La reforma faculta al Congreso del Estado para
designar y remover al Fiscal General del Estado

Tras conocer el Informe de la Secretaría General,
por el cual se establece que 132 ayuntamientos avalaron el Decreto, relativo a
la adición de una fracción al artículo 33 de la Constitución Política del Estado
y que faculta al Congreso a designar y remover al Fiscal General, la LXV
Legislatura declaró aprobado en lo general esta modificación constitucional y
por ende la remitió al Poder Ejecutivo, para su publicación en la Gaceta
Oficial del Estado. Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria, del
Primer Periodo de Sesiones, el diputado secretario de la Mesa Directiva, Jorge
Moreno Salinas, dio lectura al informe de la Secretaría General del Congreso,
en donde se reporta la recepción de 132 actas de sesión de cabildo en las que
constan los acuerdos de aprobación del Decreto. Del mismo modo, el diputado Moreno Salinas leyó la
lista de ayuntamientos que remitieron actas en donde expresan su no aprobación
a dicha reforma constitucional y que son: Actopan, Álamo, Apazapan, Boca del
Río, Citlaltépetl, Coxquihui, La Antigua, Las Choapas, Lerdo de Tejada,
Martínez de la Torre y Yecuatla. Cabe destacar que esta reforma es resultado de la
iniciativa, presentada el 29 de noviembre de 2018, por el diputado Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de Morena, misma
que fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales,
conformada por las diputadas Mónica Robles Barajas, Rosalinda Galindo Silva y
Erika Ayala Ríos, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente. Tras la aprobación del dictamen, la Mesa Directiva
del Congreso del Estado instruyó a la Secretaría General, remitirlo a los 212
ayuntamientos del Estado para su consideración. De acuerdo con la votación emitida por los
ayuntamientos, quedó aprobada la reforma que adiciona la fracción XLIV -con el
corrimiento de la actual fracción XLIV a XLV-, al artículo 33 de la
Constitución Política del Estado.

Miguel Marcial Malaga, originario de Cerro Amarillo de Arriba en San Andrés Tuxtla, será nombrado a partir de mañana martes como nuevo delegado de transporte en sustitución de Pompeyo Navarrete, quien tuvo un negro pasar por esta corporación.

En representación del presidente de la Mesa
Directiva de la LXV Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro,
la legisladora por el Distrito X, Xalapa I, Rosalinda Galindo Silva, asistió al
patio central del Palacio de Gobierno, donde el Gobernador Constitucional del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Cuitláhuac García Jiménez, presidió
el acto solemne por el Día del Periodista. Asistieron, a este acto, el Coordinador General de
Comunicación Social del Gobierno del Estado, Iván Joseph Luna Landa y la
titular de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP),
Ana Laura Pérez Mendoza, así como familiares de los periodistas víctimas de
asesinato, en los últimos años, en la entidad. De igual forma, fue develada una placa con los
nombres de las y los periodistas victimados, a partir de
2005, a fin de que sus nombres perduren en recuerdo de su labor informativa, en
beneficio de la sociedad veracruzana. Por otra parte, el Ejecutivo estatal anunció que
propondrá instaurar el “Premio Estatal de Periodismo Regina Martínez”, con el
que habrá de reconocerse “al periodista de a pie”. Cabe destacar que en el país se celebra el 4 de
enero como Día del Periodista, en homenaje a Manuel Caballero, periodista y
escritor, nacido en Tequila, Jalisco, considerado como pionero en el arte de
reportear, quien falleció el 4 de enero de 1926 en la Ciudad de México.

En cumplimiento a la base sexta, párrafo segundo, de
la Convocatoria Pública para la selección de los integrantes del Consejo
Estatal Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de
Búsqueda de Personas, la Comisión Especial para el Seguimiento a la
Problemática de la Desaparición de Personas en Veracruz, presidida por la
diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, entrevistó a siete de 13 aspirantes.

La legisladora Elizabeth Cervantes y la diputada
Deisy Juan Antonio, vocal de la citada Comisión, con la participación de
Esmeralda Lecxiur Ferreira, experta en protección y defensa de derechos
humanos, realizaron diversas preguntas a las y los aspirantes en relación a la
experiencia y conocimiento de la ley, así como sus recomendaciones para el
óptimo funcionamiento del Consejo Estatal Ciudadano. En su intervención, la aspirante Rosalía Castro
Toss, habló sobre su experiencia en la búsqueda de su hijo. Agregó que se sumó
a los trabajos del “Colectivo Solecito Veracruz” y que entre las barreras a las
que se han enfrentado en este proceso son la espera de 72 horas para iniciar la
búsqueda, la solicitud de cientos de copias y la falta de presupuesto en los
protocolos de búsqueda. De igual forma se pronunció por impulsar la creación
de panteones ministeriales, la creación de un comité de vigilancia para contar
con orden administrativo y evitar la pérdida de expedientes, así como promover
la cultura de prevención desde las escuelas. La ciudadana María Celia Torres Melo detalló su
experiencia en la búsqueda de personas, en la cual destacó han encontrado cientos
de restos humanos; agregó que de nada servirá encontrar más restos si a éstos
no se les da identidad. Añadió que siempre pugnan porque las familias presenten
la denuncia correspondiente y lamentó que autoridades periciales no brinden los
resultados esperados. Tras indicar que su hijo desapareció el 25 de mayo
de 2011 y ante la pregunta sobre qué recomendaciones haría al Comité, la
ciudadana pidió que quien encabece los trabajos debe ser una persona honesta y
comprometida y que haya participado de cerca con los Colectivos. El aspirante Alberto Hernández Gallegos explicó el
procedimiento que ocupan para la detección de restos humanos. Criticó que
algunas autoridades sean omisas a los casos de desaparición forzada y el actuar
de servidores públicos que no apoyan a la persona que solicita información
sobre estos casos y la falta de protocolos en la revisión y traslado de restos
humanos. El
ciudadano Ramón López Anaya precisó que desde hace nueve años busca a un hijo y
detalló la labor que ha realizado, entre lo que destacó las acciones en el
rancho La Gallera, ubicado en el municipio de Tihuatlán, en la que encontraron
restos humanos. Pidió asignar más presupuesto a las fiscalías para que cumplan
su labor y además para la identificación de restos. En
tanto, la ciudadana Marcela Zurita Rosas recordó las acciones que ha hecho en
Colinas de Santa Fe y los cuerpos que han encontrado. Además del trabajo en
Córdoba, Ixtaczoquitlán y Omealca. Abundó que conoce los protocolos de Búsqueda
e Investigación y recomendó que las
personas que encabecen los trabajos en la materia cuenten con el perfil idóneo
y que haya empatía con las familias, victimas de desapariciones. En
otro sentido y ante la falta de resultados, espera que haya cambios en la
Fiscalía General del Estado, toda vez que, refirió “no están haciendo el
trabajo para encontrar a nuestros desaparecidos”. La
aspirante Lenit Enríquez Orozco, del Colectivo “Madres en Búsqueda”, dio
detalles sobre las acciones que han hecho en el predio “El Infiernillo” en el
municipio de Nanchital. Dijo que el Comisionado Nacional de Búsqueda no ha
emitido los protocolos, pero que las propias familias se han adaptado a uno
propio para tener un procedimiento que busque evitar contaminar los restos y
hacerlo de la mejor manera. La
ciudadana Verónica Tapia Rivera ofreció detalles sobre el trabajo, que al lado
del Colectivo “Familiares en Búsqueda, María Herrera” de Poza Rica, ha
realizado. Dijo que entre estas actividades está el acompañamiento a familias
que tienen a alguien desaparecido y donde se plantea la presentación de la
denuncia. Expuso
que entre las recomendaciones para la Comisión de Búsqueda está el no abandonar
a los Colectivos y a las familias que están en busca de sus desaparecidos.

Cabe
destacar que este martes 8 de enero la Comisión entrevistará, a partir de las
09:00 horas, a cuatro aspirantes más.

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de
la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) de la LXV Legislatura del Estado, sostuvo una reunión con presidentes
municipales de la entidad, en la que fueron revisados los diversos proyectos de
infraestructura que podrían ser impulsados desde este Poder y que beneficiarán
a las familias veracruzanas. El legislador Juan Javier Gómez Cazarín, manifestó “las presidencias
municipales son el primer filtro para tomar el pulso de la ciudadanía, por lo
que es de gran interés para esta Legislatura trabajar en conjunto con los
ediles para beneficiar a más veracruzanos”. La presidenta municipal de Coatzintla, Patricia Cruz
Matheis, expresó su reconocimiento a la LXV Legislatura por la disposición y
apertura para trabajar en coordinación. Asimismo, señaló que para su municipio
los temas prioritarios son infraestructura carretera y mejoras en el ámbito
educativo. Por su parte, Irma Delia Bárcena Villa, munícipe de Miahuatlán, se pronunció por trabajar en
conjunto este Poder para otorgar apoyos que incentiven la actividad lechera de
esta región y de esta manera detonar la economía local. En tanto, el edil de Landero y Coss, Pedro Domínguez
García, solicitó la intervención del Congreso para otorgar seguridad pública de
esta región, así como la rehabilitación de las vías de comunicación. Destacó el
interés por dar seguimiento a los proyectos de infraestructura que se han
quedado inconclusos, de administraciones pasadas. En representación del Ayuntamiento de Úrsulo Galván,
Silvino Salinas, secretario particular del presidente municipal José Enrique
Benítez Ávila, expuso el interés por impulsar proyectos relacionados con
seguridad pública y a incrementar el turismo en esta región. Por el municipio de Actopan, asistió el secretario
del Ayuntamiento, José Alfredo López, quien también planteó los problemas que
presenta esta zona en temas de seguridad pública, educación, cultura, turismo,
agricultura. En el mismo sentido pidió apoyo para la construcción de dos
puentes, toda vez que en época de lluvias varias comunidades quedan
incomunicadas, abundó. Asimismo, René Torres, representante del municipio de Alto Lucero, habló sobre los proyectos de rehabilitación
de las rutas de evacuación e infraestructura carretera de la zona cercana a la
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde,
misma que ha sufrido deterioros al paso del tiempo. La Síndica de Vega de la Torre, Graciela Zaleta, se
pronunció por el seguimiento a los proyectos de dos plantas de aguas residuales
que ya se encontraba aprobado para este lugar y que no se han logrado. Destacó
la importancia del apoyo al comercio local pues con la construcción de la
autopista podrían correr el riesgo de ser “un municipio olvidado”. También estuvo en la reunión, la síndica Dulce María
Lozano, del municipio de Paso de Ovejas, en representación del edil Abel Ramírez,
quien a su nombre solicitó una reunión en próximos días.

Xalapa, Veracruz., 4 de Enero de 2019.- El diputado de Morena Juan Javier Gómez Cazarín , en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), en el Congreso de Veracruz, celebró el inicio de la etapa de inscripción, a nivel federal, del programa social “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en el sentido que se fomentará el trabajo de la juventud veracruzana.

El proyecto, recordó el legislador, es impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y está a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), y tiene la finalidad de vincular a dos millones 300 mil mexicanos de entre 18 y 29 años, con diversos centros de trabajo, para que reciban capacitación y tutoría laboral formal, y podrán recibir una beca mensual de tres mil 600 pesos.

“Me alegra mucho saber que la juventud de nuestra entidad sea considerada por el gobierno federal, mucho se ha mencionado que son el futuro, la realidad es que son el presente. Los jóvenes tienen la oportunidad histórica de ser reconocidos como quienes transformaron a Veracruz”, declaró el diputado.

Por tal motivo, indicó que, como líder de la JUCOPO, estará pendiente que la cristalización del programa se lleve a cabo en el estado, colaborando estrechamente con la diputada de Morena, Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social. En este sentido, invitó a los jóvenes veracruzanos, que en estos momentos no se encuentran estudiando o trabajando, a que se inscriban en la plataforma en línea disponible en la página electrónica: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/.

“Se les está abriendo la posibilidad de que desarrollen sus talentos y habilidades en el ámbito profesional, además adquieran experiencia laboral que es muy importante, para posteriormente recibir una mejor opción de trabajo”, finalizó.

La presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y
Previsión Social del Congreso de Veracruz, diputada Adriana Esther Martínez
Sánchez, sostuvo una reunión, en la ciudad de Xalapa, con la titular de la
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) del Estado,
Guadalupe Argüelles Lozano, en la que se dialogó sobre la situación actual de
las y los trabajadores de la entidad. En el encuentro participaron también la diputada del
Distrito XXI, de Camerino Z. Mendoza, María Candelas Francisco Doce, así como
la Directora del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Veracruz, Elisa Ponce
Pérez; la magistrada Concepción Flores Saviaga y los abogados Vito Lozano
Vázquez y Gonzalo Vicencio. La representante del Distrito VII, con cabecera en
Martínez de la Torre, recordó que uno de los temas que impulsará desde el
Congreso del Estado es lograr que los veracruzanos tengan estabilidad laboral. “Una de las principales necesidades de los
veracruzanos en materia laboral es contar con mejores condiciones de empleo.
Nuestra prioridad es otorgarles beneficios que permitan su desarrollo social y
económico” señaló.

Solicitó a la secretaria una nueva reunión, en la
cual participen también la diputada
Erika Ayala Ríos y el legislador Sergio Hernández Hernández, secretaria y
vocal, respectivamente, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el
Congreso, a fin de colaborar institucionalmente en la materia. Por último, la diputada Martínez Sánchez expresó “se vienen cosas buenas para Veracruz y desde
el Congreso del Estado trabajaré para lograr la entidad que todos queremos”.

A más tardar el próximo 1 de febrero será clausurado
definitivamente el basurero de «Las Matas» informó el diputado del
Distrito XXIX, Coatzacoalcos I, Amado Jesús Cruz Malpica, quien agregó que este
lugar es ya un “foco de infección” para los habitantes de la región, por lo que
se trabaja en la consolidación de un proyecto sólido que dé respuesta a esta
demanda social. El legislador subrayó que el Congreso del Estado de
Veracruz colabora institucionalmente con el Poder Ejecutivo, a través de la
Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y los Ayuntamientos cercanos a “Las
Matas” para que el proyecto creado sea el idóneo para el tratamiento de los
residuos urbanos de esta región. «Se busca, con los municipios de Minatitlán,
Coatzacoalcos y Cosoleacaque, un proyecto de tratamiento que sea incluyente, en
el que se pueda tener una base municipal y procurar, en su momento, el apoyo de
recursos del orden federal, estatal y municipal, que brinde una solución de
largo plazo”, añadió.

En el mismo sentido, anunció que el próximo 11 de
enero, a partir de las 11:00 horas, celebrará una reunión en el municipio de
Minatitlán para definir acciones en la materia. Por último, el diputado Cruz Malpica destacó que en
la búsqueda de soluciones para atender esta problemática se escucha al sector
empresarial y universitario, toda vez que es de suma importancia la aportación
de sus ideas.

La Comisión Especial para el Seguimiento a la
Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, presidida
por la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, da a conocer el calendario de
entrevistas y los nombres de las 13 personas, aspirantes al Consejo Estatal
Ciudadano, órgano del mecanismo estatal de coordinación en materia de búsqueda
de personas. De esta manera, el 7 de enero de este año, en
horario de 09:30 a 18:15 horas, acudirán ante la Comisión Rosalía Castro Toss,
María Celia Torres Melo, Alberto Hernández Gallegos, Ramón López Anaya, Marcela
Zurita Rosas, Lenit Enríquez Orozco y Verónica Tapia Rivera. Harán lo propio el 8 de enero, de 09:30 a 13:15
horas, los ciudadanos Esperanza Sandoval Pérez, Alejandra Jiménez Ramírez, José
Casas Chávez y Teresa Anaís Palacios Pérez. El 9 de enero, de 10:30 a 12:15 horas, asistirán
Jesús Granada Bautista y Marcela Flores Dionicio. La legisladora Elizabeth Cervantes recordó que este
proceso es resultado de una amplia difusión de la convocatoria en las zonas
norte (Poza Rica), centro (Xalapa) y sur (Coatzacoalcos) de la entidad. Mismas
que registraron una gran asistencia y participación por parte de las y los
ciudadanos. Destacó la importancia de este órgano en los
trabajos con la Comisión Estatal de Búsqueda y la vinculación con las diversas
autoridades del ramo. Por lo que –agregó- se ha hecho un proceso abierto,
democrático y en el que se ha privilegiado el sentir ciudadano y las propuestas
de las organizaciones sociales. La representante popular dijo que, de acuerdo a la
ley, el Consejo Estatal Ciudadano tiene las funciones para proponer acciones a
las instituciones que forman parte del Mecanismo Estatal para ampliar sus
capacidades; acompañar y, en su caso, brindar las medidas de asistencia técnica
para la búsqueda de personas. Además de solicitar información a cualquier
autoridad integrante del Mecanismo Estatal para el ejercicio de sus
atribuciones y acceder a la información estadística generada a través de las
diversas herramientas con las que cuenta la Comisión Estatal de Búsqueda y las
autoridades que integran el Mecanismo Estatal para el ejercicio de sus
atribuciones y dar vista a las autoridades competentes y órganos internos de
control sobre las irregularidades en las actuaciones de servidores públicos
relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No
Localizadas, entre otras. Por último informó que, como parte de las acciones
de transparencia de este proceso, las entrevistas de los aspirantes serán
transmitidas en vivo por la página de internet de este poder: www.legisver.gob.mx los días y horarios señalados anteriormente.

La diputada del Distrito IX con cabecera en Perote,
Ivonne Trujillo Ortiz, sostuvo una reunión de trabajo con la Directora del
Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Yolanda Olivares Pérez, con quien
abordó distintos temas relacionados con la igualdad de género, la
discriminación y la violencia contra las féminas. La Presidenta de la Comisión Permanente para la
Igualdad de Género explicó que este primer acercamiento se suscitó después de
varios encuentros informales con la titular del IVM; sin embargo, programarán
una reunión en la que participarán las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno y
Nora Jessica Lagunes Jáuregui, secretaria y vocal de la Comisión,
respectivamente. Trujillo Ortiz recordó que el IVM se encarga de
promover acciones a favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, combatiendo
la discriminación y la violencia, razón por la que es de suma importancia
conjuntar esfuerzos a favor de las mujeres y de las niñas veracruzanas. Indicó que Olivares Pérez le proporcionó importante
información para auxiliar a las mujeres agredidas y mencionó que como
legisladora, ya ha recibido peticiones de ayuda por parte de mujeres que han
sido vulneradas en sus derechos.

Durante la Décima Sesión Ordinaria del Primer Periodo
Ordinario de Sesiones, se aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2019 para los 212 municipios de
la entidad. Conforme a la disposición Constitucional Federal y
del Estado, el poder legislativo local se atribuye la responsabilidad de
aprobar las leyes de ingresos de los municipios, respecto a los proyectos anuales
formulados de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipios Libres. Se acordó con 34 votos a favor, 0 en contra y 11
abstenciones, la aprobación de los presupuestos de la siguiente manera: Entre los municipios con mayor recurso asignado se
encuentran: Veracruz con mil 898
millones 162 mil 229 pesos con 72 centavos; Xalapa, con mil 387 millones 686
mil 267 pesos; Coatzacoalcos mil 251 millones 743 mil 930 pesos con 93
centavos; Orizaba con 678 millones 322 mil 307 pesos con 38 centavos; Córdoba con 632 millones 340 mil 328 pesos; Poza Rica con 586 millones
819 mil 376 pesos con 68 centavos, Boca del Río 556 millones 400 mil pesos, Papantla con 501
millones 267 mil 448 pesos con 63 centavos y San Andrés Tuxtla con 410 millones
841 mil 794 pesos con 21 centavos. Además
Tantoyuca con 391 millones 581 mil 388 pesos con 06 centavos, Cosoleacaque con
321 millones 91 mil 824 pesos con 95 centavos; Álamo Temapache 311 millones 531
mil 12 pesos con 54 centavos; Martínez de la Torre con 299 millones 446 mil 58
pesos con 45 centavos, Las Choapas 297 millones 562 mil 558 pesos con 34
centavos; Ixtaczoquitlán 254 millones 894 mil 799 pesos con 35 centavos,
Acayucan 231
millones 818 mil 248 pesos con 33 centavos. También
los municipios de Pánuco con 304 millones 60 mil 137 pesos con 87 centavos;
Tierra Blanca 270 millones 25 mil 61 pesos con 26 centavos, Alvarado 210 millones
882 mil 551 pesos con 46 centavos, Coatepec 196 millones 910 mil 710 pesos con
51 centavos; Chicontepec 179 millones 466 mil 849 pesos con 32 centavos, Cosamalopan
174 millones 588 mil 757 pesos con 34 centavos; Fortín de las Flores 159 millones 58
mil 709 pesos con 49 centavos y Huatusco con 155 millones 721 mil 117 pesos con
56 centavos. Durante
la sesión también fue aprobado el presupuesto de Coscomatepec con 146 millones
75 mil 338 pesos con 38 centavos, Tlapacoyan 146 millones 918 mil 153 pesos con
08 centavos, Perote 145 millones 58 mil 296 pesos con 48 centavos, Nanchital
143 millones 490 mil 8 pesos con 12 centavos, entre otros. Para
mayor información respecto al resto de los municipios se podrá consultar el
link: http://www.legisver.gob.mx gaceta/gacetaLXV/AnexoD13.pdf

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen de
decreto que reforma el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Coordinación
Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante
el cual se establece que los recursos que integran los Fondos General de
Participaciones y de Fomento Municipal, así como los provenientes del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, deben distribuirse mediante la aplicación de
porcentajes equivalentes del Índice Municipal de Pobreza y del Coeficiente de
Participación Municipal. Lo anterior, calculado el primero de estos sobre las
variables de población analfabeta mayor de 15 años de edad, de población
ocupada sin ingresos o con ingresos mínimos y de población que habita en
viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje y electricidad; y determinado
el segundo en función de la capacidad recaudatoria del municipio durante los
dos ejercicios fiscales que precedan al del año para el que se realiza el
cálculo respectivo. De esta manera, el artículo citado queda como sigue: “En el ejercicio fiscal delaño 2019, los fondos de
participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de esta Ley, el Fondo de Compensación
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos de Fiscalización y el Fondo
de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios mediante la
aplicación de los factores vigentes en 2018, en sustitución de los porcentajes referidos
en el artículo 10 de este mismo ordenamiento”. La recaudación, continúa, derivada de la aplicación
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de
gasolina y diésel, en su porcentaje correspondiente al 9/11, se distribuirá a
los municipios de la Entidad en 70 por ciento, con base en el factor de
distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF),
y en 30 por ciento, con base en el Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM), vigentes en 2018. El Dictamen puesto a consideración del Pleno por la
Comisión Permanente de Hacienda Municipal, integrada por los diputados Augusto
Nahúm Álvarez Pellico, presidente; Eric Domínguez Vázquez, secretario e Ivonne
Trujillo Ortiz, vocal, fue aprobado durante los trabajos de la Décima Sesión
Ordinaria de la LXV Legislatura con 45 votos a favor. No se registraron votos
en contra o abstenciones.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Decreto de Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que
asciende a la cantidad de 128 mil 361 millones 911 mil 179 pesos y corresponde
a los recursos aprobados en la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2019. Este Dictamen registró 45 votos a favor, de
diputados de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la
Historia” PRI-PVEM, MC-PRD y del legislador que no forma grupo. La diputada
Ivonne Trujillo Ortiz, del MC-PRD votó en abstención. Cabe destacar que el Pleno aprobó las propuestas de
la diputada Erika Ayala Ríos y el legislador Gonzalo Guízar Valladares, por el
cual se establece, en el artículo cuarto transitorio, que el Poder Ejecutivo
del Estado, dentro de los 90 días siguientes contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, deberá presentar ante el Pleno del H. Congreso del
Estado, para su aprobación, una propuesta de ajuste a la Ley de Ingresos y al
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, con la finalidad de incorporar
en su cuerpo normativo las previsiones que resulten necesarias. Lo anterior para contar con una previsión más real
del ingreso que percibirá el Estado, así como establecer una nueva distribución
de los recursos asignados a cada una de las unidades presupuestales consignadas
en este Decreto, que permita sentar las bases para subsanar el déficit
estructural del presupuesto y del endeudamiento público que resulten
congruentes con la realidad económica que enfrenta la hacienda pública estatal. Lo cual hace necesaria la aplicación de una estricta
política de reducción del gasto corriente, y al mismo tiempo garantice el
cumplimiento de los principios de austeridad, honestidad eficacia, eficiencia,
economía y racionalidad en el ejercicio del gasto público, en los términos que
establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios. El Ejecutivo del Estado podrá ejercer los recursos
del presente ejercicio fiscal, mediante una clasificación administrativa del
gasto, de conformidad con lo previsto en las disposiciones aplicables de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental. Igualmente, las dependencias, entidades, organismos
públicos y demás unidades presupuestales a que se refiere el Código Financiero
para el Estado, deberán detallar el ejercicio de su gasto de conformidad
Decreto. El Decreto de Presupuesto de Egresos señala que los
programas presupuestarios (pp´s) que ejecutarán las Dependencias y Entidades
del Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2019, deberán contar con reglas de
operación y padrones de beneficiarios, y tendrán una asignación presupuestal
que asciende a la cantidad de 42 mil 653 millones 675 mil 349 pesos. El importe para los Poderes Legislativo y Judicial,
así como para los Organismos Autónomos asciende a la cantidad de 12 mil 736
millones 036 mil 380 pesos, integrándose de la siguiente manera: Legislativo,
776 millones 116 mil 100 pesos; Judicial, 2 mil 584 millones 753 mil 190 pesos;
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 52 millones 597 mil 200 pesos;
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 612 millones 434 mil 309 pesos;
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), 205 millones 241 mil 758
pesos y la Universidad Veracruzana (UV), 6 mil 199 millones 835 mil 435 pesos. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (IVAI), 46 millones 185 mil 129 pesos;
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), 19
millones 721 mil 554 pesos; Fiscalía General del Estado (FGE), 2 mil 045
millones 029 mil 411 pesos; Tribunal Electoral del Estado (TEV), 100 millones
276 mil pesos y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), 93 millones
846 mil 294 pesos. El importe de subsidios para los gastos de operación
y gastos de capital de las Dependencias de la Administración Pública Estatal
(APE), asciende a la cantidad de 59 mil 755 millones 619 mil 466 pesos y la
distribución corresponde de la manera siguiente: Ejecutivo del Estado, 126
millones 670 mil pesos; Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(Sedarpa), 405 millones 82 mil 309 pesos; Secretaría de Salud (SS), 8 millones
030 mil 420 pesos; Secretaría de Educación (SEV), 46 mil 929 millones 449 mil
930 pesos; Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 1 mil 104 millones 362
mil 396 pesos y Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), 76
millones 423 mil 954 pesos. Para la Secretaría de Gobierno (Segob), 475 millones
965 mil 072 pesos; Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), 2 mil 763
millones 044 mil 111 pesos; Coordinación General de Comunicación Social (CGCS),
68 millones 184 mil 185 pesos; Contraloría General (CG), 180 millones 418 mil
532 pesos; Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), 2 mil 030
millones 506 mil 394 pesos; Oficina de Programa de Gobierno, 38 millones 348
mil 091 pesos; Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 5 mil 214 millones 627
mil 919 pesos; Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP),
123 millones 225 mil 941 pesos; Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur), 68
millones 443 mil 239 pesos; Secretaría de Protección Civil (SPC), 96 millones
854 mil 799 pesos y Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), 45 millones 982 mil
174 pesos. De igual forma se establece que el importe de los
subsidios previstos para los Organismos Públicos Descentralizados del Poder
Ejecutivo asciende a la cantidad de 26 mil 130 millones 741 mil 455 pesos. Para el ejercicio fiscal 2019 se establece la
asignación presupuestaria de 4 mil 740 millones 260 mil 913 pesos para amortización, intereses y
gastos de la deuda pública del estado. Por otra parte se indica que el número de plazas
autorizadas para las Dependencias del Poder Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal
2019 es de 90 mil 600; de las cuales 21 mil 013 corresponden al Sector Público
Centralizado y 69 mil 587 corresponden al Magisterio Estatal. En el presente
Ejercicio Fiscal las Dependencias y Entidades no podrán crear plazas nuevas con
excepción de los sectores de salud, educación y seguridad pública; las cuales
no deberán considerar plazas administrativas, para su autorización, se
sujetarán al procedimiento que la Secretaría establezca. Detalla las percepciones ordinarias netas, después
de impuestos y deducciones mensuales, autorizadas para los servidores públicos
que van desde el Gobernador del Estado hasta Jefe de Oficina, Supervisor u
Homólogo. En la etapa de posicionamientos, la diputada
Rosalinda Galindo Silva, a nombre del Grupo Legislativo de Morena, subrayó que
este Presupuesto de Egresos debe estar armonizado con el aprobado por la
Federación, por lo que el artículo cuarto transitorio permitirá que el
Ejecutivo haga las adecuaciones necesarias. “es la mejor manera de garantizar a
los veracruzanos el uso racional y eficiencia de los recursos públicos”. Además en enero próximo se proveerán los recursos
requeridos para la Declaratoria de Emergencia Humanitaria por Desaparición de
Personas en Veracruz, agregó. El diputado sin Grupo Legislativo, Juan Carlos
Molina Palacios, pidió el apoyo para crear un Fondo que apoye a las mujeres y
hombres del campo veracruzano. “el campo cañero pasa por un momento difícil en
la historia del país, entraron a México 2 millones de toneladas de alta
fructosa, que desplaza al azúcar y que perjudicará a la economía local”. Del
Grupo Legislativo PRI-PVEM, la diputada Erika Ayala Ríos anunció su respaldo a
este Decreto, toda vez que dota al Ejecutivo de los recursos para cumplir con
la operación gubernamental. “lamentamos que no se haya podido establecer los
montos definidos para cada rubro en el Presupuesto, pero el Ejecutivo podrá
sugerir los ajustes y será este Poder el que lo analice y, en su caso,
apruebe”, abundó. El diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) detalló que el Presupuesto de
Egresos debe reflejar la respuesta del Gobierno para impulsar mejores
oportunidades en salud, generación de empleos, seguridad y educación. “En Acción
Nacional estamos a favor de otorgar el plazo de 90 días para que en Veracruz le
vaya bien”. Participaron en el debate en lo general las
diputadas Ivonne Trujillo Ortiz y Brianda Kristel Hernández Topete.

-Avalan diputados la
Ley de Ingresos 2019-

Previo
a la discusión y aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos, el Pleno
aprobó con 47 votos a favor y una abstención (diputada Ivonne Trujillo Ortiz,
del MC-PRD) el Dictamen de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que señala que para el Ejercicio Fiscal
2019, se estima que los ingresos totales del Estado ascenderán a 128 mil 361
millones 911 mil 179 pesos.

Cantidad
que se integra por los siguientes rubros, a saber: Participaciones Federales
que representan el 42.71 por ciento; convenios federales 5.18 por ciento; ingresos
de gestión el 8.24 por ciento; aportaciones federales 41.85 por ciento; Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal 0.41 por ciento y las Aportaciones
Federales para la Universidad Veracruzana 1.61 por ciento. Por lo que los
ingresos Provenientes de la Federación representan una aportación de alrededor
del 91 por ciento de los ingresos públicos estatales y la diferencia,
aproximada del 8 por ciento, corresponde a ingresos propios o de gestión.

Durante la décima sesión ordinaria, la LXV
Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la nueva Ley de Planeación del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene como propósito regular las normas,
bases y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, para
conducir el desarrollo sostenible y lograr el bienestar social en la entidad. Con 34 votos a favor de los Grupos Legislativos de
Morena, “Del Lado Correcto de la Historia”, Movimiento Ciudadano-PRD y PRI-PVEM,
así como 11 en contra, de integrantes del Grupo Legislativo del PAN y una
abstención, quedó aprobado el dictamen, formulado por las Comisiones Permanentes
Unidas de Hacienda del Estado y de Hacienda Municipal, que coincide en lo
fundamental con la iniciativa enviada por el Gobernador Cuitláhuac García
Jiménez. Esta Ley determina los órganos responsables e
instrumentos para que el Poder Ejecutivo coordine las acciones de planeación a
cargo de la Administración Pública Estatal, así como su vinculación con el
Sistema Nacional de Planeación Democrática. De igual forma se establece la integración del
Consejo Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar (CEPLADEB) y el
Comité de Planeación Democrática para el Bienestar (COPLADEB), órganos que
deberán realizar diagnósticos, fijarán objetivos, estrategias, acciones, metas,
prioridades y programas de ejecución del desarrollo integral del Estado, con base
en la información del Sistema de Información Estadística y Geográfica del
Estado de Veracruz (SIEGVER). Con este nuevo ordenamiento corresponderá a cada uno
de los municipios de la entidad remitir su Plan Municipal de Desarrollo a la
Legislatura del Estado o a la Diputación Permanente, para su conocimiento,
opinión, observaciones y aprobación; convenir con el Ejecutivo del Estado su
participación en el proceso de planeación del desarrollo y remitir el Programa de
Desarrollo Metropolitano Municipal a la Comisión Permanente de Desarrollo Metropolitano
del Congreso del Estado, para su conocimiento, opinión y observaciones. A través de los CEPLADEB, COPLADEB y los Subcomités
de Planeación Democrática para el Bienestar (SUPLADEBS) se realizarán las
consultas y se promoverá la participación de las distintas organizaciones
representativas de la sociedad, con el propósito de que la población exprese sus necesidades, opiniones
y aspiraciones, para la elaboración, ejecución, control, seguimiento,
evaluación y actualización del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes
Municipales de Desarrollo y de los programas a que se refiere esta ley. Esta Ley precisa que el Plan Veracruzano de Desarrollo
deberá elaborarse usando una metodología de planeación específica y publicarse
en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de toma de
protesta del Gobernador del Estado. Su vigencia no excederá del periodo
constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y
proyecciones de más largo plazo. El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá un plazo
máximo de cuatro meses, contados a partir del día de su toma de protesta como
Gobernador del Estado para elaborar el Plan Veracruzano de Desarrollo. Al
término de este plazo, lo remitirá al Congreso del Estado, quien contará, a su
vez, con un plazo máximo de dos meses para su estudio, análisis y aprobación. Los planes municipales de desarrollo de cada uno de
los municipios del Estado deberán tener una visión estratégica integral para el
desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, armonizados con las estrategias
estatales, nacionales e internacionales. A partir de la entrada en vigor de esta norma, el
CEPLADEB solicitará a los sujetos que previene esta Ley, sus opiniones,
estudios, trabajos y aportaciones para iniciar la elaboración y proceso del
Plan Veracruzano de Desarrollo, y para tal efecto requerirá su cooperación, a
través de los diferentes medios de difusión colectiva, impresos o electrónicos
y se les concederá un plazo de 15 días naturales para hacer llegar sus
propuestas. Los municipios que cuenten con Comités de Planeación
Municipal, procederán en los mismos términos y condiciones, a efecto de
elaborar el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente.

Durante la Décima sesión ordinaria del Primer
Periodo de Sesiones y a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional, el diputado Rodrigo García Escalante, informó que no avalarían una
“Ley a la carrera”.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen de
la nueva Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la
cual tiene por objeto implementar medidas de austeridad en la planeación,
programación, presupuestación, ejecución y control del gasto gubernamental,
como política pública para cumplir con los principios de economía, eficacia,
eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos
económicos de carácter público que dispone la Entidad. De esta manera se establece que los ahorros y
economías obtenidos, con motivo de la aplicación de esta ley, serán destinados
a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales
con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado y demás leyes
aplicables. Esta Ley fue aprobada con 47 votos a favor, de
diputadas y diputados de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la
Historia”, PRI-PVEM y MC-PRD, así como el legislador sin grupo. Además se
registró una abstención (diputada Judith Pineda Andrade, PAN). Esta norma señala que los servidores públicos de la
entidad recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social
correspondiente. De esta manera queda prohibido establecer o cubrir con
recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión,
así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de
separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos locales
para beneficio de cualquier servidor público. Durante el ejercicio fiscal no se crearán plazas
adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado, ni se
asignarán previsiones adicionales para tal efecto. La contratación de servicios
personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenamente
justificados. Se incluye que sólo los servidores públicos con alta
responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia
podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta. Los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a
actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la
población. Queda prohibido cualquier uso distinto de los vehículos, salvo los
que tengan carácter oficial y los de escoltas, que autoricen las autoridades
competentes. El gasto neto total asignado anualmente a la
difusión de propaganda oficial por los entes públicos del Estado, se sujetará a
los montos máximos que para el efecto fije la autoridad competente en
disposiciones generales, mismos que se ajustarán a lo indispensable para dar
cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya
difusión sea determina como necesaria.

Sólo se autorizarán, los viajes oficiales que
resulten estrictamente indispensables, en atención a las necesidades del
servicio público. Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes aéreos en
servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios
privados de aerotransporte. En tanto no se autoricen nuevos programas o se
amplíen las metas de los existentes, los gastos por servicios de telefonía,
fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos,
honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de
telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones,
exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán exceder de los
montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior. La adquisición y contratación de bienes y servicios
de uso generalizado de los entes públicos se llevarán a cabo de manera consolidada
con el objeto de obtener las mejores condiciones en relación con precio,
calidad y oportunidad. En otro sentido, la ley contempla que no serán
constituidos fideicomisos, fondos, mandatos o análogos, públicos o privados, ni
se permitirá hacer aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza
que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y
fiscalización del gasto. Esta ley es resultado de la iniciativa que presentó,
el pasado 13 de diciembre, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez. En los posicionamientos, por el Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Judith Pineda Andrade señaló que
su bancada está a favor de la austeridad y, agregó, que esperan que la
aplicación de esta ley no lleve a la parálisis de alguno de los entes públicos.
Pidió que sean transparentados los ahorros y se rindan cuentas claras sobre el
destino de dichos recursos.

Para crear condiciones que permitan la participación
activa de los jóvenes en el proceso de diseño y planeación gubernamental, la
encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos
del Congreso del Estado, María Elena García Filobello, celebró el “Primer
Encuentro de Jóvenes por los Derechos Humanos y la Igualdad de Género: para un
diagnóstico participativo e incluyente”. Con la participación de más de 30 grupos de
activistas, investigadores, periodistas y funcionarios de diferentes
dependencias, se recabaron distintas propuestas para combatir la violencia de
género, promover la educación para la paz, generar nuevos mecanismos de
justicia e incentivar el combate ciudadano contra la corrupción, seguridad
ciudadana, protección del medio ambiente y defensa del territorio, indigenismo,
ciencia y tecnología, derechos humanos, economía incluyente y otros temas. Los participantes del encuentro se reunieron en la
Biblioteca “José María Mata” y en la Sala “Jesús Reyes Heroles” del Congreso
del Estado. Todas las propuestas serán puestas a consideración de las distintas
comisiones permanentes del Congreso de Veracruz y a las autoridades estatales
que corresponda.

El presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Congreso del Estado de Veracruz, diputado Juan Javier Gómez
Cazarín, sostuvo una reunión con presidentes municipales del Distrito IX, con
cabecera en Perote, en el que trataron diversos temas relacionados con el
desarrollo de esta región y acciones para fortalecer la economía local. Con la participación de la diputada Ivonne Trujillo
Ortiz, representante del Distrito IX de Perote, el legislador Juan Javier Gómez
manifestó que la Sexagésima Quinta Legislatura respaldará todos aquellos
proyectos de los Ayuntamientos que beneficien a la sociedad veracruzana. El munícipe de Altotonga, Ernesto Ruíz Flandes,
agradeció la disposición y apertura con las autoridades, tanto del Poder
Legislativo, como del Ejecutivo, y señaló que para sus representados son la
infraestructura y los servicios de salud, los temas primordiales y que más se
requieren. Por su parte, Alejandro Lino Cruz Romero, presidente
municipal de Las Vigas de Ramírez, externó su intención de trabajar de la mano
con el Congreso del Estado, para mejorar la seguridad de la región, las vías de
comunicación que conectan las localidades y la atención en los centros de salud
y hospitales. En tanto, el edil de Perote, Juan Francisco Hervert
Prado, dio a conocer su preocupación en torno a la baja contribución del
Impuesto Predial, de igual modo, solicitó el apoyo del Poder Legislativo con
respecto a aportaciones federales que no fueron entregadas por anteriores
administraciones. También, reconoció que el Congreso es una instancia cercana
para atender las peticiones de los ayuntamientos. El presidente municipal de Atzalan, José Homero
Domínguez Landa, se pronunció por cristalizar proyectos de infraestructura
carretera, de caminos, puentes y pavimentación, por lo que solicita el apoyo
institucional de esta Legislatura para lograrlo y además recuperar las
participaciones federales que no les fueron entregadas por anteriores
administraciones estatales. Por último, el diputado Gómez Cazarín, agradeció a
sus invitados y anunció que se dará seguimiento puntual a lo expuesto por los
presidentes municipales, ya que son necesidades en las que coinciden la mayoría
de municipios de la entidad y que representa beneficios directos para la
población.

Este miércoles 26 de diciembre fue instalada la
Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación,
Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, integrada por la
diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidenta y los legisladores Raymundo
Andrade Rivera, secretario, así como Jorge Moreno Salinas, Rubén Ríos Uribe y
Alexis Sánchez García, como vocales. En su intervención, previo a la firma del Acta de
Instalación, la diputada Lagunes Jáuregui subrayó que el trabajo de esta
instancia legislativa estará enfocado en: impulsar la suficiencia presupuestal,
procurar la protección al café de altura, incentivar las capacidades de las y
los productores a través de la tecnificación, la reposición de cafetos, la
transparencia del padrón de beneficiarios, la capacitación y que la aplicación
de recursos sea de manera incluyente. Añadió que se vigilará el cumplimiento de la Ley 689
para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y
Comercialización del Café Veracruzano, publicada en la Gaceta Oficial del
Estado el 6 de agosto de este año. En el mismo sentido anunció que mantendrán
diálogo constante con las autoridades para la creación del Instituto
Veracruzano del Café. Dijo que deberá procurarse la sustentabilidad de los
recursos hídricos y forestales, anteponiendo las mejores prácticas y el
beneficio social. Indicó que una de las la problemáticas del café
veracruzano es la baja producción y la inestabilidad de los precios, lo cual
afecta el entorno social y la economía de las familias que se dedican a esta
actividad. Sin embargo –refirió- también hay un crecimiento de la demanda y hay
interés de la iniciativa privada por “inyectar” recursos a esta actividad. La legisladora Nora Jessica Lagunes, representante
del Distrito XVIII, de Huatusco, expuso que la agenda de esta instancia habrá
de enriquecerse con las demandas e ideas de los cafeticultores veracruzanos,
“esta Comisión surge en un momento oportuno y representa la pluralidad de la
entidad, por lo que tenemos una gran responsabilidad y debemos dar resultados”,
abundó. Posteriormente, los legisladores Rubén Ríos Uribe,
Raymundo Andrade Rivera, Alexis Sánchez García y Jorge Moreno Salinas
expresaron sus puntos de vista, en los que coincidieron en la suma de esfuerzos
y el trabajo de unidad para impulsar el café veracruzano, así como la implementación
de acciones, privilegiando la cercanía con las y los productores. La
instalación de esta Comisión Especial es resultado del Acuerdo, emitido por la
Junta de Coordinación Política, aprobado con 46 votos, sin abstenciones o votos
en contra, el pasado 20 de diciembre.

Vecinos de Mesa del Espinal requieren ayuda para introducir
energía eléctrica

El diputado José Magdaleno Rosales Torres,
secretario de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Gestoría y
Quejas del Congreso de Veracruz, escuchó las inquietudes de habitantes del
municipio de Naolinco, quienes expusieron la situación de nueve policías
detenidos en abril pasado y la carencia de energía eléctrica en la congregación
de Mesa del Espinal. En primer término, esposas y madres de nueve policías detenidos pidieron apoyo
para impedir que las audiencias se sigan retrasando y puedan promover el amparo
contra la vinculación a proceso de sus familiares. En el salón Jesús Reyes Heroles del Congreso del
Estado, el legislador por el Distrito XVII, con cabecera en Medellín, se
comprometió a estudiar el caso y a realizar lo que en derecho proceda; sin
embargo y aunque les pidió su confianza, también aclaró que “no va a defender
lo indefendible”. Por otro lado, vecinos de la comunidad de Mesa del
Espinal, pidieron su ayuda para introducir el servicio de energía eléctrica a
las viviendas de siete familias cortadoras de café. Indicaron que ya cuentan con la autorización de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero deben pagar cerca de 104 mil pesos
a finales de febrero. En ese sentido, Rosales Torres se comprometió a
solicitar una audiencia con el presidente municipal y el apoyo del legislador
del Distrito VII, con cabecera en Misantla, Erik Iván Aguilar López, a fin de
encontrar una solución conjunta. Del mismo modo, conminó a los interesados a realizar
actividades alternas para reunir el recurso y no verse en la necesidad de
realizar el trámite otra vez.

La Comisión Permanente de Educación y Cultura del
Congreso del Estado, integrada por los diputados León David Jiménez Reyes,
presidente; Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos, secretario y Adriana Esther Martínez Sánchez, vocal, sostuvieron,
este 20 de diciembre, una reunión con la
Comisión Técnica de Seguimiento del Acuerdo por el Rescate y Consolidación
de la Universidad Autónoma Popular de Veracruz (UPAV), en la cual fueron
presentadas diversas propuestas enfocadas a fortalecer esta institución
educativa.

En dicha reunión, integrantes de la Comisión Técnica
explicaron la crisis por la que atraviesa actualmente la universidad. Además presentaron
un compendio de propuestas de reforma y adiciones al artículo 10 de la Constitución
Política del Estado. Mismas que, por acuerdo de las mesas de trabajo,
coincidieron que la UPAV debe tener autonomía.

En el mismo sentido, se pronunciaron para que la
designación del Rector y directivos de la UPAV sea a través de un proceso
democrático y abierto a los miembros de la misma institución, “lo cual será de
gran beneficio y bienestar para el crecimiento de la Universidad” refirieron.

Asimismo, destacaron el
arduo trabajo que han realizado a lo largo de más de un año para llegar a estas
propuestas e –informaron- que algunas de las peticiones son prioritarias y de
inmediata atención, por lo que deben considerarse a la brevedad.

En su intervención, el
presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura, diputado León
David Jiménez Reyes, dijo que conoce la situación de la UPAV y reconoce la
aportación que da esta universidad a un sector de la población que busca
continuar con sus estudios profesionales.

De igual forma reconoció
que es una Universidad con un propósito definido, por lo que considera adecuado
apoyar estas iniciativas que permitan convertirla en una universidad
consolidada.

Agregó, que es
prioritario “trabajar en una misma dirección para lograr una autonomía plena
para su funcionamiento, una reestructuración interna de sus órganos para poder
hacerla más eficiente y una redistribución de su presupuesto”.

Por último, destacó la
importancia de fortalecer a la UPAV, pues cubre muchos espacios que
difícilmente cubren otras instituciones educativas de la entidad.

Participaron en esta
reunión los integrantes de la Comisión Técnica de Seguimiento del Acuerdo por
el Rescate y Consolidación de la UPAV, Omar Pensado Díaz, Julieta Ramírez Enríquez,
Alejandro Williams, Jorge Sarquiz Zúñiga, Javier Vásquez, Cecilia Montero de
Jesús, Carmen Galán Pasarán, Ignacio García Meneses, Guillermo Rivera Sámano, Jesús
Rodrigo Morales Enríquez, Eulalio González López, Luis Enrique Ochoa Ortega,
Cecilia Montero de Jesús, Flor de María Mejía Olivares y Rebeca Ramos Rella.

El diputado del Distrito XII, con cabecera en
Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, atendió a un grupo de habitantes,
provenientes de distintas comunidades del municipio de Ayahualulco, a quienes
invitó para conocer la función de los legisladores y la forma en que opera el
Congreso del Estado.

Mujeres y hombres de Mazazontipan, Ocotepec, Plan de
la Cruz, Rinconada, San Antonio Xoquitla, San Isidro, San José Aguazuelas, Tlaconteno,
Xocotepec, Xololoyan Altamirada, Apanteopan, Ayahualulco, Calzontepec y
Cetlalpan, recorrieron las instalaciones de este Poder, ubicado en avenida
Encanto y Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Arriban científicos de la UNAM para realizar estudios de
subsuelo.

Para dar a conocer la situación que prevalece en el
tiradero a cielo abierto de Las Matas y el ambicioso proyecto de saneamiento
que se prevé para remediarlo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del
Estado de Veracruz (SEDEMA), María del Rocío Pérez Pérez, se reunió este 20 de
diciembre con un grupo de legisladores, encabezados por el diputado presidente
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín. Con el respaldo del Subsecretario de Fomento y
Gestión Ambiental, Rafael Gallina Pantoja, la funcionaria estatal brindó una
amplia explicación sobre la situación que prevalece en el basurero de Las
Matas, uno de los más contaminados del estado y del país, según indicó. Pérez Pérez informó que ayer mismo arribaron a la zona científicos de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) para realizar estudios del subsuelo y el
daño provocado al entorno natural y a la salud de los habitantes. Cada día, más de mil toneladas de basura proveniente
de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque se depositan en
el tiradero que ha invadido derechos de vía de torres de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Para atender este problema, en coordinación con el
gobierno federal, un grupo interdisciplinario de especialistas en temas
ambientales, apoyados con equipo y tecnología de punta, identificarán el nivel
de contaminación y lo conducente para mitigar el deterioro ambiental de la
región y garantizar el saneamiento de 26 hectáreas en beneficio de la
población. Sin embargo, luego de exponer los municipios
considerados para la construcción de un relleno sanitario que atienda a la
región, la diputada del Distrito XXVI, con cabecera en Cosoleacaque, Magaly
Armenta Oliveros, informó que ciudadanos de seis comunidades de Chinameca le
han hecho llegar diversas peticiones, por lo que deberían tomarse en cuenta en
este proyecto. Refirió que el mayor reclamo de sus representados, a
lo largo de más de 14 años, está enfocado en la construcción de un puente y la
rehabilitación de las carreteras, más allá de la construcción de un basurero. Los representantes de la SEDEMA explicaron que no se
trata de un basurero como tal, sino de un relleno sanitario que cumplirá con
las normas de manejo ambiental y los lineamientos establecidos por autoridades
del ramo, lo cual garantizará el destino correcto de los residuos. Por su parte, Gómez Cazarín agradeció la explicación
pormenorizada del problema que aqueja a los habitantes del Sur del Estado y se
comprometió a permanecer al pendiente de la evolución de ese tema. En la reunión también participaron las diputadas
Jessica Ramírez Cisneros y Deisy Juan Antonio, el diputado Amado Jesús Cruz
Malpica y el representante del legislador Gonzalo Guízar Valladares; así como
el Secretario General del Congreso de Veracruz, Domingo Bahena Corbalá.

El diputado Juan Manuel Unánue Abascal, a nombre de
las diputadas y diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) en el Congreso de Veracruz, presentó la iniciativa de decreto para
reformar el artículo 15 del Código de Derechos de la entidad que permitiría reducir
al 50 por ciento el costo de licencia permanente a motociclistas. Durante su intervención en tribuna, el diputado
expuso que la iniciativa tiene como objetivo apoyar a los veracruzanos que
utilizan como medio de transporte la motocicleta.

Con base en datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), precisó que en Veracruz, el 61 por ciento de
la población vive en zonas urbanas y el 39 por ciento en zonas rurales,
concentrándose en estas últimas casi 3 millones de habitantes.

“La ciudadanía que vive en centros urbanos, áreas metropolitanas
y zonas rurales, cada una con sus diferentes aristas, ha decidido utilizar moto
en primer lugar por la economía familiar y en segundo para resolver la
movilidad, aún cuando las necesidades son distintas”, explicó.

Consideró necesario precisar que una de las
características del medio rural es la dispersión poblacional y por ende las
distancias se hacen mucho más largas por la falta del transporte; “en el medio
rural muchos de estos trayectos se hacen caminando y no precisamente por
decisión, sino por necesidad y también porque el medio así lo permite”. Citó que un automóvil nuevo y de bajo costo, tiene
un valor promedio de poco más de 170 mil pesos, y el costo de una licencia tipo
C en la entidad, tiene un costo de mil 376 pesos, representando menos del 1 por
ciento del valor del automóvil. En contraste, una motocicleta nueva de bajo costo,
tiene un valor de 13 mil pesos y el valor de la licencia tipo D en Veracruz es
de 983 pesos, que representa un 7.5 por ciento del valor de la unidad. “El costo de las licencias para motociclistas es muy
superior al de las licencias de automovilistas, por lo que tomando en
consideración que muchos ciudadanos adquieren las motocicletas por razones
económicas, como una necesidad y no como un lujo”, subrayó. Por estas razones, reiteró que el Grupo Legislativo
del PAN, preocupado por la economías de las familias veracruzanas y buscando
alternativas de ahorro en el marco de la Ley, propone la reforma al Código de
Derechos a fin de bajar en un 50 por ciento el costo de la licencia de conducir
tipo D para motociclistas. La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Hacienda de Estado y la de Transporte, Tránsito y
Vialidad.

En la Novena Sesión del Pleno de la LXV Legislatura,
y al hacer uso de la tribuna, el diputado Omar Guillermo Miranda Romero,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), realizó un
pronunciamiento sobre diversas consideraciones a los ejercicios de aprobación
de los presupuestos públicos del Estado y la Federación. Esperamos firmemente, señaló en su intervención, que
en el caso de Veracruz no suceda lo mismo que en la Federación y el proceso de
la aprobación del presupuesto sea con base en responsabilidades y beneficios
reales a todos los ciudadanos “y no solo sea apretar más a unos y reducir más a
otros”. En relación al presupuesto Estatal, subrayó Miranda
Romero, hasta el momento los grupos parlamentarios que no pertenecen al gremio
del Ejecutivo Estatal, “no han tenido participación en éste análisis, ya que
con su mayoría”, el Grupo Legislativo de Morena pretende no analizar de fondo
las problemáticas que esto implica, esto “no solo en el ámbito estatal, sino
también de lo que hoy podemos ver
gestado por esta cuarta transformación en el ámbito federal.”

De igual manera, el legislador del PAN señaló que:
la realidad de lo que sí conocemos es del ámbito federal, en cuanto al paquete
económico en el que en el presupuesto, se presentan varios rubros que sufren
recortes.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN)
de la LXV Legislatura, en voz de la diputada María Graciela Hernández Íñiguez,
presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas
disposiciones del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, respecto del pago de derechos por ingreso y permanencia en todos los
Institutos Tecnológicos del Estado de Veracruz. En específico, proponen el pago igualitario en todas
las instituciones educativas por conceptos como inscripción, reinscripción,
titulación, constancias, credenciales, exámenes profesionales y al menos otros
35 rubros que causan un pago en las universidades. La legisladora originaria de Misantla, mencionó que
debido a la legislación vigente en la materia, las Universidades, así como los
Institutos Tecnológicos de Educación Superior, cuentan con autonomía y facultad
de gobernarse a sí mismas, por lo que tienen la potestad para fijar los
términos de ingreso y permanencia de los y las estudiantes en cada
plantel. “La necesidad de ponderar la igualdad en el trato y
en consecuencia el cobro a los alumnos, de todos los planteles, se basa en la
necesidad de generar cada día, mejores condiciones de acceso a la educación, la
cual si bien está consagrada en el artículo tercero de nuestra Carta Magna,
debe ofrecer en la operatividad condiciones de estímulo e impulso a los
estudiantes universitarios”, expresó la diputada. En el caso del Tecnológico de Misantla, ejemplificó,
esta homologación se traduciría en un ahorro de hasta el 50 por ciento en
algunos rubros, lo que representa un aliciente importante a la economía de los
estudiantes. Dijo que actualmente hay importes por pago de
derechos que van más allá de un monto simbólico, sino que por ejemplo, en
algunos Tecnológicos, el costo por titulación es de casi 5 mil pesos, en tanto que la iniciativa
suscrita, propone un importe de 2,200 pesos, cantidad moderada y justificada en
virtud de la carga administrativa que conlleva cada proceso. La propuesta, presentada durante la novena sesión
ordinaria, garantiza y pondera, con perspectiva de derechos humanos, un trato
igualitario a los alumnos de los planteles, sin vulnerar la autonomía de gestión
de las instituciones, indicó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen correspondiente.

La LXV Legislatura de Veracruz recibió, del
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se adicionan al Código Penal del Estado, un capítulo denominado “Del Pago
y Recibo Indebido de Remuneraciones de los Servidores Públicos”, dentro del título
“Delitos por Hechos de Corrupción”, entre otras adiciones. Lo anterior, para tipificar la conducta y el hecho
mencionado, señala en su Iniciativa el Ejecutivo, y “siguiendo la lógica del
legislador federal que, en esta materia, estimó conveniente instituir el delito
correspondiente en el código punitivo del fuero federal, por la violación a los
supuestos normativos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

De la misma manera y en congruencia con la reciente
Iniciativa con Proyecto de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria
del artículo 82 de la Constitución Política del Estado, y que presentó,
también, recientemente el Ejecutivo a la
consideración de este Poder Legislativo, para su análisis y dictamen. De esta forma se establecerán criterios de
proporcionalidad, control, transparencia y eliminación de la discrecionalidad e
impunidad, mediante la inclusión de tabuladores de las remuneraciones que
percibían los servidores públicos, desglosados en los presupuestos de egresos”,
apunta la iniciativa. Así, se establece en la reforma propuesta, que “el
delito de remuneración ilícita se comete cuando un servidor público recibe, obtiene o se beneficia,
dolosamente, de un pago o remuneración en exceso y no autorizado al sueldo o
salario que le corresponde, contraviniendo el objeto, supuestos y plazos de la
Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del artículo 82
de la Constitución Política del Estado de Veracruz”. Igualmente, que se hará acreedor de la medida
punitiva anterior, a quien apruebe o refrende el pago, o suscriba el
comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación,
pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o
crédito no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Remuneraciones señalada. La iniciativa enviada fue turnada a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para el
trámite legislativo correspondiente.

La diputada María de Jesús Martínez Díaz, presidenta
de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología del Congreso de Veracruz,
presentó un anteproyecto de punto de acuerdo por el cual se exhorta al
Ejecutivo del Estado a no convertir el Museo Interactivo de Xalapa (MIX) en
oficinas burocráticas. Durante su intervención, en la Novena Sesión
Ordinaria, del Primer Periodo de Sesiones, la legisladora propuso que se
establezca un plan de rescate financiero y de la operación del Museo xalapeño,
en beneficio del turismo, de los jóvenes y de la niñez veracruzana. “La ciencia, la tecnología y la innovación se han
convertido en herramientas necesarias para la transformación de las estructuras
productivas, la explotación nacional de los recursos nacionales, el cuidado de
la salud, la alimentación, la educación y otros requerimientos sociales. Necesitamos
un gobierno para la ciencia y la tecnología que apoye la investigación
científica y tecnológica a través de nuevas instituciones públicas pero que
defiendan y conserven a las que ya se tienen”, destacó. En el caso específico del MIX, centro cultural
creado en 1992, subrayó que su principal objetivo era precisamente fomentar en niños
y jóvenes el interés por la ciencia y la tecnología, por lo que –lamentó- que
se pretenda destinarlo para oficinas burocráticas. La integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional hizo un llamado a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado
a cuidar que los recursos, destinados a la ciencia y la tecnología, no sufran disminución
alguna.

Propuso analizar el tema del MIX y encontrar la
solución bajo un esquema administrativo o concesionado, ya sea con inversión
pública o privada.

El Presidente de la Mesa Directiva, José Manuel
Pozos Castro, dio instrucciones para turnar el anteproyecto de punto de acuerdo
a la Junta de Coordinación Política.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Dictamen de decreto que reforma el párrafo segundo del
artículo 122 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa por el que se
extiende, además de adultos mayores de 60 años, a personas con discapacidad
como beneficiaros del descuento, en un 50 por ciento, en el pago del Impuesto
Predial, así como la eliminación del techo del valor catastral de diez mil
salarios. Esta reforma es resultado de la iniciativa que
presentó el pasado 13 de diciembre la diputada del Distrito X, Xalapa I,
Rosalinda Galindo Silva. La exposición de motivos señala que la autora de la
iniciativa coincide con el Ayuntamiento de Xalapa relativo a que deben
fomentarse políticas públicas que permitan coadyuvar con el mejoramiento de las
condiciones y expectativas de vida de los ciudadanos, al formularse propuestas
y acciones que garanticen los principios de inclusión e igualdad jurídica,
priorizando beneficiar a aquellas personas que pertenezcan a grupos
vulnerables. Este Dictamen, aprobado durante la novena sesión
ordinaria, registró 43 votos a favor de diputadas y diputados de los Grupos
Legislativos de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la Historia”, MC-PRD y
PVEM-PRI.

El presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Congreso del Estado, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, recibió a
integrantes del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de
Pueblos y Comunidades Indígenas en Veracruz, quienes solicitaron el respaldo de
este Poder para aprobar el presupuesto que corresponde a la población indígena,
para el ejercicio fiscal 2019. El secretario técnico del Consejo, Genaro Tenorio,
explicó que los integrantes de este órgano tienen la facultad de presentar un
programa estatal anual para el desarrollo integral de los pueblos en la entidad
y que solicitan un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos, recurso que el
gobierno administraría en beneficio de sus comunidades y que equivaldría a
menos del 2 por ciento del presupuesto que ejercerá el Estado. “Quieren que se les tome en cuenta en la inversión
que se vaya a hacer en sus pueblos, porque ha pasado que realizan obras que se
quedan abandonadas”, añadió. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Derechos
y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este Consejo
es un órgano de consulta obligada para la Administración Pública Estatal, en
materia de desarrollo integral de los pueblos y comunidades de indígenas,
recordó.

Sin embargo y a pesar de tener personalidad jurídica
desde el 15 de enero de este año, los representantes del Consejo, liderados por
Reyna Pablo Sánchez, señalaron que han sufrido el desdén de las autoridades y
no han sido tomados en cuenta para programar las obras que beneficien a los 47
municipios indígenas que tienen representación en este Consejo. La tarde de este jueves 20 de diciembre, el
legislador Juan Javier Gómez Cazarín, acompañado de la diputada Magaly Armenta
Oliveros y el Secretario General del Congreso de Veracruz, Domingo Bahena
Corbalá, recibieron al grupo de personas provenientes de los municipios de Santiago Sochiapa,
Cosoleacaque, Chicontepec y Sayula de Alemán.

Luego de entregar un oficio, los miembros del
Consejo expresaron su reconocimiento a la LXV Legislatura, pues –aseguran- durante la pasada administración tuvieron que
hacer antesala durante horas e incluso, como estrategia para que los tomaran en
cuenta, renunciaban a su indumentaria habitual y vestían ropa más formal y
trajes. “Ojalá que la amabilidad con la que fuimos recibidos
se traduzca en beneficio para nuestros pueblos y comunidades”, reiteraron. Por su parte, el presidente de la Junta de
Coordinación Política se comprometió a revisar el documento y a darle
seguimiento a sus necesidades.

Este jueves 20 de diciembre las diputadas Ivonne
Trujillo Ortiz y Ana Miriam Ferráez Centeno, presidenta y secretaria,
respectivamente, de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género del
Congreso de Veracruz, celebraron la tercera reunión de trabajo con integrantes
de organizaciones de la sociedad civil, en la cual se comprometieron a
consolidar una agenda común con expertos, grupos y asociaciones civiles
dedicadas a la prevención de la violencia contra la mujer. En la reunión a la que asistió una representante de
la diputada Mónica Robles Barajas, la legisladora Ferráez Centeno anunció que
serán tomados en cuenta los programas, acciones, presupuestos y las iniciativas
que pasadas Legislaturas dejaron pendientes de dictaminar. Durante su encuentro con miembros de la Red de
Mujeres Feministas Veracruzanas (REMUFEVER), abordaron temas referentes a los
derechos sexuales y reproductivos de la mujer, el combate de la violencia
simbólica, política y en el servicio público, así como el principio de laicidad
en el Estado. Yadira Hidalgo González, Tanya Carola Viveros
Cházaro, Martha Mendoza Parissi, Mónica Mendoza Madrigal, Sabina Martínez Pinto,
Sheyla Fuertes Lara y Rosana Castellanos, entre otras integrantes de la Red,
pidieron dar seguimiento a las dos Alertas de Violencia de Género emitidas para
el Estado de Veracruz. De acuerdo con lo previsto, el próximo 16 de enero habrá
una agenda legislativa preliminar que incluya las propuestas de la Comisión
Técnica de Expertos y Expertas para dar seguimiento a la Agenda de las Mujeres
por la Igualdad en Veracruz (AMIVER), de la REMUFEVER y de otros miembros de la
sociedad civil.

La LXV Legislatura de Veracruz dio entrada a la
iniciativa, enviada por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez,
que plantea una nueva Ley de Planeación para el Estado de Veracruz que tiene
como objeto regular las normas, bases y funcionamiento del Sistema Estatal de
Planeación Democrática, para conducir el desarrollo sostenible y lograr el
bienestar social. Durante la novena sesión ordinaria, del primer año
de labores, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del
Estado y de Hacienda Municipal esta propuesta legislativa que prevé determinar
los órganos responsables e instrumentos para que el Poder Ejecutivo coordine
las acciones de planeación a cargo de la administración pública estatal, así
como su vinculación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Esta nueva ley contempla la creación del Consejo
Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar (CEPLADEB) y el Comité de
Planeación Democrática para el Bienestar (COPLADEB), órganos que deberán
realizar diagnósticos, fijarán objetivos, estrategias, acciones, metas,
prioridades y programas de ejecución del desarrollo integral del Estado, con
base en la información del Sistema de
Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz (SIEGVER).

De acuerdo a la iniciativa correspondería a cada uno
de los municipios de la entidad remitir su Plan Municipal de Desarrollo a la
Legislatura del Estado o a la Diputación Permanente, para su conocimiento,
opinión, observaciones y aprobación; convenir con el Ejecutivo del Estado, su
participación en el proceso de planeación del desarrollo y remitir el Programa
Sectorial de Desarrollo Metropolitano Municipal a la Comisión Permanente de
Desarrollo Metropolitano del Congreso del Estado, para su conocimiento, opinión
y observaciones.

A través de los CEPLADEB, COPLADEB y los Subcomités
de Planeación Democrática para el
Bienestar (SUPLADEBS) se realizarán las consultas y se promoverá la participación de las distintas
organizaciones representativas de la sociedad, con el propósito de que la
población exprese sus necesidades, opiniones y aspiraciones, para la
elaboración, ejecución, control, seguimiento, evaluación y actualización del
Plan Estatal de Desarrollo y de los Planes Municipales de Desarrollo. La propuesta incluye que el Plan Veracruzano de
Desarrollo deba elaborarse usando una metodología de planeación específica, y
publicarse en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de
toma de protesta del Gobernador del Estado. Su vigencia no excederá del periodo
constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y
proyecciones de más largo plazo. El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá un plazo
máximo de cuatro meses, contado a partir del día de su toma de protesta como
Gobernador del Estado para elaborar el Plan Veracruzano de Desarrollo. Al
término de este plazo, lo remitirá al Congreso del Estado, quien contará, a su
vez, con un plazo máximo de dos meses para su estudio, análisis y aprobación. Los planes municipales de desarrollo de cada uno de
los municipios del Estado deberán tener una visión estratégica integral para el
desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, armonizados con las estrategias
estatales, nacionales e internacionales. A partir de la entrada en vigor de este
ordenamiento, el CEPLADEB solicitará a los sujetos que previene esta Ley, sus
opiniones, estudios, trabajos y aportaciones para iniciar la elaboración y proceso del Plan Veracruzano de
Desarrollo, y para tal efecto requerirá
su cooperación, a través de los diferentes medios de difusión colectiva,
impresos o electrónicos y se les concederá un plazo de 15 días naturales para
hacer llegar sus propuestas.

La exposición de motivos señala que la actual Ley de
Planeación para el Estado de Veracruz data de 1987 y, no obstante que se ha
modificado en varias ocasiones, el impacto esencial ha sido mínimo. Los
atributos de esta legislación fueron diseñados para un tiempo y concepción
donde la planeación del desarrollo no era relevante ni se consideraba
estratégica. Añade que dicha legislación ha evidenciado rigidez,
imprecisión, falta de rigor y limitaciones metodológicas que han propiciado y
permitido, que los procesos de planeación de las administraciones públicas sean
inoperantes e ineficaces.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui acudió
este miércoles al Foro Regional Retos y Compromisos de la Producción de Limón
Persa ante la Certificación y la Ley FSMA 2018. Durante el encuentro con productores de la región
Sur-Sureste del país, la legisladora por el distrito de Huatusco recordó que la
citricultura en México es una actividad muy importante y Veracruz, uno de los
principales productores de limón persa a nivel nacional. Destacó además la nobleza de nuestra tierra y la
calidad del producto de gran demanda en el mercado mexicano, pero también en
Estados Unidos y países de Europa. Al Foro convocado en el municipio de Córdoba,
acudieron productores de Yanga, Tierra Blanca, Comapa, Ixtaczoquitlán y de los
estados de Oaxaca y Chiapas, quienes conocieron los modelos guía que facilitan
a los integrantes de la cadena productiva la certificación de sus viveros,
huertos y el empaque, proceso que les permitirá reforzar la actividad
exportadora del limón persa.

La diputada panista agradeció la invitación del
presidente nacional del Sistema Producto Limón Persa, César Cortés Bello y se
comprometió a impulsar desde el Congreso Local acciones y políticas públicas en
beneficio del sector.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,
integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz,
consideró que la iniciativa de Ley para revocar la Reforma Educativa,
presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, traerá grandes
cambios en el ámbito educativo y logrará que niños y jóvenes tengan un mejor
futuro, encaminando a México hacia el primer mundo. Durante su participación en la Novena Sesión
Ordinaria, del Primer Periodo de Sesiones, el legislador explicó que un
proyecto de transformación educativa requiere un enfoque integral pedagógico,
que conciba de una manera nueva el aprendizaje, la enseñanza y el papel social
de la escuela, que no solamente modifique aspectos administrativos que redunden
en el mismo paradigma que se ha venido aplicando en los últimos 30 años con
resultados contraproducentes. Consideró que el inicio de la cuarta transformación
de México está en marcha y recordó que el Presidente de México ha tomado la
decisión de cancelar la “mal llamada” reforma educativa que tanto ha lacerado
la docencia y la educación. Durante su pronunciamiento, el también secretario de
la Comisión Permanente de Educación y Cultura, destacó los puntos más
significativos de la iniciativa de Ley del modo siguiente:

1.- Reformar el artículo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregando el concepto de niñas, niños
y jóvenes, a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que
imparte el Estado.

2.- A los principios tradicionales de la educación
gratuita, laica y obligatoria, se agregan el que debe ser universal, equitativa
y excelente, consagrando el principio de obligatoriedad de la educación
superior.

3.- Por primera ocasión se reconoce al magisterio
como un agente principal de la transformación social, los maestros tendrán
derecho a acceder a un sistema permanente de actualización y formación
continua, así como un nuevo Servicio de Carrera Profesional.

4.- Fortalecerá las escuelas normales e
instituciones de educación superior que brindan formación docente, para
actualizar sus métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la educación, estableciendo
la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de valores,
civismo, historia, cultura, entre otros.

5.- Se establecerá el principio de equidad, el cual
permitirá aplicar una política educativa incluyente, adecuada a la adversidad
cultura y étnica, a fin de combatir las desigualdades sociales, de género y
regionales.

6.- En escuelas de educación básica, en zonas
vulnerables, se implementarán acciones de carácter alimentario y respaldará a
los estudiantes en condiciones de desventaja, el Estado asumirá la
responsabilidad de implementar políticas como el sistema de becas “Benito
Juárez”, para evitar deserción y fomentar la permanencia.

7.- Una parte fundamental de esta iniciativa es la
cancelación del Instituto Nacional para la evaluación de la Educación (INEE) y
la creación del Centro Nacional para la revalorización del Magisterio y Mejora
Continua a la Educación, este organismo contará con un Consejo Consultivo de la
mayor representatividad, que realizará un programa indicativo de 30 a 40 años,
con lo cual, permitirá darle continuidad a una política educativa de Estado.

8.- La Educación será obligatoria hasta el nivel
superior, para ello se propone la creación de 100 universidades, así como becas
y apoyos económicos para que los jóvenes no tengan que abandonar sus estudios.
También se creará el Programa Rechazados Cero, para que todos los jóvenes
encuentren en dónde estudiar, una meta que se espera alcanzar para finales de
este sexenio.

Por último, pidió a las y los veracruzanos y al
pueblo de México, a sumarse al Proyecto de Nación que ha comenzado y que les
está devolviendo los derechos educativos que por el simple hecho de ser
ciudadanos mexicanos, les pertenecen.

De los 443 aspirantes, 162 son mujeres y 281 hombres, destacó el
legislador.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura, diputado José Manuel Pozos Castro, informó que, resultado de la
invitación planteada por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez,
el Congreso del Estado recibió la documentación de 443 aspirantes a ocupar las
vacantes de magistrado del Poder Judicial de la entidad.

En conferencia de prensa, el legislador Pozos Castro
indicó que de los 443 aspirantes 162 son mujeres y 281 hombres.

Destacó que este procedimiento de invitación y
apertura garantiza que quienes representen al Poder Judicial sean personas con trayectoria,
con preparación y con deseos de servir a Veracruz

Con la participación del Vicepresidente de Mesa
Directiva, diputado Alexis Sánchez García y de los legisladores Raymundo Andrade
Rivera y Magaly Armenta Oliveros, el diputado José Manuel Pozos recordó que el
pasado 10 de diciembre, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y
él mismo, en su calidad de Presidente del Congreso del Estado, invitaron a
todos los abogados, principalmente a aquellos con trayectoria dentro del Poder
Judicial, que participaran para ser seleccionados como magistrados.

Para ello, el 12 de diciembre se integró un Comité
de Recepción donde participaron 36 legisladoras y legisladores de todos los
grupos políticos representados en el Congreso.

El 13 y 14 de diciembre se recibió la documentación
de los interesados y el día 17 se integró un Comité para revisar la
documentación, conformado por los diputados Magaly Armenta Oliveros, Mónica
Robles Barajas, Adriana Paola Linares Capitanachi, Eric Domínguez Vázquez,
Raymundo Andrade Rivera, Montserrat Ortega Ruiz y Enrique Cambranis Torres.

Dijo que el total de los expedientes fue entregado este
19 de diciembre al Ejecutivo estatal e informó que la lista de los 443
aspirantes estará disponible en la página oficial de este Poder Legislativo.

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado
del Congreso local, Rosalinda Galindo Silva, se reunió este mediodía con
contralores de distintas dependencias de la Administración Pública Estatal. En reunión privada, dialogaron sobre el compromiso
de promover el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos financieros;
así como la necesidad de elevar la calidad en la gestión y desempeño de los
servidores públicos. La legisladora dialogó con los contralores del
Congreso de Veracruz, René Buenrostro Hernández; de la Fiscalía General del
Estado, María del Pilar Beltrán Cisneros; del Órgano de Fiscalización Superior
de Veracruz, Emmanuel Vázquez Jiménez y del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa de Veracruz, Mauricio Eduardo Jonguitud Piñeiro. Participaron también Francisco Galindo García, del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz y Mariano Alvarado Martínez, de
la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Acuerdo de
la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por el cual se crea la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento
del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café
Veracruzano, misma que se encargará de estudiar la problemática que enfrenta la
actividad cafeticultora y tendrá que buscar soluciones a corto, mediano y largo
plazo.

Esta
instancia legislativa se vinculará con productores, representantes de las
diversas zonas cafetaleras de la Entidad, asociaciones civiles e instituciones
educativas públicas o privadas y de estudiosos de la materia, para la gestión -ante
las autoridades competentes- de los apoyos necesarios. La
Comisión quedó integrada por la diputada Lagunes Jáuregui, presidenta y los
legisladores Raymundo Andrade Rivera, secretario y Jorge Moreno Salinas, Rubén
Ríos Uribe y Alexis Sánchez García, como vocales. El acuerdo
destaca la importancia del cultivo del café en diferentes
regiones del mundo y lo redituable que resulta su producción, en contraste con
la situación nada alentadora que la industria enfrenta en nuestro país, donde
esta actividad agrícola ha decaído por la falta de apoyos gubernamentales. Fue
aprobado con 46 votos a favor de diputadas y diputados de los Grupos
Legislativos de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la Historia” MC-PRD y
PVEM-PRI. No se registraron votos en contra o abstenciones. En el
debate general, la legisladora agradeció al Pleno el interés
que tiene este Poder por la industria
cafeticultora en el estado y por el campo, y que ahora en su calidad de
presidenta de esta Comisión, solicita la oportunidad para que se le permita
participar en la discusión del presupuesto en apoyo a este sector, “ya que el
campo debe ser prioridad, es nuestro orgullo y hay que defenderlo”, refirió.