La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la reforma el párrafo cuarto del artículo 230 Bis por el cual se establecen los procedimientos que habrán de regir las licitaciones públicas en las cooperativas escolares, para cual se instaura un Comité de Licitaciones.

Este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 18 de Julio el diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Nicolás Callejas Roldán, fue aprobado con 40 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera se establece los procedimientos de licitación pública que se desahoguen para el otorgamiento de las concesiones y los contratos respectivos, se ajustarán a lo dispuesto por la Ley de la materia, así como por los lineamientos que dicte la autoridad educativa estatal, pero la emisión de la convocatoria y la resolución del procedimiento estarán a cargo de un Comité de Licitaciones.

Este Comité estará integrad por el Director de la Escuela, un representante de los docentes, un representante de los padres de familia, un representante del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, que corresponda; un representante de la jefatura del sector escolar correspondiente, así como un representante de la supervisión escolar respectiva.

La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por el cual se exhorta al Ejecutivo estatal para que decrete como patrimonio Cultural del Estado la “Danza de los Santiagos, Negreada o de Moros y Cristianos” que se realiza en los municipios de Naolinco, Tlacolulan, Acatlán, Chiconquiaco, Miahuatlán, Landero y Coss, Tonayán, Tepetlán, Actopan, Tomatlán, Coscomatepec, Chocamán, Totutla, Tlacotepec de Mejía, Comapa, Tenampa, Ixhuatlán del Café, Sochiapa, Alpatláhuac, Calcahualco y Huatusco

Este exhorto del Poder Legislativo, es resultado del anteproyecto que presentó el pasado 4 de Junio el diputado Ernesto Cuevas Hernández.

El documento avalado por el Pleno coincide con el legislador en que la cultura de México es basta en manifestaciones de toda índole y uno de los aspectos más sobresalientes fue aportado por la religión, en tal razón esta Danza representa a Dios, por los Santiagos, contra el Diablo, representado por los Moros, en su intento por recuperar Tierra Santa, y es derivada de la conquista de Jerusalén.

Dicha tradición fue adoptada localmente con música y coreografía original, para educar a los indios en la fe cristiana de una manera sencilla.

La tradición inicia por la noche y en el atrio de la iglesia ejecutan una danza o bailada completa, al terminar la bailada de la noche, luce la entrada de los danzantes en el iluminado templo lleno de gente, que indica que la misa iniciaría pronto, subrayó.

Los repiques de las campanas y los tronidos de los cohetes anuncian a los danzantes, quienes avanzan a lo largo y en medio de la nave central, bailando con pasos y saltos cortos, acompañados del tintineo de los cascabeles, al sonde la flauta y el tambor.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de la nueva Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano, cuya finalidad es dotar a los cafeticultores de un instrumento legal que dé certidumbre, seguridad y fortaleza, a través de la creación del Instituto Veracruzano del Café.

Este Decreto, resultado de las iniciativas que presentaron los diputados Zenyazen Roberto Escobar Pérez, del Grupo Legislativo de MORENA; y el legislador Ernesto Cuevas Hernández, de Juntos por Veracruz, registró 39 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Esta Ley tiene por objeto normar, fomentar y desarrollar la producción, comercialización y consumo del café; promover y fomentar la cafeticultora a través de la capitalización del sector, el suministro de insumos, la obtención de apoyos financieros y procurar una justa distribución del ingreso cafetalero con criterios de competitividad técnica, factibilidad económica, desarrollo social y sustentabilidad.

Además de: incrementar la participación del sector cafetalero en los mercados nacional e internacional y regular las relaciones entre los agentes participantes en la cadena de producción, procesamiento, comercialización y consumo de café, tendientes a generar oportunidades equitativas en el mercado y un desarrollo integral del sector y de las regiones cafetaleras.

Prevé la concurrencia del Ejecutivo estatal, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), en la aplicación de esta Ley.

Corresponde al Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura impulsar el otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales y dentro de los parámetros de competitividad nacional e internacional, tanto en tasas como en plazos, a través de la banca de desarrollo y comercial, y la celebración de convenios con la banca de desarrollo que permita a los productores acceder a préstamos preferenciales, entre otros.

El Ejecutivo Estatal deberá prever en la iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado para el año fiscal correspondiente, y contemplarse en el decreto respectivo, la previsión necesaria que tendrá como objeto seguir operando el Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura.

El Instituto Veracruzano del Café realizará las gestiones necesarias para constituir un fideicomiso que tendrá la función de administrar los recursos de los fondos, para la realización de programas y proyectos específicos, apoyos y pagos a cafeticultores, de cualquiera de los sujetos previstos en esta Ley.

Este Instituto estará integrado por la Junta de Gobierno, la Dirección General, un Comisariado Público y un Consejo Consultivo, contará para el desarrollo y ejecución de sus funciones, de la estructura orgánica y plantilla del personal que apruebe la Junta de Gobierno.

El Director General del Instituto será nombrado por el Ejecutivo del Estado, a través de la SEDARPA, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley.

El Consejo Consultivo del Café del Estado de Veracruz, es un órgano de apoyo y consulta del Instituto, con carácter institucional, social y honorífico, que estará integrado por el Presidente, un Secretario y cinco Vocales los que no recibirán retribución, compensación o emolumento alguno y serán seleccionados por la Junta de Gobierno.

Para efectos de Integrar el instituto, así como designar al director general y realizar el Reglamento interno del Instituto Veracruzano del Café, se hará a través de un comité integrado por la Comisión Especial para atender lo relativo a la Industria del Café de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado y la SEDARPA, en un término de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

En los posicionamientos, el diputado del Grupo Legislativo de MORENA, Zenyazen Roberto Escobar García señaló que esta reforma permitirá que haya menos abandono de las tierras y que haya verdaderos apoyo a los cafeticultores, “el café no tiene colores políticos” añadió.

El legislador Ernesto Cuevas Hernández, de Juntos por Veracruz, destacó que al aprobarse esta ley habrá el rescate del sector cafetalero y se fortalecerá la economía de las familias, evitando la migración hacia otros lugares.

Del Partido Acción Nacional (PAN) el diputado Basilio Picazo Pérez subrayó el impulso que tendrá el campo veracruzano.

La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por el cual se exhorta al Ejecutivo estatal para que decrete como patrimonio Cultural del Estado la “Danza de los Santiagos, Negreada o de Moros y Cristianos” que se realiza en los municipios de Naolinco, Tlacolulan, Acatlán, Chiconquiaco, Miahuatlán, Landero y Coss, Tonayán, Tepetlán, Actopan, Tomatlán, Coscomatepec, Chocamán, Totutla, Tlacotepec de Mejía, Comapa, Tenampa, Ixhuatlán del Café, Sochiapa, Alpatláhuac, Calcahualco y Huatusco

Este exhorto del Poder Legislativo, es resultado del anteproyecto que presentó el pasado 4 de Junio el diputado Ernesto Cuevas Hernández.

El documento avalado por el Pleno coincide con el legislador en que la cultura de México es basta en manifestaciones de toda índole y uno de los aspectos más sobresalientes fue aportado por la religión, en tal razón esta Danza representa a Dios, por los Santiagos, contra el Diablo, representado por los Moros, en su intento por recuperar Tierra Santa, y es derivada de la conquista de Jerusalén.

Dicha tradición fue adoptada localmente con música y coreografía original, para educar a los indios en la fe cristiana de una manera sencilla.

La tradición inicia por la noche y en el atrio de la iglesia ejecutan una danza o bailada completa, al terminar la bailada de la noche, luce la entrada de los danzantes en el iluminado templo lleno de gente, que indica que la misa iniciaría pronto, subrayó.

Los repiques de las campanas y los tronidos de los cohetes anuncian a los danzantes, quienes avanzan a lo largo y en medio de la nave central, bailando con pasos y saltos cortos, acompañados del tintineo de los cascabeles, al sonde la flauta y el tambor.

La Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con discapacidad del Congreso de Veracruz, presidida por la diputada Janeth García Cruz, invita a los jóvenes de la entidad a participar en la edición 14 del Parlamento de la Juventud Veracruzana que habrá de realizarse del 29 al 31 de agosto de este año en la ciudad de Xalapa.

La legisladora García Cruz subrayó que la Comisión antes citada, integrada por los diputados José Manuel Sánchez Martínez y Fernando Kuri Kuri, convoca a los jóvenes a participar en este espacio de diálogo a fin que expresen sus intereses, motivaciones y aspiraciones.

Anunció que las y los jóvenes tienen hasta el 15 de agosto para inscribirse y la documentación pueden entregarla de manera física en la avenida Ávila Camacho, número 286, colonia Formosa en la ciudad de Xalapa, Veracruz. También pueden remitirla de manera digital al correo: parlamentojuventudver@gmail.com

Además, -agregó- el o la aspirante tendrá que llenar el formato de registro en: https://docs.google.com/forms/d/1EUMEeUy21_Wlz0C5PoWvSmkGRyeTl2i8hvoHpe12kHM/edit

La diputada dijo que los aspirantes deberán presentar: acta de nacimiento, tener entre los 15 y 29 años de conformidad con lo que dispone la Ley, llenar el formato antes señalado, carta de Exposición de Motivos, dirigida al Director General del IVJ, por los cuales se tiene el interés de formar parte del 14° Parlamento de la Juventud, de máximo una cuartilla y una propuesta para mejorar las políticas, programas, proyectos y acciones en materia de juventud en alguna de las cinco comisiones.

Las comisiones parlamentarias que deberán ser abordadas son: fomento al Empleo y Productividad; Educación y Cultura; Igualdad Social; Medio Ambiente, territorio y energía y la de Comunicación y Desarrollo Metropolitano.

La legisladora Janeth García manifestó que el Comité Organizador elegirá, bajo un estricto criterio de objetividad, un parlamentario (a) por cada Distrito Electoral y 20 bajo el principio de

representación proporcional. En este punto será considerado prioritario la participación activa de cada aspirante en beneficio del sector juvenil.

En relación a las limitantes, la diputada refirió que no podrán participar en esta convocatoria, jóvenes que hayan sido parlamentarios (as) en años anteriores, quienes hayan participado o sido representantes de un partido político a cargo de elección popular; así como funcionarios (as) y empleados (as) públicos.

Los resultados serán publicados el lunes 20 de agosto del presente año, en las redes sociales del Instituto Veracruzano de la Juventud.

Durante la sesión ordinaria de este jueves 26 de Julio, la LXIV Legislatura del Estado aprobó la reforma al párrafo cuarto del artículo 230 Bis mediante el cual se establecen los procedimientos que habrán de regir las licitaciones públicas en las cooperativas escolares, para lo cual se instaura un Comité de Licitaciones.

Este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el pasado 18 de Julio el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Nicolás Callejas Roldán, fue aprobado con 40 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones y entrará en vigor al día siguiente de ser publicada en la Gaceta Oficial de Veracruz.

De esta manera se establecen los procedimientos de licitación pública que se desahoguen para el otorgamiento de concesiones y los contratos respectivos, se ajustarán a lo dispuesto por la Ley de la materia, así como por los lineamientos que dicte la autoridad educativa estatal, pero la emisión de la convocatoria y la resolución del procedimiento estarán a cargo de un Comité de Licitaciones.

Este Comité estará integrado por el Director de la escuela, un representante de los docentes, un representante de los padres de familia, un representante del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación que corresponda; un representante de la jefatura del sector escolar correspondiente, así como un representante de la supervisión respectiva.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz designó al ciudadano Arturo Mariscal Rodríguez como Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), por un periodo de siete años.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, fracción IV, numeral 1, de la Constitución Política Local y 85, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado.

En la décima tercera sesión ordinaria, se puso a consideración del Pleno la terna integrada por los ciudadanos Arturo Mariscal Rodríguez, Martha Elvia González Martínez y César Sergio Núñez Herrera y tras obtener 39 votos, el ciudadano Arturo Mariscal fue designado Comisionado del IVAI.

Arturo Mariscal es nativo de Orizaba, Veracruz, de 44 años de edad, Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana en 2005 y Maestro en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial por la Universidad de Xalapa.

Se ha desempeñado como Abogado titular del Consorcio Jurídico Especializado en Orizaba, Veracruz; Subdirector de Coordinaciones Regionales de la Subsecretaría de Gobierno del Estado y Comisario Público en la Contraloría General del Estado, entre otros cargos.

El Acuerdo del Congreso de Veracruz señala que por tratarse de una convocatoria abierta a la sociedad en general, se estima necesario que el proceso de nombramiento del Comisionado IVAI garantice a todos los aspirantes, incluido quien actualmente se desempeña como Comisionado provisional, la igualdad de oportunidades en la selección de los mejores candidatos para ocupar el puesto a través de un procedimiento transparente, objetivo y equitativo.

Las diputadas y diputados del Congreso de Veracruz aprobaron la reforma al artículo 6 del Código Financiero del Estado por el cual se establece que, además de la administración pública centralizada, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad, así como los organismos autónomos y municipios implementarán la Transparencia Presupuestaria, publicando su información durante los primeros cinco días de cada mes.

Esta reforma, resultado de la iniciativa que presentó, el 13 de noviembre de 2017, el diputado Fernando Kuri Kuri, fue aprobada con 39 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Misma que establece la obligatoriedad de publicar, en Internet, toda la información presupuestaria durante los primeros cinco días de cada mes, con lo que las y los ciudadanos podrán conocer los ingresos y cómo se gastan los recursos públicos.

Incluye las participaciones mensuales por fondos que se reciben, distinguiendo los factores de distribución que le corresponde al Estado y a los municipios: los descuentos por concepto que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las aportaciones federales, los convenios provenientes del Ramo 23, los recursos de hidrocarburos recibidos tanto terrestres como marítimos, los remanentes de la bursatilización; el Impuesto Sobre la Renta participable, la deuda pública con su destino final, deuda contingente o circulante por dependencia, entidad, municipio u órgano autónomo.

Los Estados Financieros de los Informes Trimestrales del Gasto Público con las notas, describiendo las cuentas de orden debidamente desglosadas como lo marca la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como todo reporte que deba ser entregado a la federación en cumplimiento a la Ley de Disciplina y al cumplimiento del principio de transparencia a que se refiere la fracción I del Código Financiero.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Estado, con objeto de establecer las bases de coordinación entre los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado para garantizar el acceso al suministro de agua.

Este Decreto, aprobado con 39 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones, fue resultado de la iniciativa que presentó el diputado Marco Antonio Núñez López, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).

La reforma, contempla que el Estado y los municipios, en su ámbito de competencia, garantizarán el derecho humano que tiene toda persona al agua potable y saneamiento y definirán las bases, apoyos, así como las modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación y la ciudadanía para la consecución del fin común en la prestación del servicio, mismo que deberá ser, suficiente, salubre, aceptable y asequible.

También, considera la recolección del líquido, potabilización, transporte y mantenimiento del sistema, así como los servicios de saneamiento, drenaje y alcantarillado; que es lo que genera un costo por el servicio y lo que debe ser precisado para entender que en esencia el derecho humano al agua no es, ni puede ser cuestionable.

Se determina el pago de la cuota por consumo de agua, alcantarillado y saneamiento, que se realizará por períodos mensuales y se deberá efectuar dentro del mes siguiente al periodo que se cubre.

En caso de incumplimiento de pago por el usuario doméstico, se procederá a restringir el servicio, suministrando cincuenta litros diarios por cada habitante de la vivienda, en tanto no se cubra el adeudo.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el Estado, por el cual se prevé la creación de Zonas Económicas Estatales para el fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población, lo que garantizará un desarrollo sustentable a las diversas regiones de nuestro Estado.

Este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 8 de mayo de este año, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Hugo González Saavedra, fue aprobado con 40 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera, se establece que Zona Económica Estatal es el área geográfica del territorio veracruzano, determinada por Decreto del Ejecutivo, en la cual el Gobierno del Estado y el o los ayuntamientos que la integren, quedarán obligados a otorgar las facilidades y los incentivos temporales que se establezcan en términos del Convenio de Coordinación para el establecimiento y desarrollo de la Zona Económica Estatal respectiva, previa autorización del Congreso local.

Se contempla, como objeto de la ley, el determinar, impulsar y consolidar sectores económicos estratégicos, así como impulsar y favorecer a las Zonas Económicas Estatales o Especiales, fortaleciendo su competitividad a través del fomento de agrupamientos empresariales, integración de cadenas productivas, programas de desarrollo de proveedores locales, desarrollo de infraestructura y creación de estímulos, apoyos e incentivos específicos.

El Ejecutivo, atendiendo al Plan y conforme a sus recursos disponibles, apoyará la creación, desarrollo y consolidación de conjuntos y parques empresariales; corredores y ciudades industriales; zonas económicas estatales, portuarias, aeroportuarias y costeras, procurando la participación de los sectores público, privado y social.

Para el caso de las Zonas Económicas Estatales, los beneficios fiscales a otorgar deben tener como objetivo fomentar la generación de empleos permanentes, el ascenso industrial, el crecimiento de la productividad en el trabajo, e inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico de la Zona.

Estos beneficios, también, deben ser otorgados por el o los ayuntamientos que la integren de manera temporal y decreciente a favor de los Inversionistas que cuenten con autorización, permiso o asignación por parte del Consejo de Economía del Estado.

En los posicionamientos, el diputado del Grupo Legislativo del PAN y autor de la iniciativa, Hugo González Saavedra, expuso que esta reforma sentará las bases en las que se desarrollarán las acciones, beneficios e incentivos en las zonas económicas estatales; que representará –añadió- una oportunidad para generar empleos formales, bien pagados y se atraerá la inversión pública.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó, con 47 votos, el Dictamen por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para Veracruz, con la finalidad de agregar el concepto de Espionaje contra las instituciones de seguridad pública, mejor conocido como “Halconeo” y este sea sancionado.

La entidad veracruzana ha incrementado sus índices de violencia, generada específicamente por las actividades de la delincuencia organizada y una de las conductas delictivas más frecuentes en la actualidad corresponde al denominado “halconeo”, que es el acecho y vigilancia permanente o reiterada de las actividades de las instituciones o autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.

Para su ejecución utilizan equipo de telefonía, radiocomunicación, cuentas de correo electrónico y sitios web (blogs), a través de los cuales se comunican los movimientos de unidades de las corporaciones policiales, los operativos implementados o en proceso de iniciarse, así como los retenes de inspección que se instalan o vayan a instalarse, entre otras.

Dicho problema, contribuye a la ejecución de diversos delitos que ponen en riesgo la integridad física de la sociedad veracruzana y especialmente de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública.

En tal razón, se establece que quien posea, porte o utilice equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos para prácticas de espionaje, con respecto a canales de comunicaciones oficiales o privadas, entre otras, se les impondrán de siete a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

También a quien utilice instrumentos punzocortantes, punzo contundentes, contuso cortantes, contuso contundentes o de cualquier material, que por su resistencia o su fuerza, dañe o impida el paso de vehículos de seguridad pública municipal, estatal, federal o de las fuerzas armadas mexicanas.

Además que posea, porte o utilice equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos para prácticas de espionaje, con respecto a canales de comunicaciones oficiales o privadas, estos últimos cuando sean utilizados para funciones de seguridad pública.

Incluso permita o consienta la instalación de antenas o cualquier instrumento de comunicación en bienes de su propiedad o posesión, con los cuales se intercepte o transmita la señal o las comunicaciones para el espionaje o halconeo.

La pena se incrementará hasta la mitad cuando, se empleen menores de edad, personas con discapacidad o de la tercera edad, para la comisión de este delito.

Se incrementará hasta una cuarta parte de la sanción prevista en el artículo 371 a quien, para la comisión de los delitos señalados en este capítulo, utilice algún vehículo del servicio público de transporte de pasajeros, u otro que preste un servicio análogo.

Este Decreto, es resultado de la iniciativa presentada el 7 de noviembre de 2017 por el Ejecutivo del Estado.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen por el que se crea la nueva Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz, cuyo objeto es dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal, los conflictos que por la Constitucionalidad de sus actos, normas generales o la inexistencia de éstas, surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo o entre uno de ellos y los municipios que conforman el Estado.

Esta ley, resultado de las iniciativas que presentó el diputado Carlos Antonio Morales Guevara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue avalada con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera se señala que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado es competente para sustanciar, con base en las disposiciones de esta Ley, el procedimiento que regule las Controversias Constitucionales, las Acciones de Inconstitucionalidad y las Acciones por Omisión Legislativa.

Tendrán el carácter de parte en las controversias Constitucionales: como actor, el o los Municipios, el Poder Legislativo o el Ejecutivo que promueva la controversia; como demandado, el o los Municipios, el Poder Legislativo o el Ejecutivo, que hubiere emitido y promulgado la disposición general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia y como tercero o terceros interesados, el o los Municipios o los Poderes Ejecutivo y Legislativo en aquellos casos en que, sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse.

Tratándose de controversias Constitucionales, el Magistrado ponente, a petición de parte o de oficio, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Magistrado ponente.

Al dictar la sentencia, el Pleno deberá, en su caso, corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

Procede la acción por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso del Estado no ha aprobado alguna Ley o Decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

El Procedimiento de Protección para Pueblos y Comunidades Indígenas tiene como propósito hacer eficaces los derechos humanos establecidos por la Constitución del Estado, y los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano; así como, en su caso, reparar afectaciones a dichos derechos.

Los Pueblos o Comunidades Indígenas que estimen vulneración a sus derechos humanos, mediante escrito simple, podrán comparecer ante la Sala Constitucional y detallar el motivo de su promoción, en la cual debe establecerse el acto u omisión que se estiman causa agravio a sus intereses; así como la autoridad o autoridades responsables de dicho acto u omisión.

En los posicionamientos, la diputada del PRD, Yazmín Copete Zapot señaló que debe fortalecerse al Poder Judicial para que actúe como contrapesos y dirimir controversias entre el Ejecutivo, Legislativo o municipios. Este será uno de los temas que tendrán que llevarse a cabo a partir de noviembre de este año, añadió.

Las diputadas y diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron el Dictamen que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado con el objeto de integrar un Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, que tenga las atribuciones de apoyo, consulta y asesoramiento de los Sujetos Obligados, para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Abierto.

Además podrá proponer mejores prácticas de participación ciudadana, colaboración en la implementación y evaluación de la política digital en materia de datos abiertos y la realización de indicadores específicos sobre temas relevantes.

Para el caso se propone que el Consejo Consultivo esté integrado por un Presidente, quien será un representante del sujeto obligado, así como un Secretario y un Vocal, quienes serán elegidos, mediante audiencias públicas, por el Comité de Transparencia y todos los miembros del Consejo tendrán voz y voto.

Los cargos de los integrantes del Consejo Consultivo son de carácter honorífico, por lo que no recibirán sueldo alguno y durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, se renovará el Consejo Consultivo conforme a los procedimientos que establece la Ley.

Esta reforma, -resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de mayo de este año la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos del Partido de MORENA- fue aprobada con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

En su posicionamiento, la legisladora destacó que con la presente reforma se logrará analizar, evaluar y emitir recomendaciones sobre el Plan de Gobierno Abierto, así como promover la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración interinstitucional, que genere nuevos canales de comunicación entre Gobierno y ciudadanía que favorezca el debate público.

El Pleno de la LXIV Legislatura aprobó, por mayoría de votos, el Dictamen de la nueva Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz cuyo objeto es garantizar la protección y promoción de los derechos de todas las personas migrantes que salen, retornan, se establecen o transitan por el Estado, con independencia de su situación migratoria.

Se prevén las bases de la política en materia de atención a migrantes y sus familias en el Estado, la cual estará centrada en el respeto irrestricto a sus derechos humanos; organiza la estructura y atribuciones del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; define las atribuciones de las autoridades estatales auxiliares en la atención a migrantes y delimita las atribuciones de los ayuntamientos en la atención a migrantes.

Esta ley, resultado de la iniciativa que presentó, el 14 de diciembre de 2017, la diputada independiente Miriam Judith González Sheridan, fue aprobada con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

El documento señala que todos los migrantes veracruzanos y sus familias que salgan o retornen al territorio del Estado, así como los migrantes extranjeros y sus familias que se asienten de manera temporal o permanente en la entidad, o transiten por la misma, gozarán de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz y en los tratados internacionales en la materia de los que México es parte.

Los migrantes, con independencia de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida y la de sus familias, en cuyo caso, los encargados de prestar el servicio médico informarán de inmediato, para su conocimiento y apoyo, al Instituto y al titular del país, del cuerpo consular acreditado en el Estado, al que pertenezca el migrante.

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal diseñarán e implementarán políticas públicas y programas especiales para la atención de las necesidades de las personas migrantes y sus familias en cuanto a salud, educación, cultura, impartición y administración de justicia, desarrollo laboral y económico, y todas aquellas destinadas a crear condiciones que favorezcan el debido ejercicio de sus derechos.

En la repatriación de personas migrantes de origen veracruzano, el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes colaborará con las autoridades federales competentes, cuidando que en todo momento se respeten a los repatriados sus derechos y que cuenten con acceso a los servicios públicos que esta Ley y la demás legislación les garantizan.

Se consideran autoridades en materia de atención a migrantes en Veracruz: el Gobernador del Estado; el Secretario de Gobierno; el Consejo Consultivo de Atención a Migrantes; el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes y los ayuntamientos a través de sus Comisiones de Población y de sus Direcciones de Atención a Migrantes.

El Consejo Consultivo de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, es el órgano de consulta que asesora y apoya al Instituto en la delineación y ejecución de sus actividades, promoviendo una colaboración intersectorial entre los diversos órganos que lo integran en beneficio de la atención que se brinde a las personas migrantes y sus familias en la entidad.

Los ayuntamientos diseñarán y mantendrán un Padrón Municipal de Personas Migrantes, el cual tendrá como objetivo registrar el número y características de los migrantes y sus familiares en ese municipio. El Padrón funcionará mediante un sistema electrónico conforme a lo que se establezca en el Reglamento.

El Registro Estatal de Personas Migrantes será público y estará a cargo del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; el cual contará con el apoyo de todos los ayuntamientos del Estado.

Dentro de los treinta días siguientes a su nombramiento, el Director del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes hará llegar a los integrantes de la Consejo Consultivo su Proyecto de Plan Anual de Trabajo.

En los posicionamientos, la diputada Miriam Judith González Sheridan señaló que esta ley dota a las autoridades estatal y municipales para la instrumentación de políticas a favor de personas migrantes, en especial cuando se trate de niñas y niños. Agregó que el Registro Estatal de Personas Migrantes vendrá a mejorar el diseño de acciones y políticas para la debida atención a este sector.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen por el cual se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para crear el Registro Estatal de Menores, siendo ésta la base de datos con muestras biométricas de las huellas digitales o dactilares de menores, que resguardaría la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF).

Este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó a nombre del Grupo Legislativo del PAN el 28 de mayo de 2018 la diputada María Josefina Gamboa Torales, fue aprobado con 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera se instaurará el Registro Estatal de Menores, mismo que será de carácter permanente e interés público; que además se regirá bajo los siguientes parámetros: los datos que integran el Registro Estatal de Menores, serán estrictamente confidenciales y no podrán ser comunicados o darse a conocer, salvo que se trate de la petición de una autoridad dentro de un procedimiento en donde se encuentre en riesgo la integridad de un menor de edad y sea rigurosamente necesaria para la prosecución del mismo.

Tendrá acceso exclusivo al Registro Estatal de Menores la Procuraduría Estatal de Protección para el cumplimiento de las funciones señaladas y no podrá dársele o destinarse a otra finalidad u objetivo distinto.

El Registro Estatal de Menores contendrá como mínimo, la siguiente información identificativa: nombre del menor de edad; nombre de los padres o tutores del menor de edad; declaración expresa del otorgamiento del consentimiento; dirección del menor de edad y placa de cada dactilar del menor de edad.

Las Procuradurías Municipales serán las encargadas de alimentar dicho Registro, mismo que será actualizado al inicio de los primeros cursos de los niveles escolares que conforman la educación básica, salvo petición expresa del padre o tutor que solicite la inclusión del menor de edad, caso en el que será en cualquier momento.

La Procuraduría Estatal para cumplir con esta obligación, deberá celebrar convenios con las Secretarías de Salud y de Educación del Estado.

Para la generación e integración del registro individual, el padre o tutor del menor de edad, deberá entregar consentimiento expreso, mismo que deberá tener el carácter de libre, específico e informado, cumpliendo para ello con los parámetros señalados por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz.

Serán tomadas en presencia del padre o tutor del menor de edad.

Las diputadas y diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron el Dictamen que reforma el artículo 47 de la Ley de Salud y por el cual se establece que todo tratamiento médico específico o intervención quirúrgica que se realice a un paciente, deberá contar con el consentimiento informado y aceptado mediante firma de éste, de un familiar o de su representante legal, aceptando los riesgos que conllevan los mismos.

Para el caso de intervenciones quirúrgicas éstas, exclusivamente, deberán ser practicadas por médicos especialistas en estricto apego a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud.

De igual forma, se determina que los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos.

En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal.

De no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

Esta reforma, resultado de la iniciativa que presentó, el 12 de julio de este año, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Kirsch Sánchez, fue aprobada con 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-APRUEBAN REFORMA QUE FOMENTA LA DONACIÓN DE LECHE MATERNA-

En la décima segunda sesión ordinaria, las y los diputados también aprobaron el Dictamen que reforma el primer párrafo y adiciona las fracciones I y II al artículo 63 de la Ley de Salud, que fomenta la lactancia materna y se establece la obligación del Estado para impulsar la creación de bancos de leche materna.

De esta manera, en la organización de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias del Estado establecerán procedimientos que

permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios.

Así como acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento de la lactancia materna y en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, impulsar la creación de bancos de leche materna en los hospitales que cuenten con servicios neonatales, además de promover la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado.

Este decreto, resultado de la iniciativa que presentó, el 28 de junio de este año, el diputado José Kirsch Sánchez, fue aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Las diputadas y diputados, integrantes de la LXIV Legislatura, aprobaron con 41 votos la nueva Ley de Juntas de Mejoras para el Estado de Veracruz, con el objetivo de instaurar en los municipios estos organismos, que con base en la cooperación de particulares, beneficien a la comunidad, fortalezcan la identidad cívica, coadyuven en la preservación del patrimonio natural y cultural, promuevan la cultura de la legalidad y protejan los derechos humanos.

Los cargos de las Juntas de Mejoras, son voluntarios, honoríficos, renunciables, no podrán ser ejercidos por servidores públicos y no pueden los miembros de las Juntas acordar para sí, percepción alguna; no podrán ser contratistas por sí o por interpósita persona en las labores que se realicen por cuenta de la Junta.

Será el Ayuntamiento quien emita la convocatoria pública cada cuatro años, dirigida a todos los habitantes del municipio, en dicha convocatoria se establecerán los requisitos y procedimiento de elección de los miembros de las Juntas.

La Ley contempla una Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras que sería una institución cuya finalidad estará encargada de fomentar el adecuado desarrollo de las comunidades veracruzanas, para lo cual se encargará de organizar, dirigir y vigilar a las Juntas de Mejoras Municipales, a efecto de que estas se desempeñen conforme a las disposiciones que establece la presente Ley.

Esta Ley es resultado de la iniciativa que presentó el 20 de julio de 2017, la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La legisladora, realizó un posicionamiento en el que recordó que la presente Ley garantizará la democracia municipal que fomente el desarrollo social.

Además, brindará respuestas inmediatas a la sociedad sobre servicios públicos, seguridad, conservación de espacios comunitarios e históricos, por mencionar algunos.

Dijo que la Junta de Mejoras coadyuvará a fortalecer las acciones del Cabildo, con la finalidad de preservar los derechos humanos en las comunidades y realizar actividades de manera transparente y democrática.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen por el cual se reforma la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz, con lo que se establece que todas las autoridades del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, garantizarán que las personas jóvenes con discapacidad no sean discriminados y cuenten con las condiciones adecuadas para gozar de una vida digna y plena.

Este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 15 de febrero de 2018 la diputada independiente Miriam Judith González Sheridan, fue aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera se establece que por ningún motivo las personas jóvenes con discapacidad serán objeto de discriminación. Además de los derechos que ésta y otras leyes les reconozcan, tienen derecho a desarrollar plenamente sus aptitudes y a gozar de una vida digna que les permita integrarse plenamente a la sociedad.

Las autoridades del Estado deberán asegurar que las personas jóvenes con discapacidad tengan acceso efectivo a la educación en todos sus niveles, a la capacitación laboral, a un empleo digno, a una remuneración satisfactoria, a los servicios de salud adecuados, a la seguridad y previsión social, así como a oportunidades de esparcimiento adecuado.

El programa preverá los mecanismos necesarios para que las personas jóvenes con esta característica puedan alcanzar óptimos niveles de desarrollo para bastarse a sí mismas y para participar de manera activa en cualquier ámbito de la sociedad, cuando por sí mismas así lo decidan.

El documento refiere que Veracruz es uno de los siete Estados con mayor porcentaje de personas con discapacidad entre su población y que de cada mil habitantes, 67 sufren alguna discapacidad.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó, en la primera de sus dos etapas, la reforma constitucional que establece facultades al Congreso del Estado para designar a los vecinos que conformarán un Concejo Municipal, para convocar a elecciones extraordinarias y disposiciones para suplir en caso de ausencia, al diputado propietario y al suplente.

De esta manera se incluye, como atribuciones del Congreso del Estado, la de convocar a elecciones extraordinarias en los ayuntamientos, en el supuesto de que se hubiere declarado la nulidad, o no se hubiere hecho la declaración de validez respectiva, el día último del mes de diciembre inmediato a la elección correspondiente.

También se faculta al Poder Legislativo para designar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre los vecinos de un municipio, a los que integrarán un Concejo Municipal. Éste se conformará con un número de concejales idéntico al de ediles que corresponderían al ayuntamiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley.

De igual forma y en caso que ocurriera la falta de los diputados, propietario y suplente, elegidos por el principio de representación proporcional, el Congreso llamará, en cualquier momento, al siguiente en el orden que corresponda, según las listas presentadas por los partidos políticos.

Este decreto –aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones- reforma la fracción X del artículo 33; adiciona las fracciones XXIV Bis y XXIV Ter al artículo 33 y la fracción VII Bis al artículo 41, todos de la Constitución Política del Estado.

Esta modificación es resultado de la iniciativa presentada, el pasado 12 de Julio, por los diputados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el legislador José Roberto Arenas Martínez, de la bancada Juntos por Veracruz.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron la nueva Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, cuyo objeto es establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre el Estado y sus municipios, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas y esclarecer los hechos.

De igual forma, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados señalados por la Ley General.

Esta Ley, resultado de las iniciativas que presentaron el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García, del Grupo Legislativo de MORENA y la diputada María Josefina Gamboa Torales, del Partido Acción Nacional (PAN), fue avalada con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Esta Ley tiene como objeto, también, establecer el Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas; crear la Comisión Estatal de Búsqueda; garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable.

De igual forma, está el garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir Información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional.

Se prevé un Banco Nacional de Datos Forenses, como herramienta del Sistema Nacional que concentre las bases de datos de las entidades federativas y de la federación; así como, otras bases de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, como el Registro que concentre la información forense procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los restos tanto de la Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su origen.

Los servidores públicos que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado.

La Comisión Estatal de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, dependiente directamente de la persona titular de ésta, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio del Estado de Veracruz.

El poder Ejecutivo del Estado deberá establecer un fondo para las funciones, obligaciones y atribuciones inherentes a la Comisión Estatal de Búsqueda; y para el cumplimiento del objetivo que establece la presente Ley y la Ley General.

Este fondo deberá contemplar, al menos: recursos suficientes para el funcionamiento adecuado de la Comisión Estatal de Búsqueda; para la implementación y ejecución del Programa Nacional de Búsqueda; la función adecuada de los Registros y el Banco que prevé la Ley General; el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y para la implementación y ejecución de las acciones de búsqueda.

En los posicionamientos, la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales detalló que esta reforma fue resultado de las aportaciones de colectivos de desaparecidos. Destacó la creación del mecanismo por el cual participan más autoridades en la búsqueda de desaparecidos y exhortó a continuar trabajando para mejorar la legislación.

Del Grupo Legislativo de MORENA, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García dijo que Veracruz se pone a la vanguardia en esta materia. Esta reforma culmina el esfuerzo de colectivos de diversas regiones y organismos de defensa de derechos humanos. Consideró como urgente la publicación de esta ley, ya que la desaparición de personas es un tema lacerante que daña a la sociedad.

De igual forma manifestaron sus posicionamientos a favor del Dictamen las diputadas Guadalupe Osorno Maldonado y Cinthya Lobato Calderón.

Para establecer que las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia serán de forma inmediata y permanecerán hasta que cesen las causas que lo hayan motivado, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Basilio Picazo Pérez, presentó ante el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa que reformaría los artículos 42 y 43 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado.

En la tribuna, el diputado planteó incluir, en la ley antes citada, la disposición relativa a que las órdenes de protección de emergencia y preventivas permanecerán vigentes hasta que cesen las causas que las motiven y la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo y deberán expedirse en forma inmediata, al conocimiento de los hechos que las generan.

De igual forma, consideró necesario establecer que son órdenes de protección de emergencia la prohibición inmediata al agresor de molestar por cualquier forma y medio, incluso por cualquier medio electrónico, a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia.

Así como advertir a la persona agresora de las consecuencias a que se hará acreedora de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; o intentar cualquier acto en su contra.

En la sesión, el diputado Basilio Picazo detalló que actualmente la legislación contempla 120 horas como duración máxima de las medidas de protección de emergencia y preventivas, lo cual contraviene a las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), quienes a su vez recomiendan que las órdenes de protección deben durar “hasta que la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo”.

El legislador dijo que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016, de las mujeres de 15 años y mas, 66.1 por ciento,han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida; 43.9 por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o ultima pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación.

Añadió que sólo 2.2 por ciento solicitó apoyo a alguna institución; mientras que el 88.4 por ciento no solicitó apoyo ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad. Lo anterior, destacó el diputado, refleja que la “cifra negra” es muy alta, por lo que las agresiones de género quedan impunes.

No basta que una mujer acuda a las instancias legales a presentar una denuncia cuando ha sido víctima de violencia, subrayó Picazo Pérez, quien añadió que es necesario que las autoridades den una respuesta pronta y expedita, y emitir una orden de protección que evite su re-victimización, pero sobre todo que las proteja y dé seguridad contra nuevas agresiones a ellas y a su familia.

Al
dar la bienvenida a los participantes del Vigésimo Tercero (XXIII) Encuentro
Iberoamericano de Autoridades Locales, que se llevará a cabo del 22 al 26 de
este mes en las ciudades de Medellín y Orizaba, la presidenta de la Mesa
Directiva de la LXIV Legislatura del Estado, diputada María Elisa Manterola
Sainz, expresó que para el Congreso de Veracruz el Estado de derecho y el
desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente.

En
este evento, celebrado en la ciudad de Medellín y organizado por la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM), la legisladora Manterola Sainz señaló
que este Encuentro tendrá contenidos de interés general, en los que, a través
del intercambio de experiencias y la aportación de ideas, habrá resultados que
permitan alcanzar las metas planteadas en la Agenda 2030, impulsada por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ante
la presencia del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares; del
presidente municipal de Medellín, HIpólito Deschamps Espino Barros, así como el
presidente de la UIM y Gobernador de Caldas, Colombia, Guido Echeverry
Piedrahita, la diputada dijo que este espacio de diálogo es una gran
oportunidad para que los representantes locales conozcan de primera mano otras
experiencias, en prácticas de gestión y gobernabilidad, desde la perspectiva de
la institucionalidad, la justicia y la paz.

Por
último, señaló que todos somos parte importante y fundamental para poder
construir un mundo con prácticas sostenibles, sociedades pacificas e
inclusivas, donde con alianzas
internacionales puede hacerse un cambio para las personas
y el planeta.

El
XXIII Encuentro Iberoamericano, que registra la participación de autoridades
municipales de más de 20 países, tiene como temas centrales a tratar la paz y
la seguridad ciudadana y el debate será en relación a la definición o el rol de
las autoridades locales en estas acciones.

Participaron
en este Encuentro el Doctor Francisco Montfort Guillén, Jefe de la Oficina del
Programa de Gobierno; los presidentes municipales de Orizaba, Igor Rojí López;
de Veracruz, Fernando Yunes Márquez; de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli y
de Córdoba, Leticia López Landero, así como el Coordinador de Gestión del Grupo
Legislativo del PAN en el Congreso de Veracruz, Héctor Aguilera Lira.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen
por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley número 59 Contra el
Ruido en el Estado, con el que se establecen y actualizan reglas a que deben
sujetarse la producción de ruidos y demás sonidos que pudieran ocasionar
molestias a la comunidad, ya sea por la hora, por su naturaleza o por su
frecuencia.

Este
Dictamen, -resultado de la iniciativa que presentó el pasado 21 de mayo la
diputada María del Rocío Pérez Pérez- enfatiza la importancia de actualizar
esta ley, toda vez que el marco legislativo vigente no se apega a las
necesidades y a la realidad que vivimos los veracruzanos, teniendo un atraso de
75 años.

De
esta manera, la Ley Contra el Ruido en Veracruz tiene por objeto establecer las
reglas a que debe sujetarse la producción de ruidos y demás sonidos que
pudieran ocasionar molestias a la comunidad, ya sea por la hora, por su
naturaleza o por su frecuencia; con
base en la norma oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los
límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su
método de medición.

Para
efectos de ruidos se consideran los producidos con instrumentos musicales, por
aparatos de radio-receptores, aparatos mecánicos de música, electrónicos, digitales u otros reproductores de música. También los
producidos con fines de propaganda comercial, ya sea por medio de instrumentos
musicales, de la voz humana amplificada por micrófono, o de otros medios, que
sobrepasen los niveles permitidos por la Norma Oficial Mexicana.

La vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos
anteriores, queda a cargo, principalmente, del personal de Tránsito y Policía
Vial o en su defecto del personal que designen los ayuntamientos, quien deberá levantar las infracciones
correspondientes.

La coordinación sobre el cumplimiento de las reglas
anteriores, queda a cargo de la Procuraduría de
Medio Ambiente del Estado, quien emitirá los lineamientos y dictará las
medidas correspondientes.

Los aparatos radio-receptores, aparatos mecánicos,
electrónicos, digitales u otros reproductores de música, funcionarán al volumen
reducido, de manera que su sonido no trascienda al exterior del local en que se
encuentren y pueda ocasionar molestias al vecindario.

En relación a las multas, van de las 5 a las 25
Unidas de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con la gravedad de la
falta.

En caso de rotura o violencia del sello de
cancelación se aplicará al responsable una multa de 25 UMA vigentes al momento
de la infracción, sin perjuicio de cancelar la licencia respectiva, en caso de
reincidencia, si se trata del propietario o manifestante.

Cuando el infractor sea persona de notoria
insolvencia, la multa se conmutará por el arresto correspondiente de 72 horas.

Todos los ayuntamientos deberán reglamentar y hacer
cumplir esta Ley a través de sus áreas encargadas en materia medio ambiental.

Este decreto registró 44 votos a favor de diputados
y diputados de los grupos legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por
Veracruz y legisladores independientes, así como los diputados de Nueva Alianza
y del PVEM. No se registraron votos en contra o abstenciones.

El
Congreso de Veracruz reformó la Ley de Protección a los Animales para el Estado
a fin de adecuarla con el Código Penal, con lo que se prohíbe en la entidad la mutilación de animales cuyo
objeto sea modificar su apariencia o conseguir un fin no médico,
particularmente en cortes de cola, orejas, sección de las cuerdas vocales y
extirpación de uñas y dientes.

Este
Dictamen, -resultado de la iniciativa que presentó el pasado 8 de mayo el
diputado del Partido Nueva Alianza, Vicente Benítez González- señala que en
el 2000 la Sociedad Mundial para la
Protección Animal promovió la Declaración Universal sobre Bienestar Animal
(DUBA), que establece una serie de principios para que los gobiernos nacionales
y sub-nacionales puedan legislar en materia de protección animal, declaración
que fue apoyada en 2007 por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

De
esta manera, el artículo 3 de la Ley de Protección a los Animales establece la
prohibición para mutilar animales cuyo objeto sea modificar su apariencia o
conseguir un fin no médico, particularmente los cortes de cola y orejas, la
sección de las cuerdas vocales y la extirpación de uñas y dientes.

Sólo se permitirán las intervenciones con anestesia
que tengan un fin médico o para impedir la reproducción.

Con
esta modificación, el Congreso del Estado de Veracruz se suma a entidades como
Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Nayarit, Yucatán,
Quintana Roo, Chihuahua y la Ciudad de México, que ya han legislado sobre esta
materia.

Este
Decreto registró 39 votos a favor de diputados y diputadas de los grupos
legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz, así como de legisladores
independientes y de los diputados de Nueva Alianza y PVEM. No se registraron
votos en contra o abstenciones.

En
la discusión en lo general del Dictamen, el diputado Vicente Benítez expresó
que en Veracruz se dio el primer paso para el respeto a la vida de los animales
y que se genera una acción positiva para evitar el maltrato.

El
diputado del Distrito II de Tantoyuca, Manuel Francisco Martínez Martínez,
presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto para solicitar
al Gobierno Federal y a Petróleos Mexicanos (PEMEX), dar mantenimiento a sus
instalaciones en la entidad y para que, a través del Programa de Apoyo a la
Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), liquide sus compromisos ambientales,
específicamente en la zona petrolera de Chicontepec.

El
legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó que PACMA
opera mediante la implementación de obras y acciones, denominadas PROA´S, que
permiten dotar de Infraestructura, servicios y proyectos de corto, mediano y
largo plazo, a las comunidades petroleras, en cualquiera de los siguientes
rubros: infraestructura, seguridad, educación y deporte, salud, equidad,
proyectos productivos y protección al medio ambiente.

En
su exposición ante el Pleno, el diputado detalló que se sabe que desde 1978
Chicontepec posee un amplio recurso geológico de hidrocarburos, que constituye
una de las mayores acumulaciones en América. Sin embargo –añadió- dadas las
complejas características geológicas, su explotación puede ser difícil y
costosa, comparada con los grandes yacimientos en el sureste del país.

Agregó
que Chicontepec se ubicó como uno de los tres proyectos principales de
inversión de PEMEX entre 2009 y 2014, rondando los 21 mil millones de pesos por
año.

PEMEX
dejó de perforar nuevos pozos en Chicontepec a partir de 2014 y comenzó incluso
a cerrar algunos, indicó el legislador, quien añadió que la petrolera no
abandona Chicontepec pese al fuerte recorte de presupuesto en este proyecto,
que cayó de 18 mil 900 millones de pesos en 2014, a los 3 mil 340 millones de
pesos en 2016.

Expuso
que por Veracruz atraviesan poco más de 14 mil kilómetros de ductos y que, de
acuerdo con actas del Consejo de Administración de PEMEX, más de 7 mil 600
kilómetros de esos ductos han sido clasificados como «críticos» por
el estado en que se encuentran.

Lo
anterior, enfatizó el diputado Manuel Francisco, resulta incomprensible ya que
el Gobierno Federal obtiene ganancias, derivadas de los excedentes petroleros.

“PEMEX
ha explotado esta y tantas otras zonas petroleras del país y causado estragos
en ciudades donde cancela proyectos y produce recortes de plantilla dañando la
economía de miles de familias y empresas” señaló el diputado, quien consideró
necesario resarcir de los daños generados a Chicontepec.

El
diputado del Grupo Legislativo de MORENA, en el Congreso de Veracruz, Rogelio
Arturo Rodríguez García, presentó la iniciativa que reforma diversas
disposiciones de la Ley para la Solución de Conflictos de Límites Territoriales
Intermunicipales en el Estado de Veracruz, con el propósito de precisar en ésta
el término de “Conflicto de Límites Territoriales” y así subsanar un vacío
legal que existe.

En
la décima primera sesión ordinaria, el también presidente de la Comisión
Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, señaló que esta
modificación es el primer paso para comprender que los conflictos por límites
territoriales no son hechos o situaciones de poca relevancia y no deben ser
tomados como tal, pues traen aparejadas diversas repercusiones sociales.

De
esta manera, la iniciativa prevé definir “Conflicto de Límites Territoriales” como aquel que se presenta entre dos
o más municipios del Estado, por la indefinición, confusión, error, o la
indebida apropiación de un determinado espacio territorial.

Los conflictos en materia de límites territoriales
entre dos o más municipios podrán solucionarse mediante los procedimientos que
señala la Ley, refiere el documento.

En la tribuna, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez
ejemplificó que ciudadanos piden que sus localidades sean parte de otro
municipio, ya que en el suyo no les otorgan obra pública ni servicios; o
ciudadanos que piden que sus localidades pertenezcan al municipio vecino porque
la cabecera municipal de este les queda más cerca que la que legalmente
pertenecen.

Agregó que aunque pareciera que los anteriores
problemas sociales pudieran ser un conflicto de límites territoriales, no lo
son, ya que no es lo mismo que los habitantes se encuentren en una situación de
incertidumbre por no saber a qué autoridad recurrir para resolver sus distintas
carencias, a la negativa de un ayuntamiento de otorgar obra o servicios
públicos, sabiendo que la localidad que los requiere forma parte de ese
municipio.

El legislador citó a la especialista y catedrática
de la UNAM, Marisol Luna Leal, quien define los conflictos intermunicipales por
límites territoriales como “la confrontación legal, y hasta física entre los
miembros de dos o más ayuntamientos, motivados por la confusión, el error, o la
indebida apropiación de un determinado espacio geográfico”.

La
diputada del Grupo Legislativo de MORENA, en el Congreso de Veracruz, Lourdes
García González, se pronunció en tribuna respecto a los hechos suscitados el
pasado 7 de julio en el municipio de Tlilapan, en donde al derrumbarse un cerro
y una gran piedra impactar a un autobús, que dio como resultado tres personas
fallecidas y nueve heridos, hizo un llamado a las autoridades a mejorar las
vías de comunicación en esta zona.

La
también secretaria de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables dijo que, el 7 de julio, a las 19:00 horas, en el camino de
Rafael Delgado hacia Magdalena, en la comunidad de Tonalixco, municipio de
Tlilapan, se registró el terrible accidente, en el que una roca de más de un
metro de diámetro se desprendió del cerro e impactó a un autobús de pasajeros
que justamente transitada a la altura de esa cumbre.

Aún
cuando el autobús no cayó al barranco –refirió la legisladora- el impacto de la
roca sobre el autobús ocasionó tres pérdidas humanas, entre ellos un pequeño de
apenas año y medio de edad. Además de nueve personas lesionadas y daños
materiales a la empresa Sociedad Cooperativa de Autotransportes Rafael
Delgado-Orizaba.

La
diputada destacó que, tras el accidente, fue registrada la oportuna asistencia
de autoridades y corporaciones que brindaron auxilio a los heridos y se
controló el tráfico vehicular. “Sin embargo, el dolor por un accidente de esta
naturaleza es profundo para toda la población de aquella zona” abundó.

Dijo
que el punto del accidente es conocido por
“El paso de la muerte” o “Paso del diablo” y es debido a que en la temporada de lluvias es considerada zona de riesgo, de
deslaves, ya que los desgajamientos del cerro ha provocado diversas tragedias.

Por
último, la diputada Lourdes García hizo un llamado a los gobiernos federal y
estatal a fin que actúen de manera responsable y trabajen para brindar mejores
condiciones a la zona de Zongolica, tanto en sus vías de comunicación, como en
desarrollo, salud y educación, entre otros.

Para
establecer que las medidas de protección
a las mujeres víctimas de violencia serán de forma inmediata y permanecerán
hasta que cesen las causas que lo hayan motivado, el diputado del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Basilio Picazo Pérez, presentó
ante el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa que reformaría los
artículos 42 y 43 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado.

En
la tribuna, el diputado planteó incluir, en la ley antes citada, la disposición
relativa a que las órdenes de protección de emergencia y preventivas
permanecerán vigentes hasta que cesen las causas que las motiven y la víctima
de violencia deje de estar expuesta al riesgo y deberán expedirse en forma
inmediata, al conocimiento de los hechos que las generan.

De
igual forma, consideró necesario establecer que son órdenes de protección de
emergencia la prohibición inmediata al agresor de molestar por cualquier forma
y medio, incluso por cualquier medio electrónico, a la víctima en su entorno
social, así como a cualquier integrante de su familia.

Así
como advertir a la persona agresora de las consecuencias a que se hará
acreedora de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, de las y
los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; o
intentar cualquier acto en su contra.

En
la sesión, el diputado Basilio Picazo detalló que actualmente la legislación
contempla 120 horas como duración máxima de las medidas de protección de
emergencia y preventivas, lo cual contraviene a las recomendaciones de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), quienes a su vez recomiendan
que las órdenes de protección deben durar “hasta que la víctima de violencia
deje de estar expuesta al riesgo”.

El
legislador dijo que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica
de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016, de las mujeres de 15 años y
mas, 66.1 por ciento,han enfrentado al
menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en
su vida; 43.9
por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o ultima
pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación.

Añadió
que sólo 2.2 por ciento solicitó apoyo a alguna
institución; mientras que el 88.4 por ciento no solicitó apoyo ni presentó
queja o denuncia ante alguna autoridad. Lo anterior, destacó el diputado,
refleja que la “cifra negra” es muy alta, por lo que las agresiones de género
quedan impunes.

No
basta que una mujer acuda a las instancias legales a presentar una denuncia
cuando ha sido víctima de violencia, subrayó Picazo Pérez, quien añadió que es
necesario que las autoridades den una respuesta pronta y expedita, y emitir una
orden de protección que evite su re-victimización, pero sobre todo que las proteja
y dé seguridad contra nuevas agresiones a ellas y a su familia.

El
diputado del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
José Kirsch Sánchez, presentó ante el Pleno del Congreso de Veracruz la
iniciativa que reforma los artículos 147 y 148 de la Ley de Educación del
Estado para fomentar la creación de Huertos Escolares, como una fuente de
motivación para que las niñas y los niños planifiquen, colaboren y tomen
decisiones acertadas sobre una adecuada alimentación y su responsabilidad con
el medio ambiente.

En
la décima primera sesión ordinaria, el legislador planteó que las autoridades
educativas estatales y municipales promuevan la educación ambiental para el
desarrollo sustentable, en la cual deberán considerar los huertos escolares,
así como el fomento de la investigación, el uso de métodos y técnicas para la
prevención y la restauración ambiental de los ecosistemas.

En
la tribuna, el diputado Kirsch Sánchez enfatizó que los Huertos Escolares
responden ampliamente a las necesidades actuales; está orientado a la
alfabetización ecológica, los medios de subsistencia, la mejora de la
alimentación, la educación nutricional y la preparación para la vida activa.

Además
concede prioridad a la educación práctica, integra varias materias y su
influencia se extiende a la totalidad de la escuela, la familia y la comunidad.

Sostuvo
que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la
Agricultura y la Alimentación, los huertos escolares tienen como objetivo:
enseñar a los alumnos la manera de obtener diversos alimentos como hortalizas,
frutas y legumbres, y hacerlo pensando en una buena alimentación; demostrar a
los alumnos y sus familias cómo ampliar y mejorar la alimentación con productos
cultivados en casa; fomentar la preferencia por las hortalizas y frutas y su
consumo, así como reforzar los almuerzos
escolares con hortalizas y frutas ricas en micronutrientes.

En
la tribuna, señaló que los huertos escolares son zonas cultivadas en torno a
las escuelas o cerca de ellas, que al menos en parte están bajo el cuidado de
los alumnos y en los que suelen producirse hortalizas y frutas. Las actividades
pueden ser plantas ornamentales y de sombra, así como producción de alimentos
básicos en pequeña escala, añadió.

El
diputado Tito Delfín Cano, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) presentó un pronunciamiento en relación al impacto del cambio climático
en la entidad, en el que señaló que el clima es el principal factor respecto a
la productividad primaria, estructura y composición de las especies de plantas
y animales a nivel global.

Dijo
que el crecimiento demográfico, aunado a las prácticas agrícolas intensivas, al
aumento de la deforestación, a la
industrialización, a aumento la concentración de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) ha alcanzado niveles récord en 2016.

Veracruz se
encuentra entre los Estados biológicamente más importantes del País, ya que existen
prácticamente todos los tipos de vegetación descritos para México, lo cual
muestra la riqueza y complejidad del mismo.

Subrayó que por
su riqueza florística, que incluye 7 mil 482 especies de Angiospermas y
Gimnospermas, el Estado se coloca en tercer lugar después de Oaxaca y Chiapas.

El
legislador Delfín Cano propuso mejorar las prácticas en el sector agrícola,
pecuario, pesquero y acuícola; para evitar la contaminación de flora, fauna y
manto freático, así como afectaciones a la salud.

Para
el sector ganadero, propone contrarrestar los efectos de la sequía y lograr
desarrollo en armonía con el medio ambiente para obtener mayor producción de
carne y leche.

Para
el sector pesquero buscar la reducción de la contaminación asociada al uso de
motores en mal estado y evitar la interrupción en el proceso de captura;
aprovechamiento de especies sin valor comercial; mayores márgenes de seguridad
en el manejo post captura; tener cultivos de café sano, con mayor rendimiento y
valor comercial.

Mejorar
la producción de caña y conservación del suelo, a través de parcelas
demostrativas de caña con la finalidad de mejorar el rendimiento y reducir las
emisiones contaminantes por quema y con la recolección permanente de aceite
vegetal usado para disminuir la contaminación del agua.

Para
otorgar preferencia a las empresas veracruzanas, respecto a las foráneas, en la
asignación de contratos de obra pública, la diputada independiente Miriam
Judith González Sheridan presentó la iniciativa que reforma la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas con Ellas del Estado de Veracruz, en la que
destacó que para darse esta acción tendrá que haber similitud en los precios,
calidad y tiempos de ejecución de las obras.

En
la décima primera sesión ordinaria, del Congreso del Estado, la legisladora
destacó que entidades como Durango, Aguascalientes y Tabasco se han establecido
diferentes mecanismos para promover que la adjudicación de obra pública, así
como la compra de bienes y servicios beneficien en lo posible a empresas
locales y maximizando de esta manera el efecto multiplicador de una derrama
económica que de forma directa beneficia a la sociedad en su conjunto.

Esta
modificación, señaló la diputada González Sheridan, vendría a reforzar la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz, que en 2015 fue modificada para establecer
que “Los proveedores con domicilio y
residencia fiscal en el Estado y el municipio de que se
trate, tendrán preferencia para ser adjudicatarios, y se les permitirá un
precio hasta del 5 por ciento mayor que las cotizaciones foráneas”.

Expuso
que el Estado puede directamente invertir en el desarrollo de actividades
productivas o puede contratar con particulares el desarrollo de obra, “de hecho, el mero gasto en la compra de
insumos genera una derrama económica que puede beneficiar o incentivar un sano
desarrollo de la economía”, añadió.

En
la tribuna, la legisladora subrayó que los criterios de eficiencia o
racionalidad deberían ir más allá de la disminución de costos, y maximizar,
sobre todo, el impacto del gasto en el desarrollo y las condiciones de
bienestar de la población.

Dijo
que debe tomarse en cuenta que la economía es un conjunto complejo, y que “cada
peso gastado” no sólo repercute en los usuarios directos de la obra o servicio
de que se trate, sino que también incentiva la actividad económica en su
conjunto a través del pago de salarios y compra de insumos que realicen las
empresas o personas a quienes se encarga la realización de una obra, prestación
de servicios o suministro de bienes.

El
diputado Ernesto Cuevas Hernández, integrante del Grupo Legislativo Mixto
Juntos por Veracruz, presentó un anteproyecto con punto de acuerdo, por el que
se exhorta al Gobierno del Estado a que gire instrucciones a la Secretaría de
Medio Ambiente (SEDEMA) y atienda el ecocidio ocasionado por el basurero a
cielo abierto, ubicado en el Municipio de Misantla.

En
tribuna, el legislador señaló que es urgente atender el problema de contaminación
y de salud que genera en los habitantes, ya que en dicho basurero se queman
residuos que generan humo con sustancias químicas dañinas.

El
diputado Ernesto Cuevas sostuvo que los efectos inmediatos a la salud,
producidos por los contaminantes antes mencionados, son ardor de ojos,
irritación de las vías respiratorias y exacerbación del asma, y a largo plazo daños como el enfisema
pulmonar y cáncer, por señalar algunos.

El
representante popular recordó el Convenio de Estocolmo tiene por objeto
proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes
orgánicos persistentes, por lo que solicita la pronta actuación de las
autoridades pertinentes a fin de revertir esta situación.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y
proceso correspondiente.

El
diputado Marco Antonio Núñez López, del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), presentó ante el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa
que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Estado, que tiene
como propósito garantizar el derecho humano al agua y además señala diversos
requisitos que deberán tener quienes estén al frente de los organismos
operadores de agua en la entidad.

Durante
la décima primera sesión ordinaria, del segundo año de labores, el diputado
señaló que si bien el derecho al agua es un derecho humano, se debe precisar
que la aportación monetaria que recauda el organismo operador del servicio de
agua, es por concepto de suministro del líquido hasta el domicilio del usuario.

Lo
que incluye entre otros la recolección del líquido, potabilización, transporte
y mantenimiento del sistema, así como
los servicios de saneamiento, drenaje y alcantarillado; que es lo que genera un
costo por el servicio, y lo que debe ser precisado para entender que en esencia
el derecho humano al agua no es, ni puede ser cuestionable.

Consideró
necesario fortalecer a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), así
como a sus oficinas operadoras en todo el Estado; para mejorar los mecanismos
de vinculación con el usuario y prestar un mejor servicio; reconociendo la
importancia del personal en las tareas administrativas y operativas de la
dependencia y su relación jerárquica; así como para tener certidumbre en las
labores que desempeñan y en la atención a los usuarios para brindar un servicio
eficiente, pronto y de calidad.

La
iniciativa plantea que el Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia,
garantizarán el derecho humano que tiene toda persona al agua potable y
saneamiento, y definirán las bases, apoyos, así como las modalidades para el
acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la
participación de la federación y la ciudadanía para la consecución del fin
común en la prestación del servicio, mismo que deberá ser: suficiente, salubre,
aceptable y asequible.

Además
indica que al frente del organismo operador de agua habrá un director, quien
deberá cumplir con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Municipio
Libre, deberá contar con conocimientos técnicos en el ramo o experiencia
técnica no menor a 3 años, en cualquiera de los supuestos, estos deben ser
comprobables.

El
director será designado y removido por el ayuntamiento, a propuesta del órgano
de gobierno.

La
determinación y pago de la cuota por consumo de agua, alcantarillado y
saneamiento, se realizará por períodos mensuales y se deberá efectuar dentro
del mes siguiente al periodo que se cubre.

La
diputada María del Rocío Pérez Pérez, vocal de la Comisión Permanente de
Vigilancia del Congreso de Veracruz, presentó ante el Pleno un anteproyecto con
Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado a fin que remita a esta
Soberanía un Informe sobre el estado que guarda las finanzas públicas, el uso
de los recursos adquiridos mediante contrataciones de deuda pública, así como
los montos de deuda contratada, fechas de adquisición, vigencia de los
contratos, así como las instituciones relacionadas con este tema.

En
la sesión, la integrante del Grupo Legislativo de MORENA recordó que, el 18 de
enero de 2017, fue creada la Comisión Especial para la Verdad sobre la
Deuda Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 1998-2016, que
tenía como finalidad analizar e investigar la situación real de la deuda del
Estado.

Añadió
que esta instancia legislativa -creada por Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política- sería apoyada por un Comité Técnico, integrado por cinco ciudadanos
con amplio conocimiento en finanzas, mismos que tendrían derecho a voz en las
reuniones de la comisión.

La
diputada Rocío Pérez enfatizó que los integrantes del Comité y de la Comisión,
interesados en la labor encomendada, mantuvieron la disposición de trabajar y
analizar la información que el Presidente de esta comisión especial solicitó en
varias ocasiones a los titulares de la Secretaria de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN).

Dicha
información –enfatizó- no fue entregada en tiempo y forma, por lo que la
comisión nunca pudo entrar en funciones para alcanzar el objetivo planteado.

En
la tribuna, la legisladora sostuvo que el tema de las finanzas públicas y del
uso de los recursos, no ha sido transparente y menos en la rendición de
cuentas, “hacen falta informes para los integrantes de la comisión especial y
la ciudadanía, así como información sobre el monto de la deuda pública de la
administración y sobre los bienes recuperados” expuso.

Subrayó
que de acuerdo al Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Veracruz se coloca en semáforo amarillo (endeudamiento en
observación), por lo que su techo de financiamiento neto para el actual
ejercicio fiscal es de máximo 5 por ciento de los Ingresos de Libre
Disposición; dado que su deuda pública equivale a más del 100 por ciento de sus
Ingresos de Libre Disposición.

El
diputado del Grupo Legislativo Mixto Juntos por Veracruz, Fernando Kuri Kuri, presentó
una iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Fomento a
la Investigación Científica y Tecnológica de la Entidad con el objeto de garantizar
el desarrollo científico y tecnológico de las y los veracruzanos.

De acuerdo a la
propuesta legislativa del diputado Kuri Kuri se establecería la obligación para
que el Congreso del Estado destine el 20 por ciento de incremento presupuestal
cada año a la consolidación del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología y que
este Presupuesto será progresivo.

De esta manera se
deberá aplicar los recursos destinados para el financiamiento de la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación,
principalmente mediante dos esquemas, el primero mediante un concurso de
proyectos de investigación a financiar.

El segundo, generando
estímulos económicos mensuales a
miembros del Sistema Veracruzano de Investigadores con líneas de investigación
aprobadas por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Económico (COVEICYDET).

El legislador propone
las siguientes atribuciones al COVEICYDET: convocar al Concurso Veracruzano de
Tesis en las modalidades de Licenciatura, Maestría y Doctorado entre los
egresados de las instituciones de educación superior de Veracruz, con lo cual se
promoverá que los estudiantes analicen en sus tesis la problemática de la
entidad y brinden soluciones

También, contempla crear
y administrar el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica, así
como el Sistema Veracruzano de Investigadores (SIVI).

El SIVI recibirá
recursos generados por el Fondo, hasta 40 por ciento se empleará para el
funcionamiento administrativo y directivo del COVEICYDET; 60 por ciento será destinado
al otorgamiento de apoyos para el desarrollo de proyectos de investigación
científica y tecnológica, equipo, instrumentos y materiales, así como becas
para especialización que no excedan el término de dos años.

La iniciativa se
turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Ciencia y Tecnología y de Hacienda
del Estado.

Se sumaron a esta
iniciativa los legisladores María Elisa Manterola Sainz, Basilio Picazo Pérez,
Rodrigo García Escalante, José Manuel Sánchez Martínez, Miriam Judith González
Sheridan y Vicente Benítez González.

Así como los Grupos
Legislativos de MORENA, Partido de la Revolución Democrática (PRD), y del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El
diputado Juan Nicolás Callejas Roldán, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa de decreto
que reforma el Código Financiero del Estado de Veracruz con el objeto de establecer
los procedimientos de licitación pública para las cooperativas escolares,
creando un comité interno.

En
tribuna el legislador Callejas Roldán, señaló que la iniciativa contempla que
la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) será la que fije los lineamientos
y parámetros para tal procedimiento, como hasta ahora lo hace, pero incorpora
la integración del Comité de Licitaciones a fin de emitir la convocatoria en
los términos y criterios propuestos y sea este quien emita el fallo
correspondiente.

El
Comité de Licitaciones estará integrado por el Director de la escuela, un
representante de los docentes, un representante de los padres de familia, un
representante del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación y un representante del sector educativo.

Todo
ello, para que se cumpla en apego a las licitaciones públicas como lo dispone
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado.

La
iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de
Educación y Cultura para su análisis, así mismo se sumaron los Grupos
Legislativos de MORENA, Juntos por Veracruz, la diputada del Partido Acción
Nacional, María Elisa Manterola Sainz y el diputado Vicente Benítez González,
del Partido Nueva Alianza (PANAL).