La Comisión del Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, que preside la diputada Beatriz Manrique Guevara, aprobó siete dictámenes y nueve puntos de acuerdo. Destacan los referentes a la transformación de la basura en energía, frenar la biopiratería, incrementar la protección de áreas ecológicas y evaluar permisos otorgados para usufructuar bienes.
Los integrantes de la instancia legislativa avalaron por unanimidad, con cambios, la minuta con proyecto de decreto enviada por el Senado de la República para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de que estados y municipios coordinen acciones y fomenten el aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en procesos de generación de energía.
Establece las especificaciones que deben cumplir los sitios de disposición final de los RSU para utilizar la materia orgánica, definir los indicadores para evaluar su aplicación e integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales.
Asimismo, validaron modificaciones al artículo 87 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el propósito de enfrentar y abatir la biopiratería mediante la protección de los recursos biológicos forestales y los derechos de pueblos y comunidades indígenas para usufructuarlos.
“Las colectas y usos con fines comerciales o de investigación de los recursos biológicos forestales deberán reconocer los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales. El registro y certificaciones de los recursos genéticos forestales o de formas modificadas de las mismas, así como las patentes obtenidas por personas físicas o morales, será jurídicamente nulo sin el reconocimiento previo indicado, salvo lo acordado en los tratados y convenios internacionales relativos a la materia”.
También avalaron reformas a los artículos 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 93 y 95 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) atienda de manera obligatoria la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o la autoridad administrativa competente en la materia, al tratarse de obras y actividades que pretendan realizarse total o parcialmente en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, dentro del procedimiento de autorización de la evaluación de impacto ambiental.
Incluye el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que pretenda realizarse en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación. La opinión técnica tendrá carácter vinculante, previo a la resolución de la solicitud de autorización.
Además se aprobó el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en materia de legitimación activa, para que se inicie el procedimiento de reparación del daño al medio ambiente con la denuncia de 15 personas y no de 30, como lo indica el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Asimismo, se dio curso aprobatorio a nueve exhortos. Resalta el dirigido al gobierno federal para que realice la evaluación y recategorice el Nevado de Toluca como parque nacional.
El llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a redoblar las acciones a fin de que la industria química, como la farmacéutica optimicen el manejo de residuos peligrosos y medicamentos caducos en apego a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y se evite la inadecuada disposición final de desechos por representar un riesgo para la salud y el medio ambiente.
Asimismo, que la Semarnat y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de México revisen sus programas de vigilancia e inspección para que efectivamente se detenga la tala ilegal en los municipios de Xalatlaco, Ocuilan, Ocoyoacac y en la zona sureste, e informen los resultados obtenidos.
También para que la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lleven a cabo acciones con el fin de proteger las playas mexicanas y el libre tránsito en ellas, así como vigilar que el uso, aprovechamiento o explotación en todas las concesiones otorgadas no afecte ni altere el equilibrio ecológico.
Con el objetivo de que los titulares de la Semarnat y de la Profepa, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Nayarit, investiguen las causas que originaron los varamientos de especies marinas en los últimos meses, para que se sancione a quien resulte responsable, de conformidad con la legislación ambiental vigente, ante las acusaciones derivadas del abandono de redes de pesca en el mar.
Para que la Semarnat, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Profepa, coordinen acciones con las autoridades del sector en el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, para proteger los ecosistemas naturales aledaños a las zonas urbanizadas de ese municipio y detener la caza de fauna silvestre y el deterioro de su flora.
Un acuerdo para que el Ejecutivo de Tamaulipas elabore el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos que permita establecer una política que minimice, valore y aproveche los residuos y prevenga la contaminación y remediación de suelos contaminados, en apego a la normatividad en la materia.
Asimismo, para que la Semarnat de acuerdo con sus facultades, realice las gestiones necesarias y resuelva los conflictos jurídicos que impiden la elaboración del Programa de Manejo del Área Natural Protegida Parque Nacional Cumbres de Monterrey, con la intención de que éste se formule y publique.
Por último, un acuerdo para desarrollar acciones que restauren la ecología en el río Papaloapan, localizado en Puebla. Oaxaca y Veracruz, ante los altos niveles de contaminación que registra e implica un grave desequilibrio.
