La LXIV Legislatura de Veracruz declaró aprobado, en lo general, el Decreto que reforma el artículo 9 de la Constitución Política del Estado para establecer, desde la Carta Magna, que toda familia veracruzana tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Lo anterior, luego de que la Secretaría General del Congreso remitió el Informe de que 45 ayuntamientos de la entidad aprobaron esta modificación y en 99 ayuntamientos se configuró la Afirmativa Ficta, al transcurrir los 60 días establecidos, sin que hayan notificado al Congreso el sentido de su voto, dando un total de 144 ayuntamientos computados.

El decreto constitucional fue aprobado, en su segundo periodo, el pasado 11 de enero del año en curso.

Durante la sesión, también, dieron paso y declararon aprobado, en lo general, el Decreto que reforma el artículo 36 de la Constitución Política Local, que considera aprobado por el Ejecutivo la ley o decreto no devuelto con observaciones totales o parciales al Congreso, dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción. Al término de este plazo, si no hubiere observaciones, el Ejecutivo deberá mandar a publicar la ley o decreto dentro de los tres días hábiles siguientes.

De acuerdo al informe emitido por la Secretaría General, 42 ayuntamientos emitieron sus actas a favor, mientras que en105 ayuntamientos se configuró la Afirmativa Ficta, dando un total de 147 ayuntamientos.

En un tercer Informe se dio cuenta que 43 Ayuntamientos emitieron sus actas a favor, mientras que en 102 ayuntamientos se configuró la Afirmativa Ficta, sumando 145 ayuntamientos, el decreto que reforma disposiciones del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, mediante la cual se faculta al Congreso del Estado para aprobar el Plan Veracruzano de Desarrollo y conocer la evaluación que haga el titular del Poder Ejecutivo anualmente de su avance.

Para finalizar, con el informe emitido por la Secretaría General, fue declarada en lo general la reforma al inciso D) del artículo 67 de la Constitución Política Local, con un total de 169 ayuntamientos, 67que emitieron sus actas a favor y en 102 ayuntamientos se configuró la Afirmativa Ficta.

Dicha reforma avala que el Congreso del Estado esté facultado para designar y remover al Fiscal General del Estado.

En todas las aprobaciones y con la participación del diputado Carlos Antonio Morales Guevara como secretario, por única ocasión, se leyeron todos los documentos de la Secretaría General en cumplimiento de la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Materia de Reformas Constitucionales Parciales.

Las diputadas y diputados del Congreso de Veracruz aprobaron el Dictamen que reforma la Ley de Turismo para establecer que corresponde a la Secretaría del ramo promover, en hoteles y restaurantes, la donación de alimentos en buen estado no utilizados, con la finalidad de que se destinen a la población en situación de carencia alimentaria.

Este decreto, resultado de la iniciativa que presentó, el 4 de junio de este año, la diputada del PRI, Luisa Ángela Soto Maldonado, fue aprobada con 41 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-Adecúan Código Hacendario Municipal en relación a las UMA-

El Congreso aprobó, con 42 votos a favor, el Dictamen por el cual se armoniza el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, estableciendo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como unidad de cuenta, eliminando del texto legal vigente, aquellas referidas al salario mínimo.

Para los efectos de este Código, se entenderá por Unidad de Medida y Actualización a la unidad de cuenta, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en el presente ordenamiento.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó, el 11 de junio de este año, el diputado del PAN, Arturo Esquitín Ortiz.

-Promoverá SECTUR profesionalización de prestadores de servicios-

En la sesión, las y los diputados aprobaron el Dictamen que reforma el artículo 81, fracción II, de la Ley de Turismo del Estado para señalar que corresponde a la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado (SECTUR) promover la profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad, orientados a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de la especialización del capital humano.

Este decreto es resultado de la iniciativa que presentó, el 11 de junio de este año, la diputada del PRI, Luisa Ángela Soto Maldonado.

Por otra parte, se reformó el artículo 159 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial con el que se prevé un marco regulatorio que contemple tarifas que no perjudiquen a los usuarios de servicios auxiliares de seguridad vial con cobros excesivos.

De esta manera, se establece que cuando un vehículo sea retirado de la vía pública, el conductor o propietario estará obligado a cubrir el costo de la maniobra y arrastre realizado por la grúa oficial, autorizada, permisionada o concesionada, así como el monto de la pensión que se genere en el depósito vehicular por el resguardo del vehículo, de conformidad con las tarifas autorizadas por la Secretaría, que no deben exceder de las establecidas por el Código de Derechos vigente en el Estado por la prestación oficial de estos servicios.

Este Decreto, es resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de mayo de este año, el diputado del PAN, Rodrigo García Escalante.

-Aprueban la creación de institutos municipales de planeación-

En la sesión, fueron aprobadas las modificaciones a la Ley de Planeación del Estado que permite a los ayuntamientos crear libremente los institutos municipales de planeación como entes gestores y articuladores de los planes municipales de desarrollo y que estos deberán aplicarse y ser evaluados permanentemente, y actualizarse al menos una vez al año.

Este Decreto, es resultado de la iniciativa que presentó el 12 de Junio de este año la diputada Cinthya Lobato Calderón.

-Precisan en la ley el término “conflictos de límites territoriales”-

De igual forma, el Pleno aprobó la reforma a la Ley para precisar el término “conflictos de límites territoriales” como aquel que se presenta entre dos o más municipios del Estado, por la indefinición, confusión, error, o la indebida apropiación de un determinado espacio territorial.

Esta reforma, es resultado de la iniciativa que presentó, el 19 de julio pasado, el diputado de MORENA, Rogelio Arturo Rodríguez García.

-Empleos municipales, para personas originarias del lugar-

Las y los legisladores aprobaron la reforma al artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre con el que objetivo de precisar que las titularidades de los cargos enunciadosen el citado artículo sean otorgados, preferentemente, apersonas originarias del municipio respectivo.

Esta reforma, es resultado de la iniciativa que presentó, el 9 de febrero pasado, el diputado del PRI, Carlos Antonio Morales Guevara.

El Pleno del Congreso de Veracruz aprobó el Dictamen por el que se crea la Ley para el Desarrollo, Equidad y Empoderamiento de la Mujer Rural Veracruzana cuyo objeto es mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, promover y garantizar sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales, así como consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 10 de enero de 2017 la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos.

Esta ley, aprobada con 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones, busca fomentar la equidad de género en el diseño y operación de las políticas públicas para el sector rural del Estado y garantizar a las mujeres rurales el acceso y utilización de programas sociales productivos, tecnológicos, financieros, educativos, de salud, de seguridad alimentaria y de infraestructura social y productiva brindados por los gobiernos federal y estatal.

Se prevé la creación de un Fondo Estatal para el Desarrollo de la Mujer Rural (FEDMUR) y del Fondo de Garantías para la Mujer Rural (FOGMUR), así como el Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Mujer Rural (COCODMUR).

Todos los fondos, planes, programas, proyectos y dependencias que favorecen la actividad rural en el Estado deberán ajustar sus procedimientos y requisitos en aras de eliminar cualquier obstáculo que impida el acceso de las mujeres rurales a ellos.

Se propiciará la participación en igualdad de oportunidades, de trato y libre de discriminación, de las mujeres rurales en los espacios de participación ciudadana generados por los municipios y el Gobierno del Estado.

El Consejo Consultivo estará integrado por un número no menor de doce ni mayor a veinte mujeres que propongan las diferentes organizaciones sociales, asociaciones civiles, instituciones académicas, campesinas e indígenas y en general mujeres rurales de las diferentes regiones del Estado.

El Gobierno deberá contar con un registro estadístico e indicadores propios sobre la condición de la Mujer Rural en el Estado, incorporando un desagregado por sexo de todo el registro de información de base agropecuaria, forestal, agroindustrial y de servicios para que las mujeres rurales sean reconocidas y alentadas según su actividad productiva.

Las diputadas y diputados del Congreso de Veracruz aprobaron con 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra el Dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para Veracruz a fin de implementar un marco jurídico que regule las Zonas Metropolitanas que existen y potenciar el avance que la entidad requiere.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó, el 16 de noviembre del 2017, el diputado Juan Manuel del Castillo González, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La reforma contempla la creación de una Comisión o Consejo de Zona Metropolitana, conformada por los presidentes municipales de los Ayuntamientos vinculados y un representante del Ejecutivo del Estado y tendrá atribuciones para ejecución de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y equipamiento.

-Regula diputados (as) el “Haber de Retiro”-

Las y los legisladores aprobaron con 44 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, el decreto que reforma la fracción XXII del artículo 17, la fracción I del artículo 59 y la fracción XXXVIII del artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para establecer que el “Haber de Retiro” será otorgado únicamente durante un periodo idéntico al que fungió como Magistrado o juez, dependiendo el caso y así, se limita el tiempo de la prestación de acuerdo al trabajo realizado.

El Decreto considera esencial del haber de retiro de magistrados y jueces no es su manutención perpetua, sino otorgarles la protección y seguridad social para su retiro, por los años que se mantuvieron como titulares del órgano jurisdiccional, refiere la exposición de motivos.

La reforma fue resultado de la iniciativa presentada el 12 de marzo del año en curso por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).

Sin sorpresas, el gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez presentó a quien será su secretario de gobierno.

Se trata de Eric Patrocinio Cisneros Burgos quien desde la semana pasada era manejado como el elegido por García Jiménez para ocupar el cargo.

Cisneros Burgos nació en Otatitlán pero ha vivido prácticamente toda su vida en Baja California, donde ha ocupado cargos en diversos ayuntamientos.

Ha sido profesor en la Universidad de Baja California, fue asesor de Rocío Nahle García y del mismo Cuitláhuac en la Cámara de Diputados.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobaron el Dictamen que reforma el artículo 33, fracción XVI, inciso c), de la Constitución Política del Estado por el cual se establece la facultad del Pleno de este Poder para aprobar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los Ayuntamientos los montos máximos para la contratación de empréstitos y obligaciones en las mejores condiciones del mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Esta reforma, aprobada con 44 votos a favor, es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 28 de mayo el Grupo Legislativo del PRI, señala como facultad exclusiva del Pleno la autorización a los Ayuntamientos y no de la Diputación Permanente.

El Pleno aprobó la primera, de dos etapas, de la reforma al artículo 8 de la Constitución Política de Veracruz para señalar que el Estado coadyuvará, mediante programas temporales de empleo y medios alternativos, para proveer fuentes de trabajo digno y provisional, en el caso de que se deteriore el ejercicio del derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode al habitante veracruzano.

Lo anterior ya sea por causas originadas por fenómenos naturales o vedas en el sector pesquero que superen las condiciones para continuar con sus labores, en tanto se restablece la situación original.

Este decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 11 de Junio de este año el diputado Vicente Benítez González, fue aprobado con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-Empleo en Veracruz, a partir de los 15 años-

Con el objetivo de armonizar la legislación local con la federal, resulta necesario elevar la edad mínima para poder emplear a menores de edad de 14 a 15 años, tal como lo estipula el artículo 22 Bis de la Ley Federal del Trabajo, el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen por el cual se establece que trabajador de reciente ingreso es la persona que preste sus servicios a un patrón y que reúna una o más de las siguientes características.

Tener entre 15 y 29 años de edad, sin previamente haber causado alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con educación obligatoria terminada, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 22 y 22 bis de la Ley Federal del Trabajo.

Este Decreto fue aprobado con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Fue aprobada la iniciativa presentada por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, la cual propone reformar la Ley de Educación del Estado, a fin de establecer en la ley la obligatoriedad de las autoridades educativas estatales de publicar anualmente, no solamente en la Gaceta Oficial, sino además en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que se les haya concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

La diputada del PAN, García Rojas dijo que dicha iniciativa nació ante el número incalculable de estudiantes que han sido defraudados en el Estado de Veracruz por pseudos instituciones educativas, quienes viven hoy el calvario de no poder obtener sus cédulas y títulos profesionales, todo ello a causa de escuelas particulares que operan en la ilegalidad y que han dado información falta de veracidad sobre sus autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios y en general sobre la calidad educativa de sus programas.

Expresó que a partir de la aprobación de esta iniciativa la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) contará con un área especial en sus instalaciones y con personal capacitado que asesore y brinde información a los usuarios que requieran datos relacionados con las autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de estudios que se hayan concedido, negado o retirado a los particulares que impartan educación en el Estado. Lo anterior, a efecto de que los interesados en alguna oferta educativa, estén en condiciones de tomar decisiones informadas.

Mariana Dunyaska manifestó que para un mejor cumplimiento de esta responsabilidad, la autoridad educativa estatal deberá coordinarse con la Secretaria de Educación Pública de la Administración Pública Federal y con sus homólogas en los Estados, a efecto de facilitar la cooperación e intercambio de información en materia de autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de estudios y por medio de los cuales se brinde certeza y una efectiva garantía de la calidad del programa o plan de estudios ofertado al interesado.

Por último, argumentó que en la actualidad la Ley prevé una sanción genérica por cualquiera de las infracciones previstas en la Ley, multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general vigente y/o revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios; sin embargo, considera que las acciones recién precisadas son de suma gravedad y por tanto requieren de una sanción proporcional al daño causado. De

esta manera, la sanción que se plantea consiste en una multa hasta por 725 mil 400 pesos y además contemplan la clausura del plantel donde se cometa la infracción.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz dio entrada a la iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objeto de incluir la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, en la que se conjunten trabajos policiales y de inteligencia con apoyo de la Unidad de Análisis de la Información y los servicios periciales, para colaborar con las investigaciones a cargo de la referida Unidad Especializada.

La iniciativa, enviada por el titular de la Fiscalía General del Estado, señala que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro dependerá directamente del Fiscal General y tendrá las facultades y atribuciones previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, esta Ley, su Reglamento y demás normatividad aplicable.

Contará con departamentos, áreas y un cuerpo técnico de control que además de las facultades establecidas en el Reglamento de esta Ley, conjuntará trabajos policiales y de inteligencia con apoyo de la Unidad de Análisis de la Información y los servicios periciales en la integración de carpetas de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

A través de la técnica especializada de intervención de comunicaciones privadas en su modalidad de escucha autorizada por los Jueces del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en la Ciudad de México; establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos o sistemas de informática y telecomunicaciones a autorizar, así como sobre su guarda, conservación, mantenimiento y uso.

En la exposición de motivos, se enfatiza que si bien, el 4 de septiembre de 2008, fue creada la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y se establecieron sus atribuciones dentro del Reglamento de la entonces Procuraduría General del Estado de Veracruz; pero dicha unidad no se encuentra contemplada en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, por lo que se estima necesario incluirla, a fin de fortalecer, regularizar y dar mayor certeza jurídica a la actuación de la misma.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

La LXIV Legislatura de Veracruz declaró aprobado, en
lo general, el Decreto que reforma el artículo 9 de la Constitución Política
del Estado para establecer, desde la Carta Magna, que toda familia veracruzana
tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Lo anterior, luego de que la Secretaría General del
Congreso remitió el Informe de que 45 ayuntamientos de la entidad aprobaron esta
modificación y en 99 ayuntamientos se configuró la Afirmativa Ficta, al
transcurrir los 60 días establecidos, sin que hayan notificado al Congreso el
sentido de su voto, dando un total de 144 ayuntamientos computados.

El decreto constitucional fue aprobado, en su
segundo periodo, el pasado 11 de enero del año en curso.

Durante la sesión, también, dieron paso y declararon
aprobado, en lo general, el Decreto que reforma el artículo 36 de la
Constitución Política Local, que considera aprobado por el Ejecutivo la ley o decreto
no devuelto con observaciones totales o parciales al Congreso, dentro de los
diez días hábiles siguientes a su recepción. Al término de este plazo, si no
hubiere observaciones, el Ejecutivo deberá mandar a publicar la ley o decreto
dentro de los tres días hábiles siguientes.

De acuerdo al informe emitido por la Secretaría
General, 42 ayuntamientos emitieron sus actas a favor, mientras que en105
ayuntamientos se configuró la Afirmativa Ficta, dando un
total de 147 ayuntamientos.

En un tercer Informe se dio cuenta que 43 Ayuntamientos
emitieron sus actas a favor, mientras que en 102 ayuntamientos se configuró la
Afirmativa Ficta, sumando 145 ayuntamientos, el decreto que reforma
disposiciones del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, mediante
la cual se faculta al Congreso del Estado para aprobar el Plan Veracruzano de
Desarrollo y conocer la evaluación que haga el titular del Poder Ejecutivo
anualmente de su avance.

Para finalizar, con el informe emitido por la
Secretaría General, fue declarada en lo general la reforma al inciso D) del
artículo 67 de la Constitución Política Local, con un total de 169
ayuntamientos, 67que emitieron sus actas a favor y en 102 ayuntamientos se
configuró la Afirmativa Ficta.

Dicha reforma avala que el Congreso del Estado esté
facultado para designar y remover al Fiscal General del Estado.

En todas las aprobaciones y con la participación del
diputado Carlos Antonio Morales Guevara como secretario, por única ocasión, se
leyeron todos los documentos de la Secretaría General en cumplimiento de la Ley
Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en Materia de Reformas Constitucionales
Parciales.

Las diputadas y diputados del Congreso de Veracruz
aprobaron con 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra el Dictamen que
reforma y adiciona diversas disposiciones
a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para
Veracruz a fin de implementar un marco jurídico que regule las Zonas Metropolitanas
que existen y potenciar el avance que la entidad requiere.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó, el 16 de noviembre
del 2017, el diputado Juan Manuel del Castillo González, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La reforma contempla la creación de una Comisión o Consejo de Zona
Metropolitana, conformada por los presidentes municipales de los Ayuntamientos vinculados
y un representante del Ejecutivo del Estado y tendrá atribuciones para
ejecución de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y
obras de infraestructura y equipamiento.

-Regula
diputados (as) el “Haber de Retiro”-

Las
y los legisladores aprobaron con 44 votos a favor, sin abstenciones o votos en
contra, el decreto que reforma la fracción XXII del artículo 17, la fracción I
del artículo 59 y la fracción XXXVIII del artículo 103 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado para establecer que el “Haber de Retiro” será
otorgado únicamente durante un periodo idéntico al que fungió como Magistrado o
juez, dependiendo el caso y así, se limita el tiempo de la prestación de
acuerdo al trabajo realizado.

El Decreto considera esencial del haber de retiro de
magistrados y jueces no es su manutención perpetua, sino otorgarles la
protección y seguridad social para su retiro, por los años que se mantuvieron
como titulares del órgano jurisdiccional, refiere la exposición de motivos.

La reforma fue resultado de la iniciativa presentada
el 12 de marzo del año en curso por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN).

Las diputadas y
diputados de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobaron el Dictamen para
crear la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, con la
finalidad de fomentar, promover, regular y establecer los instrumentos,
herramientas y tecnologías que permitan la organización y participación de los
habitantes del Estado, en los procedimientos, funciones y decisiones de los
órganos del Gobierno del Estado y de los municipios.

Este
decreto, resultado de la iniciativa que presentó, el pasado 9 de mayo de 2017,
la diputada Daniela Griego Ceballos, del Grupo Legislativo de MORENA, fue
aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

La Ley promueve la democracia
participativa, donde prevalezca la solidaridad, legalidad y corresponsabilidad
entre el gobierno y la ciudadanía, en busca de crear mecanismos e instrumentos
que prevean la obligación de tomar en cuenta la opinión y visión de la sociedad
civil.

Para
tal efecto, la Ley busca como
mecanismos de participación ciudadana a la audiencia pública, el Cabildo en
sesión abierta, los Consejos Consultivos Ciudadanos y la Asamblea Vecinal.

La audiencia pública es el acto que se realiza para
que los gobernados de manera directa traten con los gobernantes asuntos
públicos, previa convocatoria que emita la autoridad correspondiente. Las
autoridades administrativas estatales y municipales, en el ámbito de su
competencia, deberán celebrar audiencia pública, por lo menos, una vez cada
tres meses, durante el periodo de su gobierno.

El Cabildo en Sesión Abierta, es la sesión que
celebra el ayuntamiento, en la cual los habitantes participan directamente con
derecho a voz, pero sin voto, a fin de discutir asuntos de interés para la
comunidad y con competencia sobre el mismo.

Mientras que los Consejos Consultivos Ciudadanos son
instancias sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas
públicas del Estado; constituyen un mecanismo para la discusión de los
lineamientos y seguimiento de la evolución de las políticas de la
administración pública centralizada. Serán conformados por ciudadanos y se
desempeñarán como redes de participación de la sociedad civil.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó
la reforma al artículo 26 fracción I,
inciso a) de la Constitución Política local en el que se establece que además
de examinar y discutir, el Congreso podrá modificar y aprobar el Presupuesto
que en relación con los ingresos y egresos del año siguiente, le sea presentado
entre el seis y diez de noviembre, por el Gobernador del Estado.

En
Pleno avaló, también, la reforma al párrafo noveno del artículo 4, que adiciona
un párrafo séptimo al artículo 5, ambos de la Constitución Política del Estado,
para señalar que el Estado reconoce los
aportes de su población migrante, sea ésta de origen, retorno, destino, o
tránsito, nacional o internacional; y se comprometa a tutelar y hacer efectivos
sus derechos, poniendo especial énfasis en la atención a las particulares
condiciones y necesidades de los menores, mujeres e indígenas migrantes.

De igual forma, fue aprobada la modificación al
artículo 68 de la Carta Magna estatal para establecer que, en la elección de los ayuntamientos, el partido
político o la candidatura independiente, que alcance mayor número de votos,
obtendrá la presidencia y la sindicatura.

Las regidurías serán asignadas a cada partido y a la
candidatura independiente, incluyendo a aquel que obtuvo la mayor votación, de acuerdo al principio de
representación proporcional, en los términos que señale la legislación del
Estado.

Por otra parte se reformó la fracción III del
artículo 58 y se adiciona la fracción XV al artículo 56 recorriéndose la
subsecuente, ambos de la Constitución Política del Estado, para señalar que el
Poder Judicial deberá elaborar el dictamen técnico en sentido favorable o no
favorable, según sea el caso, respecto de los magistrados en posibilidad de ser
ratificados, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Además se incluye que para ser Magistrado se
requiere poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho
expedido por autoridad o institución
legalmente facultada, con una antigüedad mínima de diez años y contar,
preferentemente, con estudios de posgrado, o con experiencia profesional en la
judicatura o ejercicio de la profesión no menos de ese lapso.

Al tratarse de reformas a la Constitución Política
del Estado y al ser aprobadas en su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,
corresponde ahora remitirlas a los Ayuntamientos para su
consideración y votación. Si al menos 107 los avalan, el Congreso hará la
declaratoria correspondiente.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del
Estado de Veracruz avalaron las ternas para la designación de los titulares de
los Órganos Internos de Control del Poder Legislativo de Veracruz, del
Organismo Público Local Electoral y de los Organismos Autónomos de la entidad.

El Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO), establece que, revisados los documentos y realizadas las entrevistas, por cada una de
las Comisiones competentes, y verificado por las mismas el cumplimiento de los
requisitos por parte de los aspirantes que se mencionan en los resolutivos del
proyecto, los integrantes de ese órgano de gobierno juzgaron procedente,
agotadas las etapas de las convocatorias expedidas al efecto, que esta
Honorable Asamblea realice las designaciones respectivas.

De esta
manera, se designó en la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado
a la ciudadana María del Pilar Beltrán Cisneros.

En la Contraloría Interna del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), al ciudadano Emmanuel Vázquez
Jiménez.

Para el caso del Poder Legislativo del Estado de
Veracruz, se nombró al ciudadano René Buenrostro Hernández.

Para la Contraloría Interna del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa (TEJAV), fue nombrado el ciudadano Mauricio Eduardo
Jongitud Piñeiro.

En la Contraloría del Organismo Público Local
Electoral del Estado (OPLE), fue nombrado el ciudadano Francisco Galindo García.

En tanto, en la Contraloría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se nombró al
ciudadano Adolfo Toss Capistrán.

Respecto a la Contraloría Interna del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (IVAI), se nombró al ciudadano Alfonso Velásquez Trejo.

Por último, en la Contraloría de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP),
fue elegido el ciudadano Mariano Alvarado Martínez.

Tras
aprobarse los nombramientos, por mayoría calificada, la Mesa Directiva,
presidida por la diputada María Elisa Manterola Sainz, les tomó la protesta de Ley.

El Pleno del Congreso de Veracruz aprobó el Dictamen
por el que se crea la Ley para el Desarrollo, Equidad y Empoderamiento de la
Mujer Rural Veracruzana cuyo objeto es mejorar la calidad de vida de las
mujeres rurales, promover y garantizar sus derechos económicos, sociales,
políticos y culturales, así como consagrar medidas específicas encaminadas a
acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que
presentó el 10 de enero de 2017 la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos.

Esta ley, aprobada con 44 votos a favor, sin votos
en contra o abstenciones, busca fomentar la equidad de género en el diseño y
operación de las políticas públicas para el sector rural del Estado y
garantizar a las mujeres rurales el acceso y utilización de programas sociales
productivos, tecnológicos, financieros, educativos, de salud, de seguridad
alimentaria y de infraestructura social y productiva brindados por los
gobiernos federal y estatal.

Se prevé la creación de un Fondo Estatal para el
Desarrollo de la Mujer Rural (FEDMUR) y del Fondo de Garantías para la Mujer
Rural (FOGMUR), así como el Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Mujer
Rural (COCODMUR).

Todos los fondos, planes, programas, proyectos y
dependencias que favorecen la actividad rural en el Estado deberán ajustar sus
procedimientos y requisitos en aras de eliminar cualquier obstáculo que impida
el acceso de las mujeres rurales a ellos.

Se propiciará la participación en igualdad de
oportunidades, de trato y libre de discriminación, de las mujeres rurales en
los espacios de participación ciudadana generados por los municipios y el
Gobierno del Estado.

El Consejo Consultivo estará integrado por un número
no menor de doce ni mayor a veinte mujeres que propongan las diferentes
organizaciones sociales, asociaciones civiles, instituciones académicas,
campesinas e indígenas y en general mujeres rurales de las diferentes regiones
del Estado.

El Gobierno deberá contar con un registro
estadístico e indicadores propios sobre la condición de la Mujer Rural en el
Estado, incorporando un desagregado por sexo de todo el registro de información
de base agropecuaria, forestal, agroindustrial y de servicios para que las
mujeres rurales sean reconocidas y alentadas según su actividad productiva.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobaron
el Dictamen que reforma el artículo 33, fracción XVI, inciso c), de la
Constitución Política del Estado por el cual se establece la facultad del Pleno
de este Poder para aprobar, por el voto
de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, a los Ayuntamientos los montos máximos para la contratación de empréstitos y obligaciones en las mejores condiciones del
mercado, previo análisis de su destino,
capacidad de pago y en su caso,
el otorgamiento de garantía o el
establecimiento de la fuente de
pago.

Esta
reforma, aprobada con 44 votos a favor, es resultado de la iniciativa que
presentó el pasado 28 de mayo el Grupo Legislativo del PRI,
señala como facultad exclusiva del Pleno la autorización a los Ayuntamientos y
no de la Diputación Permanente.

El
Pleno aprobó la primera, de dos etapas, de la reforma al artículo 8 de la Constitución Política de
Veracruz para señalar que el Estado coadyuvará, mediante programas temporales
de empleo y medios alternativos, para proveer fuentes de trabajo digno y provisional,
en el caso de que se deteriore el ejercicio del derecho a dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode al habitante
veracruzano.

Lo anterior ya sea por causas originadas por
fenómenos naturales o vedas en el sector pesquero que superen las condiciones
para continuar con sus labores, en tanto se restablece la situación original.

Este decreto, resultado de la iniciativa que
presentó el 11 de Junio de este año el diputado Vicente Benítez González, fue
aprobado con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-Empleo
en Veracruz, a partir de los 15 años-

Con el objetivo de armonizar la legislación local
con la federal, resulta necesario elevar la edad mínima para poder emplear a
menores de edad de 14 a 15 años, tal como lo estipula el artículo 22 Bis de la
Ley Federal del Trabajo, el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen por el cual
se establece que trabajador de reciente ingreso es la persona que preste sus servicios a un patrón
y que reúna una o más de las siguientes características.

Tener entre 15 y 29 años de edad, sin previamente
haber causado alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con educación
obligatoria terminada, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad
correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 22 y 22 bis de la Ley
Federal del Trabajo.

Este Decreto fue aprobado con 45 votos a favor, sin
votos en contra o abstenciones.

Las y los diputados
integrantes de la LXIV Legislatura aprobaron, con 46 votos a favor, sin
abstenciones y votos en contra, la Ley
de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas, con
el objetivo de normar, regular y promover el incremento, desarrollo,
conservación, mantenimiento, preservación y restitución de palmas y árboles en
zonas urbanas, a fin de garantizar el equilibrio ecológico, el desarrollo sostenible
y el bienestar humano.

Para su aplicación,
trabajarán de manera conjunta el Ejecutivo del Estado y los municipios a través
de los Ayuntamientos, para que generen políticas, estrategias, planes,
programas y demás acciones que promuevan un medio ambiente sustentable.

A través de la
Secretaría del Medio Ambiente del Estado (SEDEMA), se trabajará en la siembra
de árboles y palmas en zonas urbanas y con ello se logrará reducir las afectaciones
ambientales que generan diversos fenómenos ambientales, además de brindar
frescura a los seres humanos, ya que estos proporcionan sombra, oxígeno,
humedad y además permiten el embellecimiento de senderos, avenidas y calles.

Dicha ley es resultado
de la iniciativa presentada por la diputada Regina Vázquez Saut, el 12 de julio
del año en curso, quien dijo que en México actualmente se talan alrededor de 18
árboles al día en promedio y cada año se pierde el 15 por ciento de las áreas
verdes, debido a los excesos de urbanización en las ciudades y la falta de
previsión del cuidado del medio ambiente, esto principalmente por la falta de
un reglamento en los municipios.

Para tales efectos,
la Ley contempla la creación de un reglamento mediante el cual los 212
Ayuntamientos estarían obligados a la siembra y protección de árboles y palmas,
en caso de incumplirlo se impondrán sanciones administrativas.

Las diputadas y diputados del Congreso de Veracruz
aprobaron el Dictamen que reforma la Ley de Turismo para establecer que
corresponde a la Secretaría del ramo promover, en hoteles y restaurantes, la
donación de alimentos en buen estado no utilizados, con la finalidad de que se
destinen a la población en situación de carencia alimentaria.

Este decreto, resultado de la iniciativa que
presentó, el 4 de junio de este año, la diputada del PRI, Luisa Ángela Soto
Maldonado, fue aprobada con 41 votos a favor, sin votos en contra o
abstenciones.

-Adecúan
Código Hacendario Municipal en relación a las UMA-

El Congreso aprobó, con 42 votos a favor, el Dictamen
por el cual se armoniza el Código Hacendario Municipal para el Estado de
Veracruz, estableciendo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como
unidad de cuenta, eliminando del texto legal vigente, aquellas referidas al
salario mínimo.

Para los efectos de este Código, se entenderá por
Unidad de Medida y Actualización a la unidad de cuenta, para determinar la
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en el presente
ordenamiento.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó,
el 11 de junio de este año, el diputado del PAN, Arturo Esquitín Ortiz.

-Promoverá
SECTUR profesionalización de prestadores de servicios-

En la sesión, las y los diputados aprobaron el
Dictamen que reforma el artículo 81, fracción II, de la Ley de Turismo del
Estado para señalar que corresponde a la Secretaría de Turismo y Cultura del
Estado (SECTUR) promover la profesionalización de quienes laboran en empresas
turísticas o prestan servicios en la actividad, orientados a las
características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en
competencias laborales y fortalecimiento de la especialización del capital
humano.

Este decreto es resultado de la iniciativa que
presentó, el 11 de junio de este año, la diputada del PRI, Luisa Ángela Soto
Maldonado.

Por otra parte, se reformó el artículo 159 de la Ley
de Tránsito y Seguridad Vial con el que se prevé un marco regulatorio que
contemple tarifas que no perjudiquen a los usuarios de servicios auxiliares de
seguridad vial con cobros excesivos.

De esta manera, se establece que cuando un vehículo
sea retirado de la vía pública, el conductor o propietario estará obligado a
cubrir el costo de la maniobra y arrastre realizado por la grúa oficial,
autorizada, permisionada o concesionada, así como el monto de la pensión que se
genere en el depósito vehicular por el resguardo del vehículo, de conformidad
con las tarifas autorizadas por la Secretaría, que no deben exceder de las
establecidas por el Código de Derechos vigente en el Estado por la prestación
oficial de estos servicios.

Este Decreto, es resultado de la iniciativa que
presentó, el 2 de mayo de este año, el diputado del PAN, Rodrigo García
Escalante.

-Aprueban
la creación de institutos municipales de planeación-

En la sesión, fueron aprobadas las modificaciones a
la Ley de Planeación del Estado que permite a los ayuntamientos crear libremente los institutos
municipales de planeación como entes gestores y articuladores de los planes
municipales de desarrollo y que estos deberán aplicarse y ser evaluados
permanentemente, y actualizarse al menos una vez al año.

Este Decreto, es resultado de la iniciativa que
presentó el 12 de Junio de este año la diputada Cinthya Lobato Calderón.

-Precisan
en la ley el término “conflictos de límites territoriales”-

De igual forma, el Pleno aprobó la reforma a la Ley
para precisar el término “conflictos de límites territoriales” como aquel que
se presenta entre dos o más municipios del Estado, por la indefinición,
confusión, error, o la indebida apropiación de un determinado espacio
territorial.

Esta reforma, es resultado de la iniciativa que
presentó, el 19 de julio pasado, el diputado de MORENA, Rogelio Arturo
Rodríguez García.

-Empleos
municipales, para personas originarias del lugar-

Las y los legisladores aprobaron la reforma al
artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre con el que objetivo de precisar
que las titularidades de los cargos enunciadosen el citado artículo sean
otorgados, preferentemente, apersonas originarias del municipio respectivo.

Esta reforma, es resultado de la iniciativa que
presentó, el 9 de febrero pasado, el diputado del PRI, Carlos Antonio Morales
Guevara.

La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz instaló
la Diputación Permanente que fungirá durante el segundo receso, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, cuya Mesa
Directiva está integrada por la diputada María Elisa Manterola Sainz, como
presidenta; Nicolás de la Cruz de la Cruz, vicepresidente y Carlos Antonio
Morales Guevara, secretario.

Conforme a los artículos 40 de la Constitución
Política del Estado, 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, en punto de las 18:30
horas fue declarada legalmente instalada este órgano colegiado.

En las vocalías están los diputados Gregorio Murillo
Uscanga, Rodrigo García Escalante, Basilio Picazo Pérez, Juan Manuel de Unánue
Abascal, Ernesto Cuevas Hernández, Rogelio Arturo Rodríguez García y Zenyazen
Roberto Escobar García.

Fungirán como sus suplentes, en esta representación,
los diputados María Josefina Gamboa Torales, Sergio Hernández Hernández, Marco
Antonio Núñez López, Luis Daniel Olmos Barradas, Arturo Esquitín Ortiz, Ángel
Armando López Contreras, Fernando Kuri Kuri, María del Rocío Pérez Pérez,
Lourdes García González y Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.

Este Segundo Receso, último de la LXIV Legislatura
del Estado de Veracruz, comprenderá del 1 de agosto al 4
de noviembre de 2018.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz dio
entrada a la iniciativa que reforma
diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, con el objeto de incluir la Unidad Especializada en Combate al Secuestro,
en la que se conjunten trabajos policiales y de inteligencia con apoyo de la
Unidad de Análisis de la Información y los servicios periciales, para colaborar
con las investigaciones a cargo de la referida Unidad Especializada.

La iniciativa, enviada por el titular de la Fiscalía
General del Estado, señala que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro
dependerá directamente del Fiscal General y tendrá las facultades y
atribuciones previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos
en Materia de Secuestro, esta Ley, su Reglamento y demás normatividad
aplicable.

Contará con departamentos, áreas y un cuerpo técnico
de control que además de las facultades establecidas en el Reglamento de esta
Ley, conjuntará trabajos policiales y de inteligencia con apoyo de la Unidad de
Análisis de la Información y los servicios periciales en la integración de
carpetas de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

A través de la técnica especializada de intervención
de comunicaciones privadas en su modalidad de escucha autorizada por los Jueces
del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de
Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en la
Ciudad de México; establecerá lineamientos sobre las características de los
aparatos, equipos o sistemas de informática y telecomunicaciones a autorizar,
así como sobre su guarda, conservación, mantenimiento y uso.

En la exposición de motivos, se enfatiza que si bien,
el 4 de septiembre de 2008, fue creada la Unidad Especializada en Combate al Secuestro
y se establecieron sus atribuciones dentro del Reglamento de la entonces
Procuraduría General del Estado de Veracruz; pero dicha unidad no se encuentra
contemplada en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, por lo que se
estima necesario incluirla, a fin de fortalecer, regularizar y dar mayor certeza
jurídica a la actuación de la misma.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Procuración de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

Las
diputadas y diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron
el Dictamen que reforma el artículo 47 de la Ley de Salud y por el cual se
establece que todo tratamiento médico
específico o intervención quirúrgica que se realice a un paciente, deberá
contar con el consentimiento informado y aceptado mediante firma de éste, de un
familiar o de su representante legal, aceptando los riesgos que conllevan los
mismos.

Para el caso de intervenciones quirúrgicas éstas,
exclusivamente, deberán ser practicadas por médicos especialistas en estricto
apego a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud.

De igual forma, se determina que los usuarios tienen
derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos
y terapéuticos ofrecidos.

En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en
estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder
será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal.

De no ser posible lo anterior, el prestador de
servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del
usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

Esta reforma, resultado de la iniciativa que
presentó, el 12 de julio de este año, el diputado del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Kirsch Sánchez, fue aprobada
con 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-APRUEBAN REFORMA QUE FOMENTA LA DONACIÓN DE
LECHE MATERNA-

En la décima segunda sesión ordinaria, las y los
diputados también aprobaron el Dictamen que reforma el primer párrafo y
adiciona las fracciones I y II al artículo 63 de la Ley de Salud, que fomenta
la lactancia materna y se establece la obligación del Estado para impulsar la
creación de bancos de leche materna.

De esta manera, en la organización de los servicios
de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias
del Estado establecerán procedimientos que permitan la participación activa de
la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los
usuarios.

Así como acciones de orientación y vigilancia
institucional, capacitación y fomento de
la lactancia materna y en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a
mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, impulsar la creación
de bancos de leche materna en los
hospitales que cuenten con servicios neonatales, además de promover la
instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y
privado.

Este decreto, resultado de la iniciativa que
presentó, el 28 de junio de este año, el diputado José Kirsch Sánchez, fue
aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

El
Pleno de la LXIV Legislatura aprobó, por mayoría de votos, el Dictamen de la
nueva Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de
Veracruz cuyo objeto es garantizar la protección y promoción de los derechos de todas las personas migrantes que
salen, retornan, se establecen o transitan por el Estado, con independencia de
su situación migratoria.

Se
prevén las bases de la política en materia de atención a migrantes y sus
familias en el Estado, la cual estará centrada en el respeto irrestricto a sus
derechos humanos; organiza la estructura y atribuciones del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; define
las atribuciones de las autoridades estatales auxiliares en la atención a
migrantes y delimita las atribuciones de los ayuntamientos en la atención a
migrantes.

Esta
ley, resultado de la iniciativa que presentó, el 14 de diciembre de 2017, la
diputada independiente Miriam Judith González Sheridan, fue aprobada con 45 votos
a favor, sin votos en contra o abstenciones.

El
documento señala que todos los migrantes veracruzanos y sus familias que salgan
o retornen al territorio del Estado, así como los migrantes extranjeros y sus
familias que se asienten de manera temporal o permanente en la entidad, o
transiten por la misma, gozarán de los derechos humanos que se reconocen en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución
Política del Estado de Veracruz y en los tratados internacionales en la materia
de los que México es parte.

Los migrantes, con independencia de su situación
migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin
restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte
necesaria para preservar su vida y la de sus familias, en cuyo caso, los
encargados de prestar el servicio médico informarán de inmediato, para su
conocimiento y apoyo, al Instituto y al titular del país, del cuerpo consular
acreditado en el Estado, al que pertenezca el migrante.

Las
dependencias y entidades de la administración pública estatal diseñarán e
implementarán políticas públicas y programas especiales para la atención de las
necesidades de las personas migrantes y sus familias en cuanto a salud,
educación, cultura, impartición y administración de justicia, desarrollo
laboral y económico, y todas aquellas destinadas a crear condiciones que
favorezcan el debido ejercicio de sus derechos.

En
la repatriación de personas migrantes de origen veracruzano, el Instituto
Veracruzano de Atención a Migrantes colaborará con las autoridades federales
competentes, cuidando que en todo
momento se respeten a los repatriados sus derechos y que cuenten con acceso a
los servicios públicos que esta Ley y la demás legislación les garantizan.

Se
consideran autoridades en materia de atención a migrantes en Veracruz: el
Gobernador del Estado; el Secretario de Gobierno; el Consejo Consultivo de
Atención a Migrantes; el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes y los ayuntamientos
a través de sus Comisiones de Población
y de sus Direcciones de Atención a Migrantes.

El
Consejo Consultivo de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, es el órgano
de consulta que asesora y apoya al Instituto en la delineación y ejecución de
sus actividades, promoviendo una colaboración intersectorial entre los diversos
órganos que lo integran en beneficio de la atención que se brinde a las
personas migrantes y sus familias en la entidad.

Los
ayuntamientos diseñarán y mantendrán un Padrón Municipal de Personas Migrantes,
el cual tendrá como objetivo registrar el número y características de los
migrantes y sus familiares en ese municipio. El Padrón funcionará mediante un
sistema electrónico conforme a lo que se establezca en el Reglamento.

El
Registro Estatal de Personas Migrantes será público y estará a cargo del
Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; el cual contará con el apoyo de
todos los ayuntamientos del Estado.

Dentro
de los treinta días siguientes a su nombramiento, el Director del Instituto
Veracruzano de Atención a Migrantes hará llegar a los integrantes de la Consejo
Consultivo su Proyecto de Plan Anual de Trabajo.

En
los posicionamientos, la diputada Miriam Judith González Sheridan señaló que
esta ley dota a las autoridades estatal y municipales para la instrumentación
de políticas a favor de personas migrantes, en especial cuando se trate de
niñas y niños. Agregó que el Registro Estatal de Personas Migrantes vendrá a mejorar
el diseño de acciones y políticas para la debida atención a este sector.

En conferencia de Prensa, el coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Nicolás Callejas Roldán, afirmó categórico
que los diputados priístas no reconocen la forma arbitraria en que se llevó a
cabo el proceso de elección del Fiscal Anticorrupción en la sesión del día de
hoy.

Señaló
que son muchas las irregularidades e ilegalidades que se registraron en dicha
elección, donde se nombró a Marcos Even Torres Zamudio, como Fiscal
Anticorrupción de Veracruz, por un periodo de cinco años.

La
designación se llevó a cabo con tan solo 27 votos a favor y sin cumplir con el
requisito de ser aprobado por las dos terceras partes de los diputados
presentes de la LXIV Legislatura, por lo que no se registró un consenso
mayoritario, lo que incurre en una violación a la Constitución Política del
Estado de Veracruz.

Callejas
Roldán, acompañado por los coordinadores de los Grupos Legislativos de Juntos
por Veracruz, Fernando Kuri Kuri y de MORENA, Zenyazen Roberto Escobar Pérez,
además de diputados de las tres bancadas, manifestó que los diputados panistas
“se pasaron la ley por donde quisieron” en esta imposición a modo, que flagela
la democracia y legalidad del Congreso Estatal.

“Es
lamentable que se lleven a cabo este tipo de acciones que violentan los
derechos de todos los veracruzanos y pasan por alto la decisión de las
mayorías. Estamos aquí, juntos, sin fijarnos en partidos, pero sí viendo
siempre por el futuro de la entidad, pues es nuestro deber”, concluyó el diputado
Juan Nicolás Callejas Roldán.

El
Congreso del Estado de Veracruz reformó la Ley de Salud, con lo que se
impulsarán acciones encaminadas a generar un estilo de vida saludable,
basada en la alimentación, activación física y el cese de los hábitos de
consumo de tabaco y alcohol.

Esta
reforma, resultado de la iniciativa que presentó, el pasado 12 de julio, la
diputada del Grupo Legislativo de MORENA, Guadalupe Osorno Maldonado, fue
aprobada con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De esta manera, se incluye en la Ley el concepto
“estilo de vida saludable”, como el conjunto de actividades y elecciones
conscientes que una persona, pueblo, grupo social y familia realiza a diario,
con determinada frecuencia, para prevenir y conservar su salud; y que depende
de sus necesidades, y posibilidades económicas, entre otros factores.

Estas actividades de prevención, se planearán
enfocadas a establecer un estilo de vida saludable en la población, como
prevención general de las enfermedades no transmisibles, con excepción de los
casos especiales que requieran especificaciones más puntuales.

La Comisión de Salud y Asistencia estimó viable esta
modificación a la Ley, toda vez que se justifica la
prevención de enfermedades mediante la educación para la salud, que comprende
entre otros aspectos, la promoción de un estilo de vida saludable en la
población en general.

El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen por el que se crea
la nueva Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz, cuyo objeto
es dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal, los
conflictos que por la Constitucionalidad de sus actos, normas generales o la
inexistencia de éstas, surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder
Ejecutivo y el Legislativo o entre uno de ellos y los municipios que conforman
el Estado.

Esta
ley, resultado de las iniciativas que presentó el diputado Carlos Antonio
Morales Guevara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la diputada
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), fue avalada con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De
esta manera se señala que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia
del Estado es competente para sustanciar, con base en las disposiciones de esta
Ley, el procedimiento que regule las Controversias Constitucionales, las
Acciones de Inconstitucionalidad y las Acciones por Omisión Legislativa.

Tendrán
el carácter de parte en las controversias Constitucionales: como actor, el o
los Municipios, el Poder Legislativo o el Ejecutivo que promueva la
controversia; como demandado, el o los Municipios, el Poder Legislativo o el
Ejecutivo, que hubiere emitido y promulgado la disposición general o
pronunciado el acto que sea objeto de la controversia y como tercero o terceros
interesados, el o los Municipios o los Poderes Ejecutivo y Legislativo en
aquellos casos en que, sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran
resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse.

Tratándose
de controversias Constitucionales, el Magistrado ponente, a petición de parte o
de oficio, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes
de que se dicte sentencia definitiva. La
suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por
las partes o recabados por el Magistrado ponente.

Al
dictar la sentencia, el Pleno deberá, en su caso, corregir los errores que
advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los
razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente
planteada.

Procede
la acción por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso del
Estado no ha aprobado alguna Ley o Decreto y que dicha omisión afecte el debido
cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

El
Procedimiento de Protección para Pueblos y Comunidades Indígenas tiene como
propósito hacer eficaces los derechos humanos establecidos por la Constitución
del Estado, y los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano; así
como, en su caso, reparar afectaciones a dichos derechos.

Los
Pueblos o Comunidades Indígenas que estimen vulneración a sus derechos humanos,
mediante escrito simple, podrán comparecer ante la Sala Constitucional y
detallar el motivo de su promoción, en la cual debe establecerse el acto u
omisión que se estiman causa agravio a sus intereses; así como la autoridad o
autoridades responsables de dicho acto u omisión.

En
los posicionamientos, la diputada del PRD, Yazmín Copete Zapot señaló que debe
fortalecerse al Poder Judicial para que actúe como contrapesos y dirimir
controversias entre el Ejecutivo, Legislativo o municipios. Este será uno de
los temas que tendrán que llevarse a cabo a partir de noviembre de este año,
añadió.

El
Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz nombró, y recibió la
protesta de ley, del ciudadano Marcos Even Torres Zamudio como titular de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Lo
anterior, al actualizarse lo establecido en la base sexta de la convocatoria
pública para la elección del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción.

En
la décima segunda sesión, celebrada este 24 de julio, se puso a consideración
del Pleno la terna y tras una primera votación, se registraron 24 votos a favor
de Marcos Even Torres Zamudio; dos votos para Andrés Domínguez Fernández y
ningún voto para Gustavo Fernando Vasto Pulido. Por lo anterior, ningún
aspirante obtuvo la mayoría calificada requerida.

Por
ello y con base en lo establecido en la convocatoria pública antes citada, la
Comisión de Procuración de Justicia presentó un nuevo dictamen con los nombres
de los dos aspirantes que registraron más votación y que dio como resultado 26
votos para Marcos Even Torres Zamudio y ningún voto para Andrés Domínguez
Fernández.

Al
no registrar la mayoría calificada, nuevamente, y de conformidad con la base
sexta de la convocatoria, que señala: “Lo no previsto en la presente
convocatoria y en el procedimiento de designación del titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, será resuelto por la Comisión
Permanente de Procuración de Justicia”.

De
esta manera, y de conformidad con lo antes señalado, el presidente de la
Comisión de Procuración de Justicia, diputado José Luis Enríquez Ambell tomó el
uso de la voz y presentó el Dictamen por el cual se determinó designar al
ciudadano Marcos Even Torres Zamudio como Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción, toda vez que –señaló- fue el aspirante que registró la mayor
votación en las dos anteriores ternas.

Al
registrar una votación aprobatoria de 27 votos a favor, sin votos en contra o
abstenciones, la Mesa Directiva lo declaró aprobado e inmediatamente se
procedió a la toma de protesta de Ley.

En
la discusión de este tema y tomando como base la Constitución Política del
Estado y las atribuciones legales conferidas al diputado, los grupos
legislativos de MORENA, PRI y Juntos por Veracruz solicitaron por escrito, a la
Mesa Directiva, registrar –en su momento- su voto en contra de todos los
candidatos de la terna de los aspirantes a Fiscal Anticorrupción.

Al
respecto la Mesa Directiva, presidida por la diputada María Elisa Manterola
Sainz significó que el citado método de votación no está reconocido ni en la
Constitución Política del Estado, ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
o en el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y tampoco en
la convocatoria, aprobada por unanimidad en enero de este
año.

Las diputadas y
diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron el Dictamen
que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado
con el objeto de integrar un Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, que tenga
las atribuciones de apoyo, consulta y asesoramiento de los Sujetos Obligados,
para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Abierto.

Además podrá proponer
mejores prácticas de participación ciudadana, colaboración en la implementación
y evaluación de la política digital en materia de datos abiertos y la
realización de indicadores específicos sobre temas relevantes.

Para el caso se propone que el Consejo Consultivo
esté integrado por un Presidente, quien será un
representante del sujeto obligado, así como
un Secretario y un Vocal, quienes serán elegidos, mediante audiencias públicas,
por el Comité de Transparencia y todos los miembros del Consejo tendrán voz y
voto.

Los cargos de los
integrantes del Consejo Consultivo son de carácter honorífico, por lo que no
recibirán sueldo alguno y durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al
término de los cuales, se renovará el Consejo Consultivo conforme a los
procedimientos que establece la Ley.

Esta
reforma, -resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de mayo de este año la
diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos del Partido de MORENA- fue aprobada
con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

En su posicionamiento, la legisladora destacó que
con la presente reforma se logrará analizar, evaluar y emitir recomendaciones
sobre el Plan de Gobierno Abierto, así como promover la transparencia, la
participación ciudadana y la colaboración interinstitucional, que genere nuevos
canales de comunicación entre Gobierno y ciudadanía que favorezca el debate
público.

Las diputadas y
diputados, de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, aprobaron el Dictamen
que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado
con el objeto de integrar un Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, que tenga
las atribuciones de apoyo, consulta y asesoramiento de los Sujetos Obligados,
para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Abierto.

Además podrá proponer
mejores prácticas de participación ciudadana, colaboración en la implementación
y evaluación de la política digital en materia de datos abiertos y la
realización de indicadores específicos sobre temas relevantes.

Para el caso se propone que el Consejo Consultivo
esté integrado por un Presidente, quien será un
representante del sujeto obligado, así como
un Secretario y un Vocal, quienes serán elegidos, mediante audiencias públicas,
por el Comité de Transparencia y todos los miembros del Consejo tendrán voz y
voto.

Los cargos de los
integrantes del Consejo Consultivo son de carácter honorífico, por lo que no
recibirán sueldo alguno y durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al
término de los cuales, se renovará el Consejo Consultivo conforme a los
procedimientos que establece la Ley.

Esta
reforma, -resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de mayo de este año la
diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos del Partido de MORENA- fue aprobada
con 45 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

En su posicionamiento, la legisladora destacó que
con la presente reforma se logrará analizar, evaluar y emitir recomendaciones
sobre el Plan de Gobierno Abierto, así como promover la transparencia, la
participación ciudadana y la colaboración interinstitucional, que genere nuevos
canales de comunicación entre Gobierno y ciudadanía que favorezca el debate
público.

El
Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen por el
cual se reforma la Ley de Desarrollo
Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz, con lo que se establece que
todas las autoridades del Estado, dentro del ámbito de sus competencias,
garantizarán que las personas jóvenes con discapacidad no sean discriminados y
cuenten con las condiciones adecuadas para gozar de una vida digna y plena.

Este
Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 15 de febrero de 2018 la
diputada independiente Miriam Judith González Sheridan, fue aprobado con 46
votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De
esta manera se establece que por ningún
motivo las personas jóvenes con discapacidad serán objeto de discriminación.
Además de los derechos que ésta y otras leyes les reconozcan, tienen derecho a
desarrollar plenamente sus aptitudes y a gozar de una vida digna que les permita integrarse plenamente a la sociedad.

Las autoridades del Estado deberán asegurar que las
personas jóvenes con discapacidad tengan acceso efectivo a la educación en
todos sus niveles, a la capacitación laboral, a un empleo digno, a una
remuneración satisfactoria, a los servicios de salud adecuados, a la seguridad
y previsión social, así como a oportunidades de esparcimiento adecuado.

El programa preverá los mecanismos necesarios para
que las personas jóvenes con esta característica puedan alcanzar óptimos
niveles de desarrollo para bastarse a sí mismas y para participar de manera
activa en cualquier ámbito de la sociedad, cuando por sí mismas así lo decidan.

EL documento refiere que Veracruz es uno de los
siete Estados con mayor porcentaje de personas con discapacidad entre su
población y que de cada mil habitantes, 67 sufren alguna discapacidad.

El
Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen por el
cual se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado para crear el Registro Estatal de Menores, siendo ésta la base de datos
con muestras biométricas de las huellas digitales o dactilares de menores, que
resguardaría la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes; perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado (DIF).

Este
Decreto, resultado de la iniciativa que presentó a nombre del Grupo Legislativo
del PAN el 28 de mayo de 2018 la diputada María Josefina Gamboa Torales, fue
aprobado con 44 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

De
esta manera se instaurará el Registro Estatal de Menores, mismo que será de
carácter permanente e interés público; que además se regirá bajo los siguientes
parámetros: los datos que integran el Registro Estatal de Menores, serán
estrictamente confidenciales y no podrán ser comunicados o darse a conocer,
salvo que se trate de la petición de una autoridad dentro de un procedimiento
en donde se encuentre en riesgo la integridad de un menor de edad y sea rigurosamente
necesaria para la prosecución del mismo.

Tendrá
acceso exclusivo al Registro Estatal de Menores la Procuraduría Estatal de
Protección para el cumplimiento de las funciones señaladas y no podrá dársele o
destinarse a otra finalidad u objetivo distinto.

El
Registro Estatal de Menores contendrá como mínimo, la siguiente información
identificativa: nombre del menor de edad; nombre de los padres o tutores del
menor de edad; declaración expresa del otorgamiento del consentimiento;
dirección del menor de edad y placa de cada dactilar del menor de edad.

Las
Procuradurías Municipales serán las encargadas de alimentar dicho Registro,
mismo que será actualizado al inicio de los primeros cursos de los niveles
escolares que conforman la educación básica, salvo petición expresa del padre o
tutor que solicite la inclusión del menor de edad, caso en el que será en
cualquier momento.

La
Procuraduría Estatal para cumplir con esta obligación, deberá celebrar
convenios con las Secretarías de Salud y de Educación del Estado.

Para
la generación e integración del registro individual, el padre o tutor del menor
de edad, deberá entregar consentimiento expreso, mismo que deberá tener el
carácter de libre, específico e informado, cumpliendo para ello con los
parámetros señalados por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz.

Serán
tomadas en presencia del padre o tutor del menor de edad.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron la nueva Ley de los
Cuerpos de Bomberos del Estado, con la finalidad de sentar las bases para la
operación de estas organizaciones y el que se les brinde certeza laboral,
estableciendo las directrices sobre las cuales sus acciones puedan estar
reguladas en materia del servicio público que atienden.

Esta
Ley, resultado de la iniciativa que presentó el diputado Tito Delfín Cano, del
Partido Acción Nacional (PAN), el 31 de enero de 2018, fue avalada con 46 votos
a favor, sin votos en contra o abstenciones.

La Ley está enfocada
a la creación, organización y funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos del
Estado, los cuales se constituirán como un servicio público especializado y de
emergencias, en las labores de prevención y combate de incendios, así como de
apoyo en la salvaguarda de la vida, de los bienes y del entorno de la
población.

También, prevé reconocer
y dotarles de recursos económicos, materiales y tecnológicos, además de
infraestructura a los diversos Cuerpos de Bomberos o asociaciones civiles del
Estado.

Corresponde primordialmente
a los Cuerpos de Bomberos, la verificación y la capacitación al sector público,
privado y de organismos de la sociedad civil la implementación de programas de
prevención y atención de los distintos tipos de incendios, así como el combate
y extinción de los mismos, que se susciten en el Estado de Veracruz.

El presupuesto de los
Cuerpos de Bomberos que corresponda podrá determinarse en el Presupuesto Anual
de Egresos que apruebe el Ayuntamiento respectivo.

Para estimular al
personal de los cuerpos de bomberos se establecerán los reconocimientos siguientes:
al valor, la constancia, al mérito, a la aportación tecnológica y a la continuidad
anual en el servicio.

El Gobierno del
Estado de Veracruz o los Ayuntamientos podrán desincorporar a favor de los Cuerpos de bomberos, inmuebles en los que
puedan ser instaladas Estaciones o Subestaciones o aquellos que sean necesarios
para la capacitación, el desarrollo personal y el esparcimiento de los miembros
de los cuerpos de bomberos.

El Patronato de
Bomberos del Estado de Veracruz es el
órgano integrado con representantes del sector público, privado y social que tiene
como propósito coadyuvar en la integración del patrimonio de los Cuerpos de
Bomberos. Su desempeño está basado en los principios de transparencia, certidumbre,
honestidad, filantropía y corresponsabilidad.

Los Ayuntamientos que
cuenten con un Cuerpo de Bomberos deberán crear un padrón con la finalidad de
que la Secretaria de Protección Civil pueda emitir una certificación, previa
evaluación, que les acredite los conocimientos técnicos suficientes para poder
brindar este servicio, lo que permitirá brindarles una continuidad en su
desempeño a partir de sus conocimientos.

En
los posicionamientos, el legislador Tito Delfín Cano, señaló que el cuerpo de
bomberos es primordial, ya que se encargan de la contención y combate de
incendios de forma rural y urbana, primeros auxilios y recate de personas, por
mencionar algunos.

Dijo
que Veracruz es uno de los Estados en el que se presentan daños ambientales,
que se consideran graves, por lo que es elemental contar con bomberos expertos
en la materia.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron la nueva Ley en Materia
de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, cuyo objeto es
establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre
el Estado y sus municipios, para buscar a las Personas Desaparecidas y No
Localizadas y esclarecer los hechos.

De
igual forma, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en
materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, así como los delitos vinculados señalados por la Ley General.

Esta
Ley, resultado de las iniciativas que presentaron el diputado Rogelio Arturo
Rodríguez García, del Grupo Legislativo de MORENA y la diputada María Josefina
Gamboa Torales, del Partido Acción Nacional (PAN), fue avalada con 46 votos a
favor, sin votos en contra o abstenciones.

Esta
Ley tiene como objeto, también, establecer el Mecanismo Estatal de Coordinación
en Materia de Búsqueda de Personas; crear la Comisión Estatal de Búsqueda;
garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas
hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia,
la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no
repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable.

De
igual forma, está el garantizar la participación de los familiares en el
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e
identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar
la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter
sus opiniones, recibir Información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a
los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional.

Se
prevé un Banco Nacional de Datos
Forenses, como herramienta del Sistema Nacional que concentre las bases
de datos de las entidades federativas y de la federación; así como, otras bases
de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e
identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No
Identificadas, como el Registro que concentre la información forense
procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los
restos tanto de la Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera que
sea su origen.

Los
servidores públicos que incumplan injustificadamente con alguna de las
obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán
sancionados en términos de lo
establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado.

La
Comisión Estatal de Búsqueda es un
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno,
dependiente directamente de la persona titular de ésta, que determina, ejecuta
y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No
Localizadas, en todo el territorio del Estado de Veracruz.

El
poder Ejecutivo del Estado deberá establecer un fondo para las funciones,
obligaciones y atribuciones inherentes a la Comisión Estatal de Búsqueda; y
para el cumplimiento del objetivo que
establece la presente Ley y la Ley General.

Este
fondo deberá contemplar, al menos: recursos suficientes para el funcionamiento
adecuado de la Comisión Estatal de Búsqueda; para la implementación y ejecución
del Programa Nacional de Búsqueda; la función adecuada de los Registros y el
Banco que prevé la Ley General; el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa
Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y para la implementación y
ejecución de las acciones de búsqueda.

En
los posicionamientos, la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales detalló
que esta reforma fue resultado de las aportaciones de colectivos de
desaparecidos. Destacó la creación del mecanismo por el cual participan más
autoridades en la búsqueda de desaparecidos y exhortó a continuar trabajando
para mejorar la legislación.

Del
Grupo Legislativo de MORENA, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García dijo
que Veracruz se pone a la vanguardia en esta materia. Esta reforma culmina el
esfuerzo de colectivos de diversas regiones y organismos de defensa de derechos
humanos. Consideró como urgente la publicación de esta ley, ya que la
desaparición de personas es un tema lacerante que daña a la sociedad.

De
igual forma manifestaron sus posicionamientos a favor del Dictamen las
diputadas Guadalupe Osorno Maldonado y Cinthya Lobato Calderón.

El
Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó, con 47 votos, el Dictamen
por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para
Veracruz, con la finalidad de agregar el concepto de Espionaje contra las
instituciones de seguridad pública, mejor conocido como “Halconeo” y este sea
sancionado.

La entidad veracruzana
ha incrementado sus índices de violencia, generada específicamente por las
actividades de la delincuencia organizada y una de las conductas delictivas más
frecuentes en la actualidad corresponde al denominado “halconeo”, que es el
acecho y vigilancia permanente o reiterada de las actividades de las
instituciones o autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.

Para su ejecución
utilizan equipo de telefonía, radiocomunicación, cuentas de correo electrónico
y sitios web (blogs), a través de los cuales se comunican los movimientos de
unidades de las corporaciones policiales, los operativos implementados o en
proceso de iniciarse, así como los retenes de inspección que se instalan o
vayan a instalarse, entre otras.

Dicho problema,
contribuye a la ejecución de diversos delitos que ponen en riesgo la integridad
física de la sociedad veracruzana y especialmente de los integrantes de los
cuerpos de seguridad pública.

En tal razón, se
establece que quien posea, porte o utilice equipos o artefactos que permitan la
intervención, escucha o transmisión de datos para prácticas de espionaje, con
respecto a canales de comunicaciones oficiales o privadas, entre otras, se les
impondrán de siete a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 Unidades de Medida
y Actualización (UMA).

También a quien utilice
instrumentos punzocortantes, punzo contundentes, contuso cortantes, contuso
contundentes o de cualquier material, que por su resistencia o su fuerza, dañe
o impida el paso de vehículos de seguridad pública municipal, estatal, federal o
de las fuerzas armadas mexicanas.

Además que posea,
porte o utilice equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o
transmisión de datos para prácticas de espionaje, con respecto a canales de
comunicaciones oficiales o privadas, estos últimos cuando sean utilizados para
funciones de seguridad pública.

Incluso permita o
consienta la instalación de antenas o cualquier instrumento de comunicación en
bienes de su propiedad o posesión, con los cuales se intercepte o transmita la
señal o las comunicaciones para el espionaje o halconeo.

La pena se
incrementará hasta la mitad cuando, se empleen menores de edad, personas con
discapacidad o de la tercera edad, para la comisión de este delito.

Se incrementará hasta
una cuarta parte de la sanción prevista en el artículo 371 a quien, para la
comisión de los delitos señalados en este capítulo, utilice algún vehículo del
servicio público de transporte de pasajeros, u otro que preste un servicio análogo.

Este
Decreto, es resultado de la iniciativa presentada el 7 de noviembre de 2017 por
el Ejecutivo del Estado.

Las
diputadas y diputados, integrantes de la LXIV Legislatura, aprobaron con 41 votos
la nueva Ley de Juntas de Mejoras para el Estado de Veracruz, con el objetivo
de instaurar en los municipios estos
organismos, que con base en la cooperación de particulares, beneficien a la
comunidad, fortalezcan la identidad cívica, coadyuven en la preservación del
patrimonio natural y cultural, promuevan la cultura de la legalidad y protejan
los derechos humanos.

Los cargos de las Juntas de Mejoras, son voluntarios, honoríficos, renunciables,
no podrán ser ejercidos por servidores públicos y no pueden los miembros de las
Juntas acordar para sí, percepción alguna; no podrán ser contratistas por sí o
por interpósita persona en las labores que se realicen por cuenta de la Junta.

Será el Ayuntamiento quien emita la convocatoria
pública cada cuatro años, dirigida a todos los habitantes del municipio, en
dicha convocatoria se establecerán los requisitos y procedimiento de elección
de los miembros de las Juntas.

La Ley contempla
una Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras que sería una institución cuya finalidad estará encargada de
fomentar el adecuado desarrollo de las comunidades veracruzanas, para lo cual
se encargará de organizar, dirigir y vigilar a las Juntas de Mejoras
Municipales, a efecto de que estas se desempeñen conforme a las disposiciones
que establece la presente Ley.

Esta Ley es resultado
de la iniciativa que presentó el 20 de julio de 2017, la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante
del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La legisladora, realizó
un posicionamiento en el que recordó que la presente Ley garantizará la
democracia municipal que fomente el desarrollo social.

Además,
brindará respuestas inmediatas a la sociedad sobre servicios públicos,
seguridad, conservación de espacios comunitarios e históricos, por mencionar
algunos.

Dijo
que la Junta de Mejoras coadyuvará a fortalecer las acciones del Cabildo, con la finalidad de preservar los derechos humanos
en las comunidades y realizar actividades de manera transparente y democrática.

El
presidente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXIV
Legislatura del Estado, diputado José Luis Enríquez Ambell anunció que, de
conformidad con los tiempos legales y las bases de la convocatoria, fue
integrada la terna de candidatos de aspirantes a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, misma que será tratada este 24 de julio en la sesión
ordinaria.

El
legislador subrayó que tras agotarse el proceso, que inició con la convocatoria
pública para la elección del Fiscal Anticorrupción en enero de este año,
corresponde a la Sexagésima Cuarta Legislatura concluir con el procedimiento y
nombrar al titular de la Fiscalía Especializada antes citada.

Destacó
que el Dictamen de la terna de candidatos fue avalado por la mayoría de la
Comisión, toda vez que la vocalía, -representada por el Grupo Legislativo de
MORENA- se negó reiteradamente a
presentar una propuesta.

El
diputado Enríquez Ambell recordó que la postergación del nombramiento de Fiscal
Anticorrupción fue resultado de una decisión de todas las fuerzas políticas,
representadas en la Junta de Coordinación Política, previo al proceso electoral
del pasado 1 de Julio; por lo que, más allá de los resultados electorales, debe
respetarse el procedimiento y con base en las atribuciones que confiere la ley
al Congreso local, realizar el nombramiento correspondiente.

La
terna está integrada por los aspirantes Marcos Even Torres Zamudio, Andrés Domínguez
Fernández y Gustavo Fernando Vasto Pulido.

En la recta final de la LXIV Legislatura del Estado, la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot confió que las Comisiones permanentes y especiales logren dictaminar las iniciativas o temas pendientes para someterlos a consideración del Pleno Legislativo a fin de no heredar rezago.

Dijo que hay iniciativas pendientes de dictaminar de los diferentes grupos legislativos: “En el caso de una servidora están pendientes varias, pero confiamos en lograr conceso y sobre todo, en algunas, el visto bueno de la Secretaría de Finanzas y Planeación porque muchas requieren viabilidad financiera”.

La también Secretaria de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal exhortó a las autoridades edilicias que soporten bien sus expedientes o solicitudes presentadas al Congreso del Estado, a fin de que se les pueda dar el trámite correspondiente.

“A la Comisión de Hacienda Municipal se remiten muchos expedientes que provienen de los Ayuntamientos, pero lamentablemente algunos llegan incompletos o mal integrados y aunque a través de la Comisión se comunica y explica a las autoridades edilicias que falta documentación o soportar sus requerimientos, no atienden el llamado”, señaló.

La legisladora del PRD agregó que esa apatía o falta de voluntad de las comunas genera retraso en el proceso, por ello a prácticamente tres meses de que concluya el término constitucional de esta Legislatura los conminó para atender el citado llamado, pues de lo contrario esta soberanía no podrá dictaminar.

La diputada no descartó que durante los meses de agosto, septiembre y octubre se puedan realizar periodos extraordinarios de sesiones: “Seguiremos trabajando como lo establece la ley para desahogar pendientes y atender con prontitud los temas que se puedan presentar”.

26 mil estudiantes veracruzanos podrían ver frustradas sus aspiraciones universitarias este año, por lo que no se pueden cerrar los ojos ante la realidad que viven los jóvenes que presentaron su examen de admisión para la UV y no lograron su propósito.

“Decididamente hay que apostarle a la educación, sumando los esfuerzos de todos» declaró la diputada Cinthya Lobato Calderón al firmar el convenio con el que se pone en marcha la segunda edición del Programa de Becas con diversas Universidades privadas, Centros de Educación Superior y de capacitación para que los jóvenes estudiantes rechazados por la Universidad Veracruzana (UV) puedan continuar sus estudios en condiciones económicas accesibles.

Destacó que este año 16 mil 396 jóvenes fueron admitidos para cursar las carreras que oferta la UV de un total de 42 mil 576 aspirantes, «lo que sin duda es un fuerte revés para una generación estudiantil que de ninguna manera puede quedar a la deriva. Debemos proteger a nuestros jóvenes estudiantes en estos tiempos de dificultades laborales y de inseguridad y alentarlos para que construyan un proyecto de vida, como profesionistas y como hombres y mujeres de bien, dispuestos a ser parte del desarrollo de Veracruz”.

Cinthya Lobato manifestó que como Diputada asumió el compromiso de promover una propuesta que se convirtiera en una alterativa educativa: En 2017, tocamos puertas de distintas instituciones educativas. Amablemente muchas Universidades y Centros de Estudios Superiores atendieron nuestro llamado y se sumaron al programa que denominamos UNIENDO FUERZAS POR LA EDUCACION.

Logramos un resultado importante de atención para muchos jóvenes. Hubo un espíritu solidario de las instituciones participantes que nos permitieron abrir rutas de oportunidad para estudiantes veracruzanos que por limitaciones económicas estarían distantes su desarrollo profesional, agregó.

La legisladora local informó que se cuenta con el apoyo de diversas instituciones educativas que suman en total una oferta educativa de 53 Licenciaturas, 6 especialidades, 24 Maestrías, 9 Doctorados, 7 diplomados, 12 diplomados médicos, 24 cursos de carreras técnicas y de aprendizaje del idioma inglés, con modalidades escolarizadas fines de semana y en línea.

Esta oferta incluyó las ciudades de Acayucan Altotonga, Ciudad Mendoza, Coatepec, Coatzacoalcos, José Azueta, Minatitlán, Playa Vicente, Veracruz, Boca del Río y Xalapa.

Logramos concertar becas de inscripción de hasta el 100 por ciento de descuento y colegiaturas con descuentos de entre el 40 y el 70 por ciento

La diputada Cinthya Lobato agradeció la solidaridad expresada por las Universidades y Centros Educativos que participan en esta causa y pidió el respaldo de los medios de comunicación, «cuya difusión será estratégica para que este programa sea conocido por el mayor número de jóvenes a los que podremos apoyar y beneficiar”.

Los jóvenes interesados y sus familias podrán conocer la oferta educativa de las Universidades participantes y la forma de conseguir estas becas llamando al teléfono 842 05 00 extensión 2150 o al celular 2281363075.

También pueden escribir al e-mail: becaslobatoc@gmail.com o en Facebook en la fanpage @CinthyaLobato.