Las diputadas Cinthya Lobato Calderón y Guadalupe Osorno Maldonado, así como los legisladores Zenyazen Roberto Escobar García, Rogelio Arturo Rodríguez García y Rodolfo Corpi Lara, sostuvieron una reunión con representantes de Colectivos de Personas Desaparecidas, en la que se hizo el compromiso para incorporar, en el Proyecto de Dictamen de la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares en Veracruz, las propuestas presentadas por los diversos grupos.

En las instalaciones del Congreso de Veracruz, la diputada Cinthya Lobato destacó el trabajo hecho por los Colectivos y las propuestas que resultaron del Foro realizado el pasado 11 y 12 de Mayo y que es necesario incorporar al Dictamen de Ley Estatal de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, “Esta ley tiene que reflejar el sentir y los planteamientos de los interesados en su implementación”, añadió.

Las diputadas y diputados con los Colectivos acordaron una nueva reunión para el próximo 19 de Junio, en el Congreso del Estado, donde habrá de trabajarse sobre el Dictamen de la ley y verificar el cumplimiento de inclusión de los puntos relevantes.

El legislador Rogelio Arturo Rodríguez indicó que el actual periodo ordinario de sesiones concluye el 31 de Julio próximo y por lo tanto se pronunció para dar celeridad al Proyecto de Dictamen y trabajar conjuntamente los Colectivos y las Comisiones Unidas sobre un documento sólido que esté enriquecido por ambas partes y lleve el consenso general para su aprobación en el Pleno.

Cabe destacar que la LXIV Legislatura dio entrada a dos propuestas de iniciativas, mismas que fueron turnadas a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y la de Procuración de Justicia.

Participaron en la reunión la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto Benítez; la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso de Veracruz, Mayra Teresita Cortés Rodríguez, así como colectivos de diversas partes de la entidad.

El Congreso de Veracruz aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Caminos y Puentes del Estado para señalar que tratándose de personas con discapacidad o con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Gobierno del Estado en coordinación con los concesionarios, establecerán descuentos en las tarifas de casetas estatales.

Dicho beneficio nunca será menor al 50 por ciento de las tarifas registradas y aplicará también para quienes trasladen personas con el Trastorno del Espectro Autista.

Para hacer válido este beneficio deberá presentarse la credencial de identificación que proporcionan los sistemas, estatal y municipales, para el Desarrollo Integral de la Familia.

El Dictamen señala que las autoridades, en sus diferentes ámbitos de competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad

Esta reforma fue aprobada con 42 votos a favor. Sin votos en contra o abstenciones.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó 26 de marzo de 2018 el diputado Gregorio Murillo Uscanga.

En la sesión, el diputado Gregorio Murillo subrayó que las personas con discapacidad deben ser reconocidas con los mismos derechos ya que aportan de igual manera a la sociedad que cualquier persona que no tenga discapacidad.

Los integrantes de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen que reforma la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, para considerar como conducta discriminatoria la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, por tener tatuajes o perforaciones corporales.

De igual forma, se incluye como este tipo de conducta la aplicación de políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que, en apariencia neutrales, tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas.

En la sexta sesión ordinaria, del segundo año de labores, el Pleno aprobó con 44 votos a favor este dictamen. No registró votos en contra o abstención.

Esta reforma está dirigida a eliminar todo tipo de discriminación, con motivo de la apariencia física ya que ésta es factor importante en el desarrollo de la personalidad y las relaciones sociales; y la mayoría de las veces está sujeta a la percepción y la estigmatización públicas.

Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), uno de cada 10 habitantes del país posee un tatuaje, perforación o ambos; es decir, aproximadamente 12 millones de personas han elegido tatuarse y en consecuencia deben ser protegidas de toda discriminación.

Este decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 13 de Junio de 2017 la diputada Eva Cadena Sandoval.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen que reforma el Código Penal de la entidad para incluir nuevos tipos penales que sancionan conductas de individuos que, sin estar autorizados, modifican, destruyen o provoquen la pérdida de información contenido por sistemas informáticas en resguardo del Estado.

De esta manera,se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA), al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad.

Se impondrán de uno a tres años de prisión y de 100 a 300UMA al que sin autorización conozca, copie o utilice información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad.

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de Seguridad Pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de 500 a mil UMA.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de Seguridad Pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación hasta por el mismo tiempo indicado en los párrafos anteriores para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le impondrán de tres a siete años de prisión y 500 UMA.

A quien estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos en materia de Seguridad Pública, indebidamente obtenga, copie o utilice información que contengan, se le impondrá pena de cinco a 15 años de prisión y multa de 600 a mil UMA.

Las sanciones previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno; duplicándose cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia.

Este Decreto registró 42 votos a favor y una abstención.

Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó el 25 de enero de este año la diputada Judith Pineda Andrade.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen que reforma la Ley de Fomento Económico para el Estado de Veracruz con lo que se creará el Padrón de Agricultores de Productos Endémicos que caracteriza a las regiones de la entidad.

En la sesión, fue aprobado este Decreto con 42 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

La comisión dictaminadora enfatizó que contar con un Padrón de Agricultores de Productos Endémicos de cada región podría constituirse en una herramienta efectiva para destinar apoyos dedicados a la producción y comercialización de los mismos, en beneficio de los veracruzanos.

Este Padrón, permitirá identificar de manera puntual a las personas que se dedican a la producción y comercialización de productos endémicos es decir propios y exclusivos de determinadas localidades o regiones.

Este hecho apoyará, de manera significativa, a encaminar de manera correcta los esfuerzos para lograr el objeto de la Ley de Fomento Económico y que se traduzca en un verdadero apoyo a las familias veracruzanas.

Este Padrón es parte de las acciones que debe implementar el Ejecutivo estatal para consolidar la economía, generar empleos y arraigar a la población.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 12 de Marzo de este año el diputado Zenyazen Roberto Escobar García.

Para que el Estado otorgue créditos a los jóvenes emprendedores a fin que éstos inicien una empresa o negocio y así generar empleos en la entidad, el diputado Fernando Kuri Kuri presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Veracruz.

En la sexta sesión, el legislador propuso en su iniciativa que el Gobierno del Estado promueva programas de financiamiento y acceso al crédito para jóvenes emprendedores e innovadores, tanto del sector rural como del urbano.

El diputado Kuri Kuri señaló que de las ocho millones de personas que habitan en Veracruz al menos el 28 por ciento está constituida por jóvenes de entre 14 y 29 años; por lo que se estaría hablando de una de cada tres personas, “esto implica retos en materia de políticas públicas, sobre todo en materia de empleo”, agregó.

Indicó que es necesario que el Estado apoye la innovación, “el inventar nuevos procesos productivos y máquinas, todos ellos instrumentos de transformación productiva que cuestan”.

Destacó que en Veracruz hay 25 tecnológicos en los que estudian más de 60 mil alumnos, por lo que –enfatizó- es prioritario darles el apoyo para que sus estudios, investigaciones e innovaciones se transformen en realidad e impacten al sector productivo estatal.

El legislador Kuri Kuri subrayó que en materia de salud la ley establece la obligación de los jóvenes de informarse sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero no indica la obligación del Estado de informarlos.

Por lo anterior propone introducir la obligación del Estado, a efecto de que se ataquen dos problemas fundamentales: uno, el alto nivel de embarazos juveniles; y dos, se prevenga el contagio de VIH, ya que la población joven es de las más expuestas, sobre todo en las zonas rurales.

Fortalecer el derecho de la juventud veracruzana hará que aprovechemos sus potencialidades para construir una mejor sociedad, concluyó.

La diputada Guadalupe Osorno Maldonado se pronunció por proponer a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de las Alertas de Violencia de Género y por Agravio Comparado que tiene el Estado de Veracruz.

Esta Comisión Especial tendría como funciones principales analizar la pertinencia de solicitar a los poderes ejecutivos, tanto estatal como los de los municipios involucrados, así como al interior de este Poder, los avances en la implementación de la primera Alerta.

En cuanto a la Alerta por Agravio Comparado, dar seguimiento a los procesos que se han intentado poner en marcha, pero que han sido detenidos, tal vez por costo político, por intereses personales, o peor aún, por ignorancia jurídica y en materia de Derechos Humanos, destacó la legisladora.

La diputada Osorno Maldonado subrayó que aún con el tiempo de ejercicio que le resta a la actual Legislatura es urgente constituir esta Comisión que dé seguimiento, ya que –consideró- ninguna acción está por demás con el fin de detener y erradicar la violencia contra las mujeres.

Detalló que de acuerdo con los Lineamientos Generales para la Atención y Emisión de los Informes para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz el Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección General de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, asumieron el compromiso de atender las recomendaciones derivadas la primera alerta, emitida en 11 municipios y con acciones específicas en municipios con población indígena.

Dijo que según lo reportado por el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, del 1 de enero al 30 de abril de 2018, en Veracruz, se han registrado más de 70 desapariciones y 59 asesinatos de mujeres, de ellos, 35 presentan las razones de género establecidas en el Código Penal para ser considerados como feminicidios.

El diputado local Vicente Benítez González, propuso un proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, para que se pronuncien de forma «urgente y eficaz» en torno a la violencia política y violencia política de género en redes sociales. En la sexta sesión, el legislador se refirió a lo que está pasando en el país y en nuestro estado, para que dichas instituciones llamen a la mesura a los actores políticos locales, a sus militantes y simpatizantes para que dejen de «diseminar ideas de odio y discriminación en contra de aquellos que no piensan igual».

«Se exhorta al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, a que hagan un llamado urgente y eficaz para prevenir hechos que pudieran ser constitutivos de delitos y que después, como sociedad, lamentaríamos todos por no incidir de forma adecuada para disminuir el nivel de discriminación y agresión política en las redes sociales», destacó.

Benítez González señaló que en este escenario de tanta violencia y crímenes que han ocurrido en el actual proceso electoral en el país y en las últimas horas, también candidatas a diversos cargos de elección popular han sido agredidas, tres de éstas, del partido Nueva Alianza, han sido objeto de violencia política de género, pero esa violencia ha traspasado a la violencia de facto, al dañar los bienes de una de ellas.

Mencionó que con base en el Informe de Violencia Política en México 2018, de la consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral en septiembre pasado hasta el 2 de junio, se habían producido 382 agresiones contra políticos, entre ellos los 110 asesinatos. Dicho informe que retoman diversos medios de comunicación, define que la violencia se expande a nivel municipal abarcando un total de 252 municipios del país (más del 10 por ciento del total).

“Lo que convierte a esta campaña electoral en la más violenta en la historia de México”, según se ha venido difundiendo en las últimas horas.

Recordó que en febrero de este mismo año, el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, firmó un Convenio de colaboración con Facebook para la generación de contenidos en torno a las elecciones 2018 y con ello, contrarrestar la información falsa, lo cual calificó de inédito.

En aquel momento, sostuvo que ese había sido el primero de muchos acuerdos que se generarían con las diversas redes sociales que existen y que son usadas por miles de millones de usuarios y por las que lamentablemente también se genera violencia política y violencia política de género.

«Como representante ciudadano es mi obligación referir que entre los asesinados que aspiraban a cargos electorales hay desde precandidatos, a candidatos, alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes partidistas, exregidores, diputados, síndicos y exsíndicos», condenó. La UNESCO define el discurso de odio en la red como aquel que enfrenta a grupos de individuos mediante un lenguaje amenazante. Sería el antidiscurso que cancela la posibilidad de entendimiento con los otros, que favorece la discriminación y enaltece la violencia.

Es también esquivo, anónimo y su carácter transnacional complica su regulación. Es un tipo de afrenta de nuestra contemporaneidad, facilitada, paradójicamente, por las redes sociales digitales, y constituye uno de los temas que más preocupan a la comunidad internacional.

«Así como hay quienes usan la red para promover causas justas, también hay quienes las usan para dispersar la vileza humana. Así pues, el problema no es únicamente tecnológico, sino político y cívico. Es multidimensional y, por tanto, acabar con él requiere de la convicción y acción de diferentes actores, resalta la investigación», citó Benítez.

Con la finalidad de restringir aún más los horarios de venta de alcohol en establecimientos y contribuir a la prevención del alcoholismo y los problemas secundarios que esto conlleva, la diputada Eva Felícitas Cadena Sandoval presentó un Anteproyecto para exhortar al Ejecutivo estatal a que reforme el Reglamento respectivo.

En la sesión del Congreso del Estado la diputada planteó exhortar al Ejecutivo a que, en ejercicio de sus atribuciones, modifique el artículo 10 del Reglamento Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para señalar los horarios estipulados para la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.

En establecimientos con autorización para la venta en envase cerrado la prohibición aplica en los días lunes a viernes a partir de las 22:00 horas a las 09:00 horas del siguiente día. En domingo se prohíbe la venta a partir de las 19:00 horas a las 9:00 horas del siguiente día.

En establecimientos con autorización para la venta al copeo o envase abierto queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 02:00 a las 08:00 horas.

La diputada enfatizó que entidades como Puebla, Zacatecas, Jalisco y México tienen vigentes reglamentos que estipulan la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas con horarios extensos, tanto en establecimientos autorizados para venta en botella cerrada como al copeo o en envase abierto.

Agregó que el impacto ha sido positivo principalmente en la disminución de accidentes vehiculares por causa de consumo previo de bebidas alcohólicas, que va a la baja.

El alcoholismo –destacó- es una enfermedad que perjudica al entorno familiar, laboral y social de la persona que padece esta enfermedad. Incluso se considera una enfermedad que causa discapacidad y que a su vez puede provocar el desarrollo de 60 tipos de otras enfermedades, las más comunes, del hígado, pancreatitis, cáncer, ulceras y problemas gastrointestinales, daño cerebral, diabetes, entre otras.

Al pronunciarse sobre el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de Junio) la diputada Angélica Pineda Pérez subrayó que esta conmemoración debe ser acompañada con acciones serias, de alto impacto y de trascendencia, ya que esto logrará que pueda revertirse la tendencia hacia la degradación y afectación al medio ambiente.

En la sexta sesión ordinaria, del segundo año de labores de la LXIV Legislatura, la diputada recordó que el 5 de Junio de 1974 fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reflexionar sobre los graves problemas ambientales que sufre el plantea. Este día –añadió- es el punto de partida por el cual se busca una reflexión seria y comprometida para establecer acciones conjuntas y eficientes por la preservación del medio ambiental.

Dijo que a la fecha no se ha logrado encontrar el justo equilibrio entre desarrollo y preservación o entre modernidad y sustentabilidad. “La responsabilidad que ostentamos como habitantes temporales de este planeta se han postergado al grado de llegar a estadios críticos” enfatizó.

Al delimitar su participación a la zona que representa, la legisladora indicó que el sur de Veracruz está envuelto en problemas como la contaminación del aire, la contaminación de los cuerpos de agua y un crecimiento exponencial de la mancha urbana en detrimento de las áreas verdes.

Además emanan una serie de problemas que agravan la condición del entorno y del hombre mismo, como lo son la escasez del agua, la generación de desechos sólidos, temperaturas extremas, lluvia acida, erosión de suelos, entre otras.

Explicó que en el caso de Minatitlán hay una severa contaminación de los mantos acuíferos. “Por citar un ejemplo en el rio Coatzacoalcos es presa de grandes cantidades de desechos industriales lo que provoca aparte de la extinción de especies, la emisión de olores pestilentes y una fuente que poco a poco ha dejado de ser una opción que de sustento a las actividades propias de los seres humanos”.

Otro problema que citó la diputada Angélica Pineda es el tiradero a cielo abierto llamado “Las Matas”, mismo que ha tenido diversos llamados de este Poder y que a lo largo de sus 20 años de funcionamiento se ha convertido en bandera política de más de uno y el desdén de todos los que han gobernado, aseguró.

También se refirió a la región de Los Tuxtlas, donde diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado una serie de incidentes que afectan considerablemente a ecosistema de la zona; la deforestación, la caza, la perdida de hábitat, el trafico de maderas, plantas, animales, el uso de plaguicidas y agroquímicos, aprovechamiento irregular de materiales pétreos, arenas y gravas, y concesiones mineras, que son tema recurrente, que han exhibido y rebasado a las autoridades en los diferentes niveles de gobierno.

Refirió que para la Presidenta de la Asociación Civil Defensores del Medio Ambiente de los Tuxtlas, la activista Jessica Hitandegui, la superficie original de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, solo queda un 4 por ciento de superficie selvática, lo que evidencia el poco interés de las autoridades en resolver, pero sobre todo evitar estos embates voraces.

De igual forma detalló que a unos cuantos kilómetros de distancia de la capital del estado los proyectos mineros concesionado por la Secretaría de Economía en los municipios de Actopan y Alto Lucero, han representado un grave riesgo.

Las megaminerias toxicas a cielo abierto que se pretenden instalar en estos lugares, exhiben un proceso de extracción que afectaría el medio ambiente y la salud de los pobladores aledaños, argumentó.

Con la finalidad de dotar al síndico y a los regidores de nuevas atribuciones, la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Lobato Calderón señaló que el Síndico Único es el representante legal del Ayuntamiento y responsable de la atención de los asuntos jurídicos, mientras que los Regidores son los órganos del gobierno municipal que administran distintas ramas, tales como la de los servicios públicos, mercados, rastros, espectáculos, cementerios, entre otros.

Por lo que –indicó- es necesario ampliar sus atribuciones para que puedan convocar a una Sesión de Cabildo extraordinaria, pública o secreta, cuando la urgencia del caso lo reclame o alguno de los ediles lo solicite. Asimismo, la iniciativa contempla que los síndicos y regidores puedan solicitar a las áreas correspondientes se les entregue con anticipación la información que requerirá su revisión y firma.

Dijo que la facultad del Síndico es vigilar, por lo que la reforma contempla que se solicite a las áreas correspondientes los estados financieros mensuales y Cuenta Pública con anticipación de 72 horas, con un soporte documental para su análisis y en su caso, para firma.

Además de solicitar a las diversas áreas de la administración pública municipal los informes necesarios que requiera para el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Vigilancia.

El diputado independiente de la LXIV Legislatura, Sergio Rodríguez Cortés, presentó la iniciativa de Decreto por el que se reformarían y adicionarían diversas disposiciones a los Códigos Penal y Civil del Estado de Veracruz con el propósito de sancionar el delito de fraude que se comete por Internet y además incluir aspectos relacionados con el daño moral.

En la sexta sesión ordinaria, el legislador subrayó que el fraude toma diversas formas. El fenómeno se encuentra en Internet, donde se presentan páginas en las que se ofertan productos que no existen, o que nunca llegan a manos de quien paga por ellos, empleos ficticios en donde te orillan a depósitos de ciertas cantidades de dinero o servicios que no son brindados.

De esta manera, la iniciativa expone que se equiparará al delito de fraude, cuando mediante el uso o distribución de documentación o información falsa o alterada, ya sea de manera o física o través de la internet, se ofrezca un bien o servicio y se engañe a una o más personas causándoles un menoscabo en su patrimonio.

De esta manera se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien, a sabiendas, en beneficio propio, de un tercero o para causar daño a otro, directa o indirectamente, hiciere uso o distribuyera documentación e información falsa o alterada, ya sea de manera física o a través de la internet.

La citada multa y pena será duplicada en caso de que la documentación o información considerada falsa o alterada sea utilizada para engañar a una o más personas, causándoles un menoscabo en su patrimonio, sea de manera personal o a través de lnternet.

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de la misma tienen los demás.

Se presumirá que hubo daño moral cuando, por cualquier medio que sea, impreso, audiovisual, radiofónico o informático, a través de redes sociales u otro, se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

El legislador Sergio Rodríguez manifestó que aquellas personas que presenten un daño moral por la información falsa presentada tendrían la posibilidad de ir a tribunales civiles en la búsqueda de la reparación del daño, con lo cual se garantiza la libertad de expresión al no penalizarla, pero se protege a la persona del posible daño moral que le causen.

Esta iniciativa –refirió el diputado- busca que se aplique la ley penal, en el caso de las páginas de Internet que usan información falsa para defraudar personas, pero que no tienen un carácter informativo, como es el caso de las páginas bancarias falsas que buscan suplantar a las verdaderas, a efecto de conocer los datos personales de los clientes y poder usar esa información para defraudarlos.

Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional y el legislador del Grupo Juntos por Veracruz, José Roberto Arenas Martínez, presentaron la iniciativa de decreto que busca reformar el artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre a fin de establecer aspectos relacionados con el número de ediles que corresponde a cada ayuntamiento, de acuerdo con el número de población con que cuente.

En la sexta sesión ordinaria, el legislador José Roberto Arenas Martínezsostuvo que antes de la expedición de la Ley Orgánica del Municipio Libre hubo una práctica indebida en algunos municipios, al aumentar el número de ediles, lo que no corresponde al total de habitantes con que cuenta cada Ayuntamiento.

“En muchos casos existe un número par de ediles, que acarrea dificultades para la toma de decisiones cuando existen posturas antagónicas, generando parálisis al interior de dichos cuerpos de gobierno” abundó.

El diputado señaló que de una revisión exhaustiva a la población actual en cada uno de los municipios de Veracruz, de acuerdo a la Encuesta Intercensal del año 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puede observarse que dichos límites fijados por el legislador en el año 2001 no atienden ya a la distribución efectiva de los habitantes en el Estado.

La iniciativa plantea que el número de ediles de un Ayuntamiento sea de: tres, para los municipios de hasta 25 mil habitantes; cinco, para los municipios con más de 25 mil y hasta 40 mil habitantes; siete, para los municipios de más de 40 mil y hasta 70 mil habitantes; nueve, para los municipios de más de 70 mil y hasta 100 mil habitantes; once, para los municipios de más de 100 mil y hasta 150 mil habitantes; trece, para los municipios de más de 150 mil y hasta 250 mil habitantes, y 15, para los municipios cuya población exceda de 250 mil habitantes y su capacidad económica lo permita.

El Congreso del Estado aprobará, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, el número de ediles con base en el Censo General de Población y Vivienda, o en su caso, el Conteo de Población y Vivienda, antes de la elección que corresponda, escuchando la opinión de los Ayuntamientos respectivos, a efecto de actualizar su número de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.

El diputado expuso que con esta medida no sólo se reduciría el número de ediles en aquellos municipios que actualmente cuentan con más de los previstos en la Ley sino que se otorgaría participación real a los ciudadanos en cada una de sus localidades, con el firme objetivo de consolidar una cultura democrática en todos los rincones del Estado.

Al día de hoy existen en Veracruz mil 54 ediles, frente a los mil seis que corresponderían para el inicio de las administraciones municipales en 2022, en caso de aprobarse este proyecto, subrayó.

La diputada local Lourdes García González presentó la iniciativa que busca adicionar un párrafo al artículo 201 del Código Financiero para el Estado de Veracruz a fin de establecer que los montos de ingresos excedentes a lo previsto, en el Presupuesto del Estado, podrán destinarse a cubrir gastos de carácter social y a proyectos de inversión productiva adicionales.

La legisladora indicó que esta iniciativa surge a partir de la información publicada en el portal “Bienes Recuperados” del Gobierno del Estado donde indica que el monto de lo recuperado es de 762 millones 484 mil 50 pesos. Recursos que son adicionales a los bienes inmuebles y muebles recuperados.

Destacó que de acuerdo a declaraciones del Ejecutivo estatal, estos recursos han sido aplicados en los rubros de “Salud y Seguridad Pública”, aunque –añadió- es imperativo transparentar el uso de los recursos recuperados y destinarlos a cubrir gastos de carácter social, canalizándolos a inversión pública productiva, en aras de lograr progreso, desarrollo y bienestar para los veracruzanos.

Sostuvo que el instituto político al cual representa parte de la premisa fundamental que quien lesiona el patrimonio de Veracruz, afecta a todos, y la situación financiera del estado requiere de medidas que permitan, por un lado sanear las finanzas públicas, y por otro, destinar recursos a otras áreas de prioridad preponderantes en beneficio de los veracruzanos.

La iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, tiene como objetivo reforzar la normatividad competente, a fin de obtener mejores resultados en términos económicos, y a su vez generar eficiencia presupuestaria para estar en condiciones de gozar de estabilidad financiera, lo que a su vez, permitirá el avance permanente y duradero del Estado.

El diputado Rodolfo Corpi Lara presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Cultura y Derechos Culturales para la entidad, con el objetivo de crear los mecanismos que garanticen los derechos culturales y asignen al Estado la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones, como garante principal de los derechos culturales.

El legislador, indicó que Veracruz es uno de los Estados que cuenta con mayor variedad cultural, ya que tiene tres culturas, tales como la Huasteca, Totonaca y Olmeca, distribuidas por todo el Estado y son protegidas por la Constitución Federal y la Estatal.

Indicó que con la iniciativa se busca generar políticas públicas que establezcan una serie de mecanismos y con ello evitar la duplicidad de funciones o esfuerzos culturales entre las leyes existentes. Siendo esta propuesta el principal motivo para que los gobiernos se obliguen a crear leyes que regulen a nivel local, nacional e internacional todo lo relativo y concerniente a la materia cultural.

Para ello, los municipios del Estado de Veracruz promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Así como promover la celebración de convenios de cooperación, intercambio y colaboración con centros académicos nacionales y extranjeros, que estimulen la participación de investigadores, académicos y docentes en actividades culturales.

Dijo que la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) en coordinación con los municipios contribuirán a las acciones destinadas a fortalecer la cooperación e intercambio internacional, en materia cultural, con apego a los tratados internacionales.

La iniciativa de Ley fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.

Con el fin de abatir la deserción escolar, mejorar la condición de los alumnos de escuelas públicas y contribuir a la economía familiar, la diputada María del Rocío Pérez Pérez presentó la iniciativa que Crea la Ley de Paquetes Escolares Gratuitos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Esta ley -indicó la legisladora- tiene por objeto dotar gratuitamente de dos uniformes escolares o vales para adquisición de los mismos, así como recibir gratuitamente un paquete básico de útiles escolares determinado a partir de la lista oficial de útiles aprobada y en correspondencia a cada ciclo escolar.

La aplicación de esta ley correspondería al Ejecutivo estatal por medio de la Secretaría de Educación (SEV), que sería la encargada de adquirir, coordinar, distribuir, organizar, administrar y entregar, dos uniformes escolares gratuitos que consistirían en falda o pantalón, blusa o camisa, suéter, calcetas y ropa deportiva, así como el paquete básico de útiles de acuerdo al ciclo de cada alumno.

De acuerdo a la iniciativa, el Ejecutivo estatal incorporaría en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado el monto que garantice la entrega de los uniformes y útiles escolares.

La SEV tendría la obligación de entregar, con un mínimo de 15 días y un máximo de 30 días de cada ciclo escolar, los uniformes y útiles.

Para la ejecución de esta ley, la SEV promoverá la participación preferentemente de fabricantes y comerciantes de la entidad, además de observar los procedimientos en la materia.

La iniciativa prevé que la SEV instituya un padrón único de alumnos y alumnas que se encuentren inscritos en escuelas públicas; otorgar uniformes escolares a todas las alumnas y alumnos; vigilar la adecuada y oportuna distribución de los uniformes; suscribir y celebrar acuerdos con los gobiernos municipales para la entrega de uniformes y rendir un informe anual al Congreso del Estado, entre otros.

La diputada María del Rocío Pérez indicó que otorgar paquetes escolares a los más de un millón 480 mil niñas y niños que cursan la educación básica, representa también un importante ahorro para la economía familiar.

Las diputadas y diputados de las Comisiones Permanentes de Salud y Asistencia y de Justicia y Puntos Constitucionales presentaron, ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa de Decreto que adiciona un capítulo y un artículo a la Ley de Salud del Estado de Veracruz y adiciona la fracción XVII al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para generar parámetros que otorguen un verdadero acceso a la justicia a las niñas y niños y adolescentes, para conocer la identidad del origen biológico de sus padres, sin dejar a un lado las formalidades que den certeza jurídica pericial en genética molecular, del ácido desoxirribonucleico(ADN).

En la sesión, el diputado José Kirsch presentó la propuesta legislativa que faculta a la Secretaría de Salud (SS) del Estado para que vigile, acredite y certifique a todas aquellas instituciones públicas o laboratorios clínicos privados, que realicen pruebas en genética molecular de ADN, en relación con lo señalado en el artículo 289 bis del Código Civil del Estado de Veracruz; y los artículos 157 bis y 157 sexies del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz.

Las instituciones públicas o laboratorios clínicos privados, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud. Los establecimientos deberán acreditar experiencia, capacidad y conocimiento sobre genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

La Secretaría de Salud deberá expedir convocatoria pública para que las instituciones públicas de salud y laboratorios clínicos privados, que estén interesadas en obtener el certificado, puedan realizar el procedimiento correspondiente. Además deberá hacer público, en los portales de internet, las instituciones públicas y laboratorios clínicos privados que cuenten con dicha certificación.

Se establece como atribuciones del Secretario de Salud el proveer lo conducente en la vigilancia, acreditación y certificación de todas aquellas instituciones públicas o laboratorios clínicos privados, que realicen pruebas en genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

De aprobarse y publicarse esta reforma, se otorgaría un plazo de 60 días para que la SS expida un Reglamento que, fije los procedimientos y requisitos para que las instituciones

públicas y laboratorios clínicos privados puedan obtener su certificado para expedir pruebas periciales en materia de genética molecular de ADN,

El legislador manifestó que esta iniciativa pretende que las niñas, los niños y adolescentes tengan derecho al conocimiento de su identidad biológica, para el mejor desarrollo del menor, quitando formalismos excesivos, pero, cuidando las formalidades procesales para dar mayor certeza jurídica por cuanto hace al desahogo de la prueba pericial para el reconocimiento de paternidad.

La iniciativa es signada por los diputados José Kirsch Sánchez, Luisa Ángela Soto Maldonado, Cinthya Lobato Calderón, BingenRementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y Gregorio Murillo Uscanga.

La diputada Luisa Ángela Soto Maldonado, presentó la iniciativa de Decreto que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Veracruz con el objetivo de promover en hoteles y restaurantes la donación de alimentos en buen estado para destinarse a la población en situación de carencia alimentaria.

En tribuna, la legisladora señaló que aproximadamente una de cada 9 personas en el mundo sufre de alguna carencia alimentaria y al año ocurren 2.6 millones de muertes de niños por malnutrición según datos de TheUnger Project México.

La diputada indicó que el combate a la pobreza alimentaria es un tema fundamental, que obliga a los gobiernos a garantizar el derecho a la alimentación y a proveer del mínimo esencial a la población para tener acceso a una alimentación digna.

Además de ser un derecho que toda persona tiene a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como a la satisfacción de la necesidad de alimentos para los infantes, tal y como lo señala la Carta Magna.

La asociación Banco de Alimentos de México MANÁ,señala que diariamente, más de tres mil toneladas de alimentos en buen estado son desaprovechadas y que el 37 por ciento de la producción total agropecuaria es desperdiciada, lo que ocurre con frecuencia en las cadenas de restaurantes y hoteles.

La legisladora señaló que la Secretaría de Turismo a nivel federal implementó el Programa

“AL RESCATE”, que busca contribuir a atenuar el hambre, a través de la recuperación de alimentos en restaurantes y hoteles para ser donados a bancos de alimentos que, a su vez, los hagan llegar a personas en situación vulnerable, programa con el que se ha logrado beneficiar a 3 mil 884 personas en 16 entidades federativas.

En Veracruz existen dos organizaciones como Banco de Alimentos de Veracruz, A.C. y la ya citada Banco de Alimentos MANÁ, que se dan a la tarea de recuperar de comerciantes de la Central de Abastos de la capital del Estado y de algunas grandes empresas, alimentos en buen estado para, donarlos a las familias asentadas en cinturones de pobreza de las zonas urbanas, fomentando con ello la cultura del uso y manejo responsable de los alimentos.

En tal razón, la iniciativa busca fomentar el manejo responsable de los alimentos, y establecer una normativa al Gobierno del Estado, para que a través de las dependencias del ramo turístico y de desarrollo social, promuevan entre los sectores hotelero y restaurantero la donación de alimentos en buen estado, a fin de destinarlos a la población en situación de carencia alimentaria.

Al
pronunciarse sobre el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de Junio) la diputada
Angélica Pineda Pérez subrayó que esta conmemoración debe ser acompañada con
acciones serias, de alto impacto y de trascendencia, ya que esto logrará que
pueda revertirse la tendencia hacia la degradación y afectación al medio
ambiente.

En
la sexta sesión ordinaria, del segundo año de labores de la LXIV Legislatura,
la diputada recordó que el 5 de Junio de 1974 fue decretado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) para reflexionar sobre los graves problemas
ambientales que sufre el plantea. Este día –añadió- es el punto de partida por
el cual se busca una reflexión seria y comprometida para establecer acciones
conjuntas y eficientes por la preservación del medio ambiental.

Dijo
que a la fecha no se ha logrado encontrar el justo equilibrio entre desarrollo
y preservación o entre modernidad y sustentabilidad. “La responsabilidad que ostentamos como
habitantes temporales de este planeta se han postergado al grado de llegar a
estadios críticos” enfatizó.

Al
delimitar su participación a la zona que representa, la legisladora indicó que
el sur de Veracruz está envuelto en problemas como la contaminación del aire,
la contaminación de los cuerpos de agua y un crecimiento exponencial de la
mancha urbana en detrimento de las áreas verdes.

Además
emanan una serie de problemas que agravan la condición del entorno y del hombre
mismo, como lo son la escasez del agua, la generación de desechos sólidos,
temperaturas extremas, lluvia acida, erosión de suelos, entre otras.

Explicó
que en el caso de Minatitlán hay una severa contaminación de los mantos
acuíferos. “Por citar un ejemplo en el rio Coatzacoalcos es presa de grandes
cantidades de desechos industriales lo que provoca aparte de la extinción de
especies, la emisión de olores pestilentes y una fuente que poco a poco ha
dejado de ser una opción que de sustento a las actividades propias de los seres
humanos”.

Otro
problema que citó la diputada Angélica Pineda es el tiradero a cielo abierto
llamado “Las Matas”, mismo que ha tenido diversos llamados de este Poder y que
a lo largo de sus 20 años de funcionamiento se ha convertido en bandera
política de más de uno y el desdén de todos los que han gobernado, aseguró.

También
se refirió a la región de Los Tuxtlas, donde diversas organizaciones de la
sociedad civil han señalado una serie de incidentes que afectan
considerablemente a ecosistema de la zona; la deforestación, la caza, la
perdida de hábitat, el trafico de maderas, plantas, animales, el uso de
plaguicidas y agroquímicos, aprovechamiento irregular de materiales pétreos,
arenas y gravas, y concesiones mineras, que son tema recurrente, que han
exhibido y rebasado a las autoridades en los diferentes niveles de gobierno.

Refirió
que para la Presidenta de la Asociación Civil Defensores del Medio Ambiente de
los Tuxtlas, la activista Jessica Hitandegui, la superficie original de la
reserva de la biosfera de los Tuxtlas, solo queda un 4 por ciento de superficie
selvática, lo que evidencia el poco interés de las autoridades en resolver,
pero sobre todo evitar estos embates voraces.

De
igual forma detalló que a unos cuantos kilómetros de distancia de la capital
del estado los proyectos mineros concesionado por la Secretaría de Economía en
los municipios de Actopan y Alto Lucero, han representado un grave riesgo.

Las
megaminerias toxicas a cielo abierto que se pretenden instalar en estos
lugares, exhiben un proceso de extracción que afectaría el medio ambiente y la
salud de los pobladores aledaños, argumentó.

El
Pleno de la LXIV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen que reforma la Ley
de Fomento Económico para el Estado de Veracruz con lo que se creará el Padrón
de Agricultores de Productos Endémicos que caracteriza a las regiones de la
entidad.

En
la sesión, fue aprobado este Decreto con 42 votos a favor, sin abstenciones o
votos en contra.

La
comisión dictaminadora enfatizó que contar con un Padrón de Agricultores de
Productos Endémicos de cada región podría constituirse en una herramienta
efectiva para destinar apoyos dedicados a la producción y comercialización de los
mismos, en beneficio de los veracruzanos.

Este
Padrón, permitirá identificar de manera puntual a las personas que se dedican a
la producción y comercialización de productos endémicos es decir propios y
exclusivos de determinadas localidades o regiones.

Este
hecho apoyará, de manera significativa, a encaminar de manera correcta los esfuerzos para lograr
el objeto de la Ley de Fomento Económico y que se traduzca en un verdadero
apoyo a las familias veracruzanas.

Este
Padrón es parte de las acciones que debe implementar el Ejecutivo estatal para
consolidar la economía, generar empleos y arraigar a la población.

Este
Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 12 de Marzo de este año
el diputado Zenyazen Roberto Escobar García.

Con
el fin de abatir la deserción escolar, mejorar la condición de los alumnos de
escuelas públicas y contribuir a la economía familiar, la diputada María del
Rocío Pérez Pérez presentó la iniciativa que Crea la Ley de Paquetes Escolares
Gratuitos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Esta
ley -indicó la legisladora- tiene por objeto dotar gratuitamente de dos
uniformes escolares o vales para adquisición de los mismos, así como recibir
gratuitamente un paquete básico de útiles escolares determinado a partir de la
lista oficial de útiles aprobada y en correspondencia a cada ciclo escolar.

La
aplicación de esta ley correspondería al Ejecutivo estatal por medio de la
Secretaría de Educación (SEV), que sería la encargada de adquirir, coordinar,
distribuir, organizar, administrar y entregar, dos uniformes escolares gratuitos
que consistirían en falda o pantalón, blusa o camisa, suéter, calcetas y ropa
deportiva, así como el paquete básico de útiles de acuerdo al ciclo de cada
alumno.

De
acuerdo a la iniciativa, el Ejecutivo estatal incorporaría en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos del Estado el monto que garantice la entrega de los
uniformes y útiles escolares.

La
SEV tendría la obligación de entregar, con un mínimo de 15 días y un máximo de
30 días de cada ciclo escolar, los uniformes y útiles.

Para
la ejecución de esta ley, la SEV promoverá la participación preferentemente de
fabricantes y comerciantes de la entidad, además de observar los procedimientos
en la materia.

La
iniciativa prevé que la SEV instituya un padrón único de alumnos y alumnas que
se encuentren inscritos en escuelas públicas; otorgar uniformes escolares a
todas las alumnas y alumnos; vigilar la adecuada y oportuna distribución de los
uniformes; suscribir y celebrar acuerdos con los gobiernos municipales para la
entrega de uniformes y rendir un informe anual al Congreso del Estado, entre
otros.

La
diputada María del Rocío Pérez indicó que otorgar paquetes escolares a los más
de un millón 480 mil niñas y niños que cursan la educación básica, representa
también un importante ahorro para la economía familiar.

Con
la finalidad de dotar al síndico y a los regidores de nuevas atribuciones, la
diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón presentó una iniciativa con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del
Municipio Libre.

Lobato
Calderón señaló que el Síndico Único es el representante legal del Ayuntamiento
y responsable de la atención de los asuntos jurídicos, mientras que los Regidores
son los órganos del gobierno municipal que administran distintas ramas, tales
como la de los servicios públicos, mercados, rastros, espectáculos, cementerios,
entre otros.

Por
lo que –indicó- es necesario ampliar sus atribuciones para que puedan convocar
a una Sesión de Cabildo extraordinaria, pública o secreta, cuando la urgencia
del caso lo reclame o alguno de los ediles lo solicite. Asimismo, la iniciativa
contempla que los síndicos y regidores puedan solicitar a las áreas
correspondientes se les entregue con anticipación la información que requerirá su
revisión y firma.

Dijo que la facultad
del Síndico es vigilar, por lo que la reforma contempla
que se solicite a las áreas correspondientes los estados financieros mensuales
y Cuenta Pública con anticipación de 72 horas, con un soporte documental para
su análisis y en su caso, para firma.

Además de solicitar a
las diversas áreas de la administración pública municipal los informes
necesarios que requiera para el ejercicio de sus funciones.

La
iniciativa se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y
Vigilancia.

El diputado local Vicente Benítez González, propuso un
proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral (OPLE), y la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral (INE) en Veracruz, para que se pronuncien de forma
«urgente y eficaz» en torno a la violencia política y violencia
política de género en redes sociales.
En la sexta sesión, el legislador se refirió a lo que está pasando en el país y
en nuestro estado, para que dichas instituciones llamen a la mesura a los
actores políticos locales, a sus militantes y simpatizantes para que dejen de
«diseminar ideas de odio y discriminación en contra de aquellos que no piensan
igual».

«Se exhorta al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y a la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, a que hagan un
llamado urgente y eficaz para prevenir hechos que pudieran ser constitutivos de
delitos y que después, como sociedad, lamentaríamos todos por no incidir de
forma adecuada para disminuir el nivel de discriminación y agresión política en
las redes sociales», destacó.

Benítez González señaló que en este escenario de tanta violencia y crímenes que
han ocurrido en el actual proceso electoral en el país y en las últimas horas,
también candidatas a diversos cargos de elección popular han sido agredidas,
tres de éstas, del partido Nueva Alianza, han sido objeto de violencia política
de género, pero esa violencia ha traspasado a la violencia de facto, al dañar
los bienes de una de ellas.

Mencionó que con base en el Informe de Violencia Política en México 2018, de la
consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral en septiembre pasado
hasta el 2 de junio, se habían producido 382 agresiones contra políticos, entre
ellos los 110 asesinatos.
Dicho informe que retoman diversos medios de comunicación, define que la
violencia se expande a nivel municipal abarcando un total de 252 municipios del
país (más del 10 por ciento del total).

“Lo que convierte a esta campaña electoral en la más violenta en la historia de
México”, según se ha venido difundiendo en las últimas horas.

Recordó que en febrero de este mismo año, el presidente del Consejo General del
INE, Lorenzo Córdova, firmó un Convenio de colaboración con Facebook para la
generación de contenidos en torno a las elecciones 2018 y con ello,
contrarrestar la información falsa, lo cual calificó de inédito.

En aquel momento, sostuvo que ese había sido el primero de muchos acuerdos que
se generarían con las diversas redes sociales que existen que son usadas por
miles de millones de usuarios y por las que lamentablemente también se genera
violencia política y violencia política de género.

«Como representante ciudadano es mi obligación referir que entre los
asesinados que aspiraban a cargos electorales hay desde precandidatos, a
candidatos, alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes
partidistas, exregidores, diputados, síndicos y exsíndicos», condenó.
La UNESCO define el discurso de odio en la red como aquel que enfrenta a grupos
de individuos mediante un lenguaje amenazante. Sería el antidiscurso que
cancela la posibilidad de entendimiento con los otros, que favorece la
discriminación y enaltece la violencia.

Es también esquivo, anónimo y su
carácter transnacional complica su regulación. Es un tipo de afrenta de nuestra
contemporaneidad, facilitada, paradójicamente, por las redes sociales
digitales, y constituye uno de los temas que más preocupan a la comunidad
internacional.

«Así como hay quienes usan la red para promover causas justas, también hay
quienes las usan para dispersar la vileza humana. Así pues, el problema no es
únicamente tecnológico, sino político y cívico. Es multidimensional y, por
tanto, acabar con él requiere de la convicción y acción de diferentes actores,
resalta la investigación», citó Benítez.

Las diputadas y diputados de las Comisiones
Permanentes de Salud y Asistencia y de Justicia y Puntos Constitucionales
presentaron, ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa de Decreto que adiciona un capítulo y un
artículo a la Ley de Salud del Estado de Veracruz y adiciona la fracción XVII al artículo 32 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado para generar parámetros que otorguen un verdadero acceso a la justicia a
las niñas y niños y adolescentes, para conocer la identidad del origen
biológico de sus padres, sin dejar a un lado las formalidades que den certeza
jurídica pericial en genética molecular, del ácido desoxirribonucleico(ADN).

En la sesión, el diputado José Kirsch presentó la
propuesta legislativa que faculta a la Secretaría de Salud (SS) del Estado para
que vigile, acredite y certifique a todas aquellas instituciones públicas o
laboratorios clínicos privados, que realicen pruebas en genética molecular de
ADN, en relación con lo señalado en el artículo 289 bis del Código Civil del
Estado de Veracruz; y los artículos 157 bis y 157 sexies del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz.

Las instituciones públicas o laboratorios clínicos
privados, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 17 Bis de la Ley
General de Salud. Los establecimientos deberán acreditar experiencia, capacidad
y conocimiento sobre genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

La
Secretaría de Salud deberá expedir convocatoria pública para que las
instituciones públicas de salud y laboratorios clínicos privados, que estén
interesadas en obtener el certificado, puedan realizar el procedimiento
correspondiente. Además deberá hacer público, en los portales de internet, las
instituciones públicas y laboratorios clínicos privados que cuenten con dicha
certificación.

Se
establece como atribuciones del Secretario de Salud el proveer lo conducente en
la vigilancia, acreditación y certificación de todas aquellas instituciones
públicas o laboratorios clínicos privados, que realicen pruebas en genética
molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

De
aprobarse y publicarse esta reforma, se otorgaría un plazo de 60 días para que la SS expida un Reglamento que, fije los
procedimientos y requisitos para que las instituciones públicas y laboratorios
clínicos privados puedan obtener su certificado para expedir pruebas periciales
en materia de genética molecular de ADN,

El
legislador manifestó que esta iniciativa pretende que las niñas, los niños y adolescentes
tengan derecho al conocimiento de su identidad biológica, para el mejor
desarrollo del menor, quitando formalismos excesivos, pero, cuidando las
formalidades procesales para dar mayor certeza jurídica por cuanto hace al
desahogo de la prueba pericial para el reconocimiento de paternidad.

La
iniciativa es signada por los diputados José Kirsch Sánchez, Luisa Ángela Soto Maldonado,
Cinthya Lobato Calderón, BingenRementería Molina, Carlos Antonio Morales
Guevara y Gregorio Murillo Uscanga.

El
Congreso de Veracruz aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y
de la Ley de Caminos y Puentes del Estado para señalar que tratándose de
personas con discapacidad o con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el
Gobierno del Estado en coordinación con los concesionarios, establecerán
descuentos en las tarifas de casetas estatales.

Dicho beneficio nunca será menor al 50 por ciento de
las tarifas registradas y aplicará también para quienes trasladen personas con
el Trastorno del Espectro Autista.

Para hacer válido este beneficio deberá presentarse
la credencial de identificación que proporcionan los sistemas, estatal y municipales,
para el Desarrollo Integral de la Familia.

El Dictamen señala que las autoridades, en sus diferentes ámbitos de competencia, están
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
las personas con discapacidad, atendiendo a los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad

Esta reforma fue aprobada con 42 votos a favor. Sin
votos en contra o abstenciones.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que
presentó 26 de marzo de 2018 el diputado Gregorio Murillo Uscanga.

En
la sesión, el diputado Gregorio Murillo subrayó que las personas con
discapacidad deben ser reconocidas con los mismos derechos ya que aportan de
igual manera a la sociedad que cualquier persona que no tenga discapacidad.

Para
que el Estado otorgue créditos a los jóvenes emprendedores a fin que éstos
inicien una empresa o negocio y así generar empleos en la entidad, el diputado
Fernando Kuri Kuri presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de
la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Veracruz.

En
la sexta sesión, el legislador propuso en su iniciativa que el Gobierno del
Estado promueva programas de financiamiento y acceso al crédito para jóvenes
emprendedores e innovadores, tanto del sector rural como del urbano.

El
diputado Kuri Kuri señaló que de las ocho millones de personas que habitan en
Veracruz al menos el 28 por ciento está constituida por jóvenes de entre 14 y
29 años; por lo que se estaría hablando de una de cada tres personas, “esto
implica retos en materia de políticas públicas, sobre todo en materia de
empleo”, agregó.

Indicó
que es necesario que el Estado apoye la innovación, “el inventar nuevos
procesos productivos y máquinas, todos ellos instrumentos de transformación
productiva que cuestan”.

Destacó
que en Veracruz hay 25 tecnológicos en los que estudian más de 60 mil alumnos,
por lo que –enfatizó- es prioritario darles el apoyo para que sus estudios,
investigaciones e innovaciones se transformen en realidad e impacten al sector
productivo estatal.

El
legislador Kuri Kuri subrayó que en materia de salud la ley establece la
obligación de los jóvenes de informarse sobre las enfermedades de transmisión
sexual, pero no indica la obligación del Estado de informarlos.

Por
lo anterior propone introducir la obligación del Estado, a efecto de que se
ataquen dos problemas fundamentales: uno, el alto nivel de embarazos juveniles;
y dos, se prevenga el contagio de VIH, ya que la población joven es de las más
expuestas, sobre todo en las zonas rurales.

Fortalecer
el derecho de la juventud veracruzana hará que aprovechemos sus potencialidades
para construir una mejor sociedad, concluyó.

La
diputada local Lourdes García González presentó la iniciativa que busca
adicionar un párrafo al artículo 201 del Código Financiero para el Estado de
Veracruz a fin de establecer que los montos de ingresos excedentes a lo
previsto, en el Presupuesto del Estado, podrán destinarse a cubrir gastos de
carácter social y a proyectos de inversión productiva adicionales.

La
legisladora indicó que esta iniciativa surge a partir de la información
publicada en el portal “Bienes Recuperados” del Gobierno del Estado donde
indica que el monto de lo recuperado es de 762 millones 484 mil 50 pesos.
Recursos que son adicionales a los bienes inmuebles y muebles recuperados.

Destacó
que de acuerdo a declaraciones del Ejecutivo estatal, estos recursos han sido
aplicados en los rubros de “Salud y Seguridad Pública”, aunque –añadió- es
imperativo transparentar el uso de los recursos recuperados y destinarlos a
cubrir gastos de carácter social, canalizándolos a inversión pública
productiva, en aras de lograr progreso, desarrollo y bienestar para los
veracruzanos.

Sostuvo
que el instituto político al cual representa parte de la premisa fundamental
que quien lesiona el patrimonio de Veracruz, afecta a todos, y la situación
financiera del estado requiere de medidas que permitan, por un lado sanear las
finanzas públicas, y por otro, destinar recursos a otras áreas de prioridad
preponderantes en beneficio de los veracruzanos.

La
iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, tiene como
objetivo reforzar la normatividad competente, a fin de obtener mejores
resultados en términos económicos, y a su vez generar eficiencia presupuestaria
para estar en condiciones de gozar de estabilidad financiera, lo que a su vez,
permitirá el avance permanente y duradero del Estado.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen
que reforma el Código Penal de la entidad para incluir nuevos tipos penales que
sancionan conductas de individuos que, sin estar autorizados, modifican,
destruyen o provoquen la pérdida de información contenido por sistemas
informáticas en resguardo del Estado.

De
esta manera,se le impondrán de dos a
cinco años de prisión y de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA),
al que sin autorización modifique,
destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de
informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad.

Se impondrán de uno a tres años de prisión y de 100
a 300UMA al que sin autorización conozca, copie o utilice información contenida
en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo
de seguridad.

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o
utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de
almacenamiento informáticos de Seguridad Pública, protegido por algún medio de
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de 500
a mil UMA.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público
en una institución de Seguridad Pública, se impondrá además, destitución e
inhabilitación hasta por el mismo tiempo indicado en los párrafos anteriores
para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y
equipos de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque
pérdida de información que contengan, se le impondrán de tres a siete años de
prisión y 500 UMA.

A quien estando autorizado para acceder a sistemas,
equipos o medios de almacenamiento informáticos en materia de Seguridad Pública,
indebidamente obtenga, copie o utilice información que contengan, se le
impondrá pena de cinco a 15 años de prisión y multa de 600 a mil UMA.

Las sanciones previstas en este capítulo se
aumentarán hasta en una mitad cuando la información obtenida se utilice en
provecho propio o ajeno; duplicándose cuando la conducta obstruya, entorpezca,
obstaculice, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia.

Este Decreto registró 42 votos a favor y una
abstención.

Esta reforma es resultado de la iniciativa que
presentó el 25 de enero de este año la diputada Judith Pineda Andrade.

El diputado Rodolfo
Corpi Lara presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Cultura y Derechos
Culturales para la entidad, con el objetivo de crear los mecanismos que
garanticen los derechos culturales y asignen al Estado la responsabilidad de
cumplir con sus obligaciones, como garante principal de los derechos culturales.

El legislador, indicó
que Veracruz es uno de los Estados que cuenta con mayor variedad cultural, ya
que tiene tres culturas, tales como la Huasteca, Totonaca y Olmeca,
distribuidas por todo el Estado y son protegidas por la Constitución Federal y
la Estatal.

Indicó que con la
iniciativa se busca generar políticas
públicas que establezcan una serie de mecanismos y con ello evitar la duplicidad
de funciones o esfuerzos culturales entre las leyes existentes. Siendo esta
propuesta el principal motivo para que los gobiernos se obliguen a crear leyes
que regulen a nivel local, nacional e internacional todo lo relativo y concerniente
a la materia cultural.

Para ello, los
municipios del Estado de Veracruz promoverán, en el ámbito de sus atribuciones,
acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Así como promover
la celebración de convenios de cooperación, intercambio y colaboración con
centros académicos nacionales y extranjeros, que estimulen la participación de
investigadores, académicos y docentes en actividades culturales.

Dijo que la
Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) en coordinación con los municipios
contribuirán a las acciones destinadas a fortalecer la cooperación e intercambio
internacional, en materia cultural, con apego a los tratados internacionales.

La iniciativa de Ley
fue turnada a la Comisión Permanente de
Educación y Cultura.

La
diputada Guadalupe Osorno Maldonado se pronunció por proponer a la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO), la creación de una Comisión Especial de
Seguimiento a la Implementación de las Alertas de Violencia de Género y por
Agravio Comparado que tiene el Estado de Veracruz.

Esta
Comisión Especial tendría como funciones principales analizar la pertinencia de
solicitar a los poderes ejecutivos, tanto estatal como los de los municipios
involucrados, así como al interior de este Poder, los avances en la
implementación de la primera Alerta.

En
cuanto a la Alerta por Agravio Comparado, dar seguimiento a los procesos que se
han intentado poner en marcha, pero que han sido detenidos, tal vez por costo
político, por intereses personales, o peor aún, por ignorancia jurídica y en
materia de Derechos Humanos, destacó la legisladora.

La
diputada Osorno Maldonado subrayó que aún con el tiempo de ejercicio que le
resta a la actual Legislatura es urgente constituir esta Comisión que dé
seguimiento, ya que –consideró- ninguna acción está por demás con el fin de
detener y erradicar la violencia contra las mujeres.

Detalló
que de acuerdo con los Lineamientos Generales para la Atención y Emisión de los
Informes para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el Estado de Veracruz el Gobierno estatal, a través de la
Secretaría de Gobierno y de la Dirección General de Consolidación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, asumieron el compromiso de atender las
recomendaciones derivadas la primera alerta, emitida en 11 municipios y con
acciones específicas en municipios con población indígena.

Dijo
que según lo reportado por el Observatorio Universitario de Violencias contra
las Mujeres de la Universidad Veracruzana, del 1 de enero al 30 de abril de
2018, en Veracruz, se han registrado más de 70 desapariciones y 59 asesinatos
de mujeres, de ellos, 35 presentan las razones de género establecidas en el
Código Penal para ser considerados como feminicidios.

La
diputada Guadalupe Osorno Maldonado se pronunció por proponer a la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO), la creación de una Comisión Especial de
Seguimiento a la Implementación de las Alertas de Violencia de Género y por
Agravio Comparado que tiene el Estado de Veracruz.

Esta
Comisión Especial tendría como funciones principales analizar la pertinencia de
solicitar a los poderes ejecutivos, tanto estatal como los de los municipios
involucrados, así como al interior de este Poder, los avances en la
implementación de la primera Alerta.

En
cuanto a la Alerta por Agravio Comparado, dar seguimiento a los procesos que se
han intentado poner en marcha, pero que han sido detenidos, tal vez por costo
político, por intereses personales, o peor aún, por ignorancia jurídica y en
materia de Derechos Humanos, destacó la legisladora.

La
diputada Osorno Maldonado subrayó que aún con el tiempo de ejercicio que le
resta a la actual Legislatura es urgente constituir esta Comisión que dé
seguimiento, ya que –consideró- ninguna acción está por demás con el fin de
detener y erradicar la violencia contra las mujeres.

Detalló
que de acuerdo con los Lineamientos Generales para la Atención y Emisión de los
Informes para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el Estado de Veracruz el Gobierno estatal, a través de la
Secretaría de Gobierno y de la Dirección General de Consolidación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, asumieron el compromiso de atender las
recomendaciones derivadas la primera alerta, emitida en 11 municipios y con
acciones específicas en municipios con población indígena.

Dijo
que según lo reportado por el Observatorio Universitario de Violencias contra
las Mujeres de la Universidad Veracruzana, del 1 de enero al 30 de abril de
2018, en Veracruz, se han registrado más de 70 desapariciones y 59 asesinatos
de mujeres, de ellos, 35 presentan las razones de género establecidas en el
Código Penal para ser considerados como feminicidios.

La
diputada Luisa Ángela Soto Maldonado, presentó la iniciativa de Decreto que
busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Turismo del
Estado de Veracruz con el objetivo de promover en hoteles y restaurantes la
donación de alimentos en buen estado para destinarse a la población en
situación de carencia alimentaria.

En
tribuna, la legisladora señaló que aproximadamente una de cada 9 personas en el
mundo sufre de alguna carencia alimentaria y al año ocurren 2.6 millones de
muertes de niños por malnutrición según datos de TheUnger Project México.

La diputada indicó que el combate a la
pobreza alimentaria es un tema fundamental, que obliga a los gobiernos a
garantizar el derecho a la alimentación y a proveer del mínimo esencial a la población
para tener acceso a una alimentación digna.

Además
de ser un derecho que toda persona tiene a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, así como a la satisfacción de la necesidad de alimentos
para los infantes, tal y como lo señala la Carta Magna.

La asociación Banco de Alimentos de México
MANÁ,señala que diariamente, más de tres mil toneladas de alimentos en buen
estado son desaprovechadas y que el 37 por ciento de la producción total
agropecuaria es desperdiciada, lo que ocurre con frecuencia en las cadenas de
restaurantes y hoteles.

La legisladora señaló que la Secretaría de
Turismo a nivel federal implementó el Programa “AL RESCATE”, que busca contribuir a atenuar
el hambre, a través de la recuperación de alimentos en restaurantes y hoteles
para ser donados a bancos de alimentos que, a su vez, los hagan llegar a
personas en situación vulnerable, programa con el que se ha logrado beneficiar
a 3 mil 884 personas en 16 entidades federativas. En Veracruz existen dos organizaciones como Banco
de Alimentos de Veracruz, A.C. y la ya citada Banco de Alimentos MANÁ, que se
dan a la tarea de recuperar de comerciantes de la Central de Abastos de la
capital del Estado y de algunas grandes empresas, alimentos en buen estado
para, donarlos a las familias asentadas en cinturones de pobreza de las zonas
urbanas, fomentando con ello la cultura del uso y manejo responsable de los
alimentos. En tal razón, la iniciativa busca fomentar el
manejo responsable de los alimentos, y establecer una normativa al Gobierno del
Estado, para que a través de las dependencias del ramo turístico y de
desarrollo social, promuevan entre los sectores hotelero y restaurantero la
donación de alimentos en buen estado, a fin de destinarlos a la población en
situación de carencia alimentaria.

Los
integrantes de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen que
reforma la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación en el Estado, para considerar como conducta discriminatoria
la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de
alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, por tener tatuajes o
perforaciones corporales.

De igual forma, se incluye como este tipo de
conducta la aplicación de políticas públicas, programas u otras acciones de
gobierno que, en apariencia neutrales, tengan un impacto desventajoso en los
derechos de las personas.

En la sexta sesión ordinaria, del segundo año de
labores, el Pleno aprobó con 44 votos a favor este dictamen. No registró votos
en contra o abstención.

Esta reforma está dirigida a eliminar todo tipo de
discriminación, con motivo de la apariencia física ya que ésta es factor
importante en el desarrollo de la personalidad y las relaciones sociales; y la
mayoría de las veces está sujeta a la percepción y la estigmatización públicas.

Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), uno de cada 10 habitantes del país posee un tatuaje,
perforación o ambos; es decir, aproximadamente 12 millones de personas han
elegido tatuarse y en consecuencia deben ser protegidas de toda discriminación.

Este decreto es resultado de la iniciativa que
presentó el 13 de Junio de 2017 la diputada Eva Cadena Sandoval.

El
diputado independiente de la LXIV Legislatura, Sergio Rodríguez Cortés,
presentó la iniciativa de Decreto por el que se reformarían y adicionarían
diversas disposiciones a los Códigos Penal y Civil del Estado de Veracruz con
el propósito de sancionar el delito de fraude que se comete por Internet y
además incluir aspectos relacionados con el daño moral.

En
la sexta sesión ordinaria, el legislador subrayó que el fraude toma diversas formas. El fenómeno se encuentra en Internet, donde se
presentan páginas en las que se ofertan productos que no existen, o que nunca
llegan a manos de quien paga por ellos, empleos ficticios en donde te orillan a
depósitos de ciertas cantidades de dinero o servicios que no son brindados.

De
esta manera, la iniciativa expone que se equiparará al
delito de fraude, cuando mediante el uso o distribución de documentación o
información falsa o alterada, ya sea de manera o física o través de la
internet, se ofrezca un bien o servicio y se engañe a una o más personas
causándoles un menoscabo en su patrimonio.

De esta manera se le impondrán de
seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cien Unidades de Medida y
Actualización (UMA), a quien, a sabiendas, en beneficio propio, de un tercero o
para causar daño a otro, directa o indirectamente, hiciere uso o distribuyera
documentación e información falsa o alterada, ya sea de manera física o a
través de la internet.

La citada multa y pena será
duplicada en caso de que la documentación o información considerada falsa o
alterada sea utilizada para engañar a una o más personas, causándoles un
menoscabo en su patrimonio, sea de manera personal o a través de lnternet.

Por daño moral se entiende la
afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias,
decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o
bien en la consideración que de la misma tienen los demás.

Se presumirá que hubo daño moral
cuando, por cualquier medio que sea, impreso, audiovisual, radiofónico o
informático, a través de redes sociales u otro,
se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física
o psíquica de las personas.

El legislador Sergio Rodríguez
manifestó que aquellas personas que presenten un daño moral por la información
falsa presentada tendrían la posibilidad de ir a tribunales civiles en la
búsqueda de la reparación del daño, con lo cual se garantiza la libertad de
expresión al no penalizarla, pero se protege a la persona del posible daño
moral que le causen.

Esta iniciativa –refirió el
diputado- busca que se aplique la ley penal, en el caso de las páginas de Internet
que usan información falsa para defraudar personas, pero que no tienen un
carácter informativo, como es el caso de las páginas bancarias falsas que
buscan suplantar a las verdaderas, a efecto de conocer los datos personales de
los clientes y poder usar esa información para defraudarlos.

Con
la finalidad de restringir aún más los horarios de venta de alcohol en
establecimientos y contribuir a la prevención del alcoholismo y los problemas
secundarios que esto conlleva, la diputada Eva Felícitas Cadena Sandoval
presentó un Anteproyecto para exhortar al Ejecutivo estatal a que reforme el
Reglamento respectivo.

En
la sesión del Congreso del Estado la diputada planteó exhortar al Ejecutivo a
que, en ejercicio de sus atribuciones, modifique el artículo 10 del Reglamento
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
para señalar los horarios estipulados para la prohibición de venta de bebidas
alcohólicas.

En
establecimientos con autorización para la venta en envase cerrado la
prohibición aplica en los días lunes a viernes a partir de las 22:00 horas a
las 09:00 horas del siguiente día. En domingo se prohíbe la venta a partir de
las 19:00 horas a las 9:00 horas del siguiente día.

En
establecimientos con autorización para la venta al copeo o envase abierto queda
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 02:00 a las 08:00
horas.

La
diputada enfatizó que entidades como Puebla, Zacatecas, Jalisco y México tienen
vigentes reglamentos que estipulan la prohibición de la venta de bebidas
alcohólicas con horarios extensos, tanto en establecimientos autorizados para
venta en botella cerrada como al copeo o en envase abierto.

Agregó
que el impacto ha sido positivo principalmente en la disminución de accidentes
vehiculares por causa de consumo previo
de bebidas alcohólicas, que va a la baja.

El
alcoholismo –destacó- es una enfermedad que perjudica al entorno familiar,
laboral y social de la persona que padece esta enfermedad. Incluso se considera
una enfermedad que causa discapacidad y que a su vez puede provocar el
desarrollo de 60 tipos de otras enfermedades, las más comunes, del hígado,
pancreatitis, cáncer, ulceras y problemas gastrointestinales, daño cerebral,
diabetes, entre otras.

Los
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional y el
legislador del Grupo Juntos por Veracruz, José Roberto Arenas Martínez,
presentaron la iniciativa de decreto que busca reformar el artículo 21 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre a fin de establecer aspectos relacionados con
el número de ediles que corresponde a cada ayuntamiento, de acuerdo con el
número de población con que cuente.

En
la sexta sesión ordinaria, el legislador José Roberto Arenas Martínezsostuvo
que antes de la expedición de la Ley Orgánica del Municipio Libre hubo una
práctica indebida en algunos municipios, al aumentar el número de ediles, lo
que no corresponde al total de habitantes con que cuenta cada Ayuntamiento.

“En muchos
casos existe un número par de ediles, que acarrea dificultades para la toma de
decisiones cuando existen posturas antagónicas, generando parálisis al interior
de dichos cuerpos de gobierno” abundó.

El
diputado señaló que de una revisión
exhaustiva a la población actual en cada uno de los municipios de Veracruz, de
acuerdo a la Encuesta Intercensal del año 2015, realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puede observarse que dichos límites
fijados por el legislador en el año 2001 no atienden ya a la distribución
efectiva de los habitantes en el Estado.

La
iniciativa plantea que el número de ediles de un Ayuntamiento sea de: tres,
para los municipios de hasta 25 mil habitantes; cinco, para los municipios con
más de 25 mil y hasta 40 mil habitantes; siete, para los municipios de más de
40 mil y hasta 70 mil habitantes; nueve, para los municipios de más de 70 mil y
hasta 100 mil habitantes; once, para los municipios de más de 100 mil y hasta
150 mil habitantes; trece, para los municipios de más de 150 mil y hasta 250
mil habitantes, y 15, para los municipios cuya población exceda de 250 mil
habitantes y su capacidad económica lo permita.

El Congreso del
Estado aprobará, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, el
número de ediles con base en el Censo General de Población y Vivienda, o en su
caso, el Conteo de Población y Vivienda, antes de la elección que corresponda,
escuchando la opinión de los Ayuntamientos respectivos, a efecto de actualizar
su número de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.

El
diputado expuso que con esta medida no sólo se
reduciría el número de ediles en aquellos municipios que actualmente cuentan con
más de los previstos en la Ley sino que se otorgaría participación real a los
ciudadanos en cada una de sus localidades, con el firme objetivo de consolidar
una cultura democrática en todos los rincones del Estado.

Al día de hoy
existen en Veracruz mil 54 ediles, frente a los mil seis que corresponderían
para el inicio de las administraciones municipales en 2022, en caso de
aprobarse este proyecto, subrayó.

El
diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó un anteproyecto en el que exhorta al
Ejecutivo estatal con el objetivo de decretar como patrimonio Cultural del
Estado la “Danza de los Santiagos, Negreada o de Moros y Cristianos” que se
realiza en Naolinco, Acatlán, Chiconquiaco, Miahuatlán, Landero y Coss,
Tonayán, Tepetlán y Actopan.

En
tribuna, el legislador indicó que la cultura de nuestro país es basta en
manifestaciones de toda índole y uno de los aspectos más sobresalientes fue
aportado por la religión, en tal razón esta Danza representa a Dios, por los
Santiagos, contra el Diablo, representado por los Moros, en su intento por
recuperar Tierra Santa, y es derivada de la conquista de Jerusalén.

El
diputado Cuevas Hernández dijo que dicha tradición fue adoptada localmente con
música y coreografía original, para educar a los indios en la fe cristiana de
una manera sencilla.

La
tradición inicia por la noche y en el atrio de la iglesia ejecutan una danza o
bailada completa, al terminar la bailada de la noche, luce la entrada de los
danzantes en el iluminado templo lleno de gente, que indica que la misa
iniciaría pronto, subrayó.

Los
repiques de las campanas y los tronidos de los cohetes anuncian a los
danzantes, quienes avanzan a lo largo y en medio de la nave central, bailando
con pasos y saltos cortos, acompañados del tintineo de los cascabeles, al sonde
la flauta y el tambor.

Señaló
que dicha tradición debe ser preservada; ya que son diez municipios los que la
replican.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

En
las instalaciones del Congreso de Veracruz y como parte del impulso a las expresiones
artísticas, que permanentemente promueve este Poder, este 1 de junio el maestro
Gustavo Barrios inauguró la obra fotográfica “Así veo Xalapa” que consta de 27
imágenes que reflejan lugares típicos de la ciudad capital.

Con
la participación del Secretario General, Juan José Rivera Castellanos y del
Director de Servicios Jurídicos, Ángel Ramírez Bretón, ambos del Congreso del
Estado, fue abierta al público esta muestra fotográfica que además tendrá una
noble causa, toda vez que parte de los recursos obtenidos de la venta de las
obras será destinado a apoyar al programa de formación profesional en
fotografía que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo
Integral (IMIDI), donde participan jóvenes con síndrome
de Down.

El
maestro Gustavo Barrios es fotógrafo y diseñador desde 1997; antes de terminar
la carrera comienza a desempeñarse como freelance
al diseñar la imagen de varias marcas, así como la creación de la empresa
“Diseño Camaleón” de la cual ha sido director desde 1998.

Ha
realizado más de 50 imágenes corporativas y ha colaborado con revistas y
fotógrafos de Los Ángeles, California, y
Estados Unidos.

Trabajó
como catedrático en la Universidad Anáhuac, campus Xalapa, en la carrera de
Diseño Gráfico y Comunicación, y en la Universidad Filadelfia de México, campus
Xalapa.

Es
creador del proyecto fotográfico Toma Todo y La Noche de las Catrinas en
Xallitic. Además colabora como fotógrafo en la revista Vida Nova.

En
el acto de inauguración afirmó que esta muestra la dedica a su madre, que
falleció el año pasado, y añadió que el gusto por la fotografía lo desarrolló
desde la educación primaria, aunado a que disfruta a Xalapa desde la lente,
“sus aves, amaneceres y los rayos del sol filtrándose por las ramas de los
arboles, son el reflejo que nos muestra las vidas paralelas con sus mundos alternos”.

En las instalaciones del Congreso de Veracruz y como parte del impulso a las expresiones artísticas, que permanentemente promueve este Poder, este 1 de junio el maestro Gustavo Barrios inauguró la obra fotográfica “Así veo Xalapa” que consta de 27 imágenes que reflejan lugares típicos de la ciudad capital.

Con la participación del Secretario General, Juan José Rivera Castellanos y del Director de Servicios Jurídicos, Ángel Ramírez Bretón, ambos del Congreso del Estado, fue abierta al público esta muestra fotográfica que además tendrá una noble causa, toda vez que parte de los recursos obtenidos de la venta de las obras será destinado a apoyar al programa de formación profesional en fotografía que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), donde participan jóvenes con síndrome de Down.

El maestro Gustavo Barrios es fotógrafo y diseñador desde 1997; antes de terminar la carrera comienza a desempeñarse como freelance al diseñar la imagen de varias marcas, así como la creación de la empresa “Diseño Camaleón” de la cual ha sido director desde 1998.

Ha realizado más de 50 imágenes corporativas y ha colaborado con revistas y fotógrafos de Los Ángeles, California, y Estados Unidos.

Trabajó como catedrático en la Universidad Anáhuac, campus Xalapa, en la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación, y en la Universidad Filadelfia de México, campus Xalapa.

Es creador del proyecto fotográfico Toma Todo y La Noche de las Catrinas en Xallitic. Además colabora como fotógrafo en la revista Vida Nova.

En el acto de inauguración afirmó que esta muestra la dedica a su madre, que falleció el año pasado, y añadió que el gusto por la fotografía lo desarrolló desde la educación primaria, aunado a que disfruta a Xalapa desde la lente, “sus aves, amaneceres y los rayos del sol filtrándose por las ramas de los arboles, son el reflejo que nos muestra las vidas paralelas con sus mundos alternos”.

La
diputada Regina Vázquez Saut, presentó una iniciativa de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado, con el objetivo de
sancionar la obtención o divulgación de imágenes, conversaciones, videos o
grabaciones con contenido sexual sin consentimiento de la víctima.

En
tribuna, la legisladora indicó que Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel
nacional en usuarios de telefonía celular, siendo el grupo de 25 a 34 años de
edad el que tiene más acceso a dicha tecnología, y el principal uso es el acceso
a información, recreación, contacto con redes sociales y mensajería.

Vázquez
Saut afirmó que en los últimos años, uno de los derechos humanos que se ha
visto afectado por el uso indebido de las Tecnologías de la Información (TIC´S)
es el de la dignidad humana mediante la vulneración de la privacidad y la
confianza que se origina entre las personas y esto se produce por la práctica
de la difusión o publicación de contenidos (principalmente fotografías o
vídeos) de tipo sexual.

“Sexting”
es el término compuesto por las palabras en inglés “Sex” (sexo) y “Texting” (envío
de mensajes de texto) y que consiste en la difusión o publicación de contenidos
de tipo sexual, producidos por el propio remitente, utilizando para ello el
teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico, a través de mensajes de texto o
por medio de redes sociales, señaló.

La
legisladora dijo que es el género femenino quien recibe más agresiones por este
tipo de conductas ilícitas, en tal razón la iniciativa está basada en la
igualdad y en el respeto a los derechos humanos sin distinción de género.

Actualmente
el Código Penal para el Estado, sólo tipifica la obtención o divulgación de
imágenes, conversaciones, videos o grabaciones cuando son obtenidas sin
consentimiento de la víctima, sin proteger aquellos casos en los cuales la
entrega de dicha información se realiza en el plano de la confianza y ésta es
difundida contra su voluntad, quedando excluida la punibilidad de tal conducta.

Por
ello la iniciativa contempla que se impondrán prisión de ocho a doce años y
multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien reciba u
obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales
de contenido pornográfico y las difunda sin el consentimiento de la persona que
expresamente puede otorgarlo.

A
quien, aprovechándose de la confianza depositada en él, difunda, revele,
transmita, reproduzca imágenes o audiovisuales, con contenido pornográfico se
le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y multa de 200 a 500 UMA.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.