Como parte de las actividades de difusión cultural
del Congreso del Estado, se llevó a cabo la inauguración de la muestra de
trabajos finales de las experiencias
educativas de Introducción a la Fotografía Contemporánea que se imparten
en los Talles Libres de la Universidad Veracruzana (UV).

La expo titulada “De Todo como Botica”, hace honor a
la diversidad de temáticas que alumnos de diversas carreras universitarias,
tanto de la UV como de instituciones privadas, desarrollaron en su primer
acercamiento al uso del equipo
fotográfico y al desarrollo de sus habilidades
creativas encontrando en este arte un medio de expresión.

El encargado de los Talleres Libres de la UV, Félix
Andrés Menier Villegas, aseguró que cada alumno seleccionó una temática
personal desarrollando fotografías acompañado de un breve trabajo de
investigación, a través del cual pudieran reproducir conceptos y sentimientos
de acuerdo a sus afinidades .

Asimismo, dijo que en esta exposición se podrán
encontrar trabajos de estudiantes del área de formación libre de la UV,
-añadió- que de ahí el nombre de la misma “De Todo como Botica” pues es un
cúmulo de riqueza cultural y perspectiva de su diario andar, además de
desarrollar ésta habilidad e incrementar su currícula estudiantil.

Menier Villegas, agregó que otros de los talleres
que manejan son en el área de pintura y en el área de diseño, en donde alumnos
de otras instituciones educativas pueden tener acceso con una cuota de
recuperación muy accesible.

Esta exposición estará montada en los pasillos del
Palacio Legislativo durante el mes de Febrero. Estuvieron presentes en este
evento Tonatzin Galindo, docente de los talles libres de la UV, Gustavo
Olivares, encargado de la Galería Ramón Alva de la Canal de la UV, Blanca
Vargas, Pintora, José Marón Pérez Ochoa, Catedrático de la Facultad de Artes Plásticas
en el área de fotografía de la UV, así como alumnos expositores.

El Congreso de Estado de Veracruz se une a los
trabajos de difusión que la Asociación Civil ISAANA “Mujeres con Poder”, se han
propuesto para prevenir, capacitar y controlar la Diabetes Mellitus
en la entidad, a través de programas y ciclo de conferencias que involucren
dependencias gubernamentales como la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)
y la Secretaría de Salud y Asistencia (SSA), entre otras, y que a su vez
fomenten el autocontrol en pacientes de esta enfermedad.

Margarita
Moreno Azamar, secretaria de esta asociación civil, resaltó el apoyo que han
obtenido del Congreso del Estado, por parte del diputado José Manuel Pozos
Castro, que a través de su intervención en cuanto a vinculación con otras
dependencias, vía oficios dirigidos a SEV, SSA y Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan), han podido iniciar
acciones coordinadas para impulsar el fortalecimiento de este tema en
cuanto a la prevención.

Asimismo, destacó que como parte de las acciones se encuentran realizando ciclos de conferencias,
los días 14 de cada mes, a fin de crear conciencia sobre la importancia de la
prevención ante esta enfermedad.

Elda
Jael Durán Orozco, presidenta de la Asociación Civil “ISAANA, A.C, Mujeres con
Poder”, aseguró que estas actividades son
una oportunidad para llegar a la sociedad en el cuidado de la salud para poder prevenir
complicaciones, y que a menudo conllevan al deterioro de la salud integral de
los pacientes.

Agregó que para este 14 de febrero se dictará la
conferencia denominada “Educación en Diabetes: cuidado y autocontrol”, y la
dinámica “círculo azul”, la cual será impartida por la nutrióloga Renata
Barroso Sadurni, en las instalaciones de IVJ, ubicado en la avenida
Ávila Camacho, número 286, colonia Formosa.

Por
su parte Barroso Sadurni, dijo que esta conferencia, dirigida a autoridades
responsables en los diferentes niveles educativos, permitirá ofrecer diferentes
herramientas en el control de la diabetes. Abundó que el primer contacto de los
niños con diabetes, fuera de su círculo familiar, son maestros y directores, por lo que es
primordial que este sector cuente con la capacitación adecuada para acompañar el control.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz llevó a cabo el
Foro “Violencia Digital, rumbo a una legislación integral en Veracruz” con la
participación de Olimpia Coral Melo Cruz y Priscila Ruiz del Frente Nacional
para la Sororidad y que tuvo como propósito destacar la importancia de la
iniciativa, presentada el 17 de enero pasado, de reforma al Código Penal para
sancionar la violencia digital, a través de la creación del capítulo “Delitos
Contra la Privacidad Sexual”.

En el evento, celebrado en el auditorio Sebastián
Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, la diputada recordó que su propuesta
busca señalar que comete el delito de “violación a la intimidad sexual”, quien
por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya, publique y/o solicite
imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente de
contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el
consentimiento de la víctima.

Con la participación de la titular de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto Benítez y de la directora
del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Yolanda Olivares Pérez, la
legisladora subrayó que se pretende
sancionar a quien cometa este ilícito de cuatro a ocho años de prisión y multa
de hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Agregó que este tipo de violencia afecta
principalmente a mujeres de entre 14 a 35 años y que el daño se convierte viral
al perpetuarse a través de los espacios digitales como las redes sociales, el
internet y correos electrónicos.

Por todo lo anterior –indicó- es necesario que en
Veracruz cuente con el tipo penal que sancione este tipo de conductas y que
garantice el acceso a la justicia.

Olimpia Coral, fundadora del Frente Nacional para la
Sororidad, dijo que la violencia digital es cualquier acto doloso que se
presenta a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
plataformas de redes sociales o correo electrónico, que le cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual, tanto en el ámbito privada
como en el público.

Añadió que el ciber acoso y los mensajes de odio
ayudan a reforzar la cultura sexista y machista que ve a las mujeres como
objeto. La porno venganza es la difusión sin consentimiento de la intimidad de
las mujeres, el daño que les puede llegar a causar es hasta la muerte, expuso.

De igual forma participó Priscila Ruiz Guillén,
activista en derechos humanos y abogada feminista, egresada de la Universidad
Autónoma de Chiapas.

Cabe destacar que la iniciativa actualmente está en
análisis de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. De
aprobarse, el Estado de Veracruz se sumará a la Ciudad de México, Estado de
México, Puebla y Zacatecas, entidades que ya cuentan con una legislación que
sanciona este tipo de conductas.

• Este miércoles debería comparecer ante la ASF
• El monto es tan solo lo tan solo lo del año 2014

Con base en la atribución
que le confiere la fracción XI del Artículo 31 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo, el diputado presidente de la Mesa Directiva de
la LXV Legislatura del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, decretó
un receso sobre la sesión extraordinaria en la que dictaminarán los juicios
políticos contra el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el secretario
general del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, el diputado presidente de la
Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, solicitó un
receso, para reanudarse este viernes 8 de febrero, a las 17:00 horas.

Cabe destacar que dicha
sesión será de conformidad con lo establecido en el artículo 85 del mismo
Reglamento, la cual señala que serán privadas las sesiones ordinarias y
extraordinarias que se efectúen exclusivamente con la presencia de los diputados,
sin la asistencia del público o de los medios de comunicación, para tratar
asuntos que tengan ese carácter.

De acuerdo con las
fracciones VII y IX del artículo antes citado, las sesiones privadas se
dedicarán al análisis de las imputaciones que se hagan a los servidores
públicos a que se refiere el Título Quinto de la Constitución y a la
integración y funcionamiento del Congreso como órgano de acusación en los
juicios políticos.

A
petición de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, las Comisiones
Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos
y Atención a Grupos Vulnerables, celebraron una reunión de trabajo para
analizar la iniciativa de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por
Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, previo a la emisión del
correspondiente dictamen.

Ante
representantes de 12 colectivos provenientes de siete municipios, la diputada Presidenta
de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Mónica Robles Barajas,
dio la bienvenida a los asistentes y reconoció el esfuerzo de los familiares de
desaparecidos por acudir al encuentro.

Del
mismo modo, agradeció la presencia de la diputada Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Brianda Kristel Hernández
Topete; así como de Jorge Verástegui González, consultor independiente sobre
desaparición de personas; la ex magistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo y la
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto
Benítez.

Al
hacer uso de la voz, la diputada Presidenta de la Comisión Especial para el
Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de
Veracruz, Elizabeth Cervantes de la Cruz, recordó que la Comisión que preside
se creó el 6 de diciembre pasado, está integrada por 11 diputados y una de sus
primeras tareas fue presentar la iniciativa de Ley, objeto del análisis.

Después
de realizar una breve introducción, el asesor del Grupo Legislativo de Morena,
Luis Fernando Quirarte Beverido, inició la lectura del articulado y anotación
de comentarios y observaciones de los participantes.

Durante
aproximadamente cuatro horas, los especialistas y colectivos debatieron sobre
los 34 artículos y posibles ajustes.

Las
Comisiones Permanentes Unidas tomaron nota de las observaciones y estarán en
condiciones de emitir su dictamen en los próximos días.

Cabe
destacar que a esta reunión acudieron representantes de otras diputadas
integrantes de las Comisiones; así como de los Colectivos Solecito, Madres en
Búsqueda, Familiares en Búsqueda, Buscando Corazones Perdidos, Colectivo por la
Paz Xalapa, Colectivo Madres en Lucha Tierra Blanca y miembros del
recientemente creado Consejo Estatal Ciudadano.

La diputada del Distrito XVIII, de Huatusco, Nora
Jessica Lagunes Jaúregui acompañó a autoridades de diez ayuntamientos de la
entidad a la reunión con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas (SIOP) del Estado, en la que se dio trámite a las solicitudes de
rehabilitación de las vías de comunicación, en la región denominada “las altas
montañas”.

Acudieron a la reunión los presidentes municipales
Alpatláhuac, Obdulia Domínguez Llanos; Coscomatepec, Serafín González Saavedra;
Tenampa, Olga Lidia Sánchez Reyes; Tepatlaxco, Luz del Carmen Hernández
Fernández; Tlacotepec de Mejía, Ansberto Marino Espinoza Murillo; Tomatlán,
Nicolás Prado Morales; Totutla, Mayra Paredes Morales y de Cosautlán, Alicia
Valdivia Vargas, así como representantes de los Ayuntamientos de Zentla y
Coatepec.

La legisladora Lagunes Jáuregui coincidió con los
munícipes en la necesidad de rehabilitar los caminos rurales que faciliten la
movilidad de los productos del campo y para que el transporte de pasajeros
hacia las comunidades más alejadas sea de forma segura.

De igual forma destacó la importancia de establecer
vínculos de coordinación entre las autoridades municipales y estatales para
atender de manera eficaz las necesidades primordiales en estas zonas.

A nombre de la SIOP, el subsecretario de
infraestructura, Fernando Elías Guevara planteó a los ediles trabajar con una
visión regional y así presentar proyectos de forma conjunta que impulsen el
desarrollo intermunicipal, beneficiando a más ciudadanos.

La diputada Nora Lagunes Jáuregui agradeció la
disposición de la SIOP en atender las peticiones de los Presidentes Municipales
e indicó que se requiere mantener la comunicación y coordinación entre los
diferentes órdenes de gobierno. Asimismo se comprometió a continuar gestionando
recursos y oportunidades en favor de la población del Distrito XVIII.

La legisladora agregó que apoyar a los municipios es
fortalecer el federalismo.

Participaron en la reunión el ingeniero David Guiot
López, director de proyectos; la arquitecta Blanca Lidia Arrieta Prado,
directora de carreteras, y el arquitecto Gilberto Carlos Ávila Portilla,
director de obras públicas, todos de la SIOP.

La Encargada del Centro de Estudios para la Igualdad
de Género y Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado, María Elena García
Filobello, dictó la conferencia “Derechos Humanos con Perspectiva de Género”, a
servidores públicos del Archivo General del Estado, como parte de la difusión
de los trabajos de ésta área de estudios a dependencias gubernamentales
estatales, a través de las Unidades de Enlace de Género.

En su ponencia García Filobello expuso que una de
las responsabilidades del Congreso del Estado, es que las propuestas
legislativas tengan buena exposición de motivos, por lo que en conjunto con las
áreas de Investigación Legislativa y la Dirección Jurídica se realizan trabajos
coordinados con el Archivo General del Estado para hacer la recuperación de
material histórico, que permite ver la evolución de las propuestas legislativas
cumpliendo con el sentido de progresividad.

La funcionaria del Poder Legislativo aseguró que con
la armonización de las bases jurídicas de los derechos humanos con el cuerpo
legislativo se ha intentado cerrar brechas de género, etnia, religión entre
otros, por lo que el concepto de igualdad total no es aplicable; sino que se debe
traducir en igualdad material, por lo que es necesario se introduzcan los
conceptos de derechos humanos y perspectiva de género en la normatividad.

Dijo que es importante que estos temas sean
retomados por este sector, pues aunque no tengan acceso a la legislación de
leyes deben contribuir a realizar justicia para hombres y mujeres con la
igualdad de oportunidades, así como en sus ámbitos laborales con aportaciones o
de servicio a las y los ciudadanos.

Asimismo, afirmó que las “lagunas jurídicas” son una
problemática para llevar a la practicidad los derechos y la perspectiva de
género, pues aunque exista la normatividad jurídica, -agregó- en el momento en
que los funcionarios públicos tienen que aplicarlo no cuentan con las
herramientas necesarias para interpretarlo adecuadamente.

Destacó que “no sólo se trata de cambiar las leyes,
sino las personas que están aplicando las leyes, y para eso el Congreso del
Estado tiene este gran reto, pues si ya cuenta con este cuerpo jurídico,
también tiene la obligación de darle seguimiento, y el CEIGDH tiene la
atribución se dar seguimiento a todas estas políticas públicas derivadas de la
armonización legislativa”.

En la conferencia estuvo presente Juan Eloy Rivera
Velázquez, Director General del Archivo General del Estado.

En
reunión de trabajo, las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de
Género y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, aprobaron por
unanimidad el acuerdo por el que se expide la Convocatoria Pública para elegir
a la titular de la Dirección del Centro de Estudios para la Igualdad de Género
y los Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Convocadas
por la diputada Presidenta de la
Comisión para la Igualdad de Género, Ivonne Trujillo Ortiz, las legisladoras
sometieron la convocatoria a revisión, discusión, análisis y aprobación.

La
diputada Secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, Ana Miriam
Ferráez Centeno, informó a la Presidenta que no hubo observaciones al proyecto
de convocatoria que se les hizo llegar para la reunión de trabajo, por lo que
se sometió a votación económica y fue aprobada por unanimidad.

En
su calidad de Presidenta, la legisladora Ivonne Trujillo, ordenó girar la
Convocatoria a la Secretaría del Congreso del Estado para su publicación.

A
la reunión celebrada en la Sala Venustiano Carranza del Congreso del Estado,
asistieron la diputada Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención
a Grupos Vulnerables, Brianda Kristel Hernández Topete y la diputada Secretaria
Deisy Juan Antonio; así como la diputada Vocal de la Comisión para la Igualdad
de Género, Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

La LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó los
dictámenes de acuerdo, por los que se autoriza a los Ayuntamientos de Fortín y
Paso de Ovejas la creación de sus Institutos Municipales de las Mujeres, como
Organismos Públicos Descentralizados con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrán la responsabilidad de
promover e impulsar políticas públicas
para la incorporación de la perspectiva de género en los Programas del Gobierno
Municipal.

El dictamen, aprobado durante la primera sesión
ordinaria de la Diputación Permanente, la Comisión para la Igualdad de Género,
instancia dictaminadora, considera que la igualdad de género es un principio
fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y por tanto, representa una obligación del Municipio asumirla como
una función primordial para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres.

De igual forma, se determinó que el Congreso del
Estado de Veracruz no tiene la facultad de autorizarles a los Ayuntamientos de
Tepetlán y Zentla para suscribir convenio de concertación con la Secretaría de
Desarrollo Social, delegación Veracruz y el Club u Organización de Migrantes
“El Porvenir”, así como “Inmigrantes Impulsando a México”, para la realización
de proyectos y en la aplicación del Programa 3×1 para Migrantes 2018.

Lo anterior, al considerar que a raíz del análisis
del convenio en estudio, este no necesita el trámite de aprobación del Congreso
del Estado de Veracruz, toda vez que con el Decreto 353 emitido por esta
Soberanía el 31 de octubre de 2017, y publicado en Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado el 23 de noviembre de 2017, fue suprimida la atribución, a
este Poder, de aprobar convenios, siempre y cuando estos no excedan el periodo
constitucional de la administración municipal.

Además que no se trata de dejar a cargo
temporalmente la ejecución, operación de obras y prestación de servicios
municipales.

A las 14:15 horas, el presidente de la Mesa
Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro concluyó la sesión y citó para la
segunda ordinaria, para el día martes 19 de febrero a las 17:00 horas.

La LXV Legislatura del Estado de Veracruz, durante
la primera sesión extraordinaria a celebrarse este jueves 7 de febrero a las 17:00
horas, debatirá y votará los Dictámenes, de fecha 29 y 30 de enero del año en
curso, emitidos por la Comisión Permanente Instructora en los expedientes
número LXV/CI/001/2018 y LXV/CI/002/2018, relativos a los Juicios Políticos en
contra del titular de la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior, es resultado de la petición planteada
en la correspondencia de la primera sesión ordinaria por el Secretario General
del Congreso del Estado. Tras decretarse un receso, la Junta de Trabajos
Legislativos se reunió y en voz de la coordinadora del Grupo Legislativo
PRI-PVEM, Erika Ayala Ríos, solicitó de conformidad con el artículo 88, párrafo
primero del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo,
modificar el Orden del Día e incluir la convocatoria.

Se acordó que en la sesión extraordinaria, a
celebrarse este jueves 7 de febrero a las 17:00 horas, incluir los dictámenes
de Juicio Político.

Previo a esta convocatoria, se dio entrada a la
solicitud del titular del Órgano Interno de Control del Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) respecto a
la asignación de recursos para el funcionamiento de dicho órgano.

Asimismo, los integrantes del Frente Estatal para la
Preservación de la Seguridad Social en Veracruz solicitan sea retomada la
aplicación del decreto que reforma la Ley 287 del Instituto de Pensiones del
Estado. Esta petición la revisarán las Comisiones Unidas de Seguridad Social y
la de Trabajo y Previsión Social.

El
diputado presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado, José Manuel Pozos Castro, dio la bienvenida a funcionarios de la
Secretaría de Desarrollo Social, quienes participaron en el Simposium
“Principales Aspectos y Acercamiento de la Economía Social”.

El
diputado por el Distrito III de Tuxpan, se congratuló por encontrar rostros conocidos
entre los asistentes, personas a quienes ha visto recorriendo todos los
rincones del estado y destacó que los temas de investigación, capacitación,
difusión y apoyo a los proyectos productivos sociales, son realmente de gran
importancia para Veracruz y para México.

En
el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, el Secretario de Desarrollo Social
del Gobierno de Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, destacó que para hablar
de Economía Social, no hay mejor lugar que el recinto del pueblo, la Cámara de Diputados,
cuna de la política estatal que habrán de llevar a cabo.

“En
esta nueva administración tanto federal como estatal, vamos a retomar ese
concepto de Economía Social, porque tiene que ver con ese tema de la coherencia
social. Que nuestros paisanos se sientan que viven en una sociedad donde todos
queremos mejorar y vivir en paz; queremos vivir de una manera digna y honesta,
lo que no hemos podido tener”, destacó el funcionario estatal.

Por
su parte, Humberto Cerdio, representante del Director General del Instituto
Nacional de Economía Social (INAES), adelantó que el Simposio más que una
ponencia, sería una construcción
bilateral que permitiría elaborar una agenda y comenzar a trabajar lo más
pronto posible.

Al
evento asistió la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad,
María Guadalupe Argüelles Lozano, quien fue la encargada de iniciar formalmente
los trabajos.

El diputado por el Distrito XII, de Coatepec,
Raymundo Andrade Rivera, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la
iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado para otorgar a la Comisión Edilicia de
Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo, la
atribución de presentar proyectos integrales e incluyentes, para ser puesto a
consideración del Cabildo.

En su intervención, durante la décima sexta sesión
ordinaria, el legislador señaló como necesario brindar esta facultad a la
Comisión Edilicia antes citada, para que fomente los valores culturales e
históricos del municipio, así como promover y proponer ante el Cabildo
programas integrales e incluyentes para el rescate, preservación e impulso de
la riqueza cultural del municipio.

Al detallar su propuesta, el diputado Andrade Rivera
manifestó que Veracruz es rico en su diversidad cultural y patrimonial, así
como tradiciones y manifestaciones artísticas que deben cultivarse,
resguardarse y, sobre todo, promover e impulsar, “para hacer de nuestra entidad
un lugar con elementos sólidos de desarrollo para nuestras comunidades,
afincado en la cultura, riqueza para Veracruz, para México y para el mundo”,
abundó.

De igual forma, añadió que el actual Gobierno
Federal, ha renovado la Secretaría de Cultura, la cual en este sexenio busca
ser “Incluyente y Equitativa” con una correcta y estrecha coordinación con las
distintas dependencias y entidades administrativas, tanto federales como
estatales, donde se llegará directamente hasta los municipios, con la participación
de los sectores social y privado.

Refirió que Veracruz cuenta con el Instituto
Veracruzano de la Cultura (IVEC), mismo que se rige por la Ley para el
Desarrollo Cultural del Estado, que en su artículo 37 establece los mecanismos
para el acceso a los apoyos en materia cultural. Sin embargo –destacó- poco se
accede a estos mismos, toda vez que se carece de una cultura para el fomento,
preservación y rescate de la cultura regional.

Sostuvo que en ocasiones organizaciones culturales,
compañías artísticas o promotores del fomento cultural, buscan acercarse al
presidente municipal, para presentar un proyecto en beneficio de la cultura y
las artes, “sin embargo el acceso a veces les es imposible”.

A lo anterior, consideró oportuno que la Comisión
Edilicia sea la que reciba estos proyectos y los presente al Cabildo para su
consideración.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Gobernación y de Educación y Cultura, para su estudio y
dictamen correspondiente.

La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno presentó la
iniciativa por la que se reforma el artículo 29 de la Ley de Protección Civil y
la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado para establecer que deberán
elaborarse y actualizarse protocolos de actuación, términos de referencia o
normatividad, para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores en situaciones de emergencia, desastre
y/o disturbios que se presenten en la entidad.

En su intervención, la legisladora propone brindar
esta atribución al titular de la Secretaría de Protección Civil, para que coadyuve,
en sus programas de protección civil, con los diferentes órdenes de gobierno
para la elaboración de los citados protocolos.

Subrayó que se pretende armonizar la legislación
estatal, con la Ley General de Protección Civil, que en su artículo 19 indica
que la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por
conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes
en materia de protección civil.

“Coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas,
así como con los municipios y delegaciones, según corresponda, en la
elaboración y actualización de protocolos de actuación para la atención de
niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas
mayores, en sus programas de protección civil”.

La también presidenta de la Comisión Permanente de
Protección Civil de la LXV Legislatura de Veracruz detalló que en México,
únicamente el 30 por ciento de los Estados contemplan en sus Leyes de
Protección Civil, algún tema relativo en pro de las niñas, niños, adolescentes,
personas con discapacidad o personas adultas mayores.

Refirió que con esta armonización, alcanzaremos un
avance significativo en esta materia, haciéndolo desde la protección de
aquellos sectores de la población que, ante eventos y desastres naturales, se
les pueden presentar mayores dificultades para salvar su patrimonio y lo más
importante, su vida.

La
iniciativa, que busca adicionar una fracción XXXIV, recorriéndose la actual
para ser la XXXV, del artículo 29 de la Ley de Protección Civil y la Reducción
del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, fue turnada a la Comisión
Permanente de Protección Civil.

Previo
al turno a comisión, el legislador Jorge Moreno Salinas solicitó adherirse a la
propuesta legislativa, acto que la
diputada Ferráez Centeno aceptó.

De no cumplirse con lo señalado en los reglamentos, deberá
sancionarse a los infractores.

La Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático del Congreso del Estado, en voz de su presidenta,
la diputada Margarita Corro Mendoza, presentó un anteproyecto de punto de
acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y a los Municipios
de la entidad a emitir a la brevedad un reglamento que señale el adecuado manejo
y disposición de los residuos sólidos urbanos y peligrosos.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la
Ley General del Medio Ambiente, la Ley Estatal de Protección Ambiental, la Ley
General de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y
de Manejo Especial para el estado de Veracruz y la Ley Orgánica del Municipio Libre.

La también integrante del Grupo Legislativo de
Morena externó que los efectos de los marcos jurídicos, federales y estatales
son escasos, dada la magnitud del mal manejo de la basura o residuos sólidos
urbanos en toda la entidad; pues lejos de tener sistemas de auténticos rellenos
sanitarios o modernos sistemas de separación, reciclaje y compostaje que
cumplan con toda la normatividad, lo que vemos son basureros a cielo abierto.

Añadió que esta situación no solamente contamina el
aire y fauna, sino también el agua con los peligrosos residuos industriales que
se vierten.

Asimismo, afirmó que es evidente que la población ha
empezado a exigir a las autoridades el cumplimiento de la Ley y el respeto a un
ambiente sano; por lo que los municipios en su autonomía son quienes deben
decidir el uso correcto del suelo, además de expedir los permisos de acuerdo a
la ley para la instalación de empresas que manejen los residuos sólidos urbanos
y peligrosos adecuadamente.

Aseveró, que resulta indispensable contar con un
mecanismo apropiado para que la autoridad Estatal y los Ayuntamientos,
fundamentándose estos en los artículos Art. 34; 35 fracciones IV, XIV, XXV
inciso c); 40 fracciones IX y XIV; 39, 53 y 58 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre, hagan y aprueben lo más rápidamente posible sus reglamentos para que los
ciudadanos, las dependencias y las empresas involucradas cumplan de manera
irrestricta con esta reglamentación, y en caso contrario, sean sancionados los
infractores.

La diputada Corro Mendoza subrayó que a pesar de que
en México existen normas oficiales que reglamentan las especificaciones para la
selección del sitio, diseño, construcción, monitoreo, clausura y obras
complementarias para la disposición de basura y de residuos peligrosos, la basura entra en proceso de compactación y
fermentación, que termina generando sustancias contaminantes que afectan el agua
superficial y del manto freático.

Además de aumentar los límites máximos permitidos y
tolerables enfrentándonos a problemas de salud pública, enfatizó.

El anteproyecto fue presentado a nombre de la
Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático,
integrada por la diputada Margarita Corro Mendoza, presidenta; y los
legisladores Juan Manuel de Unánue Abascal, secretario y Juan Carlos Molina
Palacios, vocal.

Llevan a cabo en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Congreso del Estado el conversatorio “Los Desaparecidos en Veracruz”,
organizado por la Canacintra-Xalapa.

Al participar en el Conversatorio Ciudadano “Los
Desaparecidos en Veracruz” la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz destacó
que la propuesta de Ley en materia de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición,
se caracteriza por prever un procedimiento jurisdiccional novedoso, es sensible
a los daños producidos y a las necesidades de las victimas indirectas, y que
además, tiene un enfoque de derechos humanos y respeta el principio de
presunción de vida de la persona desaparecida hasta su localización.

La también presidenta de la Comisión Especial para
el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de
Veracruz manifestó que la emisión de un cuerpo normativo, como el que
actualmente está en análisis de las comisiones,
es una necesidad impostergable.

“Así lo han expresado los colectivos de Veracruz, y
quienes integramos la Comisión Especial, coincidimos plenamente en ello, pues
esta Ley, que próximamente será una realidad en
nuestro Estado, se estará escuchando la voz y el sentir de los
colectivos de familiares de personas desaparecidas”, abundó.

La diputada Cervantes de la Cruz, integrante del
Grupo Legislativo de Morena, dijo que la iniciativa de ley busca establecer el
procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia;
reconoce, protege y garantiza la continuidad de la personalidad jurídica y los
derechos de la Persona Desaparecida y brinda certeza jurídica a la
representación de los intereses y derechos de la Persona Desaparecida, y otorga
las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares.

Además, agregó, está diseñada para que el proceso
sea pronto y expedito, ya que no durará más de seis meses. Por otra parte,
propone que las autoridades competentes para resolver serán los jueces de lo
familiar en el Estado.

Del mismo modo, fija los derechos de guarda y
custodia de las personas menores de 18 años de edad en términos de la
legislación civil aplicable; protege el patrimonio de la Persona Desaparecida y
establece la forma y plazos para que los Familiares u otras personas
legitimadas, puedan acceder al patrimonio de la Persona Desaparecida.

La diputada subrayó que esta nueva ley viene a
reforzar la determinación del Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez,
quien el 1 de diciembre de 2018, tan pronto asumió la titularidad del Ejecutivo
Estatal, emitió una Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de
Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas
en Veracruz.

Esta Declaratoria, añadió, tiene como objeto
visibilizar y reconocer la gravedad de este problema público, atender dichas
violaciones y establecer con claridad las acciones inmediatas y emergentes en
los ámbitos de búsqueda, identificación, investigación y atención a víctimas, y
así, garantizar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Al evento, organizado por Canacintra-Xalapa, a
través de su presidente José Manuel García González, asistieron Colectivos de
Desaparecidos; la diputada Montserrat Ortega Ruiz y el legislador Omar Miranda
Romero, así como la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), Namiko Matzumoto Benítez; el vocero de la arquidiócesis de Xalapa, José
Manuel Suazo Reyes y en representación del Gobierno del Estado, Arturo García
Rivera.

La titular de la Secretaría de Fiscalización del
Congreso de Veracruz, Diana Alicia Bellido Díaz, recibió de la Contralora Erika García Iturralde la Cuenta Pública del Ayuntamiento de
Misantla, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el
artículo 28 de la Ley número 364 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave relativo a que “Las Cuentas Públicas del año anterior, serán
presentadas por los Entes Fiscalizables al Congreso, a más tardar el día
treinta de abril”.

La secretaria de Fiscalización, Diana Alicia Bellido,
reconoció a la servidora pública el cumplimiento con lo establecido en la
legislación actual y –señaló- que la LXV Legislatura tiene apertura y
disposición para trabajar coordinadamente con los ayuntamientos veracruzanos,
así como para brindarles la capacitación y asesoría que requieran.

Cabe destacar que de acuerdo con la ley, el Congreso
del Estado, por conducto de la Comisión de Vigilancia, remitirá al Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) las Cuentas Públicas dentro de los
primeros quince días del mes posterior en que éste las reciba, con las
opiniones y recomendaciones que se estimen pertinentes.

Participaron en este evento el Jefe del Departamento
de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Juan Carlos
Patiño Pérez y el Director de Auditoría y Revisión Financiera, Carlos de Jesús
Mendoza Chesty, ambos del Congreso del Estado.

La
diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al artículo 12 de la Ley
de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado, para dotar a los municipios de
los instrumentos jurídicos necesarios para implementar medidas adecuadas en la
preservación de los bosques y selvas; así como las facultades que le permitan
sancionar por daños o deterioro ambiental a quien lo provoque, en los términos de
ley.

La
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que el
Congreso del Estado y los diferentes órdenes de gobierno, junto con la sociedad
civil, tienen la responsabilidad de actuar hoy para ganar el mañana, y así
garantizar a futuras generaciones un medio ambiente limpio que les permita una
mejor calidad de vida.

La
propuesta sugiere modificar el inciso H, para quedar como sigue: participar, de
conformidad con los acuerdos y convenios que celebren con los Gobiernos Federal
y de la Entidad, en la implementación de acciones de protección, conservación,
ordenación y vigilancia forestal en el Municipio.

Y
adicionar la fracción XX que diría: establecer las sanciones administrativas
necesarias en sus bandos de buen gobierno y reglamentos, por conducto de
Dirección de Desarrollo Forestal Sustentable, de conformidad con lo establecido
en el presente artículo.

Durante
la exposición de motivos, la diputada del Distrito XVIII de Huatusco, destacó
la riqueza natural que ubica a Veracruz como la tercera entidad con mayor
biodiversidad.

Sin
embargo, citó una investigación de la Universidad Veracruzana que indica que a
pesar de que el 66 por ciento de la superficie estatal tiene potencial forestal,
sólo se conserva el 20 por ciento de su vegetación original. Y que anualmente
se pierden más de 20 mil hectáreas de bosques y selvas.

Además,
informó a la Asamblea que investigaciones del Instituto Nacional de Ecología
(INECOL), coinciden en que la deforestación es un problema grave en Veracruz,
derivado de la explotación forestal, la apertura de campos de cultivo y
potreros, el desarrollo de infraestructura urbana y de comunicaciones, así como
incendios y evento meteorológicos, que han agravado la situación.

La
iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Forestal, y a la de Gobernación, para su análisis y dictamen.

Durante la Décima Sexta Sesión Ordinaria, del Primer
Periodo Ordinario, el Pleno de la LXV Legislatura nombró y tomó la protesta de ley a los ciudadanos Rosa de Belén
González Medrano, Víctor Hugo Guzmán Cuevas y María Elena Gutiérrez Domínguez,
como integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, Órgano del Mecanismo Estatal de
Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas.

La
vacante de Familiar de Personas Desaparecidas para la zona sur corresponde a la
ciudadana Rosa de Belén González Medrano y en cuanto a las vacantes de Organizaciones
de la Sociedad Civil, los ciudadanos Víctor Hugo Guzmán Cuevas, del Centro de
Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C. y María Elena Gutiérrez Domínguez, de Vida
Digna para Personas Adultas Mayores A.C.

El
presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, José Manuel Pozos
Castro, solicitó a los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento
a la Problemática de la Desaparición de Personas en Veracruz, diputados
Elizabeth Cervantes de la Cruz, Henri Christophe Gómez Sánchez, Nora Jessica
Lagunes Jáuregui, Erika Ayala Ríos, Florencia Martínez Rivera y Brianda Kristel
Hernández Topete, conducir al recinto legislativo a los nuevos integrantes del
Consejo, para la protesta de ley correspondiente.

De
acuerdo al Dictamen, emitido por la Comisión Especial, entre las precisiones
solicitadas para pertenecer el Consejo Estatal Ciudadano; para familiares de
personas desaparecidas de la región sur, se solicitó experiencia en búsqueda, en
procedimientos y protocolos en la materia, en acompañamiento a otros familiares
y conocimiento básico del marco jurídico aplicable.

Para
aspirantes registrados como representantes de Organizaciones de la Sociedad
Civil de Derechos Humanos: experiencia y capacidad en la promoción y defensa de
los derechos humanos, conocimiento del contexto veracruzano, particularmente de
la problemática de desaparición de personas en la entidad.

Además
de experiencia en búsqueda y acompañamiento a familiares de personas
desaparecidas, conocimiento amplio del marco jurídico aplicable, habilidades
para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

Como una medida de apoyo para las personas con
discapacidad de la entidad, el diputado José Andrés Castellanos Velázquez presentó la iniciativa que reformaría las
fracciones X y X del artículo 11 de la Ley para la Integración de las Personas
con Discapacidad para señalar que el Estado deberá promover la celebración de
convenios orientados a otorgar de manera gratuita medicamentos para el
tratamiento de salud de las personas con discapacidad.

La propuesta legislativa indica que el Estado deberá
promover, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, bancos
de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, y
facilitar a las personas con discapacidad de escasos recursos su gestión y
obtención de manera gratuita.

El también presidente de la Comisión Permanente de
Desarrollo Social, Humano y Regional sostuvo que de acuerdo a estadísticas del
Informe “La Discapacidad en México,
datos al 2014”, publicado por el INEGI, muestran que en México habitan
alrededor de 7.1 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 49.6
por ciento, se localizan en siete entidades federativas: Estado de México,
Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán y Veracruz.

Agregó que en Veracruz, con base en datos del
informe mencionado, habitan casi seiscientas mil personas con discapacidad,
representando el 7.5 por ciento del total nacional, localizando a Veracruz como
la tercera entidad con mayor población de personas con discapacidad.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz detalló que según datos del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social, para el año 2017, el 49.4 por ciento de
las personas con discapacidad vive en situación de pobreza, de los cuales al
menos el 10 por ciento está en pobreza extrema.

Dijo que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) resalta que sólo el 25 por ciento de las personas con
discapacidad con una ocupación económica tiene contrato y sólo 27 por ciento
cuenta con prestaciones médicas.

Las personas con discapacidad tienen el derecho a
gozar del más alto nivel posible de los servicios de salud, expresó el
diputado, quien agregó que el espíritu de la presente iniciativa es que el
Estado, a través de las instituciones competentes, apoye con el otorgamiento de
las medicinas necesarias para rehabilitaciones, tratamientos o aquellas de uso
diario por su situación de discapacidad.

La
iniciativa fue turnada, para su análisis, a las Comisiones Permanentes Unidas
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y la de Salud y Asistencia.

Tras clausurarse los trabajos del primer periodo
ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, correspondiente al primer año de
ejercicio constitucional, en sesión solemne fue instalada la Diputación
Permanente que fungirá durante el primer receso, que comprende del 1 de febrero
al 30 de abril del presente año.

De esta manera este órgano legislativo quedó
integrado por el diputado José Manuel Pozos Castro, presidente; Erika Ayala
Ríos, vicepresidenta y Alexis Sánchez García, secretario.

En las vocalías están las diputadas María Josefina
Gamboa Torales, Montserrat Ortega Ruiz, Magaly Armenta Oliveros, Deisy Juan
Antonio, Jessica Ramírez Cisneros, así como los legisladores Erik Iván Aguilar
López y Raymundo Andrade Rivera.

Fungirán como sustitutos las diputadas Elizabeth
Cervantes de la Cruz, Judith Pineda Andrade, María Candelas Francisco Doce y
Adriana Esther Martínez Sánchez, así como los legisladores Víctor Emmanuel
Vargas Barrientos, Rodrigo García Escalante, Rubén Ríos Uribe, Sergio Hernández
Hernández, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Henri Cristophe Gómez Sánchez.

A las 19:20 horas fue declarada legalmente instalada
esta instancia legislativa.

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder
Legislativo la Diputación Permanente estará compuesta por el cuarenta por
ciento del total de los integrantes del Congreso, de los cuales la mitad
actuará como propietarios y los demás como sustitutos. Además señala que funcionará
durante los recesos del Congreso y, en el año de su renovación, hasta la instalación
del sucesivo, debiendo integrarse proporcionalmente según el número de
diputados pertenecientes a los diversos grupos legislativos.

El presidente de la Mesa Directiva, José Manuel
Pozos Castro, concluyó la sesión y citó a la primera ordinaria para el martes 5
de febrero a las 13:00 horas, en la sala de sesiones Venustiano Carranza.

El diputado por el
Distrito XVII, José Magdaleno Rosales Torres, integrante del Grupo Legislativo
de MORENA, emitió un pronunciamiento, señalando irregularidades en el
Ayuntamiento de Manlio Fabio de Altamirano, correspondientes al periodo
municipal 2014-2017. Recordó que en el
2014, el regidor único de ese municipio denunció ante el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) y ante la Fiscalía Especializada,
posibles actos de desvío de recursos y simulación de obras. El legislador
reprobó que el ORFIS y la anterior Legislatura validaron obras, pese a que los
montos no corresponden a los que el Ayuntamiento especificó. Entre las
irregularidades, citó la supuesta construcción de aulas en la escuela Adolfo
López Mateos, presupuestada en 450 mil pesos. Obra que aseguró, no se realizó. Como obras
inconclusas, señaló la construcción de un pozo profundo en la localidad de San
Cenobio y la ampliación de red eléctrica de la localidad de Alta Luz. Mencionó que el regidor
único del periodo mencionado, interpuso las denuncias correspondientes ante la
Fiscalía Anticorrupción; sin embargo, los avances en las investigaciones han
sido lentos. “El problema de la
corrupción nos afecta a todos, pues antes de ser diputados, somos ciudadanos y
desde aquí debemos trabajar en el cuidado de los recursos del erario y que no
se permita que las tesorerías de los ayuntamientos sean la cartera de los
alcaldes”, puntualizó el diputado Rosales Torres.

El
diputado Gonzalo Guízar Valladares, coordinador del Grupo Legislativo Mixto
“Del Lado Correcto de la Historia”, sometió a consideración de la LXV
Legislatura una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un
artículo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para
crear la Subsecretaría de Educación Indígena.

El
legislador del Distrito XXX, de Coatzacoalcos, explicó que el Gobierno de la
República, las entidades federativas y los municipios, tienen la obligación de
garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo a la
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior,
entre otras.

Después
de referirse al amplio marco normativo que establece el reconocimiento
constitucional y legal de la necesidad de fortalecer la educación indígena, señaló
la gravedad de que gran parte de las nuevas generaciones de los pueblos
originarios no están aprendiendo a hablar la lengua de sus antepasados.

Dijo
que el poeta indígena Juan Hernández Ramírez, recientemente galardonado por el
Congreso de Veracruz con la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” y presente durante
esta Última Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones, manifestó su
preocupación sobre el futuro de las lenguas de los grupos originarios y que no
debe permitirse que las lenguas indígenas se extingan.

Lo
anterior dado que son depositarias simbólicas de los bienes materiales e
inmateriales de la humanidad, ya que si lo hacen, mueren con ellas la
filosofía, la cosmovisión, los conocimientos y la sabiduría construidas a
través de cientos o quizás miles de años.

Advirtió
que para preservarlas, hay que transmitirlas y reproducirlas a través de su
fomento y revitalización lingüística y cultural, y es la escuela la vía más idónea.

Con
base en las ideas del poeta Juan Hernández, el legislador destacó que la niñez
indígena merece una atención digna e igualitaria en materia educativa, y no
será así mientras la estructura operativa actual no cumpa con las necesidades
lingüísticas.

“La
nueva Subsecretaría debe hacerse cargo de manera inmediata del fomento,
conservación, desarrollo y preservación de nuestras lenguas originarias,
evitando su deterioro; por ello, la presente iniciativa cumple con el nivel
histórico que merecen nuestras comunidades indígenas”, subrayó.

El
presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, turnó la iniciativa
a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación, de Educación y Cultura, y
de Asuntos Indígenas, para su análisis y dictamen.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por
el cual se crea la Comisión Especial de la Industria Azucarera, Alcoholera y sus Derivados, como
órgano de gestión y posicionamiento legal para apoyar a los productores de caña
de azúcar de la Entidad.

Esta Comisión Especial estará integrada por los
diputados Alexis Sánchez García, presidente; José Magdaleno Rosales Torres,
secretario y Jorge Moreno Salinas, Juan Javier Gómez Cazarín, Florencia
Martínez Rivera, Juan Manuel de Unánue Abascal y Margarita Corro Mendoza, como
vocales.

Esta instancia legislativa es resultado del
anteproyecto con punto de Acuerdo, presentado el pasado 17 de enero por el
diputado vicepresidente de la Mesa Directiva, Alexis Sánchez García.

En el anteproyecto, el legislador planteó la crisis
por la que atraviesa la industria azucarera nacional, en la que repercuten
gravemente las importaciones de alta fructosa procedente de los Estados Unidos,
con lo que se pone en riesgo a los ingenios azucareros y, por tanto, a los
productores de caña, obreros, transportistas, cortadores y todas las mujeres y
hombres que hacen posible la cadena productiva de este noble cultivo, del cual
dependen más de 500 mil familias en Veracruz.

-Gobierno Federal debe frenar importación de
alta fructuosa y edulcorantes-

En la sesión, las y los diputados aprobaron
el Acuerdo de la Jucopo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar
políticas públicas que frenen la importación de alta fructosa y edulcorantes al
país, a la vez que ordene a la Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales, de la Secretaría de Economía, realizar una
investigación sobre la alta fructosa estadounidense que entra a México por
prácticas desleales de comercio (dumping).

De igual forma se
exhorta al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión para que revisen la situación que guarda el acuerdo sobre el azúcar entre
México y Estados Unidos en el tratado que sustituirá al anterior de libre
comercio.

Este Acuerdo es
resultado del anteproyecto que presentó el 8 de enero de este año, durante la
décima primera sesión ordinaria, el diputado Juan Carlos Molina Palacios.

La LXV Legislatura del Estado de Veracruz lleva a
cabo el proceso de licitación simplificada para los servicios de limpieza y
fotocopiado, con el propósito de transparentar las acciones en el uso y
aplicación de recursos, además de elegir la mejor opción en cuanto a calidad y
precio que ofertan los proveedores.

En la reunión, celebrada en la Sala Jesús Reyes
Heroles del Congreso del Estado, la titular de la Secretaría de Servicios
Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales, encabezó los
trabajos de la licitación simplificada relativa al servicio de limpieza y que
tuvo la participación de tres empresas del ramo, así como el proceso para el
servicio de fotocopiado.

De esta manera al elegir la mejor opción para el
mantenimiento y los suministros que requiere el Poder Legislativo de Veracruz,
sus autoridades administrativas cumplen con las disposiciones establecidas en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y ponderan por
el ahorro en el gasto.

Participan en las licitaciones por el Departamento
de Adquisiciones, Mario Pérez Espinoza; de la Dirección de Tesorería,
Diana Leydi Zacarías Carrasco; Coordinación de
Informática, Cesar Eduardo Pérez Díaz; Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales, Carlos Iram Arévalo Rodríguez; Contralor del
Poder Legislativo, René Buenrostro Hernández; así como representantes de la
Secretaría General y la de Fiscalización, entre otras áreas afines.

Los resultados, de la elección de la empresa para la
prestación del servicio, serán publicados en el sitio relativo a las
adquisiciones de la página oficial del Congreso del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de
Veracruz aprobó, durante la décima sexta sesión ordinaria, la segunda etapa de cuatro
decretos de reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, relativos a facultades de este Poder para autorizar a los
Ayuntamientos montos máximos de empréstitos, integración de Concejos
municipales, disposiciones para suplir ausencia de diputados, así como la
consulta, a las comunidades indígenas sobre planes y programas de desarrollo.

De esta manera y con 46 votos a favor, fue aprobado el
Dictamen de Decreto que reforma el artículo 33, fracción XVI, inciso c), de la
Constitución Política del Estado por el que se establece como facultad del
Congreso del Estado, autorizar a los Ayuntamientos, por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes, los montos máximos para la
contratación de empréstitos y obligaciones en las mejores condiciones del
mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el
otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

De igual forma
y con 48 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen que
adiciona el párrafo noveno, recorriendo
los párrafos sucesivos al artículo 4 de la Constitución Política del Estado,
con el que se establece que las autoridades deberán privilegiar la solución del
conflicto sobre los formalismos, siempre y cuando, no se afecte la igualdad
entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

En los juicios o procedimientos seguidos en forma de
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.

En la sesión, última del periodo ordinario del
primer año de labores, el Pleno aprobó –con 45 votos- el Decreto que reforma
diversas disposiciones del artículo 33 de la Constitución Política estatal con
el que se establecen las facultades que tiene el Congreso del Estado para
designar a los vecinos que conformarán un Concejo Municipal, para convocar a elecciones
extraordinarias y las disposiciones para suplir, en caso de ausencia, al
diputado propietario y suplente, plurinominal.

De esta forma, el Congreso podrá designar, con la
aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre los vecinos
de un municipio, a los que integrarán un concejo municipal. Éste se conformará
con un número de concejales idéntico al de ediles que corresponderían al
Ayuntamiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley.

También se establece que el Congreso del Estado podrá
llamar, en cualquier momento, cuando se trate de diputados elegidos por el
principio de representación proporcional, al siguiente en el orden que
corresponda, según las listas presentadas por los partidos políticos, si
ocurriere la falta del propietario y del suplente.

Asimismo, podrá convocar a elecciones
extraordinarias de los Ayuntamientos en los que se hubiere declarado la
nulidad, o no se hubiere hecho la declaración de validez respectiva, el día
último del mes de diciembre inmediato a la elección correspondiente.

En la convocatoria se fijará la fecha de celebración
de las elecciones, se expedirá en un plazo no mayor a 45 días, contados a
partir de la declaración de nulidad, si es el caso, y en ella no se podrán
restringir los derechos y prerrogativas que la Constitución Federal y las leyes
generales aplicables otorgan a los ciudadanos y a los partidos políticos.

Por último, fue aprobado –con 45 votos a favor- el
Dictamen de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 5 de la
Constitución Política del Estado para indicar que el Estado y los municipios,
en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán el derecho de las
comunidades indígenas a promover su desarrollo equitativo y sustentable, por lo
que para la elaboración de los respectivos planes estatal y municipales de
desarrollo consultarán previamente a las comunidades indígenas.

Lo anterior, conforme a los medios de consulta que
para tal efecto se establezcan en la Ley de Planeación, así como la forma en
que participen en el ejercicio y vigilancia de las acciones a ellas destinadas;
también se reconocerá su derecho a una educación laica, obligatoria, bilingüe y
pluricultural.

Asimismo, en los términos previstos por la ley, se
impulsarán el respeto y reconocimiento de las diversas culturas existentes en
la Entidad y combatirán toda forma de discriminación.

Cabe
destacar que, al ser aprobados en los dos periodos ordinarios correspondientes,
estos decretos serán remitidos a los Ayuntamientos de la entidad para su
consideración y a fin que envíen, a este Poder, su acta de Cabildo con el
sentido de su voto.

De
aprobarlo más de la mitad de los Ayuntamientos, el Pleno de la LXV Legislatura
los declararía aprobados y los remitirá al Ejecutivo estatal para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La diputada Florencia Martínez Rivera, integrante
del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, presentó ante
el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que deroga disposiciones de la
Ley Estatal del Servicio Civil, eliminando los preceptos legales que por
diversas reformas se han vuelto contrarios a la nueva estructura orgánica del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, estipulada tanto en la Constitución
Política del Estado como en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

La Legisladora aseguró que esta situación se ha dado
ante las numerosas reformas, derogaciones y abrogaciones que tanto la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder
Judicial del estado han tenido, y -que inclusive- han derivado en cambios en la estructura del Poder Judicial
del Estado, impactando directamente en el órgano de impartición de justicia
laboral burocrático de la entidad, por lo que solicitó la derogación de los
capítulos I, II y III del Título Noveno de la Ley Número 364 Estatal del
Servicio Civil de Veracruz.

Martínez
Rivera, explicó que lo anterior, a todas luces, ha ocasionado que gran parte de
la regulación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, contenida en la Ley
Estatal del Servicio Civil, actualmente se encuentre en desuso jurídico; sumado
a ello, la falta de actualización y adecuación al sistema jurídico veracruzano
vigente, por lo que es necesaria la derogación de diversas disposiciones de la
Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

Después
de exponer diversos ejemplos de la discordancia entre las leyes citadas, la
diputada afirmó que la regulación que establece la Ley Estatal del Servicio
Civil, en cuanto a la integración, funcionamiento y competencia del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, es distinta a lo dispuesto en la Constitución
Política y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que no corresponde a la
realidad jurídica actual de Veracruz.

“No
hacernos cargo de este tema, cerca de crear certeza y seguridad jurídica a los
gobernados, genera incertidumbre; por lo que, resulta de vital importancia dar
claridad a nuestras leyes, lo que sin duda alguna abona a la confianza de las
instituciones”, concluyó.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social
para su estudio y dictamen correspondiente.

El
Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso
de Veracruz, que preside la candidata a doctora María Elena García Filobello,
es patrocinador de la Escuela para Juventudes Defensoras de Derechos Humanos y
Constructoras de Paz, que promueve el grupo Juventudes Defensoras de Veracruz.

El
proyecto que forma parte del proyecto político educativo CDHVitoria, está
dirigido a jóvenes estudiantes, comunicadores o vinculados al ejercicio de la
libertad de expresión o al periodismo; activistas, luchadores sociales,
educadores o agentes de cambio.

En
conferencia de prensa, el joven Christian Hernández explicó que la propuesta es
por la creación de espacios con un sentido crítico, que surjan a partir de
compartir experiencias, sentires, saberes y reflexiones tanto de las juventudes
participantes, como de sus comunidades.

Para
participar es necesario tener entre 18 y 29 años, llenar un formulario
disponible en la página derechoshumanos.org.mx/escuelita2019, acudir a una
sesión informativa el 23 de febrero en Xalapa, registrarse antes del 17 de
febrero, tener disponibilidad de tiempo los sábados de 11:00 a 16:00 horas de
marzo a junio y cubrir el pago de una cuota simbólica.

Entre
los temas que aborda el programa de la “Escuelita”, como se refieren al
proyecto, destaca: Perspectiva de género y juventudes, no discriminación,
migración, cultura de paz, defensa de tierra y territorio, derecho a la
educación, derecho a la información y derecho a la alimentación, entre otros.

La
LXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó el Dictamen por el cual se
reforma el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz, que alentará, entre otras cosas, la contratación
de personas con discapacidad y adultos mayores.

Después
de emitir votaciones en lo particular y en lo general, los legisladores
aprobaron también reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y al Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.

Con
46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso del Estado
aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Comunicaciones, para
reformar el párrafo primero del artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con ellas, para quedar como sigue: “en la planeación,
programación, presupuestación, contratación, construcción, ejecución,
conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control, de las obras públicas
y los servicios relacionados con ellas, se tomará en cuenta, preferentemente,
la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con
discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales,
productos y equipos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.

De
igual forma fue aprobado el Dictamen con proyecto de decreto, emitido por la
Comisión Permanente de Hacienda del Estado, que adiciona los artículos 8 Bis, 8 Ter y 17 Bis a la Ley
de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios de Veracruz.

La
iniciativa remitida por el Titular del Ejecutivo responde a la necesidad de
armonizar con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal federal, en
específico con lo dispuesto por los artículos 3- B y 6°penúltimo párrafo.

De
esta manera el Gobierno del Estado, atiende los requerimientos del ente
fiscalizador Auditoría Superior de la Federación (ASF), realizado a la anterior
administración gubernamental, derivados de la práctica de la Auditoría
denominada “Distribución de las Participaciones Federales” a la Cuenta Pública
2016; para que se precise en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los
Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la disposición del pago
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable a los municipios y sus organismo
auxiliares que hayan enterado a la SHCP salarios pagados con recursos propios o
participaciones federales.

Así
como también; que se precise en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y
los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la disposición de
publicar anualmente en el periódico oficial del estado y en el Acuerdo por el
que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, formulas y variables utilizadas,
así como los montos estimados que recibirá cada municipio del Estado de
Veracruz, las variables, fuentes de información, valores y métodos de cálculo
con los que se determinan los factores utilizados para distribuir las
participaciones federales; en ambos casos se estableció como fecha de
cumplimiento el 30 de junio de 2018.

Finalmente,
el Pleno del Congreso aprobó el dictamen por el cual se adiciona un párrafo al
artículo 332 del Código de Procedimientos Administrativos para quedar como
sigue: “cuando durante la ejecución de sentencia se presente la finalización
del periodo constitucional de una autoridad y el inicio de una nueva
administración, el Tribunal, de oficio, reiterará los requerimientos y medidas
de apremio previstos en el artículo 331 y en el párrafo anterior, con la
finalidad de salvaguardar los derechos de los justiciables. Ninguna destitución
podrá recaer en autoridad alguna sin que se agoten los requisitos previstos en
el párrafo anterior”.

Con
base en el resultado de la votación emitida en cada caso, la Mesa Directiva
declaró aprobados los dictámenes en lo particular y en lo general, ordenó
emitir el decreto correspondiente y turnarse al titular del Poder Ejecutivo
para su promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de
Veracruz, presidida por la diputada Mónica Robles Bajaras, sesionó este 29 de
enero para analizar la iniciativa que adiciona la fracción VIII al artículo 48
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la fracción X-B al artículo 25, el
título cuarto con un capítulo único, a la Ley Orgánica de la Universidad
Veracruzana, y el artículo 11 a la Ley de Autonomía de la Universidad
Veracruzana.

En
la sesión de parlamento abierto (transmitida en vivo por los canales oficiales
de este Poder) participaron, además de la diputada Robles Barajas, la
legisladora Erika Ayala Ríos, vocal de la Comisión antes citada; el abogado
general de la UV, Alberto Islas Reyes y el diputado Rodrigo García Escalante,
autor de la iniciativa, puesta a consideración del Pleno el 13 de diciembre de
2018.

La
diputada Mónica Robles señaló que para formular cualquier iniciativa debe
considerarse la opinión de expertos en la materia, así como la autoridad a la
que habrá de impactar la reforma.

Agregó
que como Comisión, deben definir si el Congreso, al otorgar la facultad de
presentar iniciativas a los órganos autónomos, también debe decidir cuál es el
mecanismo por el que se deben construir esas iniciativas; y en tal caso, sin
duda debe considerarse la opinión del organismo autónomo, en este caso, de la
Universidad Veracruzana.

La
legisladora Erika Ayala Ríos, expuso que esta reforma de ninguna manera vulnera
la autonomía de la Universidad y que si la Legislatura pasada, consideró
otorgarle a la Institución la facultad de presentar iniciativas, lo hizo para
que fueran los expertos que están ahí, quienes pudieran hacerlas; “pero eso en
ningún momento limita al propio Congreso de seguir generando las propias
iniciativas a las que tienen derecho”.

El
académico Alberto Islas Reyes mencionó que el Consejo Universitario General,
máxima autoridad universitaria, nombró a una comisión transitoria integrada por
miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Centro de
Globalización y Seguridad, y de la Facultad de Derecho; con la intención de
integrar un anteproyecto que a la fecha se sigue construyendo.

Reconoció
que constitucionalmente, la facultad de recibir la iniciativa, de que cumpla su
proceso legislativo interno y de que se apruebe, es competencia del Congreso;
sin embargo, puntualizó que están haciendo el ejercicio que la Constitución les
puso a disposición. “Que sea la primera vez que la Universidad construya su
propio instrumento jurídico de operación ordinaria”, subrayó.

En
respuesta, el diputado García Escalante, señaló que actualmente, la UV no tiene
un procedimiento para poder crear su propio instrumento jurídico, que es lo que
mandata la reforma constitucional y que el Consejo Universitario no tiene las
atribuciones para crear la comisión transitoria para presentar iniciativas, “lo
que proponemos es eso, darle las facultades a la UV para tenerlas”, enfatizó.

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante
del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó un
anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos
municipales de Orizaba, Ixtaczoquitlán, Río Blanco, La Perla, Mariano Escobedo
y Nogales para que destinen recursos económicos al Cuerpo de Bomberos de la
estación 119, con sede en la ciudad de Orizaba, que le permitan cubrir el
adeudo, de 363 mil pesos, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La
legisladora recordó que la estación 119 del Cuerpo de Bomberos existe desde
1971 y da servicio a la población en situaciones de
emergencia, como son incendios, fugas de gas, retiro de enjambres de abejas,
salvamento en ríos, entre otras.

Expuso que durante muchos años esta estación
funcionó mediante condonaciones de servicios, como agua, predial y servicio de
luz, con el ayuntamiento y con empresas como la CFE, en retribución de las
innumerables acciones de auxilio brindadas a la población en todos los
municipios aledaños.

Informó que desde abril de 2017 la CFE ha requerido
a los bomberos de Orizaba un pago, por la cantidad de 363 mil pesos, por los
servicios de energía eléctrica y desde el 11 de mayo de ese mismo año, a la
estación 119 le fue cortado dicho servicio.

Destacó que a pesar del corte de energía eléctrica,
los Bomberos de Orizaba continúan brindando el servicio a la población y
ejemplificó el hecho de este 28 de enero, en la colonia Barrio Nuevo, donde
cuatro elementos, con un carro bomba y un camión cisterna, apagaron un incendio
de una vivienda de madera con estructura metálica, que arrojó como saldo de una
persona lesionada.

De igual forma, explicó que para suplir el servicio
de energía eléctrica, recurrieron a la utilización de una planta de luz operada
por gasolina, la cual, a la par de consumir los pocos recursos económicos con
los que cuentan, es insuficiente para cubrir las necesidades de operación.

La diputada Cristina Alarcón subrayó que en
cumplimiento al artículo 12 de la Ley 676 de los Cuerpos de Bomberos para el
Estado de Veracruz (con vigencia del 24 de julio de 2018) los ayuntamientos
deben respaldar con recursos económicos a los cuerpos de bomberos, toda vez que
la norma dicta que el presupuesto de los cuerpos de bomberos, que en su caso
corresponda, se determinará en el presupuesto anual de egresos que apruebe el ayuntamiento
respectivo.

Agregó que a la fecha, son ya 20 meses que los
bomberos de la estación 119 carecen de luz eléctrica y nunca han dejado de
acudir a un llamado de emergencia, por lo que –consideró- urgente que los
ayuntamientos asuman su compromiso hacia esta noble institución que apoya a las
y los ciudadanos.

Su anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política, al tiempo sumarse los diputados Augusto Nahúm Álvarez
Pellico, Ana Miriam Ferráez Centeno y los integrantes del Grupo Legislativo
“Del Lado Correcto de la Historia”.

Este 29 de enero, el Pleno de la LXV Legislatura del
Estado dio entrada al oficio signado por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac
García Jiménez, por el que propone a los ciudadanos Adolfo Cortés Veneroso, Esteban Martínez Vázquez, Bertha Inés Chávez Méndez, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández
Cadena y Sofía Martínez Huerta para que ocupen el cargo de magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.

Lo anterior, en términos del artículo 59 de la
Constitución Política del Estado que señala “Los magistrados serán nombrados
por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado. En los recesos del
Congreso la Diputación Permanente hará el nombramiento, con carácter
provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva”.

Esta lista fue turnada, por la Mesa Directiva
presidida por el diputado José Manuel Pozos Castro, a la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) para su estudio y dictamen correspondiente.

En la sesión, décima quinta del primer periodo
ordinario, el Pleno aprobó el Dictamen por el cual se autoriza al Ayuntamiento
de Acajete a donar un terreno, del fundo legal, a favor del Gobierno del
estado, con destino a los Servicios de
Salud de Veracruz, para la construcción del centro de salud de este municipio.

De igual forma se determinó que el propio
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, a través de sus áreas administrativas
correspondientes, sea quien realice las adecuaciones necesarias en su fondo de
participaciones para dar cumplimento a la sentencia recaída en los autos del
juicio contencioso administrativo 129/2013 y acuerdo de ejecución de sentencia
43/2016 del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Además, el Pleno determinó que el Congreso de
Veracruz no tiene facultades para autorizar una ampliación presupuestal al
Ayuntamiento de Tlacojalpan, por lo que deberá ser el propio Ayuntamiento, a
través de sus áreas administrativas, quien realice las acciones necesarias para
dar cumplimiento a la sentencia recaída sobre el expediente laboral número
568/2010-IV del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La diputada María Esther López Callejas, del Grupo
Legislativo Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó un Anteproyecto con Punto
de Acuerdo por el que solicita al Gobierno Federal, revise las concesiones
mineras otorgadas para explotar el suelo veracruzano y de encontrar
irregularidades, ordene su cancelación.

La
diputada López Callejas sostuvo que el compromiso con el medio ambiente, es
parte de un proyecto de nación y responsabilidad de todos.

Refirió
que la minería es una actividad económica que a pesar de generar cuantiosos
ingresos a las empresas productoras, provoca la destrucción de ecosistemas y la
destrucción del medio ambiente; es decir que, lejos de ser una forma adecuada
de producción de riquezas, genera un ecocidio.

“Los
daños que ocasionan a las regiones cercanas donde se llevan a cabo estos
proyectos mineros merman el bienestar del medio ambiente y la salud de los
habitantes que viven en la región”, puntualizó.

Con
base en datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la
legisladora señaló la gran cantidad de contaminación que produce la obtención
de materiales valiosos de la corteza terrestre.

Mencionó
que a nivel federal, el pago de impuestos por ésta actividad es mínimo y sin
embargo son muchas las empresas extranjeras beneficiadas por un gran número de
concesiones durante la administración federal anterior.

Señaló
que estas empresas vulneraron leyes ambientalistas, presentan diversas fallas
técnicas y análisis superfluos en sus permisos de explotación minera.

Asimismo,
citó las declaraciones del ambientalista Emilio Rodríguez, integrante de la
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), quien refirió
que las empresas cuentan con una concesión por 50 años y se renuevan con 50
años más, por lo que tienen los instrumentos legales construidos desde hace 20
años para que su operación avance.

Ante
este contexto, López Callejas cuestionó las supuestas cancelaciones que en su
momento anunció SEMARNAT, además aseguró que resulta sospechoso que empresas
transnacionales hayan obtenido concesiones para la explotación de minas, sin
los requerimientos ambientalistas adecuados.

Por
lo que ante el Pleno, realizó una solicitud de manera respetuosa, ante el
Gobierno Federal para que a través de las instancias correspondientes, se lleve
a cabo una revisión exhaustiva de los permisos para explotar tierras
veracruzanas y de no cumplir con lo dispuesto en la ley, ser canceladas dichas
concesiones de manera inmediata.

Este
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y
dictamen.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez,
representante del Distrito VII de Martínez de la Torre, presentó ante el Pleno
de la LXV Legislatura un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al
presidente municipal de Martínez de la Torre a que, en el ámbito de su competencia, implemente
acciones urgentes, eficientes y eficaces, para garantizar la seguridad de los
habitantes del municipio que gobierna.

Durante la
décima quinta sesión ordinaria, del primer año de labores, la integrante del
Grupo Legislativo de Morena, indicó que la inseguridad es uno de los problemas
que más le han hecho saber sus representados, toda vez que se han incrementado
los robos a viviendas y comercios, extorsiones y secuestros; lo cual –agregó-
mantiene a la población intranquila y con incertidumbre.

Expuso que
además de la intranquilidad para las familias de Martínez de la Torre, el
sector empresarial es uno de los que más reciente la violencia e inseguridad y
se refleja en que varios han optado por cerrar sus negocios definitivamente.

“Resulta
inadmisible que gente que invierte su capital para establecer un negocio y al
mismo tiempo generar empleos, se vea afectada por conductas contrarias a la
legalidad, pero también a causa de la omisión de quienes tienen que velar por
la seguridad de todos”, abundó.

La
diputada recordó que en días recientes, los ciudadanos se han inconformado, en
medios de comunicación y redes sociales, con la medida implementada por el
presidente municipal de Martínez de la Torre, José de la Torre Sánchez, al
ocupar a la policía municipal para resguardar a sus familiares y cuidar sus
empresas.

Esta
situación –detalló- indigna a los habitantes, tanto de la cabecera como de las
comunidades martinenses, “mientras ellos sufren los embates de la delincuencia,
la autoridad municipal utiliza indebidamente, para su beneficio personal, a
algunos elementos de la policía bajo su jurisdicción, que bien podrían realizar
operativos y rondines por los puntos donde se registran altos índices
delictivos”.

La
legisladora Martínez Sánchez expuso que de acuerdo al censo del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Martínez de la Torre, cuenta con
110 mil 415 habitantes, lo que hace evidente que se trata de un municipio con
una amplia densidad y que, en consecuencia, requiere de atención oportuna a sus
problemas reales, sin ser la excepción el de la inseguridad.

“Sabemos
que la inseguridad es un tema que debe combatirse de raíz, con inteligencia y
estrategia, pero sin simulaciones, improvisaciones e indiferencia”, concluyó.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para el trámite
legislativo correspondiente.