85 por ciento del
volumen de leche producida con 684 millones 919 mil litros durante el 2017,
según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

La legisladora detalló que es necesario impulsar el desarrollo
agropecuario en la entidad, lo que obliga a tomar en cuenta las demandas,
necesidades y oportunidades de los productores, y del resto de la sociedad; tal
como lo plantea el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, aseguró que el Programa Agroalimentario
Pecuario es un proyecto viable y que sin duda fomentará a la ganadería
sustentable con integración a cadenas de valor que no sólo se beneficiará el
sector ganadero sino también a los consumidores finales.

“Se tiene que privilegiar, como parte de una
política de igualdad sustantiva el apoyo necesario y suficiente a las mujeres
veracruzanas que con gran tesón trabajan en el campo veracruzano y en especial
en la ganadería”, citó.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) para su análisis y dictamen correspondiente.

La diputada Florencia Martínez Rivera, integrante
del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, presentó una
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1, de la
Ley que Reconoce el Derecho de las Personas Físicas, Mayores de Setenta Años de
Edad, que No Tengan Ingreso Alguno y Sin la Protección de los Sistemas de Seguridad
Social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del
Gobierno del Estado.

La legisladora expuso que las personas adultas
mayores merecen especial protección por parte de los órganos estatales y se les
tiene que brindar una vida sana como a todas las personas, garantizando su
protección por parte del Estado, pues constituyen un grupo vulnerable que por
su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia
familiar, discriminación e incluso abandono.

Actualmente, abundó Martínez Rivera, las condiciones
de pobreza, abandono, violencia, negligencia, maltrato y abuso económico que
padecen adultos mayores en nuestro estado, les imposibilita vivir dignamente su
vejez.

Dijo que esta situación de vulnerabilidad ocasiona
que no puedan satisfacer la mayoría de sus necesidades básicas, en salud,
nutrición y vivienda, limitando los derechos de estos miembros débiles de la
sociedad, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas
públicas para brindarles una adecuada protección.

En Veracruz, la actual Ley número 223, subrayó, únicamente
proporciona y hace referencia a una pensión alimenticia mensual,
correspondiente a la mitad del salario mínimo vigente, lo que es insuficiente
para que los adultos mayores logren tener acceso a una vida digna, poniendo a
las personas que son beneficiarias de esta pensión alimenticia, en un estado de
vulnerabilidad, que contribuye a la disminución de la capacidad motora e
intelectual propias de la edad, que a su vez se traduce en la dependencia
familiar y social, que en muchos casos en la realidad conlleva al aislamiento y
discriminación familiar, laboral y económica.

Agregó que hoy en día, el Poder Ejecutivo Estatal, por
mandato de la Ley, otorga una pensión alimenticia mensual a los adultos mayores
de 70 años, equivalente a la mitad del salario mínimo vigente en la ciudad de
Xalapa, siendo los 212 DIF Municipales en coordinación con el DIF Estatal, los
responsables de entregar y suministrar los recursos económicos.

De acuerdo a datos del Gobierno del Estado, hay
solamente 5,000 mil beneficiarios, a lo largo y ancho del territorio
veracruzano, expuso.

La diputada señaló que los beneficiarios de dicha
pensión alimenticia, tal y como establece la Ley, son adultos mayores que viven
en situación de pobreza y que no cuentan con ingresos o activos, ni con
pensiones del IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE, Fuerzas Armadas, ni con sistemas de pensiones
o seguridad social, ya sea privado, del Estado, de la Federación o de empresas paraestatales.

Destacó que son personas que sistemáticamente fueron
y son víctimas de exclusión laboral y de atención médica, razón por la que no
cuentan con seguros médicos y tienen dificultades para acceder a los servicios
de salud.

En la mayoría de los casos, abundó, esta pensión, es
el único medio de subsistencia con la que ellos cuentan.

Destacó que la presente iniciativa tiene por
objetivo beneficiar a los cinco mil adultos mayores, de los cuales tres mil 43
son mujeres y mil 957 hombres, aumentando y otorgándoles una pensión
correspondiente a las tres cuartas partes del salario mínimo vigente en la ciudad
de Xalapa.

Lo anterior, concluyó Martínez Rivera, con el fin de
garantizar a los beneficiarios un ingreso económico adecuado, que permita
atender sus necesidades básicas de salud, bienestar, vestimenta, alimentación,
y contribuya a su plena integración social y a una mejor calidad de vida.

La iniciativa, que registró la adhesión del Grupo
Legislativo del PAN, del Mixto PRI-PVEM y de la diputada Mónica Robles Barajas,
del Grupo Legislativo de Morena, fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables.

Con el propósito de brindar seguridad jurídica a las familias, a través de la firma del contrato matrimonial y dar protección legal también a los hijos; El Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, encabezado por el Dr. Sergio Manzur Navarrete, a través del DIF Municipal y Registro Civil invita a las personas que deseen casarse que se acerquen con la documentación requerida a las instalaciones del palacio municipal, ya que tienen hasta el 8 de febrero para entregarla.

Los requisitos son:

• 2 copias actualizadas de las actas de nacimiento de los contrayentes

• Copias de la credencial de elector de los contrayentes

• Análisis sanguíneos

• Certificado médico prenupcial

• En caso de que alguno de los contrayentes está divorciado o viudo, presentar copia de acta de divorcio o defunción

• Si algún contrayente está registrado en otro municipio o estado, deberá presentar constancia de inexistencia de matrimonio.

Las bodas se llevarán a cabo el próximo 14 de febrero en la sala de cabildo del ayuntamiento, en donde se contará con la presencia de todo el cuerpo edilicio, quienes serán testigos de honor.

El sábado 26
de enero en las instalaciones de la Universidad Veracruzana (UV) Campus
Acayucan, se llevó a cabo el Foro Consultivo de la Zona Sur “Una Nueva Agenda
Municipal de Veracruz” evento realizado
en el marco de los Foros que se llevarán a cabo en las zonas sur, centro y
norte de la entidad que tienen como finalidad escuchar las distintas voces de
la sociedad civil, jóvenes, empresarios, académicos, munícipes y servidores
públicos municipales, para hacer de los ayuntamientos de Veracruz, entidades
con mayor bienestar, mejores servicios públicos y con más desarrollo económico
y social.

Este evento fue encabezado por la diputada Florencia
Martínez Rivera, presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado y por Mario Paniagua, Jefe del Departamento
Administrativo del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM),
quien asistió en representación del Maestro Rafael Alejandro Castillo Zugasti,
Director General del citado instituto.

Así mismo, el Economista César Antonio Rodríguez
Sosa, Subdirector de Integración y Evaluación de Planes, Programas y Estudios
de la Sefiplan, impartió la conferencia “La nueva Ley de Planeación y sus
implicaciones en la Planeación Municipal y en la Construcción de Una Nueva
Agenda Municipal”, en donde expuso los
cambios que contempla la Nueva Ley de Planeación, resaltando la integración de
la metodología Gestión para resultados, así como sus ejes y presupuesto basado
en resultados. Explicó que esta metodología elimina a los obsoletos Programas
Operativos Anuales que elaboraban los Ayuntamientos como herramienta de
planeación.

Indicó que en la Nueva Agenda Municipal, se tienen
que implementar programas transversales en igualdad de género, seguridad
pública, desarrollo económico y a la par que
los ayuntamientos deben generar confianza en la ciudadanía, ya que sin
participación social no se puede avanzar.

Finalmente recalcó que el artículo 65 de la Ley de
Planeación, establece que la omisión de no seguir los lineamientos en materia
de planeación, puede generar responsabilidades legales en los servidores
públicos.

Al término del evento diversos asistentes hicieron
uso de la voz para expresar sus ideas y propuestas en temas de seguridad
pública, igualdad de género, comunicaciones, migración, empleo, cultura y
atención a grupos vulnerables.

Al evento asistieron autoridades de los municipios
de Soconusco, Oluta, Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Texistepec, Sayula de
Alemán, Santiago Sochiapa, Jaltipan, Mecayapan y Jesús Carranza.

La LXV Legislatura del Estado de Veracruz, a través
de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y
Parlamento Abierto recibió la comparecencia de la titular del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI),
Yolli García Álvarez quien, además de brindar un informe sobre las acciones
llevadas a cabo en el año, respondió a
las preguntas de las y los diputados en relación a la capacitación a entes
obligados, el motivo de la demanda contra la Sefiplan, el estado y seguimiento
a las solicitudes de información, entre otros.

A las 10:00 horas, la Comisión Permanente de
Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, integrada por el
diputado Henri Cristophe Gómez Sánchez, presidente y las legisladoras Nora
Jessica Lagunes Jáuregui y Adriana Paola Linares Capitanachi, secretaria y
vocal, respectivamente, dio la bienvenida a la compareciente y leyó los
lineamientos que guiaron los trabajos.

En la primera ronda, la diputada del Grupo
Legislativo de Morena, María Candelas Francisco Doce recordó que la
verificación diagnóstica implementada por el IVAI arrojó datos como el que de
212 ayuntamientos sólo ocho tuvieron calificación aprobatoria, acto que señaló como
un reflejo de la responsabilidad de los ayuntamientos, pero que también atañe
al IVAI.

Por lo anterior, preguntó cuál es la consecuencia
legal que tiene un ente obligado que es omiso a las solicitudes de información
y cuáles fueron los casos más relevantes de sanciones y en qué temas,
correspondiente a la administración pública estatal anterior.

La titular del IVAI respondió que el cambio de
formato relativo a los nuevos lineamientos para publicar las obligaciones se
dio al final de las administraciones municipales salientes, por lo que las
nuevas autoridades tenían apenas que organizarse. Agregó que el Instituto
asesora y capacita a los entes que lo solicitan, además que han implementado
Foros Regionales, a fin de llegar a más lugares.

A una segunda intervención de la legisladora
Francisco Doce, la Comisionada subrayó que las tres demandas a la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan) fueron por el incumplimiento de ministraciones
al Instituto y que tenían que ver con gasto corriente, arrendamientos, entre
otros conceptos.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui habló sobre la triplicación de
solicitudes de información de un solo usuario; ante lo cual preguntó si existe
abuso al derecho de acceso a la información.

García Álvarez respondió que existe el antecedente
de un Ayuntamiento en la que una sola persona realizó solicitudes de
información masiva, lo que representó que esa autoridad dedicara a todas las
áreas a cumplir con las solicitudes de información. Dijo que en acercamientos
con el Congreso se ha planteado la posibilidad de plantear mecanismos para que,
cuando sucedan este tipo de casos, ampliar a más de diez días el plazo para que
el sujeto obligado entregue la información y así no ser sancionado.

La diputada Vicky Virginia Tadeo Ríos, del Grupo
Legislativo de Morena, recordó el exhorto
que se realizó a los Ayuntamientos donde se plantea la publicación y
actualización de los portales de transparencia y acceso de información del
estado de Veracruz; posteriormente cuestionó qué acciones emprendió el IVAI
para verificar que los Ayuntamientos cumplieran esta disposición legal en el
2018 y qué porcentaje de cumplimiento se alcanzó, además preguntó cuál fue la
sanción a los Ayuntamientos que incumplieron en este tema.

A lo que Comisionada del IVAI, refrendó que la
capacitación es el eje rector para dar cumplimiento de estas acciones, -agregó-
que antes de que los nuevos Ayuntamientos entraran en vigor se trabajó en
cuáles eran las obligaciones que se deberían dejar cumplidas, para los
salientes, así como levantar el acta de validación de las acciones incumplidas
en el caso de los entrantes, en el proceso de entrega recepción.

Aseguró que esta fue una acción que se realizó de la
mano de la Legislatura del Estado de Veracruz y el Órgano de Fiscalización, en
6 foros regionales para llegar a todos los puntos del estado.

Afirmó que actualmente, se han intensificado los
programas de capacitación para los nuevos titulares para que se conviertan en “la
voz” del IVAI dentro del Ayuntamiento y lograr que todas las áreas
administrativas tengan ese compromiso.

Respecto a la verificación, reiteró que no fue
posible verificar a todos los sujetos obligados, sin embargo se detectó que de
los 212 Ayuntamientos 24 incumplen al no tener en la plataforma ningún formato,
sin embargo aclaró que no ha concluido el proceso y que ya están en proceso
para dictaminar en los próximos días.

Por su parte el diputado Raymundo Andrade del Distrito
XII de Coatepec, pidió información referente al tema de la reportera Naldy
Rodríguez, respecto a la solicitud que realizó de los convenios publicitarios
firmados por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado
(CGCS) del año 2011 al 2016 y autorizados por el ex Gobernador del Estado Javier
Duarte de Ochoa y que supuestamente no le fueron otorgados; por lo que la
Comisionada respondió que a modo de aclaración el IVAI no presenta la
información que se solicita, sino que exhorta a los sujetos obligados a
entregarla en tiempo y forma conforme a la ley.

Ante esto el Instituto dictó la resolución que se le
fuera entregada dicha información por
parte de la CGCS, pues a pesar de asegurar de que no los tenían en existencia
no había sido expedida un acta de validación de inexistencia a través del comité
de transparencia; fue en enero de 2017 que se puso a disposición de la
reportera 799 fojas para sacarle copias, ya que en ese momento aún no estaba la
disposición de tenerlos publicadas en el portal.

De acuerdo a la ley tuvo 60 días hábiles para recoger
la información y que de no obtener esta información haberlo referido al IVAI
para actuar al respecto; sin embargo, al no haber respuesta de la misma, tanto
el Instituto así como la CGCS dio por finalizado el asunto de acuerdo al plazo
que marca la ley.

Indicó que la ciudadana Naldy Rodríguez promovió un
juicio de amparo ante el juzgado 2do de distrito de Veracruz y el IVAI solicita
los documentos a la CGCS dándose a la tarea de verificar la calidad de la
información, aunque no se encuentra obligada a realizar dicha actividad.

Expuso que ante las negativas de la Unidad de
transparencia de la CGCS de entregar dicha información, fue sujeta a una
amonestación por parte del Instituto. Finalmente se remite la información al
IVAI, siendo aun más fojas que las que inicialmente se habían entregado, para
que una vez revisadas ser entregadas a la solicitante. Añadió que adicional a
estas acciones, se solicitaron las facturas al ejecutivo que dio respuesta a
través de actas de validez que no tenían las facturas que emparaban dichos
convenios.

A la fecha, la solicitante expone inconformidad por
el cumplimiento de dicha información en la fiscalía, sin embargo no ha dado
parte al IVAI sobre los hechos o causas de dicha inconformidad; por lo que el
colegiado no ha resulto a la fecha si se debe dar por cumplida, ante lo
anterior el IVAI no ha dictaminado nada, hasta el que colegiado resuelva.

El diputado Andrade Rivera, cuestionó respecto al
tema del Foro Boca y la determinación que dio el IVAI de entregar por parte del
Ayuntamiento de Boca Río información de la construcción de este inmueble a un
particular que la solicitó, así como las carpetas y documentación que avalaran
dicha información para poder realizar una consulta pública.

García Álvarez, aseguró que en cuanto al Foro Boca,
fue alta la importancia y cantidad de recursos que se utilizaron que fue
calificado como sujeto obligado, afirmó que en efecto se han recibido muchas
solicitudes al respecto de los gastos de construcción.

Abundó que fue encontrado de primera instancia dos
irregularidades, solicitar la identificación de quien pide la información,
cuando ésta puede ser anónima y la segunda que le dieron un plazo específico
para la revisión de la documentación, cuando la persona llega a realizar la
revisión de la documentación no se le permitió el acceso ya que no se respetó
el plazo ni horario establecido.

Asimismo, le prohibieron la posibilidad de tomar
fotografías, por lo que levanta su inconformidad ante el IVAI. De acuerdo a la
observación del Instituto, el Ayuntamiento levanta constancia de haber cumplido
con la entrega de información, sin embargo el particular no acude al IVAI al
desahogó y este Instituto le da vista con la documentación emitida por el
sujeto obligado, donde asegura haber cumplido con la solicitud de la
Institución.

En la segunda intervención de la diputada Nora
Jessica Lagunes en relación a por qué esperaron a que concluyera la
administración estatal para presentar la demanda por la falta de pago de Sefiplan,
la presidenta del IVAI indicó que en primera instancia realizaban los
requerimientos de pago, pero que a partir de que el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (Orfis) lo detectó en la Cuenta Pública pidió al Órgano
Interno de Control del IVAI actuar en consecuencia.

Al hacer uso de la voz, durante la segunda ronda de
preguntas y respuestas, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui,
representante del PAN, cuestionó a la Comisionada Yolli García, sobre las
acciones de inconstitucionalidad presentadas por los órganos autónomos en
relación a creación de los órganos internos de control en cada uno de ellos.

García Álvarez detalló que estas acciones se derivan
de que consideran que no puede existir un órgano autónomo, como es el caso de
los órganos internos de control, dentro de otro órgano autónomo y están a la
espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo defina.

No obstante que se atendió el llamado del Congreso a
crear el órgano interno de control, abundo la Comisionada Presidenta, existe
una omisión legislativa y derivado de ello no se realizó una armonización
legislativa adecuada.

Lo anterior, destacó, pone en riesgo la viabilidad y
la autonomía financiera y presupuestal, del órgano que preside, y la acción de
inconstitucionalidad, promovida ante la SCJN, la cual se encuentra en periodo
de análisis, concluyó.

Como parte del calendario de comparecencias de los
órganos autónomos ante el Poder Legislativo de Veracruz, este 28 de enero
acudió la titular de la Comisión Estatal de Atención y Protección de
Periodistas (CEAPP) Ana Laura Pérez Mendoza a comparecer ante la Comisión
Permanente de Atención y Protección de Periodistas, presidida por la diputada
María Josefina Gamboa Torales, en donde brindó un informe sobre los resultados
de un año de ejercicio y además respondió las preguntas de las y los diputados.

A las 16:00 horas, en el auditorio Sebastián Lerdo
de Tejada, y con la participación del diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico,
secretario de la Comisión, la diputada María Josefina Gamboa dio la bienvenida
a la compareciente y acto seguido leyó el reglamento y disposiciones de los
trabajos de esta reunión.

En la primera ronda y por el Grupo Legislativo de
Morena, el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico preguntó qué acciones hace la
CEAPP para apoyar a las familias de los periodistas que hayan perdido la vida y
cuáles en materia de protección de periodistas mujeres, toda vez que Veracruz
tiene decretadas dos Alertas de Violencia de Género (AVG).

Al respecto, Pérez Mendoza indicó que han destinado
recursos humanos y financieros para las familias, así como medidas de seguridad
y programas con la Comisión de Víctimas. Destacó que debe sumarse esfuerzos con
el Poder Legislativo para crear mecanismos que faciliten los trámites a
realizar, ya que –ejemplificó- en el caso de un compañero desaparecido llevó un
año tener la constancia de víctima y los familiares se les dificultó el
trasladarse a la capital, que incluye gastos de traslado, hospedaje,
alimentación, entre otros.

Sobre las acciones de AVG informó que trabajan con
asociaciones, entre ellas “testigo púrpura” con actividades en materia de
prevención y concientización. Además se busca la coordinación con la autoridad
de seguridad pública.

A la segunda intervención del legislador Álvarez
Pellico sobre la atención otorgada por la CEAPP a los periodistas Oliver
Coronado y Ramón Rocha, la presidenta del órgano autónomo explicó que se llevó
a cabo una reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Gobierno, el
entonces legislador por Orizaba, Rogelio Arturo Rodríguez García y el munícipe
para tratar el tema.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, María
Josefina Gamboa Torales, solicitó que de todas las preguntas que realizó, se le
hiciera llegar por escrito en el término que la ley marca que es de 48 horas,
para su análisis y ampliación. Respecto a sus cuestionamientos versaron en los
temas del crecimiento presupuestal para el ejercicio 2018 en el capítulo 4 mil,
el cual incrementó de 600 mil pesos a 2 millones de pesos el cual pretende
incrementarse a 2 millones 300 mil pesos para ejercicio fiscal 2019, y que
debería reflejarse en protección para periodistas, ante lo anterior, Gamboa
Torales cuestionó, que en el contexto que en 2017 fueron 403 medidas de prevención en comparación de las
293 medidas dictadas en 2018; ¿a qué se debe la disminución de medidas?

Asimismo, la legisladora cuestionó que en su informe
de diagnóstico de la CEEAP referente a
la libertad de expresión, aseguró que los primeros 5 meses del 2018 se
registraron 478 agresiones de
periodistas, al respecto, preguntó si a pesar del incremento presupuestal del
233 por ciento no se cumplió con el objetivo de disminuir las amenazas en
contra de los comunicadores.

En su tercer cuestionamiento, la legisladora
preguntó cuáles son las acciones específicas que realiza la CEEAP para hacer
valer los derechos de los trabajadores, ante la afirmación por parte de esta
dependencia, de la precariedad laboral de los periodistas. Asimismo, cuestionó
que de las 133 medidas dictadas de los 46 expedientes de carácter preventivo,
se mencionan 29 medidas implementadas en colaboración con la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), 53 medidas tecnológicas, en conjunto con los años
anteriores, 3 más con la SSP y 8 tecnológicas, en el caso específico de SSP,
cuáles fueron específicamente y cuánto se destinó presupuestalmente en ese
sentido, así como en las tecnológicas,
cuántos periodistas fueron beneficiados y de qué manera contribuyeron a
la prevención de las agresiones.

En su quinto cuestionamiento, María Josefina Gamboa
Torales, abordó el tema del periodista Manuel Carvallo quien falleció hace
algunos días, por complicaciones en la amputación de un pie, aseguró que es
parte de las funciones de la CEEAP es apoyar a periodistas que se encuentran
ante alguna necesidad primordial, cómo garantizar que los apoyos sociales que
otorgan se realicen de manera imparcial.

A lo que la Presidenta de este Organismo, respondió
que referente al caso del compañero Manuel Carvallo fallecido en días
anteriores la Comisión no cuenta con la facultad de seguridad social para otorgar a
periodistas y que para ello hay autoridades encargadas de velar por los
derechos laborales, no solo de periodistas, sino de los trabajadores
veracruzanos, sin embargo la CEEAP pone atención en los periodistas que tengan
o no derechos laborales. En el caso especifico del finado Manuel Carvallo, en
el transcurso de varios momentos se le otorgó apoyo con asesoría jurídica
referente a un problema con un familiar, apoyo para la compra de medicamento,
la canalización a los Servicios de Salud correspondiente, pero él lo denegó en
su momento, entre otros, inclusive para sus gastos funerarios, asimismo,
destacó que en la pasada legislatura se presentó una iniciativa respecto a la
seguridad social del gremio, ya que es un tema fundamental para la CEEAP.

En lo que se refiere a la cuestión presupuestal,
Pérez Mendoza –agregó- que desde el año 2017 la Comisión realizó una reducción
de salario del cuerpo que integra la CEEAP, en vista de poder contribuir con
los programas de austeridad.

Ante el cuestionamiento del presupuesto, la
presidenta de la Comisión aseguró que la primera ampliación de 600 mil a 2 millones 339 mil pesos, al capítulo 4
mil fue planteado por la restructuración
por servicios personales, y ese monto es el que se espera volver a ejercer para
el 2019, sin obviar las economías posibles para beneficiar a este rubro, esto
se refleja en apoyos en materia preventiva, en revisión de expedientes y
reforzado en medidas de seguridad de los afectados. Añadió que en materia de
tecnológica, se ha realizado compra de equipo para reforzar los centros de
trabajo, además aclaró, que no fueron 403 medidas en 2017, sino 288 medidas
cautelares.

En cuanto a su derecho de réplica, la diputada
Gamboa Torales, solicitó explicar y abundar respecto a las inconsistencias en
cuanto a gastos de representación y viáticos, por lo que solicitó un desglose
por escrito de cada uno de los gastos expuestos en el informe presentado, ya
que la cantidad presentada en viáticos supera los 600 mil pesos que se han
otorgado en apoyo al gremio y con esto no se cumple con los objetivos de la
comisión.

Asimismo, cuestionó el caso de Jesús Santander que
fue reportado el 7 de enero como haber
concluido su medida cautelar y el 13 de enero se reporta como vigente.

Al respecto, la Presidenta del CEEAP, argumentó que
habría que revisar cuando se realizó la entrega del informe por parte del IVAI
ya que algunos gastos por comprobar se realizan hasta fin de mes; agregó, que
no existe gastos de representación para los integrantes de la Comisión y que se
utilizan vehículos oficiales de una manera responsable.

Respecto al tema de Jesús Santander, la Presidente
de CEEAP, se reservó abundar en el tema,
ya que se encuentra en su derecho de preservar detalles que pudieran poner en
riesgo la integridad del afectado o las personas implicadas en el mismo. Por lo
que propone una mesa de trabajo para platicarlo en lo particular.

A lo que la diputada Gamboa Torales, solicitó por
escrito se describa qué medidas cautelares han concluido y cuales siguen
activas, además solicitó las datos de los 578 periodistas capacitados, así como
los por menores de los tipos de capacitación y cómo fueron elegidos.

Al
hacer uso de la voz, durante la segunda ronda de preguntas y respuestas, la
diputada María Josefina García, cuestionó a la compareciente sobre diversos
temas, en especial sobre el trato misógino de que fueron objeto dos
periodistas, por parte del Secretario Ejecutivo de la CEAPP y qué medidas de
protección se toman cuando este tipo de acciones proviene de un funcionario de
esa Comisión, además sobre la situación que guardan otros casos que han
atendido y en cuáles existen comentarios que no han sido debidamente atendidos.

Asimismo,
fue cuestionada la presidenta de la Comisión respecto a la disparidad que
existe entre el número de carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía
especializada y las que reporta la CEAPP, a lo que la compareciente respondió
que esa disparidad se debe a que el organismo que preside abre carpetas por
cada caso que recibe y los periodistas no siempre deciden presentar la denuncia
correspondiente ante la Fiscalía.

Pérez
Mendoza se comprometió a hacer llegar -en el tiempo establecido- por escrito los
demás temas y datos que quedaron pendientes de responder.

El legislador Augusto Nahúm Álvarez cuestionó sobre
cuáles son los criterios para la redistribución del presupuesto de la CEAPP y
en qué elementos se basan para la capacitación a periodistas; a lo que Pérez
Mendoza contestó que siempre actúan conforme al Código Financiero del Estado y
demás leyes aplicables y –agregó- desde 2017 se establecieron los lineamientos
procurando que en dicha redistribución privilegiar la prevención y protección
de la integridad de las y los periodistas.

Sobre el plan de capacitación, expuso ésta es
realizada con el fin de incentivar a los periodistas a una mejor labor. Agregó
que se llevaron a cabo tres talleres, capacitándose a más de 50 personas del
norte y centro de la entidad.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura, diputado José Manuel Pozos Castro recibió a la diputada federal,
Anilú Ingram Vallines, quien presentó ante este Poder la iniciativa con
proyecto de Ley en Apoyo a Jefas de Familia Veracruzanas en Situación de
Vulnerabilidad, para el trámite legislativo correspondiente.

Con la participación de la diputada Mónica Robles
Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, el legislador Pozos Castro recordó que de conformidad con el
capítulo II, “Del Proceso Legislativo”, fracción II, del artículo 48 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo los diputados y senadores del Congreso de la
Unión, que se encuentren en funciones y hayan sido electos en el Estado, tienen
el derecho de iniciar leyes o decretos.

El legislador Pozos Castro subrayó que las y los
diputados del Congreso del Estado siempre respaldan las acciones que beneficien
a la sociedad en su conjunto y destacó que la suma de esfuerzos es de vital importancia para la construcción
de leyes que generen desarrollo social, bienestar y paz social.

“Sin distingo de partidos o colores, en el Congreso
privilegiamos el diálogo y la apertura porque es una demanda que nos exigen las
y los veracruzanos”, enfatizó.

La legisladora federal, Anilú Ingram destacó la
apertura de la Sexagésima Quinta Legislatura de Veracruz, toda vez que al
escuchar el sentir de las diversas fuerzas políticas dan muestra de la madurez
con que se guían los trabajos de este y corresponden a la nueva realidad que
vive la entidad.

Indicó que su iniciativa busca que la autoridad
estatal brinde apoyo a las jefas de familia que están en situación de
vulnerabilidad, que significa aquellas que no reciben beneficios de algún
programa social.

La diputada Magaly Armenta Olivares, presidenta de la
Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla “Premio Estatal a la Mujer
Veracruzana 2019”, expresó que este galardón se otorga a quien por sus
acciones, con su esfuerzo y amor, con su quehacer diario, ha trascendido en su
labor a favor de la población femenil y el Estado se los reconoce de esta
manera.

Esto, al encabezar los trabajos de la Comisión
Especial, durante los cuales analizaron el proyecto de convocatoria al Premio
Estatal, misma que deberá ser aprobada por el pleno del Congreso del Estado
para su posterior publicación.

Asistieron, también, las diputadas María Graciela Hernández
Iñiguez, secretaria; María Candelas Francisco Doce y Cristina Alarcón
Gutiérrez, vocales; quienes revisaron cada una de las bases de la convocatoria,
dirigida a las asociaciones civiles y académicas, agrupaciones defensoras de
derechos humanos y ciudadanas en general.

El propósito de la convocatoria es que se considere
a las veracruzanas, con los méritos suficientes, para recibir este
reconocimiento. De acuerdo con las bases, las propuestas podrán presentarse a
partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 22 de febrero del
presente año, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Las propuestas deberán incluir una exposición de
motivos y una narrativa de las principales acciones a favor de la igualdad de
género, promoción, impulso o defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Se establece que la comisión seleccionará entre las
propuestas a la mujer que, a su juicio, sea la merecedora
de esta distinción. El dictamen será sometido a consideración del Pleno para su
aprobación y la decisión de este es inapelable.

Integran, también, esta Comisión Especial, las
diputadas Florencia Martínez Rivera, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, Ivonne
Trujillo Ortiz y Jessica Ramírez Cisneros.

Las propuestas deberán hacerse llegar al Palacio
Legislativo, en avenida Encanto S/N esquina Lázaro Cárdenas, Colonia El
Mirador, Xalapa, Veracruz. Más información, en el teléfono (228) 842-05-00 extensión 2040.

El diputado presidente de la Comisión de Educación y
Cultura, León David Jiménez Reyes, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo
con el que se exhortaría al Rector de la Universidad Popular Autónoma de
Veracruz (UPAV), para que entregue un informe al Congreso del Estado sobre el
estado que guarda la institución en diferentes aspectos.

Durante su participación en Tribuna, el legislador
propuso solicitar por escrito y a la brevedad, un informe que precise la
cantidad de alumnos inscritos en las diversas áreas de la UPAV, detalles sobre
la inscripción y titulación; así como qué asociación civil y por qué se encarga
de manejar y operar los recursos que ingresan a la Institución.

Al exponer sus consideraciones, mencionó que uno de
los reclamos más constantes y que durante años hicieron los jóvenes
veracruzanos, era la falta de oportunidades para seguir estudiando una carrera
universitaria. El cupo que ofertaba la Universidad Veracruzana era insuficiente
y muchos aspirantes se quedaban sin preparación académica.

Recordó que este problema motivó la apertura de
diversas instituciones educativas en el sector privado, inaccesibles para
muchas familias veracruzanas.

Como medida para combatir el problema, en el 2011 se
expide la Ley número 276 que creó la Universidad Autónoma Popular de Veracruz,
desapareciendo el Instituto Veracruzano de Educación Superior y ofreciendo una
opción educativa de carácter público que respondía a las necesidades
específicas de la sociedad veracruzana.

Sin embargo –refirió el legislador de Morena-, desde
su fundación, la UPAV es administrada por un patronato cuyo manejo administrativo
es necesario transparentar.

Como ejemplo, señaló que en las cuentas públicas de
la UPAV del ejercicio fiscal 2016, la Comisión de Vigilancia de la LXIV
Legislatura, determinó 17 observaciones, de las cuales, se detectaron
irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores, ex
servidores públicos y personal que administra recursos recaudados, que hacen
presumir la existencia de daño patrimonial e inconsistencias de carácter
administrativo.

Explicó que finalizada la ampliación de la auditoría
financiera de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se determinó
que existen observaciones por probable daño patrimonial equivalentes a un monto
superior a los 363 millones de pesos.

Indicó que como Presidente de la Comisión es miembro
de la Junta de Gobierno de la UPAV y sin embargo, decidió solicitar la
información desde la Tribuna del Congreso, para dejar en claro que las cosas se
van a hacer bien y que habrá transparencia en el manejo de los recursos de la
institución.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, presidida por la
diputada Brianda Kristel Hernández Topete, recibió la comparecencia de la
titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto
Benítez, quien atendió las preguntas de las y los legisladores en relación a la
atención a la caravana de migrantes centroamericanos, trabajo a favor de víctimas
indirectas de feminicidio, trámite a las quejas, transparencia y casos
específicos referentes a la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras
dependencias.

La legisladora Hernández Topete, con la
participación de las diputadas Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz,
secretaria y vocal, respectivamente, guiaron los trabajos de esta
comparecencia, llevada a cabo en cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo
segundo del artículo 67 de la Constitución Política del Estado y lo señalado,
tanto en la Ley Orgánica como en el
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo.

En la primera ronda de preguntas y a nombre del
Grupo Legislativo de Morena, el diputado Wenceslao González Martínez preguntó
sobre el apoyo de la CEDH a la caravana de migrantes centroamericanos, las
acciones emprendidas en caso que se haya registrado la violación a derechos
humanos y si hubo coordinación con los gobiernos municipales y con el Estatal.

Matzumoto Benítez respondió que la labor de la CEDH
si hubo acompañamiento a la Caravana y que ésta labor se circunscribe en
vigilar que durante el tránsito por el territorio no sean vulnerados sus
derechos. Informó que asignaron más personas a las delegaciones de los
municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz para tal fin.

Refirió que recibieron quejas de la Caravana, en
su mayoría porque no se les brindó de
manera rápida y adecuada la atención médica para quienes sufrieron accidentes o
tuvieran una enfermedad. Destacó que hubo acciones coordinadas con los
ayuntamientos antes citados y asimismo con el Instituto Nacional de Migración
(INM) para los migrantes que optaron por el retorno voluntario a su país.

Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), la diputada Montserrat Ortega Ruiz cuestionó el número de quejas
registradas por familiares de víctimas de feminicidio, los programas
implementados para atender a las víctimas indirectas de este delito y si la
Comisión cuenta con personal especializado en el protocolo de Estambul cuando
se realiza este proceso en los reclusorios.

La titular de la CEDH informó que hay dos quejas que
versan sobre el retardo injustificado en la integración de carpetas de
investigación y –abundó- que existe coordinación con el Comité de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW). De igual forma señaló que registran cuatro recomendaciones
por tortura, una de 2016 y tres en 2017. En el mismo sentido subrayó que la
CEDH no cuenta con personal especializado para la atención del protocolo de
Estambul.

Por el Grupo Legislativo Mixto “Del
Correcto de la Historia”, la diputada Florencia Martínez Rivera preguntó qué
clase de políticas públicas ha implementado con los 212 municipios para promover y difundir la
cultura de los derechos humanos en la entidad; a lo que Matzumoto Benítez
respondió que a pesar de ser importantes las actividades de difusión se han priorizado las actividades de capacitación
en todo el estado. Destacó que en los municipios de Poza Rica y Jáltipan se han logrado firmar convenios para
llevar a cabo estas actividades, sin
embargo la capacitación no exige convenios.

Agregó que a través de las
delegaciones se han dado pláticas, capacitación, instalación de módulos afuera
de los Ayuntamientos -previo autorización de los propios ediles-, así como
campañas mensuales, siendo una acción constante en todos los ayuntamientos
que realizan los delegados de la CEDH,
además de las campañas en redes sociales que tienen gran alcance.

Por su parte la diputada Martínez Rivera resaltó que los derechos humanos son
esenciales para cualquier persona ya que gracias a su respeto se goza de
justicia, libertad y poder vivir de forma igualitaria, – agregó- es parte de la
sociedad que todos deben hacer colectiva y que convierte en protagonistas y
vigilantes de los mismos.

A lo que Namiko Matzumoto aseguró “extender la mano”
para el trabajo en conjunto a fin que las acciones que se tienen encaminadas sean
logradas y poder garantizar los derechos
humanos en Veracruz.

La diputada Brianda Kristel Hernández
Topete, representante del Grupo Legislativo Mixto MC-PRD, cuestionó cuántas
solicitudes de quejas recibió la CEDH por parte de los municipios que componen
el distrito XXIV, con cabecera en Santiago Tuxtla, y qué status guardan; por su
parte Matzumoto Benítez aseguró que existen 9 quejas; 4 están en
Visitaduría, 4 en trámite y una turnada a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) por motivo que la CEDH ya no tuvo competencia, pues las
autoridades que violaron los derechos humanos fueron de índole federal.

La legisladora Hernández Topete, continúo
su cuestionamiento respecto a las acciones que han impulsado los derechos
humanos por alerta de género; a lo que la Presidenta del CEDH respondió que
tanto la Ley General para que las mujeres vivan libres de violencia y su
homónima estatal, consideran a las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos
Humanos como aliados estratégicos en la implementación de las medidas de alerta
de género más no tienen injerencia como dependencia o autoridad.

Aseguró que la CEDH es tomada en
cuenta como un actor estratégico que puede coadyuvar en la elaboración de
políticas públicas para emitir las alertas de género y existe participación en
la creación del modelo, cursos de capacitación en diversos municipios de la
entidad, además de llevar el contenido de los derechos humanos en México como
una herramienta para introducir los
derechos humanos de género en la entidad.

El
diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, del Grupo Legislativo de Morena,
preguntó sobre las recomendaciones formuladas en contra de la FGE, cuántas
atendió y cuántas no.

Namiko
Matzumoto respondió que durante los tres años de su administración, la Fiscalía
ha sido destinataria de 53 recomendaciones; de hecho –puntualizó- es el ente
con mayor número de recomendaciones.

En
el año que se informa, la FGE recibió 21 recomendaciones, dos no fueron
aceptadas, por lo que se promovió el recurso de impugnación y están en trámite
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El porcentaje de cumplimiento que
tiene la Fiscalía es de 32.77 por ciento.

Durante
su intervención, la diputada de Morena, Cristina Alarcón Gutiérrez, abordó el
caso específico de la policía municipal de Orizaba, “los veracruzanos hemos
vivido con indignación, gobiernos indolentes y corruptos que lo menos que han
procurado es la plenitud de los derechos humanos”, refirió la legisladora.

La
titular de la Comisión aceptó que los casos que han vulnerado derechos humanos
por parte de la policía municipal y de los inspectores de comercio de Orizaba,
son de dominio público. Especificó que el año pasado se emitieron 17
recomendaciones por el uso ilegítimo de la fuerza y que inclusive las últimas
fueron rechazadas por la anterior administración.

Dijo
que han entrado en comunicación con el nuevo gobierno municipal que
aparentemente tiene la intención de aceptar las recomendaciones e ir avanzando
en el cumplimiento de dichos puntos.

Destacó
que la CEDH privilegia que las víctimas sean reparadas oportuna e
integralmente, eso es lo que más interesa a la Comisión.

La diputada Deisy Juan Antonio, del
Grupo Legislativo de Morena, cuestionó a la doctora Namiko Matzumoto, sobre el
número de recomendaciones emitidas a la FGE y cuál ha sido la repuesta de ese
órgano autónomo.

La respuesta fue que en 2017 fueron 11
recomendaciones y en 2018 se emitieron 21, las que han sido aceptadas por la
Fiscalía, en una primera etapa, aunque enfrenta dificultades, especialmente, en
el cumplimiento de recomendaciones de compensaciones a víctimas, ante la falta
de presupuesto que argumenta este organismo.

Abundó la titular de la CEDH que la
Fiscalía presenta un 32.77 por ciento de cumplimiento de las recomendaciones
emitidas y sobre sanciones a funcionarios públicos sólo ha informado que ha
sido iniciado el procedimiento.

La diputada María Esther López
Callejas, del Grupo Legislativo de Morena, centró sus cuestionamientos en las acciones
realizadas en atención a víctimas de desaparición forzada, a sus familiares y
qué protocolos aplican.

A estos cuestionamientos, Matzumoto
Benítez respondió que en los casos de desapariciones forzadas se da
acompañamiento a los familiares de las víctimas, orientación, asesoría en
protocolos y se mantiene un contacto permanente con ellos.

En otro momento de su participación,
la diputada Deisy Juan Antonio, preguntó
el número de recomendaciones emitidas en el caso de las fosas
clandestinas localizadas en el predio “Arbolillo”, ubicado en el municipio de Alvarado;
respondiendo la compareciente que fueron 12 quejas y básicamente por falta a la
debida diligencia.

El legislador Amado Jesús Cruz Malpica, del
Grupo Legislativo de Morena, preguntó cuántas recomendaciones ha emitido la
CEDH respecto al tema de periodistas y sobre la posición de este órgano con
relación a la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas
(CEAPP), toda vez que –consideró- pareciera existe un “problema de frontera”,
entre ambas instituciones.

La
servidora pública expuso que la CEDH emitió en 2017 una recomendación y en 2018
dos conciliaciones (cuando ya se acredita la restricción ilegitima) respecto al
ejercicio periodístico. Descartó un “problema de frontera” con la CEAPP, ya que
–agregó- ésta última tiene encomendada la protección de los periodistas en
relación a su vida e integridad en el ejercicio del periodismo y brindar las
medidas necesarias.

Detalló
que la CEDH siempre tiene disposición de trabajar coordinadamente con los
diversos órganos y dependencias de la administración pública, con el fin de
garantizar los derechos humanos de quienes habitan o transitan por el
territorio veracruzano.

La
legisladora Ana Miriam Ferráez Centeno, del Grupo Legislativo de Morena,
solicitó la postura de la CEDH respecto a los resultados de las políticas
públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. A lo que Matzumoto
Benítez respondió que el Estado mexicano y en particular Veracruz es “rico” en
legislación respecto a igualdad entre mujeres y hombres “el problema a
enfrentarse está entre la normativa y la realidad, ya que existe una brecha
enorme al respecto”.

La
comparecencia, que inició a las 10:00 horas, fue concluida a las 12:18 horas
por la diputada Brianda Kristel Hernández.

La
diputada del Distrito XI, Ana Miriam Ferráez Centeno, ofreció una disculpa a
las mujeres veracruzanas por su declaración de ayer, “no supe expresar de
manera correcta la indignación, la impotencia y el dolor que siento ante esta
situación de las cuales somos víctimas las mujeres en nuestro país”.

En
la sala de prensa del Congreso del Estado, la legisladora originaria de Xalapa,
expresó su solidaridad con todas las mujeres que de cierto modo sufren
violencia de género, discriminación, la misoginia y las desigualdades, y que
además temen por su vida y la de sus hijas.

La
diputada secretaria de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, consideró
que la violencia contra las mujeres es una realidad que debe atenderse
conjuntamente.

“Mi
admiración a todas las mujeres, jefas de familia que trabajan todo el día y
hasta altas horas de la noche. Mi intención nunca fue coartar su libertad y
tampoco victimizarlas. Es de humanos errar y con humildad les reitero mi
ofrecimiento de disculpas a todas las mujeres que se sintieron agredidas por mi
declaración”, puntualizó.

Además,
dijo sumarse y celebrar que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ponga en
marcha a partir del 25 de enero, su programa “Cero Tolerancia a la Violencia”.

La diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz presentó ante el pleno de la
LXV Legislatura un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que propone la
creación de la Comisión Especial para el Seguimiento de las Alertas de
Violencia de Género Contra las Mujeres y por Agravio Comparado para el Estado
de Veracruz.

La legisladora Robles Barajas, presidenta de la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales destacó que la discriminación,
la inseguridad, los feminicidios, asesinatos y desapariciones representan una
lacerante realidad que viven cientos de mujeres y niñas veracruzanas, marcando
por siempre su vida, la de sus familias
y con ello la de la sociedad entera.

“Una realidad que a
todas y a todos nos indigna, nos preocupa y nos conmina a tomar acciones
en colectivo”, destacó.

Señaló que hoy toma la palabra desde la máxima
tribuna del Estado para expresar de manera categórica que su partido,
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tiene un compromiso irrestricto
con el respeto y la garantía al libre ejercicio
de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y de la ciudadanía
veracruzana en su conjunto.

“A pesar de haber heredado de las administraciones
anteriores los índices de violencia más alarmantes en la historia de nuestro
estado, de ninguna manera justificaremos o promoveremos medidas que atenten contra la libertad de las
personas”, refirió.

Dijo que en
Veracruz es y debe ser, asunto de la más alta prioridad en la Agenda
estatal, para los tres órdenes de gobierno, para el Poder Ejecutivo, como para
los Poderes Legislativo y Judicial, que se acentúen de forma efectiva, las
acciones para atender las recomendaciones de las Declaratorias de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres, por Feminicidio y por Agravio Comparado
para el estado.

Agregó que como diputadas y diputados de la
Sexagésima Quinta Legislatura, primera
integrada con paridad de género, es una extraordinaria oportunidad para saldar
la deuda de igualdad sustantiva, y consideró de gran importancia y emergencia,
proponer ante el Pleno, la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la
implementación de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y por
Agravio Comparado.

Destacó que esta Comisión Especial debe estar conformada con la representación de cada una de las
fracciones parlamentarias por las y los diputados que deseen demostrar acciones
y decisiones.

Además, propuso que en esta instancia participen
también, las y los presidentes integrantes de las siguientes Comisiones
permanentes de: Para la Igualdad de Género; de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables; de Salud y Asistencia; de Educación y Cultura; de
Procuración de Justicia; de Asuntos Indígenas; de Derechos de la Niñez y la
Familia, de Seguridad Pública; de Justicia y Puntos Constitucionales y de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

Para finalizar, la diputada de Morena, apuntó que esta
Sexagésima Quinta Legislatura puede
hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre la libertad, el respeto y
la inclusión para las veracruzanas, al romper inercias, al superar tabúes y
prejuicios, para escribir la historia que debe transformar el entorno, la
cultura de Igualdad y la vida de todas.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de
Veracruz aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por
el cual este Poder exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)
del estado a revisar, en conjunto con las Comisiones Permanentes para la
Igualdad de Género y de Hacienda del Estado, el presupuesto para atender
eficazmente las alertas de violencia de género contra las mujeres, declaradas
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Incluye la revisión del presupuesto para fortalecer
la capacidad institucional de las Unidades de Género de la Administración
Pública Estatal, de los organismos autónomos y del Poder Judicial y para
retomar, como referentes, los anexos X y XI del Decreto de Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016, a
fin de crear un nuevo anexo de presupuesto etiquetado para el ejercicio fiscal
2019.

Lo anterior, para implementar políticas públicas en
las dependencias de la Administración Pública Estatal, que refuercen las
acciones y los programas para la igualdad de género, la prevención y atención
de la violencia y el empoderamiento de las veracruzanas.

En este Acuerdo, resultado del anteproyecto que
presentó el pasado 8 de enero la diputada del Grupo Legislativo de Morena,
Mónica Robles Barajas, los integrantes de la Jucopo coinciden en relación a que
el Presupuesto de Egresos es el instrumento de política pública que refleja las
prioridades económicas y sociales de los gobiernos en términos monetarios, por
este motivo debe considerar las necesidades e intereses de las mujeres y los
hombres.

Destacan la aportación, por parte de la legisladora,
de información estadística respecto a que Veracruz se ubica entre los primeros
lugares en la incidencia de feminicidios a nivel nacional, así como en
embarazos de adolescentes, lo que revela una constante de violencia contra las
mujeres, a quienes además se criminaliza por decidir interrumpir su embarazo.

La diputada Robles Barajas, presidenta de la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, consideró legítimo
el reclamo de las Unidades de Género y Enlaces para la Igualdad de la
Administración Pública Estatal, de los organismos autónomos y del Poder
Judicial de mayores recursos para el desempeño de sus tareas, por lo que estima
necesario elaborar un anexo que permita fortalecer políticas públicas que
materialicen acciones y programas en la materia y se combatan las violaciones a
los derechos humanos de las mujeres y niñas.