En el
marco de la conmemoración de los 70 años de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Comisiones Permanentes Para
la Igualdad de Género y la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables,
presididas, respectivamente, por las diputadas Ivonne Trujillo Ortiz y Brianda Kristel
Hernández Topete, llevaron a cabo la firma de “GENDEH 50/50: Agenda por la Sororidad
Veracruzana” documento que representa un pacto para avanzar hacia una sociedad
incluyente, plural y democrática. En la reunión, celebrada en las instalaciones del
Poder Legislativo, se contó con la participación de la presidenta de la
Comisión de Salud y Asistencia, diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y del
titular de la Secretaría de Salud del Estado (SS), Roberto Ramos Alor; de las
diputadas Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Montserrat Ortega Ruiz y Magaly
Armenta Oliveros, así como la directora del Instituto Veracruzano de las
Mujeres (IVM), Yolanda Olivares Pérez. La Agenda por la Sororidad Veracruzana considera que
hay avances hacia la igualdad de género y que el camino para consolidarla son
los derechos humanos. Además –señala- que la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), compromete a
adoptar las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar
o derogar leyes que constituyan discriminación hacia la mujer. Esta alianza incluye al Centro de Estudios para la
Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, a cargo de
María Elena García Filobello. De igual forma, se hace la
invitación, a la población en general, para que presenten sus propuestas
legislativas a las comisiones antes citadas, a fin de analizarlas y darles el
trámite correspondiente. Posterior a la firma del documento se llevó a cabo
la mesa de trabajo “Análisis y actualización de la ley para enfrentar la
epidemia del VIH-Sida en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. Al
respecto la diputada Ivonne Trujillo señaló que Veracruz ocupa, desde 1983, el
tercer lugar de incidencia del VIH y que la mayoría de los casos están en los
rangos de edad de entre 20 a 44 años. Por lo anterior, agregó, es necesario reestructurar
los hábitos culturales y demostrar que puede trabajarse de forma unida para
disminuir los índices de este padecimiento. A la reunión asistieron representantes de las
diputadas Daysi Juan Antonio y Cristina Alarcón Gutiérrez. También participó la
coordinadora del Grupo Multisectorial VIH en Veracruz, Patricia Ponce Jiménez,
así como representantes del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en
SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) Xalapa, de la Universidad
Veracruzana e ISSSTE-Xalapa.

El diputado José Manuel Pozos Castro, Presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, señaló que se
hará una selección de los perfiles de los interesados en participar en la
convocatoria para renovar el Poder Judicial del Estado, que fue dada a conocer
por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Lo anterior durante la conferencia de prensa que el
titular del Poder Ejecutivo encabezó este 10 de diciembre, donde invitó a los
integrantes del Congreso para que sean parte de este proceso
de renovación, como Comité Receptor de la documentación de quienes deseen
inscribirse, y de quienes se “evaluarán su experiencia y trayectoria, dejando
de lado los compromisos políticos o designaciones”, destacó Pozos Castro. El diputado agregó que la lista de quienes sean
seleccionados -para ocupar los 12 cargos vacantes- deberá cumplir con los
requisitos de la convocatoria y tener los mejores perfiles. Misma que será
entregada por el Comité al Gobernador de Veracruz, el 19 de diciembre para su
análisis. «Los interesados deben estar seguros que
reconoceremos su experiencia, trayectoria y honestidad. Los acomodamientos que se
hacían a modo, quedarán en la historia», reiteró Pozos Castro y señaló que
en breve se dará a conocer el nombre de los diputados que se sumarán al Comité
de Selección. Reiterando lo dicho por el titular del Ejecutivo,
que en el proceso sólo se tomarán en cuenta los aspirantes inscritos por
voluntad propia, y que tengan carrera judicial y postgrados. Asistió también a este evento el diputado Juan
Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV
Legislatura del Estado.

Alfredo Corona ya es Secretario Técnico en la SG del Congreso

Alfredo Corona Lizárraga fue designado Secretario Técnico de la Secretaría General del Congreso, que encabeza Domingo Bahena.

El diputado del Distrito local VIII, con cabecera en
Misantla, Erik Iván Aguilar López, sostuvo –en las instalaciones del Congreso
de Veracruz- una reunión con presidentes municipales, de la región centro, en
la que se estableció el compromiso de trabajar coordinadamente para la creación
e impulso de una agenda pública que beneficie a la población. A este encuentro, asistieron los presidentes
municipales de Coacoatzintla, Alma Guadalupe Maravert Alba; Jilotepec, Sergio
Fernández Lara; Juchique de Ferrer, Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo;
Miahuatlán, Irma Delia Bárcena Villa; Naolinco, Roberto Carlos Reyes Aguilar;
Nautla, Daicy Faibre Montoya; Tenochtitlán, Primitiva Sánchez Gabriel;
Tepetlán, Carlos Romero González y de Tlacolulan, David Velasco Hernández. El diputado Aguilar López, quien también preside la
Comisión Permanente de Seguridad Pública, del Congreso del Estado, señaló que esta será
la primera de varias reuniones que sostendrán con la finalidad de impulsar los
temas que los ayuntamientos requieren y apoyarlos en su gestión, ante las
instancias correspondientes, y darles seguimiento para que, en lo más posible, se
concreten los proyectos estratégicos. De igual forma, el legislador refrendó su
disposición y apertura al diálogo, como realizar el mayor esfuerzo posible y lograr
que los proyectos de obras y servicios sean una realidad en cada una de las
comunidades, poblaciones o cabeceras municipales para las cuales han sido pensadas
y diseñadas, siempre con el objetivo de mejorar los niveles de bienestar de sus
pobladores.

El Pleno de la Sexagésima Quinta (LXV) Legislatura
del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen de decreto que reforma y deroga
diversas disposiciones de la Ley Número 7 Reglamentaria del artículo 84 de la
Constitución Política del Estado, por el cual se establecen precisiones
respecto a las reformas constitucionales parciales. Este Dictamen fue aprobado con 36 votos a favor y se
registraron seis votos en contra.

En el artículo 4, queda establecido que los procedimientos especiales de reformas serán
aquellos que, previa declaración del Congreso del Estado, se tramiten con el
propósito de efectuar modificaciones derivadas de un mandato de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; de disposiciones emanadas de leyes
nacionales, únicas o generales expedidas por el Congreso de la Unión, o como
consecuencia de declaratorias de invalidez emitidas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN). De igual forma, el artículo 7 señala que si el dictamen es aprobado por las dos terceras
partes de los miembros del Congreso, el Presidente ordenará turnarlo a los
Ayuntamientos por conducto de la Secretaría General. Los artículos del 9 al 11, relativos al título “Del
Dictamen con proyecto de Decreto en el Segundo Período”, quedaron derogados. Cuando
exista un decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el que se ordene expresamente a las Legislaturas de los Estados
adecuar sus textos constitucionales al sentido de aquél, o cuando se hiciere
necesario adecuar la Constitución a disposiciones emanadas de leyes nacionales,
únicas o generales expedidas por el Congreso de la Unión, o como consecuencia
de declaratorias de invalidez emitidas por la SCJN, una vez presentada la
iniciativa correspondiente, la Junta de Coordinación Política, por sí o a
petición del iniciante o de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, podrá proponer al Pleno, mediante un proyecto de punto de
acuerdo, que declare iniciar un procedimiento especial de reformas constitucionales. Si el Congreso se encuentra en receso, el proyecto
de punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política se someterá a la Diputación
Permanente para que, de estimarlo procedente, convoque a un periodo
extraordinario para que el Congreso haga la Declaratoria señalada en el
artículo inmediato anterior. Por otra
parte, se reduce de 60 a 30 los días que tendrán los Ayuntamientos, contados a
partir del siguiente al de la recepción del proyecto, para comunicar su acuerdo
al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, emitido en sesión
extraordinaria de Cabildo, en la que se discuta y apruebe o rechace la reforma
constitucional. Para que
las reformas formen parte de la Constitución Política del Estado será necesaria
la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, con excepción de los casos
previstos en el artículo 4 de esta Ley. La
Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, presidida por la diputada
Mónica Robles, indica que esta reforma tiene tres objetivos: uno, eliminar la segunda aprobación, por parte del Congreso, de los proyectos
de reforma constitucional en procedimientos ordinarios; dos, reducir de 60 a 30 días naturales el plazo para que los
ayuntamientos aprueben o rechacen los proyectos. Tres, suprimir, previa declaratoria de procedimiento especial, la intervención
de los ayuntamientos en la aprobación de proyectos que fueren resultado de
mandatos constitucionales federales o de leyes nacionales, únicas o generales,
así como en los casos de declaratorias de invalidez, al estimarse urgente y
obvia la adecuación.

Los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado, durante los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria, del Primer año de
Ejercicio Constitucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo tercero transitorio de la Ley número 44 de Coordinación
Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz y que fue signada por la diputada
Ivonne Trujillo Ortiz y los legisladores Eric Domínguez Vázquez y Augusto Nahúm
Álvarez Pellico. Lo anterior, para que en el ejercicio fiscal del año
2019, los fondos de participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de esta
Ley, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos
de Fiscalización y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuyan a los
municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2018, en
sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de este mismo
ordenamiento. De igual forma, señalan en la iniciativa, que la
recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios al consumo de gasolina y diesel, en su porcentaje
correspondiente al 9/11, se distribuirá a los municipios de la Entidad en 70
por ciento, con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF), y en 30 por ciento, de acuerdo al Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), vigentes en 2018. La Ley número 44, de Coordinación Fiscal para el
Estado y los Municipios de Veracruz, regula la participación de las haciendas
públicas estatal y municipales sobre los ingresos de la Federación, a la vez
que se establecen las bases que rigen los fondos a distribuirse, la aplicación
de las denominadas aportaciones y la asignación de ingresos federales
transferidos, así como las relaciones en la materia entre el Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos, cuya principal fuente de ingresos se constituye por
dichos recursos. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Hacienda Municipal.

El Grupo Legislativo de Morena, en el Congreso de
Veracruz, en voz del diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presentó ante
el Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la
fracción XLIV, del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que prevé
que el Congreso del Estado asuma una función de contrapeso en relación a la
Fiscalía General del Estado (FGE), respecto a la facultad de remover al titular
de ese órgano autónomo. De esta manera, se plantea agregar la citada
fracción y establecer como facultad del Congreso del Estado “remover al Fiscal
General por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso”. En su intervención, durante la sexta sesión
ordinaria, el legislador Vargas Barrientos sostuvo que actualmente las
facultades del Congreso tienen una limitante en su función soberana de
equilibrio Constitucional en relación a la Fiscalía General. Lo anterior
al observar, dentro de sus facultades,
una participación acotada en el proceso de designación y remoción del titular
de dicho organismo constitucional. Detalló que la legislación actual no tiene prevista
la facultad de remoción del Fiscal, aun cuando fuera necesario para
salvaguardar el interés público y social de la sociedad veracruzana.

El diputado expuso que el Poder Legislativo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como creador de la Fiscalía General,
ha sido el responsable histórico de dotarle de una garantía normativa de
actuación e independencia en su estructura orgánica y funcional para el
desarrollo de sus fines, debido a su importancia social. La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su estudio y dictamen.

Las diputadas y diputados de la Sexagésima Quinta
(LXV) Legislatura del Estado eligieron al ciudadano Juan Hernández Ramírez,
como acreedor a la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines 2018”, por su
destacada trayectoria como poeta y fundador de la Academia Nacional de Poesía,
Delegación Veracruz. La ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 3 de
diciembre, a las 11:00 horas, en Sesión Solmene, en la que se reconocerá la
gran labor del ciudadano Hernández Ramírez, quien fue acreedor al premio
Continental Canto de América de Literatura en Lenguas indígenas, por el libro inédito
de poesía náhuatl Tlatlatek tetl. Además ha sido castellanizador y maestro de
educación primaria indígena en diversas comunidades del Norte del Estado. Lo anterior, después de los trabajos realizados por
la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla y Diploma Adolfo Ruiz
Cortines 2018, integrada por las diputadas Adriana Esther Martínez Sánchez,
presidenta; Montserrat Ortega Ruiz, secretaria; Florencia Martínez Rivera y
Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como el diputado Jorge Moreno Salinas,
vocales.

La terna estuvo integrada por los nombres de Alberto
Manuel de la Rosa y Sánchez, Alfonso Moreno Luce y Juan Hernández Ramírez.

Al obtener 42 votos a favor, el poeta Juan Hernández
Ramírez, originario de la congregación de
Colatlán, municipio de Ixhuatlán de Madero, fue elegido acreedor a este
reconocimiento, establecido en la Ley de Premios del Estado.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro expresó que, de
acuerdo a los resultados de la Glosa del Segundo Informe, es notorio que se le
quedó a deber al pueblo de Veracruz, toda vez que al inicio de esta
administración la sociedad tenía la esperanza de vivir un cambio real, que
transformara las pésimas condiciones de vida, resultado de administraciones
pasadas. Lo anterior al concluir el diálogo y la
comparecencia del Ejecutivo estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. En su intervención, el diputado Pozos Castro dijo
“reconozco que su administración fue breve, sin embargo desaprovechó la
extraordinaria oportunidad para colocar las bases del ansiado cambio”. Enfatizó que el pueblo de Veracruz sí cambió, lo que
se vio reflejado en las urnas el pasado 1 de julio. “Los tiempos de democracia
y transparencia, de vida plural, de rendir cuentas, los seguimos esperando las
y los veracruzanos”, aseguró. Agregó que el papel de las diputadas y diputados es
claro, pues tendrán la enorme responsabilidad de revisar los datos y cifras
presentadas en el Informe, “tenemos la responsabilidad legal y moral por todos
los veracruzanos y así emitir nuestro fallo apegado a la legalidad”, abundó. El diputado Pozos Castro destacó que vienen tiempos
de cambio y que la LXV Legislatura seguirá siendo el espacio de debate en el
que impere un marco democrático, que siempre será fortalecido por las fuerzas
políticas, representadas en el Congreso del Estado. Coincidió con el Gobernador en que actualmente las
comparecencias han sido más críticas, ante lo cual –recordó- que la Sexagésima
Quinta Legislatura, desde su primer día
se ha convertido en un Poder que equilibra, haciendo escuchar su voz, opinión y
decisión. Por último, dijo estar convencido que con trabajo y
haciendo lo que les corresponde, el cambio y la esperanza serán una realidad.
“Eso ansiamos todos los veracruzanos, un cambio verdadero, mismo que en los
próximos seis años se vivirá en México y Veracruz”.

De conformidad con lo establecido por el artículo 49
de la Constitución Política del Estado de Veracruz, el Gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares, compareció- conforme al formato aprobado el pasado 22 de
noviembre- ante el Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, para
responder a las preguntas de las diputadas y diputados, todo con relación a la Glosa
del Informe de Gobierno; esto, a través de un diálogo respetuoso entre poderes,
que permitió a la población veracruzana conocer el estado real de la
administración estatal y el ejercicio del gasto público. Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada
Margarita Corro Mendoza, señaló que el Gobierno 2016-2018 quedó a deber en el
combate a la pobreza, económica y alimentaria, generación de empleos y en la
cual hubo «fuga» de inversión privada. Subrayó la muerte de los hijos
de un reconocido profesionista, así como la joven hija de una diputada federal.
Abundó que si esta administración anunció que sería totalmente transparente,
por qué en su primer año se le detectó un presunto daño patrimonial por
alrededor de los 400 mil millones de pesos (MDP). De igual forma, la legisladora habló sobre la poca
atención al sector magisterial y a los empresarios, estos últimos que exigen
sus pagos, y sobre el programa Veracruz Comienza Contigo (VCC), que -a su
consideración- no abonó en nada a cambiar los índices de pobreza estatal. También,
preguntó sobre los 3 mil MDP que fueron aprobados, en el Presupuesto de
Egresos, para libre disposición, y cuestionó por qué no se ocupó para las necesidades
básicas de la gente. El ejecutivo respondió que uno de los temas de su
administración fue «aparecer el tema de los desaparecidos» toda vez
que no había atención a los Colectivos. Agregó que «sí le dolieron los
crímenes de los jóvenes, señalados anteriormente, y que muestra de ello es que
se hace justicia al respecto. Sobre los 3 mil MDP de libre disposición informó
que, toda vez que no vienen etiquetados, se ocuparon para el pago de nómina
magisterial. Dijo que el programa VCC es un paliativo. De igual forma destacó, que tras la derogación del
decreto que permitía el uso del Impuesto a la Nómina para el pago a acreedores-
se instauró un programa para pagarle a quienes realmente validaran su deuda y
quienes no, se le daría vista a la Fiscalía General del Estado. Por parte del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), la diputada María Graciela Hernández Íñiguez, cuestionó: qué
acciones implementó para devolver el respeto a los derechos humanos de las y
los veracruzanos. Asimismo, cuál fue el presupuesto que se destinó al
Instituto de Pensiones del Estado (IPE); si existió algún retraso en los pagos
por concepto de becas a estudiantes destacados y deportistas; si cumplió el
pago de recursos a los Municipios, el pago de impuestos a la Universidad
Veracruzana (UV) y en qué estado deja, esta administración, la Cuenta Pública. Yunes Linares respondió que en su administración
existió alternancia, logró un cambio al régimen en el manejo de los recursos de
la Entidad, hay transparencia en las Dependencias y los Municipios. El Poder Legislativo revisó las cuentas del Poder
Ejecutivo, continuó, donde encontraron observaciones por daño patrimonial, muy
por debajo de otras administraciones, indicó que se reunió con el Presidente de
la República, Enrique Peña Nieto y demostró el daño que dejó Javier Duarte en
la economía del Estado, por lo que solicitó su apoyo moral para salvar las
finanzas públicas, y dentro de los ahorros significativos eliminaron contratos
millonarios con Medios de Comunicación. Comentó que en su administración no se dio dinero a
partidos políticos, ni a campañas políticas, lo que permitió reorientar el
gasto a áreas prioritarias, como el pago de becas, de pensiones, generando
gobernabilidad y haciendo uso correcto del gasto etiquetado. El Grupo Legislativo Mixto «Del Lado Correcto
de la Historia», en voz del diputado Rubén Ríos Uribe, se abstuvo de
cuestionar al Ejecutivo estatal, para lo cual emitió cuatro razones. Primero,
los tiempos electorales ya culminaron y reconocen el respeto del Gobernador a
la voluntad del pueblo de Veracruz y ejemplificó que esto se refleja en que la
alianza «Juntos

Haremos Historia» es mayoría en el Congreso del
Estado. En segundo término, que supo cumplir la palabra
empeñada a la Comisión de Cortesía que le informó de la instalación de la LXV
Legislatura, de que la transición de poderes en la entrega-recepción sería de
forma civilizada por el bien de Veracruz. Tercero, que como todo nada es
perfecto y que todas las inquietudes ya fueron expresadas a los secretarios de despacho,
durante la glosa del Segundo Informe. Como cuarto y último, que en el Grupo «Del Lado
Correcto de la Historia» están comprometidos en fortalecer el estado de
derecho para lo cual se requerirá de la civilidad y de todas las fuerzas políticas,
representadas en la actual Legislatura. «juzgar a su Gobierno e toca al
pueblo de Veracruz y a la historia» enfatizó. Del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), el diputado Jorge Moreno Salinas se refirió a que la
fracción del PRI trabajará con una agenda de civilidad política, en la que
privilegian una postura seria, con trabajo productivo, apegado a la legalidad y
realidad del Estado, generando un debate constructivo, con formulación de iniciativas
que abonen al progreso de Veracruz. Preguntó, qué deja pendiente y a qué nivel de
Gobierno corresponde resolver el tema de la seguridad.

El Gobernador indicó que Veracruz requiere una vida
parlamentaria profesional, dijo que en los dos años de su administración hizo
todo lo que estaba en sus manos, priorizando la seguridad, debido a que
Veracruz vivía una situación de emergencia. En ese sentido, integró esfuerzos en el Grupo de
Coordinación Veracruz, donde sumaron a las Fuerzas Armadas de México, la
Procuraduría General de la República y diversas dependencias estatales y federales
encargadas de la seguridad. Abundó que en su administración se realizaron 109
reuniones, dentro de sus logros trabajaron en reincorporar a 23 cuerpos policiacos municipales. Expuso que las atribuciones de las policías
Municipales o policías de proximidad consisten en prevenir el delito, las
Estatales en auxiliar a las Municipales, vigilar caminos y carreteras y las
Federales coadyuvan con las dos anteriores, vigilan aduanas y puentes
fronterizos. Por el Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD,
la diputada Brianda Kristel Hernández Topete –señaló que- inició su Gobierno
con «finanzas quebradas y manifestaciones», al tiempo de preguntar,
si los beneficios del programa VCC alcanzaron a cubrir las necesidades de la
población vulnerable y, cuestionó, en qué estado encontró los servicios de
salud y qué se hizo en esta materia. El Ejecutivo indicó que en su Gobierno se instauró
el orden y que privilegió el diálogo para evitar el bloqueo de calles, aunque
-agregó- en pocas ocasiones se hizo uso de la fuerza pública en este sentido.
Subrayó que el Hospital Infantil de Veracruz es ejemplo nacional de como se
trabajó en el ramo. Expuso que en Soledad Atzompa y Tatahuicapan de Juárez fueron
invertidos, parte de los recursos recuperados, al instalar servicios médicos
ampliados. De acuerdo al formato aprobado, al término de esta
ronda, el Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputado José
Manuel Pozos Castro emitió el mensaje final y a las

14:00 horas concluyó la sesión.

En sesión solemne, diputadas y diputados de la LXV
Legislatura y el gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez,
entregaron la Medalla y Diploma Adolfo Ruiz Cortines, 2018, al poeta Juan
Hernández Ramírez en reconocimiento a su compromiso con las etnias de Veracruz
y por sus esfuerzos en la preservación de las lenguas indígenas, mediante el
impulso y difusión de la creación literaria. Tras rendir los honores a la bandera y con la
participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, fue entregado este reconocimiento al ciudadano
Juan Hernández, originario de la congregación de Colatlán, municipio de
Ixhuatlán de Madero; poeta y fundador de la Academia Nacional de Poesía,
Delegación Veracruz, quien a su vez también ha ganado el premio Continental
Canto de América de Literatura en Lenguas indígenas, por el libro inédito de
poesía náhuatl Tlatlatektetl. En su formación académica, el galardonado cuenta,
ser profesor de educación primaria por la Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio;
licenciado en Educación Media en Lengua y Literatura Española, así como el haber cursado los Diplomados en Creación Literaria y
Escritura Creativa y el taller de Creación Literaria en Lenguas Indígenas,
impartido por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
México y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Al hacer uso de la voz, el galardonado
Juan Hernández Ramírez, expresó que Adolfo Ruiz Cortines, dejó a México una
gran enseñanza, luchar de manera incansable por salir adelante y trabajar por
lo que se quiere, de una forma recta y honesta para que los resultados sean
justos y legales. Al agradecer la asistencia de sus familiares
y amigos, destacó que para él es un orgullo recibir la medalla que le fue otorgada
gracias a su lengua madre. Dijo que Veracruz tiene que contribuir a la nación,
erradicando la desigualdad. Reconoció el apoyo e interés que da el
nuevo Gobierno a las y los indígenas veracruzanos, que son dos millones 373 mil
93, que merecen ser atendidos como cualquier grupo social y en tal razón es
necesario que sean partícipes. Subrayó su aprecio a la LXV
Legislatura por haberlo distinguido con este reconocimiento y en
correspondencia –abundó- la comunidad académica e intelectual indígena se suman
al proyecto del Gobierno estatal, “cuente con nosotros gobernador, para
colaborar con usted en los espacios, instancias e instituciones creadas ex
profeso para la atención de nuestras necesidades y demandas, para que seamos
nosotros mismos quienes resolvamos nuestra problemática”.

Concluyó afirmando que su filosofía es
la tierra y el maíz, depositados a la palabra.

En su intervención en tribuna, el gobernador
Cuitláhuac García reconoció a las y los diputados por elegir, como acreedor a
este reconocimiento, al poeta Juan Hernández quien –consideró- es un digno
representante de los pueblos originarios y además por sus indiscutibles méritos
en la preservación de unas de las lenguas madres de la entidad. De igual forma, anunció la revisión del estatus
judicial de los presos indígenas e informó que pedirá al secretario de
Educación de Veracruz para que, en conjunto con el poeta Juan Hernández,
trabajen a fin de que a los pueblos indígenas de la entidad nunca más les sea
negado el acceso gratuito a la educación básica. Asimismo invitó a la LXV Legislatura a sumarse a la
celebración, en 2019, de los 500 años de la fundación de Veracruz –primer
ayuntamiento de América Continental- “en ese festejo tendremos presente a
nuestros pueblos originarios, será una conmemoración inédita, porque no
celebramos una conquista, queremos que la historia se repase una y otra vez y
nunca más, nunca, la discriminación hacia nuestros pueblos”, indicó. Previo a la ceremonia, los diputados Juan Javier
Gómez Cazarín, Sergio Hernández Hernández, Erik Iván Aguilar López, Brianda Kristel
Hernández Topete y Erika Ayala Ríos, recibieron al gobernador Cuitláhuac García
Jiménez y lo acompañaron al Recinto Oficial de Sesiones. Hicieron lo propio, con el presidente del Tribunal
Superior de Justicia, magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, los diputados José
Andrés Castellanos Velázquez, Ricardo Arturo Serna Barajas, Jorge Moreno
Salinas y Gonzalo Guízar Valladares. En tanto, las legisladores Adriana Esther Martínez
Sánchez, Montserrat Ortega Ruiz y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, recibieron y
acompañaron al galardonado, Juan Hernández Ramírez.

A las 00:01 horas de este 1 de diciembre rindió la
protesta de ley, ante el Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, el
ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, como gobernador Constitucional del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; lo anterior, de conformidad con el artículo
45 de la Constitución Política del Estado y para el periodo comprendido del 1
de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2024.

Tras dar inicio a la sesión solemne, el presidente
de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, comisionó a los
diputados Juan Javier Gómez Cazarín, Sergio Hernández Hernández, Gonzalo Guízar
Valladares, Brianda Kristel Hernández Topete, Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe
Yunes Yunes, para acompañar al interior del Recinto Oficial de Sesiones, al Ejecutivo
estatal.

Las diputadas Cristina Alarcón Gutiérrez, Florencia
Martínez Rivera e Ivonne Trujillo Ortiz y los legisladores Juan Manuel de
Unánue Abascal, y Juan Carlos Molina Palacios, hicieron lo propio con el
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Edel
Humberto Álvarez Peña. Posteriormente, el diputado Pozos Castro reanudó la
sesión y se realizaron los honores a la bandera.

Acto seguido, el ingeniero García Jiménez, ante el
Pleno de la LXV Legislatura, rindió la protesta de ley en los términos
siguientes:

«Protesto guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes
que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador
que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la
Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y si así no lo hiciere,
que la Nación y el Estado me lo demanden”.

Ante la presencia de senadores, diputados federales,
presidentes municipales, Colectivos de Desaparecidos y organizaciones de la
sociedad civil, dirigió un mensaje desde la tribuna del Congreso del Estado,
donde hizo pública la Declaratoria de
Crisis en Materia de Derechos Humanos por Desaparición de Personas con lo que
se establecerá un programa emergente de ayuda, atención, asistencia,
protección, acceso a la justicia y la verdad, así como la reparación del daño,
por violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas.

El mandatario estatal entregó una copia de esta
Declaratoria al presidente del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos
Castro e informó que, de igual manera, entregará una copia al próximo
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que las administraciones gubernamentales de
Veracruz anteriores no cumplieron con su función, por lo que ahora no solo
manifiestan tener esa problemática, “nuestro Gobierno acepta y reconoce que a
las víctimas no se les ha hecho justicia, por lo que se les brindará acceso a la justicia, a la verdad, a la
reparación del daño y en ese contexto, localizar a todas las personas
desaparecidas”. Este programa tendrá, como acciones más relevantes,
la creación del Centro o Instituto Forense, para atender la magnitud de la
crisis y así procesar los hallazgos con la finalidad de darles identidad a las
personas que no han sido identificadas. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
contará con una policía especializada que acompañará la búsqueda y la Dirección
General de Desarrollo Político será convertida en una Dirección de Cultura de
Paz y Derechos Humanos que deberá elaborar un diagnostico real sobre la
situación de desapariciones en Veracruz.

En otro sentido, extendió la invitación a los
poderes Legislativo y Judicial para que aporten, con lo que esté a su alcance y
en estricto respeto a la división de poderes, a trabajar en la unidad para el
tránsito hacia el Veracruz que el pueblo pide. Anunció
que solicitará a esta Soberanía una petición para la disminución real del
salario de altos funcionarios de su Gobierno. En una percepción de 23, 13, 9 y
7 por ciento, respectivamente, desde el titular del Ejecutivo, los funcionarios
de su Gabinete hasta directores de área. Además
–señaló- se eliminará el pago de telefonía celular, seguros de gastos médicos
mayores, contratación de seguridad, rentas de casas, compra de vehículos para
uso personal, “así como otras prebendas indebidas a costa
del erario, se acabaron los privilegios para la clase gobernante”, abundó.

*Diputada Kristel Hernández estuvo presente en la comparecencia del Gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes Linares; resaltó que esta comparecencia se desarrolló bajo un contexto genuino y pacífico, así como de reconocer que la civilidad e institucionalidad impero en este acto*

Ante
la Comisión Permanente de Seguridad Pública, del Congreso del Estado, integrada
por los diputados Erik Iván Aguilar López, presidente y Rubén Ríos Uribe, secretario;
y la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, vocal; compareció Jaime Téllez
Marié, Secretario de Seguridad Pública (SSP), como parte de la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno, y ante la que rindió cuenta de las acciones de la
dependencia a su cargo, correspondiente al tiempo de que se informa. Ante
los diputados integrantes de la LXV Legislatura estatal, Téllez Marié, enumeró
las actividades que las diferentes áreas que integran la dependencia a su cargo
han realizado en el combate a la delincuencia, prevención del delito, tránsito
y transporte y reinserción social, entre otras, sobre la que los legisladores
formularon sus cuestionamientos, en las dos rondas de preguntas acordadas para
las comparecencias. Así, por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada
Mónica Robles Barajas, lamentó que aún cuando hay una inversión, por más de 700
millones de pesos (mdp), en cámaras de video vigilancia, haya un incremento de
la violencia en la entidad, por lo que preguntó
cómo va el avance de la instalación y operación de las citadas cámaras,
ya que la empresa encargada registra un expediente de inhabilitación por parte
de la Secretaría de la Función Pública, y los contratos asignados a la empresa
Sistema Tecnológicos S.A de C.V, así como las acciones de la SSP para atender
las recomendaciones de las Alerta de Violencia de Género (AVG), decretadas para
el Estado.

El secretario respondió que fueron instaladas seis
mil 746 cámaras en diversas regiones, con lo que se han beneficiado 62
municipios. Agregó que el Órgano Interno de Control de Pemex inhabilitó a la citada empresa por tres meses y que
cuando ésta empresa suscribió contrato con la SSP ya había pasado la
inhabilitación. Refirió que las adjudicaciones pasan por el Subcomité de
Adquisiciones y que las acciones para atender las AVG fue la instalación de
cámaras en el 37 por ciento del total de vehículos de autotransporte, en la
modalidad de urbano. Además de realizar nueve ferias de promoción de la paz y
403 sesiones de perspectiva de género. Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz del diputado Rodrigo García Escalante preguntó sobre el programa
de Reordenamiento Vehicular en relación a cuántas unidades fueron retiradas de
circulación, los concesionarios sancionados y las revocaciones, así como la
actuación en contra de la delincuencia organizada; a lo que el funcionario
respondió que a su llegada a la dependencia había dos líneas completas de
autobuses que pertenecían a la delincuencia organizada, las detectaron y fueron
aseguradas 21 unidades, mismas que aún siguen así, toda vez que no se ha
logrado acreditar la propiedad.

Indicó que existen 395 procedimientos de revocación
de concesiones de taxis y será la siguiente administración estatal la que
determine lo conducente. Añadió que se cuenta con un programa de registro de
datos biométricos de los concesionarios, que ha sido replicado por otras
entidades, tales como Oaxaca. Además, señaló, la aplicación del programa Taxi
Seguro permite al usuario conocer los datos del conductor y así viajar con
seguridad. El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, habló sobre los índices
de inseguridad en Coatzacoalcos y preguntó sobre las acciones para atender las
64 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y
cuestionó qué hace la SSP ante las personas que no pasan los exámenes de
control de confianza, toda vez que en el pasado se registró una pérdida de 10 mdp por este concepto. El funcionario expuso que en Coatzacoalcos hay un
antes y un después en relación a los delitos de alto impacto y que trabajan
para disminuirlos. Expuso que la información, de quienes no pasan los controles
de confianza, queda registrada y esta se comparte con el Sistema Nacional de
Seguridad. En este sentido se pronunció por la creación de las policías
municipales, toda vez que la policía estatal ha venido realizando estas
funciones. Informó que fueron recibidas 304 quejas por
presuntas violaciones a derechos humanos y que de éstas 103 han sido resueltas,
lo que implica alrededor del 42 por ciento. En otro sentido señaló que los
delitos de “huachicoleo” y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas
armadas son los de mayor incidencia, por lo que sería
necesario reformar la legislación al respecto. Durante la segunda ronda, la diputada
María Josefina Gamboa Torales, del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional preguntó cuáles son los logros que tuvo la Secretaría a su cargo. Téllez Marié respondió que todos los
integrantes de Coordinación Veracruz fueron el mejor a nivel nacional con un
total de 109 sesiones que se realizaron los fines de semana, y dicho trabajo
fue reconocido con diversos premios, con el único fin de combatir la
delincuencia, señaló que aseguraron 934 armas de fuego cortas, 290 largas, 19
mil 967 cartuchos, 901 cargadores y 33
granadas, por mencionar algunos. La legisladora María Candelas
Francisco Doce, del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó al servidor público
sobre cuáles fueron los Municipios donde se disolvieron los cuerpos policíacos
municipales, cuántos policías fueron despedidos cuántos re contratados y con
cuántos se tiene adeudo laboral. El secretario de despacho, dijo que
desaparecieron 23 cuerpos de Policías municipales y que no tiene el dato debido
a que fue en otra administración la que lo hizo, así mismo desconoce cuántos fueron despedidos y cuantos tienen
adeudo laboral. Mencionó que la Secretaría a su cargo
se comprometió a reconstruir dichos cuerpos policiacos municipales, pero es una
tarea complicada, puesto que los municipios son muy grandes para abastecerlos
de policías, dichos lugares son Pánuco, Poza Rica, Veracruz, Boca del Río,
Córdoba, Acayucan, Banderilla, Coatepec, Cosoleacaque, Tantoyuca, Medellín,
Xalapa, entre otros. Magaly Armenta Oliveros, diputada
integrante del Grupo Legislativo de Morena, al hacer uso de la voz, dijo que
Veracruz ocupa el cuarto lugar en homicidios y el segundo en secuestros, por lo
que requirió información sobre qué acciones hizo la dependencia para combatir
la violencia, principalmente en la zona sur de la entidad. Téllez Marié respondió que dicha
información la entregó por escrito en el informe de Gobierno, abundó que la SSP
opera de manera coordinada con la Gendarmería Nacional, Seguridad Regional,
Fuerza Civil, Policía Estatal y el Ejército. Ejemplificó que ante los
incidentes presentados el día de ayer en el sur del Estado, montaron un
operativo durante toda la noche para encontrar a los culpables y confirmó que
existieron cinco homicidios. El
diputado Rubén Ríos Uribe, del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la
Historia” refirió que en los primeros nueve meses de este año se registraron
mil 540 homicidios y en 2017 fueron registrados dos mil 385 homicidios, a lo
cual preguntó a cuantos probables responsables ha tenido la SSP y puesto a
disposición de la Fiscalía, así como cuántos han sido sentenciados y cuántos en
proceso. La
respuesta del secretario fue en el sentido que las cifras que él tiene no
coinciden por lo que se comprometió a corroborarlas con el legislador. Por otra
parte dijo que las personas sujetas a proceso y sentenciados no son de su
atribución.

La
diputada del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui cuestionó cómo va el proceso de
entrega-recepción de la administración; a lo que el funcionario sostuvo que se
llevaron a cabo la entrega de carpetas y ellos examinaron las que determinaron.
Ya concluyó la entrega y se levantaron minutas, por lo que únicamente se
formalizará el día que la ley señale. A
las preguntas del legislador Raymundo Andrade Rivera, del partido Morena,
respecto a las bandas delincuenciales que operen en la entidad que han
originado un estado fallido, el secretario Téllez Marié indicó que no hay un
“estado fallido” ya que para darse tendría que ser decretado por el Congreso de
la Unión. La diputada Margarita Corro Mendoza, del
partido Morena, preguntó cuántas fosas ha encontrado la SSP, cuántas no han
sido dadas a conocer y por qué no se ha permitido la participación de los
grupos ciudadanos. El secretario respondió que dicha
información no compete a su dependencia, ya que recae en atribución de la
Fiscalía General del Estado. Señaló que la SSP cuenta con policía preventiva y
que sólo cuando el Fiscal solicita su apoyo trabajan de manera conjunta. Agregó
que han apoyado en esta materia dando acceso a los Ceresos, así como prestar
agentes caninos para encontrar cadáveres. Para finalizar el diputado Henri
Christophe Gómez Sánchez, del partido Morena, cuestionó sobre qué acciones ha implementado la SSP
para evitar la realización de exploraciones a las mujeres antes de accesar a
los ceresos, ya que ello violenta los derechos humanos. Téllez Marié comentó que no se cuenta
con ningún escáner en los 18 ceresos del Estado debido a la falta de
presupuesto, por lo que solicitó que se pueda autorizar un incremento a fin de
estar en condiciones económicas para adquirirlos y así evitar dichas revisiones.

A las 14:53 horas el diputado Erik
Iván Aguilar concluyó la comparecencia.

Compareció, ante la Comisión de Hacienda del Estado,
del Congreso de Veracruz, integrada por las legisladoras Rosalinda Galindo
Silva, presidenta y Brianda Kristel Hernández Topete, secretaria; y el diputado
Eric Domínguez Vázquez, vocal; y como parte de la Glosa del Segundo Informe de
Gobierno, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN),
Guillermo Moreno Chazzarini. En su intervención inicial, Moreno Chazzarini
destacó las acciones realizadas en la SEFIPLAN en relación con la coordinación
de la administración financiera y tributaria del erario del estado; como de los
recursos humanos y materiales, de acuerdo con la normatividad legal en la
materia; y de donde partieron los diputados para formular sus cuestionamientos. En la primera ronda, la diputada del Grupo
Legislativo de Morena, Rosalinda Galindo Silva dijo que el refinanciamiento de
la deuda pública, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
tenía una tasa de interés del 8.5 por ciento y luego subió a 9 por ciento, a lo
que preguntó cuál fue el beneficio real de la reestructuración de la deuda
pública si se paga una tasa de interés más alta. El funcionario expuso que la tasa tuvo una reducción
de 3.36 a 1.8 por ciento. Añadió que la reducción de tasas ha tenido un impacto
importante toda vez que en 2018 se habla de un ahorro de más de un millón de
pesos. Expuso que la reestructuración, aprobada por el Congreso del Estado, fue
por 37 mil millones de pesos (mdp) y que mejoró en el relación a como estaban
los créditos anteriores, ya que se crearon mejores condiciones, que dio como
resultado que las calificadoras expusieran que Veracruz cuenta con solvencia crediticia. El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz de la diputada Judith Pineda Andrade, pidió explicar el proceso
de reestructuración de la deuda pública, cuántas instituciones participaron y
cuáles salieron ganadoras, así como los ahorros por servicio de deuda. Al respecto, el secretario dijo que la reestructuración
fue aprobada por los diputados del Congreso del Estado. Expuso que diez bancos
fueron los que participaron en el proceso y que ésta fue por 37 mil 473 mdp. El legislador Gonzalo Guízar Valladares, coordinador
del Grupo “Del Lado Correcto de la Historia” cuestionó sobre cuánto es el monto
de deuda que deja esta administración, el total de deuda que heredó de la
anterior administración, los créditos que adquirió y para qué fueron, los
asesores y la deuda que deja esta administración, en relación al pago de
proveedores. El funcionario expuso que la deuda heredada fue de
47 mil 513 millones y que la reestructuración implementada en esta
administración fue por 37 mil 473 mdp. Detalló que los bancos son Santander,
Monex, Banorte, Multiva e Interacciones. Indicó que el ahorro en este año por
concepto de pago de deuda corresponde a mil 933 mdp y que se verá reflejado cuando
lleguen las participaciones federales mensuales y “no se les quite de más”. Agregó que el dinero ahorrado, por concepto de
deuda, no fue para obras productivas, sino para el pago de pasivos heredados.
Enfatizó que se tienen validados 426 mdp que van a quedar registrados en el
balance, al 30 de noviembre, como pasivos. Durante la segunda ronda de preguntas
y respuestas, el diputado Raymundo Andrade Rivera, integrante del Grupo
Legislativo de Morena cuestionó a cuánto asciende el incumpliendo de los contribuyentes
al SAT, qué acciones ha realizado para recaudar el dinero, cuántos “aviadores”
había en su dependencia, cómo se procedió, cuántos se quedaron, cuánto dinero
se adeuda al IPE y a la UV, además de requerir detalles sobre el conflicto de
intereses al estar, los hijos del secretario, tanto en la SEFIPLAN, como
protección civil. Moreno Chazzarini
respondió que el tema de sus hijos lo atienden las instancias correspondientes.
Respecto al tema de “aviadores” dijo que él entró en funciones el 15 de julio
de 2017, por lo que desconoce del tema. Sobre el IPE señaló que por primera vez no se ha tocado
el recurso para cubrir otros gastos y que con la UV están al corriente en los
recursos que les corresponden. El legislador Juan Manuel de Unánue
Abascal, del PAN, requirió información sobre cuáles son los importes por cada
uno de los bienes recuperados, cuáles son los montos y cuántos han sido
vendidos o dados en comodato. El secretario, respondió que el total
de los bienes recuperados oscila en mil 522 millones y se divide en recursos
recuperados en efectivo por 798 mdp, bienes inmuebles por 617 mdp, bienes
muebles 39 mdp, de arte por 28 mdp, y bienes en el extranjero por la cantidad
de 37 millones 810 mil pesos. Abundó que al día de hoy no se han
vendido, únicamente se entregaron en comodato, al Instituto de Ecología
(INECOL) el rancho “El Faunito” ubicado en Fortín de las Flores con un valor
estimado de 139 millones de pesos, el Rancho “La Cartuja” en el Municipio de
Naolinco, que está a cargo de la Secretaría de Educación y asciende a un valor
de 125 millones de pesos. Respecto a bienes muebles respondió
que hay un avión con un costo de 27 mdp y un helicóptero por 11 mdp, todo ello
detallado en el portal de SEFIPLAN. Del Grupo Legislativo de Morena, la
diputada Margarita Corro Mendoza, preguntó cuál es el índice de desarrollo
urbano de Boca del Río y Tehuipango y que, a pesar de tener la misma capacidad,
por qué no reciben el mismo recurso; aunado a por qué se privilegió a zonas con
alto poder adquisitivo y no a las zonas de marginación. El funcionario público dijo que el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es quien
determina el porcentaje del recurso que se deberá aplicar y lo realiza a través
de indicadores. Expuso que su dependencia sólo se encarga de distribuir el
recurso. A una segunda intervención de la diputada del
partido Morena, Rosalinda Galindo Silva, en relación a cuánto deja esta
administración para el pago de sueldos y salarios, así como aguinaldo de los
burócratas estatales; el funcionario estatal expuso que este Gobierno no dejará
pagos pendientes en el plazo comprendido hasta el 30 de noviembre. Añadió que el pago de aguinaldos, se hace en la
segunda quincena de diciembre y en la primera de enero, “este Gobierno que
termina el próximo 30 de noviembre enfrentó –en diciembre de 2016- el reto del
pago de aguinaldos y ahora corresponderá al nuevo gobierno enfrentar este
compromiso”, abundó. El diputado del partido Morena, Eric Domínguez
Vázquez, preguntó cuántos procedimientos administrativos de ejecución se
instalaron, derivado de créditos fiscales, el monto cobrado y las cantidades de
recaudación en el sector primario y secundario; a lo que el secretario subrayó
que son 444 acciones de cobro y que algunos están en proceso, por lo que
dependerá de las medidas de la defensa. Agregó que la cartera de créditos
fiscales es de 10 mil 142 mdp. La diputada María Josefina Gamboa Torales, del PAN,
preguntó la opinión de las calificadoras hacia el Gobierno de Veracruz; a lo
que el funcionario detalló que el trabajo implementado en 2017 sirvió para
revertir la negativa que tenían las calificadoras hacia el Gobierno y destacó
que Standard & Poor´s refirió que
el desempeño presupuestal de la entidad mejora, lo que se traduciría en la
reducción de deuda y controles de gasto y ahorro del servicio de deuda. Wenceslao González Martínez, diputado
del Grupo Legislativo de Morena, comentó que según datos del Informe de
Gobierno la Secretaría tuvo un ingreso en 2018 de 126 mil 875 mdp y un gasto de
131 mil 948 mdp, en tal razón preguntó las razones de dicho déficit. Moreno
Chazzarini dijo que el informe de Gobierno contiene
información hasta el mes de septiembre correspondiente al tercer corte
trimestral. Explicó que los egresos son seguros porque se pueden controlar,
totalmente opuesto a los ingresos. Subrayó que la nómina de la SEP se
genera con recursos estatales y federales y desde el año 2015 de manera
económica se solicita el recurso a la Federación y por eso existe el déficit. Por último, la
legisladora Deisy Juan Antonio, del partido Morena, preguntó si la información
que está en el portal de la dependencia
correspondiente a las adjudicaciones directas son correctos, en ese
sentido refirió si el gasto realizado por 107 millones con la empresa S.I.R.E. Sistemas Integrales de
Recursos Empresariales S.A. de C.V., fue honesto, transparente y eficaz. El funcionario dijo que el Gobierno
del Estado ya tenía relación con la empresa y cuando asumió el cargo ya existía
un avance de la información que estaba manejando. Abundó que la Ley acredita
que se realicen adjudicaciones directas y que el contrato cumple con todos los
criterios. De igual forma que el Sistema era una prioridad ya que antes se
hacía un vaciado de información en Excel y ahora es una plataforma que contiene
datos de todas las dependencias. A
las 13:44 horas la diputada Rosalinda Galindo Silva agradeció la participación
del secretario y concluyó la comparecencia.

Para atender en Veracruz la puesta en marcha del
programa de emisión electrónica de título y cédula profesional, el diputado del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso de
Veracruz, Bingen Rementería Molina, presentó un anteproyecto de punto de
acuerdo por el que se exhorta al Gobernador electo a implementar un programa
que cumpla con los objetivos de modernización establecidos por la federación. En la quinta sesión ordinaria, el legislador recordó
que el programa federal está a cargo de la Dirección General de Profesiones de
la Secretaría de Educación Pública (SEP), y es necesario registrar los títulos
de todas las instituciones educativas para poder emitir las cédulas
profesionales electrónicas. Destacó que la implementación de un programa que
garantice la incorporación de todas las
instituciones de educación superior en el estado, en el programa
mencionado, a través de la asesoría y seguimiento puntual. El objetivo es que los estudiantes de Veracruz puedan
realizar sus trámites de título y cédula en el menor tiempo posible y con la mayor
accesibilidad posible, evitando los procesos burocráticos que duraban meses y
representaban importantes gastos económicos y de tiempo para los egresados. El diputado resaltó la importancia de atender la
actualización de formatos para realizar trámites educativos, como respuesta a
las necesidades de los estudiantes veracruzanos.

Finalmente, Bingen Rementería hizo un llamado para
recordar que los legisladores tienen la responsabilidad de fungir como
facilitadores de la educación, buscando en todo momento el acceso adecuado a
ella, y que sea de calidad y de vanguardia.

• Morena pretendía crear otra forma protectora, llamada “inmunidad constitucional”
• Solo es un engaño a 30 millones de mexicanos que votaron en por quitar privilegios

El Gobernador Electo, Cuitláhuac
García Jiménez, visitó el Palacio Legislativo para entregar la solicitud para
tomar el poder desde el primer minuto del 1 de diciembre como Gobernador
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El Diputado Presidente del Congreso, José Manuel
Pozos Castro, reiteró el compromiso de la LXV Legislatura para que el evento
sea un éxito y pueda ser visto por los veracruzanos a través de las distintas
plataformas digitales de la legislatura.

De esta manera se evitará una omisión legislativa.

Las diputadas y diputados del Grupo Legislativo de
MORENA en el Congreso de Veracruz, presentaron ante el Pleno la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley número 7
Reglamentaria del artículo 84 de la Constitución Política del Estado, en
materia de reformas constitucionales parciales, con el propósito de adecuar a
la realidad, la normatividad vigente y así evitar recurrir en alguna omisión
legislativa. En la iniciativa se plantea reformar el artículo 30,
de la citada ley, para disminuir de 60 a 30 los días naturales que tendrán los
Ayuntamientos, contados a partir del siguiente al de la recepción del proyecto,
para comunicar su acuerdo al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente,
emitido en sesión extraordinaria de Cabildo, en la que se discuta y apruebe o
rechace la reforma constitucional.

De igual forma se establecería en la ley que si el
Dictamen es aprobado por las dos terceras partes de los miembros del Congreso,
el Presidente ordenará turnarlo a los Ayuntamientos por conducto de la
Secretaría General. En el mismo sentido se propone la derogación de los
artículos 9, 10 y 11 relativo al título “Del Dictamen con proyecto de Decreto
en el Segundo Período”. También sería derogado el artículo 30 relativo a que
si una Legislatura, dentro del procedimiento ordinario, aprueba un proyecto de
decreto de reforma constitucional en el segundo periodo de sesiones ordinarias
del último año de su ejercicio, a la nueva Legislatura le corresponderá, en su
primer periodo de sesiones ordinarias, discutir y en su caso aprobar la reforma
constitucional en su segunda etapa. En el documento se ejemplifica la aprobación y
publicación, en la Gaceta Oficial del Estado, del Decreto 761 por el se quedó
reformado el artículo 84, en su párrafo primero y segundo de la Constitución.
En este instrumento se estableció la obligatoriedad de la presente Legislatura
de realizar las adecuaciones necesarias y toda vez que dicho plazo fenece el
próximo 8 de diciembre y a fin de evitar una omisión legislativa es que se
plantea esta modificación, manifestó el diputado,

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen
correspondiente.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares, coordinador
de la fracción legislativa “Del Lado Correcto de la Historia”, sometió a la consideración
de esta Soberanía un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a retirar la caseta de Peaje denominada
Puente Coatzacoalcos 1 ubicado en el kilómetro 2+100 de la carretera federal
número 180, Matamoros-Puerto Juárez en el municipio de Coatzacoalcos. Lo anterior, señaló, en razón de que miles de
usuarios que circulan todos los días, por motivos laborales principalmente, por
la caseta que une las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán con los complejos
petroquímicos de PEMEX, se ven afectados en su economía, por lo que el Ejecutivo,
subrayó, debe establecer los mecanismos de apoyo a los vecinos de esa región
del sur para que tengan acceso gratuito a la misma. Agregó que este exhorto se suma a los reiterados reclamos
de los ciudadanos y de algunos servidores públicos que piden se cancele el “cobro
excesivo de la caseta de Peaje denominada Puente Coatzacoalcos 1”, que representa
un alto costo económico para los habitantes de la zona sur del estado que por
ella transitan; cobro que se ha convertido en un negocio entre particulares, ya
que la concesionaria no ha cumplido debidamente con los acuerdos del
fideicomiso creado para la administración de los recursos. Recordó-durante su participación en tribuna- que
desde 2006, el Gobierno del Estado administra la caseta de Peaje Puente
Coatzacoalcos I, año en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se lo
diera en comodato para que los recursos del peaje fueran destinados a un
fideicomiso donde el 70 por ciento de los ingresos brutos que se generarán por
la operación y explotación del Puente sobre el río Coatzacoalcos y accesos,
fueron destinados al desarrollo del Proyecto del Túnel Sumergido; obra que ya
fue concluida y se encuentra en operación; cuya inversión ascendió a 5 mil 398
millones 400 mil pesos, con un sobre incremento de 256 por ciento. Finalmente, Guízar Valladares, reiteró que el
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, revise a la brevedad la situación particular
del cobro de la caseta de peaje puente Coatzacoalcos 1 y sea cancelado dicho
pago.

El Anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política y a este se sumaron las fracciones legislativas del
Partido Acción Nacional, Morena y la diputada del Verde Ecologista, Andrea de
Guadalupe Yunes Yunes.

Compareció, ante la Comisión de Gobernación de la
LXV Legislatura, que conforman la diputada Adriana Paola Linares, presidenta;
el diputado Raymundo Andrade Rivera, secretario; y la legisladora María
Josefina Gamboa Torales, vocal; el titular de la Coordinación General de
Comunicación Social (CGCS) del Estado, Elías Assad Danini, como parte de la
Glosa del Segundo Informe de Gobierno y para ampliar la información sobre el
mismo, respondiendo a los cuestionamientos de los legisladores. Entre los temas abordados, y de donde partieron
algunas de las preguntas de los legisladores, se relacionaron con el gasto
realizado por el despacho a cargo de Assad Danini, en materia de publicidad,
redes sociales; convenios de comunicación, alertas de Violencia de Género y la
atención a los requerimientos de transparencia por parte del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), entre otros. Andrade Rivera señaló que el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (ORFIS), detectó diversas irregularidades en los pagos a la
red social Facebook; a lo que preguntó al Coordinador por qué dichos pagos fueron
bajo una modalidad distinta a lo que marca la normatividad. De igual forma
cuestionó en relación a que el analista jurídico y el encargado de la unidad de
transparencia no han entregado la información sobre los montos de publicidad. Al respecto Elías Assad respondió “Facebook sólo
acepta pagos con tarjeta de crédito o débito, por lo que la CGCS no es factible
de ser tarjetahabiente, por lo que se optó por hacerlo de manera distinta, pero
con apego a derecho y que la observación ya fue solventada ante el ORFIS”.
Añadió que el encargado de la Unidad de Transparencia nunca negó la
información, sino que en ese momento fue inviable otorgarla al IVAI toda vez que existe una investigación
por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). Por parte del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), en voz de la diputada María Graciela Hernández Íñiguez,
preguntó cuál ha sido el gasto ejercido en redes sociales por concepto de
publicidad, los alcances y de qué manera fue beneficiada la población; a lo que
el Coordinador subrayó que el gasto en
Facebook fue de 3 millones 100 mil pesos y que se implementaron 555 campañas
informativas, no solo del gobernador, sino de todo el aparato estatal. La diputada del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, Florencia Martínez Rivera cuestionó en relación a por
qué no hubo convenios con medios de comunicación locales, cuántos medios fueron
contratados para promover la imagen del gobernador, de cuánto fue el
Presupuesto de la Coordinación a su cargo y si fueron beneficiadas algunas
empresas por concepto de publicidad. Elías Assad informó que no hubo convenios ni
contratos para promover la imagen del Gobernador, “fue una mala práctica del
pasado”. Refirió que el Presupuesto de la CGCS para este año fue de 69 millones
de pesos (MDP). Durante
la segunda ronda, la diputada Margarita Corro Mendoza, integrante del Grupo
Legislativo de Morena, cuestionó sobre cuántos promocionales o videos se
hicieron del Gobernador como sujeto principal de ellos y cuántos de los Secretarios
de despacho, quiénes fueron los benefactores, cuáles fueron los montos
ejercidos, cuánto dinero se invirtió para destacar la imagen del Ejecutivo y
por qué no se invirtió el recurso para dar a conocer la Alerta de Violencia de Género
(AVG) en la entidad. El
funcionario dijo que se hicieron los videos necesarios y que para cada dependencia
se diseñó el material requerido. Agregó que “no hubo convenios para promocionar
al Gobernador y que se difundieron 21 campañas, que engloban a todas las dependencias”.
Entre las actividades, destacó, las campañas sobre el reordenamiento vehicular,
prevención del robo de vehículos, incendios forestales, Semana Santa, regiones
turísticas, y Cumbre Tajín, entre otras. Sobre
el tema de la AVG, expuso que se realizaron 176 producciones audiovisuales y
gráficas, 34 enfocadas a medidas de seguridad, 48 preventivas y 94 para inhibir
la violencia contra las mujeres. Por
parte del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada
María Josefina Gamboa Torales preguntó con cuántos medios de comunicación, y el
monto, que sostenía convenios el anterior Gobierno y si tiene conocimiento de
las denuncias que tienen que ver con la Coordinación a su cargo. Assad
Danini respondió que presentó dos
denuncias y por cuestión de secrecía de la investigación no ofrece detalles. Respecto
a los montos y convenios indicó que lo hará llegar por escrito, dentro de las
48 horas que marca la normatividad. La
diputada Monserrat Ortega Ruíz, del PAN, requirió detalles de en qué consistió
la agenda única institucional de la CGCS. El funcionario respondió que la
agenda única permitió lograr un ahorro en cuanto al gasto de la Coordinación y
al gasto corriente de las dependencias, puesto que en administraciones
anteriores los secretarios de despacho difundían la información que les
convenía según sus acuerdos políticos, con esta agenda se estableció un orden
dentro del Gobierno del Estado. El
diputado de Morena, Henri Christophe Gómez Sánchez, inquirió al funcionario
sobre el número de personas que están comisionadas y que al momento se están
reincorporando a la CGCS, así como el total de basificados que dejaría la
Coordinación. En
ese sentido, el servidor público señaló que 17 trabajadores fueron comisionados
a la Secretaría de Protección Civil para apoyar en las tareas propias de su
encargo, resultado de los diversos eventos climatológicos y negó que vayan a
dejar personal basificado.

A
las 18:40 horas, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi dio por concluida la comparecencia. Previamente recordó al
Coordinador Elías Assad que de conformidad con la ley y al comprometerse a
entregar información por escrito, deberá hacerlo en un plazo no mayor a las
48:00 horas.

Los legisladores de Morena en la actual Legislatura
local, seremos sensibles y solidarios con los presidentes municipales ante las
diversas problemáticas que afrontan en sus demarcaciones, por lo cual se
mantendrá diálogo abierto y con disposición para atender sus temáticas, aseguró
el Presidente del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro. El legislador de Morena, recibió en una
primera reunión en su oficina a presidentas y presidentes municipales de la
zona sur del estado, quienes expresaron problemáticas que afectan la
estabilidad financiera y operativa de los Ayuntamientos como laudos laborales,
adeudos y de infraestructura. A propuesta del Diputado Presidente Pozos
Castro, la reunión de trabajo se trasladó a la Coordinación del Grupo
Legislativo de Morena, donde se sumó el diputado, Juan Javier Gómez Cazarín,
presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso, a fin
de atender conjuntamente los planteamientos de los ediles. Los representantes municipales presentaron
algunas propuestas para que a través de los diputados de Morena puedan
incluirse en el presupuesto del estado de Veracruz que la Legislatura local
aprobará para el 2019.Los presidentes municipales presentes en la
reunión fueron: José Antonio Carmona Trolle, de Chinameca; Teresa Guillén
Trinidad, de Jesús Carranza; Rolando Sinforoso Rosas, de Soconusco; Deysi
Sagrero Juárez, de Soteapan; Saúl Reyes Rodríguez, de Texistepec; Esteban
Campechano Rincón, de Uxpanapa, y Bulfre Alfonso Bautista, de Mecayapan; se
dijeron agradecidos por la atención brindada por los diputados José Manuel
Pozos y Juan Javier Gómez Cazarín, con quienes volverán a reunirse la semana
entrante para darle seguimiento a sus planteamientos.

La integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, diputada María Josefina Gamboa
Torales se sumó al reclamo de los colectivos de búsqueda de personas
desaparecidas, por considerar insensible y violatoria de los derechos humanos
la resolución, emitida el pasado 26 de noviembre por el Poder Judicial de la
Federación, en materia de desaparición forzada, donde considera no grave dicho
delito. Durante la quinta sesión ordinaria, la legisladora
hizo uso de la tribuna para dar voz a los colectivos de Familias de Desaparecidos
Orizaba – Córdoba y Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz, quienes
emitieron un pronunciamiento escrito para rechazar enérgicamente la resolución
otorgada por el Juez décimo quinto de distrito de Xalapa- Veracruz y los
magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del primer
circuito. En el escrito, los familiares de personas de desaparecidas,
recuerdan que en México hay más de 37 mil personas desaparecidas, con una
cantidad importante de servidores públicos involucrados en su desaparición, y
que, con la resolución emitida, buscan proteger al ex Fiscal General del
Estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Por lo que resulta insultante para todos los
mexicanos, que la justicia federal minimice el problema, generando retroceso en
la sensibilización y reconocimiento de la problemática. Violentando además
tratados internacionales en la materia. La legisladora reiteró su respaldo en la exigencia
de reconocimiento de la problemática y la urgencia de garantizar los derechos a
la verdad, la justicia y la reparación.

El Diputado Presidente del Congreso del Estado, José
Manuel Pozos Castro sostuvo una reunión de trabajo con líderes religiosos de la
entidad veracruzana, donde señaló que es necesario crear un mecanismo en el que
exista una relación permanente para interactuar con los representantes de las
diversas asociaciones religiosas evangélicas. Dijo tener claro el papel que desempeñan cada uno de
los líderes religiosos con sus congregaciones; en este mismo sentido, pueden
participar en iniciativas de reformas constitucionales a favor de los
ciudadanos, logrando así construir mejores niveles de vida para los
veracruzanos. Asimismo, los invitó a la toma de protesta del
gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez, este 1 de diciembre del año en
curso, en punto de las cero horas con un minuto, tras reiterar que el tema de
la austeridad va muy en serio, así como el combate a la corrupción, siendo un
factor que ha lacerado a Veracruz. Durante la reunión, estuvieron diversos líderes
religiosos, Vicente Castillo Jiménez, Rafael Ramos Sánchez, José Héctor
Bautista Nájera, Mario Orduña Hernández, Felipe Peña Molina, A.R., Nicasio
Hernández Malpica, Jorge Alberto Jiménez Jiménez, David Meneses González,
Roberto Gámez Plana, Jesús Mejía Oliver, Joel Herrera Ayala, Daniel de Jesús
Ruíz, y el Diacono, Jaime Fabricio Prada Rojas.

El diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la
Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, presentó ante el
Pleno un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) a realizar una revisión exhaustiva
de los procesos de adquisición e instalación de las seis mil 476 cámaras que
integran el Sistema Estatal de video vigilancia, anunciado por el Ejecutivo del
Estado en octubre del 2017. Este anteproyecto incluye que el ORFIS remita a este
Poder Legislativo un informe detallado
con los hallazgos respectivos, sin menoscabo de ejercer sus facultades legales
de denuncia ante las instancias correspondientes, en caso de encontrar
elementos para ello. En su intervención en tribuna, el diputado recordó
que de acuerdo a lo informado por el Gobernador las cámaras serían instaladas
en lugares estratégicos de seis regiones del estado: Pánuco con 404 cámaras;
Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y
Coatzacoalcos, mil 084; en una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros
cuadrados de territorio, con una inversión superior a los 700 millones de
pesos. Ha pasado más de un año de este anunció y a la fecha
no se visto avance alguno en relación a la operación de este sistema de video
vigilancia, “esto a pesar de que en el anuncio original se estableció al mes de
enero de este año como la fecha de arranque para el funcionamiento de este
sistema”, abundó. Domínguez Vázquez indicó que en ese entonces el
Gobernador declaró que sería el 15 de septiembre con motivo del aniversario de
la Independencia Nacional sin resultados y por tercera ocasión se aplazó el
pasado 10 de Octubre. “Son ya 10 meses de demora sin explicación alguna, lo que
ya habla de una ineficiencia en la aplicación de los recursos públicos en
programas para mejorar la seguridad pública”. El diputado del Distrito de Papantla manifestó que
en este periodo la situación en materia de seguridad se ha deteriorado
visiblemente, registrándose diariamente
una gran cantidad de delitos de alto impacto, además de que también han salido a la luz irregularidades
que empañan los programas del actual Gobierno para asegurar la tranquilidad de
los veracruzanos.

Aunado a todo lo anterior –aseguró- la adquisición
de las cámaras de video vigilancia fueron adquiridas con una empresa que tiene
un expediente de inhabilitación abierto y sancionada por la Secretaría de la
Función Pública en el 2014.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su estudio y dictamen correspondiente.

El
Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, a través de la diputada
Elizabeth Cervantes de la Cruz, presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo
mediante el cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para
que en términos del artículo 113 del Reglamento Interno del Poder Legislativo,
se integre la Comisión Especial para el seguimiento a la problemática de la
desaparición de personas en la entidad. Al hacer uso de la tribuna, Cervantes de la Cruz expuso que las y los familiares de personas de
desaparecidos merecen ser escuchados y que sus voces impacten, “merecen lo que
tanto han exigido, eficiencia y sensibilidad de todas y cada una de las
autoridades estatales”, abundó. Señaló que la desaparición de personas es un crimen
complejo que afecta el entorno social en dimensiones múltiples, psíquicas,
emocionales, materiales y también de manera diferenciada a las y los miembros
de las familias, siendo las mujeres, las niñas y los niños quienes se ven
particularmente afectados. Recordó que la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, fue creada para atender y dar soluciones
reales a las consecuencias de la desaparición de personas en el Estado. Señaló que la Comisión Especial tendría la
atribución de llevar a cabo el proceso de selección para el nombramiento de los
integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, dar seguimiento a la Recomendación
General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, proponer una agenda
legislativa en materia de desaparición de personas, centrada en los ejes
prioritarios que han sido identificados por los familiares de las víctimas de
desaparición, entre otras. El
anteproyecto fue turnado a la JUCOPO para su análisis.

Compareció, ante la Comisión de Gobernación, de la
LXV Legislatura, que integran la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi,
presidenta; el diputado Raymundo Andrade Rivera, secretario; y la diputada
María Josefina Gamboa Torales, vocal; el titular de la Secretaría de Gobierno
(Segob), Rogelio Franco Castán, como parte de la Glosa del Segundo Informe de
las actividades del Poder Ejecutivo. Durante su intervención, Franco Castán, hizo un
recuento de las actividades relacionadas con su encargo y con su
responsabilidad de coordinar la política interna de la entidad; sobre lo cual
los legisladores de las diferentes expresiones políticas representadas en el
Congreso de Veracruz, realizaron sus cuestionamientos o solicitaron se ampliara
la información presentada. Así, en la primera ronda, el diputado del Grupo
Legislativo de Morena, Raymundo Andrade Rivera, preguntó sobre la emisión de
título universitario del Secretario, el que –consideró- se emitió con una
celeridad “nunca antes vista”; por lo que preguntó la opinión del funcionario
estatal; así como por la labor de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención
Integral de Víctimas, -derivada de la Ley de Víctimas del Estado- el padrón de
este, el reglamento y cuándo fue aprobado. El secretario negó que haya sido una titulación “Fas
track”, sino que le llevó 20 años hacerlo. Señaló que la Comisión Ejecutiva,
antes citada, no depende de la Secretaría de Gobierno, sino que es un órgano
autónomo. Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz del diputado Rodrigo García Escalante, preguntó en relación a las
notarías públicas, cuántas hay, a quiénes les dieron las vacantes y si hubo
supresión de algunas; a lo que Franco Castán refirió que actualmente hay 37
notarías más por demarcación. Agregó que esta administración no entregará ni
una sola notaría más y que al contrario, fueron suprimidas nueve notarias que
estaban vacantes. La diputada del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, Florencia Martínez Rivera, preguntó sobre cuántos
matrimonios, entre personas del mismo sexo, se han llevado a cabo en la entidad
y sobre el estado de las 64 recomendaciones que –a su consideración- emitió la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Al respecto, el secretario contestó que en Veracruz
la legislación no permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero que
el Registro Civil, al ser una autoridad administrativa que se apega a derecho y
de conformidad con los resolutivos de la autoridad judicial, principalmente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizó seis matrimonios
igualitarios en 2017 y doce en 2018. Enfatizó que no fueron 64, sino únicamente tres, las
recomendaciones de la CNDH y que tienen relación con un grupo de pescadores que
reclaman a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un daño ambiental; la
otra de violencia obstétrica y la tercera, la agresión a jubilados y
pensionados en la Plaza Lerdo. Todas fueron aceptadas y se les dio el trámite
respectivo, abundó. Por el Grupo Legislativo Mixto Movimiento
Ciudadano-PRD, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete cuestionó qué
medidas de seguridad proporcionó el Estado a las caravanas de migrantes; a lo
que el secretario contestó que han sido tres y que la ayuda humanitaria
consistió en servicios médicos, de alimentación, hidratación y seguridad.

Agregó que desde que arribaron por la comunidad de
Medias Aguas, Estado de Veracruz, siempre se mantuvo cercanía con ellos, en
plena colaboración con instancias federales y de la mano con organizaciones de
la sociedad civil. Durante
la segunda ronda de preguntas y respuestas, la diputada Mónica Robles Barajas,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, recordó que Veracruz tiene una
declaratoria de Alerta de Violencia de Género, según la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), en ese sentido,
preguntó cómo dan acompañamiento en casos de feminicidio, desaparición forzada,
cuáles han sido los avances y bajo qué concepto. Franco
Castán dijo que el Gobierno del Estado ha trabajado de la mano con el Instituto
Veracruzano de la Mujer (IVM), en apego a la Ley de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. Comentó que actualmente existe un refugio para la atención
a mujeres víctimas. Entre
otros temas, señaló que la Secretaría que preside trabaja de manera conjunta
con los tres poderes de Gobierno, Ayuntamientos y la Fiscalía General del
Estado, que de manera conjunta han dado cumplimiento a la declaratoria que
tiene el Estado. Expresó que la CONAVIM ya envío un informe que reconoce el
esfuerzo realizado. El
legislador Augusto Nahúm Álvarez Pellico, del Grupo Legislativo de Morena,
habló de un reciente suceso en el Municipio de Orizaba, en el cual existieron
daños de violencia de género y agresiones, en ese sentido cuestionó si por
tratarse de un servidor público que trabaja en el Ayuntamiento no ha existido
avance en el caso. El
Secretario dijo que este Gobierno no solapa ningún delito, por lo que le
ofreció agendar una cita con el Fiscal General del Estado y pueda acceder a la
carpeta de investigación y por cuestiones de secrecía no habló más del
tema.

Judith
Pineda Andrade, diputada del Grupo Legislativo del PAN, preguntó por qué no se
realizan Minutas para dar seguimiento a los trabajos realizados en su
Secretaría con las organizaciones que trabajan. El
funcionario público indicó que el gobierno actual fue de puertas abiertas y de
diálogo permanente, con todos los sectores sociales y económicos, uno de los
motivos por los que no firman Minutas, es porque los acuerdos a los que llegan
se cumplen a fin de evitar conflictos en la entidad. Destacó que no dieron
dinero a ninguna asociación y sólo otorgaron atención a las problemáticas
reales que se han generado. La
diputada de la bancada del PAN, María Josefina Gamboa Torales preguntó sobre
los apoyos discrecionales que eran otorgados, en la anterior administración
estatal, para financiar a grupos de manifestantes, así como la respectiva
investigación a servidores públicos por esta irregularidad. A lo que Franco
Castán contestó que a su llegada, a la dependencia, encontró una cuenta a
nombre de la Secretaría que no estaba registrada en la información financiera y
tampoco estaba en la carpeta de entrega-recepción. Misma que erogó en el
ejercicio 2015-2016 la cantidad de 237 millones de pesos (mdp). Agregó
que derivado de esta acción se presentaron las denuncias respectivas, ante la
Fiscalía General del Estado (FGE), contra los ex funcionarios, por el presunto
uso indebido de los recursos. De igual forma se comprometió a entregar, a la
legisladora, la información por escrito. A
la segunda intervención de la diputada de la bancada MC-PRD, Brianda Kristel
Hernández Topete, respecto a si existe suficiencia de formatos de actas de
nacimiento en el Registro Civil y si están garantizadas para los 212
ayuntamientos; a lo que el secretario respondió que actualmente solo el
Gobierno Federal es quien distribuye este tipo de formatos y esta acción se
realiza, conforme al consumo. Aunque –agregó- hay abasto suficiente, lo que permitirá
cubrir la demanda hasta los primeros días de enero de 2019. La
diputada del Grupo Legislativo del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, preguntó
en qué consiste el apoyo brindado a albergues, como parte del Programa de
Atención a Migrantes y qué ha hecho la Segob para garantizar el respeto de los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. El
secretario enlistó los albergues, ubicados en las ciudades de Tierra Blanca,
Oluta, Coatzacoalcos, Amatlán de los Reyes, Veracruz, Acayucan y Xalapa, a los
que se les ha apoyado –de conformidad con las reglas de operación del Programa
de Apoyo a Migrantes- con víveres, artículos de aseo y limpieza, así como
efectivo. También, informó, que fue instalado en 174 municipios de la entidad
la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Veracruz (SIPINNA) que promueve el respeto a los
derechos humanos de este sector de la población. Por
último, el diputado Eric Domínguez Vázquez, del Grupo Legislativo de Morena,
preguntó de qué se trata el programa estatal de bacheo de la Junta de Mejoras. Franco
Castán dijo que el programa de Junta de Mejoras es un grupo de ciudadanos,
conformado por actores sociales, sin goce de sueldo y que se organizan haciendo colectas, bailes y
actividades que generen recursos para la mejora de su Municipio o localidad. Comentó
que existen mil 800 Juntas en la entidad, con las que han trabajado de manera coordinada
y que, dentro de las actividades, buscan preservar las
tradiciones de cada Municipio. A
las 20:00 horas, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi agradeció al
secretario y concluyó la comparecencia.

En su calidad de presidente de la Comisión de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal del Congreso de Veracruz, el diputado
Raymundo Andrade Rivera, atendió a integrantes de organizaciones cafetales de
la entidad, quienes solicitaron a las y los diputados entablar una mesa de
diálogo a fin de revisar minuciosamente la Ley para el Fomento, Desarrollo
Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano,
con el propósito que responda a las necesidades reales de los productores.

Con la participación de las diputadas Margarita
Corro Mendoza y Elizabeth Cervantes de la Cruz, secretaria y vocal,
respectivamente, de la citada instancia legislativa, se dio apertura a quienes
se dedican a esta actividad comercial, mismos que coincidieron en que la ley
debe ser modificada para crear un marco normativo equilibrado que sirva para
los pequeños, medianos y grandes productores de café.

El diputado y las diputadas, emanadas del Grupo
Legislativo de Morena, refrendaron su compromiso de trabajar en alianza con los
cafeticultores por el bien del campo veracruzano y en beneficio de la economía
de las familias que viven de este ramo.

Con la finalidad de dar a conocer el estado que
guardan los asuntos a su cargo, el Contralor General, Ramón Tomás Alfonso
Figuerola Piñera, compareció ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado,
integrada por las diputadas Rosalinda Galindo Silva, presidenta y Brianda Kristel
Hernández Topete, secretaria y por el legislador Eric Domínguez Vázquez, vocal,
como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. El Contralor General del Estado, dio a conocer las
acciones que la dependencia a su cargo
ha venido realizado en materia de transparencia, rendición de cuentas, control
del gasto, seguimiento a auditorías y demás procedimientos de su competencia, y
sobre los que posteriormente los diputados de la LXV Legislatura presentes en
la comparecencia formularían sus cuestionamientos. Del Grupo Legislativo de Morena, el diputado
Raymundo Andrade Rivera preguntó la opinión del Contralor en relación a si
Grúas Utrera atendió la indicación del Ejecutivo para acabar con la corrupción;
a lo que el funcionario ofreció detalles sobre el reordenamiento vehicular en el
que –destacó- algunas unidades quedaron fuera. Respecto a las grúas señaló que
corresponde a la Dirección General de Transporte, dependiente de la Secretaría
de Seguridad Pública. En una segunda intervención, el legislador Andrade
Rivera preguntó cuántas auditorías fueron realizadas al programa de
Reordenamiento Vehicular, a lo que el Contralor subrayó que hubo acompañamiento
en la revisión de los expedientes del citado programa, pero sin que implicara
una auditoría. Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz de la diputada María Josefina Gamboa Torales, habló sobre los recursos desviados en administraciones
anteriores y ante lo cual preguntó cuántas denuncias han sido presentadas en
total y a cuánto asciende el monto del presunto desvío, así como si sólo son de
entes estatales o también participa la Auditoría Superior de la Federación
(ASF). El contralor contestó que son 198 denuncias penales
por un monto de más de 100 millones de pesos (MDP). Agregó que la ASF presentó
72 denuncias por un monto de 26 mil MDP y el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado (ORFIS), ha hecho lo propio con 86 denuncias por el orden de los 28
mil MDP. El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia” diputado Gonzalo Guízar Valladares preguntó respecto a
la relación de la Contraloría con despachos externos, el proceso de
solventación para la recuperación de recursos, el trabajo de la ASF, los
pasivos reconocidos de la administración pública y si hay procedimientos
administrativos abiertos en contra de burócratas.

El Contralor señaló que hay relación cordial con los
despachos e informó que hay 73 registrados, de los cuales a 63 se les dio
trabajo y que a su vez, de estos, más del 90 por ciento son de Veracruz y la
mayoría de la ciudad de Xalapa. Entre ellos el Colegio de Contadores. Sobre los
pasivos, informó que, en un trabajo coordinador con la Secretaría de Finanzas y
Planeación, están reconocidos 426 MPD, pero que corresponden a ejercicios
anteriores. Durante la segunda ronda, la diputada
Adriana Esther Martínez Sánchez, integrante de la bancada de Morena, preguntó
cuál es el monto total del adeudo que dejó la administración que comprendió el
periodo 2010-2016, cuáles y cuántos proveedores y contratistas se validaron con
reconocimiento de pago y bajo qué criterio. Figuerola Piñera, indicó que los
criterios para validar al proveedor fueron que la persona reclamaba su deuda y
presentaba evidencias que demostraran el adeudo, dicha información se verificaba
con la dependencia que lo había solicitado, dijo que en el Registro de
Plataforma tienen un padrón de cuatro mil 560 proveedores. Al momento –añadió- existe un monto
validado de dos mil 600 millones que deberán pagarse a mil 405 contratistas y
proveedores, señaló que en cuanto la investigación concluya será la Secretaría
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la que realice el pago. En una segunda intervención de la
legisladora, en relación a si existe alguna investigación en contra del ex
Gobernador de Veracruz, el contralor dijo que a la fecha no existe ninguna
fincada a Javier Duarte de Ochoa. Deisy Juan Antonio, integrante del
Grupo Legislativo de Morena, expuso que existen vehículos pertenecientes a la
Contraloría que están abandonados en una bodega de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, por tal motivo cuestionó
cuántas unidades vehiculares integran el parque vehicular de la Contraloría, si
tienen seguro, cuál es la marca y modelo, por qué no se ocuparon en dos años y
para finalizar por qué no se prestaron en Comodato o se subastaron. El servidor público señaló que el
parque vehicular es de 59 vehículos, todos ellos asegurados bajo la compra
consolidada con la SEFIPLAN, dijo que los que están abandonados así los dejó la
administración pasada y debido a las malas condiciones era más costosa la
reparación y rehabilitación que la adquisición de nuevas unidades. Refirió que no se pueden prestar en
comodato puesto que fueron adquiridas con dinero federal, indicó que
actualmente ocho unidades están en proceso de desincorporación y están a la
espera de que pasen a subasta. Por el Grupo Legislativo del PAN, el
diputado Omar Guillermo Miranda Romero, requirió información sobre cómo
ayudaron a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), si han servido
los talleres que imparten y -según su criterio- cuál es el área que debe
reforzarse. Figuerola Piñera, dijo que el SEA
tiene muchas aristas y que la impunidad es uno de los principales problemas que
enfrenta, puesto que la gente ya no confía y es urgente atacarlo desde diversos
frentes, dentro de los que destacan la simplificación y sistematización de
algunos trámites. Así como la mejora de procesos para
que sean más eficientes, además de implementar puntos de control en lugares
precisos para evitar actos de corrupción, dijo que la Contraloría coadyuvó en
la parte normativa cuando se realizó la propuesta de Ley del SEA, a fin de
evitar riesgos para que se cometan irregularidades. La
diputada de Morena, Rosalinda Galindo Silva, preguntó sobre las auditorías
realizadas por la Contraloría, el monto de los recursos pagados para la
contratación de los despachos externos, los hallazgos u observaciones y, en
caso de haber, cuántas denuncias fueron presentadas. El Contralor expuso que fueron
118 auditorías, 99 con despachos y el resto aplicados por la propia
Contraloría. De
igual forma expuso que le hará llegar a la diputada, en términos de ley, el
monto erogado por estas auditorías. A una segunda intervención de la
legisladora, en relación a la opinión que el Fiscal General del Estado ocupa
una casa, confiscada al ex secretario de Educación Adolfo Mota, el contralor
detalló que desconoce el tema y que si llegara a existir información alguna se
la remitiría para su conocimiento.

En
su intervención, la diputada del partido Morena, Magaly Armenta Oliveros,
preguntó cuáles son las responsabilidades fincadas al ex gobernador Javier
Duarte de Ochoa. La respuesta del contralor fue que, en sus registros, no
tienen, resolución alguna del fincamiento de responsabilidad al ex mandatario.
Agregó que hay varias investigaciones en proceso, mismas que requieren
secrecía, y otras que al causar estado son publicadas. Al
participar en la segunda ronda, la diputada del PAN, María Josefina Gamboa
Torales habló sobre las denuncias por actos de corrupción y preguntó las
acciones implementadas por la Contraloría, a lo que Figuerola Piñera ofreció
detalles sobre las 198 querellas presentadas y los respectivos montos. La
diputada Rosalinda Galindo Silva agradeció al Contralor General y a las 20:14
horas concluyó la comparecencia.

El diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, hizo del
conocimiento de los representantes de los medios de comunicación que el titular
del Ejecutivo envió a este Poder Legislativo el Presupuesto de Egresos 2019,
mismo que habrá de ser turnado a las comisiones respectivas y a los diputados
en general, para su estudio y análisis. Lo anterior, agregó, en cumplimiento de la
normatividad aplicable y dentro de los términos legales establecidos para ello;
y que se realizará una revisión, por parte de los legisladores, cuidadosa de
dicho presupuesto, y en el marco de sus atribuciones legislativas.

Toma
de posesión del nuevo Gobernador del Estado.

Asimismo y durante el mismo evento, señaló que el
próximo Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en un acto republicano, pero con
pleno respeto al Congreso del Estado, habrá de rendir su protesta
constitucional como titular del Poder Ejecutivo en el primer minuto del 1 de
diciembre del presente año, como lo mandata nuestra Carta Magna local. Destacó que por primera vez, en la historia de
Veracruz, un Gobernador va a tomar protesta y va a dar cumplimiento al mandato
constitucional, pues “el Gobernador Cuitláhuac García fue electo para gobernar
a partir de las cero horas del próximo primero de diciembre”, y no como la praxis política lo venía
haciendo y que generaba un injustificable vacío de poder.

De igual forma, expresó su reconocimiento al próximo
gobernador Cuitláhuac García Jiménez por su forma de conducirse hacia este
Poder para acordar la fecha y hora de su toma de protesta constitucional; que,
subrayó habrá de ser la manera en que nos vamos a regir con el próximo
Ejecutivo y él con los otros poderes, “con respeto republicano”.

El Presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, sostuvo una reunión
con integrantes de asociaciones de Colectivos en Búsqueda de Desaparecidos, en
la que, ante la presencia del Gobernador Electo, Cuitláhuac García Jiménez, se
estableció el compromiso de revisar la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz
a fin de adecuarla a la nueva realidad, en relación a la atención a víctimas y
la reparación del daño, entre otras medidas. Con la participación del próximo titular de la
Secretaría de Gobierno, Éric Patrocino Cisneros Burgos y las diputadas Mónica Robles Barajas,
presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales;
Rosalinda Galindo Silva, Elizabeth Cervantes de la Cruz, así como el legislador
Henri Christhophe Gómez Sánchez, se escucharon los planteamientos de los
Colectivos y se refrendó el compromiso, tanto del Poder Legislativo como del
próximo Gobierno estatal, de trabajar institucionalmente para crear una agenda,
que sea revisada periódicamente, con el propósito de ir revisando los avances
y, en caso de haber, modificarse. Ante la presencia del presidente de la Junta de
Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín y de la presidenta de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto Benítez, el
Gobernador Electo señaló que la nueva administración, -que inicia funciones el
primer minuto del 1 de diciembre- ponderará por una política de apertura al
diálogo y a la aportación de ideas de los Colectivos.

Señaló que la citada Ley de Víctimas habrá de
revisarse para que realmente sean reconocidos y garantizados los derechos de
las personas involucradas en relación a la asistencia, atención, reparación
integral y el debido proceso. A esta reunión, celebrada este sábado 24 de
noviembre en las instalaciones del Congreso de Veracruz, asistieron el titular
de la Secretaría General de este Poder, Domingo Bahena Corbalá y la diputada
federal veracruzana, Dorheny García Cayetano.

Numerosos cuestionamientos sobre la inversión educativa, los
programas y la transparencia en la aplicación de los recursos, realizaron las y
los diputados durante la comparecencia.

Ante la Comisión Permanente de Educación y Cultura,
integrada por los diputados León David Jiménez Reyes, presidente; Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, secretario y la diputada Adriana Esther Martínez
Sánchez, vocal, compareció el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV), Enrique Pérez Rodríguez, quien durante su exposición presentó un resumen
de las actividades de la dependencia a su cargo, como parte de la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno. Numerosos cuestionamientos sobre la inversión
educativa, los programas y la transparencia en la aplicación de los recursos,
realizaron diputados durante la comparecencia de Pérez Rodríguez, en la primera
ronda; así como diversos temas en particular, pendientes
de una solución o atención por parte de la SEV. Del Grupo Legislativo de Morena, el diputado León
David Jiménez Reyes lamentó que el mayor porcentaje de presupuesto de la
Secretaría sea enfocado al pago de sueldos y salarios, por lo que preguntó sobre el monto que asignan a la
creación de políticas públicas en beneficio de la educación, cuáles fueron los
programas y recursos asignados a cada uno de ellos, así como qué se ha hecho
para evitar la deserción escolar. El funcionario confirmó que un alto porcentaje del
presupuesto es asignado al capítulo 1000, Sueldos y Salarios, lo que –señaló- dificulta
la operación del resto del sector educativo. Expuso que los programas que
operan son federales y ejemplificó “Escuelas de Tiempo Completo”, con 274
millones de pesos (MDP); “Nivel de Inglés”, 11 MDP; “Reforma Educativa”, 18
MDP; “Telebachillerato Comunitario”, 16 MDP, entre otros. Detalló que el
programa de becas es una acción que implementan para evitar la deserción
escolar, así como la implementación de la Prepa Abierta, a fin que jóvenes que
ya están en el mercado laboral, tengan una opción de culminar sus estudios. El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz de la diputada María Josefina Gamboa Torales, solicitó un balance
del antes y después en la SEV, respecto a la inversión educativa, los programas
y la transparencia en la aplicación de los recursos; a lo que el servidor
público explicó que en 2015 el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
(ORFIS), detectó un presunto daño patrimonial de siete MDP; en 2016 fue
registrado la cantidad de 724 MDP y en 2017 sólo se registraron observaciones
de carácter administrativo. De igual manera habló sobre las inversiones
realizadas por Espacios Educativos y que implementaron los procesos para
poderlas constatar. El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo
Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia” pidió un Informe pormenorizado
de las plazas otorgadas en esta administración, a fin de saber en qué fechas y
bajo qué criterios se hizo. De igual forma, preguntó sobre la inconformidad de
maestros de un Jardín de Niños en el Municipio de Las Choapas, respecto a su
pago; las plazas otorgadas, sin haberse concursado, en la Universidad
Pedagógica Veracruzana (UPV), así como el posible conflicto de intereses entre
el Contralor Interno de la SEV y la coordinadora de Delegaciones, Claudia
López, toda vez que existe una línea de parentesco familiar. El titular de la SEV indicó que todas las plazas
otorgadas han sido de conformidad con la normatividad vigente, de acuerdo a la
ley y que en ningún momento han violentando los derechos de terceros; agregó
que en el área de recursos humanos se han registrado más de 25 mil movimientos
de diversa naturaleza. Del Jardín de Niños en Las Choapas expuso que se trata
de pagos federales, ya que la SEV sólo es procesadora de la nómina y se
comprometió a coadyuvar para solucionar este problema; sobre la UPV refirió que
tienen su procedimiento aparte en colaboración con la organización sindical y
expuso que a él no le corresponde nombrar al Contralor Interno, sino que
corresponde a la Contraloría General del Estado. Por el Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Erika Ayala Ríos, preguntó cuál
es el monto total de adeudo a sindicatos y cuál es el apoyo que se les da a los
docentes ante la inseguridad. El secretario Pérez Rodríguez
respondió que los sindicatos han recibido de manera puntual sus aportaciones y
que el monto es variable según el Sindicato. Dijo que actualmente existen 33
sindicatos. Referente a la inseguridad, expuso que trabajan de manera conjunta
con la Secretaría de Seguridad Pública, presidentes municipales, padres de
familia y sindicatos, para el diseño de estrategias que disminuyan la
inseguridad. Durante la segunda ronda de preguntas
y respuestas, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, integrante del
Grupo Legislativo Mixto MC-PRD cuestionó cuántas escuelas fueron rehabilitadas con
el Programa “Escuelas al Cien” en el Distrito XXIV, con cabecera en Santiago
Tuxtla; cuántos planteles quedaron inconclusos y el motivo. El secretario dijo que para ese
Distrito se aplicaron 85 millones 942 mil, 846 pesos 94 centavos y fueron beneficiados
cuatro mil 486 alumnos. El diputado Amado Jesús Cruz Malpica,
del partido Morena, requirió información sobre cuántos maestros fueron
afectados, tras los descuentos que se realizaron por créditos que no habían
solicitado. El funcionario detalló que ese
problema se enfrentó a nivel nacional y que, a través de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), recibieron asesoría de cómo resolver el problema de
terceros institucionales, que son empresas particulares otorgantes de créditos
y la Secretaría realiza los descuentos sobre la nómina y deposita al proveedor. Reiteró que el asunto lo debe resolver
la Fiscalía General del Estado (FGE), donde los proveedores y los maestros
concilian, con el respaldo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, del
partido Morena, preguntó el estado actual de la construcción del Instituto
Tecnológico de Martínez de la Torre, el resguardo de los bienes muebles e
inmuebles, así como la situación real de la Universidad Popular Autónoma de
Veracruz (UPAV) y la gestión hecha por la SEV a fin de apoyar a coordinadores
regionales de esta institución; a lo que el funcionario indicó que cuando él
llegó a la SEV la obra del tecnológico estaba abandonada y que actualmente
registra un avance del 80 por ciento, además que está contratada la segunda
fase. De igual modo subrayó que a la UPAV se le dio un
nuevo enfoque para reordenarla administrativa y económicamente bajo la guía de
la Secretaría de Educación Pública (SEP). El legislador Raymundo Andrade Rivera, del partido
Morena, cuestionó en relación a la seguridad brindada a los docentes que sufren
alguna amenaza. Al respecto el secretario subrayó que hubo acompañamiento a los
maestros, en colaboración con las organizaciones sindicales, a fin de
resguardar su integridad. De igual manera agregó que realizaron 150 cambios de
adscripción, resultado de este tipo de actos. El
diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, del PAN, preguntó qué acciones se
establecieron para evitar los llamados “aviadores”, personas que cobran sin
asistir a laboral, así como los cambios de adscripción no fueron autorizados,
aún cuando el docente cumplió con el trámite; a lo que el secretario señaló que
con el apoyo de la SEP fue realizada una auditoría que arrojó que 153 personas
estaban bajo la figura de “licencia presidencial”, entendiéndose como aquella
que se otorga por un año con goce del sueldo y atendiendo cuestiones de salud. Agregó
que este ejercicio permitió regularizar la plantilla laboral y saber en qué
centros de trabajo estaban ejerciendo. De igual forma –agregó- que los trámites
de cambio de adscripción se han privilegiado el derecho de los niños a no
quedarse sin maestro. Del Grupo Legislativo de Morena, la
diputada Deisy Juan Antonio, preguntó cuántas bases fueron entregadas en su
administración, cuántos “aviadores” había cuando asumió el cargo y con cuántos
se queda la dependencia. Esta información la pidió por escrito en el tiempo que
establece la ley. El secretario respondió que sí hubo
basificaciones, que en 2016 se asignaron mil 203 plazas y que en el periodo que
comprende de 2017 a 2018 se entregaron cinco mil 896 plazas, todas ellas
determinadas bajo la normatividad vigente. El funcionario se comprometió a
enviar la información detallada dentro de las 48 horas entrantes. Respecto al tema de “aviadores” dijo
que se hicieron adecuaciones con 13 mil empleados para detectar las anomalías
que había en el personal. Rosalinda Galindo Silva, legisladora
de Morena, preguntó si existen denuncias, el estado que guardan y el número de
denuncia contra el ex secretario Adolfo Mota y el oficial mayor Edgar Espinoso,
tras el daño patrimonial por más de 70 millones de pesos. Pérez Rodríguez afirmó que se
revisaron las carpetas de entrega-recepción del año 2016. Expuso que el
problema fue turnado a la Contraloría General del Estado, por lo que desconoce
el número de denuncia, destacó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
es la instancia que la presentó, por supuesto desvío de recursos federales. En una segunda participación, la
legisladora, María Josefina Gamboa Torales del Grupo Legislativo del PAN, pidió
al Secretario de despacho diera datos duros de los logros de este Gobierno, las
escuelas que atendieron, becas y todas las acciones realizadas, el funcionario
público hizo un resumen puntual de la información solicitada. La
diputada Florencia Martínez Rivera, de la bancada “Del Lado Correcto de la
Historia” señaló que si el sistema de Telebachillerato es de las áreas que más
importancia tiene para este Gobierno, por qué son los que cuentan con menos
recursos económicos y, ante lo cual preguntó, qué acciones ha hecho la SEV para
impulsar este sistema educativo. A lo cual el secretario respondió que trabajan
para regularizar jurídicamente los terrenos en los que están asentados los
planteles de telebachillerato, toda vez que las reglas de operación federales
así lo piden para brindarles recursos. El
diputado del partido Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, preguntó bajo
qué criterios fueron otorgadas las plazas de los ciudadanos Enrique Pérez, Ana
María Ponce, Santa María Pérez Roberto, Claudia Liliana López Benítez, Sandra
Minerva Ramirez Chaga, Rubén Becerra Pérez, Gerson Martínez Velasco, Argelia
Díaz Ramos, Roberto Guzmán Durán, Silverio Rocha Torres y Aquiles Moreno
Solano, así como a cuánto asciende el total de esas plazas. Al
respecto el funcionario informó que hará llegar, en el término de las 48 horas,
un informe, toda vez que en ese momento no traía los expedientes mencionados. El
diputado Wenceslao González Martínez cuestionó en relación a cuántos maestros –
tras aprobar su examen de promoción- no se les ha otorgado su re
categorización; el cambio de adscripciones y la ausencia a su centro de
trabajo, durante ya varios años, del profesor Ignacio Valentín Flores Aguayo. El
secretario contestó que las re categorizaciones se dan a través de programas
con las organizaciones sindicales, a fin
de saber quiénes serán los que tienen derecho, para lo cual se aplica un examen
de desempeño. Del profesor aludido, señaló que le hará llegar al legislador el
informe respectivo, en el término de las 48 horas. El
diputado León David Jiménez Reyes concluyó, a las 16:20 horas, la
comparecencia.

Este 21 de noviembre, y como parte de la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno, compareció en el Congreso del Estado el titular de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), William
Charbel Kuri Ceja, quien fue cuestionado por las diputadas y diputados sobre el
cumplimiento de los programas de la dependencia a su cargo en favor del campo,
las estrategias para combatir el robo de ganado y los apoyos para los
productores agropecuarios veracruzanos, entre otros temas. A las 17:00 horas, la Comisión Permanente de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, integrada por el diputado Raymundo
Andrade Rivera, presidente, y las diputadas Margarita Corro Mendoza y Elizabeth
Cervantes de la Cruz, secretaria y vocal, respectivamente, dio inicio a la
comparecencia. Tras detallar el programa federal “Sistema Nacional
de Identificación Individual del Ganado” (SINIINA), la diputada Margarita Corro
Mendoza, del Grupo Legislativo de MORENA, preguntó cuántos convenios se han
realizado con organizaciones independientes para que cuenten con aretes de
identificación para su ganado, así como las estrategias para el correcto
funcionamiento de las casetas que buscan inhibir el robo de semovientes en la
entidad. El secretario respondió que la Sedarpa sólo es
gestora en el programa SINIINA y que atienden a todas las organizaciones
ganaderas, incluso las que no están en el citado programa. Agregó que trabajan
con la Fiscalía General del Estado, en relación a la parte jurídica, sobre el
delito de abigeato y con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en materia de
prevención, sobre la base de un protocolo de actuación especial en campo. Añadió que fue creada una cuenta de correo
electrónico para emitir alertas ciudadanas y un grupo de la red social
“Whatsapp” con integrantes de asociaciones ganaderas estar en constante
comunicación. La diputada Judith Pineda Andrade, del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), preguntó sobre los trámites que
tiene la dependencia y el porcentaje de cumplimiento de la Sedarpa en relación
a los objetivos trazados en el Plan Estatal Veracruzano; a lo que el
funcionario respondió que a la fecha se tiene un 90 por ciento de avance de
cumplimiento de los objetivos antes señalados y ejemplificó algunos trámites de
la Dirección de Ganadería, entre otros. Del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la
Historia”, la diputada Florencia Martínez Rivera cuestionó el por qué no fueron
apoyados los productores de coco de la zona rural de Coatzacoalcos que
sufrieron pérdidas a causa de la enfermedad del “amarillamiento” que perjudicó
a las plantas; a lo que el secretario Kuri Ceja indicó que se tuvo un
presupuesto de un millón 265 mil pesos con lo que fueron atendidas 252
hectáreas, entre ellas Coatzacoalcos, pero –sostuvo- fue obvio una falta de
recursos para cumplir al cien por ciento. Por
parte del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD, la diputada Brianda
Kristel Hernández Topete cuestionó al Secretario sobre cómo se apoyó a los
agricultores del Distrito XXIV, con cabecera en Santiago Tuxtla, ante las
pérdidas de cosechas tras el frente frío ocurrido el mes pasado. Kuri
Ceja respondió que se entregaron apoyos del Programa de Concurrencia y
Embarcación a diversos productores, indicó que en el Municipio de Santiago
Tuxtla no hubo quejas por daño en cosechas y anunció que en la página oficial
de la dependencia y redes sociales está la convocatoria para acceder al Seguro
por pérdida de producto. De
la bancada de MORENA, el legislador Raymundo Andrade Rivera preguntó, por qué
los apicultores de Morelos cuentan con 25 mil cajas de abejas de Veracruz, a
pesar de no tener convenio de colaboración. El
Secretario dijo que los únicos Estados que tienen convenio con la entidad son
Puebla y Tlaxcala, y que los apicultores de Morelos entran de manera ilegal,
además señaló que Veracruz ocupa los primeros lugares en producción de miel. El
diputado Juan Carlos Molina Palacios, del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó acerca de cuántas cañas se muelen
en Veracruz, cuál es la cantidad de azúcar que se genera y qué lugar ocupa a
nivel nacional como productor.

Kuri
Ceja respondió que Veracruz ocupa el lugar número uno en producir caña de
azúcar con un total de 25 millones 538 toneladas, que ocupan 306 mil 893 hectáreas,
generando una derrama económica de 11 mil millones 954 mil 301 pesos. La
diputada del Grupo Legislativo de MORENA, Ana Miriam Ferráez Centeno preguntó
por qué el Subdirector de Fitosanitaria, Víctor Roberto Cruz Hernández no
acudió a laborar en los dos años de este Gobierno y en su lugar se presentaba
el ciudadano Benito Hernández Castellanos, así como el presupuesto destinado a
las acciones con perspectiva de género. El
funcionario dijo que el doctor Benito Hernández inició funciones, pero dejó el
cargo y acudía constantemente a aportar datos de la entrega-recepción; agregó
que la directora de la unidad de género de la Sedarpa acudía a la zona de
Zongolica a capacitar a mujeres campesinas en materia de producción. Por
el Grupo Legislativo del PAN, la diputada María de Jesús Martínez Díaz preguntó
si han tenido acercamientos con los dueños de jugueras para mejorar el precio
del mercado con el propósito que se vean beneficiados los productores y qué
tipo de apoyos recibieron los citricultores de la entidad; a lo que el
secretario respondió que hubo acercamiento con la empresa Anaproxi y que en programas de Sanidad y Concurrencia se
invirtieron alrededor de 31 y 29 millones de pesos en naranja y limón
respectivamente.

La
legisladora Magaly Armenta Oliveros, de la bancada de MORENA, preguntó sobre
los apoyos brindados a los cafeticultores del estado para combatir la plaga de
la roya, a lo que el funcionario detalló que fue una prioridad combatir la roya
del café y que se invirtieron 14 millones de pesos, atendiendo 43 hectáreas, sin embargo
reconoció que falta mucho por hacer. Elizabeth
Cervantes de la Cruz, diputada del Grupo Legislativo de MORENA cuestionó sobre
el daño patrimonial que tiene la dependencia por medio millón de pesos y a qué
se debe la reducción del Programa Especial Concurrente 2018. El
Secretario dijo que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), ya
está investigando el daño patrimonial por 500 mil pesos, en cuanto al Programa
de Concurrencia dijo que en 2018 hubo un incremento de 9 mil 310 pesos y por
segundo año consecutivo se ha entregado a los productores. Del
PAN, la diputada Montserrat Ortega Ruiz comentó que en 2017 se entregaron 180
millones de pesos por concepto de Infraestructura Social, en tal razón preguntó
cuáles fueron los criterios para elegir a los Municipios y localidades del
norte del Estado. Kuri
Ceja dijo que se entregaron con estricto apego a los lineamientos y a los
grupos sociales que lo solicitaron, priorizando el alto y muy alto rezago
social. La
legisladora Adriana Esther Martínez Sánchez, de la bancada de MORENA, requirió
información sobre a cuánto asciende la Cobertura del Seguro Agrícola
Catastrófico. El
Secretario dijo que el apoyo es del Gobierno Federal y Estatal y en su
administración se recuperó, puesto que hace cuatro años
ya no pasaba, dijo que la dependencia aún cuenta con 8.6 millones de pesos que
podrán hacerse efectivos, indicó que actualmente hay procesos de verificación
que ocuparán recurso de ese monto disponible. A
una segunda intervención de la diputada de MORENA, Margarita Corro Mendoza en
relación a que el antecesor en esa dependencia, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés,
se deslindó del presunto daño patrimonial detectado por el ORFIS y por qué no
se autorizaron recursos a la asociación ganadera de Tierra Blanca, el
secretario subrayó que hay dos observaciones que están en carácter de “presunto
daño patrimonial” y sigue el proceso de investigación que la ley señala; abundó
que son improcedentes los apoyos solicitados por la asociación ganadera antes
citada, toda vez que las reglas de operación no permiten la entrega de láminas. El
diputado Rubén Ríos Uribe, del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la
Historia” le preguntó al secretario si conoce la sierra del gallego y a qué
actividad se dedican en esta zona, a lo que el funcionario dijo que solo la
conoce de nombre. En una segunda intervención el legislador preguntó las
acciones de la Sedarpa para apoyar la producción de caña y café en la zona de
Córdoba, a lo que el secretario dijo que se invirtieron 14 MDP para combatir la
roya del café. A
la pregunta de la diputada del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui en relación a
los proyectos productivos no pagados y la entrega de apoyos e insumos, el
secretario respondió que lo hacen con total transparencia a través de la
elaboración de actas, entregando todo en tiempo y forma. A
las 20:41 horas el diputado Raymundo Andrade Rivera agradeció la presencia al
secretario William Charbel Kuri Ceja y concluyó la comparecencia.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política –JUCOPO- del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín acudió a la presentación de las seis mujeres que forman parte del Gabinete del Gobernador Electo, Cuitláhuac García Jiménez.