El diputado Vicente Guillermo Benítez González presentó la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 8 de la Constitución Política de Veracruz para señalar que el Estado coadyuvará, mediante programas temporales de empleo y medios alternativos, para proveer fuentes de trabajo digno y provisional, en el caso de que se deteriore el ejercicio del derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode al habitante veracruzano.

Todo lo anterior siendo lícitos, ya sea por causas originadas por fenómenos naturales o vedas en el sector pesquero que superen las condiciones para continuar con sus labores, en tanto se restablece la situación original.

En la tribuna, el legislador sostuvo que esta reforma no solo protegería a los habitantes que se vean afectados por desastres naturales, o de otra índole, sino también a los trabajadores del campo, la industria y, sobre todo, a los pescadores que se ven limitado por las vedas.

Es necesario que se brinden alternativas productivas y de empleo temporal en las épocas de veda, a efecto de no dejar en la indefensión a estos trabajadores, refirió el diputado Vicente Benítez quien añadió que es necesario que la entidad asuma, de forma corresponsable, la decisión de impulsar programas emergentes de empleo temporal.

Detalló que el derecho humano al trabajo, consagrado en el artículo 5 de la Constitución federal, algunas ocasiones se ve restringido por diversas situaciones de índole ajenas a la voluntad de los trabajadores. Los factores más recurrentes son los desastres, cual sea su origen; el cambio climático y sus efectos en la producción y las vedas que afectan al sector pesquero.

La iniciativa fue turnada por el Pleno a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

El
Pleno de la LXIV Legislatura aprobó el Dictamen de decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con
Discapacidad del Estado que garantiza el acceso al empleo de las personas con
discapacidad al servicio público estatal y así abonar a brindarles
oportunidades de un trabajo.

En la séptima sesión, las diputadas y diputados
aprobaron con 37 votos a favor este Decreto que obliga a los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como los Organismos constitucionales autónomos y
los ayuntamientos, destinar por lo menos el tres por ciento de las vacantes
disponibles, para emplear o contratar a personas con discapacidad, siempre que
cumplan con los requisitos de ingreso y
cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes.

Por cuanto hace al Sector Privado, la Secretaría del
Trabajo Previsión Social y Productividad del Estado (STPSP), supervisará y de
ser procedente reconocerá y certificará a las empresas que cumplan con la
contratación de las personas con discapacidad, en el porcentaje señalado
anteriormente.

Esta modificación incluye las multas por
incumplimiento que irían de los 100 y hasta mil Unidades de Medida y
Actualización (UMA).

La STPSP se abstendrá de sancionar al infractor, por
una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra.

Son causas de clausura temporal del establecimiento,
además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables, la
reincidencia en cualquiera de las conductas previstas.

Las autoridades competentes para la determinación e
imposición de sanciones de carácter administrativo tomará en cuenta la
reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas aplicadas
por el presunto infractor.

Se considerará reincidente al que haya incurrido en
una infracción que hubiere sido sancionada y, además de aquella, cometa la
misma infracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en
que haya quedado firme la resolución respectiva.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que
presentó el 19 de enero de 2017 la diputada María Josefina Gamboa Torales.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura
de Veracruz aprobaron por 40 votos el Decreto que reforma la Ley de Turismo de
la entidad y así establecer que el Gobierno del Estado promoverá estrategias de
capacitación a personas con discapacidad que deseen incorporarse al sector
turístico.

De
esta manera, se reformó la Ley para indicar que la Secretaría de Turismo del
estado (SECTUR), promoverá que la capacitación turística impulse la formación
de recursos humanos que presenten alguna discapacidad, a fin de que puedan
incorporarse a las actividades del sector turístico estatal.

La
SECTUR promoverá, entre los centros de enseñanza e investigación estudios
especializados sobre la mejor forma de integrar a las personas con discapacidad
al mercado laboral del sector turístico estatal.

En
los acuerdos señalados anteriormente, se promocionará incluir una cláusula para
promover la capacitación de empresarios, trabajadores y servidores públicos del ramo turístico que presenten
alguna discapacidad.

El
Dictamen destaca la importancia de esta reforma, ya que se está realizando
propuestas viables que contribuyen a generar condiciones de equidad en el
acceso al empleo de las personas que presentan alguna incapacidad, en todas las
áreas laborales.

Este
Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 31 de enero de este año
el diputado Vicente Guillermo Benítez González.

El diputado independiente Sergio Rodríguez
Cortés presentó, ante el Pleno del Congreso de Veracruz, la iniciativa que
reformaría el párrafo octavo del artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para que toda persona tenga derecho a la identidad y
ser registrado, además la creación de un Registro que deberá incluir
información genética de cada individuo.

En
la sesión, el legislador presentó su iniciativa que, de aprobarse en el
Congreso local, sería enviada al Congreso de la Unión para el trámite
correspondiente.

En
su exposición de motivos, el diputado detalló que el uso de los análisis de ADN
ha ayudado a identificar a muchos desaparecidos queperecieron a mano de la
delincuencia organizada, “es tiempo de que México utilice este tipo de
tecnología biológica para poder construir la sociedad que queremos, en paz y
con armonía para todos”, añadió.

Subrayó
que el Registro Nacional de Información Genética es viable, ya que cada año, a
nivel nacional se registran dos millones de nacimientos. “Si empezamos a
construirlo tendremos en el futuro la capacidad de la que hoy carecemos, para
establecer claramente la identidad de los infractores de la ley penal”.

Destacó
que este Registro permitirá identificar plenamente a niños y niñas que han sido
sustraídos de sus padres, también a aquellas personas que participen en actos
delictivos y deje pruebas de su participación en el ilícito, como puede ser en
los casos de violación y asesinato. En el caso de las personas desaparecidas,
ayudaría a la autoridad a identificar su parentesco, en caso de encontrarse
restos humanos en fosas clandestinas.

Incluso
brindaría información inmediata de identificación de personas lesionadas o
fallecidas en accidentes diversos, estableciendo los vínculos familiares
reales.

El
legislador Sergio Rodríguez expuso que de acuerdo con datos del Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que lleva el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, se
registran al mes de abril de 2018, un total de 37 mil 435 mexicanos y mexicanas
desaparecidos, por lo que se presentaron mil 170 denuncias del fuero federal y
36 mil 265 denuncias del fuero común.

La
diputada Eva Cadena Sandoval presentó una iniciativa con proyecto de decreto
que reforma disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
con la finalidad de mejorar la infraestructura física de los planteles
educativos, además de dotarlos con servicios de agua, luz y drenaje y crear espacios
educativos dignos e incluyentes para personas con discapacidad.

En
tribuna, la legisladora citó el artículo tercero de la Constitución Política,
que señala que toda persona tiene derecho a recibir educación de nivel preescolar,
primaria, secundaria y media superior.

Será
el Estado el que garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera
que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

La
legisladora Cadena Sandoval señaló que, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Veracruz ocupa el 4°
lugar a nivel nacional en rezago educativo.

En
tal razón, abundó que la infraestructura física deficiente y la falta de
servicios en las escuelas, tiene mucho que ver en el aprendizaje, ya que no es
el mismo en instalaciones incomodas que no cubren las necesidades de los niños
e incluso en algunas ocasiones ponen en riesgo su salud, situación que da como
resultado el rezago educativo.

Por
lo que la iniciativa, da las atribuciones a las autoridades estatales y
municipales, para que desde el ámbito de sus respectivas competencias,
garanticen la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva
en el acceso al plantel.

El
diputado Eraclio de la Cruz Vicente presentó la iniciativa de Decreto que
reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación
de Bienes Muebles, con el objetivo de garantizar a los micro y pequeños
empresarios estatales participar en las adjudicaciones directas que realicen
los entes públicos y así promover el crecimiento económico en Veracruz.

Dijo
que la iniciativa fue generada por datos obtenidos de la Encuesta Nacional de
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas en 2016, realizada por
el INEGI, en la que señalan que Veracruz ocupa el 92.1 por ciento de los
empresarios que han realizado algún trámite para inscribirse en los padrones de
proveedores de los entes públicos y su participación se ha visto afectada y
frenada por al menos algún acto de corrupción.

Por
lo que el legislador, señaló que es necesario sentar las bases que propicien la
reactivación económica local, por ello contemplan que los proveedores con
residencia y domicilio fiscal en el Estado y en el municipio de que se trate,
que se encuentren registrados en el padrón correspondiente de los entes
públicos, tendrán preferencia en las adjudicaciones.

Además
de que se les permitirá un precio hasta 5 por ciento mayor que el de las
cotizaciones foráneas, mientras que las adjudicaciones directas sólo se
realizarán con los proveedores previamente registrados en el padrón de los
entes públicos, así como a los que tengan residencia y domicilio fiscal en el estado
y en el municipio, lo que dará mayores oportunidades a los empresarios
veracruzanos.

La
diputada Rocío Pérez Pérez presentó una iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el
Estado de Veracruz con el propósito que los servidores públicos, los partidos
políticos, coaliciones y candidatos no puedan utilizar en su favor los
programas públicos de carácter social.

En
consecuencia deberá suspenderse la realización de actos
de proselitismo político, de lo contrario, serán sancionados conforme a lo dispuesto
en la ley correspondiente, detalló la diputada.

En
tribuna, la legisladora Rocío Pérez señaló que dicha disposición entrará en
vigor durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la
conclusión de la jornada electoral. También se contempla suspender la difusión,
en los medios de comunicación, toda propaganda relacionada a los programas
públicos de carácter social.

Durante
los 60 días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y
municipales, así como los legisladores locales y cualquier otro servidor
público, se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o
comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o
cualquier elemento que forme parte de programas asistenciales o de promoción y
desarrollo social.

Salvo
los casos de extrema urgencia, debido a desastres naturales, siniestros u otros
eventos de igual naturaleza, previa aprobación del Congreso del Estado.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo
Social, Humano y Regional y de Organización Política y Procesos Electorales.

El diputado Vicente Guillermo Benítez
González presentó la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 8 de la
Constitución Política de Veracruz para señalar que el Estado coadyuvará, mediante programas temporales de empleo y
medios alternativos, para proveer fuentes de trabajo digno y provisional, en el
caso de que se deteriore el ejercicio del derecho a dedicarse a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode al habitante veracruzano.

Todo lo anterior siendo lícitos, ya sea por causas originadas
por fenómenos naturales o vedas en el sector pesquero que superen las
condiciones para continuar con sus labores, en tanto se restablece la situación
original.

En
la tribuna, el legislador sostuvo que esta reforma no solo protegería a los
habitantes que se vean afectados por desastres naturales, o de otra índole,
sino también a los trabajadores del campo, la industria y, sobre todo, a los
pescadores que se ven limitado por las vedas.

Es
necesario que se brinden alternativas productivas y de empleo temporal en las
épocas de veda, a efecto de no dejar en la indefensión a estos trabajadores,
refirió el diputado Vicente Benítez quien añadió que es necesario que la
entidad asuma, de forma corresponsable, la decisión de impulsar programas
emergentes de empleo temporal.

Detalló
que el derecho humano al trabajo, consagrado en el artículo 5 de la
Constitución federal, algunas ocasiones se ve restringido por diversas
situaciones de índole ajenas a la voluntad de los trabajadores. Los factores
más recurrentes son los desastres, cual sea su origen; el cambio climático y
sus efectos en la producción y las vedas que afectan al sector pesquero.

La
iniciativa fue turnada por el Pleno a la Comisión Permanente de Justicia y
Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

Las
diputadas y diputados de la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer
Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado
presentaron la iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley 287 de
Pensiones del Estado que va enfocada a hacer de este órgano un ejemplo de
justicia social y que sea orgullo para los veracruzanos.

Al
presentar la iniciativa, la legisladora Daniela Griego subrayó que esta
iniciativa aborda aspectos importantes del Instituto que, a partir de una nueva
estructura organizacional y de toma de decisiones, le otorgará mayor
independencia y capacidad de crecimiento.

Se
plantea una nueva conformación del Consejo Directivo haciéndolo más incluyente
y participativo con 15 miembros que serán el Director del Instituto, cinco
representantes del Gobierno del Estado, un representante del Poder Legislativo,
seis representantes de los organismos sindicales afiliados y dos representantes
de las asociaciones de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto.

Dijo
que la iniciativa prevé la creación del Comité Financiero, con el propósito de
establecer políticas de administración, conservación e inversión, que sean
rentables a sus finanzas, que le permitan crecer partiendo del patrimonio
actual, con un crecimiento debidamente sustentado a mediano y largo plazo.

También
se fortalecerá el Comité de Vigilancia con una nueva conformación también incluyente
y participativa ya que dará cabida a un representante del Congreso del Estado y
a representantes de organizaciones sindicales y de jubilados que por ahora no
han intervenido en la revisión del cumplimiento en la adecuada administración
del Instituto.

De
forma paralela, abundó la diputada, la obligación de transparencia se ha
adecuado a los alcances de la legislación en la materia, con la finalidad de
que la Ley 287, cumpla con todas las expectativas de una ciudadanía pendiente
de la ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad social.

Enfatizó
que desde su fundación en 1952 por parte del Gobernador Marco Antonio Muñoz, el
IPE fue pensado con visión de estado, como organismo público garante de
compensar la entrega y dedicación de los trabajadores al servicio del Estado,
en el momento en que dan fin, desde cualquier posición de la estructura
gubernamental del estado o los municipios, a una vida productiva en beneficio
de los veracruzanos.

La
iniciativa plantea que las
representaciones de los organismos sindicales y de las asociaciones de
jubilados y pensionados que integrarán el Consejo Directivo tendrán un carácter
rotativo y se elegirán de acuerdo a su membrecía, tomando en cuenta el orden
decreciente de afiliados

El Ejecutivo y el Congreso del Estado, los
integrantes del Comité de Vigilancia, las organizaciones sindicales y las
asociaciones legalmente constituidas de pensionados y jubilados, que estén
representadas en el Consejo Directivo tendrán en todo tiempo la facultad de supervisar las cuentas
del Instituto y la administración
de su patrimonio, a fin de poder conocer
con la mayor exactitud posible la situación financiera del mismo.

La
LXIV Legislatura de Veracruz dio entrada a la iniciativa del diputado Arturo
Esquitín Ortiz que reforma diversas disposiciones del Código Hacendario
Municipal del Estado de Veracruz, a fin de armonizar el texto vigente y cambiar
de salario mínimo a Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La
iniciativa señala que el citado Código aún hace referencia al salario
mínimo como unidad de cuenta, tornándose
ilegales todos los cobros determinados y realizados por las administraciones
municipales.

Lo
anterior ya que al fundamentar acciones de carácter fiscal que repercuten en la hacienda pública municipal, en el hecho
de que una disposición transitoria establezca que toda mención que se haga en
salarios mínimos se entenderá referido a UMA, no sostiene la legalidad de
dichos actos, violentándose la garantía de legalidad establecida en los
numerales 14 y 16 de la Constitución.

De
acuerdo a la propuesta se entenderá por Unidad
de Medida y Actualización a la unidad de cuenta, para determinar la cuantía del
pago de las obligaciones y supuestos previstos en la Ley.

El
27 de enero del año 2016, se publicó en el diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo.

En
esta reforma se estableció que el salario mínimo no podrá ser utilizado como
índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza,
creando la unidad de cuenta denominada
«Unidad de Medida y Actualización» expresada en moneda nacional, que
sustituye al salario mínimo como unidad de cuenta.

El diputado Rogelio Arturo Rodríguez
García presentó un anteproyecto en el que exhorta, al Fiscal General del Estado
de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, a que se reúna con los colectivos de
familiares de personas desaparecidas de la entidad e informe sobre los avances
que guardan cada una de las carpetas de investigación que obran en las
Fiscalías repartidas en toda la entidad.

En tribuna el legislador pidió que el
Fiscal, desde el ámbito de su competencia, atienda la problemática que plantean
los representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en
Veracruz.

Subrayó que de acuerdo con el Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente Veracruz
es uno de los estados de la República con mayor número de desapariciones forzadas
en el país, ocupando el segundo lugar a nivel nacional, sólo por debajo de
Guerrero.

El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Luisa Ángela Soto Maldonado
presentó la iniciativa que reforma el artículo 81, fracción II, de la Ley de
Turismo del Estado para establecer que la Secretaría de Turismo estatal deberá
promover la profesionalización de quienes laboran en
empresas turísticas o prestan servicios en la actividad, orientados a las
características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en
competencias laborales y fortalecimiento de las especialización del capital
humano.

Lo
anterior, para ofertar productos de calidad en la atención de los usuarios de
los mismos, lo que contribuirá al fortalecimiento del sector turístico estatal .

Al
presentar la propuesta, a nombre del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), y del legislador José Roberto Arenas
Martínez, la diputada subrayó que el turismo es una de las actividades que más
recursos aporta a la conformación del Producto Interno Bruto (PIB), anual.

Detalló
que, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en el 2017 este rubro contribuyó con el 8.7 por ciento del total, creciendo un 2.8 por
ciento respecto de 2016, con un crecimiento superior al de Estados Unidos de
América en ese sector, aunque por debajo del mundial, que es del 4.6 por
ciento.

Agregó
que el informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, a su vez, señala que la
industria dedicada a los viajes es la segunda en México en dotar de empleos,
con una estimación de 8.7 millones, directos e indirectos, lo que representa el
17 por ciento del total de trabajos en México.

Es
evidente que el sector turístico es uno de los que más recursos aporta al país,
gracias a la derrama económica de los usuarios, expuso la legisladora, quien
añadió que del total de usuarios de servicios turísticos en el país, el 88 por
ciento está conformado por mexicanos que se desplazan por los destinos del
territorio nacional.

La
diputada explicó que 2016 Veracruz contaba con mil 421 hoteles, con 41 mil 53
habitaciones, sumado a que el aeropuerto internacional de Veracruz registró, en
2015, un millón 200 mil pasajeros, consolidándose como el tercer aeropuerto más
importante de la operadora ASUR, con 31 vuelos diarios y 8 aerolíneas.

El diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés presentó, ante el Pleno del Congreso de Veracruz, la iniciativa que reformaría el párrafo octavo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que toda persona tenga derecho a la identidad y ser registrado, además la creación de un Registro que deberá incluir información genética de cada individuo.

En la sesión, el legislador presentó su iniciativa que, de aprobarse en el Congreso local, sería enviada al Congreso de la Unión para el trámite correspondiente.

En su exposición de motivos, el diputado detalló que el uso de los análisis de ADN ha ayudado a identificar a muchos desaparecidos que perecieron a mano de la delincuencia organizada, “es tiempo de que México utilice este tipo de tecnología biológica para poder construir la sociedad que queremos, en paz y con armonía para todos”, añadió.

Subrayó que el Registro Nacional de Información Genética es viable, ya que cada año, a nivel nacional se registran dos millones de nacimientos. “Si empezamos a construirlo tendremos en el futuro la capacidad de la que hoy carecemos, para establecer claramente la identidad de los infractores de la ley penal”.

Destacó que este Registro permitirá identificar plenamente a niños y niñas que han sido sustraídos de sus padres, también a aquellas personas que participen en actos delictivos y deje pruebas de su participación en el ilícito, como puede ser en los casos de violación y asesinato. En el caso de las personas desaparecidas, ayudaría a la autoridad a identificar su parentesco, en caso de encontrarse restos humanos en fosas clandestinas.

Incluso brindaría información inmediata de identificación de personas lesionadas o fallecidas en accidentes diversos, estableciendo los vínculos familiares reales.

El legislador Sergio Rodríguez expuso que de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que lleva el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, se registran al mes de abril de 2018, un total de 37 mil 435 mexicanos y mexicanas desaparecidos, por lo que se presentaron mil 170 denuncias del fuero federal y 36 mil 265 denuncias del fuero común.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron por 40 votos el Decreto que reforma la Ley de Turismo de la entidad y así establecer que el Gobierno del Estado promoverá estrategias de capacitación a personas con discapacidad que deseen incorporarse al sector turístico.

De esta manera, se reformó la Ley para indicar que la Secretaría de Turismo del estado (SECTUR), promoverá que la capacitación turística impulse la formación de recursos humanos que presenten alguna discapacidad, a fin de que puedan incorporarse a las actividades del sector turístico estatal.

La SECTUR promoverá, entre los centros de enseñanza e investigación estudios especializados sobre la mejor forma de integrar a las personas con discapacidad al mercado laboral del sector turístico estatal.

En los acuerdos señalados anteriormente, se promocionará incluir una cláusula para promover la capacitación de empresarios, trabajadores y servidores públicos del ramo turístico que presenten alguna discapacidad.

El Dictamen destaca la importancia de esta reforma, ya que se está realizando propuestas viables que contribuyen a generar condiciones de equidad en el acceso al empleo de las personas que presentan alguna incapacidad, en todas las áreas laborales.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 31 de enero de este año el diputado Vicente Guillermo Benítez González.

La LXIV Legislatura de Veracruz dio entrada a la iniciativa del diputado Arturo Esquitín Ortiz que reforma diversas disposiciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz, a fin de armonizar el texto vigente y cambiar de salario mínimo a Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La iniciativa señala que el citado Código aún hace referencia al salario mínimo como unidad de cuenta, tornándose ilegales todos los cobros determinados y realizados por las administraciones municipales.

Lo anterior ya que al fundamentar acciones de carácter fiscal que repercuten en la hacienda pública municipal, en el hecho de que una disposición transitoria establezca que toda mención que se haga en salarios mínimos se entenderá referido a UMA, no sostiene la legalidad de dichos actos, violentándose la garantía de legalidad establecida en los numerales 14 y 16 de la Constitución.

De acuerdo a la propuesta se entenderá por Unidad de Medida y Actualización a la unidad de cuenta, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la Ley.

El 27 de enero del año 2016, se publicó en el diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

En esta reforma se estableció que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, creando la unidad de cuenta denominada «Unidad de Medida y Actualización» expresada en moneda nacional, que sustituye al salario mínimo como unidad de cuenta.

El diputado Rogelio Arturo Rodríguez García presentó un anteproyecto en el que exhorta, al Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, a que se reúna con los colectivos de familiares de personas desaparecidas de la entidad e informe sobre los avances que guardan cada una de las carpetas de investigación que obran en las Fiscalías repartidas en toda la entidad.

En tribuna el legislador pidió que el Fiscal, desde el ámbito de su competencia, atienda la problemática que plantean los representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Veracruz.

Subrayó que de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente Veracruz es uno de los estados de la República con mayor número de desapariciones forzadas en el país, ocupando el segundo lugar a nivel nacional, sólo por debajo de Guerrero.

El Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Eva Cadena Sandoval presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de mejorar la infraestructura física de los planteles educativos, además de dotarlos con servicios de agua, luz y drenaje y crear espacios educativos dignos e incluyentes para personas con discapacidad.

En tribuna, la legisladora citó el artículo tercero de la Constitución Política, que señala que toda persona tiene derecho a recibir educación de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Será el Estado el que garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

La legisladora Cadena Sandoval señaló que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Veracruz ocupa el 4° lugar a nivel nacional en rezago educativo.

En tal razón, abundó que la infraestructura física deficiente y la falta de servicios en las escuelas, tiene mucho que ver en el aprendizaje, ya que no es el mismo en instalaciones incomodas que no cubren las necesidades de los niños e incluso en algunas ocasiones ponen en riesgo su salud, situación que da como resultado el rezago educativo.

Por lo que la iniciativa, da las atribuciones a las autoridades estatales y municipales, para que desde el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso al plantel.

Los
alumnos del maestro Joel Eliseo Díaz Ramírez presentan su segunda
muestra-colectiva pictórica, en las instalaciones del Palacio Legislativo, bajo
diferentes técnicas y temáticas en la que, se afirma, “el lenguaje de la
creación y el alma se expresa de muchas maneras, a veces en un débil susurro,
otras hablando con tanta claridad que es difícil ignorarlo”.

Sobre
los trabajos presentados por los alumnos de la Casa de la Cultura, en Coatepec,
señalan, se expresan “nuestras experiencias, vivencias, sensaciones,
pensamientos y emociones de cada día” a través de la pintura, “si somos capaces
de abrir el corazón a su forma de comunicación”.

El
corte del listón inaugural de la exposición estuvo a cargo del maestro Díaz Ramírez
y sus alumnos, quienes de manera previa hablaron sobre la importancia del
montaje realizado en el Congreso del Estado; como de la actividad creativa que
llevan a cabo en el taller en el que concurren todos ellos.

Posteriormente,
realizaron un recorrido por la exposición y durante el cual los alumnos
detallaron el trabajo hecho en cada cuadro y sus vivencias durante la
realización, en el que, familiares, amigos y público en general los acompañó y
disfrutó de las obras expuestas.

Los alumnos del maestro Joel Eliseo Díaz Ramírez presentan su segunda muestra-colectiva pictórica, en las instalaciones del Palacio Legislativo, bajo diferentes técnicas y temáticas en la que, se afirma, “el lenguaje de la creación y el alma se expresa de muchas maneras, a veces en un débil susurro, otras hablando con tanta claridad que es difícil ignorarlo”.

Sobre los trabajos presentados por los alumnos de la Casa de la Cultura, en Coatepec, señalan, se expresan “nuestras experiencias, vivencias, sensaciones, pensamientos y emociones de cada día” a través de la pintura, “si somos capaces de abrir el corazón a su forma de comunicación”.

El corte del listón inaugural de la exposición estuvo a cargo del maestro Díaz Ramírez y sus alumnos, quienes de manera previa hablaron sobre la importancia del montaje realizado en el Congreso del Estado; como de la actividad creativa que llevan a cabo en el taller en el que concurren todos ellos.

Posteriormente, realizaron un recorrido por la exposición y durante el cual los alumnos detallaron el trabajo hecho en cada cuadro y sus vivencias durante la realización, en el que, familiares, amigos y público en general los acompañó y disfrutó de las obras expuestas.

El diputado de la LXIV Legislatura de Veracruz, Nicolás de la Cruz de la Cruz, anunció que el lunes 11 de Junio, en la séptima sesión ordinaria del Pleno, presentará la iniciativa de reforma al artículo 70 de la Constitución Política del Estado para incorporar la figura de la reelección de los presidentes municipales y así establecer en la entidad este derecho que en diversos estados de la República ya está vigente.

En conferencia de prensa, y con la participación de los presidentes municipales de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos y de Totutla, Mayra Paredes Morales, así como la regidora segunda del Ayuntamiento de Altotonga, Santa Guadalupe Hernández Santillán, el legislador indicó que presentará esta propuesta a fin de permitir, tanto a los actuales presidentes municipales de acceder a la reelección, como a los ciudadanos de aprobar una gestión y brindarle nuevamente su confianza para la continuidad de proyectos de desarrollo.

El diputado recordó que para que en Veracruz se dé la reelección de ediles, por un periodo consecutivo más, habrá que reducir el periodo constitucional de las administraciones municipales, de cuatro a tres años, ya que así lo estableció la reforma político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014.

Esta acción permitirá empatar las elecciones y así el Estado tendrá un importante ahorro en la organización y desarrollo de las elecciones, refirió el diputado Nicolás de la Cruz, quien añadió que con la reelección los ediles se esforzarán aún más por hacer un trabajo transparente y eficaz en beneficio de los ciudadanos.

El diputado planteará que, por única ocasión, permitir a las actuales administraciones contender por una reelección de tres años con la finalidad de homologarlas a las elecciones de todos los niveles de Gobierno.

Ejemplificó el caso de Nayarit, en el que a través de juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y de Revisión Constitucional Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió sobre la posibilidad de la reelección de Ayuntamientos que excedían los tres años de mandato.

Las diputadas Cinthya Lobato Calderón y Guadalupe Osorno Maldonado, así como los legisladores Zenyazen Roberto Escobar García, Rogelio Arturo Rodríguez García y Rodolfo Corpi Lara, sostuvieron una reunión con representantes de Colectivos de Personas Desaparecidas, en la que se hizo el compromiso para incorporar, en el Proyecto de Dictamen de la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares en Veracruz, las propuestas presentadas por los diversos grupos.

En las instalaciones del Congreso de Veracruz, la diputada Cinthya Lobato destacó el trabajo hecho por los Colectivos y las propuestas que resultaron del Foro realizado el pasado 11 y 12 de Mayo y que es necesario incorporar al Dictamen de Ley Estatal de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, “Esta ley tiene que reflejar el sentir y los planteamientos de los interesados en su implementación”, añadió.

Las diputadas y diputados con los Colectivos acordaron una nueva reunión para el próximo 19 de Junio, en el Congreso del Estado, donde habrá de trabajarse sobre el Dictamen de la ley y verificar el cumplimiento de inclusión de los puntos relevantes.

El legislador Rogelio Arturo Rodríguez indicó que el actual periodo ordinario de sesiones concluye el 31 de Julio próximo y por lo tanto se pronunció para dar celeridad al Proyecto de Dictamen y trabajar conjuntamente los Colectivos y las Comisiones Unidas sobre un documento sólido que esté enriquecido por ambas partes y lleve el consenso general para su aprobación en el Pleno.

Cabe destacar que la LXIV Legislatura dio entrada a dos propuestas de iniciativas, mismas que fueron turnadas a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y la de Procuración de Justicia.

Participaron en la reunión la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto Benítez; la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso de Veracruz, Mayra Teresita Cortés Rodríguez, así como colectivos de diversas partes de la entidad.

El Congreso de Veracruz aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Caminos y Puentes del Estado para señalar que tratándose de personas con discapacidad o con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Gobierno del Estado en coordinación con los concesionarios, establecerán descuentos en las tarifas de casetas estatales.

Dicho beneficio nunca será menor al 50 por ciento de las tarifas registradas y aplicará también para quienes trasladen personas con el Trastorno del Espectro Autista.

Para hacer válido este beneficio deberá presentarse la credencial de identificación que proporcionan los sistemas, estatal y municipales, para el Desarrollo Integral de la Familia.

El Dictamen señala que las autoridades, en sus diferentes ámbitos de competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad

Esta reforma fue aprobada con 42 votos a favor. Sin votos en contra o abstenciones.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó 26 de marzo de 2018 el diputado Gregorio Murillo Uscanga.

En la sesión, el diputado Gregorio Murillo subrayó que las personas con discapacidad deben ser reconocidas con los mismos derechos ya que aportan de igual manera a la sociedad que cualquier persona que no tenga discapacidad.

Los integrantes de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen que reforma la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, para considerar como conducta discriminatoria la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, por tener tatuajes o perforaciones corporales.

De igual forma, se incluye como este tipo de conducta la aplicación de políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que, en apariencia neutrales, tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas.

En la sexta sesión ordinaria, del segundo año de labores, el Pleno aprobó con 44 votos a favor este dictamen. No registró votos en contra o abstención.

Esta reforma está dirigida a eliminar todo tipo de discriminación, con motivo de la apariencia física ya que ésta es factor importante en el desarrollo de la personalidad y las relaciones sociales; y la mayoría de las veces está sujeta a la percepción y la estigmatización públicas.

Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), uno de cada 10 habitantes del país posee un tatuaje, perforación o ambos; es decir, aproximadamente 12 millones de personas han elegido tatuarse y en consecuencia deben ser protegidas de toda discriminación.

Este decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 13 de Junio de 2017 la diputada Eva Cadena Sandoval.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen que reforma el Código Penal de la entidad para incluir nuevos tipos penales que sancionan conductas de individuos que, sin estar autorizados, modifican, destruyen o provoquen la pérdida de información contenido por sistemas informáticas en resguardo del Estado.

De esta manera,se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA), al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad.

Se impondrán de uno a tres años de prisión y de 100 a 300UMA al que sin autorización conozca, copie o utilice información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad.

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de Seguridad Pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de 500 a mil UMA.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de Seguridad Pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación hasta por el mismo tiempo indicado en los párrafos anteriores para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le impondrán de tres a siete años de prisión y 500 UMA.

A quien estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos en materia de Seguridad Pública, indebidamente obtenga, copie o utilice información que contengan, se le impondrá pena de cinco a 15 años de prisión y multa de 600 a mil UMA.

Las sanciones previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno; duplicándose cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia.

Este Decreto registró 42 votos a favor y una abstención.

Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó el 25 de enero de este año la diputada Judith Pineda Andrade.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen que reforma la Ley de Fomento Económico para el Estado de Veracruz con lo que se creará el Padrón de Agricultores de Productos Endémicos que caracteriza a las regiones de la entidad.

En la sesión, fue aprobado este Decreto con 42 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

La comisión dictaminadora enfatizó que contar con un Padrón de Agricultores de Productos Endémicos de cada región podría constituirse en una herramienta efectiva para destinar apoyos dedicados a la producción y comercialización de los mismos, en beneficio de los veracruzanos.

Este Padrón, permitirá identificar de manera puntual a las personas que se dedican a la producción y comercialización de productos endémicos es decir propios y exclusivos de determinadas localidades o regiones.

Este hecho apoyará, de manera significativa, a encaminar de manera correcta los esfuerzos para lograr el objeto de la Ley de Fomento Económico y que se traduzca en un verdadero apoyo a las familias veracruzanas.

Este Padrón es parte de las acciones que debe implementar el Ejecutivo estatal para consolidar la economía, generar empleos y arraigar a la población.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 12 de Marzo de este año el diputado Zenyazen Roberto Escobar García.

Para que el Estado otorgue créditos a los jóvenes emprendedores a fin que éstos inicien una empresa o negocio y así generar empleos en la entidad, el diputado Fernando Kuri Kuri presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Veracruz.

En la sexta sesión, el legislador propuso en su iniciativa que el Gobierno del Estado promueva programas de financiamiento y acceso al crédito para jóvenes emprendedores e innovadores, tanto del sector rural como del urbano.

El diputado Kuri Kuri señaló que de las ocho millones de personas que habitan en Veracruz al menos el 28 por ciento está constituida por jóvenes de entre 14 y 29 años; por lo que se estaría hablando de una de cada tres personas, “esto implica retos en materia de políticas públicas, sobre todo en materia de empleo”, agregó.

Indicó que es necesario que el Estado apoye la innovación, “el inventar nuevos procesos productivos y máquinas, todos ellos instrumentos de transformación productiva que cuestan”.

Destacó que en Veracruz hay 25 tecnológicos en los que estudian más de 60 mil alumnos, por lo que –enfatizó- es prioritario darles el apoyo para que sus estudios, investigaciones e innovaciones se transformen en realidad e impacten al sector productivo estatal.

El legislador Kuri Kuri subrayó que en materia de salud la ley establece la obligación de los jóvenes de informarse sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero no indica la obligación del Estado de informarlos.

Por lo anterior propone introducir la obligación del Estado, a efecto de que se ataquen dos problemas fundamentales: uno, el alto nivel de embarazos juveniles; y dos, se prevenga el contagio de VIH, ya que la población joven es de las más expuestas, sobre todo en las zonas rurales.

Fortalecer el derecho de la juventud veracruzana hará que aprovechemos sus potencialidades para construir una mejor sociedad, concluyó.

La diputada Guadalupe Osorno Maldonado se pronunció por proponer a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de las Alertas de Violencia de Género y por Agravio Comparado que tiene el Estado de Veracruz.

Esta Comisión Especial tendría como funciones principales analizar la pertinencia de solicitar a los poderes ejecutivos, tanto estatal como los de los municipios involucrados, así como al interior de este Poder, los avances en la implementación de la primera Alerta.

En cuanto a la Alerta por Agravio Comparado, dar seguimiento a los procesos que se han intentado poner en marcha, pero que han sido detenidos, tal vez por costo político, por intereses personales, o peor aún, por ignorancia jurídica y en materia de Derechos Humanos, destacó la legisladora.

La diputada Osorno Maldonado subrayó que aún con el tiempo de ejercicio que le resta a la actual Legislatura es urgente constituir esta Comisión que dé seguimiento, ya que –consideró- ninguna acción está por demás con el fin de detener y erradicar la violencia contra las mujeres.

Detalló que de acuerdo con los Lineamientos Generales para la Atención y Emisión de los Informes para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz el Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección General de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, asumieron el compromiso de atender las recomendaciones derivadas la primera alerta, emitida en 11 municipios y con acciones específicas en municipios con población indígena.

Dijo que según lo reportado por el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, del 1 de enero al 30 de abril de 2018, en Veracruz, se han registrado más de 70 desapariciones y 59 asesinatos de mujeres, de ellos, 35 presentan las razones de género establecidas en el Código Penal para ser considerados como feminicidios.

El diputado local Vicente Benítez González, propuso un proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, para que se pronuncien de forma «urgente y eficaz» en torno a la violencia política y violencia política de género en redes sociales. En la sexta sesión, el legislador se refirió a lo que está pasando en el país y en nuestro estado, para que dichas instituciones llamen a la mesura a los actores políticos locales, a sus militantes y simpatizantes para que dejen de «diseminar ideas de odio y discriminación en contra de aquellos que no piensan igual».

«Se exhorta al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, a que hagan un llamado urgente y eficaz para prevenir hechos que pudieran ser constitutivos de delitos y que después, como sociedad, lamentaríamos todos por no incidir de forma adecuada para disminuir el nivel de discriminación y agresión política en las redes sociales», destacó.

Benítez González señaló que en este escenario de tanta violencia y crímenes que han ocurrido en el actual proceso electoral en el país y en las últimas horas, también candidatas a diversos cargos de elección popular han sido agredidas, tres de éstas, del partido Nueva Alianza, han sido objeto de violencia política de género, pero esa violencia ha traspasado a la violencia de facto, al dañar los bienes de una de ellas.

Mencionó que con base en el Informe de Violencia Política en México 2018, de la consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral en septiembre pasado hasta el 2 de junio, se habían producido 382 agresiones contra políticos, entre ellos los 110 asesinatos. Dicho informe que retoman diversos medios de comunicación, define que la violencia se expande a nivel municipal abarcando un total de 252 municipios del país (más del 10 por ciento del total).

“Lo que convierte a esta campaña electoral en la más violenta en la historia de México”, según se ha venido difundiendo en las últimas horas.

Recordó que en febrero de este mismo año, el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, firmó un Convenio de colaboración con Facebook para la generación de contenidos en torno a las elecciones 2018 y con ello, contrarrestar la información falsa, lo cual calificó de inédito.

En aquel momento, sostuvo que ese había sido el primero de muchos acuerdos que se generarían con las diversas redes sociales que existen y que son usadas por miles de millones de usuarios y por las que lamentablemente también se genera violencia política y violencia política de género.

«Como representante ciudadano es mi obligación referir que entre los asesinados que aspiraban a cargos electorales hay desde precandidatos, a candidatos, alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes partidistas, exregidores, diputados, síndicos y exsíndicos», condenó. La UNESCO define el discurso de odio en la red como aquel que enfrenta a grupos de individuos mediante un lenguaje amenazante. Sería el antidiscurso que cancela la posibilidad de entendimiento con los otros, que favorece la discriminación y enaltece la violencia.

Es también esquivo, anónimo y su carácter transnacional complica su regulación. Es un tipo de afrenta de nuestra contemporaneidad, facilitada, paradójicamente, por las redes sociales digitales, y constituye uno de los temas que más preocupan a la comunidad internacional.

«Así como hay quienes usan la red para promover causas justas, también hay quienes las usan para dispersar la vileza humana. Así pues, el problema no es únicamente tecnológico, sino político y cívico. Es multidimensional y, por tanto, acabar con él requiere de la convicción y acción de diferentes actores, resalta la investigación», citó Benítez.

Con la finalidad de restringir aún más los horarios de venta de alcohol en establecimientos y contribuir a la prevención del alcoholismo y los problemas secundarios que esto conlleva, la diputada Eva Felícitas Cadena Sandoval presentó un Anteproyecto para exhortar al Ejecutivo estatal a que reforme el Reglamento respectivo.

En la sesión del Congreso del Estado la diputada planteó exhortar al Ejecutivo a que, en ejercicio de sus atribuciones, modifique el artículo 10 del Reglamento Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para señalar los horarios estipulados para la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.

En establecimientos con autorización para la venta en envase cerrado la prohibición aplica en los días lunes a viernes a partir de las 22:00 horas a las 09:00 horas del siguiente día. En domingo se prohíbe la venta a partir de las 19:00 horas a las 9:00 horas del siguiente día.

En establecimientos con autorización para la venta al copeo o envase abierto queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 02:00 a las 08:00 horas.

La diputada enfatizó que entidades como Puebla, Zacatecas, Jalisco y México tienen vigentes reglamentos que estipulan la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas con horarios extensos, tanto en establecimientos autorizados para venta en botella cerrada como al copeo o en envase abierto.

Agregó que el impacto ha sido positivo principalmente en la disminución de accidentes vehiculares por causa de consumo previo de bebidas alcohólicas, que va a la baja.

El alcoholismo –destacó- es una enfermedad que perjudica al entorno familiar, laboral y social de la persona que padece esta enfermedad. Incluso se considera una enfermedad que causa discapacidad y que a su vez puede provocar el desarrollo de 60 tipos de otras enfermedades, las más comunes, del hígado, pancreatitis, cáncer, ulceras y problemas gastrointestinales, daño cerebral, diabetes, entre otras.

Al pronunciarse sobre el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de Junio) la diputada Angélica Pineda Pérez subrayó que esta conmemoración debe ser acompañada con acciones serias, de alto impacto y de trascendencia, ya que esto logrará que pueda revertirse la tendencia hacia la degradación y afectación al medio ambiente.

En la sexta sesión ordinaria, del segundo año de labores de la LXIV Legislatura, la diputada recordó que el 5 de Junio de 1974 fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reflexionar sobre los graves problemas ambientales que sufre el plantea. Este día –añadió- es el punto de partida por el cual se busca una reflexión seria y comprometida para establecer acciones conjuntas y eficientes por la preservación del medio ambiental.

Dijo que a la fecha no se ha logrado encontrar el justo equilibrio entre desarrollo y preservación o entre modernidad y sustentabilidad. “La responsabilidad que ostentamos como habitantes temporales de este planeta se han postergado al grado de llegar a estadios críticos” enfatizó.

Al delimitar su participación a la zona que representa, la legisladora indicó que el sur de Veracruz está envuelto en problemas como la contaminación del aire, la contaminación de los cuerpos de agua y un crecimiento exponencial de la mancha urbana en detrimento de las áreas verdes.

Además emanan una serie de problemas que agravan la condición del entorno y del hombre mismo, como lo son la escasez del agua, la generación de desechos sólidos, temperaturas extremas, lluvia acida, erosión de suelos, entre otras.

Explicó que en el caso de Minatitlán hay una severa contaminación de los mantos acuíferos. “Por citar un ejemplo en el rio Coatzacoalcos es presa de grandes cantidades de desechos industriales lo que provoca aparte de la extinción de especies, la emisión de olores pestilentes y una fuente que poco a poco ha dejado de ser una opción que de sustento a las actividades propias de los seres humanos”.

Otro problema que citó la diputada Angélica Pineda es el tiradero a cielo abierto llamado “Las Matas”, mismo que ha tenido diversos llamados de este Poder y que a lo largo de sus 20 años de funcionamiento se ha convertido en bandera política de más de uno y el desdén de todos los que han gobernado, aseguró.

También se refirió a la región de Los Tuxtlas, donde diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado una serie de incidentes que afectan considerablemente a ecosistema de la zona; la deforestación, la caza, la perdida de hábitat, el trafico de maderas, plantas, animales, el uso de plaguicidas y agroquímicos, aprovechamiento irregular de materiales pétreos, arenas y gravas, y concesiones mineras, que son tema recurrente, que han exhibido y rebasado a las autoridades en los diferentes niveles de gobierno.

Refirió que para la Presidenta de la Asociación Civil Defensores del Medio Ambiente de los Tuxtlas, la activista Jessica Hitandegui, la superficie original de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, solo queda un 4 por ciento de superficie selvática, lo que evidencia el poco interés de las autoridades en resolver, pero sobre todo evitar estos embates voraces.

De igual forma detalló que a unos cuantos kilómetros de distancia de la capital del estado los proyectos mineros concesionado por la Secretaría de Economía en los municipios de Actopan y Alto Lucero, han representado un grave riesgo.

Las megaminerias toxicas a cielo abierto que se pretenden instalar en estos lugares, exhiben un proceso de extracción que afectaría el medio ambiente y la salud de los pobladores aledaños, argumentó.

Con la finalidad de dotar al síndico y a los regidores de nuevas atribuciones, la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Lobato Calderón señaló que el Síndico Único es el representante legal del Ayuntamiento y responsable de la atención de los asuntos jurídicos, mientras que los Regidores son los órganos del gobierno municipal que administran distintas ramas, tales como la de los servicios públicos, mercados, rastros, espectáculos, cementerios, entre otros.

Por lo que –indicó- es necesario ampliar sus atribuciones para que puedan convocar a una Sesión de Cabildo extraordinaria, pública o secreta, cuando la urgencia del caso lo reclame o alguno de los ediles lo solicite. Asimismo, la iniciativa contempla que los síndicos y regidores puedan solicitar a las áreas correspondientes se les entregue con anticipación la información que requerirá su revisión y firma.

Dijo que la facultad del Síndico es vigilar, por lo que la reforma contempla que se solicite a las áreas correspondientes los estados financieros mensuales y Cuenta Pública con anticipación de 72 horas, con un soporte documental para su análisis y en su caso, para firma.

Además de solicitar a las diversas áreas de la administración pública municipal los informes necesarios que requiera para el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Vigilancia.

El diputado independiente de la LXIV Legislatura, Sergio Rodríguez Cortés, presentó la iniciativa de Decreto por el que se reformarían y adicionarían diversas disposiciones a los Códigos Penal y Civil del Estado de Veracruz con el propósito de sancionar el delito de fraude que se comete por Internet y además incluir aspectos relacionados con el daño moral.

En la sexta sesión ordinaria, el legislador subrayó que el fraude toma diversas formas. El fenómeno se encuentra en Internet, donde se presentan páginas en las que se ofertan productos que no existen, o que nunca llegan a manos de quien paga por ellos, empleos ficticios en donde te orillan a depósitos de ciertas cantidades de dinero o servicios que no son brindados.

De esta manera, la iniciativa expone que se equiparará al delito de fraude, cuando mediante el uso o distribución de documentación o información falsa o alterada, ya sea de manera o física o través de la internet, se ofrezca un bien o servicio y se engañe a una o más personas causándoles un menoscabo en su patrimonio.

De esta manera se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien, a sabiendas, en beneficio propio, de un tercero o para causar daño a otro, directa o indirectamente, hiciere uso o distribuyera documentación e información falsa o alterada, ya sea de manera física o a través de la internet.

La citada multa y pena será duplicada en caso de que la documentación o información considerada falsa o alterada sea utilizada para engañar a una o más personas, causándoles un menoscabo en su patrimonio, sea de manera personal o a través de lnternet.

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de la misma tienen los demás.

Se presumirá que hubo daño moral cuando, por cualquier medio que sea, impreso, audiovisual, radiofónico o informático, a través de redes sociales u otro, se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

El legislador Sergio Rodríguez manifestó que aquellas personas que presenten un daño moral por la información falsa presentada tendrían la posibilidad de ir a tribunales civiles en la búsqueda de la reparación del daño, con lo cual se garantiza la libertad de expresión al no penalizarla, pero se protege a la persona del posible daño moral que le causen.

Esta iniciativa –refirió el diputado- busca que se aplique la ley penal, en el caso de las páginas de Internet que usan información falsa para defraudar personas, pero que no tienen un carácter informativo, como es el caso de las páginas bancarias falsas que buscan suplantar a las verdaderas, a efecto de conocer los datos personales de los clientes y poder usar esa información para defraudarlos.

Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional y el legislador del Grupo Juntos por Veracruz, José Roberto Arenas Martínez, presentaron la iniciativa de decreto que busca reformar el artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre a fin de establecer aspectos relacionados con el número de ediles que corresponde a cada ayuntamiento, de acuerdo con el número de población con que cuente.

En la sexta sesión ordinaria, el legislador José Roberto Arenas Martínezsostuvo que antes de la expedición de la Ley Orgánica del Municipio Libre hubo una práctica indebida en algunos municipios, al aumentar el número de ediles, lo que no corresponde al total de habitantes con que cuenta cada Ayuntamiento.

“En muchos casos existe un número par de ediles, que acarrea dificultades para la toma de decisiones cuando existen posturas antagónicas, generando parálisis al interior de dichos cuerpos de gobierno” abundó.

El diputado señaló que de una revisión exhaustiva a la población actual en cada uno de los municipios de Veracruz, de acuerdo a la Encuesta Intercensal del año 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puede observarse que dichos límites fijados por el legislador en el año 2001 no atienden ya a la distribución efectiva de los habitantes en el Estado.

La iniciativa plantea que el número de ediles de un Ayuntamiento sea de: tres, para los municipios de hasta 25 mil habitantes; cinco, para los municipios con más de 25 mil y hasta 40 mil habitantes; siete, para los municipios de más de 40 mil y hasta 70 mil habitantes; nueve, para los municipios de más de 70 mil y hasta 100 mil habitantes; once, para los municipios de más de 100 mil y hasta 150 mil habitantes; trece, para los municipios de más de 150 mil y hasta 250 mil habitantes, y 15, para los municipios cuya población exceda de 250 mil habitantes y su capacidad económica lo permita.

El Congreso del Estado aprobará, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, el número de ediles con base en el Censo General de Población y Vivienda, o en su caso, el Conteo de Población y Vivienda, antes de la elección que corresponda, escuchando la opinión de los Ayuntamientos respectivos, a efecto de actualizar su número de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.

El diputado expuso que con esta medida no sólo se reduciría el número de ediles en aquellos municipios que actualmente cuentan con más de los previstos en la Ley sino que se otorgaría participación real a los ciudadanos en cada una de sus localidades, con el firme objetivo de consolidar una cultura democrática en todos los rincones del Estado.

Al día de hoy existen en Veracruz mil 54 ediles, frente a los mil seis que corresponderían para el inicio de las administraciones municipales en 2022, en caso de aprobarse este proyecto, subrayó.

La diputada local Lourdes García González presentó la iniciativa que busca adicionar un párrafo al artículo 201 del Código Financiero para el Estado de Veracruz a fin de establecer que los montos de ingresos excedentes a lo previsto, en el Presupuesto del Estado, podrán destinarse a cubrir gastos de carácter social y a proyectos de inversión productiva adicionales.

La legisladora indicó que esta iniciativa surge a partir de la información publicada en el portal “Bienes Recuperados” del Gobierno del Estado donde indica que el monto de lo recuperado es de 762 millones 484 mil 50 pesos. Recursos que son adicionales a los bienes inmuebles y muebles recuperados.

Destacó que de acuerdo a declaraciones del Ejecutivo estatal, estos recursos han sido aplicados en los rubros de “Salud y Seguridad Pública”, aunque –añadió- es imperativo transparentar el uso de los recursos recuperados y destinarlos a cubrir gastos de carácter social, canalizándolos a inversión pública productiva, en aras de lograr progreso, desarrollo y bienestar para los veracruzanos.

Sostuvo que el instituto político al cual representa parte de la premisa fundamental que quien lesiona el patrimonio de Veracruz, afecta a todos, y la situación financiera del estado requiere de medidas que permitan, por un lado sanear las finanzas públicas, y por otro, destinar recursos a otras áreas de prioridad preponderantes en beneficio de los veracruzanos.

La iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, tiene como objetivo reforzar la normatividad competente, a fin de obtener mejores resultados en términos económicos, y a su vez generar eficiencia presupuestaria para estar en condiciones de gozar de estabilidad financiera, lo que a su vez, permitirá el avance permanente y duradero del Estado.

El diputado Rodolfo Corpi Lara presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Cultura y Derechos Culturales para la entidad, con el objetivo de crear los mecanismos que garanticen los derechos culturales y asignen al Estado la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones, como garante principal de los derechos culturales.

El legislador, indicó que Veracruz es uno de los Estados que cuenta con mayor variedad cultural, ya que tiene tres culturas, tales como la Huasteca, Totonaca y Olmeca, distribuidas por todo el Estado y son protegidas por la Constitución Federal y la Estatal.

Indicó que con la iniciativa se busca generar políticas públicas que establezcan una serie de mecanismos y con ello evitar la duplicidad de funciones o esfuerzos culturales entre las leyes existentes. Siendo esta propuesta el principal motivo para que los gobiernos se obliguen a crear leyes que regulen a nivel local, nacional e internacional todo lo relativo y concerniente a la materia cultural.

Para ello, los municipios del Estado de Veracruz promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Así como promover la celebración de convenios de cooperación, intercambio y colaboración con centros académicos nacionales y extranjeros, que estimulen la participación de investigadores, académicos y docentes en actividades culturales.

Dijo que la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) en coordinación con los municipios contribuirán a las acciones destinadas a fortalecer la cooperación e intercambio internacional, en materia cultural, con apego a los tratados internacionales.

La iniciativa de Ley fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.

Con el fin de abatir la deserción escolar, mejorar la condición de los alumnos de escuelas públicas y contribuir a la economía familiar, la diputada María del Rocío Pérez Pérez presentó la iniciativa que Crea la Ley de Paquetes Escolares Gratuitos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Esta ley -indicó la legisladora- tiene por objeto dotar gratuitamente de dos uniformes escolares o vales para adquisición de los mismos, así como recibir gratuitamente un paquete básico de útiles escolares determinado a partir de la lista oficial de útiles aprobada y en correspondencia a cada ciclo escolar.

La aplicación de esta ley correspondería al Ejecutivo estatal por medio de la Secretaría de Educación (SEV), que sería la encargada de adquirir, coordinar, distribuir, organizar, administrar y entregar, dos uniformes escolares gratuitos que consistirían en falda o pantalón, blusa o camisa, suéter, calcetas y ropa deportiva, así como el paquete básico de útiles de acuerdo al ciclo de cada alumno.

De acuerdo a la iniciativa, el Ejecutivo estatal incorporaría en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado el monto que garantice la entrega de los uniformes y útiles escolares.

La SEV tendría la obligación de entregar, con un mínimo de 15 días y un máximo de 30 días de cada ciclo escolar, los uniformes y útiles.

Para la ejecución de esta ley, la SEV promoverá la participación preferentemente de fabricantes y comerciantes de la entidad, además de observar los procedimientos en la materia.

La iniciativa prevé que la SEV instituya un padrón único de alumnos y alumnas que se encuentren inscritos en escuelas públicas; otorgar uniformes escolares a todas las alumnas y alumnos; vigilar la adecuada y oportuna distribución de los uniformes; suscribir y celebrar acuerdos con los gobiernos municipales para la entrega de uniformes y rendir un informe anual al Congreso del Estado, entre otros.

La diputada María del Rocío Pérez indicó que otorgar paquetes escolares a los más de un millón 480 mil niñas y niños que cursan la educación básica, representa también un importante ahorro para la economía familiar.

Las diputadas y diputados de las Comisiones Permanentes de Salud y Asistencia y de Justicia y Puntos Constitucionales presentaron, ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa de Decreto que adiciona un capítulo y un artículo a la Ley de Salud del Estado de Veracruz y adiciona la fracción XVII al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para generar parámetros que otorguen un verdadero acceso a la justicia a las niñas y niños y adolescentes, para conocer la identidad del origen biológico de sus padres, sin dejar a un lado las formalidades que den certeza jurídica pericial en genética molecular, del ácido desoxirribonucleico(ADN).

En la sesión, el diputado José Kirsch presentó la propuesta legislativa que faculta a la Secretaría de Salud (SS) del Estado para que vigile, acredite y certifique a todas aquellas instituciones públicas o laboratorios clínicos privados, que realicen pruebas en genética molecular de ADN, en relación con lo señalado en el artículo 289 bis del Código Civil del Estado de Veracruz; y los artículos 157 bis y 157 sexies del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz.

Las instituciones públicas o laboratorios clínicos privados, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud. Los establecimientos deberán acreditar experiencia, capacidad y conocimiento sobre genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

La Secretaría de Salud deberá expedir convocatoria pública para que las instituciones públicas de salud y laboratorios clínicos privados, que estén interesadas en obtener el certificado, puedan realizar el procedimiento correspondiente. Además deberá hacer público, en los portales de internet, las instituciones públicas y laboratorios clínicos privados que cuenten con dicha certificación.

Se establece como atribuciones del Secretario de Salud el proveer lo conducente en la vigilancia, acreditación y certificación de todas aquellas instituciones públicas o laboratorios clínicos privados, que realicen pruebas en genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

De aprobarse y publicarse esta reforma, se otorgaría un plazo de 60 días para que la SS expida un Reglamento que, fije los procedimientos y requisitos para que las instituciones

públicas y laboratorios clínicos privados puedan obtener su certificado para expedir pruebas periciales en materia de genética molecular de ADN,

El legislador manifestó que esta iniciativa pretende que las niñas, los niños y adolescentes tengan derecho al conocimiento de su identidad biológica, para el mejor desarrollo del menor, quitando formalismos excesivos, pero, cuidando las formalidades procesales para dar mayor certeza jurídica por cuanto hace al desahogo de la prueba pericial para el reconocimiento de paternidad.

La iniciativa es signada por los diputados José Kirsch Sánchez, Luisa Ángela Soto Maldonado, Cinthya Lobato Calderón, BingenRementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y Gregorio Murillo Uscanga.

La diputada Luisa Ángela Soto Maldonado, presentó la iniciativa de Decreto que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Veracruz con el objetivo de promover en hoteles y restaurantes la donación de alimentos en buen estado para destinarse a la población en situación de carencia alimentaria.

En tribuna, la legisladora señaló que aproximadamente una de cada 9 personas en el mundo sufre de alguna carencia alimentaria y al año ocurren 2.6 millones de muertes de niños por malnutrición según datos de TheUnger Project México.

La diputada indicó que el combate a la pobreza alimentaria es un tema fundamental, que obliga a los gobiernos a garantizar el derecho a la alimentación y a proveer del mínimo esencial a la población para tener acceso a una alimentación digna.

Además de ser un derecho que toda persona tiene a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como a la satisfacción de la necesidad de alimentos para los infantes, tal y como lo señala la Carta Magna.

La asociación Banco de Alimentos de México MANÁ,señala que diariamente, más de tres mil toneladas de alimentos en buen estado son desaprovechadas y que el 37 por ciento de la producción total agropecuaria es desperdiciada, lo que ocurre con frecuencia en las cadenas de restaurantes y hoteles.

La legisladora señaló que la Secretaría de Turismo a nivel federal implementó el Programa

“AL RESCATE”, que busca contribuir a atenuar el hambre, a través de la recuperación de alimentos en restaurantes y hoteles para ser donados a bancos de alimentos que, a su vez, los hagan llegar a personas en situación vulnerable, programa con el que se ha logrado beneficiar a 3 mil 884 personas en 16 entidades federativas.

En Veracruz existen dos organizaciones como Banco de Alimentos de Veracruz, A.C. y la ya citada Banco de Alimentos MANÁ, que se dan a la tarea de recuperar de comerciantes de la Central de Abastos de la capital del Estado y de algunas grandes empresas, alimentos en buen estado para, donarlos a las familias asentadas en cinturones de pobreza de las zonas urbanas, fomentando con ello la cultura del uso y manejo responsable de los alimentos.

En tal razón, la iniciativa busca fomentar el manejo responsable de los alimentos, y establecer una normativa al Gobierno del Estado, para que a través de las dependencias del ramo turístico y de desarrollo social, promuevan entre los sectores hotelero y restaurantero la donación de alimentos en buen estado, a fin de destinarlos a la población en situación de carencia alimentaria.

Al
pronunciarse sobre el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de Junio) la diputada
Angélica Pineda Pérez subrayó que esta conmemoración debe ser acompañada con
acciones serias, de alto impacto y de trascendencia, ya que esto logrará que
pueda revertirse la tendencia hacia la degradación y afectación al medio
ambiente.

En
la sexta sesión ordinaria, del segundo año de labores de la LXIV Legislatura,
la diputada recordó que el 5 de Junio de 1974 fue decretado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) para reflexionar sobre los graves problemas
ambientales que sufre el plantea. Este día –añadió- es el punto de partida por
el cual se busca una reflexión seria y comprometida para establecer acciones
conjuntas y eficientes por la preservación del medio ambiental.

Dijo
que a la fecha no se ha logrado encontrar el justo equilibrio entre desarrollo
y preservación o entre modernidad y sustentabilidad. “La responsabilidad que ostentamos como
habitantes temporales de este planeta se han postergado al grado de llegar a
estadios críticos” enfatizó.

Al
delimitar su participación a la zona que representa, la legisladora indicó que
el sur de Veracruz está envuelto en problemas como la contaminación del aire,
la contaminación de los cuerpos de agua y un crecimiento exponencial de la
mancha urbana en detrimento de las áreas verdes.

Además
emanan una serie de problemas que agravan la condición del entorno y del hombre
mismo, como lo son la escasez del agua, la generación de desechos sólidos,
temperaturas extremas, lluvia acida, erosión de suelos, entre otras.

Explicó
que en el caso de Minatitlán hay una severa contaminación de los mantos
acuíferos. “Por citar un ejemplo en el rio Coatzacoalcos es presa de grandes
cantidades de desechos industriales lo que provoca aparte de la extinción de
especies, la emisión de olores pestilentes y una fuente que poco a poco ha
dejado de ser una opción que de sustento a las actividades propias de los seres
humanos”.

Otro
problema que citó la diputada Angélica Pineda es el tiradero a cielo abierto
llamado “Las Matas”, mismo que ha tenido diversos llamados de este Poder y que
a lo largo de sus 20 años de funcionamiento se ha convertido en bandera
política de más de uno y el desdén de todos los que han gobernado, aseguró.

También
se refirió a la región de Los Tuxtlas, donde diversas organizaciones de la
sociedad civil han señalado una serie de incidentes que afectan
considerablemente a ecosistema de la zona; la deforestación, la caza, la
perdida de hábitat, el trafico de maderas, plantas, animales, el uso de
plaguicidas y agroquímicos, aprovechamiento irregular de materiales pétreos,
arenas y gravas, y concesiones mineras, que son tema recurrente, que han
exhibido y rebasado a las autoridades en los diferentes niveles de gobierno.

Refirió
que para la Presidenta de la Asociación Civil Defensores del Medio Ambiente de
los Tuxtlas, la activista Jessica Hitandegui, la superficie original de la
reserva de la biosfera de los Tuxtlas, solo queda un 4 por ciento de superficie
selvática, lo que evidencia el poco interés de las autoridades en resolver,
pero sobre todo evitar estos embates voraces.

De
igual forma detalló que a unos cuantos kilómetros de distancia de la capital
del estado los proyectos mineros concesionado por la Secretaría de Economía en
los municipios de Actopan y Alto Lucero, han representado un grave riesgo.

Las
megaminerias toxicas a cielo abierto que se pretenden instalar en estos
lugares, exhiben un proceso de extracción que afectaría el medio ambiente y la
salud de los pobladores aledaños, argumentó.

El
Pleno de la LXIV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen que reforma la Ley
de Fomento Económico para el Estado de Veracruz con lo que se creará el Padrón
de Agricultores de Productos Endémicos que caracteriza a las regiones de la
entidad.

En
la sesión, fue aprobado este Decreto con 42 votos a favor, sin abstenciones o
votos en contra.

La
comisión dictaminadora enfatizó que contar con un Padrón de Agricultores de
Productos Endémicos de cada región podría constituirse en una herramienta
efectiva para destinar apoyos dedicados a la producción y comercialización de los
mismos, en beneficio de los veracruzanos.

Este
Padrón, permitirá identificar de manera puntual a las personas que se dedican a
la producción y comercialización de productos endémicos es decir propios y
exclusivos de determinadas localidades o regiones.

Este
hecho apoyará, de manera significativa, a encaminar de manera correcta los esfuerzos para lograr
el objeto de la Ley de Fomento Económico y que se traduzca en un verdadero
apoyo a las familias veracruzanas.

Este
Padrón es parte de las acciones que debe implementar el Ejecutivo estatal para
consolidar la economía, generar empleos y arraigar a la población.

Este
Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 12 de Marzo de este año
el diputado Zenyazen Roberto Escobar García.