El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen de Decreto que
reforma el título tercero, capítulo VII de la Ley de Salud del Estado por el
cual se garantizarán los servicios de salud mental ofrecidos por la Secretaría
de Salud (SS), de la entidad, de forma adecuada, con calidad, calidez y
profesionalismo a toda aquella persona que así lo requiera.

Este
Dictamen -resultado de la iniciativa que presentó el 23 de abril de este año el
diputado José Kirsch Sánchez- señala que esta reforma es de vital importancia
ya que brindará certidumbre jurídica al desarrollo de los proyectos necesarios
que permitan mejorar la calidad de salud mental de los veracruzanos,
transformando el sistema psiquiátrico tradicional a una nueva visión de
atención.

De
esta manera, se modificó la Ley para establecer que la salud mental es el estado
completo de bienestar mental, emocional y social y no sólo la ausencia de
trastornos mentales, en donde el individuo es consciente de sus propias
capacidades, es capaz de realizarse intelectual y emocionalmente, puede
afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva
y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

La
estructura del Sistema de Salud Mental dispondrá de tres niveles de atención:
la prevención de la enfermedad, para lo cual se podrá generar mediante la
difusión de información sobre la salud mental, diagnóstico y tratamiento
oportuno; Estadía Hospitalaria Breve, en la que se le ofrezca al paciente
atención integral a usuarios en momentos de crisis y la Reintegración Social,
la cual implica la integración del usuario al medio que pertenece a través del
fomento de estructuras dentro de la comunidad que apoyen al usuario en su
proceso de integración social.

Se
reconocen como derechos fundamentales de todas las personas que padezcan
trastornos mentales, trastornos de conducta y adicciones, los establecidos por
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Instrumentos y
Tratados Internacionales de los que México sea Estado Parte; la Ley General de
las Personas con Discapacidad; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y las demás aplicables.

La
prevención de las enfermedades mentales tiene carácter prioritario, se basará
en el conocimiento de los factores que afecten la salud mental, las causas de
las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de
enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud
mental.

Las
instituciones y organizaciones prestadoras de servicios de salud públicas y
privadas deberán disponer de los recursos necesarios para brindar atención
primaria de salud mental, a la población bajo su responsabilidad.

Las
instituciones del Sistema Estatal de Salud que prestan servicios de salud
mental, en especial las destinadas al internamiento de las personas con
trastornos mentales y adicciones, deberán apegarse a las normas establecidas
para este fin.

Todas
las instituciones de salud mental públicas, privadas y asistenciales serán
inspeccionadas regularmente por las autoridades competentes de acuerdo con la
normatividad y reglamentación que para tal efecto la Secretaría de Salud
establezca y con la colaboración técnica de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales vinculadas a la promoción y protección de los derechos de las
personas con trastornos mentales.

Este
Decreto registró 42 votos a favor de diputadas y diputados de los grupos
legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz, así como legisladores
independientes y de los diputados de Nueva Alianza y PVEM. No se registraron
votos en contra o abstenciones.

El diputado del Distrito II de Tantoyuca, Manuel Francisco Martínez Martínez, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto para solicitar al Gobierno Federal y a Petróleos Mexicanos (PEMEX), dar mantenimiento a sus instalaciones en la entidad y para que, a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), liquide sus compromisos ambientales, específicamente en la zona petrolera de Chicontepec.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó que PACMA opera mediante la implementación de obras y acciones, denominadas PROA´S, que permiten dotar de Infraestructura, servicios y proyectos de corto, mediano y largo plazo, a las comunidades petroleras, en cualquiera de los siguientes rubros: infraestructura, seguridad, educación y deporte, salud, equidad, proyectos productivos y protección al medio ambiente.

En su exposición ante el Pleno, el diputado detalló que se sabe que desde 1978 Chicontepec posee un amplio recurso geológico de hidrocarburos, que constituye una de las mayores acumulaciones en América. Sin embargo –añadió- dadas las complejas características geológicas, su explotación puede ser difícil y costosa, comparada con los grandes yacimientos en el sureste del país.

Agregó que Chicontepec se ubicó como uno de los tres proyectos principales de inversión de PEMEX entre 2009 y 2014, rondando los 21 mil millones de pesos por año.

PEMEX dejó de perforar nuevos pozos en Chicontepec a partir de 2014 y comenzó incluso a cerrar algunos, indicó el legislador, quien añadió que la petrolera no abandona Chicontepec pese al fuerte recorte de presupuesto en este proyecto, que cayó de 18 mil 900 millones de pesos en 2014, a los 3 mil 340 millones de pesos en 2016.

Expuso que por Veracruz atraviesan poco más de 14 mil kilómetros de ductos y que, de acuerdo con actas del Consejo de Administración de PEMEX, más de 7 mil 600 kilómetros de esos ductos han sido clasificados como «críticos» por el estado en que se encuentran.

Lo anterior, enfatizó el diputado Manuel Francisco, resulta incomprensible ya que el Gobierno Federal obtiene ganancias, derivadas de los excedentes petroleros.

“PEMEX ha explotado esta y tantas otras zonas petroleras del país y causado estragos en ciudades donde cancela proyectos y produce recortes de plantilla dañando la economía de miles de familias y empresas” señaló el diputado, quien consideró necesario resarcir de los daños generados a Chicontepec.

La diputada del Grupo Legislativo de MORENA, en el Congreso de Veracruz, Lourdes García González, se pronunció en tribuna respecto a los hechos suscitados el pasado 7 de julio en el municipio de Tlilapan, en donde al derrumbarse un cerro y una gran piedra impactar a un autobús, que dio como resultado tres personas fallecidas y nueve heridos, hizo un llamado a las autoridades a mejorar las vías de comunicación en esta zona.

La también secretaria de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables dijo que, el 7 de julio, a las 19:00 horas, en el camino de Rafael Delgado hacia Magdalena, en la comunidad de Tonalixco, municipio de Tlilapan, se registró el terrible accidente, en el que una roca de más de un metro de diámetro se desprendió del cerro e impactó a un autobús de pasajeros que justamente transitada a la altura de esa cumbre.

Aún cuando el autobús no cayó al barranco –refirió la legisladora- el impacto de la roca sobre el autobús ocasionó tres pérdidas humanas, entre ellos un pequeño de apenas año y medio de edad. Además de nueve personas lesionadas y daños materiales a la empresa Sociedad Cooperativa de Autotransportes Rafael Delgado-Orizaba.

La diputada destacó que, tras el accidente, fue registrada la oportuna asistencia de autoridades y corporaciones que brindaron auxilio a los heridos y se controló el tráfico vehicular. “Sin embargo, el dolor por un accidente de esta naturaleza es profundo para toda la población de aquella zona” abundó.

Dijo que el punto del accidente es conocido por “El paso de la muerte” o “Paso del diablo” y es debido a que en la temporada de lluvias es considerada zona de riesgo, de deslaves, ya que los desgajamientos del cerro ha provocado diversas tragedias.

Por último, la diputada Lourdes García hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal a fin que actúen de manera responsable y trabajen para brindar mejores condiciones a la zona de Zongolica, tanto en sus vías de comunicación, como en desarrollo, salud y educación, entre otros.

El diputado del Grupo Legislativo de MORENA, en el Congreso de Veracruz, Rogelio Arturo Rodríguez García, presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Solución de Conflictos de Límites Territoriales Intermunicipales en el Estado de Veracruz, con el propósito de precisar en ésta el término de “Conflicto de Límites Territoriales” y así subsanar un vacío legal que existe.

En la décima primera sesión ordinaria, el también presidente de la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, señaló que esta modificación es el primer paso para comprender que los conflictos por límites territoriales no son hechos o situaciones de poca relevancia y no deben ser tomados como tal, pues traen aparejadas diversas repercusiones sociales.

De esta manera, la iniciativa prevé definir “Conflicto de Límites Territoriales” como aquel que se presenta entre dos o más municipios del Estado, por la indefinición, confusión, error, o la indebida apropiación de un determinado espacio territorial.

Los conflictos en materia de límites territoriales entre dos o más municipios podrán solucionarse mediante los procedimientos que señala la Ley, refiere el documento.

En la tribuna, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez ejemplificó que ciudadanos piden que sus localidades sean parte de otro municipio, ya que en el suyo no les otorgan obra pública ni servicios; o ciudadanos que piden que sus localidades pertenezcan al municipio vecino porque la cabecera municipal de este les queda más cerca que la que legalmente pertenecen.

Agregó que aunque pareciera que los anteriores problemas sociales pudieran ser un conflicto de límites territoriales, no lo son, ya que no es lo mismo que los habitantes se encuentren en una situación de incertidumbre por no saber a qué autoridad recurrir para resolver sus distintas carencias, a la negativa de un ayuntamiento de otorgar obra o servicios públicos, sabiendo que la localidad que los requiere forma parte de ese municipio.

El legislador citó a la especialista y catedrática de la UNAM, Marisol Luna Leal, quien define los conflictos intermunicipales por límites territoriales como “la confrontación legal, y hasta

física entre los miembros de dos o más ayuntamientos, motivados por la confusión, el error, o la indebida apropiación de un determinado espacio geográfico”.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley número 59 Contra el Ruido en el Estado, con el que se establecen y actualizan reglas a que deben sujetarse la producción de ruidos y demás sonidos que pudieran ocasionar molestias a la comunidad, ya sea por la hora, por su naturaleza o por su frecuencia.

Este Dictamen, -resultado de la iniciativa que presentó el pasado 21 de mayo la diputada María del Rocío Pérez Pérez- enfatiza la importancia de actualizar esta ley, toda vez que el marco legislativo vigente no se apega a las necesidades y a la realidad que vivimos los veracruzanos, teniendo un atraso de 75 años.

De esta manera, la Ley Contra el Ruido en Veracruz tiene por objeto establecer las reglas a que debe sujetarse la producción de ruidos y demás sonidos que pudieran ocasionar molestias a la comunidad, ya sea por la hora, por su naturaleza o por su frecuencia; con base en la norma oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

Para efectos de ruidos se consideran los producidos con instrumentos musicales, por aparatos de radio-receptores, aparatos mecánicos de música, electrónicos, digitales u otros reproductores de música. También los producidos con fines de propaganda comercial, ya sea por medio de instrumentos musicales, de la voz humana amplificada por micrófono, o de otros medios, que sobrepasen los niveles permitidos por la Norma Oficial Mexicana.

La vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos anteriores, queda a cargo, principalmente, del personal de Tránsito y Policía Vial o en su defecto del personal que designen los ayuntamientos, quien deberá levantar las infracciones correspondientes.

La coordinación sobre el cumplimiento de las reglas anteriores, queda a cargo de la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado, quien emitirá los lineamientos y dictará las medidas correspondientes.

Los aparatos radio-receptores, aparatos mecánicos, electrónicos, digitales u otros reproductores de música, funcionarán al volumen reducido, de manera que su sonido no

trascienda al exterior del local en que se encuentren y pueda ocasionar molestias al vecindario.

En relación a las multas, van de las 5 a las 25 Unidas de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con la gravedad de la falta.

En caso de rotura o violencia del sello de cancelación se aplicará al responsable una multa de 25 UMA vigentes al momento de la infracción, sin perjuicio de cancelar la licencia respectiva, en caso de reincidencia, si se trata del propietario o manifestante.

Cuando el infractor sea persona de notoria insolvencia, la multa se conmutará por el arresto correspondiente de 72 horas.

Todos los ayuntamientos deberán reglamentar y hacer cumplir esta Ley a través de sus áreas encargadas en materia medio ambiental.

Este decreto registró 44 votos a favor de diputados y diputados de los grupos legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz y legisladores independientes, así como los diputados de Nueva Alianza y del PVEM. No se registraron votos en contra o abstenciones.

El diputado Tito Delfín Cano, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó un pronunciamiento en relación al impacto del cambio climático en la entidad, en el que señaló que el clima es el principal factor respecto a la productividad primaria, estructura y composición de las especies de plantas y animales a nivel global.

Dijo que el crecimiento demográfico, aunado a las prácticas agrícolas intensivas, al aumento de la deforestación, a la industrialización, a aumento la concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ha alcanzado niveles récord en 2016.

Veracruz se encuentra entre los Estados biológicamente más importantes del País, ya que existen prácticamente todos los tipos de vegetación descritos para México, lo cual muestra la riqueza y complejidad del mismo.

Subrayó que por su riqueza florística, que incluye 7 mil 482 especies de Angiospermas y Gimnospermas, el Estado se coloca en tercer lugar después de Oaxaca y Chiapas.

El legislador Delfín Cano propuso mejorar las prácticas en el sector agrícola, pecuario, pesquero y acuícola; para evitar la contaminación de flora, fauna y manto freático, así como afectaciones a la salud.

Para el sector ganadero, propone contrarrestar los efectos de la sequía y lograr desarrollo en armonía con el medio ambiente para obtener mayor producción de carne y leche.

Para el sector pesquero buscar la reducción de la contaminación asociada al uso de motores en mal estado y evitar la interrupción en el proceso de captura; aprovechamiento de especies sin valor comercial; mayores márgenes de seguridad en el manejo post captura; tener cultivos de café sano, con mayor rendimiento y valor comercial.

Mejorar la producción de caña y conservación del suelo, a través de parcelas demostrativas de caña con la finalidad de mejorar el rendimiento y reducir las emisiones contaminantes por quema y con la recolección permanente de aceite vegetal usado para disminuir la contaminación del agua.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz reformó la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado con el objeto de plantear y generar una concientización en la clasificación de la basura, como parte de una cultura ambiental que va desde el origen del empaque del producto hasta el consumidor final quien realiza el desecho correspondiente.

Este Dictamen, resultado de la iniciativa que presentó el pasado 2 de mayo el diputado José Kirsch Sánchez, subraya que la basura es uno de los principales problemas ambientales del país, ya que genera gases tóxicos, fauna nociva, tapa los drenajes, contamina el agua y el suelo y la separación de los desechos implica un trabajo de concientización, educación y cultura ambiental.

De esta manera se incluye en la ley el término “Cultura ambiental” como el proceso educativo ambiental que aportan a la conservación natural y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas; “Clasificación de residuos urbanos”, como el procedimiento de separación de los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos reciclables y no reciclables y “Residuos sólidos orgánicos, como todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo y que no reúne las características para ser considerado como peligroso.

En el mismo sentido se define a los “Residuos sólidos inorgánicos reciclables” como todo desecho que no es de origen biológico que puede reciclarse y no reúne las características para ser considerado como peligroso y “Residuos sólidos inorgánicos no reciclables” como todo desecho que no es de origen biológico que no puede reciclarse y no reúne las características para ser considerado como peligroso conforme a la normatividad ambiental vigente.

Corresponde al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), expedir, las normas técnicas ambientales que permitan darle cumplimiento, conforme a la política estatal en materia de residuos de manejo especial y sólidos urbanos y su clasificación, así como de prevención de la contaminación de sitios con dichos residuos y su remediación como parte de una medida de cultura ambiental.

También informar a los consumidores por medio de etiquetas en sus envases o empaques, o algún otro medio viable, sobre las posibilidades en materia de reutilización, reciclado o biodegradación de materiales incluidos en el producto o su empaque así como a la clasificación que corresponda y que eventualmente serán residuos.

De igual forma realización y difusión de actividades de identificación y reutilización de residuos, incluyendo separación y clasificación de residuos, elaboración de composta, ideas para reutilización y demás acciones que deban ser tomadas por los generadores.

El Dictamen señala que de acuerdo al INEGI, el Estado de Veracruz es uno de los que más generan basura en el país, actualmente, a nivel nacional sólo el 15 por ciento de los residuos recolectados son separados de las fuentes generadoras, mientras que en Veracruz el porcentaje es apenas del 7 por ciento.

Este Decreto registró 43 votos a favor de diputadas y diputados de los grupos legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz; de legisladores independientes y de los diputados de Nueva Alianza y del PVEM. Sin votos en contra o abstención.

El diputado Ernesto Cuevas Hernández, integrante del Grupo Legislativo Mixto Juntos por Veracruz, presentó un anteproyecto con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado a que gire instrucciones a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y atienda el ecocidio ocasionado por el basurero a cielo abierto, ubicado en el Municipio de Misantla.

En tribuna, el legislador señaló que es urgente atender el problema de contaminación y de salud que genera en los habitantes, ya que en dicho basurero se queman residuos que generan humo con sustancias químicas dañinas.

El diputado Ernesto Cuevas sostuvo que los efectos inmediatos a la salud, producidos por los contaminantes antes mencionados, son ardor de ojos, irritación de las vías respiratorias y exacerbación del asma, y a largo plazo daños como el enfisema pulmonar y cáncer, por señalar algunos.

El representante popular recordó el Convenio de Estocolmo tiene por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes, por lo que solicita la pronta actuación de las autoridades pertinentes a fin de revertir esta situación.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y proceso correspondiente.

La diputada María del Rocío Pérez Pérez, vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso de Veracruz, presentó ante el Pleno un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado a fin que remita a esta Soberanía un Informe sobre el estado que guarda las finanzas públicas, el uso de los recursos adquiridos mediante contrataciones de deuda pública, así como los montos de deuda contratada, fechas de adquisición, vigencia de los contratos, así como las instituciones relacionadas con este tema.

En la sesión, la integrante del Grupo Legislativo de MORENA recordó que, el 18 de enero de 2017, fue creada la Comisión Especial para la Verdad sobre la Deuda Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 1998-2016, que tenía como finalidad analizar e investigar la situación real de la deuda del Estado.

Añadió que esta instancia legislativa -creada por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política- sería apoyada por un Comité Técnico, integrado por cinco ciudadanos con amplio conocimiento en finanzas, mismos que tendrían derecho a voz en las reuniones de la comisión.

La diputada Rocío Pérez enfatizó que los integrantes del Comité y de la Comisión, interesados en la labor encomendada, mantuvieron la disposición de trabajar y analizar la información que el Presidente de esta comisión especial solicitó en varias ocasiones a los titulares de la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

Dicha información –enfatizó- no fue entregada en tiempo y forma, por lo que la comisión nunca pudo entrar en funciones para alcanzar el objetivo planteado.

En la tribuna, la legisladora sostuvo que el tema de las finanzas públicas y del uso de los recursos, no ha sido transparente y menos en la rendición de cuentas, “hacen falta informes para los integrantes de la comisión especial y la ciudadanía, así como información sobre el monto de la deuda pública de la administración y sobre los bienes recuperados” expuso.

Subrayó que de acuerdo al Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Veracruz se coloca en semáforo amarillo (endeudamiento en observación), por lo que su techo de financiamiento neto para el actual ejercicio fiscal es de máximo 5 por

ciento de los Ingresos de Libre Disposición; dado que su deuda pública equivale a más del 100 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición.

El Congreso de Veracruz reformó la Ley de Protección a los Animales para el Estado a fin de adecuarla con el Código Penal, con lo que se prohíbe en la entidad la mutilación de animales cuyo objeto sea modificar su apariencia o conseguir un fin no médico, particularmente en cortes de cola, orejas, sección de las cuerdas vocales y extirpación de uñas y dientes.

Este Dictamen, -resultado de la iniciativa que presentó el pasado 8 de mayo el diputado del Partido Nueva Alianza, Vicente Benítez González- señala que en el 2000 la Sociedad Mundial para la Protección Animal promovió la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA), que establece una serie de principios para que los gobiernos nacionales y sub-nacionales puedan legislar en materia de protección animal, declaración que fue apoyada en 2007 por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

De esta manera, el artículo 3 de la Ley de Protección a los Animales establece la prohibición para mutilar animales cuyo objeto sea modificar su apariencia o conseguir un fin no médico, particularmente los cortes de cola y orejas, la sección de las cuerdas vocales y la extirpación de uñas y dientes.

Sólo se permitirán las intervenciones con anestesia que tengan un fin médico o para impedir la reproducción.

Con esta modificación, el Congreso del Estado de Veracruz se suma a entidades como Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Nayarit, Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua y la Ciudad de México, que ya han legislado sobre esta materia.

Este Decreto registró 39 votos a favor de diputados y diputadas de los grupos legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz, así como de legisladores independientes y de los diputados de Nueva Alianza y PVEM. No se registraron votos en contra o abstenciones.

En la discusión en lo general del Dictamen, el diputado Vicente Benítez expresó que en Veracruz se dio el primer paso para el respeto a la vida de los animales y que se genera una acción positiva para evitar el maltrato.

El diputado del Grupo Legislativo Mixto Juntos por Veracruz, Fernando Kuri Kuri, presentó una iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica de la Entidad con el objeto de garantizar el desarrollo científico y tecnológico de las y los veracruzanos.

De acuerdo a la propuesta legislativa del diputado Kuri Kuri se establecería la obligación para que el Congreso del Estado destine el 20 por ciento de incremento presupuestal cada año a la consolidación del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología y que este Presupuesto será progresivo.

De esta manera se deberá aplicar los recursos destinados para el financiamiento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, principalmente mediante dos esquemas, el primero mediante un concurso de proyectos de investigación a financiar.

El segundo, generando estímulos económicos mensuales a miembros del Sistema Veracruzano de Investigadores con líneas de investigación aprobadas por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Económico (COVEICYDET).

El legislador propone las siguientes atribuciones al COVEICYDET: convocar al Concurso Veracruzano de Tesis en las modalidades de Licenciatura, Maestría y Doctorado entre los egresados de las instituciones de educación superior de Veracruz, con lo cual se promoverá que los estudiantes analicen en sus tesis la problemática de la entidad y brinden soluciones

También, contempla crear y administrar el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica, así como el Sistema Veracruzano de Investigadores (SIVI).

El SIVI recibirá recursos generados por el Fondo, hasta 40 por ciento se empleará para el funcionamiento administrativo y directivo del COVEICYDET; 60 por ciento será destinado al otorgamiento de apoyos para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, equipo, instrumentos y materiales, así como becas para especialización que no excedan el término de dos años.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Ciencia y Tecnología y de Hacienda del Estado.

Se sumaron a esta iniciativa los legisladores María Elisa Manterola Sainz, Basilio Picazo Pérez, Rodrigo García Escalante, José Manuel Sánchez Martínez, Miriam Judith González Sheridan y Vicente Benítez González.

Así como los Grupos Legislativos de MORENA, Partido de la Revolución Democrática (PRD), y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El diputado del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Kirsch Sánchez, presentó ante el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa que reforma los artículos 147 y 148 de la Ley de Educación del Estado para fomentar la creación de Huertos Escolares, como una fuente de motivación para que las niñas y los niños planifiquen, colaboren y tomen decisiones acertadas sobre una adecuada alimentación y su responsabilidad con el medio ambiente.

En la décima primera sesión ordinaria, el legislador planteó que las autoridades educativas estatales y municipales promuevan la educación ambiental para el desarrollo sustentable, en la cual deberán considerar los huertos escolares, así como el fomento de la investigación, el uso de métodos y técnicas para la prevención y la restauración ambiental de los ecosistemas.

En la tribuna, el diputado Kirsch Sánchez enfatizó que los Huertos Escolares responden ampliamente a las necesidades actuales; está orientado a la alfabetización ecológica, los medios de subsistencia, la mejora de la alimentación, la educación nutricional y la preparación para la vida activa.

Además concede prioridad a la educación práctica, integra varias materias y su influencia se extiende a la totalidad de la escuela, la familia y la comunidad.

Sostuvo que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la Agricultura y la Alimentación, los huertos escolares tienen como objetivo: enseñar a los alumnos la manera de obtener diversos alimentos como hortalizas, frutas y legumbres, y hacerlo pensando en una buena alimentación; demostrar a los alumnos y sus familias cómo ampliar y mejorar la alimentación con productos cultivados en casa; fomentar la preferencia por las hortalizas y frutas y su consumo, así como reforzar los almuerzos escolares con hortalizas y frutas ricas en micronutrientes.

En la tribuna, señaló que los huertos escolares son zonas cultivadas en torno a las escuelas o cerca de ellas, que al menos en parte están bajo el cuidado de los alumnos y en los que suelen producirse hortalizas y frutas. Las actividades pueden ser plantas ornamentales y de sombra, así como producción de alimentos básicos en pequeña escala, añadió.

El diputado Juan Nicolás Callejas Roldán, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa de decreto que reforma el Código Financiero del Estado de Veracruz con el objeto de establecer los procedimientos de licitación pública para las cooperativas escolares, creando un comité interno.

En tribuna el legislador Callejas Roldán, señaló que la iniciativa contempla que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) será la que fije los lineamientos y parámetros para tal procedimiento, como hasta ahora lo hace, pero incorpora la integración del Comité de Licitaciones a fin de emitir la convocatoria en los términos y criterios propuestos y sea este quien emita el fallo correspondiente.

El Comité de Licitaciones estará integrado por el Director de la escuela, un representante de los docentes, un representante de los padres de familia, un representante del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación y un representante del sector educativo.

Todo ello, para que se cumpla en apego a las licitaciones públicas como lo dispone la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado.

La iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su análisis, así mismo se sumaron los Grupos Legislativos de MORENA, Juntos por Veracruz, la diputada del Partido Acción Nacional, María Elisa Manterola Sainz y el diputado Vicente Benítez González, del Partido Nueva Alianza (PANAL).

El diputado Marco Antonio Núñez López, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Estado, que tiene como propósito garantizar el derecho humano al agua y además señala diversos requisitos que deberán tener quienes estén al frente de los organismos operadores de agua en la entidad.

Durante la décima primera sesión ordinaria, del segundo año de labores, el diputado señaló que si bien el derecho al agua es un derecho humano, se debe precisar que la aportación monetaria que recauda el organismo operador del servicio de agua, es por concepto de suministro del líquido hasta el domicilio del usuario.

Lo que incluye entre otros la recolección del líquido, potabilización, transporte y mantenimiento del sistema, así como los servicios de saneamiento, drenaje y alcantarillado; que es lo que genera un costo por el servicio, y lo que debe ser precisado para entender que en esencia el derecho humano al agua no es, ni puede ser cuestionable.

Consideró necesario fortalecer a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), así como a sus oficinas operadoras en todo el Estado; para mejorar los mecanismos de vinculación con el usuario y prestar un mejor servicio; reconociendo la importancia del personal en las tareas administrativas y operativas de la dependencia y su relación jerárquica; así como para tener certidumbre en las labores que desempeñan y en la atención a los usuarios para brindar un servicio eficiente, pronto y de calidad.

La iniciativa plantea que el Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia, garantizarán el derecho humano que tiene toda persona al agua potable y saneamiento, y definirán las bases, apoyos, así como las modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación y la ciudadanía para la consecución del fin común en la prestación del servicio, mismo que deberá ser: suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Además indica que al frente del organismo operador de agua habrá un director, quien deberá cumplir con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Municipio Libre, deberá contar con conocimientos técnicos en el ramo o experiencia técnica no menor a 3 años, en cualquiera de los supuestos, estos deben ser comprobables.

El director será designado y removido por el ayuntamiento, a propuesta del órgano de gobierno.

La determinación y pago de la cuota por consumo de agua, alcantarillado y saneamiento, se realizará por períodos mensuales y se deberá efectuar dentro del mes siguiente al periodo que se cubre.

Para otorgar preferencia a las empresas veracruzanas, respecto a las foráneas, en la asignación de contratos de obra pública, la diputada independiente Miriam Judith González Sheridan presentó la iniciativa que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con Ellas del Estado de Veracruz, en la que destacó que para darse esta acción tendrá que haber similitud en los precios, calidad y tiempos de ejecución de las obras.

En la décima primera sesión ordinaria, del Congreso del Estado, la legisladora destacó que entidades como Durango, Aguascalientes y Tabasco se han establecido diferentes mecanismos para promover que la adjudicación de obra pública, así como la compra de bienes y servicios beneficien en lo posible a empresas locales y maximizando de esta manera el efecto multiplicador de una derrama económica que de forma directa beneficia a la sociedad en su conjunto.

Esta modificación, señaló la diputada González Sheridan, vendría a reforzar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, que en 2015 fue modificada para establecer que “Los proveedores con domicilio y residencia fiscal en el Estado y el municipio de que se trate, tendrán preferencia para ser adjudicatarios, y se les permitirá un precio hasta del 5 por ciento mayor que las cotizaciones foráneas”.

Expuso que el Estado puede directamente invertir en el desarrollo de actividades productivas o puede contratar con particulares el desarrollo de obra, “de hecho, el mero gasto en la compra de insumos genera una derrama económica que puede beneficiar o incentivar un sano desarrollo de la economía”, añadió.

En la tribuna, la legisladora subrayó que los criterios de eficiencia o racionalidad deberían ir más allá de la disminución de costos, y maximizar, sobre todo, el impacto del gasto en el desarrollo y las condiciones de bienestar de la población.

Dijo que debe tomarse en cuenta que la economía es un conjunto complejo, y que “cada peso gastado” no sólo repercute en los usuarios directos de la obra o servicio de que se trate, sino que también incentiva la actividad económica en su conjunto a través del pago de salarios y compra de insumos que realicen las empresas o personas a quienes se encarga la realización de una obra, prestación de servicios o suministro de bienes.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen de Decreto que reforma el título tercero, capítulo VII de la Ley de Salud del Estado por el cual se garantizarán los servicios de salud mental ofrecidos por la Secretaría de Salud (SS), de la entidad, de forma adecuada, con calidad, calidez y profesionalismo a toda aquella persona que así lo requiera.

Este Dictamen -resultado de la iniciativa que presentó el 23 de abril de este año el diputado José Kirsch Sánchez- señala que esta reforma es de vital importancia ya que brindará certidumbre jurídica al desarrollo de los proyectos necesarios que permitan mejorar la calidad de salud mental de los veracruzanos, transformando el sistema psiquiátrico tradicional a una nueva visión de atención.

De esta manera, se modificó la Ley para establecer que la salud mental es el estado completo de bienestar mental, emocional y social y no sólo la ausencia de trastornos mentales, en donde el individuo es consciente de sus propias capacidades, es capaz de realizarse intelectual y emocionalmente, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

La estructura del Sistema de Salud Mental dispondrá de tres niveles de atención: la prevención de la enfermedad, para lo cual se podrá generar mediante la difusión de información sobre la salud mental, diagnóstico y tratamiento oportuno; Estadía Hospitalaria Breve, en la que se le ofrezca al paciente atención integral a usuarios en momentos de crisis y la Reintegración Social, la cual implica la integración del usuario al medio que pertenece a través del fomento de estructuras dentro de la comunidad que apoyen al usuario en su proceso de integración social.

Se reconocen como derechos fundamentales de todas las personas que padezcan trastornos mentales, trastornos de conducta y adicciones, los establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Instrumentos y Tratados Internacionales de los que México sea Estado Parte; la Ley General de las Personas con Discapacidad; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las demás aplicables.

La prevención de las enfermedades mentales tiene carácter prioritario, se basará en el conocimiento de los factores que afecten la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud mental.

Las instituciones y organizaciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas deberán disponer de los recursos necesarios para brindar atención primaria de salud mental, a la población bajo su responsabilidad.

Las instituciones del Sistema Estatal de Salud que prestan servicios de salud mental, en especial las destinadas al internamiento de las personas con trastornos mentales y adicciones, deberán apegarse a las normas establecidas para este fin.

Todas las instituciones de salud mental públicas, privadas y asistenciales serán inspeccionadas regularmente por las autoridades competentes de acuerdo con la normatividad y reglamentación que para tal efecto la Secretaría de Salud establezca y con la colaboración técnica de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la promoción y protección de los derechos de las personas con trastornos mentales.

Este Decreto registró 42 votos a favor de diputadas y diputados de los grupos legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz, así como legisladores independientes y de los diputados de Nueva Alianza y PVEM. No se registraron votos en contra o abstenciones.

Con la finalidad de dar a conocer el trabajo que realizan los alumnos de los talleres de Artes Plásticas y Fotografía, de la Universidad IVES, fue inaugurada la exposición colectiva Oficios, Color y Forma, en las salas del Palacio Legislativo, y que muestra el aprendizaje de los alumnos a través del “aprender a mirar y apreciar”, que se manifiesta en las obras expuestas.

Sobre estos trabajos, la maestra Roxana Rico Pozos, quien coordina el taller de fotografía, señala que la experimentación y el contacto con la modernidad permite alejarlos del academicismo y transmitir que el hecho artístico, además de técnica y oficio, es un lenguaje, es cultura, expresión y comunicación de manera práctica, en el amplio sentido de la belleza y la estética.

En cada uno de los trabajos que integran la muestra, conceptos como proporción, simetría, estructura, color, luz y sombra, predisponen a la sensibilidad y el espíritu hacia la armonía, haciendo, por igual, a la pintura y la fotografía, una fuerza viva; lo que puede ser reconocido y admirado al observar las manifestaciones plásticas de los jóvenes que de manera colectiva dan a conocer los resultados de lo aprendido en teoría y materializado en esta exposición.

Estuvieron presentes, durante el acto inaugural, el director de la facultad de Ingeniería, Rodolfo Vázquez Vargas; la de Extensión Universitaria, Roxana Castillo Hernández; además de la coordinadora del taller de Artes Plásticas, Lorena Bonilla; todos de la Universidad IVES; así como los alumnos expositores, familiares e invitados; por parte del Congreso del Estado asistió la Coordinadora de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca, María Hernández Peñafiel.

Con
la finalidad de dar a conocer el trabajo que realizan los alumnos de los
talleres de Artes Plásticas y Fotografía, de la Universidad IVES, fue
inaugurada la exposición colectiva Oficios, Color y Forma, en las salas del
Palacio Legislativo, y que muestra el aprendizaje de los alumnos a través del
“aprender a mirar y apreciar”, que se manifiesta en las obras expuestas.

Sobre
estos trabajos, la maestra Roxana Rico Pozos, quien coordina el taller de
fotografía, señala que la experimentación y el contacto con la modernidad
permite alejarlos del academicismo y transmitir que el hecho artístico, además
de técnica y oficio, es un lenguaje, es cultura, expresión y comunicación de
manera práctica, en el amplio sentido de la belleza y la estética.

En
cada uno de los trabajos que integran la muestra, conceptos como proporción,
simetría, estructura, color, luz y sombra, predisponen a la sensibilidad y el
espíritu hacia la armonía, haciendo, por igual, a la pintura y la fotografía,
una fuerza viva; lo que puede ser reconocido y admirado al observar las
manifestaciones plásticas de los jóvenes que de manera colectiva dan a conocer
los resultados de lo aprendido en teoría y materializado en esta exposición.

Estuvieron
presentes, durante el acto inaugural, el director de la facultad de Ingeniería,
Rodolfo Vázquez Vargas; la de Extensión Universitaria, Roxana Castillo
Hernández; además de la coordinadora del taller de Artes Plásticas, Lorena Bonilla;
todos de la Universidad IVES; así como los alumnos expositores, familiares e
invitados; por parte del Congreso del Estado asistió la Coordinadora de
Archivo, Biblioteca y Hemeroteca, María Hernández Peñafiel.

La
Comisión Permanente de Hacienda del Estado del Congreso de Veracruz, integrada
por los diputados Carlos Antonio Morales Guevara, presidente; José Kirsch
Sánchez, secretario y José Luis Enríquez Ambell, vocal, llevó a cabo la cuarta
sesión ordinaria en la que fue firmado, en sentido positivo, el Dictamen de
reforma al artículo 105 del Código Financiero del Estado para establecer que el
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (Impuesto a
la Nómina) sea destinado al financiamiento de obra pública.

En
la sesión, bajo la modalidad de
Parlamento Abierto, que fue transmitida en vivo por el canal oficial del
Congreso del Estado, los diputados consideraron viable esta modificación al
Código Financiero ya que apoyará la infraestructura, a través de mayor obra
pública y en la que también se verán beneficiadas las empresas veracruzanas.

Este
Dictamen, resultado de la iniciativa que presentó el diputado del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) Bingen Rementería Molina, será
enviado por la Comisión de Hacienda del Estado a la Secretaría General para que
sea enlistado en el Orden del Día de alguna sesión.

Los
legisladores también firmaron, a favor, el Dictamen por el cual se autoriza a
la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) enajenar,
mediante proceso de subasta restringida, tres vehículos que son propiedad del
referido órgano autónomo.

El
presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del
Congreso del Estado, diputado Sergio Hernández Hernández, encabezó la
conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Lobby del Salón de Sesiones del
Pleno, durante la que se dieron a conocer los detalles del XXIII Encuentro
Iberoamericano de Autoridades Locales, a realizarse del 22 al 26 de julio, en
dos sedes, los municipios de Orizaba y Medellín de Bravo.

Asimismo,
Hernández Hernández, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que este
encuentro internacional, al que se espera la asistencia
de autoridades municipales de más de 20 países de toda Iberoamérica, sus puntos
de acuerdo girarán en torno a temas sobre la paz y la seguridad ciudadana,
durante los cuatro días que duren los trabajos en los que, por igual, se
buscará definir el rol de las autoridades locales en estas acciones.

Estos
temas, continuó el también coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), son fundamentales en la inclusión social y esenciales en el
desarrollo sostenible, y sobre los cuales, esta Legislatura, -acotó- ha
presentado importantes iniciativas; y destacó la importancia que representa
este espacio de diálogo e investigación, en que se compartirán conocimientos y
experiencias, surgidas desde el contacto más cercano de las autoridades con los
ciudadanos.

Durante
la misma conferencia, y en otras intervenciones, se dijo que el Encuentro está
dirigido a presidentes municipales, concejales, autoridades regionales y
nacionales, personal directivo de las administraciones públicas, organismos
internacionales y de todos aquellos interesados en potenciar el papel de los
municipios en los procesos de paz y seguridad ciudadana y en conocer las
experiencias de gestión que se están desarrollando a nivel internacional
enmarcadas en el Objetivo 16 de la Agenda 2030, impulsada por la ONU.

Asimismo,
hicieron uso de la voz el doctor Francisco Montfort Guillén, Jefe de la Oficina
del Programa de Gobierno por parte del Poder Ejecutivo del Estado; los
presidentes municipales de las ciudades sedes Hipólito Deschamps Espino Barros
e Igor Rojí López, de Medellín de Bravo y Orizaba, respectivamente; al igual
que Héctor Aguilera Lira, Coordinador de Gestión del Grupo Legislativo del PAN,
quien también reconoció la participación de otros tantos organismos nacionales
e internacionales en la coordinación de este evento.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, diputado Sergio Hernández Hernández, encabezó la conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Lobby del Salón de Sesiones del Pleno, durante la que se dieron a conocer los detalles del XXIII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales, a realizarse del 22 al 26 de julio, en dos sedes, los municipios de Orizaba y Medellín de Bravo.

Asimismo, Hernández Hernández, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que este encuentro internacional, al que se espera la asistencia de autoridades municipales de más de 20 países de toda Iberoamérica, sus puntos de acuerdo girarán en torno a temas sobre la paz y la seguridad ciudadana, durante los cuatro días que duren los trabajos en los que, por igual, se buscará definir el rol de las autoridades locales en estas acciones.

Estos temas, continuó el también coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), son fundamentales en la inclusión social y esenciales en el desarrollo sostenible, y sobre los cuales, esta Legislatura, -acotó- ha presentado importantes iniciativas; y destacó la importancia que representa este espacio de diálogo e investigación, en que se compartirán conocimientos y experiencias, surgidas desde el contacto más cercano de las autoridades con los ciudadanos.

Durante la misma conferencia, y en otras intervenciones, se dijo que el Encuentro está dirigido a presidentes municipales, concejales, autoridades regionales y nacionales, personal directivo de las administraciones públicas, organismos internacionales y de todos aquellos interesados en potenciar el papel de los municipios en los procesos de paz y seguridad ciudadana y en conocer las experiencias de gestión que se están desarrollando a nivel internacional enmarcadas en el Objetivo 16 de la Agenda 2030, impulsada por la ONU.

Asimismo, hicieron uso de la voz el doctor Francisco Montfort Guillén, Jefe de la Oficina del Programa de Gobierno por parte del Poder Ejecutivo del Estado; los presidentes municipales de las ciudades sedes Hipólito Deschamps Espino Barros e Igor Rojí López, de Medellín de Bravo y Orizaba, respectivamente; al igual que Héctor Aguilera Lira, Coordinador de Gestión del Grupo Legislativo del PAN, quien también reconoció la participación de otros tantos organismos nacionales e internacionales en la coordinación de este evento.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz con 42 votos a favor el Dictamen de la nueva Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Veracruz cuyo objeto es impulsar la plena integración e inclusión educativa, social y laboral de las personas con este padecimiento en un ambiente libre de discriminación y con un enfoque especializado e integral, mediante la protección de sus derechos humanos.

Esta ley contempla que las personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) puedan solicitar y tener una evaluación médica, psicológica, psiquiátrica y social, así como un diagnóstico temprano, preciso, accesible, actualizado y sin prejuicios, de acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional y Estatal de Salud.

También podrán recibir consultas clínicas y contar con terapias de habilitación especializadas, oportunas y eficaces en la red hospitalaria del Estado, entre otras.

De conformidad con la ley se prevé la creación de una Comisión Interinstitucional para la

Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista como instancia de carácter permanente del Ejecutivo del Estado, que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas en materia de atención a las personas con TEA se realice de manera coordinada.

Así como garantizar que la ejecución de los planes, programas, políticas públicas y acciones en materia de atención a las personas con este padecimiento, sean de manera efectiva, transversal y multidisciplinaria.

En el Sistema Educativo Estatal se impulsará, la inclusión de contenidos para el diagnóstico e intervención del Trastorno del Espectro Autista, en el mapa curricular de la Licenciatura de

Educación Especial.

Para ello también están contemplados los “maestros sombras” en cada institución, que garanticen que las y los infantes reciban atención personalizada que salvaguarde sus derechos humanos.

En relación a las sanciones, queda estrictamente prohibido -para la atención y preservación de los derechos de las personas con TEA y sus familias- rechazar su atención en clínicas y

hospitales del sector público y privado; negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado, así como actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre medicación que altere el grado del trastorno u ordenar internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas, entre otros.

Este Dictamen es resultado del análisis de las iniciativas presentadas el 18 de Julio de 2017, por el Grupo Legislativo del PRI y otra por parte de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, así como la presentada el 5 de septiembre de 2017 por la diputada Cinthya Lobato Calderón.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron la segunda etapa de dos proyectos de decreto que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, relativas a la comparecencia del Gobernador ante este Poder y en relación a la autonomía de la Editora de Gobierno.

En la décima sesión ordinaria, el Pleno aprobó el Decreto por el cual se establece que concluida la comparecencia de los Secretarios de Despacho o equivalentes, el Gobernador comparecerá ante el Pleno del Congreso para responder a las preguntas que le formulen los Diputados.

Este Dictamen registró 43 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

En la sesión también fue aprobado el Decreto que adiciona la fracción VII al artículo 67 de la Constitución local que por el cual la Editora de Gobierno publicará todas las disposiciones normativas de observancia general y demás actos que expidan los Poderes del Estado, las personas de derecho público con autonomía reconocida por esta Constitución Política, los ayuntamientos de los municipios del Estado y la administración pública paramunicipal, a través de la Gaceta Oficial, que será el órgano informativo del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz.

El Congreso designará al titular de la Editora de Gobierno, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de conformidad con el procedimiento que determine la Ley.

El titular de la Editora durará en su encargo cinco años, no podrá ser reelegido y sólo se le podrá remover por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en la Constitución local.

Al tratarse de reformas constitucionales y al ser aprobadas en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, el Congreso remitirá estos Decretos a los ayuntamientos para su consideración, de aprobarlo al menos 107 de los 212, este Poder los declarará aprobados en lo general y serán remitidos a la Gaceta Oficial del Estado para su publicación y entrada en vigencia.

Este Dictamen registró 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz reformó la Ley para garantizar el sano desarrollo de la niñez y la adolescencia, a través del combate a cualquier situación que vulnere su integridad, desde todos los ámbitos posibles.

De esta manera, se establece que para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría Estatal de Protección deberá establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación pública o privada, de cultura, deporte y, en general,de cualquier sitio donde permanezcan, se atienda o se le preste un servicio a niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades estarán obligadas a reportar a la Procuraduría Estatal de Protección cualquier indicio de que existe una situación de riesgo, amenaza o afectación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Deberá realizarse un diagnóstico municipal sobre la situación de la niñez y la adolescencia, que pueda orientar en la cuantificación de la violencia, o cualquier tipo de maltrato físico o psicológico, exclusión, distinción, restricción o cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, cuando las autoridades educativas, los directores de los planteles educativos, o el resto del personal docente noten la prolongada o reiterada ausencia de un estudiante deberán notificarlo o reportarlo ante la Procuraduría Estatal de Protección o a la Procuraduría Municipal de Protección correspondiente, con la finalidad de descartar o detectar posibles situaciones de maltrato físico o psicológico en contra del menor.

Este Decreto registró 43 votos a favor de diputados de los Grupos Legislativos del PAN, MORENA, PRD, PRI, Juntos por Veracruz, así como de legisladores independientes y del PVEM.

Esta modificación es resultado de la iniciativa que presentó el 21 de mayo de este año el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Tito Delfín Cano.

El diputado del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, Ernesto Cuevas Hernández, presentó el anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), remita al Congreso de Veracruz información relativa a los impactos que tendrán los decretos firmados por el Presidente de la República, sobre la eliminación de vedas, nuevas reservas de agua y su impacto en los núcleos agrarios de la entidad.

En la sesión, el legislador subrayó que este Informe deberá privilegiar lo relativo a las cuencas de los ríos Papaloapan, Pánuco y el de Actopan-La Antigua.

Destacó que en el Congreso local están obligados a tener información fidedigna que ayude a comprender el alcance de los decretos en la protección del agua para las siguientes generaciones y el impacto ambiental que tendrá esta decisión.

Así como conocer si los argumentos, sobre posibles concesionamientos de los organismos operadores municipales podrían convertirse, en la práctica, en una privatización que termine elevando el costo del servicio de agua potable para los usuarios de áreas urbanas y el desabasto para las áreas rurales.

Dijo que la eliminación de la veda sobre los acuíferos, la creación de reservas y la extinción de núcleos agrarios ha generado una gran polémica entre los académicos y organizaciones civiles, que alertan sobre la posibilidad de que las entidades federativas y los municipios aprovechen estos decretos para contratar organismos operadores del agua, lo que virtualmente se convertiría en una privatización del recurso hídrico.

El coordinador del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, diputado Fernando Kuri Kuri, presentó la iniciativa que reforma el inciso D) de la fracción I del artículo 8 de la Ley de Planeación del Estado para que el campo veracruzano cuente con un Programa de Desarrollo Integral y que éste sea de carácter prioritario, a efecto de que el sistema de planeación pueda focalizar las políticas públicas dirigidas a este importante sector.

El legislador dijo que es necesario este Programa Integral ya que ayudaría a que los apoyos productivos, de obra pública, de servicios en vivienda, de educación, de generación de empleo, de comercialización de sus productos, entre otros, tengan un referente específico en un documento de planeación.

Añadió que no puede lograrse una atención integral del campo veracruzano si no se construye un documento de planeación que haga un diagnóstico de las necesidades específicas de este sector de Veracruz e integre las políticas públicas, las líneas estratégicas y programas de acción en una visión única.

El diputado Kuri Kuri enfatizó que este Programa Integral sería un mecanismo de planeación transversal a todas las dependencias del Ejecutivo estatal, que inciden con sus programas en apoyo al campesino de la entidad.

Debemos reconocer que los problemas del campo veracruzano son muy diferentes a los que se presentan en las zonas urbanas de la entidad, señaló Fernando Kuri, quien añadió que reconocer esta diferencia permitirá construir políticas públicas focalizadas, orientará la gestión gubernamental y ayudará a evaluar el impacto que tiene el campo, a partir de los programas de gobierno que se dirigen a este sector de la población.

Al pronunciarse en la tribuna del Congreso del Estado sobre los 10 decretos emitidos recientemente por el Presidente de la República, la diputada María del Rocío Pérez Pérez dijo que esta acción no protege la flora, la fauna y el abasto del vital líquido.

En la décima sesión ordinaria, del Segundo Año de Labores, la presidenta de la Comisión Permanente Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático afirmó que los citados Decretos incluyen un capítulo para concesionar un determinado volumen de agua, por lo que la población mexicana en general se vería afectada por la poca disponibilidad del agua a mediano plazo y las comunidades indígenas en un futuro más cercano.

La legisladora Rocío Pérez dijo que académicos y especialistas en el tema insisten en que esta acción de la Federación busca favorecer a las grandes corporaciones cerveceras, refresqueras, de minería y de fracturación hidráulica (Fracking).

Académicos como el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana, y el investigador del Departamento de Producción Económica, Roberto Constantino Toto expresan los Decretos ponen fin a las vedas del Río Santiago, del Río Ameca, de Costa de Jalisco, de Costa Grande de Guerrero, de Costa Chica de Guerrero, de San Fernando Soto la Marina, Grijalva-Usumacinta; y en Veracruz: al Río Pánuco, Río Papaloapan, Río Actopan y Río Antigua.

Consideró lamentable que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) afirme que los decretos emitidos desde la Federación vayan amortiguar el cambio climático, cuando afecta los otros usos posibles del agua, como los derechos originarios y comunitarios.

Se privilegia la figura de la concesión, por encima de la propiedad pública del agua, concluyó.

Para evitar que las y los jóvenes tomen una mala elección sobre su destino profesional, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el legislador José Roberto Arenas Martínez, de “Juntos por Veracruz”, presentaron la iniciativa que reforma el artículo 109 de la Ley de Educación del Estado para que en las instituciones de educación de nivel medio superior se desarrollen programas idóneos de orientación vocacional, que faciliten a los educandos la valoración de sus habilidades, preferencias, necesidades, aspiraciones, intereses, aptitudes y conocimientos.

En la décima sesión ordinaria del Congreso del Estado, el diputado José Roberto Arenas señaló que su Grupo Legislativo considera indispensable trabajar en la actualización de los sistemas de orientación vocacional y atender las inquietudes de los jóvenes en esa materia.

De esta manera, añadió, debe brindarse a éstos información de calidad y contribuir con ello a su pleno desarrollo, mediante procesos que les permitan su posterior incorporación exitosa a la vida social, en general, y a la laboral, en lo particular, con la mejor herramienta de transformación individual que es el conocimiento.

Enfatizó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo 8 de cada 100 alumnos que comienzan sus estudios en la universidad logran terminarlos, siendo las principales causas de deserción el disgusto o el poco interés en el estudio (37.4 por ciento), y por razones económicas (35.2 por ciento).

Dijo que con una orientación vocacional eficiente se resolverían las dudas de los estudiantes sobre las opciones profesionales y su demanda en el mercado laboral. Asimismo, se fomentaría el autoconocimiento de las aptitudes personales y se proporcionarían informes acerca de las ofertas educativas y programas de estudio de las instituciones de educación superior.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.

El
diputado del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, Ernesto Cuevas Hernández,
presentó el anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo
Federal, para que a través de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), remita al
Congreso de Veracruz información relativa a los impactos
que tendrán los decretos firmados por el Presidente de la República, sobre la
eliminación de vedas, nuevas reservas de agua y su impacto en los núcleos
agrarios de la entidad.

En la sesión, el legislador subrayó
que este Informe deberá privilegiar lo relativo a las cuencas de los ríos
Papaloapan, Pánuco y el de Actopan-La Antigua.

Destacó que en el Congreso local
están obligados a tener información fidedigna que ayude a comprender el alcance
de los decretos en la protección del agua para las siguientes generaciones y el
impacto ambiental que tendrá esta decisión.

Así como conocer si los argumentos,
sobre posibles concesionamientos de los organismos operadores municipales
podrían convertirse, en la práctica, en una privatización que termine elevando
el costo del servicio de agua potable para los usuarios de áreas urbanas y el
desabasto para las áreas rurales.

Dijo que la eliminación de la veda
sobre los acuíferos, la creación de reservas y la extinción de núcleos agrarios
ha generado una gran polémica entre los académicos y organizaciones civiles,
que alertan sobre la posibilidad de que las entidades federativas y los
municipios aprovechen estos decretos para contratar organismos operadores del
agua, lo que virtualmente se convertiría en una privatización del recurso
hídrico.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron la segunda
etapa de dos proyectos de decreto que reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Veracruz, relativas a la comparecencia del
Gobernador ante este Poder y en relación a la autonomía de la Editora de
Gobierno.

En
la décima sesión ordinaria, el Pleno aprobó el Decreto por el cual se establece
que concluida la comparecencia de los
Secretarios de Despacho o equivalentes, el Gobernador comparecerá ante el Pleno
del Congreso para responder a las preguntas que le formulen los Diputados.

Este Dictamen registró 43 votos a favor, sin votos
en contra o abstenciones.

En
la sesión también fue aprobado el Decreto que adiciona la fracción VII al
artículo 67 de la Constitución local que por el cual la Editora de Gobierno publicará todas las disposiciones normativas
de observancia general y demás actos que expidan los Poderes del Estado, las personas
de derecho público con autonomía reconocida por esta Constitución Política, los
ayuntamientos de los municipios del Estado y la administración pública
paramunicipal, a través de la Gaceta Oficial, que será el órgano informativo
del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz.

El Congreso designará al titular de la Editora de
Gobierno, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, de
conformidad con el procedimiento que determine la Ley.

El titular de la Editora durará en su encargo cinco
años, no podrá ser reelegido y sólo se le podrá remover por las causas graves que
la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las
causas y conforme a los procedimientos previstos en la Constitución local.

Al
tratarse de reformas constitucionales y al ser aprobadas en el Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones, el Congreso remitirá estos Decretos a los ayuntamientos
para su consideración, de aprobarlo al menos 107 de los 212, este Poder los
declarará aprobados en lo general y serán remitidos a la Gaceta Oficial del
Estado para su publicación y entrada en vigencia.

Este
Dictamen registró 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

La
diputada María Elisa Manterola Sainz anunció que, ante los recientes hechos
delictivos registrados en el municipio
de Martínez de la Torre, solicitará de manera formal al Gobernador del Estado,
Miguel Ángel Yunes Linares, que a través del Grupo de Coordinación Veracruz se
generen las estrategias que permitan revertir el clima de inseguridad en esta
zona.

La
representante del Distrito VII, de Martínez de la Torre, detalló que solicitará
que el Grupo de Coordinación de Veracruz, en el que participan mandos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaría de Marina (SEMAR),
de la Policía Federal (PF), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN) y funcionarios estatales de las corporaciones policiacas, analicen los
índices delictivos y desplieguen acciones, tanto para frenar como para prevenir
estos actos y dar con los responsables, con el fin que enfrenten a la justicia.

La
legisladora señaló que ha estado pendiente de cada uno de los casos de
violencia registrados, sobre los que ha mantenido constante comunicación con el
Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, así como con el secretario
de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, lo que ha dado como resultado algunas
acciones, pero ante la constante de este fenómeno es necesaria la coordinación
y colaboración institucional de las fuerzas federales para una mejor
focalización y resultados más rápidos.

Añadió
que como diputada, como originaria de este municipio, continuará demandando a
las autoridades atiendan el tema de inseguridad, ya que las familias
veracruzanas deben vivir en paz y tranquilas.

Asimismo,
se buscará la coordinación con las autoridades municipales de mi distrito,
destacó, para que coadyuven en las tareas disuasivas y preventivas, Martínez de
la Torre, su gente, tienen derecho a vivir en una ciudad segura.

El
coordinador del Grupo Legislativo Juntos por Veracruz, diputado Fernando Kuri
Kuri, presentó la iniciativa que reforma el inciso D) de la fracción I del
artículo 8 de la Ley de Planeación del Estado para que el campo veracruzano
cuente con un Programa de Desarrollo Integral y que éste sea de carácter
prioritario, a efecto de que el sistema de planeación pueda focalizar las
políticas públicas dirigidas a este importante sector.

El
legislador dijo que es necesario este Programa Integral ya que ayudaría a que
los apoyos productivos, de obra pública, de servicios en vivienda, de
educación, de generación de empleo, de comercialización de sus productos, entre
otros, tengan un referente específico en un documento de planeación.

Añadió
que no puede lograrse una atención integral del campo veracruzano si no se
construye un documento de planeación que haga un diagnóstico de las necesidades
específicas de este sector de Veracruz e integre las políticas públicas, las
líneas estratégicas y programas de acción en una visión única.

El
diputado Kuri Kuri enfatizó que este Programa Integral sería un mecanismo de
planeación transversal a todas las dependencias del Ejecutivo estatal, que
inciden con sus programas en apoyo al campesino de la entidad.

Debemos
reconocer que los problemas del campo veracruzano son muy diferentes a los que
se presentan en las zonas urbanas de la entidad, señaló Fernando Kuri, quien
añadió que reconocer esta diferencia permitirá construir políticas públicas
focalizadas, orientará la gestión gubernamental y ayudará a evaluar el impacto
que tiene el campo, a partir de los programas de gobierno que se dirigen a este
sector de la población.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz con 42 votos a favor
el Dictamen de la nueva Ley para la Atención, Intervención, Protección e
Inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de
Veracruz cuyo objeto es impulsar la plena integración e inclusión educativa,
social y laboral de las personas con este padecimiento en un ambiente libre de
discriminación y con un enfoque especializado e integral, mediante la
protección de sus derechos humanos.

Esta ley contempla
que las personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) puedan solicitar y
tener una evaluación médica, psicológica, psiquiátrica y social, así como un
diagnóstico temprano, preciso, accesible, actualizado y sin prejuicios, de
acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional y Estatal de Salud.

También podrán recibir
consultas clínicas y contar con terapias de habilitación especializadas,
oportunas y eficaces en la red hospitalaria del Estado, entre otras.

De conformidad con la
ley se prevé la creación de una Comisión
Interinstitucional para la

Atención,
Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro
Autista como instancia de carácter permanente del Ejecutivo del Estado, que
tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas en materia de
atención a las personas con TEA se realice de manera coordinada.

Así como garantizar
que la ejecución de los planes, programas, políticas públicas y acciones en
materia de atención a las personas con este padecimiento, sean de manera
efectiva, transversal y multidisciplinaria.

En el Sistema
Educativo Estatal se impulsará, la inclusión de contenidos para el diagnóstico
e intervención del Trastorno del Espectro Autista, en el mapa curricular de la Licenciatura
de

Educación Especial.

Para ello también están
contemplados los “maestros sombras” en cada institución, que garanticen que las
y los infantes reciban atención personalizada que salvaguarde sus derechos
humanos.

En relación a las
sanciones, queda estrictamente prohibido -para la atención y preservación de
los derechos de las personas con TEA y sus familias- rechazar su atención en
clínicas y hospitales del sector público y privado; negar la orientación
necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado, así como actuar con
negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas,
así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre medicación que altere el
grado del trastorno u ordenar internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas,
entre otros.

Este Dictamen es
resultado del análisis de las iniciativas presentadas el 18 de Julio de 2017,
por el Grupo Legislativo del PRI y otra
por parte de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, así como la presentada
el 5 de septiembre de 2017 por la diputada Cinthya Lobato Calderón.

Al
pronunciarse en la tribuna del Congreso del Estado sobre los 10 decretos
emitidos recientemente por el Presidente de la República, la diputada María del
Rocío Pérez Pérez dijo que esta acción no protege la flora, la fauna y el abasto del vital líquido.

En la décima sesión ordinaria, del
Segundo Año de Labores, la presidenta de la Comisión Permanente Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático afirmó que los citados Decretos incluyen
un capítulo para concesionar un determinado volumen de agua, por lo que la
población mexicana en general se vería afectada por la poca disponibilidad del
agua a mediano plazo y las comunidades indígenas en un futuro más cercano.

La legisladora Rocío Pérez dijo que
académicos y especialistas en el tema insisten en que esta acción de la
Federación busca favorecer a las grandes corporaciones cerveceras,
refresqueras, de minería y de fracturación hidráulica (Fracking).

Académicos
como el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de
Investigación para la Sustentabilidad perteneciente a la Universidad Autónoma
Metropolitana, y el investigador del Departamento de Producción Económica,
Roberto Constantino Toto expresan los Decretos ponen fin a las vedas del Río
Santiago, del Río Ameca, de Costa de Jalisco, de Costa Grande de Guerrero, de
Costa Chica de Guerrero, de San Fernando Soto la Marina, Grijalva-Usumacinta; y
en Veracruz: al Río Pánuco, Río Papaloapan, Río Actopan y Río Antigua.

Consideró
lamentable que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) afirme que los
decretos emitidos desde la Federación vayan amortiguar el cambio climático,
cuando afecta los otros usos posibles del agua, como los derechos originarios y
comunitarios.

Se privilegia la figura de la
concesión, por encima de la propiedad pública del agua, concluyó.

Ante
la reincorporación al cargo de los diputados Yazmín de los Ángeles Copete
Zapot, Juan Nicolás Callejas Roldán, Amado Cruz Malpica y Miriam Judith
González Sheridan y el cese en funciones de sus suplentes, la LXIV Legislatura
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que modifica la
integración de las comisiones permanentes de este Poder, quedando de la siguiente
manera:

Administración y
Presupuesto:
diputada Mariana Dunyaska García Rojas, presidenta; diputado Emiliano López
Cruz, secretario y la diputada María Adela Escamilla Moreno, vocal.

Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables: diputado Gregorio Murillo Uscanga,
presidente; Lourdes García González, secretaria y Amado Jesús Cruz Malpica,
vocal.

Desarrollo
Metropolitano:
diputado José Manuel Sánchez Martínez, presidente; Miriam Judith González
Sheridan, secretaria y Sebastián Reyes Arellanos, vocal.

Desarrollo Social,
Humano y Regional: diputada
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, presidenta y Marco
Antonio Núñez López, secretario.

Hacienda Municipal: diputado Rodrigo
García Escalante, presidente; Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, secretaria y
Bingen Rementería Molina, vocal.

Población y Atención
a Migrantes: diputada
Miriam Judith González Sheridan, presidenta; Regina Vázquez Saut, secretaria y
Luisa Ángela Soto Maldonado, vocal.

Trabajo y Previsión
Social: diputado
Juan Manuel del Castillo González, presidente; Mariana Dunyaska García Rojas,
secretaria y Amado Jesús Cruz Malpica, vocal.

Transparencia, Acceso
a la Información y Parlamento Abierto: diputada Daniela Griego Ceballos, presidenta;
Cinthya Lobato Calderón, secretaria y Juan Nicolás Callejas Roldán, vocal.

Vigilancia: Juan Manuel de Unánue
Abascal, presidente; Fernando Kuri Kuri, secretario y José Manuel Sánchez
Martínez, Judith Pineda Andrade, Lourdes García González, Juan Manuel del
Castillo González, Bingen Rementería Molina, Rodrigo García Escalante, Yazmín
Copete Zapot, María del Rocío Pérez Pérez, Juan Nicolás Callejas Roldán, Marco
Antonio Núñez López, María Adela Escamilla Moreno, Daniela Griego Ceballos y
Carlos Antonio Morales Guevara, vocales.

El
diputado Isaías Pliego Mancilla, del Grupo Legislativo de MORENA, presentó un
anteproyecto con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo
a fin que gire instrucciones a los titulares de las Secretarías de Salud (SS) y
Medio Ambiente (SEDEMA), con el objetivo de realizar campañas de salud y
saneamiento de los ríos Xilontla y Xalatla, pertenecientes al Municipio de
Ixhuacán de los Reyes, ya que están siento contaminados por la descarga de
aguas negras.

En
tribuna, el legislador indicó que el 9 de septiembre del 2008, los habitantes
de la comunidad de “Barranca Grande”, sufrieron un derrumbe y deslave de los
cerros que rodean dicha comunidad, por lo que fueron reubicados, formando dos nuevas
comunidades, a las que denominaron “Barranca Nueva” y “Nueva Villa”
pertenecientes al municipio de Ixhuacán de los Reyes.

Agregó que debido a la falta de una planta de tratamiento
se ha ocasionado que el desfogue de aguas negras sean vertidas en los ríos antes
mencionados, provocando una alta contaminación ambiental, causando daños a la
flora y fauna; así como la proliferación de enfermedades a los habitantes
asentados en las márgenes de ambos ríos.

Por
lo que el diputado Isaías Pliego solicita la pronta intervención de las Secretarías
de Salud y Medio Ambiente para revertir esta situación.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y
dictamen correspondiente.

El
diputado Rogelio Arturo Rodríguez García, del Grupo Legislativo de MORENA en el
Congreso del Estado, presentó un anteproyecto con punto de acuerdo para exhortar
al presidente municipal de Orizaba, Igor Fidel Roji López, a que ordene la suspensión temporal, del servicio público
municipal, del Director de Gobernación, Juan Ramón Herebia Hernández, hasta en
tanto sea resuelto un acto jurídico que este servidor público tiene en contra.

Dicha
suspensión será en tanto se lleva a cabo la investigación derivada de la
denuncia presentada por Oliver Coronado Paz, periodista independiente de
Orizaba, por la presunta privación
ilegal de su libertad, ejecutada por policías municipales de esa ciudad, por
órdenes del Director de Gobernación.

En
tribuna, el legislador señaló que el Director de Gobernación municipal, Juan
Ramón Herebia, instruyó a los policías interceptar al periodista antes citado,
-sin importar faltarle a sus garantías y derechos humanos- por la única razón
de la toma de fotografías a un establecimiento comercial.

El
diputado Rodríguez García indicó que la Comisión Estatal de Atención y
Protección a Periodistas (CEAPP), actualmente ha otorgado el apoyo al
periodista, ya que el gobierno de Orizaba desconoce lo ocurrido.

El
anteproyecto se turnó a la Junta de Coordinación Política para su estudio y
dictamen correspondiente.