El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen de
la nueva Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la
cual tiene por objeto implementar medidas de austeridad en la planeación,
programación, presupuestación, ejecución y control del gasto gubernamental,
como política pública para cumplir con los principios de economía, eficacia,
eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos
económicos de carácter público que dispone la Entidad. De esta manera se establece que los ahorros y
economías obtenidos, con motivo de la aplicación de esta ley, serán destinados
a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales
con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado y demás leyes
aplicables. Esta Ley fue aprobada con 47 votos a favor, de
diputadas y diputados de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la
Historia”, PRI-PVEM y MC-PRD, así como el legislador sin grupo. Además se
registró una abstención (diputada Judith Pineda Andrade, PAN). Esta norma señala que los servidores públicos de la
entidad recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social
correspondiente. De esta manera queda prohibido establecer o cubrir con
recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión,
así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de
separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos locales
para beneficio de cualquier servidor público. Durante el ejercicio fiscal no se crearán plazas
adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado, ni se
asignarán previsiones adicionales para tal efecto. La contratación de servicios
personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenamente
justificados. Se incluye que sólo los servidores públicos con alta
responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia
podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta. Los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a
actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la
población. Queda prohibido cualquier uso distinto de los vehículos, salvo los
que tengan carácter oficial y los de escoltas, que autoricen las autoridades
competentes. El gasto neto total asignado anualmente a la
difusión de propaganda oficial por los entes públicos del Estado, se sujetará a
los montos máximos que para el efecto fije la autoridad competente en
disposiciones generales, mismos que se ajustarán a lo indispensable para dar
cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya
difusión sea determina como necesaria.
Sólo se autorizarán, los viajes oficiales que
resulten estrictamente indispensables, en atención a las necesidades del
servicio público. Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes aéreos en
servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios
privados de aerotransporte. En tanto no se autoricen nuevos programas o se
amplíen las metas de los existentes, los gastos por servicios de telefonía,
fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos,
honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de
telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones,
exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán exceder de los
montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior. La adquisición y contratación de bienes y servicios
de uso generalizado de los entes públicos se llevarán a cabo de manera consolidada
con el objeto de obtener las mejores condiciones en relación con precio,
calidad y oportunidad. En otro sentido, la ley contempla que no serán
constituidos fideicomisos, fondos, mandatos o análogos, públicos o privados, ni
se permitirá hacer aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza
que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y
fiscalización del gasto. Esta ley es resultado de la iniciativa que presentó,
el pasado 13 de diciembre, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez. En los posicionamientos, por el Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Judith Pineda Andrade señaló que
su bancada está a favor de la austeridad y, agregó, que esperan que la
aplicación de esta ley no lleve a la parálisis de alguno de los entes públicos.
Pidió que sean transparentados los ahorros y se rindan cuentas claras sobre el
destino de dichos recursos.
