La
Comisión Permanente de Hacienda del Estado del Congreso de Veracruz, integrada
por los diputados Carlos Antonio Morales Guevara, presidente; José Kirsch
Sánchez, secretario y José Luis Enríquez Ambell, vocal, llevó a cabo la cuarta
sesión ordinaria en la que fue firmado, en sentido positivo, el Dictamen de
reforma al artículo 105 del Código Financiero del Estado para establecer que el
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (Impuesto a
la Nómina) sea destinado al financiamiento de obra pública.

En
la sesión, bajo la modalidad de
Parlamento Abierto, que fue transmitida en vivo por el canal oficial del
Congreso del Estado, los diputados consideraron viable esta modificación al
Código Financiero ya que apoyará la infraestructura, a través de mayor obra
pública y en la que también se verán beneficiadas las empresas veracruzanas.

Este
Dictamen, resultado de la iniciativa que presentó el diputado del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) Bingen Rementería Molina, será
enviado por la Comisión de Hacienda del Estado a la Secretaría General para que
sea enlistado en el Orden del Día de alguna sesión.

Los
legisladores también firmaron, a favor, el Dictamen por el cual se autoriza a
la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) enajenar,
mediante proceso de subasta restringida, tres vehículos que son propiedad del
referido órgano autónomo.

El
presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del
Congreso del Estado, diputado Sergio Hernández Hernández, encabezó la
conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Lobby del Salón de Sesiones del
Pleno, durante la que se dieron a conocer los detalles del XXIII Encuentro
Iberoamericano de Autoridades Locales, a realizarse del 22 al 26 de julio, en
dos sedes, los municipios de Orizaba y Medellín de Bravo.

Asimismo,
Hernández Hernández, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que este
encuentro internacional, al que se espera la asistencia
de autoridades municipales de más de 20 países de toda Iberoamérica, sus puntos
de acuerdo girarán en torno a temas sobre la paz y la seguridad ciudadana,
durante los cuatro días que duren los trabajos en los que, por igual, se
buscará definir el rol de las autoridades locales en estas acciones.

Estos
temas, continuó el también coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), son fundamentales en la inclusión social y esenciales en el
desarrollo sostenible, y sobre los cuales, esta Legislatura, -acotó- ha
presentado importantes iniciativas; y destacó la importancia que representa
este espacio de diálogo e investigación, en que se compartirán conocimientos y
experiencias, surgidas desde el contacto más cercano de las autoridades con los
ciudadanos.

Durante
la misma conferencia, y en otras intervenciones, se dijo que el Encuentro está
dirigido a presidentes municipales, concejales, autoridades regionales y
nacionales, personal directivo de las administraciones públicas, organismos
internacionales y de todos aquellos interesados en potenciar el papel de los
municipios en los procesos de paz y seguridad ciudadana y en conocer las
experiencias de gestión que se están desarrollando a nivel internacional
enmarcadas en el Objetivo 16 de la Agenda 2030, impulsada por la ONU.

Asimismo,
hicieron uso de la voz el doctor Francisco Montfort Guillén, Jefe de la Oficina
del Programa de Gobierno por parte del Poder Ejecutivo del Estado; los
presidentes municipales de las ciudades sedes Hipólito Deschamps Espino Barros
e Igor Rojí López, de Medellín de Bravo y Orizaba, respectivamente; al igual
que Héctor Aguilera Lira, Coordinador de Gestión del Grupo Legislativo del PAN,
quien también reconoció la participación de otros tantos organismos nacionales
e internacionales en la coordinación de este evento.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, diputado Sergio Hernández Hernández, encabezó la conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Lobby del Salón de Sesiones del Pleno, durante la que se dieron a conocer los detalles del XXIII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales, a realizarse del 22 al 26 de julio, en dos sedes, los municipios de Orizaba y Medellín de Bravo.

Asimismo, Hernández Hernández, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que este encuentro internacional, al que se espera la asistencia de autoridades municipales de más de 20 países de toda Iberoamérica, sus puntos de acuerdo girarán en torno a temas sobre la paz y la seguridad ciudadana, durante los cuatro días que duren los trabajos en los que, por igual, se buscará definir el rol de las autoridades locales en estas acciones.

Estos temas, continuó el también coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), son fundamentales en la inclusión social y esenciales en el desarrollo sostenible, y sobre los cuales, esta Legislatura, -acotó- ha presentado importantes iniciativas; y destacó la importancia que representa este espacio de diálogo e investigación, en que se compartirán conocimientos y experiencias, surgidas desde el contacto más cercano de las autoridades con los ciudadanos.

Durante la misma conferencia, y en otras intervenciones, se dijo que el Encuentro está dirigido a presidentes municipales, concejales, autoridades regionales y nacionales, personal directivo de las administraciones públicas, organismos internacionales y de todos aquellos interesados en potenciar el papel de los municipios en los procesos de paz y seguridad ciudadana y en conocer las experiencias de gestión que se están desarrollando a nivel internacional enmarcadas en el Objetivo 16 de la Agenda 2030, impulsada por la ONU.

Asimismo, hicieron uso de la voz el doctor Francisco Montfort Guillén, Jefe de la Oficina del Programa de Gobierno por parte del Poder Ejecutivo del Estado; los presidentes municipales de las ciudades sedes Hipólito Deschamps Espino Barros e Igor Rojí López, de Medellín de Bravo y Orizaba, respectivamente; al igual que Héctor Aguilera Lira, Coordinador de Gestión del Grupo Legislativo del PAN, quien también reconoció la participación de otros tantos organismos nacionales e internacionales en la coordinación de este evento.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz con 42 votos a favor el Dictamen de la nueva Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Veracruz cuyo objeto es impulsar la plena integración e inclusión educativa, social y laboral de las personas con este padecimiento en un ambiente libre de discriminación y con un enfoque especializado e integral, mediante la protección de sus derechos humanos.

Esta ley contempla que las personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) puedan solicitar y tener una evaluación médica, psicológica, psiquiátrica y social, así como un diagnóstico temprano, preciso, accesible, actualizado y sin prejuicios, de acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional y Estatal de Salud.

También podrán recibir consultas clínicas y contar con terapias de habilitación especializadas, oportunas y eficaces en la red hospitalaria del Estado, entre otras.

De conformidad con la ley se prevé la creación de una Comisión Interinstitucional para la

Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista como instancia de carácter permanente del Ejecutivo del Estado, que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas en materia de atención a las personas con TEA se realice de manera coordinada.

Así como garantizar que la ejecución de los planes, programas, políticas públicas y acciones en materia de atención a las personas con este padecimiento, sean de manera efectiva, transversal y multidisciplinaria.

En el Sistema Educativo Estatal se impulsará, la inclusión de contenidos para el diagnóstico e intervención del Trastorno del Espectro Autista, en el mapa curricular de la Licenciatura de

Educación Especial.

Para ello también están contemplados los “maestros sombras” en cada institución, que garanticen que las y los infantes reciban atención personalizada que salvaguarde sus derechos humanos.

En relación a las sanciones, queda estrictamente prohibido -para la atención y preservación de los derechos de las personas con TEA y sus familias- rechazar su atención en clínicas y

hospitales del sector público y privado; negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado, así como actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre medicación que altere el grado del trastorno u ordenar internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas, entre otros.

Este Dictamen es resultado del análisis de las iniciativas presentadas el 18 de Julio de 2017, por el Grupo Legislativo del PRI y otra por parte de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, así como la presentada el 5 de septiembre de 2017 por la diputada Cinthya Lobato Calderón.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron la segunda etapa de dos proyectos de decreto que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, relativas a la comparecencia del Gobernador ante este Poder y en relación a la autonomía de la Editora de Gobierno.

En la décima sesión ordinaria, el Pleno aprobó el Decreto por el cual se establece que concluida la comparecencia de los Secretarios de Despacho o equivalentes, el Gobernador comparecerá ante el Pleno del Congreso para responder a las preguntas que le formulen los Diputados.

Este Dictamen registró 43 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

En la sesión también fue aprobado el Decreto que adiciona la fracción VII al artículo 67 de la Constitución local que por el cual la Editora de Gobierno publicará todas las disposiciones normativas de observancia general y demás actos que expidan los Poderes del Estado, las personas de derecho público con autonomía reconocida por esta Constitución Política, los ayuntamientos de los municipios del Estado y la administración pública paramunicipal, a través de la Gaceta Oficial, que será el órgano informativo del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz.

El Congreso designará al titular de la Editora de Gobierno, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de conformidad con el procedimiento que determine la Ley.

El titular de la Editora durará en su encargo cinco años, no podrá ser reelegido y sólo se le podrá remover por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en la Constitución local.

Al tratarse de reformas constitucionales y al ser aprobadas en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, el Congreso remitirá estos Decretos a los ayuntamientos para su consideración, de aprobarlo al menos 107 de los 212, este Poder los declarará aprobados en lo general y serán remitidos a la Gaceta Oficial del Estado para su publicación y entrada en vigencia.

Este Dictamen registró 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz reformó la Ley para garantizar el sano desarrollo de la niñez y la adolescencia, a través del combate a cualquier situación que vulnere su integridad, desde todos los ámbitos posibles.

De esta manera, se establece que para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría Estatal de Protección deberá establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación pública o privada, de cultura, deporte y, en general,de cualquier sitio donde permanezcan, se atienda o se le preste un servicio a niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades estarán obligadas a reportar a la Procuraduría Estatal de Protección cualquier indicio de que existe una situación de riesgo, amenaza o afectación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Deberá realizarse un diagnóstico municipal sobre la situación de la niñez y la adolescencia, que pueda orientar en la cuantificación de la violencia, o cualquier tipo de maltrato físico o psicológico, exclusión, distinción, restricción o cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, cuando las autoridades educativas, los directores de los planteles educativos, o el resto del personal docente noten la prolongada o reiterada ausencia de un estudiante deberán notificarlo o reportarlo ante la Procuraduría Estatal de Protección o a la Procuraduría Municipal de Protección correspondiente, con la finalidad de descartar o detectar posibles situaciones de maltrato físico o psicológico en contra del menor.

Este Decreto registró 43 votos a favor de diputados de los Grupos Legislativos del PAN, MORENA, PRD, PRI, Juntos por Veracruz, así como de legisladores independientes y del PVEM.

Esta modificación es resultado de la iniciativa que presentó el 21 de mayo de este año el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Tito Delfín Cano.

El diputado del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, Ernesto Cuevas Hernández, presentó el anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), remita al Congreso de Veracruz información relativa a los impactos que tendrán los decretos firmados por el Presidente de la República, sobre la eliminación de vedas, nuevas reservas de agua y su impacto en los núcleos agrarios de la entidad.

En la sesión, el legislador subrayó que este Informe deberá privilegiar lo relativo a las cuencas de los ríos Papaloapan, Pánuco y el de Actopan-La Antigua.

Destacó que en el Congreso local están obligados a tener información fidedigna que ayude a comprender el alcance de los decretos en la protección del agua para las siguientes generaciones y el impacto ambiental que tendrá esta decisión.

Así como conocer si los argumentos, sobre posibles concesionamientos de los organismos operadores municipales podrían convertirse, en la práctica, en una privatización que termine elevando el costo del servicio de agua potable para los usuarios de áreas urbanas y el desabasto para las áreas rurales.

Dijo que la eliminación de la veda sobre los acuíferos, la creación de reservas y la extinción de núcleos agrarios ha generado una gran polémica entre los académicos y organizaciones civiles, que alertan sobre la posibilidad de que las entidades federativas y los municipios aprovechen estos decretos para contratar organismos operadores del agua, lo que virtualmente se convertiría en una privatización del recurso hídrico.

El coordinador del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, diputado Fernando Kuri Kuri, presentó la iniciativa que reforma el inciso D) de la fracción I del artículo 8 de la Ley de Planeación del Estado para que el campo veracruzano cuente con un Programa de Desarrollo Integral y que éste sea de carácter prioritario, a efecto de que el sistema de planeación pueda focalizar las políticas públicas dirigidas a este importante sector.

El legislador dijo que es necesario este Programa Integral ya que ayudaría a que los apoyos productivos, de obra pública, de servicios en vivienda, de educación, de generación de empleo, de comercialización de sus productos, entre otros, tengan un referente específico en un documento de planeación.

Añadió que no puede lograrse una atención integral del campo veracruzano si no se construye un documento de planeación que haga un diagnóstico de las necesidades específicas de este sector de Veracruz e integre las políticas públicas, las líneas estratégicas y programas de acción en una visión única.

El diputado Kuri Kuri enfatizó que este Programa Integral sería un mecanismo de planeación transversal a todas las dependencias del Ejecutivo estatal, que inciden con sus programas en apoyo al campesino de la entidad.

Debemos reconocer que los problemas del campo veracruzano son muy diferentes a los que se presentan en las zonas urbanas de la entidad, señaló Fernando Kuri, quien añadió que reconocer esta diferencia permitirá construir políticas públicas focalizadas, orientará la gestión gubernamental y ayudará a evaluar el impacto que tiene el campo, a partir de los programas de gobierno que se dirigen a este sector de la población.

Al pronunciarse en la tribuna del Congreso del Estado sobre los 10 decretos emitidos recientemente por el Presidente de la República, la diputada María del Rocío Pérez Pérez dijo que esta acción no protege la flora, la fauna y el abasto del vital líquido.

En la décima sesión ordinaria, del Segundo Año de Labores, la presidenta de la Comisión Permanente Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático afirmó que los citados Decretos incluyen un capítulo para concesionar un determinado volumen de agua, por lo que la población mexicana en general se vería afectada por la poca disponibilidad del agua a mediano plazo y las comunidades indígenas en un futuro más cercano.

La legisladora Rocío Pérez dijo que académicos y especialistas en el tema insisten en que esta acción de la Federación busca favorecer a las grandes corporaciones cerveceras, refresqueras, de minería y de fracturación hidráulica (Fracking).

Académicos como el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana, y el investigador del Departamento de Producción Económica, Roberto Constantino Toto expresan los Decretos ponen fin a las vedas del Río Santiago, del Río Ameca, de Costa de Jalisco, de Costa Grande de Guerrero, de Costa Chica de Guerrero, de San Fernando Soto la Marina, Grijalva-Usumacinta; y en Veracruz: al Río Pánuco, Río Papaloapan, Río Actopan y Río Antigua.

Consideró lamentable que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) afirme que los decretos emitidos desde la Federación vayan amortiguar el cambio climático, cuando afecta los otros usos posibles del agua, como los derechos originarios y comunitarios.

Se privilegia la figura de la concesión, por encima de la propiedad pública del agua, concluyó.

Para evitar que las y los jóvenes tomen una mala elección sobre su destino profesional, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el legislador José Roberto Arenas Martínez, de “Juntos por Veracruz”, presentaron la iniciativa que reforma el artículo 109 de la Ley de Educación del Estado para que en las instituciones de educación de nivel medio superior se desarrollen programas idóneos de orientación vocacional, que faciliten a los educandos la valoración de sus habilidades, preferencias, necesidades, aspiraciones, intereses, aptitudes y conocimientos.

En la décima sesión ordinaria del Congreso del Estado, el diputado José Roberto Arenas señaló que su Grupo Legislativo considera indispensable trabajar en la actualización de los sistemas de orientación vocacional y atender las inquietudes de los jóvenes en esa materia.

De esta manera, añadió, debe brindarse a éstos información de calidad y contribuir con ello a su pleno desarrollo, mediante procesos que les permitan su posterior incorporación exitosa a la vida social, en general, y a la laboral, en lo particular, con la mejor herramienta de transformación individual que es el conocimiento.

Enfatizó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo 8 de cada 100 alumnos que comienzan sus estudios en la universidad logran terminarlos, siendo las principales causas de deserción el disgusto o el poco interés en el estudio (37.4 por ciento), y por razones económicas (35.2 por ciento).

Dijo que con una orientación vocacional eficiente se resolverían las dudas de los estudiantes sobre las opciones profesionales y su demanda en el mercado laboral. Asimismo, se fomentaría el autoconocimiento de las aptitudes personales y se proporcionarían informes acerca de las ofertas educativas y programas de estudio de las instituciones de educación superior.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.

El
diputado del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, Ernesto Cuevas Hernández,
presentó el anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo
Federal, para que a través de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), remita al
Congreso de Veracruz información relativa a los impactos
que tendrán los decretos firmados por el Presidente de la República, sobre la
eliminación de vedas, nuevas reservas de agua y su impacto en los núcleos
agrarios de la entidad.

En la sesión, el legislador subrayó
que este Informe deberá privilegiar lo relativo a las cuencas de los ríos
Papaloapan, Pánuco y el de Actopan-La Antigua.

Destacó que en el Congreso local
están obligados a tener información fidedigna que ayude a comprender el alcance
de los decretos en la protección del agua para las siguientes generaciones y el
impacto ambiental que tendrá esta decisión.

Así como conocer si los argumentos,
sobre posibles concesionamientos de los organismos operadores municipales
podrían convertirse, en la práctica, en una privatización que termine elevando
el costo del servicio de agua potable para los usuarios de áreas urbanas y el
desabasto para las áreas rurales.

Dijo que la eliminación de la veda
sobre los acuíferos, la creación de reservas y la extinción de núcleos agrarios
ha generado una gran polémica entre los académicos y organizaciones civiles,
que alertan sobre la posibilidad de que las entidades federativas y los
municipios aprovechen estos decretos para contratar organismos operadores del
agua, lo que virtualmente se convertiría en una privatización del recurso
hídrico.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron la segunda
etapa de dos proyectos de decreto que reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Veracruz, relativas a la comparecencia del
Gobernador ante este Poder y en relación a la autonomía de la Editora de
Gobierno.

En
la décima sesión ordinaria, el Pleno aprobó el Decreto por el cual se establece
que concluida la comparecencia de los
Secretarios de Despacho o equivalentes, el Gobernador comparecerá ante el Pleno
del Congreso para responder a las preguntas que le formulen los Diputados.

Este Dictamen registró 43 votos a favor, sin votos
en contra o abstenciones.

En
la sesión también fue aprobado el Decreto que adiciona la fracción VII al
artículo 67 de la Constitución local que por el cual la Editora de Gobierno publicará todas las disposiciones normativas
de observancia general y demás actos que expidan los Poderes del Estado, las personas
de derecho público con autonomía reconocida por esta Constitución Política, los
ayuntamientos de los municipios del Estado y la administración pública
paramunicipal, a través de la Gaceta Oficial, que será el órgano informativo
del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz.

El Congreso designará al titular de la Editora de
Gobierno, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de
conformidad con el procedimiento que determine la Ley.

El titular de la Editora durará en su encargo cinco
años, no podrá ser reelegido y sólo se le podrá remover por las causas graves que
la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las
causas y conforme a los procedimientos previstos en la Constitución local.

Al
tratarse de reformas constitucionales y al ser aprobadas en el Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones, el Congreso remitirá estos Decretos a los ayuntamientos
para su consideración, de aprobarlo al menos 107 de los 212, este Poder los
declarará aprobados en lo general y serán remitidos a la Gaceta Oficial del
Estado para su publicación y entrada en vigencia.

Este
Dictamen registró 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

La
diputada María Elisa Manterola Sainz anunció que, ante los recientes hechos
delictivos registrados en el municipio
de Martínez de la Torre, solicitará de manera formal al Gobernador del Estado,
Miguel Ángel Yunes Linares, que a través del Grupo de Coordinación Veracruz se
generen las estrategias que permitan revertir el clima de inseguridad en esta
zona.

La
representante del Distrito VII, de Martínez de la Torre, detalló que solicitará
que el Grupo de Coordinación de Veracruz, en el que participan mandos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaría de Marina (SEMAR),
de la Policía Federal (PF), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN) y funcionarios estatales de las corporaciones policiacas, analicen los
índices delictivos y desplieguen acciones, tanto para frenar como para prevenir
estos actos y dar con los responsables, con el fin que enfrenten a la justicia.

La
legisladora señaló que ha estado pendiente de cada uno de los casos de
violencia registrados, sobre los que ha mantenido constante comunicación con el
Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, así como con el secretario
de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, lo que ha dado como resultado algunas
acciones, pero ante la constante de este fenómeno es necesaria la coordinación
y colaboración institucional de las fuerzas federales para una mejor
focalización y resultados más rápidos.

Añadió
que como diputada, como originaria de este municipio, continuará demandando a
las autoridades atiendan el tema de inseguridad, ya que las familias
veracruzanas deben vivir en paz y tranquilas.

Asimismo,
se buscará la coordinación con las autoridades municipales de mi distrito,
destacó, para que coadyuven en las tareas disuasivas y preventivas, Martínez de
la Torre, su gente, tienen derecho a vivir en una ciudad segura.

El
coordinador del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, diputado Fernando Kuri
Kuri, presentó la iniciativa que reforma el inciso D) de la fracción I del
artículo 8 de la Ley de Planeación del Estado para que el campo veracruzano
cuente con un Programa de Desarrollo Integral y que éste sea de carácter
prioritario, a efecto de que el sistema de planeación pueda focalizar las
políticas públicas dirigidas a este importante sector.

El
legislador dijo que es necesario este Programa Integral ya que ayudaría a que
los apoyos productivos, de obra pública, de servicios en vivienda, de
educación, de generación de empleo, de comercialización de sus productos, entre
otros, tengan un referente específico en un documento de planeación.

Añadió
que no puede lograrse una atención integral del campo veracruzano si no se
construye un documento de planeación que haga un diagnóstico de las necesidades
específicas de este sector de Veracruz e integre las políticas públicas, las
líneas estratégicas y programas de acción en una visión única.

El
diputado Kuri Kuri enfatizó que este Programa Integral sería un mecanismo de
planeación transversal a todas las dependencias del Ejecutivo estatal, que
inciden con sus programas en apoyo al campesino de la entidad.

Debemos
reconocer que los problemas del campo veracruzano son muy diferentes a los que
se presentan en las zonas urbanas de la entidad, señaló Fernando Kuri, quien
añadió que reconocer esta diferencia permitirá construir políticas públicas
focalizadas, orientará la gestión gubernamental y ayudará a evaluar el impacto
que tiene el campo, a partir de los programas de gobierno que se dirigen a este
sector de la población.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz con 42 votos a favor
el Dictamen de la nueva Ley para la Atención, Intervención, Protección e
Inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de
Veracruz cuyo objeto es impulsar la plena integración e inclusión educativa,
social y laboral de las personas con este padecimiento en un ambiente libre de
discriminación y con un enfoque especializado e integral, mediante la
protección de sus derechos humanos.

Esta ley contempla
que las personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) puedan solicitar y
tener una evaluación médica, psicológica, psiquiátrica y social, así como un
diagnóstico temprano, preciso, accesible, actualizado y sin prejuicios, de
acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional y Estatal de Salud.

También podrán recibir
consultas clínicas y contar con terapias de habilitación especializadas,
oportunas y eficaces en la red hospitalaria del Estado, entre otras.

De conformidad con la
ley se prevé la creación de una Comisión
Interinstitucional para la

Atención,
Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro
Autista como instancia de carácter permanente del Ejecutivo del Estado, que
tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas en materia de
atención a las personas con TEA se realice de manera coordinada.

Así como garantizar
que la ejecución de los planes, programas, políticas públicas y acciones en
materia de atención a las personas con este padecimiento, sean de manera
efectiva, transversal y multidisciplinaria.

En el Sistema
Educativo Estatal se impulsará, la inclusión de contenidos para el diagnóstico
e intervención del Trastorno del Espectro Autista, en el mapa curricular de la Licenciatura
de

Educación Especial.

Para ello también están
contemplados los “maestros sombras” en cada institución, que garanticen que las
y los infantes reciban atención personalizada que salvaguarde sus derechos
humanos.

En relación a las
sanciones, queda estrictamente prohibido -para la atención y preservación de
los derechos de las personas con TEA y sus familias- rechazar su atención en
clínicas y hospitales del sector público y privado; negar la orientación
necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado, así como actuar con
negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas,
así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre medicación que altere el
grado del trastorno u ordenar internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas,
entre otros.

Este Dictamen es
resultado del análisis de las iniciativas presentadas el 18 de Julio de 2017,
por el Grupo Legislativo del PRI y otra
por parte de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, así como la presentada
el 5 de septiembre de 2017 por la diputada Cinthya Lobato Calderón.

Al
pronunciarse en la tribuna del Congreso del Estado sobre los 10 decretos
emitidos recientemente por el Presidente de la República, la diputada María del
Rocío Pérez Pérez dijo que esta acción no protege la flora, la fauna y el abasto del vital líquido.

En la décima sesión ordinaria, del
Segundo Año de Labores, la presidenta de la Comisión Permanente Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático afirmó que los citados Decretos incluyen
un capítulo para concesionar un determinado volumen de agua, por lo que la
población mexicana en general se vería afectada por la poca disponibilidad del
agua a mediano plazo y las comunidades indígenas en un futuro más cercano.

La legisladora Rocío Pérez dijo que
académicos y especialistas en el tema insisten en que esta acción de la
Federación busca favorecer a las grandes corporaciones cerveceras,
refresqueras, de minería y de fracturación hidráulica (Fracking).

Académicos
como el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de
Investigación para la Sustentabilidad perteneciente a la Universidad Autónoma
Metropolitana, y el investigador del Departamento de Producción Económica,
Roberto Constantino Toto expresan los Decretos ponen fin a las vedas del Río
Santiago, del Río Ameca, de Costa de Jalisco, de Costa Grande de Guerrero, de
Costa Chica de Guerrero, de San Fernando Soto la Marina, Grijalva-Usumacinta; y
en Veracruz: al Río Pánuco, Río Papaloapan, Río Actopan y Río Antigua.

Consideró
lamentable que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) afirme que los
decretos emitidos desde la Federación vayan amortiguar el cambio climático,
cuando afecta los otros usos posibles del agua, como los derechos originarios y
comunitarios.

Se privilegia la figura de la
concesión, por encima de la propiedad pública del agua, concluyó.

Ante
la reincorporación al cargo de los diputados Yazmín de los Ángeles Copete
Zapot, Juan Nicolás Callejas Roldán, Amado Cruz Malpica y Miriam Judith
González Sheridan y el cese en funciones de sus suplentes, la LXIV Legislatura
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que modifica la
integración de las comisiones permanentes de este Poder, quedando de la siguiente
manera:

Administración y
Presupuesto:
diputada Mariana Dunyaska García Rojas, presidenta; diputado Emiliano López
Cruz, secretario y la diputada María Adela Escamilla Moreno, vocal.

Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables: diputado Gregorio Murillo Uscanga,
presidente; Lourdes García González, secretaria y Amado Jesús Cruz Malpica,
vocal.

Desarrollo
Metropolitano:
diputado José Manuel Sánchez Martínez, presidente; Miriam Judith González
Sheridan, secretaria y Sebastián Reyes Arellanos, vocal.

Desarrollo Social,
Humano y Regional: diputada
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, presidenta y Marco
Antonio Núñez López, secretario.

Hacienda Municipal: diputado Rodrigo
García Escalante, presidente; Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, secretaria y
Bingen Rementería Molina, vocal.

Población y Atención
a Migrantes: diputada
Miriam Judith González Sheridan, presidenta; Regina Vázquez Saut, secretaria y
Luisa Ángela Soto Maldonado, vocal.

Trabajo y Previsión
Social: diputado
Juan Manuel del Castillo González, presidente; Mariana Dunyaska García Rojas,
secretaria y Amado Jesús Cruz Malpica, vocal.

Transparencia, Acceso
a la Información y Parlamento Abierto: diputada Daniela Griego Ceballos, presidenta;
Cinthya Lobato Calderón, secretaria y Juan Nicolás Callejas Roldán, vocal.

Vigilancia: Juan Manuel de Unánue
Abascal, presidente; Fernando Kuri Kuri, secretario y José Manuel Sánchez
Martínez, Judith Pineda Andrade, Lourdes García González, Juan Manuel del
Castillo González, Bingen Rementería Molina, Rodrigo García Escalante, Yazmín
Copete Zapot, María del Rocío Pérez Pérez, Juan Nicolás Callejas Roldán, Marco
Antonio Núñez López, María Adela Escamilla Moreno, Daniela Griego Ceballos y
Carlos Antonio Morales Guevara, vocales.

El
diputado Isaías Pliego Mancilla, del Grupo Legislativo de MORENA, presentó un
anteproyecto con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo
a fin que gire instrucciones a los titulares de las Secretarías de Salud (SS) y
Medio Ambiente (SEDEMA), con el objetivo de realizar campañas de salud y
saneamiento de los ríos Xilontla y Xalatla, pertenecientes al Municipio de
Ixhuacán de los Reyes, ya que están siento contaminados por la descarga de
aguas negras.

En
tribuna, el legislador indicó que el 9 de septiembre del 2008, los habitantes
de la comunidad de “Barranca Grande”, sufrieron un derrumbe y deslave de los
cerros que rodean dicha comunidad, por lo que fueron reubicados, formando dos nuevas
comunidades, a las que denominaron “Barranca Nueva” y “Nueva Villa”
pertenecientes al municipio de Ixhuacán de los Reyes.

Agregó que debido a la falta de una planta de tratamiento
se ha ocasionado que el desfogue de aguas negras sean vertidas en los ríos antes
mencionados, provocando una alta contaminación ambiental, causando daños a la
flora y fauna; así como la proliferación de enfermedades a los habitantes
asentados en las márgenes de ambos ríos.

Por
lo que el diputado Isaías Pliego solicita la pronta intervención de las Secretarías
de Salud y Medio Ambiente para revertir esta situación.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y
dictamen correspondiente.

El
diputado Rogelio Arturo Rodríguez García, del Grupo Legislativo de MORENA en el
Congreso del Estado, presentó un anteproyecto con punto de acuerdo para exhortar
al presidente municipal de Orizaba, Igor Fidel Roji López, a que ordene la suspensión temporal, del servicio público
municipal, del Director de Gobernación, Juan Ramón Herebia Hernández, hasta en
tanto sea resuelto un acto jurídico que este servidor público tiene en contra.

Dicha
suspensión será en tanto se lleva a cabo la investigación derivada de la
denuncia presentada por Oliver Coronado Paz, periodista independiente de
Orizaba, por la presunta privación
ilegal de su libertad, ejecutada por policías municipales de esa ciudad, por
órdenes del Director de Gobernación.

En
tribuna, el legislador señaló que el Director de Gobernación municipal, Juan
Ramón Herebia, instruyó a los policías interceptar al periodista antes citado,
-sin importar faltarle a sus garantías y derechos humanos- por la única razón
de la toma de fotografías a un establecimiento comercial.

El
diputado Rodríguez García indicó que la Comisión Estatal de Atención y
Protección a Periodistas (CEAPP), actualmente ha otorgado el apoyo al
periodista, ya que el gobierno de Orizaba desconoce lo ocurrido.

El
anteproyecto se turnó a la Junta de Coordinación Política para su estudio y
dictamen correspondiente.

La diputada Cinthya Lobato Calderón, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado, con la finalidad de armonizar la Ley e integrar las atribuciones de los Institutos Municipales de Planeación.

La legisladora Lobato Calderón, señaló que los Planes Municipales ayudan a construir gobiernos fuertes y consolidados, capaces de detonar el desarrollo, de enfrentar los nuevos desafíos de la actualidad, como lo son el combate a la pobreza, la inseguridad, la contaminación del medio ambiente, el cambio climático y el aumento de las demandas sociales.

La diputada consideró necesario dotar a los municipios de mayores capacidades para planear su propio desarrollo, y la iniciativa contempla que en el primer año de ejercicio constitucional, los ayuntamientos sometan a la aprobación del Cabildo las actualizaciones de sus planes municipales de desarrollo vigentes, para su publicación, en un plazo no mayor a 45 días, contados a partir de la fecha de su toma de posesión.

Además, antes tendrían que publicarse las actualizaciones en la Gaceta Oficial del Estado y remitirse al Congreso del Estado para los efectos de Ley.

Ante la reincorporación al cargo de los diputados Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Juan Nicolás Callejas Roldán, Amado Cruz Malpica y Miriam Judith González Sheridan y el cese en funciones de sus suplentes, la LXIV Legislatura aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que modifica la integración de las comisiones permanentes de este Poder, quedando de la siguiente manera:

Administración y Presupuesto: diputada Mariana Dunyaska García Rojas, presidenta; diputado Emiliano López Cruz, secretario y la diputada María Adela Escamilla Moreno, vocal.

Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables: diputado Gregorio Murillo Uscanga, presidente; Lourdes García González, secretaria y Amado Jesús Cruz Malpica, vocal.

Desarrollo Metropolitano: diputado José Manuel Sánchez Martínez, presidente; Miriam Judith González Sheridan, secretaria y Sebastián Reyes Arellanos, vocal.

Desarrollo Social, Humano y Regional: diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, presidenta y Marco Antonio Núñez López, secretario.

Hacienda Municipal: diputado Rodrigo García Escalante, presidente; Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, secretaria y Bingen Rementería Molina, vocal.

Población y Atención a Migrantes: diputada Miriam Judith González Sheridan, presidenta; Regina Vázquez Saut, secretaria y Luisa Ángela Soto Maldonado, vocal.

Trabajo y Previsión Social: diputado Juan Manuel del Castillo González, presidente; Mariana Dunyaska García Rojas, secretaria y Amado Jesús Cruz Malpica, vocal.

Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto: diputada Daniela Griego Ceballos, presidenta; Cinthya Lobato Calderón, secretaria y Juan Nicolás Callejas Roldán, vocal.

Vigilancia: Juan Manuel de Unánue Abascal, presidente; Fernando Kuri Kuri, secretario y José Manuel Sánchez Martínez, Judith Pineda Andrade, Lourdes García González, Juan

Manuel del Castillo González, Bingen Rementería Molina, Rodrigo García Escalante, Yazmín Copete Zapot, María del Rocío Pérez Pérez, Juan Nicolás Callejas Roldán, Marco Antonio Núñez López, María Adela Escamilla Moreno, Daniela Griego Ceballos y Carlos Antonio Morales Guevara, vocales.

El diputado Bingen Rementería Molina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Financiero para Veracruz, con el que se busca establecer que la recaudación total del impuesto del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (Impuesto a la Nómina) sea destinado al financiamiento de obra pública.

En su participación, el legislador señaló que el Impuesto a la Nómina se desvirtuó del fin para el que fue creado, que era apoyar a la infraestructura y así generar obra pública, en la cual empresas veracruzanas pudieran participar.

No obstante, los ingresos de este gravamen se destinaron exclusivamente al pago de deuda pública y saneamiento financiero, “esto es, comenzaron a utilizarlo como la caja chica de la administración pública pasada, sujeto a todo tipo de opacidad” enfatizó el legislador.

La iniciativa garantizaría que se incorpore nuevamente que la recaudación total del citado impuesto, se destine para el financiamiento de obra pública, pues no solo resulta una demanda de todos los veracruzanos, sino es necesario para la correcta ejecución del gasto público, pues no debe olvidarse que las autoridades correspondientes, en el ámbito de sus atribuciones, deben cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad y transparencia de los recursos, finalizó.

La diputada del Grupo Legislativo de MORENA, en el Congreso de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado para el impulso de acciones encaminadas a un estilo de vida saludable, basada en la alimentación saludable, activación física y el cese de los hábitos de consumo de tabaco y alcohol.

En la décima sesión ordinaria, la diputada propone incluir en la ley de salud que “estilos de vida saludable” serían el conjunto de actividades y elecciones conscientes que una persona, pueblo, grupo social y familia realiza adiario con determinada frecuencia para prevenir y conservar su salud; y que depende de sus necesidades, posibilidades económicas, entre otros factores.

Estas actividades de prevención se planearán enfocadas a establecer un estilo de vida saludable en la población, como prevención general de las enfermedades no transmisibles, con excepción de los casos especiales que requieran especificaciones más puntuales, señala la iniciativa.

La legisladora Osorno Maldonado expuso que el Gobierno de Veracruz debe asumir la posición de emprender todas las acciones necesarias para que las elecciones de la población sean mucho más sencillas y faciliten la adquisición de hábitos y estilos de vida que preserven su salud.

Dijo que otras de las metas prioritarias que abonan a la sanidad pública es corregir las desigualdades sanitarias y las limitaciones que las personas tienen para el acceso a los servicios de salud.

Recordó que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), recopilan que en 2016 en Veracruz murieron 9 mil 172 personas por Diabetes Mellitus Tipo II, lo que representa que cada día se perdió la vida de 25 mujeres y hombres por esta enfermedad.

La diputada independiente, Miriam Judith González Sheridan, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, con la finalidad de que las comisiones permanentes y especiales elaboren un informe anual de actividades, que permita conocer de manera precisa y detallada el trabajo que llevaron a cabo durante el periodo.

La legisladora señaló que será obligación de las comisiones permanentes y especiales publicar, con 24 horas de anticipación, las convocatorias, orden del día y documentos de apoyo de cada sesión.

Entre mejores y más efectivos sean los mecanismos de control de poder y de rendición de cuentas, y entre mayor sea la participación ciudadana en este proceso, más sólida puede considerarse la calidad de la democracia en un sistema político, indicó González Sheridan.

Dijo que la iniciativa es creada con el objeto de transparentar el quehacer legislativo, por lo que se propone crear el Plan Anual de Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales; que deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes al término de cada año legislativo.

Con excepción del último informe del ejercicio constitucional de la Legislatura que corresponda, el cual deberá entregarse dentro de los últimos 30 días antes de que finalice la misma.

El programa anual contendrá, por lo menos, los siguientes apartados: introducción, fundamento legal, misión, visión, nombres de los diputados integrantes de la Comisión, objetivos, acciones y cronograma tentativo de actividades.

Además se propone que sean Planes públicos a través del Portal Oficial del Congreso dentro de las 48 horas siguientes de haberse entregado en Presidencia.

El diputado independiente, de la LXIV Legislatura de Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés, presentó la iniciativa de Decreto que reformaría diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado para establecer los requisitos para quienes aspiren a los cargos, tanto para ediles o gobernador, con el propósito de prohibir las candidaturas cuyos cargos a suceder estén ocupados por un familiar.

En la décima sesión ordinaria, el diputado Rodríguez Cortés plantea incluir en la Constitución la disposición relativa a que el candidato a los cargos antes citados, no deberá tener parentesco, por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado, con el edil o con el gobernador en funciones.

Dijo que estados como Oaxaca y Chiapas ya han legislador al respecto y tocaría el turno a Veracruz, para evitar que se sigan presentando estos casos contrarios al camino democrático que México ha tomado.

“No nos oponemos a que un ciudadano proveniente de una familia de políticos compita electoralmente, pero sí cuando tiene una ventaja evidente, un conflicto de interés, al tener a un familiar cercano en el poder” citó el legislador.

Enfatizó que es tiempo de que, al amparo de la corriente democrática que impulsa al país, se empiecen a hacer cambios sustantivos, para que no vuelvan a presentarse candidatos, que en los hechos son apoyados desde la esfera del poder para mantener el control político de un municipio, entidad federativa o del país.

En la sesión, el diputado Sergio Rodríguez también presentó la iniciativa ante el Congreso de la Unión que pretende modificar la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para señalar que en ningún caso un ciudadano podrá registrarse como candidato si tiene una relación de parentesco, por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado, a suceder al Presidente de la República, Gobernador o Presidente Municipal.

Como una medida de prevención, en relación al uso de los recursos públicos, la diputada, Lourdes García González, presentó la iniciativa que reforma el artículo 38 Bis de la Ley 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para que, al existir una solicitud de autorización para la contratación de empréstitos, la Comisión de Hacienda Municipal solicite al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), realice diagnósticos, informes y registros, sobre el nivel de endeudamiento y capacidades de pago de los entes fiscalizables municipales.

Lo anterior, sin perjuicio del principio de posterioridad, así como de las facultades otorgadas a la Secretaria de Fiscalización del Congreso del Estado.

En la décima sesión ordinaria, la integrante del Grupo Legislativo de MORENA subrayó que la solicitud de la Comisión de Hacienda Municipal tendría que hacerse a través de la Comisión de Vigilancia, ambas del Congreso local.

Subrayó que esta propuesta legislativa tiene como propósito que las autoridades competentes prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción así como para llevar a cabo la fiscalización y el control de recursos públicos.

Agregó que la sociedad no solamente tiene la posibilidad de saber qué hacen los gobiernos, sino también tiene el poder de solicitar que le expliquen acerca de las decisiones que toman. De esta manera, se asume a la transparencia como un componente esencial para la rendición de cuentas.

El 2 de octubre de 2017 inició en Veracruz una nueva etapa, al promulgarse la reforma constitucional local en materia de combate a la corrupción, la cual contempla nuevas atribuciones al ORFIS, indicó la legisladora, quien añadió que esta acción vendrá a reforzar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Para su estudio y dictamen, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia.

El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el legislador José Roberto Arenas Martínez, del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, presentaron la iniciativa que reforma diversas disposiciones a los artículos 33 y 41 de la Constitución Política del Estado para establecer las facultades que tiene el Congreso del Estado para designar a los vecinos que conformarán un Concejo Municipal, para convocar a elecciones extraordinarias y las disposiciones para suplir en caso de ausencia del diputado propietario y suplente.

La iniciativa busca establecer, dentro de las atribuciones conferidas al Congreso del Estado, la de convocar a elecciones extraordinarias en los Ayuntamientos, en el supuesto de que se hubiere declarado la nulidad, o no se hubiere hecho la declaración de validez respectiva, el día último del mes de diciembre inmediato a la elección correspondiente.

De igual forma se plantea que será facultad del Congreso designar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre los vecinos de un municipio, a los que integrarán un concejo municipal. Éste se conformará con un número de concejales idéntico al de ediles que corresponderían al Ayuntamiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley.

En otro sentido y en caso que ocurriere la falta de los diputados, propietario y suplente, elegidos por el principio de representación proporcional, el Congreso podría llamar, en cualquier momento, al siguiente en el orden que corresponda, según las listas presentadas por los partidos políticos.

Lo anterior, en aras que este Poder actúe como lo mandata la Constitución y así se evitaría vacancias en el lapso de una legislatura, tratándose de los diputados llamados plurinominales.

Esta iniciativa busca mantener y consolidar la supremacía constitucional antes descrita, ya sea subsanando vacíos jurídicos que doten de sistematicidad y dirección al sistema legal veracruzano o, bien, para incorporar disposiciones que sólo aparecen reguladas en la legislación ordinaria, esto es, sin un fundamento normativo jerárquicamente superior.

Para
evitar que las y los jóvenes tomen una mala elección sobre su destino profesional, el Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y el legislador José Roberto Arenas
Martínez, de “Juntos por Veracruz”, presentaron la iniciativa que reforma el
artículo 109 de la Ley de Educación del Estado para que en las instituciones de
educación de nivel medio superior se desarrollen programas idóneos de
orientación vocacional, que faciliten a los educandos la valoración de sus
habilidades, preferencias, necesidades, aspiraciones, intereses, aptitudes
y conocimientos.

En la décima sesión ordinaria del
Congreso del Estado, el diputado José Roberto Arenas señaló que su Grupo
Legislativo considera indispensable trabajar en la actualización de los
sistemas de orientación vocacional y atender las inquietudes de los jóvenes en
esa materia.

De esta manera, añadió, debe
brindarse a éstos información de calidad y contribuir con ello a su pleno
desarrollo, mediante procesos que les permitan su posterior incorporación
exitosa a la vida social, en general, y a la laboral, en lo particular,
con la mejor herramienta de transformación individual que es el conocimiento.

Enfatizó que según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo 8 de cada 100
alumnos que comienzan sus estudios en la universidad logran terminarlos, siendo
las principales causas de deserción el disgusto o el poco interés en el estudio
(37.4 por ciento), y por razones
económicas (35.2 por ciento).

Dijo que con una orientación
vocacional eficiente se resolverían las dudas de los estudiantes sobre las
opciones profesionales y su demanda en el
mercado laboral. Asimismo, se fomentaría el autoconocimiento de las
aptitudes personales y se proporcionarían informes acerca de las ofertas
educativas y programas de estudio de las instituciones de educación superior.

Esta iniciativa fue turnada para su
análisis y dictamen a la Comisión
Permanente de Educación y Cultura.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud de la entidad, teniendo como objetivo crear programas, tanto para la atención de víctimas y victimarios de acoso o violencia escolar, como para concientización y tratamiento psicológico integral a los infantes.

En tribuna, la legisladora abundó que el acoso escolar es una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima y según un estudio realizado en 2009 por la UNICEF, reveló que el 92 por ciento de las niñas, niños y adolescentes encuestados reportaron haber sufrido algún tipo de violencia escolar por parte de sus compañeros.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar internacional en casos de acoso escolar en educación básica, con una afectación a más de 18.5 millones de alumnos de primaria y secundaria, en los ámbitos públicos y privados de la educación.

García Rojas, dijo que según datos de la Secretaria de Educación Pública en este 2018, Veracruz es el Estado donde más casos de acoso escolar se registran, entre los años de 2015 y 2016, fueron denunciados más de 86 casos de bullying ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Elmayor número de quejas provienen de estudiantesde Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Papantla,Veracruz, Pánuco, Xalapa, Boca del Río y Medellín.

Por ello, la iniciativa contempla que el Sistema Estatal de Salud sea el encargado de promover la creación de programas integrales para la atención de víctimasy victimarios de acoso y violencia escolar, en coordinación con las autoridades educativas con la intención de erradicar el acoso escolar en la entidad.

El diputado del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Kirsch Sánchez, presentó una iniciativa de reforma al artículo 76 Bis de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que tiene como objetivo sancionar administrativamente a aquellos representantes de elección popular, que en sus funciones incumplan con los compromisos y promesas hechas en campaña previa a su elección, siempre y cuando dicho incumplimiento sea inherente a ellos.

Las sanciones que se harían acreedores consistirían en amonestaciones, suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

En la tribuna, el legislador José Kirsch dijo que es necesario sancionar a quienes defrauden a los electores, “aquellos que practican la demagogia en las campañas electorales, lucrando y creando falsas expectativas, por lo cual proponga que no puedan ejercer cualquier desempeño laboral en los diferentes niveles de gobierno”, añadió.

Subrayó que el incumplimiento de las promesas y compromisos de campaña de aquellos candidatos que ganaron la elección, no sólo lastima la credibilidad en la política, sino que debilita el estado de derecho y se pierde la fe en las instituciones.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente.

-Propone libre decisión de usuarios de salud y exclusión de responsabilidad penal al prestador de los servicios-

El diputado José Kirsch, también, presentó la iniciativa que busca reformar el artículo 47 de la Ley de Salud del Estado para que el usuario de los servicios de salud pueda decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos.

De igual forma, cuando exista consentimiento informado y aceptado, mediante firma por parte del usuario o por los familiares, de los riesgos que conlleva determinado tratamiento médico o intervención quirúrgica y éstos se lleven a cabo en estricto apego a las Normas Oficiales Mexicanas, se excluirá de responsabilidad penal al prestador de los servicios de salud.

El legislador propone establecer que, en caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal; en caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

En tribuna, Kirsch Sánchez, refirió que según informes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el año 2016, ésta recibió alrededor de dos mil acusaciones por parte de pacientes que se quejaron por malas prácticas médicas.

El
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el
legislador José Roberto Arenas Martínez, del Grupo Legislativo Juntos por
Veracruz, presentaron la iniciativa que reforma diversas disposiciones a los
artículos 33 y 41 de la Constitución Política del Estado para establecer las
facultades que tiene el Congreso del Estado para designar a los vecinos que
conformarán un Concejo Municipal, para convocar a elecciones extraordinarias y
las disposiciones para suplir en caso de ausencia del diputado propietario y
suplente.

La
iniciativa busca establecer, dentro de las atribuciones conferidas al Congreso
del Estado, la de convocar a elecciones extraordinarias en los Ayuntamientos, en el supuesto de que se hubiere
declarado la nulidad, o no se hubiere hecho la declaración de validez
respectiva, el día último del mes de diciembre inmediato a la elección
correspondiente.

De igual forma se
plantea que será facultad del Congreso designar, con la aprobación de las dos
terceras partes de sus integrantes, de entre los vecinos de un municipio, a los
que integrarán un concejo municipal. Éste se conformará con un número de
concejales idéntico al de ediles que corresponderían al Ayuntamiento de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley.

En otro sentido y
en caso que ocurriere la falta de los diputados, propietario y suplente,
elegidos por el principio de representación proporcional, el Congreso podría
llamar, en cualquier momento, al siguiente en el orden que corresponda, según
las listas presentadas por los partidos políticos.

Lo anterior, en
aras que este Poder actúe como lo mandata la Constitución y así se evitaría
vacancias en el lapso de una legislatura, tratándose de los diputados llamados
plurinominales.

Esta iniciativa busca
mantener y consolidar la supremacía constitucional antes descrita, ya sea
subsanando vacíos jurídicos que doten de sistematicidad y dirección al sistema
legal veracruzano o, bien, para incorporar disposiciones que sólo aparecen
reguladas en la legislación ordinaria, esto es, sin un fundamento normativo
jerárquicamente superior.

La diputada
independiente, Miriam Judith González Sheridan, presentó una iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno Interior del
mismo, con la finalidad de que las comisiones permanentes y especiales elaboren
un informe anual de actividades, que permita conocer de manera precisa y
detallada el trabajo que llevaron a cabo durante el periodo.

La
legisladora señaló que será obligación de las comisiones permanentes y
especiales publicar, con 24 horas de anticipación, las convocatorias, orden del
día y documentos de apoyo de cada sesión.

Entre mejores y más
efectivos sean los mecanismos de control de poder y de rendición de cuentas, y
entre mayor sea la participación ciudadana en este proceso, más sólida puede
considerarse la calidad de la democracia en un sistema político, indicó
González Sheridan.

Dijo que la
iniciativa es creada con el objeto de transparentar el quehacer legislativo,
por lo que se propone crear el Plan Anual de Trabajo de las Comisiones Permanentes
y Especiales; que deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes al
término de cada año legislativo.

Con excepción del
último informe del ejercicio constitucional de la Legislatura que corresponda,
el cual deberá entregarse dentro de los últimos 30 días antes de que finalice
la misma.

El programa anual contendrá,
por lo menos, los siguientes apartados: introducción, fundamento legal, misión,
visión, nombres de los diputados integrantes de la Comisión, objetivos,
acciones y cronograma tentativo de actividades.

Además se propone que sean Planes públicos
a través del Portal Oficial del Congreso dentro de las 48 horas siguientes de
haberse entregado en Presidencia.

El diputado Bingen Rementería
Molina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN)
presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones
del Código Financiero para Veracruz, con el que se busca establecer que la
recaudación total del impuesto del Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal (Impuesto a la Nómina) sea destinado al
financiamiento de obra pública.

En
su participación, el legislador señaló que el Impuesto a la Nómina se desvirtuó del fin para
el que fue creado, que era apoyar a la infraestructura y así generar obra pública,
en la cual empresas veracruzanas pudieran participar.

No
obstante, los ingresos de este gravamen se
destinaron exclusivamente al pago de deuda pública y saneamiento
financiero, “esto es, comenzaron a utilizarlo como la caja chica de la administración
pública pasada, sujeto a todo tipo de opacidad” enfatizó el legislador.

La
iniciativa garantizaría que se incorpore nuevamente que la recaudación total
del citado impuesto, se destine para el financiamiento de obra pública, pues no
solo resulta una demanda de todos los veracruzanos, sino es necesario para la
correcta ejecución del gasto público, pues no debe olvidarse que las
autoridades correspondientes, en el ámbito de sus atribuciones, deben cumplir
con los principios de eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad y
transparencia de los recursos, finalizó.

La
diputada Cinthya Lobato Calderón, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa con proyecto de decreto que
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación del
Estado, con la finalidad de armonizar la Ley e integrar las atribuciones de los
Institutos Municipales de Planeación.

La legisladora Lobato
Calderón, señaló que los Planes Municipales ayudan a construir gobiernos
fuertes y consolidados, capaces de detonar el desarrollo, de enfrentar los
nuevos desafíos de la actualidad, como lo son el combate a la pobreza, la
inseguridad, la contaminación del medio ambiente, el cambio climático y el
aumento de las demandas sociales.

La diputada consideró
necesario dotar a los municipios de mayores capacidades para planear su propio
desarrollo, y la iniciativa contempla que en el primer año de ejercicio
constitucional, los ayuntamientos sometan a la aprobación del Cabildo las
actualizaciones de sus planes municipales de desarrollo vigentes, para su
publicación, en un plazo no mayor a 45 días, contados a partir de la fecha de
su toma de posesión.

Además, antes tendrían
que publicarse las actualizaciones en la Gaceta Oficial del Estado y remitirse al Congreso del Estado para los efectos de Ley.

El
diputado independiente, de la LXIV Legislatura de Veracruz, Sergio Rodríguez
Cortés, presentó la iniciativa de Decreto que reformaría diversas disposiciones
de la Constitución Política del Estado para establecer los requisitos para
quienes aspiren a los cargos, tanto para ediles o gobernador, con el propósito
de prohibir las candidaturas cuyos cargos a suceder estén ocupados por un
familiar.

En
la décima sesión ordinaria, el diputado Rodríguez Cortés plantea incluir en la
Constitución la disposición relativa a que el candidato a los cargos antes citados,
no deberá tener parentesco, por
afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado, con el edil o con el
gobernador en funciones.

Dijo que estados como Oaxaca y Chiapas ya han
legislador al respecto y tocaría el turno a Veracruz, para evitar que se sigan
presentando estos casos contrarios al camino democrático que México ha tomado.

“No
nos oponemos a que un ciudadano proveniente de una familia de políticos compita
electoralmente, pero sí cuando tiene una ventaja evidente, un conflicto de
interés, al tener a un familiar cercano en el poder” citó el legislador.

Enfatizó
que es tiempo de que, al amparo de la corriente democrática que impulsa al
país, se empiecen a hacer cambios sustantivos, para que no vuelvan a
presentarse candidatos, que en los hechos son apoyados desde la esfera del
poder para mantener el control político de un municipio, entidad federativa o
del país.

En
la sesión, el diputado Sergio Rodríguez también presentó la iniciativa ante el
Congreso de la Unión que pretende modificar la fracción II del artículo 35 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para señalar que en ningún caso un ciudadano podrá registrarse
como candidato si tiene una relación de parentesco, por afinidad o
consanguinidad hasta el cuarto grado, a suceder al Presidente de la República,
Gobernador o Presidente Municipal.

La naturaleza nos da lecciones y nos ayuda a valorar
nuestro pasado, sus costumbres, los tradicionales medios de comunicación, como
la correspondencia escrita, y es ella, la que motiva, inspira y da nombre a la
exposición pictórica de Hernán Abel Fuenzalida Cruz, Las Cartas, montada e
inaugurada en los espacios del Palacio Legislativo, sede del Congreso del
Estado de Veracruz.

Chile, país de donde es originario el artista
plástico, ha vivido sismos y maremotos, que han ocasionado que los actuales
sistemas de comunicación, en esas etapas, se vean afectados, dejando, se podría
pensar, incomunicados a los habitantes de ese largo país, reflexiona Fuenzalida
Cruz; lo que los ha obligado a repensar en Las Cartas, como un eficaz y en
desuso medio de intercambio de sentimientos, estados de ánimo, noticias y
trámites de toda índole.

Llevado por esta necesidad de expresar la
importancia de la correspondencia, del papel en el que se plasma, el pintor
chileno, a través de 19 óleos, sobre tela, nos invita a repensar en ello, y nos
comparte en sus lienzos los colores de su tierra, su manera de interpretar Las
Cartas, que lo mismo son aves, aviones, que barquitos en la mar, sobre diversos
paisajes y protagonistas de los mismos.

Hernán
Abel Fuenzalida Cruz estudió Bellas Artes en la Universidad de Chile, e
ingeniería; ha presentado sus obras pictóricas, su arte, en Japón, España y
México, con especial interés en esta ciudad de Xalapa, de la que señala:
destaca por su actividad artística y variedad de expresiones plásticas.

Como
una medida de prevención, en relación al uso de los recursos públicos, la
diputada, Lourdes García González, presentó la iniciativa que reforma el
artículo 38 Bis de la Ley 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
del Estado para que, al existir una solicitud de autorización para la
contratación de empréstitos, la Comisión de Hacienda Municipal solicite al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), realice diagnósticos,
informes y registros, sobre el nivel de endeudamiento y capacidades de pago de
los entes fiscalizables municipales.

Lo
anterior, sin perjuicio del principio de posterioridad, así como de las
facultades otorgadas a la Secretaria de Fiscalización del Congreso del Estado.

En
la décima sesión ordinaria, la integrante del Grupo Legislativo de MORENA
subrayó que la solicitud de la Comisión de Hacienda Municipal tendría que
hacerse a través de la Comisión de Vigilancia, ambas del Congreso local.

Subrayó
que esta propuesta legislativa tiene como propósito que las autoridades
competentes prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas
administrativas y los hechos de corrupción así como para llevar a cabo la
fiscalización y el control de recursos públicos.

Agregó
que la sociedad no solamente tiene la posibilidad de saber qué hacen los
gobiernos, sino también tiene el poder de solicitar que le expliquen acerca de
las decisiones que toman. De esta manera, se asume a la transparencia como un
componente esencial para la rendición de cuentas.

El
2 de octubre de 2017 inició en Veracruz una nueva etapa, al promulgarse la
reforma constitucional local en materia de combate a la corrupción, la cual
contempla nuevas atribuciones al ORFIS, indicó la legisladora, quien añadió que
esta acción vendrá a reforzar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Para
su estudio y dictamen, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de
Vigilancia.

La diputada Mariana
Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), presentó una iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones a
la Ley de Salud de la entidad, teniendo como objetivo crear programas, tanto
para la atención de víctimas y victimarios de acoso o
violencia escolar, como para concientización y tratamiento psicológico integral
a los infantes.

En tribuna, la
legisladora abundó que el acoso escolar es una repetición continuada de las
burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima y según
un estudio realizado en 2009 por la UNICEF, reveló que el 92 por ciento de las
niñas, niños y adolescentes encuestados reportaron haber sufrido algún tipo de
violencia escolar por parte de sus compañeros.

De acuerdo con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el
primer lugar internacional en casos de acoso escolar en educación básica, con
una afectación a más de 18.5 millones de alumnos de primaria y secundaria, en
los ámbitos públicos y privados de la educación.

García Rojas, dijo
que según datos de la Secretaria de Educación Pública en este 2018, Veracruz es
el Estado donde más casos de acoso escolar se registran, entre los años de 2015 y 2016, fueron denunciados
más de 86 casos de bullying ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Elmayor número de quejas provienen de estudiantesde Acayucan, Coatzacoalcos,
Córdoba, Papantla,Veracruz, Pánuco, Xalapa, Boca del Río y Medellín.

Por ello, la
iniciativa contempla que el Sistema Estatal de Salud sea el encargado de promover
la creación de programas integrales para la atención de víctimasy victimarios
de acoso y violencia escolar, en coordinación con las autoridades educativas
con la intención de erradicar el acoso escolar en la entidad.

Para
concluir la base cuarta de la convocatoria para la elección del titular de la
Contraloría General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), del Estado de
Veracruz, la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos
Electorales del Congreso del Estado, presidida por el diputado Sebastián Reyes
Arellano, realizó la entrevista del aspirante Raúl Aurelio Hernández Baltazar y
con ello se cumplió y garantizó su derecho de audiencia.

Conforme
a la convocatoria, la Comisión antes citada elaborará un Informe de las
entrevistas llevadas a cabo y lo remitirá a la Junta de Coordinación Política
para el trámite conducente.