En esta ocasión trabajaremos de cerca con los
colectivos y las familias de desaparecidos, que sean tomados en cuenta y así
atender de manera real este problema que ha ido creciendo en la entidad en los
últimos años, aseguró la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de
la Comisión Especial para el Seguimiento de la Problemática de las Personas
Desaparecidas en el Estado de Veracruz.

Esto, durante los trabajos del primer foro
informativo de la Convocatoria para la selección de las y los integrantes del
Consejo Estatal Ciudadano, órgano del mecanismo estatal de coordinación en
materia de búsqueda de personas desaparecidas, realizado este miércoles 12, en
la ciudad de Poza Rica, en las instalaciones del palacio municipal. La legisladora local recordó, que al Consejo Estatal
Ciudadano se integrarán por seis representantes de familias de desaparecidos,
correspondiendo dos lugares para la zona norte, dos para el centro y dos más
para el sur de la entidad, y que el proceso ha sido de trabajo cercano con los
colectivos, desde la creación de la Comisión Especial y la integración del
Consejo.

Durante el evento se contó con la participación de
especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos la búsqueda de
personas desaparecidas o no localizadas y en la investigación y persecución de
los delitos previstos en la Ley General, representantes de organizaciones de la
sociedad civil en materia de derechos humanos, tal y como se establece en la
convocatoria para la selección de las y los integrantes del Consejo Estatal
Ciudadano, cuya consulta podrá realizarse a través del link http://legisver.gob.mx/convocatoriaCEC.pdf

Así mismo, Cervantes de la Cruz destacó que ya han
recibido la documentación de interesados a formar parte del Consejo Estatal,
cuyo periodo de recepción cerrará el próximo 21 del mes en curso, debiendo
entregar en esta primera fase sus documentos en formato digital para su
análisis, posteriormente se programarán las entrevistas a quienes cumplan con
los requisitos y finalmente se seleccionará a las y los integrantes del Consejo
Estatal Ciudadano. Los interesados puede realizar su registro en la
siguiente dirección electrónica: http://www.legisver.gob.mx/registroCEC/

El diputado del distrito XXX, Coatzacoalcos II,
Gonzalo Guízar Valladares, calificó como acertada la llegada de elementos de la
Guardia Nacional al Estado de Veracruz y en especial a la región de
Coatzacoalcos. Consideró que estas acciones responden a la
exigencia ciudadana de brindar seguridad y revertir los altos índices
delictivos registrados en los últimos meses. El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, pidió no minimizar los llamados de apoyo que hacen
presidentes municipales, maestros, empresarios, ganaderos y la población en
general para garantizar la seguridad pública. Admitió que uno de los grandes retos de la
administración pública consiste precisamente en recuperar la seguridad, tarea
que exige un trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno. De la
correcta coordinación, precisó, dependerá que los programas y acciones sean
eficaces y eficientes. El también vocal de la Comisión Permanente de
Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, refirió que desde el Congreso del
Estado serán apoyadas las iniciativas de reforma o de nuevas leyes, enfocadas a
transformar la realidad que actualmente se vive en materia de seguridad. “Con la suma de esfuerzos se resolverán problemas
públicos y se darán garantías a nuevos inversionistas que generarán empleos y desarrollo en la
entidad”, concluyó Guízar Valladares

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) en el Congreso del Estado, en voz del diputado Rodrigo García Escalante
presentó la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones
de los Códigos de Derechos y Financiero, ambos del Estado, con el objeto de
quitar el cobro por Tenencia Vehicular en la entidad, toda vez que, consideró,
sería una medida que beneficiará a la economía de los ciudadanos veracruzanos. Durante su intervención en la octava sesión
ordinaria, el legislador indicó que los veracruzanos esperan ver implementadas
medidas que procuren su bienestar y su estabilidad en términos económicos. Recordó que el 20 de diciembre de 2016 fueron
emitidos dos decretos, el primero por el que se otorgó un subsidio del 100 por
ciento a los causantes del impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los ejercicios fiscales
2017 y 2018 y el segundo por el que se condonó el impuesto estatal sobre
tenencia o uso de vehículos, así como su actualización, recargos y multas
derivados de adeudos de derechos por servicios de registro y control vehicular. Dijo que dado que esa medida solo aplicó para los
ejercicios 2017 y 2018 los ejercicios fiscales subsecuentes quedan a
discrecionalidad de cada administración la continuidad o no de dicha
condonación; por lo que –subrayó- el Grupo Legislativo del PAN considera
necesario que dicho beneficio sea permanente a través de la derogación de los
Códigos de Derechos y Financiero, el Impuesto estatal sobre tenencia o uso de
vehículos. “Consideramos que el subsidio no es solución
suficiente, máxime que este es usado como razón para amarrar otros ingresos de
índole administrativa o fiscal que no guardan relación alguna con la esencia
del tributo a subsidiar”, abundó. Por último, dijo que los estados de Sonora,
Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Baja California Sur,
Coahuila, San Luis Potosí y Yucatán ya han eliminado de su legislación el pago
por Tenencia Vehicular.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, dio a conocer los
nombres de los 36 diputados que integrarán el Comité Receptor de documentos de
los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado.

En conferencia de prensa el diputado Pozos Castro
destacó el acuerdo signado con el gobernador del Estado, Cuitláhuac García
Jiménez, respecto al establecimiento de un proceso de apertura que permitirá
elevar el nivel del Poder Judicial de la entidad.

“Creemos que van a participar muchos profesionistas,
ya que hay juristas que tienen de 25 a 30 años de servicio a quienes nunca se
les había considerado ni reconocido su trayectoria”, consideró el legislador. Asimismo,
informó que el Comité Receptor está integrado por 36 diputados; de los
cuales, 19 son del partido Morena, 10 del PAN, 2 del PRI, 2 del PRD, 1 de MC, 1
del PT y 1 del PES.

Los diputados son: Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos, Rosalinda Galindo Silva, Mónica Robles Barajas, Juan Javier Gómez
Cazarín, Henri Cristophe Gómez Sánchez, Adriana Esther Martínez Sánchez,
Margarita Corro Mendoza, Magaly Armenta Oliveros, Eric Domínguez Vázquez, José
Magdaleno Rosales Torres, Adriana Paola Linares Capitanachi, Amado Cruz
Malpica, Wenceslao González Martínez, María Candelas Francisco Doce, Jessica
Ramírez Cisneros y Ana Miriam Ferráez Centeno. También Deisy Juan Antonio, Raymundo Andrade Rivera,
María Esther López Callejas, María Graciela Hernández Iñiguez, María de Jesús
Martínez Díaz, Judith Pineda Andrade, Montserrat Ortega Ruiz, Nora Jessica
Lagunes Jáuregui, María Josefina Gamboa Torales, Rodrigo García Escalante,
Enrique Cambranis Torres, Juan Manuel de Unánue Abascal, Omar Guillermo Miranda Romero, Jorge Moreno
Salinas, Juan Carlos Molina Palacios, Brianda Kristel Hernández Topete,
Florencia Martínez Rivera, Erick Iván Aguilar López, Ivonne Trujillo Ortiz y
Gonzalo Guízar Valladares. Por otra parte, el diputado Pozos Castro destacó el
trabajo coordinado entre Poderes y significó la apertura del Ejecutivo estatal
y el compromiso que estableció de proponer, como candidatos a magistrados,
únicamente a quienes hayan presentado su documentación al Congreso del Estado. El presidente del Congreso de Veracruz recordó que,
de conformidad con la fracción XIX del artículo 33 de la Constitución Política
del Estado, la persona que sea nombrada por el Pleno para el cargo de
Magistrado deberá obtener el respaldo de al menos las dos terceras partes de
los integrantes de esta Legislatura.

La Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado
de Veracruz dio entrada a la iniciativa con proyecto de Ley de Austeridad para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, cuyo objeto es regular la aplicación de medidas de
austeridad en la planeación, programación, presupuestación, ejecución, y
control del gasto gubernamental, como política pública en la entidad.

Lo anterior para cumplir con los principios de
economía, eficacia, eficiencia transparencia y honradez en la administración de
los recursos económicos de carácter público de que dispone el Estado. La iniciativa de Ley de Austeridad prevé la
reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestaciones de los
altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes
públicos. También la incorporación de todos los funcionarios a
los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de
establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro,
así como el contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos
médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación. De igual forma busca evitar el engrosamiento del
aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas
plazas. Restringir a los casos
estrictamente justificados por razón de
necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de
seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser
encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función. Prevé limitar el uso de vehículos de propiedad del
Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la
población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad
se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función
pública. Plantea restringir el gasto en propaganda oficial,
disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y
concentrando en una sola dependencia su difusión y establecer límites al número
de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la
adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Entre otras cosas propone establecer límites para
que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato
anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía
eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación,
mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes
informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas
oficiales o la inflación. No podrán constituirse fideicomisos, ni fondos,
mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan
aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas
de disciplina y ejercicio honesto del gasto. La iniciativa, que consta de 13 artículos, fue
turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y
dictamen correspondiente.

Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión de
la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. En
su calidad de presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, las diputadas
Brianda Kristel Hernández Topete, Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz,
revisaron el Plan de Trabajo, los Objetivos de la Comisión y se dio seguimiento
a las necesidades de la población lésbico gay en centros penitenciarios donde,
coincidieron, son vulnerados sus derechos. Entre otros temas, acordaron invitar para la
siguiente reunión de la Comisión, a celebrarse el 19 de diciembre próximo, a la
titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

La diputada Rosalinda Galindo Silva, del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 122 del Código
Hacendario para el Municipio de Xalapa cuyo propósito es incorporar, además de
adultos mayores, a personas con discapacidad como beneficiario del descuento
del Impuesto Predial, así como eliminar la condición que dicho beneficio sea
otorgado sobre el valor catastral. De esta manera se plantea establecer que “las
personas mayores de 60 años, o las personas con discapacidad física,
intelectual o sensorial, contribuyentes de este impuesto, que no se encuentren
en los supuestos descritos, también tendrán derecho a obtener el descuento,
previo cumplimiento de los requisitos
señalados en el mismo”. Al respecto es importante precisar que el Municipio
de Xalapa ocupa el segundo lugar a nivel estatal con una población de 60 años o más, ya que en este municipio radican
aproximadamente 58 mil personas que cuentan con ese rango de edad; de estos el
51 por ciento son mujeres, y el 49 por ciento son hombres; población que se
encuentra en estado de vulnerabilidad y que de acuerdo a lo establecido por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deben gozar de las oportunidades
que faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Dijo que el Plan
Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Xalapa 2018-2021, consideró
los estudios relativos a su
población que enfrenta algún
tipo de discapacidad, como lo es el reporte del INEGI titulado “La
Discapacidad en México, datos al 2014”, que da cuenta que las personas
con discapacidad se concentran en siete entidades federativas entre las cuales se encuentra
Veracruz, y que son ellas quienes enfrentan una
gran cantidad de obstáculos
para ejercer sus derechos establecidos
en el orden jurídico mexicano. La diputada del Distrito X, Xalapa I, subrayó que su
iniciativa pretende dos objetivos: el
primero, ampliar el universo de
beneficiarios con el descuento sobre
el pago del impuesto predial, incorporando para ello a las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, además de las personas mayores
de 60 años como ya se establece y el
segundo, eliminar la condición
de que el beneficio se otorgue sin
que se fije un monto límite sobre el valor catastral.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por
el cual se exhorta al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) a realizar una
revisión exhaustiva de los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil
476 cámaras que integran el Sistema Estatal de Video vigilancia, anunciado por
el Ejecutivo del Estado en octubre de 2017. De igual
manera se pide al Orfis remitir a esta Soberanía un informe detallado al
respecto, sin menoscabo de ejercer sus facultades legales de denuncia ante las
instancias correspondientes, en caso de encontrar elementos para ello. Este
Acuerdo es resultado del anteproyecto que presentó el pasado 27 de noviembre el
diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez. El
documento refiere la coincidencia de la Jucopo con el autor de la propuesta al
señalar que la empresa proveedora del sistema de video vigilancia cuenta con un expediente de inhabilitación abierto
por la Secretaría de la Función Pública en el año 2013, lo que abona aun más a
la desconfianza que desde el principio generó el anuncio de este programa.

-Ayuntamientos deben dar
facilidades a familias en relación a terrenos-

En la sesión, octava del primero primer periodo
ordinario, el Pleno aprobó el Acuerdo de la Jucopo por el cual se exhortan a
los Ayuntamientos de la entidad, que cuenten con el decreto de creación del Fundo Legal de su municipio, a
que promuevan y otorguen facilidades a las familias veracruzanas, con la
finalidad de que regularicen y escrituren sus predios o terrenos donde tienen
construidas sus casas habitación y que son considerados como patrimonio
familiar. De igual
forma se establece que el Departamento de Fundo Legal, dependiente de la
Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, otorgará todas las
facilidades y la asesoría legal adecuada, con la finalidad de realizar esta
encomienda en favor de todas las familias veracruzanas. Este Acuerdo es resultado del anteproyecto
presentado el pasado 6 de diciembre por la diputada del Grupo Legislativo de
Morena, Deisy Juan Antonio.

Con la finalidad de conocer los principales
problemas que enfrentan los tecnológicos superiores en la entidad veracruzana y
ofrecerles su apoyo en el marco de sus atribuciones, el presidente de la
Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso del Estado, diputado
León David Jiménez Reyes, se reunió con directivos, docentes e integrantes de
este sector educativo. Acordaron emprender acciones que les permitan
mejorar sus partidas presupuestales y condiciones laborales en general, garantizando la certeza legal en su quehacer
diario. Este encuentro celebrado en las instalaciones del
Congreso del Estado, tuvo la participación de las diputadas Adriana Paola
Linares Capitanachi y Cristina Alarcón Gutiérrez, así como de los diputados
José Andrés Castellanos Velázquez y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

Entre los asistentes destacó la presencia del
secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la
Educación Tecnológica de Veracruz (FESTEV), Fernando González Rivas, con quien
signaron el compromiso de impulsar una agenda de trabajo institucional que sea
de beneficio para este importante nivel de enseñanza superior y para las y los
veracruzanos.

El Pleno de la LXV Legislatura dio entrada a la
iniciativa con proyecto de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos,
reglamentaria del Artículo 82 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave, presentada por el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, la cual tiene por objeto regular las remuneraciones que perciban los
servidores públicos del Estado de Veracruz. En la octava sesión, correspondiente al primer
periodo ordinario de sesiones, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda
del Estado esta iniciativa que, en primera instancia, refiere disposiciones aplicables a las remuneraciones que perciben
los servidores públicos, estableciendo claramente los sujetos a quienes les
aplican sus disposiciones y los principios rectores a que deben sujetarse tales
remuneraciones. Por otra parte se establecen las bases para la
determinación de las remuneraciones desarrollando legalmente dos principios
fundamentales: el primero, que ningún servidor público puede recibir una
remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República y para el
Gobernador del Estado. La segunda, que ningún servidor público puede tener
una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las excepciones
que esta misma ley prevé. De igual forma incluye el cálculo presupuestario de
dichas remuneraciones, con la obligación de establecer los tabuladores y montos
en los presupuestos correspondientes. También se estipula lo que tiene que ver con las percepciones por concepto de
retiro, jubilaciones y haberes de retiro, figuras que considera el texto
constitucional. Se establece el control, las responsabilidades y las
sanciones, con el ánimo de que cualquier persona pueda formular denuncias ante
la instancia interna de control y disciplina de los entes reconocidos en el
texto del presente ordenamiento. En la propuesta legislativa, el Ejecutivo estatal
señala que esta ley es de suma relevancia, considerando la próxima discusión
del Paquete Económico de 2019, destacando el tema de las remuneraciones de la
alta burocracia en un contexto de crisis económica, escasez de recursos
fiscales, caída del precio del petróleo y la enorme carga del endeudamiento
interno y externo que obligan a hacer un uso eficiente y racional de los
recursos disponibles destinados al gasto público.

La diputada local Erika Ayala Ríos, coordinadora del
Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM presentó una iniciativa para reformar el
artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que permita
garantizar pensiones alimenticias más justas y velar así por el interés
superior de los menores, como lo mandata el orden jurídico nacional e
internacional. En la octava sesión ordinaria del primer periodo de
sesiones, se dio entrada a la iniciativa que propone establecer que los
alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la
necesidad del que debe recibirlos, y que serán determinados por convenio o
sentencia. Los alimentos tendrán un incremento automático
mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general diario que
corresponda, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no
aumentaron en igual proporción; en este caso, el incremento en los alimentos se
ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones
deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. En su intervención en tribuna, la diputada Ayala
Ríos, vocal de Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales,
refirió que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), más de las dos terceras partes del total de madres solteras
en México (67.3 por ciento) no reciben pensiones alimentarias.

Agregó que, según ese mismo organismo, ha aumentado
el número de solicitudes de pensiones de esa naturaleza; en 2010, por ejemplo,
se recibieron 51 mil 82 y para 2013, el último año de registro de ese rubro,
esa cifra aumentó cerca del 20 por ciento para llegar a 61 mil 406.

Expuso que el incremento de demandas de pensión
alimenticia tiene estrecha relación con el número de divorcios, mismo que ha
ido a la alza consistentemente en los últimos años, a tal grado que, según
cifras del propio INEGI, mientras que en el año 2000 se registraron a nivel
nacional 52 mil 358 divorcios, en 2016 fueron 138 mil 807.

La legisladora indicó que su iniciativa pretende
aportar una herramienta que facilite la actualización de los montos de las
pensiones, como ya ocurre en la mayoría de las demás entidades y, con ello, no
sólo evitar en lo posible nuevas controversias sino, principalmente, tratar de
asegurar que los menores tengan garantizados sus alimentos en condiciones más
justas.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Derechos de la Niñez y la Familia.

En el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Palacio Legislativo de Veracruz y con la participación de la secretaria de la
Comisión Permanente de Derechos
de la Niñez y la Familia, diputada Montserrat Ortega
Ruiz, se llevó a cabo el primer foro “Preparándonos para una sociedad inclusiva”,
organizado por el Centro de Atención
Múltiple (CAM) de Banderilla, “María de los Ángeles Bello Aguirre”, con el
objetivo de difundir a la sociedad veracruzana el sentido de la inclusión y
conocimientos generales sobre la discapacidad.

El conversatorio fue impartido por personal del CAM,
en el marco del Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemoró el 3 de
diciembre.

Asistieron el Delegado Federal de la Secretaría de
Educación Pública del Estado, Abraham Azuara Zapata; la Jefa del Departamento
de Educación Especial Estatal, Nora Nancy León Landero; la Supervisora Escolar
de Educación Especial Zona 301, Janeth Salas Ávila; la Directora de Educación
Especial, María de los Ángeles Duran Martínez y el Director de Espacios
Educativos, Ricardo García Jiménez.

Así como la Supervisora Escolar Zona Xalapa y
Foráneas, Claudia Fabiola Valenzuela Beltrán; el Jefe de Atención Ciudadana de
Prospera, Cristopher Alarcón e integrantes de diversas Asociaciones Civiles y sociedad
civil.

En apoyo a emprendedores de la entidad, este 11 de
diciembre la diputada María Graciela Hernández Iñiguez y el legislador José
Andrés Castellanos Velázquez, presidenta y secretario, respectivamente, de la
Comisión Permanente de Desarrollo Artesanal del Congreso del Estado,
inauguraron –en las instalaciones de este Poder- la exposición de artesanías
que presenta el grupo “Mundo Creativo y Empresarial”, conformado por artistas
de los municipios de Xico, Coatepec, Naolinco, Teocelo y Xalapa.

Además de plantas, dulces, artículos de belleza,
velas, y pulseras, el público podrá apreciar parte de la
gastronomía que caracteriza a Veracruz.

Este evento fue impulsado por la diputada del
Distrito de Huatusco, Nora Jessica Lagunes Jáuregui y tuvo la participación de
la Coordinadora de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca, María Hernández Peñafiel y
de la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los
Derechos Humanos del Congreso, María Elena García Filobello, así como el
titular de la Dirección de Recursos Humanos, Iván Jiménez Rosas.

El diputado José Manuel Pozos Castro, Presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura y en representación del Poder Legislativo
del Estado de Veracruz, asistió a la ceremonia de Entrega – Recepción del Mando
de Armas del Mando Naval, de la Primera Región Naval, que recibió el Almirante,
Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Romel Eduardo Ledezma Abaroa,
realizada en la explana de la Plaza de la República, en la ciudad de Veracruz. A esta ceremonia asistieron, en representación del
Poder Ejecutivo del Estado, el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros
Burgos así como representantes del Poder Judicial de la entidad, de los
Ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, así como mandos navales y militares.

Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 48
de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado, que ordena al
Ejecutivo estatal el establecimiento de un fondo para las funciones, obligaciones
y atribuciones inherentes a la Comisión Estatal de Búsqueda, así como para el
cumplimiento de los objetivos que persiguen la Ley en Veracruz y la Ley General,
propuso la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura la creación de
la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición
de Personas de la entidad. Asimismo, se tomó en consideración que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en su Recomendación General 001/2017,
determinó que “desde el año 2014 el Estado ha dado un cumplimiento deficiente
del deber de reparar las violaciones a derechos humanos, atribuible al Congreso
del Estado”, pues ha omitido proveer de recursos financieros al Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral. Por lo que los diputados de la LXV Legislatura, proponen
la creación de dicha Comisión Especial que se aboque a propiciar el cumplimiento
de las obligaciones que a este Poder imponen las disposiciones en materia de
desaparición de personas. Ésta tendrá la obligación de llevar a cabo el
proceso de selección para el nombramiento de los integrantes del Consejo
Estatal Ciudadano; dar seguimiento a lo determinado por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Veracruz en su Recomendación General 001/2017, por cuanto hace a que este Congreso vigile que en el
Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2019 se otorguen los
recursos necesarios para el establecimiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral y del Fondo Estatal de Desaparición, en colaboración con
las Comisiones Permanentes competentes. De igual forma deberá proponer una agenda
legislativa en materia de desaparición de personas, centrada en los cuatro ejes
prioritarios que han sido identificados por los familiares de las víctimas de
desaparición: apoyo, asistencia, atención y reparación integral a víctimas;
búsqueda, exhumación e identificación; investigación y servicios periciales; y
coordinación interinstitucional y diálogo con los familiares. También tendrá que dar seguimiento y coadyuvar con
las estrategias, los programas, los planes de trabajo y las declaratorias
relativas a la desaparición de personas, aplicables en el Estado, dentro de las
facultades de esta Soberanía. La Comisión Especial quedó integrada de la siguiente
manera: diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz; presidenta y Rosalinda
Galindo Silva, secretaria, así como los diputados Henri Cristophe Gómez Sánchez,
Érika Ayala Ríos, María Esther López Callejas, Nora Jessica Lagunes Jáuregui,
Magaly Armenta Oliveros, Florencia Martínez Rivera, Brianda Kristel Hernández Topete, Mónica Robles Barajas y Deisy Juan Antonio,
vocales. Este Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
fue aprobado con 38 votos. Además se registraron 11 abstenciones.

La diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó un anteproyecto con
punto de acuerdo, que busca exhortar a los 212 ayuntamientos de la entidad, a
fin de que trabajen en la regularización de su Fundo Legal para que, de esta
manera, sean otorgadas las facilidades a las familias veracruzanas con el
propósito que cuenten con certidumbre jurídica sobre los inmuebles que habitan. Al
hacer uso de la tribuna, dijo que el anteproyecto tiene la finalidad de
regularizar los predios o terrenos y que las familias puedan escriturarlos y de
esa forma sean considerados como su patrimonio. Abundó
que de los 212 municipios, sólo la mitad cuenta con la delimitación de Fundo Legal,
lo que genera un problema jurídico a las y los veracruzanos, ya que no cuentan
con un aval que los acredite como dueños del inmueble. La
diputada Juan Antonio -secretaria de la Comisión Permanente de Derechos
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la LXV Legislatura- indicó que es
necesario legislar en beneficio de las y los veracruzanos y así evitar que sean
vulnerados sus derechos.

Asimismo,
solicitó al Departamento de Fundo Legal del Congreso del Estado a fin que
brinden la asesoría legal y jurídica a los 212 municipios respecto al tema. A
este anteproyecto, turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para su análisis, se adhirieron las diputadas María Josefina
Gamboa Torales, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) y Ana
Miriam Ferráez Centeno, del Grupo Legislativo de Morena.

Al expresar su voto a favor de la reforma al
artículo 33 de la Constitución Política del Estado, relativa a la facultad del
Congreso del Estado en la designación y remoción del Fiscal General, la
diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Nora Jessica Lagunes Jáuregui, precisó que esta modificación no
limita la autonomía de la Fiscalía, sino que fortalece la división de poderes y
abona al sistema de contrapesos. La legisladora del Distrito de Huatusco, indicó que
de esta manera se contribuye al fortalecimiento del estado de derecho, facilita
el acceso de los ciudadanos a la justicia y privilegia la transparencia y la rendición
de cuentas. De igual forma –agregó- otorga certeza jurídica,
partiendo del principio de que las leyes deben ser lo más específicas posibles
para evitar interpretaciones que en nada beneficien a la sociedad. Respecto a que si la decisión de apoyar esta reforma
representa un “rompimiento” con el Grupo Legislativo del PAN, Lagunes Jáuregui
enfatizó “mi apoyo no significa distancia sino congruencia, convencida de que
el verdadero panismo es aquél que está del lado del ciudadano, lejos del cálculo
político y del interés personal.” Expresó que su respaldo a la iniciativa fue
congruente a la voluntad y confianza de más de 47 mil voluntades de sus paisanos del distrito de Huatusco. Abundó que, al adecuar el marco de atribuciones del
Congreso del Estado de Veracruz, se fortalece su papel como depositaria de la
voluntad plural de los ciudadanos. “Se reconoce el trabajo de anteriores Legislaturas,
pero tenemos el deber con los veracruzanos de perfeccionar las leyes para que
éstas sean claras y se haga evidente que sirven eficazmente a nuestro estado.”,
concluyó.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de
Veracruz aprobó el Dictamen por el que se reforma el artículo 33 de la
Constitución Política del Estado con el que se otorga a este Poder la
atribución para designar y remover al Fiscal General del Estado, de conformidad
con lo previsto en su artículo 67, fracción I, inciso D. Durante la séptima sesión ordinaria, celebrada este
6 de diciembre, fue puesto a consideración del Pleno el Dictamen, resultado de
la iniciativa que presentó el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, el pasado 29 de noviembre, mismo que registró 39 votos
a favor de integrantes de los Grupos Legislativos de Morena (26), “Del Lado
Correcto de la Historia” (4), MC-PRD (3), PRI (3) y de la diputada del Partido
Verde Ecologista de México (1). Además se registraron 11 votos en contra, de
diputados de la bancada del PAN. Las diputadas del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui
y María Graciela Hernández Iñiguez emitieron su voto a favor.

La Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales,
instancia dictaminadora, presidida por la diputada Mónica Robles Barajas,
considera que por técnica legislativa y para cumplir a cabalidad el Principio de Legalidad, que todas
las facultades del Congreso del Estado estén expresamente referidas en el
apartado que corresponde como lo es el artículo 33 de la Constitución Política
del Estado. Tal como ocurre en la Constitución Federal en los artículos 73, 74
y 76, en donde se prevén las facultades de la Cámara de Diputados y del Senado. La modificación consiste en la adición de la
fracción XLIV, con el corrimiento de la actual fracción XLIV a la XLV, del
artículo 33 de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En los posicionamientos y a nombre del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) la diputada María Josefina Gamboa
Torales informó el voto en contra del Dictamen, toda vez que esta reforma
–agregó- tiene una clara intención política y es remover al actual Fiscal General. La diputada Mónica Robles Barajas, del Grupo
Legislativo de Morena, subrayó que esta reforma es para cumplir con el
procedimiento constitucional y llenar un “vacío legal” relativo a la atribución
del Poder Legislativo respecto a la remoción del Fiscal, toda vez que
modificaciones anteriores solo aludían al proceso de elección y designación. Participaron
en el debate en lo general los diputados Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,
Nora Jessica Lagunes Jáuregui, María Josefina Gamboa Torales, Rubén Ríos Uribe
y Sergio Hernández Hernández. Tras
ser aprobado el Dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, diputado José
Manuel Pozos Castro, instruyó remitirlo a los 212 Ayuntamientos de la entidad
para su análisis y a fin que en el término legal informen a esta Soberanía,
mediante Acta de Cabildo, el sentido de su voto.

Se
realizarán foros para dar a conocer esta convocatoria en los municipios de Poza
Rica, Xalapa y Coatzacoalcos, anunciaron las diputadas Elizabeth Cervantes y
Rosalinda Galindo.

La Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la
Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, a través de su presidenta,
diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, dio a conocer la convocatoria para la
elección de los 13 integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, órgano del
Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Búsqueda de Personas, previsto
en la Ley 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave. En conferencia de prensa y con la participación de
la diputada Rosalinda Galindo Silva, secretaria de esta instancia legislativa,
la diputada Cervantes de la Cruz presentó la Convocatoria, misma que está
dirigida a familiares y organizaciones de personas desaparecidas y defensoras de los derechos
humanos, grupos organizados de víctimas. Así como a expertos en la protección y defensa de
los derechos humanos, en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas
o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General,
especialistas en materia forense, organizaciones de la sociedad civil
relacionadas con las materias previamente referidas, instituciones académicas,
colegios de profesionales y a la sociedad en general. La diputada informó que la recepción de propuestas,
para candidatos al Consejo Estatal Ciudadano, será del 10 al 21 de diciembre de
este año en la oficina, ubicada al interior del Congreso del Estado, en horario
de 09:00 a 15:00 horas. Además deberá realizarse la inscripción en el link www.legisver.gob.mx/registroCEC.

Por otra parte, detalló que el Consejo estará
conformado por 13 integrantes, para lo cual serán dos familiares de Personas
Desaparecidas por cada una de las tres regiones de la entidad (norte, centro y
sur). Además de tres especialistas de reconocido prestigio
en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas
Desaparecidas o No Localizadas o en la investigación y persecución de los
delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares (de
éstos al menos uno tendrá que ser especialista en materia forense).

Los cuatro restantes corresponden a organizaciones
de la sociedad civil de derechos humanos.

Las y los integrantes de este Consejo ejercerán sus
funciones en forma honorífica y no deberán recibir emolumento o
contraprestación económica alguna por su desempeño. No obstante la Secretaría
de Gobierno les proveerá de los recursos financieros, técnicos, de
infraestructura y humanos para el correcto desempeño de sus funciones. De igual forma la legisladora indicó cuáles son los
requisitos que tendrán que presentar los aspirantes, en cada una de las tres
categorías antes citadas. Esta información puede consultarse en el siguiente
link: http://www.legisver.gob.mx/convocatoriaCEC.pdf. Al término del periodo de recepción, la Comisión
Especial verificará el cumplimiento de los requisitos y, en el lapso de dos
días hábiles posteriores, publicará el listado con los nombres de las personas
inscritas.

Además, durante los 10 días hábiles, posteriores a
la publicación del citado listado, se llevarán a cabo las entrevistas a los
interesados, mismas que serán transmitidas
públicamente a través de los medios de comunicación institucionales y
las cuentas oficiales del Congreso del Estado, en redes sociales. Por otra parte, la diputada Elizabeth Cervantes
informó que para una máxima difusión de esta convocatoria habrán de realizarse
foros informativos en las zonas norte, centro y sur de la entidad. De esta manera el 12 de diciembre, a las 10:00
horas, será en el Ayuntamiento de Poza Rica. El 13 de diciembre, a partir de
las 16:00 horas, en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, del Congreso del
Estado y el 14 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en el Ayuntamiento de
Coatzacoalcos.

En el
marco de la conmemoración de los 70 años de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Comisiones Permanentes Para
la Igualdad de Género y la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables,
presididas, respectivamente, por las diputadas Ivonne Trujillo Ortiz y Brianda Kristel
Hernández Topete, llevaron a cabo la firma de “GENDEH 50/50: Agenda por la Sororidad
Veracruzana” documento que representa un pacto para avanzar hacia una sociedad
incluyente, plural y democrática. En la reunión, celebrada en las instalaciones del
Poder Legislativo, se contó con la participación de la presidenta de la
Comisión de Salud y Asistencia, diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y del
titular de la Secretaría de Salud del Estado (SS), Roberto Ramos Alor; de las
diputadas Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Montserrat Ortega Ruiz y Magaly
Armenta Oliveros, así como la directora del Instituto Veracruzano de las
Mujeres (IVM), Yolanda Olivares Pérez. La Agenda por la Sororidad Veracruzana considera que
hay avances hacia la igualdad de género y que el camino para consolidarla son
los derechos humanos. Además –señala- que la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), compromete a
adoptar las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar
o derogar leyes que constituyan discriminación hacia la mujer. Esta alianza incluye al Centro de Estudios para la
Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, a cargo de
María Elena García Filobello. De igual forma, se hace la
invitación, a la población en general, para que presenten sus propuestas
legislativas a las comisiones antes citadas, a fin de analizarlas y darles el
trámite correspondiente. Posterior a la firma del documento se llevó a cabo
la mesa de trabajo “Análisis y actualización de la ley para enfrentar la
epidemia del VIH-Sida en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. Al
respecto la diputada Ivonne Trujillo señaló que Veracruz ocupa, desde 1983, el
tercer lugar de incidencia del VIH y que la mayoría de los casos están en los
rangos de edad de entre 20 a 44 años. Por lo anterior, agregó, es necesario reestructurar
los hábitos culturales y demostrar que puede trabajarse de forma unida para
disminuir los índices de este padecimiento. A la reunión asistieron representantes de las
diputadas Daysi Juan Antonio y Cristina Alarcón Gutiérrez. También participó la
coordinadora del Grupo Multisectorial VIH en Veracruz, Patricia Ponce Jiménez,
así como representantes del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en
SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) Xalapa, de la Universidad
Veracruzana e ISSSTE-Xalapa.

El diputado José Manuel Pozos Castro, Presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, señaló que se
hará una selección de los perfiles de los interesados en participar en la
convocatoria para renovar el Poder Judicial del Estado, que fue dada a conocer
por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Lo anterior durante la conferencia de prensa que el
titular del Poder Ejecutivo encabezó este 10 de diciembre, donde invitó a los
integrantes del Congreso para que sean parte de este proceso
de renovación, como Comité Receptor de la documentación de quienes deseen
inscribirse, y de quienes se “evaluarán su experiencia y trayectoria, dejando
de lado los compromisos políticos o designaciones”, destacó Pozos Castro. El diputado agregó que la lista de quienes sean
seleccionados -para ocupar los 12 cargos vacantes- deberá cumplir con los
requisitos de la convocatoria y tener los mejores perfiles. Misma que será
entregada por el Comité al Gobernador de Veracruz, el 19 de diciembre para su
análisis. «Los interesados deben estar seguros que
reconoceremos su experiencia, trayectoria y honestidad. Los acomodamientos que se
hacían a modo, quedarán en la historia», reiteró Pozos Castro y señaló que
en breve se dará a conocer el nombre de los diputados que se sumarán al Comité
de Selección. Reiterando lo dicho por el titular del Ejecutivo,
que en el proceso sólo se tomarán en cuenta los aspirantes inscritos por
voluntad propia, y que tengan carrera judicial y postgrados. Asistió también a este evento el diputado Juan
Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV
Legislatura del Estado.

Alfredo Corona ya es Secretario Técnico en la SG del Congreso

Alfredo Corona Lizárraga fue designado Secretario Técnico de la Secretaría General del Congreso, que encabeza Domingo Bahena.

El diputado del Distrito local VIII, con cabecera en
Misantla, Erik Iván Aguilar López, sostuvo –en las instalaciones del Congreso
de Veracruz- una reunión con presidentes municipales, de la región centro, en
la que se estableció el compromiso de trabajar coordinadamente para la creación
e impulso de una agenda pública que beneficie a la población. A este encuentro, asistieron los presidentes
municipales de Coacoatzintla, Alma Guadalupe Maravert Alba; Jilotepec, Sergio
Fernández Lara; Juchique de Ferrer, Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo;
Miahuatlán, Irma Delia Bárcena Villa; Naolinco, Roberto Carlos Reyes Aguilar;
Nautla, Daicy Faibre Montoya; Tenochtitlán, Primitiva Sánchez Gabriel;
Tepetlán, Carlos Romero González y de Tlacolulan, David Velasco Hernández. El diputado Aguilar López, quien también preside la
Comisión Permanente de Seguridad Pública, del Congreso del Estado, señaló que esta será
la primera de varias reuniones que sostendrán con la finalidad de impulsar los
temas que los ayuntamientos requieren y apoyarlos en su gestión, ante las
instancias correspondientes, y darles seguimiento para que, en lo más posible, se
concreten los proyectos estratégicos. De igual forma, el legislador refrendó su
disposición y apertura al diálogo, como realizar el mayor esfuerzo posible y lograr
que los proyectos de obras y servicios sean una realidad en cada una de las
comunidades, poblaciones o cabeceras municipales para las cuales han sido pensadas
y diseñadas, siempre con el objetivo de mejorar los niveles de bienestar de sus
pobladores.

El Pleno de la Sexagésima Quinta (LXV) Legislatura
del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen de decreto que reforma y deroga
diversas disposiciones de la Ley Número 7 Reglamentaria del artículo 84 de la
Constitución Política del Estado, por el cual se establecen precisiones
respecto a las reformas constitucionales parciales. Este Dictamen fue aprobado con 36 votos a favor y se
registraron seis votos en contra.

En el artículo 4, queda establecido que los procedimientos especiales de reformas serán
aquellos que, previa declaración del Congreso del Estado, se tramiten con el
propósito de efectuar modificaciones derivadas de un mandato de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; de disposiciones emanadas de leyes
nacionales, únicas o generales expedidas por el Congreso de la Unión, o como
consecuencia de declaratorias de invalidez emitidas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN). De igual forma, el artículo 7 señala que si el dictamen es aprobado por las dos terceras
partes de los miembros del Congreso, el Presidente ordenará turnarlo a los
Ayuntamientos por conducto de la Secretaría General. Los artículos del 9 al 11, relativos al título “Del
Dictamen con proyecto de Decreto en el Segundo Período”, quedaron derogados. Cuando
exista un decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el que se ordene expresamente a las Legislaturas de los Estados
adecuar sus textos constitucionales al sentido de aquél, o cuando se hiciere
necesario adecuar la Constitución a disposiciones emanadas de leyes nacionales,
únicas o generales expedidas por el Congreso de la Unión, o como consecuencia
de declaratorias de invalidez emitidas por la SCJN, una vez presentada la
iniciativa correspondiente, la Junta de Coordinación Política, por sí o a
petición del iniciante o de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, podrá proponer al Pleno, mediante un proyecto de punto de
acuerdo, que declare iniciar un procedimiento especial de reformas constitucionales. Si el Congreso se encuentra en receso, el proyecto
de punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política se someterá a la Diputación
Permanente para que, de estimarlo procedente, convoque a un periodo
extraordinario para que el Congreso haga la Declaratoria señalada en el
artículo inmediato anterior. Por otra
parte, se reduce de 60 a 30 los días que tendrán los Ayuntamientos, contados a
partir del siguiente al de la recepción del proyecto, para comunicar su acuerdo
al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, emitido en sesión
extraordinaria de Cabildo, en la que se discuta y apruebe o rechace la reforma
constitucional. Para que
las reformas formen parte de la Constitución Política del Estado será necesaria
la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, con excepción de los casos
previstos en el artículo 4 de esta Ley. La
Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, presidida por la diputada
Mónica Robles, indica que esta reforma tiene tres objetivos: uno, eliminar la segunda aprobación, por parte del Congreso, de los proyectos
de reforma constitucional en procedimientos ordinarios; dos, reducir de 60 a 30 días naturales el plazo para que los
ayuntamientos aprueben o rechacen los proyectos. Tres, suprimir, previa declaratoria de procedimiento especial, la intervención
de los ayuntamientos en la aprobación de proyectos que fueren resultado de
mandatos constitucionales federales o de leyes nacionales, únicas o generales,
así como en los casos de declaratorias de invalidez, al estimarse urgente y
obvia la adecuación.

Los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado, durante los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria, del Primer año de
Ejercicio Constitucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo tercero transitorio de la Ley número 44 de Coordinación
Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz y que fue signada por la diputada
Ivonne Trujillo Ortiz y los legisladores Eric Domínguez Vázquez y Augusto Nahúm
Álvarez Pellico. Lo anterior, para que en el ejercicio fiscal del año
2019, los fondos de participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de esta
Ley, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos
de Fiscalización y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuyan a los
municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2018, en
sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de este mismo
ordenamiento. De igual forma, señalan en la iniciativa, que la
recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios al consumo de gasolina y diesel, en su porcentaje
correspondiente al 9/11, se distribuirá a los municipios de la Entidad en 70
por ciento, con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF), y en 30 por ciento, de acuerdo al Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), vigentes en 2018. La Ley número 44, de Coordinación Fiscal para el
Estado y los Municipios de Veracruz, regula la participación de las haciendas
públicas estatal y municipales sobre los ingresos de la Federación, a la vez
que se establecen las bases que rigen los fondos a distribuirse, la aplicación
de las denominadas aportaciones y la asignación de ingresos federales
transferidos, así como las relaciones en la materia entre el Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos, cuya principal fuente de ingresos se constituye por
dichos recursos. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Hacienda Municipal.

El Grupo Legislativo de Morena, en el Congreso de
Veracruz, en voz del diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presentó ante
el Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la
fracción XLIV, del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que prevé
que el Congreso del Estado asuma una función de contrapeso en relación a la
Fiscalía General del Estado (FGE), respecto a la facultad de remover al titular
de ese órgano autónomo. De esta manera, se plantea agregar la citada
fracción y establecer como facultad del Congreso del Estado “remover al Fiscal
General por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso”. En su intervención, durante la sexta sesión
ordinaria, el legislador Vargas Barrientos sostuvo que actualmente las
facultades del Congreso tienen una limitante en su función soberana de
equilibrio Constitucional en relación a la Fiscalía General. Lo anterior
al observar, dentro de sus facultades,
una participación acotada en el proceso de designación y remoción del titular
de dicho organismo constitucional. Detalló que la legislación actual no tiene prevista
la facultad de remoción del Fiscal, aun cuando fuera necesario para
salvaguardar el interés público y social de la sociedad veracruzana.

El diputado expuso que el Poder Legislativo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como creador de la Fiscalía General,
ha sido el responsable histórico de dotarle de una garantía normativa de
actuación e independencia en su estructura orgánica y funcional para el
desarrollo de sus fines, debido a su importancia social. La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su estudio y dictamen.

Las diputadas y diputados de la Sexagésima Quinta
(LXV) Legislatura del Estado eligieron al ciudadano Juan Hernández Ramírez,
como acreedor a la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines 2018”, por su
destacada trayectoria como poeta y fundador de la Academia Nacional de Poesía,
Delegación Veracruz. La ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 3 de
diciembre, a las 11:00 horas, en Sesión Solmene, en la que se reconocerá la
gran labor del ciudadano Hernández Ramírez, quien fue acreedor al premio
Continental Canto de América de Literatura en Lenguas indígenas, por el libro inédito
de poesía náhuatl Tlatlatek tetl. Además ha sido castellanizador y maestro de
educación primaria indígena en diversas comunidades del Norte del Estado. Lo anterior, después de los trabajos realizados por
la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla y Diploma Adolfo Ruiz
Cortines 2018, integrada por las diputadas Adriana Esther Martínez Sánchez,
presidenta; Montserrat Ortega Ruiz, secretaria; Florencia Martínez Rivera y
Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como el diputado Jorge Moreno Salinas,
vocales.

La terna estuvo integrada por los nombres de Alberto
Manuel de la Rosa y Sánchez, Alfonso Moreno Luce y Juan Hernández Ramírez.

Al obtener 42 votos a favor, el poeta Juan Hernández
Ramírez, originario de la congregación de
Colatlán, municipio de Ixhuatlán de Madero, fue elegido acreedor a este
reconocimiento, establecido en la Ley de Premios del Estado.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro expresó que, de
acuerdo a los resultados de la Glosa del Segundo Informe, es notorio que se le
quedó a deber al pueblo de Veracruz, toda vez que al inicio de esta
administración la sociedad tenía la esperanza de vivir un cambio real, que
transformara las pésimas condiciones de vida, resultado de administraciones
pasadas. Lo anterior al concluir el diálogo y la
comparecencia del Ejecutivo estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. En su intervención, el diputado Pozos Castro dijo
“reconozco que su administración fue breve, sin embargo desaprovechó la
extraordinaria oportunidad para colocar las bases del ansiado cambio”. Enfatizó que el pueblo de Veracruz sí cambió, lo que
se vio reflejado en las urnas el pasado 1 de julio. “Los tiempos de democracia
y transparencia, de vida plural, de rendir cuentas, los seguimos esperando las
y los veracruzanos”, aseguró. Agregó que el papel de las diputadas y diputados es
claro, pues tendrán la enorme responsabilidad de revisar los datos y cifras
presentadas en el Informe, “tenemos la responsabilidad legal y moral por todos
los veracruzanos y así emitir nuestro fallo apegado a la legalidad”, abundó. El diputado Pozos Castro destacó que vienen tiempos
de cambio y que la LXV Legislatura seguirá siendo el espacio de debate en el
que impere un marco democrático, que siempre será fortalecido por las fuerzas
políticas, representadas en el Congreso del Estado. Coincidió con el Gobernador en que actualmente las
comparecencias han sido más críticas, ante lo cual –recordó- que la Sexagésima
Quinta Legislatura, desde su primer día
se ha convertido en un Poder que equilibra, haciendo escuchar su voz, opinión y
decisión. Por último, dijo estar convencido que con trabajo y
haciendo lo que les corresponde, el cambio y la esperanza serán una realidad.
“Eso ansiamos todos los veracruzanos, un cambio verdadero, mismo que en los
próximos seis años se vivirá en México y Veracruz”.

De conformidad con lo establecido por el artículo 49
de la Constitución Política del Estado de Veracruz, el Gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares, compareció- conforme al formato aprobado el pasado 22 de
noviembre- ante el Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, para
responder a las preguntas de las diputadas y diputados, todo con relación a la Glosa
del Informe de Gobierno; esto, a través de un diálogo respetuoso entre poderes,
que permitió a la población veracruzana conocer el estado real de la
administración estatal y el ejercicio del gasto público. Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada
Margarita Corro Mendoza, señaló que el Gobierno 2016-2018 quedó a deber en el
combate a la pobreza, económica y alimentaria, generación de empleos y en la
cual hubo «fuga» de inversión privada. Subrayó la muerte de los hijos
de un reconocido profesionista, así como la joven hija de una diputada federal.
Abundó que si esta administración anunció que sería totalmente transparente,
por qué en su primer año se le detectó un presunto daño patrimonial por
alrededor de los 400 mil millones de pesos (MDP). De igual forma, la legisladora habló sobre la poca
atención al sector magisterial y a los empresarios, estos últimos que exigen
sus pagos, y sobre el programa Veracruz Comienza Contigo (VCC), que -a su
consideración- no abonó en nada a cambiar los índices de pobreza estatal. También,
preguntó sobre los 3 mil MDP que fueron aprobados, en el Presupuesto de
Egresos, para libre disposición, y cuestionó por qué no se ocupó para las necesidades
básicas de la gente. El ejecutivo respondió que uno de los temas de su
administración fue «aparecer el tema de los desaparecidos» toda vez
que no había atención a los Colectivos. Agregó que «sí le dolieron los
crímenes de los jóvenes, señalados anteriormente, y que muestra de ello es que
se hace justicia al respecto. Sobre los 3 mil MDP de libre disposición informó
que, toda vez que no vienen etiquetados, se ocuparon para el pago de nómina
magisterial. Dijo que el programa VCC es un paliativo. De igual forma destacó, que tras la derogación del
decreto que permitía el uso del Impuesto a la Nómina para el pago a acreedores-
se instauró un programa para pagarle a quienes realmente validaran su deuda y
quienes no, se le daría vista a la Fiscalía General del Estado. Por parte del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), la diputada María Graciela Hernández Íñiguez, cuestionó: qué
acciones implementó para devolver el respeto a los derechos humanos de las y
los veracruzanos. Asimismo, cuál fue el presupuesto que se destinó al
Instituto de Pensiones del Estado (IPE); si existió algún retraso en los pagos
por concepto de becas a estudiantes destacados y deportistas; si cumplió el
pago de recursos a los Municipios, el pago de impuestos a la Universidad
Veracruzana (UV) y en qué estado deja, esta administración, la Cuenta Pública. Yunes Linares respondió que en su administración
existió alternancia, logró un cambio al régimen en el manejo de los recursos de
la Entidad, hay transparencia en las Dependencias y los Municipios. El Poder Legislativo revisó las cuentas del Poder
Ejecutivo, continuó, donde encontraron observaciones por daño patrimonial, muy
por debajo de otras administraciones, indicó que se reunió con el Presidente de
la República, Enrique Peña Nieto y demostró el daño que dejó Javier Duarte en
la economía del Estado, por lo que solicitó su apoyo moral para salvar las
finanzas públicas, y dentro de los ahorros significativos eliminaron contratos
millonarios con Medios de Comunicación. Comentó que en su administración no se dio dinero a
partidos políticos, ni a campañas políticas, lo que permitió reorientar el
gasto a áreas prioritarias, como el pago de becas, de pensiones, generando
gobernabilidad y haciendo uso correcto del gasto etiquetado. El Grupo Legislativo Mixto «Del Lado Correcto
de la Historia», en voz del diputado Rubén Ríos Uribe, se abstuvo de
cuestionar al Ejecutivo estatal, para lo cual emitió cuatro razones. Primero,
los tiempos electorales ya culminaron y reconocen el respeto del Gobernador a
la voluntad del pueblo de Veracruz y ejemplificó que esto se refleja en que la
alianza «Juntos

Haremos Historia» es mayoría en el Congreso del
Estado. En segundo término, que supo cumplir la palabra
empeñada a la Comisión de Cortesía que le informó de la instalación de la LXV
Legislatura, de que la transición de poderes en la entrega-recepción sería de
forma civilizada por el bien de Veracruz. Tercero, que como todo nada es
perfecto y que todas las inquietudes ya fueron expresadas a los secretarios de despacho,
durante la glosa del Segundo Informe. Como cuarto y último, que en el Grupo «Del Lado
Correcto de la Historia» están comprometidos en fortalecer el estado de
derecho para lo cual se requerirá de la civilidad y de todas las fuerzas políticas,
representadas en la actual Legislatura. «juzgar a su Gobierno e toca al
pueblo de Veracruz y a la historia» enfatizó. Del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), el diputado Jorge Moreno Salinas se refirió a que la
fracción del PRI trabajará con una agenda de civilidad política, en la que
privilegian una postura seria, con trabajo productivo, apegado a la legalidad y
realidad del Estado, generando un debate constructivo, con formulación de iniciativas
que abonen al progreso de Veracruz. Preguntó, qué deja pendiente y a qué nivel de
Gobierno corresponde resolver el tema de la seguridad.

El Gobernador indicó que Veracruz requiere una vida
parlamentaria profesional, dijo que en los dos años de su administración hizo
todo lo que estaba en sus manos, priorizando la seguridad, debido a que
Veracruz vivía una situación de emergencia. En ese sentido, integró esfuerzos en el Grupo de
Coordinación Veracruz, donde sumaron a las Fuerzas Armadas de México, la
Procuraduría General de la República y diversas dependencias estatales y federales
encargadas de la seguridad. Abundó que en su administración se realizaron 109
reuniones, dentro de sus logros trabajaron en reincorporar a 23 cuerpos policiacos municipales. Expuso que las atribuciones de las policías
Municipales o policías de proximidad consisten en prevenir el delito, las
Estatales en auxiliar a las Municipales, vigilar caminos y carreteras y las
Federales coadyuvan con las dos anteriores, vigilan aduanas y puentes
fronterizos. Por el Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD,
la diputada Brianda Kristel Hernández Topete –señaló que- inició su Gobierno
con «finanzas quebradas y manifestaciones», al tiempo de preguntar,
si los beneficios del programa VCC alcanzaron a cubrir las necesidades de la
población vulnerable y, cuestionó, en qué estado encontró los servicios de
salud y qué se hizo en esta materia. El Ejecutivo indicó que en su Gobierno se instauró
el orden y que privilegió el diálogo para evitar el bloqueo de calles, aunque
-agregó- en pocas ocasiones se hizo uso de la fuerza pública en este sentido.
Subrayó que el Hospital Infantil de Veracruz es ejemplo nacional de como se
trabajó en el ramo. Expuso que en Soledad Atzompa y Tatahuicapan de Juárez fueron
invertidos, parte de los recursos recuperados, al instalar servicios médicos
ampliados. De acuerdo al formato aprobado, al término de esta
ronda, el Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputado José
Manuel Pozos Castro emitió el mensaje final y a las

14:00 horas concluyó la sesión.

En sesión solemne, diputadas y diputados de la LXV
Legislatura y el gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez,
entregaron la Medalla y Diploma Adolfo Ruiz Cortines, 2018, al poeta Juan
Hernández Ramírez en reconocimiento a su compromiso con las etnias de Veracruz
y por sus esfuerzos en la preservación de las lenguas indígenas, mediante el
impulso y difusión de la creación literaria. Tras rendir los honores a la bandera y con la
participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, fue entregado este reconocimiento al ciudadano
Juan Hernández, originario de la congregación de Colatlán, municipio de
Ixhuatlán de Madero; poeta y fundador de la Academia Nacional de Poesía,
Delegación Veracruz, quien a su vez también ha ganado el premio Continental
Canto de América de Literatura en Lenguas indígenas, por el libro inédito de
poesía náhuatl Tlatlatektetl. En su formación académica, el galardonado cuenta,
ser profesor de educación primaria por la Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio;
licenciado en Educación Media en Lengua y Literatura Española, así como el haber cursado los Diplomados en Creación Literaria y
Escritura Creativa y el taller de Creación Literaria en Lenguas Indígenas,
impartido por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
México y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Al hacer uso de la voz, el galardonado
Juan Hernández Ramírez, expresó que Adolfo Ruiz Cortines, dejó a México una
gran enseñanza, luchar de manera incansable por salir adelante y trabajar por
lo que se quiere, de una forma recta y honesta para que los resultados sean
justos y legales. Al agradecer la asistencia de sus familiares
y amigos, destacó que para él es un orgullo recibir la medalla que le fue otorgada
gracias a su lengua madre. Dijo que Veracruz tiene que contribuir a la nación,
erradicando la desigualdad. Reconoció el apoyo e interés que da el
nuevo Gobierno a las y los indígenas veracruzanos, que son dos millones 373 mil
93, que merecen ser atendidos como cualquier grupo social y en tal razón es
necesario que sean partícipes. Subrayó su aprecio a la LXV
Legislatura por haberlo distinguido con este reconocimiento y en
correspondencia –abundó- la comunidad académica e intelectual indígena se suman
al proyecto del Gobierno estatal, “cuente con nosotros gobernador, para
colaborar con usted en los espacios, instancias e instituciones creadas ex
profeso para la atención de nuestras necesidades y demandas, para que seamos
nosotros mismos quienes resolvamos nuestra problemática”.

Concluyó afirmando que su filosofía es
la tierra y el maíz, depositados a la palabra.

En su intervención en tribuna, el gobernador
Cuitláhuac García reconoció a las y los diputados por elegir, como acreedor a
este reconocimiento, al poeta Juan Hernández quien –consideró- es un digno
representante de los pueblos originarios y además por sus indiscutibles méritos
en la preservación de unas de las lenguas madres de la entidad. De igual forma, anunció la revisión del estatus
judicial de los presos indígenas e informó que pedirá al secretario de
Educación de Veracruz para que, en conjunto con el poeta Juan Hernández,
trabajen a fin de que a los pueblos indígenas de la entidad nunca más les sea
negado el acceso gratuito a la educación básica. Asimismo invitó a la LXV Legislatura a sumarse a la
celebración, en 2019, de los 500 años de la fundación de Veracruz –primer
ayuntamiento de América Continental- “en ese festejo tendremos presente a
nuestros pueblos originarios, será una conmemoración inédita, porque no
celebramos una conquista, queremos que la historia se repase una y otra vez y
nunca más, nunca, la discriminación hacia nuestros pueblos”, indicó. Previo a la ceremonia, los diputados Juan Javier
Gómez Cazarín, Sergio Hernández Hernández, Erik Iván Aguilar López, Brianda Kristel
Hernández Topete y Erika Ayala Ríos, recibieron al gobernador Cuitláhuac García
Jiménez y lo acompañaron al Recinto Oficial de Sesiones. Hicieron lo propio, con el presidente del Tribunal
Superior de Justicia, magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, los diputados José
Andrés Castellanos Velázquez, Ricardo Arturo Serna Barajas, Jorge Moreno
Salinas y Gonzalo Guízar Valladares. En tanto, las legisladores Adriana Esther Martínez
Sánchez, Montserrat Ortega Ruiz y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, recibieron y
acompañaron al galardonado, Juan Hernández Ramírez.

A las 00:01 horas de este 1 de diciembre rindió la
protesta de ley, ante el Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, el
ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, como gobernador Constitucional del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; lo anterior, de conformidad con el artículo
45 de la Constitución Política del Estado y para el periodo comprendido del 1
de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024.

Tras dar inicio a la sesión solemne, el presidente
de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, comisionó a los
diputados Juan Javier Gómez Cazarín, Sergio Hernández Hernández, Gonzalo Guízar
Valladares, Brianda Kristel Hernández Topete, Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe
Yunes Yunes, para acompañar al interior del Recinto Oficial de Sesiones, al Ejecutivo
estatal.

Las diputadas Cristina Alarcón Gutiérrez, Florencia
Martínez Rivera e Ivonne Trujillo Ortiz y los legisladores Juan Manuel de
Unánue Abascal, y Juan Carlos Molina Palacios, hicieron lo propio con el
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Edel
Humberto Álvarez Peña. Posteriormente, el diputado Pozos Castro reanudó la
sesión y se realizaron los honores a la bandera.

Acto seguido, el ingeniero García Jiménez, ante el
Pleno de la LXV Legislatura, rindió la protesta de ley en los términos
siguientes:

«Protesto guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes
que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador
que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la
Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y si así no lo hiciere,
que la Nación y el Estado me lo demanden”.

Ante la presencia de senadores, diputados federales,
presidentes municipales, Colectivos de Desaparecidos y organizaciones de la
sociedad civil, dirigió un mensaje desde la tribuna del Congreso del Estado,
donde hizo pública la Declaratoria de
Crisis en Materia de Derechos Humanos por Desaparición de Personas con lo que
se establecerá un programa emergente de ayuda, atención, asistencia,
protección, acceso a la justicia y la verdad, así como la reparación del daño,
por violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas.

El mandatario estatal entregó una copia de esta
Declaratoria al presidente del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos
Castro e informó que, de igual manera, entregará una copia al próximo
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que las administraciones gubernamentales de
Veracruz anteriores no cumplieron con su función, por lo que ahora no solo
manifiestan tener esa problemática, “nuestro Gobierno acepta y reconoce que a
las víctimas no se les ha hecho justicia, por lo que se les brindará acceso a la justicia, a la verdad, a la
reparación del daño y en ese contexto, localizar a todas las personas
desaparecidas”. Este programa tendrá, como acciones más relevantes,
la creación del Centro o Instituto Forense, para atender la magnitud de la
crisis y así procesar los hallazgos con la finalidad de darles identidad a las
personas que no han sido identificadas. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
contará con una policía especializada que acompañará la búsqueda y la Dirección
General de Desarrollo Político será convertida en una Dirección de Cultura de
Paz y Derechos Humanos que deberá elaborar un diagnostico real sobre la
situación de desapariciones en Veracruz.

En otro sentido, extendió la invitación a los
poderes Legislativo y Judicial para que aporten, con lo que esté a su alcance y
en estricto respeto a la división de poderes, a trabajar en la unidad para el
tránsito hacia el Veracruz que el pueblo pide. Anunció
que solicitará a esta Soberanía una petición para la disminución real del
salario de altos funcionarios de su Gobierno. En una percepción de 23, 13, 9 y
7 por ciento, respectivamente, desde el titular del Ejecutivo, los funcionarios
de su Gabinete hasta directores de área. Además
–señaló- se eliminará el pago de telefonía celular, seguros de gastos médicos
mayores, contratación de seguridad, rentas de casas, compra de vehículos para
uso personal, “así como otras prebendas indebidas a costa
del erario, se acabaron los privilegios para la clase gobernante”, abundó.

*Diputada Kristel Hernández estuvo presente en la comparecencia del Gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares; resaltó que esta comparecencia se desarrolló bajo un contexto genuino y pacífico, así como de reconocer que la civilidad e institucionalidad impero en este acto*

Ante
la Comisión Permanente de Seguridad Pública, del Congreso del Estado, integrada
por los diputados Erik Iván Aguilar López, presidente y Rubén Ríos Uribe, secretario;
y la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, vocal; compareció Jaime Téllez
Marié, Secretario de Seguridad Pública (SSP), como parte de la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno, y ante la que rindió cuenta de las acciones de la
dependencia a su cargo, correspondiente al tiempo de que se informa. Ante
los diputados integrantes de la LXV Legislatura estatal, Téllez Marié, enumeró
las actividades que las diferentes áreas que integran la dependencia a su cargo
han realizado en el combate a la delincuencia, prevención del delito, tránsito
y transporte y reinserción social, entre otras, sobre la que los legisladores
formularon sus cuestionamientos, en las dos rondas de preguntas acordadas para
las comparecencias. Así, por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada
Mónica Robles Barajas, lamentó que aún cuando hay una inversión, por más de 700
millones de pesos (mdp), en cámaras de video vigilancia, haya un incremento de
la violencia en la entidad, por lo que preguntó
cómo va el avance de la instalación y operación de las citadas cámaras,
ya que la empresa encargada registra un expediente de inhabilitación por parte
de la Secretaría de la Función Pública, y los contratos asignados a la empresa
Sistema Tecnológicos S.A de C.V, así como las acciones de la SSP para atender
las recomendaciones de las Alerta de Violencia de Género (AVG), decretadas para
el Estado.

El secretario respondió que fueron instaladas seis
mil 746 cámaras en diversas regiones, con lo que se han beneficiado 62
municipios. Agregó que el Órgano Interno de Control de Pemex inhabilitó a la citada empresa por tres meses y que
cuando ésta empresa suscribió contrato con la SSP ya había pasado la
inhabilitación. Refirió que las adjudicaciones pasan por el Subcomité de
Adquisiciones y que las acciones para atender las AVG fue la instalación de
cámaras en el 37 por ciento del total de vehículos de autotransporte, en la
modalidad de urbano. Además de realizar nueve ferias de promoción de la paz y
403 sesiones de perspectiva de género. Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz del diputado Rodrigo García Escalante preguntó sobre el programa
de Reordenamiento Vehicular en relación a cuántas unidades fueron retiradas de
circulación, los concesionarios sancionados y las revocaciones, así como la
actuación en contra de la delincuencia organizada; a lo que el funcionario
respondió que a su llegada a la dependencia había dos líneas completas de
autobuses que pertenecían a la delincuencia organizada, las detectaron y fueron
aseguradas 21 unidades, mismas que aún siguen así, toda vez que no se ha
logrado acreditar la propiedad.

Indicó que existen 395 procedimientos de revocación
de concesiones de taxis y será la siguiente administración estatal la que
determine lo conducente. Añadió que se cuenta con un programa de registro de
datos biométricos de los concesionarios, que ha sido replicado por otras
entidades, tales como Oaxaca. Además, señaló, la aplicación del programa Taxi
Seguro permite al usuario conocer los datos del conductor y así viajar con
seguridad. El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, habló sobre los índices
de inseguridad en Coatzacoalcos y preguntó sobre las acciones para atender las
64 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y
cuestionó qué hace la SSP ante las personas que no pasan los exámenes de
control de confianza, toda vez que en el pasado se registró una pérdida de 10 mdp por este concepto. El funcionario expuso que en Coatzacoalcos hay un
antes y un después en relación a los delitos de alto impacto y que trabajan
para disminuirlos. Expuso que la información, de quienes no pasan los controles
de confianza, queda registrada y esta se comparte con el Sistema Nacional de
Seguridad. En este sentido se pronunció por la creación de las policías
municipales, toda vez que la policía estatal ha venido realizando estas
funciones. Informó que fueron recibidas 304 quejas por
presuntas violaciones a derechos humanos y que de éstas 103 han sido resueltas,
lo que implica alrededor del 42 por ciento. En otro sentido señaló que los
delitos de “huachicoleo” y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas
armadas son los de mayor incidencia, por lo que sería
necesario reformar la legislación al respecto. Durante la segunda ronda, la diputada
María Josefina Gamboa Torales, del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional preguntó cuáles son los logros que tuvo la Secretaría a su cargo. Téllez Marié respondió que todos los
integrantes de Coordinación Veracruz fueron el mejor a nivel nacional con un
total de 109 sesiones que se realizaron los fines de semana, y dicho trabajo
fue reconocido con diversos premios, con el único fin de combatir la
delincuencia, señaló que aseguraron 934 armas de fuego cortas, 290 largas, 19
mil 967 cartuchos, 901 cargadores y 33
granadas, por mencionar algunos. La legisladora María Candelas
Francisco Doce, del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó al servidor público
sobre cuáles fueron los Municipios donde se disolvieron los cuerpos policíacos
municipales, cuántos policías fueron despedidos cuántos re contratados y con
cuántos se tiene adeudo laboral. El secretario de despacho, dijo que
desaparecieron 23 cuerpos de Policías municipales y que no tiene el dato debido
a que fue en otra administración la que lo hizo, así mismo desconoce cuántos fueron despedidos y cuantos tienen
adeudo laboral. Mencionó que la Secretaría a su cargo
se comprometió a reconstruir dichos cuerpos policiacos municipales, pero es una
tarea complicada, puesto que los municipios son muy grandes para abastecerlos
de policías, dichos lugares son Pánuco, Poza Rica, Veracruz, Boca del Río,
Córdoba, Acayucan, Banderilla, Coatepec, Cosoleacaque, Tantoyuca, Medellín,
Xalapa, entre otros. Magaly Armenta Oliveros, diputada
integrante del Grupo Legislativo de Morena, al hacer uso de la voz, dijo que
Veracruz ocupa el cuarto lugar en homicidios y el segundo en secuestros, por lo
que requirió información sobre qué acciones hizo la dependencia para combatir
la violencia, principalmente en la zona sur de la entidad. Téllez Marié respondió que dicha
información la entregó por escrito en el informe de Gobierno, abundó que la SSP
opera de manera coordinada con la Gendarmería Nacional, Seguridad Regional,
Fuerza Civil, Policía Estatal y el Ejército. Ejemplificó que ante los
incidentes presentados el día de ayer en el sur del Estado, montaron un
operativo durante toda la noche para encontrar a los culpables y confirmó que
existieron cinco homicidios. El
diputado Rubén Ríos Uribe, del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la
Historia” refirió que en los primeros nueve meses de este año se registraron
mil 540 homicidios y en 2017 fueron registrados dos mil 385 homicidios, a lo
cual preguntó a cuantos probables responsables ha tenido la SSP y puesto a
disposición de la Fiscalía, así como cuántos han sido sentenciados y cuántos en
proceso. La
respuesta del secretario fue en el sentido que las cifras que él tiene no
coinciden por lo que se comprometió a corroborarlas con el legislador. Por otra
parte dijo que las personas sujetas a proceso y sentenciados no son de su
atribución.

La
diputada del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui cuestionó cómo va el proceso de
entrega-recepción de la administración; a lo que el funcionario sostuvo que se
llevaron a cabo la entrega de carpetas y ellos examinaron las que determinaron.
Ya concluyó la entrega y se levantaron minutas, por lo que únicamente se
formalizará el día que la ley señale. A
las preguntas del legislador Raymundo Andrade Rivera, del partido Morena,
respecto a las bandas delincuenciales que operen en la entidad que han
originado un estado fallido, el secretario Téllez Marié indicó que no hay un
“estado fallido” ya que para darse tendría que ser decretado por el Congreso de
la Unión. La diputada Margarita Corro Mendoza, del
partido Morena, preguntó cuántas fosas ha encontrado la SSP, cuántas no han
sido dadas a conocer y por qué no se ha permitido la participación de los
grupos ciudadanos. El secretario respondió que dicha
información no compete a su dependencia, ya que recae en atribución de la
Fiscalía General del Estado. Señaló que la SSP cuenta con policía preventiva y
que sólo cuando el Fiscal solicita su apoyo trabajan de manera conjunta. Agregó
que han apoyado en esta materia dando acceso a los Ceresos, así como prestar
agentes caninos para encontrar cadáveres. Para finalizar el diputado Henri
Christophe Gómez Sánchez, del partido Morena, cuestionó sobre qué acciones ha implementado la SSP
para evitar la realización de exploraciones a las mujeres antes de accesar a
los ceresos, ya que ello violenta los derechos humanos. Téllez Marié comentó que no se cuenta
con ningún escáner en los 18 ceresos del Estado debido a la falta de
presupuesto, por lo que solicitó que se pueda autorizar un incremento a fin de
estar en condiciones económicas para adquirirlos y así evitar dichas revisiones.

A las 14:53 horas el diputado Erik
Iván Aguilar concluyó la comparecencia.

Compareció, ante la Comisión de Hacienda del Estado,
del Congreso de Veracruz, integrada por las legisladoras Rosalinda Galindo
Silva, presidenta y Brianda Kristel Hernández Topete, secretaria; y el diputado
Eric Domínguez Vázquez, vocal; y como parte de la Glosa del Segundo Informe de
Gobierno, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN),
Guillermo Moreno Chazzarini. En su intervención inicial, Moreno Chazzarini
destacó las acciones realizadas en la SEFIPLAN en relación con la coordinación
de la administración financiera y tributaria del erario del estado; como de los
recursos humanos y materiales, de acuerdo con la normatividad legal en la
materia; y de donde partieron los diputados para formular sus cuestionamientos. En la primera ronda, la diputada del Grupo
Legislativo de Morena, Rosalinda Galindo Silva dijo que el refinanciamiento de
la deuda pública, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
tenía una tasa de interés del 8.5 por ciento y luego subió a 9 por ciento, a lo
que preguntó cuál fue el beneficio real de la reestructuración de la deuda
pública si se paga una tasa de interés más alta. El funcionario expuso que la tasa tuvo una reducción
de 3.36 a 1.8 por ciento. Añadió que la reducción de tasas ha tenido un impacto
importante toda vez que en 2018 se habla de un ahorro de más de un millón de
pesos. Expuso que la reestructuración, aprobada por el Congreso del Estado, fue
por 37 mil millones de pesos (mdp) y que mejoró en el relación a como estaban
los créditos anteriores, ya que se crearon mejores condiciones, que dio como
resultado que las calificadoras expusieran que Veracruz cuenta con solvencia crediticia. El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz de la diputada Judith Pineda Andrade, pidió explicar el proceso
de reestructuración de la deuda pública, cuántas instituciones participaron y
cuáles salieron ganadoras, así como los ahorros por servicio de deuda. Al respecto, el secretario dijo que la reestructuración
fue aprobada por los diputados del Congreso del Estado. Expuso que diez bancos
fueron los que participaron en el proceso y que ésta fue por 37 mil 473 mdp. El legislador Gonzalo Guízar Valladares, coordinador
del Grupo “Del Lado Correcto de la Historia” cuestionó sobre cuánto es el monto
de deuda que deja esta administración, el total de deuda que heredó de la
anterior administración, los créditos que adquirió y para qué fueron, los
asesores y la deuda que deja esta administración, en relación al pago de
proveedores. El funcionario expuso que la deuda heredada fue de
47 mil 513 millones y que la reestructuración implementada en esta
administración fue por 37 mil 473 mdp. Detalló que los bancos son Santander,
Monex, Banorte, Multiva e Interacciones. Indicó que el ahorro en este año por
concepto de pago de deuda corresponde a mil 933 mdp y que se verá reflejado cuando
lleguen las participaciones federales mensuales y “no se les quite de más”. Agregó que el dinero ahorrado, por concepto de
deuda, no fue para obras productivas, sino para el pago de pasivos heredados.
Enfatizó que se tienen validados 426 mdp que van a quedar registrados en el
balance, al 30 de noviembre, como pasivos. Durante la segunda ronda de preguntas
y respuestas, el diputado Raymundo Andrade Rivera, integrante del Grupo
Legislativo de Morena cuestionó a cuánto asciende el incumpliendo de los contribuyentes
al SAT, qué acciones ha realizado para recaudar el dinero, cuántos “aviadores”
había en su dependencia, cómo se procedió, cuántos se quedaron, cuánto dinero
se adeuda al IPE y a la UV, además de requerir detalles sobre el conflicto de
intereses al estar, los hijos del secretario, tanto en la SEFIPLAN, como
protección civil. Moreno Chazzarini
respondió que el tema de sus hijos lo atienden las instancias correspondientes.
Respecto al tema de “aviadores” dijo que él entró en funciones el 15 de julio
de 2017, por lo que desconoce del tema. Sobre el IPE señaló que por primera vez no se ha tocado
el recurso para cubrir otros gastos y que con la UV están al corriente en los
recursos que les corresponden. El legislador Juan Manuel de Unánue
Abascal, del PAN, requirió información sobre cuáles son los importes por cada
uno de los bienes recuperados, cuáles son los montos y cuántos han sido
vendidos o dados en comodato. El secretario, respondió que el total
de los bienes recuperados oscila en mil 522 millones y se divide en recursos
recuperados en efectivo por 798 mdp, bienes inmuebles por 617 mdp, bienes
muebles 39 mdp, de arte por 28 mdp, y bienes en el extranjero por la cantidad
de 37 millones 810 mil pesos. Abundó que al día de hoy no se han
vendido, únicamente se entregaron en comodato, al Instituto de Ecología
(INECOL) el rancho “El Faunito” ubicado en Fortín de las Flores con un valor
estimado de 139 millones de pesos, el Rancho “La Cartuja” en el Municipio de
Naolinco, que está a cargo de la Secretaría de Educación y asciende a un valor
de 125 millones de pesos. Respecto a bienes muebles respondió
que hay un avión con un costo de 27 mdp y un helicóptero por 11 mdp, todo ello
detallado en el portal de SEFIPLAN. Del Grupo Legislativo de Morena, la
diputada Margarita Corro Mendoza, preguntó cuál es el índice de desarrollo
urbano de Boca del Río y Tehuipango y que, a pesar de tener la misma capacidad,
por qué no reciben el mismo recurso; aunado a por qué se privilegió a zonas con
alto poder adquisitivo y no a las zonas de marginación. El funcionario público dijo que el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es quien
determina el porcentaje del recurso que se deberá aplicar y lo realiza a través
de indicadores. Expuso que su dependencia sólo se encarga de distribuir el
recurso. A una segunda intervención de la diputada del
partido Morena, Rosalinda Galindo Silva, en relación a cuánto deja esta
administración para el pago de sueldos y salarios, así como aguinaldo de los
burócratas estatales; el funcionario estatal expuso que este Gobierno no dejará
pagos pendientes en el plazo comprendido hasta el 30 de noviembre. Añadió que el pago de aguinaldos, se hace en la
segunda quincena de diciembre y en la primera de enero, “este Gobierno que
termina el próximo 30 de noviembre enfrentó –en diciembre de 2016- el reto del
pago de aguinaldos y ahora corresponderá al nuevo gobierno enfrentar este
compromiso”, abundó. El diputado del partido Morena, Eric Domínguez
Vázquez, preguntó cuántos procedimientos administrativos de ejecución se
instalaron, derivado de créditos fiscales, el monto cobrado y las cantidades de
recaudación en el sector primario y secundario; a lo que el secretario subrayó
que son 444 acciones de cobro y que algunos están en proceso, por lo que
dependerá de las medidas de la defensa. Agregó que la cartera de créditos
fiscales es de 10 mil 142 mdp. La diputada María Josefina Gamboa Torales, del PAN,
preguntó la opinión de las calificadoras hacia el Gobierno de Veracruz; a lo
que el funcionario detalló que el trabajo implementado en 2017 sirvió para
revertir la negativa que tenían las calificadoras hacia el Gobierno y destacó
que Standard & Poor´s refirió que
el desempeño presupuestal de la entidad mejora, lo que se traduciría en la
reducción de deuda y controles de gasto y ahorro del servicio de deuda. Wenceslao González Martínez, diputado
del Grupo Legislativo de Morena, comentó que según datos del Informe de
Gobierno la Secretaría tuvo un ingreso en 2018 de 126 mil 875 mdp y un gasto de
131 mil 948 mdp, en tal razón preguntó las razones de dicho déficit. Moreno
Chazzarini dijo que el informe de Gobierno contiene
información hasta el mes de septiembre correspondiente al tercer corte
trimestral. Explicó que los egresos son seguros porque se pueden controlar,
totalmente opuesto a los ingresos. Subrayó que la nómina de la SEP se
genera con recursos estatales y federales y desde el año 2015 de manera
económica se solicita el recurso a la Federación y por eso existe el déficit. Por último, la
legisladora Deisy Juan Antonio, del partido Morena, preguntó si la información
que está en el portal de la dependencia
correspondiente a las adjudicaciones directas son correctos, en ese
sentido refirió si el gasto realizado por 107 millones con la empresa S.I.R.E. Sistemas Integrales de
Recursos Empresariales S.A. de C.V., fue honesto, transparente y eficaz. El funcionario dijo que el Gobierno
del Estado ya tenía relación con la empresa y cuando asumió el cargo ya existía
un avance de la información que estaba manejando. Abundó que la Ley acredita
que se realicen adjudicaciones directas y que el contrato cumple con todos los
criterios. De igual forma que el Sistema era una prioridad ya que antes se
hacía un vaciado de información en Excel y ahora es una plataforma que contiene
datos de todas las dependencias. A
las 13:44 horas la diputada Rosalinda Galindo Silva agradeció la participación
del secretario y concluyó la comparecencia.