Las
diputadas y diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron
el Dictamen que reforma el artículo 47 de la Ley de Salud y por el cual se
establece que todo tratamiento médico
específico o intervención quirúrgica que se realice a un paciente, deberá
contar con el consentimiento informado y aceptado mediante firma de éste, de un
familiar o de su representante legal, aceptando los riesgos que conllevan los
mismos.

Para el caso de intervenciones quirúrgicas éstas,
exclusivamente, deberán ser practicadas por médicos especialistas en estricto
apego a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud.

De igual forma, se determina que los usuarios tienen
derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos
y terapéuticos ofrecidos.

En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en
estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder
será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal.

De no ser posible lo anterior, el prestador de
servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del
usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

Esta reforma, resultado de la iniciativa que
presentó, el 12 de julio de este año, el diputado del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Kirsch Sánchez, fue aprobada
con 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-APRUEBAN REFORMA QUE FOMENTA LA DONACIÓN DE
LECHE MATERNA-

En la décima segunda sesión ordinaria, las y los
diputados también aprobaron el Dictamen que reforma el primer párrafo y
adiciona las fracciones I y II al artículo 63 de la Ley de Salud, que fomenta
la lactancia materna y se establece la obligación del Estado para impulsar la
creación de bancos de leche materna.

De esta manera, en la organización de los servicios
de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias
del Estado establecerán procedimientos que permitan la participación activa de
la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los
usuarios.

Así como acciones de orientación y vigilancia
institucional, capacitación y fomento de
la lactancia materna y en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a
mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, impulsar la creación
de bancos de leche materna en los
hospitales que cuenten con servicios neonatales, además de promover la
instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y
privado.

Este decreto, resultado de la iniciativa que
presentó, el 28 de junio de este año, el diputado José Kirsch Sánchez, fue
aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

El
Pleno de la LXIV Legislatura aprobó, por mayoría de votos, el Dictamen de la
nueva Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de
Veracruz cuyo objeto es garantizar la protección y promoción de los derechos de todas las personas migrantes que
salen, retornan, se establecen o transitan por el Estado, con independencia de
su situación migratoria.

Se
prevén las bases de la política en materia de atención a migrantes y sus
familias en el Estado, la cual estará centrada en el respeto irrestricto a sus
derechos humanos; organiza la estructura y atribuciones del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; define
las atribuciones de las autoridades estatales auxiliares en la atención a
migrantes y delimita las atribuciones de los ayuntamientos en la atención a
migrantes.

Esta
ley, resultado de la iniciativa que presentó, el 14 de diciembre de 2017, la
diputada independiente Miriam Judith González Sheridan, fue aprobada con 45 votos
a favor, sin votos en contra o abstenciones.

El
documento señala que todos los migrantes veracruzanos y sus familias que salgan
o retornen al territorio del Estado, así como los migrantes extranjeros y sus
familias que se asienten de manera temporal o permanente en la entidad, o
transiten por la misma, gozarán de los derechos humanos que se reconocen en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución
Política del Estado de Veracruz y en los tratados internacionales en la materia
de los que México es parte.

Los migrantes, con independencia de su situación
migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin
restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte
necesaria para preservar su vida y la de sus familias, en cuyo caso, los
encargados de prestar el servicio médico informarán de inmediato, para su
conocimiento y apoyo, al Instituto y al titular del país, del cuerpo consular
acreditado en el Estado, al que pertenezca el migrante.

Las
dependencias y entidades de la administración pública estatal diseñarán e
implementarán políticas públicas y programas especiales para la atención de las
necesidades de las personas migrantes y sus familias en cuanto a salud,
educación, cultura, impartición y administración de justicia, desarrollo
laboral y económico, y todas aquellas destinadas a crear condiciones que
favorezcan el debido ejercicio de sus derechos.

En
la repatriación de personas migrantes de origen veracruzano, el Instituto
Veracruzano de Atención a Migrantes colaborará con las autoridades federales
competentes, cuidando que en todo
momento se respeten a los repatriados sus derechos y que cuenten con acceso a
los servicios públicos que esta Ley y la demás legislación les garantizan.

Se
consideran autoridades en materia de atención a migrantes en Veracruz: el
Gobernador del Estado; el Secretario de Gobierno; el Consejo Consultivo de
Atención a Migrantes; el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes y los ayuntamientos
a través de sus Comisiones de Población
y de sus Direcciones de Atención a Migrantes.

El
Consejo Consultivo de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, es el órgano
de consulta que asesora y apoya al Instituto en la delineación y ejecución de
sus actividades, promoviendo una colaboración intersectorial entre los diversos
órganos que lo integran en beneficio de la atención que se brinde a las
personas migrantes y sus familias en la entidad.

Los
ayuntamientos diseñarán y mantendrán un Padrón Municipal de Personas Migrantes,
el cual tendrá como objetivo registrar el número y características de los
migrantes y sus familiares en ese municipio. El Padrón funcionará mediante un
sistema electrónico conforme a lo que se establezca en el Reglamento.

El
Registro Estatal de Personas Migrantes será público y estará a cargo del
Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; el cual contará con el apoyo de
todos los ayuntamientos del Estado.

Dentro
de los treinta días siguientes a su nombramiento, el Director del Instituto
Veracruzano de Atención a Migrantes hará llegar a los integrantes de la Consejo
Consultivo su Proyecto de Plan Anual de Trabajo.

En
los posicionamientos, la diputada Miriam Judith González Sheridan señaló que
esta ley dota a las autoridades estatal y municipales para la instrumentación
de políticas a favor de personas migrantes, en especial cuando se trate de
niñas y niños. Agregó que el Registro Estatal de Personas Migrantes vendrá a mejorar
el diseño de acciones y políticas para la debida atención a este sector.

En conferencia de Prensa, el coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Nicolás Callejas Roldán, afirmó categórico
que los diputados priístas no reconocen la forma arbitraria en que se llevó a
cabo el proceso de elección del Fiscal Anticorrupción en la sesión del día de
hoy.

Señaló
que son muchas las irregularidades e ilegalidades que se registraron en dicha
elección, donde se nombró a Marcos Even Torres Zamudio, como Fiscal
Anticorrupción de Veracruz, por un periodo de cinco años.

La
designación se llevó a cabo con tan solo 27 votos a favor y sin cumplir con el
requisito de ser aprobado por las dos terceras partes de los diputados
presentes de la LXIV Legislatura, por lo que no se registró un consenso
mayoritario, lo que incurre en una violación a la Constitución Política del
Estado de Veracruz.

Callejas
Roldán, acompañado por los coordinadores de los Grupos Legislativos de Juntos
por Veracruz, Fernando Kuri Kuri y de MORENA, Zenyazen Roberto Escobar Pérez,
además de diputados de las tres bancadas, manifestó que los diputados panistas
“se pasaron la ley por donde quisieron” en esta imposición a modo, que flagela
la democracia y legalidad del Congreso Estatal.

“Es
lamentable que se lleven a cabo este tipo de acciones que violentan los
derechos de todos los veracruzanos y pasan por alto la decisión de las
mayorías. Estamos aquí, juntos, sin fijarnos en partidos, pero sí viendo
siempre por el futuro de la entidad, pues es nuestro deber”, concluyó el diputado
Juan Nicolás Callejas Roldán.

El
Congreso del Estado de Veracruz reformó la Ley de Salud, con lo que se
impulsarán acciones encaminadas a generar un estilo de vida saludable,
basada en la alimentación, activación física y el cese de los hábitos de
consumo de tabaco y alcohol.

Esta
reforma, resultado de la iniciativa que presentó, el pasado 12 de julio, la
diputada del Grupo Legislativo de MORENA, Guadalupe Osorno Maldonado, fue
aprobada con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera, se incluye en la Ley el concepto
“estilo de vida saludable”, como el conjunto de actividades y elecciones
conscientes que una persona, pueblo, grupo social y familia realiza a diario,
con determinada frecuencia, para prevenir y conservar su salud; y que depende
de sus necesidades, y posibilidades económicas, entre otros factores.

Estas actividades de prevención, se planearán
enfocadas a establecer un estilo de vida saludable en la población, como
prevención general de las enfermedades no transmisibles, con excepción de los
casos especiales que requieran especificaciones más puntuales.

La Comisión de Salud y Asistencia estimó viable esta
modificación a la Ley, toda vez que se justifica la
prevención de enfermedades mediante la educación para la salud, que comprende
entre otros aspectos, la promoción de un estilo de vida saludable en la
población en general.

El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen por el que se crea
la nueva Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz, cuyo objeto
es dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal, los
conflictos que por la Constitucionalidad de sus actos, normas generales o la
inexistencia de éstas, surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder
Ejecutivo y el Legislativo o entre uno de ellos y los municipios que conforman
el Estado.

Esta
ley, resultado de las iniciativas que presentó el diputado Carlos Antonio
Morales Guevara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la diputada
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), fue avalada con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De
esta manera se señala que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia
del Estado es competente para sustanciar, con base en las disposiciones de esta
Ley, el procedimiento que regule las Controversias Constitucionales, las
Acciones de Inconstitucionalidad y las Acciones por Omisión Legislativa.

Tendrán
el carácter de parte en las controversias Constitucionales: como actor, el o
los Municipios, el Poder Legislativo o el Ejecutivo que promueva la
controversia; como demandado, el o los Municipios, el Poder Legislativo o el
Ejecutivo, que hubiere emitido y promulgado la disposición general o
pronunciado el acto que sea objeto de la controversia y como tercero o terceros
interesados, el o los Municipios o los Poderes Ejecutivo y Legislativo en
aquellos casos en que, sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran
resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse.

Tratándose
de controversias Constitucionales, el Magistrado ponente, a petición de parte o
de oficio, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes
de que se dicte sentencia definitiva. La
suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por
las partes o recabados por el Magistrado ponente.

Al
dictar la sentencia, el Pleno deberá, en su caso, corregir los errores que
advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los
razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente
planteada.

Procede
la acción por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso del
Estado no ha aprobado alguna Ley o Decreto y que dicha omisión afecte el debido
cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

El
Procedimiento de Protección para Pueblos y Comunidades Indígenas tiene como
propósito hacer eficaces los derechos humanos establecidos por la Constitución
del Estado, y los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano; así
como, en su caso, reparar afectaciones a dichos derechos.

Los
Pueblos o Comunidades Indígenas que estimen vulneración a sus derechos humanos,
mediante escrito simple, podrán comparecer ante la Sala Constitucional y
detallar el motivo de su promoción, en la cual debe establecerse el acto u
omisión que se estiman causa agravio a sus intereses; así como la autoridad o
autoridades responsables de dicho acto u omisión.

En
los posicionamientos, la diputada del PRD, Yazmín Copete Zapot señaló que debe
fortalecerse al Poder Judicial para que actúe como contrapesos y dirimir
controversias entre el Ejecutivo, Legislativo o municipios. Este será uno de
los temas que tendrán que llevarse a cabo a partir de noviembre de este año,
añadió.

El
Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz nombró, y recibió la
protesta de ley, del ciudadano Marcos Even Torres Zamudio como titular de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Lo
anterior, al actualizarse lo establecido en la base sexta de la convocatoria
pública para la elección del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción.

En
la décima segunda sesión, celebrada este 24 de julio, se puso a consideración
del Pleno la terna y tras una primera votación, se registraron 24 votos a favor
de Marcos Even Torres Zamudio; dos votos para Andrés Domínguez Fernández y
ningún voto para Gustavo Fernando Vasto Pulido. Por lo anterior, ningún
aspirante obtuvo la mayoría calificada requerida.

Por
ello y con base en lo establecido en la convocatoria pública antes citada, la
Comisión de Procuración de Justicia presentó un nuevo dictamen con los nombres
de los dos aspirantes que registraron más votación y que dio como resultado 26
votos para Marcos Even Torres Zamudio y ningún voto para Andrés Domínguez
Fernández.

Al
no registrar la mayoría calificada, nuevamente, y de conformidad con la base
sexta de la convocatoria, que señala: “Lo no previsto en la presente
convocatoria y en el procedimiento de designación del titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, será resuelto por la Comisión
Permanente de Procuración de Justicia”.

De
esta manera, y de conformidad con lo antes señalado, el presidente de la
Comisión de Procuración de Justicia, diputado José Luis Enríquez Ambell tomó el
uso de la voz y presentó el Dictamen por el cual se determinó designar al
ciudadano Marcos Even Torres Zamudio como Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción, toda vez que –señaló- fue el aspirante que registró la mayor
votación en las dos anteriores ternas.

Al
registrar una votación aprobatoria de 27 votos a favor, sin votos en contra o
abstenciones, la Mesa Directiva lo declaró aprobado e inmediatamente se
procedió a la toma de protesta de Ley.

En
la discusión de este tema y tomando como base la Constitución Política del
Estado y las atribuciones legales conferidas al diputado, los grupos
legislativos de MORENA, PRI y Juntos por Veracruz solicitaron por escrito, a la
Mesa Directiva, registrar –en su momento- su voto en contra de todos los
candidatos de la terna de los aspirantes a Fiscal Anticorrupción.

Al
respecto la Mesa Directiva, presidida por la diputada María Elisa Manterola
Sainz significó que el citado método de votación no está reconocido ni en la
Constitución Política del Estado, ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
o en el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y tampoco en
la convocatoria, aprobada por unanimidad en enero de este
año.

Las diputadas y
diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron el Dictamen
que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado
con el objeto de integrar un Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, que tenga
las atribuciones de apoyo, consulta y asesoramiento de los Sujetos Obligados,
para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Abierto.

Además podrá proponer
mejores prácticas de participación ciudadana, colaboración en la implementación
y evaluación de la política digital en materia de datos abiertos y la
realización de indicadores específicos sobre temas relevantes.

Para el caso se propone que el Consejo Consultivo
esté integrado por un Presidente, quien será un
representante del sujeto obligado, así como
un Secretario y un Vocal, quienes serán elegidos, mediante audiencias públicas,
por el Comité de Transparencia y todos los miembros del Consejo tendrán voz y
voto.

Los cargos de los
integrantes del Consejo Consultivo son de carácter honorífico, por lo que no
recibirán sueldo alguno y durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al
término de los cuales, se renovará el Consejo Consultivo conforme a los
procedimientos que establece la Ley.

Esta
reforma, -resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de mayo de este año la
diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos del Partido de MORENA- fue aprobada
con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

En su posicionamiento, la legisladora destacó que
con la presente reforma se logrará analizar, evaluar y emitir recomendaciones
sobre el Plan de Gobierno Abierto, así como promover la transparencia, la
participación ciudadana y la colaboración interinstitucional, que genere nuevos
canales de comunicación entre Gobierno y ciudadanía que favorezca el debate
público.

Las diputadas y
diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron el Dictamen
que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado
con el objeto de integrar un Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, que tenga
las atribuciones de apoyo, consulta y asesoramiento de los Sujetos Obligados,
para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Abierto.

Además podrá proponer
mejores prácticas de participación ciudadana, colaboración en la implementación
y evaluación de la política digital en materia de datos abiertos y la
realización de indicadores específicos sobre temas relevantes.

Para el caso se propone que el Consejo Consultivo
esté integrado por un Presidente, quien será un
representante del sujeto obligado, así como
un Secretario y un Vocal, quienes serán elegidos, mediante audiencias públicas,
por el Comité de Transparencia y todos los miembros del Consejo tendrán voz y
voto.

Los cargos de los
integrantes del Consejo Consultivo son de carácter honorífico, por lo que no
recibirán sueldo alguno y durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al
término de los cuales, se renovará el Consejo Consultivo conforme a los
procedimientos que establece la Ley.

Esta
reforma, -resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de mayo de este año la
diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos del Partido de MORENA- fue aprobada
con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

En su posicionamiento, la legisladora destacó que
con la presente reforma se logrará analizar, evaluar y emitir recomendaciones
sobre el Plan de Gobierno Abierto, así como promover la transparencia, la
participación ciudadana y la colaboración interinstitucional, que genere nuevos
canales de comunicación entre Gobierno y ciudadanía que favorezca el debate
público.

El
Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen por el
cual se reforma la Ley de Desarrollo
Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz, con lo que se establece que
todas las autoridades del Estado, dentro del ámbito de sus competencias,
garantizarán que las personas jóvenes con discapacidad no sean discriminados y
cuenten con las condiciones adecuadas para gozar de una vida digna y plena.

Este
Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 15 de febrero de 2018 la
diputada independiente Miriam Judith González Sheridan, fue aprobado con 46
votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De
esta manera se establece que por ningún
motivo las personas jóvenes con discapacidad serán objeto de discriminación.
Además de los derechos que ésta y otras leyes les reconozcan, tienen derecho a
desarrollar plenamente sus aptitudes y a gozar de una vida digna que les permita integrarse plenamente a la sociedad.

Las autoridades del Estado deberán asegurar que las
personas jóvenes con discapacidad tengan acceso efectivo a la educación en
todos sus niveles, a la capacitación laboral, a un empleo digno, a una
remuneración satisfactoria, a los servicios de salud adecuados, a la seguridad
y previsión social, así como a oportunidades de esparcimiento adecuado.

El programa preverá los mecanismos necesarios para
que las personas jóvenes con esta característica puedan alcanzar óptimos
niveles de desarrollo para bastarse a sí mismas y para participar de manera
activa en cualquier ámbito de la sociedad, cuando por sí mismas así lo decidan.

EL documento refiere que Veracruz es uno de los
siete Estados con mayor porcentaje de personas con discapacidad entre su
población y que de cada mil habitantes, 67 sufren alguna discapacidad.

El
Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen por el
cual se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado para crear el Registro Estatal de Menores, siendo ésta la base de datos
con muestras biométricas de las huellas digitales o dactilares de menores, que
resguardaría la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes; perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado (DIF).

Este
Decreto, resultado de la iniciativa que presentó a nombre del Grupo Legislativo
del PAN el 28 de mayo de 2018 la diputada María Josefina Gamboa Torales, fue
aprobado con 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De
esta manera se instaurará el Registro Estatal de Menores, mismo que será de
carácter permanente e interés público; que además se regirá bajo los siguientes
parámetros: los datos que integran el Registro Estatal de Menores, serán
estrictamente confidenciales y no podrán ser comunicados o darse a conocer,
salvo que se trate de la petición de una autoridad dentro de un procedimiento
en donde se encuentre en riesgo la integridad de un menor de edad y sea rigurosamente
necesaria para la prosecución del mismo.

Tendrá
acceso exclusivo al Registro Estatal de Menores la Procuraduría Estatal de
Protección para el cumplimiento de las funciones señaladas y no podrá dársele o
destinarse a otra finalidad u objetivo distinto.

El
Registro Estatal de Menores contendrá como mínimo, la siguiente información
identificativa: nombre del menor de edad; nombre de los padres o tutores del
menor de edad; declaración expresa del otorgamiento del consentimiento;
dirección del menor de edad y placa de cada dactilar del menor de edad.

Las
Procuradurías Municipales serán las encargadas de alimentar dicho Registro,
mismo que será actualizado al inicio de los primeros cursos de los niveles
escolares que conforman la educación básica, salvo petición expresa del padre o
tutor que solicite la inclusión del menor de edad, caso en el que será en
cualquier momento.

La
Procuraduría Estatal para cumplir con esta obligación, deberá celebrar
convenios con las Secretarías de Salud y de Educación del Estado.

Para
la generación e integración del registro individual, el padre o tutor del menor
de edad, deberá entregar consentimiento expreso, mismo que deberá tener el
carácter de libre, específico e informado, cumpliendo para ello con los
parámetros señalados por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz.

Serán
tomadas en presencia del padre o tutor del menor de edad.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron la nueva Ley de los
Cuerpos de Bomberos del Estado, con la finalidad de sentar las bases para la
operación de estas organizaciones y el que se les brinde certeza laboral,
estableciendo las directrices sobre las cuales sus acciones puedan estar
reguladas en materia del servicio público que atienden.

Esta
Ley, resultado de la iniciativa que presentó el diputado Tito Delfín Cano, del
Partido Acción Nacional (PAN), el 31 de enero de 2018, fue avalada con 46 votos
a favor, sin votos en contra o abstenciones.

La Ley está enfocada
a la creación, organización y funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos del
Estado, los cuales se constituirán como un servicio público especializado y de
emergencias, en las labores de prevención y combate de incendios, así como de
apoyo en la salvaguarda de la vida, de los bienes y del entorno de la
población.

También, prevé reconocer
y dotarles de recursos económicos, materiales y tecnológicos, además de
infraestructura a los diversos Cuerpos de Bomberos o asociaciones civiles del
Estado.

Corresponde primordialmente
a los Cuerpos de Bomberos, la verificación y la capacitación al sector público,
privado y de organismos de la sociedad civil la implementación de programas de
prevención y atención de los distintos tipos de incendios, así como el combate
y extinción de los mismos, que se susciten en el Estado de Veracruz.

El presupuesto de los
Cuerpos de Bomberos que corresponda podrá determinarse en el Presupuesto Anual
de Egresos que apruebe el Ayuntamiento respectivo.

Para estimular al
personal de los cuerpos de bomberos se establecerán los reconocimientos siguientes:
al valor, la constancia, al mérito, a la aportación tecnológica y a la continuidad
anual en el servicio.

El Gobierno del
Estado de Veracruz o los Ayuntamientos podrán desincorporar a favor de los Cuerpos de bomberos, inmuebles en los que
puedan ser instaladas Estaciones o Subestaciones o aquellos que sean necesarios
para la capacitación, el desarrollo personal y el esparcimiento de los miembros
de los cuerpos de bomberos.

El Patronato de
Bomberos del Estado de Veracruz es el
órgano integrado con representantes del sector público, privado y social que tiene
como propósito coadyuvar en la integración del patrimonio de los Cuerpos de
Bomberos. Su desempeño está basado en los principios de transparencia, certidumbre,
honestidad, filantropía y corresponsabilidad.

Los Ayuntamientos que
cuenten con un Cuerpo de Bomberos deberán crear un padrón con la finalidad de
que la Secretaria de Protección Civil pueda emitir una certificación, previa
evaluación, que les acredite los conocimientos técnicos suficientes para poder
brindar este servicio, lo que permitirá brindarles una continuidad en su
desempeño a partir de sus conocimientos.

En
los posicionamientos, el legislador Tito Delfín Cano, señaló que el cuerpo de
bomberos es primordial, ya que se encargan de la contención y combate de
incendios de forma rural y urbana, primeros auxilios y recate de personas, por
mencionar algunos.

Dijo
que Veracruz es uno de los Estados en el que se presentan daños ambientales,
que se consideran graves, por lo que es elemental contar con bomberos expertos
en la materia.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron la nueva Ley en Materia
de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, cuyo objeto es
establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre
el Estado y sus municipios, para buscar a las Personas Desaparecidas y No
Localizadas y esclarecer los hechos.

De
igual forma, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en
materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, así como los delitos vinculados señalados por la Ley General.

Esta
Ley, resultado de las iniciativas que presentaron el diputado Rogelio Arturo
Rodríguez García, del Grupo Legislativo de MORENA y la diputada María Josefina
Gamboa Torales, del Partido Acción Nacional (PAN), fue avalada con 46 votos a
favor, sin votos en contra o abstenciones.

Esta
Ley tiene como objeto, también, establecer el Mecanismo Estatal de Coordinación
en Materia de Búsqueda de Personas; crear la Comisión Estatal de Búsqueda;
garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas
hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia,
la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no
repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable.

De
igual forma, está el garantizar la participación de los familiares en el
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e
identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar
la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter
sus opiniones, recibir Información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a
los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional.

Se
prevé un Banco Nacional de Datos
Forenses, como herramienta del Sistema Nacional que concentre las bases
de datos de las entidades federativas y de la federación; así como, otras bases
de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e
identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No
Identificadas, como el Registro que concentre la información forense
procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los
restos tanto de la Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera que
sea su origen.

Los
servidores públicos que incumplan injustificadamente con alguna de las
obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán
sancionados en términos de lo
establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado.

La
Comisión Estatal de Búsqueda es un
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno,
dependiente directamente de la persona titular de ésta, que determina, ejecuta
y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No
Localizadas, en todo el territorio del Estado de Veracruz.

El
poder Ejecutivo del Estado deberá establecer un fondo para las funciones,
obligaciones y atribuciones inherentes a la Comisión Estatal de Búsqueda; y
para el cumplimiento del objetivo que
establece la presente Ley y la Ley General.

Este
fondo deberá contemplar, al menos: recursos suficientes para el funcionamiento
adecuado de la Comisión Estatal de Búsqueda; para la implementación y ejecución
del Programa Nacional de Búsqueda; la función adecuada de los Registros y el
Banco que prevé la Ley General; el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa
Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y para la implementación y
ejecución de las acciones de búsqueda.

En
los posicionamientos, la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales detalló
que esta reforma fue resultado de las aportaciones de colectivos de
desaparecidos. Destacó la creación del mecanismo por el cual participan más
autoridades en la búsqueda de desaparecidos y exhortó a continuar trabajando
para mejorar la legislación.

Del
Grupo Legislativo de MORENA, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García dijo
que Veracruz se pone a la vanguardia en esta materia. Esta reforma culmina el
esfuerzo de colectivos de diversas regiones y organismos de defensa de derechos
humanos. Consideró como urgente la publicación de esta ley, ya que la
desaparición de personas es un tema lacerante que daña a la sociedad.

De
igual forma manifestaron sus posicionamientos a favor del Dictamen las
diputadas Guadalupe Osorno Maldonado y Cinthya Lobato Calderón.

El
Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó, con 47 votos, el Dictamen
por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para
Veracruz, con la finalidad de agregar el concepto de Espionaje contra las
instituciones de seguridad pública, mejor conocido como “Halconeo” y este sea
sancionado.

La entidad veracruzana
ha incrementado sus índices de violencia, generada específicamente por las
actividades de la delincuencia organizada y una de las conductas delictivas más
frecuentes en la actualidad corresponde al denominado “halconeo”, que es el
acecho y vigilancia permanente o reiterada de las actividades de las
instituciones o autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.

Para su ejecución
utilizan equipo de telefonía, radiocomunicación, cuentas de correo electrónico
y sitios web (blogs), a través de los cuales se comunican los movimientos de
unidades de las corporaciones policiales, los operativos implementados o en
proceso de iniciarse, así como los retenes de inspección que se instalan o
vayan a instalarse, entre otras.

Dicho problema,
contribuye a la ejecución de diversos delitos que ponen en riesgo la integridad
física de la sociedad veracruzana y especialmente de los integrantes de los
cuerpos de seguridad pública.

En tal razón, se
establece que quien posea, porte o utilice equipos o artefactos que permitan la
intervención, escucha o transmisión de datos para prácticas de espionaje, con
respecto a canales de comunicaciones oficiales o privadas, entre otras, se les
impondrán de siete a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 Unidades de Medida
y Actualización (UMA).

También a quien utilice
instrumentos punzocortantes, punzo contundentes, contuso cortantes, contuso
contundentes o de cualquier material, que por su resistencia o su fuerza, dañe
o impida el paso de vehículos de seguridad pública municipal, estatal, federal o
de las fuerzas armadas mexicanas.

Además que posea,
porte o utilice equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o
transmisión de datos para prácticas de espionaje, con respecto a canales de
comunicaciones oficiales o privadas, estos últimos cuando sean utilizados para
funciones de seguridad pública.

Incluso permita o
consienta la instalación de antenas o cualquier instrumento de comunicación en
bienes de su propiedad o posesión, con los cuales se intercepte o transmita la
señal o las comunicaciones para el espionaje o halconeo.

La pena se
incrementará hasta la mitad cuando, se empleen menores de edad, personas con
discapacidad o de la tercera edad, para la comisión de este delito.

Se incrementará hasta
una cuarta parte de la sanción prevista en el artículo 371 a quien, para la
comisión de los delitos señalados en este capítulo, utilice algún vehículo del
servicio público de transporte de pasajeros, u otro que preste un servicio análogo.

Este
Decreto, es resultado de la iniciativa presentada el 7 de noviembre de 2017 por
el Ejecutivo del Estado.

Las
diputadas y diputados, integrantes de la LXIV Legislatura, aprobaron con 41 votos
la nueva Ley de Juntas de Mejoras para el Estado de Veracruz, con el objetivo
de instaurar en los municipios estos
organismos, que con base en la cooperación de particulares, beneficien a la
comunidad, fortalezcan la identidad cívica, coadyuven en la preservación del
patrimonio natural y cultural, promuevan la cultura de la legalidad y protejan
los derechos humanos.

Los cargos de las Juntas de Mejoras, son voluntarios, honoríficos, renunciables,
no podrán ser ejercidos por servidores públicos y no pueden los miembros de las
Juntas acordar para sí, percepción alguna; no podrán ser contratistas por sí o
por interpósita persona en las labores que se realicen por cuenta de la Junta.

Será el Ayuntamiento quien emita la convocatoria
pública cada cuatro años, dirigida a todos los habitantes del municipio, en
dicha convocatoria se establecerán los requisitos y procedimiento de elección
de los miembros de las Juntas.

La Ley contempla
una Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras que sería una institución cuya finalidad estará encargada de
fomentar el adecuado desarrollo de las comunidades veracruzanas, para lo cual
se encargará de organizar, dirigir y vigilar a las Juntas de Mejoras
Municipales, a efecto de que estas se desempeñen conforme a las disposiciones
que establece la presente Ley.

Esta Ley es resultado
de la iniciativa que presentó el 20 de julio de 2017, la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante
del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La legisladora, realizó
un posicionamiento en el que recordó que la presente Ley garantizará la
democracia municipal que fomente el desarrollo social.

Además,
brindará respuestas inmediatas a la sociedad sobre servicios públicos,
seguridad, conservación de espacios comunitarios e históricos, por mencionar
algunos.

Dijo
que la Junta de Mejoras coadyuvará a fortalecer las acciones del Cabildo, con la finalidad de preservar los derechos humanos
en las comunidades y realizar actividades de manera transparente y democrática.

El
presidente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXIV
Legislatura del Estado, diputado José Luis Enríquez Ambell anunció que, de
conformidad con los tiempos legales y las bases de la convocatoria, fue
integrada la terna de candidatos de aspirantes a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, misma que será tratada este 24 de julio en la sesión
ordinaria.

El
legislador subrayó que tras agotarse el proceso, que inició con la convocatoria
pública para la elección del Fiscal Anticorrupción en enero de este año,
corresponde a la Sexagésima Cuarta Legislatura concluir con el procedimiento y
nombrar al titular de la Fiscalía Especializada antes citada.

Destacó
que el Dictamen de la terna de candidatos fue avalado por la mayoría de la
Comisión, toda vez que la vocalía, -representada por el Grupo Legislativo de
MORENA- se negó reiteradamente a
presentar una propuesta.

El
diputado Enríquez Ambell recordó que la postergación del nombramiento de Fiscal
Anticorrupción fue resultado de una decisión de todas las fuerzas políticas,
representadas en la Junta de Coordinación Política, previo al proceso electoral
del pasado 1 de Julio; por lo que, más allá de los resultados electorales, debe
respetarse el procedimiento y con base en las atribuciones que confiere la ley
al Congreso local, realizar el nombramiento correspondiente.

La
terna está integrada por los aspirantes Marcos Even Torres Zamudio, Andrés Domínguez
Fernández y Gustavo Fernando Vasto Pulido.

En la recta final de la LXIV Legislatura del Estado, la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot confió que las Comisiones permanentes y especiales logren dictaminar las iniciativas o temas pendientes para someterlos a consideración del Pleno Legislativo a fin de no heredar rezago.

Dijo que hay iniciativas pendientes de dictaminar de los diferentes grupos legislativos: “En el caso de una servidora están pendientes varias, pero confiamos en lograr conceso y sobre todo, en algunas, el visto bueno de la Secretaría de Finanzas y Planeación porque muchas requieren viabilidad financiera”.

La también Secretaria de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal exhortó a las autoridades edilicias que soporten bien sus expedientes o solicitudes presentadas al Congreso del Estado, a fin de que se les pueda dar el trámite correspondiente.

“A la Comisión de Hacienda Municipal se remiten muchos expedientes que provienen de los Ayuntamientos, pero lamentablemente algunos llegan incompletos o mal integrados y aunque a través de la Comisión se comunica y explica a las autoridades edilicias que falta documentación o soportar sus requerimientos, no atienden el llamado”, señaló.

La legisladora del PRD agregó que esa apatía o falta de voluntad de las comunas genera retraso en el proceso, por ello a prácticamente tres meses de que concluya el término constitucional de esta Legislatura los conminó para atender el citado llamado, pues de lo contrario esta soberanía no podrá dictaminar.

La diputada no descartó que durante los meses de agosto, septiembre y octubre se puedan realizar periodos extraordinarios de sesiones: “Seguiremos trabajando como lo establece la ley para desahogar pendientes y atender con prontitud los temas que se puedan presentar”.

26 mil estudiantes veracruzanos podrían ver frustradas sus aspiraciones universitarias este año, por lo que no se pueden cerrar los ojos ante la realidad que viven los jóvenes que presentaron su examen de admisión para la UV y no lograron su propósito.

“Decididamente hay que apostarle a la educación, sumando los esfuerzos de todos» declaró la diputada Cinthya Lobato Calderón al firmar el convenio con el que se pone en marcha la segunda edición del Programa de Becas con diversas Universidades privadas, Centros de Educación Superior y de capacitación para que los jóvenes estudiantes rechazados por la Universidad Veracruzana (UV) puedan continuar sus estudios en condiciones económicas accesibles.

Destacó que este año 16 mil 396 jóvenes fueron admitidos para cursar las carreras que oferta la UV de un total de 42 mil 576 aspirantes, «lo que sin duda es un fuerte revés para una generación estudiantil que de ninguna manera puede quedar a la deriva. Debemos proteger a nuestros jóvenes estudiantes en estos tiempos de dificultades laborales y de inseguridad y alentarlos para que construyan un proyecto de vida, como profesionistas y como hombres y mujeres de bien, dispuestos a ser parte del desarrollo de Veracruz”.

Cinthya Lobato manifestó que como Diputada asumió el compromiso de promover una propuesta que se convirtiera en una alterativa educativa: En 2017, tocamos puertas de distintas instituciones educativas. Amablemente muchas Universidades y Centros de Estudios Superiores atendieron nuestro llamado y se sumaron al programa que denominamos UNIENDO FUERZAS POR LA EDUCACION.

Logramos un resultado importante de atención para muchos jóvenes. Hubo un espíritu solidario de las instituciones participantes que nos permitieron abrir rutas de oportunidad para estudiantes veracruzanos que por limitaciones económicas estarían distantes su desarrollo profesional, agregó.

La legisladora local informó que se cuenta con el apoyo de diversas instituciones educativas que suman en total una oferta educativa de 53 Licenciaturas, 6 especialidades, 24 Maestrías, 9 Doctorados, 7 diplomados, 12 diplomados médicos, 24 cursos de carreras técnicas y de aprendizaje del idioma inglés, con modalidades escolarizadas fines de semana y en línea.

Esta oferta incluyó las ciudades de Acayucan Altotonga, Ciudad Mendoza, Coatepec, Coatzacoalcos, José Azueta, Minatitlán, Playa Vicente, Veracruz, Boca del Río y Xalapa.

Logramos concertar becas de inscripción de hasta el 100 por ciento de descuento y colegiaturas con descuentos de entre el 40 y el 70 por ciento

La diputada Cinthya Lobato agradeció la solidaridad expresada por las Universidades y Centros Educativos que participan en esta causa y pidió el respaldo de los medios de comunicación, «cuya difusión será estratégica para que este programa sea conocido por el mayor número de jóvenes a los que podremos apoyar y beneficiar”.

Los jóvenes interesados y sus familias podrán conocer la oferta educativa de las Universidades participantes y la forma de conseguir estas becas llamando al teléfono 842 05 00 extensión 2150 o al celular 2281363075.

También pueden escribir al e-mail: becaslobatoc@gmail.com o en Facebook en la fanpage @CinthyaLobato.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron, con 40 votos a favor, el Dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción a la Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuya finalidad es garantizar a los estudiantes de educación media superior, orientación vocacional para la correcta elección y culminación de su carrera profesional.

El Dictamen, es resultado de la iniciativa presentada, el pasado 12 de julio del año en curso, por el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el legislador José Roberto Arenas Martínez, de “Juntos por Veracruz”.

Esta modificación surge para que los estudiantes conozcan cuáles son sus aptitudes personales y las idóneas para culminar una profesión así como para su inserción en el campo laboral.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo 8 de cada 100 alumnos que comienzan sus estudios en la universidad logran terminarlos, siendo las principales causas de deserción el disgusto o el poco interés en el estudio (37.4 por ciento).

La ley garantizará que las y los estudiantes accedan a la orientación vocacional eficiente, a fin de que resuelvan las dudas sobre sus opciones profesionales y la demanda en el mercado laboral.

Asimismo, se fomentaría el auto conocimiento de las aptitudes personales y se proporcionarían informes acerca de las ofertas educativas y programas de estudio de las instituciones de educación superior. La conjunción de toda esta información contribuiría a que el alumno tenga mayores elementos para hacer su elección.

El Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales, en su vigésimo tercera edición, y que tuvo por sede las ciudades de Medellín y Orizaba, fue calificado por sus asistentes como una exitosa cita para las autoridades locales de América Latina, España y Portugal, que del 22 al 26 de julio participaron y trabajaron potenciando una cultura innovadora en la gestión local, con el objetivo de generar nuevos canales de cooperación entre entidades nacionales e internacionales y de fomentar ciudades sostenibles e inclusivas.

Compartir conocimiento, experiencias y espacios de diálogo e investigación fue el eje de las actividades realizadas en cada uno de los municipios veracruzanos sedes, detalló Guido Echeverry Piedrahita, Presidente de la Unión Iberoamericana Municipalista (UIM), y Gobernador de Caldas, Colombia, al hacer un resumen de este Encuentro internacional de Autoridades locales.

Asimismo, agregó, se conocieron con más profundidad las responsabilidades a que los obliga la Agenda 2030, como líderes municipales y regionales en el proceso de construir sociedades justas, pacíficas e inclusivas; y recordó que fue en el Congreso de Caldas, celebrado el año pasado, donde la UIM impulsó un nuevo eje de trabajo centrado en el Objetivo 16 de desarrollo sostenible y sobre el que giraron los trabajos de este Encuentro.

Por su parte, el presidente municipal de Medellín, Hipólito Polo Deschamps, destacó la importancia de haber sido uno de los lugares sedes del Encuentro, y la oportunidad de mostrar a Iberoamérica lo realizado en su gestión municipal, además de la diversidad y riqueza cultural de la región.

En tanto que Ígor Rojí López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Orizaba, afirmó que durante las dos jornadas de trabajo sostenidas en ese lugar, se compartieron enriquecedoras experiencias para todos y en especial, se destacó la gestión realizada en materia de seguridad ciudadana.

Finalmente, coincidieron en subrayar que la construcción de sociedades justas, pacifistas e inclusivas, es el compromiso asumido y sobre el que se avocarán como líderes municipalistas y regionales, y que este nuevo eje de trabajo, centrado en el Objetivo 16 de desarrollo sostenible, será fundamental en el logro de la paz, la seguridad y la gobernanza en Iberoamérica; y seguir trabajando desde lo global partiendo desde lo local.

La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la reforma el párrafo cuarto del artículo 230 Bis por el cual se establecen los procedimientos que habrán de regir las licitaciones públicas en las cooperativas escolares, para cual se instaura un Comité de Licitaciones.

Este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 18 de Julio el diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Nicolás Callejas Roldán, fue aprobado con 40 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera se establece los procedimientos de licitación pública que se desahoguen para el otorgamiento de las concesiones y los contratos respectivos, se ajustarán a lo dispuesto por la Ley de la materia, así como por los lineamientos que dicte la autoridad educativa estatal, pero la emisión de la convocatoria y la resolución del procedimiento estarán a cargo de un Comité de Licitaciones.

Este Comité estará integrad por el Director de la Escuela, un representante de los docentes, un representante de los padres de familia, un representante del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, que corresponda; un representante de la jefatura del sector escolar correspondiente, así como un representante de la supervisión escolar respectiva.

La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por el cual se exhorta al Ejecutivo estatal para que decrete como patrimonio Cultural del Estado la “Danza de los Santiagos, Negreada o de Moros y Cristianos” que se realiza en los municipios de Naolinco, Tlacolulan, Acatlán, Chiconquiaco, Miahuatlán, Landero y Coss, Tonayán, Tepetlán, Actopan, Tomatlán, Coscomatepec, Chocamán, Totutla, Tlacotepec de Mejía, Comapa, Tenampa, Ixhuatlán del Café, Sochiapa, Alpatláhuac, Calcahualco y Huatusco

Este exhorto del Poder Legislativo, es resultado del anteproyecto que presentó el pasado 4 de Junio el diputado Ernesto Cuevas Hernández.

El documento avalado por el Pleno coincide con el legislador en que la cultura de México es basta en manifestaciones de toda índole y uno de los aspectos más sobresalientes fue aportado por la religión, en tal razón esta Danza representa a Dios, por los Santiagos, contra el Diablo, representado por los Moros, en su intento por recuperar Tierra Santa, y es derivada de la conquista de Jerusalén.

Dicha tradición fue adoptada localmente con música y coreografía original, para educar a los indios en la fe cristiana de una manera sencilla.

La tradición inicia por la noche y en el atrio de la iglesia ejecutan una danza o bailada completa, al terminar la bailada de la noche, luce la entrada de los danzantes en el iluminado templo lleno de gente, que indica que la misa iniciaría pronto, subrayó.

Los repiques de las campanas y los tronidos de los cohetes anuncian a los danzantes, quienes avanzan a lo largo y en medio de la nave central, bailando con pasos y saltos cortos, acompañados del tintineo de los cascabeles, al sonde la flauta y el tambor.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de la nueva Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano, cuya finalidad es dotar a los cafeticultores de un instrumento legal que dé certidumbre, seguridad y fortaleza, a través de la creación del Instituto Veracruzano del Café.

Este Decreto, resultado de las iniciativas que presentaron los diputados Zenyazen Roberto Escobar Pérez, del Grupo Legislativo de MORENA; y el legislador Ernesto Cuevas Hernández, de Juntos por Veracruz, registró 39 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Esta Ley tiene por objeto normar, fomentar y desarrollar la producción, comercialización y consumo del café; promover y fomentar la cafeticultora a través de la capitalización del sector, el suministro de insumos, la obtención de apoyos financieros y procurar una justa distribución del ingreso cafetalero con criterios de competitividad técnica, factibilidad económica, desarrollo social y sustentabilidad.

Además de: incrementar la participación del sector cafetalero en los mercados nacional e internacional y regular las relaciones entre los agentes participantes en la cadena de producción, procesamiento, comercialización y consumo de café, tendientes a generar oportunidades equitativas en el mercado y un desarrollo integral del sector y de las regiones cafetaleras.

Prevé la concurrencia del Ejecutivo estatal, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), en la aplicación de esta Ley.

Corresponde al Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura impulsar el otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales y dentro de los parámetros de competitividad nacional e internacional, tanto en tasas como en plazos, a través de la banca de desarrollo y comercial, y la celebración de convenios con la banca de desarrollo que permita a los productores acceder a préstamos preferenciales, entre otros.

El Ejecutivo Estatal deberá prever en la iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado para el año fiscal correspondiente, y contemplarse en el decreto respectivo, la previsión necesaria que tendrá como objeto seguir operando el Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura.

El Instituto Veracruzano del Café realizará las gestiones necesarias para constituir un fideicomiso que tendrá la función de administrar los recursos de los fondos, para la realización de programas y proyectos específicos, apoyos y pagos a cafeticultores, de cualquiera de los sujetos previstos en esta Ley.

Este Instituto estará integrado por la Junta de Gobierno, la Dirección General, un Comisariado Público y un Consejo Consultivo, contará para el desarrollo y ejecución de sus funciones, de la estructura orgánica y plantilla del personal que apruebe la Junta de Gobierno.

El Director General del Instituto será nombrado por el Ejecutivo del Estado, a través de la SEDARPA, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley.

El Consejo Consultivo del Café del Estado de Veracruz, es un órgano de apoyo y consulta del Instituto, con carácter institucional, social y honorífico, que estará integrado por el Presidente, un Secretario y cinco Vocales los que no recibirán retribución, compensación o emolumento alguno y serán seleccionados por la Junta de Gobierno.

Para efectos de Integrar el instituto, así como designar al director general y realizar el Reglamento interno del Instituto Veracruzano del Café, se hará a través de un comité integrado por la Comisión Especial para atender lo relativo a la Industria del Café de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado y la SEDARPA, en un término de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

En los posicionamientos, el diputado del Grupo Legislativo de MORENA, Zenyazen Roberto Escobar García señaló que esta reforma permitirá que haya menos abandono de las tierras y que haya verdaderos apoyo a los cafeticultores, “el café no tiene colores políticos” añadió.

El legislador Ernesto Cuevas Hernández, de Juntos por Veracruz, destacó que al aprobarse esta ley habrá el rescate del sector cafetalero y se fortalecerá la economía de las familias, evitando la migración hacia otros lugares.

Del Partido Acción Nacional (PAN) el diputado Basilio Picazo Pérez subrayó el impulso que tendrá el campo veracruzano.

La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por el cual se exhorta al Ejecutivo estatal para que decrete como patrimonio Cultural del Estado la “Danza de los Santiagos, Negreada o de Moros y Cristianos” que se realiza en los municipios de Naolinco, Tlacolulan, Acatlán, Chiconquiaco, Miahuatlán, Landero y Coss, Tonayán, Tepetlán, Actopan, Tomatlán, Coscomatepec, Chocamán, Totutla, Tlacotepec de Mejía, Comapa, Tenampa, Ixhuatlán del Café, Sochiapa, Alpatláhuac, Calcahualco y Huatusco

Este exhorto del Poder Legislativo, es resultado del anteproyecto que presentó el pasado 4 de Junio el diputado Ernesto Cuevas Hernández.

El documento avalado por el Pleno coincide con el legislador en que la cultura de México es basta en manifestaciones de toda índole y uno de los aspectos más sobresalientes fue aportado por la religión, en tal razón esta Danza representa a Dios, por los Santiagos, contra el Diablo, representado por los Moros, en su intento por recuperar Tierra Santa, y es derivada de la conquista de Jerusalén.

Dicha tradición fue adoptada localmente con música y coreografía original, para educar a los indios en la fe cristiana de una manera sencilla.

La tradición inicia por la noche y en el atrio de la iglesia ejecutan una danza o bailada completa, al terminar la bailada de la noche, luce la entrada de los danzantes en el iluminado templo lleno de gente, que indica que la misa iniciaría pronto, subrayó.

Los repiques de las campanas y los tronidos de los cohetes anuncian a los danzantes, quienes avanzan a lo largo y en medio de la nave central, bailando con pasos y saltos cortos, acompañados del tintineo de los cascabeles, al sonde la flauta y el tambor.

La Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con discapacidad del Congreso de Veracruz, presidida por la diputada Janeth García Cruz, invita a los jóvenes de la entidad a participar en la edición 14 del Parlamento de la Juventud Veracruzana que habrá de realizarse del 29 al 31 de agosto de este año en la ciudad de Xalapa.

La legisladora García Cruz subrayó que la Comisión antes citada, integrada por los diputados José Manuel Sánchez Martínez y Fernando Kuri Kuri, convoca a los jóvenes a participar en este espacio de diálogo a fin que expresen sus intereses, motivaciones y aspiraciones.

Anunció que las y los jóvenes tienen hasta el 15 de agosto para inscribirse y la documentación pueden entregarla de manera física en la avenida Ávila Camacho, número 286, colonia Formosa en la ciudad de Xalapa, Veracruz. También pueden remitirla de manera digital al correo: parlamentojuventudver@gmail.com

Además, -agregó- el o la aspirante tendrá que llenar el formato de registro en: https://docs.google.com/forms/d/1EUMEeUy21_Wlz0C5PoWvSmkGRyeTl2i8hvoHpe12kHM/edit

La diputada dijo que los aspirantes deberán presentar: acta de nacimiento, tener entre los 15 y 29 años de conformidad con lo que dispone la Ley, llenar el formato antes señalado, carta de Exposición de Motivos, dirigida al Director General del IVJ, por los cuales se tiene el interés de formar parte del 14° Parlamento de la Juventud, de máximo una cuartilla y una propuesta para mejorar las políticas, programas, proyectos y acciones en materia de juventud en alguna de las cinco comisiones.

Las comisiones parlamentarias que deberán ser abordadas son: fomento al Empleo y Productividad; Educación y Cultura; Igualdad Social; Medio Ambiente, territorio y energía y la de Comunicación y Desarrollo Metropolitano.

La legisladora Janeth García manifestó que el Comité Organizador elegirá, bajo un estricto criterio de objetividad, un parlamentario (a) por cada Distrito Electoral y 20 bajo el principio de

representación proporcional. En este punto será considerado prioritario la participación activa de cada aspirante en beneficio del sector juvenil.

En relación a las limitantes, la diputada refirió que no podrán participar en esta convocatoria, jóvenes que hayan sido parlamentarios (as) en años anteriores, quienes hayan participado o sido representantes de un partido político a cargo de elección popular; así como funcionarios (as) y empleados (as) públicos.

Los resultados serán publicados el lunes 20 de agosto del presente año, en las redes sociales del Instituto Veracruzano de la Juventud.

Durante la sesión ordinaria de este jueves 26 de Julio, la LXIV Legislatura del Estado aprobó la reforma al párrafo cuarto del artículo 230 Bis mediante el cual se establecen los procedimientos que habrán de regir las licitaciones públicas en las cooperativas escolares, para lo cual se instaura un Comité de Licitaciones.

Este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el pasado 18 de Julio el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Nicolás Callejas Roldán, fue aprobado con 40 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones y entrará en vigor al día siguiente de ser publicada en la Gaceta Oficial de Veracruz.

De esta manera se establecen los procedimientos de licitación pública que se desahoguen para el otorgamiento de concesiones y los contratos respectivos, se ajustarán a lo dispuesto por la Ley de la materia, así como por los lineamientos que dicte la autoridad educativa estatal, pero la emisión de la convocatoria y la resolución del procedimiento estarán a cargo de un Comité de Licitaciones.

Este Comité estará integrado por el Director de la escuela, un representante de los docentes, un representante de los padres de familia, un representante del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación que corresponda; un representante de la jefatura del sector escolar correspondiente, así como un representante de la supervisión respectiva.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz designó al ciudadano Arturo Mariscal Rodríguez como Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), por un periodo de siete años.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, fracción IV, numeral 1, de la Constitución Política Local y 85, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado.

En la décima tercera sesión ordinaria, se puso a consideración del Pleno la terna integrada por los ciudadanos Arturo Mariscal Rodríguez, Martha Elvia González Martínez y César Sergio Núñez Herrera y tras obtener 39 votos, el ciudadano Arturo Mariscal fue designado Comisionado del IVAI.

Arturo Mariscal es nativo de Orizaba, Veracruz, de 44 años de edad, Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana en 2005 y Maestro en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial por la Universidad de Xalapa.

Se ha desempeñado como Abogado titular del Consorcio Jurídico Especializado en Orizaba, Veracruz; Subdirector de Coordinaciones Regionales de la Subsecretaría de Gobierno del Estado y Comisario Público en la Contraloría General del Estado, entre otros cargos.

El Acuerdo del Congreso de Veracruz señala que por tratarse de una convocatoria abierta a la sociedad en general, se estima necesario que el proceso de nombramiento del Comisionado IVAI garantice a todos los aspirantes, incluido quien actualmente se desempeña como Comisionado provisional, la igualdad de oportunidades en la selección de los mejores candidatos para ocupar el puesto a través de un procedimiento transparente, objetivo y equitativo.

Las diputadas y diputados del Congreso de Veracruz aprobaron la reforma al artículo 6 del Código Financiero del Estado por el cual se establece que, además de la administración pública centralizada, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad, así como los organismos autónomos y municipios implementarán la Transparencia Presupuestaria, publicando su información durante los primeros cinco días de cada mes.

Esta reforma, resultado de la iniciativa que presentó, el 13 de noviembre de 2017, el diputado Fernando Kuri Kuri, fue aprobada con 39 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Misma que establece la obligatoriedad de publicar, en Internet, toda la información presupuestaria durante los primeros cinco días de cada mes, con lo que las y los ciudadanos podrán conocer los ingresos y cómo se gastan los recursos públicos.

Incluye las participaciones mensuales por fondos que se reciben, distinguiendo los factores de distribución que le corresponde al Estado y a los municipios: los descuentos por concepto que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las aportaciones federales, los convenios provenientes del Ramo 23, los recursos de hidrocarburos recibidos tanto terrestres como marítimos, los remanentes de la bursatilización; el Impuesto Sobre la Renta participable, la deuda pública con su destino final, deuda contingente o circulante por dependencia, entidad, municipio u órgano autónomo.

Los Estados Financieros de los Informes Trimestrales del Gasto Público con las notas, describiendo las cuentas de orden debidamente desglosadas como lo marca la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como todo reporte que deba ser entregado a la federación en cumplimiento a la Ley de Disciplina y al cumplimiento del principio de transparencia a que se refiere la fracción I del Código Financiero.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Estado, con objeto de establecer las bases de coordinación entre los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado para garantizar el acceso al suministro de agua.

Este Decreto, aprobado con 39 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones, fue resultado de la iniciativa que presentó el diputado Marco Antonio Núñez López, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).

La reforma, contempla que el Estado y los municipios, en su ámbito de competencia, garantizarán el derecho humano que tiene toda persona al agua potable y saneamiento y definirán las bases, apoyos, así como las modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación y la ciudadanía para la consecución del fin común en la prestación del servicio, mismo que deberá ser, suficiente, salubre, aceptable y asequible.

También, considera la recolección del líquido, potabilización, transporte y mantenimiento del sistema, así como los servicios de saneamiento, drenaje y alcantarillado; que es lo que genera un costo por el servicio y lo que debe ser precisado para entender que en esencia el derecho humano al agua no es, ni puede ser cuestionable.

Se determina el pago de la cuota por consumo de agua, alcantarillado y saneamiento, que se realizará por períodos mensuales y se deberá efectuar dentro del mes siguiente al periodo que se cubre.

En caso de incumplimiento de pago por el usuario doméstico, se procederá a restringir el servicio, suministrando cincuenta litros diarios por cada habitante de la vivienda, en tanto no se cubra el adeudo.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el Estado, por el cual se prevé la creación de Zonas Económicas Estatales para el fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población, lo que garantizará un desarrollo sustentable a las diversas regiones de nuestro Estado.

Este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 8 de mayo de este año, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Hugo González Saavedra, fue aprobado con 40 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera, se establece que Zona Económica Estatal es el área geográfica del territorio veracruzano, determinada por Decreto del Ejecutivo, en la cual el Gobierno del Estado y el o los ayuntamientos que la integren, quedarán obligados a otorgar las facilidades y los incentivos temporales que se establezcan en términos del Convenio de Coordinación para el establecimiento y desarrollo de la Zona Económica Estatal respectiva, previa autorización del Congreso local.

Se contempla, como objeto de la ley, el determinar, impulsar y consolidar sectores económicos estratégicos, así como impulsar y favorecer a las Zonas Económicas Estatales o Especiales, fortaleciendo su competitividad a través del fomento de agrupamientos empresariales, integración de cadenas productivas, programas de desarrollo de proveedores locales, desarrollo de infraestructura y creación de estímulos, apoyos e incentivos específicos.

El Ejecutivo, atendiendo al Plan y conforme a sus recursos disponibles, apoyará la creación, desarrollo y consolidación de conjuntos y parques empresariales; corredores y ciudades industriales; zonas económicas estatales, portuarias, aeroportuarias y costeras, procurando la participación de los sectores público, privado y social.

Para el caso de las Zonas Económicas Estatales, los beneficios fiscales a otorgar deben tener como objetivo fomentar la generación de empleos permanentes, el ascenso industrial, el crecimiento de la productividad en el trabajo, e inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico de la Zona.

Estos beneficios, también, deben ser otorgados por el o los ayuntamientos que la integren de manera temporal y decreciente a favor de los Inversionistas que cuenten con autorización, permiso o asignación por parte del Consejo de Economía del Estado.

En los posicionamientos, el diputado del Grupo Legislativo del PAN y autor de la iniciativa, Hugo González Saavedra, expuso que esta reforma sentará las bases en las que se desarrollarán las acciones, beneficios e incentivos en las zonas económicas estatales; que representará –añadió- una oportunidad para generar empleos formales, bien pagados y se atraerá la inversión pública.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó, con 47 votos, el Dictamen por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para Veracruz, con la finalidad de agregar el concepto de Espionaje contra las instituciones de seguridad pública, mejor conocido como “Halconeo” y este sea sancionado.

La entidad veracruzana ha incrementado sus índices de violencia, generada específicamente por las actividades de la delincuencia organizada y una de las conductas delictivas más frecuentes en la actualidad corresponde al denominado “halconeo”, que es el acecho y vigilancia permanente o reiterada de las actividades de las instituciones o autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.

Para su ejecución utilizan equipo de telefonía, radiocomunicación, cuentas de correo electrónico y sitios web (blogs), a través de los cuales se comunican los movimientos de unidades de las corporaciones policiales, los operativos implementados o en proceso de iniciarse, así como los retenes de inspección que se instalan o vayan a instalarse, entre otras.

Dicho problema, contribuye a la ejecución de diversos delitos que ponen en riesgo la integridad física de la sociedad veracruzana y especialmente de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública.

En tal razón, se establece que quien posea, porte o utilice equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos para prácticas de espionaje, con respecto a canales de comunicaciones oficiales o privadas, entre otras, se les impondrán de siete a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

También a quien utilice instrumentos punzocortantes, punzo contundentes, contuso cortantes, contuso contundentes o de cualquier material, que por su resistencia o su fuerza, dañe o impida el paso de vehículos de seguridad pública municipal, estatal, federal o de las fuerzas armadas mexicanas.

Además que posea, porte o utilice equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos para prácticas de espionaje, con respecto a canales de comunicaciones oficiales o privadas, estos últimos cuando sean utilizados para funciones de seguridad pública.

Incluso permita o consienta la instalación de antenas o cualquier instrumento de comunicación en bienes de su propiedad o posesión, con los cuales se intercepte o transmita la señal o las comunicaciones para el espionaje o halconeo.

La pena se incrementará hasta la mitad cuando, se empleen menores de edad, personas con discapacidad o de la tercera edad, para la comisión de este delito.

Se incrementará hasta una cuarta parte de la sanción prevista en el artículo 371 a quien, para la comisión de los delitos señalados en este capítulo, utilice algún vehículo del servicio público de transporte de pasajeros, u otro que preste un servicio análogo.

Este Decreto, es resultado de la iniciativa presentada el 7 de noviembre de 2017 por el Ejecutivo del Estado.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen por el que se crea la nueva Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz, cuyo objeto es dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal, los conflictos que por la Constitucionalidad de sus actos, normas generales o la inexistencia de éstas, surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo o entre uno de ellos y los municipios que conforman el Estado.

Esta ley, resultado de las iniciativas que presentó el diputado Carlos Antonio Morales Guevara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue avalada con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera se señala que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado es competente para sustanciar, con base en las disposiciones de esta Ley, el procedimiento que regule las Controversias Constitucionales, las Acciones de Inconstitucionalidad y las Acciones por Omisión Legislativa.

Tendrán el carácter de parte en las controversias Constitucionales: como actor, el o los Municipios, el Poder Legislativo o el Ejecutivo que promueva la controversia; como demandado, el o los Municipios, el Poder Legislativo o el Ejecutivo, que hubiere emitido y promulgado la disposición general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia y como tercero o terceros interesados, el o los Municipios o los Poderes Ejecutivo y Legislativo en aquellos casos en que, sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse.

Tratándose de controversias Constitucionales, el Magistrado ponente, a petición de parte o de oficio, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Magistrado ponente.

Al dictar la sentencia, el Pleno deberá, en su caso, corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

Procede la acción por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso del Estado no ha aprobado alguna Ley o Decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

El Procedimiento de Protección para Pueblos y Comunidades Indígenas tiene como propósito hacer eficaces los derechos humanos establecidos por la Constitución del Estado, y los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano; así como, en su caso, reparar afectaciones a dichos derechos.

Los Pueblos o Comunidades Indígenas que estimen vulneración a sus derechos humanos, mediante escrito simple, podrán comparecer ante la Sala Constitucional y detallar el motivo de su promoción, en la cual debe establecerse el acto u omisión que se estiman causa agravio a sus intereses; así como la autoridad o autoridades responsables de dicho acto u omisión.

En los posicionamientos, la diputada del PRD, Yazmín Copete Zapot señaló que debe fortalecerse al Poder Judicial para que actúe como contrapesos y dirimir controversias entre el Ejecutivo, Legislativo o municipios. Este será uno de los temas que tendrán que llevarse a cabo a partir de noviembre de este año, añadió.

Las diputadas y diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron el Dictamen que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado con el objeto de integrar un Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, que tenga las atribuciones de apoyo, consulta y asesoramiento de los Sujetos Obligados, para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Abierto.

Además podrá proponer mejores prácticas de participación ciudadana, colaboración en la implementación y evaluación de la política digital en materia de datos abiertos y la realización de indicadores específicos sobre temas relevantes.

Para el caso se propone que el Consejo Consultivo esté integrado por un Presidente, quien será un representante del sujeto obligado, así como un Secretario y un Vocal, quienes serán elegidos, mediante audiencias públicas, por el Comité de Transparencia y todos los miembros del Consejo tendrán voz y voto.

Los cargos de los integrantes del Consejo Consultivo son de carácter honorífico, por lo que no recibirán sueldo alguno y durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, se renovará el Consejo Consultivo conforme a los procedimientos que establece la Ley.

Esta reforma, -resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de mayo de este año la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos del Partido de MORENA- fue aprobada con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

En su posicionamiento, la legisladora destacó que con la presente reforma se logrará analizar, evaluar y emitir recomendaciones sobre el Plan de Gobierno Abierto, así como promover la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración interinstitucional, que genere nuevos canales de comunicación entre Gobierno y ciudadanía que favorezca el debate público.

El Pleno de la LXIV Legislatura aprobó, por mayoría de votos, el Dictamen de la nueva Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz cuyo objeto es garantizar la protección y promoción de los derechos de todas las personas migrantes que salen, retornan, se establecen o transitan por el Estado, con independencia de su situación migratoria.

Se prevén las bases de la política en materia de atención a migrantes y sus familias en el Estado, la cual estará centrada en el respeto irrestricto a sus derechos humanos; organiza la estructura y atribuciones del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; define las atribuciones de las autoridades estatales auxiliares en la atención a migrantes y delimita las atribuciones de los ayuntamientos en la atención a migrantes.

Esta ley, resultado de la iniciativa que presentó, el 14 de diciembre de 2017, la diputada independiente Miriam Judith González Sheridan, fue aprobada con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

El documento señala que todos los migrantes veracruzanos y sus familias que salgan o retornen al territorio del Estado, así como los migrantes extranjeros y sus familias que se asienten de manera temporal o permanente en la entidad, o transiten por la misma, gozarán de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz y en los tratados internacionales en la materia de los que México es parte.

Los migrantes, con independencia de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida y la de sus familias, en cuyo caso, los encargados de prestar el servicio médico informarán de inmediato, para su conocimiento y apoyo, al Instituto y al titular del país, del cuerpo consular acreditado en el Estado, al que pertenezca el migrante.

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal diseñarán e implementarán políticas públicas y programas especiales para la atención de las necesidades de las personas migrantes y sus familias en cuanto a salud, educación, cultura, impartición y administración de justicia, desarrollo laboral y económico, y todas aquellas destinadas a crear condiciones que favorezcan el debido ejercicio de sus derechos.

En la repatriación de personas migrantes de origen veracruzano, el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes colaborará con las autoridades federales competentes, cuidando que en todo momento se respeten a los repatriados sus derechos y que cuenten con acceso a los servicios públicos que esta Ley y la demás legislación les garantizan.

Se consideran autoridades en materia de atención a migrantes en Veracruz: el Gobernador del Estado; el Secretario de Gobierno; el Consejo Consultivo de Atención a Migrantes; el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes y los ayuntamientos a través de sus Comisiones de Población y de sus Direcciones de Atención a Migrantes.

El Consejo Consultivo de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, es el órgano de consulta que asesora y apoya al Instituto en la delineación y ejecución de sus actividades, promoviendo una colaboración intersectorial entre los diversos órganos que lo integran en beneficio de la atención que se brinde a las personas migrantes y sus familias en la entidad.

Los ayuntamientos diseñarán y mantendrán un Padrón Municipal de Personas Migrantes, el cual tendrá como objetivo registrar el número y características de los migrantes y sus familiares en ese municipio. El Padrón funcionará mediante un sistema electrónico conforme a lo que se establezca en el Reglamento.

El Registro Estatal de Personas Migrantes será público y estará a cargo del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; el cual contará con el apoyo de todos los ayuntamientos del Estado.

Dentro de los treinta días siguientes a su nombramiento, el Director del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes hará llegar a los integrantes de la Consejo Consultivo su Proyecto de Plan Anual de Trabajo.

En los posicionamientos, la diputada Miriam Judith González Sheridan señaló que esta ley dota a las autoridades estatal y municipales para la instrumentación de políticas a favor de personas migrantes, en especial cuando se trate de niñas y niños. Agregó que el Registro Estatal de Personas Migrantes vendrá a mejorar el diseño de acciones y políticas para la debida atención a este sector.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen por el cual se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para crear el Registro Estatal de Menores, siendo ésta la base de datos con muestras biométricas de las huellas digitales o dactilares de menores, que resguardaría la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF).

Este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó a nombre del Grupo Legislativo del PAN el 28 de mayo de 2018 la diputada María Josefina Gamboa Torales, fue aprobado con 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera se instaurará el Registro Estatal de Menores, mismo que será de carácter permanente e interés público; que además se regirá bajo los siguientes parámetros: los datos que integran el Registro Estatal de Menores, serán estrictamente confidenciales y no podrán ser comunicados o darse a conocer, salvo que se trate de la petición de una autoridad dentro de un procedimiento en donde se encuentre en riesgo la integridad de un menor de edad y sea rigurosamente necesaria para la prosecución del mismo.

Tendrá acceso exclusivo al Registro Estatal de Menores la Procuraduría Estatal de Protección para el cumplimiento de las funciones señaladas y no podrá dársele o destinarse a otra finalidad u objetivo distinto.

El Registro Estatal de Menores contendrá como mínimo, la siguiente información identificativa: nombre del menor de edad; nombre de los padres o tutores del menor de edad; declaración expresa del otorgamiento del consentimiento; dirección del menor de edad y placa de cada dactilar del menor de edad.

Las Procuradurías Municipales serán las encargadas de alimentar dicho Registro, mismo que será actualizado al inicio de los primeros cursos de los niveles escolares que conforman la educación básica, salvo petición expresa del padre o tutor que solicite la inclusión del menor de edad, caso en el que será en cualquier momento.

La Procuraduría Estatal para cumplir con esta obligación, deberá celebrar convenios con las Secretarías de Salud y de Educación del Estado.

Para la generación e integración del registro individual, el padre o tutor del menor de edad, deberá entregar consentimiento expreso, mismo que deberá tener el carácter de libre, específico e informado, cumpliendo para ello con los parámetros señalados por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz.

Serán tomadas en presencia del padre o tutor del menor de edad.

Las diputadas y diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron el Dictamen que reforma el artículo 47 de la Ley de Salud y por el cual se establece que todo tratamiento médico específico o intervención quirúrgica que se realice a un paciente, deberá contar con el consentimiento informado y aceptado mediante firma de éste, de un familiar o de su representante legal, aceptando los riesgos que conllevan los mismos.

Para el caso de intervenciones quirúrgicas éstas, exclusivamente, deberán ser practicadas por médicos especialistas en estricto apego a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud.

De igual forma, se determina que los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos.

En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal.

De no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

Esta reforma, resultado de la iniciativa que presentó, el 12 de julio de este año, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Kirsch Sánchez, fue aprobada con 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-APRUEBAN REFORMA QUE FOMENTA LA DONACIÓN DE LECHE MATERNA-

En la décima segunda sesión ordinaria, las y los diputados también aprobaron el Dictamen que reforma el primer párrafo y adiciona las fracciones I y II al artículo 63 de la Ley de Salud, que fomenta la lactancia materna y se establece la obligación del Estado para impulsar la creación de bancos de leche materna.

De esta manera, en la organización de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias del Estado establecerán procedimientos que

permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios.

Así como acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento de la lactancia materna y en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, impulsar la creación de bancos de leche materna en los hospitales que cuenten con servicios neonatales, además de promover la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado.

Este decreto, resultado de la iniciativa que presentó, el 28 de junio de este año, el diputado José Kirsch Sánchez, fue aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Las diputadas y diputados, integrantes de la LXIV Legislatura, aprobaron con 41 votos la nueva Ley de Juntas de Mejoras para el Estado de Veracruz, con el objetivo de instaurar en los municipios estos organismos, que con base en la cooperación de particulares, beneficien a la comunidad, fortalezcan la identidad cívica, coadyuven en la preservación del patrimonio natural y cultural, promuevan la cultura de la legalidad y protejan los derechos humanos.

Los cargos de las Juntas de Mejoras, son voluntarios, honoríficos, renunciables, no podrán ser ejercidos por servidores públicos y no pueden los miembros de las Juntas acordar para sí, percepción alguna; no podrán ser contratistas por sí o por interpósita persona en las labores que se realicen por cuenta de la Junta.

Será el Ayuntamiento quien emita la convocatoria pública cada cuatro años, dirigida a todos los habitantes del municipio, en dicha convocatoria se establecerán los requisitos y procedimiento de elección de los miembros de las Juntas.

La Ley contempla una Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras que sería una institución cuya finalidad estará encargada de fomentar el adecuado desarrollo de las comunidades veracruzanas, para lo cual se encargará de organizar, dirigir y vigilar a las Juntas de Mejoras Municipales, a efecto de que estas se desempeñen conforme a las disposiciones que establece la presente Ley.

Esta Ley es resultado de la iniciativa que presentó el 20 de julio de 2017, la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La legisladora, realizó un posicionamiento en el que recordó que la presente Ley garantizará la democracia municipal que fomente el desarrollo social.

Además, brindará respuestas inmediatas a la sociedad sobre servicios públicos, seguridad, conservación de espacios comunitarios e históricos, por mencionar algunos.

Dijo que la Junta de Mejoras coadyuvará a fortalecer las acciones del Cabildo, con la finalidad de preservar los derechos humanos en las comunidades y realizar actividades de manera transparente y democrática.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen por el cual se reforma la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz, con lo que se establece que todas las autoridades del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, garantizarán que las personas jóvenes con discapacidad no sean discriminados y cuenten con las condiciones adecuadas para gozar de una vida digna y plena.

Este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 15 de febrero de 2018 la diputada independiente Miriam Judith González Sheridan, fue aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera se establece que por ningún motivo las personas jóvenes con discapacidad serán objeto de discriminación. Además de los derechos que ésta y otras leyes les reconozcan, tienen derecho a desarrollar plenamente sus aptitudes y a gozar de una vida digna que les permita integrarse plenamente a la sociedad.

Las autoridades del Estado deberán asegurar que las personas jóvenes con discapacidad tengan acceso efectivo a la educación en todos sus niveles, a la capacitación laboral, a un empleo digno, a una remuneración satisfactoria, a los servicios de salud adecuados, a la seguridad y previsión social, así como a oportunidades de esparcimiento adecuado.

El programa preverá los mecanismos necesarios para que las personas jóvenes con esta característica puedan alcanzar óptimos niveles de desarrollo para bastarse a sí mismas y para participar de manera activa en cualquier ámbito de la sociedad, cuando por sí mismas así lo decidan.

El documento refiere que Veracruz es uno de los siete Estados con mayor porcentaje de personas con discapacidad entre su población y que de cada mil habitantes, 67 sufren alguna discapacidad.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó, en la primera de sus dos etapas, la reforma constitucional que establece facultades al Congreso del Estado para designar a los vecinos que conformarán un Concejo Municipal, para convocar a elecciones extraordinarias y disposiciones para suplir en caso de ausencia, al diputado propietario y al suplente.

De esta manera se incluye, como atribuciones del Congreso del Estado, la de convocar a elecciones extraordinarias en los ayuntamientos, en el supuesto de que se hubiere declarado la nulidad, o no se hubiere hecho la declaración de validez respectiva, el día último del mes de diciembre inmediato a la elección correspondiente.

También se faculta al Poder Legislativo para designar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre los vecinos de un municipio, a los que integrarán un Concejo Municipal. Éste se conformará con un número de concejales idéntico al de ediles que corresponderían al ayuntamiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley.

De igual forma y en caso que ocurriera la falta de los diputados, propietario y suplente, elegidos por el principio de representación proporcional, el Congreso llamará, en cualquier momento, al siguiente en el orden que corresponda, según las listas presentadas por los partidos políticos.

Este decreto –aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones- reforma la fracción X del artículo 33; adiciona las fracciones XXIV Bis y XXIV Ter al artículo 33 y la fracción VII Bis al artículo 41, todos de la Constitución Política del Estado.

Esta modificación es resultado de la iniciativa presentada, el pasado 12 de Julio, por los diputados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el legislador José Roberto Arenas Martínez, de la bancada Juntos por Veracruz.