Para atender en Veracruz la puesta en marcha del
programa de emisión electrónica de título y cédula profesional, el diputado del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso de
Veracruz, Bingen Rementería Molina, presentó un anteproyecto de punto de
acuerdo por el que se exhorta al Gobernador electo a implementar un programa
que cumpla con los objetivos de modernización establecidos por la federación. En la quinta sesión ordinaria, el legislador recordó
que el programa federal está a cargo de la Dirección General de Profesiones de
la Secretaría de Educación Pública (SEP), y es necesario registrar los títulos
de todas las instituciones educativas para poder emitir las cédulas
profesionales electrónicas. Destacó que la implementación de un programa que
garantice la incorporación de todas las
instituciones de educación superior en el estado, en el programa
mencionado, a través de la asesoría y seguimiento puntual. El objetivo es que los estudiantes de Veracruz puedan
realizar sus trámites de título y cédula en el menor tiempo posible y con la mayor
accesibilidad posible, evitando los procesos burocráticos que duraban meses y
representaban importantes gastos económicos y de tiempo para los egresados. El diputado resaltó la importancia de atender la
actualización de formatos para realizar trámites educativos, como respuesta a
las necesidades de los estudiantes veracruzanos.

Finalmente, Bingen Rementería hizo un llamado para
recordar que los legisladores tienen la responsabilidad de fungir como
facilitadores de la educación, buscando en todo momento el acceso adecuado a
ella, y que sea de calidad y de vanguardia.

• Morena pretendía crear otra forma protectora, llamada “inmunidad constitucional”
• Solo es un engaño a 30 millones de mexicanos que votaron en por quitar privilegios

El Gobernador Electo, Cuitláhuac
García Jiménez, visitó el Palacio Legislativo para entregar la solicitud para
tomar el poder desde el primer minuto del 1 de diciembre como Gobernador
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El Diputado Presidente del Congreso, José Manuel
Pozos Castro, reiteró el compromiso de la LXV Legislatura para que el evento
sea un éxito y pueda ser visto por los veracruzanos a través de las distintas
plataformas digitales de la legislatura.

De esta manera se evitará una omisión legislativa.

Las diputadas y diputados del Grupo Legislativo de
MORENA en el Congreso de Veracruz, presentaron ante el Pleno la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley número 7
Reglamentaria del artículo 84 de la Constitución Política del Estado, en
materia de reformas constitucionales parciales, con el propósito de adecuar a
la realidad, la normatividad vigente y así evitar recurrir en alguna omisión
legislativa. En la iniciativa se plantea reformar el artículo 30,
de la citada ley, para disminuir de 60 a 30 los días naturales que tendrán los
Ayuntamientos, contados a partir del siguiente al de la recepción del proyecto,
para comunicar su acuerdo al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente,
emitido en sesión extraordinaria de Cabildo, en la que se discuta y apruebe o
rechace la reforma constitucional.

De igual forma se establecería en la ley que si el
Dictamen es aprobado por las dos terceras partes de los miembros del Congreso,
el Presidente ordenará turnarlo a los Ayuntamientos por conducto de la
Secretaría General. En el mismo sentido se propone la derogación de los
artículos 9, 10 y 11 relativo al título “Del Dictamen con proyecto de Decreto
en el Segundo Período”. También sería derogado el artículo 30 relativo a que
si una Legislatura, dentro del procedimiento ordinario, aprueba un proyecto de
decreto de reforma constitucional en el segundo periodo de sesiones ordinarias
del último año de su ejercicio, a la nueva Legislatura le corresponderá, en su
primer periodo de sesiones ordinarias, discutir y en su caso aprobar la reforma
constitucional en su segunda etapa. En el documento se ejemplifica la aprobación y
publicación, en la Gaceta Oficial del Estado, del Decreto 761 por el se quedó
reformado el artículo 84, en su párrafo primero y segundo de la Constitución.
En este instrumento se estableció la obligatoriedad de la presente Legislatura
de realizar las adecuaciones necesarias y toda vez que dicho plazo fenece el
próximo 8 de diciembre y a fin de evitar una omisión legislativa es que se
plantea esta modificación, manifestó el diputado,

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen
correspondiente.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares, coordinador
de la fracción legislativa “Del Lado Correcto de la Historia”, sometió a la consideración
de esta Soberanía un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a retirar la caseta de Peaje denominada
Puente Coatzacoalcos 1 ubicado en el kilómetro 2+100 de la carretera federal
número 180, Matamoros-Puerto Juárez en el municipio de Coatzacoalcos. Lo anterior, señaló, en razón de que miles de
usuarios que circulan todos los días, por motivos laborales principalmente, por
la caseta que une las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán con los complejos
petroquímicos de PEMEX, se ven afectados en su economía, por lo que el Ejecutivo,
subrayó, debe establecer los mecanismos de apoyo a los vecinos de esa región
del sur para que tengan acceso gratuito a la misma. Agregó que este exhorto se suma a los reiterados reclamos
de los ciudadanos y de algunos servidores públicos que piden se cancele el “cobro
excesivo de la caseta de Peaje denominada Puente Coatzacoalcos 1”, que representa
un alto costo económico para los habitantes de la zona sur del estado que por
ella transitan; cobro que se ha convertido en un negocio entre particulares, ya
que la concesionaria no ha cumplido debidamente con los acuerdos del
fideicomiso creado para la administración de los recursos. Recordó-durante su participación en tribuna- que
desde 2006, el Gobierno del Estado administra la caseta de Peaje Puente
Coatzacoalcos I, año en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se lo
diera en comodato para que los recursos del peaje fueran destinados a un
fideicomiso donde el 70 por ciento de los ingresos brutos que se generarán por
la operación y explotación del Puente sobre el río Coatzacoalcos y accesos,
fueron destinados al desarrollo del Proyecto del Túnel Sumergido; obra que ya
fue concluida y se encuentra en operación; cuya inversión ascendió a 5 mil 398
millones 400 mil pesos, con un sobre incremento de 256 por ciento. Finalmente, Guízar Valladares, reiteró que el
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, revise a la brevedad la situación particular
del cobro de la caseta de peaje puente Coatzacoalcos 1 y sea cancelado dicho
pago.

El Anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política y a este se sumaron las fracciones legislativas del
Partido Acción Nacional, Morena y la diputada del Verde Ecologista, Andrea de
Guadalupe Yunes Yunes.

Compareció, ante la Comisión de Gobernación de la
LXV Legislatura, que conforman la diputada Adriana Paola Linares, presidenta;
el diputado Raymundo Andrade Rivera, secretario; y la legisladora María
Josefina Gamboa Torales, vocal; el titular de la Coordinación General de
Comunicación Social (CGCS) del Estado, Elías Assad Danini, como parte de la
Glosa del Segundo Informe de Gobierno y para ampliar la información sobre el
mismo, respondiendo a los cuestionamientos de los legisladores. Entre los temas abordados, y de donde partieron
algunas de las preguntas de los legisladores, se relacionaron con el gasto
realizado por el despacho a cargo de Assad Danini, en materia de publicidad,
redes sociales; convenios de comunicación, alertas de Violencia de Género y la
atención a los requerimientos de transparencia por parte del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), entre otros. Andrade Rivera señaló que el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (ORFIS), detectó diversas irregularidades en los pagos a la
red social Facebook; a lo que preguntó al Coordinador por qué dichos pagos fueron
bajo una modalidad distinta a lo que marca la normatividad. De igual forma
cuestionó en relación a que el analista jurídico y el encargado de la unidad de
transparencia no han entregado la información sobre los montos de publicidad. Al respecto Elías Assad respondió “Facebook sólo
acepta pagos con tarjeta de crédito o débito, por lo que la CGCS no es factible
de ser tarjetahabiente, por lo que se optó por hacerlo de manera distinta, pero
con apego a derecho y que la observación ya fue solventada ante el ORFIS”.
Añadió que el encargado de la Unidad de Transparencia nunca negó la
información, sino que en ese momento fue inviable otorgarla al IVAI toda vez que existe una investigación
por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). Por parte del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), en voz de la diputada María Graciela Hernández Íñiguez,
preguntó cuál ha sido el gasto ejercido en redes sociales por concepto de
publicidad, los alcances y de qué manera fue beneficiada la población; a lo que
el Coordinador subrayó que el gasto en
Facebook fue de 3 millones 100 mil pesos y que se implementaron 555 campañas
informativas, no solo del gobernador, sino de todo el aparato estatal. La diputada del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, Florencia Martínez Rivera cuestionó en relación a por
qué no hubo convenios con medios de comunicación locales, cuántos medios fueron
contratados para promover la imagen del gobernador, de cuánto fue el
Presupuesto de la Coordinación a su cargo y si fueron beneficiadas algunas
empresas por concepto de publicidad. Elías Assad informó que no hubo convenios ni
contratos para promover la imagen del Gobernador, “fue una mala práctica del
pasado”. Refirió que el Presupuesto de la CGCS para este año fue de 69 millones
de pesos (MDP). Durante
la segunda ronda, la diputada Margarita Corro Mendoza, integrante del Grupo
Legislativo de Morena, cuestionó sobre cuántos promocionales o videos se
hicieron del Gobernador como sujeto principal de ellos y cuántos de los Secretarios
de despacho, quiénes fueron los benefactores, cuáles fueron los montos
ejercidos, cuánto dinero se invirtió para destacar la imagen del Ejecutivo y
por qué no se invirtió el recurso para dar a conocer la Alerta de Violencia de Género
(AVG) en la entidad. El
funcionario dijo que se hicieron los videos necesarios y que para cada dependencia
se diseñó el material requerido. Agregó que “no hubo convenios para promocionar
al Gobernador y que se difundieron 21 campañas, que engloban a todas las dependencias”.
Entre las actividades, destacó, las campañas sobre el reordenamiento vehicular,
prevención del robo de vehículos, incendios forestales, Semana Santa, regiones
turísticas, y Cumbre Tajín, entre otras. Sobre
el tema de la AVG, expuso que se realizaron 176 producciones audiovisuales y
gráficas, 34 enfocadas a medidas de seguridad, 48 preventivas y 94 para inhibir
la violencia contra las mujeres. Por
parte del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada
María Josefina Gamboa Torales preguntó con cuántos medios de comunicación, y el
monto, que sostenía convenios el anterior Gobierno y si tiene conocimiento de
las denuncias que tienen que ver con la Coordinación a su cargo. Assad
Danini respondió que presentó dos
denuncias y por cuestión de secrecía de la investigación no ofrece detalles. Respecto
a los montos y convenios indicó que lo hará llegar por escrito, dentro de las
48 horas que marca la normatividad. La
diputada Monserrat Ortega Ruíz, del PAN, requirió detalles de en qué consistió
la agenda única institucional de la CGCS. El funcionario respondió que la
agenda única permitió lograr un ahorro en cuanto al gasto de la Coordinación y
al gasto corriente de las dependencias, puesto que en administraciones
anteriores los secretarios de despacho difundían la información que les
convenía según sus acuerdos políticos, con esta agenda se estableció un orden
dentro del Gobierno del Estado. El
diputado de Morena, Henri Christophe Gómez Sánchez, inquirió al funcionario
sobre el número de personas que están comisionadas y que al momento se están
reincorporando a la CGCS, así como el total de basificados que dejaría la
Coordinación. En
ese sentido, el servidor público señaló que 17 trabajadores fueron comisionados
a la Secretaría de Protección Civil para apoyar en las tareas propias de su
encargo, resultado de los diversos eventos climatológicos y negó que vayan a
dejar personal basificado.

A
las 18:40 horas, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi dio por concluida la comparecencia. Previamente recordó al
Coordinador Elías Assad que de conformidad con la ley y al comprometerse a
entregar información por escrito, deberá hacerlo en un plazo no mayor a las
48:00 horas.

Los legisladores de Morena en la actual Legislatura
local, seremos sensibles y solidarios con los presidentes municipales ante las
diversas problemáticas que afrontan en sus demarcaciones, por lo cual se
mantendrá diálogo abierto y con disposición para atender sus temáticas, aseguró
el Presidente del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro. El legislador de Morena, recibió en una
primera reunión en su oficina a presidentas y presidentes municipales de la
zona sur del estado, quienes expresaron problemáticas que afectan la
estabilidad financiera y operativa de los Ayuntamientos como laudos laborales,
adeudos y de infraestructura. A propuesta del Diputado Presidente Pozos
Castro, la reunión de trabajo se trasladó a la Coordinación del Grupo
Legislativo de Morena, donde se sumó el diputado, Juan Javier Gómez Cazarín,
presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso, a fin
de atender conjuntamente los planteamientos de los ediles. Los representantes municipales presentaron
algunas propuestas para que a través de los diputados de Morena puedan
incluirse en el presupuesto del estado de Veracruz que la Legislatura local
aprobará para el 2019.Los presidentes municipales presentes en la
reunión fueron: José Antonio Carmona Trolle, de Chinameca; Teresa Guillén
Trinidad, de Jesús Carranza; Rolando Sinforoso Rosas, de Soconusco; Deysi
Sagrero Juárez, de Soteapan; Saúl Reyes Rodríguez, de Texistepec; Esteban
Campechano Rincón, de Uxpanapa, y Bulfre Alfonso Bautista, de Mecayapan; se
dijeron agradecidos por la atención brindada por los diputados José Manuel
Pozos y Juan Javier Gómez Cazarín, con quienes volverán a reunirse la semana
entrante para darle seguimiento a sus planteamientos.

La integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, diputada María Josefina Gamboa
Torales se sumó al reclamo de los colectivos de búsqueda de personas
desaparecidas, por considerar insensible y violatoria de los derechos humanos
la resolución, emitida el pasado 26 de noviembre por el Poder Judicial de la
Federación, en materia de desaparición forzada, donde considera no grave dicho
delito. Durante la quinta sesión ordinaria, la legisladora
hizo uso de la tribuna para dar voz a los colectivos de Familias de Desaparecidos
Orizaba – Córdoba y Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz, quienes
emitieron un pronunciamiento escrito para rechazar enérgicamente la resolución
otorgada por el Juez décimo quinto de distrito de Xalapa- Veracruz y los
magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del primer
circuito. En el escrito, los familiares de personas de desaparecidas,
recuerdan que en México hay más de 37 mil personas desaparecidas, con una
cantidad importante de servidores públicos involucrados en su desaparición, y
que, con la resolución emitida, buscan proteger al ex Fiscal General del
Estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Por lo que resulta insultante para todos los
mexicanos, que la justicia federal minimice el problema, generando retroceso en
la sensibilización y reconocimiento de la problemática. Violentando además
tratados internacionales en la materia. La legisladora reiteró su respaldo en la exigencia
de reconocimiento de la problemática y la urgencia de garantizar los derechos a
la verdad, la justicia y la reparación.

El Diputado Presidente del Congreso del Estado, José
Manuel Pozos Castro sostuvo una reunión de trabajo con líderes religiosos de la
entidad veracruzana, donde señaló que es necesario crear un mecanismo en el que
exista una relación permanente para interactuar con los representantes de las
diversas asociaciones religiosas evangélicas. Dijo tener claro el papel que desempeñan cada uno de
los líderes religiosos con sus congregaciones; en este mismo sentido, pueden
participar en iniciativas de reformas constitucionales a favor de los
ciudadanos, logrando así construir mejores niveles de vida para los
veracruzanos. Asimismo, los invitó a la toma de protesta del
gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez, este 1 de diciembre del año en
curso, en punto de las cero horas con un minuto, tras reiterar que el tema de
la austeridad va muy en serio, así como el combate a la corrupción, siendo un
factor que ha lacerado a Veracruz. Durante la reunión, estuvieron diversos líderes
religiosos, Vicente Castillo Jiménez, Rafael Ramos Sánchez, José Héctor
Bautista Nájera, Mario Orduña Hernández, Felipe Peña Molina, A.R., Nicasio
Hernández Malpica, Jorge Alberto Jiménez Jiménez, David Meneses González,
Roberto Gámez Plana, Jesús Mejía Oliver, Joel Herrera Ayala, Daniel de Jesús
Ruíz, y el Diacono, Jaime Fabricio Prada Rojas.

El diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la
Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, presentó ante el
Pleno un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) a realizar una revisión exhaustiva
de los procesos de adquisición e instalación de las seis mil 476 cámaras que
integran el Sistema Estatal de video vigilancia, anunciado por el Ejecutivo del
Estado en octubre del 2017. Este anteproyecto incluye que el ORFIS remita a este
Poder Legislativo un informe detallado
con los hallazgos respectivos, sin menoscabo de ejercer sus facultades legales
de denuncia ante las instancias correspondientes, en caso de encontrar
elementos para ello. En su intervención en tribuna, el diputado recordó
que de acuerdo a lo informado por el Gobernador las cámaras serían instaladas
en lugares estratégicos de seis regiones del estado: Pánuco con 404 cámaras;
Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y
Coatzacoalcos, mil 084; en una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros
cuadrados de territorio, con una inversión superior a los 700 millones de
pesos. Ha pasado más de un año de este anunció y a la fecha
no se visto avance alguno en relación a la operación de este sistema de video
vigilancia, “esto a pesar de que en el anuncio original se estableció al mes de
enero de este año como la fecha de arranque para el funcionamiento de este
sistema”, abundó. Domínguez Vázquez indicó que en ese entonces el
Gobernador declaró que sería el 15 de septiembre con motivo del aniversario de
la Independencia Nacional sin resultados y por tercera ocasión se aplazó el
pasado 10 de Octubre. “Son ya 10 meses de demora sin explicación alguna, lo que
ya habla de una ineficiencia en la aplicación de los recursos públicos en
programas para mejorar la seguridad pública”. El diputado del Distrito de Papantla manifestó que
en este periodo la situación en materia de seguridad se ha deteriorado
visiblemente, registrándose diariamente
una gran cantidad de delitos de alto impacto, además de que también han salido a la luz irregularidades
que empañan los programas del actual Gobierno para asegurar la tranquilidad de
los veracruzanos.

Aunado a todo lo anterior –aseguró- la adquisición
de las cámaras de video vigilancia fueron adquiridas con una empresa que tiene
un expediente de inhabilitación abierto y sancionada por la Secretaría de la
Función Pública en el 2014.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su estudio y dictamen correspondiente.

El
Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, a través de la diputada
Elizabeth Cervantes de la Cruz, presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo
mediante el cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para
que en términos del artículo 113 del Reglamento Interno del Poder Legislativo,
se integre la Comisión Especial para el seguimiento a la problemática de la
desaparición de personas en la entidad. Al hacer uso de la tribuna, Cervantes de la Cruz expuso que las y los familiares de personas de
desaparecidos merecen ser escuchados y que sus voces impacten, “merecen lo que
tanto han exigido, eficiencia y sensibilidad de todas y cada una de las
autoridades estatales”, abundó. Señaló que la desaparición de personas es un crimen
complejo que afecta el entorno social en dimensiones múltiples, psíquicas,
emocionales, materiales y también de manera diferenciada a las y los miembros
de las familias, siendo las mujeres, las niñas y los niños quienes se ven
particularmente afectados. Recordó que la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, fue creada para atender y dar soluciones
reales a las consecuencias de la desaparición de personas en el Estado. Señaló que la Comisión Especial tendría la
atribución de llevar a cabo el proceso de selección para el nombramiento de los
integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, dar seguimiento a la Recomendación
General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, proponer una agenda
legislativa en materia de desaparición de personas, centrada en los ejes
prioritarios que han sido identificados por los familiares de las víctimas de
desaparición, entre otras. El
anteproyecto fue turnado a la JUCOPO para su análisis.

Compareció, ante la Comisión de Gobernación, de la
LXV Legislatura, que integran la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi,
presidenta; el diputado Raymundo Andrade Rivera, secretario; y la diputada
María Josefina Gamboa Torales, vocal; el titular de la Secretaría de Gobierno
(Segob), Rogelio Franco Castán, como parte de la Glosa del Segundo Informe de
las actividades del Poder Ejecutivo. Durante su intervención, Franco Castán, hizo un
recuento de las actividades relacionadas con su encargo y con su
responsabilidad de coordinar la política interna de la entidad; sobre lo cual
los legisladores de las diferentes expresiones políticas representadas en el
Congreso de Veracruz, realizaron sus cuestionamientos o solicitaron se ampliara
la información presentada. Así, en la primera ronda, el diputado del Grupo
Legislativo de Morena, Raymundo Andrade Rivera, preguntó sobre la emisión de
título universitario del Secretario, el que –consideró- se emitió con una
celeridad “nunca antes vista”; por lo que preguntó la opinión del funcionario
estatal; así como por la labor de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención
Integral de Víctimas, -derivada de la Ley de Víctimas del Estado- el padrón de
este, el reglamento y cuándo fue aprobado. El secretario negó que haya sido una titulación “Fas
track”, sino que le llevó 20 años hacerlo. Señaló que la Comisión Ejecutiva,
antes citada, no depende de la Secretaría de Gobierno, sino que es un órgano
autónomo. Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz del diputado Rodrigo García Escalante, preguntó en relación a las
notarías públicas, cuántas hay, a quiénes les dieron las vacantes y si hubo
supresión de algunas; a lo que Franco Castán refirió que actualmente hay 37
notarías más por demarcación. Agregó que esta administración no entregará ni
una sola notaría más y que al contrario, fueron suprimidas nueve notarias que
estaban vacantes. La diputada del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, Florencia Martínez Rivera, preguntó sobre cuántos
matrimonios, entre personas del mismo sexo, se han llevado a cabo en la entidad
y sobre el estado de las 64 recomendaciones que –a su consideración- emitió la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Al respecto, el secretario contestó que en Veracruz
la legislación no permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero que
el Registro Civil, al ser una autoridad administrativa que se apega a derecho y
de conformidad con los resolutivos de la autoridad judicial, principalmente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizó seis matrimonios
igualitarios en 2017 y doce en 2018. Enfatizó que no fueron 64, sino únicamente tres, las
recomendaciones de la CNDH y que tienen relación con un grupo de pescadores que
reclaman a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un daño ambiental; la
otra de violencia obstétrica y la tercera, la agresión a jubilados y
pensionados en la Plaza Lerdo. Todas fueron aceptadas y se les dio el trámite
respectivo, abundó. Por el Grupo Legislativo Mixto Movimiento
Ciudadano-PRD, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete cuestionó qué
medidas de seguridad proporcionó el Estado a las caravanas de migrantes; a lo
que el secretario contestó que han sido tres y que la ayuda humanitaria
consistió en servicios médicos, de alimentación, hidratación y seguridad.

Agregó que desde que arribaron por la comunidad de
Medias Aguas, Estado de Veracruz, siempre se mantuvo cercanía con ellos, en
plena colaboración con instancias federales y de la mano con organizaciones de
la sociedad civil. Durante
la segunda ronda de preguntas y respuestas, la diputada Mónica Robles Barajas,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, recordó que Veracruz tiene una
declaratoria de Alerta de Violencia de Género, según la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), en ese sentido,
preguntó cómo dan acompañamiento en casos de feminicidio, desaparición forzada,
cuáles han sido los avances y bajo qué concepto. Franco
Castán dijo que el Gobierno del Estado ha trabajado de la mano con el Instituto
Veracruzano de la Mujer (IVM), en apego a la Ley de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. Comentó que actualmente existe un refugio para la atención
a mujeres víctimas. Entre
otros temas, señaló que la Secretaría que preside trabaja de manera conjunta
con los tres poderes de Gobierno, Ayuntamientos y la Fiscalía General del
Estado, que de manera conjunta han dado cumplimiento a la declaratoria que
tiene el Estado. Expresó que la CONAVIM ya envío un informe que reconoce el
esfuerzo realizado. El
legislador Augusto Nahúm Álvarez Pellico, del Grupo Legislativo de Morena,
habló de un reciente suceso en el Municipio de Orizaba, en el cual existieron
daños de violencia de género y agresiones, en ese sentido cuestionó si por
tratarse de un servidor público que trabaja en el Ayuntamiento no ha existido
avance en el caso. El
Secretario dijo que este Gobierno no solapa ningún delito, por lo que le
ofreció agendar una cita con el Fiscal General del Estado y pueda acceder a la
carpeta de investigación y por cuestiones de secrecía no habló más del
tema.

Judith
Pineda Andrade, diputada del Grupo Legislativo del PAN, preguntó por qué no se
realizan Minutas para dar seguimiento a los trabajos realizados en su
Secretaría con las organizaciones que trabajan. El
funcionario público indicó que el gobierno actual fue de puertas abiertas y de
diálogo permanente, con todos los sectores sociales y económicos, uno de los
motivos por los que no firman Minutas, es porque los acuerdos a los que llegan
se cumplen a fin de evitar conflictos en la entidad. Destacó que no dieron
dinero a ninguna asociación y sólo otorgaron atención a las problemáticas
reales que se han generado. La
diputada de la bancada del PAN, María Josefina Gamboa Torales preguntó sobre
los apoyos discrecionales que eran otorgados, en la anterior administración
estatal, para financiar a grupos de manifestantes, así como la respectiva
investigación a servidores públicos por esta irregularidad. A lo que Franco
Castán contestó que a su llegada, a la dependencia, encontró una cuenta a
nombre de la Secretaría que no estaba registrada en la información financiera y
tampoco estaba en la carpeta de entrega-recepción. Misma que erogó en el
ejercicio 2015-2016 la cantidad de 237 millones de pesos (mdp). Agregó
que derivado de esta acción se presentaron las denuncias respectivas, ante la
Fiscalía General del Estado (FGE), contra los ex funcionarios, por el presunto
uso indebido de los recursos. De igual forma se comprometió a entregar, a la
legisladora, la información por escrito. A
la segunda intervención de la diputada de la bancada MC-PRD, Brianda Kristel
Hernández Topete, respecto a si existe suficiencia de formatos de actas de
nacimiento en el Registro Civil y si están garantizadas para los 212
ayuntamientos; a lo que el secretario respondió que actualmente solo el
Gobierno Federal es quien distribuye este tipo de formatos y esta acción se
realiza, conforme al consumo. Aunque –agregó- hay abasto suficiente, lo que permitirá
cubrir la demanda hasta los primeros días de enero de 2019. La
diputada del Grupo Legislativo del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, preguntó
en qué consiste el apoyo brindado a albergues, como parte del Programa de
Atención a Migrantes y qué ha hecho la Segob para garantizar el respeto de los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. El
secretario enlistó los albergues, ubicados en las ciudades de Tierra Blanca,
Oluta, Coatzacoalcos, Amatlán de los Reyes, Veracruz, Acayucan y Xalapa, a los
que se les ha apoyado –de conformidad con las reglas de operación del Programa
de Apoyo a Migrantes- con víveres, artículos de aseo y limpieza, así como
efectivo. También, informó, que fue instalado en 174 municipios de la entidad
la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Veracruz (SIPINNA) que promueve el respeto a los
derechos humanos de este sector de la población. Por
último, el diputado Eric Domínguez Vázquez, del Grupo Legislativo de Morena,
preguntó de qué se trata el programa estatal de bacheo de la Junta de Mejoras. Franco
Castán dijo que el programa de Junta de Mejoras es un grupo de ciudadanos,
conformado por actores sociales, sin goce de sueldo y que se organizan haciendo colectas, bailes y
actividades que generen recursos para la mejora de su Municipio o localidad. Comentó
que existen mil 800 Juntas en la entidad, con las que han trabajado de manera coordinada
y que, dentro de las actividades, buscan preservar las
tradiciones de cada Municipio. A
las 20:00 horas, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi agradeció al
secretario y concluyó la comparecencia.

En su calidad de presidente de la Comisión de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal del Congreso de Veracruz, el diputado
Raymundo Andrade Rivera, atendió a integrantes de organizaciones cafetales de
la entidad, quienes solicitaron a las y los diputados entablar una mesa de
diálogo a fin de revisar minuciosamente la Ley para el Fomento, Desarrollo
Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano,
con el propósito que responda a las necesidades reales de los productores.

Con la participación de las diputadas Margarita
Corro Mendoza y Elizabeth Cervantes de la Cruz, secretaria y vocal,
respectivamente, de la citada instancia legislativa, se dio apertura a quienes
se dedican a esta actividad comercial, mismos que coincidieron en que la ley
debe ser modificada para crear un marco normativo equilibrado que sirva para
los pequeños, medianos y grandes productores de café.

El diputado y las diputadas, emanadas del Grupo
Legislativo de Morena, refrendaron su compromiso de trabajar en alianza con los
cafeticultores por el bien del campo veracruzano y en beneficio de la economía
de las familias que viven de este ramo.

Con la finalidad de dar a conocer el estado que
guardan los asuntos a su cargo, el Contralor General, Ramón Tomás Alfonso
Figuerola Piñera, compareció ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado,
integrada por las diputadas Rosalinda Galindo Silva, presidenta y Brianda Kristel
Hernández Topete, secretaria y por el legislador Eric Domínguez Vázquez, vocal,
como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. El Contralor General del Estado, dio a conocer las
acciones que la dependencia a su cargo
ha venido realizado en materia de transparencia, rendición de cuentas, control
del gasto, seguimiento a auditorías y demás procedimientos de su competencia, y
sobre los que posteriormente los diputados de la LXV Legislatura presentes en
la comparecencia formularían sus cuestionamientos. Del Grupo Legislativo de Morena, el diputado
Raymundo Andrade Rivera preguntó la opinión del Contralor en relación a si
Grúas Utrera atendió la indicación del Ejecutivo para acabar con la corrupción;
a lo que el funcionario ofreció detalles sobre el reordenamiento vehicular en el
que –destacó- algunas unidades quedaron fuera. Respecto a las grúas señaló que
corresponde a la Dirección General de Transporte, dependiente de la Secretaría
de Seguridad Pública. En una segunda intervención, el legislador Andrade
Rivera preguntó cuántas auditorías fueron realizadas al programa de
Reordenamiento Vehicular, a lo que el Contralor subrayó que hubo acompañamiento
en la revisión de los expedientes del citado programa, pero sin que implicara
una auditoría. Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz de la diputada María Josefina Gamboa Torales, habló sobre los recursos desviados en administraciones
anteriores y ante lo cual preguntó cuántas denuncias han sido presentadas en
total y a cuánto asciende el monto del presunto desvío, así como si sólo son de
entes estatales o también participa la Auditoría Superior de la Federación
(ASF). El contralor contestó que son 198 denuncias penales
por un monto de más de 100 millones de pesos (MDP). Agregó que la ASF presentó
72 denuncias por un monto de 26 mil MDP y el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado (ORFIS), ha hecho lo propio con 86 denuncias por el orden de los 28
mil MDP. El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia” diputado Gonzalo Guízar Valladares preguntó respecto a
la relación de la Contraloría con despachos externos, el proceso de
solventación para la recuperación de recursos, el trabajo de la ASF, los
pasivos reconocidos de la administración pública y si hay procedimientos
administrativos abiertos en contra de burócratas.

El Contralor señaló que hay relación cordial con los
despachos e informó que hay 73 registrados, de los cuales a 63 se les dio
trabajo y que a su vez, de estos, más del 90 por ciento son de Veracruz y la
mayoría de la ciudad de Xalapa. Entre ellos el Colegio de Contadores. Sobre los
pasivos, informó que, en un trabajo coordinador con la Secretaría de Finanzas y
Planeación, están reconocidos 426 MPD, pero que corresponden a ejercicios
anteriores. Durante la segunda ronda, la diputada
Adriana Esther Martínez Sánchez, integrante de la bancada de Morena, preguntó
cuál es el monto total del adeudo que dejó la administración que comprendió el
periodo 2010-2016, cuáles y cuántos proveedores y contratistas se validaron con
reconocimiento de pago y bajo qué criterio. Figuerola Piñera, indicó que los
criterios para validar al proveedor fueron que la persona reclamaba su deuda y
presentaba evidencias que demostraran el adeudo, dicha información se verificaba
con la dependencia que lo había solicitado, dijo que en el Registro de
Plataforma tienen un padrón de cuatro mil 560 proveedores. Al momento –añadió- existe un monto
validado de dos mil 600 millones que deberán pagarse a mil 405 contratistas y
proveedores, señaló que en cuanto la investigación concluya será la Secretaría
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la que realice el pago. En una segunda intervención de la
legisladora, en relación a si existe alguna investigación en contra del ex
Gobernador de Veracruz, el contralor dijo que a la fecha no existe ninguna
fincada a Javier Duarte de Ochoa. Deisy Juan Antonio, integrante del
Grupo Legislativo de Morena, expuso que existen vehículos pertenecientes a la
Contraloría que están abandonados en una bodega de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, por tal motivo cuestionó
cuántas unidades vehiculares integran el parque vehicular de la Contraloría, si
tienen seguro, cuál es la marca y modelo, por qué no se ocuparon en dos años y
para finalizar por qué no se prestaron en Comodato o se subastaron. El servidor público señaló que el
parque vehicular es de 59 vehículos, todos ellos asegurados bajo la compra
consolidada con la SEFIPLAN, dijo que los que están abandonados así los dejó la
administración pasada y debido a las malas condiciones era más costosa la
reparación y rehabilitación que la adquisición de nuevas unidades. Refirió que no se pueden prestar en
comodato puesto que fueron adquiridas con dinero federal, indicó que
actualmente ocho unidades están en proceso de desincorporación y están a la
espera de que pasen a subasta. Por el Grupo Legislativo del PAN, el
diputado Omar Guillermo Miranda Romero, requirió información sobre cómo
ayudaron a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), si han servido
los talleres que imparten y -según su criterio- cuál es el área que debe
reforzarse. Figuerola Piñera, dijo que el SEA
tiene muchas aristas y que la impunidad es uno de los principales problemas que
enfrenta, puesto que la gente ya no confía y es urgente atacarlo desde diversos
frentes, dentro de los que destacan la simplificación y sistematización de
algunos trámites. Así como la mejora de procesos para
que sean más eficientes, además de implementar puntos de control en lugares
precisos para evitar actos de corrupción, dijo que la Contraloría coadyuvó en
la parte normativa cuando se realizó la propuesta de Ley del SEA, a fin de
evitar riesgos para que se cometan irregularidades. La
diputada de Morena, Rosalinda Galindo Silva, preguntó sobre las auditorías
realizadas por la Contraloría, el monto de los recursos pagados para la
contratación de los despachos externos, los hallazgos u observaciones y, en
caso de haber, cuántas denuncias fueron presentadas. El Contralor expuso que fueron
118 auditorías, 99 con despachos y el resto aplicados por la propia
Contraloría. De
igual forma expuso que le hará llegar a la diputada, en términos de ley, el
monto erogado por estas auditorías. A una segunda intervención de la
legisladora, en relación a la opinión que el Fiscal General del Estado ocupa
una casa, confiscada al ex secretario de Educación Adolfo Mota, el contralor
detalló que desconoce el tema y que si llegara a existir información alguna se
la remitiría para su conocimiento.

En
su intervención, la diputada del partido Morena, Magaly Armenta Oliveros,
preguntó cuáles son las responsabilidades fincadas al ex gobernador Javier
Duarte de Ochoa. La respuesta del contralor fue que, en sus registros, no
tienen, resolución alguna del fincamiento de responsabilidad al ex mandatario.
Agregó que hay varias investigaciones en proceso, mismas que requieren
secrecía, y otras que al causar estado son publicadas. Al
participar en la segunda ronda, la diputada del PAN, María Josefina Gamboa
Torales habló sobre las denuncias por actos de corrupción y preguntó las
acciones implementadas por la Contraloría, a lo que Figuerola Piñera ofreció
detalles sobre las 198 querellas presentadas y los respectivos montos. La
diputada Rosalinda Galindo Silva agradeció al Contralor General y a las 20:14
horas concluyó la comparecencia.

El diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, hizo del
conocimiento de los representantes de los medios de comunicación que el titular
del Ejecutivo envió a este Poder Legislativo el Presupuesto de Egresos 2019,
mismo que habrá de ser turnado a las comisiones respectivas y a los diputados
en general, para su estudio y análisis. Lo anterior, agregó, en cumplimiento de la
normatividad aplicable y dentro de los términos legales establecidos para ello;
y que se realizará una revisión, por parte de los legisladores, cuidadosa de
dicho presupuesto, y en el marco de sus atribuciones legislativas.

Toma
de posesión del nuevo Gobernador del Estado.

Asimismo y durante el mismo evento, señaló que el
próximo Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en un acto republicano, pero con
pleno respeto al Congreso del Estado, habrá de rendir su protesta
constitucional como titular del Poder Ejecutivo en el primer minuto del 1 de
diciembre del presente año, como lo mandata nuestra Carta Magna local. Destacó que por primera vez, en la historia de
Veracruz, un Gobernador va a tomar protesta y va a dar cumplimiento al mandato
constitucional, pues “el Gobernador Cuitláhuac García fue electo para gobernar
a partir de las cero horas del próximo primero de diciembre”, y no como la praxis política lo venía
haciendo y que generaba un injustificable vacío de poder.

De igual forma, expresó su reconocimiento al próximo
gobernador Cuitláhuac García Jiménez por su forma de conducirse hacia este
Poder para acordar la fecha y hora de su toma de protesta constitucional; que,
subrayó habrá de ser la manera en que nos vamos a regir con el próximo
Ejecutivo y él con los otros poderes, “con respeto republicano”.

El Presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, sostuvo una reunión
con integrantes de asociaciones de Colectivos en Búsqueda de Desaparecidos, en
la que, ante la presencia del Gobernador Electo, Cuitláhuac García Jiménez, se
estableció el compromiso de revisar la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz
a fin de adecuarla a la nueva realidad, en relación a la atención a víctimas y
la reparación del daño, entre otras medidas. Con la participación del próximo titular de la
Secretaría de Gobierno, Éric Patrocino Cisneros Burgos y las diputadas Mónica Robles Barajas,
presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales;
Rosalinda Galindo Silva, Elizabeth Cervantes de la Cruz, así como el legislador
Henri Christhophe Gómez Sánchez, se escucharon los planteamientos de los
Colectivos y se refrendó el compromiso, tanto del Poder Legislativo como del
próximo Gobierno estatal, de trabajar institucionalmente para crear una agenda,
que sea revisada periódicamente, con el propósito de ir revisando los avances
y, en caso de haber, modificarse. Ante la presencia del presidente de la Junta de
Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín y de la presidenta de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto Benítez, el
Gobernador Electo señaló que la nueva administración, -que inicia funciones el
primer minuto del 1 de diciembre- ponderará por una política de apertura al
diálogo y a la aportación de ideas de los Colectivos.

Señaló que la citada Ley de Víctimas habrá de
revisarse para que realmente sean reconocidos y garantizados los derechos de
las personas involucradas en relación a la asistencia, atención, reparación
integral y el debido proceso. A esta reunión, celebrada este sábado 24 de
noviembre en las instalaciones del Congreso de Veracruz, asistieron el titular
de la Secretaría General de este Poder, Domingo Bahena Corbalá y la diputada
federal veracruzana, Dorheny García Cayetano.

Numerosos cuestionamientos sobre la inversión educativa, los
programas y la transparencia en la aplicación de los recursos, realizaron las y
los diputados durante la comparecencia.

Ante la Comisión Permanente de Educación y Cultura,
integrada por los diputados León David Jiménez Reyes, presidente; Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, secretario y la diputada Adriana Esther Martínez
Sánchez, vocal, compareció el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV), Enrique Pérez Rodríguez, quien durante su exposición presentó un resumen
de las actividades de la dependencia a su cargo, como parte de la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno. Numerosos cuestionamientos sobre la inversión
educativa, los programas y la transparencia en la aplicación de los recursos,
realizaron diputados durante la comparecencia de Pérez Rodríguez, en la primera
ronda; así como diversos temas en particular, pendientes
de una solución o atención por parte de la SEV. Del Grupo Legislativo de Morena, el diputado León
David Jiménez Reyes lamentó que el mayor porcentaje de presupuesto de la
Secretaría sea enfocado al pago de sueldos y salarios, por lo que preguntó sobre el monto que asignan a la
creación de políticas públicas en beneficio de la educación, cuáles fueron los
programas y recursos asignados a cada uno de ellos, así como qué se ha hecho
para evitar la deserción escolar. El funcionario confirmó que un alto porcentaje del
presupuesto es asignado al capítulo 1000, Sueldos y Salarios, lo que –señaló- dificulta
la operación del resto del sector educativo. Expuso que los programas que
operan son federales y ejemplificó “Escuelas de Tiempo Completo”, con 274
millones de pesos (MDP); “Nivel de Inglés”, 11 MDP; “Reforma Educativa”, 18
MDP; “Telebachillerato Comunitario”, 16 MDP, entre otros. Detalló que el
programa de becas es una acción que implementan para evitar la deserción
escolar, así como la implementación de la Prepa Abierta, a fin que jóvenes que
ya están en el mercado laboral, tengan una opción de culminar sus estudios. El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz de la diputada María Josefina Gamboa Torales, solicitó un balance
del antes y después en la SEV, respecto a la inversión educativa, los programas
y la transparencia en la aplicación de los recursos; a lo que el servidor
público explicó que en 2015 el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
(ORFIS), detectó un presunto daño patrimonial de siete MDP; en 2016 fue
registrado la cantidad de 724 MDP y en 2017 sólo se registraron observaciones
de carácter administrativo. De igual manera habló sobre las inversiones
realizadas por Espacios Educativos y que implementaron los procesos para
poderlas constatar. El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo
Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia” pidió un Informe pormenorizado
de las plazas otorgadas en esta administración, a fin de saber en qué fechas y
bajo qué criterios se hizo. De igual forma, preguntó sobre la inconformidad de
maestros de un Jardín de Niños en el Municipio de Las Choapas, respecto a su
pago; las plazas otorgadas, sin haberse concursado, en la Universidad
Pedagógica Veracruzana (UPV), así como el posible conflicto de intereses entre
el Contralor Interno de la SEV y la coordinadora de Delegaciones, Claudia
López, toda vez que existe una línea de parentesco familiar. El titular de la SEV indicó que todas las plazas
otorgadas han sido de conformidad con la normatividad vigente, de acuerdo a la
ley y que en ningún momento han violentando los derechos de terceros; agregó
que en el área de recursos humanos se han registrado más de 25 mil movimientos
de diversa naturaleza. Del Jardín de Niños en Las Choapas expuso que se trata
de pagos federales, ya que la SEV sólo es procesadora de la nómina y se
comprometió a coadyuvar para solucionar este problema; sobre la UPV refirió que
tienen su procedimiento aparte en colaboración con la organización sindical y
expuso que a él no le corresponde nombrar al Contralor Interno, sino que
corresponde a la Contraloría General del Estado. Por el Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Erika Ayala Ríos, preguntó cuál
es el monto total de adeudo a sindicatos y cuál es el apoyo que se les da a los
docentes ante la inseguridad. El secretario Pérez Rodríguez
respondió que los sindicatos han recibido de manera puntual sus aportaciones y
que el monto es variable según el Sindicato. Dijo que actualmente existen 33
sindicatos. Referente a la inseguridad, expuso que trabajan de manera conjunta
con la Secretaría de Seguridad Pública, presidentes municipales, padres de
familia y sindicatos, para el diseño de estrategias que disminuyan la
inseguridad. Durante la segunda ronda de preguntas
y respuestas, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, integrante del
Grupo Legislativo Mixto MC-PRD cuestionó cuántas escuelas fueron rehabilitadas con
el Programa “Escuelas al Cien” en el Distrito XXIV, con cabecera en Santiago
Tuxtla; cuántos planteles quedaron inconclusos y el motivo. El secretario dijo que para ese
Distrito se aplicaron 85 millones 942 mil, 846 pesos 94 centavos y fueron beneficiados
cuatro mil 486 alumnos. El diputado Amado Jesús Cruz Malpica,
del partido Morena, requirió información sobre cuántos maestros fueron
afectados, tras los descuentos que se realizaron por créditos que no habían
solicitado. El funcionario detalló que ese
problema se enfrentó a nivel nacional y que, a través de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), recibieron asesoría de cómo resolver el problema de
terceros institucionales, que son empresas particulares otorgantes de créditos
y la Secretaría realiza los descuentos sobre la nómina y deposita al proveedor. Reiteró que el asunto lo debe resolver
la Fiscalía General del Estado (FGE), donde los proveedores y los maestros
concilian, con el respaldo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, del
partido Morena, preguntó el estado actual de la construcción del Instituto
Tecnológico de Martínez de la Torre, el resguardo de los bienes muebles e
inmuebles, así como la situación real de la Universidad Popular Autónoma de
Veracruz (UPAV) y la gestión hecha por la SEV a fin de apoyar a coordinadores
regionales de esta institución; a lo que el funcionario indicó que cuando él
llegó a la SEV la obra del tecnológico estaba abandonada y que actualmente
registra un avance del 80 por ciento, además que está contratada la segunda
fase. De igual modo subrayó que a la UPAV se le dio un
nuevo enfoque para reordenarla administrativa y económicamente bajo la guía de
la Secretaría de Educación Pública (SEP). El legislador Raymundo Andrade Rivera, del partido
Morena, cuestionó en relación a la seguridad brindada a los docentes que sufren
alguna amenaza. Al respecto el secretario subrayó que hubo acompañamiento a los
maestros, en colaboración con las organizaciones sindicales, a fin de
resguardar su integridad. De igual manera agregó que realizaron 150 cambios de
adscripción, resultado de este tipo de actos. El
diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, del PAN, preguntó qué acciones se
establecieron para evitar los llamados “aviadores”, personas que cobran sin
asistir a laboral, así como los cambios de adscripción no fueron autorizados,
aún cuando el docente cumplió con el trámite; a lo que el secretario señaló que
con el apoyo de la SEP fue realizada una auditoría que arrojó que 153 personas
estaban bajo la figura de “licencia presidencial”, entendiéndose como aquella
que se otorga por un año con goce del sueldo y atendiendo cuestiones de salud. Agregó
que este ejercicio permitió regularizar la plantilla laboral y saber en qué
centros de trabajo estaban ejerciendo. De igual forma –agregó- que los trámites
de cambio de adscripción se han privilegiado el derecho de los niños a no
quedarse sin maestro. Del Grupo Legislativo de Morena, la
diputada Deisy Juan Antonio, preguntó cuántas bases fueron entregadas en su
administración, cuántos “aviadores” había cuando asumió el cargo y con cuántos
se queda la dependencia. Esta información la pidió por escrito en el tiempo que
establece la ley. El secretario respondió que sí hubo
basificaciones, que en 2016 se asignaron mil 203 plazas y que en el periodo que
comprende de 2017 a 2018 se entregaron cinco mil 896 plazas, todas ellas
determinadas bajo la normatividad vigente. El funcionario se comprometió a
enviar la información detallada dentro de las 48 horas entrantes. Respecto al tema de “aviadores” dijo
que se hicieron adecuaciones con 13 mil empleados para detectar las anomalías
que había en el personal. Rosalinda Galindo Silva, legisladora
de Morena, preguntó si existen denuncias, el estado que guardan y el número de
denuncia contra el ex secretario Adolfo Mota y el oficial mayor Edgar Espinoso,
tras el daño patrimonial por más de 70 millones de pesos. Pérez Rodríguez afirmó que se
revisaron las carpetas de entrega-recepción del año 2016. Expuso que el
problema fue turnado a la Contraloría General del Estado, por lo que desconoce
el número de denuncia, destacó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
es la instancia que la presentó, por supuesto desvío de recursos federales. En una segunda participación, la
legisladora, María Josefina Gamboa Torales del Grupo Legislativo del PAN, pidió
al Secretario de despacho diera datos duros de los logros de este Gobierno, las
escuelas que atendieron, becas y todas las acciones realizadas, el funcionario
público hizo un resumen puntual de la información solicitada. La
diputada Florencia Martínez Rivera, de la bancada “Del Lado Correcto de la
Historia” señaló que si el sistema de Telebachillerato es de las áreas que más
importancia tiene para este Gobierno, por qué son los que cuentan con menos
recursos económicos y, ante lo cual preguntó, qué acciones ha hecho la SEV para
impulsar este sistema educativo. A lo cual el secretario respondió que trabajan
para regularizar jurídicamente los terrenos en los que están asentados los
planteles de telebachillerato, toda vez que las reglas de operación federales
así lo piden para brindarles recursos. El
diputado del partido Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, preguntó bajo
qué criterios fueron otorgadas las plazas de los ciudadanos Enrique Pérez, Ana
María Ponce, Santa María Pérez Roberto, Claudia Liliana López Benítez, Sandra
Minerva Ramirez Chaga, Rubén Becerra Pérez, Gerson Martínez Velasco, Argelia
Díaz Ramos, Roberto Guzmán Durán, Silverio Rocha Torres y Aquiles Moreno
Solano, así como a cuánto asciende el total de esas plazas. Al
respecto el funcionario informó que hará llegar, en el término de las 48 horas,
un informe, toda vez que en ese momento no traía los expedientes mencionados. El
diputado Wenceslao González Martínez cuestionó en relación a cuántos maestros –
tras aprobar su examen de promoción- no se les ha otorgado su re
categorización; el cambio de adscripciones y la ausencia a su centro de
trabajo, durante ya varios años, del profesor Ignacio Valentín Flores Aguayo. El
secretario contestó que las re categorizaciones se dan a través de programas
con las organizaciones sindicales, a fin
de saber quiénes serán los que tienen derecho, para lo cual se aplica un examen
de desempeño. Del profesor aludido, señaló que le hará llegar al legislador el
informe respectivo, en el término de las 48 horas. El
diputado León David Jiménez Reyes concluyó, a las 16:20 horas, la
comparecencia.

Este 21 de noviembre, y como parte de la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno, compareció en el Congreso del Estado el titular de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), William
Charbel Kuri Ceja, quien fue cuestionado por las diputadas y diputados sobre el
cumplimiento de los programas de la dependencia a su cargo en favor del campo,
las estrategias para combatir el robo de ganado y los apoyos para los
productores agropecuarios veracruzanos, entre otros temas. A las 17:00 horas, la Comisión Permanente de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, integrada por el diputado Raymundo
Andrade Rivera, presidente, y las diputadas Margarita Corro Mendoza y Elizabeth
Cervantes de la Cruz, secretaria y vocal, respectivamente, dio inicio a la
comparecencia. Tras detallar el programa federal “Sistema Nacional
de Identificación Individual del Ganado” (SINIINA), la diputada Margarita Corro
Mendoza, del Grupo Legislativo de MORENA, preguntó cuántos convenios se han
realizado con organizaciones independientes para que cuenten con aretes de
identificación para su ganado, así como las estrategias para el correcto
funcionamiento de las casetas que buscan inhibir el robo de semovientes en la
entidad. El secretario respondió que la Sedarpa sólo es
gestora en el programa SINIINA y que atienden a todas las organizaciones
ganaderas, incluso las que no están en el citado programa. Agregó que trabajan
con la Fiscalía General del Estado, en relación a la parte jurídica, sobre el
delito de abigeato y con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en materia de
prevención, sobre la base de un protocolo de actuación especial en campo. Añadió que fue creada una cuenta de correo
electrónico para emitir alertas ciudadanas y un grupo de la red social
“Whatsapp” con integrantes de asociaciones ganaderas estar en constante
comunicación. La diputada Judith Pineda Andrade, del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), preguntó sobre los trámites que
tiene la dependencia y el porcentaje de cumplimiento de la Sedarpa en relación
a los objetivos trazados en el Plan Estatal Veracruzano; a lo que el
funcionario respondió que a la fecha se tiene un 90 por ciento de avance de
cumplimiento de los objetivos antes señalados y ejemplificó algunos trámites de
la Dirección de Ganadería, entre otros. Del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la
Historia”, la diputada Florencia Martínez Rivera cuestionó el por qué no fueron
apoyados los productores de coco de la zona rural de Coatzacoalcos que
sufrieron pérdidas a causa de la enfermedad del “amarillamiento” que perjudicó
a las plantas; a lo que el secretario Kuri Ceja indicó que se tuvo un
presupuesto de un millón 265 mil pesos con lo que fueron atendidas 252
hectáreas, entre ellas Coatzacoalcos, pero –sostuvo- fue obvio una falta de
recursos para cumplir al cien por ciento. Por
parte del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD, la diputada Brianda
Kristel Hernández Topete cuestionó al Secretario sobre cómo se apoyó a los
agricultores del Distrito XXIV, con cabecera en Santiago Tuxtla, ante las
pérdidas de cosechas tras el frente frío ocurrido el mes pasado. Kuri
Ceja respondió que se entregaron apoyos del Programa de Concurrencia y
Embarcación a diversos productores, indicó que en el Municipio de Santiago
Tuxtla no hubo quejas por daño en cosechas y anunció que en la página oficial
de la dependencia y redes sociales está la convocatoria para acceder al Seguro
por pérdida de producto. De
la bancada de MORENA, el legislador Raymundo Andrade Rivera preguntó, por qué
los apicultores de Morelos cuentan con 25 mil cajas de abejas de Veracruz, a
pesar de no tener convenio de colaboración. El
Secretario dijo que los únicos Estados que tienen convenio con la entidad son
Puebla y Tlaxcala, y que los apicultores de Morelos entran de manera ilegal,
además señaló que Veracruz ocupa los primeros lugares en producción de miel. El
diputado Juan Carlos Molina Palacios, del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó acerca de cuántas cañas se muelen
en Veracruz, cuál es la cantidad de azúcar que se genera y qué lugar ocupa a
nivel nacional como productor.

Kuri
Ceja respondió que Veracruz ocupa el lugar número uno en producir caña de
azúcar con un total de 25 millones 538 toneladas, que ocupan 306 mil 893 hectáreas,
generando una derrama económica de 11 mil millones 954 mil 301 pesos. La
diputada del Grupo Legislativo de MORENA, Ana Miriam Ferráez Centeno preguntó
por qué el Subdirector de Fitosanitaria, Víctor Roberto Cruz Hernández no
acudió a laborar en los dos años de este Gobierno y en su lugar se presentaba
el ciudadano Benito Hernández Castellanos, así como el presupuesto destinado a
las acciones con perspectiva de género. El
funcionario dijo que el doctor Benito Hernández inició funciones, pero dejó el
cargo y acudía constantemente a aportar datos de la entrega-recepción; agregó
que la directora de la unidad de género de la Sedarpa acudía a la zona de
Zongolica a capacitar a mujeres campesinas en materia de producción. Por
el Grupo Legislativo del PAN, la diputada María de Jesús Martínez Díaz preguntó
si han tenido acercamientos con los dueños de jugueras para mejorar el precio
del mercado con el propósito que se vean beneficiados los productores y qué
tipo de apoyos recibieron los citricultores de la entidad; a lo que el
secretario respondió que hubo acercamiento con la empresa Anaproxi y que en programas de Sanidad y Concurrencia se
invirtieron alrededor de 31 y 29 millones de pesos en naranja y limón
respectivamente.

La
legisladora Magaly Armenta Oliveros, de la bancada de MORENA, preguntó sobre
los apoyos brindados a los cafeticultores del estado para combatir la plaga de
la roya, a lo que el funcionario detalló que fue una prioridad combatir la roya
del café y que se invirtieron 14 millones de pesos, atendiendo 43 hectáreas, sin embargo
reconoció que falta mucho por hacer. Elizabeth
Cervantes de la Cruz, diputada del Grupo Legislativo de MORENA cuestionó sobre
el daño patrimonial que tiene la dependencia por medio millón de pesos y a qué
se debe la reducción del Programa Especial Concurrente 2018. El
Secretario dijo que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), ya
está investigando el daño patrimonial por 500 mil pesos, en cuanto al Programa
de Concurrencia dijo que en 2018 hubo un incremento de 9 mil 310 pesos y por
segundo año consecutivo se ha entregado a los productores. Del
PAN, la diputada Montserrat Ortega Ruiz comentó que en 2017 se entregaron 180
millones de pesos por concepto de Infraestructura Social, en tal razón preguntó
cuáles fueron los criterios para elegir a los Municipios y localidades del
norte del Estado. Kuri
Ceja dijo que se entregaron con estricto apego a los lineamientos y a los
grupos sociales que lo solicitaron, priorizando el alto y muy alto rezago
social. La
legisladora Adriana Esther Martínez Sánchez, de la bancada de MORENA, requirió
información sobre a cuánto asciende la Cobertura del Seguro Agrícola
Catastrófico. El
Secretario dijo que el apoyo es del Gobierno Federal y Estatal y en su
administración se recuperó, puesto que hace cuatro años
ya no pasaba, dijo que la dependencia aún cuenta con 8.6 millones de pesos que
podrán hacerse efectivos, indicó que actualmente hay procesos de verificación
que ocuparán recurso de ese monto disponible. A
una segunda intervención de la diputada de MORENA, Margarita Corro Mendoza en
relación a que el antecesor en esa dependencia, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés,
se deslindó del presunto daño patrimonial detectado por el ORFIS y por qué no
se autorizaron recursos a la asociación ganadera de Tierra Blanca, el
secretario subrayó que hay dos observaciones que están en carácter de “presunto
daño patrimonial” y sigue el proceso de investigación que la ley señala; abundó
que son improcedentes los apoyos solicitados por la asociación ganadera antes
citada, toda vez que las reglas de operación no permiten la entrega de láminas. El
diputado Rubén Ríos Uribe, del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la
Historia” le preguntó al secretario si conoce la sierra del gallego y a qué
actividad se dedican en esta zona, a lo que el funcionario dijo que solo la
conoce de nombre. En una segunda intervención el legislador preguntó las
acciones de la Sedarpa para apoyar la producción de caña y café en la zona de
Córdoba, a lo que el secretario dijo que se invirtieron 14 MDP para combatir la
roya del café. A
la pregunta de la diputada del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui en relación a
los proyectos productivos no pagados y la entrega de apoyos e insumos, el
secretario respondió que lo hacen con total transparencia a través de la
elaboración de actas, entregando todo en tiempo y forma. A
las 20:41 horas el diputado Raymundo Andrade Rivera agradeció la presencia al
secretario William Charbel Kuri Ceja y concluyó la comparecencia.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política –JUCOPO- del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín acudió a la presentación de las seis mujeres que forman parte del Gabinete del Gobernador Electo, Cuitláhuac García Jiménez.

La Comisión Permanente de Trabajo y Previsión
Social, presidida por la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, recibió la
comparecencia de la titular de la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y
Productividad del Estado (STPSP), Silvia Edith Mota Herrera, en la que
diputadas y diputados la cuestionaron en relación a las estrategias para
mantener los empleos e incrementarlos, el apoyo a personas que fueron
despedidas injustificadamente, y la inversión realizada para la vinculación
empresarial, entre otros temas. La Comisión, integrada también por la diputada Erika
Ayala Ríos, secretaria y el legislador Sergio Hernández Hernández, vocal, dio
inició a las 10:00 horas, a la comparecencia de la titular de la STPSP, con
motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. En la primera ronda, la diputada del Grupo
Legislativo de Morena, Adriana Esther Martínez Sánchez, señaló que en esta
administración estatal se registró el despido masivo de trabajadores, con lo
que miles de familias se quedaron sin el sustento diario; por lo que preguntó
cuántos despidos se realizaron, qué criterios se tomaron en cuenta para ello,
el monto de las indemnizaciones, las acciones para apoyar a pensionados que
exigen sus pagos, el número de personas contratadas en su área, estrategias
para la incorporación al ámbito laboral de personas con discapacidad o adultos
mayores, así como el total de empleos creados en el distrito de Martínez de la
Torre. La funcionaria contestó que en su secretaría no se
realizó ningún despido injustificado, sino que algunos trabajadores concluyeron
su contrato y ya no se les renovó. Agregó que iniciaron con 344 plazas y como
parte la contención del gasto se
ajustaron a 324 plazas, dado que había duplicidad de funciones. Destacó que a
través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), apoyaron con el programa
“Abriendo Espacios” a 827 personas con discapacidad. Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz del diputado Enrique Cambranis Torres, preguntó qué programas
implementan para mantener los empleos e incrementarlos, la inversión del
Gobierno Federal para empleo en la entidad y las estrategias para evitar que
los trabajadores agrícolas se vean perjudicados ante la entrada del nuevo
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como los nuevos
convenios laborales con otros países. La secretaria respondió que se mantuvo una relación
de cercanía con empresas para evitar huelgas; fueron incrementados los
programas de capacitación, autoempleo y vinculación de trabajadores. Informó
que se colocaron dos mil 26 trabajadores en 127 municipios y que el Gobierno
Federal otorgó 19 millones de pesos (MDP), para estas acciones. Señaló que se
llevaron a cabo 25 ferias de empleo; que el TLC no afecta el programa de
trabajadores agrícolas y que hay tratos con Alemania, pero que una de las
limitantes es el idioma. El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, diputado Gonzalo Guízar Valladares, preguntó sobre el
tema de los trabajadores despedidos del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), de
los municipios de Boca del Río y Veracruz y si existe algún candado para evitar
que una empresa reciba beneficios duplicados de capacitaciones a su personal; a
lo que la funcionaria contestó que han llevado a cabo pláticas con la líder del
sindicato del SAS toda vez que no quieren la indemnización de Ley, sino que
piden la reinstalación laboral y el sistema no tiene la capacidad financiera
para esta acción. Indicó que sí, existe el candado para que una
empresa no reciba nuevamente beneficios
por los cursos de capacitación y que además hay el compromiso, entre la
dependencia y la empresa, de contratar al menos el 80 ó 90 por ciento de las
personas que participaron en ellos. Por parte del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el legislador Jorge Moreno Salinas,
requirió información sobre qué han hecho para combatir el rezago en la Junta
Local y por qué la Junta de Conciliación y Arbitraje no ha atendido la
problemática de la compañía tabacalera y del Tecnológico, ambos de San Andrés
Tuxtla. Mota Herrera respondió que la Secretaría implementó que,
al momento de la recepción de la demanda, se otorgue la fecha para la primera
audiencia en un plazo no mayor de 30 días, a fin de que no exista rezago. Sobre el tema de San Andrés Tuxtla dijo que fue la Junta Local
la que dio la atención oportuna, conforme a derecho, y abundó que el caso del
Tecnológico ya fue solucionado, firmándose el convenio respectivo. Durante la segunda ronda de preguntas
y respuestas, el diputado Sergio Hernández Hernández, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), preguntó cuáles fueron sus retos
y qué se debe hacer para potencializarlos.

La Secretaria de despacho dijo que los
retos fueron enormes, porque no había recursos, ejemplificó que el primer día
les cortaron el servicio de agua y debían rentas de algunas Juntas en el Estado,
mismas que durante su administración fueron mejoradas.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares,
cuestionó sobre qué hacer y cómo retomar la falta de pago a empresarios veracruzanos.

Mota Herrera subrayó que el cierre de
las empresas sí ha impactado al dejar a cientos de trabajadores sin los
recursos para el sustento diario, por lo que propondrá al Ejecutivo la creación
de un Fideicomiso para que los recursos de bienes recuperados, por el Estado,
sean destinados al pago de adeudos con empresarios. Por
parte del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la
diputada Erika Ayala Ríos preguntó sobre las implicaciones de la reforma a la Ley
que afectaría a los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje
(JCA), qué pasará con los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), los
rezago en las Juntas y las acciones para atender las Alertas de Violencia de
Género (AVG), decretadas para Veracruz y quiénes integran los Comités de
Vigilancia laboral. La
secretaria contestó que, a partir de la reforma laboral de 2017, se espera la
legislación secundaria toda vez que hay inquietud del personal de las Juntas de
Conciliación ya que la mayoría de los organismos de los poderes no quieren al
personal para que asuman el cargo de jueces de lo laboral. Se
prevé –indicó- que las Juntas sigan funcionando de tres a cinco años para que
saquen el rezago que tienen; que el Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Veracruz (ICATVER) no verá afectado su relación con la Secretaría
ya que tienen patrimonio; añadió que en esta administración se dictan de 20 a
30 laudos a diferencia de hace años que solo eran de uno a tres. Expuso que los
Comités de Vigilancia fueron instalados en 11 municipios y que están integrados
de forma institucional, presidido por el presidente municipal de la zona en que
esté asentado. De
igual forma, la diputada Montserrat Ortega Ruiz, de la bancada del PAN,
preguntó qué hizo la Secretaría para abatir el trabajo infantil no permitido y
cómo se trabaja para frenar el estado de vulnerabilidad para niñas y niños. La
secretaria indicó que a través del Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) han firmado 95 convenios con organizaciones
sindicales para establecer, en sus respectivas clausulas, no contratar personal
infantil y se realicen visitas periódicas a empresas para vigilar que no haya
niñas o niños trabajando. Por
otra parte, la diputada Margarita Corro Mendoza, del Grupo Legislativo de
MORENA, preguntó si la Secretaría tiene un censo de trabajadoras agrícolas de
la entidad, qué se hace para garantizarles un salario digno como lo marca la Ley,
las políticas para brindarles, a las personas de las sierra, acceso a seguros de
empleo y sobre la explotación laboral
infantil. La
secretaria respondió que los trabajadores agrícolas no tienen seguridad social
y que realizan sus jornadas en temperaturas extenuantes, por lo que se vigila
que los espacios, ofertados por las empresas, sean dignos, ya que no solo
viajan los padres, sino en ocasiones también los hijos. Para finalizar, del Grupo Legislativo
de Morena, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez preguntó, qué acciones
emplean para evitar la explotación laboral infantil, cuáles son las zonas
territoriales con mayores conflictos laborales y qué sindicatos, con sus
políticas, perjudican los derechos de los trabajadores de la entidad. La Secretaria reiteró que no tienen
ninguna denuncia por explotación laboral infantil, en cuanto a las zonas
territoriales con mayor conflicto dijo que son Coatzacoalcos y Veracruz y sobre
el tema de los sindicatos señaló que sólo existen abusos de la organización
patronal de transportistas, especializados en
materiales de construcción, ya que cualquier persona que desee dedicarse
a esta actividad deberá pagar obligatoriamente la cuota, aunque
no sean parte de la organización.

La legisladora Adriana Esther Martínez, presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social,
agradeció a la secretaria y, a las 13:51 horas, concluyó la comparecencia

Como parte de la Glosa del Segundo Informe de
Gobierno, compareció, ante diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) del Estado,
Mariana Aguilar López, quien fue cuestionada en relación a temas como las
acciones para evitar la contaminación, a causa de tiraderos a cielo abierto,
los proyectos del Fondo Ambiental Veracruzano, las multas por construcción en
áreas naturales protegidas, entre otros. A las 17:00 horas inició la comparecencia, a cargo
de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, integrada por la diputada Margarita Corro Mendoza, presidenta, así
como por los diputados Juan Manuel de Unánue Abascal, secretario y Juan Carlos
Molina Palacios, vocal. La diputada del Grupo Legislativo de Morena,
Margarita Corro Mendoza habló sobre el tiradero de basura a cielo abierto,
ubicado en El Guayabo, municipio de Medellín, mismo que –a su consideración-
contamina lagunas y pozos, así como la calidad del aire; por lo que preguntó
qué acciones hizo la Sedema, cuántas multas realizó ante la sistemática
violación de la norma oficial 083 y demás normas ambientales en este lugar. La secretaria respondió que la Procuraduría Estatal
de Protección al Medio Ambiente (PMA) tiene un proceso administrativo abierto y
en este sentido no pueden emitirse públicamente la información, pero sí se
pueden otorgar por escrito. Añadió que piden a los Ayuntamientos colaborar en
la limpieza del lugar. Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz del diputado Juan Manuel de Unánue Abascal cuestionó sobre los
proyectos financiados del Fondo Ambiental Veracruzano, las empresas
beneficiadas y el impacto generado en el entorno ecológico; a lo que la
funcionaria contestó el citado Fondo se integra por 187 millones de pesos (MDP)
de los cuales se han ejercido 172. Agregó que este Fondo se ejerce a través de
un Fideicomiso en el que participan la Universidad Veracruzana (UV) y el
Instituto de Ecología A.C (INECOL). Este Fideicomiso es regido por un Comité, mismo que
tiene la facultad para aprobar los proyectos, ya sean estratégicos, que están
relacionados con la Sedema, y otros denominados de Convocatoria, que son para
la población civil. El diputado Juan Carlos Molina Palacios, del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) requirió, que en el
término de 48 horas, la secretaria le remita, por escrito, un informe sobre el
ecocidio realizado en la zona de Tembladeras, ya que fueron tapados los
humedales y construyeron casas; además preguntó de cuánto fue la multa y contra
quien se procederá por este delito, que causa una gran afectación al medio
ambiente. Al respecto la secretaria indicó que la obra, que
data de 2017, fue suspendida y se emitió el dictamen con la multa respectiva.
Fue la PMA a clausurar y posteriormente se realizó la limpieza del lugar y está
en curso el Plan de Manejo Tembladeras-Laguna Olmeca a fin de cuidar esos
recursos naturales. Agregó que algunos permisos son de competencia federal y
ante ello habría que cuestionarle a la Semarnat. El
legislador refirió que en Tembladeras hay al momento más de 200 casas
construidas y que continúan los trabajos para rellenar el lugar; por lo que
solicitó mayor coordinación con la Federación para revertir esta situación. Para la segunda ronda de preguntas y
respuestas, la diputada Jessica Ramírez Cisneros, integrante del Grupo
Legislativo de Morena, preguntó cuántos basureros a cielo abierto hay en el
Estado y si existe alguna iniciativa para erradicarlos. La secretaria de despacho respondió
que existen ocho rellenos sanitarios y 20 tiraderos a cielo abierto, dijo que
la existencia compete a los Ayuntamientos y es un asunto crítico por la
cantidad de residuos sólidos urbanos que contienen. Indicó que se han realizado
Consejos Municipales de Medio Ambiente para encontrar soluciones a esta
problemática. Rosalinda Galindo Silva, diputada del
Grupo Legislativo de Morena, requirió cuántas concesiones de centros
vehiculares han sido otorgadas, cuáles son los requisitos, los montos y el
destino de dichos recursos. La funcionaria explicó que hay 248
Centros de Verificación activos, ubicados en 101 Municipios y 31 inactivos en
21 Municipios. Señaló que no existen concesiones, ya que en esta administración
se instauró el modelo de Programas de verificación y en un corte al 22 de
noviembre existe un monto recaudado de 96 MDP. La diputada María Esther López
Callejas, del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó si el relleno sanitario
ubicado en la localidad de Pinoltepec, del Municipio de Emiliano Zapata, fue
clausurado y qué condiciones deben tener para funcionar de manera óptima. Al respecto, la secretaria dijo que dicho
relleno sanitario no está en condiciones de recibir más basura, debido a la
carencia de saneamiento. Añadió que la Sedema había trabajado con una empresa
que abandonó el predio y que los ejidatarios y el Gobierno del Estado habían
donado un nuevo predio para instalar un nuevo relleno, pero no procedió, por lo
que se realizó un análisis para sanear el relleno.

La
diputada de la bancada del PAN, María Graciela Hernández Iñiguez pidió ampliar
la información sobre el proyecto minero “La Paila” y cuál fue la participación
de la Sedema en este proyecto minero que perjudicaba a la población de los
municipios de Alto Lucero y Actopan; a lo que la secretaria informó que la
empresa canadiense, encargada del proyecto, solicitó a la Dirección General de
Riesgo e Impacto Ambiental, de la Semarnat, y ésta a su vez pidió a la Sedema
una opinión técnica. Al
mismo tiempo –agregó la funcionaria- la misma empresa pidió al Consejo Estatal
Forestal, instancia donde participa la Sedema, el cambio de uso de suelo de ese
lugar. Destacó que el dictamen fue en sentido negativo, toda vez que esta
acción perjudicaba el flujo migratorio de las aves y al usar cianuro, tendría
severos daños a la salud de la población.

A la segunda intervención del diputado Juan Carlos Molina Palacios, del PRI,
sobre cuántas áreas naturales protegidas tiene el Estado y si cuentan con sus
respectivos Planes de Manejo, la funcionaria informó que son 27 áreas naturales
protegidas y que de los Planes faltan tres por publicar, así como cinco por
terminar. Asimismo,
el legislador Raymundo Andrade Rivera, de la bancada de Morena, indicó que el
40 por ciento del agua consumida en Xalapa es del Río Pixquiac, por lo que
preguntó qué ha hecho la Sedema para su saneamiento y preservación, los
proyectos para este fin y si han apoyado a las personas que cuidan los bosques;
al respecto la funcionaria subrayó que sí hay proyectos, del Fondo Ambiental
Veracruzano, para este río, respecto a la limpieza y monitoreo del agua. Agregó
que estas labores van de la mano con asociaciones civiles y sociedad en
general. Por
último y las preguntas de la diputada Margarita Corro Mendoza, de la bancada de
Morena, respecto a las acciones sancionatorias a las empresas que contaminan
una laguna en el municipio de Tierra Blanca, la secretaria respondió que se ha
pedido la colaboración de autoridades federales del ramo a fin que realicen una
inspección y determinar los daños ocasionados.

Refirió
que es un tema de competencias legales y se pronunció por solicitar a los
ayuntamientos la creación de sus respectivas plantas de tratamiento de aguas
residuales, con el propósito de evitar más contaminación de los mantos
acuíferos.

La
comparecencia concluyó a las 19:38 horas.

Ante la
Comisión Permanente de Turismo del Congreso del Estado, integrada por las
diputadas María Esther López Callejas, María Candelas Francisco Doce y Rosalinda
Galindo Silva, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, compareció el
titular de la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR), Leopoldo Domínguez
Armengual, quien fue cuestionado en relación a la aplicación del Fideicomiso Público
de Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, la
derrama económica en las diversas regiones turísticas de la entidad y sobre las
obras de arte recuperadas por el Gobierno del Estado, entre otros temas. A nombre del Grupo Legislativo de MORENA, la
diputada María Esther López Callejas preguntó el monto total, destino,
aportaciones, transferencias e inversiones, modificaciones, honorarios y padrón
de beneficiarios del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la
Prestación de Servicios de Hospedaje; a lo que el secretario respondió que la
Sectur no maneja contratos de obra y que el Fideicomiso tiene un promedio de 46
millones de pesos ejercidos, de los 50 aprobados, para la promoción turística
oportuna. Dijo que aún cuando se tiene previsto el uso del 10
por ciento para gastos de operación, este no han sido ocupado y que los
honorarios están debidamente transparentados, correspondiendo a la cantidad de
11 mil 600 pesos mensuales. Agregó que se tiene prevista una estimación de
siete millones de pesos para dejarse a la siguiente administración del Comité
Técnico del Fideicomiso.

Subrayó la importancia que tiene la contratación de
medios para la promoción turística y
abundó que los proyectos que han impulsado incluye el diseño del mapa turístico,
y la creación de su página web, entre otros. La diputada María Josefina Gamboa Torales, del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó si el Fideicomiso deja
algún pasivo y si hay alguna aportación adicional que se tenga contemplada, así
como sobre el estado de las obras de arte recuperadas por este Gobierno y si
son autenticas. El secretario indicó que no se otorgan recursos en
efectivo del Fideicomiso, sino que éstos solo pueden ocuparse para promoción
turística y se autoriza solamente a través del Comité. Añadió que las obras sí
son autenticas y que algunas están en custodia del Instituto Veracruzano de la
Cultura (IVEC), y otras en las bodegas de la Fiscalía General del Estado (FGE). La diputada del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, Florencia Martínez Rivera, preguntó por qué solamente
a Coatepec se le otorgó el apoyo del programa Pueblos Mágicos y a los restantes
cinco no; a lo que el secretario Leopoldo Domínguez enfatizó que las limitantes
es que los mismos pueblos mágicos deben crear su proyecto y la SECTUR funge
como gestora antes las instancias federales para que les den los recursos,
mismos que no pasan por la dependencia de turismo, sino que llega a la
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), dijo que además de Coatepec
también Orizaba se vio beneficiada.

Agregó que los proyectos los valida el Comité de la
Sectur-Federal y que además está bajo criterios de disposición de recursos.

En
representación del Grupo Legislativo del PAN, la diputada Montserrat Ortega Ruiz, cuestionó al secretario sobre
cómo han implementado el Código de Conducta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Domínguez
Armengual refrió que el Código de conducta consiste en sensibilizar y luego
capacitar al personal que labora en empresas turísticas, sobre la explotación
sexual y de esta forma brindar acompañamiento para que se implemente, detecte,
prevenga y se formen redes de apoyo gubernamentales y no gubernamentales.

Para
así generar un entorno de confianza dijo que, el 18 de diciembre de 2017,
personal de SECTUR acudió a la Ciudad de México a un curso nacional,
posteriormente se aplicó un examen y el 18 de enero fueron certificados como
asesores, con las competencias necesarias para la adopción y aplicación de
acciones que protejan a las y los menores. Por
parte del Grupo Legislativo de MORENA, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez,
pidió información sobre cuáles fueron los apoyos que dieron a las zonas
arqueológicas en su administración, principalmente en Filobobos y Tajín, y qué
seguimiento otorgan para la difusión y promoción de los Pueblos Mágicos, en
específico de Papantla y Zozocolco.

El
Secretario de Despacho indicó que referente a las zonas arqueológicas, es
competencia Federal, debido a que son Patrimonio de la humanidad y la
responsabilidad recae en el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
abundó que el apoyo que dieron es llevar a empresas turísticas a familiarizarse
con las zonas arqueológicas para que los promocionen. Respecto
a los Pueblos Mágicos dijo que se les otorgó capacitación a fin de que
conserven el título de Pueblos Mágicos, ejemplificó que Papantla y Coatepec
eran dos Municipios que podría perder el título por el ambulantaje y debido a
la orientación de su dependencia aún cuentan con el nombramiento. Señaló
que trabajan de la mano con Programas de difusión nacional para incrementar el
turismo en la entidad y lo hacen con el recurso del dos por ciento de
hospedaje, mencionó que una de las empresas que los han apoyado es Punto
México, ubicada en la Ciudad de México. María
Graciela Hernández Íñiguez, diputada del
Grupo Legislativo del PAN, preguntó de qué manera se ha apoyado a los
artesanos, si existen padrones y qué apoyos se les dan.

Domínguez
Armengual dijo que en los eventos que realizan adquieren productos artesanales,
para darlos como presentes, ejemplificó que en un evento reciente con turistas
extranjeros, entregaron paquetes que contenían yoyos, trompos, abanicos, entre
otros que son muy vistosos y apenas rebasaron la cantidad de 100 pesos por
paquete, de esta manera se apoya a los artesanos y se da a conocer la riqueza
veracruzana.

Dijo que actualmente Veracruz cuenta con un padrón
de 8 mil 100 artesanos y todos ellos pueden acceder a recurso del Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), además de que a nivel federal han
logrado registrar el mayor número de piezas artesanales, logrando 22 primeros
lugares. A
las preguntas de la diputada de MORENA, Margarita Corro Mendoza, en relación a
por qué los hoteleros deben pagar el impuesto del dos por ciento al hospedaje,
la asignación de recursos para promoción de la imagen del Gobernador del Estado
y si han basificado a personal de la Secretaría de Turismo, el secretario
contestó que dicho impuesto lo paga el turista y no el empresario y ejemplificó
que una habitación promedio tiene un costo de 400 pesos, por lo que el costo
del impuesto sería de 8 pesos. Agregó
que no todos los empresarios tributan y citó que solo alrededor del 40 al 45
por ciento lo hacen y destacó que la aportación de los 50 MDP del Gobernador
fueron para promoción turística, mismos que están en testigos de las campañas
nacionales e internacionales. Abundó que no basificaron a personal alguno en
los dos años de gobierno. La
diputada María Candelas Francisco Doce, del Grupo Legislativo de MORENA,
cuestionó sobre por qué fue excluida la Asociación de Hoteles y Moteles de
Xalapa del Fideicomiso y el motivo por el cual no se hacen públicos los datos
del Fideicomiso del Dos por Ciento al Hospedaje, a lo que el funcionario
respondió que la misma Asociación se dividió y que las reglas de operación del
Fideicomiso señalan que debe estar la organización que acrediten mayor
representación y que fue el Comité Técnico, es decir sus mismos pares, los que
avalaron la sustitución de la asociación. Por
otra parte se comprometió, en términos de ley, entregar la información del
Fideicomiso e informó que en Semana Santa pasada, el municipio de Poza Rica
registró un cien por ciento de ocupación hotelera. A
una segunda intervención de la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales,
en relación a si considera viable desaparecer el Impuesto al Hospedaje, toda
vez que se prevé un superávit para Veracruz, el funcionario contestó que lo
considera inviable ya que sería la única entidad del país en no cobrarlo y que
dichos recursos son necesarios para la promoción turística. Del
Grupo Legislativo de MORENA, la diputada Rosalinda Galindo Silva, cuestionó
sobre qué acciones ha realizado Gobierno del Estado para difusión turística en
Xalapa y cuáles son los resultados. El
Secretario dijo que lamentablemente el cancelar el “Hay Festival” impactó el
número de visitantes y a raíz de ello la dependencia ha apoyado a Xalapa con
fideicomisos Nacionales. Además
de que han invitado a empresas turísticas de Cancún a conocer Xalapa y sus
alrededores para que detonen en turismo, también han invitado a Medios de Comunicación
y a influencers de Instagram para que a través de fotografías destaquen a la
Capital del Estado, dentro de otros eventos culturales realizan la Feria
Nacional del libro. Deisy
Juan Antonio, legisladora de la bancada de MORENA, requirió información sobre
las obras de arte recuperadas como lo señala la página 58, tomo uno del Segundo
Informe del Gobierno y cuál es la empresa aseguradora.

El
Secretario dijo que la empresa aseguradora es el Grupo Mexicano de Seguros S.
A. de C.V., con número de póliza 08-031-07-00003-0000-02, mencionó que en total
son 19 obras, 16 cuadros realizados por Fernando Botero, Rufino Tamayo, David
Alfaro Siqueiros, dos facsímiles y un timbre. Dijo
que actualmente cuatro cuentan con certificado de autenticidad y dos están en
proceso y se encuentran resguardadas en la Bodega de la Pinacoteca Diego
Rivera, bajo la custodia del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC). Del
Grupo Legislativo de MORENA, la legisladora Magaly Armenta Oliveros, preguntó
qué hizo la Secretaria para traer turistas extranjeros y de qué manera la
inseguridad afectó el turismo.

Domínguez
Armengual, respondió que la inseguridad no nos afecto, debido a que no existe
ninguna alerta de ese tipo a diferencia de otros estados del país. Respecto
al turismo extranjero, señaló que es muy
poco, que la mayoría es nacional, y para promocionar a la entidad acudieron a
dos Ferias Internacionales una en Madrid y una en Berlín donde expusieron las
riquezas Veracruzanas.

Indicó
que recientemente vinieron turistas alemanes a la Zona de Tamiahua y se fueron
muy contentos, por lo que es indispensable seguir intercambiando información
con Alemania, para que sean turistas constantes. El
diputado coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la
Historia” Gonzalo Guízar Valladares se sumó a la petición para que Xalapa sea
nutrida con más políticas públicas para impulsar la cultura y el turismo, toda
vez que es la capital del Estado; además pidió apoyo para la zona de Las
Barrilas, en Coatzacoalcos y preguntó que entidades del país no cobran el
Impuesto al Hospedaje. El
funcionario dijo que la zona de Las Barrillas debió concluirse el puente para
que le diera mayor impulso económico, abundó que Querétaro, Zacatecas y Sinaloa
cobran el 5 por ciento del Impuesto al Hospedaje y que Puebla no cobra este
impuesto. A
las 13:52horas la presidenta de la Comisión Permanente de Turismo, María Esther
López Callejas, agradeció al secretario y concluyó los trabajos de la
comparecencia.

En la comparecencia de la titular de la Secretaría
de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Estado, Yolanda Baizabal Silva,
las diputadas y diputados de diversos grupos legislativos le cuestionaron en
relación a la falta de infraestructura carretera en la entidad, la asignación
irregular de contratos y la rehabilitación de tramos carreteros, afectados por
las recientes lluvias, entre otros temas, como parte de la Glosa del Segundo
Informe de Gobierno del Estado. A las 10:00 horas, la Comisión Permanente de
Comunicaciones, integrada por los diputados Juan Carlos Molina Palacios,
presidente; Gonzalo Guízar Valladares, secretario y Omar Miranda Romero, vocal,
inició la comparecencia. La diputada del Grupo Legislativo de MORENA, Mónica
Robles Barajas, preguntó sobre los criterios técnicos para la asignación de
inversión de obras en las diversas
regiones, por qué dejaron a Coatzacoalcos sin obras, así como por qué se
asignan el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos como construido por este Gobierno,
cuando corresponde a administraciones anteriores. La secretaria respondió que son los presidentes
municipales y los mismos diputados los que hacen los trámites para la
realización de obras en sus demarcaciones; además que en todo caso se realiza
una planeación que tiene que ver con la cantidad de habitantes y la necesidad
de enlace entre una comunidad y otra. Agregó que fue esta administración la que
culminó el Túnel Sumergido y que además invierte en el Puente Coatzacoalcos I,
toda vez que registra diversas afectaciones. A una segunda intervención, de la diputada Robles
Barajas, sobre la denuncia de constructores de que fueron beneficiadas personas
afines al Gobierno estatal, la funcionaria dijo que todos los procesos de
contratación llevan un proceso de planificación que pasa por un Comité de
Obras. Agregó que algunos empresarios que denuncian también han tenido obras
asignadas. Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), la diputada Judith Pineda Andrade preguntó sobre la culminación del
tramo carretero San Sebastián-Naranjos y si se dejan proyectos para la zona
norte del Estado, a lo que Baizabal Silva subrayó que la carretera Naranjos-San
Sebastián concluyó su contrato original, aunque hubo modificaciones que
requieren ampliaciones de obra y autorización de la SCT. Agregó que una obra en
Álamo quedará fondeada y que podría terminarse en marzo del siguiente año. El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, diputado Gonzalo Guízar Valladares preguntó qué obras
deja pendiente la dependencia en la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos y
la inversión en infraestructura para la zona sur; qué monto en caja para la
siguiente administración y sobre la licitación asignada a una empresa de
Martínez de la Torre, a lo que la secretaria expuso que se quedan en proceso 34
obras, que llevan un avance y el presupuesto para culminarlas; agregó que la
siguiente administración tendrá el Presupuesto para concluirlas porque por ley deberá
recibirlo. A las preguntas del diputado del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Carlos Molina Palacios,
sobre las obras -de la cuenca de Papaloapan- que han sido abandonadas y
respecto a qué tiene preparado la SIOP para arreglar las áreas que fueron
afectadas por las lluvias; la secretaria manifestó que este Gobierno contrató
la obra de rehabilitación de la carretera Chacaltianguis-Tuxtilla, pero la
empresa no cumplió y se dio la restitución, se hizo le petición pero ésta la
debe autorizar la SCT; posteriormente agregó que los recursos para zonas
afectadas los valida FONDEN y ellos son los que aprueban, tomando como
criterios que la afectación dada sea mayor a la anterior. La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, del
Grupo Legislativo Mixto MC-PRD dijo que la zona de Los Tuxtlas era de gran
afluencia turística, pero que ha disminuido por las malas carreteras; a lo que
preguntó qué hizo la SIOP por esta zona. La funcionaria destacó que en Catemaco
fue remodelada la entrada a la cabecera municipal; en San Andrés Tuxtla el
Salto de Eyipantla; se rehabilitó el camino Catemaco-Sontecomapan y algunos
caminos en el municipio de Santiago Tuxtla, en tramos aislados. En
la segunda ronda de preguntas y respuestas, el diputado del PAN, Omar Miranda
Romero, preguntó de la carreta Xalapa-Coatepec en la que se han registrado varios
accidentes y que se atribuyen a una mala planeación; a lo que Baizabal Silva
refirió que se determinó el cambio de asfalto a concreto hidráulico y se colocó
señaléticas, haciéndose pruebas de manejo y se estableció que no es mala
planeación, sino que los accidentes son producto del exceso de velocidad con
que conducen los involucrados. A
las preguntas de la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, del Grupo
Legislativo de MORENA, respecto a las malas condiciones de las vías de
comunicación en Álamo-Temapache; qué avances hay de la carretera Ojital Lomas
del Dorado, los contratos con Pemex para la donación de material en los
municipios de Pánuco, Tantoyuca y Álamo; a lo que la funcionaria refirió que la
inversión en estos municipios fue de 635 millones de pesos y –agregó- que
espera la siguiente administración brinde la atención a estas vías de
comunicación. Indicó
que el Puente Ojite aun está rehabilitándose y que está el recurso para
concluirse y que Pemex notificó no tener capacidad para atender todos los
procesos solicitados por los municipios. La
diputada del PAN, María Graciela Hernández Iñiguez reconoció el trabajo de la
SIOP en el Distrito de Misantla y tras afirmar que alguna de estas carreteras
han sufrido afectaciones, preguntó si se llamará al contratista para
repararlas; a lo que la funcionaria sostuvo que por las condiciones geográficas
de estas vías se debe construir con calidad y que algunos tramos no fueron
contratados de forma completa, por lo que deberá darse una ampliación para
concluirse. El
legislador del PRI, Jorge Moreno Salinas, preguntó la opinión de la secretaria
sobre las casetas en autopistas, que al ya estar pagadas dichas carreteras
sería innecesario seguirlas cobrando; a lo que Baizabal Silva respondió que se
debe plantear al Gobierno Federal quitarlas y ejemplificó el caso de la ubicada
en Fortín, pero que no fue positiva la petición. El
diputado del PAN, Ricardo Arturo Serna Barajas, pidió información sobre la
inversión en obras, a lo que la funcionaria dijo no se endeudó al estado para
hacer obras y que se logró bajar recursos de la Federación por más de 3 mil
millones de pesos, así como la asignación del estado de 600 millones de pesos. En
la segunda intervención, el legislador pidió la relación de proyectos
ejecutivos y el listado de municipios afectados y que pudieran beneficiarse con
recursos del FONDEN, a lo que la secretaria refirió que los proyectos
ejecutivos son 60 de zonas urbanas y 296 de rurales, mismos que, al igual que
el listado del FONDEN, hará llegar al diputado. El
legislador Raymundo Andrade Rivera, del partido MORENA, habló sobre el
boulevard Xalapa-Coatepec y de los múltiples accidentes registrados, ante lo
cual preguntó sí es seguro; el gasto de 1.8 MDP de indicadores de
velocidad y la empresa que hizo la obra;
la secretaria refirió que se hizo en lugar de asfalto con concreto hidráulico,
se construyó bajo la normatividad actual y haciendo pruebas de laboratorio
probando el concreto aplicado y se debe correr a una velocidad de 60 kilómetros
por hora, no habiendo accidentes. La constructora es xalapeña y se llama Eyasa. Por
último, la diputada de MORENA, María Esther López Callejas cuestionó sobre los
tramos carreteros inconclusos y ejemplificó el de Papantla donde se proyectó la
construcción de varios tramos hacia Rancho Playa, mismos que están
interrumpidos; a lo cual la secretaria dijo que ese tramo fue contratado en
diversos periodos y algunos corresponden al Ayuntamiento, pero –confirmó- que
los adquiridos por la dependencia a su cargo fueron terminados.

El
diputado Juan Carlos Molina Palacios concluyó a las 14:00 horas la comparecencia.

El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura (LXV),
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en la que se establece
el formato al que habrá de sujetarse la comparecencia del Gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares, a efecto de propiciar un diálogo respetuoso y fructífero
entre el mandatario y las y los diputados, que permita a los veracruzanos, a
través de sus representantes, conocer con mayor amplitud las acciones de
gobierno. De esta manera, quedó establecido que el Gobernador
del Estado comparecerá ante el Pleno de la LXV Legislatura el 29 de noviembre
próximo, a las 11:00 horas, en el Recinto Oficial de Sesiones y deberá
sujetarse al siguiente formato:

El Gobernador dirigirá un mensaje inicial, que no
excederá de 40 minutos; a continuación se establecerá una sola ronda de
preguntas, en la que participará un diputado por cada
Grupo Legislativo, en el orden de mayor a menor representación en el Congreso,
seguidos de los diputados que no conformen grupo. Cada pregunta deberá formularse en un plazo no mayor de diez minutos y el
Gobernador dará respuesta inmediata a
cada diputado en un lapso máximo de quince minutos. Tras la respuesta del Gobernador, se concederá al diputado un lapso de
hasta cinco minutos para expresar sus conclusiones. Agotada la etapa de preguntas, respuestas y conclusiones de los
diputados, el diputado Presidente de la Mesa Directiva hará uso de la palabra
hasta por quince minutos para concluir el diálogo y la comparecencia.

En cumplimiento al segundo párrafo de la fracción
XXI, del artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, se
cita al Ejecutivo estatal para que en términos generales se refiera al
contenido del informe escrito entregado a esta Soberanía y amplíe, a su
criterio, dicha información. Este Acuerdo fue aprobado, durante la cuarta sesión
ordinaria, con 46 votos a favor de diputadas y diputados
de los Grupos Legislativos de MORENA, PAN, PRI, “Del Lado Correcto de la
Historia”, MC-PRD y de la diputada del PVEM.

• Desde la pasada Legislatura se desempeñó como vocero de MORENA
• Sobre las tareas y responsabilidades que le corresponde cumplir

En representación del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz, el diputado Omar Miranda
Romero presentó un anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar –respetuosamente-
al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a retirar la invitación
al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, para asistir a la toma de posesión el próximo 1 de diciembre. El anteproyecto incluye un segundo exhorto a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en ejercicio de su
autonomía, objete la invitación antes mencionada, toda vez que Nicolás Maduro
ha realizado acusaciones infundadas contra el pueblo mexicano, y representa un
gobierno que atenta contra los derechos humanos. El legislador recordó, durante la cuarta sesión
ordinaria, que el pasado 26 de octubre, Marcelo Ebrard, nombrado futuro
Secretario de Relaciones Exteriores, confirmó que el Presidente de Venezuela
aceptó la invitación del Presidente electo. El rechazo a su presencia en México no solamente es
por las acciones que ha llevado a cabo en contra de sus propios ciudadanos,
sino también por las repetidas acusaciones que ha proclamado contra el pueblo
mexicano, incluida la de una supuesta intervención del gobierno mexicano en
asuntos de política interior de Venezuela, o la relacionada al atentado del 4
de agosto de 2018 durante un desfile que conmemoraba el 81 aniversario de la
Guardia Nacional Bolivariana, indicó. En ese sentido, el legislador señaló que las
diputadas y diputados del PAN no pueden
dejar a un lado las posturas y acciones de la dictadura de Nicolás Maduro, y
pasarlo por alto sería hacer a México cómplice de las serias violaciones a
derechos humanos de las que se acusa al Presidente de Venezuela. El anteproyecto busca la congruencia a los valores
democráticos de México y del pueblo Veracruzano, así como de la Constitución
que establece la obligación del Presidente de la República de observar en
materia de política exterior, respeto, protección y promoción a los derechos
humanos.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares, coordinador
del Grupo Legislativo Mixto “Del lado Correcto de la Historia”, presentó un
anteproyecto con punto de acuerdo en el que solicita al Ejecutivo del Estado
presente, ante la LXV Legislatura, un informe pormenorizado relativo a los
bienes recuperados al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, y a su vez propone crear
un fideicomiso, con la finalidad de pagar los adeudos que existen con los
empresarios veracruzanos. Al hacer uso de la tribuna, el legislador señaló que
Veracruz vive una situación de emergencia económica derivada de las administraciones
pasadas, dijo que se desviaron 35 mil millones 421 mil pesos, que provenían de
partidas estatales y federales, en el periodo de 2010 a 2016. El representante del Distrito XXX, Coatzacoalcos II,
indicó que la administración actual recuperó el efectivo y los bienes que habían
sido desviados, en tal razón solicita un reporte con los bienes incautados y a
cuánto asciende, cuál es la situación legal de los bienes muebles e inmuebles
que aún están pendientes de recuperar, la ubicación y el valor catastral. Abundó que, de acuerdo con la información pública en posesión de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN),
se ha recuperado un total de mil 522 millones 119 mil 859.98 pesos, entre efectivo, bienes inmuebles, muebles, arte y bienes en
el extranjero. Recordó que Veracruz tiene una deuda con empresarios
locales que asciende a un valor de cinco mil millones de pesos, que han
provocado el cierre de empresas, recorte de plantilla laboral, entre otras
afectaciones, sin que a la fecha el pago se haya liquidado, por lo que exhorta
al Ejecutivo del Estado para crear el citado Fideicomiso y así cumplir con los
pagos pendientes. El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación
Política para su análisis y dictamen correspondiente.

Ante
diputadas y diputados del Congreso del Estado, compareció el titular de la
Secretaría de Salud (SS) del Estado, Arturo Irán Suárez Villa, quien como parte
de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, ofreció una explicación y
posteriormente respondió las preguntas de las y los legisladores en relación al
desabasto de medicamentos, los servicios del Seguro Popular, la inversión en
infraestructura de salud y la cobertura de los servicios para la población. La
Comisión Permanente de Salud y Asistencia, integrada por las diputadas Andrea
de Guadalupe Yunes Yunes, presidenta; Magaly Armenta Oliveros, secretaria y
Margarita Corro Mendoza, vocal, dio la bienvenida al secretario e inició a las
17:00 horas la comparecencia. Tras
señalar que la Secretaría de Salud ha erogado dos millones 652 mil pesos en la
adquisición de medicamento para combatir la hepatitis, la diputada del Grupo
Legislativo de MORENA, Margarita Corro Mendoza preguntó el por qué no se
entregan a los pacientes y que algunos ya han caducado, quién es el responsable
y quién responderá por el presunto daño patrimonial; a lo que el secretario
respondió que la inversión en medicamento fue de más de tres millones de pesos,
que son entregados en los diversos Centros Ambulatorios
para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual
(Capasits), previo protocolo aplicado al paciente. Del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada María de Jesús Martínez Díaz cuestionó
respecto al Seguro Popular, los recursos ejercidos, las estrategias para la
aplicación transparente del presupuesto y si hay obras inconclusas, abandonadas
o que queden pendientes de remodelación, como el caso del hospital de
Coatzacoalcos. El funcionario enfatizó que el Seguro Popular ejerce
más de siete mil 300 millones de pesos (MDP), los cuales
han sido transferidos de la Federación a la Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN) y esta a su vez a la Secretaría de Salud, además de más de mil
millones de pesos aportados por el Estado que ha permitido el funcionamiento de
este Seguro. Añadió que de forma transparente y comprobando ante la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) se han cumplido con los objetivos. Añadió que hicieron 140 proyectos de obra, dejando
dos pendientes, pero con los recursos en caja para su culminación. Para el caso
del equipamiento del hospital de Coatzacoalcos señaló que, por obligación
federal, esta administración hizo la licitación y corresponderá a la nueva ejercer
221 MDP para el pago a los proveedores que hayan ganado la licitación. La integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, Florencia Martínez Rivera preguntó sobre el problema de
salud pública que representa la proliferación de perros en las calles, así como
por qué no han sido atendidas las demandas del hospital de Acayucan-Oluta. A lo que el servidor público informó que se trabaja,
a través de pláticas en las jurisdicciones sanitarias, con los ayuntamientos
para llevar a cabo la recolección de los residuos por defecación de los
animales, además de estrategia para evitar los riesgos sanitarios a la
población; además –expuso- se recibieron 59 hospitales, de los cuales esta
administración atendió 24, que representa un 42 por ciento. Abundó que el
abasto de medicamentos es de 82 por ciento en centros de salud y de 80 por
ciento en hospitales, todo ello certificado por la Universidad Veracruzana. El diputado Alexis Sánchez García,
integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano- PRD cuestionó al
Secretario de Salud, por qué la urgencia de dar el fallo sobre la licitación
para equipar al Hospital de Coatzacoalcos a días de que termine la
administración. Suárez Villa respondió que se autorizó
un presupuesto de 201 millones de pesos para equiparlo, dijo que el 26 de
septiembre del año en curso, se autorizó el inicio de la licitación. Señaló que es un proceso largo, que
requiere autorización del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC),
quien supervisa los requerimientos y posteriormente autoriza el concurso y
finalmente se da el fallo de la empresa ganadora. La legisladora Andrea de Guadalupe
Yunes Yunes, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), preguntó por qué
Veracruz no aparece en la lista de compras consolidadas. El Secretario dijo que desde hace
cuatro años Veracruz no estaba inscrito en el Padrón de compras consolidadas,
debido a que ningún proveedor se quería inscribir por falta de pago. Dijo que de dos años a la fecha y
avalado por el Instituto de Salud Pública existió surtimiento de recetas,
mencionó que en Veracruz hubo un abasto del 80 al 84 por ciento y que los
medicamentos que faltaban se compran del fondo revolvente del hospital,
puntualizó que a través de Seguro Popular se compraron 1.22 millones de compras
centralizadas para la salud preventiva. A las preguntas de la diputada del PAN, Montserrat Ortega Ruiz en relación a las
acciones de la Secretaría de Salud para disminuir los casos de VIH en la
entidad, así como las acciones de la Alerta de Violencia de Género y la postura
del titular de esta dependencia sobre el aborto; a lo que el funcionario
respondió que en dos años se aplicaron más de 233 mil pruebas para la detección
en general a fin de detectar este padecimiento y 102 mil pruebas para
embarazadas; de igual forma detalló las acciones sobre la AVG.

La
diputada de la bancada de MORENA, Rosalinda Galindo Silva preguntó sobre las
cocinas subrogadas, las empresas que participan, cuándo fue la licitación, por
qué los hospitales no cocinan lo propio y quién vigila la preparación de los
mismos; a lo que Suárez Villa contestó se inició en 2017, que los hospitales no
tienen el equipamiento para preparar sus propios alimentos y que con el apoyo
de nutriólogos se otorgan los tres alimentos diarios, balanceados. Agregó que
cuando los hospitales preparaban los alimentos había mucho desperdicio y poca
calidad.

La
legisladora Elizabeth Cervantes de la Cruz, de la bancada de MORENA, preguntó
sobre la construcción del Hospital General de Álamo-Temapache y cuánto se
asigna para culminar las diversas obras que están abandonas en la entidad; a lo
que el servidor público refirió que no es fácil en dos años revertir las 696
obras inconclusas y que con recursos recuperados han ido rehabilitando
hospitales. Añadió que en Tuxpan fueron invertidos 5 MDP dado que es de vital
importancia para el norte de la entidad. Por parte del Grupo Legislativo de
MORENA, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos requirió información
sobre, qué avances lleva el Hospital de Nautla y cuál fue el monto de
inversión.

Suárez Villa dijo que la “obra negra”
lleva nueve años de abandono, ha sido bandalizado, además de que robaron
puertas, ventanas, baños e instalaciones eléctricas y actualmente tiene dos
demandas con Constructoras, que no se han podido solucionar.

Comentó que para hacer obra médica
debe existir planeación, y en anteriores administraciones no lo había, uno de
los errores es que fue construido a 6.5 kilómetros del centro de Nautla, sin
considerar la distancia y la falta de transporte.

Mónica Robles Barajas, diputada integrante del Grupo
Legislativo de MORENA, preguntó por qué el número de afiliados del Seguro
Popular disminuyó en el último año. El Secretario de despacho respondió
que la federación dejó de financiar recurso de personas que estaban afiliadas y también contaban con IMSS
e ISSSTE, por ello disminuyó. La diputada Adriana Esther Martínez
Sánchez, del Grupo Legislativo de MORENA cuestionó cuál ha sido su gestión para aumentar las camas
en los Hospitales de tercer nivel en Xalapa y Veracruz. Suárez Villa indicó que la Secretaría
hizo una gran labor por la salud de Veracruz y dejó altamente equipados los
Hospitales más importantes a nivel centro y sur del Estado. La diputada Magaly Armenta Oliveros,
del Grupo Legislativo de MORENA, habló sobre un Centro de Salud en Tatahuicapan
que carece de plantilla de trabajo y servicios básicos y dado que había sido
recién inaugurado preguntó por qué no opera, a lo que el funcionario respondió
que si funciona y que este Centro padeció un problema jurídico y que certificó
ante notario que dichas instalaciones cumplieran con los servicios de drenaje,
electricidad, entre otros. Por último el diputado Wenceslao González
Martínez, del Grupo Legislativo de MORENA, preguntó cómo funcionan las
licitaciones por concepto de mantenimiento
a cámaras frigoríficas y de cisternas, siendo que las empresas
proveedoras no cumplen con las normas de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Suárez Villa respondió que las
licitaciones mencionadas fueron realizadas en el periodo que comprende del año
2011 al 2016, abundó que el dinero para mantenimiento de equipo proviene de la Federación y es destinado para
que las cámaras frigoríficas mantengan en buen estado a las vacunas.

A las 20:51 horas la diputada Andrea
de Guadalupe Yunes Yunes agradeció al secretario de Salud y concluyó la
comparecencia.

El pleno de la LXV Legislatura declaró aprobado en
lo general, el Decreto que reforma el artículo 26, Fracción I, inciso a) de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que
establece que además de examinar y discutir, el Congreso podrá modificar y
aprobar el Presupuesto que en relación con los ingresos y egresos del año
siguiente, le sea presentado entre el seis y diez de noviembre, por el
Gobernador del Estado. Cuando sea año de renovación del Congreso, el
Gobernador del Estado tendrá los primeros quince días hábiles del mes de
noviembre para presentar el presupuesto. En caso de que el día
diez de noviembre sea inhábil, el término se trasladará al día hábil inmediato
siguiente.

Lo anterior,
luego de que la Secretaría General del Congreso, a cargo de Domingo Bahena
Corbalá, remitió el Informe de que 53 Ayuntamientos de la entidad aprobaron
esta modificación y en 105 Ayuntamientos se configuró la Afirmativa Ficta, al
transcurrir los 60 días establecidos, sin que hayan notificado al Congreso el
sentido de su voto, dando un total de 158 Ayuntamientos computados.

En apoyo
al sector empresarial en Veracruz y ante los beneficios que significaría el
apoyo extraordinario de 30 mil millones de pesos que ha comprometido para
Veracruz el Presidente electo, los integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso del Estado, en voz del diputado
Sergio Hernández Hernández, propusieron la iniciativa de Decreto que reforma y
deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Estado cuyo propósito
es derogar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Impuesto a la Nómina). El legislador
Sergio Hernández indicó, durante la cuarta sesión ordinaria, que prescindir del
citado impuesto apoyaría la economía de los empresarios veracruzanos,
permitiéndoles utilizar el dinero al fortalecimiento de proyectos que permitan
incrementar el turismo en la entidad.

Recordó
que el Impuesto a la Nómina fue creado con el objetivo de destinarlo a la
realización de obra pública en beneficio de los veracruzanos. Sin embargo,
durante el año 2015, a petición del ex gobernador Javier Duarte, se destinó al
pago de deuda pública.

Al término
de su administración, se buscó comprometer dicho recurso al pago de supuestos
pasivos de corto plazo, para lo que fueron creados los fideicomisos FIAD y
FIDESAN. Fue en la
pasada legislatura, que a petición del Grupo Legislativo del PAN, se realizaron reformas para eliminar dichos fideicomisos y
redestinar el impuesto a beneficio de los veracruzanos, explicó el diputado. “Hoy
estamos ante condiciones distintas a las que prevalecieron con anterioridad,
ante la expectativa de que al estado lleguen apoyos extraordinarios desde la
Federación por un monto de treinta mil millones de pesos, tal como lo ha
anunciado el gobernador electo; haciendo viable que el estado pueda prescindir
de dicho impuesto que actualmente asciende a tan solo tres mil cuatrocientos
millones de pesos”. Sergio
Hernández reiteró que con la reforma y derogación de diversos artículos del
Código Financiero para el Estado de Veracruz, se respalda el trabajo del sector
empresarial, sabedores de que los recursos extraordinarios anunciados por el
Presidente electo y confirmados por el Gobernador electo de Veracruz, no
existirá ninguna afectación a los ingresos del Estado.

Diputadas de los Grupos Legislativos de MORENA, PAN,
“Del Lado Correcto de la Historia”, PRI y MC-PRD se pronunciaron, en el marco
de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer, por sumar esfuerzos con el objetivo de erradicar la violencia
hacia las mujeres, así como para garantizarles seguridad. Por parte del Grupo Legislativo de MORENA, la diputada
Mónica Robles Barajas dijo que según
datos del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la
Universidad Veracruzana, 266 mujeres reportaron haber sido víctimas de algún
tipo de violencia y 125 veracruzanas se registraron como desaparecidas; además
de los 32 homicidios y los 58 feminicidios. En total, 481 mujeres fueron
violentadas por su condición de género, durante los primeros seis meses de
2018. Indicó que eligieron al color naranja porque se ha
convertido en el color de la indignación que remarca que Veracruz sea el
segundo lugar a nivel nacional en feminicidios; está en los primeros sitios en
embarazos en adolescentes; se ubica en el octavo lugar nacional, en secuestros
y que cada día se incrementan las mujeres y jóvenes, desaparecidas
forzadamente. Dijo que estas cifras son “parte aguas histórico”
que no puede quedar omiso ante el enorme reto que significa trabajar con todo
esfuerzo, creatividad, convicción y perspectiva de género para que el entramado
legal, la justicia, el bienestar y el pleno desarrollo de las veracruzanas, sea
una realidad posible y alcanzable, finalizó. La integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN), Nora Jessica Lagunes Jáuregui, recordó el 20 de diciembre de 1993, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer y la Asamblea General estableció el
25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Exhortó a los integrantes de la LXV legislatura a
centrar su trabajo en eliminar cualquier forma de violencia contra la mujer, que
contribuya a mejorar las condiciones de vida de millones de mujeres que aún
padecen y viven situaciones de violencia. La diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la historia” expuso que actualmente,
cientos de mujeres en México y el mundo son jefas de familia dedicadas, no sólo
a la formación moral de los hijos, sino también a proveer lo necesario para el
sustento familiar, lo que representa una doble actividad, no siempre respetada
y valorada. Ante lo cual solicitó al Gobernador electo a que, a
partir de que comience su mandato constitucional, garantice la vida e
integridad de las mujeres en Veracruz, y gire las ordenes necesarias para la
investigación y el esclarecimiento de los cientos de feminicidios ocurridos en el
Estado y los invitó a trabajar juntos para construir paz, prosperidad y
progreso. Al hacer uso de tribuna la diputada Erika Ayala
Ríos, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) abundó que según las cifras del
Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública señalan que más de 240 mujeres han sido asesinadas en el
periodo de 2016-2018.

Dijo que en este tema no debe existir omisión y como
legisladores es su deber generar acciones desde el ámbito de su competencia,
que garantice a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia a la correcta
producción e impartición de justicia. Para
finalizar invitó a sus compañeras (os) para eliminar toda forma de violencia
contra la mujer, desde la palabra hiriente, hasta quitar la vida, no debemos de
minimizar ningún tipo de agresión, señaló. Por
parte del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano- PRD, la diputada Ivonne
Trujillo Ortiz refirió que para una mujer no existe nada más ofensivo que las
consideren inferiores a los hombres, y por esto, millones de mujeres en el
mundo han sido víctimas de todo tipo de violencia al exigir sean respetados sus
derechos humanos. Las
acciones que se han realizado siguen siendo insuficientes, expuso la diputada,
quien agregó que se siguen conociendo casos de mujeres violentadas y asesinadas
por razones de género. Es
un compromiso que las diputadas y diputados asuman como parte medular de la
agenda legislativa y social, para lograr la igualdad formal y sustantiva que
garantice la seguridad de las mujeres en cualquier ámbito, concluyó.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, del
Grupo Legislativo de MORENA, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura la
iniciativa con proyecto de Ley de Fomento, Impulso y Desarrollo del Sector
Agrícola para el Estado de Veracruz, que prevé establecer medidas preventivas y
correctivas para la protección, inspección, cuidado de los cultivos,
plantaciones agrícolas y ornamentales, así como promover y fomentar una cultura
de protección contra las plagas y enfermedades que afectan a este sector
primario. El legislador afirmó que la iniciativa está enfocada
a apoyar a los trabajadores del campo y a toda la cadena productiva, que los
productos sean de mejor calidad, elevar su nivel competitivo en el mercado
nacional e internacional, que los fertilizantes sean procesados en base a la
generosidad de la naturaleza y que el abono orgánico sea la base fundamental en
esta nueva etapa de la agricultura veracruzana. De igual forma, con ella se busca hacer más rentable
el trabajo del campo, y así apoyar a los
productores para que no abandonen sus tierras y a su familia, evitando la
emigración, así como conservar mediante fertilizantes y abonos naturales el
medio ambiente y el equilibrio ecológico. Prevé la creación de un Consejo, que será el órgano
de consulta, asesoría, opinión y colaboración que tendrá como objeto promover y
estimular el desarrollo rural sustentable en la entidad, y atender de manera
adecuada y con oportunidad los problemas sanitarios. Asimismo que los agricultores del Estado podrán
organizarse y asociarse para la promoción y protección de sus intereses, así
como para el mejoramiento de la actividad agrícola en cada ramo de la
producción, en cada localidad, municipio o región, independientemente de su
régimen de tenencia de la tierra. En su intervención, el diputado señaló que la agricultura en México es una de las
actividades económicas de mayor importancia, ya que genera una gran cantidad de
empleos en el país; resultando ser el sector productivo más importante desde un
punto vista económico, social y ambiental, ya que de ésta depende la
alimentación primaria de millones de personas, el incremento de la población
productiva y la preservación y cuidado del entorno. Dijo que esta ley vendría a reforzar el compromiso
anunciado por el Gobernador Electo para rescatar el campo veracruzano, ya que
–indicó- en las últimas décadas las administraciones estatales han olvidado que
Veracruz, es uno de los estados de mayor producción de productos agrícolas,
tales como la caña de azúcar, el café, malanga, cítricos, entre otros, pareciendo poco relevante que la
entidad cuenta con aproximadamente 3 millones de hectáreas destinadas al
cultivo, siendo esta actividad, uno de los principales detonantes en la
economía de la entidad. La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal.

El Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura (LXV),
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en la que se establece
el formato al que habrá de sujetarse la comparecencia del Gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares, a efecto de propiciar un diálogo respetuoso y fructífero
entre el mandatario y las y los diputados, que permita a los veracruzanos, a
través de sus representantes, conocer con mayor amplitud las acciones de
gobierno. De esta manera, quedó establecido que el Gobernador
del Estado comparecerá ante el Pleno de la LXV Legislatura el 29 de noviembre
próximo, a las 11:00 horas, en el Recinto Oficial de Sesiones y deberá
sujetarse al siguiente formato:

El Gobernador dirigirá un mensaje inicial, que no
excederá de 40 minutos; a continuación se establecerá una sola ronda de
preguntas, en la que participará un diputado por cada
Grupo Legislativo, en el orden de mayor a menor representación en el Congreso,
seguidos de los diputados que no conformen grupo. Cada pregunta deberá formularse en un plazo no mayor de diez minutos y el
Gobernador dará respuesta inmediata a
cada diputado en un lapso máximo de quince minutos. Tras la respuesta del Gobernador, se concederá al diputado un lapso de
hasta cinco minutos para expresar sus conclusiones. Agotada la etapa de preguntas, respuestas y conclusiones de los
diputados, el diputado Presidente de la Mesa Directiva hará uso de la palabra
hasta por quince minutos para concluir el diálogo y la comparecencia.

En cumplimiento al segundo párrafo de la fracción
XXI, del artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, se
cita al Ejecutivo estatal para que en términos generales se refiera al
contenido del informe escrito entregado a esta Soberanía y amplíe, a su
criterio, dicha información. Este Acuerdo fue aprobado, durante la cuarta sesión
ordinaria, con 46 votos a favor de diputadas y diputados
de los Grupos Legislativos de MORENA, PAN, PRI, “Del Lado Correcto de la
Historia”, MC-PRD y de la diputada del PVEM.

La diputada local Margarita Corro Mendoza presentó
ante el Pleno, del Congreso del Estado, un Anteproyecto con Punto que prevé
exhortar al Ayuntamiento de Tierra Blanca y al Organismo Operador del Agua Potable y
Saneamiento, de este lugar, a que a la brevedad, publiquen toda la información
a la que están obligados de acuerdo a los lineamientos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, cumpliendo con
los criterios de transparencia y legibilidad que la misma exige. En su intervención, durante la
cuarta sesión ordinaria, la legisladoradel Distrito XXIII de Cosamaloapan,
subrayó que la Ley de Transparencia, antes mencionada, establece en su artículo
15 que los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información pública, de conformidad
con los lineamientos que para el caso expida el Sistema Nacional, al inicio de
cada año o dentro de los siguientes diez días naturales a que surja alguna modificación, de acuerdo con sus atribuciones
y a disposición de cualquier interesado. Sin
embargo –enfatizó- muchos sujetos obligados como el Ayuntamiento de Tierra
Blanca y su Órgano Operador de Agua Municipal incumplen con la ley y presentan
datos incompletos o francamente borrosos en sus páginas de internet, lo cual
impide conocer a fondo cómo se están aplicando los recursos públicos. La
legisladora señaló que a pesar de todas las leyes inherentes a garantizar el
derecho a la información, aún existen autoridades, como Tierra Blanca, que la
esconden de manera aviesa y más en las áreas sustantivas de los recursos
financieros que se utilizan en el pago de salarios y demás prestaciones
económicas que perciben cada uno de los funcionarios. Recordó
que el uno de julio pasado millones de mexicanos emitieron su voto en contra de
la corrupción, de la impunidad, de la pobreza, el desempleo y una constante
violación a los Derechos Humanos; exigiendo un cambio radical del gobierno y
prácticamente la construcción de un verdadero Estado Democrático y de Derecho.

En la comparecencia del titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) de Veracruz, José Rodrigo Marín Franco, con motivo
de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, las diputadas y diputados de los diversos
grupos legislativos advirtieron que los programas sociales implementados en esta
administración no cumplieron con su objetivo: reducir los índices de pobreza en
la entidad, tras destacar que las últimas cifras ofrecidas por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), les
son totalmente adversas. El secretario compareció ante la Comisión Permanente
de Desarrollo Social, Humano y Regional, integrada por los diputados José
Andrés Castellanos Velázquez, presidente; Judith Pineda Andrade, secretaria y
María Candelas Francisco Doce, vocal. En la primera ronda de preguntas, el diputado del
Grupo Legislativo de Morena, José Andrés Castellanos Velázquez criticó el uso
del presupuesto de la Sedesol, ya que no cumple con los lineamientos de
transparencia que la ley exige. Agregó que de acuerdo a datos del CONEVAL, en
2016, el 62 por ciento de la población estaba en pobreza y ahora este Gobierno
destinó el 96.8 por ciento del presupuesto a la entrega de despensas, mismas
que fueron focalizadas en los municipios de Veracruz y Boca del Río; en tanto
preguntó cuánto dejan en caja para el mes de diciembre y qué pasó con los 62
unidades vehiculares de la dependencia, así como con la adquisición de
servicios de telefonía para la secretaría. El funcionario respondió que el presupuesto,
integrado con fondos estatales y federales, fue de 978 millones de pesos (MDP);
que los datos de pobreza de este Gobierno serán publicados por CONEVAL en el
primer trimestre de 2019; que contrataron un sistema de telefonía para el
levantamiento de estudios socioeconómicos y que de los 62 vehículos de la
dependencia, sólo funcionaban 23 y que tras una valoración técnica se optó por
el arrendamiento de estos. Por su parte el Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), en voz del diputado Juan Manuel de Unánue Abascal preguntó qué
mecanismo ocupó la Sedesol para evitar el uso clientelar de los programas
sociales de este Gobierno y qué medidas preventivas utilizaron para blindar
estos programas durante los procesos electorales; a lo que el funcionario dijo
que la focalización para la asignación de recursos dependía del propio
promotor, con base en datos socioeconómicos. Añadió que todos los servicios
fueron entregados directamente a los beneficiarios y se apegaron a normatividad. Asimismo, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del
Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia” pidió ejemplos de
inversiones productivas exitosos que hayan sacado adelante a la población de zonas vulnerables; a lo que el secretario
dijo que no se pretende cubrir la canasta básica de la población y que el
programa Veracruz Comienza Contigo (VCC) es un programa interinstitucional.
Agregó que la información recogida en los censos se vincula con el ICATVER para
la respectiva capacitación.

Durante
la segunda ronda de preguntas, la diputada Judith Pineda Andrade, del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), preguntó de qué manera
entregaban los programas, el secretario respondió que era un trabajo conjunto
con el Seguro Popular, con el que cruzaban la información y daban el apoyo a
los más necesitados. De
igual manera, la legisladora Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante de la
bancada de MORENA, cuestionó al servidor público sobre el estado en el que se entregan
los apoyos; ejemplificó que ha visto “despensas donde los frijoles traen
gorgojo y los chiles en vinagre están rancios”. También
preguntó sobre las medidas que emplearon para atender las guarderías
infantiles, “con la pobreza ustedes se engrandecen y han hecho lo que han querido”,
finalizó. León
David Jiménez Reyes, diputado del Grupo Legislativo de MORENA, hizo hincapié en
que el Programa Veracruz Comienza Contigo tenía muchas inconsistencias y los
precios eran desmedidos, además de que las entregas se usaron con fines electorales,
en tal razón preguntó, qué criterios usaron para aplicar los cuestionarios
sobre la situación socioeconómica de los derechohabientes. Marín
Franco dijo que los exámenes socioeconómicos se aplicaron en zonas de alto
grado de marginación y se puede ubicar a todos los beneficiarios. La
diputada María Candelas Francisco, de la bancada de MORENA, lamentó que en
Veracruz no se han alcanzado los objetivos de combatir la pobreza y ejemplificó
que 127 municipios de la entidad concentran a más de dos millones de habitantes
en pobreza y que 984 mil carecen de acceso a la alimentación; resultado de lo
anterior preguntó por qué razón no se logró disminuir el índice de pobreza y
seguridad alimentaria ante el vasto presupuesto ejercido por la Sedesol. El
funcionario contestó que la autoridad que emite los índices es CONEVAL y que
los que corresponden a los resultados alcanzados en este periodo, serán dados a
conocer hasta el primer trimestre de 2019. El
diputado José Magdaleno Rosales Torres, del Grupo Legislativo de MORENA,
preguntó con base en qué criterios adquirieron los productos de las despensas,
para cuántas personas está destinada, el balance alimentario en ellas y la
empresa proveedora; además criticó el uso de los programas de esta dependencia
con fines electoreros. El
secretario respondió que el procedimiento para la adquisición de las despensas
lo hace el DIF Estatal y añadió que su entrega se hace de manera pública y
transparente. Abundó que si alcanza o no depende de las familias que las reciben. Por
último, la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, tras detallar
cifras de los apoyos entregados a personas en situación de pobreza en el
periodo 2016-2018, solicitó al
secretario enlistar los logros de este Gobierno estatal.

Al
respecto el funcionario indicó que será la CONEVAL la que emita sus informes en
2019 y ahí se verán reflejados los datos sobre el combate a la pobreza en esta
administración. El
legislador José Andrés Castellanos Velázquez, presidente de la Comisión de
Desarrollo Social, Humano y Regional, agradeció al secretario y a las 19:47
horas concluyó la comparecencia.