La
diputada María Josefina Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, presentó un Anteproyecto de
Punto de Acuerdo en el que propone, se solicite la comparecencia de los
Secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública; así como del Fiscal General del
Estado.

Al
hacer uso de la voz, la legisladora propuso como primer punto, solicitar al
Ejecutivo Estatal, la comparecencia de los titulares de la Secretaría de
Gobierno y de Seguridad Pública, a efecto de que informen la estrategia y plan
de trabajo que se implementará en materia de seguridad; así como los resultados
obtenidos en el combate a la delincuencia.

En
el segundo punto, propone solicitar al titular de la Fiscalía General del Estado
comparezca e informe el número de carpetas de investigación que se radicaron de
diciembre de 2018 a la fecha, así como el número de carpetas concluidas y
cuántas se han llevado ante el Juez de Control durante el período señalado.

Consideró
indispensable que el Congreso llame a cuentas al Fiscal General, junto con los
responsables de la seguridad en el Estado, para que sobre los datos duros y
objetivos, más no políticos, sea posible emitir una opinión.

El
Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación
Política para su análisis y dictamen.

En representación
de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, el presidente de la Mesa
Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, asistió a la presentación del Plan
de Impartición de Justicia para las Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas,
y en el que participaron el Gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García
Jiménez y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad,
magistrado Edel Humberto Álvarez Peña.

Al hacer uso de la
voz, el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, destacó la
importancia de la instauración del marco jurídico que permite proteger y dar
garantías a los pueblos indígenas a través de protocolos que permitan el acceso
a la justicia, pronta, expedita y constitucional para los pueblos.

Asimismo, dijo que
Veracruz tiene una gran variedad de culturas indígenas vivas, donde
la lengua e idioma siguen siendo diferentes al castellano, por lo que es
fundamental que a través de estas acciones se evite una impartición de justicia
desvirtuada.

En entrevista, el
diputado Pozos Castro aseguró que desde el Congreso del Estado se tomarán las
medidas pertinentes para armonizar las leyes y seguir dando garantías y certeza
a la población indígena a fin que sus procesos de impartición de justicia sean
justos y en apego a la legislación vigente, otorgando todas las oportunidades
de igualdad tal como lo marcan los derechos humanos y los tratados en la
materia, de los que México forma parte.

El presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Edel Humberto Álvarez Peña, subrayó que en un
Estado de derecho democrático no basta con hacer un reconocimiento formal a la
naturaleza pluricultural de la sociedad, por lo que el Poder Judicial del Estado,
tomando como base el Plan Veracruzano de Desarrollo 2018-2024, se comprometió a
atender la demanda de este sector para que las políticas públicas que buscan la
paz, igualdad y justicia de los estratos más débiles se cumplan.

Agregó que el estado
de Veracruz cuenta con 13 pueblos originarios con registro oficial, lo que lo
convierte en la tercera entidad, a nivel nacional, en concentrar población
indígena, por lo que es importante el inicio de esta nueva etapa en cuanto a
los derechos de los pueblos originarios, siendo este un plan diseñado cuyo
objetivo es garantizar el derecho que tienen
los indígenas de acceder plenamente a la justicia que imparte el Estado, tal
como lo establece el artículo segundo de
la Constitución Política Federal.

No se trata de una
declaración de buena voluntad por parte del Poder Judicial sino un compromiso y
herramienta de trabajo para la impartición de justicia, expuso el magistrado,
quien agregó que este documento representa una guía de cómo debe actuarse y
atender un asunto en el que estén involucrados los derechos de indígenas.

Abundó que los
puntos del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que
involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas se refieren a
promover la armonización y adecuación del marco normativo del Poder Judicial,
con la finalidad de garantizar los derechos humanos de las personas indígenas,
además de difundir el protocolo entre todos los distritos judiciales y los
jueces, priorizando aquellos con los que cuenten con un mayor número de
comunidades y pueblos indígenas.

De igual modo se
coordinarán acciones con la Dirección de la defensoría de oficio del Poder Judicial
para incrementar el número de peritos intérpretes en todo el estado, de igual
manera se establecerá una coordinación permanente con los consejos consultivos
regionales para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Enfatizó que se
llevará a cabo un diagnóstico sobre los procesos penales en el que estén
involucrados indígenas, con la finalidad dar a conocer los beneficios que les
otorga la Ley Nacional de Ejecuciones Penales, contando con un intérprete
certificado.

Posteriormente, el
Ejecutivo estatal Cuitláhuac García Jiménez, tomó protesta a Esmeralda Ixtla
Domínguez como Coordinadora del Plan de Impartición de Justicia para las Personas,
Comunidades y Pueblos Indígenas.

Asistieron al
evento el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros
Burgos; el poeta y acreedor a la medalla Adolfo Ruiz Cortines 2018, Juan
Hernández Ramírez; los magistrados Andrés Cruz Ibarra y Pedro Luis Reyes Marín; los integrantes del Consejo de la Judicatura,
Edgar Mauricio Duck Núñez y Carla Rodríguez González, así como la titular de la
Unidad de Género de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, Haydeé
Campos González.

A nombre del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz, la diputada Mónica Robles Barajas presentó un
anteproyecto de Punto de Acuerdo que busca instruir al Órgano de Fiscalización
Superior (ORFIS), a que – a partir de la publicación del presente Acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado- inicie los procedimientos de fiscalización superior
de la Cuenta Pública 2018 de las dependencias del Ejecutivo: Servicios de Salud
de Veracruz (SESVER), de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
(SIOP), así como del órgano autónomo Fiscalía General del Estado (FGE).

En su intervención, durante la octava sesión
ordinaria, la legisladora Robles Barajas destacó que esta revisión, en términos
del artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado, podrá abarcar temas técnicos, legales, financieros presupuestales y
de desempeño.

Además, concluida la revisión deberá
informarse a esta Soberanía, por conducto de la Comisión Permanente de
Vigilancia, y en caso de encontrar anomalías que pudieran derivar en la
comisión de conductas ilícitas, deberá promover las acciones legales que
correspondan ante las instancias respectivas.

En su anteproyecto, la también presidenta de la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, subrayó que en 2017,
el primer año de ejercicio de la pasada administración pública estatal,
existieron diversas observaciones dentro del Informe de Resultados a la Cuenta
Pública del año en cita, contenidas en el Poder Ejecutivo y órganos autónomos.

Ejemplificó que SESVER manejó en 2017, poco más de
seis mil 593 millones de pesos, y en la que en el Informe Individual de la
Fiscalización Superior se encontraron 21 observaciones financieras de orden
estatal y 12 observaciones técnicas de orden estatal-federal, sumando en total
33 observaciones, de las cuales 3 son de presunto daño patrimonial por un monto
de 10 millones 322 mil 878 pesos referentes a pagos improcedentes.

Agregó que la SIOP, que administró 293 millones
ochocientos mil pesos en el 2017, y que fue objeto de señalamientos, en el
Informe Individual de la Fiscalización Superior donde se encontraron siete
observaciones financieras de orden estatal y 8 observaciones técnicas de orden
estatal-federal, sumando un total de 15.

De éstas, se destacan la incorrecta integración de
soportes documentales de la comprobación de gastos por los trabajos ejecutados;
adjudicaciones de manera directa; así como deficiencias en los procesos de
supervisión y de finalización de las obras.

Expuso que la Fiscalía General del Estado, que
manejó en el ejercicio 2017 más de un
mil 100 millones de pesos de presupuesto, sin obtener los resultados deseados
en su finalidad primordial que es la procuración de justicia. En su Informe
Individual de la Fiscalización Superior, hay 6 observaciones, de las cuales 4
son financieras de orden estatal y 2 observaciones técnicas de orden
federal-estatal, todas ellas presuntamente de carácter administrativo.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena
enfatizó que con la revisión a las Cuentas Públicas de estos entes se estará
haciendo valer el Estado de Derecho y se garantizará que mecanismos como la
transparencia y la rendición de cuentas sean parte fundamental de las prácticas
de la administración pública en Veracruz.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su estudio y dictamen correspondiente.

En apoyo al sector educativo respecto al fomento a
los símbolos patrios, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Congreso
del Estado de Veracruz se llevó a cabo el Concurso de Interpretación del Himno
Nacional Mexicano, organizado por la inspección escolar zona 10, Xalapa sur, de
escuelas secundarias generales.

El evento fue inaugurado por el inspector escolar de
la zona 10, Xalapa sur, Gilberto Nieto Aguilar. Además asistieron el Jefe de
Enseñanzas de Artes, Marcos Chávez Malpica, así como directores y directoras de
las escuelas participantes.

Las escuelas que participaron y las docentes
encargadas, respectivamente, son: General 1 “Lic. Sebastián Lerdo de Tejada”,
con la maestra Jenny Lizzete Ramírez Guillermo; General 4 “David Alfaro
Siqueiros”, a cargo de la profesora Laura Castañeda Nevárez; Centro Escolar
Acueducto, con la docente María Elena Trujillo Ambrosio; Colegio Atenea Ánimas,
con el maestro Hilario Alejandro Martínez Martínez, y la General 2, “Julio
Zárate”, con la profesora Adriana Alberta Soto Pérez.

Además el Colegio Teresita, con la docente Alejandra
Villalvazo de León; Instituto Villa de Cortés, con el profesor Karim Vásquez
Cervantes; el Centro Educativo Siglo XXI, con la profesora Belky Ismari Orduña
Díaz; la escuela Thomas Jefferson School, con el docente Víctor Manuel
Hernández Mendoza y el Instituto Científico Motolinía, con el profesor
Guillermo Rodríguez.

Este evento es realizado en cumplimiento al artículo
46 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que señala la
enseñanza obligatoria del Himno Nacional en todas las escuelas de educación
básica. Además indica que cada año las autoridades educativas, señaladas en la
Ley General de Educación, convocarán a un concurso de coros infantiles sobre la
interpretación del Himno Nacional, donde participen los alumnos de educación
básica del Sistema Educativo Nacional.

Tras escuchar las 10 participaciones el jurado
calificador, integrado por el maestro José Demetrio Fernández Suárez; la
licenciada en música, Tanya Daniela Alarcón Tlaxcalteco y el licenciado en
música, Fredy Iván Pérez Daza, determinó el primer lugar para la General 4,
“David Alfaro Siqueiros”.

El segundo lugar fue para la General 1 “Sebastián
Lerdo de Tejada” y el tercer lugar lo obtuvo el Instituto Villa de Cortés.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presidenta de la
Comisión Permanente para la Igualdad de Género del Congreso de Veracruz,
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo que prevé exhortar a los 212
ayuntamientos de la entidad a que constituyan sus Institutos Municipales de las
Mujeres y que los operen conforme a lo establecido en el artículo 81 Bis de la
Ley Orgánica del Municipio Libre.

Además, para que instruyan a sus Tesorerías
Municipales a fin que en su proyecto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2019, contemplen una partida presupuestal para la operación
del Instituto Municipal de las Mujeres e implementen el Plan Municipal para la
Igualdad.

De igual forma se exhorta para que asuman su
compromiso con la política de igualdad entre mujeres y hombres y apoyen a las
titulares de los Institutos Municipales de las Mujeres a fin que ejerzan a
cabalidad sus funciones; y a que consideren la profesionalización de las
titulares de estos Institutos, con capacitación especializada en la materia y
con ello se evite la remoción del cargo, de mujeres con experiencia y
trayectoria.

Durante la octava sesión ordinaria, del primer
receso, la legisladora aseguró que al día de hoy están constituidos 205
Institutos Municipales de las Mujeres, de los cuales únicamente 98 están
descentralizados y la mayoría de éstos registra alguna de las problemáticas
como son: estar constituidos solo por la Directora y falta de presupuesto para
el desarrollo de actividades que forman parte de su programa anual de trabajo.

Además de desarrollar funciones diferentes a las que
debe realizar el Instituto; falta de personal para brindar una atención
integral y especializada a las personas solicitantes del servicio; carencia de
instalaciones dignas para garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas, su
derecho a reserva de identidad y principio de debida diligencia.

También la confusión entre las actividades que
desarrollan el Instituto Municipal de las Mujeres y el Sistema Municipal DIF,
así como la remoción de Directoras de Institutos, que ya contaban con
experiencia en dicho encargo, entre otras.

La legisladora Trujillo Ortiz destacó que los
Institutos Municipales de las Mujeres no brindan la atención y la orientación
que demandan las mujeres en materia de derechos humanos, vulnerando y anulando
el derecho a vivir una vida libre de violencia, al negarles su participación
autónoma en las decisiones que se toman en el ámbito público municipal y, por
ende, sin posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.

Señaló que el Poder Legislativo como responsable de
la formulación de leyes y reformas a las mismas, no puede permanecer omiso ante
las desigualdades estructurales de género, que mantienen a las mujeres en
situación de vulnerabilidad y que atentan contra su integridad y dignidad
humana.

Para su estudio y análisis, el anteproyecto fue turnado
a la Junta de Coordinación Política.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, recibió, este 8 de
abril, de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH),
Namiko Matzumoto Benítez el Informe anual, correspondiente a las actividades
realizadas durante 2018 y con ello se da cumplimiento al artículo 6 de la Ley
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado.

Al recibir a la presidenta del órgano autónomo, el
legislador Pozos Castro subrayó que es de suma importancia el cumplimiento con
lo establecido en la ley, pero sobre todo la transparencia y la rendición de
cuentas que demandan los veracruzanos.

El informe presentado abarca apartados como el de
Fortalecimiento Institucional, en donde señala las acciones que han
implementado para mejorar los servicios; Trabajo Sustantivo, donde abordan la
atención a las personas que han expuesto una vulneración a sus derechos e
Intervenciones Coyunturales, en el que se informa sobre el apoyo a familiares
de personas desaparecidas y personas privadas de su libertad.

Además de Relaciones Interinstitucionales, relativo
a la labor de la Comisión en materia de difusión y capacitación, así como de
comunicación y trabajo con diferentes sectores sociales.

Asistieron la Secretaria Ejecutiva, Minerva Regina
Pérez López; la Secretaria Técnica, María Fernanda Casas Berthier; el Contralor
Interno, Adolfo Toss Capistrán y el Director de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel
Córdova Álvarez, todos de la CEDH.

El diputado Rubén Ríos Uribe, en su anteproyecto de Punto de Acuerdo,
presentado en la sesión de la Diputación Permanente, de la LXV Legislatura,
solicitó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz,
así como al Fiscal Regional de la Zona de Córdoba, Alfredo Gómez Reyes, indiquen
el número de carpetas de investigación radicadas por delitos de robo y asalto
que se cometieron en esa jurisdicción, durante el mes de diciembre del año
pasado, como en los de enero, febrero y marzo, del presente.

“Veracruz se ha llenado de impunidad, ya que la FGE no está cumpliendo
con su trabajo de procurar justicia”, señaló Ríos Uribe, y pidió el número de las
carpetas que han sido concluidas y llevadas ante el Juez de Control.

Durante su intervención, lamentó “la grave situación que se padece en
Córdoba, derivada de la impunidad que prevalece en Veracruz”, destacando que la
ciudadanía ha externado su preocupación, “viendo la nula procuración de
justicia de los fiscales General y Regional”.

Indicó que existe un ambiente generalizado de incertidumbre, “tienen el
temor fundado de convertirse en víctimas de estos delitos, de abrir negocios,
salir a caminar en familia, salir de noche, frecuentar parques, con lo que se está
limitando a nuestra gente”, por lo que se vio en la necesidad de exhortar a
estas autoridades, a entregar dicha información, “los cordobeses queremos
conocer cómo trabaja la Fiscalía y no sufrir de injusticias”, concluyó.

Este Punto de Acuerdo, que también signó el diputado Víctor Emmanuel
Vargas Barrientos, fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó un
anteproyecto con Punto de Acuerdo por el se exhortaría al titular del Poder
Ejecutivo estatal a expedir las disposiciones reglamentarias de la Ley número
669 para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con
Trastorno del Espectro Autista del Estado con la finalidad de acelerar la
elaboración de políticas públicas, programas, manuales y protocolos en
beneficio de personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y en
consecuencia se dote de certeza y seguridad jurídica al actuar de las
autoridades.

En la sesión, séptima del primer receso de la LXV
Legislatura, el diputado Guízar Valladares subrayó que la ley, antes citada,
establece en su artículo tercero transitorio que el titular del Poder Ejecutivo
estatal debía expedir las disposiciones reglamentarias de esta legislación, en
un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de la
misma, plazo que venció el uno de marzo del presente año.

El también coordinador del Grupo Legislativo Mixto
“Del Lado Correcto de la Historia” recordó que la Ley Número 669 para la
Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno
del Espectro Autista para el Estado de Veracruz, fue publicada en la Gaceta
Oficial del Estado el 20 de agosto de 2018 y, acorde a su artículo transitorio
primero, entró en vigor el uno de enero de 2019.

En tal sentido, el legislador Gonzalo Guízar explicó
que a la fecha no se ha emitido ni publicado el Reglamento al que se hace
referencia, “nos encontramos ante una omisión reglamentaria, pues han
transcurrido 32 días en exceso al plazo señalado”.

Agregó que la falta de esas disposiciones reglamentarias
de obligatorio y concreto desarrollo, impide la eficaz aplicación y efectividad
de la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las
Personas con Trastorno del Espectro Autista.

Detalló que la facultad reglamentaria del Ejecutivo es
una de las funciones primordiales en que se desarrolla la actividad del Estado,
pues con ella se generan disposiciones de carácter general, impersonales y
abstractas que permiten la realización y optimización de las políticas
públicas, además de garantizar la vigencia y protección de los derechos
fundamentales de las personas.

Refirió que el Ejecutivo, como responsable del
gobierno del Estado, debe poner el ejemplo cumpliendo lo ordenado por este
Congreso, “sobre todo cuando lo que se busca es dotar de contenido y eficacia a
una obligación de Estado como lo es, garantizar un derecho fundamental, como el
que nos ocupa”, concluyó.

Este anteproyecto fue turnado, para su análisis y
dictamen correspondiente, a la Junta de Coordinación Política.

La
diputada María Josefina Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo referente
a la atención de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La
legisladora por el distrito XIV de Veracruz I, propone se exhorte al Titular
del Ejecutivo del Estado, a expedir a la brevedad, las disposiciones
reglamentarias de la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión
de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Del
mismo modo, recomendaría asignar los recursos presupuestales necesarios, para
que las Secretarías de Salud y de Educación den cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión
de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Y
finalmente, solicitaría que el Titular del Ejecutivo del Estado, en su carácter
de Presidente, convoque de inmediato a los integrantes de la Comisión
Interinstitucional para que celebren la sesión de instalación de la misma.

En
la exposición de motivos, precisa que de acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el TEA es un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado
de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por
un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y
repetitivo.

Ante
este problema de salud, el Anteproyecto refiere la necesidad de crear leyes que
busquen que las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, municipal y Organismos Autónomos, actúen de manera coordinada para
formular propuestas de programas, estrategias y acciones efectivas, con el
objetivo de garantizar una vida plena a las personas con Trastorno del Espectro
Autista.

De
esta forma, en cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero transitorio
de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del
Espectro Autista, el 16 de julio de 2018, la LXIV Legislatura de este Congreso
aprobó por unanimidad, la Ley para la Atención, Intervención, Protección e
Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, que en sus artículos transitorios, ordena al
Ejecutivo expedir las disposiciones y a la Secretaría de Educación el “Manual
de Apoyo a Docentes en Trastorno del Espectro Autista” y el “Protocolo de
Actuación para la Atención de las Personas con Trastorno del Espectro Autista”.

Con la finalidad de desarrollar una estrategia de
turismo ecológico, que fomente el desarrollo sustentable de esta actividad, en
sus diferentes destinos en la entidad, y de acuerdo con lo que establece el
Proyecto de Nación 2018-2024, la diputada María Esther López Callejas, realizó
un exhorto a los 212 ayuntamientos de Veracruz, para que adecuen sus
reglamentos en materia medioambiental y se dé cumplimiento a las disposiciones
establecidas en el Decreto 644 que reforma la Ley de Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado.

Lo anterior, en su intervención en la séptima sesión
ordinaria, de la Diputación Permanente, de la LXV Legislatura, en que dijo se
hace necesario, también, establecer acciones que permitan a Veracruz
posicionarse como un destino donde se preserven, respeten y protejan tanto el
patrimonio cultural como el medio ambiente, y en lo que es muy importante la
participación de todos los sectores involucrados.

Destacó que Veracruz no puede ofrecer un turismo
sustentable si tiene sus playas y ríos llenos de desechos, por lo que el
combate a contaminación con plástico debe iniciarse con la limitación de su uso
a la población, así como con la prohibición a establecimientos comerciales de
regalar bolsas de plástico y popotes de un solo uso.

López Callejas, reconoció que esta lucha contra la
contaminación de desechos de plástico no es nueva, que tiene como antecedente
las reformas aprobadas por la anterior Legislatura, a la Ley de Prevención y
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el
Estado, y que estableció las bases para la transición paulatina al uso de
materiales biodegradables; asimismo, para sancionar a los establecimientos
mercantiles que para prestar sus servicios utilicen bolsas o popotes de
plástico.

En los artículos transitorios del Decreto 644, de la
reforma a dicha Ley, abundó la legisladora,
se ordenó a los 212 ayuntamientos de la entidad, a que en un plazo de
ciento ochenta días adecuaran sus reglamentos en materia ambiental para
establecer, paulatinamente, la prohibición del uso de bolsas y popotes de
plástico en establecimiento mercantiles, sin embargo, esto no se ha realizado.

Existen ayuntamientos que son destinos turísticos
que ni siquiera han iniciado el estudio
de sus reglamentos en la materia, por lo que, consideró, “es de suma urgencia
se realicen las adecuaciones pertinentes, para así poder decir que Veracruz
ofrece un turismo sustentable”.

Este anteproyecto de Punto de Acuerdo, fue turnado a
la Junta de Coordinación Política.

“Sueños
Paralelos” es el nombre de la exposición instalada en los pasillos del Palacio
Legislativo de Veracruz, obra de los artistas Lesly Márquez Castillo y Efraín
Torres Hernández, quienes exhiben diferentes grabados, colografías y
xilografías.

La
expositora, Lesly Márquez, agradeció la presencia de las personas que
atendieron la invitación y explicó que el objetivo de la muestra es cuestionar
los pensamientos sobre el sentido de la realidad, desde un punto de vista
metafísico, filosófico y científico.

En
un breve mensaje, agradeció el respaldo de los maestros Efraín Torres Hernández
y Marco Antonio García, con quienes comparte el gusto por las distintas
técnicas de impresión.

Por
su parte, el maestro Efraín, agradeció a las autoridades del Honorable Cuerpo
de Bomberos de Xalapa que les acompañaron, al público en general y al encargado
de la Galería de Arte del Congreso del Estado, Marco Antonio Garcés Venerozzo.

A
la inauguración asistieron el Presidente del Patronato de Bomberos de Xalapa,
José Zayden Domínguez; la secretaria del Patronato, Nora Guerrero; el socio del
Patronato, Ignacio García Leyva; los comandantes José Luis Acosta y Alejandro
García, así como los inspectores del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Acosta y
Juana García Martínez.

La presidenta de la
Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de
Personas en el Estado de Veracruz, diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, condenó el asesinato
del activista, defensor de los derechos humanos y acompañante de familiares de
personas desaparecidas, Abiram Hernández Fernández, por lo que hizo un llamado
a la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer, a la brevedad, este
crimen, respetando los principios de no re victimización para su memoria y la
de su familia.

En un pronunciamiento, durante la séptima sesión
ordinaria, la legisladora sostuvo que las diputadas Rosalinda Galindo Silva,
María Esther López Callejas, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Magaly Armenta
Oliveros, Mónica Robles Barajas, Deisy Juan Antonio, Brianda Kristel Hernández
Topete y Erika Ayala Ríos así como el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, -integrantes
de dicha Comisión Especial- manifiestan
una profunda indignación y pesar por este ataque, al tiempo de exigir justicia
y sanción para los responsables.

La diputada Cervantes de la Cruz expuso que
Abiram Hernández, fue un comprometido defensor de derechos humanos de las
mujeres, de la diversidad sexual y de las familias de personas desaparecidas.

Agregó, que como director de la Organización
Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CECEM) acompañó a muchas personas
en su lucha por la reivindicación de sus derechos humanos, destacando su labor acompañando
a colectivos de familias de personas desaparecidas en el Estado de Veracruz en
busca de verdad, justicia y reparación.

Por lo anterior, la diputada exhortó a las
autoridades encargadas de procuración de justicia que estos hechos sean
investigados con objetividad, debida diligencia y sin estereotipos, además de
que sea tomada en consideración la labor de Abiram Hernández en tema de la defensa de derechos humanos en
la investigación y esclarecimiento de su atroz asesinato; “exigimos respuestas
a la altura de las exigencias que se enmarcan en la muerte violenta de
activistas de derechos humanos”.

“A su familia, amigos y colectivos les extendemos un
abrazo solidario y el compromiso de que permaneceremos vigilantes y atentos
para alcanzar justicia y verdad en este caso”, finalizó.

Al pronunciarse sobre el Día Mundial de la
Concientización sobre el Autismo, la diputada María Candelas Francisco Doce, del Grupo Legislativo de Morena,
hizo un llamado en miras de aumentar la conciencia pública sobre este tema que permita
a las personas que lo padecen su inclusión y desarrollo pleno.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria, la
legisladora refirió que la situación de autismo en la entidad se ha convertido
en un tema de atención prioritaria que se debe tomar en cuenta para impulsar el
avance de dicho sector, a través de la participación conjunta de las y los
legisladores para que la Ley Estatal para la Atención, Intervención, Protección
e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, sea
implementada efectivamente.

Agregó que en Veracruz se requieren programas
para la detección temprana, así como una mayor capacitación a pediatras,
psiquiatras, educadoras y educadores para identificar el TEA oportunamente,
para que las niñas y niños que padezcan este trastorno puedan recibir la
atención adecuada, desarrollando con ello habilidades sociales que le permitan
integrarse al entorno educativo y laboral, en igualdad de condiciones.

Francisco Doce dijo que, según datos la
Clínica Mexicana de Autismo (CLIMA), la Organización Internacional de Autismo
“Speaks”, la universidad de McGill de Montreal y el Departamento de Psiquiatría
de la Universidad de Óregon; en México hay aproximadamente 94 mil 800 niños de
entre 0 y 4 años de edad que padecen este trastorno, asimismo, 298 mil entre 5
y 19 años; y se estima que cada año habrá 6 mil nuevos casos.

Destacó, qué como es de verse a través de las
estadísticas, se deben emprender diversas acciones que permitan dar solución
oportuna y real a las múltiples problemáticas que presentan en su vida diaria
quienes padecen TEA, así como sus familiares. El padecimiento de autismo –dijo
la legisladora- representa un reto entre las necesidades urgentes para la
creación de centros públicos especializados que brinden los tratamientos adecuados
a costos accesibles o de manera gratuita.

Asimismo,
aseveró que es prioridad solventar la falta de suficientes planteles
educativos con profesionales especializados en la enseñanza de los menores y
adolescentes con este trastorno.

Finalmente puso a consideración de las
diputadas y diputados de la LXV legislatura, a sumarse a este esfuerzo por el
cual el Grupo Legislativo de Morena refrenda el compromiso con las personas con
TEA para impulsar acciones, en colaboración con las autoridades responsables
del Gobierno del Estado, con un enfoque especializado e integral para
garantizar la protección de los derechos humanos e impulsar su integración e
inclusión educativa, social y laboral en un ambiente libre de discriminación.

La diputada Mónica
Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de
Veracruz, presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que exhorta al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), a que realice una revisión
de la situación que guardan los Institutos Municipales de las Mujeres, de los
212 municipios de la entidad, en cuanto a la infraestructura y bienes
materiales, presupuesto asignado, personal que labora en ellos, así como grado
de colaboración con el ayuntamiento.

En su exposición de
motivos, la legisladora destacó que si bien a través de las Comisiones para la
Igualdad de Género y de Vigilancia se han puesto en marcha acciones para
fortalecer a los Institutos Municipales de las Mujeres, es oportuno que desde
el ORFIS se lleve a cabo esta acción, lo que hará posible determinar las
medidas pertinentes para mejorar su funcionamiento y gestión, abonando al
cumplimiento de los objetivos del rubro de igualdad de género y de prevención y
atención de la violencia contra las mujeres, de la Agenda 2030.

Afirmó, que los
municipios también tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los
derechos humanos, además del principio de igualdad entre mujeres y hombres,
contribuyendo con su trabajo y políticas locales, a superar las desigualdades
entre los sexos, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar la violencia
contra las mujeres.

Aseguró que la
creación de los Institutos Municipales de las Mujeres en 2008, ha logrado
articular las políticas públicas para la igualdad de género y la no violencia
contra las mujeres en los municipios, además de haber establecido obligaciones
a las autoridades locales a través de la Ley Orgánica del Municipio Libre que
da cumplimiento a los compromisos de las Leyes para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Asimismo, destacó
la preocupación del Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por los recursos
humanos, técnicos y financieros asignados a los mecanismos para el adelanto de
las mujeres en todos los órdenes de gobierno; la falta de una coordinación
sistemática e institucionalizada, en los planos federal, estatal y municipal;
así como por la ausencia de los mismos para el seguimiento y evaluación general de los efectos de la
incorporación de la perspectiva de género, en las políticas públicas de los
tres órdenes de gobierno.

Finalmente, la
legisladora enfatizó que el ejercicio pleno de los derechos humanos será
posible a través de las políticas, programas, medidas y acciones concretas, “no
basta con que los derechos estén contenidos en el marco jurídico, por lo que es
necesario remover los obstáculos que impiden el ejercicio de estos, además de
la provisión de aquellos recursos materiales, humanos, presupuestarios, que
permitan su implementación”.

El anteproyecto fue
turnado a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, integrante
del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó un
anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) a fin de crear la Comisión Especial para la Atención de los
Adultos Mayores que constituiría un vínculo entre las personas adultas mayores
e instituciones públicas y privadas, para
gestionar beneficios provenientes de programas destinados a solucionar sus
problemas.

Durante la
séptima sesión ordinaria, del primer receso, la legisladora por el Distrito XI,
Xalapa II, destacó que en este tema debe actuarse con plena convicción y
acelerar la atención hacia este sector de la población.

Agregó que
los adultos mayores requieren la mayor solidaridad y una justa redistribución a
toda una vida de esfuerzos, dedicación y amor a los suyos. “Lo que queremos es
que nuestros abuelos tengan el mayor respaldo para poder compartir más tiempo
con sus hijos y nietos, con sus familias”.

La también
secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género dijo que el 22 de
diciembre de 2016 el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
(INAPAM), emitió una publicación de Estadísticas sobre Adultos Mayores en
México, informando que en el país habitan 10 millones 55 mil 379 personas cuya
edad es de 60 años y más.

Abundó que
el Estado de Veracruz ocupa el tercer lugar, siendo rebasado por la Ciudad de
México y Oaxaca, con el primer y segundo lugar, respectivamente.

Además, añadió Ferráez Centeno, de acuerdo con
el último Censo de Población y Vivienda, cerca del 11 por ciento de la
población veracruzana tiene más de 60 años; cifra que ubica al Estado por
encima de la media nacional de 9.1 por ciento, “esto nos obliga a impulsar
acciones y políticas públicas a favor de esta población en crecimiento”.

Subrayó
que los adultos mayores requieren atención y que sus necesidades son amplias,
toda vez que se registran casos de quienes carecen de apoyos gubernamentales o
la carencia de una pensión que les dificulta solventar sus necesidades básicas
como salud, alimentación, vestido, vivienda, entre otras.

El
Congreso de Veracruz –detalló la diputada Ana Miriam- tiene que actuar con
eficiencia y eficacia, para atender y dar seguimiento a las problemáticas que
aquejan a la población sexagenaria, a efecto de que sean instrumentadas
acciones para el respeto irrestricto y los derechos de adultos mayores.

El diputado José Andrés Castellanos Velázquez
del Grupo Legislativo de Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo
donde se exhorta a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esta LXV
Legislatura a emitir un acuerdo para que
una persona hablante de lengua indígena dirija un mensaje desde la Tribuna del
Congreso, en cada inicio de Sesión durante el Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias.

El legislador afirmó que la finalidad de este punto de
acuerdo es concientizar, fomentar y promover el rescate de las lenguas
indígenas en Veracruz a través de este tipo de acciones.

Afirmó, que la Constitución Política del Estado, reconoce
que la entidad tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas, por lo que la Tribuna del Pleno de este
Congreso, debe ser accesible para este sector, con énfasis en los grupos
vulnerables, para que sus problemáticas puedan ser de conocimiento de todo el
pueblo veracruzano.

Castellanos Velázquez, dijo
que en Veracruz
se tienen detectadas al menos trece lenguas indígenas; Náhuatl, Totonaca,
Teenek, Popoluca, Otomí, Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Tepehua, Mixe, Zoque,
Mixteco y Tzotzil, las cuales se hablan a lo largo y ancho de la entidad.

Asimismo, aseguró que de los 212
municipios que integran el estado, en 105 de ellos habitan personas que hablan
alguna lengua indígena; ascendiendo aproximadamente a 306 mil veracruzanos, lo
que representan un 3.77 por ciento de habitantes que habla alguno de estos
dialectos.

Agregó que estudios han revelado que
el número de hablantes de una lengua materna en nuestro Estado ha disminuido a
través de los años, y que actualmente la mayoría de estos parlantes son
personas adultas detectándose que las nuevas generaciones no lo practican,
perdiéndose así la herencia cultural.

Finalmente, hizo referencia que en días pasados la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
emitió un acuerdo similar al presente anteproyecto; el cual de aprobarse
convertiría a esta LXV Legislatura en referente de la procuración y fomento de
las culturas indígenas.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación
Política.

Con la finalidad de que el titular del Ejecutivo
Estatal instruya, al área que corresponda, la elaboración del Reglamento de
Arrastre, Salvamento y Depósito de Vehículos para que sea publicado en la
Gaceta Oficial del Estado, estableciendo las tarifas autorizadas y desagregadas
que se cobrarán en forma oficial, por el permisionario o concesionario de los
servicios auxiliares de arrastre, grúas, y depósito de vehículos, y con el fin
de transparentar esta actividad, el diputado Rodrigo García Escalante, presentó
un anteproyecto de Punto de Acuerdo.

Esto, durante la séptima sesión ordinaria, de la
Diputación Permanente, y durante la cual señaló que en la Sexagésima Cuarta Legislatura
presentó una iniciativa que reformó el primer párrafo y derogó el tercero del
artículo 159 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, para el Estado, con el
objeto de regular lo relacionado con la prestación del servicio auxiliar de
carga especializada para el arrastre y salvamento de vehículos, así como lo
relativo a los depósitos vehiculares.

Esta norma, hoy vigente, abundó, surgió a partir de
las constantes quejas de la ciudadanía en relación a la falta de regulación de
las tarifas por el servicio concesionado de grúas, “pues resulta totalmente
gravoso poder cubrir el costo de la maniobra y arrastre, así como el monto de
la pensión que se genera en el deposito por el resguardo del vehículo.”

En esta reforma, publicada en la Gaceta Oficial del
Estado Número Extraordinario 396 de fecha 3 de octubre de 2018, agregó García
Escalante, hace falta atender la disposición transitoria segunda que obliga al
titular del Ejecutivo Estatal a publicar en la Gaceta Oficial del Estado, en un
plazo no mayor a 60 días hábiles, las tarifas autorizadas y desagregadas por la
prestación de cada uno de estos servicios auxiliares, que se cobrarán en forma
oficial, por el permisionario o concesionario con el fin de transparentar esta
actividad en beneficio de los usuarios.

Ante la falta de la emisión del Reglamento de
Arrastre, Salvamento y Depósito de Vehículos, hasta ahora, no existe para los
usuarios de estos servicios seguridad jurídica, “ya que en la práctica estas
tarifas continúan quedando al arbitrio de los propios permisionarios o concesionarios
y no de la Secretaría de Seguridad Pública como lo establece la Ley”, destacó.

Por lo anterior, señaló, “se hace necesario y urgente
emitir el Reglamento mencionado, que contenga las tarifas establecidas para la
prestación de estos servicios públicos por parte de permisionarios o
concesionarios y con ello establecer una base tarifaria, que impida los cobros
excesivos en perjuicio de los usuarios.”

Debemos considerar de suma importancia atender lo
señalado en el presente anteproyecto, expresó, pues la finalidad primordial es
la de brindar un servicio de grúas de calidad y además establecer una base
tarifaria para el cobro por la prestación de estos servicios.

Este anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a
la Junta de Coordinación Política.

Con el propósito de reconocer, proteger y promover
la preservación y uso cotidiano de las lenguas indígenas que se hablan en el
Estado, la diputada Florencia Martínez Rivera presentó un anteproyecto con
Punto de Acuerdo por el que se propondría establecer que en cada sesión del
próximo periodo ordinario de sesiones, del Congreso del Estado, se permita una
intervención de uno de los representantes de las 14 lenguas indígenas de la
entidad para que emita un mensaje y así honrar la riqueza lingüística.

De igual forma propone que en la sesión posterior a
la participación de la persona, la Secretaría de Servicios Legislativos
proporcione a las diputadas y diputados una versión traducida de la
intervención, y la información sobre el pueblo y las comunidades indígenas,
misma que se publicará en la Gaceta Legislativa.

Durante la séptima sesión ordinaria, del primer
receso, la legisladora subrayó que Veracruz es una de las entidades que cuentan
con mayor riqueza cultural y el tercero a nivel nacional con mayor población
indígena. “Hoy tenemos en nuestras manos una gran oportunidad de expresar
nuestro más alto orgullo por nuestra cultura, identidad, lengua y nuestros
hermanos indígenas”.

La integrante del Grupo Legislativo “Del Lado
Correcto de la Historia” detalló que de acuerdo a la Academia Veracruzana de
las Lenguas Indígenas, Veracruz alberga 14 lenguas indígenas, que son:
Huasteco, Popoluca, Mixe, Zoque, Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Mixteco,
Otomí, Totonaca, Tepehua, Náhuatl de la Huasteca, Náhuatl de la Sierra de
Zongolica y Nahua del Sur.

Señaló que recientemente la Cámara de Diputados
Federal aprobó un Punto de Acuerdo, para que a partir del 21 de febrero de este
año, cada semana una persona indígena haga uso de la tribuna del salón de
sesiones.

“Esto fue a iniciativa de la Secretaría de Cultura,
hecha, por Mardonio Carballo, Director General de Culturas Populares, Indígenas
y Urbanas, hecho que es algo único e histórico, al reconocer y honrar en el
recinto legislativo de todos los mexicanos, a nuestras lenguas indígenas”.

A
nombre del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional – Partido
Verde Ecologista de México”, la diputada Erika Ayala Ríos, presentó un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades estatales a dar
cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley para la Atención, Intervención,
Protección e Inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Durante
su exposición, recordó que el 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, como una forma de hacer más visible en la sociedad, este
trastorno que afecta la capacidad de las personas para comunicarse e
interactuar con los demás. Un trastorno que en México, padecen uno de cada 112
menores.

Dijo
que las personas con autismo y sus familias, en el país y en el Estado, se
enfrentan con diversos problemas. “No existen políticas públicas eficientes
para la atención de este trastorno, no hay estadísticas oficiales ni registros
institucionales, los diagnósticos son realizados en muchas ocasiones de manera
tardía, los centros de atención especializada son insuficientes y no hay apoyo
en programas sociales gubernamentales, como sí existen para otros casos de
sectores poblacionales vulnerables”.

En
materia de educación, mencionó que además de carecer de planes y programas de
estudio inclusivos, no hay en los planes el suficiente personal docente
capacitado en la materia y señaló que todavía, en muchas escuelas regulares, se
niega el acceso a quienes padecen TEA.

Señaló
también que los padres de familia erogan grandes cantidades de dinero para la
atención de sus hijos con autismo, “se calcula que tan solo en viáticos para
trasladarse al Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, para
las diversas terapias, neurólogos, medicamentos y maestros sombras, se gastan
aproximadamente 10 mil pesos como mínimo”.

En
su intervención en la séptima sesión ordinaria, pidió que se exhorte a las autoridades
estatales, a dar cumplimiento a las obligaciones que la ley le impone y a
atender decididamente la problemática del autismo que aqueja a miles de
familias veracruzanas. “Hoy más que nunca tenemos que asumir el papel que nos
corresponde como veracruzanos”.

La
iniciativa fue turnada a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su
análisis y dictamen.

Con la finalidad de escuchar las inquietudes de las titulares
de los Institutos Municipales de la Mujer, en la entidad veracruzana, la
diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presidenta de la Comisión Permanente para la
Igualdad de Género, del Congreso del Estado, encabezó la reunión de trabajo en
la que dieron a conocer las problemáticas que enfrentan, cada una de ellas, en
el desempeño de sus actividades, y al interior de sus respectivos
ayuntamientos.

Al darles la bienvenida, la legisladora Trujillo
Ortiz, dijo que el propósito de esta reunión es presentarles las acciones
legislativas que realiza la Comisión, para fomentar la generación y aplicación
de mecanismos que permitan el acceso, de la mujer, a los beneficios de los
programas municipales, en condiciones de igualdad.

Señaló que, en la LXV Legislatura, se ha accionado
de una manera conjunta y sobre todo uniendo esfuerzos, para continuar con la
creación de institutos municipales de la Mujer, como organismos
descentralizados de la administración pública municipal, en diversos
ayuntamientos del Estado, y en los que aún no cuentan con él.

La agenda de la Comisión dijo, busca el
fortalecimiento y el empoderamiento de los institutos municipales de la Mujer,
y anunció que se insistirá en etiquetar,
en el presupuesto municipal, un dos por ciento de los recursos que ejerza, para
la operación de los institutos de la Mujer, mediante la iniciativa respectiva,
y que se presentará para tal fin en breve.

Lo anterior, dijo, para que sea una realidad y con
ello se pueda lograr todos y cada uno de los objetivos que prevé el Artículo 81
Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre, reiterando su compromiso para que
se dictamine a favor dicha Iniciativa, “en esta Legislatura de la paridad”, y
que será con acciones concretas como esta, que se abone a la igualdad de
género.

Presentes en esta reunión de trabajo, las diputadas
Ana Miriam Ferráez Centeno y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, secretaria y vocal
respectivamente, de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género; así como
la presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y
Puntos Constitucionales, Mónica Robles Barajas, las que destacaron, durante su
participación, la importancia de la asistencia de las titulares y
representantes de los institutos municipales de la Mujer, para acordar acciones
que lleven al fortalecimiento de estos organismos.

La
diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se declararía el primero de abril de cada año como “Día Estatal del
Barista”.

La
presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo,
Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, aseveró:
“en Veracruz sabemos de café, desde la finca hasta la taza. Nuestro estado se
distingue tanto en la producción como en el consumo del aromático. Consumirlo,
forma parte de la esencia veracruzana”.

En
ese contexto, destacó que la experiencia cotidiana de esta bebida, se ve
enriquecida por la aportación que las personas baristas, agregan al proceso de
degustación. Su labor, dijo, es
fundamental para apuntalar la parte final del proceso, impulsando las ventas
que impactan en toda la cadena productiva.

A
partir de cada taza servida, productores, cortadores, finqueros, beneficiadores,
tostadores, comercializadores y cafeterías, se ven beneficiados, puntualizó.

Refirió
que en muchos países, hay conmemoraciones relacionadas con el grano, como en Brasil,
el mayor productor del aromático, que festeja el 24 de mayo; Estados Unidos, el
mayor consumidor en el mundo lo celebra el 29 de septiembre y los países
miembros de la Organización Internacional del Café eligieron el primero de octubre
como “Día Internacional del Café”.

La
iniciativa de la diputada del Distrito XVIII de Huatusco, plantea que el
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave decrete el 1 de abril de
cada año como el “Día del Barista”; del mismo modo, que el Poder Legislativo y el
Ejecutivo, a través de las secretarías de Turismo, de Desarrollo Económico y
Portuario, y de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, realicen actividades de
difusión y reconocimiento durante la semana siguiente al primero de abril.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Turismo para su análisis y
dictamen.

A nombre del Grupo Legislativo Mixto “PRI-PVEM” el
diputado Jorge Moreno Salinas presentó la iniciativa por el que se adiciona una
fracción III Bis al artículo 33 de la Constitución Política del Estado para
señalar como atribución de esta Soberanía el aprobar, por el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes, las reformas o adiciones a la Constitución
Federal, que le sean remitidas por el Congreso de la Unión.

De esta manera –indicó el diputado- se cubrirían dos
aspectos que resultan capitales en esta temática: por un lado, se colmaría el
vacío constitucional hasta ahora imperante relativo a la facultad de este
Congreso del Estado, para dar cumplimiento al mandato del artículo 135
Constitucional, posibilitándose, a su vez, que los ordenamientos secundarios
desplieguen de manera procedimental la forma en la cual se podría ejercitar
dicha atribución.

La iniciativa refiere que la Constitución Política
Federal es una constitución rígida ya que su reforma se hace por medio de un
órgano compuesto por el Congreso de la Unión y las Legislaturas estatales. Este
poder reformador recibe en la doctrina el nombre de «Constituyente
Permanente», en virtud de sus dos características esenciales: uno,
considerando que participa de la función soberana del pueblo, ya que puede
alterar la Constitución, su función es necesariamente constituyente; y dos,
como sobrevive al acto creador del texto supremo, se le puede calificar de
permanente.

Tras presentar un informe detallado sobre la
integración de diversas legislaturas del país y las disposiciones que
establecen respecto al total de votos para la aprobación de reformas a la
Constitución Federal, el legislador Moreno Salinas planteó ¿cuál sería el voto
necesario para aprobar una modificación ya resuelta por el Congreso de la
Unión, al interior de cada legislatura local?

Expuso que la Subdirección de Análisis de Política
Interior, dependiente de la Dirección General de Servicios de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
desarrolló 5 hipótesis para responder a la misma: uno, la aprobación puede ser
por mayoría simple, si la Constitución
local no señala otro tipo de mayoría; dos, la aprobación de los Congresos
locales debe ser por la misma votación que señala el artículo 135 Constitucional
para el Congreso de la Unión (dos terceras partes de los individuos presentes).

Tres, la aprobación de las legislaturas debe ser por
el mismo voto requerido para la aprobación de las modificaciones a sus
constituciones locales; cuatro, a falta de ley reglamentaria del artículo 135
Constitucional, se aplica el procedimiento y la votación señalada para su
legislación ordinaria y, cinco, las disposiciones legales o reglamentarias de
mero trámite que se refieren a la aprobación de las legislaturas locales, en
caso de no haberse observado, no produce la inexistencia o nulidad absoluta de
la aprobación.

El diputado subrayó que debe exigirse mayoría
calificada para aprobar las reformas, tanto de la Constitución Federal, como la
de Veracruz, pues configuran, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81
de nuestra norma estatal, la ley suprema que rige la vida pública en la
entidad.

El diputado Henri Christophe Gómez Sánchez presentó,
durante la séptima sesión ordinaria, la iniciativa que reforma la fracción X
del artículo 6 de la Ley de Turismo del Estado de Veracruz a fin de establecer
como atribución de los Ayuntamientos el formular y conducir la política
municipal de información y difusión en materia turística, enfatizando en sus
riquezas naturales, costumbres, tradiciones, cultura, historia, gastronomía y
trabajo artesanal de la municipalidad.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz dijo que resulta importante que los trabajos que emprende
un Ayuntamiento en beneficio de sus habitantes, esté sustentado en políticas y
acciones debidamente articuladas al contexto imperante en el municipio, en el
que, además, se potencialicen los atractivos con los que cuenta al interior de
su territorio y que constituyen la identidad de su gente.

Refirió que partiendo de la convicción de que
mediante una verdadera y efectiva proyección de los aspectos turísticos
existentes en sus respectivas demarcaciones, será como a los municipios se les
facilitará otorgar mayores estándares de calidad en la vida de sus habitantes.

El turismo en México ha sido reconocido como un
sector impulsor de desarrollo y progreso, expuso el diputado, quien agregó que
esto se debe a que se trata de una industria que anualmente crea miles de
empleos directos e indirectos, predominantemente tanto por la llegada de
inversionistas locales y extranjeros que, al depositar su confianza en los
distintos destinos turísticos existentes en el país, deciden establecer sus
empresas en el ramo, como por la llegada de turistas nacionales.

Detalló que los más recientes Resultados de la
Actividad Turística Enero 2019, pertenecientes al Análisis Integral del Turismo
(DATATUR) de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y que se obtienen
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en el cuarto
trimestre de 2018, la población ocupada en el sector turismo de México se ubicó
en 4 millones 187 mil empleos.

El legislador Gómez Sánchez manifestó que Veracruz
es una entidad con una alta vocación turística y que, a lo largo del año,
ofrece un gran número de celebraciones mismas que captan la atención de
pobladores y visitantes, y que son reconocidas nacional e internacionalmente
por su imponencia.

Ejemplificó las cumbres, carnavales, fiestas
patronales, ferias populares, convenciones, competencias deportivas y
artísticas, son actividades que ponen en alto el nombre de los municipios donde
se efectúan, y al resto de la Entidad.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Turismo.

Además derogar la fracción V del artículo 101
relativo a la aprobación, en segundo periodo ordinario, de las reformas a la
Constitución local.

Para homologar las recientes reformas, relacionadas
con el proceso legislativo, al Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo del Estado de Veracruz, los integrantes de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) presentaron a la Diputación Permanente una iniciativa que
modifica los artículos 100 y 101 del citado Reglamento.

Durante la séptima sesión ordinaria, del primer
receso, se dio entrada a esta propuesta legislativa que, entre otras cosas,
plantea establecer que los dictámenes
con Proyecto de Ley, Decreto o Iniciativa ante el Congreso de la Unión,
serán sometidos a votación nominal, tanto en lo general como en lo particular.

Asimismo, se prevé que los restantes dictámenes o
propuestas se someterán a votación económica, excepto que, a petición de un
diputado, secundada por tres diputados, lo sean en votación nominal.

En la exposición de motivos, los autores consideran
necesario que los dictámenes con proyecto de acuerdo de las diversas Comisiones
y los proyectos de Punto de Acuerdo que presente la Junta de Coordinación
Política, sean sometidos a votación económica con el fin de hacer más ágiles y
dinámicas las sesiones de esta Legislatura.

Por otra parte y al entrar en vigor el Decreto
número 761 -de fecha 9 de octubre de 2018- relativo a la reforma al artículo 84
del texto constitucional local, por el cual se suprime o elimina, la discusión
y, en su caso, aprobación en un segundo período de sesiones ordinarias de las
Iniciativas de reformas a la Constitución, es necesario derogar la fracción V
del citado Reglamento, puesto que ha dejado de tener vigencia.

La iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de
Gobernación, es autoría de los integrantes de la Jucopo: por Morena, diputado
Juan Javier Gómez Cazarín; del PAN, Sergio Hernández Hernández; “Del Lado
Correcto de la Historia”, Gonzalo Guízar Valladares; del PRI-PVEM, Erika Ayala
Ríos y del PRD-MC, Brianda Kristel Hernández Topete.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) en el Congreso de Veracruz, en voz de la diputada Judith Pineda Andrade,
presentó la iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción III del
artículo 18 y un artículo 53 Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado con el propósito de establecer el mínimo de votación para aprobar las
Minutas que el Congreso de la Unión remita a este Poder, en calidad de
integrantes del Constituyente permanente.

Además se plantea un trámite legislativo específico
para estos casos, que comprende la distribución de las Minutas entre todas las
y los diputados, así como un plazo de estudio y análisis, que termina con una
comunicación al Congreso de la Unión o a su Comisión Permanente, previa
discusión y votación de las dos terceras partes de los miembros de este
Congreso que se encuentren presentes en la sesión correspondiente.

La propuesta legislativa prevé que los decretos por los cuales se reforman o adicionan
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
remitos por el Congreso de la Unión, deberán ser aprobados por el voto de las
dos terceras partes de las y los diputados presentes.

Cuando el Congreso de la Unión remita decreto por el
cual se comuniquen reformas o adiciones a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se seguirá el procedimiento siguiente: el presidente
de la Mesa Directiva comunicará al Pleno dicha remisión; la Secretaría General
distribuirá una copia del decreto correspondiente entre las y los legisladores,
abriéndose un periodo de análisis y estudio que no podrá ser menor a cinco días
hábiles y, respetando el plazo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva
convocará a la sesión donde se discutirá el decreto.

Posteriormente y una vez que haya finalizado el
debate se abrirá la votación nominal. Para que las reformas o adiciones a la
constitución federal sean aprobadas, se necesitará el voto de las dos terceras
partes de las y los diputados presentes en la sesión que corresponda, y una vez
aprobadas o rechazadas las reformas o adiciones a la Constitución Política, el
Presidente remitirá el acuerdo al Congreso General o en su caso a su Comisión
Permanente, informando el sentido del voto del Congreso.

La legisladora recordó que el artículo 135 de la
Constitución Federal establece que para ser modificado el texto de la Carta
Magna es necesario que las Cámaras del Congreso de la Unión aprueben, por las
dos terceras partes de sus presentes, los decretos que la reforman o adicionan,
pero además es requisito que la mayoría de las Legislaturas Locales, de igual
forma, aprueben dichos procesos.

Lo anterior, agregó, se traduce en la idea de que
los Congresos de los Estados, forman parte del Poder Constituyente Permanente
para lograr modificar la Constitución General de la República.

Además calificó como inoportuno el turnar los
Decretos, enviados por el Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales, toda vez que no se pueden modificar las
minutas del legislador federal; “los Decretos de reforma a la Carta Magna se
aprueban o se rechazan, pero no se pueden tocar, siendo innecesario el trámite
a Comisiones”.

“Consideramos que los tiempos actuales, demandan de
nosotros reformas eficaces que den claridad a los trámites que se llevan a cabo
en esta sede, a fin de fortalecer la supremacía constitucional y los principios
de legalidad y el debido proceso legislativos que nos rigen”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen
correspondiente.

Con el objeto de fortalecer la integración del
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, a fin de coordinar mejor las
estrategias que permitan recuperar el tejido social y consolidar un verdadero
estado de Derecho, el diputado Erik Iván Aguilar López presentó la iniciativa
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Número 310 del
Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz.

Durante la séptima sesión, del primer receso, el
también presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública del Congreso
del Estado subrayó que actualmente el Consejo Estatal de Seguridad Pública,
como máxima instancia de deliberación, consulta y definición de políticas
públicas, se integra, en su mayoría, por representantes del Poder Ejecutivo,
“dejando a los Poderes Legislativo y Judicial como meros espectadores, es
decir, con voz pero sin voto al seno del Consejo”.

Expuso que la dicha conformación del Consejo Estatal
no abona a la consolidación de un verdadero estado de Derecho, toda vez que
deja preponderantemente las tareas de seguridad solo en manos del Ejecutivo,
cuando basado en experiencias, tanto el Legislativo como el Judicial pueden
aportar, a partir de sus respectivas facultades y competencias, mejoras a las
políticas y acciones del Estado; por ejemplo, permitiéndoles participar
activamente en las decisiones que se tomen.

De esta manera, el legislador del Distrito VIII de
Misantla propone establecer que los Poderes Legislativo y Judicial de la
entidad contribuirán con el Consejo Estatal en la formulación de estudios,
lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la
seguridad pública.

Asimismo, plantea incluir, con voz y voto, al
diputado o diputada presidente de la Mesa Directiva y al legislador o
legisladora presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública del
Congreso del Estado en la integración del Sistema Estatal. Además del
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial y la o el Magistrado Presidente de cualquiera de
las Salas Penales que designe, ambos con voz y voto.

En su intervención, el diputado Erik Iván Aguilar
manifestó que el principio de la división de Poderes, como organización
política, busca que el poder y las decisiones no se centren en una sola persona
o grupo para evitar retroceder a regímenes totalitarios o autoritarios.

Agregó que no solo debe ser responsabilidad y
obligación de unos cuantos salvaguardar la integridad y los derechos de las
personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública, así como la
prevención, investigación y persecución de los delitos, la sanción de las
infracciones administrativas y la reinserción social, entre otras, sino del
Estado mismo como depositario de ese ejercicio de poder.

“Es necesario establecer mejores mecanismos de interlocución y
coordinación entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estatal,
respetando las atribuciones y competencias de cada uno de ellos para mejorar la
seguridad en el Estado y sus municipios”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública
para su estudio y dictamen correspondiente.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de
Veracruz presentó, durante la séptima sesión ordinaria, una iniciativa que
reformaría el artículo 21 de la Constitución Política del Estado que prevé
garantizar la paridad de género en la integración del Congreso del Estado.

De esta manera, la legisladora plantea reformar el artículo
21 para señalar que el Congreso del Estado se integrará por 50
diputadas y diputados bajo el principio de paridad, de los cuales 30 se
elegirán por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales
uninominales y 20 por el principio de representación proporcional, conforme a
las listas que presenten los partidos políticos en la circunscripción
plurinominal que se constituya en el territorio del Estado.

La legisladora afirmó que conforme a los marcos legales de
la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre
Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, se reconoce el principio de
derechos y libertades con los que goza toda persona sin distinción de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole.

Del mismo modo, agregó, ofrecen la oportunidad de poder participar
en el gobierno del país, directamente o por medio de representantes libremente
escogidos, además de acceder en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas.

Dijo
que desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año
2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que hombres
y mujeres, gozarán de los derechos humanos en ella reconocidos, así como en los
tratados internacionales en que sea parte la nación, promoviendo la igualdad de
género.

Destacó
que el máximo ordenamiento de México, a efecto de garantizar el pleno ejercicio
de los derechos político-electorales de todos los ciudadanos, impone a los
partidos políticos definir reglas que garanticen la paridad entre los géneros
la cual no puede quedar limitada a la postulación en las candidaturas, sino
asegurar que en la integración de los órganos de gobierno se cumpla también la
igualdad de género.

La
vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables,
añadió que los partidos políticos tienen
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática; además de
las distintas leyes reglamentarias en materia electoral que ilustran a detalle
cómo debe traducirse ese criterio de paridad, los cuales se han plasmado en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la propia Ley
General de Partidos Políticos.

Enfatizó,
que en el caso particular de Veracruz, tanto la Constitución y el Código
Electoral, también determinan disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de todas las personas; de tal modo que hombres y mujeres,
puedan participar en igualdad de oportunidades en todos los asuntos públicos,
incluyendo el acceso a cargos de elección popular.

Finalmente,
Ortega Ruiz, sostuvo que el marco normativo internacional, nacional y estatal
otorga garantías para hacer efectivo un estado democrático, como parte del
avance en la construcción de una sociedad más participativa y una comunidad
mucho más justa, que recoja el talento de todos sus integrantes, y que
garantice la igualdad para todos.

Para
su estudio y dictamen correspondiente esta iniciativa fue turnada a las
Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la
Igualdad de Género.

En
el marco de la Estrategia de Coordinación Estatal “Cero Tolerancia a la
Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz”, se llevó a cabo la
presentación y entrega del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del
Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en el Congreso del Estado.

El
Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXV Legislatura,
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, encargado de recibir el documento para su
análisis, valoración y autorización, fue también el responsable de dar la
bienvenida a diputadas y diputados, trabajadoras y trabajadores del Congreso;
así como a las representantes de las unidades de género de distintas
dependencias y municipios; medios de comunicación y público en general.

“La
prevención, atención, sanción y erradicación de los distintos tipos de
violencia de género contra las veracruzanas, constituyen una de las metas principales
de esta Legislatura, la primera Legislatura de paridad, 25 diputadas y 25
diputados”, expresó el legislador del Distrito XXV de San Andrés Tuxtla.

La
diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, secretaria de la Comisión para la Igualdad
de Género, consideró que la emisión del documento administrativo, permitirá
generar acciones inmediatas de prevención, atención y sanción del hostigamiento
y acoso sexual al interior del Congreso.

“Una
persona acosada pierde enfoque en su trabajo y confianza en sí misma, lo que
dificulta su adecuado desempeño”, destacó la legisladora.

La
especialista y asesora de la Secretaría Técnica del Grupo Legislativo de
MORENA, autora del Protocolo, Martha Mendoza Parissi, brindó una amplia
explicación del contenido del documento, no sin antes aclarar que lo ideal es
que nunca haya necesidad de ponerlo en marcha.

Expuso
que entre las formas de violencia más frecuentes, pero menos denunciadas, se
encuentran el hostigamiento sexual y el acoso sexual; ambas conductas,
representan un eslabón de la larga cadena de vejaciones a las que son sometidas
las mujeres por su sola condición de género, incluso en el ámbito laboral. De
ahí la importancia de impulsar acciones contundentes que erradiquen este
flagelo.

Promesas
de trato preferencial, amenazas o presión, acercamientos corporales, trato
ofensivo y hostil, son algunas de las formas en que puede manifestarse el
hostigamiento sexual.

Para
implementar el Protocolo, se propone integrar un comité de revisión conformado
por un representante del área de servicios jurídicos, un representante del área
de contraloría interna y una representante del Centro de Estudios para la
Igualdad de Género y Derechos Humanos, que funcionaría de manera colegiada
cuando se presente algún caso de hostigamiento o acoso sexual dentro del
Congreso del Estado.

De
configurarse la conducta de hostigamiento, el Comité recomendaría a la JUCOPO,
las sanciones correspondientes que podrían ser: apercibimiento por escrito con
copia al expediente laboral, suspensión por tiempo determinado sin goce de
sueldo, destitución del cargo, prohibición de acercamiento a la víctima y
reparación del daño en caso de que se requiera atención psicológica.

Por
su parte, la especialista Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal
de la Mujer en Xalapa, destacó que la lucha contra el hostigamiento y acoso
sexual, se ha convertido en una de las exigencias más sentidas por parte de los
movimientos y organizaciones de mujeres, y es uno de los objetivos prioritarios
para aquellas instituciones que quieren avanzar hacia condiciones laborales
respetuosas.

Al
hacer uso de la voz, el presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura,
José Manuel Pozos Castro, recordó que el pasado 25 de enero, el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, puso en marcha la Estrategia de Coordinación Estatal
“Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz” y
enfático, aseguró que en Veracruz, los delitos contra las mujeres y las niñas,
no tendrán cabida.

El
secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, reconoció
el trabajo de las diputadas que impulsaron la implementación del Protocolo, Ana
Miriam Ferráez Centeno, Mónica Robles Barajas y Erika Ayala Ríos. “Trabajaremos
desde la Secretaría General para fomentar la confianza y alentar la denuncia de
este tipo de casos”.

De
igual manera, el secretario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del
Poder Legislativo, José de Jesús Rodríguez Hernández, pidió a sus compañeras a
no quedarse calladas en caso de ser víctimas de algunas de las formas
expuestas; además, aprovechó la oportunidad para solicitar a las y los
diputados, habilitar un lactario al interior del Congreso, petición que fue
avalada de inmediato por los diputados José Manuel Pozos Castro y Juan Javier
Gómez Cazarín.

Para
concluir el evento, la diputada Mónica Robles Barajas, agradeció a los cuatro
varones que ofrecieron palabras de compromiso para eliminar todas las formas de
violencia en el Congreso, “les agradezco, les felicito y les reconozco. Vamos a
estar atentas de que este compromiso que hoy han manifestado, se cumpla en los
hechos”.

Al
evento realizado en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, acudieron también
las diputadas Erika Ayala Ríos, Cristina Alarcón Gutiérrez, Brianda Kristel
Hernández Topete, Ivonne Trujillo Ortiz, Rosalinda Galindo Silva, María Esther
López Callejas, Adriana Paola Linares Capitanachi y Nora Jessica Lagunes
Jáuregui; así como los legisladores Sergio Hernández Hernández, Jorge Moreno Salinas
y Rubén Ríos Uribe.

En
el marco de la Estrategia de Coordinación Estatal “Cero Tolerancia a la
Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz”, se llevó a cabo la
presentación y entrega del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del
Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en el Congreso del Estado.

El
Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXV Legislatura,
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, encargado de recibir el documento para su
análisis, valoración y autorización, fue también el responsable de dar la
bienvenida a diputadas y diputados, trabajadoras y trabajadores del Congreso;
así como a las representantes de las unidades de género de distintas
dependencias y municipios; medios de comunicación y público en general.

“La
prevención, atención, sanción y erradicación de los distintos tipos de
violencia de género contra las veracruzanas, constituyen una de las metas principales
de esta Legislatura, la primera Legislatura de paridad, 25 diputadas y 25
diputados”, expresó el legislador del Distrito XXV de San Andrés Tuxtla.

La
diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, secretaria de la Comisión para la Igualdad
de Género, consideró que la emisión del documento administrativo, permitirá
generar acciones inmediatas de prevención, atención y sanción del hostigamiento
y acoso sexual al interior del Congreso.

“Una
persona acosada pierde enfoque en su trabajo y confianza en sí misma, lo que
dificulta su adecuado desempeño”, destacó la legisladora.

La
especialista y asesora de la Secretaría Técnica del Grupo Legislativo de
MORENA, autora del Protocolo, Martha Mendoza Parissi, brindó una amplia
explicación del contenido del documento, no sin antes aclarar que lo ideal es
que nunca haya necesidad de ponerlo en marcha.

Expuso
que entre las formas de violencia más frecuentes, pero menos denunciadas, se
encuentran el hostigamiento sexual y el acoso sexual; ambas conductas,
representan un eslabón de la larga cadena de vejaciones a las que son sometidas
las mujeres por su sola condición de género, incluso en el ámbito laboral. De
ahí la importancia de impulsar acciones contundentes que erradiquen este
flagelo.

Promesas
de trato preferencial, amenazas o presión, acercamientos corporales, trato
ofensivo y hostil, son algunas de las formas en que puede manifestarse el
hostigamiento sexual.

Para
implementar el Protocolo, se propone integrar un comité de revisión conformado
por un representante del área de servicios jurídicos, un representante del área
de contraloría interna y una representante del Centro de Estudios para la
Igualdad de Género y Derechos Humanos, que funcionaría de manera colegiada
cuando se presente algún caso de hostigamiento o acoso sexual dentro del
Congreso del Estado.

De
configurarse la conducta de hostigamiento, el Comité recomendaría a la JUCOPO,
las sanciones correspondientes que podrían ser: apercibimiento por escrito con
copia al expediente laboral, suspensión por tiempo determinado sin goce de
sueldo, destitución del cargo, prohibición de acercamiento a la víctima y
reparación del daño en caso de que se requiera atención psicológica.

Por
su parte, la especialista Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal
de la Mujer en Xalapa, destacó que la lucha contra el hostigamiento y acoso
sexual, se ha convertido en una de las exigencias más sentidas por parte de los
movimientos y organizaciones de mujeres, y es uno de los objetivos prioritarios
para aquellas instituciones que quieren avanzar hacia condiciones laborales
respetuosas.

Al
hacer uso de la voz, el presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura,
José Manuel Pozos Castro, recordó que el pasado 25 de enero, el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, puso en marcha la Estrategia de Coordinación Estatal
“Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz” y
enfático, aseguró que en Veracruz, los delitos contra las mujeres y las niñas,
no tendrán cabida.

El
secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, reconoció
el trabajo de las diputadas que impulsaron la implementación del Protocolo, Ana
Miriam Ferráez Centeno, Mónica Robles Barajas y Erika Ayala Ríos. “Trabajaremos
desde la Secretaría General para fomentar la confianza y alentar la denuncia de
este tipo de casos”.

De
igual manera, el secretario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del
Poder Legislativo, José de Jesús Rodríguez Hernández, pidió a sus compañeras a
no quedarse calladas en caso de ser víctimas de algunas de las formas
expuestas; además, aprovechó la oportunidad para solicitar a las y los
diputados, habilitar un lactario al interior del Congreso, petición que fue
avalada de inmediato por los diputados José Manuel Pozos Castro y Juan Javier
Gómez Cazarín.

Para
concluir el evento, la diputada Mónica Robles Barajas, agradeció a los cuatro
varones que ofrecieron palabras de compromiso para eliminar todas las formas de
violencia en el Congreso, “les agradezco, les felicito y les reconozco. Vamos a
estar atentas de que este compromiso que hoy han manifestado, se cumpla en los
hechos”.

Al
evento realizado en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, acudieron también
las diputadas Erika Ayala Ríos, Cristina Alarcón Gutiérrez, Brianda Kristel
Hernández Topete, Ivonne Trujillo Ortiz, Rosalinda Galindo Silva, María Esther
López Callejas, Adriana Paola Linares Capitanachi y Nora Jessica Lagunes
Jáuregui; así como los legisladores Sergio Hernández Hernández, Jorge Moreno Salinas
y Rubén Ríos Uribe.

Además derogar la fracción V del artículo 101
relativo a la aprobación, en segundo periodo ordinario, de las reformas a la
Constitución local.

Para homologar las recientes reformas, relacionadas
con el proceso legislativo, al Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo del Estado de Veracruz, los integrantes de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) presentaron a la Diputación Permanente una iniciativa que
modifica los artículos 100 y 101 del citado Reglamento.

Durante la séptima sesión ordinaria, del primer
receso, se dio entrada a esta propuesta legislativa que, entre otras cosas,
plantea establecer que los dictámenes
con Proyecto de Ley, Decreto o Iniciativa ante el Congreso de la Unión,
serán sometidos a votación nominal, tanto en lo general como en lo particular.

Asimismo, se prevé que los restantes dictámenes o
propuestas se someterán a votación económica, excepto que, a petición de un
diputado, secundada por tres diputados, lo sean en votación nominal.

En la exposición de motivos, los autores consideran
necesario que los dictámenes con proyecto de acuerdo de las diversas Comisiones
y los proyectos de Punto de Acuerdo que presente la Junta de Coordinación
Política, sean sometidos a votación económica con el fin de hacer más ágiles y
dinámicas las sesiones de esta Legislatura.

Por otra parte y al entrar en vigor el Decreto
número 761 -de fecha 9 de octubre de 2018- relativo a la reforma al artículo 84
del texto constitucional local, por el cual se suprime o elimina, la discusión
y, en su caso, aprobación en un segundo período de sesiones ordinarias de las
Iniciativas de reformas a la Constitución, es necesario derogar la fracción V
del citado Reglamento, puesto que ha dejado de tener vigencia.

La iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de
Gobernación, es autoría de los integrantes de la Jucopo: por Morena, diputado
Juan Javier Gómez Cazarín; del PAN, Sergio Hernández Hernández; “Del Lado
Correcto de la Historia”, Gonzalo Guízar Valladares; del PRI-PVEM, Erika Ayala
Ríos y del PRD-MC, Brianda Kristel Hernández Topete.

La diputada Monserrat Ortega Ruíz, vocal de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, de la LXV
Legislatura, inauguró el foro “Nada es igual, ni tampoco diferente”,
estrategias y actividades para el tratamiento del autismo, organizado por el Centro de Rehabilitación CENPI Therapy, en el marco
del Día Mundial de la Concienciación del Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Durante la inauguración, Ortega Ruíz, aseguró que este tipo de
evento reafirma la determinación para promover la plena participación de las
personas con autismo, asegurando que disfruten de las herramientas necesarias
para ejercer sus derechos y libertades fundamentales, en una sociedad que
aprende, concientiza y colabora, para que los afectados por este trastorno,
puedan vivir con una adecuada calidad de vida.

Por su parte la Directora de CENPI Therapy, Claudia Mestizo
Rodríguez, dio la bienvenida a los asistentes, entre quienes se encontraban
académicos, especialistas de la salud, docentes y padres de familia, entre
otros.

En su mensaje, dijo que este día debe ser un día de reflexión y
de aprender, para que los siguientes 364 días del año sean de concienciación,
de aplicación de estrategias y de respeto a la diversidad. Asimismo, aseguró “que
no se trata de llegar a mil personas en un día sino llegar al corazón de una
persona por los próximos mil días”.

También, se contó con la participación de Juan Carlos Contreras Guízar, del Club Centro de Integración Motriz Unificado (CIMU),
que en su conferencia “Actividad física: Pilar fundamental de tratamiento”, aseguró
que la repetición y disciplina son parte fundamental para la autorregulación y
fortalecimiento social y motriz en el desarrollo de menores con autismo.

Ana Lucía Caloca Guerrero, del Centro de Recursos
para el Aprendizaje apuntó durante su charla titulada “Ajustes razonables, la
clave del éxito académico”, que con ajustes necesarios en los planes educativos,
de acuerdo a las habilidades de los niños y niñas con autismo, se puede lograr
la inclusión social de los menores.

Posteriormente, la terapeuta ocupacional del Centro de
Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER), Fidelia Galvis Gómez,
dictó la conferencia “Estimulación sensorial: Impulsor del desarrollo”.

Del mismo modo, durante el evento, se contó con la
participación de Luis Javier Valero Sánchez, de la escuela de música Sarabanda,
quien dijo que la música juega un papel preponderante para la estimulación
cerebral en niños con TEA y que beneficia en su tratamiento.

La señora Edith Vera y su esposo Christian Toral, padres de un
menor con TEA, dieron su testimonio, donde compartieron como este trastorno
cambió su manera de vivir la vida y que de la mano de su hijo han comprendido
que este es un trabajo del día a día, que la constancia y determinación son
factores ineludibles para ver los avances en los niños que padecen autismo.

También dictó su conferencia el neuropediatra, Miguel
Arnulfo Perfecto Arroyo, titulada “Alternativas en diagnóstico y tratamiento”;
al igual que Liliana Barrientos Lucero, del Centro de Recursos para el
Aprendizaje, quien abordó el tema de la Ley Veracruzana para las Personas con Trastorno
del Espectro Autista.

De igual manera estuvieron presentes en este foro
las diputadas María Josefina Gamboa Torales y Judith Pineda Andrade.

Como
un medio para abordar diferentes problemáticas y establecer un espacio de
diálogo en un Estado que enfrenta dos alertas de género, la secretaria técnica
del Grupo Legislativo de Morena, Brenda Cerón Chagoya, en coordinación con el
colectivo de cine Cíclica Proyecta, llevaron a cabo el evento “Cinema con
perspectiva de Género”.

Trabajadoras
y trabajadores de la LXV Legislatura, presenciaron los cortometrajes «La
Mar» que aborda el tema del acoso callejero y las herramientas para
enfrentarlo; «La piel», sobre violencia sexual y «Las Mujeres
Invisibles» sobre las trabajadoras domésticas. Al término de la
proyección, las y los asistentes, intercambiaron puntos de vista sobre los
problemas abordados y la necesidad de continuar promoviendo educación con
perspectiva de género y sobre todo, el respeto a los derechos humanos de las
mujeres.

A nombre de los integrantes de la LXV Legislatura de
Veracruz, el diputado José Manuel Pozos Castro recibió, de la Jefa de la
Oficina de Programa de Gobierno y representante del Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, Doctora Waltraud Martínez Olvera, el Plan Veracruzano de
Desarrollo (PVD) 2018-2024, documento de planeación de desarrollo y conductor
de la gestión pública estatal.

Lo anterior en cumplimiento al artículo 21, párrafo
tercero, de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz que establece para el
Ejecutivo estatal un periodo máximo de cuatro meses, contados a partir de su
toma de protesta como Gobernador, para elaborar el Plan Veracruzano de
Desarrollo y al término de este plazo, lo remitirá al Congreso del Estado,
quien contará, a su vez, con un plazo máximo de dos meses para su estudio,
análisis y aprobación.

Con la participación de los diputados Alexis Sánchez
García y Jorge Moreno Salinas, vicepresidente y secretario, respectivamente, de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, además del titular de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan), José Luis Lima Franco, el
legislador Pozos Castro subrayó que las y los diputados, en el uso de las
facultades que les confiere la ley, revisarán y analizarán el Plan Veracruzano
de Desarrollo en el tiempo establecido y con la participación de las diversas
fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.

Agregó que como Poder Legislativo están convencidos
que en este periodo de Gobierno habrá el cambio verdadero que tanto le urge a
Veracruz.

El diputado Pozos Castro agradeció la colaboración
institucional y el cumplimiento del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, “no
solo con la ley, sino con las y los veracruzanos”.

En tanto, la Jefa de la Oficina de Programa de
Gobierno, Doctora Waltraud Martínez enfatizó que el PVD 2018-2024 contiene las
normas, principios y directrices de organización y funcionamiento del nuevo
sistema estatal de planeación y que tiene como propósito llevar a Veracruz
hacia un verdadero cambio, “mismo al que nos ha convocado el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador”, abundó.

“Este documento que entregamos el secretario de
Finanzas y una servidora fue elaborado con gran participación social y nos
llevará de manera ordenada a apreciar objetivos y estrategias, así como
prioridades para el desarrollo integral de la entidad”, expuso la funcionaria.

De igual forma señaló que ahora corresponde al
Congreso del Estado hacer las precisiones, en caso que hubiere, y aprobar este
documento.

Por último agradeció la colaboración institucional
entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo “segura estoy que es en beneficio de
Veracruz”.

Asistieron las diputadas Rosalinda Galindo Silva,
Ana Miriam Ferráez Centeno y Adriana Esther Martínez Sánchez, así como los
legisladores Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Raymundo Andrade Rivera.

Como invitados especiales acudieron la Senadora,
Patricia Mercado Castro; el Senador, Alejandro Peña Villa; la diputada federal
Pilar Lozano Mac Donald, presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano,
Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad y el diputado del Congreso del
Estado de Tabasco, José Concepción García González.

El diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de
la Mesa Directiva, de la Diputación Permanente, de la LXV Legislatura del Estado,
señaló, al dirigirse a los organizadores y participantes del foro regional, Ley
General de Seguridad Vial, que con este evento se abonan experiencias,
esfuerzos intelectuales, a una iniciativa legislativa federal, que ha sido
trabajada por muchos años, por la sociedad civil y por especialistas en la
materia.

Con el objetivo de proteger la vida y la integridad
física de las personas, reducir los factores de riesgo, a través de la
generación de sistemas viales seguros, son los grandes temas que deben ser
considerados como relevantes para la agenda pública; es necesario discutirlos,
de una manera integral, a fin de encontrar soluciones a los problemas que
deriven de una falta de movilidad, destacó Pozos Castro, durante su
intervención.

Correspondió, al presidente municipal de Xalapa,
Hipólito Rodríguez Herrero, dar la bienvenida a los legisladores locales y
federales, de los tres estados de la República: Oaxaca, Tabasco y Veracruz,
como a los senadores, especialistas, autoridades de los tres niveles de
Gobierno de estas entidades, y representantes de la sociedad civil, quienes
presentaron sus propuestas para enriquecer esta iniciativa de Ley General,
durante el octavo y último foro en este tema.