Para que las y los hijos menores de edad de las víctimas de feminicidio tengan prioridad en las medidas de reparación integral, la diputada Guadalupe Osorno Maldonado presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Víctimas, a fin de garantizar el pleno y sano desarrollo de los infantes.

En tribuna, la legisladora señaló que es necesario legislar en beneficio de las y los niños en orfandad por feminicidio, ya que durante esta etapa los infantes se quedan sin sustento familiar y sin soporte emocional, lo que debilita el futuro de estos.

En tal razón, la reforma contempla que el Estado garantice los derechos de salud, educación y sano desarrollo, así como programas de atención asistencial y psicológica.

La diputada Osorno Maldonado, señaló que la iniciativa contempla que los apoyos sean otorgados a través de las autoridades estatales o las municipales y los organismos autónomos para que garanticen los servicios educativos hasta concluir la licenciatura, de médicos, psicológicos, de programas sociales, de acogimiento residencial o de cualquier tipo que permita el restablecimiento de su independencia física, mental, social y su inclusión y participación en la sociedad.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Procuración de Justicia, para la Igualdad de Género y Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón presentó una iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, teniendo como objetivo dar certidumbre y transparencia al funcionamiento y desempeño de los Ayuntamientos en las sesiones de Cabildo.

En tribuna, la legisladora dijo que la iniciativa busca garantizar que los Síndicos y Regidores no firmen las actas de Cabildo sin leer el contenido, “a veces se omiten en las actas hechos relevantes o bien y aún así se les exige que las firmen” agregó.

Abundó que los ediles tienen, como autoridad, el inalienable derecho de revisar, leer y hasta corregir -si es necesario- las actas de Cabildo que van a firmar, de esta manera se tendrán Ayuntamientos democráticos, transparentes y justos.

La iniciativa contempla que en las sesiones de Cabildo se levanten actas que contendrán una relación precisa de los puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro foliado y una vez aprobadas, las revisarán, en su caso las corregirán y las firmarán todos los presentes y el secretario del Ayuntamiento.

Serán facultades y obligaciones del Secretario, asistir a las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz y levantar las actas al terminar cada una de ellas, debiendo proporcionarla a los ediles para su revisión, corrección y firma.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

El diputado José Roberto Arenas Martínez presentó, ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa que reforma el artículo 103 del Código Financiero de la entidad para exceptuar del pago de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a empleadores que, conscientes de la situación de madres solteras o jefes de familia que tengan hijos con algún trastorno o discapacidad, les permitan horarios flexibles y jornadas laborales reducidas para que puedan atenderlos.

Al detallar la iniciativa, presentada también a nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado destacó que existen problemas a los que se enfrentan madres con hijos discapacitados o con algún tipo de trastorno, como el autismo, ya que, en ocasiones, tienen que dejar sus empleos ante la incomprensión de los patrones que les niegan permisos para poder ausentarse, cuando esto se requiere por citas, cuidados o urgencias médicas.

Agregó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mamás trabajadoras en Veracruz reciben un promedio de 125 a 230 pesos por cada jornada laboral de ocho horas. El Instituto dio a conocer que en la entidad hay 2 millones 668 mil 997 mujeres que son madres, y de éstas, 1 millón 30 mil 222 laboran para colaborar o generar el sustento diario de su familia.

Expuso que este Informe arroja que, 750 mil 325 mamás se desarrollan en el sector terciario, integrado por comercio, servicios y transporte; en tanto 180 mil 897 madres trabajadoras ocupan puestos en el sector secundario, es decir, la industria, manufactura y construcción.

El resto de cerca de 99 mil madres brindan sus servicios en el sector primario, es decir colaboran en actividades de agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca.

El diputado José Roberto Arenas explicó las madres solteras no son el único grupo que debe recibir un beneficio de tal tipo, pues las condiciones para atender a los hijos, después de jornadas laborales extenuantes, y con las exigencias para el caso reportan, se experimenta de igual manera en los padres con hijos que presentan alguna discapacidad o trastorno.

“Es por ello que buscamos hacer extensivo el planteamiento de beneficio fiscal a los empleadores que no sólo otorguen horarios reducidos a madres solteras, sino también a hombres y mujeres con hijos que presenten discapacidad o algún trastorno”, argumentó.

De aprobarse este Decreto, se establecería un plazo no mayor a 60 días hábiles, para que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz emita las reglas de operación para que los contribuyentes puedan hacer efectivas las excepciones del pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal previstas.

La diputada Angélica Pineda Pérez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado su propuesta de Ley de Migración para el Estado de Veracruz que tiene como propósito garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes que salen, retornan o transitan en la entidad, así como establecer las bases de la política en materia de atención a migrantes y sus familias.

En la octava sesión, del segundo año de labores, la legisladora presentó su propuesta, que consta de 33 artículos en los que destaca que las dependencias y entidades de la administración pública estatal diseñarán e implementarán políticas públicas y programas especiales para la atención de las necesidades de las personas migrantes en cuanto a salud, educación, impartición y administración de justicia, desarrollo laboral y económico.

Además de todas aquellas destinadas a crear condiciones que favorezcan el debido ejercicio de sus derechos.

La iniciativa señala que en caso de que un migrante veracruzano fallezca en el extranjero, la Dirección General de Atención a Migrantes conforme a su normatividad, brindará todas las facilidades para que los deudos puedan tramitar la documentación oficial necesaria para la repatriación del cuerpo, y asesorarán sobre los trámites correspondientes a realizar en el extranjero.

De igual forma, establece que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia deberá proporcionar asistencia social para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, en coadyuvancia con las autoridades federales.

La Secretaría de Salud del Estado estaría obligada a prestar los servicios de salud de emergencia a los migrantes, sin que importe la situación migratoria, así como elaborar el registro de las personas migrantes que son atendidas en las instalaciones de los servicios estatales de salud; esto únicamente para fines estadísticos y realizar una mejor planeación de los servicios que se prestan a los migrantes.

Por otra parte la Secretaría de Educación establecería los lineamientos que faciliten la regularización escolar de los migrantes en retorno, en coordinación con las autoridades federales; así como elaborar programas y materiales educativos especiales, acordes a las condiciones de la población migrante en retorno.

La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado tendría la obligación de promover campañas de capacitación laboral y programas de empleo y vinculación con empresas, a fin de que los veracruzanos tengan acceso al empleo y se desaliente así su posible migración.

En su exposición en tribuna, la diputada detalló que a nivel mundial está ocurriendo niveles muy alto de desplazamiento; ya que según la agencia de la ONU para refugiados en 2016, alrededor de 65.6 millones de personas en todo el mundo, se han visto obligadas a huir de sus hogares a consecuencia de la persecución, los conflictos bélicos, la violencia o las violaciones de derechos humanos.

Veracruz debe garantizar y proteger los derechos humanos de quienes transitan por el territorio estatal, puesto que en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados, avalan la responsabilidad urgente de que sin importar su nacionalidad ni situación migratoria, se les garantice el irrestricto respeto a sus derechos, abundó la presidenta de la Comisión Permanente de Población y Atención a Migrantes.

En apoyo a la economía de los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que cursan sus estudios, el diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Público para el Estado de Veracruz para establecer que el servicio de transporte público para estudiantes de nivel superior deberá ser gratuito.

Durante la octava sesión ordinaria, el legislador presentó su propuesta ante el Pleno y donde prevé señalar en la legislación que, para el caso de los estudiantes de nivel superior, que utilicen los servicios de transporte público en su modalidad urbano, viajarán sin costo alguno, siempre y cuando estén debidamente acreditados, con identificación vigente y expedida por institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

De igual forma, plantea establecer que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, fijará, revisará y, en su caso, modificará las tarifas, conforme a las cuales se prestará el servicio transporte público de pasajeros; asimismo, acordará los subsidios, descuentos o tarifas diferenciadas que se otorgarán a los usuarios.

El diputado propone que para hacer válido este beneficio los estudiantes de nivel superior, además de estar acreditados, tendrán que cumplir con las disposiciones siguientes: será solamente de lunes a viernes y dentro de los horarios escolares, o que justifiquen que realizan prácticas relacionadas con sus estudios en horario distinto.

El legislador enfatizó que en México hay aproximadamente 30.6 millones de jóvenes, de entre 15 y 29 años, quienes representan el 25.7 por ciento de la población total, por lo que no debe permitirse que trunquen sus estudios, entre otras cosas, por la falta de un estímulo como la gratuidad del transporte durante su etapa de formación profesional, añadió.

Enfatizó que un universitario en promedio gasta aproximadamente mil 800 pesos mensuales de transporte, en carreras del área de ciencias, tomando en cuenta los viajes para realizar prácticas profesionales, cuya movilidad triplica el gasto en este rubro.

Agregó que una verdadera contraprestación es que los concesionarios del servicio público de transporte otorguen el servicio gratuito del trasporte a los estudiantes del nivel superior, como un instrumento de apoyo efectivo a la educación en el Estado.

El diputado José Luis Enríquez Ambell presentó ante el Pleno del Congreso del Estado su iniciativa con proyecto de Ley de Bibliotecas para el Estado de Veracruz cuyo propósito será determinar la integración de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de la entidad y establecer la distribución y coordinación entre el Gobierno y los Municipios de la Entidad para el desarrollo de la función educativa y cultural que se lleva a cabo en estos centros.

En la sesión, el legislador planteó que este ordenamiento fije los mecanismos que permitan optimizar y unificar el manejo, administración, sostenimiento y organización de bibliotecas públicas del Estado, con base en los principios establecidos en la Ley General de Bibliotecas.

Se instituye la Red como un sistema para integrar a las Bibliotecas del Estado de Veracruz, con el objeto de coordinar su funcionamiento, administración y operación, así como de promover la conservación y preservación de los bienes que éstas tienen asignados, incluidos los acervos bibliográficos, hemerográficos, auditivos, visuales, audiovisuales y digitales.

También cualquier otro medio que contenga información, además de procurar la profesionalización y capacitación del personal que labora en las bibliotecas, misma en la que participarán de manera coordinada para su funcionamiento y el cumplimiento de su objeto las instancias federales, estatales y municipales competentes, con el fin de fomentar la lectura, el conocimiento y la cultura en general.

Las bibliotecas enriquecerán su acervo mediante la participación de los usuarios, atendiendo a sus propuestas, en función de las particularidades de su ubicación, su diversidad cultural y lingüística, y con base en los intereses de la comunidad.

Las bibliotecas deberán contar con espacios libres de barreras para usuarios en sillas de ruedas, muletas, aparatos ortopédicos u otros, así como dimensiones especiales para el acceso y uso de los servicios prestados por la misma, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas, refiere la iniciativa.

El diputado Enríquez Ambell subrayó que la biblioteca pública, constituye un elemento básico de la educación permanente, de las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.

Destacó que las malas condiciones de operación, la falta de infraestructura adecuada, de acervo bibliográfico, así como el uso de la Internet y redes sociales han alejado a las niñas y niños y de igual forma a los adultos de las bibliotecas.

Por lo que –consideró- necesario regular las bibliotecas para darles un impulso, con la finalidad de organizarlas, promocionarlas, actualizarlas en contenidos, mejorar sus condiciones de operación, y convertirlas en espacios vanguardistas que inviten al joven a la lectura y a frecuentar estos lugares.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen correspondiente.

Para reconocer a los maestros que diariamente ponen su mejor esfuerzo para formar a la niñez y la juventud veracruzana, el diputado Eraclio de la Cruz Vicente presentó la iniciativa que reforma la fracción XXIII del artículo 18 de la Ley de Educación del Estado para establecer que anualmente se otorgará un estímulo al finalizar el ciclo escolar a todo el personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación, consistente en 15 días de su salario.

En la octava sesión y a nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del legislador José Roberto Arenas Martínez, de Juntos por Veracruz, el diputado enfatizó que sin maestros capacitados no puede haber educación de calidad, “la formación inicial y el lugar de trabajo son cruciales, como lo son las buenas condiciones laborales, la remuneración acorde con la tarea y las oportunidades de desarrollo profesional”.

Destacó que la modernización de la política educativa, que se puso en marcha a partir de la reforma estructural en la materia, en 2013, diseñó determinadas estrategias para mejorar la calidad en la educación.

Dijo que uno de esos mecanismos fundamentales se centró en diferenciar la política salarial de la docente y complementarla a través de estímulos y recompensas a su trabajo otorgados a partir de su aportación y constante evaluación.

Señaló que debe haber una educación que responda a las necesidades y retos del siglo XXI y sus nuevas condiciones, pero a la vez, también una educación que reconozca el valor de las raíces y dé a todos los niños y jóvenes un piso sólido para que en un futuro tengan las herramientas de ser mejores personas y eso se refleje en sus familias, sus comunidades y su entorno.

Sostuvo que con la expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el 11 de Septiembre de 2013, se creó también una estrategia para transformar la educación básica y media superior públicas, mediante la cual el Estado ratifica su rectoría en la educación con el propósito de mejorar el desempeño de los docentes y así lograr un mayor aprendizaje de los alumnos.

Al detallar la iniciativa, el legislador manifestó que es muy frecuente que todo el personal educativo, incluyendo a directivos, docentes y de apoyo y asistencia a la educación, no reciban el reconocimiento que merecen.

“No sólo en fechas conmemorativas, como el Día del Maestro, se debe tener presente la inmensa responsabilidad que recae sobre ellos, así como las dificultades a las que deben hacer frente, sobre todo en estos tiempos difíciles para la economía nacional” argumentó.

Veracruz requiere de una educación de calidad con equidad e inclusión, una educación capaz de formar con suficiencia a los ciudadanos que la sociedad democrática mexicana necesita, concluyó el legislador Eraclio de la Cruz.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de Hacienda del Estado para su estudio y trámite correspondiente.

El
diputado Ángel Armando López Contreras presentó un pronunciamiento relativo al
desacato de las autoridades municipales de Pánuco a las resoluciones del Poder
Legislativo, que vulnera los derechos político electorales de una ciudadana y
el principio de representación proporcional en la conformación del Ayuntamiento
de ese Municipio.

En
tribuna, el legislador señaló que la Diputación Permanente expidió, el 9 de abril del año en curso, con fundamento en
lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre, la licencia a la ciudadana Anabel
Ponce Calderón, regidora quinta propietaria del Ayuntamiento de Pánuco, para
separarse del cargo por el período comprendido del 9 de abril al 31 de
diciembre de este año.

En
tal acuerdo se especificó llamar a la ciudadana María de la Luz Guzmán Rivera,
regidora quinta suplente, para que, previa protesta de Ley ante el Cabildo,
asumiera el cargo de referencia por el tiempo de la licencia de la propietaria
y a la fecha no le han tomado protesta.

El
legislador López Contreras indicó que tal acción viola los derechos
político-electorales, pues fue elegida por los ciudadanos precisamente para
suplir las ausencias de la propietaria.

Por lo que
solicitan al
Presidente Municipal de Pánuco a dar cumplimiento al acuerdo referido de la
Diputación Permanente y tomar de inmediato la protesta de Ley a la ciudadana
María de la Luz Guzmán Rivera, para que pueda desempeñar el cargo de regidora
en el Ayuntamiento de ese municipio.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Estado aprobaron el Dictamen
por el cual se autoriza al titular del Poder Ejecutivo otorgar, en comodato,
por un periodo de 20 años, el predio denominado “El Faunito”, ubicado en el
municipio de Fortín y con una superficie de 58 mil 76 metros cuadrados, a favor
del Instituto de Ecología A.C (INECOL).

De
acuerdo al Dictamen, este predio deberá destinarse a fines de investigación en
ecología básica y en agroecología enfocada a la cafeticultura; centro de
capacitación para la conservación, gestión ambiental, sustentabilidad y
educación ambiental; desarrollo de reuniones y eventos académicos de relevancia
nacional e internacional.

De
igual forma, la creación de espacios públicos, como es un jardín botánico, en
el que se puedan preservar y exhibir las especies endémicas representativas del
bosque mesófilo de montaña, de la selva alta y mediana subperennifolia,
características de la Barranca de Metlac, tales como, plantas epifitas
(orquídeas, bromelias, vainilla, etcétera).

También,
que al mismo tiempo, represente una alternativa de contemplación y apreciación
de la naturaleza y de sano esparcimiento para la población en general de esta
región del Estado; establecer una plantación demostrativa de cafetal de sombra;
así como instalar un auditorio y salas de exhibición donde se presentarán
eventos académicos y culturales.

En
la sesión, las y los diputados aprobaron el Acuerdo por el que se autoriza el
Gobierno estatal enajenar, a título gratuito, 27 terrenos ubicados en el
municipio de Alvarado en favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), como un acto derivado del proyecto para
la construcción de la Vía General de Comunicación denominada “Libramiento Antón
Lizardo”.

Por
otra parte, el Pleno autorizó, también, al Ejecutivo estatal, por conducto de
la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), enajenar mediante el proceso
de subasta restringida, un bien mueble propiedad del Gobierno del Estado de
Veracruz, asignado al Instituto Veracruzano de la Vivienda, con las siguientes
características: vehículo marca Ford, Tipo
Explorer, Modelo 2006, Placas YDN7840, Numero de Serie1FMEU73866UA62861, color obscuro, cuyo
valor mínimo de venta asciende a 35 mil pesos 759 pesos, de conformidad con el
avalúo practicado.

Los
recursos económicos que se obtengan serán destinados, preferentemente, a cubrir
gastos contingentes no previstos y a proyectos de inversión adicionales a
realizarse durante el transcurso del presente ejercicio fiscal, conforme lo
establece el artículo 201 del Código Financiero para el Estado de Veracruz.

La
diputada local María Josefina Gamboa Torales presentó un anteproyecto, con
punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales a brindar la ayuda
necesaria y requerida por la Procuraduría General de la República (PGR), y la
Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de optimizar y agilizar las
investigaciones en materia de desaparición de personas que tengan abiertas y
llevar ante la justicia a los responsables.

En
tribuna, la también secretaria de la Comisión Permanente de Procuración de
Justicia, recordó que durante muchos años Veracruz fue presa de malos
gobiernos, pero también malas decisiones y de complicidades atroces que
hicieron del Estado un lugar donde la vida no tenía valor.

Señaló
que tras la detención del ex Fiscal del Estado,el día de ayer en la Ciudad de
México, se reconoce el trabajo de todas y todos los integrantes de la Fiscalía
General del Estado y de su titular, Jorge
Winckler Ortiz, por la detención de quien –a su consideración-
ocasionó tanto daño a los veracruzanos.

Asimismo,
reconoció al titular del Ejecutivo estatal por destinar la recompensa que había,
para encontrar al exFiscal, a la Comisión Local de Búsqueda de Personas
Desaparecidas.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el Dictamen de la nueva
Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección
de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad agrícola,
artesanal y tradicional en el Estado de Veracruz, que tiene por objeto
fomentar el desarrollo de esta, estableciendo que para protegerla elaboración
del piloncillo deberá ser hecho, únicamente, con jugo de caña de azúcar, con
calidad para el consumo humano y mediante la utilización de trapiches.

De
acuerdo a la nueva Ley, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca
(SEDARPA) y al presupuesto anual que le corresponda a esta, enviará los
recursos que se destinen para el sector piloncillero. De los recursos públicos
enviados por el Ejecutivo Federal deberá destinar una partida especial para
este sector.

Además,
deberá planear, promover y coordinar la realización de programas tendientes a
fomentar y mejorar la producción del piloncillo.

También
promoverá campañas para prevenir y combatir las plagas en los trapiches
piloncilleros, así como para prevenir y combatir las plagas y enfermedades que
presente la caña de azúcar.

Se
crea el Padrón Estatal de Productores Piloncilleros, a fin de que se establezca
un registro de todos los productores de piloncillo activos en el Estado. Dicho
padrón será un instrumento auxiliar de la SEDARPA para el cumplimiento de esta Ley.

La
SEDARPA tendrá atribuciones para fomentar y proteger la actividad piloncillera;
coadyuvar en el diseño, planeación y programación de políticas públicas
destinadas a este sector; resolver sobre las solicitudes de apoyo que suscriban
los productores para ser beneficiarios de los programas de apoyo a la actividad
piloncilla, así como promover y dar seguimiento a los programas destinados a
este ramo.

Se
establece que en la elaboración del piloncillo se prohíbe utilizar azúcar,
mieles de línea de productos que se encuentren en losestablecimientos
comerciales, barredura de azúcar o azúcar siniestrada de ingenios azucareros,
dulces o caramelos derretidos y cualquier endulzante que no sea jugo de caña de
azúcar extraído de los trapiches.

De
igual forma, colorantes o cualquier otro tipo de sustancia que altere el valor
nutricional o ponga en peligro la salud humana.

En
el Reglamento de esta ley se establecerá el procedimiento para que la SEDARPA
en coordinación con órganos auxiliares, lleven a cabo visitas de inspección y
vigilancia en los trapiches piloncilleros, con la finalidad de verificar y
certificar que en el proceso se utilice únicamente jugo
de caña de azúcar y que no existan indicios de que ocupan otros endulzantes
para la elaboración del piloncillo.

Este
Dictamen registró 36 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Esta ley es
resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de Mayo de 2017, el diputado
Rogelio Arturo Rodríguez García.

En
los posicionamientos y tras dar la bienvenida a productores de piloncillo que
acudieron al salón del Pleno, del Congreso, el diputado Rogelio Arturo
Rodríguez manifestó que en atención a las demandas de los ciudadanos se refleja
esta reforma para combatir la lucha desigual que sufren los productores de piloncillo
y ayudará a una eficiencia hacia esta actividad.

La
presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Artesanal, diputada María
Adela Escamilla Moreno destacó la importancia de la actividad piloncillera en
Veracruz y se pronunció a favor de esta Ley, ya que permitirá reactivar la
economía en las diversas regiones en las que se dedican a esta actividad.

El
Congreso del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen que reforma las Leyes de
Planeación y la Orgánica del Municipio Libre con lo que se dota a los ayuntamientos
de atribuciones suficientes para planear su desarrollo bajo la perspectiva
metropolitana, para que ésta a su vez tenga una correspondencia presupuestal en
el Presupuesto de Egresos del Estado.

La
reforma, avalada por las y los legisladores, dota de facultades al Consejo para
el Desarrollo Metropolitano del Estado para promover la elaboración de
Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano.

De
esta manera se establece que el Consejo
para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz promoverá la
elaboración de los Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano para ser
remitidos y aprobados por el Congreso del Estado en los primeros seis meses de
iniciado el periodo de los ayuntamientos respectivos, los cuales serán
considerados como el documento base para la presupuestación con recurso estatal
de obras de carácter metropolitano.

Los Ayuntamientos podrán convenir con los de otros
municipios del estado o de otras entidades federativas, la elaboración conjunta
de planes de desarrollo para las regiones o zonas metropolitanas en las que se
ubiquen

Esta reforma es resultado de la iniciativa que
presentó, el 11 de Julio de 2017, el diputado Fernando Kuri Kuri.

Este Dictamen registró 36 votos a favor, sin votos
en contra o abstención.

-Rechaza Pleno
reformas a la Ley de Planeación-

En
la sesión, el Pleno avaló el Dictamen por el que se declara improcedente
dictaminar de manera positiva la iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Planeación del Estado presentada, el 18 de Julio de
2017, por la diputada Miriam Judith González Sheridan.

El
Dictamen refiere que la propuesta en que se describen las atribuciones de los
Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal y de sus integrantes,
además de resultar ociosamente exhaustivas, se considera que son
inconstitucionales, pues se pretende que un órgano consultivo ordene a los
Ayuntamientos qué hacer y cómo conformar sus propios órganos.

El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen que reforma el
artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Obras Relacionadas con Ellas en el
que se establece que en la planeación de cada obra pública deberán preverse
instalaciones para que las personas con capacidades diferentes y adultos
mayores puedan acceder y transitar en los inmuebles de un modo seguro.

De
esta manera, la reforma aprobada señala que en la planeación de cada obra
pública deberá preverse instalaciones para que las personas con capacidades diferentes y adultos mayores puedan acceder
y transitar en los inmuebles quesean construidos, las que, según la naturaleza
de la obra, podrán consistir en rampas, puertas, elevadores, baños, pasamanos,
asideras, estacionamiento vehicular y otras instalaciones semejantes que les
permita realizar sus trámites o servicios de un modo seguro y autónomo.

El
Dictamen refiere que el Estado debe llevar a cabo en la construcción de los
inmuebles públicos estatales o municipales planteamientos con una “visión de
Instituciones públicas cien por ciento accesibles para todos los ciudadanos”,
con espacios adecuados para que las personas con capacidades diferentes y los
adultos mayores puedan ingresar y desplazarse dentro y fuera de manera
autónoma, libre y con seguridad.

Esta
reforma es resultado de la iniciativa que presentó, el 31 de enero de 2017, el
diputado Rogelio Arturo Rodríguez García.

Este
decretó fue aprobado con 33 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-Menores migrantes,
sujetos de asistencia social-

Las
diputadas y diputados aprobaron el Dictamen que reforma el artículo 4 de la Ley
sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado que contempla a los
menores migrantes como sujetos a la recepción de los servicios de asistencia
social, en tanto se resuelve su situación legal en la entidad.

Las
comisiones dictaminadoras coinciden con la autora en la necesidad de brindar a los niños migrantes
un apoyo que vaya más allá de una orientación o una entrega a las autoridades
migratorias.

Este
Decreto registró 35 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Esta
reforma es resultado de la iniciativa que presentó, el 14 de mayo de este año,
la diputada independiente Eva Felícitas Cadena Sandoval.

La
diputada María del Rocío Pérez Pérez presentó un Anteproyecto, con Punto de
Acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que informe
a esta Soberanía el estado actual del sistema y estrategia de seguridad en la
entidad, así como un detalle del costo de las compras de equipos de video-vigilancia,
renta de aeronaves, empresas que participan en la licitación y las erogaciones
por concepto de mantenimiento o desarrollo de la aplicación “Emergencia
Ciudadana Veracruz”.

En
la octava sesión ordinaria, del Segundo Año de labores, la legisladora también
solicita al Gobernador, a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), informe el número de contrataciones que habrán de realizarse, así como
las áreas que incrementarán plantillas labores y a partir de cuándo, así como
las erogaciones que habrán de realizarse por dichas contrataciones.

La
diputada Rocío Pérez subrayó que, el 22 de octubre de 2017, fue anunciada la
instalación de seis mil 476 cámaras de video-vigilancia y que se colocarían en
toda la entidad, aunado al señalamiento que los 180 dispositivos que
actualmente se encuentran trabajando no son los suficientes para salvaguardar la integridad de todos los
veracruzanos.

De
esta manera, se incrementaría la capacidad actual del Centro de Control
Comando, Comunicaciones y Computo (C4), Región Xalapa y Subcentros Pánuco, Poza
Rica, Cosoleacaque, Martínez de la Torre, Veracruz, San Andrés Tuxtla y Fortín
de las Flores e inclusive habría la construcción de un C5 en Veracruz,
independiente del que ya se encuentra allá, expuso.

Destacó
que el homicidio doloso creció en Veracruz tomando como base las
cifras de febrero del presente año, cuando hubo 110 casos. En marzo de este año
se registraron 141. En esa casilla se puede hablar de un incremento de casi 30
por ciento y más de la mitad de los asesinatos se perpetraron con arma de fuego.

De
acuerdo a la diputada no hay orden ni estrategia en las políticas públicas en
materia de seguridad, por lo que debe revisarse y transparentarse el uso de los
recursos, tanto humanos como financieros.

El
diputado José Luis Enríquez Ambell presentó ante el Pleno del Congreso del
Estado su iniciativa con proyecto de Ley de Bibliotecas para el Estado de
Veracruz cuyo propósito será determinar la integración de la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas de la entidad y establecer la distribución y coordinación
entre el Gobierno y los Municipios de la Entidad para el desarrollo de la
función educativa y cultural que se lleva a cabo en estos centros.

En
la sesión, el legislador planteó que este ordenamiento fije los mecanismos que
permitan optimizar y unificar el manejo, administración, sostenimiento y organización
de bibliotecas públicas del Estado, con base en los principios establecidos en
la Ley General de Bibliotecas.

Se
instituye la Red como un sistema para integrar a las Bibliotecas del Estado de
Veracruz, con el objeto de coordinar su funcionamiento, administración y
operación, así como de promover la conservación y preservación de los bienes
que éstas tienen asignados, incluidos los acervos bibliográficos,
hemerográficos, auditivos, visuales, audiovisuales y digitales.

También
cualquier otro medio que contenga información, además de procurar la
profesionalización y capacitación del personal que labora en las bibliotecas,
misma en la que participarán de manera coordinada para su funcionamiento y el
cumplimiento de su objeto las instancias federales, estatales y municipales
competentes, con el fin de fomentar la lectura, el conocimiento y la cultura en
general.

Las
bibliotecas enriquecerán su acervo mediante la participación de los usuarios,
atendiendo a sus propuestas, en función de las particularidades de su
ubicación, su diversidad cultural y lingüística, y con base en los intereses de
la comunidad.

Las
bibliotecas deberán contar con espacios libres de barreras para usuarios en
sillas de ruedas, muletas, aparatos ortopédicos u otros, así como dimensiones
especiales para el acceso y uso de los servicios prestados por la misma, de
conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas, refiere la iniciativa.

El
diputado Enríquez Ambell subrayó que la biblioteca pública, constituye un
elemento básico de la educación permanente, de las decisiones autónomas y el
progreso cultural de la persona y los grupos sociales.

Destacó
que las malas condiciones de operación, la falta de infraestructura adecuada,
de acervo bibliográfico, así como el uso de la Internet y redes sociales han
alejado a las niñas y niños y de igual forma a los adultos de las bibliotecas.

Por
lo que –consideró- necesario regular las bibliotecas para darles un impulso,
con la finalidad de organizarlas, promocionarlas, actualizarlas en contenidos,
mejorar sus condiciones de operación, y convertirlas en espacios vanguardistas
que inviten al joven a la lectura y a
frecuentar estos lugares.

Esta
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su
estudio y dictamen correspondiente.

Para
reconocer a los maestros que diariamente ponen
su mejor esfuerzo para formar a la niñez y la juventud veracruzana, el diputado
Eraclio de la Cruz Vicente presentó la iniciativa que reforma la fracción XXIII
del artículo 18 de la Ley de Educación del Estado para establecer que anualmente
se otorgará un estímulo al finalizar el ciclo escolar a todo el personal
directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación, consistente en 15
días de su salario.

En la octava sesión
y a nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y del legislador José Roberto Arenas Martínez, de Juntos por Veracruz, el
diputado enfatizó que sin maestros capacitados no puede haber educación de
calidad, “la formación inicial y el lugar de trabajo son cruciales, como lo son
las buenas condiciones laborales, la remuneración acorde con la tarea y las
oportunidades de desarrollo profesional”.

Destacó que la
modernización de la política educativa, que se puso en marcha a partir de la
reforma estructural en la materia, en 2013, diseñó determinadas estrategias
para mejorar la calidad en la educación.

Dijo que uno de
esos mecanismos fundamentales se centró en diferenciar la política salarial de
la docente y complementarla a través de estímulos y recompensas a su trabajo
otorgados a partir de su aportación y constante evaluación.

Señaló que debe
haber una educación que responda a las necesidades y retos del siglo XXI y sus
nuevas condiciones, pero a la vez, también una educación que reconozca el valor
de las raíces y dé a todos los niños y jóvenes un piso sólido para que en un
futuro tengan las herramientas de ser mejores personas y eso se refleje en sus
familias, sus comunidades y su entorno.

Sostuvo que con la
expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente,
el 11 de Septiembre de 2013, se creó también una estrategia para transformar la
educación básica y media superior públicas, mediante la cual el Estado ratifica
su rectoría en la educación con el propósito de mejorar el desempeño de los
docentes y así lograr un mayor aprendizaje de los alumnos.

Al detallar la
iniciativa, el legislador manifestó que es muy frecuente que todo el personal
educativo, incluyendo a directivos, docentes y de apoyo y asistencia a la
educación, no reciban el reconocimiento que merecen.

“No sólo en fechas
conmemorativas, como el Día del Maestro, se debe tener presente la inmensa
responsabilidad que recae sobre ellos, así como las dificultades a las que
deben hacer frente, sobre todo en estos tiempos difíciles para la economía
nacional” argumentó.

Veracruz requiere
de una educación de calidad con equidad e inclusión, una educación capaz de
formar con suficiencia a los ciudadanos que la sociedad democrática mexicana
necesita, concluyó el legislador Eraclio de la Cruz.

Esta iniciativa fue
turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de
Hacienda del Estado para su estudio y trámite correspondiente.

El
diputado José Roberto Arenas Martínez presentó, ante el Pleno del Congreso del
Estado, la iniciativa que reforma el artículo 103 del Código Financiero de la
entidad para exceptuar del pago de Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal a empleadores que, conscientes de la
situación de madres solteras o jefes de familia que tengan hijos con algún
trastorno o discapacidad, les permitan horarios flexibles y jornadas laborales
reducidas para que puedan atenderlos.

Al
detallar la iniciativa, presentada también a nombre del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado destacó que existen
problemas a los que se enfrentan madres
con hijos discapacitados o con algún tipo de trastorno, como el autismo, ya
que, en ocasiones, tienen que dejar sus empleos ante la incomprensión de los
patrones que les niegan permisos para poder ausentarse, cuando esto se requiere
por citas, cuidados o urgencias médicas.

Agregó que según el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mamás trabajadoras
en Veracruz reciben un promedio de 125 a 230 pesos por cada jornada laboral de
ocho horas. El Instituto dio a conocer que en la entidad hay 2 millones 668 mil
997 mujeres que son madres, y de éstas, 1 millón 30 mil 222 laboran para
colaborar o generar el sustento diario de su familia.

Expuso que este
Informe arroja que, 750 mil 325 mamás se desarrollan en el sector terciario,
integrado por comercio, servicios y transporte; en tanto 180 mil 897 madres
trabajadoras ocupan puestos en el sector secundario, es decir, la industria,
manufactura y construcción.

El resto de cerca
de 99 mil madres brindan sus servicios en el sector primario, es decir
colaboran en actividades de agricultura, explotación forestal, ganadería,
minería y pesca.

El diputado José
Roberto Arenas explicó las madres solteras no son el único grupo que debe
recibir un beneficio de tal tipo, pues las condiciones para atender a los
hijos, después de jornadas laborales extenuantes, y con las exigencias para el
caso reportan, se experimenta de igual manera en los padres con hijos que
presentan alguna discapacidad o trastorno.

“Es por ello que
buscamos hacer extensivo el planteamiento de beneficio fiscal a los empleadores
que no sólo otorguen horarios reducidos a madres solteras, sino también a
hombres y mujeres con hijos que presenten discapacidad o algún trastorno”,
argumentó.

De
aprobarse este Decreto, se establecería un plazo no mayor a 60 días hábiles, para que la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz emita las reglas de
operación para que los contribuyentes puedan hacer efectivas las excepciones
del pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
previstas.

La
diputada Angélica Pineda Pérez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado
su propuesta de Ley de Migración para el Estado de Veracruz que tiene como propósito
garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes que salen,
retornan o transitan en la entidad, así como establecer las bases de la
política en materia de atención a migrantes y sus familias.

En
la octava sesión, del segundo año de labores, la legisladora presentó su
propuesta, que consta de 33 artículos en los que destaca que las dependencias y
entidades de la administración pública estatal diseñarán e implementarán
políticas públicas y programas especiales para la atención de las necesidades
de las personas migrantes en cuanto a salud, educación, impartición y
administración de justicia, desarrollo laboral y económico.

Además
de todas aquellas destinadas a crear condiciones que favorezcan el debido
ejercicio de sus derechos.

La
iniciativa señala que en caso de que un migrante veracruzano fallezca en el
extranjero, la Dirección General de Atención a Migrantes conforme a su
normatividad, brindará todas las facilidades para que los deudos puedan
tramitar la documentación oficial necesaria para la repatriación del cuerpo, y
asesorarán sobre los trámites correspondientes a realizar en el extranjero.

De
igual forma, establece que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia deberá proporcionar asistencia social para la atención de niños, niñas
y adolescentes migrantes no acompañados, en coadyuvancia con las autoridades
federales.

La
Secretaría de Salud del Estado estaría obligada a prestar los servicios de
salud de emergencia a los migrantes, sin que importe la situación migratoria,
así como elaborar el registro de las personas migrantes que son atendidas en
las instalaciones de los servicios estatales de salud; esto únicamente para
fines estadísticos y realizar una mejor planeación de los servicios que se
prestan a los migrantes.

Por
otra parte la Secretaría de Educación establecería los lineamientos que
faciliten la regularización escolar de los migrantes en retorno, en
coordinación con las autoridades federales; así como elaborar programas y
materiales educativos especiales, acordes a las condiciones de la población
migrante en retorno.

La
Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado tendría la
obligación de promover campañas de capacitación laboral y programas de empleo y
vinculación con empresas, a fin de que los veracruzanos tengan acceso al empleo
y se desaliente así su posible migración.

En
su exposición en tribuna, la diputada detalló que a nivel mundial está
ocurriendo niveles muy alto de desplazamiento; ya que según la agencia de la ONU
para refugiados en 2016, alrededor de 65.6 millones de personas en todo el
mundo, se han visto obligadas a huir de sus hogares a consecuencia de la
persecución, los conflictos bélicos, la violencia o las violaciones de derechos
humanos.

Veracruz
debe garantizar y proteger los derechos
humanos de quienes transitan por el territorio estatal, puesto que en la
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales firmados, avalan la responsabilidad urgente de que sin importar
su nacionalidad ni situación migratoria, se les garantice el irrestricto
respeto a sus derechos, abundó la presidenta de la Comisión Permanente de
Población y Atención a Migrantes.

Para
que las y los hijos menores de edad de las víctimas de feminicidio tengan
prioridad en las medidas de reparación integral, la diputada Guadalupe Osorno
Maldonado presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Víctimas, a fin
de garantizar el pleno y sano desarrollo de los infantes.

En
tribuna, la legisladora señaló que es necesario legislar en beneficio de las y
los niños en orfandad por feminicidio, ya que durante esta etapa los infantes
se quedan sin sustento familiar y sin soporte emocional, lo que debilita el
futuro de estos.

En
tal razón, la reforma contempla que el Estado garantice los derechos de salud,
educación y sano desarrollo, así como programas de atención asistencial y psicológica.

La
diputada Osorno Maldonado, señaló que la iniciativa contempla que los apoyos
sean otorgados a través de las autoridades estatales o las municipales y los
organismos autónomos para que garanticen los servicios educativos hasta
concluir la licenciatura, de médicos, psicológicos, de programas sociales, de
acogimiento residencial o de cualquier tipo que permita el restablecimiento de
su independencia física, mental, social y su inclusión y participación en la
sociedad.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Procuración de Justicia, para la Igualdad de Género
y Justicia y Puntos Constitucionales.

En
apoyo a la economía de los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que cursan sus
estudios, el diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés presentó la
iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Público para el Estado de Veracruz para
establecer que el servicio de transporte público para estudiantes de nivel
superior deberá ser gratuito.

Durante la octava sesión ordinaria, el legislador
presentó su propuesta ante el Pleno y donde prevé señalar en la legislación que,
para el caso de los estudiantes de nivel superior, que utilicen los servicios
de transporte público en su modalidad urbano, viajarán sin costo alguno,
siempre y cuando estén debidamente acreditados, con identificación vigente y
expedida por institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación de
Veracruz (SEV).

De igual forma, plantea
establecer que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de
Seguridad Pública, fijará, revisará y, en su caso, modificará las tarifas,
conforme a las cuales se prestará el servicio transporte público de pasajeros;
asimismo, acordará los subsidios, descuentos o tarifas diferenciadas que se
otorgarán a los usuarios.

El diputado propone que para hacer válido este
beneficio los estudiantes de nivel superior, además de estar acreditados,
tendrán que cumplir con las disposiciones siguientes: será solamente de lunes a
viernes y dentro de los horarios escolares, o que justifiquen que realizan
prácticas relacionadas con sus estudios en horario distinto.

El legislador enfatizó que en México hay
aproximadamente 30.6 millones de jóvenes, de entre 15 y 29 años, quienes representan
el 25.7 por ciento de la población total, por lo que no debe permitirse que
trunquen sus estudios, entre otras cosas, por la falta de un estímulo como la
gratuidad del transporte durante su etapa de formación profesional, añadió.

Enfatizó que un universitario en promedio gasta
aproximadamente mil 800 pesos mensuales de transporte, en carreras del área de
ciencias, tomando en cuenta los viajes para realizar prácticas profesionales,
cuya movilidad triplica el gasto en este rubro.

Agregó que una verdadera contraprestación es que los
concesionarios del servicio público de transporte otorguen el servicio gratuito
del trasporte a los estudiantes del nivel superior, como un instrumento de
apoyo efectivo a la educación en el Estado.

La
diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón presentó una iniciativa, con proyecto
de decreto, que reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,
teniendo como objetivo dar certidumbre y transparencia al funcionamiento y
desempeño de los Ayuntamientos en las sesiones de Cabildo.

En tribuna, la legisladora dijo que la
iniciativa busca garantizar que los Síndicos y Regidores no firmen las actas de
Cabildo sin leer el contenido, “a veces
se omiten en las actas hechos relevantes o bien y aún así se les exige que las
firmen” agregó.

Abundó
que los ediles tienen, como autoridad, el inalienable
derecho de revisar, leer y hasta corregir -si es necesario- las actas de
Cabildo que van a firmar, de esta manera se tendrán Ayuntamientos democráticos,
transparentes y justos.

La iniciativa
contempla que en las sesiones de Cabildo se levanten actas que contendrán una
relación precisa de los puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán
en un libro foliado y una vez aprobadas, las revisarán, en su caso las
corregirán y las firmarán todos los presentes y el secretario del Ayuntamiento.

Serán facultades y obligaciones del
Secretario, asistir a las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz y
levantar las actas al terminar cada una de ellas, debiendo proporcionarla a los
ediles para su revisión, corrección y firma.

La iniciativa fue turnada a la
Comisión Permanente de Gobernación.

En
el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo de Veracruz se
llevará a cabo este 20 y 21 de Junio a partir de las 9:00 horas el Primer
Congreso Nacional denominado “Globalización, Federalismo y Vida Local, el
Pensamiento Crítico Aplicado a las Políticas Públicas” en el que expertos
analizarán y presentarán propuestas que contribuyan a mejorar las políticas
públicas en materia de economía, salud, educación y política interior.

Este
foro tendrá la participación de integrantes de la LXIV Legislatura, de la
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico; del Instituto
Tecnológico de Chicontepec y del Colegio Nacional de Profesores e
Investigadores en Filosofía, Humanidades y Economía, A.C.

Los
ponentes habrán de analizar los temas antes mencionados, tomando como base los
criterios de derechos humanos, equidad de género, transparencia y rendición de
cuentas, Presupuesto Basados en Resultados y tecnologías de la información y
comunicación.

La
convocatoria está abierta a todo el público, a fin de que escuchen las
ponencias y además participen en un diálogo constructivo y de retroalimentación
con quienes desarrollarán los cinco ejes de este Foro.

El
tema “Economía social y desigualdad
económica” estará enfocado en el
fomento a la micro y mediana empresa y el desarrollo industrial en regiones
prioritarias, que den como resultado la generación de empleos permanentes, que
mejoren el bienestar económico de las familias.

En
“Política interior y gobernabilidad democrática” se prevé un
debate sobre temas de gobierno electrónico y contraloría social, que combata la
corrupción a fin de plantear propuestas de diseño, desarrollo y evaluación de
políticas públicas que abonen a la legalidad y democracia.

En
materia de “Salud pública, gasto y sustentabilidad” habrá de analizarse la
salud pública preventiva y escolar, así como la enfocada en ginecología,
obstetricia y pediatría, que dé como resultado planteamientos dirigidos a
mejorar la capacidad económica del
sector salud y así sea garantizado el servicio a la población.

Sobre
“Educación de calidad, rezago y sociedades del conocimiento” los ponentes
argumentarán sobre la educación obligatoria y el desarrollo de infraestructura
docente y que brinde alternativas sobre el mejoramiento de la calidad de la
educación.

Por
último, en “Seguridad pública y política
contra el delito y crimen” se abordarán temas sobre la autonomía y
profesionalización de los órganos que investigan los delitos y la eficacia de
las estrategias policiales de proximidad social y donde se esperan propuestas
que enriquezcan el marco jurídico en el combate a la delincuencia.

Este
evento se llevará a cabo con la coordinación de los Doctores Luis Adalberto
Maury Cruz, Alberto Cruz Juárez, Arturo Durán Padilla, Wilberto Sánchez Márquez
y Carlos Medel Ramírez.

Para
mayores informes en el correo congresofederalismo2018@gmail.com y en Facebook como
Congreso-Globalización-y-Federalismo-2018.

En
el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo de Veracruz se
llevará a cabo este 20 y 21 de Junio a partir de las 9:00 horas el Primer
Congreso Nacional denominado “Globalización, Federalismo y Vida Local, el
Pensamiento Crítico Aplicado a las Políticas Públicas” en el que expertos
analizarán y presentarán propuestas que contribuyan a mejorar las políticas
públicas en materia de economía, salud, educación y política interior.

Este
foro tendrá la participación de integrantes de la LXIV Legislatura, de la
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico; del Instituto
Tecnológico de Chicontepec y del Colegio Nacional de Profesores e
Investigadores en Filosofía, Humanidades y Economía, A.C.

Los
ponentes habrán de analizar los temas antes mencionados, tomando como base los
criterios de derechos humanos, equidad de género, transparencia y rendición de
cuentas, Presupuesto Basados en Resultados y tecnologías de la información y
comunicación.

La
convocatoria está abierta a todo el público, a fin de que escuchen las
ponencias y además participen en un diálogo constructivo y de retroalimentación
con quienes desarrollarán los cinco ejes de este Foro.

El
tema “Economía social y desigualdad
económica” estará enfocado en el
fomento a la micro y mediana empresa y el desarrollo industrial en regiones
prioritarias, que den como resultado la generación de empleos permanentes, que
mejoren el bienestar económico de las familias.

En
“Política interior y gobernabilidad democrática” se prevé un
debate sobre temas de gobierno electrónico y contraloría social, que combata la
corrupción a fin de plantear propuestas de diseño, desarrollo y evaluación de
políticas públicas que abonen a la legalidad y democracia.

En
materia de “Salud pública, gasto y sustentabilidad” habrá de analizarse la
salud pública preventiva y escolar, así como la enfocada en ginecología,
obstetricia y pediatría, que dé como resultado planteamientos dirigidos a
mejorar la capacidad económica del
sector salud y así sea garantizado el servicio a la población.

Sobre
“Educación de calidad, rezago y sociedades del conocimiento” los ponentes
argumentarán sobre la educación obligatoria y el desarrollo de infraestructura
docente y que brinde alternativas sobre el mejoramiento de la calidad de la
educación.

Por
último, en “Seguridad pública y política
contra el delito y crimen” se abordarán temas sobre la autonomía y
profesionalización de los órganos que investigan los delitos y la eficacia de
las estrategias policiales de proximidad social y donde se esperan propuestas
que enriquezcan el marco jurídico en el combate a la delincuencia.

Este
evento se llevará a cabo con la coordinación de los Doctores Luis Adalberto
Maury Cruz, Alberto Cruz Juárez, Arturo Durán Padilla, Wilberto Sánchez Márquez
y Carlos Medel Ramírez.

Para
mayores informes en el correo congresofederalismo2018@gmail.com y en Facebook como
Congreso-Globalización-y-Federalismo-2018.

En
el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo de Veracruz se
llevará a cabo este 20 y 21 de Junio a partir de las 9:00 horas el Primer
Congreso Nacional denominado “Globalización, Federalismo y Vida Local, el
Pensamiento Crítico Aplicado a las Políticas Públicas” en el que expertos
analizarán y presentarán propuestas que contribuyan a mejorar las políticas
públicas en materia de economía, salud, educación y política interior.

Este
foro tendrá la participación de integrantes de la LXIV Legislatura, de la
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico; del Instituto
Tecnológico de Chicontepec y del Colegio Nacional de Profesores e
Investigadores en Filosofía, Humanidades y Economía, A.C.

Los
ponentes habrán de analizar los temas antes mencionados, tomando como base los
criterios de derechos humanos, equidad de género, transparencia y rendición de
cuentas, Presupuesto Basados en Resultados y tecnologías de la información y
comunicación.

La
convocatoria está abierta a todo el público, a fin de que escuchen las
ponencias y además participen en un diálogo constructivo y de retroalimentación
con quienes desarrollarán los cinco ejes de este Foro.

El
tema “Economía social y desigualdad
económica” estará enfocado en el
fomento a la micro y mediana empresa y el desarrollo industrial en regiones
prioritarias, que den como resultado la generación de empleos permanentes, que
mejoren el bienestar económico de las familias.

En
“Política interior y gobernabilidad democrática” se prevé un
debate sobre temas de gobierno electrónico y contraloría social, que combata la
corrupción a fin de plantear propuestas de diseño, desarrollo y evaluación de
políticas públicas que abonen a la legalidad y democracia.

En
materia de “Salud pública, gasto y sustentabilidad” habrá de analizarse la
salud pública preventiva y escolar, así como la enfocada en ginecología,
obstetricia y pediatría, que dé como resultado planteamientos dirigidos a
mejorar la capacidad económica del
sector salud y así sea garantizado el servicio a la población.

Sobre
“Educación de calidad, rezago y sociedades del conocimiento” los ponentes
argumentarán sobre la educación obligatoria y el desarrollo de infraestructura
docente y que brinde alternativas sobre el mejoramiento de la calidad de la
educación.

Por
último, en “Seguridad pública y política
contra el delito y crimen” se abordarán temas sobre la autonomía y
profesionalización de los órganos que investigan los delitos y la eficacia de
las estrategias policiales de proximidad social y donde se esperan propuestas
que enriquezcan el marco jurídico en el combate a la delincuencia.

Este
evento se llevará a cabo con la coordinación de los Doctores Luis Adalberto
Maury Cruz, Alberto Cruz Juárez, Arturo Durán Padilla, Wilberto Sánchez Márquez
y Carlos Medel Ramírez.

Para
mayores informes en el correo congresofederalismo2018@gmail.com y en Facebook como
Congreso-Globalización-y-Federalismo-2018.

En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo de Veracruz se llevará a cabo este 20 y 21 de Junio a partir de las 9:00 horas el Primer Congreso Nacional denominado “Globalización, Federalismo y Vida Local, el Pensamiento Crítico Aplicado a las Políticas Públicas” en el que expertos analizarán y presentarán propuestas que contribuyan a mejorar las políticas públicas en materia de economía, salud, educación y política interior.

Este foro tendrá la participación de integrantes de la LXIV Legislatura, de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico; del Instituto Tecnológico de Chicontepec y del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en Filosofía, Humanidades y Economía, A.C.

Los ponentes habrán de analizar los temas antes mencionados, tomando como base los criterios de derechos humanos, equidad de género, transparencia y rendición de cuentas, Presupuesto Basados en Resultados y tecnologías de la información y comunicación.

La convocatoria está abierta a todo el público, a fin de que escuchen las ponencias y además participen en un diálogo constructivo y de retroalimentación con quienes desarrollarán los cinco ejes de este Foro.

El tema “Economía social y desigualdad económica” estará enfocado en el fomento a la micro y mediana empresa y el desarrollo industrial en regiones prioritarias, que den como resultado la generación de empleos permanentes, que mejoren el bienestar económico de las familias.

En “Política interior y gobernabilidad democrática” se prevé un debate sobre temas de gobierno electrónico y contraloría social, que combata la corrupción a fin de plantear propuestas de diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas que abonen a la legalidad y democracia.

En materia de “Salud pública, gasto y sustentabilidad” habrá de analizarse la salud pública preventiva y escolar, así como la enfocada en ginecología, obstetricia y pediatría, que dé como resultado planteamientos dirigidos a mejorar la capacidad económica del sector salud y así sea garantizado el servicio a la población.

Sobre “Educación de calidad, rezago y sociedades del conocimiento” los ponentes argumentarán sobre la educación obligatoria y el desarrollo de infraestructura docente y que brinde alternativas sobre el mejoramiento de la calidad de la educación.

Por último, en “Seguridad pública y política contra el delito y crimen” se abordarán temas sobre la autonomía y profesionalización de los órganos que investigan los delitos y la eficacia de las estrategias policiales de proximidad social y donde se esperan propuestas que enriquezcan el marco jurídico en el combate a la delincuencia.

Este evento se llevará a cabo con la coordinación de los Doctores Luis Adalberto Maury Cruz, Alberto Cruz Juárez, Arturo Durán Padilla, Wilberto Sánchez Márquez y Carlos Medel Ramírez.

Para mayores informes en el correo congresofederalismo2018@gmail.com y en Facebook como Congreso-Globalización-y-Federalismo-2018.

El Pleno de la LXIV Legislatura aprobó el Dictamen de decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado que garantiza el acceso al empleo de las personas con discapacidad al servicio público estatal y así abonar a brindarles oportunidades de un trabajo.

En la séptima sesión, las diputadas y diputados aprobaron con 37 votos a favor este Decreto que obliga a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos constitucionales autónomos y los ayuntamientos, destinar por lo menos el tres por ciento de las vacantes disponibles, para emplear o contratar a personas con discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos de ingreso y cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes.

Por cuanto hace al Sector Privado, la Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad del Estado (STPSP), supervisará y de ser procedente reconocerá y certificará a las empresas que cumplan con la contratación de las personas con discapacidad, en el porcentaje señalado anteriormente.

Esta modificación incluye las multas por incumplimiento que irían de los 100 y hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La STPSP se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra.

Son causas de clausura temporal del establecimiento, además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables, la reincidencia en cualquiera de las conductas previstas.

Las autoridades competentes para la determinación e imposición de sanciones de carácter administrativo tomará en cuenta la reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas aplicadas por el presunto infractor.

Se considerará reincidente al que haya incurrido en una infracción que hubiere sido sancionada y, además de aquella, cometa la misma infracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución respectiva.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 19 de enero de 2017 la diputada María Josefina Gamboa Torales.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por el que se emite convocatoria pública para designar al titular de la Contraloría General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de la entidad.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos en particular, así como a organizaciones de profesionistas, instituciones públicas de educación superior y a la sociedad en general, para que propongan a ciudadanas y ciudadanos veracruzanos como candidatos al cargo de titular de la Contraloría General del OPLE.

Las personas propuestas deberán cumplir y acreditar lo siguiente: poseer título profesional de contador público o licenciado en derecho expedido por institución mexicana facultada para ello; acreditar experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de su profesión; no haber sido Consejero Electoral del Consejo General, en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su designación y no encontrarse inscrito en algún otro procedimiento de selección de contralor interno o titular de órgano interno de control, convocado por este Poder Legislativo.

El Contralor del OPLE durará en el cargo seis años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Las propuestas serán recibidas por un período de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Convocatoria, en horario de 9:00 a 18:00 horas, en la oficina de la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales en el Congreso del Estado.

Además, las propuestas deberán acompañarse de un escrito en el que la organización o institución respectiva, o el propio aspirante, exprese los motivos por los que considera que la persona propuesta es apta para aspirar al cargo y otro en el que el aspirante designe un correo electrónico para recibir notificaciones; currículum vitae, firmado por el aspirante, y documentación soporte en original y copia para su cotejo, con un resumen del mismo.

De igual forma tendrá que entregar copia certificada del acta de nacimiento; original y copia de la credencial para votar con fotografía; original o copia certificada por notario público del título profesional; carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que

reúne todos los requisitos exigidos en la presente Convocatoria y que no tiene impedimento legal alguno para desempeñar el cargo.

Dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de la recepción de los documentos, la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales efectuará la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos señalados e inmediatamente, emitirá el calendario señalando la fecha y hora de la entrevista a cada uno de los aspirantes.

Quien no se presente a la entrevista, quedará excluido del procedimiento de selección.

Concluida la fase de entrevistas, la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales rendirá informe al respecto a la JUCOPO.

La JUCOPO formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá una terna para el nombramiento del titular de la Contraloría General del Organismo Público Local Electoral.

-Ratifican diputados (as) al Magistrado Fluvio César Rafael-

En la sesión, las diputadas y diputados aprobaron el Acuerdo de la JUCOPO por el que se ratifica al ciudadano Fluvio César Rafael Vista Pérez como magistrado del Poder Judicial del Estado, por un periodo de cinco años, previsto en el artículo 59, fracción II, de la Constitución Política de la entidad.

El diputado de la LXIV Legislatura, Nicolás de la Cruz de la Cruz, presentó ante el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa de reforma al artículo 70 de la Constitución Política del Estado para incorporar la figura de la reelección, de los presidentes municipales, y así establecer en la entidad este derecho que en diversos estados de la República ya está vigente.

En la séptima sesión ordinaria, el diputado indicó que esta modificación permitirá, tanto a los actuales presidentes municipales de acceder a la reelección, como a los ciudadanos de aprobar una gestión y brindarle nuevamente su confianza para la continuidad de proyectos de desarrollo.

De acuerdo a su propuesta, los presidentes municipales, síndicos y regidores podrán ser electos para un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Quien hubiese sido electo como edil propietario de manera consecutiva por el límite establecido, no podrá ser electo para el siguiente periodo en calidad de suplente del mismo cargo de elección popular.

Para que la reelección pueda darse deberá bajarse de cuatro a tres años el periodo de la administración, refirió el diputado.

Indicó que la reelección de los ayuntamientos resulta positiva ya que contribuye a ejercer un voto retrospectivo, en donde la ciudadanía evalúa la gestión anterior con base en los resultados y desarrollo brindado; supone un mecanismo de profesionalización y continuidad en materia de brindar servicios relacionados con las atribuciones legales del ayuntamiento y genera formas más adecuadas de llevar a cabo el trabajo.

Ejemplificó lo ocurrido en Nayarit en 2017, en el que, a través de juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y de Revisión Constitucional la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió sobre la posibilidad de la reelección de ayuntamientos que excedían los 3 añosde mandato.

Pero que dado lo extraordinario del periodo de dichas administraciones, y ponderando las ventajas de dicha figura de cara a la ciudadanía, podían ser susceptibles de acudir a las urnas en busca del sufragio popular.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas presentó una iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Veracruz con la finalidad de garantizar que los estudios ofertados por instituciones educativas privadas cuenten con la validez oficial y así evitar defraudar a sus alumnos.

La diputada señaló que en el Estado de Veracruz se tienen reconocidas 127 instituciones particulares de educación superior, que ofertan mil 158 programas educativos, con una matrícula de 63 mil 242 estudiantes, de los cuales 85.5 por ciento cursan el nivel de licenciatura, el 11.8 por ciento maestría y sólo el 1 por ciento doctorado.

García Rojas abundó que la proliferación de instituciones particulares de educación superior, ha generado la existencia de escuelas poco serias, que buscan hacer negocio con quienes ellos consideran clientes antes que estudiantes.

Subrayó que el problema es grave y es notable cuando los estudiantes culminan sus estudios y se ven impedidos para obtener sus cédulas y títulos profesionales, ya que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), para los planes y programas que imparten.

Es por ello que la iniciativa contempla que las autoridades educativas estatales competentes publiquen anualmente, en la Gaceta Oficial y en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Asimismo, deberán publicar oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión, en esa lista, de las instituciones a las que revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos, con el objetivo de no afectar a jóvenes interesados en estudiar una licenciatura.

En caso de que algún plantel no cuente con su RVOE, se le aplicará una multa hasta por nueve mil veces el valor diario vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y además se procederá a la clausura del plantel donde se cometan las infracciones a esta Ley.

El diputado José Kirsch Sánchez presentó ante el Pleno la iniciativa que reformaría el artículo 190 sexies del Código Penal del Estado para tipificar como delito la prohibición a los establecimientos y a los empleados responsables de vender o suministrar sustancias inhalantes con efectos psicotrópicos a menores de edad o incapaces mediante cualquier forma.

Actualmente, el Código establece penas que irían de los seis a 12 años de prisión y multa de hasta 600 días de salario a quien procure, facilite o provea a niñas, niños, adolescentes o incapaces libros o imágenes de carácter pornográfico.

El legislador propone que las penas antes citadas sean incrementadas en una mitad, en los casos en que se venda o expenda bebidas alcohólicas, substancias inhalantes con efectos psicotrópicos u otras sustancias nocivas o tóxicas para la salud a personas menores de dieciocho años, para su consumo.

Detalló que el pasado 2 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen que reformó el artículo 160 de la Ley de Salud del Estado para establecer la citada prohibición, pero consideró necesario establecer esta medida en el Código Penal para sancionar severamente este delito.

En tribuna, destacó que en México las personas que consumen una o varias drogas son cada vez más jóvenes, pues se tiene registro de personas que van de los 12 a los 18 años.

Esta modificación al Código Penal –refirió el legislador- es necesaria ya que hay sustancias que pueden adquirirse fácilmente ya sea en ferreterías, tiendas de pinturas, autoservicios, tlapalerías, o tiendas de materiales de construcción.

La pobreza, marginación, la desintegración familiar, el desempleo, la violencia, entre otros, son factores detonantes que influyen en el consumo de estupefacientes, subrayó el diputado José Kirsch.

El diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo en el que pide, al Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal, para que se suprima la caseta de cobro número 43 Puente Tecolutla, ubicada en el km 50 de la Carretera Nacional 180, en el Municipio de Gutiérrez Zamora.

En tribuna, el legislador del Distrito de Misantla señaló que una infraestructura carretera moderna y eficiente, eleva la productividad y la competitividad de las regiones, impulsa el crecimiento económico y detona la creación de empleos.

Reconoció que la obra carretera de Cardel–Poza Rica en sus tramos Laguna Verde-Nautla y Nautla-Totomoxtle, representan un avance real en el desarrollo estructural de la zona norte de Veracruz, con ésta, nuevos sitios activarán su potencial turístico, industrial, comercial, sus actividades agropecuarias, pesca y servicios, añadió.

El diputado Cuevas Hernández dijo que es necesario valorar el impacto negativo al que se enfrentarán los comerciantes y prestadores de servicios de la que será la carretera alterna, ya que ahora las dos carreteras que prestarán servicio en la zona norte de Veracruz y representarán un gasto de peaje obligatorio, lo cual no tendría que existir, pues condiciona la posibilidad del libre tránsito a quienes no disponen de dinero y tienen algún punto de venta a orilla de carretera.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su trámite correspondiente.

La diputada Rocío Pérez Pérez presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz con el propósito que los servidores públicos, los partidos políticos, coaliciones y candidatos no puedan utilizar en su favor los programas públicos de carácter social.

En consecuencia deberá suspenderse la realización de actos de proselitismo político, de lo contrario, serán sancionados conforme a lo dispuesto en la ley correspondiente, detalló la diputada.

En tribuna, la legisladora Rocío Pérez señaló que dicha disposición entrará en vigor durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral. También se contempla suspender la difusión, en los medios de comunicación, toda propaganda relacionada a los programas públicos de carácter social.

Durante los 60 días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales y cualquier otro servidor público, se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de programas asistenciales o de promoción y desarrollo social.

Salvo los casos de extrema urgencia, debido a desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza, previa aprobación del Congreso del Estado.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Social, Humano y Regional y de Organización Política y Procesos Electorales.

La diputada Luisa Ángela Soto Maldonado presentó la iniciativa que reforma el artículo 81, fracción II, de la Ley de Turismo del Estado para establecer que la Secretaría de Turismo estatal deberá promover la profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad, orientados a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de las especialización del capital humano.

Lo anterior, para ofertar productos de calidad en la atención de los usuarios de los mismos, lo que contribuirá al fortalecimiento del sector turístico estatal .

Al presentar la propuesta, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y del legislador José Roberto Arenas Martínez, la diputada subrayó que el turismo es una de las actividades que más recursos aporta a la conformación del Producto Interno Bruto (PIB), anual.

Detalló que, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2017 este rubro contribuyó con el 8.7 por ciento del total, creciendo un 2.8 por ciento respecto de 2016, con un crecimiento superior al de Estados Unidos de América en ese sector, aunque por debajo del mundial, que es del 4.6 por ciento.

Agregó que el informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, a su vez, señala que la industria dedicada a los viajes es la segunda en México en dotar de empleos, con una estimación de 8.7 millones, directos e indirectos, lo que representa el 17 por ciento del total de trabajos en México.

Es evidente que el sector turístico es uno de los que más recursos aporta al país, gracias a la derrama económica de los usuarios, expuso la legisladora, quien añadió que del total de usuarios de servicios turísticos en el país, el 88 por ciento está conformado por mexicanos que se desplazan por los destinos del territorio nacional.

La diputada explicó que 2016 Veracruz contaba con mil 421 hoteles, con 41 mil 53 habitaciones, sumado a que el aeropuerto internacional de Veracruz registró, en 2015, un millón 200 mil pasajeros, consolidándose como el tercer aeropuerto más importante de la operadora ASUR, con 31 vuelos diarios y 8 aerolíneas.

Las diputadas y diputados de la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado presentaron la iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley 287 de Pensiones del Estado que va enfocada a hacer de este órgano un ejemplo de justicia social y que sea orgullo para los veracruzanos.

Al presentar la iniciativa, la legisladora Daniela Griego subrayó que esta iniciativa aborda aspectos importantes del Instituto que, a partir de una nueva estructura organizacional y de toma de decisiones, le otorgará mayor independencia y capacidad de crecimiento.

Se plantea una nueva conformación del Consejo Directivo haciéndolo más incluyente y participativo con 15 miembros que serán el Director del Instituto, cinco representantes del Gobierno del Estado, un representante del Poder Legislativo, seis representantes de los organismos sindicales afiliados y dos representantes de las asociaciones de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto.

Dijo que la iniciativa prevé la creación del Comité Financiero, con el propósito de establecer políticas de administración, conservación e inversión, que sean rentables a sus finanzas, que le permitan crecer partiendo del patrimonio actual, con un crecimiento debidamente sustentado a mediano y largo plazo.

También se fortalecerá el Comité de Vigilancia con una nueva conformación también incluyente y participativa ya que dará cabida a un representante del Congreso del Estado y a representantes de organizaciones sindicales y de jubilados que por ahora no han intervenido en la revisión del cumplimiento en la adecuada administración del Instituto.

De forma paralela, abundó la diputada, la obligación de transparencia se ha adecuado a los alcances de la legislación en la materia, con la finalidad de que la Ley 287, cumpla con todas las expectativas de una ciudadanía pendiente de la ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad social.

Enfatizó que desde su fundación en 1952 por parte del Gobernador Marco Antonio Muñoz, el IPE fue pensado con visión de estado, como organismo público garante de compensar la entrega y dedicación de los trabajadores al servicio del Estado, en el momento en que dan

fin, desde cualquier posición de la estructura gubernamental del estado o los municipios, a una vida productiva en beneficio de los veracruzanos.

La iniciativa plantea que las representaciones de los organismos sindicales y de las asociaciones de jubilados y pensionados que integrarán el Consejo Directivo tendrán un carácter rotativo y se elegirán de acuerdo a su membrecía, tomando en cuenta el orden decreciente de afiliados

El Ejecutivo y el Congreso del Estado, los integrantes del Comité de Vigilancia, las organizaciones sindicales y las asociaciones legalmente constituidas de pensionados y jubilados, que estén representadas en el Consejo Directivo tendrán en todo tiempo la facultad de supervisar las cuentas del Instituto y la administración de su patrimonio, a fin de poder conocer con la mayor exactitud posible la situación financiera del mismo.

El
diputado de la LXIV Legislatura, Nicolás de la Cruz de la Cruz, presentó ante
el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa de reforma al artículo 70 de la
Constitución Política del Estado para incorporar la figura de la reelección, de
los presidentes municipales, y así establecer en la entidad este derecho que en
diversos estados de la República ya está vigente.

En
la séptima sesión ordinaria, el diputado indicó que esta modificación permitirá,
tanto a los actuales presidentes municipales de acceder a la reelección, como a
los ciudadanos de aprobar una gestión y brindarle nuevamente su confianza para
la continuidad de proyectos de desarrollo.

De
acuerdo a su propuesta, los presidentes municipales, síndicos y regidores
podrán ser electos para un periodo
adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado,
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato.

Quien hubiese sido electo como edil propietario de
manera consecutiva por el límite establecido, no podrá ser electo para el
siguiente periodo en calidad de suplente del mismo cargo de elección popular.

Para que la reelección pueda darse deberá bajarse de
cuatro a tres años el periodo de la administración, refirió el diputado.

Indicó que la reelección de los ayuntamientos resulta
positiva ya que contribuye a ejercer un voto retrospectivo, en donde la
ciudadanía evalúa la gestión anterior con base en los resultados y desarrollo
brindado; supone un mecanismo de profesionalización y continuidad en materia de
brindar servicios relacionados con las atribuciones legales del ayuntamiento y
genera formas más adecuadas de llevar a cabo el trabajo.

Ejemplificó lo ocurrido en Nayarit en 2017, en el
que, a través de juicios para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano y de Revisión Constitucional la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió sobre la
posibilidad de la reelección de ayuntamientos que excedían los 3 añosde mandato.

Pero que dado lo extraordinario del periodo de
dichas administraciones, y ponderando las ventajas de dicha figura de cara a la
ciudadanía, podían ser susceptibles de acudir a las urnas en busca del sufragio
popular.

La
diputada Mariana Dunyaska García Rojas presentó una iniciativa, con proyecto de
decreto, que reforma diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de
Veracruz con la finalidad de garantizar que los estudios ofertados por
instituciones educativas privadas cuenten con la validez oficial y así evitar
defraudar a sus alumnos.

La
diputada señaló que en el Estado de
Veracruz se tienen reconocidas 127 instituciones particulares de educación superior,
que ofertan mil 158 programas
educativos, con una matrícula de 63 mil 242 estudiantes, de los cuales 85.5 por
ciento cursan el nivel de licenciatura, el 11.8 por ciento maestría y sólo el 1
por ciento doctorado.

García Rojas abundó que la proliferación de
instituciones particulares de educación superior, ha generado la existencia de
escuelas poco serias, que buscan hacer negocio con quienes ellos consideran clientes
antes que estudiantes.

Subrayó
que el problema es grave y es notable cuando los estudiantes culminan sus
estudios y se ven impedidos para obtener sus cédulas y títulos profesionales,
ya que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE),
para los planes y programas que imparten.

Es
por ello que la iniciativa contempla que las autoridades educativas estatales competentes publiquen
anualmente, en la Gaceta Oficial y en sus portales electrónicos, una relación
de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios.

Asimismo,
deberán publicar oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión, en
esa lista, de las instituciones a las que revoquen o retiren las autorizaciones
o reconocimientos respectivos, con el objetivo de no afectar a jóvenes
interesados en estudiar una licenciatura.

En
caso de que algún plantel no cuente con su RVOE, se le aplicará una multa hasta
por nueve mil veces el valor diario vigente de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) y además se procederá a la clausura del plantel donde se cometan
las infracciones a esta Ley.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por el que se
emite convocatoria pública para designar al titular de la Contraloría General
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de la entidad.

La
convocatoria está dirigida a ciudadanos en particular, así como a
organizaciones de profesionistas, instituciones públicas de educación superior
y a la sociedad en general, para que propongan a ciudadanas y ciudadanos
veracruzanos como candidatos al cargo de titular de la Contraloría General del
OPLE.

Las
personas propuestas deberán cumplir y acreditar lo siguiente: poseer título profesional de contador público o licenciado en derecho
expedido por institución mexicana facultada para ello; acreditar experiencia
mínima de cinco años en el ejercicio de su profesión; no haber sido Consejero
Electoral del Consejo General, en los cinco años inmediatos anteriores a la
fecha de su designación y no encontrarse inscrito en algún otro procedimiento
de selección de contralor interno o titular de órgano interno de control,
convocado por este Poder Legislativo.

El Contralor del OPLE durará en el
cargo seis años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido
por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes.

Las
propuestas serán recibidas por un período de cinco días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la publicación de la presente Convocatoria, en
horario de 9:00 a 18:00 horas, en la oficina de la Comisión Permanente de
Organización Política y Procesos Electorales en el Congreso del Estado.

Además, las propuestas deberán acompañarse
de un
escrito en el que la organización o institución respectiva, o el propio
aspirante, exprese los motivos por los que considera que la persona propuesta
es apta para aspirar al cargo y otro en el que el aspirante designe un correo
electrónico para recibir notificaciones; currículum vitae, firmado por el
aspirante, y documentación soporte en original y copia para su cotejo, con un
resumen del mismo.

De
igual forma tendrá que entregar copia certificada del acta de nacimiento;
original y copia de la credencial para votar con fotografía; original o copia
certificada por notario público del título profesional; carta en la que el
aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que reúne todos los
requisitos exigidos en la presente Convocatoria y que no tiene impedimento legal
alguno para desempeñar el cargo.

Dentro
del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de la recepción
de los documentos, la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos
Electorales efectuará la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos
señalados e inmediatamente, emitirá el calendario señalando la fecha y hora de
la entrevista a cada uno de los aspirantes.

Quien
no se presente a la entrevista, quedará excluido del procedimiento de
selección.

Concluida
la fase de entrevistas, la Comisión Permanente de Organización Política y
Procesos Electorales rendirá informe al respecto a la JUCOPO.

La
JUCOPO formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá una
terna para el nombramiento del titular de la Contraloría General del Organismo
Público Local Electoral.

-Ratifican diputados
(as) al Magistrado Fluvio César Rafael-

En
la sesión, las diputadas y diputados aprobaron el Acuerdo de la JUCOPO por el
que se ratifica al ciudadano Fluvio César Rafael Vista Pérez como magistrado
del Poder Judicial del Estado, por un periodo de cinco años, previsto en el
artículo 59, fracción II, de la Constitución Política de la entidad.

El
diputado José Kirsch Sánchez presentó ante el Pleno la iniciativa que
reformaría el artículo 190 sexies del Código Penal del Estado para tipificar
como delito la prohibición a los establecimientos y a los empleados
responsables de vender o suministrar sustancias inhalantes con efectos
psicotrópicos a menores de edad o incapaces mediante cualquier forma.

Actualmente,
el Código establece penas que irían de los seis a 12 años de prisión y multa de
hasta 600 días de salario a quien procure, facilite o provea a niñas, niños,
adolescentes o incapaces libros o imágenes de carácter pornográfico.

El
legislador propone que las penas antes citadas sean incrementadas en una mitad,
en los casos en que se venda o expenda bebidas alcohólicas, substancias
inhalantes con efectos psicotrópicos u otras sustancias nocivas o tóxicas para
la salud a personas menores de dieciocho años, para su consumo.

Detalló
que el pasado 2 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen que reformó
el artículo 160 de la Ley de Salud del Estado para establecer la citada
prohibición, pero consideró necesario establecer esta medida en el Código Penal
para sancionar severamente este delito.

En
tribuna, destacó que en México las personas que consumen una o varias drogas
son cada vez más jóvenes, pues se tiene registro de personas que van de los 12
a los 18 años.

Esta
modificación al Código Penal –refirió el legislador- es necesaria ya que hay
sustancias que pueden adquirirse fácilmente ya sea en ferreterías, tiendas de
pinturas, autoservicios, tlapalerías, o tiendas de materiales de construcción.

La
pobreza, marginación, la desintegración familiar, el desempleo, la violencia,
entre otros, son factores detonantes que influyen en el consumo de
estupefacientes, subrayó el diputado José Kirsch.

Los
integrantes de la LXIV Legislatura del Estado aprobaron el Dictamen de decreto
que reforma el artículo 164 de la Ley de Educación de Veracruz para señalar que
los particulares deberán refrendar cada cinco
años las autorizaciones o los reconocimientos de validez oficial de
estudios que les hayan sido otorgados, en términos de las disposiciones
reglamentarias aplicables.

En la séptima sesión, fue aprobado este decreto con 39
votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Las diputadas y diputados de las Comisiones Unidas
de Educación y Cultura y Protección Civil consideran que eliminar este trámite
no es la solución, pero para facilitar las actividades educativas sin abandonar
la función rectora del Estado se amplía de tres a cinco años el citado
refrendo.

Además coinciden que deben facilitarse los trámites
y no burocratizarlos. El refrendo de las autorizaciones o los reconocimientos
de validez oficial de estudios que les hayan sido otorgados a planteles y
personal docente deben seguir realizándose y la citada autorización debe tener
una vigencia mayor.

La modificación incluye para el caso del requisito
de uso de suelo sólo será exigible cuando los particulares hayan realizado
remodelaciones, ampliaciones o modificaciones al inmueble o cambio de
domicilio.

Este
Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 18 de enero de este año
la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón.

El
diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo
en el que pide, al Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) del Gobierno Federal, para que se suprima la caseta de
cobro número 43 Puente Tecolutla, ubicada en el km 50 de la Carretera Nacional
180, en el Municipio de Gutiérrez Zamora.

En
tribuna, el legislador del Distrito de Misantla señaló que una infraestructura
carretera moderna y eficiente, eleva la productividad y la competitividad de
las regiones, impulsa el crecimiento económico y detona la creación de empleos.

Reconoció
que la obra carretera de Cardel–Poza Rica en sus tramos Laguna Verde-Nautla y
Nautla-Totomoxtle, representan un avance real en el desarrollo estructural de
la zona norte de Veracruz, con ésta, nuevos sitios activarán su potencial
turístico, industrial, comercial, sus actividades agropecuarias, pesca y
servicios, añadió.

El
diputado Cuevas Hernández dijo que es necesario valorar el impacto negativo al
que se enfrentarán los comerciantes y prestadores de servicios de la que será
la carretera alterna, ya que ahora las dos carreteras que prestarán servicio en
la zona norte de Veracruz y representarán un gasto de peaje obligatorio, lo
cual no tendría que existir, pues condiciona la posibilidad del libre tránsito
a quienes no disponen de dinero y tienen algún punto de venta a orilla de
carretera.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su trámite
correspondiente.