En el delito de robos de vehículos y robo de identidad se investigan a empleados y ex funcionarios del gobierno estatal del área de Emplacamiento que pudieron estar involucrados, porque “había una mafia,indicó el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz.

Refirió que el delito que más se comete en la entidad es de robo de vehículos, y aunque ha descendido el problema continúa por lo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realiza tareas de prevención, además de que se depuran las áreas de emplacamiento a fin de evitar que continúen las “mafias”.

“Mafias, sobre todo depurar las áreas de emplacamiento que es un lugar donde hemos visto que células delictivas dedicadas al robo de vehículos tenían una mafia en relación de cómo iban emplacaban y regularizaban estos vehículos”, indicó.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la FGE, en la administración estatal anterior, dieron órdenes de emplacar hasta a 100 vehículos para la misma persona, y cuando acudieron al domicilio del supuesto dueño de esta cantidad, resulta que su condición económica era diferente, por lo que hay otro delito que es el de robo de identidad. “

“Había personas que de repente aparecían que tenían más de 100 vehículos a su nombre y se hace una investigación y ves su condición de vivienda que difícilmente le permitiría establecer una adquisición masiva de autos y se está en presencia de un robo de identidad, y se está investigando para que cada uno de esos casos de vehículos sean boletinados y se detengan”, dijo.

Especificó que el robo de vehículos aumentó en las zonas donde hay mayor número de habitantes como Xalapa, la zona conurbada y el sur del estado.

Precisó que la FGE investiga “si hay complicidad de algunas personas que trabajaban en estas áreas de emplacamiento que pudieran estar de la mano con delincuentes para regularizar autos robados”.

Finalmente mencionó que “Hay gente que ya está vinculada a proceso” por el delito de robos de autos, y hay varios casos donde personas que tienen un sin número de vehículos a su nombre y cuando inician investigaciones es evidente que se trata de una clonación de su identidad por como emplacaron y como hicieron los cambios “Todos los vehículos tienen reporte para su detención en cualquier parte del país,finalizó.

Benjamín Hernández Rebolledo cuenta con 22 años y ganó el primer lugar en el examen de oposición aplicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en junio del presente año a un promedio de seis mil participantes que deseaban incorporarse al magisterio y obtener una plaza.

El originario del Puerto de Veracruz, dijo que si tuviera la oportunidad de estar frente a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) recomendaría que los libros y el plan de estudios “están descontextualizados, porque cada grupo de población es distinto y con intereses distintos”.

Consideró que el plan de estudios debe enfocarse “más en qué es lo que necesitan aprender verdaderamente los niños.

Porque hay comunidades lejanas que viene el plan de estudios y se les menciona hablar de las calles.

Entonces cómo eso niños van a hablar de calles si ellos no tienen calles en su comunidad. Me gustaría cambiar que los planes de estudio estuvieran contextualizados.

Señaló que el Nuevo Modelo Educativo tiene autonomía, lo cual es “la verdad es muy bueno que cada escuela pueda tener la oportunidad de ver cuales contenidos son mejores para su centro de trabajo, pero si siento que contextualizar a los niños y que los niños aprendan lo que hay en su entorno es lo más ideal que pueda haber”.

Ningún integrante de su familia labora en el sector educativo, pero él decidió dedicarse a la enseñanza desde que tenía nueve años, porque sus maestros y maestras de educación primaria lo inspiraron. “

El cariño de mis maestros influyó para que yo me decidiera desde niño y en preparatoria participé en un taller de tareas y ahí reafirmé mi vocación de ser maestro de nivel primaria, indicó el egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) Enrique C. Rébsamen.

La semana anterior Benjamín estaba en casa de sus padres en el puerto de Veracruz y ahí no tiene internet, por lo que no podía acceder a la página oficial para ver la lista de los docentes que aprobaron el examen del INEE.

Su teléfono celular sonó y era una de sus compañeras solicitándole el número de folio y ella por su parte verificaría. “

Mi amiga me dijo ya chequé y yo soy la número 24 de la lista y tú. Yo le dije, no tengo internet. Y ella checó y me dice Qué crees? Ya chequé y eres el número uno de la lista”, expresó sonriente.

Finalmente afirmó que quiere ser maestro porque quiere ayudar a la formación de niños y niñas y dejar huella” a base de compromiso y trabajos didácticos, además de que ser “maestro es una labor muy noble.

Benjamín fue el primer docente en tener la oportunidad de pasar al frente de sus 799 compañeros y compañeras, así como del secretario de Educación de Veracruz, Enrique Rodríguez Pérez, la directora general adjunta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en Veracruz, Araceli Cabido Vaillard, el notario público, Manuel Díaz Rivera, y el delegado de la secretaría de Educación Pública (SEP), Abraham Azuara Zapata, para que con el apoyo de una computadora eligiera la comunidad, colonia, municipio y escuela primaria donde deseaba trabajar, esto como parte de un ejercicio de transparencia en la entrega de 800 plazas, el pasado sábado en la explanada de la SEV.

Una intensa actividad mantienen los elementos del Ejército Mexicano aplicando el Plan DN-III de la Secretaría de Defensa Nacional en apoyo de la población que se ha visto afectada por las torrenciales lluvias y el desbordamiento de los ríos.

En esta ocasión estuvieron trabajando en las colonias y comunidades de los municipios de Coatzacoalcos, Tlacotalpan y Santiago Tuxtla, los que se vieron afectados por las lluvias y el desbordamiento de los ríos.

En estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional refrendó su compromiso con la comunidad al implementar acciones para salvaguardar la integridad y seguridad de sus pobladores.

Los elementos del Ejército desazolvaron alcantarillas, colocaron costalillas con arena formando pequeños diques para evitar que las aguas se extendieran a otras áreas, limpiaron zonas inundadas, rescataron pertenencias de las familias afectadas y llevaron a éstas a sitios seguros.

Adriana Figueroa, docente jubilada, señaló que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), les adeuda cerca de 100 millones de pesos a cuatro mil maestros jubilados del estado, monto que les fue descontado cuando ellos se encontraban en activo.

Según el Servicio Profesional Docente y sus estatutos, este recurso descontado, tuvo que haber sido depositado en los primeros seis meses posteriores a su jubilación, aunque es la fecha que no han recibido nada.

A pesar de las constantes reuniones que se ha tenido en las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas, es la fecha en que no llegan a un arreglo, a pesar de que el titular de la dependencia reconoce la deuda.

Aseguró que desean evitar conflictos de cualquier tipo y con la declaración mediática sólo buscan que el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares volteé a ver su caso para que les ofrezca una solución.

«Nos hemos dado cuenta que somos varios los que tenemos el mismo problema, andábamos de alguna forma personalmente buscando por su propio medio y al darnos cuenta que teníamos el mismo problema, nos unimos y por eso decimos que no pertenecemos a ninguna asociación o partido político», apuntó.

Finalizó comentando que el ingreso de un jubilado es menor al de un maestro en activo, por ende es que pelean este recurso extra que les debió ser entregado.

En Veracruz una mujer muere diariamente por cáncer de mama, informó el encargado de la unidad funcional de cáncer de mama del Hospital de Alta Especialidad, Jaime Navarrete Alemán.

En entrevista, Guillermo Piña Mina, dirigente regional del Movimiento Antorchista en el municipio de San Rafael, solicitan el apoyo de la delegada de Veracruz de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Anilú Íngram Vallines, para que apoye a cientos de mujeres con del programa federal Empleo Temporal, ya que más de tres mil familias que se han visto afectadas por las contingencias que han pasado en los últimos dos meses en nuestro estado de Veracruz, por la pérdida de las plantaciones de plátano en ese municipio.

Cientos de mujeres que estaban laborando en las plantaciones y al quedar devastadas, quedan sin empleo, así como muchas mujeres que laboran como trabajadoras domésticas y en pequeños comercios y que ahora también se han quedado sin empleo.

«Nosotros ya hicimos un planteamiento a la delegación de Veracruz de la Sedesol para que, de inmediato, implementará el programa de Empleo Temporal y así los jornaleros y campesinos tenga el modo de obtener unos recursos y poder mantener a su familia, pero la verdad tampoco hay atención por parte de la delegación, pero sólo hay negativa echando culpas hacia las oficinas centrales que no les contestan, que no tienen recursos y que están en espera», afirmó Piña Mina

Mencionó que la delegada de Sedesol sólo se anda paseando en varias partes del estado en “eventitos” entregando algunas despensitas, «la verdad, más pareciera pose que una verdadera actividad que ayude aliviar la situación de los veracruzanos más pobres».

Por último, insistió que hasta ahora no tienen respuestas y exigen que la Sedesol, que intervenga con este tipo de programa, «nosotros tenemos un listado de tres mil compañeros que solicitan el Empleo Temporal, ya que se han quedado sin empleo», concluyó.

El gobierno de Veracruz reconoció que un grupo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), será quien defina si habrá o no alerta de género por agravio comparado cuyo termino vence este 30 de septiembre.

Juan José Niño Tejedor, director de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos, dijo que este día asistirá a la ciudad de México donde dará cuenta del cumplimiento de las recomendaciones.

Reconoció que una de las recomendaciones que era la reforma al código penal de Veracruz para definir aborto como la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 no se cumplió por parte del Congreso Local, y justificó que existe un proceso de inconstitucionalidad por la reforma al artículo cuarto constitucional que protege la vida desde la concepción.

Afirmó que el gobierno de Veracruz si cumplió con las recomendaciones del Secretaría de Gobernación, en dependencias como la Secretaría de Salud donde se adecuó la Norma 046 y la fiscalía perfeccionó procedimientos para que en los casos de violencia sexual, la Secretaría de Salud se acceda a los medicamentos para la Interrupción Legal del Embarazo.

En cuanto la alerta de violencia de género por feminicidio afirmó que si se han cumplido las recomendaciones y están en espera de la primera evaluación por parte de la Segob.

El fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, aseveró que que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene la carpeta de investigación de Karime Macías Tubilla, misma que inició desde el año pasado.

“Se inició desde hace más de un año una investigación con relación a ella como partícipe de delitos en conjunción con un grupo de personas que servían presumiblemente de prestanombres con el exgobernador”, dijo.

En entrevista explicó además que de las auditorías que se han llevado acabo con el DIF estatal, se pudiera establecer alguna responsabilidad de Karime Macías de temas que no están concluidos y lleva la Fiscalía General del Estado.

“Hasta el momento no tenemos la certeza de que haya una participación de la señora, estamos investigando y si lo hubiera evidentemente se solicitará una orden de aprehensión”, abundó.

Para los campesinos de esta región, es necesario que la en próxima legislatura se elijan a hombres y mujeres con ganas de sacar adelante al sector primario de este y otros municipios, y es que según su perspectiva, hace falta un diputado emanado del campo, que conozca este sector y preocupado por la situación que atraviesan los productores de esta zona.

Gabino Landa, productor de la zona de Atzalan, entrevistado al respecto reconoció que los apoyos y beneficios con los actuales legisladores, tanto del nivel local como del nivel federal han sido prácticamente nulos, pues en el tiempo que llevan en sus respectivos puestos han tenido en el abandono a este sector, tan es así que se han hecho de la vista gorda ante la situación que vivieron muchos productores con el pasado huracán Franklin.

“Nos enteramos por las noticias que el diputado federal esta prácticamente desaparecido del distrito, y que hará un informe de resultados, pero aquí no ha dado resultados, necesitamos apoyo en el campo y no nos ha llegado nada, la diputada local es otra que hará un supuesto informe, sin embargo, sólo se le ha visto grillando a otros personajes políticos y se le olvida que los plataneros necesitan que les paguen el seguro catastrófico al igual que productores de limón y de eso simplemente no habla, no ha gestionado siquiera eso, puesto que no va a salir de su bolsa”.

El productor reconoció que estos serán meses duros para los citricultores, pues la floración que pudiese darse se caerá inmediatamente con las lluvias que se presenten, además de que los precios no han repuntado y se están viviendo las consecuencias del huracán Franklin que provocó se perdiera mucha producción, y esa es la razón por la que está entrando mucho limón foráneo, dejando sin sustento a cientos de familias de esta región.

Dejó en claro que no solo los diputados o autoridades municipales tienen la culpa de la situación que viven actualmente los hombres y mujeres del campo, aunque en realidad su falta de interés por la problemática de este sector se ha reflejado de manera constante, por lo que exhortó a quienes puedan apoyar a los productores para que lo hagan y con eso contribuir al bienestar del campo veracruzano, dejando de lado los reflectores que no ayudan en nada, finalizó.

El Gobierno de Veracruz a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares informó a medias sobre los bienes recuperados de Javier Duarte y ex colaboradores suyos, informó la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA).

De acuerdo a la Organización no Gubernamental, que se dedica a transparentar la utilización de los recursos públicos, la administración yunista actual en Veracruz aparenta transparencia, pero oculta información de los recursos decomisados, de altos montos económicos y engaña a los ciudadanos veracruzanos.

Aunque el Gobernador Yunes Linares ha informado en repetidas ocasiones que ya tiene en su poder bienes y recursos decomisados, documentos obtenidos a través de los mecanismos de transparencia y publicados por él mismo en la Gaceta Oficial del Estado, lo contradicen.

Por un lado el 6 de septiembre ONEA recibió respuesta vía Infomex, donde la oficina del Gobernador se deslindaba de las preguntas sobre bienes y recursos recuperados.

La Oficina del Gobernador recomendó a ONEA que fuera la Fiscalía General del Estado (FGE) a la que se le solicitara tal información.

Luego de la respuesta evasora de la Oficina del Gobernador, ONEA requirió la información a la FGE e inició un recurso de revisión ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) por información incompleta por parte de la Oficina del Gobernador.

El 11 de septiembre de este año, la dependencia a cargo de Jorge Winckler Ortiz informó a través de sus fiscales de la oficina de asuntos relaciones con corrupción de servidores públicos, que luego de una larga búsqueda, no habían encontrado tales bienes recuperados a exduartistas, ni al propio exgobernador, ni sabían dónde estaban.

PRESENTA BARATIJAS

Este jueves el Gobernador publicó en una página oficial una lista de nuevos inmuebles que apenas fueron publicados, donde no se mencionan otros bienes decomisados a Duarte y mucho menos el destino del recurso recuperado a excolaboradores, del exmandatario estatal hoy recluido en el Reclusorio Norte.

ONEA presidida por los hermanos Carlos e Iván Gidi Blanchet, ha cuestionado sistemáticamente desde su portal por qué si los bienes de esa bodega fueron decomisados desde febrero, se ponen en listado en la Gaceta ocho meses después, justo cuando dicha organización ha insistido en conocer el destino de los bienes recuperados, pero le ha sido negada la información directa.

Del mismo modo, ONEA cuestionó que vía transparencia a un particular la Fiscalía responde que no encontraron evidencia documental de los bienes, es decir, no estaban en poder de la fiscalía, al menos hasta el 11 de septiembre de este año.

Hasta el momento, y de manera oficial no se tiene claridad con el resto de los bienes recuperados que la Fiscalía aceptó No tiene en su poder, como respondió en la entrega de información con el folio: 01139817.

Aunque el Gobernador ha dado declaraciones mediáticas respecto a la recuperación de bienes, legalmente no se sabe el destino de los decomisos anunciados a sus excolaboradores, acerca de los que ONEA México solicitó formalmente hace meses.

A nivel nacional, Veracruz es la entidad con más casos de pacientes con infecciones de transmisión sexual (its) y VIH sometidos a juicio al ser acusados del delito de contagio a otras personas, esto debido a la criminalización plasmada en los códigos penales de los Estados de la República.

De 26 casos registrados en el país, en los que se han iniciado procesos judiciales o sancionadores de personas portadoras de alguna infección de transmisión sexual, incluyendo VIH, 15 fueron en Veracruz.

Durante el Encuentro Internacional “VIH no es un crimen”, se advirtió que es preocupante que estados, entidades y sus órganos de justicia persigan a pacientes de estas enfermedades.

El autor de esta investigación, Leonardo Bastida Aguilar, integrante de la organización Letra S, dijo que en el caso de Veracruz, a pesar de darse a conocer, mediante una respuesta a solicitud de transparencia, sólo le informaron que se habían atendido 15 casos de personas ya procesadas, por el delito de contagio o transmisión de enfermedades venéreas.

A esta solicitud no se respondió a cuestionamientos como el desagregado por género, distrito judicial, año en que se procesó o el tipo de infección de transmisión sexual de que se trataba o la preferencia o identidad de género.

Reconoció que esta información se dio de manera escueta en el año 2016 con lo que Veracruz se colocó en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a procesos sancionadores a personas con este tipo de padecimientos.

Estos 15 casos, incluso, ya fueron concluidos y dieron como resultado sanciones administrativas, sin embargo no hubo más información.

Es necesario recordar que en 2015 se llevó a cabo una reforma al Código Penal de Veracruz, donde se sanciona con cárcel a quien contagie a otra persona de alguna infección de transmisión sexual, incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana.

En otras entidades se registraron un caso en Nuevo León, por un paciente de vih y hepatitis; Chihuahua una persona procesada por vih, hepatitis y sífilis; y en Baja California un caso sancionado con 10 años de cárcel, con una de las penas más severas.

Esta iniciativa vigente en Veracruz, se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el recurso de inconstitucionalidad que se presentó por parte de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde hace aproximadamente dos años.

En apoyo a los grupos que se pronunciaron en Veracruz contra esta propuesta que criminaliza a pacientes de VIH y otras its, a nivel nacional organizaciones que trabajan a favor de pacientes con vih, enviaron una carta a la Suprema Corte para argumentar en contra de la legislación veracruzana.

Las fuertes lluvias que se registraron la noche del miércoles y madrugada de este jueves, provocaron serias afectaciones a la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez, en el tramo Santiago Tuxtla-Ángel R. Cabada.

Y es que entre las localidades de Popoctépetl y Tapalapan del municipio de Santiago Tuxtla, a la altura de la curva conocida como “La Herradura”, se registró un socavón en la carretera de aproximadamente 12 metros.

Esta situación provocó que varias unidades automotrices, quedaran atrapadas entre el socavón y algunos deslaves y caída de árboles, que se registraron en un tramo de aproximadamente 800 metros y que impedían moverse hacia ambas direcciones.

Elementos de la Policía Estatal con base en San Andrés Tuxtla y Protección Civil Municipal, llevaron a cabo el desalojo de toneladas de lodo y piedra, además del retiro de árboles, que cayeron y obstruían los dos carriles, esto para permitir que los automovilistas que quedaron atrapados, pudieran salir con dirección a Santiago Tuxtla.

En el área donde la carretera quedó partida en dos, las autoridades llevaron a cabo el retiro de monte, para que personas que viajaban en unidades del transporte público, pudieran pasar a pie y tomar otros vehículos.

Por su parte elementos de la Policía Federal División Caminos, tomó conocimiento de la situación, invitando a automovilistas para tomen vías alternas y puedan llegar a sus destinos.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ha decidido ocultar el destino final de los 172 millones 400 mil pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó al gobierno de Veracruz como parte del dinero incautado al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

A pesar de ser la dependencia encargada llevar el control del Patrimonio del Estado, esta dependencia también decidió deslindarse de la supuesta recuperación de una avioneta y un helicóptero, tal como lo ha informado el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, y dijo que esos datos los maneja exclusivamente la oficina del mandatario estatal.

A través de la solicitud de información 01220617 se le requirió a la Sefiplan saber a cuál cuenta fueron utilizados los 172 millones 400 mil pesos que fueron retirados de una cuenta bancaria a nombre del gobierno del estado de Veracruz y que eran por concepto del dinero recuperado al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Sin embargo, la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cargo de Guillermo Moreno Chazzarini, decidió mantener en secreto a dónde envió ese dinero.

La Jornada Veracruz publicó que la propia Sefiplan contradijo al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sobre los supuestos mil 250 millones de pesos recuperados a los funcionarios duartistas, y únicamente reconocía un monto de 172 millones 400 mil pesos.

Esa cantidad, fue ingresada a través del depósito de un cheque bancario entregado por la PGR al gobierno de Veracruz, pero el mismo día en que fueron depositados, horas después fueron retirados de la cuenca bancaria Citibanamex 7011307151 sin que hasta el momento se haya informado el destino final de ese dinero, ni en qué fue aplicado.

En la repuesta de la Sefiplan justifica su negativa a informar sobre el uso de ese dinero, señalando que con la copia del estado de cuenta se establece que el dinero fue sacado, pero sin detallar a dónde fue a parar.

En cuanto a la recuperación de una avioneta y un helicóptero, supuestamente entregados por el diputado federal Édgar Spinoso Carrera, la Sefiplan decidió tampoco responder sobre esos bienes patrimonio del gobierno de Veracruz.

«Se le sugiere sea planteada ante la Unidad de Transparencia de la Oficina del gobernador, ya que dicha Unidad pudiera contar entre sus archivos con información relativa al caso», agrega en su respuesta oficial.

Se reporta un aumento en el número de quejas por presuntas violaciones de los derechos humanos en el estado y la Secretaría de Seguridad Pública continúa encabezando la lista.

El delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Antonio Guillermo Bustos Rivera dijo que le siguen la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, en su conjunto suman mil 103 quejas por diferentes motivos.

Explicó que en ocasiones es por detenciones ilegales, falta de atención del sector salud, cobros en planteles educativos, entre otros.

«Primero es la intervención, hay solicitudes por detenciones ilegales, hay solicitudes por falta de atención médica, también en la Secretaría de Educación de Veracruz por cuestiones de cobro de cuotas. Cuando la Secretaría de Seguridad Pública detiene de forma indebida a una persona se acepta la solicitud y en su momento después de sustanciar el procedimiento se acepta si es una queja o algo que no tiene la calificación de queja».

Dijo que se han registrado lesiones en caso de las detenciones de las personas, pero no se han reportado casos de tortura por parte de elementos de la policía.

Incluso 2016 cerró con 970 quejas contra la Secretaría de Seguridad Pública y a la fecha son mil 103 solicitudes de intervención.

«Cuando se solicita la intervención es cuando se califica en Xalapa si es queja o no. Un 15 o 20 por ciento son quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, el número de quejas es mucho mayor que el año pasado».

Las oficinas de la delegación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se encuentra ubicada en la Calle Sporting número 44 entre Xicoténcatl y el bulevar Manuel Ávila Camacho, los interesados en solicitar alguna intervención pueden marcar al número (229) 9-32-96-42.

Ante el incierto destino de los más de 206 mil millones de pesos desviados del erario público por parte de 15 ex gobernadores, especialistas en transparencia exigen a las autoridades una investigación para detectar la ruta de ese dinero en empresas, cuentas bancarias, propiedades o inversiones en territorio nacional y global con el objetivo de recuperarlo y devolverlo a las entidades desfalcadas en un momento en que el país necesita reconstruirse.

La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que considera los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, expone que todos los bienes asegurados –incluyendo los billetes y monedas de curso legal, divisas y los de valor artístico– serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Su control comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión para ser devueltos en las mismas condiciones.

Manuel Guadarrama, abogado y coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que una de las sanciones que deberían aplicarse a los gobernadores que desvían los recursos es la de “resarcir el daño ocasionado al erario público al ser dinero de todos los mexicanos” y en caso de no recuperar el dinero “es una omisión del debido proceso por parte de la autoridad judicial”.

Por ello, dijo, es necesario fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque “durante este sexenio su actuación ha quedado bastante disminuida y prácticamente se ha ido desmantelando”, sus órganos internos de control deben de tener un rol protagónico, ya que son los encargados de vigilar la correcta actuación de los funcionarios públicos.

En cuanto a la fiscalización, la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –encargada de analizar el uso de recursos transferidos– es limitada en cuanto a efectos jurídicos.

“Es imprescindible el uso de la tecnología existente. Los nuevos modelos de negocios incluyen las transacciones electrónicas y las aplicaciones que permiten dar un seguimiento puntual a cada peso. El uso del efectivo debería quedar disminuido a cero, sin embargo muchos de los gobiernos estatales siguen manejando efectivo del recurso público para contrataciones o nómina”, sostuvo Manuel Guadarrama, investigador en temas de transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto y derecho administrativo.

Paulina Gutiérrez Jiménez, directora del centro de investigación Ciudadano, interesado en el control ciudadano de lo público, coincidió en que ese dinero del erario público es de los mexicanos y si las autoridades “fallaron” en vigilar que se aplique correctamente, tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad.

“Los bienes que resulten del dominio público de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México o de los municipios, se restituirán a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su naturaleza y a lo que dispongan las normas aplicables”, afirma la Ley.

Incluso pueden ser donados. La Ley determina que en casos excepcionales, de conformidad con el monto, plazo o tipo de bienes, podrán ser donados o asignados a favor de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social.

LA FALTA DE SANCIÓN

Diez ex gobernadores, en su mayoría priistas, han sido detenidos durante esta administración por desvíos de alrededor de 178 mil 577 millones de pesos de dinero público. Hasta el momento, hay otros cuatro bajo investigación y uno fugado, que suman otros 28 mil 345 millones de pesos. En total son más de 206 mil millones de pesos que de acuerdo con la Ley deben ser devueltos a la Tesorería de las entidades desfalcadas: Tabasco, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca, Chihuahua y Coahuila.

Pero en sexenios pasados la corrupción también ha estado presente. De 2000 a 2013, documentó el investigador del IMCO, hubo 63 gobernadores de los cuales 41 estuvieron involucrados en desvío de recursos, pero solo 16 fueron investigados de los cuales cinco fueron procesados. En contraste, en Estados Unidos de los nueve investigados todos fueron sancionados.

A nivel municipal, en el centro CCiudadano han evaluado la aplicación de recursos públicos en 13 municipios de siete estados del país como Chihuahua, Veracruz, Baja California y Yucatán. En general, ya sea por corrupción o falta de capacidades, los gobiernos municipales “no cumplen con la ley y hay muchísima opacidad” ya que no pueden tener acceso a información que debería ser pública sin solicitud, dijo Paulina Gutiérrez.

Además, acusó, hay “una simulación” en los órganos de participación civil por lo que tampoco se considera a la ciudadanía para conocer sus necesidades prioritarias y determinar la infraestructura social correspondiente. Pese a ello, no hay castigo a la violación de las normas.

La PGR también ha detectado recursos robados por el ex priista Javier Duarte de Ochoa en bancos de Europa y Estados Unidos.

“Se está investigando a dónde va el dinero y se está buscando recuperar cada uno de estos recursos identificados”, aseguró en verano el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira.

Este martes la Fiscalía de Veracruz publicó una lista de objetos incautados al ex Gobernador de Veracruz durante un operativo en una bodega localizada en Córdoba, entre ellos, un busto de Gandhi, palos de golf, medallas, bolsas Louis Vuitton y bolígrafos Mont Blanc (que en el mercado valen hasta 20 mil pesos).

Ese mismo día, agentes de la Policía Ministerial de Tamaulipas realizaron un cateo en un rancho de casi 60 hectáreas –con lago y 12 caballos– registrado a nombre de una empresa en la que aparece como accionista de un 50 por ciento el ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, capturado la semana pasada por lavado de dinero.

“Los terremotos ocurrieron en un año de crecientes escándalos, entre ellos los arrestos de tres ex mandatarios estatales emanados del gobernante Partido Revolucionario Institucional, con señalamientos de corrupción y cuando se acusa a altos funcionarios de aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht”, resaltó la corresponsal del diario británico Financial Times, Jude Webber esta misma semana.

A través de un comunicado, los Colectivos de desaparecidos piden apoyo a la ciudadanía para recaudar recursos y destinarlos para la compra de reactivos

Aquí el comunicado íntegro:

Colectivos Unidos Familiares Desaparecidos del Estado de Veracruz

El problema de la desaparición de personas en nuestro país, representa más que una cifra, es una escalofriante realidad, pues al 2017, de acuerdo a las cifras oficiales, son 30 mil casos de desapariciones en todo el país, a esta realidad lamentablemente Veracruz no está exento, pues nuestro estado ocupa los primeros lugares en casos de desaparición, sin que hasta el momento, las autoridades estatales hayan reconocido las cifras oficiales, se habla de alrededor de más de mil casos en Veracruz, sin contar que estas cifras corresponden a los casos denunciados, sin embargo, hay muchos más que permanecen en el anonimato, pero que la realidad es la misma, la inseguridad a la que se enfrenta nuestra sociedad y la omisión del Estado por atacar de frente esta problemática.

Son numerosas las recomendaciones de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales realizadas al gobierno federal y a los estados, sin embargo, hasta este momento, la realidad es que el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios para realizar trabajos de búsqueda, la situación ha rebasado al estado y hoy las familias víctimas de estos delitos con sus incontables y enérgicos exigencias de verdad y justicia, han decidido salir a la calles, en búsqueda de tocar los corazones de los ciudadanos y recaudar fondos para poder adquirir principalmente reactivos para la identificación de restos humanos, estudios cuyo costo oscila entre 10 mil pesos por cuerpo, y que el gobierno no cuenta con los recursos y por ende, existen muchos cuerpos sin identificación y muchas familias viviendo en la zozobra de este largo peregrinar en la búsqueda de sus familiares.

Ante esta situación los Colectivos Unidos de Familiares de Desaparecidos del Estado de Veracruz, hacen un atento llamado a la ciudadanía para que participen en esta justa causa y con el esfuerzo de todos podamos contribuir a la búsqueda de nuestros familiares, La cita es el próximo sábado 14 de octubre a partir de las 9:00 am en el paseo de los lagos de esta ciudad capital.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo que todavía no se ha logrado establecer la cifra de habitantes damnificados por inundaciones en la región sur de la entidad.

Durante un recorrido en Minatitlán, el mandatario dijo que habrá una revisión al tabla-estacado de aquella localidad y aclaró que continúa la evaluación de daños.

“Hay que esperar a que bajen los niveles para tener un dictamen pericial de la afectación”, expresó.

En entrevista, puntualizó que la inundación únicamente afectó una parte del municipio de Minatitlán.

Yunes Linares pidió a la población atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sin embargo, confirmó que el nivel del río Coatzacoalcos ha ido a la baja durante las últimas horas.

Agregó que el Ejército ha implementado un operativo por inundación en la ciudad de Tlacotalpan.

El gobernador de Veracruz rechazó que haga falta apoyo para las comunidades incomunicadas, pues resaltó que todas han sido atendidas incluso por vía área.

“No falta agua ni despensas, hemos proveído de despensas suficientes”, manifestó el ejecutivo

Refirió que la administración estatal ha recibido recursos luego de las declaratorias de emergencias y la ayuda ha sido distribuida a través de los alcaldes.

En medio un gran ambiente, se registró Fausto Santiago Ramos “Fineso”, el primer candidato a rey del Carnaval de Veracruz 2018 “El más alegre del mundo” que se efectuará del 7 al 13 de febrero del año entrante.

“Fineso” se presentó a su registro acompañado de su representante Javier Castañeda Elvira, amigos, familiares; y tras haber reunido los requisitos establecidos en la convocatoria quedó formalmente registrado bajo el distintivo Dorado.

Teniendo como marco las oficinas del comité organizador, el Presidente del mismo, agradeció su interés por participar en su máxima festividad, lo cual, permite enaltecer esta gran tradición y lo exhortó a trabajar con orgullo y compromiso.

A partir de la semana entrante, quienes deseen apoyar a “Fineso” pueden adquirir sus votos en horario de 9:00 a 14:00 horas en las oficinas del Comité de Carnaval y depositarlos en la urna con distintivo Verde que estará montado en los bajos del edificio Trigueros.

La Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) informó que antes de que termine el 2017 se publicará un concurso para licitar una instalación turística denominada Plaza de los 500 Años, que deberá estar lista en abril de 2019 para conmemorar los cinco siglos de la fundación de la ciudad.

Juan Ignacio Fernández Carbajal, director general de la Apiver, explicó que el proyecto se desarrollará de manera coordinada con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Veracruz y busca integrar al puerto viejo con el Centro Histórico de la ciudad, así como generar empleos y mayor beneficio para los prestadores de servicios turísticos incluidos los artesanos del Malecón.

Aclaró que la instalación turística se desarrollará en la zona federal, sin interferir en área que actualmente ocupan los comerciantes de artesanías situados en el Malecón o Insurgentes Veracruzanos y en la avenida Landero y Coss; sin embargo, éstos podrían integrarse al proyecto buscando un nuevo modelo de negocio que mejore la calidad del turismo en el centro de la ciudad.

Aclaró que existen más de cinco maquetas y varios planos del proyecto, ninguno de ellos definitivo, ya que han sido anteproyectos presentados a la Sectur y a la Secretaría de Hacienda, pero derivado de la astringencia económica no fueron aprobados, por lo que ahora se realizará a través de un particular mediante una cesión parcial de derechos “como son los esquemas que otorga Apiver”.

“Se trata de un proyecto en la relación puerto-ciudad; tenemos la idea de hacer algo para que se convierta en un ícono del Centro Histórico de Veracruz con restaurantes, comercios, estacionamiento e incluso podría ser hasta un hotel. Una plaza que ofrecerá vida y modernidad al Veracruz actual”, reiteró Fernández Carbajal.

Precisó que el espacio que se concursará es de 3.2 hectáreas, en la antigua bodega de Clinker e insistió en que se trata de una zona bajo jurisdicción de la Apiver; no obstante, consideró importante atender la inquietud y el devenir futuro de los artesanos, aunque al final será una decisión del Gobierno de Veracruz junto con el Ayuntamiento.

Aboneros de una mueblería de esta capital se apersonaron este martes en el recinto del Congreso local para solicitar el pago de varios muebles de oficina, al no recibir respuesta, optaron por llevarse los aparatos.

Empleados de una mueblería local entraron a una oficina en el Congreso del Estado, para llevarse un escritorio ejecutivo y algo parecido a un frigobar; trascendió que al no recibir el pago, el electrodoméstico y el mobiliario tuvieron que ser devueltos a los representantes de la mueblería.

De inmediato, los empleados envolvieron los aparatos con un plástico de “emplaye” y posteriormente los cargaron hasta el exterior del edificio del Congreso del Estado de Veracruz.

Luego de que la Red Unidos por los Derechos Humanos denunciara a través de un comunicado los maltratos que sufrieron habitantes de Coxquihui al ser desalojados de un bloqueo que mantenían en la carretera el pasado lunes, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares afirmó que fue organizado por el alcalde Reveriano Pérez Vega.

En el poblado Ojite de Matamoros hubo un brote de una enfermedad respiratoria que afectó varios niños y dejó dos fallecidos, lo que provocó la movilización de la ciudadanía. «De la manera más demagógica y más vil un grupo de personas militantes del partido Morena y alentados por el alcalde en proceso de desafuero de Coxquihui Reveriano Pérez tomaron la carretera impidiendo el paso temas médicos y enfermeras a la población de Ojite de Matamoros donde se había presentado el brote, su argumento entre comillas es que querían que se pusiera un laboratorio en el lugar sabiendo que un laboratorio no se puede instalar en cualquier lugar, requiere de condiciones particulares para establecer, se requiere de equipo de reactivos de laboratorio, staff de médicos», explicó el mandatario estatal y sostuvo que el bloqueo se trató de un tema político alentado por el alcalde, Reveriano Pérez, que se encuentra en proceso de desafuero.

Yunes Linares afirmó que dialogaron con las personas que bloqueaban la carretera Coxquihui, sin embargo no se retiraron. «Tuvimos que abrir una valla para que pasar una persona embarazada que teníamos que llevar a Poza Rica», dijo.

El gobernador señaló que la instrucción era desalojar y proceder penalmente contra los responsables del bloqueo que impedía que llegara el apoyo médico. Sobre los señalamientos que indican aun hay personas desaparecidas que se encontraban en el bloqueo el gobernador afirmó que aparecerán detenidos.

Expresó que una brigada médica llegó al lugar y realizó exámenes de laboratorio para determinar el origen del brote. «Se atendieron a 12 niños en el hospital de Poza Rica, uno falleció, los restantes fueron dados de alta, un niño más murió en Puebla, cuando nos enteramos fueron brigadas de salud al lugar e hicieron todo lo que tiene que hacer», comentó.

Afirmó que once niños dados de alta están en buenas condiciones. «Estamos en una época estacional en que las enfermedades respiratorias se presentan en todo el país está el otoño en pleno la humedad por lluvias está muy alta y tenemos en los hospitales áreas de pediatría niños con faringoamigdalitis rinitis y patologías respiratorias que los hace susceptibles de atención médica hospitalaria», indicó Irán Suárez Villa, secretario de Salud.

Aseguró que los dos niños fallecidos fue por la enfermedad respiratoria aguda, uno de ellos en el hospital privado de San Bosco en Poza Rica privado y uno más en la clínica de Cuetzalan en Puebla.

Las desapariciones de mujeres y feminicidios se duplicaron en apenas tres años, reveló la coordinadora del proyecto “Asesinatos de Mujeres y Niñas” de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González.

Y es que en 2014 se contabilizaron 87 casos de desapariciones, pero en 2016 la cifra llegó a 336, y en lo que va de 2017 ya se contabilizaron 195.

Detalló que de los 87 casos en 2014 al menos 43 fueron desapariciones de menores de edad y 37 de mujeres adultas; en 2015, cuando la cifra llegó a 150, al menos 89 fueron menores de edad y 33 adultas, y ya para 2016 de las 336 desapariciones, 172 fueron de menores de edad y 95 de adultas.

Dijo que los municipios con mayor índice de violencias contra las mujeres son Tierra Blanca, Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba, Papantla, Minatitlán, Las Choapas y Tuxpan. En general, explicó que la violencia contra mujeres en Veracruz se duplicó al pasar de 295 casos reportados en 2014 a mil en 2016.

Elementos de la Policía Ministerial, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fuerza Civil catearon de forma sorpresiva inmuebles propiedad de Arturo Bermúdez Zurita, exjefe policíaco de Javier Duarte –con prisión preventiva en el Reclusorio Norte acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero– en la capital del estado.

En cuatro operativos simultáneos, los elementos policíacos montaron aparatosos dispositivos de seguridad en zonas céntricas de Xalapa y del fraccionamiento Ánimas e Indeco Ánimas para evitar que se filtrará a la prensa los objetos e inmuebles ahí obtenidos.

Un juez de distrito del Poder Judicial del estado, adscrito al penal regional de Pacho Viejo, otorgó las órdenes de cateo al fiscal primero adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales para realizar los cateos.

Sin embargo, se ignora si también hubo cateos en el puerto de Veracruz, Boca del Río y en el balneario turístico de Chachalacas, donde Bermúdez Zurita y familiares también tienen propiedades suntuarias.

El primer cateo ocurrió en la avenida Araucarias 716 de la colonia Indeco Ánimas; el segundo en la avenidaMiguel Alemán 1309 de la colonia Ferrocarrilera; ahí mismo hubo otro cateo en la calle Poniente 7. Uno más ocurrió en el número 98 de la calle de Azueta en la parte alta del centro de Xalapa.

Al menos en dos inmuebles los agentes policiacos trataron de impedir que reporteros y fotógrafos tomaran imágenes de los hechos. Ha sido una constante del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y de la Fiscalía General del Estado (FGE) filtrar “en exclusivas” estas acciones a Televisa, en concreto al noticiero de Carlos Loret de Mola y al periódico local Notiver, donde el mandatario estatal tiene una relación de amistad añeja con el dueño, Alfonso Salces.

En los cateos, policías ministeriales buscaban numerario económico, documentos, escrituras de propiedades e información que pudiera dar pie a la red de desvío de recursos que tejió el priista Javier Duarte y su esposa, Karime Macías, con amigos, secretarios del gabinete y prestanombres.

Bermúdez Zurita, quien fue conocido como “Capitán Tormenta” al interior de la corporación policíaca que encabezó, permanece internado en el penal regional de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, imputado y vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

Colectivos en búsqueda de desaparecidos han exigido que al “Capitán Tormenta” se le impute como responsable del delito de desaparición forzada; sin embargo, la FGE ha entrampado las investigaciones respectivas.

A Arturo Bermúdez, el actual gobernador Miguel Ángel Yunes lo ha imputado de haberse enriquecido ilícitamente adquiriendo contratos para sus empresas de seguridad privada y hoteleras, así como de tours orientados al turismo.

A decir de Yunes Linares, los prestanombres de Bermúdez abarcan a su hermana, esposa y otros familiares, quienes cobraban facturas para las empresas propiedad del exjefe policíaco de Duarte.

“Estas empresas se encuentran en la lista de acreedores que la Secretaría de Finanzas y Planeación envió a la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado, la cual viene firmada por el secretario de Finanzas, el tesorero, el secretario de Egresos y los responsables del área administrativa de las dependencias”, ha dicho Yunes Linares en reiteradas ocasiones.

En Veracruz, la evolución patrimonial del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) le reportó ingresos por un total de ocho millones 229 mil pesos, en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, según destacó la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Sin embargo, el “Capitán Tormenta” adquirió bienes inmuebles por 42 millones 737 mil pesos, con valor comercial de 86 millones 773 mil pesos en el mismo periodo 2011-2016.

Ello fue fundamental para que a inicios de año se liberará la orden de aprehensión en su contra derivada de la causa penal 13/2017.

Apro tuvo acceso a la carpeta de investigación en la que Bermúdez Zurita fue sujeto a un dictamen de evaluación patrimonial emitido por el perito Luis Miguel Olvera y en el que se alude a que el funcionario priista “incrementó” sus bienes comerciales en 64 millones 733 mil pesos, lo que es discordante con los ocho millones 229 mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el sexenio, y con su percepción anual de 2011 –primer año del anterior sexenio–, cuando Arturo Bermúdez apenas percibió 498 mil 241 pesos.

En el documento se señala al calce: “No acreditó la procedencia de dichos recursos” y “se evidencia la probabilidad de que hayan sido detenidos del erario”.

En el oficio 406 del Poder Judicial del Estado y en el FGE/FESP/043/2017-XII-1, donde se acuerda la orden de aprehensión en contra de Arturo Bermúdez, se aclara que su declaración patrimonial sólo incluye los bienes inmuebles adscritos a su persona, y no los del resto de sus familiares, cuyas propiedades abarcan hoteles en Veracruz y la Riviera Maya, así como operadoras de viajes turísticos.

Otra observación relevante en la carpeta de investigación 236/2016, señala que, al término de 2012, Arturo Bermúdez registró adquisiciones de bienes inmuebles por 17 millones 496 mil pesos, con un valor comercial de 20 millones 689 mil pesos, mientras que en el 2013, 2014 y 2015 su declaración patrimonial no registró cambio alguno, pero en el 2016 (con corte a agosto), la fortuna del exjefe policiaco ascendió a 42 millones 737 mil pesos en bienes inmuebles con un valor comercial de 64 millones 733 mil pesos.

Entre los bienes de Bermúdez destacan propiedades en Texas, Estados Unidos, así como casas en Xalapa, zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y la Ciudad de México, además del hotel Artisan en la Riviera Maya, y uno más del mismo nombre en el municipio de Chachalacas, en el balneario turístico conocido como “Chachalacas”.

Apenas el 26 de septiembre pasado, en audiencia de apelación ante la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Bermúdez Zurita y su abogado defensor, Rodolfo de la Guardia, lograron admitir pruebas que la Fiscalía General del Estado (FGE) había desechado.

A decir de Rodolfo de la Guardia, fue un “primer paso sólido” para avanzar en obtener la libertad de Bermúdez Zurita, quien tiene prisión preventiva de un año y también enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito, al no poder explicar una fortuna superior a los 80 millones de pesos.

“Son alegatos aclaratorios, son algunas pruebas de naturaleza documental para establecer la inexistencia de tráfico de influencias y abuso de autoridad. La Sala Tercera tuvo a bien determinar que la defensa tenía la técnica litigación, por lo que admitió todos los medios de prueba para demostrar un criterio contrario al que tenía la Fiscalía”, señaló el abogado defensor de Arturo Bermúdez.

En entrevista, en la explanada del edificio C del Poder Judicial del estado, De la Guardia aseguró que al día de hoy Bermúdez no ha sido requerido por la justicia federal –pese a que tiene denuncias interpuestas en la PGR y es señalado por la Auditoría Superior de la Federación– por desvío de recursos ni por desaparición forzada.

Dos vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua cuando circulaban por la carretera estatal, Cocoatzintla – Jilotepec durante la tarde del martes, sin que se registraran lesionados, tras el desbordamiento de un arroyo que cruza por la zona, en tanto que en Tlacotalpan el río Papaloapan entró a la ciudad y se espera siga a la alza, según lo reportó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó el director de Atención a Emergencias de la secretaría de Protección Civil, Víctor Hugo Cerón López.

Explicó que el arroyo se desbordó en la carretera estatal que comunica los municipios de Cocoatzintla y Jilotepec a la altura de la comunidad El Aguacate, y después de las 18.00 horas comenzó a descender el agua, para que posteriormente circularan los vehículos.

“Dos vehículos que pasaban fueron arrastrados por la corriente, no hay lesionados. A las 18.00 horas el nivel del agua comenzó a bajar y se liberó la circulación. Estuvo el director de Protección Civil, nuestro Enlace regional y la Policía municipal, no hay lesionados y la carretera Cocoatzintla se encuentra bien” indicó.

Cerón López se encuentra en la zona sur de la ciudad, ante el desbordamiento del río Papaloapan, San Juan y Tesechoacan que ocasionaron inundaciones en los municipios de Tlacotalpan, Minatitlán, José Azueta y San Andrés Tuxtla.

Informó que la Conagua envió bombas para ayudar a sacar el agua de las colonias localizadas en las partes bajas que es donde se inundaron y elementos de la secretaría Defensa Nacional (SEDENA) colocaron costales para proteger a la ciudad, sin embargo según se prevé continúe a la alza el río.

“Nos encontramos en Tlacotalpan, nos encontramos con 26 centímetros arriba del Nivel de Agua Maxima Ordinaria. Tenemos agua que está entrando del río Papaloapan a la ciudad, también por las coladeras, el diverso nivel que tiene el drenaje con el río actualmente y algunas colonias resultan afectadas por e ingreso del agua, estamos en espera de que en las próximas horas tengamos diferentes niveles, seguramente a la alza como lo reporta Conagua, ya la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está utilizando bombas de las calles, de las colonias más bajas y se está instalando una costanera con el apoyo del Ejercito Mexicano para poder dar protección a la ciudad”

En “muchas” escuelas de esta zona de Veracruz fueron suspendidas las clases por “acuerdos de la comunidad educativa, es decir entre los padres de familia, maestros y autoridades locales” a fin de salvaguardar la integridad de los menores de edad.

Especificó que la suspensión de clases en algunas escuelas de los municipios de Tlacotalpan, Minatitlán, José Azueta, Santiago Tuxtla y San Andrés Tuxtla no fue una decisión de la secretaría de Educación de Veracruz (SEV) sino por la comunidad educativa por su propia seguridad, además de cada escuela presenta afectaciones diferentes

Los ríos antes mencionados alcanzaron su nivel máximo y se desbordaron a causa de los escurrimientos de lluvias que se registraron en el periodo de 24 de septiembre al 06 de octubre del presente año, además de las precipitaciones y aportaciones que se reciben por parte del estado de Oaxaca.

Por otro lado, en el municipio de Minatitlán el río va a la baja, así también los municipios de Jose Azueta, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla presentan inundaciones en algunas comunidades por el desbordamiento de los ríos San Juan y Tesechoacan.

La evaluación de daños a casas habitación será evaluado por los ayuntamientos en cuanto termine la contingencia, en tanto que la secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Veracruz (SESVER) realiza fumigaciones porque “hay muchos mosquitos” y también esta presente personal del Sistema DIF estatal, para dar atención a las familias damnificadas.

Para dejar en claro, dijo Cerón López, La Conagua reportó que ninguna presa de Oaxaca como la Cerro de León que aporte agua hacía el río Papaloapan

La concesión que se les otorga a las mineras para explotar esta actividad en Veracruzes de cien años, por lo que las asociaciones ambientalistas no bajarán la guardia, esto luego de que Candelaria Mining retirara la solicitud de permisos para el proyecto minero La Paila en Actopan y Alto Lucero, señaló el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (LAVIDA), Guillermo Rodríguez Curiel.

De mal en peor aparecen los programas de cultivo de alimentos básicos en Veracruz: maíz, frijol, arroz y sorgo, indispensable en la sobrevivencia de familias populares y del ganado, éste último, principal abastecedor de proteínas a los sectores de mayor vulnerabilidad.

El Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2017, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) sostiene que mientras que en los últimos 10 años, el promedio de cumplimiento de 116 indicadores legales y de desempeño de la administración pública estatal de las 32 entidades federativas creció de 53% a 83%, en contraste Veracruz perdió 8 lugares al pasar del lugar 22 al 30 en cuanto a la mejora de prácticas de contabilidad gubernamental en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos, realizando un gasto percápita de 5 mil 800 por habitante para educación, salud, seguridad pública y obras.

El documento virtual recuerda que en 2008 se creó el IIPE, que es un estudio que mide de forma anual la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental y año con año evalúa el comportamiento de las administraciones públicas sin importar al partido al que pertenezcan.

El índice 2017 aborda 116 criterios divididos en 10 secciones, de los cuales 64 (55%) están basados en la legislación y los 52 (45%) a partir de buenas prácticas, luego realiza un comparativo por estado; el año anterior, registró que 22 estados mejoraron su transparencia, 3 se mantuvieron igual y en 7 hubo retrocesos, entre ellos Veracruz.

Los estados que más avanzaron (2016-2017) fueron Querétaro que creció 21 lugares; (del 28 al 7); Quintana Roo: 16 lugares (del 32 al 16); Sonora: 13 lugares (del 24 al 11). Los que más retrocedieron (2016-2017) fueron Baja California Sur: 10 lugares (del 16 al 26), Veracruz: 8 lugares (del 22 al 30) y Guerrero: 8 lugares (del 20 al 28).

Veracruz sólo cumple en 2017 con el 61.2% de los indicadores, cuando su máximo en 2015 fue del 71% y en 2016 bajó a 65%, es decir en 2 años escondió el 10% de la información.

El estado dispone para este año de un presupuesto de 101 mil 998 millones 71 mil pesos; tiene una deuda de 38 mil millones de pesos, destinará 6 mil 618 millones 54 mil pesos para el pago de ésta, lo que representa el 17.5% de pago de las obligaciones financieras antes que la atención de la deuda social, en donde figuramos

El gobierno de Veracruz gastaría por habitante 12 mil 492 pesos (para los 8 millones 112 mil 505 pobladores) menos el 6.4% del presupuesto dedicado al pago de la deuda en realidad se reduce 11 mil 710 pesos, menos el 5 mil 855 son de gasto corriente (salarios, prestaciones, rentas, servicios, mantenimiento, etcétera), que representa el 50% de su presupuesto, esto es el gasto efectivo para educación, salud, seguridad pública y obras es sólo de 5 mil 800 pesos.

Aunque la deuda de Veracruz según el gobernador es de 38 mil millones de pesos, el pasivo circulante es de 46 mil millones de pesos.

La tendencia general, concluye el documento, fue que a mayor presupuesto menor transparencia presupuestal. Mientras que Colima, Tlaxcala, Campeche y Aguascalientes, cuatro de las cinco entidades con menor presupuesto obtuvieron una calificación mayor a 89%; la Ciudad de México, los estados de México, Nuevo León y Veracruz, cuatro de las cinco entidades con mayor presupuesto, tuvieron menos de 74%, esto es 15 puntos porcentuales de diferencia.

Con respecto al gasto destinado a la atención de la niñez y adolescencia, a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la equidad de género, el IIPE detectó que 20 estados tienen anexos que permiten dimensionar el gasto público destinado a niñas, niños y adolescentes con base en criterios de Unicef, en donde destaca Querétaro que transparenta los recursos que distribuye a cada partido político. Chiapas desglosa los fideicomisos públicos del estado y los recursos destinados a cada uno. Baja California Sur publica las transferencias correspondientes a cada uno de los municipios del estado, lo que representa un avance importante.

Destaca que en las entidades gobernadas por el PRD es donde más registraron problemas como Tabasco que presenta su presupuesto de forma ilegible y Michoacán publica el presupuesto de egresos con el mismo formato de hace 10 años, a pesar de que éste pasó de 33 mil 800 millones de pesos en 2008 a 61 mil 800 millones de pesos en 2017.

Con la promulgación del paquete de reformas el 18 de julio del año pasado y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los estados tienen menos de cuatro meses para la implementación de sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) y la transparencia es un aspecto básico que aún no se ha logrado y en particular el castigo para estas omisiones.

Para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se requiere un trabajo integral del Estado mexicano de manera eficaz, las entidades tienen la obligación de contar con un SLA cuya estructura y facultades sean equivalentes a la Ley General del SNA y en este contexto Jalisco, Morelos y Veracruz son los estados más preocupantes.

Si bien los tres cuentan con una Constitución que contempla Sistemas Locales Anticorrupción, su estructura carece de cuestiones esenciales, se limitaron a incluir al Sistema Local Anticorrupción y a su Comité de Participación Ciudadana de manera general en su Constitución pero no incorporaron en su régimen de responsabilidades administrativas el procedimiento de nombramiento del Comité de Participación Ciudadana, el cual lo lleva a cabo el Congreso del Estado.

Además, su Órgano Superior de Fiscalización no cuenta con las atribuciones conferidas a ella por el nuevo régimen de responsabilidades administrativas, es decir, no investiga ni substancia las faltas administrativas no graves.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, señaló que hay tres personas que permanecen detenidas por la Fuerza Civil tras el desalojo de pobladores que este lunes bloquearon la carretera a Coxquihui en demanda de atención médica oportuna para sus hijos.

Señaló que durante la noche de ese día se trasladó el delegado de la CEDH de Papantla, José Luis Hernández Galicia, que le informó que fueron seis las personas detenidas “por alterar el orden”, pero que fueron liberadas tres y el resto permanecen detenidas.

“Fue solicitada la intervención de la Comisión por algunas personas del municipio de Coxquihui; el delegado de Papantla se trasladó por la tarde y me reporta que había tres personas detenidas que ya fueron liberadas y otras tres que siguen detenidas por alterar el orden y que todos tienen su abogado”.

Precisó que los familiares de los detenidos solicitaron el acompañamiento de los detenidos, pero que hasta ahora no han recibido una queja formal por el desalojo que se tornó con violencia, según el reporte de algunos de los manifestantes.

“La Comisión queda en toda la disposición de recibir cualquier queja si alguna de las personas considera que se han vulnerado sus derechos humanos”.

No obstante, indicó que la CEDH analiza la posibilidad de abrir una queja de motu propio por estos hechos, en caso de que se compruebe un uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos policiacos.

Un hombre con orden de aprehensión por secuestro agravado y delincuencia organizada, procedente de Veracruz, fue detenido en Cancún por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).

El organismo informó en un comunicado, que los agentes lograron la aprehensión de José Antonio Granda Sosa, presunto líder de la 35z en Xalapa, acusado de probable responsable de varios plagios, así como de extorsión y tráfico de estupefacientes en Xalapa, Veracruz.

La ubicación y detención del sujeto, en el municipio de Benito Juárez, derivó de investigaciones de gabinete y campo, por parte de la Agencia de Investigación Criminal.

El gobierno de Veracruz ofrecía una recompensa de hasta un millón de pesos a quien aportara información que condujera a su captura.

José Antonio Granda fue puesto a disposición ante la autoridad judicial que lo requiere.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en entrevista se refirió al brote de enfermedad respiratoria que se da en Coxquihui y al desalojo de habitantes que mantuvieron bloqueada ayer la carretera para exigir atención médica ante dicho brote que dejó dos niños muertos y una docena hospitalizados que ya fueron dados de alta.

“Ayer yo ordené el desalojo y que se procese a las personas que bloquearon; es una decisión que yo asumí”, dijo tajantemente.

Y acusó: “No pedían medicinas, pedían un laboratorio que se instalara en Ojite de Matamoros y eso es imposible porque los laboratorios están en los hospitales no en las comunidades y las pruebas clínicas se hicieron en un hospital”.

Recordemos que elementos de la Fuerza Civil desalojaron a habitantes de la localidad Ojite de Matamoros quienes bloqueaban la carretera Coxquihui para exigir atención médica ante el brote de una enfermedad respiratoria aguda que ha dejado dos niños muertos y más de una docena hospitalizados. El bloqueo inició alrededor de las 8 de la mañana de este lunes, sin embargo alrededor de las 6 de la tarde, más de 100 elementos antimotines llegaron al lugar para desalojar a los habitantes.

En el estado de Veracruz “estamos en números rojos” al ocupar el tercer lugar en casos acumulados del SIDA, segundo en casos acumulados de VIH, “tenemos el primer lugar en mortalidad femenina por causas de SIDA en todo el país, el segundo lugar en mortalidad en general de todo el país. Somos el segundo estado que más niños con VIH aporta y el que más mujeres con VIH y Sida aportamos”.

El Club de Dominó y Ajedrez Adolfo Ruiz Cortines se suma a la lucha de las mujeres y este 14 y 15 de octubre realizará el Primer Torneo de Ajedrez Clásico ‘Dando jaque mate al cáncer de mama’, anunció su presidente Abel Jácome Jiménez.

Informó que el torneo se realizará en coordinación con la Escuela Nacional de Ajedrez (ESNAJ) para apoyar al Grupo de Recuperación Total Reto A.C.

“Vamos a recaudar fondos. La inscripción al torneo cuesta 150 pesos. Además se entregarán premios a los 3 primeros lugares, de 800 pesos, 600 y 400. Todo lo que se recaude se donará íntegramente a ese grupo que a nivel nacional apoya en diversas ciudades la lucha contra el cáncer de mama”, explicó.

La actividad arranca este sábado 14 a las 3:30 de la tarde en las instalaciones del Club de Dominó y Ajedrez Adolfo Ruiz Cortines, ubicadas en en bulevar Manuel Ávila Camacho 404 entre Mariano Abasolo y Mariano Escobedo.

La expectativa es que se inscriban al menos 40 personas o más, para poder cumplir el reto de alcanzar como mínimo entre 6 mil a 8 mil pesos para donar, pero cualquier apoyo es bueno.

El recurso captado por el torneo se entregará simbólicamente, y el monto total se depositará en la cuenta del grupo Total Recuperación Reto, institución que labora a nivel nacional en apoyo a las mujeres con ese padecimiento.

Aclaró que el torneo no va dirigido a ajedrecistas profesionales que busquen premios, sino a todo el público en general que quiera apoyar esa noble causa y sepa mover las piezas y desee pasar un buen rato o un buen fin de semana desarrollando sus habilidades.

Alfonso Ortega López pasó de ser testigo en el caso de Javier Duarte a beneficiarse de la venta de 14 inmuebles y terrenos adquiridos con recursos del erario de Veracruz.

Este personaje, que ha colaborado con la PGR en las acusaciones contra el ex Mandatario, comenzó a vender las propiedades, entre ellas terrenos y un hotel en Tulum y Playa del Carmen, las cuales fueron adquiridas con recursos públicos.

Alfonso Ortega López pasó de ser testigo en el caso de Javier Duarte a beneficiarse de la venta de 14 inmuebles y terrenos adquiridos con recursos del erario de Veracruz.

Este personaje, que ha colaborado con la PGR en las acusaciones contra el ex Mandatario, comenzó a vender las propiedades, entre ellas terrenos y un hotel en Tulum y Playa del Carmen, las cuales fueron adquiridas con recursos públicos.

Las 14 propiedades de Ortega antes correspondían a las compañías KR, KR Playa VI, KR Playa XI, Kor Playa Ikal Real State y Kor Playa Tulum Real Estate.

Las empresas en cuestión se vieron en la necesidad de garantizar un crédito con Citigroup, emitieron pagarés a su favor y constituyeron el Fideicomiso F/353 de Deutsche Bank, al que aportaron sus bienes en Tulum y Playa del Carmen.

Citigroup tenía la calidad de fideicomisario, razón por la que podía hacer efectiva la garantía a su favor, en caso de que las empresas incumplieran con el pago del crédito.