La
diputada Angélica Pineda Pérez, presentó ante el Pleno de la LXIV Legislatura
una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma diversos incisos
y una fracción del Artículo 65 de la Constitución Política del Estado para
establecer que corresponderá al Pleno del Tribunal Superior de Justicia conocer
de las acciones por “omisión legislativa” cuando la interpongan el Gobernador
del Estado, cualquier Ayuntamiento de la entidad o todo ciudadano veracruzano,
sin necesidad de acreditar interés jurídico alguno.

La
propuesta de la diputada destaca que cualquier Ayuntamiento podría interponer
la acción por omisión legislativa y no como actualmente está, que señala como
requisito al menos la tercera parte del total de ayuntamientos de la entidad.
De igual forma pretende incorporar el derecho de cualquier ciudadano a
presentar esta acción y que sea el Poder Judicial quien lo resuelva.

En la tribuna, la
legisladora subrayó que en tiempos recientes, el Congreso Federal y las legislaturas
estatales han tenido deficiencias en cuanto hace a las actualizaciones o la
armonización de los cuerpos legales, “atribuibles a diferentes causas, algunas
pueden ser consideradas de manera, consiente, otras por indolencia o
negligencia o simple y sencillamente por insuficiencia legislativa”.

Ante
esto, se acuño el término de omisión legislativa, continuó Pineda Pérez, que no
es más que:la falta de desarrollo
por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo excesivo, de aquéllas normas
de obligatorio y concreto desarrollo, de forma que impide la eficaz aplicación
y efectividad del texto constitucional, esto es, incumple con el desarrollo de
determinadas cláusulas constitucionales, a fin de tornarlas operativas, y esto
sucede cuando el silencio del legislador altera el contenido normativo, o
provoca situaciones contrarias a la Constitución.

En
la actualidad, la Constitución Federal no contempla esta figura legal, aunque
es importante señalar que recientemente este elemento normativo fue reconocido
a nivel local, con el afán de hacer efectiva su tutela y defensa
constitucional.

Es
de resaltar, dijo, que este instrumento legal fue instaurado por primera vez en
la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Veracruz, por lo
que a la entidad se le reconoce como la pionera en la materia, pero sobre todo
dio ejemplo en materia legislativa y constitucional, abriendo pasó al novedoso
e importante, derecho procesal constitucional local.

A pesar de contar con
este precepto en nuestra constitución, es necesario mencionar, señaló ante el
Pleno, que no hay legislación reglamentaria de este mecanismo de control, pero
no existe impedimento alguno para ejercitar la acción y resolverse mediante la
aplicación directa del texto constitucional, sin embargo, no deja de hacerse
necesaria.

Lo que aquí se
propone, concluyó; tiene como finalidad disminuir el número mínimo de
municipios necesarios para promover la acción y del mismo modo ampliar el
espectro de los sujetos legitimados para interponerla.

La iniciativa fue
turnada para su estudio y análisis a la Comisión Permanente de Justicia y
Puntos Constitucionales.

El
diputado Rogelio Arturo Rodríguez García presentó una iniciativa de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento al Empleo del
Estado de Veracruz con el objetivo que los jóvenes veracruzanos puedan obtener
su primer empleo a partir de los 15 años.

El
legislador detalló que el servicio social o las prácticas profesionales son el
inicio de oportunidades, que ayudarían a frenar las estadísticas de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que
México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con mayor desempleo entre la
población de 15 a 24 años.

En
tal razón, la iniciativa contempla que la edad mínima para que los menores
puedan desempeñar una actividad laboral, sea de 15 años cumplidos y así garantizar
el pleno desarrollo físico y psicológico de los menores y no frenar el inicio
de su vida laboral.

Además
de fomentar, dentro del sector público y privado, sin
distinción de género, la contratación de jóvenes entre 15 y 29 años de edad,
así como de recién egresados del nivel Medio Superior, Técnico Superior y
Educación Superior del Estado.

El
diputado Rodríguez García, indicó que se promoverá la creación de nuevos
puestos para los jóvenes con estudios de nivel de técnico superior o de
educación superior y puedan acceder a un empleo de calidad, acorde a sus
perfiles.

Mientras
que los jóvenes estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de
educación superior que acrediten su servicio social o sus prácticas
profesionales dentro de la empresa, negocio o dependencia del sector público o
privado, tendrán derecho de preferencia a un puesto de nueva creación sin distinción
de género.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social,
para su análisis.

La
LXIV legislatura de Veracruz aprobó este jueves la iniciativa con proyecto de
decreto presentada por el diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés, a
través de la cual se adiciona un párrafo al artículo 154 Bis del Código Penal para
el Estado, con la finalidad de que en situaciones de violencia intrafamiliar
este delito deba perseguirse de oficio, sin distinción en la edad de la
víctima.

Rodríguez
Cortes destacó que los miembros de una familia gozan de todos los derechos
fundamentales entre ellos el de vivir una vida libre de violencia, algo que con
pena hasta hoy no ha sido posible desalentar y erradicar, por lo que dijo se
trata de un problema social complejo que muchos hogares mexicanos siguen
padeciendo.

El
legislador señaló que atender oportunamente las causas que generan los
conflictos permitirá evitar que más eventos de violencia se lleven a cabo, con
el consiguiente beneficio para toda la sociedad.

“El
maltrato se presenta muchas veces como un espiral creciente de violencia que se
alimenta ante la pasividad o inadecuada respuesta de los organismos
competentes, tanto judiciales como policiales, por lo que los efectos de la Ley
Penal para cortar ese espiral, son enormemente importantes. La idea es
desalentar al infractor, evitar la recurrencia y sancionar la conducta
reiterativa”, apuntó.

Asimismo,
establece que el delito de violencia familiar no debería considerarse como una
acción agravante de otro delito, sino como una conducta típica, antijurídica y
culpable, independiente, que transgrede diversos bienes jurídicos tutelados por
la norma vigente, como son la seguridad de la familia y la integridad personal
de los individuos que la integran.

Por
lo anterior, el citado párrafo queda de la siguiente manera:

“A
quién hubiese sido sancionado por este delito y reincidiera en el mismo, el
juez que haya conocido del asunto, evaluando las circunstancias del caso
concreto y de considerar que es repetitiva la conducta infractora, podrá elevar
las sanciones corporales hasta el doble; asimismo, podrá imponer si lo
considera pertinente, previa solicitud del agraviado, trabajo comunitario a
favor de otras víctimas de este delito. Este delito se perseguirá de oficio sea
cual fuere el medio o el sujeto que formule la denuncia”.

Con
ello se logra que no haya perdón al agresor de los integrantes de una familia y
a quien reincida se aumente las sanciones.

El
diputado Rodolfo Corpi Lara presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un
anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal a que, a
nombre del Gobierno del Estado, atienda y gestione ante el Gobierno Federal lo
relativo a la creación de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos,
incluyendo para ello el convenio de colaboración que para el caso deba signarse
e incluirse en los Presupuestos de Egresos 2019, tanto del Estado como de la
Federación.

En
la tribuna, durante la novena sesión ordinaria, el legislador recordó que en
noviembre de 2014 y con la intención de satisfacer la necesidad de elevar la matrícula
de educación superior tecnológica y en cumplimiento al Programa Sectorial de
Educación, la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), sometió a
consideración de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la posibilidad de
autorizar la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos (UPC), en la localidad de
Guillermo Prieto, municipio de Coatzacoalcos.

Dijo
que fue así como la SEV envió el Estudio de Factibilidad a la SEP, donde a
partir del cual la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior
(COEPES), y con la revisión técnico-pedagógica de los programas académicos, a
cargo del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE), consideró
procedente, la creación de esta Universidad, ya que cumplía con los criterios e
indicadores establecidos en los Procedimientos para la Conciliación de Oferta y
Demanda de Educación Superior.

Señaló
que, en agosto de 2015, ya se habían cumplido con las etapas solicitadas y el
Gobierno estatal, a través de un oficio, ratificó la petición y determinó estar
en absoluta disponibilidad para suscribir los documentos jurídicos necesarios.

El
Comité Pro- Fundación UPC, consiguió instalaciones provisionales en la Escuela
Secundaria Técnica Agropecuaria No. 155 y en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial CBTIS 85, en el turno vespertino y en el turno sabatino
para impartir los talleres, ubicados en el Ejido Colorado, perteneciente al
municipio de Coatzacoalcos, motivando con ello la visita de un supervisor a las
instalaciones provisionales, así como al terreno donado por los ejidatarios
para la construcción de la universidad, añadió.

A
la fecha, no se han concluido los trámites y ante ello el diputado enfatizó que
resulta inaceptable que la juventud veracruzana se vea privada de una opción
educativa por falta de gestión y más aún cuando hay compromisos para apoyar la
educación.

El
presidente de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso local,
diputado José Kirsch Sánchez, presentó la iniciativa que adiciona diversas
fracciones al artículo 63 de la Ley de Salud del Estado, a efecto de homologar
la legislación estatal con la federal y establecer la obligatoriedad de que
exista por lo menos un banco de leche materna en los establecimientos de salud
que cuenten con servicios neonatales.

El
diputado José Kirsch dijo que, el artículo 64 de la Ley General de Salud señala
que las entidades federativas deberán establecer al menos un banco de leche
humana en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales.
“En México existen 22 bancos de leche humana funcionando, los cuales reciben
leche de donadoras y la pasteurizan para brindarla a recién nacidos que la
necesitan” añadió.

En
su iniciativa, el legislador propone que en la organización de los servicios de
salud, destinados a la atención materno infantil, las autoridades sanitarias
establecerán procedimientos que permitan la participación activa de la familia
en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios y
acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para
que la lactancia materna sea alimento exclusivo, durante seis meses y
complementario hasta avanzado el segundo año de vida.

De
igual manera, deberá establecerse al menos el citado Banco de Leche Humanos en los
establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales; acciones para
controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos
y las infecciones respiratorias agudas de los menores de cinco años, y acciones
de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras
tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

El
diputado expuso que, según el informe publicado por UNICEF, la Organización
Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la División de Población del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAESA), que componen el Grupo
Interinstitucional sobre la Estimación de la Mortalidad en la Niñez, 60
millones de niños morirán antes de cumplir cinco años, entre 2017 y 2030.

Donar
leche humana ayuda a salvar la vida de un gran número de bebés prematuros o
enfermos, indicó Kirsch Sánchez, quien añadió que todas las mujeres que
amamantan pueden ser donadoras, regalando su leche para alimentar a bebés que
no pueden recibirla directamente de sus madres.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen
por el que se reforman las leyes de Salud y del Poder Ejecutivo estatal que
faculta a la Secretaría de Salud (SS) del Estado para vigilar, acreditar y
certificar a todas aquellas instituciones públicas o laboratorios clínicos
privados, que realicen pruebas en genética molecular del ácido
desoxirribonucleico o ADN.

El
decreto señala que las instituciones públicas o laboratorios clínicos privados,
deberán cumplir con lo establecido en el artículo 17 Bis de la Ley General de
Salud. Los establecimientos deberán acreditar experiencia, capacidad y
conocimiento sobre genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

El
Pleno aprobó con 33 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones, este
Dictamen que a su vez señala que la SS deberá expedir convocatoria pública,
para que las instituciones públicas de salud y laboratorios clínicos privados
que estén interesadas en obtener el certificado puedan realizar el
procedimiento correspondiente.

La
Secretaría de Salud, deberá hacer público en los portales de internet las
instituciones públicas y laboratorios clínicos privados que cuenten con dicha
certificación.

Por
otra parte, se otorga atribuciones al titular de la Secretaría de Salud
para proveer lo conducente en la
vigilancia, acreditación y certificación de todas aquellas instituciones
públicas o laboratorios clínicos privados, que realicen pruebas en genética
molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.

Este
Decreto es resultado de la iniciativa que presentaron el 4 de Junio de 2018 los
diputados José Kirsch Sánchez, Luisa Ángela Soto Maldonado, Cinthya Amaranta
Lobato Calderón, Bingen Rementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y
Gregorio Murillo Uscanga.

-Avalan diputados
(as) atención materno infantil-

Con
el objetivo de reducir los índices de mortalidad materna debido a
complicaciones en el embarazo o a una deficiente atención en el embarazo, parto
y puerperio, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó el Decreto que reforma el
artículo 59 de la Ley de Salud del Estado para transitar hacia la cobertura
total de los servicios materno-infantil.

De
esta manera se establece que la
protección materno-infantil y la promoción de la salud materna abarca el
periodo que va del embarazo, parto y puerperio, en razón de la condición de
vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La
atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones:
la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo, en caso de ser solicitado por
ésta, la atención psicológica que requiera; la prevención de la transmisión del
VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas a fin
de evitar la transmisión perinatal y la atención del niño y la vigilancia de su
crecimiento y desarrollo integral, incluyendo atención prenatal, nutrición
adecuada, promoción de la vacunación oportuna y prevención de enfermedades.

Así como la revisión ocular y del oído en el recién
nacido y si en la revisión del recién nacido se tiene alguna sospecha por parte
del médico tratante de displasia de cadera, se deberá realizar examen clínico y
radiografía anteposterior de pelvis, y de ser necesario, ultrasonido de cadera.

Este Decreto, aprobado con 31 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra, es resultado de la iniciativa que presentaron
el 4 de enero de 2018 las y los diputados del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN).

Al
fijar el posicionamiento del Grupo Legislativo del PAN, la diputada Mariana
Dunyaska Garcia Rojas dijo que esta modificación viene a reforzar el
otorgamiento de servicios de salud en igualdad de condiciones. Anunció el voto
a favor, ya que representa hacer lo correcto en favor de la salud de las
mujeres y niñas, así como generar tranquilidad a las familias veracruzanas.

El diputado local José Luis Enríquez Ambell presentó este 28 de Junio un anteproyecto, con Punto de Acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a actuar en favor de los migrantes ante la crisis humanitaria que prevalece en los Estados Unidos.

En tribuna, el también presidente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, recordó que el movimiento de la población es un proceso natural, y de esta forma es como se han poblado muchas regiones, ya que las razones para migrar de sus países de origen son diversas: económicas, por procesos políticos, por violencia, entre otros.

En este sentido, explicó, México expulsa población y es un lugar de tránsito de personas de diversas nacionalidades que se dirigen a los Estados Unidos.

Es por ello que derivado de la situación geográfica que ocupa Veracruz es que no podemos hacer caso omiso del tema a pesar de ser el control migratorio un asunto federal.

En la novena sesión ordinaria, del segundo año de labores, el diputado hizo un llamado a las autoridades federales a velar por el respeto de los derechos humanos de todos, cualquiera que sea su procedencia, aunado a la exigencia por el respeto de nuestros paisanos, ya que ser indocumentado –insistió- no es sinónimo de delincuente como lo ve el Presidente Donald Trump y sus votantes.

“La mayoría de los migrantes buscan mejorar su futuro y el de sus familias, llevan su cultura y costumbres donde van y eso que puede ser positivo también entraña problemas y desencuentros”, concluyó el legislador.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y dictamen correspondiente.

El
diputado local José Luis Enríquez Ambell presentó este 28 de Junio un
anteproyecto, con Punto de Acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a actuar
en favor de los migrantes ante la crisis humanitaria que prevalece en los
Estados Unidos.

En
tribuna, el también presidente de la Comisión Permanente de Procuración de
Justicia, recordó que el movimiento de la población es un proceso natural, y de
esta forma es como se han poblado muchas regiones, ya que las razones para
migrar de sus países de origen son diversas: económicas, por procesos
políticos, por violencia, entre otros.

En
este sentido, explicó, México expulsa población y es un lugar de tránsito de
personas de diversas nacionalidades que se dirigen a los Estados Unidos.

Es
por ello que derivado de la situación geográfica que ocupa Veracruz es que no
podemos hacer caso omiso del tema a pesar de ser el control migratorio un
asunto federal.

En
la novena sesión ordinaria, del segundo año de labores, el diputado hizo un
llamado a las autoridades federales a
velar por el respeto de los derechos humanos de todos, cualquiera que sea su
procedencia, aunado a la exigencia por el respeto de nuestros paisanos, ya que
ser indocumentado –insistió- no es sinónimo de delincuente como lo ve el
Presidente Donald Trump y sus votantes.

“La
mayoría de los migrantes buscan mejorar su futuro y el de sus familias, llevan
su cultura y costumbres donde van y eso que puede ser positivo también entraña
problemas y desencuentros”, concluyó el legislador.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su estudio y dictamen correspondiente.

Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, a través de la diputada Luisa Ángela Soto Maldonado, presentaron la iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz con la finalidad de prevenir la pérdida y mal uso de alimentos en buen estado, fomentar la participación en la producción y transporte altruista en beneficio de la población en situación de pobreza alimentaria.

En la novena sesión ordinaria, del Segundo Año de labores, la diputada planteó esta modificación para incluir en la ley la figura de “donante”, siendo éstas las cadenas comerciales, empresas comercializadoras y toda persona física o moral que se dedique a la producción, transporte, almacenaje y comercialización de alimentos, en los sectores primario, secundario o terciario de la economía, que donen alimentos comestibles no utilizados y en buen estado.

Estarían catalogados como donatarios los bancos de alimentos, las casas de asistencia social para grupos vulnerables, los comedores comunitarios sin fines de lucro y toda asociación civil -legamente constituida- que de manera altruista, recoja, transporte, almacene y distribuya alimentos a personas en situación de pobreza alimentaria.

De esta manera la “redistribución de alimentos” sería la entrega de forma segura, gratuita y altruista, por parte de los donantes a los donatarios y de éstos, a su vez, a personas en situación de pobreza alimentaria, del alimento no utilizado, comestible, en buen estado y susceptible de consumo humano, cuya venta, almacenaje o transportación no sea posible por causas diversas.

Con la finalidad de prevenir la pérdida y el desaprovechamiento de alimentos en buen estado la Secretaría de Medio Ambiente del estado (SEDEMA), fomentará la participación de los sectores privado y social en la redistribución de alimentos a personas en situación de pobreza alimentaria.

La propuesta legislativa señala que bajo ningún supuesto los donantes o donatarios podrán vender o condicionar la entrega de los alimentos a las personas en situación de pobreza alimentaria.

La SEDEMA podrá promover el otorgamiento de estímulos e incentivos a los donantes y donatarios que participen en la redistribución de alimentos.

En tribuna, la diputada Soto Maldonado enfatizó que en México, gracias a la participación social y a políticas de incentivos fiscales que propician la donación de alimentos, se ha desarrollado una amplia red de organizaciones altruistas, que son el vehículo natural en materia de redistribución del alimento en buen estado a los grupos vulnerables.

Refirió que una de las más importantes es la Asociación de Bancos de Alimentos, A.C., conformada por cerca de 60 bancos en diversas regiones, que anualmente benefician a más de 1.3 millones de mexicanos en pobreza alimentaria.

El diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó, ante el Congreso del Estado, la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley número 247 de Educación del Estado de Veracruz para señalar que las autoridades educativas estatales y municipales otorgarán becas a estudiantes de todos los niveles educativos y así incentivar el apoyo a quienes registran un alto rendimiento académico y para que concluyan su formación.

La propuesta legislativa, del diputado Cuevas Hernández, pretende establecer en la ley que las autoridades educativas, estatales y municipales, otorgarán becas a los estudiantes que cursen primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado que acrediten tener un promedio de 9.3 en el ciclo escolar, semestre o equivalente, inmediato anterior, que será entregado directamente a través de los planteles educativos oficiales que cuenten con la Autorización o el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

El titular de la institución de que se trate, sería el responsable directo de entregar las becas a los estudiantes o tutor en su caso, que hayan sido beneficiados, informando a la autoridad educativa respectiva.

De acuerdo a la iniciativa, las autoridades educativas únicamente validarán la información presentada por los aspirantes al beneficio económico, y una vez seleccionados y autorizados, el Ejecutivo Estatal entregará de forma directa las becas, a los titulares de dichas instituciones públicas para los efectos correspondientes.

En la tribuna, el diputado Cuevas Hernández subrayó que la sociedad requiere que sea determinado de forma inmediata, clara y concisa el acceso a los apoyos de becas de promedio de alto rendimiento académico. Los cuales hasta el momento –añadió- se han convertido en trámites engorrosos y demasiado tardados, que en muchos de los casos han sido utilizados con fines de presión social y electoral, ya que han servido para coaccionar el voto hacia un partido político determinado.

El legislador manifestó que en Veracruz hay un abandono escolar de nivel primaria de 1.54 por ciento; de 5.59 por ciento en secundaria y de 10.79 en bachillerato, de acuerdo a datos del Prontuario Estadístico de la SEV, correspondiente al inicio de cursos 2017–2018.

Los motivos de lo anterior son la falta de recursos económicos en casa, por lo que se ven en la imperiosa necesidad de dejar los estudios para ponerse a trabajar, detalló.

El
diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó, ante el Congreso del Estado, la
iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley número 247 de Educación
del Estado de Veracruz para señalar que las autoridades educativas estatales y
municipales otorgarán becas a estudiantes de todos los niveles educativos y así
incentivar el apoyo a quienes registran un alto rendimiento académico y para
que concluyan su formación.

La
propuesta legislativa, del diputado Cuevas Hernández, pretende establecer en la
ley que las autoridades educativas, estatales y municipales,
otorgarán becas a los estudiantes que cursen primaria, secundaria,
bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado que acrediten tener un
promedio de 9.3 en el ciclo escolar, semestre o equivalente, inmediato
anterior, que será entregado directamente a través de los planteles educativos
oficiales que cuenten con la Autorización o el Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios.

El titular de la institución de que
se trate, sería el responsable directo de entregar las becas a los estudiantes
o tutor en su caso, que hayan sido beneficiados, informando a la autoridad
educativa respectiva.

De acuerdo a la iniciativa, las
autoridades educativas únicamente validarán la información presentada por los
aspirantes al beneficio económico, y una vez seleccionados y autorizados, el Ejecutivo
Estatal entregará de forma directa las becas, a los titulares de dichas
instituciones públicas para los efectos correspondientes.

En la tribuna, el diputado Cuevas
Hernández subrayó que la sociedad requiere que sea determinado de forma
inmediata, clara y concisa el acceso a los apoyos de becas de promedio de alto
rendimiento académico. Los cuales hasta el momento –añadió- se han convertido
en trámites engorrosos y demasiado tardados, que en muchos de los casos han
sido utilizados con fines de presión social y electoral, ya que han servido
para coaccionar el voto hacia un partido político determinado.

El legislador manifestó que en
Veracruz hay un abandono escolar de nivel primaria de 1.54 por ciento; de 5.59
por ciento en secundaria y de 10.79 en bachillerato, de acuerdo a datos del
Prontuario Estadístico de la SEV, correspondiente al inicio de cursos
2017–2018.

Los motivos de lo anterior son la
falta de recursos económicos en casa, por lo que se ven en la imperiosa
necesidad de dejar los estudios para ponerse a trabajar, detalló.

La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, diputada Cinthya Lobato Calderón, presentó una iniciativa de reforma al artículo 9 de la Ley de Planeación del Estado a fin de que los ayuntamientos tengan la obligación de remitir las actualizaciones de los Planes de Desarrollo a este Poder para conocimiento, opinión y observaciones.

En la novena sesión ordinaria, del segundo año de labores, la diputada destacó que el 26 de diciembre de 2017 entró en vigor, en la entidad, una reforma a la Ley de Planeación que permite a los 212 Ayuntamientos planear su desarrollo con un horizonte de hasta 20 años.

Dijo que los Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021 debieron ser entregados a esta Soberanía en abril pasado y para tal efecto tendrían que estar delineados bajo los criterios establecidos y son estratégicos, lo que representa un desarrollo a largo plazo.

Por lo anterior, añadió, en la legislación debe quitarse lo obsoleto y a la vez señalar la obligación de los Ayuntamientos de remitir las actualizaciones que sufran los Planes de Desarrollo.

Expuso que hoy los ayuntamientos cuentan con la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo, les permite tener su propio Instituto Municipal de Planeación y asociarse con otros municipios para tener Institutos metropolitanos o bien regionales para planear el desarrollo.

La diputada Cinthya Lobato manifestó que así como el desarrollo local se entiende como un proceso de transformación de la realidad social y económica de un territorio determinado, así el fortalecimiento institucional municipal adquiere gran importancia para lograr los cambios positivos.

Los
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, a
través de la diputada Luisa Ángela Soto Maldonado, presentaron la iniciativa que
reforma diversas disposiciones a la Ley de Prevención y Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz con la
finalidad de prevenir la pérdida y mal uso de alimentos en buen estado,
fomentar la participación en la producción y transporte altruista en beneficio
de la población en situación de pobreza alimentaria.

En
la novena sesión ordinaria, del Segundo Año de labores, la diputada planteó
esta modificación para incluir en la ley la figura de “donante”, siendo éstas
las cadenas comerciales, empresas comercializadoras y toda persona física o
moral que se dedique a la producción, transporte, almacenaje y comercialización
de alimentos, en los sectores primario, secundario o terciario de la economía,
que donen alimentos comestibles no utilizados y en buen estado.

Estarían
catalogados como donatarios los bancos de alimentos, las casas de asistencia
social para grupos vulnerables, los comedores comunitarios sin fines de lucro y
toda asociación civil -legamente constituida- que de manera altruista, recoja,
transporte, almacene y distribuya alimentos a personas en situación de pobreza
alimentaria.

De
esta manera la “redistribución de alimentos” sería la entrega de forma segura,
gratuita y altruista, por parte de los donantes a los donatarios y de éstos, a
su vez, a personas en situación de pobreza alimentaria, del alimento no
utilizado, comestible, en buen estado y susceptible de consumo humano, cuya
venta, almacenaje o transportación no sea posible por causas diversas.

Con la finalidad de prevenir la
pérdida y el desaprovechamiento de alimentos en buen estado la Secretaría de
Medio Ambiente del estado (SEDEMA), fomentará la
participación de los sectores privado y social en la redistribución de
alimentos a personas en situación de pobreza alimentaria.

La propuesta legislativa señala que
bajo ningún supuesto los donantes o donatarios podrán vender o condicionar la
entrega de los alimentos a las personas en situación de pobreza alimentaria.

La SEDEMA podrá promover el
otorgamiento de estímulos e incentivos a los donantes y donatarios que participen en la
redistribución de alimentos.

En tribuna, la diputada Soto
Maldonado enfatizó que en México, gracias a la participación social y a
políticas de incentivos fiscales que propician la donación de alimentos, se ha
desarrollado una amplia red de organizaciones altruistas, que son el vehículo
natural en materia de redistribución del alimento en buen estado a los grupos
vulnerables.

Refirió que una de las más
importantes es la Asociación de Bancos de Alimentos, A.C., conformada por cerca
de 60 bancos en diversas regiones, que anualmente benefician a más de 1.3
millones de mexicanos en pobreza alimentaria.

La
presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal,
diputada Cinthya Lobato Calderón, presentó una iniciativa de reforma al
artículo 9 de la Ley de Planeación del Estado a fin de que los ayuntamientos
tengan la obligación de remitir las actualizaciones de los Planes de Desarrollo
a este Poder para conocimiento, opinión y observaciones.

En
la novena sesión ordinaria, del segundo año de labores, la diputada destacó que
el 26 de diciembre de 2017 entró en vigor, en la entidad,
una reforma a la Ley de Planeación que permite a los 212 Ayuntamientos planear
su desarrollo con un horizonte de hasta 20 años.

Dijo
que los Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021 debieron ser entregados a
esta Soberanía en abril pasado y para tal efecto tendrían que estar delineados
bajo los criterios establecidos y son estratégicos, lo que representa un desarrollo
a largo plazo.

Por
lo anterior, añadió, en la legislación debe quitarse lo obsoleto y a la vez
señalar la obligación de los Ayuntamientos de remitir las actualizaciones que
sufran los Planes de Desarrollo.

Expuso
que hoy los ayuntamientos cuentan con la Comisión Edilicia de Planeación del
Desarrollo, les permite tener su propio Instituto Municipal de Planeación y
asociarse con otros municipios para tener Institutos metropolitanos o bien
regionales para planear el desarrollo.

La
diputada Cinthya Lobato manifestó que así como el desarrollo local se entiende
como un proceso de transformación de la realidad social y económica de un
territorio determinado, así el fortalecimiento institucional municipal adquiere
gran importancia para lograr los cambios positivos.

Con
el objetivo de conocer, en voz de expertos y de los participantes inscritos,
las propuestas que contribuyan a mejorar las políticas públicas en materia de
economía, salud, educación y política interior, se inauguró el Primer Congreso
Nacional sobre Globalización, Federalismo y Vida Local, el Pensamiento Crítico
Aplicado a las Políticas Públicas, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada
del Congreso del Estado de Veracruz.

Durante
el 20 y 21 de junio, los ponentes habrán de analizar los temas antes
mencionados, tomando como base los criterios de derechos humanos, equidad de
género, transparencia y rendición de cuentas, presupuesto basado en resultados
y tecnologías de la información y comunicación.

Se
cuenta con la participación de integrantes de la LXIV Legislatura local, de la
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico; del Instituto Tecnológico
de Chicontepec y del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en
Filosofía, Humanidades y Economía A.C.

Los
cinco ejes sobre los que se debatirá en este Foro son: Economía social y
desigualdad económica; Política interior y gobernabilidad democrática; Salud
pública, gasto y sustentabilidad; Educación de calidad, rezago y sociedades del
conocimiento; Seguridad pública y política contra el delito y crimen.

Los
trabajos están siendo coordinados por los doctores Luis Adalberto Maury Cruz,
Alberto Cruz Juárez, Arturo Durán Padilla, Wilberto Sánchez Márquez y Carlos
Medel Ramírez.

El Congreso del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen que reforma las Leyes de Planeación y la Orgánica del Municipio Libre con lo que se dota a los ayuntamientos de atribuciones suficientes para planear su desarrollo bajo la perspectiva metropolitana, para que ésta a su vez tenga una correspondencia presupuestal en el Presupuesto de Egresos del Estado.

La reforma, avalada por las y los legisladores, dota de facultades al Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado para promover la elaboración de Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano.

De esta manera se establece que el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz promoverá la elaboración de los Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano para ser remitidos y aprobados por el Congreso del Estado en los primeros seis meses de iniciado el periodo de los ayuntamientos respectivos, los cuales serán considerados como el documento base para la presupuestación con recurso estatal de obras de carácter metropolitano.

Los Ayuntamientos podrán convenir con los de otros municipios del estado o de otras entidades federativas, la elaboración conjunta de planes de desarrollo para las regiones o zonas metropolitanas en las que se ubiquen

Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó, el 11 de Julio de 2017, el diputado Fernando Kuri Kuri.

Este Dictamen registró 36 votos a favor, sin votos en contra o abstención.

-Rechaza Pleno reformas a la Ley de Planeación-

En la sesión, el Pleno avaló el Dictamen por el que se declara improcedente dictaminar de manera positiva la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado presentada, el 18 de Julio de 2017, por la diputada Miriam Judith González Sheridan.

El Dictamen refiere que la propuesta en que se describen las atribuciones de los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal y de sus integrantes, además de resultar

ociosamente exhaustivas, se considera que son inconstitucionales, pues se pretende que un órgano consultivo ordene a los Ayuntamientos qué hacer y cómo conformar sus propios órganos.

El diputado Ángel Armando López Contreras presentó un pronunciamiento relativo al desacato de las autoridades municipales de Pánuco a las resoluciones del Poder Legislativo, que vulnera los derechos político electorales de una ciudadana y el principio de representación proporcional en la conformación del Ayuntamiento de ese Municipio.

En tribuna, el legislador señaló que la Diputación Permanente expidió, el 9 de abril del año en curso, con fundamento en lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre, la licencia a la ciudadana Anabel Ponce Calderón, regidora quinta propietaria del Ayuntamiento de Pánuco, para separarse del cargo por el período comprendido del 9 de abril al 31 de diciembre de este año.

En tal acuerdo se especificó llamar a la ciudadana María de la Luz Guzmán Rivera, regidora quinta suplente, para que, previa protesta de Ley ante el Cabildo, asumiera el cargo de referencia por el tiempo de la licencia de la propietaria y a la fecha no le han tomado protesta.

El legislador López Contreras indicó que tal acción viola los derechos político-electorales, pues fue elegida por los ciudadanos precisamente para suplir las ausencias de la propietaria.

Por lo que solicitan al Presidente Municipal de Pánuco a dar cumplimiento al acuerdo referido de la Diputación Permanente y tomar de inmediato la protesta de Ley a la ciudadana María de la Luz Guzmán Rivera, para que pueda desempeñar el cargo de regidora en el Ayuntamiento de ese municipio.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el Dictamen de la nueva Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad agrícola, artesanal y tradicional en el Estado de Veracruz, que tiene por objeto fomentar el desarrollo de esta, estableciendo que para protegerla elaboración del piloncillo deberá ser hecho, únicamente, con jugo de caña de azúcar, con calidad para el consumo humano y mediante la utilización de trapiches.

De acuerdo a la nueva Ley, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA) y al presupuesto anual que le corresponda a esta, enviará los recursos que se destinen para el sector piloncillero. De los recursos públicos enviados por el Ejecutivo Federal deberá destinar una partida especial para este sector.

Además, deberá planear, promover y coordinar la realización de programas tendientes a fomentar y mejorar la producción del piloncillo.

También promoverá campañas para prevenir y combatir las plagas en los trapiches piloncilleros, así como para prevenir y combatir las plagas y enfermedades que presente la caña de azúcar.

Se crea el Padrón Estatal de Productores Piloncilleros, a fin de que se establezca un registro de todos los productores de piloncillo activos en el Estado. Dicho padrón será un instrumento auxiliar de la SEDARPA para el cumplimiento de esta Ley.

La SEDARPA tendrá atribuciones para fomentar y proteger la actividad piloncillera; coadyuvar en el diseño, planeación y programación de políticas públicas destinadas a este sector; resolver sobre las solicitudes de apoyo que suscriban los productores para ser beneficiarios de los programas de apoyo a la actividad piloncilla, así como promover y dar seguimiento a los programas destinados a este ramo.

Se establece que en la elaboración del piloncillo se prohíbe utilizar azúcar, mieles de línea de productos que se encuentren en los establecimientos comerciales, barredura de azúcar o azúcar siniestrada de ingenios azucareros, dulces o caramelos derretidos y cualquier endulzante que no sea jugo de caña de azúcar extraído de los trapiches.

De igual forma, colorantes o cualquier otro tipo de sustancia que altere el valor nutricional o ponga en peligro la salud humana.

En el Reglamento de esta ley se establecerá el procedimiento para que la SEDARPA en coordinación con órganos auxiliares, lleven a cabo visitas de inspección y vigilancia en los trapiches piloncilleros, con la finalidad de verificar y certificar que en el proceso se utilice únicamente jugo de caña de azúcar y que no existan indicios de que ocupan otros endulzantes para la elaboración del piloncillo.

Este Dictamen registró 36 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Esta ley es resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de Mayo de 2017, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García.

En los posicionamientos y tras dar la bienvenida a productores de piloncillo que acudieron al salón del Pleno, del Congreso, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez manifestó que en atención a las demandas de los ciudadanos se refleja esta reforma para combatir la lucha desigual que sufren los productores de piloncillo y ayudará a una eficiencia hacia esta actividad.

La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Artesanal, diputada María Adela Escamilla Moreno destacó la importancia de la actividad piloncillera en Veracruz y se pronunció a favor de esta Ley, ya que permitirá reactivar la economía en las diversas regiones en las que se dedican a esta actividad.

La diputada local María Josefina Gamboa Torales presentó un anteproyecto, con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales a brindar la ayuda necesaria y requerida por la Procuraduría General de la República (PGR), y la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de optimizar y agilizar las investigaciones en materia de desaparición de personas que tengan abiertas y llevar ante la justicia a los responsables.

En tribuna, la también secretaria de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, recordó que durante muchos años Veracruz fue presa de malos gobiernos, pero también malas decisiones y de complicidades atroces que hicieron del Estado un lugar donde la vida no tenía valor.

Señaló que tras la detención del ex Fiscal del Estado,el día de ayer en la Ciudad de México, se reconoce el trabajo de todas y todos los integrantes de la Fiscalía General del Estado y de su titular, Jorge Winckler Ortiz, por la detención de quien –a su consideración- ocasionó tanto daño a los veracruzanos.

Asimismo, reconoció al titular del Ejecutivo estatal por destinar la recompensa que había, para encontrar al exFiscal, a la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La diputada María del Rocío Pérez Pérez presentó un Anteproyecto, con Punto de Acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que informe a esta Soberanía el estado actual del sistema y estrategia de seguridad en la entidad, así como un detalle del costo de las compras de equipos de video-vigilancia, renta de aeronaves, empresas que participan en la licitación y las erogaciones por concepto de mantenimiento o desarrollo de la aplicación “Emergencia Ciudadana Veracruz”.

En la octava sesión ordinaria, del Segundo Año de labores, la legisladora también solicita al Gobernador, a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informe el número de contrataciones que habrán de realizarse, así como las áreas que incrementarán plantillas labores y a partir de cuándo, así como las erogaciones que habrán de realizarse por dichas contrataciones.

La diputada Rocío Pérez subrayó que, el 22 de octubre de 2017, fue anunciada la instalación de seis mil 476 cámaras de video-vigilancia y que se colocarían en toda la entidad, aunado al señalamiento que los 180 dispositivos que actualmente se encuentran trabajando no son los suficientes para salvaguardar la integridad de todos los veracruzanos.

De esta manera, se incrementaría la capacidad actual del Centro de Control Comando, Comunicaciones y Computo (C4), Región Xalapa y Subcentros Pánuco, Poza Rica, Cosoleacaque, Martínez de la Torre, Veracruz, San Andrés Tuxtla y Fortín de las Flores e inclusive habría la construcción de un C5 en Veracruz, independiente del que ya se encuentra allá, expuso.

Destacó que el homicidio doloso creció en Veracruz tomando como base las cifras de febrero del presente año, cuando hubo 110 casos. En marzo de este año se registraron 141. En esa casilla se puede hablar de un incremento de casi 30 por ciento y más de la mitad de los asesinatos se perpetraron con arma de fuego.

De acuerdo a la diputada no hay orden ni estrategia en las políticas públicas en materia de seguridad, por lo que debe revisarse y transparentarse el uso de los recursos, tanto humanos como financieros.

Para que las y los hijos menores de edad de las víctimas de feminicidio tengan prioridad en las medidas de reparación integral, la diputada Guadalupe Osorno Maldonado presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Víctimas, a fin de garantizar el pleno y sano desarrollo de los infantes.

En tribuna, la legisladora señaló que es necesario legislar en beneficio de las y los niños en orfandad por feminicidio, ya que durante esta etapa los infantes se quedan sin sustento familiar y sin soporte emocional, lo que debilita el futuro de estos.

En tal razón, la reforma contempla que el Estado garantice los derechos de salud, educación y sano desarrollo, así como programas de atención asistencial y psicológica.

La diputada Osorno Maldonado, señaló que la iniciativa contempla que los apoyos sean otorgados a través de las autoridades estatales o las municipales y los organismos autónomos para que garanticen los servicios educativos hasta concluir la licenciatura, de médicos, psicológicos, de programas sociales, de acogimiento residencial o de cualquier tipo que permita el restablecimiento de su independencia física, mental, social y su inclusión y participación en la sociedad.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Procuración de Justicia, para la Igualdad de Género y Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón presentó una iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, teniendo como objetivo dar certidumbre y transparencia al funcionamiento y desempeño de los Ayuntamientos en las sesiones de Cabildo.

En tribuna, la legisladora dijo que la iniciativa busca garantizar que los Síndicos y Regidores no firmen las actas de Cabildo sin leer el contenido, “a veces se omiten en las actas hechos relevantes o bien y aún así se les exige que las firmen” agregó.

Abundó que los ediles tienen, como autoridad, el inalienable derecho de revisar, leer y hasta corregir -si es necesario- las actas de Cabildo que van a firmar, de esta manera se tendrán Ayuntamientos democráticos, transparentes y justos.

La iniciativa contempla que en las sesiones de Cabildo se levanten actas que contendrán una relación precisa de los puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro foliado y una vez aprobadas, las revisarán, en su caso las corregirán y las firmarán todos los presentes y el secretario del Ayuntamiento.

Serán facultades y obligaciones del Secretario, asistir a las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz y levantar las actas al terminar cada una de ellas, debiendo proporcionarla a los ediles para su revisión, corrección y firma.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

El diputado José Roberto Arenas Martínez presentó, ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa que reforma el artículo 103 del Código Financiero de la entidad para exceptuar del pago de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a empleadores que, conscientes de la situación de madres solteras o jefes de familia que tengan hijos con algún trastorno o discapacidad, les permitan horarios flexibles y jornadas laborales reducidas para que puedan atenderlos.

Al detallar la iniciativa, presentada también a nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado destacó que existen problemas a los que se enfrentan madres con hijos discapacitados o con algún tipo de trastorno, como el autismo, ya que, en ocasiones, tienen que dejar sus empleos ante la incomprensión de los patrones que les niegan permisos para poder ausentarse, cuando esto se requiere por citas, cuidados o urgencias médicas.

Agregó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mamás trabajadoras en Veracruz reciben un promedio de 125 a 230 pesos por cada jornada laboral de ocho horas. El Instituto dio a conocer que en la entidad hay 2 millones 668 mil 997 mujeres que son madres, y de éstas, 1 millón 30 mil 222 laboran para colaborar o generar el sustento diario de su familia.

Expuso que este Informe arroja que, 750 mil 325 mamás se desarrollan en el sector terciario, integrado por comercio, servicios y transporte; en tanto 180 mil 897 madres trabajadoras ocupan puestos en el sector secundario, es decir, la industria, manufactura y construcción.

El resto de cerca de 99 mil madres brindan sus servicios en el sector primario, es decir colaboran en actividades de agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca.

El diputado José Roberto Arenas explicó las madres solteras no son el único grupo que debe recibir un beneficio de tal tipo, pues las condiciones para atender a los hijos, después de jornadas laborales extenuantes, y con las exigencias para el caso reportan, se experimenta de igual manera en los padres con hijos que presentan alguna discapacidad o trastorno.

“Es por ello que buscamos hacer extensivo el planteamiento de beneficio fiscal a los empleadores que no sólo otorguen horarios reducidos a madres solteras, sino también a hombres y mujeres con hijos que presenten discapacidad o algún trastorno”, argumentó.

De aprobarse este Decreto, se establecería un plazo no mayor a 60 días hábiles, para que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz emita las reglas de operación para que los contribuyentes puedan hacer efectivas las excepciones del pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal previstas.

La diputada Angélica Pineda Pérez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado su propuesta de Ley de Migración para el Estado de Veracruz que tiene como propósito garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes que salen, retornan o transitan en la entidad, así como establecer las bases de la política en materia de atención a migrantes y sus familias.

En la octava sesión, del segundo año de labores, la legisladora presentó su propuesta, que consta de 33 artículos en los que destaca que las dependencias y entidades de la administración pública estatal diseñarán e implementarán políticas públicas y programas especiales para la atención de las necesidades de las personas migrantes en cuanto a salud, educación, impartición y administración de justicia, desarrollo laboral y económico.

Además de todas aquellas destinadas a crear condiciones que favorezcan el debido ejercicio de sus derechos.

La iniciativa señala que en caso de que un migrante veracruzano fallezca en el extranjero, la Dirección General de Atención a Migrantes conforme a su normatividad, brindará todas las facilidades para que los deudos puedan tramitar la documentación oficial necesaria para la repatriación del cuerpo, y asesorarán sobre los trámites correspondientes a realizar en el extranjero.

De igual forma, establece que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia deberá proporcionar asistencia social para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, en coadyuvancia con las autoridades federales.

La Secretaría de Salud del Estado estaría obligada a prestar los servicios de salud de emergencia a los migrantes, sin que importe la situación migratoria, así como elaborar el registro de las personas migrantes que son atendidas en las instalaciones de los servicios estatales de salud; esto únicamente para fines estadísticos y realizar una mejor planeación de los servicios que se prestan a los migrantes.

Por otra parte la Secretaría de Educación establecería los lineamientos que faciliten la regularización escolar de los migrantes en retorno, en coordinación con las autoridades federales; así como elaborar programas y materiales educativos especiales, acordes a las condiciones de la población migrante en retorno.

La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado tendría la obligación de promover campañas de capacitación laboral y programas de empleo y vinculación con empresas, a fin de que los veracruzanos tengan acceso al empleo y se desaliente así su posible migración.

En su exposición en tribuna, la diputada detalló que a nivel mundial está ocurriendo niveles muy alto de desplazamiento; ya que según la agencia de la ONU para refugiados en 2016, alrededor de 65.6 millones de personas en todo el mundo, se han visto obligadas a huir de sus hogares a consecuencia de la persecución, los conflictos bélicos, la violencia o las violaciones de derechos humanos.

Veracruz debe garantizar y proteger los derechos humanos de quienes transitan por el territorio estatal, puesto que en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados, avalan la responsabilidad urgente de que sin importar su nacionalidad ni situación migratoria, se les garantice el irrestricto respeto a sus derechos, abundó la presidenta de la Comisión Permanente de Población y Atención a Migrantes.

En apoyo a la economía de los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que cursan sus estudios, el diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Público para el Estado de Veracruz para establecer que el servicio de transporte público para estudiantes de nivel superior deberá ser gratuito.

Durante la octava sesión ordinaria, el legislador presentó su propuesta ante el Pleno y donde prevé señalar en la legislación que, para el caso de los estudiantes de nivel superior, que utilicen los servicios de transporte público en su modalidad urbano, viajarán sin costo alguno, siempre y cuando estén debidamente acreditados, con identificación vigente y expedida por institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

De igual forma, plantea establecer que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, fijará, revisará y, en su caso, modificará las tarifas, conforme a las cuales se prestará el servicio transporte público de pasajeros; asimismo, acordará los subsidios, descuentos o tarifas diferenciadas que se otorgarán a los usuarios.

El diputado propone que para hacer válido este beneficio los estudiantes de nivel superior, además de estar acreditados, tendrán que cumplir con las disposiciones siguientes: será solamente de lunes a viernes y dentro de los horarios escolares, o que justifiquen que realizan prácticas relacionadas con sus estudios en horario distinto.

El legislador enfatizó que en México hay aproximadamente 30.6 millones de jóvenes, de entre 15 y 29 años, quienes representan el 25.7 por ciento de la población total, por lo que no debe permitirse que trunquen sus estudios, entre otras cosas, por la falta de un estímulo como la gratuidad del transporte durante su etapa de formación profesional, añadió.

Enfatizó que un universitario en promedio gasta aproximadamente mil 800 pesos mensuales de transporte, en carreras del área de ciencias, tomando en cuenta los viajes para realizar prácticas profesionales, cuya movilidad triplica el gasto en este rubro.

Agregó que una verdadera contraprestación es que los concesionarios del servicio público de transporte otorguen el servicio gratuito del trasporte a los estudiantes del nivel superior, como un instrumento de apoyo efectivo a la educación en el Estado.

El diputado José Luis Enríquez Ambell presentó ante el Pleno del Congreso del Estado su iniciativa con proyecto de Ley de Bibliotecas para el Estado de Veracruz cuyo propósito será determinar la integración de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de la entidad y establecer la distribución y coordinación entre el Gobierno y los Municipios de la Entidad para el desarrollo de la función educativa y cultural que se lleva a cabo en estos centros.

En la sesión, el legislador planteó que este ordenamiento fije los mecanismos que permitan optimizar y unificar el manejo, administración, sostenimiento y organización de bibliotecas públicas del Estado, con base en los principios establecidos en la Ley General de Bibliotecas.

Se instituye la Red como un sistema para integrar a las Bibliotecas del Estado de Veracruz, con el objeto de coordinar su funcionamiento, administración y operación, así como de promover la conservación y preservación de los bienes que éstas tienen asignados, incluidos los acervos bibliográficos, hemerográficos, auditivos, visuales, audiovisuales y digitales.

También cualquier otro medio que contenga información, además de procurar la profesionalización y capacitación del personal que labora en las bibliotecas, misma en la que participarán de manera coordinada para su funcionamiento y el cumplimiento de su objeto las instancias federales, estatales y municipales competentes, con el fin de fomentar la lectura, el conocimiento y la cultura en general.

Las bibliotecas enriquecerán su acervo mediante la participación de los usuarios, atendiendo a sus propuestas, en función de las particularidades de su ubicación, su diversidad cultural y lingüística, y con base en los intereses de la comunidad.

Las bibliotecas deberán contar con espacios libres de barreras para usuarios en sillas de ruedas, muletas, aparatos ortopédicos u otros, así como dimensiones especiales para el acceso y uso de los servicios prestados por la misma, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas, refiere la iniciativa.

El diputado Enríquez Ambell subrayó que la biblioteca pública, constituye un elemento básico de la educación permanente, de las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.

Destacó que las malas condiciones de operación, la falta de infraestructura adecuada, de acervo bibliográfico, así como el uso de la Internet y redes sociales han alejado a las niñas y niños y de igual forma a los adultos de las bibliotecas.

Por lo que –consideró- necesario regular las bibliotecas para darles un impulso, con la finalidad de organizarlas, promocionarlas, actualizarlas en contenidos, mejorar sus condiciones de operación, y convertirlas en espacios vanguardistas que inviten al joven a la lectura y a frecuentar estos lugares.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen correspondiente.

Para reconocer a los maestros que diariamente ponen su mejor esfuerzo para formar a la niñez y la juventud veracruzana, el diputado Eraclio de la Cruz Vicente presentó la iniciativa que reforma la fracción XXIII del artículo 18 de la Ley de Educación del Estado para establecer que anualmente se otorgará un estímulo al finalizar el ciclo escolar a todo el personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación, consistente en 15 días de su salario.

En la octava sesión y a nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del legislador José Roberto Arenas Martínez, de Juntos por Veracruz, el diputado enfatizó que sin maestros capacitados no puede haber educación de calidad, “la formación inicial y el lugar de trabajo son cruciales, como lo son las buenas condiciones laborales, la remuneración acorde con la tarea y las oportunidades de desarrollo profesional”.

Destacó que la modernización de la política educativa, que se puso en marcha a partir de la reforma estructural en la materia, en 2013, diseñó determinadas estrategias para mejorar la calidad en la educación.

Dijo que uno de esos mecanismos fundamentales se centró en diferenciar la política salarial de la docente y complementarla a través de estímulos y recompensas a su trabajo otorgados a partir de su aportación y constante evaluación.

Señaló que debe haber una educación que responda a las necesidades y retos del siglo XXI y sus nuevas condiciones, pero a la vez, también una educación que reconozca el valor de las raíces y dé a todos los niños y jóvenes un piso sólido para que en un futuro tengan las herramientas de ser mejores personas y eso se refleje en sus familias, sus comunidades y su entorno.

Sostuvo que con la expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el 11 de Septiembre de 2013, se creó también una estrategia para transformar la educación básica y media superior públicas, mediante la cual el Estado ratifica su rectoría en la educación con el propósito de mejorar el desempeño de los docentes y así lograr un mayor aprendizaje de los alumnos.

Al detallar la iniciativa, el legislador manifestó que es muy frecuente que todo el personal educativo, incluyendo a directivos, docentes y de apoyo y asistencia a la educación, no reciban el reconocimiento que merecen.

“No sólo en fechas conmemorativas, como el Día del Maestro, se debe tener presente la inmensa responsabilidad que recae sobre ellos, así como las dificultades a las que deben hacer frente, sobre todo en estos tiempos difíciles para la economía nacional” argumentó.

Veracruz requiere de una educación de calidad con equidad e inclusión, una educación capaz de formar con suficiencia a los ciudadanos que la sociedad democrática mexicana necesita, concluyó el legislador Eraclio de la Cruz.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de Hacienda del Estado para su estudio y trámite correspondiente.

El
diputado Ángel Armando López Contreras presentó un pronunciamiento relativo al
desacato de las autoridades municipales de Pánuco a las resoluciones del Poder
Legislativo, que vulnera los derechos político electorales de una ciudadana y
el principio de representación proporcional en la conformación del Ayuntamiento
de ese Municipio.

En
tribuna, el legislador señaló que la Diputación Permanente expidió, el 9 de abril del año en curso, con fundamento en
lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre, la licencia a la ciudadana Anabel
Ponce Calderón, regidora quinta propietaria del Ayuntamiento de Pánuco, para
separarse del cargo por el período comprendido del 9 de abril al 31 de
diciembre de este año.

En
tal acuerdo se especificó llamar a la ciudadana María de la Luz Guzmán Rivera,
regidora quinta suplente, para que, previa protesta de Ley ante el Cabildo,
asumiera el cargo de referencia por el tiempo de la licencia de la propietaria
y a la fecha no le han tomado protesta.

El
legislador López Contreras indicó que tal acción viola los derechos
político-electorales, pues fue elegida por los ciudadanos precisamente para
suplir las ausencias de la propietaria.

Por lo que
solicitan al
Presidente Municipal de Pánuco a dar cumplimiento al acuerdo referido de la
Diputación Permanente y tomar de inmediato la protesta de Ley a la ciudadana
María de la Luz Guzmán Rivera, para que pueda desempeñar el cargo de regidora
en el Ayuntamiento de ese municipio.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Estado aprobaron el Dictamen
por el cual se autoriza al titular del Poder Ejecutivo otorgar, en comodato,
por un periodo de 20 años, el predio denominado “El Faunito”, ubicado en el
municipio de Fortín y con una superficie de 58 mil 76 metros cuadrados, a favor
del Instituto de Ecología A.C (INECOL).

De
acuerdo al Dictamen, este predio deberá destinarse a fines de investigación en
ecología básica y en agroecología enfocada a la cafeticultura; centro de
capacitación para la conservación, gestión ambiental, sustentabilidad y
educación ambiental; desarrollo de reuniones y eventos académicos de relevancia
nacional e internacional.

De
igual forma, la creación de espacios públicos, como es un jardín botánico, en
el que se puedan preservar y exhibir las especies endémicas representativas del
bosque mesófilo de montaña, de la selva alta y mediana subperennifolia,
características de la Barranca de Metlac, tales como, plantas epifitas
(orquídeas, bromelias, vainilla, etcétera).

También,
que al mismo tiempo, represente una alternativa de contemplación y apreciación
de la naturaleza y de sano esparcimiento para la población en general de esta
región del Estado; establecer una plantación demostrativa de cafetal de sombra;
así como instalar un auditorio y salas de exhibición donde se presentarán
eventos académicos y culturales.

En
la sesión, las y los diputados aprobaron el Acuerdo por el que se autoriza el
Gobierno estatal enajenar, a título gratuito, 27 terrenos ubicados en el
municipio de Alvarado en favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), como un acto derivado del proyecto para
la construcción de la Vía General de Comunicación denominada “Libramiento Antón
Lizardo”.

Por
otra parte, el Pleno autorizó, también, al Ejecutivo estatal, por conducto de
la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), enajenar mediante el proceso
de subasta restringida, un bien mueble propiedad del Gobierno del Estado de
Veracruz, asignado al Instituto Veracruzano de la Vivienda, con las siguientes
características: vehículo marca Ford, Tipo
Explorer, Modelo 2006, Placas YDN7840, Numero de Serie1FMEU73866UA62861, color obscuro, cuyo
valor mínimo de venta asciende a 35 mil pesos 759 pesos, de conformidad con el
avalúo practicado.

Los
recursos económicos que se obtengan serán destinados, preferentemente, a cubrir
gastos contingentes no previstos y a proyectos de inversión adicionales a
realizarse durante el transcurso del presente ejercicio fiscal, conforme lo
establece el artículo 201 del Código Financiero para el Estado de Veracruz.

La
diputada local María Josefina Gamboa Torales presentó un anteproyecto, con
punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales a brindar la ayuda
necesaria y requerida por la Procuraduría General de la República (PGR), y la
Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de optimizar y agilizar las
investigaciones en materia de desaparición de personas que tengan abiertas y
llevar ante la justicia a los responsables.

En
tribuna, la también secretaria de la Comisión Permanente de Procuración de
Justicia, recordó que durante muchos años Veracruz fue presa de malos
gobiernos, pero también malas decisiones y de complicidades atroces que
hicieron del Estado un lugar donde la vida no tenía valor.

Señaló
que tras la detención del ex Fiscal del Estado,el día de ayer en la Ciudad de
México, se reconoce el trabajo de todas y todos los integrantes de la Fiscalía
General del Estado y de su titular, Jorge
Winckler Ortiz, por la detención de quien –a su consideración-
ocasionó tanto daño a los veracruzanos.

Asimismo,
reconoció al titular del Ejecutivo estatal por destinar la recompensa que había,
para encontrar al exFiscal, a la Comisión Local de Búsqueda de Personas
Desaparecidas.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el Dictamen de la nueva
Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección
de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad agrícola,
artesanal y tradicional en el Estado de Veracruz, que tiene por objeto
fomentar el desarrollo de esta, estableciendo que para protegerla elaboración
del piloncillo deberá ser hecho, únicamente, con jugo de caña de azúcar, con
calidad para el consumo humano y mediante la utilización de trapiches.

De
acuerdo a la nueva Ley, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca
(SEDARPA) y al presupuesto anual que le corresponda a esta, enviará los
recursos que se destinen para el sector piloncillero. De los recursos públicos
enviados por el Ejecutivo Federal deberá destinar una partida especial para
este sector.

Además,
deberá planear, promover y coordinar la realización de programas tendientes a
fomentar y mejorar la producción del piloncillo.

También
promoverá campañas para prevenir y combatir las plagas en los trapiches
piloncilleros, así como para prevenir y combatir las plagas y enfermedades que
presente la caña de azúcar.

Se
crea el Padrón Estatal de Productores Piloncilleros, a fin de que se establezca
un registro de todos los productores de piloncillo activos en el Estado. Dicho
padrón será un instrumento auxiliar de la SEDARPA para el cumplimiento de esta Ley.

La
SEDARPA tendrá atribuciones para fomentar y proteger la actividad piloncillera;
coadyuvar en el diseño, planeación y programación de políticas públicas
destinadas a este sector; resolver sobre las solicitudes de apoyo que suscriban
los productores para ser beneficiarios de los programas de apoyo a la actividad
piloncilla, así como promover y dar seguimiento a los programas destinados a
este ramo.

Se
establece que en la elaboración del piloncillo se prohíbe utilizar azúcar,
mieles de línea de productos que se encuentren en losestablecimientos
comerciales, barredura de azúcar o azúcar siniestrada de ingenios azucareros,
dulces o caramelos derretidos y cualquier endulzante que no sea jugo de caña de
azúcar extraído de los trapiches.

De
igual forma, colorantes o cualquier otro tipo de sustancia que altere el valor
nutricional o ponga en peligro la salud humana.

En
el Reglamento de esta ley se establecerá el procedimiento para que la SEDARPA
en coordinación con órganos auxiliares, lleven a cabo visitas de inspección y
vigilancia en los trapiches piloncilleros, con la finalidad de verificar y
certificar que en el proceso se utilice únicamente jugo
de caña de azúcar y que no existan indicios de que ocupan otros endulzantes
para la elaboración del piloncillo.

Este
Dictamen registró 36 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Esta ley es
resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de Mayo de 2017, el diputado
Rogelio Arturo Rodríguez García.

En
los posicionamientos y tras dar la bienvenida a productores de piloncillo que
acudieron al salón del Pleno, del Congreso, el diputado Rogelio Arturo
Rodríguez manifestó que en atención a las demandas de los ciudadanos se refleja
esta reforma para combatir la lucha desigual que sufren los productores de piloncillo
y ayudará a una eficiencia hacia esta actividad.

La
presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Artesanal, diputada María
Adela Escamilla Moreno destacó la importancia de la actividad piloncillera en
Veracruz y se pronunció a favor de esta Ley, ya que permitirá reactivar la
economía en las diversas regiones en las que se dedican a esta actividad.

El
Congreso del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen que reforma las Leyes de
Planeación y la Orgánica del Municipio Libre con lo que se dota a los ayuntamientos
de atribuciones suficientes para planear su desarrollo bajo la perspectiva
metropolitana, para que ésta a su vez tenga una correspondencia presupuestal en
el Presupuesto de Egresos del Estado.

La
reforma, avalada por las y los legisladores, dota de facultades al Consejo para
el Desarrollo Metropolitano del Estado para promover la elaboración de
Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano.

De
esta manera se establece que el Consejo
para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz promoverá la
elaboración de los Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano para ser
remitidos y aprobados por el Congreso del Estado en los primeros seis meses de
iniciado el periodo de los ayuntamientos respectivos, los cuales serán
considerados como el documento base para la presupuestación con recurso estatal
de obras de carácter metropolitano.

Los Ayuntamientos podrán convenir con los de otros
municipios del estado o de otras entidades federativas, la elaboración conjunta
de planes de desarrollo para las regiones o zonas metropolitanas en las que se
ubiquen

Esta reforma es resultado de la iniciativa que
presentó, el 11 de Julio de 2017, el diputado Fernando Kuri Kuri.

Este Dictamen registró 36 votos a favor, sin votos
en contra o abstención.

-Rechaza Pleno
reformas a la Ley de Planeación-

En
la sesión, el Pleno avaló el Dictamen por el que se declara improcedente
dictaminar de manera positiva la iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Planeación del Estado presentada, el 18 de Julio de
2017, por la diputada Miriam Judith González Sheridan.

El
Dictamen refiere que la propuesta en que se describen las atribuciones de los
Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal y de sus integrantes,
además de resultar ociosamente exhaustivas, se considera que son
inconstitucionales, pues se pretende que un órgano consultivo ordene a los
Ayuntamientos qué hacer y cómo conformar sus propios órganos.

El
Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen que reforma el
artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Obras Relacionadas con Ellas en el
que se establece que en la planeación de cada obra pública deberán preverse
instalaciones para que las personas con capacidades diferentes y adultos
mayores puedan acceder y transitar en los inmuebles de un modo seguro.

De
esta manera, la reforma aprobada señala que en la planeación de cada obra
pública deberá preverse instalaciones para que las personas con capacidades diferentes y adultos mayores puedan acceder
y transitar en los inmuebles quesean construidos, las que, según la naturaleza
de la obra, podrán consistir en rampas, puertas, elevadores, baños, pasamanos,
asideras, estacionamiento vehicular y otras instalaciones semejantes que les
permita realizar sus trámites o servicios de un modo seguro y autónomo.

El
Dictamen refiere que el Estado debe llevar a cabo en la construcción de los
inmuebles públicos estatales o municipales planteamientos con una “visión de
Instituciones públicas cien por ciento accesibles para todos los ciudadanos”,
con espacios adecuados para que las personas con capacidades diferentes y los
adultos mayores puedan ingresar y desplazarse dentro y fuera de manera
autónoma, libre y con seguridad.

Esta
reforma es resultado de la iniciativa que presentó, el 31 de enero de 2017, el
diputado Rogelio Arturo Rodríguez García.

Este
decretó fue aprobado con 33 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-Menores migrantes,
sujetos de asistencia social-

Las
diputadas y diputados aprobaron el Dictamen que reforma el artículo 4 de la Ley
sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado que contempla a los
menores migrantes como sujetos a la recepción de los servicios de asistencia
social, en tanto se resuelve su situación legal en la entidad.

Las
comisiones dictaminadoras coinciden con la autora en la necesidad de brindar a los niños migrantes
un apoyo que vaya más allá de una orientación o una entrega a las autoridades
migratorias.

Este
Decreto registró 35 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Esta
reforma es resultado de la iniciativa que presentó, el 14 de mayo de este año,
la diputada independiente Eva Felícitas Cadena Sandoval.

La
diputada María del Rocío Pérez Pérez presentó un Anteproyecto, con Punto de
Acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que informe
a esta Soberanía el estado actual del sistema y estrategia de seguridad en la
entidad, así como un detalle del costo de las compras de equipos de video-vigilancia,
renta de aeronaves, empresas que participan en la licitación y las erogaciones
por concepto de mantenimiento o desarrollo de la aplicación “Emergencia
Ciudadana Veracruz”.

En
la octava sesión ordinaria, del Segundo Año de labores, la legisladora también
solicita al Gobernador, a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), informe el número de contrataciones que habrán de realizarse, así como
las áreas que incrementarán plantillas labores y a partir de cuándo, así como
las erogaciones que habrán de realizarse por dichas contrataciones.

La
diputada Rocío Pérez subrayó que, el 22 de octubre de 2017, fue anunciada la
instalación de seis mil 476 cámaras de video-vigilancia y que se colocarían en
toda la entidad, aunado al señalamiento que los 180 dispositivos que
actualmente se encuentran trabajando no son los suficientes para salvaguardar la integridad de todos los
veracruzanos.

De
esta manera, se incrementaría la capacidad actual del Centro de Control
Comando, Comunicaciones y Computo (C4), Región Xalapa y Subcentros Pánuco, Poza
Rica, Cosoleacaque, Martínez de la Torre, Veracruz, San Andrés Tuxtla y Fortín
de las Flores e inclusive habría la construcción de un C5 en Veracruz,
independiente del que ya se encuentra allá, expuso.

Destacó
que el homicidio doloso creció en Veracruz tomando como base las
cifras de febrero del presente año, cuando hubo 110 casos. En marzo de este año
se registraron 141. En esa casilla se puede hablar de un incremento de casi 30
por ciento y más de la mitad de los asesinatos se perpetraron con arma de fuego.

De
acuerdo a la diputada no hay orden ni estrategia en las políticas públicas en
materia de seguridad, por lo que debe revisarse y transparentarse el uso de los
recursos, tanto humanos como financieros.

El
diputado José Luis Enríquez Ambell presentó ante el Pleno del Congreso del
Estado su iniciativa con proyecto de Ley de Bibliotecas para el Estado de
Veracruz cuyo propósito será determinar la integración de la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas de la entidad y establecer la distribución y coordinación
entre el Gobierno y los Municipios de la Entidad para el desarrollo de la
función educativa y cultural que se lleva a cabo en estos centros.

En
la sesión, el legislador planteó que este ordenamiento fije los mecanismos que
permitan optimizar y unificar el manejo, administración, sostenimiento y organización
de bibliotecas públicas del Estado, con base en los principios establecidos en
la Ley General de Bibliotecas.

Se
instituye la Red como un sistema para integrar a las Bibliotecas del Estado de
Veracruz, con el objeto de coordinar su funcionamiento, administración y
operación, así como de promover la conservación y preservación de los bienes
que éstas tienen asignados, incluidos los acervos bibliográficos,
hemerográficos, auditivos, visuales, audiovisuales y digitales.

También
cualquier otro medio que contenga información, además de procurar la
profesionalización y capacitación del personal que labora en las bibliotecas,
misma en la que participarán de manera coordinada para su funcionamiento y el
cumplimiento de su objeto las instancias federales, estatales y municipales
competentes, con el fin de fomentar la lectura, el conocimiento y la cultura en
general.

Las
bibliotecas enriquecerán su acervo mediante la participación de los usuarios,
atendiendo a sus propuestas, en función de las particularidades de su
ubicación, su diversidad cultural y lingüística, y con base en los intereses de
la comunidad.

Las
bibliotecas deberán contar con espacios libres de barreras para usuarios en
sillas de ruedas, muletas, aparatos ortopédicos u otros, así como dimensiones
especiales para el acceso y uso de los servicios prestados por la misma, de
conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas, refiere la iniciativa.

El
diputado Enríquez Ambell subrayó que la biblioteca pública, constituye un
elemento básico de la educación permanente, de las decisiones autónomas y el
progreso cultural de la persona y los grupos sociales.

Destacó
que las malas condiciones de operación, la falta de infraestructura adecuada,
de acervo bibliográfico, así como el uso de la Internet y redes sociales han
alejado a las niñas y niños y de igual forma a los adultos de las bibliotecas.

Por
lo que –consideró- necesario regular las bibliotecas para darles un impulso,
con la finalidad de organizarlas, promocionarlas, actualizarlas en contenidos,
mejorar sus condiciones de operación, y convertirlas en espacios vanguardistas
que inviten al joven a la lectura y a
frecuentar estos lugares.

Esta
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su
estudio y dictamen correspondiente.

Para
reconocer a los maestros que diariamente ponen
su mejor esfuerzo para formar a la niñez y la juventud veracruzana, el diputado
Eraclio de la Cruz Vicente presentó la iniciativa que reforma la fracción XXIII
del artículo 18 de la Ley de Educación del Estado para establecer que anualmente
se otorgará un estímulo al finalizar el ciclo escolar a todo el personal
directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación, consistente en 15
días de su salario.

En la octava sesión
y a nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y del legislador José Roberto Arenas Martínez, de Juntos por Veracruz, el
diputado enfatizó que sin maestros capacitados no puede haber educación de
calidad, “la formación inicial y el lugar de trabajo son cruciales, como lo son
las buenas condiciones laborales, la remuneración acorde con la tarea y las
oportunidades de desarrollo profesional”.

Destacó que la
modernización de la política educativa, que se puso en marcha a partir de la
reforma estructural en la materia, en 2013, diseñó determinadas estrategias
para mejorar la calidad en la educación.

Dijo que uno de
esos mecanismos fundamentales se centró en diferenciar la política salarial de
la docente y complementarla a través de estímulos y recompensas a su trabajo
otorgados a partir de su aportación y constante evaluación.

Señaló que debe
haber una educación que responda a las necesidades y retos del siglo XXI y sus
nuevas condiciones, pero a la vez, también una educación que reconozca el valor
de las raíces y dé a todos los niños y jóvenes un piso sólido para que en un
futuro tengan las herramientas de ser mejores personas y eso se refleje en sus
familias, sus comunidades y su entorno.

Sostuvo que con la
expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente,
el 11 de Septiembre de 2013, se creó también una estrategia para transformar la
educación básica y media superior públicas, mediante la cual el Estado ratifica
su rectoría en la educación con el propósito de mejorar el desempeño de los
docentes y así lograr un mayor aprendizaje de los alumnos.

Al detallar la
iniciativa, el legislador manifestó que es muy frecuente que todo el personal
educativo, incluyendo a directivos, docentes y de apoyo y asistencia a la
educación, no reciban el reconocimiento que merecen.

“No sólo en fechas
conmemorativas, como el Día del Maestro, se debe tener presente la inmensa
responsabilidad que recae sobre ellos, así como las dificultades a las que
deben hacer frente, sobre todo en estos tiempos difíciles para la economía
nacional” argumentó.

Veracruz requiere
de una educación de calidad con equidad e inclusión, una educación capaz de
formar con suficiencia a los ciudadanos que la sociedad democrática mexicana
necesita, concluyó el legislador Eraclio de la Cruz.

Esta iniciativa fue
turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de
Hacienda del Estado para su estudio y trámite correspondiente.

El
diputado José Roberto Arenas Martínez presentó, ante el Pleno del Congreso del
Estado, la iniciativa que reforma el artículo 103 del Código Financiero de la
entidad para exceptuar del pago de Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal a empleadores que, conscientes de la
situación de madres solteras o jefes de familia que tengan hijos con algún
trastorno o discapacidad, les permitan horarios flexibles y jornadas laborales
reducidas para que puedan atenderlos.

Al
detallar la iniciativa, presentada también a nombre del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado destacó que existen
problemas a los que se enfrentan madres
con hijos discapacitados o con algún tipo de trastorno, como el autismo, ya
que, en ocasiones, tienen que dejar sus empleos ante la incomprensión de los
patrones que les niegan permisos para poder ausentarse, cuando esto se requiere
por citas, cuidados o urgencias médicas.

Agregó que según el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mamás trabajadoras
en Veracruz reciben un promedio de 125 a 230 pesos por cada jornada laboral de
ocho horas. El Instituto dio a conocer que en la entidad hay 2 millones 668 mil
997 mujeres que son madres, y de éstas, 1 millón 30 mil 222 laboran para
colaborar o generar el sustento diario de su familia.

Expuso que este
Informe arroja que, 750 mil 325 mamás se desarrollan en el sector terciario,
integrado por comercio, servicios y transporte; en tanto 180 mil 897 madres
trabajadoras ocupan puestos en el sector secundario, es decir, la industria,
manufactura y construcción.

El resto de cerca
de 99 mil madres brindan sus servicios en el sector primario, es decir
colaboran en actividades de agricultura, explotación forestal, ganadería,
minería y pesca.

El diputado José
Roberto Arenas explicó las madres solteras no son el único grupo que debe
recibir un beneficio de tal tipo, pues las condiciones para atender a los
hijos, después de jornadas laborales extenuantes, y con las exigencias para el
caso reportan, se experimenta de igual manera en los padres con hijos que
presentan alguna discapacidad o trastorno.

“Es por ello que
buscamos hacer extensivo el planteamiento de beneficio fiscal a los empleadores
que no sólo otorguen horarios reducidos a madres solteras, sino también a
hombres y mujeres con hijos que presenten discapacidad o algún trastorno”,
argumentó.

De
aprobarse este Decreto, se establecería un plazo no mayor a 60 días hábiles, para que la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz emita las reglas de
operación para que los contribuyentes puedan hacer efectivas las excepciones
del pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
previstas.

La
diputada Angélica Pineda Pérez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado
su propuesta de Ley de Migración para el Estado de Veracruz que tiene como propósito
garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes que salen,
retornan o transitan en la entidad, así como establecer las bases de la
política en materia de atención a migrantes y sus familias.

En
la octava sesión, del segundo año de labores, la legisladora presentó su
propuesta, que consta de 33 artículos en los que destaca que las dependencias y
entidades de la administración pública estatal diseñarán e implementarán
políticas públicas y programas especiales para la atención de las necesidades
de las personas migrantes en cuanto a salud, educación, impartición y
administración de justicia, desarrollo laboral y económico.

Además
de todas aquellas destinadas a crear condiciones que favorezcan el debido
ejercicio de sus derechos.

La
iniciativa señala que en caso de que un migrante veracruzano fallezca en el
extranjero, la Dirección General de Atención a Migrantes conforme a su
normatividad, brindará todas las facilidades para que los deudos puedan
tramitar la documentación oficial necesaria para la repatriación del cuerpo, y
asesorarán sobre los trámites correspondientes a realizar en el extranjero.

De
igual forma, establece que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia deberá proporcionar asistencia social para la atención de niños, niñas
y adolescentes migrantes no acompañados, en coadyuvancia con las autoridades
federales.

La
Secretaría de Salud del Estado estaría obligada a prestar los servicios de
salud de emergencia a los migrantes, sin que importe la situación migratoria,
así como elaborar el registro de las personas migrantes que son atendidas en
las instalaciones de los servicios estatales de salud; esto únicamente para
fines estadísticos y realizar una mejor planeación de los servicios que se
prestan a los migrantes.

Por
otra parte la Secretaría de Educación establecería los lineamientos que
faciliten la regularización escolar de los migrantes en retorno, en
coordinación con las autoridades federales; así como elaborar programas y
materiales educativos especiales, acordes a las condiciones de la población
migrante en retorno.

La
Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado tendría la
obligación de promover campañas de capacitación laboral y programas de empleo y
vinculación con empresas, a fin de que los veracruzanos tengan acceso al empleo
y se desaliente así su posible migración.

En
su exposición en tribuna, la diputada detalló que a nivel mundial está
ocurriendo niveles muy alto de desplazamiento; ya que según la agencia de la ONU
para refugiados en 2016, alrededor de 65.6 millones de personas en todo el
mundo, se han visto obligadas a huir de sus hogares a consecuencia de la
persecución, los conflictos bélicos, la violencia o las violaciones de derechos
humanos.

Veracruz
debe garantizar y proteger los derechos
humanos de quienes transitan por el territorio estatal, puesto que en la
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales firmados, avalan la responsabilidad urgente de que sin importar
su nacionalidad ni situación migratoria, se les garantice el irrestricto
respeto a sus derechos, abundó la presidenta de la Comisión Permanente de
Población y Atención a Migrantes.

Para
que las y los hijos menores de edad de las víctimas de feminicidio tengan
prioridad en las medidas de reparación integral, la diputada Guadalupe Osorno
Maldonado presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Víctimas, a fin
de garantizar el pleno y sano desarrollo de los infantes.

En
tribuna, la legisladora señaló que es necesario legislar en beneficio de las y
los niños en orfandad por feminicidio, ya que durante esta etapa los infantes
se quedan sin sustento familiar y sin soporte emocional, lo que debilita el
futuro de estos.

En
tal razón, la reforma contempla que el Estado garantice los derechos de salud,
educación y sano desarrollo, así como programas de atención asistencial y psicológica.

La
diputada Osorno Maldonado, señaló que la iniciativa contempla que los apoyos
sean otorgados a través de las autoridades estatales o las municipales y los
organismos autónomos para que garanticen los servicios educativos hasta
concluir la licenciatura, de médicos, psicológicos, de programas sociales, de
acogimiento residencial o de cualquier tipo que permita el restablecimiento de
su independencia física, mental, social y su inclusión y participación en la
sociedad.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Procuración de Justicia, para la Igualdad de Género
y Justicia y Puntos Constitucionales.

En
apoyo a la economía de los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que cursan sus
estudios, el diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés presentó la
iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Público para el Estado de Veracruz para
establecer que el servicio de transporte público para estudiantes de nivel
superior deberá ser gratuito.

Durante la octava sesión ordinaria, el legislador
presentó su propuesta ante el Pleno y donde prevé señalar en la legislación que,
para el caso de los estudiantes de nivel superior, que utilicen los servicios
de transporte público en su modalidad urbano, viajarán sin costo alguno,
siempre y cuando estén debidamente acreditados, con identificación vigente y
expedida por institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación de
Veracruz (SEV).

De igual forma, plantea
establecer que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de
Seguridad Pública, fijará, revisará y, en su caso, modificará las tarifas,
conforme a las cuales se prestará el servicio transporte público de pasajeros;
asimismo, acordará los subsidios, descuentos o tarifas diferenciadas que se
otorgarán a los usuarios.

El diputado propone que para hacer válido este
beneficio los estudiantes de nivel superior, además de estar acreditados,
tendrán que cumplir con las disposiciones siguientes: será solamente de lunes a
viernes y dentro de los horarios escolares, o que justifiquen que realizan
prácticas relacionadas con sus estudios en horario distinto.

El legislador enfatizó que en México hay
aproximadamente 30.6 millones de jóvenes, de entre 15 y 29 años, quienes representan
el 25.7 por ciento de la población total, por lo que no debe permitirse que
trunquen sus estudios, entre otras cosas, por la falta de un estímulo como la
gratuidad del transporte durante su etapa de formación profesional, añadió.

Enfatizó que un universitario en promedio gasta
aproximadamente mil 800 pesos mensuales de transporte, en carreras del área de
ciencias, tomando en cuenta los viajes para realizar prácticas profesionales,
cuya movilidad triplica el gasto en este rubro.

Agregó que una verdadera contraprestación es que los
concesionarios del servicio público de transporte otorguen el servicio gratuito
del trasporte a los estudiantes del nivel superior, como un instrumento de
apoyo efectivo a la educación en el Estado.