El
diputado del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
José Kirsch Sánchez, presentó una iniciativa de reforma al artículo 76 Bis de
la Constitución Política del Estado de Veracruz, que tiene como objetivo
sancionar administrativamente a aquellos representantes de elección popular,
que en sus funciones incumplan con los compromisos y promesas hechas en campaña
previa a su elección, siempre y cuando dicho incumplimiento sea inherente a
ellos.

Las
sanciones que se harían acreedores consistirían en amonestaciones, suspensión,
destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas y deberán
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por
los actos u omisiones.

La
ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos
actos u omisiones.

En
la tribuna, el legislador José Kirsch dijo que es necesario sancionar a quienes
defrauden a los electores, “aquellos que practican la demagogia en las campañas
electorales, lucrando y creando falsas expectativas, por lo cual proponga que
no puedan ejercer cualquier desempeño laboral en los diferentes niveles de
gobierno”, añadió.

Subrayó
que el incumplimiento de las promesas y compromisos de campaña de aquellos
candidatos que ganaron la elección, no sólo lastima la credibilidad en la
política, sino que debilita el estado de derecho y se pierde la fe en las
instituciones.

Esta
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente.

-Propone libre
decisión de usuarios de salud y exclusión de responsabilidad penal al prestador
de los servicios-

El
diputado José Kirsch, también, presentó la iniciativa que busca reformar el
artículo 47 de la Ley de Salud del Estado para que el usuario de los servicios
de salud pueda decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos ofrecidos.

De
igual forma, cuando exista consentimiento informado y aceptado, mediante firma
por parte del usuario o por los familiares, de los riesgos que conlleva
determinado tratamiento médico o intervención quirúrgica y éstos se lleven a
cabo en estricto apego a las Normas Oficiales Mexicanas, se excluirá de
responsabilidad penal al prestador de los servicios de salud.

El
legislador propone establecer que, en caso de urgencia o que el usuario se
encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización
para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante
legal; en caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de
salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario,
dejando constancia en el expediente clínico.

En
tribuna, Kirsch Sánchez, refirió que
según informes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el año 2016,
ésta recibió alrededor de dos mil acusaciones por parte de pacientes que se
quejaron por malas prácticas médicas.

La diputada Regina
Vázquez Saut, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), presentó una iniciativa de Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado
y Áreas Verdes Urbanas para el Estado, con la finalidad de normar, regular y
promover en la entidad el incremento, desarrollo, conservación, protección,
mantenimiento, manejo, preservación y restitución de palmas y árboles en zonas
urbanas.

En tribuna dijo que Veracruz
es uno de los estados más ricos en ecosistemas, a pesar que gran parte de su biodiversidad ha sido
aniquilada, lo que ha generado que sus ríos, lagunas y mantos freáticos estén
contaminados por los desechos industriales y humanos, además de las afecciones
climáticas, no sólo de Veracruz, sino de México.

Vázquez Saut subrayó
que en México actualmente se talan alrededor de 18 árboles al día en promedio y
cada año se pierde el 15 por ciento de las áreas verdes debido a los excesos de urbanización de las ciudades y la falta de
previsión del cuidado del medio ambiente, esto principalmente por la falta de
un reglamento en los municipios.

En tal razón, la
iniciativa contempla que la Secretaría del Medio Ambiente del Estado (SEDEMA)
tenga las atribuciones de colocar árboles y palmas en zonas urbanas y con ello
reducir las afectaciones ambientales que generan diversos fenómenos
ambientales, además de brindar frescura a los seres humanos ya que estos
proporcionan sombra, oxígeno, humedad y además permiten el embellecimiento de
senderos, avenidas y calles.

Además se prevé la
creación de un reglamento mediante el cual los 212 Ayuntamientos estarían
obligados a instaurarlo.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático para su estudio y dictamen correspondiente.

En
seguimiento al expediente clínico de las y los trabajadores del Congreso del
Estado y para detectar oportunamente cualquier padecimiento y actuar en
consecuencia, se realiza la Segunda Jornada de Salud con el apoyo de la
Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Veracruz,
y correspondió al Secretario General de este Poder, Juan José Rivera Castellanos,
inaugurarla.

Con
la participación del diputado José Kirsch Sánchez, presidente de la Comisión
Permanente de Salud y Asistencia del Congreso del Estado, el Secretario Juan
José Rivera, subrayó que esta administración se ha preocupado por implementar
campañas de salud, de manera constante, en beneficio de las y los trabajadores,
así como de sus familias, ya que es de suma importancia garantizar y sobre todo
detectar a tiempo cualquier padecimiento a fin de prevenir afectaciones a la
salud o el deterioro de esta.

Destacó
la importancia de reconocer, con la ayuda profesional adecuada, cuando hay un
problema o padecimiento y la necesidad de darle la debida atención médica o
clínica, de atenderse a tiempo, ya que sólo esa será la solución para cualquier
afectación al organismo.

Por
su parte y tras agradecer el apoyo del Delegado Regional del IMSS, Israel
García Iñiguez, para la realización de esta Jornada, el Jefe del Servicio
Médico del Congreso Local, Héctor Rodríguez Cosco, anunció que en esta ocasión
se lleva a cabo la valoración del estado nutricional; detección oportuna de
enfermedades; salud reproductiva; atención y orientación al derechohabiente;
afiliación y vigencia; activación física y salud y seguridad en el trabajo.

Participaron,
en la coordinación y aplicación de las acciones de esta jornada de salud, los doctores de la Unidad Médica Familiar número 66, Víctor
Hugo Flores Marín y de la número 10, Artemio Hernández Torres.

La
diputada del Grupo Legislativo de MORENA, en el Congreso de Veracruz, Guadalupe
Osorno Maldonado, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Salud del Estado para el impulso de acciones
encaminadas a un estilo de vida saludable, basada en la alimentación saludable,
activación física y el cese de los hábitos de consumo de tabaco y alcohol.

En
la décima sesión ordinaria, la diputada propone incluir en la ley de salud que
“estilos de vida saludable” serían el conjunto
de actividades y elecciones conscientes que una persona, pueblo, grupo social y
familia realiza adiario con determinada frecuencia para prevenir y conservar su
salud; y que depende de sus necesidades, posibilidades económicas, entre otros factores.

Estas actividades de prevención se planearán
enfocadas a establecer un estilo de vida saludable en la población, como
prevención general de las enfermedades no transmisibles, con excepción de los
casos especiales que requieran especificaciones más puntuales, señala la
iniciativa.

La legisladora Osorno Maldonado expuso que el
Gobierno de Veracruz debe asumir la posición de emprender todas las acciones
necesarias para que las elecciones de la población sean mucho más sencillas y
faciliten la adquisición de hábitos y estilos de vida que preserven su salud.

Dijo que otras de las metas prioritarias que abonan a
la sanidad pública es corregir las desigualdades sanitarias y las limitaciones
que las personas tienen para el acceso a los servicios de salud.

Recordó que de acuerdo a cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), recopilan que en 2016 en Veracruz
murieron 9 mil 172 personas por Diabetes Mellitus Tipo II, lo que representa
que cada día se perdió la vida de 25 mujeres y hombres por esta enfermedad.

En seguimiento al expediente clínico de las y los trabajadores del Congreso del Estado y para detectar oportunamente cualquier padecimiento y actuar en consecuencia, se realiza la Segunda Jornada de Salud con el apoyo de la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Veracruz, y correspondió al Secretario General de este Poder, Juan José Rivera Castellanos, inaugurarla.

Con la participación del diputado José Kirsch Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso del Estado, el Secretario Juan José Rivera, subrayó que esta administración se ha preocupado por implementar campañas de salud, de manera constante, en beneficio de las y los trabajadores, así como de sus familias, ya que es de suma importancia garantizar y sobre todo detectar a tiempo cualquier padecimiento a fin de prevenir afectaciones a la salud o el deterioro de esta.

Destacó la importancia de reconocer, con la ayuda profesional adecuada, cuando hay un problema o padecimiento y la necesidad de darle la debida atención médica o clínica, de atenderse a tiempo, ya que sólo esa será la solución para cualquier afectación al organismo.

Por su parte y tras agradecer el apoyo del Delegado Regional del IMSS, Israel García Iñiguez, para la realización de esta Jornada, el Jefe del Servicio Médico del Congreso Local, Héctor Rodríguez Cosco, anunció que en esta ocasión se lleva a cabo la valoración del estado nutricional; detección oportuna de enfermedades; salud reproductiva; atención y orientación al derechohabiente; afiliación y vigencia; activación física y salud y seguridad en el trabajo.

Participaron, en la coordinación y aplicación de las acciones de esta jornada de salud, los doctores de la Unidad Médica Familiar número 66, Víctor Hugo Flores Marín y de la número 10, Artemio Hernández Torres.

Para concluir la base cuarta de la convocatoria para la elección del titular de la Contraloría General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), del Estado de Veracruz, la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales del Congreso del Estado, presidida por el diputado Sebastián Reyes Arellano, realizó la entrevista del aspirante Raúl Aurelio Hernández Baltazar y con ello se cumplió y garantizó su derecho de audiencia.

Conforme a la convocatoria, la Comisión antes citada elaborará un Informe de las entrevistas llevadas a cabo y lo remitirá a la Junta de Coordinación Política para el trámite conducente.

En homenaje a la mexicana Frida Kahlo, en el
111 aniversario de su nacimiento, fue inaugurada la exposición colectiva
multidisciplinaria Alas para Volar, coordinada por el maestro Jesús Saí Nolasco
Triana, que reúne el trabajo de más de 65 artistas plásticos latinoamericanos,
que bajo diversas técnicas y formatos expresaron su admiración, homenaje e
inspiración por la vida y la obra de esta pintora.

Instalada en los espacios del Palacio
Legislativo, esta muestra que lo mismo contiene fotografía, pintura, escultura,
y técnicas mixtas, fue recorrida por un numeroso público que, también, disfruto
de la interpretación musical y bailables del Son Jarocho, como de una muestra
gastronómica y artesanal.

En homenaje a la mexicana Frida Kahlo, en el 111 aniversario de su nacimiento, fue inaugurada la exposición colectiva multidisciplinaria Alas para Volar, coordinada por el maestro Jesús Saí Nolasco Triana, que reúne el trabajo de más de 65 artistas plásticos latinoamericanos, que bajo diversas técnicas y formatos expresaron su admiración, homenaje e inspiración por la vida y la obra de esta pintora.

Instalada en los espacios del Palacio Legislativo, esta muestra que lo mismo contiene fotografía, pintura, escultura, y técnicas mixtas, fue recorrida por un numeroso público que, también, disfruto de la interpretación musical y bailables del Son Jarocho, como de una muestra gastronómica y artesanal.

La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, a través
de la Secretaría General, cumplió con la información para el Censo Nacional de
Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2018, que estuvo a cargo del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Así lo informó el Secretario General del Congreso de
Veracruz, Juan José Rivera Castellanos, quien subrayó que este Poder recibió
del Coordinador estatal del INEGI, Juan Manuel
Yglesias López, la notificación del cumplimiento.

El CNPLE, explicó el funcionario del Congreso local,
tiene como objeto generar información estadística y geográfica sobre la gestión
y desempeño de las Legislaturas a fin que ésta pueda vincularse con el quehacer
gubernamental en el proceso, diseño e implementación de políticas públicas a
nivel nacional.

Además, agregó, en este ciclo de políticas públicas
debe destacarse la evaluación, ya que esto permite el monitoreo para saber si
funciona o hay que corregirla.

El secretario Juan José Rivera indicó que esta
administración ha hecho un gran esfuerzo en todas las áreas del Congreso del
Estado; aunado al cumplimiento en materia de transparencia y rendición de
cuentas, también se ha abonado a este tipo de ejercicios ya que –consideró- son
necesarios para compartir datos que permitan la eficiencia gubernamental.

El resultado de este Censo podrá consultarse
libremente en la página www.inegi.org.mx a partir del mes de diciembre
de este año.

La LXIV Legislatura del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría General, cumplió con la información para el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2018, que estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Así lo informó el Secretario General del Congreso de Veracruz, Juan José Rivera Castellanos, quien subrayó que este Poder recibió del Coordinador estatal del INEGI, Juan Manuel Yglesias López, la notificación del cumplimiento.

El CNPLE, explicó el funcionario del Congreso local, tiene como objeto generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las Legislaturas a fin que ésta pueda vincularse con el quehacer gubernamental en el proceso, diseño e implementación de políticas públicas a nivel nacional.

Además, agregó, en este ciclo de políticas públicas debe destacarse la evaluación, ya que esto permite el monitoreo para saber si funciona o hay que corregirla.

El secretario Juan José Rivera indicó que esta administración ha hecho un gran esfuerzo en todas las áreas del Congreso del Estado; aunado al cumplimiento en materia de transparencia y rendición de cuentas, también se ha abonado a este tipo de ejercicios ya que –consideró- son necesarios para compartir datos que permitan la eficiencia gubernamental.

El resultado de este Censo podrá consultarse libremente en la página www.inegi.org.mx a partir del mes de diciembre de este año.

La LXIV legislatura de Veracruz aprobó este jueves la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés, a través de la cual se adiciona un párrafo al artículo 154 Bis del Código Penal para el Estado, con la finalidad de que en situaciones de violencia intrafamiliar este delito deba perseguirse de oficio, sin distinción en la edad de la víctima.

Rodríguez Cortes destacó que los miembros de una familia gozan de todos los derechos fundamentales entre ellos el de vivir una vida libre de violencia, algo que con pena hasta hoy no ha sido posible desalentar y erradicar, por lo que dijo se trata de un problema social complejo que muchos hogares mexicanos siguen padeciendo.

El legislador señaló que atender oportunamente las causas que generan los conflictos permitirá evitar que más eventos de violencia se lleven a cabo, con el consiguiente beneficio para toda la sociedad.

“El maltrato se presenta muchas veces como un espiral creciente de violencia que se alimenta ante la pasividad o inadecuada respuesta de los organismos competentes, tanto judiciales como policiales, por lo que los efectos de la Ley Penal para cortar ese espiral, son enormemente importantes. La idea es desalentar al infractor, evitar la recurrencia y sancionar la conducta reiterativa”, apuntó.

Asimismo, establece que el delito de violencia familiar no debería considerarse como una acción agravante de otro delito, sino como una conducta típica, antijurídica y culpable, independiente, que transgrede diversos bienes jurídicos tutelados por la norma vigente, como son la seguridad de la familia y la integridad personal de los individuos que la integran.

Por lo anterior, el citado párrafo queda de la siguiente manera:

“A quién hubiese sido sancionado por este delito y reincidiera en el mismo, el juez que haya conocido del asunto, evaluando las circunstancias del caso concreto y de considerar que es repetitiva la conducta infractora, podrá elevar las sanciones corporales hasta el doble; asimismo, podrá imponer si lo considera pertinente, previa solicitud del agraviado, trabajo

comunitario a favor de otras víctimas de este delito. Este delito se perseguirá de oficio sea cual fuere el medio o el sujeto que formule la denuncia”.

Con ello se logra que no haya perdón al agresor de los integrantes de una familia y a quien reincida se aumente las sanciones.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen por el que se reforman las leyes de Salud y del Poder Ejecutivo estatal que faculta a la Secretaría de Salud (SS) del Estado para vigilar, acreditar y certificar a todas aquellas instituciones públicas o laboratorios clínicos privados, que realicen pruebas en genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

El decreto señala que las instituciones públicas o laboratorios clínicos privados, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud. Los establecimientos deberán acreditar experiencia, capacidad y conocimiento sobre genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

El Pleno aprobó con 33 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones, este Dictamen que a su vez señala que la SS deberá expedir convocatoria pública, para que las instituciones públicas de salud y laboratorios clínicos privados que estén interesadas en obtener el certificado puedan realizar el procedimiento correspondiente.

La Secretaría de Salud, deberá hacer público en los portales de internet las instituciones públicas y laboratorios clínicos privados que cuenten con dicha certificación.

Por otra parte, se otorga atribuciones al titular de la Secretaría de Salud para proveer lo conducente en la vigilancia, acreditación y certificación de todas aquellas instituciones públicas o laboratorios clínicos privados, que realicen pruebas en genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentaron el 4 de Junio de 2018 los diputados José Kirsch Sánchez, Luisa Ángela Soto Maldonado, Cinthya Amaranta Lobato Calderón, Bingen Rementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y Gregorio Murillo Uscanga.

-Avalan diputados (as) atención materno infantil-

Con el objetivo de reducir los índices de mortalidad materna debido a complicaciones en el embarazo o a una deficiente atención en el embarazo, parto y puerperio, el Pleno del

Congreso de Veracruz aprobó el Decreto que reforma el artículo 59 de la Ley de Salud del Estado para transitar hacia la cobertura total de los servicios materno-infantil.

De esta manera se establece que la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna abarca el periodo que va del embarazo, parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones: la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo, en caso de ser solicitado por ésta, la atención psicológica que requiera; la prevención de la transmisión del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal y la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo integral, incluyendo atención prenatal, nutrición adecuada, promoción de la vacunación oportuna y prevención de enfermedades.

Así como la revisión ocular y del oído en el recién nacido y si en la revisión del recién nacido se tiene alguna sospecha por parte del médico tratante de displasia de cadera, se deberá realizar examen clínico y radiografía anteposterior de pelvis, y de ser necesario, ultrasonido de cadera.

Este Decreto, aprobado con 31 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, es resultado de la iniciativa que presentaron el 4 de enero de 2018 las y los diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).

Al fijar el posicionamiento del Grupo Legislativo del PAN, la diputada Mariana Dunyaska Garcia Rojas dijo que esta modificación viene a reforzar el otorgamiento de servicios de salud en igualdad de condiciones. Anunció el voto a favor, ya que representa hacer lo correcto en favor de la salud de las mujeres y niñas, así como generar tranquilidad a las familias veracruzanas.

El presidente de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso local, diputado José Kirsch Sánchez, presentó la iniciativa que adiciona diversas fracciones al artículo 63 de la Ley de Salud del Estado, a efecto de homologar la legislación estatal con la federal y establecer la obligatoriedad de que exista por lo menos un banco de leche materna en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales.

El diputado José Kirsch dijo que, el artículo 64 de la Ley General de Salud señala que las entidades federativas deberán establecer al menos un banco de leche humana en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales. “En México existen 22 bancos de leche humana funcionando, los cuales reciben leche de donadoras y la pasteurizan para brindarla a recién nacidos que la necesitan” añadió.

En su iniciativa, el legislador propone que en la organización de los servicios de salud, destinados a la atención materno infantil, las autoridades sanitarias establecerán procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios y acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para que la lactancia materna sea alimento exclusivo, durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida.

De igual manera, deberá establecerse al menos el citado Banco de Leche Humanos en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales; acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de cinco años, y acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

El diputado expuso que, según el informe publicado por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAESA), que componen el Grupo Interinstitucional sobre la Estimación de la Mortalidad en la Niñez, 60 millones de niños morirán antes de cumplir cinco años, entre 2017 y 2030.

Donar leche humana ayuda a salvar la vida de un gran número de bebés prematuros o enfermos, indicó Kirsch Sánchez, quien añadió que todas las mujeres que amamantan pueden ser donadoras, regalando su leche para alimentar a bebés que no pueden recibirla directamente de sus madres.

El diputado Rodolfo Corpi Lara presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal a que, a nombre del Gobierno del Estado, atienda y gestione ante el Gobierno Federal lo relativo a la creación de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos, incluyendo para ello el convenio de colaboración que para el caso deba signarse e incluirse en los Presupuestos de Egresos 2019, tanto del Estado como de la Federación.

En la tribuna, durante la novena sesión ordinaria, el legislador recordó que en noviembre de 2014 y con la intención de satisfacer la necesidad de elevar la matrícula de educación superior tecnológica y en cumplimiento al Programa Sectorial de Educación, la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), sometió a consideración de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la posibilidad de autorizar la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos (UPC), en la localidad de Guillermo Prieto, municipio de Coatzacoalcos.

Dijo que fue así como la SEV envió el Estudio de Factibilidad a la SEP, donde a partir del cual la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), y con la revisión técnico-pedagógica de los programas académicos, a cargo del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE), consideró procedente, la creación de esta Universidad, ya que cumplía con los criterios e indicadores establecidos en los Procedimientos para la Conciliación de Oferta y Demanda de Educación Superior.

Señaló que, en agosto de 2015, ya se habían cumplido con las etapas solicitadas y el Gobierno estatal, a través de un oficio, ratificó la petición y determinó estar en absoluta disponibilidad para suscribir los documentos jurídicos necesarios.

El Comité Pro- Fundación UPC, consiguió instalaciones provisionales en la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 155 y en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial CBTIS 85, en el turno vespertino y en el turno sabatino para impartir los talleres, ubicados en el Ejido Colorado, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, motivando con ello la visita de un supervisor a las instalaciones provisionales, así como al terreno donado por los ejidatarios para la construcción de la universidad, añadió.

A la fecha, no se han concluido los trámites y ante ello el diputado enfatizó que resulta inaceptable que la juventud veracruzana se vea privada de una opción educativa por falta de gestión y más aún cuando hay compromisos para apoyar la educación.

La diputada Angélica Pineda Pérez, presentó ante el Pleno de la LXIV Legislatura una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma diversos incisos y una fracción del Artículo 65 de la Constitución Política del Estado para establecer que corresponderá al Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocer de las acciones por “omisión legislativa” cuando la interpongan el Gobernador del Estado, cualquier Ayuntamiento de la entidad o todo ciudadano veracruzano, sin necesidad de acreditar interés jurídico alguno.

La propuesta de la diputada destaca que cualquier Ayuntamiento podría interponer la acción por omisión legislativa y no como actualmente está, que señala como requisito al menos la tercera parte del total de ayuntamientos de la entidad. De igual forma pretende incorporar el derecho de cualquier ciudadano a presentar esta acción y que sea el Poder Judicial quien lo resuelva.

En la tribuna, la legisladora subrayó que en tiempos recientes, el Congreso Federal y las legislaturas estatales han tenido deficiencias en cuanto hace a las actualizaciones o la armonización de los cuerpos legales, “atribuibles a diferentes causas, algunas pueden ser consideradas de manera, consiente, otras por indolencia o negligencia o simple y sencillamente por insuficiencia legislativa”.

Ante esto, se acuño el término de omisión legislativa, continuó Pineda Pérez, que no es más que:la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo excesivo, de aquéllas normas de obligatorio y concreto desarrollo, de forma que impide la eficaz aplicación y efectividad del texto constitucional, esto es, incumple con el desarrollo de determinadas cláusulas constitucionales, a fin de tornarlas operativas, y esto sucede cuando el silencio del legislador altera el contenido normativo, o provoca situaciones contrarias a la Constitución.

En la actualidad, la Constitución Federal no contempla esta figura legal, aunque es importante señalar que recientemente este elemento normativo fue reconocido a nivel local, con el afán de hacer efectiva su tutela y defensa constitucional.

Es de resaltar, dijo, que este instrumento legal fue instaurado por primera vez en la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Veracruz, por lo que a la entidad se le reconoce como la pionera en la materia, pero sobre todo dio ejemplo en materia legislativa y

constitucional, abriendo pasó al novedoso e importante, derecho procesal constitucional local.

A pesar de contar con este precepto en nuestra constitución, es necesario mencionar, señaló ante el Pleno, que no hay legislación reglamentaria de este mecanismo de control, pero no existe impedimento alguno para ejercitar la acción y resolverse mediante la aplicación directa del texto constitucional, sin embargo, no deja de hacerse necesaria.

Lo que aquí se propone, concluyó; tiene como finalidad disminuir el número mínimo de municipios necesarios para promover la acción y del mismo modo ampliar el espectro de los sujetos legitimados para interponerla.

La iniciativa fue turnada para su estudio y análisis a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado Rogelio Arturo Rodríguez García presentó una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento al Empleo del Estado de Veracruz con el objetivo que los jóvenes veracruzanos puedan obtener su primer empleo a partir de los 15 años.

El legislador detalló que el servicio social o las prácticas profesionales son el inicio de oportunidades, que ayudarían a frenar las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con mayor desempleo entre la población de 15 a 24 años.

En tal razón, la iniciativa contempla que la edad mínima para que los menores puedan desempeñar una actividad laboral, sea de 15 años cumplidos y así garantizar el pleno desarrollo físico y psicológico de los menores y no frenar el inicio de su vida laboral.

Además de fomentar, dentro del sector público y privado, sin distinción de género, la contratación de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, así como de recién egresados del nivel Medio Superior, Técnico Superior y Educación Superior del Estado.

El diputado Rodríguez García, indicó que se promoverá la creación de nuevos puestos para los jóvenes con estudios de nivel de técnico superior o de educación superior y puedan acceder a un empleo de calidad, acorde a sus perfiles.

Mientras que los jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de educación superior que acrediten su servicio social o sus prácticas profesionales dentro de la empresa, negocio o dependencia del sector público o privado, tendrán derecho de preferencia a un puesto de nueva creación sin distinción de género.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, para su análisis.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz reformó el Código Penal del Estado para imponer pena de prisión de cinco a diez años y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien, aprovechándose de la confianza depositada en él, difunda, revele, transmita, reproduzca imágenes o audiovisuales, con contenido pornográfico, sin el consentimiento de la persona que deba otorgarlo.

La reforma incluye que cuando exista ánimo lucrativo en la revelación del contenido a que se refiere el párrafo anterior, la pena de prisión se aumentará hasta en una mitad adicional.

El Decreto establece la imposición de dos a diez años de prisión y multa de 100 a 200 UMA a quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido pornográfico y las revele o difunda con fines de lucro y sin el consentimiento de la persona que expresamente puede otorgarlo, en perjuicio de su intimidad.

Las y los legisladores avalaron con 33 votos a favor, sin votos en abstención o en contra, este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 28 de mayo de este año la diputada Regina Vázquez Saut.

El Dictamen señala el Código Penal del Estado, solo tipifica la obtención o divulgación de imágenes, conversaciones, videos o grabaciones cuando son obtenidas sin consentimiento de la víctima, sin proteger aquellos casos en los cuales la entrega de dicha información se realiza en el plano de la confianza y ésta es difundida contra su voluntad, quedando excluida la punibilidad de tal conducta.

Al fijar el posicionamiento a nombre del Grupo Legislativo del PAN, la diputada Regina Vázquez Saut dijo que esta reforma significa un paso importante para la dignificación humana. Añadió que con las nuevas tecnologías bastan 30 segundos para acabar con la tranquilidad de una persona y que en ocasiones termina en tragedia, por lo que destacó la importancia de esta reforma que vendrá a sentar bases para evitarlo.

El
diputado Luis Daniel Olmos Barradas presentó una iniciativa, con proyecto de
decreto, que reforma diversas fracciones de la Ley Orgánica de Municipio Libre,
con el objetivo de armonizar la Ley y dar la atribución a los Órganos Internos
de Control (OIC), de los propios Ayuntamientos, para llevar el registro de la
situación y evolución patrimonial de los servidores públicos municipales.

En
tribuna, el legislador recordó que el eje rector de la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción fue como una instancia de coordinación entre las
autoridades encargadas de la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la
fiscalización y control de recursos públicos, en el cual participa la sociedad
a través de un Comité de Participación Ciudadana.

En
tal razón, se creó el Sistema Local Anticorrupción del Estado de Veracruz, que
tiene las atribuciones de instaurar el procedimiento para determinar la
evolución patrimonial, declaración de intereses y presentación de las
declaraciones fiscales de todos los servidores públicos, a través de un balance
de sus percepciones reales, gastos y adquisiciones con el fin de detectar
posibles enriquecimientos ilícitos.

Con
esta reforma, se busca eliminar la atribución del Congreso del Estado para
llevar el registro de las declaraciones patrimoniales de los servidores
públicos municipales; toda vez que ante la puesta en marcha del Sistema
Anticorrupción, esta facultad descansa ahora en los Órganos Internos de Control
Municipales y no en el Poder Legislativo.

El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz reformó el Código Penal del Estado
para imponer pena de prisión de cinco a diez años y multa de 200 a 500 Unidades
de Medida y Actualización (UMA), a quien, aprovechándose de la confianza depositada en él, difunda, revele,
transmita, reproduzca imágenes o audiovisuales, con contenido pornográfico, sin
el consentimiento de la persona que deba otorgarlo.

La reforma incluye que cuando exista ánimo lucrativo
en la revelación del contenido a que se refiere el párrafo anterior, la pena de
prisión se aumentará hasta en una mitad adicional.

El
Decreto establece la imposición de dos a diez años de prisión y multa de 100 a
200 UMA a quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o
grabaciones de voz o audiovisuales de contenido pornográfico y las revele o
difunda con fines de lucro y sin el consentimiento de la persona que
expresamente puede otorgarlo, en perjuicio de su intimidad.

Las
y los legisladores avalaron con 33 votos a favor, sin votos en abstención o en
contra, este Decreto, resultado de la iniciativa que presentó el 28 de mayo de este año la diputada Regina Vázquez Saut.

El
Dictamen señala el Código Penal del Estado, solo tipifica la obtención o
divulgación de imágenes, conversaciones, videos o grabaciones cuando son
obtenidas sin consentimiento de la víctima, sin proteger aquellos casos en los
cuales la entrega de dicha información se realiza en el plano de la confianza y
ésta es difundida contra su voluntad, quedando excluida la punibilidad de tal
conducta.

Al
fijar el posicionamiento a nombre del Grupo Legislativo del PAN, la diputada
Regina Vázquez Saut dijo que esta reforma significa un paso importante para la
dignificación humana. Añadió que con las nuevas tecnologías bastan 30 segundos
para acabar con la tranquilidad de una persona y que en ocasiones termina en
tragedia, por lo que destacó la importancia de esta reforma que vendrá a sentar
bases para evitarlo.

La
diputada Angélica Pineda Pérez, presentó ante el Pleno de la LXIV Legislatura
una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma diversos incisos
y una fracción del Artículo 65 de la Constitución Política del Estado para
establecer que corresponderá al Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocer
de las acciones por “omisión legislativa” cuando la interpongan el Gobernador
del Estado, cualquier Ayuntamiento de la entidad o todo ciudadano veracruzano,
sin necesidad de acreditar interés jurídico alguno.

La
propuesta de la diputada destaca que cualquier Ayuntamiento podría interponer
la acción por omisión legislativa y no como actualmente está, que señala como
requisito al menos la tercera parte del total de ayuntamientos de la entidad.
De igual forma pretende incorporar el derecho de cualquier ciudadano a
presentar esta acción y que sea el Poder Judicial quien lo resuelva.

En la tribuna, la
legisladora subrayó que en tiempos recientes, el Congreso Federal y las legislaturas
estatales han tenido deficiencias en cuanto hace a las actualizaciones o la
armonización de los cuerpos legales, “atribuibles a diferentes causas, algunas
pueden ser consideradas de manera, consiente, otras por indolencia o
negligencia o simple y sencillamente por insuficiencia legislativa”.

Ante
esto, se acuño el término de omisión legislativa, continuó Pineda Pérez, que no
es más que:la falta de desarrollo
por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo excesivo, de aquéllas normas
de obligatorio y concreto desarrollo, de forma que impide la eficaz aplicación
y efectividad del texto constitucional, esto es, incumple con el desarrollo de
determinadas cláusulas constitucionales, a fin de tornarlas operativas, y esto
sucede cuando el silencio del legislador altera el contenido normativo, o
provoca situaciones contrarias a la Constitución.

En
la actualidad, la Constitución Federal no contempla esta figura legal, aunque
es importante señalar que recientemente este elemento normativo fue reconocido
a nivel local, con el afán de hacer efectiva su tutela y defensa
constitucional.

Es
de resaltar, dijo, que este instrumento legal fue instaurado por primera vez en
la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Veracruz, por lo
que a la entidad se le reconoce como la pionera en la materia, pero sobre todo
dio ejemplo en materia legislativa y constitucional, abriendo pasó al novedoso
e importante, derecho procesal constitucional local.

A pesar de contar con
este precepto en nuestra constitución, es necesario mencionar, señaló ante el
Pleno, que no hay legislación reglamentaria de este mecanismo de control, pero
no existe impedimento alguno para ejercitar la acción y resolverse mediante la
aplicación directa del texto constitucional, sin embargo, no deja de hacerse
necesaria.

Lo que aquí se
propone, concluyó; tiene como finalidad disminuir el número mínimo de
municipios necesarios para promover la acción y del mismo modo ampliar el
espectro de los sujetos legitimados para interponerla.

La iniciativa fue
turnada para su estudio y análisis a la Comisión Permanente de Justicia y
Puntos Constitucionales.

El
diputado Rogelio Arturo Rodríguez García presentó una iniciativa de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento al Empleo del
Estado de Veracruz con el objetivo que los jóvenes veracruzanos puedan obtener
su primer empleo a partir de los 15 años.

El
legislador detalló que el servicio social o las prácticas profesionales son el
inicio de oportunidades, que ayudarían a frenar las estadísticas de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que
México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con mayor desempleo entre la
población de 15 a 24 años.

En
tal razón, la iniciativa contempla que la edad mínima para que los menores
puedan desempeñar una actividad laboral, sea de 15 años cumplidos y así garantizar
el pleno desarrollo físico y psicológico de los menores y no frenar el inicio
de su vida laboral.

Además
de fomentar, dentro del sector público y privado, sin
distinción de género, la contratación de jóvenes entre 15 y 29 años de edad,
así como de recién egresados del nivel Medio Superior, Técnico Superior y
Educación Superior del Estado.

El
diputado Rodríguez García, indicó que se promoverá la creación de nuevos
puestos para los jóvenes con estudios de nivel de técnico superior o de
educación superior y puedan acceder a un empleo de calidad, acorde a sus
perfiles.

Mientras
que los jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de
educación superior que acrediten su servicio social o sus prácticas
profesionales dentro de la empresa, negocio o dependencia del sector público o
privado, tendrán derecho de preferencia a un puesto de nueva creación sin distinción
de género.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social,
para su análisis.

La
LXIV legislatura de Veracruz aprobó este jueves la iniciativa con proyecto de
decreto presentada por el diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés, a
través de la cual se adiciona un párrafo al artículo 154 Bis del Código Penal para
el Estado, con la finalidad de que en situaciones de violencia intrafamiliar
este delito deba perseguirse de oficio, sin distinción en la edad de la
víctima.

Rodríguez
Cortes destacó que los miembros de una familia gozan de todos los derechos
fundamentales entre ellos el de vivir una vida libre de violencia, algo que con
pena hasta hoy no ha sido posible desalentar y erradicar, por lo que dijo se
trata de un problema social complejo que muchos hogares mexicanos siguen
padeciendo.

El
legislador señaló que atender oportunamente las causas que generan los
conflictos permitirá evitar que más eventos de violencia se lleven a cabo, con
el consiguiente beneficio para toda la sociedad.

“El
maltrato se presenta muchas veces como un espiral creciente de violencia que se
alimenta ante la pasividad o inadecuada respuesta de los organismos
competentes, tanto judiciales como policiales, por lo que los efectos de la Ley
Penal para cortar ese espiral, son enormemente importantes. La idea es
desalentar al infractor, evitar la recurrencia y sancionar la conducta
reiterativa”, apuntó.

Asimismo,
establece que el delito de violencia familiar no debería considerarse como una
acción agravante de otro delito, sino como una conducta típica, antijurídica y
culpable, independiente, que transgrede diversos bienes jurídicos tutelados por
la norma vigente, como son la seguridad de la familia y la integridad personal
de los individuos que la integran.

Por
lo anterior, el citado párrafo queda de la siguiente manera:

“A
quién hubiese sido sancionado por este delito y reincidiera en el mismo, el
juez que haya conocido del asunto, evaluando las circunstancias del caso
concreto y de considerar que es repetitiva la conducta infractora, podrá elevar
las sanciones corporales hasta el doble; asimismo, podrá imponer si lo
considera pertinente, previa solicitud del agraviado, trabajo comunitario a
favor de otras víctimas de este delito. Este delito se perseguirá de oficio sea
cual fuere el medio o el sujeto que formule la denuncia”.

Con
ello se logra que no haya perdón al agresor de los integrantes de una familia y
a quien reincida se aumente las sanciones.

El
diputado Rodolfo Corpi Lara presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un
anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal a que, a
nombre del Gobierno del Estado, atienda y gestione ante el Gobierno Federal lo
relativo a la creación de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos,
incluyendo para ello el convenio de colaboración que para el caso deba signarse
e incluirse en los Presupuestos de Egresos 2019, tanto del Estado como de la
Federación.

En
la tribuna, durante la novena sesión ordinaria, el legislador recordó que en
noviembre de 2014 y con la intención de satisfacer la necesidad de elevar la matrícula
de educación superior tecnológica y en cumplimiento al Programa Sectorial de
Educación, la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), sometió a
consideración de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la posibilidad de
autorizar la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos (UPC), en la localidad de
Guillermo Prieto, municipio de Coatzacoalcos.

Dijo
que fue así como la SEV envió el Estudio de Factibilidad a la SEP, donde a
partir del cual la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior
(COEPES), y con la revisión técnico-pedagógica de los programas académicos, a
cargo del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE), consideró
procedente, la creación de esta Universidad, ya que cumplía con los criterios e
indicadores establecidos en los Procedimientos para la Conciliación de Oferta y
Demanda de Educación Superior.

Señaló
que, en agosto de 2015, ya se habían cumplido con las etapas solicitadas y el
Gobierno estatal, a través de un oficio, ratificó la petición y determinó estar
en absoluta disponibilidad para suscribir los documentos jurídicos necesarios.

El
Comité Pro- Fundación UPC, consiguió instalaciones provisionales en la Escuela
Secundaria Técnica Agropecuaria No. 155 y en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial CBTIS 85, en el turno vespertino y en el turno sabatino
para impartir los talleres, ubicados en el Ejido Colorado, perteneciente al
municipio de Coatzacoalcos, motivando con ello la visita de un supervisor a las
instalaciones provisionales, así como al terreno donado por los ejidatarios
para la construcción de la universidad, añadió.

A
la fecha, no se han concluido los trámites y ante ello el diputado enfatizó que
resulta inaceptable que la juventud veracruzana se vea privada de una opción
educativa por falta de gestión y más aún cuando hay compromisos para apoyar la
educación.

El
presidente de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso local,
diputado José Kirsch Sánchez, presentó la iniciativa que adiciona diversas
fracciones al artículo 63 de la Ley de Salud del Estado, a efecto de homologar
la legislación estatal con la federal y establecer la obligatoriedad de que
exista por lo menos un banco de leche materna en los establecimientos de salud
que cuenten con servicios neonatales.

El
diputado José Kirsch dijo que, el artículo 64 de la Ley General de Salud señala
que las entidades federativas deberán establecer al menos un banco de leche
humana en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales.
“En México existen 22 bancos de leche humana funcionando, los cuales reciben
leche de donadoras y la pasteurizan para brindarla a recién nacidos que la
necesitan” añadió.

En
su iniciativa, el legislador propone que en la organización de los servicios de
salud, destinados a la atención materno infantil, las autoridades sanitarias
establecerán procedimientos que permitan la participación activa de la familia
en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios y
acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para
que la lactancia materna sea alimento exclusivo, durante seis meses y
complementario hasta avanzado el segundo año de vida.

De
igual manera, deberá establecerse al menos el citado Banco de Leche Humanos en los
establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales; acciones para
controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos
y las infecciones respiratorias agudas de los menores de cinco años, y acciones
de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras
tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

El
diputado expuso que, según el informe publicado por UNICEF, la Organización
Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la División de Población del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAESA), que componen el Grupo
Interinstitucional sobre la Estimación de la Mortalidad en la Niñez, 60
millones de niños morirán antes de cumplir cinco años, entre 2017 y 2030.

Donar
leche humana ayuda a salvar la vida de un gran número de bebés prematuros o
enfermos, indicó Kirsch Sánchez, quien añadió que todas las mujeres que
amamantan pueden ser donadoras, regalando su leche para alimentar a bebés que
no pueden recibirla directamente de sus madres.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen
por el que se reforman las leyes de Salud y del Poder Ejecutivo estatal que
faculta a la Secretaría de Salud (SS) del Estado para vigilar, acreditar y
certificar a todas aquellas instituciones públicas o laboratorios clínicos
privados, que realicen pruebas en genética molecular del ácido
desoxirribonucleico o ADN.

El
decreto señala que las instituciones públicas o laboratorios clínicos privados,
deberán cumplir con lo establecido en el artículo 17 Bis de la Ley General de
Salud. Los establecimientos deberán acreditar experiencia, capacidad y
conocimiento sobre genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

El
Pleno aprobó con 33 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones, este
Dictamen que a su vez señala que la SS deberá expedir convocatoria pública,
para que las instituciones públicas de salud y laboratorios clínicos privados
que estén interesadas en obtener el certificado puedan realizar el
procedimiento correspondiente.

La
Secretaría de Salud, deberá hacer público en los portales de internet las
instituciones públicas y laboratorios clínicos privados que cuenten con dicha
certificación.

Por
otra parte, se otorga atribuciones al titular de la Secretaría de Salud
para proveer lo conducente en la
vigilancia, acreditación y certificación de todas aquellas instituciones
públicas o laboratorios clínicos privados, que realicen pruebas en genética
molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

Este
Decreto es resultado de la iniciativa que presentaron el 4 de Junio de 2018 los
diputados José Kirsch Sánchez, Luisa Ángela Soto Maldonado, Cinthya Amaranta
Lobato Calderón, Bingen Rementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y
Gregorio Murillo Uscanga.

-Avalan diputados
(as) atención materno infantil-

Con
el objetivo de reducir los índices de mortalidad materna debido a
complicaciones en el embarazo o a una deficiente atención en el embarazo, parto
y puerperio, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó el Decreto que reforma el
artículo 59 de la Ley de Salud del Estado para transitar hacia la cobertura
total de los servicios materno-infantil.

De
esta manera se establece que la
protección materno-infantil y la promoción de la salud materna abarca el
periodo que va del embarazo, parto y puerperio, en razón de la condición de
vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La
atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones:
la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo, en caso de ser solicitado por
ésta, la atención psicológica que requiera; la prevención de la transmisión del
VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas a fin
de evitar la transmisión perinatal y la atención del niño y la vigilancia de su
crecimiento y desarrollo integral, incluyendo atención prenatal, nutrición
adecuada, promoción de la vacunación oportuna y prevención de enfermedades.

Así como la revisión ocular y del oído en el recién
nacido y si en la revisión del recién nacido se tiene alguna sospecha por parte
del médico tratante de displasia de cadera, se deberá realizar examen clínico y
radiografía anteposterior de pelvis, y de ser necesario, ultrasonido de cadera.

Este Decreto, aprobado con 31 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra, es resultado de la iniciativa que presentaron
el 4 de enero de 2018 las y los diputados del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN).

Al
fijar el posicionamiento del Grupo Legislativo del PAN, la diputada Mariana
Dunyaska Garcia Rojas dijo que esta modificación viene a reforzar el
otorgamiento de servicios de salud en igualdad de condiciones. Anunció el voto
a favor, ya que representa hacer lo correcto en favor de la salud de las
mujeres y niñas, así como generar tranquilidad a las familias veracruzanas.

El diputado local José Luis Enríquez Ambell presentó este 28 de Junio un anteproyecto, con Punto de Acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a actuar en favor de los migrantes ante la crisis humanitaria que prevalece en los Estados Unidos.

En tribuna, el también presidente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, recordó que el movimiento de la población es un proceso natural, y de esta forma es como se han poblado muchas regiones, ya que las razones para migrar de sus países de origen son diversas: económicas, por procesos políticos, por violencia, entre otros.

En este sentido, explicó, México expulsa población y es un lugar de tránsito de personas de diversas nacionalidades que se dirigen a los Estados Unidos.

Es por ello que derivado de la situación geográfica que ocupa Veracruz es que no podemos hacer caso omiso del tema a pesar de ser el control migratorio un asunto federal.

En la novena sesión ordinaria, del segundo año de labores, el diputado hizo un llamado a las autoridades federales a velar por el respeto de los derechos humanos de todos, cualquiera que sea su procedencia, aunado a la exigencia por el respeto de nuestros paisanos, ya que ser indocumentado –insistió- no es sinónimo de delincuente como lo ve el Presidente Donald Trump y sus votantes.

“La mayoría de los migrantes buscan mejorar su futuro y el de sus familias, llevan su cultura y costumbres donde van y eso que puede ser positivo también entraña problemas y desencuentros”, concluyó el legislador.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y dictamen correspondiente.

El
diputado local José Luis Enríquez Ambell presentó este 28 de Junio un
anteproyecto, con Punto de Acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a actuar
en favor de los migrantes ante la crisis humanitaria que prevalece en los
Estados Unidos.

En
tribuna, el también presidente de la Comisión Permanente de Procuración de
Justicia, recordó que el movimiento de la población es un proceso natural, y de
esta forma es como se han poblado muchas regiones, ya que las razones para
migrar de sus países de origen son diversas: económicas, por procesos
políticos, por violencia, entre otros.

En
este sentido, explicó, México expulsa población y es un lugar de tránsito de
personas de diversas nacionalidades que se dirigen a los Estados Unidos.

Es
por ello que derivado de la situación geográfica que ocupa Veracruz es que no
podemos hacer caso omiso del tema a pesar de ser el control migratorio un
asunto federal.

En
la novena sesión ordinaria, del segundo año de labores, el diputado hizo un
llamado a las autoridades federales a
velar por el respeto de los derechos humanos de todos, cualquiera que sea su
procedencia, aunado a la exigencia por el respeto de nuestros paisanos, ya que
ser indocumentado –insistió- no es sinónimo de delincuente como lo ve el
Presidente Donald Trump y sus votantes.

“La
mayoría de los migrantes buscan mejorar su futuro y el de sus familias, llevan
su cultura y costumbres donde van y eso que puede ser positivo también entraña
problemas y desencuentros”, concluyó el legislador.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su estudio y dictamen correspondiente.

Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, a través de la diputada Luisa Ángela Soto Maldonado, presentaron la iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz con la finalidad de prevenir la pérdida y mal uso de alimentos en buen estado, fomentar la participación en la producción y transporte altruista en beneficio de la población en situación de pobreza alimentaria.

En la novena sesión ordinaria, del Segundo Año de labores, la diputada planteó esta modificación para incluir en la ley la figura de “donante”, siendo éstas las cadenas comerciales, empresas comercializadoras y toda persona física o moral que se dedique a la producción, transporte, almacenaje y comercialización de alimentos, en los sectores primario, secundario o terciario de la economía, que donen alimentos comestibles no utilizados y en buen estado.

Estarían catalogados como donatarios los bancos de alimentos, las casas de asistencia social para grupos vulnerables, los comedores comunitarios sin fines de lucro y toda asociación civil -legamente constituida- que de manera altruista, recoja, transporte, almacene y distribuya alimentos a personas en situación de pobreza alimentaria.

De esta manera la “redistribución de alimentos” sería la entrega de forma segura, gratuita y altruista, por parte de los donantes a los donatarios y de éstos, a su vez, a personas en situación de pobreza alimentaria, del alimento no utilizado, comestible, en buen estado y susceptible de consumo humano, cuya venta, almacenaje o transportación no sea posible por causas diversas.

Con la finalidad de prevenir la pérdida y el desaprovechamiento de alimentos en buen estado la Secretaría de Medio Ambiente del estado (SEDEMA), fomentará la participación de los sectores privado y social en la redistribución de alimentos a personas en situación de pobreza alimentaria.

La propuesta legislativa señala que bajo ningún supuesto los donantes o donatarios podrán vender o condicionar la entrega de los alimentos a las personas en situación de pobreza alimentaria.

La SEDEMA podrá promover el otorgamiento de estímulos e incentivos a los donantes y donatarios que participen en la redistribución de alimentos.

En tribuna, la diputada Soto Maldonado enfatizó que en México, gracias a la participación social y a políticas de incentivos fiscales que propician la donación de alimentos, se ha desarrollado una amplia red de organizaciones altruistas, que son el vehículo natural en materia de redistribución del alimento en buen estado a los grupos vulnerables.

Refirió que una de las más importantes es la Asociación de Bancos de Alimentos, A.C., conformada por cerca de 60 bancos en diversas regiones, que anualmente benefician a más de 1.3 millones de mexicanos en pobreza alimentaria.

El diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó, ante el Congreso del Estado, la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley número 247 de Educación del Estado de Veracruz para señalar que las autoridades educativas estatales y municipales otorgarán becas a estudiantes de todos los niveles educativos y así incentivar el apoyo a quienes registran un alto rendimiento académico y para que concluyan su formación.

La propuesta legislativa, del diputado Cuevas Hernández, pretende establecer en la ley que las autoridades educativas, estatales y municipales, otorgarán becas a los estudiantes que cursen primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado que acrediten tener un promedio de 9.3 en el ciclo escolar, semestre o equivalente, inmediato anterior, que será entregado directamente a través de los planteles educativos oficiales que cuenten con la Autorización o el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

El titular de la institución de que se trate, sería el responsable directo de entregar las becas a los estudiantes o tutor en su caso, que hayan sido beneficiados, informando a la autoridad educativa respectiva.

De acuerdo a la iniciativa, las autoridades educativas únicamente validarán la información presentada por los aspirantes al beneficio económico, y una vez seleccionados y autorizados, el Ejecutivo Estatal entregará de forma directa las becas, a los titulares de dichas instituciones públicas para los efectos correspondientes.

En la tribuna, el diputado Cuevas Hernández subrayó que la sociedad requiere que sea determinado de forma inmediata, clara y concisa el acceso a los apoyos de becas de promedio de alto rendimiento académico. Los cuales hasta el momento –añadió- se han convertido en trámites engorrosos y demasiado tardados, que en muchos de los casos han sido utilizados con fines de presión social y electoral, ya que han servido para coaccionar el voto hacia un partido político determinado.

El legislador manifestó que en Veracruz hay un abandono escolar de nivel primaria de 1.54 por ciento; de 5.59 por ciento en secundaria y de 10.79 en bachillerato, de acuerdo a datos del Prontuario Estadístico de la SEV, correspondiente al inicio de cursos 2017–2018.

Los motivos de lo anterior son la falta de recursos económicos en casa, por lo que se ven en la imperiosa necesidad de dejar los estudios para ponerse a trabajar, detalló.

El
diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó, ante el Congreso del Estado, la
iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley número 247 de Educación
del Estado de Veracruz para señalar que las autoridades educativas estatales y
municipales otorgarán becas a estudiantes de todos los niveles educativos y así
incentivar el apoyo a quienes registran un alto rendimiento académico y para
que concluyan su formación.

La
propuesta legislativa, del diputado Cuevas Hernández, pretende establecer en la
ley que las autoridades educativas, estatales y municipales,
otorgarán becas a los estudiantes que cursen primaria, secundaria,
bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado que acrediten tener un
promedio de 9.3 en el ciclo escolar, semestre o equivalente, inmediato
anterior, que será entregado directamente a través de los planteles educativos
oficiales que cuenten con la Autorización o el Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios.

El titular de la institución de que
se trate, sería el responsable directo de entregar las becas a los estudiantes
o tutor en su caso, que hayan sido beneficiados, informando a la autoridad
educativa respectiva.

De acuerdo a la iniciativa, las
autoridades educativas únicamente validarán la información presentada por los
aspirantes al beneficio económico, y una vez seleccionados y autorizados, el Ejecutivo
Estatal entregará de forma directa las becas, a los titulares de dichas
instituciones públicas para los efectos correspondientes.

En la tribuna, el diputado Cuevas
Hernández subrayó que la sociedad requiere que sea determinado de forma
inmediata, clara y concisa el acceso a los apoyos de becas de promedio de alto
rendimiento académico. Los cuales hasta el momento –añadió- se han convertido
en trámites engorrosos y demasiado tardados, que en muchos de los casos han
sido utilizados con fines de presión social y electoral, ya que han servido
para coaccionar el voto hacia un partido político determinado.

El legislador manifestó que en
Veracruz hay un abandono escolar de nivel primaria de 1.54 por ciento; de 5.59
por ciento en secundaria y de 10.79 en bachillerato, de acuerdo a datos del
Prontuario Estadístico de la SEV, correspondiente al inicio de cursos
2017–2018.

Los motivos de lo anterior son la
falta de recursos económicos en casa, por lo que se ven en la imperiosa
necesidad de dejar los estudios para ponerse a trabajar, detalló.

La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, diputada Cinthya Lobato Calderón, presentó una iniciativa de reforma al artículo 9 de la Ley de Planeación del Estado a fin de que los ayuntamientos tengan la obligación de remitir las actualizaciones de los Planes de Desarrollo a este Poder para conocimiento, opinión y observaciones.

En la novena sesión ordinaria, del segundo año de labores, la diputada destacó que el 26 de diciembre de 2017 entró en vigor, en la entidad, una reforma a la Ley de Planeación que permite a los 212 Ayuntamientos planear su desarrollo con un horizonte de hasta 20 años.

Dijo que los Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021 debieron ser entregados a esta Soberanía en abril pasado y para tal efecto tendrían que estar delineados bajo los criterios establecidos y son estratégicos, lo que representa un desarrollo a largo plazo.

Por lo anterior, añadió, en la legislación debe quitarse lo obsoleto y a la vez señalar la obligación de los Ayuntamientos de remitir las actualizaciones que sufran los Planes de Desarrollo.

Expuso que hoy los ayuntamientos cuentan con la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo, les permite tener su propio Instituto Municipal de Planeación y asociarse con otros municipios para tener Institutos metropolitanos o bien regionales para planear el desarrollo.

La diputada Cinthya Lobato manifestó que así como el desarrollo local se entiende como un proceso de transformación de la realidad social y económica de un territorio determinado, así el fortalecimiento institucional municipal adquiere gran importancia para lograr los cambios positivos.

Los
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, a
través de la diputada Luisa Ángela Soto Maldonado, presentaron la iniciativa que
reforma diversas disposiciones a la Ley de Prevención y Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz con la
finalidad de prevenir la pérdida y mal uso de alimentos en buen estado,
fomentar la participación en la producción y transporte altruista en beneficio
de la población en situación de pobreza alimentaria.

En
la novena sesión ordinaria, del Segundo Año de labores, la diputada planteó
esta modificación para incluir en la ley la figura de “donante”, siendo éstas
las cadenas comerciales, empresas comercializadoras y toda persona física o
moral que se dedique a la producción, transporte, almacenaje y comercialización
de alimentos, en los sectores primario, secundario o terciario de la economía,
que donen alimentos comestibles no utilizados y en buen estado.

Estarían
catalogados como donatarios los bancos de alimentos, las casas de asistencia
social para grupos vulnerables, los comedores comunitarios sin fines de lucro y
toda asociación civil -legamente constituida- que de manera altruista, recoja,
transporte, almacene y distribuya alimentos a personas en situación de pobreza
alimentaria.

De
esta manera la “redistribución de alimentos” sería la entrega de forma segura,
gratuita y altruista, por parte de los donantes a los donatarios y de éstos, a
su vez, a personas en situación de pobreza alimentaria, del alimento no
utilizado, comestible, en buen estado y susceptible de consumo humano, cuya
venta, almacenaje o transportación no sea posible por causas diversas.

Con la finalidad de prevenir la
pérdida y el desaprovechamiento de alimentos en buen estado la Secretaría de
Medio Ambiente del estado (SEDEMA), fomentará la
participación de los sectores privado y social en la redistribución de
alimentos a personas en situación de pobreza alimentaria.

La propuesta legislativa señala que
bajo ningún supuesto los donantes o donatarios podrán vender o condicionar la
entrega de los alimentos a las personas en situación de pobreza alimentaria.

La SEDEMA podrá promover el
otorgamiento de estímulos e incentivos a los donantes y donatarios que participen en la
redistribución de alimentos.

En tribuna, la diputada Soto
Maldonado enfatizó que en México, gracias a la participación social y a
políticas de incentivos fiscales que propician la donación de alimentos, se ha
desarrollado una amplia red de organizaciones altruistas, que son el vehículo
natural en materia de redistribución del alimento en buen estado a los grupos
vulnerables.

Refirió que una de las más
importantes es la Asociación de Bancos de Alimentos, A.C., conformada por cerca
de 60 bancos en diversas regiones, que anualmente benefician a más de 1.3
millones de mexicanos en pobreza alimentaria.

La
presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal,
diputada Cinthya Lobato Calderón, presentó una iniciativa de reforma al
artículo 9 de la Ley de Planeación del Estado a fin de que los ayuntamientos
tengan la obligación de remitir las actualizaciones de los Planes de Desarrollo
a este Poder para conocimiento, opinión y observaciones.

En
la novena sesión ordinaria, del segundo año de labores, la diputada destacó que
el 26 de diciembre de 2017 entró en vigor, en la entidad,
una reforma a la Ley de Planeación que permite a los 212 Ayuntamientos planear
su desarrollo con un horizonte de hasta 20 años.

Dijo
que los Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021 debieron ser entregados a
esta Soberanía en abril pasado y para tal efecto tendrían que estar delineados
bajo los criterios establecidos y son estratégicos, lo que representa un desarrollo
a largo plazo.

Por
lo anterior, añadió, en la legislación debe quitarse lo obsoleto y a la vez
señalar la obligación de los Ayuntamientos de remitir las actualizaciones que
sufran los Planes de Desarrollo.

Expuso
que hoy los ayuntamientos cuentan con la Comisión Edilicia de Planeación del
Desarrollo, les permite tener su propio Instituto Municipal de Planeación y
asociarse con otros municipios para tener Institutos metropolitanos o bien
regionales para planear el desarrollo.

La
diputada Cinthya Lobato manifestó que así como el desarrollo local se entiende
como un proceso de transformación de la realidad social y económica de un
territorio determinado, así el fortalecimiento institucional municipal adquiere
gran importancia para lograr los cambios positivos.

Con
el objetivo de conocer, en voz de expertos y de los participantes inscritos,
las propuestas que contribuyan a mejorar las políticas públicas en materia de
economía, salud, educación y política interior, se inauguró el Primer Congreso
Nacional sobre Globalización, Federalismo y Vida Local, el Pensamiento Crítico
Aplicado a las Políticas Públicas, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada
del Congreso del Estado de Veracruz.

Durante
el 20 y 21 de junio, los ponentes habrán de analizar los temas antes
mencionados, tomando como base los criterios de derechos humanos, equidad de
género, transparencia y rendición de cuentas, presupuesto basado en resultados
y tecnologías de la información y comunicación.

Se
cuenta con la participación de integrantes de la LXIV Legislatura local, de la
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico; del Instituto Tecnológico
de Chicontepec y del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en
Filosofía, Humanidades y Economía A.C.

Los
cinco ejes sobre los que se debatirá en este Foro son: Economía social y
desigualdad económica; Política interior y gobernabilidad democrática; Salud
pública, gasto y sustentabilidad; Educación de calidad, rezago y sociedades del
conocimiento; Seguridad pública y política contra el delito y crimen.

Los
trabajos están siendo coordinados por los doctores Luis Adalberto Maury Cruz,
Alberto Cruz Juárez, Arturo Durán Padilla, Wilberto Sánchez Márquez y Carlos
Medel Ramírez.

El Congreso del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen que reforma las Leyes de Planeación y la Orgánica del Municipio Libre con lo que se dota a los ayuntamientos de atribuciones suficientes para planear su desarrollo bajo la perspectiva metropolitana, para que ésta a su vez tenga una correspondencia presupuestal en el Presupuesto de Egresos del Estado.

La reforma, avalada por las y los legisladores, dota de facultades al Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado para promover la elaboración de Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano.

De esta manera se establece que el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz promoverá la elaboración de los Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano para ser remitidos y aprobados por el Congreso del Estado en los primeros seis meses de iniciado el periodo de los ayuntamientos respectivos, los cuales serán considerados como el documento base para la presupuestación con recurso estatal de obras de carácter metropolitano.

Los Ayuntamientos podrán convenir con los de otros municipios del estado o de otras entidades federativas, la elaboración conjunta de planes de desarrollo para las regiones o zonas metropolitanas en las que se ubiquen

Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó, el 11 de Julio de 2017, el diputado Fernando Kuri Kuri.

Este Dictamen registró 36 votos a favor, sin votos en contra o abstención.

-Rechaza Pleno reformas a la Ley de Planeación-

En la sesión, el Pleno avaló el Dictamen por el que se declara improcedente dictaminar de manera positiva la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado presentada, el 18 de Julio de 2017, por la diputada Miriam Judith González Sheridan.

El Dictamen refiere que la propuesta en que se describen las atribuciones de los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal y de sus integrantes, además de resultar

ociosamente exhaustivas, se considera que son inconstitucionales, pues se pretende que un órgano consultivo ordene a los Ayuntamientos qué hacer y cómo conformar sus propios órganos.

El diputado Ángel Armando López Contreras presentó un pronunciamiento relativo al desacato de las autoridades municipales de Pánuco a las resoluciones del Poder Legislativo, que vulnera los derechos político electorales de una ciudadana y el principio de representación proporcional en la conformación del Ayuntamiento de ese Municipio.

En tribuna, el legislador señaló que la Diputación Permanente expidió, el 9 de abril del año en curso, con fundamento en lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre, la licencia a la ciudadana Anabel Ponce Calderón, regidora quinta propietaria del Ayuntamiento de Pánuco, para separarse del cargo por el período comprendido del 9 de abril al 31 de diciembre de este año.

En tal acuerdo se especificó llamar a la ciudadana María de la Luz Guzmán Rivera, regidora quinta suplente, para que, previa protesta de Ley ante el Cabildo, asumiera el cargo de referencia por el tiempo de la licencia de la propietaria y a la fecha no le han tomado protesta.

El legislador López Contreras indicó que tal acción viola los derechos político-electorales, pues fue elegida por los ciudadanos precisamente para suplir las ausencias de la propietaria.

Por lo que solicitan al Presidente Municipal de Pánuco a dar cumplimiento al acuerdo referido de la Diputación Permanente y tomar de inmediato la protesta de Ley a la ciudadana María de la Luz Guzmán Rivera, para que pueda desempeñar el cargo de regidora en el Ayuntamiento de ese municipio.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el Dictamen de la nueva Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad agrícola, artesanal y tradicional en el Estado de Veracruz, que tiene por objeto fomentar el desarrollo de esta, estableciendo que para protegerla elaboración del piloncillo deberá ser hecho, únicamente, con jugo de caña de azúcar, con calidad para el consumo humano y mediante la utilización de trapiches.

De acuerdo a la nueva Ley, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA) y al presupuesto anual que le corresponda a esta, enviará los recursos que se destinen para el sector piloncillero. De los recursos públicos enviados por el Ejecutivo Federal deberá destinar una partida especial para este sector.

Además, deberá planear, promover y coordinar la realización de programas tendientes a fomentar y mejorar la producción del piloncillo.

También promoverá campañas para prevenir y combatir las plagas en los trapiches piloncilleros, así como para prevenir y combatir las plagas y enfermedades que presente la caña de azúcar.

Se crea el Padrón Estatal de Productores Piloncilleros, a fin de que se establezca un registro de todos los productores de piloncillo activos en el Estado. Dicho padrón será un instrumento auxiliar de la SEDARPA para el cumplimiento de esta Ley.

La SEDARPA tendrá atribuciones para fomentar y proteger la actividad piloncillera; coadyuvar en el diseño, planeación y programación de políticas públicas destinadas a este sector; resolver sobre las solicitudes de apoyo que suscriban los productores para ser beneficiarios de los programas de apoyo a la actividad piloncilla, así como promover y dar seguimiento a los programas destinados a este ramo.

Se establece que en la elaboración del piloncillo se prohíbe utilizar azúcar, mieles de línea de productos que se encuentren en los establecimientos comerciales, barredura de azúcar o azúcar siniestrada de ingenios azucareros, dulces o caramelos derretidos y cualquier endulzante que no sea jugo de caña de azúcar extraído de los trapiches.

De igual forma, colorantes o cualquier otro tipo de sustancia que altere el valor nutricional o ponga en peligro la salud humana.

En el Reglamento de esta ley se establecerá el procedimiento para que la SEDARPA en coordinación con órganos auxiliares, lleven a cabo visitas de inspección y vigilancia en los trapiches piloncilleros, con la finalidad de verificar y certificar que en el proceso se utilice únicamente jugo de caña de azúcar y que no existan indicios de que ocupan otros endulzantes para la elaboración del piloncillo.

Este Dictamen registró 36 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Esta ley es resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de Mayo de 2017, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García.

En los posicionamientos y tras dar la bienvenida a productores de piloncillo que acudieron al salón del Pleno, del Congreso, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez manifestó que en atención a las demandas de los ciudadanos se refleja esta reforma para combatir la lucha desigual que sufren los productores de piloncillo y ayudará a una eficiencia hacia esta actividad.

La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Artesanal, diputada María Adela Escamilla Moreno destacó la importancia de la actividad piloncillera en Veracruz y se pronunció a favor de esta Ley, ya que permitirá reactivar la economía en las diversas regiones en las que se dedican a esta actividad.

La diputada local María Josefina Gamboa Torales presentó un anteproyecto, con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales a brindar la ayuda necesaria y requerida por la Procuraduría General de la República (PGR), y la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de optimizar y agilizar las investigaciones en materia de desaparición de personas que tengan abiertas y llevar ante la justicia a los responsables.

En tribuna, la también secretaria de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, recordó que durante muchos años Veracruz fue presa de malos gobiernos, pero también malas decisiones y de complicidades atroces que hicieron del Estado un lugar donde la vida no tenía valor.

Señaló que tras la detención del ex Fiscal del Estado,el día de ayer en la Ciudad de México, se reconoce el trabajo de todas y todos los integrantes de la Fiscalía General del Estado y de su titular, Jorge Winckler Ortiz, por la detención de quien –a su consideración- ocasionó tanto daño a los veracruzanos.

Asimismo, reconoció al titular del Ejecutivo estatal por destinar la recompensa que había, para encontrar al exFiscal, a la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La diputada María del Rocío Pérez Pérez presentó un Anteproyecto, con Punto de Acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que informe a esta Soberanía el estado actual del sistema y estrategia de seguridad en la entidad, así como un detalle del costo de las compras de equipos de video-vigilancia, renta de aeronaves, empresas que participan en la licitación y las erogaciones por concepto de mantenimiento o desarrollo de la aplicación “Emergencia Ciudadana Veracruz”.

En la octava sesión ordinaria, del Segundo Año de labores, la legisladora también solicita al Gobernador, a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informe el número de contrataciones que habrán de realizarse, así como las áreas que incrementarán plantillas labores y a partir de cuándo, así como las erogaciones que habrán de realizarse por dichas contrataciones.

La diputada Rocío Pérez subrayó que, el 22 de octubre de 2017, fue anunciada la instalación de seis mil 476 cámaras de video-vigilancia y que se colocarían en toda la entidad, aunado al señalamiento que los 180 dispositivos que actualmente se encuentran trabajando no son los suficientes para salvaguardar la integridad de todos los veracruzanos.

De esta manera, se incrementaría la capacidad actual del Centro de Control Comando, Comunicaciones y Computo (C4), Región Xalapa y Subcentros Pánuco, Poza Rica, Cosoleacaque, Martínez de la Torre, Veracruz, San Andrés Tuxtla y Fortín de las Flores e inclusive habría la construcción de un C5 en Veracruz, independiente del que ya se encuentra allá, expuso.

Destacó que el homicidio doloso creció en Veracruz tomando como base las cifras de febrero del presente año, cuando hubo 110 casos. En marzo de este año se registraron 141. En esa casilla se puede hablar de un incremento de casi 30 por ciento y más de la mitad de los asesinatos se perpetraron con arma de fuego.

De acuerdo a la diputada no hay orden ni estrategia en las políticas públicas en materia de seguridad, por lo que debe revisarse y transparentarse el uso de los recursos, tanto humanos como financieros.