Con
el fin de abatir la deserción escolar, mejorar la condición de los alumnos de
escuelas públicas y contribuir a la economía familiar, la diputada María del
Rocío Pérez Pérez presentó la iniciativa que Crea la Ley de Paquetes Escolares
Gratuitos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Esta
ley -indicó la legisladora- tiene por objeto dotar gratuitamente de dos
uniformes escolares o vales para adquisición de los mismos, así como recibir
gratuitamente un paquete básico de útiles escolares determinado a partir de la
lista oficial de útiles aprobada y en correspondencia a cada ciclo escolar.

La
aplicación de esta ley correspondería al Ejecutivo estatal por medio de la
Secretaría de Educación (SEV), que sería la encargada de adquirir, coordinar,
distribuir, organizar, administrar y entregar, dos uniformes escolares gratuitos
que consistirían en falda o pantalón, blusa o camisa, suéter, calcetas y ropa
deportiva, así como el paquete básico de útiles de acuerdo al ciclo de cada
alumno.

De
acuerdo a la iniciativa, el Ejecutivo estatal incorporaría en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos del Estado el monto que garantice la entrega de los
uniformes y útiles escolares.

La
SEV tendría la obligación de entregar, con un mínimo de 15 días y un máximo de
30 días de cada ciclo escolar, los uniformes y útiles.

Para
la ejecución de esta ley, la SEV promoverá la participación preferentemente de
fabricantes y comerciantes de la entidad, además de observar los procedimientos
en la materia.

La
iniciativa prevé que la SEV instituya un padrón único de alumnos y alumnas que
se encuentren inscritos en escuelas públicas; otorgar uniformes escolares a
todas las alumnas y alumnos; vigilar la adecuada y oportuna distribución de los
uniformes; suscribir y celebrar acuerdos con los gobiernos municipales para la
entrega de uniformes y rendir un informe anual al Congreso del Estado, entre
otros.

La
diputada María del Rocío Pérez indicó que otorgar paquetes escolares a los más
de un millón 480 mil niñas y niños que cursan la educación básica, representa
también un importante ahorro para la economía familiar.

Con
la finalidad de dotar al síndico y a los regidores de nuevas atribuciones, la
diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón presentó una iniciativa con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del
Municipio Libre.

Lobato
Calderón señaló que el Síndico Único es el representante legal del Ayuntamiento
y responsable de la atención de los asuntos jurídicos, mientras que los Regidores
son los órganos del gobierno municipal que administran distintas ramas, tales
como la de los servicios públicos, mercados, rastros, espectáculos, cementerios,
entre otros.

Por
lo que –indicó- es necesario ampliar sus atribuciones para que puedan convocar
a una Sesión de Cabildo extraordinaria, pública o secreta, cuando la urgencia
del caso lo reclame o alguno de los ediles lo solicite. Asimismo, la iniciativa
contempla que los síndicos y regidores puedan solicitar a las áreas
correspondientes se les entregue con anticipación la información que requerirá su
revisión y firma.

Dijo que la facultad
del Síndico es vigilar, por lo que la reforma contempla
que se solicite a las áreas correspondientes los estados financieros mensuales
y Cuenta Pública con anticipación de 72 horas, con un soporte documental para
su análisis y en su caso, para firma.

Además de solicitar a
las diversas áreas de la administración pública municipal los informes
necesarios que requiera para el ejercicio de sus funciones.

La
iniciativa se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y
Vigilancia.

El diputado local Vicente Benítez González, propuso un
proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral (OPLE), y la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (INE) en Veracruz, para que se pronuncien de forma
«urgente y eficaz» en torno a la violencia política y violencia
política de género en redes sociales.
En la sexta sesión, el legislador se refirió a lo que está pasando en el país y
en nuestro estado, para que dichas instituciones llamen a la mesura a los
actores políticos locales, a sus militantes y simpatizantes para que dejen de
«diseminar ideas de odio y discriminación en contra de aquellos que no piensan
igual».

«Se exhorta al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y a la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, a que hagan un
llamado urgente y eficaz para prevenir hechos que pudieran ser constitutivos de
delitos y que después, como sociedad, lamentaríamos todos por no incidir de
forma adecuada para disminuir el nivel de discriminación y agresión política en
las redes sociales», destacó.

Benítez González señaló que en este escenario de tanta violencia y crímenes que
han ocurrido en el actual proceso electoral en el país y en las últimas horas,
también candidatas a diversos cargos de elección popular han sido agredidas,
tres de éstas, del partido Nueva Alianza, han sido objeto de violencia política
de género, pero esa violencia ha traspasado a la violencia de facto, al dañar
los bienes de una de ellas.

Mencionó que con base en el Informe de Violencia Política en México 2018, de la
consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral en septiembre pasado
hasta el 2 de junio, se habían producido 382 agresiones contra políticos, entre
ellos los 110 asesinatos.
Dicho informe que retoman diversos medios de comunicación, define que la
violencia se expande a nivel municipal abarcando un total de 252 municipios del
país (más del 10 por ciento del total).

“Lo que convierte a esta campaña electoral en la más violenta en la historia de
México”, según se ha venido difundiendo en las últimas horas.

Recordó que en febrero de este mismo año, el presidente del Consejo General del
INE, Lorenzo Córdova, firmó un Convenio de colaboración con Facebook para la
generación de contenidos en torno a las elecciones 2018 y con ello,
contrarrestar la información falsa, lo cual calificó de inédito.

En aquel momento, sostuvo que ese había sido el primero de muchos acuerdos que
se generarían con las diversas redes sociales que existen que son usadas por
miles de millones de usuarios y por las que lamentablemente también se genera
violencia política y violencia política de género.

«Como representante ciudadano es mi obligación referir que entre los
asesinados que aspiraban a cargos electorales hay desde precandidatos, a
candidatos, alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes
partidistas, exregidores, diputados, síndicos y exsíndicos», condenó.
La UNESCO define el discurso de odio en la red como aquel que enfrenta a grupos
de individuos mediante un lenguaje amenazante. Sería el antidiscurso que
cancela la posibilidad de entendimiento con los otros, que favorece la
discriminación y enaltece la violencia.

Es también esquivo, anónimo y su
carácter transnacional complica su regulación. Es un tipo de afrenta de nuestra
contemporaneidad, facilitada, paradójicamente, por las redes sociales
digitales, y constituye uno de los temas que más preocupan a la comunidad
internacional.

«Así como hay quienes usan la red para promover causas justas, también hay
quienes las usan para dispersar la vileza humana. Así pues, el problema no es
únicamente tecnológico, sino político y cívico. Es multidimensional y, por
tanto, acabar con él requiere de la convicción y acción de diferentes actores,
resalta la investigación», citó Benítez.

Las diputadas y diputados de las Comisiones
Permanentes de Salud y Asistencia y de Justicia y Puntos Constitucionales
presentaron, ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa de Decreto que adiciona un capítulo y un
artículo a la Ley de Salud del Estado de Veracruz y adiciona la fracción XVII al artículo 32 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado para generar parámetros que otorguen un verdadero acceso a la justicia a
las niñas y niños y adolescentes, para conocer la identidad del origen
biológico de sus padres, sin dejar a un lado las formalidades que den certeza
jurídica pericial en genética molecular, del ácido desoxirribonucleico(ADN).

En la sesión, el diputado José Kirsch presentó la
propuesta legislativa que faculta a la Secretaría de Salud (SS) del Estado para
que vigile, acredite y certifique a todas aquellas instituciones públicas o
laboratorios clínicos privados, que realicen pruebas en genética molecular de
ADN, en relación con lo señalado en el artículo 289 bis del Código Civil del
Estado de Veracruz; y los artículos 157 bis y 157 sexies del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz.

Las instituciones públicas o laboratorios clínicos
privados, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 17 Bis de la Ley
General de Salud. Los establecimientos deberán acreditar experiencia, capacidad
y conocimiento sobre genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

La
Secretaría de Salud deberá expedir convocatoria pública para que las
instituciones públicas de salud y laboratorios clínicos privados, que estén
interesadas en obtener el certificado, puedan realizar el procedimiento
correspondiente. Además deberá hacer público, en los portales de internet, las
instituciones públicas y laboratorios clínicos privados que cuenten con dicha
certificación.

Se
establece como atribuciones del Secretario de Salud el proveer lo conducente en
la vigilancia, acreditación y certificación de todas aquellas instituciones
públicas o laboratorios clínicos privados, que realicen pruebas en genética
molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

De
aprobarse y publicarse esta reforma, se otorgaría un plazo de 60 días para que la SS expida un Reglamento que, fije los
procedimientos y requisitos para que las instituciones públicas y laboratorios
clínicos privados puedan obtener su certificado para expedir pruebas periciales
en materia de genética molecular de ADN,

El
legislador manifestó que esta iniciativa pretende que las niñas, los niños y adolescentes
tengan derecho al conocimiento de su identidad biológica, para el mejor
desarrollo del menor, quitando formalismos excesivos, pero, cuidando las
formalidades procesales para dar mayor certeza jurídica por cuanto hace al
desahogo de la prueba pericial para el reconocimiento de paternidad.

La
iniciativa es signada por los diputados José Kirsch Sánchez, Luisa Ángela Soto Maldonado,
Cinthya Lobato Calderón, BingenRementería Molina, Carlos Antonio Morales
Guevara y Gregorio Murillo Uscanga.

El
Congreso de Veracruz aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y
de la Ley de Caminos y Puentes del Estado para señalar que tratándose de
personas con discapacidad o con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el
Gobierno del Estado en coordinación con los concesionarios, establecerán
descuentos en las tarifas de casetas estatales.

Dicho beneficio nunca será menor al 50 por ciento de
las tarifas registradas y aplicará también para quienes trasladen personas con
el Trastorno del Espectro Autista.

Para hacer válido este beneficio deberá presentarse
la credencial de identificación que proporcionan los sistemas, estatal y municipales,
para el Desarrollo Integral de la Familia.

El Dictamen señala que las autoridades, en sus diferentes ámbitos de competencia, están
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
las personas con discapacidad, atendiendo a los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad

Esta reforma fue aprobada con 42 votos a favor. Sin
votos en contra o abstenciones.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que
presentó 26 de marzo de 2018 el diputado Gregorio Murillo Uscanga.

En
la sesión, el diputado Gregorio Murillo subrayó que las personas con
discapacidad deben ser reconocidas con los mismos derechos ya que aportan de
igual manera a la sociedad que cualquier persona que no tenga discapacidad.

Para
que el Estado otorgue créditos a los jóvenes emprendedores a fin que éstos
inicien una empresa o negocio y así generar empleos en la entidad, el diputado
Fernando Kuri Kuri presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de
la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Veracruz.

En
la sexta sesión, el legislador propuso en su iniciativa que el Gobierno del
Estado promueva programas de financiamiento y acceso al crédito para jóvenes
emprendedores e innovadores, tanto del sector rural como del urbano.

El
diputado Kuri Kuri señaló que de las ocho millones de personas que habitan en
Veracruz al menos el 28 por ciento está constituida por jóvenes de entre 14 y
29 años; por lo que se estaría hablando de una de cada tres personas, “esto
implica retos en materia de políticas públicas, sobre todo en materia de
empleo”, agregó.

Indicó
que es necesario que el Estado apoye la innovación, “el inventar nuevos
procesos productivos y máquinas, todos ellos instrumentos de transformación
productiva que cuestan”.

Destacó
que en Veracruz hay 25 tecnológicos en los que estudian más de 60 mil alumnos,
por lo que –enfatizó- es prioritario darles el apoyo para que sus estudios,
investigaciones e innovaciones se transformen en realidad e impacten al sector
productivo estatal.

El
legislador Kuri Kuri subrayó que en materia de salud la ley establece la
obligación de los jóvenes de informarse sobre las enfermedades de transmisión
sexual, pero no indica la obligación del Estado de informarlos.

Por
lo anterior propone introducir la obligación del Estado, a efecto de que se
ataquen dos problemas fundamentales: uno, el alto nivel de embarazos juveniles;
y dos, se prevenga el contagio de VIH, ya que la población joven es de las más
expuestas, sobre todo en las zonas rurales.

Fortalecer
el derecho de la juventud veracruzana hará que aprovechemos sus potencialidades
para construir una mejor sociedad, concluyó.

La
diputada local Lourdes García González presentó la iniciativa que busca
adicionar un párrafo al artículo 201 del Código Financiero para el Estado de
Veracruz a fin de establecer que los montos de ingresos excedentes a lo
previsto, en el Presupuesto del Estado, podrán destinarse a cubrir gastos de
carácter social y a proyectos de inversión productiva adicionales.

La
legisladora indicó que esta iniciativa surge a partir de la información
publicada en el portal “Bienes Recuperados” del Gobierno del Estado donde
indica que el monto de lo recuperado es de 762 millones 484 mil 50 pesos.
Recursos que son adicionales a los bienes inmuebles y muebles recuperados.

Destacó
que de acuerdo a declaraciones del Ejecutivo estatal, estos recursos han sido
aplicados en los rubros de “Salud y Seguridad Pública”, aunque –añadió- es
imperativo transparentar el uso de los recursos recuperados y destinarlos a
cubrir gastos de carácter social, canalizándolos a inversión pública
productiva, en aras de lograr progreso, desarrollo y bienestar para los
veracruzanos.

Sostuvo
que el instituto político al cual representa parte de la premisa fundamental
que quien lesiona el patrimonio de Veracruz, afecta a todos, y la situación
financiera del estado requiere de medidas que permitan, por un lado sanear las
finanzas públicas, y por otro, destinar recursos a otras áreas de prioridad
preponderantes en beneficio de los veracruzanos.

La
iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, tiene como
objetivo reforzar la normatividad competente, a fin de obtener mejores
resultados en términos económicos, y a su vez generar eficiencia presupuestaria
para estar en condiciones de gozar de estabilidad financiera, lo que a su vez,
permitirá el avance permanente y duradero del Estado.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen
que reforma el Código Penal de la entidad para incluir nuevos tipos penales que
sancionan conductas de individuos que, sin estar autorizados, modifican,
destruyen o provoquen la pérdida de información contenido por sistemas
informáticas en resguardo del Estado.

De
esta manera,se le impondrán de dos a
cinco años de prisión y de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA),
al que sin autorización modifique,
destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de
informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad.

Se impondrán de uno a tres años de prisión y de 100
a 300UMA al que sin autorización conozca, copie o utilice información contenida
en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo
de seguridad.

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o
utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de
almacenamiento informáticos de Seguridad Pública, protegido por algún medio de
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de 500
a mil UMA.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público
en una institución de Seguridad Pública, se impondrá además, destitución e
inhabilitación hasta por el mismo tiempo indicado en los párrafos anteriores
para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y
equipos de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque
pérdida de información que contengan, se le impondrán de tres a siete años de
prisión y 500 UMA.

A quien estando autorizado para acceder a sistemas,
equipos o medios de almacenamiento informáticos en materia de Seguridad Pública,
indebidamente obtenga, copie o utilice información que contengan, se le
impondrá pena de cinco a 15 años de prisión y multa de 600 a mil UMA.

Las sanciones previstas en este capítulo se
aumentarán hasta en una mitad cuando la información obtenida se utilice en
provecho propio o ajeno; duplicándose cuando la conducta obstruya, entorpezca,
obstaculice, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia.

Este Decreto registró 42 votos a favor y una
abstención.

Esta reforma es resultado de la iniciativa que
presentó el 25 de enero de este año la diputada Judith Pineda Andrade.

El diputado Rodolfo
Corpi Lara presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Cultura y Derechos
Culturales para la entidad, con el objetivo de crear los mecanismos que
garanticen los derechos culturales y asignen al Estado la responsabilidad de
cumplir con sus obligaciones, como garante principal de los derechos culturales.

El legislador, indicó
que Veracruz es uno de los Estados que cuenta con mayor variedad cultural, ya
que tiene tres culturas, tales como la Huasteca, Totonaca y Olmeca,
distribuidas por todo el Estado y son protegidas por la Constitución Federal y
la Estatal.

Indicó que con la
iniciativa se busca generar políticas
públicas que establezcan una serie de mecanismos y con ello evitar la duplicidad
de funciones o esfuerzos culturales entre las leyes existentes. Siendo esta
propuesta el principal motivo para que los gobiernos se obliguen a crear leyes
que regulen a nivel local, nacional e internacional todo lo relativo y concerniente
a la materia cultural.

Para ello, los
municipios del Estado de Veracruz promoverán, en el ámbito de sus atribuciones,
acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Así como promover
la celebración de convenios de cooperación, intercambio y colaboración con
centros académicos nacionales y extranjeros, que estimulen la participación de
investigadores, académicos y docentes en actividades culturales.

Dijo que la
Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) en coordinación con los municipios
contribuirán a las acciones destinadas a fortalecer la cooperación e intercambio
internacional, en materia cultural, con apego a los tratados internacionales.

La iniciativa de Ley
fue turnada a la Comisión Permanente de
Educación y Cultura.

La
diputada Guadalupe Osorno Maldonado se pronunció por proponer a la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO), la creación de una Comisión Especial de
Seguimiento a la Implementación de las Alertas de Violencia de Género y por
Agravio Comparado que tiene el Estado de Veracruz.

Esta
Comisión Especial tendría como funciones principales analizar la pertinencia de
solicitar a los poderes ejecutivos, tanto estatal como los de los municipios
involucrados, así como al interior de este Poder, los avances en la
implementación de la primera Alerta.

En
cuanto a la Alerta por Agravio Comparado, dar seguimiento a los procesos que se
han intentado poner en marcha, pero que han sido detenidos, tal vez por costo
político, por intereses personales, o peor aún, por ignorancia jurídica y en
materia de Derechos Humanos, destacó la legisladora.

La
diputada Osorno Maldonado subrayó que aún con el tiempo de ejercicio que le
resta a la actual Legislatura es urgente constituir esta Comisión que dé
seguimiento, ya que –consideró- ninguna acción está por demás con el fin de
detener y erradicar la violencia contra las mujeres.

Detalló
que de acuerdo con los Lineamientos Generales para la Atención y Emisión de los
Informes para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el Estado de Veracruz el Gobierno estatal, a través de la
Secretaría de Gobierno y de la Dirección General de Consolidación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, asumieron el compromiso de atender las
recomendaciones derivadas la primera alerta, emitida en 11 municipios y con
acciones específicas en municipios con población indígena.

Dijo
que según lo reportado por el Observatorio Universitario de Violencias contra
las Mujeres de la Universidad Veracruzana, del 1 de enero al 30 de abril de
2018, en Veracruz, se han registrado más de 70 desapariciones y 59 asesinatos
de mujeres, de ellos, 35 presentan las razones de género establecidas en el
Código Penal para ser considerados como feminicidios.

La
diputada Guadalupe Osorno Maldonado se pronunció por proponer a la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO), la creación de una Comisión Especial de
Seguimiento a la Implementación de las Alertas de Violencia de Género y por
Agravio Comparado que tiene el Estado de Veracruz.

Esta
Comisión Especial tendría como funciones principales analizar la pertinencia de
solicitar a los poderes ejecutivos, tanto estatal como los de los municipios
involucrados, así como al interior de este Poder, los avances en la
implementación de la primera Alerta.

En
cuanto a la Alerta por Agravio Comparado, dar seguimiento a los procesos que se
han intentado poner en marcha, pero que han sido detenidos, tal vez por costo
político, por intereses personales, o peor aún, por ignorancia jurídica y en
materia de Derechos Humanos, destacó la legisladora.

La
diputada Osorno Maldonado subrayó que aún con el tiempo de ejercicio que le
resta a la actual Legislatura es urgente constituir esta Comisión que dé
seguimiento, ya que –consideró- ninguna acción está por demás con el fin de
detener y erradicar la violencia contra las mujeres.

Detalló
que de acuerdo con los Lineamientos Generales para la Atención y Emisión de los
Informes para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el Estado de Veracruz el Gobierno estatal, a través de la
Secretaría de Gobierno y de la Dirección General de Consolidación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, asumieron el compromiso de atender las
recomendaciones derivadas la primera alerta, emitida en 11 municipios y con
acciones específicas en municipios con población indígena.

Dijo
que según lo reportado por el Observatorio Universitario de Violencias contra
las Mujeres de la Universidad Veracruzana, del 1 de enero al 30 de abril de
2018, en Veracruz, se han registrado más de 70 desapariciones y 59 asesinatos
de mujeres, de ellos, 35 presentan las razones de género establecidas en el
Código Penal para ser considerados como feminicidios.

La
diputada Luisa Ángela Soto Maldonado, presentó la iniciativa de Decreto que
busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Turismo del
Estado de Veracruz con el objetivo de promover en hoteles y restaurantes la
donación de alimentos en buen estado para destinarse a la población en
situación de carencia alimentaria.

En
tribuna, la legisladora señaló que aproximadamente una de cada 9 personas en el
mundo sufre de alguna carencia alimentaria y al año ocurren 2.6 millones de
muertes de niños por malnutrición según datos de TheUnger Project México.

La diputada indicó que el combate a la
pobreza alimentaria es un tema fundamental, que obliga a los gobiernos a
garantizar el derecho a la alimentación y a proveer del mínimo esencial a la población
para tener acceso a una alimentación digna.

Además
de ser un derecho que toda persona tiene a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, así como a la satisfacción de la necesidad de alimentos
para los infantes, tal y como lo señala la Carta Magna.

La asociación Banco de Alimentos de México
MANÁ,señala que diariamente, más de tres mil toneladas de alimentos en buen
estado son desaprovechadas y que el 37 por ciento de la producción total
agropecuaria es desperdiciada, lo que ocurre con frecuencia en las cadenas de
restaurantes y hoteles.

La legisladora señaló que la Secretaría de
Turismo a nivel federal implementó el Programa “AL RESCATE”, que busca contribuir a atenuar
el hambre, a través de la recuperación de alimentos en restaurantes y hoteles
para ser donados a bancos de alimentos que, a su vez, los hagan llegar a
personas en situación vulnerable, programa con el que se ha logrado beneficiar
a 3 mil 884 personas en 16 entidades federativas. En Veracruz existen dos organizaciones como Banco
de Alimentos de Veracruz, A.C. y la ya citada Banco de Alimentos MANÁ, que se
dan a la tarea de recuperar de comerciantes de la Central de Abastos de la
capital del Estado y de algunas grandes empresas, alimentos en buen estado
para, donarlos a las familias asentadas en cinturones de pobreza de las zonas
urbanas, fomentando con ello la cultura del uso y manejo responsable de los
alimentos. En tal razón, la iniciativa busca fomentar el
manejo responsable de los alimentos, y establecer una normativa al Gobierno del
Estado, para que a través de las dependencias del ramo turístico y de
desarrollo social, promuevan entre los sectores hotelero y restaurantero la
donación de alimentos en buen estado, a fin de destinarlos a la población en
situación de carencia alimentaria.

Los
integrantes de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen que
reforma la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación en el Estado, para considerar como conducta discriminatoria
la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de
alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, por tener tatuajes o
perforaciones corporales.

De igual forma, se incluye como este tipo de
conducta la aplicación de políticas públicas, programas u otras acciones de
gobierno que, en apariencia neutrales, tengan un impacto desventajoso en los
derechos de las personas.

En la sexta sesión ordinaria, del segundo año de
labores, el Pleno aprobó con 44 votos a favor este dictamen. No registró votos
en contra o abstención.

Esta reforma está dirigida a eliminar todo tipo de
discriminación, con motivo de la apariencia física ya que ésta es factor
importante en el desarrollo de la personalidad y las relaciones sociales; y la
mayoría de las veces está sujeta a la percepción y la estigmatización públicas.

Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), uno de cada 10 habitantes del país posee un tatuaje,
perforación o ambos; es decir, aproximadamente 12 millones de personas han
elegido tatuarse y en consecuencia deben ser protegidas de toda discriminación.

Este decreto es resultado de la iniciativa que
presentó el 13 de Junio de 2017 la diputada Eva Cadena Sandoval.

El
diputado independiente de la LXIV Legislatura, Sergio Rodríguez Cortés,
presentó la iniciativa de Decreto por el que se reformarían y adicionarían
diversas disposiciones a los Códigos Penal y Civil del Estado de Veracruz con
el propósito de sancionar el delito de fraude que se comete por Internet y
además incluir aspectos relacionados con el daño moral.

En
la sexta sesión ordinaria, el legislador subrayó que el fraude toma diversas formas. El fenómeno se encuentra en Internet, donde se
presentan páginas en las que se ofertan productos que no existen, o que nunca
llegan a manos de quien paga por ellos, empleos ficticios en donde te orillan a
depósitos de ciertas cantidades de dinero o servicios que no son brindados.

De
esta manera, la iniciativa expone que se equiparará al
delito de fraude, cuando mediante el uso o distribución de documentación o
información falsa o alterada, ya sea de manera o física o través de la
internet, se ofrezca un bien o servicio y se engañe a una o más personas
causándoles un menoscabo en su patrimonio.

De esta manera se le impondrán de
seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cien Unidades de Medida y
Actualización (UMA), a quien, a sabiendas, en beneficio propio, de un tercero o
para causar daño a otro, directa o indirectamente, hiciere uso o distribuyera
documentación e información falsa o alterada, ya sea de manera física o a
través de la internet.

La citada multa y pena será
duplicada en caso de que la documentación o información considerada falsa o
alterada sea utilizada para engañar a una o más personas, causándoles un
menoscabo en su patrimonio, sea de manera personal o a través de lnternet.

Por daño moral se entiende la
afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias,
decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o
bien en la consideración que de la misma tienen los demás.

Se presumirá que hubo daño moral
cuando, por cualquier medio que sea, impreso, audiovisual, radiofónico o
informático, a través de redes sociales u otro,
se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física
o psíquica de las personas.

El legislador Sergio Rodríguez
manifestó que aquellas personas que presenten un daño moral por la información
falsa presentada tendrían la posibilidad de ir a tribunales civiles en la
búsqueda de la reparación del daño, con lo cual se garantiza la libertad de
expresión al no penalizarla, pero se protege a la persona del posible daño
moral que le causen.

Esta iniciativa –refirió el
diputado- busca que se aplique la ley penal, en el caso de las páginas de Internet
que usan información falsa para defraudar personas, pero que no tienen un
carácter informativo, como es el caso de las páginas bancarias falsas que
buscan suplantar a las verdaderas, a efecto de conocer los datos personales de
los clientes y poder usar esa información para defraudarlos.

Con
la finalidad de restringir aún más los horarios de venta de alcohol en
establecimientos y contribuir a la prevención del alcoholismo y los problemas
secundarios que esto conlleva, la diputada Eva Felícitas Cadena Sandoval
presentó un Anteproyecto para exhortar al Ejecutivo estatal a que reforme el
Reglamento respectivo.

En
la sesión del Congreso del Estado la diputada planteó exhortar al Ejecutivo a
que, en ejercicio de sus atribuciones, modifique el artículo 10 del Reglamento
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
para señalar los horarios estipulados para la prohibición de venta de bebidas
alcohólicas.

En
establecimientos con autorización para la venta en envase cerrado la
prohibición aplica en los días lunes a viernes a partir de las 22:00 horas a
las 09:00 horas del siguiente día. En domingo se prohíbe la venta a partir de
las 19:00 horas a las 9:00 horas del siguiente día.

En
establecimientos con autorización para la venta al copeo o envase abierto queda
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 02:00 a las 08:00
horas.

La
diputada enfatizó que entidades como Puebla, Zacatecas, Jalisco y México tienen
vigentes reglamentos que estipulan la prohibición de la venta de bebidas
alcohólicas con horarios extensos, tanto en establecimientos autorizados para
venta en botella cerrada como al copeo o en envase abierto.

Agregó
que el impacto ha sido positivo principalmente en la disminución de accidentes
vehiculares por causa de consumo previo
de bebidas alcohólicas, que va a la baja.

El
alcoholismo –destacó- es una enfermedad que perjudica al entorno familiar,
laboral y social de la persona que padece esta enfermedad. Incluso se considera
una enfermedad que causa discapacidad y que a su vez puede provocar el
desarrollo de 60 tipos de otras enfermedades, las más comunes, del hígado,
pancreatitis, cáncer, ulceras y problemas gastrointestinales, daño cerebral,
diabetes, entre otras.

Los
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional y el
legislador del Grupo Juntos por Veracruz, José Roberto Arenas Martínez,
presentaron la iniciativa de decreto que busca reformar el artículo 21 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre a fin de establecer aspectos relacionados con
el número de ediles que corresponde a cada ayuntamiento, de acuerdo con el
número de población con que cuente.

En
la sexta sesión ordinaria, el legislador José Roberto Arenas Martínezsostuvo
que antes de la expedición de la Ley Orgánica del Municipio Libre hubo una
práctica indebida en algunos municipios, al aumentar el número de ediles, lo
que no corresponde al total de habitantes con que cuenta cada Ayuntamiento.

“En muchos
casos existe un número par de ediles, que acarrea dificultades para la toma de
decisiones cuando existen posturas antagónicas, generando parálisis al interior
de dichos cuerpos de gobierno” abundó.

El
diputado señaló que de una revisión
exhaustiva a la población actual en cada uno de los municipios de Veracruz, de
acuerdo a la Encuesta Intercensal del año 2015, realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puede observarse que dichos límites
fijados por el legislador en el año 2001 no atienden ya a la distribución
efectiva de los habitantes en el Estado.

La
iniciativa plantea que el número de ediles de un Ayuntamiento sea de: tres,
para los municipios de hasta 25 mil habitantes; cinco, para los municipios con
más de 25 mil y hasta 40 mil habitantes; siete, para los municipios de más de
40 mil y hasta 70 mil habitantes; nueve, para los municipios de más de 70 mil y
hasta 100 mil habitantes; once, para los municipios de más de 100 mil y hasta
150 mil habitantes; trece, para los municipios de más de 150 mil y hasta 250
mil habitantes, y 15, para los municipios cuya población exceda de 250 mil
habitantes y su capacidad económica lo permita.

El Congreso del
Estado aprobará, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, el
número de ediles con base en el Censo General de Población y Vivienda, o en su
caso, el Conteo de Población y Vivienda, antes de la elección que corresponda,
escuchando la opinión de los Ayuntamientos respectivos, a efecto de actualizar
su número de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.

El
diputado expuso que con esta medida no sólo se
reduciría el número de ediles en aquellos municipios que actualmente cuentan con
más de los previstos en la Ley sino que se otorgaría participación real a los
ciudadanos en cada una de sus localidades, con el firme objetivo de consolidar
una cultura democrática en todos los rincones del Estado.

Al día de hoy
existen en Veracruz mil 54 ediles, frente a los mil seis que corresponderían
para el inicio de las administraciones municipales en 2022, en caso de
aprobarse este proyecto, subrayó.

El
diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó un anteproyecto en el que exhorta al
Ejecutivo estatal con el objetivo de decretar como patrimonio Cultural del
Estado la “Danza de los Santiagos, Negreada o de Moros y Cristianos” que se
realiza en Naolinco, Acatlán, Chiconquiaco, Miahuatlán, Landero y Coss,
Tonayán, Tepetlán y Actopan.

En
tribuna, el legislador indicó que la cultura de nuestro país es basta en
manifestaciones de toda índole y uno de los aspectos más sobresalientes fue
aportado por la religión, en tal razón esta Danza representa a Dios, por los
Santiagos, contra el Diablo, representado por los Moros, en su intento por
recuperar Tierra Santa, y es derivada de la conquista de Jerusalén.

El
diputado Cuevas Hernández dijo que dicha tradición fue adoptada localmente con
música y coreografía original, para educar a los indios en la fe cristiana de
una manera sencilla.

La
tradición inicia por la noche y en el atrio de la iglesia ejecutan una danza o
bailada completa, al terminar la bailada de la noche, luce la entrada de los
danzantes en el iluminado templo lleno de gente, que indica que la misa
iniciaría pronto, subrayó.

Los
repiques de las campanas y los tronidos de los cohetes anuncian a los
danzantes, quienes avanzan a lo largo y en medio de la nave central, bailando
con pasos y saltos cortos, acompañados del tintineo de los cascabeles, al sonde
la flauta y el tambor.

Señaló
que dicha tradición debe ser preservada; ya que son diez municipios los que la
replican.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

En
las instalaciones del Congreso de Veracruz y como parte del impulso a las expresiones
artísticas, que permanentemente promueve este Poder, este 1 de junio el maestro
Gustavo Barrios inauguró la obra fotográfica “Así veo Xalapa” que consta de 27
imágenes que reflejan lugares típicos de la ciudad capital.

Con
la participación del Secretario General, Juan José Rivera Castellanos y del
Director de Servicios Jurídicos, Ángel Ramírez Bretón, ambos del Congreso del
Estado, fue abierta al público esta muestra fotográfica que además tendrá una
noble causa, toda vez que parte de los recursos obtenidos de la venta de las
obras será destinado a apoyar al programa de formación profesional en
fotografía que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo
Integral (IMIDI), donde participan jóvenes con síndrome
de Down.

El
maestro Gustavo Barrios es fotógrafo y diseñador desde 1997; antes de terminar
la carrera comienza a desempeñarse como freelance
al diseñar la imagen de varias marcas, así como la creación de la empresa
“Diseño Camaleón” de la cual ha sido director desde 1998.

Ha
realizado más de 50 imágenes corporativas y ha colaborado con revistas y
fotógrafos de Los Ángeles, California, y
Estados Unidos.

Trabajó
como catedrático en la Universidad Anáhuac, campus Xalapa, en la carrera de
Diseño Gráfico y Comunicación, y en la Universidad Filadelfia de México, campus
Xalapa.

Es
creador del proyecto fotográfico Toma Todo y La Noche de las Catrinas en
Xallitic. Además colabora como fotógrafo en la revista Vida Nova.

En
el acto de inauguración afirmó que esta muestra la dedica a su madre, que
falleció el año pasado, y añadió que el gusto por la fotografía lo desarrolló
desde la educación primaria, aunado a que disfruta a Xalapa desde la lente,
“sus aves, amaneceres y los rayos del sol filtrándose por las ramas de los
arboles, son el reflejo que nos muestra las vidas paralelas con sus mundos alternos”.

En las instalaciones del Congreso de Veracruz y como parte del impulso a las expresiones artísticas, que permanentemente promueve este Poder, este 1 de junio el maestro Gustavo Barrios inauguró la obra fotográfica “Así veo Xalapa” que consta de 27 imágenes que reflejan lugares típicos de la ciudad capital.

Con la participación del Secretario General, Juan José Rivera Castellanos y del Director de Servicios Jurídicos, Ángel Ramírez Bretón, ambos del Congreso del Estado, fue abierta al público esta muestra fotográfica que además tendrá una noble causa, toda vez que parte de los recursos obtenidos de la venta de las obras será destinado a apoyar al programa de formación profesional en fotografía que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), donde participan jóvenes con síndrome de Down.

El maestro Gustavo Barrios es fotógrafo y diseñador desde 1997; antes de terminar la carrera comienza a desempeñarse como freelance al diseñar la imagen de varias marcas, así como la creación de la empresa “Diseño Camaleón” de la cual ha sido director desde 1998.

Ha realizado más de 50 imágenes corporativas y ha colaborado con revistas y fotógrafos de Los Ángeles, California, y Estados Unidos.

Trabajó como catedrático en la Universidad Anáhuac, campus Xalapa, en la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación, y en la Universidad Filadelfia de México, campus Xalapa.

Es creador del proyecto fotográfico Toma Todo y La Noche de las Catrinas en Xallitic. Además colabora como fotógrafo en la revista Vida Nova.

En el acto de inauguración afirmó que esta muestra la dedica a su madre, que falleció el año pasado, y añadió que el gusto por la fotografía lo desarrolló desde la educación primaria, aunado a que disfruta a Xalapa desde la lente, “sus aves, amaneceres y los rayos del sol filtrándose por las ramas de los arboles, son el reflejo que nos muestra las vidas paralelas con sus mundos alternos”.

La
diputada Regina Vázquez Saut, presentó una iniciativa de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado, con el objetivo de
sancionar la obtención o divulgación de imágenes, conversaciones, videos o
grabaciones con contenido sexual sin consentimiento de la víctima.

En
tribuna, la legisladora indicó que Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel
nacional en usuarios de telefonía celular, siendo el grupo de 25 a 34 años de
edad el que tiene más acceso a dicha tecnología, y el principal uso es el acceso
a información, recreación, contacto con redes sociales y mensajería.

Vázquez
Saut afirmó que en los últimos años, uno de los derechos humanos que se ha
visto afectado por el uso indebido de las Tecnologías de la Información (TIC´S)
es el de la dignidad humana mediante la vulneración de la privacidad y la
confianza que se origina entre las personas y esto se produce por la práctica
de la difusión o publicación de contenidos (principalmente fotografías o
vídeos) de tipo sexual.

“Sexting”
es el término compuesto por las palabras en inglés “Sex” (sexo) y “Texting” (envío
de mensajes de texto) y que consiste en la difusión o publicación de contenidos
de tipo sexual, producidos por el propio remitente, utilizando para ello el
teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico, a través de mensajes de texto o
por medio de redes sociales, señaló.

La
legisladora dijo que es el género femenino quien recibe más agresiones por este
tipo de conductas ilícitas, en tal razón la iniciativa está basada en la
igualdad y en el respeto a los derechos humanos sin distinción de género.

Actualmente
el Código Penal para el Estado, sólo tipifica la obtención o divulgación de
imágenes, conversaciones, videos o grabaciones cuando son obtenidas sin
consentimiento de la víctima, sin proteger aquellos casos en los cuales la
entrega de dicha información se realiza en el plano de la confianza y ésta es
difundida contra su voluntad, quedando excluida la punibilidad de tal conducta.

Por
ello la iniciativa contempla que se impondrán prisión de ocho a doce años y
multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien reciba u
obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales
de contenido pornográfico y las difunda sin el consentimiento de la persona que
expresamente puede otorgarlo.

A
quien, aprovechándose de la confianza depositada en él, difunda, revele,
transmita, reproduzca imágenes o audiovisuales, con contenido pornográfico se
le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y multa de 200 a 500 UMA.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La
diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos presentó una iniciativa, con
proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones del Código Civil del
Estado a fin de que la comunidad LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero,
Travesti e Intersexual) pueda solicitar una nueva acta de nacimiento en la que
reasigne su género.

En
tribuna, la legisladora señaló que la identidad es uno de los elementos que
conforman la esencia del ser humano, que representa su individualidad y de esta
manera permite gozar y ejercer las libertades y derechos.

Indicó
que la Constitución Política del Estado estipula que toda persona gozará de sus
Derechos Humanos y garantías para su protección sin distinción, por lo que la
iniciativa contempla que se adecué el Código Civil con el objetivo de que la
comunidad LGBTTTI goce de personalidad jurídica que los reconozca.

La
propuesta legislativa prevé que en Veracruz se otorgué el derecho de petición
para poder solicitar una nueva acta de nacimiento por reasignación de
concordancia sexo-genérica.

La
reasignación para la concordancia sexo-genérica es el proceso de intervención
profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos
corporales y su identidad de género, que puede incluir, parcial o totalmente:
entrenamiento de expresión de rol de género, administración de hormonas, psicoterapia
de apoyo o las intervenciones quirúrgicas que haya requerido en su proceso; y
que tendrá como consecuencia, mediante resolución judicial, una identidad jurídica
de hombre o mujer, según corresponda.

Para
realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el
reconocimiento de identidad de género, las personas interesadas deberán
presentar: solicitud debidamente
requisitada; copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de
que se haga la reserva correspondiente; original y copia fotostática de su
identificación oficial y comprobante de domicilio.

Para
este fin, será atribución de los titulares de las oficialías del Registro Civil
quienes inscriban en los libros respectivos el levantamiento de una nueva acta
de reasignación para la concordancia sexo-genérica; lo anterior previa la
anotación correspondiente al acta de nacimiento inicial, siempre y cuando se
cumplan las formalidades exigidas por los ordenamientos jurídicos aplicables.

La
iniciativa se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención
a Grupos Vulnerables y de Justicia y Puntos
Constitucionales para su análisis.

El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó a Amado Jesús Cruz Malpica
separarse del cargo de diputado al Congreso del Estado por el periodo
comprendido del 28 de mayo al 8 de julio y como resultado rindió la protesta de
ley el suplente, Rodolfo Corpi Lara.

En
la quinta sesión las y los diputados aprobaron el Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO), por el que se integró al diputado Rodolfo Corpi
Lara como vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables.

De
igual forma fue incorporado como Vocal en la Comisión Permanente de Trabajo y
Previsión Social.

El
Pleno del Congreso también avaló la petición de la diputada Janeth García Cruz,
quien estará de licencia cinco días, contados a partir del 28 de mayo de este
2018.

De
igual forma se autorizó licencia al diputado Carlos Antonio Morales Guevara
quien se separa del cargo por un periodo de cinco días, contados a partir del
28 de mayo del año en curso.

Las
y los diputados aprobaron la licencia al diputado Manuel Francisco Martínez
Martínez para separarse del cargo por el periodo comprendido del 29 de Mayo al
29 de Junio de este año.

El
presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la LXIV
Legislatura de Veracruz, diputado Manuel Francisco Martínez Martínez hizo un llamado
a los tres poderes del Estado Mexicano y a los tres órdenes de Gobierno a que
impulsen dentro de las políticas
públicas y agenda legislativa, acciones tendientes a fortalecer y hacer valer
los derechos indígenas, como lo señala la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y así construir un camino al desarrollo social que reconozca
a estos pueblos y comunidades.

En su intervención, durante la quinta sesión
ordinaria del Congreso, el legislador indicó que la población indígena
constituye una décima parte del total que reside en el territorio mexicano y se
encuentra distribuida en la mayor parte de las localidades del país, aunque es
en cinco entidades federativas, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, en
donde se concentra más de la mitad.

Agregó que desde la Comisión Legislativa de Asuntos
Indígenas se creó el Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de
los Pueblos y Comunidades de Indígenas.

Este Consejo –destacó el legislador- es resultado de
12 foros en distintos municipios, quedando conformado desde diciembre de 2017
por 14 personas que representan a la entidad, con base a las características
lingüísticas y culturales de cada zona, siendo un órgano de consulta obligada
para la administración pública estatal, en materia de desarrollo y políticas
públicas para proveer al desarrollo integral de los pueblos y comunidades
indígenas.

El diputado informó que estos temas los presentó en
las Mesas de Trabajo del Segundo Congreso Internacional por los Derechos de los
Pueblos Indígenas que fue organizado por “Revitalizando Culturas”, una
importante red por los derechos indígenas y la Universidad UNISUL en la ciudad
de Florianópolis, capital del Estado de Santa Catarina, en Brasil, los días 23,
24 y 25 de mayo.

A este evento acudió a invitación de Martha Esteban
Miñano, una de las fundadoras de “Sokhrates”, la única red social que ayuda al
planeta. Una red social ética que retorna el 70 por ciento de sus beneficios a
causas sociales, humanitarias y ambientalistas y que tiene un interés especial
en apoyar la causa de los derechos indígenas, abundó.

Detalló que de este Congreso se desprendieron
significativas acciones como las de integrar un directorio indígena mundial
cuya operatividad se vea reflejada en una importante agenda de trabajo
permanente en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, por medio de la
elaboración dinámica de normas jurídicas internacionales donde se refleje el
compromiso de los Estados de avanzar en una cierta dirección y de respetar determinados
principios, como lo marca la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.

Se quita esta atribución a la Diputación Permanente.

En
atención a la reforma constitucional federal y de las leyes secundarias en
relación a procurar el adecuado manejo de las finanzas municipales, las y los
diputados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y el legislador José Roberto Arenas Martínez, propusieron reformar el artículo
33 de la Constitución Política del Estado para establecer que los montos
máximos para la contratación de empréstitos y obligaciones serán aprobados por
el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes.

La
contratación de empréstitos y obligaciones deberá darse en las mejores
condiciones del mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en
su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

La
iniciativa señala que con esto se establecería expresamente que la atribución
de autorizar empréstitos a los ayuntamientos sólo le corresponde al Pleno del
Congreso y no, como actualmente se prevé en la legislación ordinaria, como una
facultad también de la Diputación Permanente.

Destaca
que el 26 de mayo de 2015 fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios,
en el que se estableció que el Estado debe velar por la estabilidad de las
finanzas públicas y del sistema financiero que lo integra.

Ésta destaca la
incorporación de medidas de responsabilidad hacendaria para que desde las
Legislaturas locales se implementen controles de disciplina financiera.
Ejemplifica la autorización de montos máximos para la contratación de
empréstitos y obligaciones que debe llevarse a cabo por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes.

La presidenta de la Comisión Permanente de
Población y Atención a Migrantes de la LXIV Legislatura de Veracruz, diputada
Angélica Pineda Pérez, presentó un Anteproyecto para exhortar a la Delegación estatal
del Instituto Nacional de Migración (INM), a que impulse y desarrolle una mejor
coordinación con los consulados con representación en la entidad y a la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a que brinde alternativa que salvaguarde
la integridad de los migrantes que transitan en el Estado.

En
la quinta sesión y al presentar su exhorto en tribuna, la legisladora pidió a
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a que implemente operativos que velen por la protección de los derechos fundamentales de los migrantes.

Destacó
que como presidenta de la Comisión Permanente de Población y Atención a
Migrantes se reunió con diferentes consulados con representación en la entidad
a fin de generar una agenda conjunta.

Dijo
que el 25 de mayo se reunió en el consulado de El
Salvador, con la Cónsul General Claudia Patricia Zaldaña de Sifontes y la
Cónsul Elsy Vanessa Sánchez de Cañas, asimismo estuvieron presentes el Cónsul
de Guatemala, Pablo Molina Leonardo y Emilson Martínez Sagastune de Honduras.

Detalló
que en esta reunión fueron expuestos los peligros constantes que sufren los
migrantes, tales como ser víctimas de la delincuencia, el maltrato y vejación
sobre las mujeres y los accidentes que viven muchos menores que acompañan a sus
padres o que viajan solos, con los riesgos que esto implica.

Los
representantes de los Consulados –agregó la legisladora- mencionaron que el
trabajo ha sido más recurrente en atención, seguimiento, asesoría y cuidado a los migrantes. Por lo que urge buscar
alternativas que alberguen a los migrantes y encontrar mecanismos que protejan a los niños, abundó.

“Lo expuesto son reclamos justos,
que buscan proteger y cuidar a los seres humanos que transitan en el estado,
hombres y mujeres que sueñan con un mejor futuro, como pasa hoy con miles de
paisanos que radican en Norteamérica” subrayó.

El
diputado Gregorio Murillo Uscanga presentó un anteproyecto en el que exhorta al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a que instruya a la Dirección
General de Estadística para considerar nuevos reactivos y sus correspondientes
variables para generar información estadística sobre el Trastorno del Espectro
Autista(TEA).

Con
ello, se busca tener el primer comparativo histórico nacional de este sector de
la población y generar un insumo estadístico para el diseño e implementación de
programas y políticas públicas para su debida atención.

En
tribuna, el legislador señaló que en la entidad existe la Ley para la
Integración de las Personas con Discapacidad de Veracruz, que considera; a los
trastornos generalizados del desarrollo como cualquier trastorno del desarrollo
neurológico, que incluye los síndromes autista, de Rett, de Asperger, el
trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del
desarrollo no especificado.

Pero
–añadió- no se cuenta con una cifra concreta de cuantas personas viven en esta
condición de discapacidad y a nivel nacional no existe un número sobre las
personas que padezcan autismo.

El
legislador Murillo Uscanga señaló que los derechos humanos se crearon con la
intención de velar por aquellos que les dieron origen y sin embargo, todo
aquello que no se puede medir, no se puede considerar, y las personas con la
condición de autismo tienen todo el derecho a acceder a políticas públicas que
vean por su seguridad, desarrollo y protección.

Por
tal razón, exhorta al INEGI a fin de que se consideren nuevos reactivos y sus
correspondientes variables para generar información estadística en materia de TEA.

El
anteproyecto se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Las diputadas y diputados de la LXIV
Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de Decreto que reforma el
artículo 4 de la Constitución Política del Estado para indicar que las
autoridades deberán privilegiar la
solución del conflicto sobre los formalismos, siempre y cuando, no se afecte la
igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

En los juicios o procedimientos seguidos en forma de
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.

Además
indica que el Estado organizará el
servicio de defensoría pública, que deberá contar con calidad y profesionalismo,
especialmente en la defensa de los justiciables pertenecientes a los pueblos y
comunidades indígenas.

Este
Decreto fue aprobado con 37 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De
esta manera se establece la obligación del Estado de actuar como ente mediador
y pacificador de conflictos suscitados entre particulares, entre otros, a
través de tribunales que garanticen el acceso a la impartición de justicia
pronta, completa e imparcial, con el fin de lograr una sana convivencia social,
en un marco de legalidad e igualdad y respetando los derechos fundamentales de
las personas.

Por
ello, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los
elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia
en todo el país, y darle a las personas una mayor seguridad y certidumbre
jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar.

El
legislador José Luís Enríquez Ambell refirió que esta medida es el primer paso
para otras normas que vendrán a otorgar certidumbre jurídica a los actos de
autoridad.

El
diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés presentó, ante el Pleno del
Congreso de Veracruz, una iniciativa de reforma a la Constitución Política del
Estado para señalar que ya no sea necesaria la autorización del Ejecutivo, a un
determinado funcionario de la administración pública estatal, a fin que
comparezcan ante las y los diputados.

En
la quinta sesión ordinaria, el legislador expuso su propuesta que prevé
reformar los artículos 33 y 51 de la Carta Magna a fin de señalar como
atribución del Poder Legislativo el revisar y fiscalizar las cuentas y demás
documentos que presenten o se soliciten a las dependencias y entidades de la
administración pública, y a los organismos autónomos del Estado.

Así
como recibir la comparecencia de los titulares de estos con motivo del informe
anual de actividades, sobre la situación que guarda su gestión, conforme al
formato que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo
Reglamento.

La
iniciativa plantea que los titulares de las dependencias y entidades de la
administración pública, comparecerán ante el Congreso, a convocatoria expresa
de éste, únicamente informando de ello al gobernador del Estado, para dar
cuenta del estado que guardan las dependencias y entidades a su cargo, así como
cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus
respectivos ramos o actividades.

El
diputado Sergio Rodríguez subrayó que la rendición de cuentas no se restringe a
un acto protocolario anual, que no ofrece los resultados que esperan los
gobernados ni los legisladores que se encargan de recibir dicha información,
para su respectivo análisis y seguimiento en función de sus atribuciones de
control.

Agregó
que las funciones de fiscalización y control no pueden ejercerse plena y
confiablemente sin la información pertinente sobre el actuar de los otros
poderes.

Expuso
que es fundamental que la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, a
través de su titular y los responsables de sus diferentes dependencias y
entidades, ante el Poder Legislativo, sea transparente, oportuna y veraz, sin
que existan trabas burocráticas al interior del Gobierno
del Estado, que permita cumplir al Poder Legislativo sus funciones.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su estudio y dictamen.

El
Pleno del Congreso de Veracruz aprobó el Dictamen de decreto que reforma
diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica del Estado para garantizar a las mujeres y las niñas el acceso a
los programas que incentiven la ciencia y tecnología desde una perspectiva de
género.

En
la quinta sesión ordinaria fue aprobado este Decreto con 35 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra.

De
esta manera, se establece que el objeto de la Ley es fomentar las capacidades
científicas y tecnológicas en el Estado, como instrumentos de promoción del
desarrollo sustentable, la competitividad económica, la mejoría de la calidad
de vida de la población, la igualdad de género y la no discriminación y la
transformación cultural de todos los sectores de la sociedad.

Además
de fortalecer el Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado mediante la formación,
promoción y capacitación de recursos humanos de alto nivel académico y
científico, siempre buscando una participación igualitaria entre mujeres y
hombres.

Por
otra parte, subraya que, el Consejo
Veracruzano de Investigación Científica Y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET),
promoverá la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal
en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación
equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema.

Este Consejo formulará y financiará programas de becas y
en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas
modalidades y concederlas directamente, garantizando la participación
equitativa y sin discriminación entre mujeres y hombres.

Así
mismo deberá integrar la información de los programas de becas de postgrado que
ofrezcan otras instituciones públicas nacionales, o bien los organismos
internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en
esta materia con esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las
convocatorias correspondientes.

El
COVEICYDET deberá cuidar que los apoyos de fomento se otorguen considerando la
inclusión y la no discriminación, buscando romper la brecha entre mujeres y
hombres, siempre y cuando cumplan los criterios de calidad y de pertinencia de
la investigación.

También
formulará normas y criterios para la elaboración de programas cuyo objeto sea
la formación de recursos humanos de alto nivel académico, en las diversas áreas
de la ciencia y la tecnología, considerando la perspectiva de género para
romper la brecha entre mujeres y hombres.

En
los posicionamientos, la diputada Guadalupe Osorno Maldonado destacó que no
sólo se marca la transversalidad de género en todas las estructuras del Consejo
Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, sino que también
se intenta resolver la situación de desigualdad en cuanto a apoyos, acceso a
recursos para investigación y asignación de plazas que viven las
investigadoras, tecnólogas e innovadoras.

La
diputada Guadalupe Osorno Maldonado presentó, en la quinta sesión ordinaria del
Congreso, la iniciativa que busca modificar el artículo 14 de la Ley de Turismo
del Estado a fin de señalar la debida integración del Consejo Consultivo de
Turismo en el que deberá prevalecer la participación del sector público y del
privado.

En
la sesión, la legisladora planteó que el citado Consejo esté integrado por
parte del sector público por el Gobernador del Estado, quien lo presidirá; el
Secretario de Turismo y Cultura; el Diputado Presidente de la Comisión de
Turismo del Congreso del Estado; un presidente municipal de los Ayuntamientos
con vocación turística y un representante del Fideicomiso Público de
Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

Por
el sector privado estaría conformado por un representante de: asociaciones de
hoteles y moteles; de la cámara de la industria restaurantera; de las agencias
de viaje; de los organismos que participen en la actividad del turismo
alternativo y de las instituciones de educación superior que cuenten con planes
de estudios relacionados con el sector turismo.

La
iniciativa subraya que el Consejo expedirá su Reglamento, el cual establecerá
la frecuencia de sus sesiones, los procedimientos para la toma y ejecución de
sus decisiones, la forma de su organización interna, designaciones, así como
aquellos lineamientos para su mejor y más eficiente desempeño.

El
cargo que ocupen los integrantes del Consejo es honorario, por lo que no
percibirán emolumento o remuneración alguna.

La
diputada Osorno Maldonado indicó que actualmente la Ley reconoce al Consejo
Consultivo del Turismo, el cual es el órgano colegiado de consulta, asesoría y
apoyo técnico, que tendrá por objeto propiciar la concurrencia activa,
comprometida y responsable de los sectores público, privado y social con
incidencia directa o indirecta en la actividad turística.

Sin
embargo –agregó- hay señalamientos en relación a la poca inclusión de este
organismo colegiado y se ha expuesto la preocupación en el manejo del
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de
Servicios de Hospedaje.

Con
esto, se contribuirá a que la sociedad civil organizada, participe con una
mayor pluralidad, en una actividad que
sin duda es detonante económico de diferentes zonas y regiones del estado y que
es una alternativa para obtener el desarrollo, pero sobre todo es una actividad
lícita de excelentes resultados, concluyó.

La diputada María Josefina Gamboa Torales
presentó la iniciativa que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Veracruz para crear el Registro Estatal de Menores,
siendo ésta la base de datos con muestras biométricas de las huellas digitales
o dactilares de menores, que resguardaría la Procuraduría Estatal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes; perteneciente al Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF).

En
la sesión, la legisladora sostuvo que el contar con una base de datos que
constantemente se nutra de datos reales y en tiempo real, hoy es una
posibilidad gracias a las muestras biométricas que pueden ser tomadas del menor
al momento de su nacimiento.

Subrayó
que se requiere de acciones de la Secretaría de Salud del Estado, quien
participaría de manera fundamental para notificar a las Procuradurías
Municipales cuando exista un nuevo nacimiento, para que el personal de éste,
pueda acudir a los nosocomios o a los domicilios de las parteras certificadas,
para tomar las muestras biométricas necesarias para su ingreso al Registro
Estatal.

De
igual forma, la función de la Secretaría de Educación de Veracruz, sería en el
momento de incorporar a las niñas, niños y adolescentes al sistema educativo
del estado; verificando que el menor se encuentre inscrito en el Registro
Estatal y en caso de no estarlo, notificar a las Procuradurías Municipales de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En
su intervención, la legisladora recordó que, en 2011, se lanzó el programa para
crear el Registro Nacional de Menores y emitir la Cédula de Identificación
Personal; cuyo objetivo era enrolar alrededor de 25.7 millones de mexicanos
menores de 18 años y entregarles un documento de identificación personal.

Sin
embargo el programa no continuó después del cambio de gobierno federal, ya que
después de año y medio se anunció su suspensión en agosto de 2014 y finalmente
en el año 2015, la Secretaría de Gobernación informó que se cancelaba de forma
definitiva, añadió.

La
diputada Gamboa Torales manifestó que al contarse con una base de datos de
huellas dactilares o digitales y expedir una Cédula de Identificación del
Menor, Veracruz sería pionero en comparación con las demás entidades
federativas; además que otorgaría solución a una necesidad real y
contemporánea, que desafortunadamente no pudo sostener el gobierno federal.

Dijo
que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en el año 2015, en Veracruz de los 8 millones 112 mil 505 habitantes,
el 28 por ciento que equivale a 2 millones 132 mil 581 son menores de catorce
años.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó a Amado Jesús Cruz Malpica separarse del cargo de diputado al Congreso del Estado por el periodo comprendido del 28 de mayo al 8 de julio y como resultado rindió la protesta de ley el suplente, Rodolfo Corpi Lara.

En la quinta sesión las y los diputados aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por el que se integró al diputado Rodolfo Corpi Lara como vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

De igual forma fue incorporado como Vocal en la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

El Pleno del Congreso también avaló la petición de la diputada Janeth García Cruz, quien estará de licencia cinco días, contados a partir del 28 de mayo de este 2018.

De igual forma se autorizó licencia al diputado Carlos Antonio Morales Guevara quien se separa del cargo por un periodo de cinco días, contados a partir del 28 de mayo del año en curso.

Las y los diputados aprobaron la licencia al diputado Manuel Francisco Martínez Martínez para separarse del cargo por el periodo comprendido del 29 de Mayo al 29 de Junio de este año.

El Pleno del Congreso de Veracruz aprobó el Dictamen de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado para garantizar a las mujeres y las niñas el acceso a los programas que incentiven la ciencia y tecnología desde una perspectiva de género.

En la quinta sesión ordinaria fue aprobado este Decreto con 35 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera, se establece que el objeto de la Ley es fomentar las capacidades científicas y tecnológicas en el Estado, como instrumentos de promoción del desarrollo sustentable, la competitividad económica, la mejoría de la calidad de vida de la población, la igualdad de género y la no discriminación y la transformación cultural de todos los sectores de la sociedad.

Además de fortalecer el Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado mediante la formación, promoción y capacitación de recursos humanos de alto nivel académico y científico, siempre buscando una participación igualitaria entre mujeres y hombres.

Por otra parte, subraya que, el Consejo Veracruzano de Investigación Científica Y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), promoverá la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema.

Este Consejo formulará y financiará programas de becas y en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades y concederlas directamente, garantizando la participación equitativa y sin discriminación entre mujeres y hombres.

Así mismo deberá integrar la información de los programas de becas de postgrado que ofrezcan otras instituciones públicas nacionales, o bien los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta materia con esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las convocatorias correspondientes.

El COVEICYDET deberá cuidar que los apoyos de fomento se otorguen considerando la inclusión y la no discriminación, buscando romper la brecha entre mujeres y hombres, siempre y cuando cumplan los criterios de calidad y de pertinencia de la investigación.

También formulará normas y criterios para la elaboración de programas cuyo objeto sea la formación de recursos humanos de alto nivel académico, en las diversas áreas de la ciencia y la tecnología, considerando la perspectiva de género para romper la brecha entre mujeres y hombres.

En los posicionamientos, la diputada Guadalupe Osorno Maldonado destacó que no sólo se marca la transversalidad de género en todas las estructuras del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, sino que también se intenta resolver la situación de desigualdad en cuanto a apoyos, acceso a recursos para investigación y asignación de plazas que viven las investigadoras, tecnólogas e innovadoras.

La diputada María Josefina Gamboa Torales presentó la iniciativa que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz para crear el Registro Estatal de Menores, siendo ésta la base de datos con muestras biométricas de las huellas digitales o dactilares de menores, que resguardaría la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF).

En la sesión, la legisladora sostuvo que el contar con una base de datos que constantemente se nutra de datos reales y en tiempo real, hoy es una posibilidad gracias a las muestras biométricas que pueden ser tomadas del menor al momento de su nacimiento.

Subrayó que se requiere de acciones de la Secretaría de Salud del Estado, quien participaría de manera fundamental para notificar a las Procuradurías Municipales cuando exista un nuevo nacimiento, para que el personal de éste, pueda acudir a los nosocomios o a los domicilios de las parteras certificadas, para tomar las muestras biométricas necesarias para su ingreso al Registro Estatal.

De igual forma, la función de la Secretaría de Educación de Veracruz, sería en el momento de incorporar a las niñas, niños y adolescentes al sistema educativo del estado; verificando que el menor se encuentre inscrito en el Registro Estatal y en caso de no estarlo, notificar a las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En su intervención, la legisladora recordó que, en 2011, se lanzó el programa para crear el Registro Nacional de Menores y emitir la Cédula de Identificación Personal; cuyo objetivo era enrolar alrededor de 25.7 millones de mexicanos menores de 18 años y entregarles un documento de identificación personal.

Sin embargo el programa no continuó después del cambio de gobierno federal, ya que después de año y medio se anunció su suspensión en agosto de 2014 y finalmente en el año 2015, la Secretaría de Gobernación informó que se cancelaba de forma definitiva, añadió.

La diputada Gamboa Torales manifestó que al contarse con una base de datos de huellas dactilares o digitales y expedir una Cédula de Identificación del Menor, Veracruz sería pionero en comparación con las demás entidades federativas; además que otorgaría solución a una necesidad real y contemporánea, que desafortunadamente no pudo sostener el gobierno federal.

Dijo que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2015, en Veracruz de los 8 millones 112 mil 505 habitantes, el 28 por ciento que equivale a 2 millones 132 mil 581 son menores de catorce años.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de Decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado para indicar que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos, siempre y cuando, no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

En los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.

Además indica que el Estado organizará el servicio de defensoría pública, que deberá contar con calidad y profesionalismo, especialmente en la defensa de los justiciables pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Este Decreto fue aprobado con 37 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera se establece la obligación del Estado de actuar como ente mediador y pacificador de conflictos suscitados entre particulares, entre otros, a través de tribunales que garanticen el acceso a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, con el fin de lograr una sana convivencia social, en un marco de legalidad e igualdad y respetando los derechos fundamentales de las personas.

Por ello, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país, y darle a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar.

El legislador José Luís Enríquez Ambell refirió que esta medida es el primer paso para otras normas que vendrán a otorgar certidumbre jurídica a los actos de autoridad.

El
diputado local Isaías Pliego Mancilla presentó ante el Congreso de Veracruz la
iniciativa que busca adicionar un párrafo al artículo 68 de la Constitución
Política del Estado que prevé incluir la denominación de “Lugar Típico” a
aquellos municipios que cumplan con los requisitos estipulados en la Ley Sobre
Protección y Conservación de Lugares Típicos y de Belleza Natural.

Lo
anterior –expuso el diputado Pliego Mancilla-
a fin de generar el compromiso de cuidado, conservación y preservación
de aquellos lugares que representan la misma historia y origen del estado
veracruzano; así como el de promover el turismo, principalmente las fortalezas
naturales, culturales, monumentales y arquitectónicas con las que cuenta cada
Municipio.

En
su propuesta legislativa, Pliego Mancilla busca
establecer que el municipio deberá
adquirir la categoría de Lugar Típico, en caso de conservar en gran proporción
la forma y la unidad en su trazo urbano y edificaciones, en las que se reflejen
claramente épocas pasadas o circunstancias históricas, y de conformidad a lo
establecido por la ley de la materia.

Expuso
que el Estado de Veracruz es considerado como uno de los de mayor riqueza
natural, cultural y arquitectónica, encontrando en toda su extensión
territorial la herencia de aquellas que en algún momento fueron las
civilizaciones mesoamericanas más importantes del oriente y sur de México, las
cuales a través de la historia heredaron sus costumbres, cultura y tradiciones.

Subrayó
que en la entidad se ha pasado por alto la existencia de la Ley Sobre
Protección y Conservación de Lugares Típicos y de Belleza Natural, la cual fue
publicada en la Gaceta Oficial del
Estado, en 1978.

La
citada ley –refirió el diputado- además de buscar darle el nombramiento de “Lugar Típico” a un pueblo, ciudad o
villa, pretende también establecer la restauración y conservación constante de
las obras que se encuentren en esas zonas, con la finalidad de que se ajusten
al carácter y estilo peculiar de las mismas.

Indicó
que desde 2001, la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), puso en marcha el
programa “Pueblos Mágicos”, con la finalidad de impulsar el turismo en aquellos
municipios que estuvieran caracterizados por contar con arquitectura histórica,
paisajes naturales excepcionales y tradiciones arraigadas.

Veracruz
cuenta seis pueblos mágicos que son Coatepec, Orizaba, Coscomatepec, Papantla,
Xico y Zozocolco. Encontrándose en lista de espera de la denominación, desde
hace algunos años, los municipios de Ixhuacán de los Reyes, Naolinco, Misantla,
Tampico Alto, Tempoal, Alvarado, Perote y Zongolica.

La
diputada Cinthya Lobato Calderón presentó la iniciativa que prevé reformar
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado con el objeto de
establecer como atribución de este Poder el autorizar, con el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes, a los ayuntamientos, las solicitudes
enlistadas en la fracción XVI del artículo 33.

En
la quinta sesión ordinaria, la presidenta de la Comisión Permanente de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal plantea que para otorgar esas
autorizaciones, la solicitud del ayuntamiento deberá estar aprobada por las dos
terceras partes de los integrantes del Cabildo.

Por
otra parte, señala que no procederán aquellas solicitudes que sean formuladas
en los últimos seis meses de la administración municipal.

En
tribuna, la diputada Lobato Calderón subrayó que la autonomía municipal es
necesaria para el buen desarrollo de los pueblos veracruzanos. Sin embargo,
también destaca que la intervención del Poder Legislativo es indispensable para
vigilar la correcta actuación de los ayuntamientos.

Expuso
que para conceder autorizaciones a los ayuntamientos se debe ser más exigente
en los requisitos, pues no debe olvidarse que se está hablando de que los ayuntamientos
buscan comprometer la Hacienda Municipal. “En algunos casos incluso, hasta por
un periodo mayor al de la duración de su periodo constitucional” citó.

La
presidenta de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, diputada María Elisa
Manterola Sainz, recibió de la titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, el
11 Informe de Labores de este órgano.

Lo
anterior en cumplimiento al artículo 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz que obliga al Comisionado
Presidente a rendir, en el mes de mayo, un informe anual de labores al Congreso
del Estado, sobre el acceso a la información, con base en los datos que le
rindan los sujetos obligados y la atención brindada a las solicitudes de
particulares.

Además
de los asuntos atendidos por el Instituto, los recursos planteados y resueltos,
así como otras incidencias y problemas observados en el cumplimiento de esta
Ley.

La
diputada María Elisa Manterola refrendó el compromiso de la LXIV Legislatura
del Estado para trabajar en aras de mejorar la
legislación estatal en relación a la transparencia y la rendición de
cuentas.

En
el acto protocolario participaron la presidenta de la Comisión Permanente de
Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, diputada Daniela
Griego Ceballos; el Secretario General del Congreso de Veracruz, Juan José
Rivera Castellanos y los Comisionados del IVAI, José Rubén Mendoza Hernández y
Arturo Mariscal Rodríguez.