La Comisión Permanente para Igualdad de Género de la
LXV Legislatura, presidida por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, sostuvo una
reunión de trabajo con la Comisión Técnica de Expertos y Expertas para dar
seguimiento a la Agenda de las Mujeres por la Igualdad en Veracruz (AMIVER), en
voz de Martha Mendoza Parissi, y en la cual se acordó revisar las propuestas que
sirvan para fortalecer el marco jurídico de la entidad en favor de la mujer
veracruzana. Con la participación de las diputadas Ana Miriam
Ferráez Centeno, secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género y la
legisladora Mónica Robles Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales, la diputada Ivonne Trujillo destacó la
importancia de generar agendas de
trabajo con el objetivo de beneficiar a las mujeres en la entidad, además
–aseguró- “lo acordado en ésta reunión no quedará únicamente plasmado en un
papel, pues la comisión está comprometida con las demandas de la ciudadanía
veracruzana”.

En la reunión, las legisladoras escucharon con
atención la explicación que ofreció la AMIVER.

De
igual forma se dio a conocer el proceso de integración, actividades y avances
de la Agenda, además de la presentación de las propuestas de acciones para
reforzar al AMIVER, en ruta del compromiso
de las mujeres por la igualdad en Veracruz, con la finalidad de que
pueda ser integrada al Plan Veracruzano de Desarrollo 2018-2024 y en la Agenda
de Género de la LXV Legislatura.

Por
su parte, Martha Mendoza aseguró que entre los muchos puntos a considerar en el
tema legislativo, destacan retomar dos iniciativas presentadas a inicios de
2018, una para reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado,
enfocada en la instalación de los sistemas
que no estaban previstos en la ley y otorgar por lo menos el dos por
ciento de los recursos municipales para los institutos.

En
segundo término –añadió- la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado para la creación de la Direcciones de Género, la cual prevé dos
acciones: que el Instituto Veracruzano de las Mujeres forme parte del gabinete
estatal y que las unidades de género pasen a ser Direcciones. La
diputada Mónica Robles expresó que deben revisarse las iniciativas y proyectos
para realizar las adecuaciones y armonizaciones necesarias. La
legisladora Ana Miriam Ferráez propuso programar una nueva reunión en la cual
ya se haya hecho un análisis más profundo de lo trabajado con anterioridad y
así retomar los temas prioritarios, conformar el proyecto actualizado y
enriquecerlo con la aportación que generará el trabajo bilateral. Entre
los integrantes de la Comisión Técnica de Seguimiento de Expertos y Expertas para
el Seguimiento de la AMIVER, estuvieron presentes Rebeca Ramos Rella, Aurora García Luna, Guadalupe de
León Jiménez, Billie Parker Méndez y Martha Casiano Rivera. Además,
Vicencia Escobar Castillo, Jesús Granada Bautista, Laura Ramírez Hernández,
Laura Ramírez Hernández, Carla Olivas Molinares y Blanca Irene Valdivia Salas.

Con la participación del Presidente de la Comisión
de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, diputado Augusto Nahúm Álvarez
Pellico, se realizó la presentación del proyecto de Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Cosamaloapan, en la que el tesorero de
ese ayuntamiento, Augusto Jaime Sacramento, en representación del presidente municipal
Raúl Hermida Salto, dio a conocer los pormenores del proyecto de Ley.

Al encuentro asistieron la diputada de la LXV
Legislatura y representante del distrito XXIII; Margarita Corro Mendoza; así
como la Secretaria de Fiscalización del Congreso del Estado, Diana Alicia
Bellido Díaz; y los demás integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda
Municipal, el diputado Eric Domínguez Vázquez, secretario y la legisladora
Ivonne Trujillo Ortiz, vocal.

El diputado Raymundo Andrade Rivera, con la
presencia y respaldo del presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), legislador Juan Javier Gómez Cazarín, sostuvo una reunión con siete
de los diez presidentes municipales que conforman el Distrito XII, con cabecera
en Coatepec, con la finalidad de establecer un primer acercamiento de trabajo y
crear una agenda que privilegie y responda a las necesidades primordiales de la
población. A la reunión asistieron los presidentes municipales
de Coatepec, Luis Enrique Fernández Peredo; Banderilla, Juan Manuel Rivera
González; Ixhuacán de los Reyes, José Luis Vargas González; Xico, Gloria Luz
Galván Orduña; Ayahualulco, Fileberto Morales Rosas; Rafael Lucio, José Allan
Libreros Alba y Teocelo, Mario Antonio Chama Díaz, así como Juan Carlos
Palacios Ramírez, en representación del edil de Tlalnelhuayocan y Guadalupe
Olmos, por parte del ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal. El legislador Raymundo Andrade se pronunció por
establecer acciones coordinadas con los presidentes municipales para que las
gestiones, ante las diversas dependencias, tengan un resultado favorable, que
sea de beneficio para las y los ciudadanos de esta región. Agregó que -sin distingo de partidos políticos-
corresponde trabajar en unidad y, ya sea a través reformas a la ley o acciones de
gestión, solucionar las problemáticas que padece cada comunidad.

El diputado Juan Javier Gómez subrayó que al ser el
primer vínculo de gobierno, los presidentes municipales conocen mejor las
carencias y problemas que surgen en su demarcación, por lo que consideró de
suma importancia que el Poder Legislativo, a través de sus representantes
populares y los munícipes, implementen acciones coordinadas para atender a los
diversos sectores de la población.

En el encuentro participaron también el Secretario
General del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, así como el
coordinador ejecutivo, Félix Ceballos de Alba y la secretaria técnica, Teresa
de Jesús Arriaga, ambos del Consejo Estatal de Participación Social de la
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

La diputada Margarita Corro Mendoza, presidenta de
la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
del Congreso de Veracruz, se comprometió a revisar el proyecto para crear un
Consejo de Cuenca para la región Pico de Orizaba-Cofre de Perote, propuesta de
la regidora quinta del Ayuntamiento peroteño, ingeniero Angelina Zavaleta
Córdoba. La mañana de este miércoles, la diputada por el
distrito XXIII, recibió a la edil, comisionada de Fomento Agropecuario y Medio
Ambiente, quien expuso la necesidad de frenar la tala clandestina, así como de atender
los problemas de deforestación e incendios forestales. Hablaron de la riqueza natural que caracteriza a la
zona, flora y fauna únicas que atraen la presencia de personas de otros estados
y de otros países; sin embargo, el deterioro y la desatención ponen en peligro
el patrimonio de los veracruzanos. Zavaleta Córdoba explicó la necesidad de crear un
Consejo que considere las cuencas hidrológicas de El Pico de Orizaba y el Cofre
de Perote, y que de acuerdo con el Reglamento para los Consejos de Cuenca, se
aboque a armonizar el uso, aprovechamiento y administración de todos los
recursos naturales y el manejo de los ecosistemas comprendidos en una cuenca
hidrográfica.

Para ello, deberán considerarse tanto las relaciones
establecidas entre recursos y ecosistemas como los objetivos económicos y
sociales, al igual que las prácticas productivas y formas de organización que
adopta la sociedad para satisfacer sus necesidades y procurar su bienestar en
términos sustentables. Entre las prioridades que tendría el Consejo,
destaca la necesidad de atender los daños a los cuatro Glaciares del Pico de
Orizaba, con el objeto de rescatar sus funciones de reguladores climáticos y de
abastecimiento de agua a por lo menos 29 municipios de los estados de Veracruz
y Puebla. Asimismo, mencionó la necesidad de restaurar las
condiciones originales de las cañadas de las Sierras de Chiconquiaco y Las
Minas para que vuelvan a cumplir sus funciones de generación de lluvia a la
extensa área del Valle de Perote.

La
diputada Margarita Corro instruyó a sus asistentes para programar una reunión
con las autoridades involucradas, comenzando por el Ayuntamiento de Perote, la
Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión
Nacional Forestal, entre otras dependencias de índole estatal y federal.

El secretario de la Comisión Permanente de
Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas del Congreso de Veracruz, diputado
José Magdaleno Rosales Torres, atendió a ciudadanos provenientes de diversas
congregaciones del municipio de Rafael Delgado, quienes solicitan la
intervención del Poder Legislativo para que sus demandas, relacionadas con obras
y servicios, se les dé el trámite correspondiente y obtengan una respuesta
favorable. En la reunión, participaron la diputada Adriana
Paola Linares Capitanachi, presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación
y la legisladora Cristina Alarcón Gutiérrez. Los ciudadanos de Rafael Delgado señalaron supuestas
omisiones a sus demandas por parte de las autoridades municipales. En tanto el
diputado José Magdaleno Rosales ofreció crear una mesa de diálogo en la que
participen autoridades de la Subsecretaría de Gobierno, del Ayuntamiento
involucrado, diputados y ciudadanos inconformes. La
diputada Adriana Paola Linares subrayó la importancia de resolver cualquier
problema que surja a través del diálogo como herramienta fundamental para la
concertación de acuerdos. Por lo que convocó a escuchar las demandas de los
ciudadanos y también la versión de las autoridades municipales para encontrar
juntos una solución que favorezca a ambas partes.

Se pronuncia la diputada de este Distrito por buscar, a través
del diálogo, el consenso para una solución que favorezca a ambas partes.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez,
integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, atendió a un grupo de taxistas del Municipio
de Martínez de la Torre, quienes le expresaron su inconformidad respecto al
contenido del Reglamento de Tránsito, recién aprobado por el Cabildo y que –a
su consideración- perjudica la economía de quienes se dedican a esta actividad. La legisladora, representante del Distrito VII, con
cabecera en Martínez de la Torre, anunció que buscará una reunión con la
Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad y los representantes del
citado Ayuntamiento a fin de dar a conocer esta problemática y, a través del
diálogo y el consenso, lograr una solución favorable. A la reunión acudieron los presidentes del sitio
Allende, Noé Limón Vergara; de Satelitaxi, Antonio Alemán Brayo; del sitio
Matamoros, Rogelio Herrera Sánchez; del sitio 2 de Octubre, Martín Mejorada
Muñoz; del sitio XX, Jesús Romero Arroyo y del sitio “Un Centenario”, Carlos
Zavaleta Viveros. Así como el Secretario General Federal CROC, Gerardo
Zapata González, el representante del Sitio Hidalgo, Raúl Rivera Garcés; el
representante del Sitio Triángulo, Rafael Preza Martínez; el representante del
Sitio Matamoros, Rogelio Herrera Sánchez; los Taxistas de Satelitaxi y El
Triángulo, Alberto Villa Andrade y del Sitio 22 de Abril, José Leobardo Castro
Uscanga.

Al participar en la inauguración de la exposición
“Expresa Nuestros Valores” el presidente
de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura de Veracruz, diputado José Manuel
Pozos Castro indicó que el Congreso del Estado es un aliado de las y los
servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis),
toda vez que México y Veracruz requieren que las cosas se hagan con ética y
compromiso con la ciudadanía.

Con la participación del presidente de la Junta de
Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín y del titular del
Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez y de las legisladoras Mónica Robles
Barajas, Cristina Alarcón Gutiérrez, Adriana Esther Martínez Sánchez, Nora
Jessica Lagunes Jáuregui y Vicky Virginia Tadeo Ríos, el diputado Pozos Castro
destacó la labor que realiza el órgano fiscalizador, toda vez que permite
revisar la forma en que son aplicados los recursos de las y los veracruzanos.

Dijo que esta función, primordial para la
transparencia y rendición de cuentas, requiere de servidores públicos
comprometidos y que actúen bajo los principios de legalidad y certeza. En su intervención, el contralor Lorenzo Antonio
Portilla subrayó que “Expresa Nuestras Valores”
es una exposición, implementada a través del Comité de Integridad, para
fomentar las actividades de difusión y reforzamiento de las buenas prácticas.

Cada área administrativa, plasmó en un “Orfito”,
entendiéndose como la pieza o personaje que, a su consideración, los
representan como grupo de trabajo y en la cual colocaron los tres valores que
los rigen. Esta muestra, que consta de 13 piezas, es el
resultado del trabajo en equipo, compañerismo y dedicación de todos los
servidores públicos del Orfis, pero sobre todo es una pequeña muestra de su
diversidad, profesionalismo, grandeza moral y ética profesional, manifestó el
contralor. Cabe destacar que en la mayoría de las piezas, los
autores coincidieron en la integridad, como uno de los valores que rige su
actuar. Además puede encontrarse la amistad y disciplina, la responsabilidad y
lealtad, competitividad y honradez, imparcialidad y justicia, solidaridad y lealtad,
independencia y honor, objetividad y profesionalismo, entre otros.

Al evento asistieron el Secretario General, Domingo
Bahena Corbalá y de Fiscalización, Diana Alicia Bellido Díaz, ambos del Congreso del Estado, personal administrativo de este Poder y
del Orfis.

Con la finalidad de dar a conocer la convocatoria
para la integración del Consejo Estatal Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal
de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas, la Comisión Especial para
el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en Veracruz, realizó
el segundo foro de información, correspondiente a la Zona Centro, en el
auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Congreso del Estado, el cual fue
encabezado por la diputada María Esther López Callejas. Señaló que dicha Comisión tiene la tarea de
coadyuvar en la búsqueda de resultados, lograr el propósito final de encontrar a
los desaparecidos, con la plena convicción de cambiar la historia de nuestro
estado, y que con esta nueva herramienta se tratará de alcanzar hechos,
acciones y logros. Durante el evento, se recordaron cuáles son los
requisitos que tendrán que presentar los aspirantes; y que esta información
puede consultarse en el siguiente link: http://www.legisver.gob.mx/convocatoriaCEC.pdf que al término del periodo de recepción, la Comisión Especial verificará
el cumplimiento de los requisitos y, en el lapso de dos días hábiles
posteriores, publicará el listado con los nombres de las personas inscritas. Asimismo se informó que la recepción de propuestas,
para candidatos al Consejo Estatal Ciudadano, será del 10 al 21 de diciembre de
este año en la oficina, ubicada al interior del Congreso del Estado, en horario
de 09:00 a 15:00 horas. Además deberá realizarse la inscripción en el link www.legisver.gob.mx/registroCEC

Todo lo anterior, concluyó, en apegó a lo previsto
en la Ley 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; que obliga a esta Comisión Especial a elegir a los 13
integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal de
Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas.

Con el apoyo de la diputada Ana Mirian Ferráez
Centeno, se llevó a cabo, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Congreso del Estado, la conferencia “Liderhazlo”, impartida por Miguel Ángel
Hernández Correa, en la que habló sobre las estrategias para potencializar los
dones y talentos que cada persona posee, y que le sirvan para alcanzar sus
metas. Con la participación del presidente de la Junta de
Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín; de la legisladora
Adriana Paola Linares Capitanachi y del Secretario General del Congreso del Estado,
Domingo Bahena Corbalá, la diputada Ferráez Centeno dijo, al iniciar el evento,
que Miguel Ángel Hernández es un gran ejemplo, de que las personas no pueden
dejarse vencer por las adversidades, ya que, aun cuando tiene discapacidad
visual, ha sabido vencer esos obstáculos.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena añadió
que a las diputadas y diputados les corresponde la función de legislar, pero
que desde el Congreso del Estado también se da la apertura para escuchar a los
diversos sectores, toda vez que “todos podemos aportar nuestras experiencias y que
nos sirvan para mejorar como sociedad”. Bajo el lema “tu vida en positivo” el conferencista,
Miguel Ángel Hernández, habló sobre cómo las personas con discapacidad, sufren
actos de discriminación, pero –indicó- también muchos han aprendido a “manejar”
estas situaciones y de esa manera no les perjudica en su vida diaria. De igual manera, destacó la importancia de la
“resilencia”, entendiéndose esta como la capacidad de una persona para superar diversos
traumas y vivir con una mente sana. Por otra parte señaló la importancia que tienen los
líderes en las vidas de cualquier ser humano y ejemplificó a la atleta
paralímpica Nelly Miranda, quien al igual que otros destacados deportistas
paralímpicos han otorgado varias medallas a México.

Los
diputados Gonzalo Guízar Valladares y Rubén Ríos Uribe, integrantes del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia” asistieron a la
conferencia “La Medicina en las Políticas Públicas del Nuevo Orden Mundial”, impartida por la
doctora Chinda Brandolino, originaria de Argentina. En
la conferencia, realizada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio
Legislativo de Veracruz, el diputado Gonzalo Guízar destacó la importancia de
este tema, toda vez que es digno de una
agenda pública y socialmente humanitaria,
pues robustece la ideología y fomenta los valores familiares y de defensa por
la vida. Por
otra parte, indicó la doctora Chinda Brandolino habló sobre los valores de la
familia y el establecimiento de protección por la vida.

La diputada local Florencia Martínez Rivera, del
Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, presentó un
anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual se prevé exhortar a la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan) a efecto de analizar la
situación financiera del Telebachillerato de Veracruz (TEBAEV) y otorgar una
mayor partida presupuestaria a este subsistema educativo de nivel medio
superior.

Durante la
octava sesión ordinaria, la legisladora subrayó que en Veracruz hay mil 70
centros de Telebachillerato con cuatro mil 802 docentes, mismos que atienden a
98 mil 114 alumnos. Indicó que en México surgen los
Telebachilleratos, ante la necesidad de llevar servicio educativo de nivel medio superior a los
jóvenes de escasos recursos económicos en zonas rurales con niveles altos de
marginación. En Veracruz, dijo, se ubican en zonas indígenas de diversas
comunidades y que 60 por ciento hablan su lengua natal, náhuatl en las altas
montañas y el popoluca en la zona sur. Destacó que actualmente los contenidos de las guías
didácticas están en castellano, por lo que considera necesario promover un
incentivo económico a los docentes que demuestren un dominio de la lengua
nativa de la comunidad y lograr mayor arraigo de aprendizaje significativo con
los estudiantes de las zonas indígenas. De igual forma, la también presidenta de la Comisión
Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal dijo que es necesario que
el estado considere un subsidio para el pago de luz; así como la condonación de
algunas deudas excesivas por dicho concepto que en algunos centros educativos
les es imposible pagar. Asimismo,
indicó que debe considerarse que los telebachilleratos pueden tener
acceso a fondos de infraestructura federal y estatal, regularizando los
documentos de los terrenos donde se ubican los centros de trabajo, ya que en su
mayoría cuentan solo con actas de donación, expedidas por los ejidatarios y que
por la naturaleza de la propiedad (ejidal), es difícil de escriturar. Por otra parte, es necesario que la figura de los
coordinadores en los centros de Telebachillerato, se conviertan en cargo
directivo y con ello, dignificar sus salarios, manifestó.

Ante el pleno de la LXV Legislatura del Estado, el
diputado Rodrigo García Escalante, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN), puso a consideración la Iniciativa de Decreto por el que
se adicionan la fracción VIII al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, el Título Cuarto con un Capítulo Único a la Ley Orgánica de la
Universidad Veracruzana y el artículo 11 a la Ley de Autonomía de la
Universidad.

Lo anterior para dar cumplimiento al decreto número
758 que autoriza a la Universidad Veracruzana iniciar leyes o decretos en todo
lo relacionado a su autonomía, organización y funcionamiento, y que en su
artículo transitorio tercero, instruye al Congreso del Estado a realizar las
adecuaciones a las leyes secundarias dentro de los 70 días naturales siguientes
al inicio de su vigencia, lo que constituye un mandato constitucional expreso y
cuyo plazo ya concluyó. La inactividad del Congreso del Estado para atender
una obligación derivada de la norma constitucional local implicaría una omisión
legislativa que propiciaría la falta de eficacia plena del artículo 34 fracción
VII, ya que existe una imposibilidad normativa que facilite a la Universidad
Veracruzana el ejercicio del derecho que se le otorga y la ausencia de
regulación puede derivar en un ejercicio arbitrario, por lo que es necesario
hacer una serie de adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a la Ley
Orgánica de la Universidad Veracruzana y a su Ley de Autonomía. El 25 de septiembre de 2018, el legislador del PAN
presentó ante la Diputación Permanente el proyecto de decreto que hoy se retoma
como un gran pendiente que tiene que desahogarse de forma inmediata para dar
cumplimiento a lo decretado por la reforma constitucional. Precisó que deben establecerse las reglas a las que
deberá sujetarse la Universidad Veracruzana para iniciar un proceso de
elaboración de proyecto de iniciativa relacionada con su autonomía,
organización y funcionamiento, evitando con ello que se vulneren los derechos
de participación a la comunidad universitaria. Reiteró que se debe reconocer el derecho
constitucional que tiene la Universidad Veracruzana, otorgando las atribuciones
correspondientes a las autoridades y órganos colegiados, debiendo además,
regular la participación de los integrantes de la comunidad universitaria, así
como el procedimiento que se requiere al interior de esta Casa de Estudios para
la aprobación de un proyecto de iniciativa de tal envergadura. La Iniciativa de Decreto fue turnada para su estudio
a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

En representación de la fracción legislativa del
Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Judith Pineda Andrade, propuso que
el próximo Presupuesto de Egresos destine recursos suficientes para el campo y
mantenimiento de carreteras. “Ante la evidente necesidad de crear condiciones
dignas para nuestro campo, este Congreso al hacer uso de su atribución para
aprobar el Presupuesto de Egresos, debe tener presente el importante valor que
representa el destinar recursos suficientes para el campo y el mantenimiento de
nuestras carreteras”, expresó la diputada panista. Dijo que los diputados de Acción Nacional centran su
inquietud en el hecho de que en el próximo Presupuesto de Egresos se favorezca
a las dependencias del ramo, con un incremento de los recursos que han de
aplicar. Destacó que el desarrollo económico de Veracruz es
impulsado por el constante esfuerzo de mujeres y hombres que trabajan día a día
en las diversas actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras a lo largo y ancho
del Estado. Por otro lado, consideró de vital importancia
continuar generando vías de comunicación que faciliten la comercialización de
los productos desarrollados por el campo y esto –refirió- no se podrá lograr
más que por dos vías: La primera, dando mantenimiento a los más de 20 mil
kilómetros de carretera con los que cuenta nuestro Estado y la segunda, seguir generando
nuevas vías de comunicación para que las localidades en donde el acceso es
limitado, ofrezcan a los pobladores la posibilidad de transportar sus
productos.

Indicó que al observar la iniciativa del Presupuesto
de Egresos es posible predecir un crecimiento en los recursos económicos que
han de ser aplicados para la creación de obra pública, proponiéndose una
inversión de 4 mil 547 millones de pesos. Puntualizó que si bien la mencionada iniciativa
prevé un crecimiento del 32.17%, en comparación con el 2018 para el sector
agropecuario, en lo referente a la creación de obra pública es necesario que
permita mejores condiciones para el campo. Propuso regir el erario público con los principios
de eficiencia y eficacia, para que se refleje en el sector agropecuario y de
obra carretera para el año 2019.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) en el Congreso de Veracruz, en voz del diputado Omar Miranda Romero,
presentó un anteproyecto de punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador del
Estado, Cuitláhuac García Jiménez, a tomar en cuenta que los requisitos para el procedimiento de elección de
magistrados que integrarán el Tribunal Superior de Justicia, estén apegados a
la legalidad.

En la octava sesión ordinaria, el legislador
solicitó que, en pleno respeto a la división de poderes, se remita al Congreso
del Estado las mejores propuestas para ser magistrados y magistradas, pero
sobre todo a que cumplan con lo establecido en el artículo 58 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz. El legislador reconoció el ejercicio al que invita
el Gobernador, donde el Congreso participa en el proceso de selección de
magistrados, desde la recepción de documentos hasta su votación. Sin embargo
–recalcó- que no es un proceso apegado a la legalidad vigente.

Remarcó la importancia de actuar apegados a la
legislación local, pues ha sido voluntad ciudadana la procuración de un
equilibrio justo entre Poderes, con instituciones sólidas que garanticen el
fortalecimiento democrático de la entidad.

Es en ese sentido, resulta necesario que el Poder
Judicial del Estado esté integrado por mujeres y hombres de probada experiencia
y alto sentido de la justicia. “Es necesario garantizar la existencia de un
Poder Judicial que pugne por el respeto a los derechos humanos, siendo
imperativo que sus integrantes gocen de
la más absoluta independencia y autonomía” concluyó.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, del
distrito XVIII de Huatusco, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura del
Estado un anteproyecto con Punto de Acuerdo para crear la Comisión Especial
para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y
Comercialización del Café Veracruzano. En su intervención durante la octava sesión
ordinaria, la legisladora subrayó que ha constatado los problemas que viven las
familias cafeticultoras ante la disminución en la producción del café, que tan
solo del año 2012 al 2017 pasó de 369 mil 455 toneladas anuales, a 194 mil 433 toneladas. Dijo que aún cuando existen políticas públicas
encaminadas a impulsar el sector, es necesario incrementar el trabajo
coordinado de los Poderes del Estado y los municipios, pues la cafeticultura es
una actividad económica que conlleva consecuencias sociales y al verse mermada,
deriva en migración, falta de oportunidades, desatención a las tierras
productivas, e incluso desigualdad social. Agregó que los integrantes de esta Comisión Especial
podrán actuar como gestores de apoyos ante instancias públicas locales y
federales, participarán en el análisis de la problemática y posibles
soluciones, buscando coordinación en el ámbito académico.

La diputada Lagunes Jáuregui refirió que por su
naturaleza de Comisión Especial, no representará una ampliación ni carga
burocrática y que permitirá contribuir a las soluciones que incentiven la
actividad cafeticultora y el cumplimiento de la Ley para el Fomento, Desarrollo
Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano. Su anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su análisis y trámite correspondiente.

En voz del grupo Legislativo Mixto, Movimiento
Ciudadano y PRD, la diputada Ivonne
Trujillo Ortiz propuso elaborar una agenda por la sororidad veracruzana que
coadyuve a extender la paridad de género obtenida en el Congreso Veracruzano a
otros sectores.

Durante su intervención en la octava sesión
ordinaria, la diputada de Movimiento Ciudadano destacó que la LXV Legislatura
del Estado es la Legislatura de la paridad; no obstante, es necesario que la presencia
igualitaria y justa entre mujeres y hombres prevalezca en el resto de espacios
públicos y privados. Explicó que la sororidad es la búsqueda permanente y
hermanada que realizan las mujeres para transformar su realidad y que invita a
imaginar que
hay otras posibilidades de vida para las féminas: libres de violencia, con
pleno goce y autonomía individual y colectiva. La legisladora resaltó la importancia de seguir
avanzando hacia la igualdad de género y la máxima protección de las personas
para alcanzar los objetivos de los derechos humanos. Trujillo Ortiz se pronunció en favor del alcance
obtenido por las mujeres en materia de derechos humanos y que fuera impulsado precisamente
por un grupo de mujeres comprometidas con la justicia de género.

Aseguró que las legisladoras veracruzanas han
retomado éste legado para aliarse, compartir y generar espacios para que la
ciudadanía tenga la oportunidad de construir un estado de derecho e igualdad; y
se pronunció por la sororidad veracruzana de las Comisiones para la Igualdad de
Género, Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el estado de
Veracruz. Agregó que las diputadas de esta Legislatura son un
reflejo de este esfuerzo y reconocen la trascendencia obtenida a través de
diversas pugnas, por lo cual hace un llamado para poder legislar para las
veracruzanas y veracruzanos con un sentido de inclusión y comprensión.

Si bien existe un marco jurídico específico que
garantiza el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
debemos ser conscientes de que en muchas ocasiones no se respeta la ley, ya sea
por falta de conocimiento, por no querer involucrarse en un asunto “ajeno” o
porque simplemente se pone en duda la impartición de justicia, señaló la
diputada Brianda Kristel Hernández Topete, coordinadora del Grupo Mixto
Movimiento Ciudadano – PRD, ante el pleno de la LXV Legislatura del Estado. Esto, durante la Octava Sesión Ordinaria y en la que
presentó una Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo segundo de la
fracción VI del artículo 18 de la Ley de Educación del Estado, para establecer
que en la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que
aseguren al estudiante la protección y el cuidado necesarios para preservar su
integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad
y derechos humanos. Asimismo, destaca la legisladora del PRD en su propuesta
de reforma, que en caso de que las autoridades educativas, docentes y demás
personal que labora en los planteles de educación tengan conocimiento de que
algún educando sea víctima de maltrato infantil o de cualquier otro delito que
ponga en riesgo su vida e integridad física o psicológica deberán de inmediato
hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes y actuar conforme al
protocolo de atención para menores víctimas de maltrato infantil. De igual forma, se reafirma en el texto propuesto,
cuando noten la prolongada o reiterada ausencia de un estudiante, deberán
notificarlo o reportarlo ante la Procuraduría Estatal o municipal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de descartar o detectar
posibles situaciones de maltrato infantil. Sobre lo anterior y en su exposición de motivos,
Hernández Topete, señaló que en muchos sectores de nuestra población aún
persiste la creencia de que el castigo corporal es una forma de educar a las
hijas e hijos, que los forman en “hombres y mujeres de bien”, situación que
vulnera la dignidad y el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes. La disciplina, abundó la también presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, nada tiene que
ver con eso, el disciplinar a un niño o niña implica impartirles formación y
ayudarlos a desarrollar un criterio, poner límites, el autocontrol, la
autosuficiencia y una conducta social positiva. El maltrato infantil que incluye el castigo violento
comprende la violencia física, sexual y psicológica o emocional y el descuido
tanto de lactantes, niños, niñas y adolescentes por los progenitores, los
cuidadores y otras figuras de autoridad; ocurre con mayor frecuencia en el
hogar, pero también en entornos como escuelas, en las calles, en el lugar de
trabajo, o establecimientos correccionales, enfatizó la legisladora. La iniciativa de decreto fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Educación y Cultura, y de Derechos de la Niñez y la
Familia.

A nombre de la fracción legislativa del Partido
Acción Nacional (PAN), la diputada Montserrat Ortega Ruiz, presentó la
iniciativa de Ley Especial de Adopciones Anticipadas, que busca establecer
diversas opciones para mujeres embarazadas que enfrentan alguna situación de
vulnerabilidad o violencia. Durante la Octava Sesión Ordinaria de la LXV
Legislatura, expuso que la iniciativa está dirigida en particular a mujeres
indígenas, afro-mexicanas y del medio rural, para que puedan continuar con su
embarazo y sean asistidas hasta el nacimiento de su hija o hijo.

Dijo que se encuentran preocupados y ocupados por garantizar
que se respeten los derechos humanos de madres e hijos; así como en proteger la
vida, la libertad, la identidad, la igualdad, la dignidad y la integridad de
cada persona.

Durante su participación en tribuna, la
representante del PAN agregó que se tiene como objeto establecer una serie de
mecanismos que garanticen los derechos inherentes al niño o niña, para
asegurarle la posibilidad de crecer y desarrollarse en un ambiente favorable;
así como los derechos humanos de las madres en gestación y la obligación del
Estado de garantizar su libre desarrollo de la personalidad.

Esta iniciativa, abundó Ortega Ruiz, reconoce el
derecho al libre desarrollo de la personalidad de la mujer y reconoce que la
niña o niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer
en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, tal y
como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ante la posibilidad de un embarazo no planificado o
no deseado, la mujer podría de manera libre e informada, decidir sobre otorgar
en adopción al menor, a fin de proveerle de una familia y del armonioso
desarrollo de su personalidad, reconociendo que el infante debe estar
plenamente preparado para una vida independiente en sociedad. Esta iniciativa, subrayó, responde a la problemática
social de recién nacidos en abandono y atendería una práctica social de madres
gestantes que entregan a su hija o hijo sin procedimiento legal alguno a
personas que no han sido previamente legitimadas y no cuentan con certificados
de idoneidad regulados por el Estado, lo que pudiera dar cabida a niños
utilizados para donaciones de órganos, trata de personas o fines ilícitos. Ortega Ruiz precisó que si bien es cierto ya existe
una Ley de adopciones en el Estado que establece objetivos y requisitos para
dar y recibir en adopción, lo cierto es que ese ordenamiento jurídico se ocupa
de regular las adopciones en procedimientos ordinarios, vía jurisdiccional. No obstante, la presente iniciativa busca establecer
mecanismos administrativos para que las mujeres gestantes ingresen a un
programa de adopción que les permita concretar el trámite en un término máximo
de 48 horas después del nacimiento de su hija o hijo, evitando dilaciones
judiciales. De esta forma, el Estado velará por la salud de las
gestantes y los recién nacidos, quienes tendrán la posibilidad de contar con
una filiación e identidad reconocida plenamente. La iniciativa de Ley Especial de Adopciones
Anticipadas presentada por la diputada Ortega Ruiz, fue turnada a las
comisiones unidas de Derechos de la Niñez y la Familia y de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado.

En esta ocasión trabajaremos de cerca con los
colectivos y las familias de desaparecidos, que sean tomados en cuenta y así
atender de manera real este problema que ha ido creciendo en la entidad en los
últimos años, aseguró la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de
la Comisión Especial para el Seguimiento de la Problemática de las Personas
Desaparecidas en el Estado de Veracruz.

Esto, durante los trabajos del primer foro
informativo de la Convocatoria para la selección de las y los integrantes del
Consejo Estatal Ciudadano, órgano del mecanismo estatal de coordinación en
materia de búsqueda de personas desaparecidas, realizado este miércoles 12, en
la ciudad de Poza Rica, en las instalaciones del palacio municipal. La legisladora local recordó, que al Consejo Estatal
Ciudadano se integrarán por seis representantes de familias de desaparecidos,
correspondiendo dos lugares para la zona norte, dos para el centro y dos más
para el sur de la entidad, y que el proceso ha sido de trabajo cercano con los
colectivos, desde la creación de la Comisión Especial y la integración del
Consejo.

Durante el evento se contó con la participación de
especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos la búsqueda de
personas desaparecidas o no localizadas y en la investigación y persecución de
los delitos previstos en la Ley General, representantes de organizaciones de la
sociedad civil en materia de derechos humanos, tal y como se establece en la
convocatoria para la selección de las y los integrantes del Consejo Estatal
Ciudadano, cuya consulta podrá realizarse a través del link http://legisver.gob.mx/convocatoriaCEC.pdf

Así mismo, Cervantes de la Cruz destacó que ya han
recibido la documentación de interesados a formar parte del Consejo Estatal,
cuyo periodo de recepción cerrará el próximo 21 del mes en curso, debiendo
entregar en esta primera fase sus documentos en formato digital para su
análisis, posteriormente se programarán las entrevistas a quienes cumplan con
los requisitos y finalmente se seleccionará a las y los integrantes del Consejo
Estatal Ciudadano. Los interesados puede realizar su registro en la
siguiente dirección electrónica: http://www.legisver.gob.mx/registroCEC/

El diputado del distrito XXX, Coatzacoalcos II,
Gonzalo Guízar Valladares, calificó como acertada la llegada de elementos de la
Guardia Nacional al Estado de Veracruz y en especial a la región de
Coatzacoalcos. Consideró que estas acciones responden a la
exigencia ciudadana de brindar seguridad y revertir los altos índices
delictivos registrados en los últimos meses. El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, pidió no minimizar los llamados de apoyo que hacen
presidentes municipales, maestros, empresarios, ganaderos y la población en
general para garantizar la seguridad pública. Admitió que uno de los grandes retos de la
administración pública consiste precisamente en recuperar la seguridad, tarea
que exige un trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno. De la
correcta coordinación, precisó, dependerá que los programas y acciones sean
eficaces y eficientes. El también vocal de la Comisión Permanente de
Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, refirió que desde el Congreso del
Estado serán apoyadas las iniciativas de reforma o de nuevas leyes, enfocadas a
transformar la realidad que actualmente se vive en materia de seguridad. “Con la suma de esfuerzos se resolverán problemas
públicos y se darán garantías a nuevos inversionistas que generarán empleos y desarrollo en la
entidad”, concluyó Guízar Valladares

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) en el Congreso del Estado, en voz del diputado Rodrigo García Escalante
presentó la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones
de los Códigos de Derechos y Financiero, ambos del Estado, con el objeto de
quitar el cobro por Tenencia Vehicular en la entidad, toda vez que, consideró,
sería una medida que beneficiará a la economía de los ciudadanos veracruzanos. Durante su intervención en la octava sesión
ordinaria, el legislador indicó que los veracruzanos esperan ver implementadas
medidas que procuren su bienestar y su estabilidad en términos económicos. Recordó que el 20 de diciembre de 2016 fueron
emitidos dos decretos, el primero por el que se otorgó un subsidio del 100 por
ciento a los causantes del impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los ejercicios fiscales
2017 y 2018 y el segundo por el que se condonó el impuesto estatal sobre
tenencia o uso de vehículos, así como su actualización, recargos y multas
derivados de adeudos de derechos por servicios de registro y control vehicular. Dijo que dado que esa medida solo aplicó para los
ejercicios 2017 y 2018 los ejercicios fiscales subsecuentes quedan a
discrecionalidad de cada administración la continuidad o no de dicha
condonación; por lo que –subrayó- el Grupo Legislativo del PAN considera
necesario que dicho beneficio sea permanente a través de la derogación de los
Códigos de Derechos y Financiero, el Impuesto estatal sobre tenencia o uso de
vehículos. “Consideramos que el subsidio no es solución
suficiente, máxime que este es usado como razón para amarrar otros ingresos de
índole administrativa o fiscal que no guardan relación alguna con la esencia
del tributo a subsidiar”, abundó. Por último, dijo que los estados de Sonora,
Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Baja California Sur,
Coahuila, San Luis Potosí y Yucatán ya han eliminado de su legislación el pago
por Tenencia Vehicular.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, dio a conocer los
nombres de los 36 diputados que integrarán el Comité Receptor de documentos de
los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado.

En conferencia de prensa el diputado Pozos Castro
destacó el acuerdo signado con el gobernador del Estado, Cuitláhuac García
Jiménez, respecto al establecimiento de un proceso de apertura que permitirá
elevar el nivel del Poder Judicial de la entidad.

“Creemos que van a participar muchos profesionistas,
ya que hay juristas que tienen de 25 a 30 años de servicio a quienes nunca se
les había considerado ni reconocido su trayectoria”, consideró el legislador. Asimismo,
informó que el Comité Receptor está integrado por 36 diputados; de los
cuales, 19 son del partido Morena, 10 del PAN, 2 del PRI, 2 del PRD, 1 de MC, 1
del PT y 1 del PES.

Los diputados son: Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos, Rosalinda Galindo Silva, Mónica Robles Barajas, Juan Javier Gómez
Cazarín, Henri Cristophe Gómez Sánchez, Adriana Esther Martínez Sánchez,
Margarita Corro Mendoza, Magaly Armenta Oliveros, Eric Domínguez Vázquez, José
Magdaleno Rosales Torres, Adriana Paola Linares Capitanachi, Amado Cruz
Malpica, Wenceslao González Martínez, María Candelas Francisco Doce, Jessica
Ramírez Cisneros y Ana Miriam Ferráez Centeno. También Deisy Juan Antonio, Raymundo Andrade Rivera,
María Esther López Callejas, María Graciela Hernández Iñiguez, María de Jesús
Martínez Díaz, Judith Pineda Andrade, Montserrat Ortega Ruiz, Nora Jessica
Lagunes Jáuregui, María Josefina Gamboa Torales, Rodrigo García Escalante,
Enrique Cambranis Torres, Juan Manuel de Unánue Abascal, Omar Guillermo Miranda Romero, Jorge Moreno
Salinas, Juan Carlos Molina Palacios, Brianda Kristel Hernández Topete,
Florencia Martínez Rivera, Erick Iván Aguilar López, Ivonne Trujillo Ortiz y
Gonzalo Guízar Valladares. Por otra parte, el diputado Pozos Castro destacó el
trabajo coordinado entre Poderes y significó la apertura del Ejecutivo estatal
y el compromiso que estableció de proponer, como candidatos a magistrados,
únicamente a quienes hayan presentado su documentación al Congreso del Estado. El presidente del Congreso de Veracruz recordó que,
de conformidad con la fracción XIX del artículo 33 de la Constitución Política
del Estado, la persona que sea nombrada por el Pleno para el cargo de
Magistrado deberá obtener el respaldo de al menos las dos terceras partes de
los integrantes de esta Legislatura.

La Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado
de Veracruz dio entrada a la iniciativa con proyecto de Ley de Austeridad para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, cuyo objeto es regular la aplicación de medidas de
austeridad en la planeación, programación, presupuestación, ejecución, y
control del gasto gubernamental, como política pública en la entidad.

Lo anterior para cumplir con los principios de
economía, eficacia, eficiencia transparencia y honradez en la administración de
los recursos económicos de carácter público de que dispone el Estado. La iniciativa de Ley de Austeridad prevé la
reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestaciones de los
altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes
públicos. También la incorporación de todos los funcionarios a
los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de
establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro,
así como el contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos
médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación. De igual forma busca evitar el engrosamiento del
aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas
plazas. Restringir a los casos
estrictamente justificados por razón de
necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de
seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser
encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función. Prevé limitar el uso de vehículos de propiedad del
Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la
población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad
se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función
pública. Plantea restringir el gasto en propaganda oficial,
disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y
concentrando en una sola dependencia su difusión y establecer límites al número
de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la
adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Entre otras cosas propone establecer límites para
que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato
anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía
eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación,
mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes
informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas
oficiales o la inflación. No podrán constituirse fideicomisos, ni fondos,
mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan
aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas
de disciplina y ejercicio honesto del gasto. La iniciativa, que consta de 13 artículos, fue
turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y
dictamen correspondiente.

Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión de
la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. En
su calidad de presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, las diputadas
Brianda Kristel Hernández Topete, Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz,
revisaron el Plan de Trabajo, los Objetivos de la Comisión y se dio seguimiento
a las necesidades de la población lésbico gay en centros penitenciarios donde,
coincidieron, son vulnerados sus derechos. Entre otros temas, acordaron invitar para la
siguiente reunión de la Comisión, a celebrarse el 19 de diciembre próximo, a la
titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

La diputada Rosalinda Galindo Silva, del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 122 del Código
Hacendario para el Municipio de Xalapa cuyo propósito es incorporar, además de
adultos mayores, a personas con discapacidad como beneficiario del descuento
del Impuesto Predial, así como eliminar la condición que dicho beneficio sea
otorgado sobre el valor catastral. De esta manera se plantea establecer que “las
personas mayores de 60 años, o las personas con discapacidad física,
intelectual o sensorial, contribuyentes de este impuesto, que no se encuentren
en los supuestos descritos, también tendrán derecho a obtener el descuento,
previo cumplimiento de los requisitos
señalados en el mismo”. Al respecto es importante precisar que el Municipio
de Xalapa ocupa el segundo lugar a nivel estatal con una población de 60 años o más, ya que en este municipio radican
aproximadamente 58 mil personas que cuentan con ese rango de edad; de estos el
51 por ciento son mujeres, y el 49 por ciento son hombres; población que se
encuentra en estado de vulnerabilidad y que de acuerdo a lo establecido por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deben gozar de las oportunidades
que faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Dijo que el Plan
Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Xalapa 2018-2021, consideró
los estudios relativos a su
población que enfrenta algún
tipo de discapacidad, como lo es el reporte del INEGI titulado “La
Discapacidad en México, datos al 2014”, que da cuenta que las personas
con discapacidad se concentran en siete entidades federativas entre las cuales se encuentra
Veracruz, y que son ellas quienes enfrentan una
gran cantidad de obstáculos
para ejercer sus derechos establecidos
en el orden jurídico mexicano. La diputada del Distrito X, Xalapa I, subrayó que su
iniciativa pretende dos objetivos: el
primero, ampliar el universo de
beneficiarios con el descuento sobre
el pago del impuesto predial, incorporando para ello a las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, además de las personas mayores
de 60 años como ya se establece y el
segundo, eliminar la condición
de que el beneficio se otorgue sin
que se fije un monto límite sobre el valor catastral.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por
el cual se exhorta al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) a realizar una
revisión exhaustiva de los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil
476 cámaras que integran el Sistema Estatal de Video vigilancia, anunciado por
el Ejecutivo del Estado en octubre de 2017. De igual
manera se pide al Orfis remitir a esta Soberanía un informe detallado al
respecto, sin menoscabo de ejercer sus facultades legales de denuncia ante las
instancias correspondientes, en caso de encontrar elementos para ello. Este
Acuerdo es resultado del anteproyecto que presentó el pasado 27 de noviembre el
diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez. El
documento refiere la coincidencia de la Jucopo con el autor de la propuesta al
señalar que la empresa proveedora del sistema de video vigilancia cuenta con un expediente de inhabilitación abierto
por la Secretaría de la Función Pública en el año 2013, lo que abona aun más a
la desconfianza que desde el principio generó el anuncio de este programa.

-Ayuntamientos deben dar
facilidades a familias en relación a terrenos-

En la sesión, octava del primero primer periodo
ordinario, el Pleno aprobó el Acuerdo de la Jucopo por el cual se exhortan a
los Ayuntamientos de la entidad, que cuenten con el decreto de creación del Fundo Legal de su municipio, a
que promuevan y otorguen facilidades a las familias veracruzanas, con la
finalidad de que regularicen y escrituren sus predios o terrenos donde tienen
construidas sus casas habitación y que son considerados como patrimonio
familiar. De igual
forma se establece que el Departamento de Fundo Legal, dependiente de la
Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, otorgará todas las
facilidades y la asesoría legal adecuada, con la finalidad de realizar esta
encomienda en favor de todas las familias veracruzanas. Este Acuerdo es resultado del anteproyecto
presentado el pasado 6 de diciembre por la diputada del Grupo Legislativo de
Morena, Deisy Juan Antonio.

Con la finalidad de conocer los principales
problemas que enfrentan los tecnológicos superiores en la entidad veracruzana y
ofrecerles su apoyo en el marco de sus atribuciones, el presidente de la
Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso del Estado, diputado
León David Jiménez Reyes, se reunió con directivos, docentes e integrantes de
este sector educativo. Acordaron emprender acciones que les permitan
mejorar sus partidas presupuestales y condiciones laborales en general, garantizando la certeza legal en su quehacer
diario. Este encuentro celebrado en las instalaciones del
Congreso del Estado, tuvo la participación de las diputadas Adriana Paola
Linares Capitanachi y Cristina Alarcón Gutiérrez, así como de los diputados
José Andrés Castellanos Velázquez y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

Entre los asistentes destacó la presencia del
secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la
Educación Tecnológica de Veracruz (FESTEV), Fernando González Rivas, con quien
signaron el compromiso de impulsar una agenda de trabajo institucional que sea
de beneficio para este importante nivel de enseñanza superior y para las y los
veracruzanos.

El Pleno de la LXV Legislatura dio entrada a la
iniciativa con proyecto de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos,
reglamentaria del Artículo 82 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave, presentada por el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, la cual tiene por objeto regular las remuneraciones que perciban los
servidores públicos del Estado de Veracruz. En la octava sesión, correspondiente al primer
periodo ordinario de sesiones, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda
del Estado esta iniciativa que, en primera instancia, refiere disposiciones aplicables a las remuneraciones que perciben
los servidores públicos, estableciendo claramente los sujetos a quienes les
aplican sus disposiciones y los principios rectores a que deben sujetarse tales
remuneraciones. Por otra parte se establecen las bases para la
determinación de las remuneraciones desarrollando legalmente dos principios
fundamentales: el primero, que ningún servidor público puede recibir una
remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República y para el
Gobernador del Estado. La segunda, que ningún servidor público puede tener
una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las excepciones
que esta misma ley prevé. De igual forma incluye el cálculo presupuestario de
dichas remuneraciones, con la obligación de establecer los tabuladores y montos
en los presupuestos correspondientes. También se estipula lo que tiene que ver con las percepciones por concepto de
retiro, jubilaciones y haberes de retiro, figuras que considera el texto
constitucional. Se establece el control, las responsabilidades y las
sanciones, con el ánimo de que cualquier persona pueda formular denuncias ante
la instancia interna de control y disciplina de los entes reconocidos en el
texto del presente ordenamiento. En la propuesta legislativa, el Ejecutivo estatal
señala que esta ley es de suma relevancia, considerando la próxima discusión
del Paquete Económico de 2019, destacando el tema de las remuneraciones de la
alta burocracia en un contexto de crisis económica, escasez de recursos
fiscales, caída del precio del petróleo y la enorme carga del endeudamiento
interno y externo que obligan a hacer un uso eficiente y racional de los
recursos disponibles destinados al gasto público.

La diputada local Erika Ayala Ríos, coordinadora del
Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM presentó una iniciativa para reformar el
artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que permita
garantizar pensiones alimenticias más justas y velar así por el interés
superior de los menores, como lo mandata el orden jurídico nacional e
internacional. En la octava sesión ordinaria del primer periodo de
sesiones, se dio entrada a la iniciativa que propone establecer que los
alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la
necesidad del que debe recibirlos, y que serán determinados por convenio o
sentencia. Los alimentos tendrán un incremento automático
mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general diario que
corresponda, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no
aumentaron en igual proporción; en este caso, el incremento en los alimentos se
ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones
deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. En su intervención en tribuna, la diputada Ayala
Ríos, vocal de Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales,
refirió que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), más de las dos terceras partes del total de madres solteras
en México (67.3 por ciento) no reciben pensiones alimentarias.

Agregó que, según ese mismo organismo, ha aumentado
el número de solicitudes de pensiones de esa naturaleza; en 2010, por ejemplo,
se recibieron 51 mil 82 y para 2013, el último año de registro de ese rubro,
esa cifra aumentó cerca del 20 por ciento para llegar a 61 mil 406.

Expuso que el incremento de demandas de pensión
alimenticia tiene estrecha relación con el número de divorcios, mismo que ha
ido a la alza consistentemente en los últimos años, a tal grado que, según
cifras del propio INEGI, mientras que en el año 2000 se registraron a nivel
nacional 52 mil 358 divorcios, en 2016 fueron 138 mil 807.

La legisladora indicó que su iniciativa pretende
aportar una herramienta que facilite la actualización de los montos de las
pensiones, como ya ocurre en la mayoría de las demás entidades y, con ello, no
sólo evitar en lo posible nuevas controversias sino, principalmente, tratar de
asegurar que los menores tengan garantizados sus alimentos en condiciones más
justas.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Derechos de la Niñez y la Familia.

En el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Palacio Legislativo de Veracruz y con la participación de la secretaria de la
Comisión Permanente de Derechos
de la Niñez y la Familia, diputada Montserrat Ortega
Ruiz, se llevó a cabo el primer foro “Preparándonos para una sociedad inclusiva”,
organizado por el Centro de Atención
Múltiple (CAM) de Banderilla, “María de los Ángeles Bello Aguirre”, con el
objetivo de difundir a la sociedad veracruzana el sentido de la inclusión y
conocimientos generales sobre la discapacidad.

El conversatorio fue impartido por personal del CAM,
en el marco del Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemoró el 3 de
diciembre.

Asistieron el Delegado Federal de la Secretaría de
Educación Pública del Estado, Abraham Azuara Zapata; la Jefa del Departamento
de Educación Especial Estatal, Nora Nancy León Landero; la Supervisora Escolar
de Educación Especial Zona 301, Janeth Salas Ávila; la Directora de Educación
Especial, María de los Ángeles Duran Martínez y el Director de Espacios
Educativos, Ricardo García Jiménez.

Así como la Supervisora Escolar Zona Xalapa y
Foráneas, Claudia Fabiola Valenzuela Beltrán; el Jefe de Atención Ciudadana de
Prospera, Cristopher Alarcón e integrantes de diversas Asociaciones Civiles y sociedad
civil.

En apoyo a emprendedores de la entidad, este 11 de
diciembre la diputada María Graciela Hernández Iñiguez y el legislador José
Andrés Castellanos Velázquez, presidenta y secretario, respectivamente, de la
Comisión Permanente de Desarrollo Artesanal del Congreso del Estado,
inauguraron –en las instalaciones de este Poder- la exposición de artesanías
que presenta el grupo “Mundo Creativo y Empresarial”, conformado por artistas
de los municipios de Xico, Coatepec, Naolinco, Teocelo y Xalapa.

Además de plantas, dulces, artículos de belleza,
velas, y pulseras, el público podrá apreciar parte de la
gastronomía que caracteriza a Veracruz.

Este evento fue impulsado por la diputada del
Distrito de Huatusco, Nora Jessica Lagunes Jáuregui y tuvo la participación de
la Coordinadora de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca, María Hernández Peñafiel y
de la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los
Derechos Humanos del Congreso, María Elena García Filobello, así como el
titular de la Dirección de Recursos Humanos, Iván Jiménez Rosas.

El diputado José Manuel Pozos Castro, Presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura y en representación del Poder Legislativo
del Estado de Veracruz, asistió a la ceremonia de Entrega – Recepción del Mando
de Armas del Mando Naval, de la Primera Región Naval, que recibió el Almirante,
Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Romel Eduardo Ledezma Abaroa,
realizada en la explana de la Plaza de la República, en la ciudad de Veracruz. A esta ceremonia asistieron, en representación del
Poder Ejecutivo del Estado, el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros
Burgos así como representantes del Poder Judicial de la entidad, de los
Ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, así como mandos navales y militares.

Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 48
de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado, que ordena al
Ejecutivo estatal el establecimiento de un fondo para las funciones, obligaciones
y atribuciones inherentes a la Comisión Estatal de Búsqueda, así como para el
cumplimiento de los objetivos que persiguen la Ley en Veracruz y la Ley General,
propuso la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura la creación de
la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición
de Personas de la entidad. Asimismo, se tomó en consideración que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en su Recomendación General 001/2017,
determinó que “desde el año 2014 el Estado ha dado un cumplimiento deficiente
del deber de reparar las violaciones a derechos humanos, atribuible al Congreso
del Estado”, pues ha omitido proveer de recursos financieros al Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral. Por lo que los diputados de la LXV Legislatura, proponen
la creación de dicha Comisión Especial que se aboque a propiciar el cumplimiento
de las obligaciones que a este Poder imponen las disposiciones en materia de
desaparición de personas. Ésta tendrá la obligación de llevar a cabo el
proceso de selección para el nombramiento de los integrantes del Consejo
Estatal Ciudadano; dar seguimiento a lo determinado por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Veracruz en su Recomendación General 001/2017, por cuanto hace a que este Congreso vigile que en el
Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2019 se otorguen los
recursos necesarios para el establecimiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral y del Fondo Estatal de Desaparición, en colaboración con
las Comisiones Permanentes competentes. De igual forma deberá proponer una agenda
legislativa en materia de desaparición de personas, centrada en los cuatro ejes
prioritarios que han sido identificados por los familiares de las víctimas de
desaparición: apoyo, asistencia, atención y reparación integral a víctimas;
búsqueda, exhumación e identificación; investigación y servicios periciales; y
coordinación interinstitucional y diálogo con los familiares. También tendrá que dar seguimiento y coadyuvar con
las estrategias, los programas, los planes de trabajo y las declaratorias
relativas a la desaparición de personas, aplicables en el Estado, dentro de las
facultades de esta Soberanía. La Comisión Especial quedó integrada de la siguiente
manera: diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz; presidenta y Rosalinda
Galindo Silva, secretaria, así como los diputados Henri Cristophe Gómez Sánchez,
Érika Ayala Ríos, María Esther López Callejas, Nora Jessica Lagunes Jáuregui,
Magaly Armenta Oliveros, Florencia Martínez Rivera, Brianda Kristel Hernández Topete, Mónica Robles Barajas y Deisy Juan Antonio,
vocales. Este Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
fue aprobado con 38 votos. Además se registraron 11 abstenciones.

La diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó un anteproyecto con
punto de acuerdo, que busca exhortar a los 212 ayuntamientos de la entidad, a
fin de que trabajen en la regularización de su Fundo Legal para que, de esta
manera, sean otorgadas las facilidades a las familias veracruzanas con el
propósito que cuenten con certidumbre jurídica sobre los inmuebles que habitan. Al
hacer uso de la tribuna, dijo que el anteproyecto tiene la finalidad de
regularizar los predios o terrenos y que las familias puedan escriturarlos y de
esa forma sean considerados como su patrimonio. Abundó
que de los 212 municipios, sólo la mitad cuenta con la delimitación de Fundo Legal,
lo que genera un problema jurídico a las y los veracruzanos, ya que no cuentan
con un aval que los acredite como dueños del inmueble. La
diputada Juan Antonio -secretaria de la Comisión Permanente de Derechos
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la LXV Legislatura- indicó que es
necesario legislar en beneficio de las y los veracruzanos y así evitar que sean
vulnerados sus derechos.

Asimismo,
solicitó al Departamento de Fundo Legal del Congreso del Estado a fin que
brinden la asesoría legal y jurídica a los 212 municipios respecto al tema. A
este anteproyecto, turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para su análisis, se adhirieron las diputadas María Josefina
Gamboa Torales, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) y Ana
Miriam Ferráez Centeno, del Grupo Legislativo de Morena.

Al expresar su voto a favor de la reforma al
artículo 33 de la Constitución Política del Estado, relativa a la facultad del
Congreso del Estado en la designación y remoción del Fiscal General, la
diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Nora Jessica Lagunes Jáuregui, precisó que esta modificación no
limita la autonomía de la Fiscalía, sino que fortalece la división de poderes y
abona al sistema de contrapesos. La legisladora del Distrito de Huatusco, indicó que
de esta manera se contribuye al fortalecimiento del estado de derecho, facilita
el acceso de los ciudadanos a la justicia y privilegia la transparencia y la rendición
de cuentas. De igual forma –agregó- otorga certeza jurídica,
partiendo del principio de que las leyes deben ser lo más específicas posibles
para evitar interpretaciones que en nada beneficien a la sociedad. Respecto a que si la decisión de apoyar esta reforma
representa un “rompimiento” con el Grupo Legislativo del PAN, Lagunes Jáuregui
enfatizó “mi apoyo no significa distancia sino congruencia, convencida de que
el verdadero panismo es aquél que está del lado del ciudadano, lejos del cálculo
político y del interés personal.” Expresó que su respaldo a la iniciativa fue
congruente a la voluntad y confianza de más de 47 mil voluntades de sus paisanos del distrito de Huatusco. Abundó que, al adecuar el marco de atribuciones del
Congreso del Estado de Veracruz, se fortalece su papel como depositaria de la
voluntad plural de los ciudadanos. “Se reconoce el trabajo de anteriores Legislaturas,
pero tenemos el deber con los veracruzanos de perfeccionar las leyes para que
éstas sean claras y se haga evidente que sirven eficazmente a nuestro estado.”,
concluyó.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de
Veracruz aprobó el Dictamen por el que se reforma el artículo 33 de la
Constitución Política del Estado con el que se otorga a este Poder la
atribución para designar y remover al Fiscal General del Estado, de conformidad
con lo previsto en su artículo 67, fracción I, inciso D. Durante la séptima sesión ordinaria, celebrada este
6 de diciembre, fue puesto a consideración del Pleno el Dictamen, resultado de
la iniciativa que presentó el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, el pasado 29 de noviembre, mismo que registró 39 votos
a favor de integrantes de los Grupos Legislativos de Morena (26), “Del Lado
Correcto de la Historia” (4), MC-PRD (3), PRI (3) y de la diputada del Partido
Verde Ecologista de México (1). Además se registraron 11 votos en contra, de
diputados de la bancada del PAN. Las diputadas del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui
y María Graciela Hernández Iñiguez emitieron su voto a favor.

La Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales,
instancia dictaminadora, presidida por la diputada Mónica Robles Barajas,
considera que por técnica legislativa y para cumplir a cabalidad el Principio de Legalidad, que todas
las facultades del Congreso del Estado estén expresamente referidas en el
apartado que corresponde como lo es el artículo 33 de la Constitución Política
del Estado. Tal como ocurre en la Constitución Federal en los artículos 73, 74
y 76, en donde se prevén las facultades de la Cámara de Diputados y del Senado. La modificación consiste en la adición de la
fracción XLIV, con el corrimiento de la actual fracción XLIV a la XLV, del
artículo 33 de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En los posicionamientos y a nombre del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) la diputada María Josefina Gamboa
Torales informó el voto en contra del Dictamen, toda vez que esta reforma
–agregó- tiene una clara intención política y es remover al actual Fiscal General. La diputada Mónica Robles Barajas, del Grupo
Legislativo de Morena, subrayó que esta reforma es para cumplir con el
procedimiento constitucional y llenar un “vacío legal” relativo a la atribución
del Poder Legislativo respecto a la remoción del Fiscal, toda vez que
modificaciones anteriores solo aludían al proceso de elección y designación. Participaron
en el debate en lo general los diputados Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,
Nora Jessica Lagunes Jáuregui, María Josefina Gamboa Torales, Rubén Ríos Uribe
y Sergio Hernández Hernández. Tras
ser aprobado el Dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, diputado José
Manuel Pozos Castro, instruyó remitirlo a los 212 Ayuntamientos de la entidad
para su análisis y a fin que en el término legal informen a esta Soberanía,
mediante Acta de Cabildo, el sentido de su voto.

Se
realizarán foros para dar a conocer esta convocatoria en los municipios de Poza
Rica, Xalapa y Coatzacoalcos, anunciaron las diputadas Elizabeth Cervantes y
Rosalinda Galindo.

La Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la
Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, a través de su presidenta,
diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, dio a conocer la convocatoria para la
elección de los 13 integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, órgano del
Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Búsqueda de Personas, previsto
en la Ley 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave. En conferencia de prensa y con la participación de
la diputada Rosalinda Galindo Silva, secretaria de esta instancia legislativa,
la diputada Cervantes de la Cruz presentó la Convocatoria, misma que está
dirigida a familiares y organizaciones de personas desaparecidas y defensoras de los derechos
humanos, grupos organizados de víctimas. Así como a expertos en la protección y defensa de
los derechos humanos, en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas
o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General,
especialistas en materia forense, organizaciones de la sociedad civil
relacionadas con las materias previamente referidas, instituciones académicas,
colegios de profesionales y a la sociedad en general. La diputada informó que la recepción de propuestas,
para candidatos al Consejo Estatal Ciudadano, será del 10 al 21 de diciembre de
este año en la oficina, ubicada al interior del Congreso del Estado, en horario
de 09:00 a 15:00 horas. Además deberá realizarse la inscripción en el link www.legisver.gob.mx/registroCEC.

Por otra parte, detalló que el Consejo estará
conformado por 13 integrantes, para lo cual serán dos familiares de Personas
Desaparecidas por cada una de las tres regiones de la entidad (norte, centro y
sur). Además de tres especialistas de reconocido prestigio
en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas
Desaparecidas o No Localizadas o en la investigación y persecución de los
delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares (de
éstos al menos uno tendrá que ser especialista en materia forense).

Los cuatro restantes corresponden a organizaciones
de la sociedad civil de derechos humanos.

Las y los integrantes de este Consejo ejercerán sus
funciones en forma honorífica y no deberán recibir emolumento o
contraprestación económica alguna por su desempeño. No obstante la Secretaría
de Gobierno les proveerá de los recursos financieros, técnicos, de
infraestructura y humanos para el correcto desempeño de sus funciones. De igual forma la legisladora indicó cuáles son los
requisitos que tendrán que presentar los aspirantes, en cada una de las tres
categorías antes citadas. Esta información puede consultarse en el siguiente
link: http://www.legisver.gob.mx/convocatoriaCEC.pdf. Al término del periodo de recepción, la Comisión
Especial verificará el cumplimiento de los requisitos y, en el lapso de dos
días hábiles posteriores, publicará el listado con los nombres de las personas
inscritas.

Además, durante los 10 días hábiles, posteriores a
la publicación del citado listado, se llevarán a cabo las entrevistas a los
interesados, mismas que serán transmitidas
públicamente a través de los medios de comunicación institucionales y
las cuentas oficiales del Congreso del Estado, en redes sociales. Por otra parte, la diputada Elizabeth Cervantes
informó que para una máxima difusión de esta convocatoria habrán de realizarse
foros informativos en las zonas norte, centro y sur de la entidad. De esta manera el 12 de diciembre, a las 10:00
horas, será en el Ayuntamiento de Poza Rica. El 13 de diciembre, a partir de
las 16:00 horas, en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, del Congreso del
Estado y el 14 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en el Ayuntamiento de
Coatzacoalcos.