La
diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos presentó una iniciativa, con
proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones del Código Civil del
Estado a fin de que la comunidad LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero,
Travesti e Intersexual) pueda solicitar una nueva acta de nacimiento en la que
reasigne su género.

En
tribuna, la legisladora señaló que la identidad es uno de los elementos que
conforman la esencia del ser humano, que representa su individualidad y de esta
manera permite gozar y ejercer las libertades y derechos.

Indicó
que la Constitución Política del Estado estipula que toda persona gozará de sus
Derechos Humanos y garantías para su protección sin distinción, por lo que la
iniciativa contempla que se adecué el Código Civil con el objetivo de que la
comunidad LGBTTTI goce de personalidad jurídica que los reconozca.

La
propuesta legislativa prevé que en Veracruz se otorgué el derecho de petición
para poder solicitar una nueva acta de nacimiento por reasignación de
concordancia sexo-genérica.

La
reasignación para la concordancia sexo-genérica es el proceso de intervención
profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos
corporales y su identidad de género, que puede incluir, parcial o totalmente:
entrenamiento de expresión de rol de género, administración de hormonas, psicoterapia
de apoyo o las intervenciones quirúrgicas que haya requerido en su proceso; y
que tendrá como consecuencia, mediante resolución judicial, una identidad jurídica
de hombre o mujer, según corresponda.

Para
realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el
reconocimiento de identidad de género, las personas interesadas deberán
presentar: solicitud debidamente
requisitada; copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de
que se haga la reserva correspondiente; original y copia fotostática de su
identificación oficial y comprobante de domicilio.

Para
este fin, será atribución de los titulares de las oficialías del Registro Civil
quienes inscriban en los libros respectivos el levantamiento de una nueva acta
de reasignación para la concordancia sexo-genérica; lo anterior previa la
anotación correspondiente al acta de nacimiento inicial, siempre y cuando se
cumplan las formalidades exigidas por los ordenamientos jurídicos aplicables.

La
iniciativa se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención
a Grupos Vulnerables y de Justicia y Puntos
Constitucionales para su análisis.

El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó a Amado Jesús Cruz Malpica
separarse del cargo de diputado al Congreso del Estado por el periodo
comprendido del 28 de mayo al 8 de julio y como resultado rindió la protesta de
ley el suplente, Rodolfo Corpi Lara.

En
la quinta sesión las y los diputados aprobaron el Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO), por el que se integró al diputado Rodolfo Corpi
Lara como vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables.

De
igual forma fue incorporado como Vocal en la Comisión Permanente de Trabajo y
Previsión Social.

El
Pleno del Congreso también avaló la petición de la diputada Janeth García Cruz,
quien estará de licencia cinco días, contados a partir del 28 de mayo de este
2018.

De
igual forma se autorizó licencia al diputado Carlos Antonio Morales Guevara
quien se separa del cargo por un periodo de cinco días, contados a partir del
28 de mayo del año en curso.

Las
y los diputados aprobaron la licencia al diputado Manuel Francisco Martínez
Martínez para separarse del cargo por el periodo comprendido del 29 de Mayo al
29 de Junio de este año.

El
presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la LXIV
Legislatura de Veracruz, diputado Manuel Francisco Martínez Martínez hizo un llamado
a los tres poderes del Estado Mexicano y a los tres órdenes de Gobierno a que
impulsen dentro de las políticas
públicas y agenda legislativa, acciones tendientes a fortalecer y hacer valer
los derechos indígenas, como lo señala la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y así construir un camino al desarrollo social que reconozca
a estos pueblos y comunidades.

En su intervención, durante la quinta sesión
ordinaria del Congreso, el legislador indicó que la población indígena
constituye una décima parte del total que reside en el territorio mexicano y se
encuentra distribuida en la mayor parte de las localidades del país, aunque es
en cinco entidades federativas, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, en
donde se concentra más de la mitad.

Agregó que desde la Comisión Legislativa de Asuntos
Indígenas se creó el Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de
los Pueblos y Comunidades de Indígenas.

Este Consejo –destacó el legislador- es resultado de
12 foros en distintos municipios, quedando conformado desde diciembre de 2017
por 14 personas que representan a la entidad, con base a las características
lingüísticas y culturales de cada zona, siendo un órgano de consulta obligada
para la administración pública estatal, en materia de desarrollo y políticas
públicas para proveer al desarrollo integral de los pueblos y comunidades
indígenas.

El diputado informó que estos temas los presentó en
las Mesas de Trabajo del Segundo Congreso Internacional por los Derechos de los
Pueblos Indígenas que fue organizado por “Revitalizando Culturas”, una
importante red por los derechos indígenas y la Universidad UNISUL en la ciudad
de Florianópolis, capital del Estado de Santa Catarina, en Brasil, los días 23,
24 y 25 de mayo.

A este evento acudió a invitación de Martha Esteban
Miñano, una de las fundadoras de “Sokhrates”, la única red social que ayuda al
planeta. Una red social ética que retorna el 70 por ciento de sus beneficios a
causas sociales, humanitarias y ambientalistas y que tiene un interés especial
en apoyar la causa de los derechos indígenas, abundó.

Detalló que de este Congreso se desprendieron
significativas acciones como las de integrar un directorio indígena mundial
cuya operatividad se vea reflejada en una importante agenda de trabajo
permanente en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, por medio de la
elaboración dinámica de normas jurídicas internacionales donde se refleje el
compromiso de los Estados de avanzar en una cierta dirección y de respetar determinados
principios, como lo marca la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.

Se quita esta atribución a la Diputación Permanente.

En
atención a la reforma constitucional federal y de las leyes secundarias en
relación a procurar el adecuado manejo de las finanzas municipales, las y los
diputados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y el legislador José Roberto Arenas Martínez, propusieron reformar el artículo
33 de la Constitución Política del Estado para establecer que los montos
máximos para la contratación de empréstitos y obligaciones serán aprobados por
el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes.

La
contratación de empréstitos y obligaciones deberá darse en las mejores
condiciones del mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en
su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

La
iniciativa señala que con esto se establecería expresamente que la atribución
de autorizar empréstitos a los ayuntamientos sólo le corresponde al Pleno del
Congreso y no, como actualmente se prevé en la legislación ordinaria, como una
facultad también de la Diputación Permanente.

Destaca
que el 26 de mayo de 2015 fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios,
en el que se estableció que el Estado debe velar por la estabilidad de las
finanzas públicas y del sistema financiero que lo integra.

Ésta destaca la
incorporación de medidas de responsabilidad hacendaria para que desde las
Legislaturas locales se implementen controles de disciplina financiera.
Ejemplifica la autorización de montos máximos para la contratación de
empréstitos y obligaciones que debe llevarse a cabo por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes.

La presidenta de la Comisión Permanente de
Población y Atención a Migrantes de la LXIV Legislatura de Veracruz, diputada
Angélica Pineda Pérez, presentó un Anteproyecto para exhortar a la Delegación estatal
del Instituto Nacional de Migración (INM), a que impulse y desarrolle una mejor
coordinación con los consulados con representación en la entidad y a la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a que brinde alternativa que salvaguarde
la integridad de los migrantes que transitan en el Estado.

En
la quinta sesión y al presentar su exhorto en tribuna, la legisladora pidió a
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a que implemente operativos que velen por la protección de los derechos fundamentales de los migrantes.

Destacó
que como presidenta de la Comisión Permanente de Población y Atención a
Migrantes se reunió con diferentes consulados con representación en la entidad
a fin de generar una agenda conjunta.

Dijo
que el 25 de mayo se reunió en el consulado de El
Salvador, con la Cónsul General Claudia Patricia Zaldaña de Sifontes y la
Cónsul Elsy Vanessa Sánchez de Cañas, asimismo estuvieron presentes el Cónsul
de Guatemala, Pablo Molina Leonardo y Emilson Martínez Sagastune de Honduras.

Detalló
que en esta reunión fueron expuestos los peligros constantes que sufren los
migrantes, tales como ser víctimas de la delincuencia, el maltrato y vejación
sobre las mujeres y los accidentes que viven muchos menores que acompañan a sus
padres o que viajan solos, con los riesgos que esto implica.

Los
representantes de los Consulados –agregó la legisladora- mencionaron que el
trabajo ha sido más recurrente en atención, seguimiento, asesoría y cuidado a los migrantes. Por lo que urge buscar
alternativas que alberguen a los migrantes y encontrar mecanismos que protejan a los niños, abundó.

“Lo expuesto son reclamos justos,
que buscan proteger y cuidar a los seres humanos que transitan en el estado,
hombres y mujeres que sueñan con un mejor futuro, como pasa hoy con miles de
paisanos que radican en Norteamérica” subrayó.

El
diputado Gregorio Murillo Uscanga presentó un anteproyecto en el que exhorta al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a que instruya a la Dirección
General de Estadística para considerar nuevos reactivos y sus correspondientes
variables para generar información estadística sobre el Trastorno del Espectro
Autista(TEA).

Con
ello, se busca tener el primer comparativo histórico nacional de este sector de
la población y generar un insumo estadístico para el diseño e implementación de
programas y políticas públicas para su debida atención.

En
tribuna, el legislador señaló que en la entidad existe la Ley para la
Integración de las Personas con Discapacidad de Veracruz, que considera; a los
trastornos generalizados del desarrollo como cualquier trastorno del desarrollo
neurológico, que incluye los síndromes autista, de Rett, de Asperger, el
trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del
desarrollo no especificado.

Pero
–añadió- no se cuenta con una cifra concreta de cuantas personas viven en esta
condición de discapacidad y a nivel nacional no existe un número sobre las
personas que padezcan autismo.

El
legislador Murillo Uscanga señaló que los derechos humanos se crearon con la
intención de velar por aquellos que les dieron origen y sin embargo, todo
aquello que no se puede medir, no se puede considerar, y las personas con la
condición de autismo tienen todo el derecho a acceder a políticas públicas que
vean por su seguridad, desarrollo y protección.

Por
tal razón, exhorta al INEGI a fin de que se consideren nuevos reactivos y sus
correspondientes variables para generar información estadística en materia de TEA.

El
anteproyecto se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Las diputadas y diputados de la LXIV
Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de Decreto que reforma el
artículo 4 de la Constitución Política del Estado para indicar que las
autoridades deberán privilegiar la
solución del conflicto sobre los formalismos, siempre y cuando, no se afecte la
igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

En los juicios o procedimientos seguidos en forma de
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.

Además
indica que el Estado organizará el
servicio de defensoría pública, que deberá contar con calidad y profesionalismo,
especialmente en la defensa de los justiciables pertenecientes a los pueblos y
comunidades indígenas.

Este
Decreto fue aprobado con 37 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De
esta manera se establece la obligación del Estado de actuar como ente mediador
y pacificador de conflictos suscitados entre particulares, entre otros, a
través de tribunales que garanticen el acceso a la impartición de justicia
pronta, completa e imparcial, con el fin de lograr una sana convivencia social,
en un marco de legalidad e igualdad y respetando los derechos fundamentales de
las personas.

Por
ello, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los
elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia
en todo el país, y darle a las personas una mayor seguridad y certidumbre
jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar.

El
legislador José Luís Enríquez Ambell refirió que esta medida es el primer paso
para otras normas que vendrán a otorgar certidumbre jurídica a los actos de
autoridad.

El
diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés presentó, ante el Pleno del
Congreso de Veracruz, una iniciativa de reforma a la Constitución Política del
Estado para señalar que ya no sea necesaria la autorización del Ejecutivo, a un
determinado funcionario de la administración pública estatal, a fin que
comparezcan ante las y los diputados.

En
la quinta sesión ordinaria, el legislador expuso su propuesta que prevé
reformar los artículos 33 y 51 de la Carta Magna a fin de señalar como
atribución del Poder Legislativo el revisar y fiscalizar las cuentas y demás
documentos que presenten o se soliciten a las dependencias y entidades de la
administración pública, y a los organismos autónomos del Estado.

Así
como recibir la comparecencia de los titulares de estos con motivo del informe
anual de actividades, sobre la situación que guarda su gestión, conforme al
formato que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo
Reglamento.

La
iniciativa plantea que los titulares de las dependencias y entidades de la
administración pública, comparecerán ante el Congreso, a convocatoria expresa
de éste, únicamente informando de ello al gobernador del Estado, para dar
cuenta del estado que guardan las dependencias y entidades a su cargo, así como
cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus
respectivos ramos o actividades.

El
diputado Sergio Rodríguez subrayó que la rendición de cuentas no se restringe a
un acto protocolario anual, que no ofrece los resultados que esperan los
gobernados ni los legisladores que se encargan de recibir dicha información,
para su respectivo análisis y seguimiento en función de sus atribuciones de
control.

Agregó
que las funciones de fiscalización y control no pueden ejercerse plena y
confiablemente sin la información pertinente sobre el actuar de los otros
poderes.

Expuso
que es fundamental que la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, a
través de su titular y los responsables de sus diferentes dependencias y
entidades, ante el Poder Legislativo, sea transparente, oportuna y veraz, sin
que existan trabas burocráticas al interior del Gobierno
del Estado, que permita cumplir al Poder Legislativo sus funciones.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su estudio y dictamen.

El
Pleno del Congreso de Veracruz aprobó el Dictamen de decreto que reforma
diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica del Estado para garantizar a las mujeres y las niñas el acceso a
los programas que incentiven la ciencia y tecnología desde una perspectiva de
género.

En
la quinta sesión ordinaria fue aprobado este Decreto con 35 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra.

De
esta manera, se establece que el objeto de la Ley es fomentar las capacidades
científicas y tecnológicas en el Estado, como instrumentos de promoción del
desarrollo sustentable, la competitividad económica, la mejoría de la calidad
de vida de la población, la igualdad de género y la no discriminación y la
transformación cultural de todos los sectores de la sociedad.

Además
de fortalecer el Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado mediante la formación,
promoción y capacitación de recursos humanos de alto nivel académico y
científico, siempre buscando una participación igualitaria entre mujeres y
hombres.

Por
otra parte, subraya que, el Consejo
Veracruzano de Investigación Científica Y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET),
promoverá la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal
en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación
equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema.

Este Consejo formulará y financiará programas de becas y
en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas
modalidades y concederlas directamente, garantizando la participación
equitativa y sin discriminación entre mujeres y hombres.

Así
mismo deberá integrar la información de los programas de becas de postgrado que
ofrezcan otras instituciones públicas nacionales, o bien los organismos
internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en
esta materia con esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las
convocatorias correspondientes.

El
COVEICYDET deberá cuidar que los apoyos de fomento se otorguen considerando la
inclusión y la no discriminación, buscando romper la brecha entre mujeres y
hombres, siempre y cuando cumplan los criterios de calidad y de pertinencia de
la investigación.

También
formulará normas y criterios para la elaboración de programas cuyo objeto sea
la formación de recursos humanos de alto nivel académico, en las diversas áreas
de la ciencia y la tecnología, considerando la perspectiva de género para
romper la brecha entre mujeres y hombres.

En
los posicionamientos, la diputada Guadalupe Osorno Maldonado destacó que no
sólo se marca la transversalidad de género en todas las estructuras del Consejo
Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, sino que también
se intenta resolver la situación de desigualdad en cuanto a apoyos, acceso a
recursos para investigación y asignación de plazas que viven las
investigadoras, tecnólogas e innovadoras.

La
diputada Guadalupe Osorno Maldonado presentó, en la quinta sesión ordinaria del
Congreso, la iniciativa que busca modificar el artículo 14 de la Ley de Turismo
del Estado a fin de señalar la debida integración del Consejo Consultivo de
Turismo en el que deberá prevalecer la participación del sector público y del
privado.

En
la sesión, la legisladora planteó que el citado Consejo esté integrado por
parte del sector público por el Gobernador del Estado, quien lo presidirá; el
Secretario de Turismo y Cultura; el Diputado Presidente de la Comisión de
Turismo del Congreso del Estado; un presidente municipal de los Ayuntamientos
con vocación turística y un representante del Fideicomiso Público de
Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

Por
el sector privado estaría conformado por un representante de: asociaciones de
hoteles y moteles; de la cámara de la industria restaurantera; de las agencias
de viaje; de los organismos que participen en la actividad del turismo
alternativo y de las instituciones de educación superior que cuenten con planes
de estudios relacionados con el sector turismo.

La
iniciativa subraya que el Consejo expedirá su Reglamento, el cual establecerá
la frecuencia de sus sesiones, los procedimientos para la toma y ejecución de
sus decisiones, la forma de su organización interna, designaciones, así como
aquellos lineamientos para su mejor y más eficiente desempeño.

El
cargo que ocupen los integrantes del Consejo es honorario, por lo que no
percibirán emolumento o remuneración alguna.

La
diputada Osorno Maldonado indicó que actualmente la Ley reconoce al Consejo
Consultivo del Turismo, el cual es el órgano colegiado de consulta, asesoría y
apoyo técnico, que tendrá por objeto propiciar la concurrencia activa,
comprometida y responsable de los sectores público, privado y social con
incidencia directa o indirecta en la actividad turística.

Sin
embargo –agregó- hay señalamientos en relación a la poca inclusión de este
organismo colegiado y se ha expuesto la preocupación en el manejo del
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de
Servicios de Hospedaje.

Con
esto, se contribuirá a que la sociedad civil organizada, participe con una
mayor pluralidad, en una actividad que
sin duda es detonante económico de diferentes zonas y regiones del estado y que
es una alternativa para obtener el desarrollo, pero sobre todo es una actividad
lícita de excelentes resultados, concluyó.

La diputada María Josefina Gamboa Torales
presentó la iniciativa que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Veracruz para crear el Registro Estatal de Menores,
siendo ésta la base de datos con muestras biométricas de las huellas digitales
o dactilares de menores, que resguardaría la Procuraduría Estatal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes; perteneciente al Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF).

En
la sesión, la legisladora sostuvo que el contar con una base de datos que
constantemente se nutra de datos reales y en tiempo real, hoy es una
posibilidad gracias a las muestras biométricas que pueden ser tomadas del menor
al momento de su nacimiento.

Subrayó
que se requiere de acciones de la Secretaría de Salud del Estado, quien
participaría de manera fundamental para notificar a las Procuradurías
Municipales cuando exista un nuevo nacimiento, para que el personal de éste,
pueda acudir a los nosocomios o a los domicilios de las parteras certificadas,
para tomar las muestras biométricas necesarias para su ingreso al Registro
Estatal.

De
igual forma, la función de la Secretaría de Educación de Veracruz, sería en el
momento de incorporar a las niñas, niños y adolescentes al sistema educativo
del estado; verificando que el menor se encuentre inscrito en el Registro
Estatal y en caso de no estarlo, notificar a las Procuradurías Municipales de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En
su intervención, la legisladora recordó que, en 2011, se lanzó el programa para
crear el Registro Nacional de Menores y emitir la Cédula de Identificación
Personal; cuyo objetivo era enrolar alrededor de 25.7 millones de mexicanos
menores de 18 años y entregarles un documento de identificación personal.

Sin
embargo el programa no continuó después del cambio de gobierno federal, ya que
después de año y medio se anunció su suspensión en agosto de 2014 y finalmente
en el año 2015, la Secretaría de Gobernación informó que se cancelaba de forma
definitiva, añadió.

La
diputada Gamboa Torales manifestó que al contarse con una base de datos de
huellas dactilares o digitales y expedir una Cédula de Identificación del
Menor, Veracruz sería pionero en comparación con las demás entidades
federativas; además que otorgaría solución a una necesidad real y
contemporánea, que desafortunadamente no pudo sostener el gobierno federal.

Dijo
que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en el año 2015, en Veracruz de los 8 millones 112 mil 505 habitantes,
el 28 por ciento que equivale a 2 millones 132 mil 581 son menores de catorce
años.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó a Amado Jesús Cruz Malpica separarse del cargo de diputado al Congreso del Estado por el periodo comprendido del 28 de mayo al 8 de julio y como resultado rindió la protesta de ley el suplente, Rodolfo Corpi Lara.

En la quinta sesión las y los diputados aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por el que se integró al diputado Rodolfo Corpi Lara como vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

De igual forma fue incorporado como Vocal en la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

El Pleno del Congreso también avaló la petición de la diputada Janeth García Cruz, quien estará de licencia cinco días, contados a partir del 28 de mayo de este 2018.

De igual forma se autorizó licencia al diputado Carlos Antonio Morales Guevara quien se separa del cargo por un periodo de cinco días, contados a partir del 28 de mayo del año en curso.

Las y los diputados aprobaron la licencia al diputado Manuel Francisco Martínez Martínez para separarse del cargo por el periodo comprendido del 29 de Mayo al 29 de Junio de este año.

El Pleno del Congreso de Veracruz aprobó el Dictamen de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado para garantizar a las mujeres y las niñas el acceso a los programas que incentiven la ciencia y tecnología desde una perspectiva de género.

En la quinta sesión ordinaria fue aprobado este Decreto con 35 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera, se establece que el objeto de la Ley es fomentar las capacidades científicas y tecnológicas en el Estado, como instrumentos de promoción del desarrollo sustentable, la competitividad económica, la mejoría de la calidad de vida de la población, la igualdad de género y la no discriminación y la transformación cultural de todos los sectores de la sociedad.

Además de fortalecer el Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado mediante la formación, promoción y capacitación de recursos humanos de alto nivel académico y científico, siempre buscando una participación igualitaria entre mujeres y hombres.

Por otra parte, subraya que, el Consejo Veracruzano de Investigación Científica Y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), promoverá la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema.

Este Consejo formulará y financiará programas de becas y en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades y concederlas directamente, garantizando la participación equitativa y sin discriminación entre mujeres y hombres.

Así mismo deberá integrar la información de los programas de becas de postgrado que ofrezcan otras instituciones públicas nacionales, o bien los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta materia con esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las convocatorias correspondientes.

El COVEICYDET deberá cuidar que los apoyos de fomento se otorguen considerando la inclusión y la no discriminación, buscando romper la brecha entre mujeres y hombres, siempre y cuando cumplan los criterios de calidad y de pertinencia de la investigación.

También formulará normas y criterios para la elaboración de programas cuyo objeto sea la formación de recursos humanos de alto nivel académico, en las diversas áreas de la ciencia y la tecnología, considerando la perspectiva de género para romper la brecha entre mujeres y hombres.

En los posicionamientos, la diputada Guadalupe Osorno Maldonado destacó que no sólo se marca la transversalidad de género en todas las estructuras del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, sino que también se intenta resolver la situación de desigualdad en cuanto a apoyos, acceso a recursos para investigación y asignación de plazas que viven las investigadoras, tecnólogas e innovadoras.

La diputada María Josefina Gamboa Torales presentó la iniciativa que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz para crear el Registro Estatal de Menores, siendo ésta la base de datos con muestras biométricas de las huellas digitales o dactilares de menores, que resguardaría la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF).

En la sesión, la legisladora sostuvo que el contar con una base de datos que constantemente se nutra de datos reales y en tiempo real, hoy es una posibilidad gracias a las muestras biométricas que pueden ser tomadas del menor al momento de su nacimiento.

Subrayó que se requiere de acciones de la Secretaría de Salud del Estado, quien participaría de manera fundamental para notificar a las Procuradurías Municipales cuando exista un nuevo nacimiento, para que el personal de éste, pueda acudir a los nosocomios o a los domicilios de las parteras certificadas, para tomar las muestras biométricas necesarias para su ingreso al Registro Estatal.

De igual forma, la función de la Secretaría de Educación de Veracruz, sería en el momento de incorporar a las niñas, niños y adolescentes al sistema educativo del estado; verificando que el menor se encuentre inscrito en el Registro Estatal y en caso de no estarlo, notificar a las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En su intervención, la legisladora recordó que, en 2011, se lanzó el programa para crear el Registro Nacional de Menores y emitir la Cédula de Identificación Personal; cuyo objetivo era enrolar alrededor de 25.7 millones de mexicanos menores de 18 años y entregarles un documento de identificación personal.

Sin embargo el programa no continuó después del cambio de gobierno federal, ya que después de año y medio se anunció su suspensión en agosto de 2014 y finalmente en el año 2015, la Secretaría de Gobernación informó que se cancelaba de forma definitiva, añadió.

La diputada Gamboa Torales manifestó que al contarse con una base de datos de huellas dactilares o digitales y expedir una Cédula de Identificación del Menor, Veracruz sería pionero en comparación con las demás entidades federativas; además que otorgaría solución a una necesidad real y contemporánea, que desafortunadamente no pudo sostener el gobierno federal.

Dijo que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2015, en Veracruz de los 8 millones 112 mil 505 habitantes, el 28 por ciento que equivale a 2 millones 132 mil 581 son menores de catorce años.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de Decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado para indicar que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos, siempre y cuando, no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

En los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.

Además indica que el Estado organizará el servicio de defensoría pública, que deberá contar con calidad y profesionalismo, especialmente en la defensa de los justiciables pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Este Decreto fue aprobado con 37 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera se establece la obligación del Estado de actuar como ente mediador y pacificador de conflictos suscitados entre particulares, entre otros, a través de tribunales que garanticen el acceso a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, con el fin de lograr una sana convivencia social, en un marco de legalidad e igualdad y respetando los derechos fundamentales de las personas.

Por ello, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país, y darle a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar.

El legislador José Luís Enríquez Ambell refirió que esta medida es el primer paso para otras normas que vendrán a otorgar certidumbre jurídica a los actos de autoridad.

El
diputado local Isaías Pliego Mancilla presentó ante el Congreso de Veracruz la
iniciativa que busca adicionar un párrafo al artículo 68 de la Constitución
Política del Estado que prevé incluir la denominación de “Lugar Típico” a
aquellos municipios que cumplan con los requisitos estipulados en la Ley Sobre
Protección y Conservación de Lugares Típicos y de Belleza Natural.

Lo
anterior –expuso el diputado Pliego Mancilla-
a fin de generar el compromiso de cuidado, conservación y preservación
de aquellos lugares que representan la misma historia y origen del estado
veracruzano; así como el de promover el turismo, principalmente las fortalezas
naturales, culturales, monumentales y arquitectónicas con las que cuenta cada
Municipio.

En
su propuesta legislativa, Pliego Mancilla busca
establecer que el municipio deberá
adquirir la categoría de Lugar Típico, en caso de conservar en gran proporción
la forma y la unidad en su trazo urbano y edificaciones, en las que se reflejen
claramente épocas pasadas o circunstancias históricas, y de conformidad a lo
establecido por la ley de la materia.

Expuso
que el Estado de Veracruz es considerado como uno de los de mayor riqueza
natural, cultural y arquitectónica, encontrando en toda su extensión
territorial la herencia de aquellas que en algún momento fueron las
civilizaciones mesoamericanas más importantes del oriente y sur de México, las
cuales a través de la historia heredaron sus costumbres, cultura y tradiciones.

Subrayó
que en la entidad se ha pasado por alto la existencia de la Ley Sobre
Protección y Conservación de Lugares Típicos y de Belleza Natural, la cual fue
publicada en la Gaceta Oficial del
Estado, en 1978.

La
citada ley –refirió el diputado- además de buscar darle el nombramiento de “Lugar Típico” a un pueblo, ciudad o
villa, pretende también establecer la restauración y conservación constante de
las obras que se encuentren en esas zonas, con la finalidad de que se ajusten
al carácter y estilo peculiar de las mismas.

Indicó
que desde 2001, la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), puso en marcha el
programa “Pueblos Mágicos”, con la finalidad de impulsar el turismo en aquellos
municipios que estuvieran caracterizados por contar con arquitectura histórica,
paisajes naturales excepcionales y tradiciones arraigadas.

Veracruz
cuenta seis pueblos mágicos que son Coatepec, Orizaba, Coscomatepec, Papantla,
Xico y Zozocolco. Encontrándose en lista de espera de la denominación, desde
hace algunos años, los municipios de Ixhuacán de los Reyes, Naolinco, Misantla,
Tampico Alto, Tempoal, Alvarado, Perote y Zongolica.

La
diputada Cinthya Lobato Calderón presentó la iniciativa que prevé reformar
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado con el objeto de
establecer como atribución de este Poder el autorizar, con el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes, a los ayuntamientos, las solicitudes
enlistadas en la fracción XVI del artículo 33.

En
la quinta sesión ordinaria, la presidenta de la Comisión Permanente de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal plantea que para otorgar esas
autorizaciones, la solicitud del ayuntamiento deberá estar aprobada por las dos
terceras partes de los integrantes del Cabildo.

Por
otra parte, señala que no procederán aquellas solicitudes que sean formuladas
en los últimos seis meses de la administración municipal.

En
tribuna, la diputada Lobato Calderón subrayó que la autonomía municipal es
necesaria para el buen desarrollo de los pueblos veracruzanos. Sin embargo,
también destaca que la intervención del Poder Legislativo es indispensable para
vigilar la correcta actuación de los ayuntamientos.

Expuso
que para conceder autorizaciones a los ayuntamientos se debe ser más exigente
en los requisitos, pues no debe olvidarse que se está hablando de que los ayuntamientos
buscan comprometer la Hacienda Municipal. “En algunos casos incluso, hasta por
un periodo mayor al de la duración de su periodo constitucional” citó.

La
presidenta de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, diputada María Elisa
Manterola Sainz, recibió de la titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, el
11 Informe de Labores de este órgano.

Lo
anterior en cumplimiento al artículo 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz que obliga al Comisionado
Presidente a rendir, en el mes de mayo, un informe anual de labores al Congreso
del Estado, sobre el acceso a la información, con base en los datos que le
rindan los sujetos obligados y la atención brindada a las solicitudes de
particulares.

Además
de los asuntos atendidos por el Instituto, los recursos planteados y resueltos,
así como otras incidencias y problemas observados en el cumplimiento de esta
Ley.

La
diputada María Elisa Manterola refrendó el compromiso de la LXIV Legislatura
del Estado para trabajar en aras de mejorar la
legislación estatal en relación a la transparencia y la rendición de
cuentas.

En
el acto protocolario participaron la presidenta de la Comisión Permanente de
Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, diputada Daniela
Griego Ceballos; el Secretario General del Congreso de Veracruz, Juan José
Rivera Castellanos y los Comisionados del IVAI, José Rubén Mendoza Hernández y
Arturo Mariscal Rodríguez.

Para
apoyar a los productores de café y a toda su cadena productiva, a fin de
hacerlo de más calidad, sustentabilidad y sean mejorados los precios, el
diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó ante el Pleno del Congreso del
Estado la propuesta de Ley para el Fomento,
Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café
Veracruzano.

En
su intervención, durante la quinta sesión ordinaria, el legislador subrayó que
esta iniciativa tiene entre sus objetivos elevar el nivel competitivo en el mercado nacional e internacional, apoyar
a los campesinos cafeticultores para que no abandonen sus tierras y a su familia,
evitando la emigración y conservar de manera urgente el medio ambiente y el
equilibrio ecológico, combatiendo la inseguridad por medio del fomento de la
ocupación licita.

Expuso que los cafeticultores
requieren de nuevos instrumentos legales que le den certidumbre, certeza,
seguridad y fortaleza a su sector por lo que se prevé la creación no sólo de un
Instituto dedicado al mismo, sino también un Consejo Veracruzano del Café, que
sea el encargado de fomentar y ayudar a elevar la calidad, productividad y
regulación de precios del café.

Además, participaría en la dirección
de los Fondos y los Fideicomisos en beneficio de la cadena productiva,
incluyendo al productor, comerciante, industrializadores, torrefactores y
exportadores.

La iniciativa detalla que el
Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura deberá
impulsar el otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales y dentro de
los parámetros de competitividad nacional e internacional, tanto en tasas como
en plazos, a través de la banca de desarrollo y comercial.

Impulsará la celebración de
convenios con la banca de desarrollo que permita a los productores acceder a
préstamos preferenciales e impulsar la transferencia de tecnología de punta,
así como formas de adquisición de maquinaria y equipo industrial tendientes a
la adopción de nuevas y modernas tecnologías.

El Ejecutivo Estatal deberá prever
en la iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado para el año fiscal
correspondiente, y contemplarse en el decreto respectivo, la previsión
necesaria que tendrá como objeto seguir operando el Fondo de Estabilización,
Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, de conformidad con los
lineamientos que establece la presente ley.

El Instituto realizará las gestiones
necesarias para constituir un fideicomiso que tendrá la función de administrar
los recursos de los fondos para la realización de programas y proyectos
específicos, apoyos y pagos a cafeticultores, de cualquiera de los sujetos
previstos en esta ley, y demás establecidos en las leyes relativas a la
materia.

El diputado Ernesto Cuevas destacó
que Veracruz es el segundo productor a nivel nacional de café, únicamente
después de Chiapas, ya que se aporta una extraordinaria cantidad de café a la
producción nacional, concentrando sus regiones cafetaleras en 90 municipios de
los 212, esto representa el 45 por ciento de la geografía veracruzana.

A
nombre de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, la diputada María Elisa
Manterola Sainz recibió de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, el Segundo Informe de este órgano
autónomo y con ello cumple lo establecido en la Ley de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tras
subrayar el respaldo y apoyo de la LXIV Legislatura de Veracruz hacia el
trabajo que pueda llevarse a cabo en materia de derechos humanos, la diputada
María Elisa Manterola dijo que el cumplimiento de este Informe da constancia de
las acciones que lleva a cabo la CEDH en favor de las y los ciudadanos.

Este
acto protocolario tuvo la participación del Secretario General del Congreso,
Juan José Rivera Castellanos, así como Fernanda Casas, Secretaria Técnica;
Minerva Pérez, Secretaria Ejecutiva y Miguel Ángel Córdoba, Director Jurídico,
éstos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La presidenta de la Comisión Permanente de Población y Atención a Migrantes de la LXIV Legislatura de Veracruz, diputada Angélica Pineda Pérez, presentó un Anteproyecto para exhortar a la Delegación estatal del Instituto Nacional de Migración (INM), a que impulse y desarrolle una mejor coordinación con los consulados con representación en la entidad y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a que brinde alternativa que salvaguarde la integridad de los migrantes que transitan en el Estado.

En la quinta sesión y al presentar su exhorto en tribuna, la legisladora pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a que implemente operativos que velen por la protección de los derechos fundamentales de los migrantes.

Destacó que como presidenta de la Comisión Permanente de Población y Atención a Migrantes se reunió con diferentes consulados con representación en la entidad a fin de generar una agenda conjunta.

Dijo que el 25 de mayo se reunió en el consulado de El Salvador, con la Cónsul General Claudia Patricia Zaldaña de Sifontes y la Cónsul Elsy Vanessa Sánchez de Cañas, asimismo estuvieron presentes el Cónsul de Guatemala, Pablo Molina Leonardo y Emilson Martínez Sagastune de Honduras.

Detalló que en esta reunión fueron expuestos los peligros constantes que sufren los migrantes, tales como ser víctimas de la delincuencia, el maltrato y vejación sobre las mujeres y los accidentes que viven muchos menores que acompañan a sus padres o que viajan solos, con los riesgos que esto implica.

Los representantes de los Consulados –agregó la legisladora- mencionaron que el trabajo ha sido más recurrente en atención, seguimiento, asesoría y cuidado a los migrantes. Por lo que urge buscar alternativas que alberguen a los migrantes y encontrar mecanismos que protejan a los niños, abundó.

“Lo expuesto son reclamos justos, que buscan proteger y cuidar a los seres humanos que transitan en el estado, hombres y mujeres que sueñan con un mejor futuro, como pasa hoy con miles de paisanos que radican en Norteamérica” subrayó.

La diputada Regina Vázquez Saut, presentó una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado, con el objetivo de sancionar la obtención o divulgación de imágenes, conversaciones, videos o grabaciones con contenido sexual sin consentimiento de la víctima.

En tribuna, la legisladora indicó que Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en usuarios de telefonía celular, siendo el grupo de 25 a 34 años de edad el que tiene más acceso a dicha tecnología, y el principal uso es el acceso a información, recreación, contacto con redes sociales y mensajería.

Vázquez Saut afirmó que en los últimos años, uno de los derechos humanos que se ha visto afectado por el uso indebido de las Tecnologías de la Información (TIC´S) es el de la dignidad humana mediante la vulneración de la privacidad y la confianza que se origina entre las personas y esto se produce por la práctica de la difusión o publicación de contenidos (principalmente fotografías o vídeos) de tipo sexual.

“Sexting” es el término compuesto por las palabras en inglés “Sex” (sexo) y “Texting” (envío de mensajes de texto) y que consiste en la difusión o publicación de contenidos de tipo sexual, producidos por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico, a través de mensajes de texto o por medio de redes sociales, señaló.

La legisladora dijo que es el género femenino quien recibe más agresiones por este tipo de conductas ilícitas, en tal razón la iniciativa está basada en la igualdad y en el respeto a los derechos humanos sin distinción de género.

Actualmente el Código Penal para el Estado, sólo tipifica la obtención o divulgación de imágenes, conversaciones, videos o grabaciones cuando son obtenidas sin consentimiento de la víctima, sin proteger aquellos casos en los cuales la entrega de dicha información se realiza en el plano de la confianza y ésta es difundida contra su voluntad, quedando excluida la punibilidad de tal conducta.

Por ello la iniciativa contempla que se impondrán prisión de ocho a doce años y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido pornográfico y las difunda sin el consentimiento de la persona que expresamente puede otorgarlo.

A quien, aprovechándose de la confianza depositada en él, difunda, revele, transmita, reproduzca imágenes o audiovisuales, con contenido pornográfico se le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y multa de 200 a 500 UMA.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales

El diputado Gregorio Murillo Uscanga presentó un anteproyecto en el que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a que instruya a la Dirección General de Estadística para considerar nuevos reactivos y sus correspondientes variables para generar información estadística sobre el Trastorno del Espectro Autista(TEA).

Con ello, se busca tener el primer comparativo histórico nacional de este sector de la población y generar un insumo estadístico para el diseño e implementación de programas y políticas públicas para su debida atención.

En tribuna, el legislador señaló que en la entidad existe la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de Veracruz, que considera; a los trastornos generalizados del desarrollo como cualquier trastorno del desarrollo neurológico, que incluye los síndromes autista, de Rett, de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

Pero –añadió- no se cuenta con una cifra concreta de cuantas personas viven en esta condición de discapacidad y a nivel nacional no existe un número sobre las personas que padezcan autismo.

El legislador Murillo Uscanga señaló que los derechos humanos se crearon con la intención de velar por aquellos que les dieron origen y sin embargo, todo aquello que no se puede medir, no se puede considerar, y las personas con la condición de autismo tienen todo el derecho a acceder a políticas públicas que vean por su seguridad, desarrollo y protección.

Por tal razón, exhorta al INEGI a fin de que se consideren nuevos reactivos y sus correspondientes variables para generar información estadística en materia de TEA.

El anteproyecto se turnó a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos presentó una iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones del Código Civil del Estado a fin de que la comunidad LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual) pueda solicitar una nueva acta de nacimiento en la que reasigne su género.

En tribuna, la legisladora señaló que la identidad es uno de los elementos que conforman la esencia del ser humano, que representa su individualidad y de esta manera permite gozar y ejercer las libertades y derechos.

Indicó que la Constitución Política del Estado estipula que toda persona gozará de sus Derechos Humanos y garantías para su protección sin distinción, por lo que la iniciativa contempla que se adecué el Código Civil con el objetivo de que la comunidad LGBTTTI goce de personalidad jurídica que los reconozca.

La propuesta legislativa prevé que en Veracruz se otorgué el derecho de petición para poder solicitar una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica.

La reasignación para la concordancia sexo-genérica es el proceso de intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, que puede incluir, parcial o totalmente: entrenamiento de expresión de rol de género, administración de hormonas, psicoterapia de apoyo o las intervenciones quirúrgicas que haya requerido en su proceso; y que tendrá como consecuencia, mediante resolución judicial, una identidad jurídica de hombre o mujer, según corresponda.

Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, las personas interesadas deberán presentar: solicitud debidamente requisitada; copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se haga la reserva correspondiente; original y copia fotostática de su identificación oficial y comprobante de domicilio.

Para este fin, será atribución de los titulares de las oficialías del Registro Civil quienes inscriban en los libros respectivos el levantamiento de una nueva acta de reasignación para la concordancia sexo-genérica; lo anterior previa la anotación correspondiente al acta de

nacimiento inicial, siempre y cuando se cumplan las formalidades exigidas por los ordenamientos jurídicos aplicables.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis.

El presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la LXIV Legislatura de Veracruz, diputado Manuel Francisco Martínez Martínez hizo un llamado a los tres poderes del Estado Mexicano y a los tres órdenes de Gobierno a que impulsen dentro de las políticas públicas y agenda legislativa, acciones tendientes a fortalecer y hacer valer los derechos indígenas, como lo señala la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y así construir un camino al desarrollo social que reconozca a estos pueblos y comunidades.

En su intervención, durante la quinta sesión ordinaria del Congreso, el legislador indicó que la población indígena constituye una décima parte del total que reside en el territorio mexicano y se encuentra distribuida en la mayor parte de las localidades del país, aunque es en cinco entidades federativas, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, en donde se concentra más de la mitad.

Agregó que desde la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas se creó el Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades de Indígenas.

Este Consejo –destacó el legislador- es resultado de 12 foros en distintos municipios, quedando conformado desde diciembre de 2017 por 14 personas que representan a la entidad, con base a las características lingüísticas y culturales de cada zona, siendo un órgano de consulta obligada para la administración pública estatal, en materia de desarrollo y políticas públicas para proveer al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.

El diputado informó que estos temas los presentó en las Mesas de Trabajo del Segundo Congreso Internacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas que fue organizado por “Revitalizando Culturas”, una importante red por los derechos indígenas y la Universidad UNISUL en la ciudad de Florianópolis, capital del Estado de Santa Catarina, en Brasil, los días 23, 24 y 25 de mayo.

A este evento acudió a invitación de Martha Esteban Miñano, una de las fundadoras de “Sokhrates”, la única red social que ayuda al planeta. Una red social ética que retorna el 70 por ciento de sus beneficios a causas sociales, humanitarias y ambientalistas y que tiene un interés especial en apoyar la causa de los derechos indígenas, abundó.

Detalló que de este Congreso se desprendieron significativas acciones como las de integrar un directorio indígena mundial cuya operatividad se vea reflejada en una importante agenda

de trabajo permanente en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, por medio de la elaboración dinámica de normas jurídicas internacionales donde se refleje el compromiso de los Estados de avanzar en una cierta dirección y de respetar determinados principios, como lo marca la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La diputada Guadalupe Osorno Maldonado presentó, en la quinta sesión ordinaria del Congreso, la iniciativa que busca modificar el artículo 14 de la Ley de Turismo del Estado a fin de señalar la debida integración del Consejo Consultivo de Turismo en el que deberá prevalecer la participación del sector público y del privado.

En la sesión, la legisladora planteó que el citado Consejo esté integrado por parte del sector público por el Gobernador del Estado, quien lo presidirá; el Secretario de Turismo y Cultura; el Diputado Presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado; un presidente municipal de los Ayuntamientos con vocación turística y un representante del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

Por el sector privado estaría conformado por un representante de: asociaciones de hoteles y moteles; de la cámara de la industria restaurantera; de las agencias de viaje; de los organismos que participen en la actividad del turismo alternativo y de las instituciones de educación superior que cuenten con planes de estudios relacionados con el sector turismo.

La iniciativa subraya que el Consejo expedirá su Reglamento, el cual establecerá la frecuencia de sus sesiones, los procedimientos para la toma y ejecución de sus decisiones, la forma de su organización interna, designaciones, así como aquellos lineamientos para su mejor y más eficiente desempeño.

El cargo que ocupen los integrantes del Consejo es honorario, por lo que no percibirán emolumento o remuneración alguna.

La diputada Osorno Maldonado indicó que actualmente la Ley reconoce al Consejo Consultivo del Turismo, el cual es el órgano colegiado de consulta, asesoría y apoyo técnico, que tendrá por objeto propiciar la concurrencia activa, comprometida y responsable de los sectores público, privado y social con incidencia directa o indirecta en la actividad turística.

Sin embargo –agregó- hay señalamientos en relación a la poca inclusión de este organismo colegiado y se ha expuesto la preocupación en el manejo del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

Con esto, se contribuirá a que la sociedad civil organizada, participe con una mayor pluralidad, en una actividad que sin duda es detonante económico de diferentes zonas y regiones del estado y que es una alternativa para obtener el desarrollo, pero sobre todo es una actividad lícita de excelentes resultados, concluyó.