Miembros
del Sindicato Único de Productores de Artesanías, Manualidades y Afines del
Estado de Veracruz (SUPAMAEV), se instalaron en los pasillos del Palacio
Legislativo para la exposición y venta de ropa de manta, ropa tejida a mano,
cinturones en piel, salsas, joyería, dulces típicos, miel de abeja, medicina
naturista, velas aromáticas y muñecos tejidos a mano.

El
personal que labora en la LXV Legislatura del Congreso del Estado, diputados y
visitantes, recorren el área de exposiciones, conociendo el trabajo que
realizan los productores veracruzanos y adquiriendo diferentes productos a muy
buen precio.

• Oportunidad para desaparecer la Comisión Estatal de Atención a Periodistas
• Se debería de realizar un Foro para escuchar las opiniones de los reporteros

La
diputada María Josefina Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo en
materia de seguridad pública.

Durante
la novena sesión de la Diputación Permanente, la legisladora por el distrito
XIV Veracruz I, propuso que se cite al Poder Ejecutivo del Estado por conducto
de los titulares de las Secretarías de
Gobierno (Segob) y de Seguridad Pública (SSP), del Consejo Estatal de Seguridad
Pública y al Fiscal General de Estado, a fin de conocer un diagnóstico, la
estrategia de seguridad pública, sus avances y resultados.

Recordó
que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública señala que son autoridades
en materia de seguridad pública, el Gobernador, el Secretario de Gobierno, el
Secretario de Seguridad Pública y la Fiscalía General.

Mencionó
que el artículo 16 señala que el Consejo Estatal de Seguridad Pública está
integrado por las mismas autoridades y en el mismo orden, y el artículo 11 de
la citada ley de seguridad define a este Consejo Estatal como la instancia
superior de coordinación y definición de políticas públicas. “El propio Código
Nacional de Procedimientos Penales nos debe hacer ver, que policías y fiscales
deben trabajar coordinados”, subrayó.

En
ese contexto, dijo que como representantes populares, como Poder Soberano, los
diputados tienen la obligación de sentarlos a la mesa para que den a conocer la
estrategia de seguridad.

El
Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación
Política para su análisis y dictamen.

Los diputados de la Diputación Permanente aprobaron
el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se exhorta
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), para que, en uso de sus
atribuciones, realice una revisión de la situación que guardan los Institutos Municipales
de las Mujeres de los 212 ayuntamientos de la entidad veracruzana y emita a
esta soberanía un informe de los resultados obtenidos.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 38 de la
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, que a la letra
dice: “El Congreso podrá ordenar al Órgano, que durante el ejercicio fiscal en
curso, requiera información y vigile la realización de obras y acciones
respecto de la aplicación de recursos públicos que hagan los Entes
Fiscalizables, aplicando en lo conducente las disposiciones de la ley de la
materia y le informe debidamente de los resultados obtenidos”.

Derivado esto del anteproyecto, que presentara la
diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de Morena, el
pasado 5 de abril del presente año, y mediante el cual se pedía la intervención
del ORFIS, para que realice una revisión de la situación que guardan los Institutos
de las Mujeres, en los 212 municipios veracruzanos, en cuanto a la
infraestructura y bienes materiales, presupuesto asignado, personal que labora
en ellos, así como grado de colaboración con el ayuntamiento.

Es tarea de los municipios y obligación de todas sus
autoridades, señala la Jucopo en su Punto de Acuerdo, comprender dónde se
origina la violencia, como se aprende y se aprehende y cómo se reproduce y
sostiene, pero sobre todo advertir las consecuencias de la violencia y cómo
éstas afectan la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, además de toda
de la sociedad en su conjunto.

Estos institutos, destaca, deben funcionar en
general como mecanismos para articular, en coordinación con todo el
funcionariado del Ayuntamiento y con el respaldo de los ediles, las políticas
públicas para la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres, para
lo que la Ley Orgánica del Municipio Libre establece obligaciones a las
autoridades municipales a fin de dar cumplimiento a estos compromisos previstos
en las Leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Punto de Acuerdo, y al que se adhirieron en su momento los Diputados integrantes de los
Grupos Legislativos de los Partidos Morena, Acción Nacional, así como los
Mixtos “Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de
México” y “Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática”, fue aprobado por el pleno de la Diputación Permanente, de la LXV
Legislatura estatal.

En el Auditorio Sebastián
Lerdo de Tejada del Congreso del Estado fue presentado el libro “Pensamientos
Otoñales: el amor, amalgama universal perfecta” de la autoría de Irma Figueroa
Castro que, ante una audiencia integrada por autoridades de la Editora de
Gobierno, familiares y amigos, compartió parte de su trayectoria, sus inicios
en la escritura y la inspiración que la llevó a consolidar esta publicación.

Basada principalmente
en experiencias vividas, la escritora Figueroa Castro aseguró que esta obra
está dedicada a sus pensamientos y al amor que debe haber entre un hombre y una
mujer.

Por
unanimidad, la Diputación Permanente del Congreso del Estado acordó instruir al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), para que inicie los
procedimientos de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018 de la
Fiscalía General del Estado (FGE), de la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas (SIOP) y de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).

Los
integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), acordaron instruir al
ORFIS para que, concluida la revisión, informe los resultados a esta Soberanía,
por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia. En caso de anomalías que
pudieran constituir conductas ilícitas, pide ejercer las acciones legales que
correspondan ante las instancias respectivas.

De
acuerdo con el punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Legislativa número 33,
los diputados integrantes de la JUCOPO, manifestaron su preocupación por el
debido cumplimiento de las disposiciones que regulan la fiscalización sobre el
uso de los recursos públicos y la correspondiente rendición de cuentas,
considerando que dentro del Informe de Resultados a la Cuenta Pública del año
2017 existieron diversas observaciones a entes fiscalizables.

En
los SERVER, con un presupuesto de poco más de siete mil y medio millones de
pesos en su Informe Individual de la Fiscalización Superior se encontraron 33
observaciones en total, de las cuales, tres son de presunto daño patrimonial
por un monto de 10 millones trescientos veintidós mil ochocientos setenta y
ocho pesos con ochenta centavos, referente a pagos improcedentes.

La
SIOP, que administró mil doscientos cuarenta y cinco millones, setecientos noventa
y seis mil ciento cincuenta y un pesos, fue objeto de 15 observaciones; entre
ellas, no se integró correctamente el soporte documental de la comprobación de
gastos por los trabajos ejecutados, se realizaron adjudicaciones de manera
directa y hubo deficiencia en la supervisión y terminación de las obras, entre
otras.

Fiscalía
General del Estado, que durante el mismo ejercicio dispuso de mil cuatrocientos
cuarenta y cinco millones, veintiséis mil ochocientos sesenta y ocho pesos de
presupuesto, y en su Informe Individual de la Fiscalización Superior tiene seis
observaciones de carácter administrativo.

Lo
expuesto, conduce a los integrantes de la JUCOPO, a proponer una revisión
cuidadosa del segundo y último año de gobierno de la administración estatal
anterior, el ejercicio 2018, particularmente de los entes fiscalizables
mencionados.

La
JUCOPO que preside el diputado Juan Javier Gómez Cazarín (Morena), está
conformada por los coordinadores de los distintos grupos legislativos, que son:
Sergio Hernández Hernández (PAN), Gonzalo Guízar Valladares (Del Lado Correcto
de la Historia), Erika Ayala Ríos (PRI-PVEM) y Brianda Kristel Hernández Topete
(MC-PRD).

El
diputado Jorge Moreno Salinas presentó la iniciativa de decreto por la que se
declararía el 25 de octubre como el “Día Estatal de las Personas con Talla
Baja” con el que se prevé contribuir a crear una cultura de respeto e inclusión
plena de las personas de talla baja en los sectores social, laboral, cultural,
educativo, deportivo y legal, entre otros, a partir del principio constitucional de no discriminación.

En la novena sesión ordinaria, del primer receso, el
diputado, a nombre del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), dijo que las personas
con esa condición no solo deben ser visibilizadas, sino también atendidas desde
diferentes ámbitos, primordialmente el gubernamental, a fin de facilitar su
vida digna en la sociedad.

Recordó que en la vida cotidiana las personas con
talla baja tienen problemas para acceder, por ejemplo, a teléfonos públicos,
vehículos de transporte de pasajeros, cerraduras, timbres, apagadores
eléctricos, retretes, lavamanos, mostradores, sillas, escalones, ropa e
instrumentos o utensilios de trabajo, ya que todo está diseñado para personas
mayores a los 160 centímetros de estatura.

Lo anterior –agregó- provoca que las personas
pequeñas tengan que realizar grandes esfuerzos que traen consigo secuelas
musculares por sus limitaciones físico esqueléticas.

Al detallar la iniciativa, el legislador Moreno
Salinas refirió que la talla baja humana es un trastorno óseo genético que se
registra en uno de cada 15 mil a 40 mil niños nacidos vivos en el mundo; puede
ser provocada por más de 300 afecciones y aunque entre éstas se encuentran
algunas derivadas de condiciones o problemas de salud que causan falta de
crecimiento, la mayoría de ellas están originadas por cambios genéticos
espontáneos o aleatorios.

Expuso que en el país hay asociaciones y un Consejo
Nacional de Gente Pequeña que buscan la inclusión de sus integrantes, y han
solicitado la existencia de registros para saber quiénes son y qué necesitan;
pero sobre todo promueven políticas que faciliten su vida diaria y que eviten
su discriminación social.

Indicó que se busca establecer el 25 de octubre, a
petición de las propias organizaciones, y dado que así está decretada en
diversas entidades del país, así como en los Estados Unidos de América.

Esa fecha simboliza la lucha por la defensa de los
derechos de la autodenominada gente pequeña, ya que un día así nació William
John Bertanzetti, actor norteamericano mejor conocido como Billy Barty,
considerado el pionero en esa defensa y creador de la fundación Little People
of America, reconocida como la más amplia a nivel internacional y por
brindar apoyos a las personas de talla baja e impulsar la igualdad de derechos
y oportunidades para las mismas.

A la iniciativa, turnada para su análisis y dictamen
a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables,
se adhirieron los diputados de los Grupos Legislativos de Morena, del Partido
Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática.

La
presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad
del Congreso de Veracruz, diputada Magaly Armenta Oliveros presentó un
anteproyecto con punto de acuerdo que busca exhortar al titular de la Dirección General de Transporte
del Gobierno del Estado a que informe, a este Poder, las acciones realizadas
para verificar que en la entidad sean respetadas las tarifas para el servicio
de transporte público y, en caso de detectarse irregularidades, precise las
sanciones aplicadas.

Durante la
novena sesión ordinaria de la Diputación Permanente, la legisladora recordó que
en días pasados circuló, en medios de comunicación y redes sociales, la
inconformidad de usuarios del servicio de transporte público, principalmente en
ciudades como Xalapa, Córdoba y Poza Rica, al señalar que los conductores de
autobuses no respetaban la tarifa que se cobra a adultos mayores y estudiantes.

“El motivo
que les expresaban los operadores, era que al ser días de período vacacional
por la Semana Santa, no había razón para otorgarles el descuento que
normalmente les aplican, pese a que los pasajeros se acreditaban, como suelen
hacerlo, con sus respectivas credenciales”, explicó la legisladora.

En su
intervención en tribuna, la integrante del Grupo Legislativo de Morena precisó
que esta situación tiene su origen en la tolerancia de pasadas administraciones
estatales, lo que permitió a los conductores infringir la normatividad
aplicable, pese a las quejas constantes de los usuarios.

Agregó que
este tipo de acciones afecta la economía familiar, por lo que exhortó a la
autoridad correspondiente a investigar, y en su caso, sancionarlas conforme a
lo establece la legislación y reglamentación en la materia.

Asimismo,
informó que el titular de la Dirección General de Transporte del Estado, Ángel
Alarcón Palmeros, declaró que ya han sido giradas las instrucciones para que la
dependencia a su cargo supervise las unidades de transporte público, y de
detectarse que no aplican el subsidio o incrementan la tarifa, habrá sanciones.

La
diputada Armenta Oliveros manifestó su reconocimiento a los transportistas
serios y comprometidos que cumplen puntualmente con lo previsto en el marco
jurídico. “quienes así no lo hagan tengan la certeza de que el Gobierno Estatal
no está dispuesto a permitir abusos y desacatos como sucedía en el pasado”,
advirtió.

Por
último, enfatizó que Veracruz vive tiempos de esperanza y de transformación,
pero que sin lugar a dudas, el éxito a obtenerse, será posible consolidarlo con
la participación entusiasta de todas y todos.

La Diputación Permanente
de la LXV Legislatura del Estado, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) por el cual se exhorta a los Ayuntamientos de la entidad a
resolver la problemática de laudos derivados de demandas laborales.

En defensa de los
derechos de los trabajadores, los integrantes de la Jucopo acordaron que los municipios
sí disponen de herramientas jurídicas para afrontar ese tipo de compromisos,
como lo es la enajenación de bienes municipales de dominio privado, previa
autorización del Cabildo y del Congreso o de la Diputación Permanente, o
incluso de bienes destinados a un servicio público si éstos se convierten antes
al dominio privado.

Asimismo, se podría
utilizar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUNDF), siempre que en este caso sean registrados los adeudos derivados
de laudos como obligaciones financieras y se incluyan en las propuestas de
inversión correspondientes.

Del mismo modo, se
realizó un llamado a los Ayuntamientos del Estado para que se capacite al
personal encargado de dar por terminadas las relaciones laborales con sus
trabajadores, con el propósito de no incurrir en violaciones a la ley, que
deriven en despidos injustificados, susceptibles de ser combatidos ante
tribunales.

Además, por
conducto de las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal y de
Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, se exhorta a la realización
de mesas de trabajo en las que se invite a participar a representantes del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, así como del Órgano de Fiscalización Superior, y a expertos en derecho
laboral, a fin de encontrar alternativas de solución a la problemática
imperante en esta materia.

Cabe destacar que dicho
anteproyecto fue presentado el 19 de marzo de este año por la diputada Erika
Ayala Ríos, a nombre del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario
Institucional-Partido Verde Ecologista de México”, y al cual se adhirieron los diputados
integrantes de los Grupos Legislativos de los Partidos Morena y Acción
Nacional, así como de la bancada “Del Lado Correcto de la Historia”.

“La fiscalización superior es un medio para evaluar la eficiencia, la capacidad y la contribución de las instancias de gobierno al bienestar ciudadano; por tanto, es un elemento fundamental para garantizar la armonía social, el estado de derecho y la gobernabilidad”, expresó el diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado.

Al asistir a la conferencia magistral «Democracia, Fiscalización y Rendición de Cuentas», sustentada por la diputada federal Aleida Alavez Ruiz, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el diputado Pozos Castro celebró los foros que realiza la diputada, con el propósito de fortalecer la autonomía e independencia de los órganos fiscalizadores.

Atendiendo la invitación del auditor general titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, el diputado del Distrito III de Tuxpan, emitió un mensaje a los asistentes, en el que destacó una de las más significativas tareas de los poderes legislativos, que consiste en revisar la legalidad, pertinencia, racionalidad y transparencia, tanto en la aplicación de los recursos, como en el ejercicio de las atribuciones conferidas a los servidores públicos.

“Las instituciones eficaces, transparentes y éticas, que la sociedad exige, serían inalcanzables sin la revisión de cuentas y sin la aplicación de sanciones a las conductas ilícitas; de allí la relevancia de trabajar unidos para garantizar el uso adecuado de los recursos, proteger el patrimonio que es de todos, optimizar el desempeño del sector público y de esta manera, estar en condiciones de alcanzar el progreso y bienestar que los ciudadanos demandan”, destacó el legislador.

Aseveró que el Congreso Estatal y el Órgano Fiscalizador, son aliados en el fortalecimiento de la gestión pública y en la pertinente aplicación de los recursos que deben atender las necesidades de la sociedad.

A la conferencia dictada en las instalaciones del ORFIS, acudieron también las diputadas María Candelas Francisco Doce, Mónica Robles Barajas y Erika Ayala Ríos.

En el área de exposiciones del Palacio Legislativo, se presenta la obra de Mercedes Cesari y Mercedes Boullosa, integrada por acuarelas, acrílicos, óleos, arte objeto, cerámica y “cuanta cosa preciosa se nos tejió en las manos”, afirman en la presentación de la muestra las artistas.

Con el nombre de “Desmerecer Las Mercedes” fue abierta al público, en el Congreso del Estado, esta expo-venta, en la que se puede admirar y adquirir, en diversas técnicas, la creatividad de Cesari y Boullosa, que transforman cualquier material en expresión de su arte, de su talento.

Estuvieron presentes, también, en la apertura de esta exposición, la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, María Elena García Filobello; y Ángel Rafael Martínez Alarcón, en representación del titular de la Coordinación de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca, Miguel Ángel Andrade Huerta.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y como presidente de la Diputación Permanente, el diputado José Manuel Pozos Castro rindió un informe de trabajo de éste órgano legislativo, que comprende el periodo del 1 de febrero al 30 de abril de este año, en el cual se dio entrada a 26 iniciativas y 339 asuntos de correspondencia.

Durante la primera sesión ordinaria, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, el diputado Pozos Castro agradeció a las diputadas y diputados que conformaron la Diputación Permanente por su disposición y trabajo en este periodo, en donde a pesar de las diferencias ideológicas, prevaleció el diálogo razonable con respeto y voluntad, “esto fortaleció nuestra democracia, abonando siempre en la construcción de un mejor Veracruz”.

En su informe, el legislador Pozos Castro indicó que se dio trámite a 52 dictámenes de acuerdo de las diversas comisiones permanentes, relativos a la creación de institutos municipales de las mujeres; aprobación de convocatorias para elecciones extraordinarias de agentes y subagentes; autorizaciones para desempeñar dos empleos públicos; autorización a ayuntamientos para enajenar diversos bienes muebles e inmuebles; para adherirse a programas de Gobierno de la República; a celebrar convenios de colaboración y todo tipo de actos jurídicos con instituciones educativas y de gobierno.

Se llevaron a cabo nueve sesiones ordinarias y se convocó a cuatro extraordinarias, así como la sesión solemne con motivo de la entrega de la medalla “Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2019”, a la coordinadora de voluntarias “Las Patronas”, Norma Romero Vázquez.

De igual forma, de las 26 iniciativas, tres fueron enviadas por el Ejecutivo estatal relativas al proyecto por el que se expide la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado; la de reforma a diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Colegio de Veracruz y el decreto por el cual se autoriza al Gobierno del Estado y los Ayuntamientos a que contraten, con cualquier institución de crédito, uno o varios financiamientos, estableciéndose como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir ingresos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Asimismo, significó que en este periodo se recibieron las Minutas de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, así como la relativa a la Guardia Nacional. Ambas minutas fueron dictaminadas y aprobadas por el Pleno LXV Legislatura, durante la tercera sesión extraordinaria, celebrada el 7 de marzo de este año.

Posteriormente, dio detalles sobre las iniciativas presentadas por los diputados de los diversos grupos legislativos, así como del contenido de las mismas.

El legislador Pozos Castro agradeció a los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, Sergio Hernández Hernández, Gonzalo Guízar Valladares, Erika Ayala Ríos y Brianda Kristel Hernández Topete, coordinadores de los grupos legislativos de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la Historia”, PRI-PVEM y MC-PRD, respectivamente, así como al legislador independiente Juan Carlos Molina Palacios, “porque estoy seguro que juntos estamos haciendo historia y debe ser nuestro orgullo”.

Sostuvo que hoy Veracruz requiere la unidad y por ello manifestó su beneplácito por formar parte de la LXV Legislatura, “mi reconocimiento y agradecimiento a las diputadas y diputados, unidos vamos a construir un mejor Veracruz”, concluyó.

La Diputación Permanente, que funcionó del 1 de febrero al 30 de abril de este año, estuvo integrada por los diputados José Manuel Pozos Castro, presidente; Erika Ayala Ríos, vicepresidenta; Alexis Sánchez García, secretario y Erik Iván Aguilar López, Raymundo Andrade Rivera, Magaly Armenta Oliveros, María Josefina Gamboa Torales, Deisy Juan Antonio, Montserrat Ortega Ruiz y Jessica Ramírez Cisneros, como vocales.

En representación del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), la diputada Erika Ayala Ríos, presentó el pronunciamiento de esa fracción, con motivo del inicio del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, y durante su participación, señaló que la LXV Legislatura, en el Congreso del Estado, se considera histórica por la composición paritaria de género que tiene.

Afirmó que es importante que la política de desarrollo social estatal y nacional, se enfoque en generar las oportunidades que requiere la población, en todos los ámbitos, pero no desde una perspectiva asistencialista y “muchas veces hasta electoral”; que hay que promover la inversión, alentar la industria, fomentar la micro, pequeña y mediana empresa, apoyar a los emprendedores en sus proyectos, pues todo ello genera empleo y éste a su vez desarrollo económico.

Hay que apostarle a la educación, enfatizó la legisladora, como instrumento de cambio. Una sociedad que no invierte en ello está condenada al fracaso. “Por esa razón, nuestros partidos han respaldado en el Congreso de la Unión las reformas constitucionales tendientes a elevar la calidad de la educación, sin que ello implique afectar los derechos de los trabajadores del ramo”.

La diputada afirmó que es necesario reorientar el presupuesto para que la educación, las artes, la cultura, el deporte y la creación de infraestructura en esas materias, y en otras más, promuevan la recomposición del tejido social, a través de generar mayores opciones de desarrollo para la niñez y la juventud.

Por lo anterior, abundó, desde este espacio de representación plural y democrática de la sociedad veracruzana, “respetuosamente convocamos a los diferentes órdenes de gobierno a la unidad para combatir conjuntamente el flagelo de la inseguridad. Tenemos, como legisladores, un gran compromiso con la población”.

Abonemos, desde nuestras diversas posiciones políticas e ideológicas, subrayó, a la erradicación de la violencia y a lograr la paz y seguridad que tanto anhelamos. Para ello y para cualquier otro objetivo que implique el beneficio de la población, “tengan la certeza los veracruzanos que siempre contarán con quienes integramos el Grupo Legislativo Mixto PRI-Verde en este Congreso”, concluyó.

Al fijar el posicionamiento del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia” con relación al inicio del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso del Estado, la diputada Florencia Martínez Rivera, hizo un llamado a todas y todos sus compañeros legisladores, para que este periodo sea fructífero en el diálogo y en la construcción de acuerdos, así como en la emisión de dictámenes pendientes.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, la legisladora de representación proporcional, aseguró que el Grupo Parlamentario al que pertenece, está comprometido con Veracruz y con el quehacer legislativo; “seguiremos impulsando una agenda que mire hacia el futuro, buscando construirlo a partir de bases sólidas, racionales y fundadas en la ley y en los principios éticos que han guiado siempre nuestro actuar”, expresó.

“Es hora de asumir cada uno la responsabilidad que nos corresponde en el marco de las atribuciones que confiere la Ley a cada autoridad, ya sea Estatal o Municipal. Solo si se cumple con esa responsabilidad, estaremos en el camino correcto para la solución de los problemas que tanto daño nos han hecho”, subrayó.

Consideró que hay muchos pendientes, el más importante, brindar certeza jurídica a los más débiles y se refirió a las luchas que libran los pueblos originarios y afromexicanos, los trabajadores y los maestros.

“El mejoramiento del andamiaje jurídico y de las políticas legislativas solo podrán aterrizarse con responsabilidad y profesionalismo”, puntualizó.

En el Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia” –dijo-, se encuentran comprometidos con Veracruz y con el quehacer legislativo; “seguiremos impulsando una agenda que mire hacia el futuro, buscando construirlo a partir de bases sólidas, racionales y fundadas en la ley y en los principios éticos que han guiado siempre nuestro actuar”.

La diputada Florencia Martínez, aseguró que serán la voz de los que jamás han sido escuchados, de los que se sienten olvidados y de los que se han visto engañados. “Somos partidarios de los consensos, pero no de las componendas; creemos en el diálogo y en la razón, no en la imposición, nuestra fuerza está en la palabra que persuade, no en la que descalifica”.

La Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, presidida por la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, recibió a miembros del comité organizador del “3er Encuentro Nacional del Café: Coffee Fest México 2019”, quienes ofrecieron detalles de este evento, el cual se llevará a cabo del 23 al 26 de mayo, en el Zócalo de la Ciudad de México.

En la Sala Jesús Reyes Heroles del Congreso del Estado, la legisladora Lagunes Jáuregui, así como el resto de la Comisión, se pronunció a favor de realizar las gestiones pertinentes para apoyar este evento que beneficiará a los productores veracruzanos a posicionarse y proyectar la calidad de la producción cafetalera de la entidad.

Por su parte, Manuel García Estrada, organizador de este evento, aseguró que Coffe Fest México tiene como finalidad impulsar el café mexicano, proyectando la calidad del aromático a través de la exposición de pequeños y medianos productores en la entidad, siendo Veracruz el estado invitado a este magno evento que espera alrededor de un millón 300 mil personas durante los cuatro días.

Asimismo, destacó que este es un proyecto cultural que además tendrá la oportunidad de detonar la economía, negocio, biología y artesanía, además de encontrarse impulsado por un eje transversal con base en la agenda 2030 de Naciones Unidas.

Agregó, que se tiene previsto un museo interactivo de café, que comprende cinco pabellones donde se desarrollarán actividades relacionadas con los cinco sentidos, y que durante su desarrollo tanto productores, baristas, empresarios y consumidores del aromático del país, tendrán la oportunidad de relacionarse.

García Estrada, afirmó que entre los ponentes para el Coffee Fest México, se encuentra el Doctor Diego Trujillo Marín, Procurador para Asuntos Agrarios y Restitución de Tierras de la Procuraduría General de Colombia, quien estará compartiendo sus conocimientos y experiencias en el ramo cafetalero con expositores, productores y asistentes.

En la reunión, también estuvieron presentes los diputados integrantes de la Comisión Raymundo Andrade Rivera, secretario; Rubén Ríos Uribe, Alexis Sánchez García y Jorge Moreno Salinas, vocales; así como el Coordinador Regional Coatepec del Coffee Fest,

Rodrigo Cervantes Fernández, y la asesora de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Liliana Ramos Rivera.

Al fijar el pronunciamiento del Grupo Legislativo de Morena del Congreso de Veracruz, con motivo del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que con sensibilidad y humanismo, reforzarán los resultados obtenidos hasta ahora, para dar seguimiento a la problemática de la desaparición de personas y defender las causas justas del pueblo veracruzano.

“Permaneceremos atentos al desempeño de las autoridades competentes y seremos los primeros en alzar la voz cuando éstas no cumplan cabalmente su labor”, enfatizó desde la Máxima Tribuna del Estado.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, significó que la Agenda Legislativa de Morena está articulada con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Igualmente, acompaña a cada uno de los ejes que integran el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.

“Con pleno respeto a la autonomía y a la división de poderes, es aquí donde le decimos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que el Grupo Legislativo de Morena le otorgará todo el apoyo necesario para impulsar reformas constitucionales y legales que le posibiliten el cumplimiento puntual y efectivo de las políticas públicas para éste y los años por venir”, destacó.

Indicó que la bancada de Morena se ocupará de legislar para que en el Estado existan condiciones plenas de bienestar, crecimiento económico, estabilidad política, seguridad y justicia, de la mano de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Del mismo modo, mencionó que continuarán respetando las ideas y propuestas provenientes de otros Grupos Legislativos, aunque no coincidan con las de ellos.

A nombre de las y los legisladores de su bancada, refrendó su compromiso con las siempre justas causas del pueblo veracruzano. “Lo hacemos con el firme propósito de atender y dar respuesta a las demandas de la población, principalmente la que vive en situación de vulnerabilidad como son niños, jóvenes, madres jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad, habitantes de pueblos originarios y víctimas del delito”.

Dijo que construyeron una agenda incluyente, que permitirá, a todas y todos, tener participación y valía en la toma de decisiones. “Es una agenda que guarda estricta congruencia al contexto imperante en la entidad, derivado de que en los recorridos y encuentros que frecuentemente sostenemos con la ciudadanía, nos permiten identificar aquellos problemas de inaplazable atención, como son la inseguridad, deficiencias en el sistema de procuración e impartición de justicia, desempleo, desigualdad, violencia de género y reparación de daño a víctimas del delito, entre otros”.

Finalmente, se pronunció porque este Segundo Periodo Ordinario sea un hito por sus resultados. “Veracruz no puede esperar más, requiere de la voluntad y determinación de todas y todos, sigamos demostrando de qué estamos hechos y hacia dónde queremos posicionar a esta tierra que nos llena de orgullo. Vayamos unidos hacia la transformación de Veracruz”.

La coordinadora del Grupo Legislativo de los partidos Movimiento Ciudadano-de la Revolución Democrática (MC-PRD) en el Congreso de Veracruz, diputada Brianda Kristel Hernández Topete dijo que, al igual que el primer periodo ordinario, este segundo periodo ordinario de sesiones sea de un trabajo arduo y que, pese a las diferencias ideológicas o de partidos, continúe la coordinación, el respeto, pero sobre todo el compromiso para mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos veracruzanos.

Durante la sesión de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXV Legislatura, la diputada expuso que al momento el Congreso ha llevado a cabo un intenso trabajo, ya que se ha podido legislar en temas como educación, salud, derechos humanos, igualdad de género, niñez, entre otros.

De igual forma subrayó que la bancada del MC-PRD ha apoyado las reformas legislativas que combaten la violencia de género y ha pugnado por el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

En este periodo que inicia –agregó- no será la excepción, son asuntos de alta prioridad y de urgente atención, porque “mientras exista en Veracruz una mujer violentada no podemos hablar de justicia, mientras una persona sea discriminada, no podemos hablar de igualdad, mientras no funcionen adecuadamente centros de salud u hospitales públicos no se puede hablar de calidad en los servicios de salud”, abundó.

De esta manera, la legisladora Brianda Kristel Hernández convocó a sus homólogos a trabajar para que esta Legislatura trascienda con el tiempo, “que todas las leyes que sean aprobadas por esta legislatura cumplan el objetivo de otorgar mejores condiciones de vida a cada uno de los que habitamos este Estado”.

Destacó que el Grupo Legislativo MC-PRD respaldará las reformas que sean para el bien de Veracruz y de los ciudadanos y en aquellas que haya diferencias habrá una oposición respetuosa, crítica, pero sobre todo propositiva para mejorar.

En su intervención en tribuna manifestó que a esta Legislatura le han tocado “tiempos difíciles”, especialmente en cuanto a seguridad, toda vez que el flagelo de violencia está presente todos los días. Sin embargo expuso que no debe claudicarse ya que la responsabilidad como representantes populares es velar por mejores condiciones de vida de cada uno de los veracruzanos, por lo que –enfatizó- seguirá trabajando para lograr un Veracruz donde se respire paz y tranquilidad.

Por lo anterior, invitó a seguir transitado por el camino del diálogo y el consenso a fin de lograr los acuerdos necesarios en la elaboración de leyes, “la voluntad hace la diferencia y cada uno de los ciudadanos que nos otorgó su confianza espera resultados, correspondamos a esa confianza”.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen, presentado por la Comisión de Vigilancia, por el cual se homologa lo establecido en el artículo 33, fracción XXIX, de la Constitución Política del Estado al artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación a la facultad de este Poder para revisar las Cuentas Públicas de todos los entes fiscalizables y así crear armonización entre ellas y evitar lagunas, contradicciones e incongruencias entre las leyes.

Este dictamen, aprobado con 36 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones, es resultado de la iniciativa que presentó el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez, durante la sesión ordinaria del 24 de enero de este año.

Con esta modificación se faculta al Congreso, para revisar las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Si del examen que éste realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.

La revisión de las cuentas públicas la realizará el Congreso, con el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables.

-Protección Civil creará protocolos de atención para niños y personas con discapacidad-

En la sesión, primera del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, el Pleno avaló el Dictamen que adiciona la fracción XXXIV, recorriéndose la actual para ser la XXXV, del artículo 29 de la referida Ley, por el cual se establece que deberán elaborarse y actualizarse protocolos de actuación, términos de

referencia o normatividad, para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores en situaciones de emergencia, desastre y/o disturbios que se presenten en la entidad.

Este Dictamen es resultado de la iniciativa que presentó el 31 de enero pasado la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Ana Miriam Ferráez Centeno, quien en esa intervención propuso brindar esta atribución al titular de la Secretaría de Protección Civil, para que coadyuve, en sus programas de protección civil, con los diferentes órdenes de gobierno para la elaboración de los citados protocolos.

Con esta reforma, aprobada con 36 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones, se armoniza la legislación estatal con la Ley General de Protección Civil, que en su artículo 19 indica que la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría a través de la Coordinación Nacional.

La LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa de Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y cuyo objeto es establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a la vez que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

La iniciativa, presentada durante la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, señala que las campañas de comunicación social evitarán difundir contenidos tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el artículo 14 de esta Ley.

Además de incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales; incitar a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico e inducir a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizadas por cualquier organización política o social.

Asimismo, indica que las campañas de comunicación social deberán considerar el uso de la Lengua de Señas Mexicana por medio de un intérprete o subtitulaje, así como de textos o tecnologías que permitan el acceso a los contenidos de comunicación social en televisión o video a las personas con discapacidad auditiva.

Para la difusión de campañas de comunicación social y de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, los entes públicos deberán sujetarse a las disposiciones del presupuesto de egresos del Estado o a sus presupuestos de egresos respectivos, así como a su programa anual de comunicación social.

Se prevé que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación.

Exceptuando las campañas de información de las autoridades electorales; las relativas a servicios educativos y de salud; las necesarias para la protección civil en casos de

emergencia, y cualquier otra que autoricen los órganos electorales competentes, de manera específica durante los procesos electorales.

Los entes públicos deben elaborar una estrategia anual de comunicación social, para efecto de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, mismo que deberá contener misión y visión oficiales; objetivos institucionales; metas o estrategias transversales relacionadas con los objetivos señalados; programas sectoriales o especiales, así como temas específicos derivados de los objetivos estratégicos o transversales que abordarán en las campañas del programa anual de comunicación social.

Por otra parte se contempla la creación del “Padrón Estatal de Medios de Comunicación”. La información contenida en este padrón será pública y accesible a distancia. El empadronamiento en ningún caso, por ese solo hecho, implicará la obligación de contratación por parte de los entes públicos.

De igual manera deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información sobre los montos destinados a gastos relativos a campañas de comunicación social desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, de conformidad con la legislación aplicable.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, realizó el foro “El Congreso de la Unión en el concierto internacional”, para analizar con especialistas y docentes los compromisos del Legislativo en el contexto mundial.

El encargado de la dirección general del CEDIP, Juan Carlos Cervantes Gómez, consideró importante las aportaciones de maestros y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre las problemáticas que se derivan del contexto internacional, porque “los problemas de México también son de los universitarios”.

Consideró que el Poder Legislativo requiere de mayor interacción y participación activa en la negociación de tratados internacionales, lo que permitiría mejores productos normativos.

Destacó que el trabajo parlamentario del Congreso de la Unión ha ayudado a denunciar delitos y presionar a las autoridades de procuración de justicia a que tomen acciones, así como hacer diagnósticos para saber si las leyes cumplen con su objetivo y, en su caso, modificarlas.

De la Facultad de Estudios Superiores-Aragón de la UNAM, María Guadalupe Durán Alvarado señaló que la función de control que tiene el Congreso de la Unión lo hace a través de sus dos cámaras y de manera interna y con miras a verificar que el trabajo del Ejecutivo federal tenga sustento en la legalidad.

Mencionó que los acuerdos comerciales del país han influido en los cambios económicos de los últimos 30 años, desde la firma del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para la máxima integración económica, que actualmente espera su ratificación como T-MEC, de cuyo éxito dependen 14 millones de empleos. “Hemos dado cumplimiento a peticiones de Estados Unidos en materia laboral, y el Congreso de la Unión se puso a trabajar para cumplir con esa exigencia para la ratificación”.

Expresó que México tiene 11 acuerdos comerciales que le permiten comercializar con 46 países y acceder a un mercado de consumo de mil 500 millones de personas, que lo han posicionado como la cuarta potencia económica en el Continente Americano, segunda en América Latina y en el sitio 15 a nivel mundial. “La agenda de política exterior es amplia; debe tocar temas como migración, cooperación internacional, derechos humanos, régimen multilateral de control de drogas, comercio, inversión y cambio climático, entre otros”.

Isidro Mendoza García, especialista en justicia constitucional y derechos humanos y docente de la Facultad de Estudios Superiores-Aragón de la UNAM, sostuvo que entre mejores sean las adecuaciones legislativas del Congreso habrá mayor armonía jurídica entre el sistema normativo mexicano y el ámbito internacional en materia de derechos humanos.

Cuestionó que se haya dejado fuera a la Cámara de Diputados en la ratificación de tratados internacionales en derechos humanos, cuando tienen implicaciones para los gobernados. Los retos del Congreso de la Unión en el plano mundial, añadió, radican en dar cumplimiento a las resoluciones, entre ellas, la emitida por países europeos sobre el caso Ayotzinapa.

Se manifestó para que el Congreso, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan el control previo de convencionalidad o constitucionalidad para que antes de que empiece un tratado internacional en materia de derechos humanos, el Estado faculte a las cámaras del Congreso un instrumento que permita armonizarlo previamente con la Constitución Política y prevenir la responsabilidad que tiene a la postre por violación de garantías del Estado mexicano.

El académico de la Facultad de Estudios Superiores-Aragón de la UNAM, Antonio Reyes Cortés, puntualizó que no es suficiente un sólo órgano administrativo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para cuidar el cumplimiento de las garantías individuales, pues existen 210 tratados mundiales en esta materia.

Precisó que los únicos violadores de derechos humanos son las autoridades y quienes ejercen el poder, “no los particulares, porque nosotros cometemos delitos”. Además, hizo votos para crear los mecanismos jurídicos que permitan llegar a una mejor sociedad y ciudadanía.

Se pronunció para que en la educación media superior se contemple -de manera obligatoria- una materia en derechos humanos, pues es el nivel donde los próximos ciudadanos se preparan. “Ése es uno de los mayores retos que tiene el Congreso de la Unión en la política actual e incluso no se prevé este tema en la licenciatura de derecho”.

En San Lázaro se inauguró la “Quinta Expo CENDI 2019”, del Centro de Desarrollo Infantil “Antonia Nava de Catalán”, de la Cámara de Diputados, la cual exhibe las diferentes actividades desarrolladas todos los días por hijas e hijos de las y los empleados de este recinto legislativo.

La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (Morena), mencionó que es importante como derecho a la educación, seguir reconociendo que las niñas y los niños deben crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión en el seno familiar, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad.

Dijo que el Estado debe garantizar este derecho a la educación y agradeció a las maestras, autoridades y personal de este centro, por la atención a las niñas y niños y su cuidado necesario.

La directora del CENDI, Miriam Delgado Martínez, explicó que la exposición muestra las actividades y labores que día con día se realizan en este centro durante un ciclo escolar.

Agregó que en congruencia con las necesidades escolares que exige la Secretaría Educación Pública, se constituyeron grupos en los que los alumnos participan desarrollando alguna actividad, con la finalidad de reconocer fortalezas y oportunidades para seguir aprendiendo, mostrando capacidades y talentos específicos.

Con ello, se da respuesta a la implementación del nuevo modelo educativo que tiene como misión “Educar para la Libertad y la Creatividad”, incorporando grupos multigrados.

Los grupos denominados clubes son: Bailo y Juego; Tertulias Literarias; Artemáticas y Huerto Escolar, donde los niños participaron desarrollando alguna actividad.

También se realizó una muestra de experimentos por parte de alumnos de preescolar. Esta exposición se encuentra en el Lobby del edificio E, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Se contó con la presencia de autoridades y el comité del Sindicato de la Cámara de Diputados, representantes del área de Recursos Humanos, padres de familia, y personal de este centro.

La directora del CENDI, agradeció a las autoridades de Recursos Humanos de este Congreso, a las maestras por la labor desarrollada, entrega y dedicación. Asimismo, a los padres de familia por su confianza, apoyo y compromiso.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, subrayó la importancia de definir el ejercicio del gasto, porque es algo que no se ha hecho. Afirmó que la Administración Pública es redundante y la mayor parte del presupuesto es para salarios, nómina, gastos y déficit, lo que deja al Ejecutivo con menos del 5 por ciento, haciendo que las variantes sean mínimas.

Al participar en la inauguración del coloquio “Política tributaria, ejercicio presupuestal, crecimiento económico y bienestar social”, sostuvo que es necesario crear un sólo circuito fiscal o hacendario; “es algo que hay que tomar en cuenta para el crecimiento económico”.

Destacó que la Cámara de Diputados recibió el pasado 30 de abril el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que tiene nada menos que una característica que lo hace diferente a los otros; teóricamente es de cumplimiento obligatorio.

“Nosotros vamos a estudiar el programa y lo vamos a pasar al Pleno de la Cámara; eso lo va a hacer la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que es un órgano encabezado por el Presidente de la Cámara y los coordinadores de todos los partidos”, comentó.

Muñoz Ledo subrayó que en ese análisis se debe tratar “el tema que nunca se trata: quién cobra los impuestos, cuáles son los impuestos y cuáles las tasas; es decir, el principal tema es el federalismo”.

Recordó que en (1925) hubo convenciones nacionales fiscales, y sin existir la Comisión Nacional de Gobernadores, ahí estaban los ejecutivos locales, y realmente se pactaba.

Posteriormente, continuó, en tiempos de David Ibarra (secretario de Hacienda y Crédito Público, de 1977 a 1982), se creó la ley de coordinación y los estados quedaron en condición muy precaria, sujetos a las participaciones. “Ese ha sido un centralismo pavoroso”.

Como ustedes recuerdan, el artículo 26 que se redactó en la época de Miguel de la Madrid, estableció una serie de valores que son cualitativos de tener un crecimiento sostenido; es muy vago, regularmente escrito, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que el programa corresponda –eso dice la ley- a los principios del artículo 26.

De cualquier modo ocurrirá, porque el artículo 26, insisto, es sumamente general y no hay ningún valor que esté ahí que no se perciba.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), destacó que antes de concluir el mes de junio, en periodo extraordinario, se va a discutir y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Mencionó que un tema urgente es la debilidad fiscal y financiera del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno: municipio, entidad federativa y Federación. “Si no se soluciona este flagelo tendremos complicaciones para reconstruir el Estado de bienestar que anhelamos e invertir de manera decisiva en infraestructura, en la generación de empleos y salir del estancamiento económico generado por décadas”.

Hoy, dijo, se tiene una base importante que ha sido decisión del nuevo gobierno: mayor racionalidad del gasto, manejo escrupulosamente honesto de las finanzas, superávit fiscal y estabilidad económica y financiera.

Ramírez Cuéllar expuso que la expectativa para septiembre es presentar un paquete de reformas que atiendan el problema de la debilidad fiscal en todos los órdenes del gobierno.

“Quisiéramos una política que refuerce la recaudación del predial; que discuta los temas ambientales en las entidades federativas; que sea más homogénea, transparente, equitativa y sin competencias desleales para federalizar cobros como la tenencia, y que ataque un problema muy grave de evasión, quizás el mayor boquete, que es el de la facturación falsa”, añadió.

Puntualizó que se busca reducir el margen entre las tasas legalmente establecidas del Impuesto Sobre la Renta y las efectivamente pagadas. Además, regular el comercio electrónico y la economía digital.

Se pronunció por atender a las enfermedades catastróficas que constituyen una epidemia que no sólo exige inversiones millonarias de recursos en materia de salud, sino representan pérdidas humanas y de productividad, como son “la fuerte inversión que se requiere para atender cánceres, diabetes, obesidad y padecimientos cardiovasculares; por eso, el tema del tabaco, el de las bebidas azucaradas, de la comida chatarra y del alcohol tienen que ser nuevamente puestos a discusión”.

El diputado hizo votos para que este esfuerzo tributario se pueda aprobar en septiembre. “Estamos buscando que en 2020 alcancemos un incremento en la recaudación de aproximadamente dos puntos del Producto Interno Bruto; si logramos recaudar 480 mil millones de pesos, podremos realizar muchas de las necesidades de inversión que se requieren en infraestructura, salud, en los estados y en municipios”.

Sostuvo que el tema de fiscalidad es difícil y complicado, por ello, “se tiene que articular y construir mucho consenso. Es el tema que decidirá el futuro de la Cuarta Transformación”.

Al inaugurar el foro, Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que es inadmisible que más de 100 millones de mexicanos vivan en pobreza extrema y otros en vulnerabilidad social o económica; es prioritario construir un programa nacional de desarrollo que permita abatir los lacerantes índices de desigualdad.

Puntualizó que la universidad hablará con verdad y soberanía y trabajará para lograr distribuir mejor el ingreso, a fin de propiciar una mejor situación fiscal al Estado.

“Cuenten con ello, por supuesto; seguiremos trabajando y ampliaremos la capacidad de tener convenios con los representantes de la nación para propiciar esto que estamos buscando. Es un deseo, no sólo del actual gobierno, sino de todos los mexicanos, el que tengamos un país más justo y más equitativo”, subrayó.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena Ibarra, consideró que entre los instrumentos que requieren aplicarse está una mayor recaudación del Impuesto Sobre la Renta y de los impuestos sobre el patrimonio, porque sigue siendo muy débil en la región, así como eficientes políticas de gasto público.

A través de un videomensaje enviado al coloquio, aseguró que “México no es ajeno a las tendencias mundiales”, aunque ha mostrado fortalezas, pues la carga tributaria aumentó de 8.7 del PIB en 2000, a 13 por ciento en 2017, aunque, aclaró, sigue estando por debajo del nivel regional. Destacó que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta ha crecido, pasando del 2.6 por ciento del PIB en 2013 a 3.5 en 2017.

Dijo que a los desafíos tradicionales que tiene la política fiscal en América Latina hay que sumarle los objetivos de la Agenda 20-30, en donde se le debe dar particular atención a la distribución personal del ingreso de los hogares, la distribución de la riqueza y el patrimonio, así como las disparidades sociales y económicas por territorio.

“Las últimas dos décadas han traído mejores tendencias distributivas a nivel regional, pero no ha cedido la alta concentración de la riqueza y el ingreso”.

Indicó que las capacidades fiscales tan diferentes en los distintos niveles de gobierno repercuten en la cobertura y calidad de los servicios públicos. Además, agregó, la revisión de las tareas pendientes en el rubro es de particular importancia en la actual coyuntura que “estremece al mundo”, pues por un lado hay un crecimiento lento, mientras que por el otro, tenemos un contexto macro caracterizado por la incertidumbre.

Entre los ponentes del acto, realizado en el Palacio de la Autonomía, estuvieron presentes economistas, académicos y especialistas de la CEPAL.

Miembros del Sindicato Único de Productores de Artesanías, Manualidades y Afines del Estado de Veracruz (SUPAMAEV), se instalaron en los pasillos del Palacio Legislativo para la exposición y venta de ropa de manta, ropa tejida a mano, cinturones en piel, salsas, joyería, dulces típicos, miel de abeja, medicina naturista, velas aromáticas y muñecos tejidos a mano.

El personal que labora en la LXV Legislatura del Congreso del Estado, diputados y visitantes, recorren el área de exposiciones, conociendo el trabajo que realizan los productores veracruzanos y adquiriendo diferentes productos a muy buen precio.

La Subcomisión de Seguimiento de la Acuacultura, presidida por el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni (Morena), solicitará a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) combatir la corrupción en las ventanillas para otorgar permisos a los pescadores.

Pese a que el trámite es gratuito se les exige hasta siete mil 500 pesos para realizarlo, por lo que pedirán apoyo del titular, Raúl Elenes Angulo, y exhortarán a los acuacultores a denunciar para sustentar las prácticas ilícitas de esos funcionarios.

En reunión de trabajo, Ríos Fararoni sostuvo que la actuación de los inspectores y la corrupción son un tema muy delicado que debe atenderse. El objetivo es garantizar que el recurso llegue directamente a los productores, en virtud de que esta actividad tiene un potencial que no se ha aprovechado y, en el futuro será la base alimenticia porque ofrece una proteína muy barata.

Se ha detectado, aseguró, que en la oficina de Conapesca en Coatzacoalcos, Veracruz, “una serie de actos de corrupción con los inspectores, ya que por realizar el trámite para otorgarles el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA) les exigen siete mil 500 pesos, cuando no cuesta ni un solo peso y es gratuito”.

Refirió la importancia de combatir la corrupción en las ventanillas de trámites para que los pescadores presenten sus proyectos de infraestructura, cultivo de especies, pesca ribereña o de altura, servicio que inició el primero de abril y cerrará el próximo 10 de mayo.

Explicó que los pescadores para que accedan a un programa de apoyo financiero tienen que obtener un permiso, trámite que no tiene costo; sin embargo, funcionarios de la Conapesca, que han laborado mucho tiempo cobran el servicio. “Es una práctica que se ha hecho por muchos años y la gente tiene temor de denunciar, aunque lo manifiestan públicamente, por el riesgo de que en el futuro no tenga oportunidad de meter un proyecto”.

Apuntó que los diputados deben estar más pendientes y atender los problemas de los pescadores en las diversas regiones del país durante el receso legislativo, y aprovechar la apertura de nuevos funcionarios para agilizar muchos trámites que no se atendieron y se vencieron, este es uno de los objetivos del plan de trabajo de la subcomisión, a fin de establecer una estrecha vinculación con los acuacultores.

A través del Poder Legislativo dar facilidades e impulsar la acuacultura por el gran potencial que tiene para ofrecer alimento económico y de alta calidad; no obstante, no se les considera en igualdad de subsidios en el consumo de energía, porque sólo gozan del 50 por ciento, mientras que los agricultores del 90 por ciento, más el nutriente para criar las especies.

En las zonas desérticas del norte del país se han abierto canales para construir granjas de camarón de 500 o mil hectáreas, así como en Veracruz y Chiapas con embalses y jaulas flotantes para criar tilapia y lobina. Estimó que un millón de acuacultores laboran en el ámbito nacional.

Se necesita aumentar la producción acuícola del país para que se eviten trámites excesivos a través de un marco jurídico realista, destacó.

Además, que la Secretaría de Economía reduzca los porcentajes de la importación de 450 mil toneladas de tilapia proveniente de China, de mala calidad, pero que se consume por el déficit existente, ya que en el país sólo se producen 150 mil toneladas, igual situación se registra con el camarón proveniente de Centroamérica.

También sostendrán reuniones con Pablo Arenas Fuentes, director general del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), para analizar y agilizar trámites y permisos que atiendan proyectos de transferencia de tecnología e investigación.

De Morena, el diputado Casimiro Zamora Valdez sostuvo que los inspectores reciben dádivas por parte de los pescadores. “Todo el personal que no ha sido cambiado está cayendo en vicios”, lamentó.

Propuso optimizar la entrega de financiamiento para evitar subejercicios y apoyar a mujeres dedicadas a la producción de rana, en Guasave, Sinaloa, ya que el proceso es muy lento y después de once años de trabajo requieren apoyo económico.

Pidió que el Inapesca emita recomendaciones de captura, ya que en once presas de riego en Sinaloa, se pesca tilapia y lobina con redes y enseres de tamaño inadecuado que arrastra las especies en crecimiento con el riesgo de que no se puedan repoblar los bancos en el corto plazo de forma adecuada, además de que los consumidores no compran piezas pequeñas y se respeten las vedas.

Del PT, la legisladora Ana Ruth García Grande señaló que durante las mesas de diálogo con los productores, refieren la necesidad de agilizar y destrabar los trámites y permisos específicos de la actividad pesquera, en especial de acuacultura.

Planteó la sistematización de este proceso y trabajar conjuntamente con el Inapesca, porque “una de las principales quejas de los pescadores es que los permisos no avanzan”. Indicó que se realizará una lista de esas peticiones.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por la diputada María Marivel Solís Barrera (Morena), realizará una serie de foros regionales con el fin de tener la mayor información que sirva para crear una ley general de ciencia, tecnología e innovación.

El ordenamiento legislativo plasmará la política de Estado en la materia; diseño institucional; financiamiento y fiscalización; recursos humanos; vinculación académica; sector productivo; federalización y desarrollo regional; propiedad intelectual, así como divulgación científica.

Solís Barrera informó que serán seis foros durante la primera y segunda semana de junio y julio que se dividirán por regiones. En el noroeste la sede será Chihuahua y las entidades que participarán son: Baja California, Baja California sur, Sinaloa y Sonora.

La región noreste tendrá la sede en Nuevo León y asistirán Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas. En Occidente se llevará a cabo en Jalisco, en donde participarán Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

Las entidades del centro tendrán dos sedes en Morelos y Texcoco, estado de México, y la región sureste se realizará en Yucatán, asistirán Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

“Lo importante es que los presidentes de comisiones de los estados participen. Tenemos que articular todas las actividades con la finalidad de integrar un atlas de ciencia y tecnología, aportar al PND y a la creación de la ley”, subrayó.

En estos foros se abordará también el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Poder Ejecutivo, con el objetivo de contar con información útil que ayude durante el análisis del Plan.

Se abordarán los ejes de justicia y estado de derecho, bienestar considerando medio ambiente, residuos sólidos, agua, educación, salud, seguridad alimentaria y residuos sólidos, y desarrollo económico analizará temas como ciencia, tecnología e innovación, productividad, energía y telecomunicaciones.

El diputado Manuel Iran Santiago (Morena) resaltó la importancia de que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se realicen estos actos en el ámbito regional. De la misma fracción parlamentaria Alejandra Pani Barragán propuso incluir el tema de los residuos sólidos.

El legislador Brasil Alberto Acosta Peña (PRI) planteó dar publicidad a la realización de estos foros, con el propósito de que asistan expertos en la materia. “Necesitamos que esta comisión trabaje en formular su propuesta de ley de ciencia, tecnología e innovación, para que esta sea la Cámara de origen, porque es aquí donde se aborda la parte social”.

La Comisión se reunió también con representantes de la empresa ORTMED, Tecnologías Médicas, con sede en Mérida, Yucatán, quienes presentaron un modelo de desarrollo social con programas enfocados en la niñez con alguna discapacidad, autismo, ceguera y auditiva.

Por su parte, la empresa INCyTU del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, dio cuenta a los legisladores de las investigaciones que realizan para contribuir con la generación de políticas públicas y la toma de decisiones basadas en evidencia científica.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (Morena) aseguró que en México, especialmente en Chiapas, aún persiste la venta de mujeres, así como su intercambio por una dote como vacas y toros e, incluso, cartones de cerveza.

Durante la presentación del libro Balam Antsetik. La Segunda Era, de la escritora Margarita Aguilar, la legisladora destacó que este texto denuncia y retrata la vulnerabilidad de la mujer y la violencia de género por usos y costumbres.

Puntualizó que este libro es un texto que “no es fácil de soltar”, pues su origen viene de una nota periodística sobre el texto de una tumba en una zona arqueológica denominada Toniná, del municipio de Ocosingo, Chiapas, hecho que fue aprovechado por la escritora para crear sus personajes ficticios.

“El título Balam Antsetik proviene de un vocablo de origen tzeltal, que se refiere a una alegoría de jaguares, que es considerado una maldición para las mujeres, pues con ella se les aplicará toda la violencia en todos sus sentidos”.

María del Carmen Fernandez Benavente, presidenta municipal del Jaltenango, Chiapas, comentó que esta novela tiene entre sus hojas el tema de la muerte materna y “el amor en dos eras”, pero visto desde un ángulo diferente.

Hablar de la muerte materna es llegar a la conciencia de la gente, especialmente en la época (indígena) que relata el libro, donde fue más marginada la mujer.

En su turno, Margarita Aguilar explicó que su novela es un llamado urgente a la conciencia y al quehacer legislativo, porque por no tener acceso a métodos anticonceptivos las mujeres indígenas se embarazan sin planearlo.

“Por no poder decidir sobre su cuerpo hay muerte materna. Es posible cambiar la historia de cada niña, adolescente o mujer que vive en contexto de abusos, alcohol y el poder masculino”.

A la presentación del libro acudió la diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez (Morena).

Durante la presentación del libro “Perspectivas sobre las mujeres en México: historia, administración pública y participación política”, editado por la UNAM, la diputada del PRD, Claudia Reyes Montiel convocó a incorporar e impulsar una visión de igualdad de género para revertir el patrón cultural patriarcal que condiciona a las mujeres a la discriminación y subordinación que la ancla en la desigualdad.

Afirmó que “las mujeres han liderado una gran lucha contra la cultura de discriminación que nos ha colocado en un plano de inferioridad”. En la administración pública se requiere incorporar una perspectiva de género, apoyada en las propuestas que ofrecen las investigaciones académicas universitarias, sobre las acciones femeninas para diseñar políticas públicas que reviertan la disparidad.

Sostuvo que este fenómeno prevalece por la falta de conciencia social y frena el que las mujeres ocupen altos cargos políticos, argumentándose que los varones tienen más capacidad y fuerza, alentando una violencia política que debe revertirse.

Llamó a concientizar a la sociedad para cambiar ese paradigma y la discriminación hacia este sector de la población, a partir de una nueva educación desde la familia, con el objetivo de alentar las mismas oportunidades en un ambiente de libertad y respeto.

La también secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, apuntó que la actual legislatura es histórica por la participación femenina que conlleva el compromiso a seguir esforzándose para que prevalezca la igualdad en la participación y toma de decisiones.

Resaltó que esta obra, a través de once capítulos, reseña diversas actividades que han realizado las mujeres en diferentes épocas de México en la vida pública. Ofrece importantes reflexiones como las de Patricia Galena en torno a la participación femenina por sus derechos políticos.

Fernando Pérez Correa, coordinador del libro, autor de la introducción “La mujer, protagonista de la vida política en las historias de España y México”, y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, aseveró que la situación contemporánea de las mujeres en el país no es satisfactoria, porque hay una diferencia brutal en el comportamiento social y en la capacidad de controlar los recursos de la familia.

El también integrante del Sistema Nacional de Investigadores, sostuvo que es un hecho incuestionable la desigualdad entre hombres y mujeres. Consideró que “tampoco hay condiciones para revertir la tendencia en el corto plazo” a menos que se reconozca la participación decisiva y el potencial irrenunciable y fundamental que tiene la aportación femenina en el futuro de México.

Lamentó la falta de acceso femenino en áreas donde se toman las decisiones. Por ello, destacó el interés de la UNAM por analizar e investigar a través de este libro, la problemática de las mexicanas, con el propósito de que la igualdad de género sea una realidad, cuya tarea no es sólo de una institución o sector sino de toda la sociedad.

En el país los hombres trabajan muy duro al igual que las mujeres, pero ellas, además tienen que atender la casa, hacer la comida y ayudarle a los hijos hasta con las tareas, en una lacerante desigualdad en la repartición de las responsabilidades domésticas que sólo recae en esta población. La igualdad es tan remota como lo estuvo la Conquista de México, consideró.

Gloria Luz Alejandre Ramírez, coordinador de la obra y autora del capítulo “Administración pública y estudios de género: retos de un constructor interdisciplinario”, afirmó que prevalece un desprecio del trabajo de las mujeres en el espacio público, por eso la igualdad de género tiene el objetivo de revertir el patrón cultural, donde los roles femenino y masculino están interiorizados como parte de la cultura machista y un sistema patriarcal que lo sostiene y fomenta profundas desigualdades.

La también profesora de la FCPyS de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, comentó que en esta perspectiva, donde los varones son los fuertes y las mujeres se someten, requiere modificarse con leyes y políticas públicas que reviertan estos patrones culturales.

El problema es que esos esquemas están arraigados y se necesita “reeducar a la sociedad mexicana” para adquirir condiciones de igualdad y saber en qué momento surgen las diversas formas de violencia que ejecutan los hombres.

Se requiere enseñar a niñas y niños la igualdad entre ellos, con la intención de cambiar el paradigma de que sean las mujeres las que se ocupen de las labores domésticas sin remuneración, por el hecho de haber nacido mujeres, además de una doble jornada en un empleo en el ámbito público.

Eduardo Torres Alonso, autor del capítulo “Panorama, obstáculos y oportunidades de las mujeres en la administración pública”, apuntó la posición inequitativa de la mujer en los cargos públicos, porque no se le reconoce su incuestionable aportación a la economía y sociedad, alentando discriminación educativa, desvalorización de capacidades, ausencia en la promoción laboral y falta de participación en las decisiones.

Consideró que con la apertura democrática debe visibilizarse dicha situación, a fin de que esta población goce de una ciudadanía completa, mediante una reforma del contrato social para equilibrar las actividades de hombres y mujeres.

Propuso repensar la política para atender la igualdad de género, donde los varones también se beneficiarán, pese a las condiciones adversas que han enfrentado las mujeres, se han obtenido espacios públicos, generando un debate profundo de los temas colectivos.

La Cámara de Diputados aprobó por 420 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, un dictamen de la Comisión de Justicia, que reforma la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para establecer entre las condiciones para que un juez pueda suspender el proceso judicial, que el adolescente acusado se abstenga de consumir bebidas alcohólicas.

Actualmente la ley señala que para tener este beneficio el adolescente no debe de abusar de esas bebidas. En el artículo no se modifica la condición de que el acusado se abstenga de consumir drogas o estupefacientes.

La diputada Claudia Pérez Rodríguez (Morena), secretaria de la Comisión de Justicia y proponente de la iniciativa, aseguró que el 99 por ciento de adolescentes que cometieron un delito fue bajo los influjos de alguna droga o alcohol, que los lleva a infringir la ley, incluso con actos atroces.

Consideró que los jóvenes deben ser prioridad para las políticas públicas de reinserción social, por ello la necesidad de esta reforma, porque la dependencia a estas sustancias les genera la necesidad de consumirlas en cualquier momento, sin importar las circunstancias, incluso puede hacer cualquier acción para conseguirlo.

La reforma, indicó, se trata de un andamiaje jurídico con objeto de que los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad de manera integral, no sólo para cumplir las medidas impuestas por los jueces, sino que se debe detectar lo que dio origen a la conducta infractora.

El dictamen señala que uno de los problemas que interfiere con la reinserción es el consumo de alcohol, sustancia psicoactiva que desencadena trastornos que deterioran la salud física, psicológica y social de los adolescentes. A ello se suma la falta de información dirigida a esta población, lo que genera una falta de concientización.

Enfatiza que en los últimos años se ha venido dando un alza alarmante en el consumo, pues, además de ser una sustancia nociva para el entorno social y económico, es causante de más de 200 enfermedades cardiovasculares, que no sólo afectan al adolescente, pues trasgrede a terceros mediante accidentes viales o actos de violencia.

Por ello, la reforma tiene como fin inhibir el consumo de alguna droga, estupefaciente o bebida alcohólica, a fin de que sean cumplidos los plazos o condiciones que el juez haya ordenado al adolescente, con motivo de la suspensión condicional de un proceso de hechos que no requieran de una medida de internamiento.

Datos de la encuesta nacional de Consumo de Drogas, Tabaco o Alcohol (2016-2017) de la Secretaría de Salud, precisan que el 39.8 por ciento de adolescentes entre 12 y 17 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida. Cifra que es escandalosa si se toma en consideración que este tipo de bebidas son de venta restringida.

“Los retos de reinserción social y familiar de esta población son enormes y de urgente atención, ya que existe la posibilidad de que estos jóvenes puedan lograr una reinserción de manera sana y productiva”, sostiene el dictamen.

La Cámara de Diputados aprobó, con 413 votos a favor y cinco abstenciones, adicionar un párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de que las reglas de operación de los programas en la materia se sujeten a los principios de la Política de Desarrollo Social.

El objetivo es posibilitarles a los beneficiarios, el pleno goce y ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política, así como en las demás disposiciones vigentes aplicables y en los instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que las reglas de operación son instrumentos jurídicos en donde se establecen criterios generales y específicos para la operación de los programas sociales del gobierno federal. Su objetivo fundamental es garantizar que dichos programas se apliquen de tal manera que permitan alcanzar las metas de la política social en aras de cumplir con los derechos de los mexicanos.

Precisa que los programas sujetos a reglas de operación no son exclusivos del gobierno federal, porque las entidades federativas también tienen la atribución de diseñar y desarrollar los que consideren pertinentes para apoyar a grupos poblacionales, sectoriales y actividades productivas particulares.

El dictamen considera que al elaborarse las reglas de operación de los programas sociales, debe existir un razonable equilibrio entre la rendición de cuentas sobre el uso y destino de los subsidios otorgados, así como una flexibilidad en los requisitos para con los beneficiarios de tales subsidios.

Subraya que el padrón de beneficiaros, más allá de ser un trámite burocrático, es una fuente de información que permite proyectar las políticas públicas de Desarrollo Social y por ende de los programas, resultando necesario que el personal a cargo de actualizarlo, tome en consideración la situación o caso especial de cada posible beneficiario para ayudarlo en su pre-registro o registro al padrón.

La Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor y 2 en contra, el dictamen que incorpora al Premio Nacional de Deportes, las modalidades de actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, y el fomento, protección o impulso de la práctica de los deportes.

El documento reforma diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y precisa que el Consejo de Premiación se integre por el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y titulares de las comisiones de Deporte de la Cámara de Diputados y de Juventud y Deporte del Senado de la República, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano.

Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación dentro del periodo comprendido del 1 de septiembre al 15 de octubre de cada año. El Consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los 10 días siguientes y a continuación los pondrá a consideración del Jurado, el cual entregará su dictamen a más tardar el 10 de noviembre.

Los premios se entregarán el 20 de noviembre de cada año en el marco de los festejos conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana.

La diputada Ana Laura Bernal Camarena (PT) expresó que el dictamen valora la conmemoración de la Revolución Mexicana, retornando la entrega del Premio Nacional de Deporte a la fecha auténtica, y unificando los premios, tanto del Premio Nacional como de Mérito Deportivo en un esquema único, con la finalidad de que sea sobresaliente con siete categorías.

Estas categorías son: deporte no profesional, profesional, paralímpico, entrenador, juez árbitro, por la actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano y, por el fomento a la protección o el impulso de la práctica de las disciplinas.

Bernal Camarena precisó que el Premio Nacional de Deporte será entregado el 20 de noviembre de cada año, por el Presidente constitucional de México.

Es la oportunidad de tener una herramienta jurídico-social que otorgue unión y fomento deportivo. “Sumemos al cambio transformador que México requiere, una nación de valores, de historia, de infinitas riquezas, pero también de muchos deportistas que dan el máximo esfuerzo para dar orgullo nacional en todas las competencias donde nos representan”.

Con la aprobación del dictamen, se manda una señal positiva a todos los deportistas del país y “regresaremos la entrega del premio a la fecha histórica que nunca debió cambiar”.

La diputada del PT precisó que en los últimos años se ha suspendido y existe descoordinación entre autoridades educativas, militares y deportivas. Recientemente, en 2016 y 2017, la fecha de entrega del premio se aplazó, haciéndolo hasta 4 meses después, restando el valor que merece, al demeritar a los galardonados deportivos.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 419 votos, reformas al primer párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal, para imponer de 10 a 25 años de cárcel y de 250 a mil Unidades de Medida y Actualización, a quien cometa extorsión.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que ese delito tiene fuerte impacto social y es uno de los que más ha aumentado en últimos años, sólo colocándose abajo del robo en el transporte público y asalto.

Indica que la extorsión es una conducta recurrente de la delincuencia organizada, por lo que resulta viable elevar el castigo, pues es un crimen que inhibe el desarrollo, llega a afectar las inversiones y causa pérdida de empleos.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Rubén Cayetano García (Morena) subrayó que ese delito tiene que castigarse con mayor severidad, porque es uno de los que más laceran a la sociedad.

Dijo que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2018 se registraron 5 mil 820 víctimas de extorsión en el país.

Estimó que las cifras encierran las historias de miles de mexicanos que han perdido su tranquilidad y la de sus familias, porque los delitos de extorsión generalmente se cometen con mayor frecuencia contra pequeños comerciantes, quienes manejan establecimientos de sostenimiento familiar.

“Expresamos nuestra voluntad de que el delito de extorsión sea castigado con severidad y con ello contribuyamos a liberar de la presión y angustia en la que viven cientos de familias, a raíz de este terrible flagelo. Ya no más al pago del impuesto criminal”, expresó.

Por su parte, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PES) estimó urgente actualizar la norma penal, sobre todo en aquellos casos donde existan vacíos. “Esta asamblea debe aprobar las modificaciones para que haya penas más severas”.

Agregó que los errores de las políticas de seguridad y justicia de las administraciones pasadas, más las fallas de nuestro sistema judicial, hacen que la impunidad esté cercana al 97 por ciento, lo que ocasiona que delinquir sea sumamente fácil y buen negocio para algunos.

El Pleno de los diputados aprobó con 441 votos a favor y una abstención, reformar el Código Penal Federal en materia de delitos cometidos contra servidores públicos y castigar con dos a 12 años de prisión a quien agreda a un funcionario.

El dictamen que modifica la denominación del capítulo IV y el artículo 189 del ordenamiento, establece que si el daño se comete en contra de un servidor público encargado de la prevención, investigación o persecución de los delitos, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se impondrá también la pena que le corresponda por lo cometido.

Al fundamentar el dictamen que se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez (PAN), dijo que los diputados se identifican con las demandas ciudadanas que exigen justicia ante diversos delitos que vulneran la paz social, por lo que es necesario fortalecer las instituciones de prevención y procuración de justicia, “tarea inacabada que necesita ser trabajada día con día”.

Subrayó que la seguridad pública es una función de naturaleza compleja a cargo de los tres órdenes de gobierno. Agregó que entidades federativas registran altos índices de violencia contra funcionarios.

“Nos parece muy atendible llevar a cabo la modificación planteada. La justicia es uno de los más altos ideales que definen a toda la República, no existe un sistema democrático que no haya sido fundado sin la pretensión de cumplir el viejo adagio del jurisconsulto romano Ulpiano: la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde”, agregó.

La diputada promovente, Carmen Julia Prudencio González (MC), puntualizó que con este dictamen se perfecciona lo contemplado en el Código Penal Federal en favor de los servidores públicos encargados de la prevención, investigación y persecución de delitos en el acto de ejercer lícitamente sus funciones porque al que cometa un delito en contra de estos será sancionado.

Además, salvaguarda la integridad física y la vida de los servidores públicos durante el desempeño de sus funciones porque “es nuestra obligación proteger a quienes nos protegen”.

Cifras de la Comisión Nacional de Seguridad señalan que en los últimos 20 años, dos mil 220 policías fueron asesinados en el cumplimiento de su deber, de los cuales 534 eran elementos estatales y 998 formaban parte de las instituciones municipales.

En la Ciudad de México, de enero de 2012 a septiembre 2016, dos mil 633 elementos de la policía preventiva fueron agredidos con golpes, quemaduras, mordeduras, pateados, con rocas y con aerosol y 210 sufrieron ataque por arma de fuego y blanca.

Mencionó que su tarea es vulnerable debido a situaciones de confrontación que a diario se percibe en las calles, por lo que debe de ser atendida.

Prudencio González hizo un llamado para seguir avanzando y garantizar mejoras en las condiciones de trabajo para los servidores públicos encargados de la seguridad pública y a quienes beneficia de manera directa esta reforma.

Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) presentó una modificación, que aceptó el Pleno, porque consideró que ningún servidor público puede tener la función de prevención, investigación y persecución al mismo tiempo, por lo que la propuesta es de coherencia jurídica y dice: “prevención, investigación o persecución de los delitos”.

La Cámara de Diputados aprobó con 434 votos, el dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar.

El documento devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca reglamentar la figura de estas personas, entendiéndolas como las que de manera remunerada realicen actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra inherente al hogar, en el marco de una relación laboral que no importe beneficio económico directo para la persona empleadora.

Dichas personas trabajadoras pueden residir o no en el domicilio donde realicen sus actividades, y trabajar para una o más empleadoras. El trabajo del hogar debe fijarse mediante contrato por escrito, que incluya, como mínimo, referencias de la persona empleadora y de la persona trabajadora del hogar; domicilio; inicio y duración del contrato; tipo de trabajo a realizar; remuneración; horas de trabajo; vacaciones; alimento y alojamiento, cuando proceda; debiendo contemplarse también el régimen obligatorio del seguro social.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) señaló que con estas reformas se da un paso más en el reconocimiento de los derechos de las empleadas del hogar.

“Esta es una lucha que inició hace casi 30 años y que ahora, a través del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, se está haciendo realidad, para por fin llevar a la Ley Federal del Trabajo el reconocimiento que tienen las mujeres que laboran en el hogar, porque mayoritariamente son mujeres quienes se dedican a hacer esta labor”, afirmó.

Con el dictamen, dijo, se busca que el trabajo doméstico tenga los mismos derechos que poseen otros sectores; definir a la persona trabajadora del hogar como toda aquella que de manera remunerada realice actividades de aseo, asistencia y demás, propios o inherentes al hogar en el marco de una relación laboral y no lucrativa, que no importe para el patrón beneficio económico directo conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.

Se establecen tres modalidades: planta, de entrada por salida y de las personas trabajadoras del hogar con diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguna de ellas.

Además, se prohíbe la contratación de personas menores de 15 años. Tratándose de adolescentes mayores de 15 años, el patrón deberá fijar jornadas que no excedan las seis horas diarias y 36 horas semanales, así como evitar la contratación de adolescentes mayores de 15 años que no hayan concluido, al menos la secundaria.

Tagle Martínez expuso que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante un contrato escrito que incluya como mínimo dirección del lugar del trabajo, fecha de inicio y duración de término, tiempo de trabajo a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos, horas de trabajo, pago de vacaciones, periodos de descanso diario y semanal, sea cual sea el caso, suministro de alimentos y alojamiento como procede.

Dota a las personas trabajadoras migrantes de protección y seguridad y de no ser discriminadas. Plantea que las personas trabajadoras del hogar, que residan en el domicilio, sus jornadas no excedan de 8 horas diarias, y cuando estas excedan, deberán ser consideradas como horas extras.

También, plantea que las personas trabajadoras del hogar cuenten con las prestaciones establecidas en la ley, tales como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a la seguridad social y aguinaldo.

Explicó que las modificaciones que se están haciendo a la minuta son importantes para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Se establece que no debe haber una obligatoriedad con respecto a la inspección laboral dentro de los hogares.

“Sabemos ya que la Secretaría del Trabajo está haciendo un protocolo para que la inspección laboral se pueda dar en el sentido de verificar que efectivamente las personas que se dedican a este empleo, cuentan con las condiciones y realmente puedan estar garantizados sus derechos”, añadió.

Se incluye un transitorio para reconocer que desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, se está trabajando con el programa piloto que mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene como fin que en un año y medio, se pueda entregar un informe al Congreso de la Unión y a partir del mismo, se haga la revisión legislativa a fin de que todos los derechos de las trabajadoras del hogar no sólo queden garantizados, sino que además, sean accesibles.

En los posicionamientos, la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (Morena) subrayó que se deben fortalecer los derechos de las trabajadoras del hogar, pues el hecho de contar con un marco jurídico laxo, las mantiene desprovistas de la protección de las leyes en materia laboral. “Han sido relegadas a trabajar dentro de la informalidad, sin seguridad social ni estabilidad en sus empleos”.

Su compañera de bancada, diputada Ana María Rodríguez Ruiz señaló que las trabajadoras del hogar permanecen en una realidad injusta e inequitativa, porque de acuerdo con el Inegi, el 98 por ciento de los trabajadores o trabajadoras del hogar, tienen extensas jornadas laborales, falta de seguridad social y salarios bajos. También detalló que sólo el 2.4 por ciento tienen contrato laboral, y el 40 por ciento de las mujeres ganan entre uno y dos salarios mínimos.

La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) consideró el dictamen como un paso histórico para reivindicar los derechos de millones de mujeres trabajadoras del hogar, a quienes a lo largo de los años se les han negado sus derechos laborales, han sido discriminadas, sufrido abusos y han sido explotadas injustamente. “Con la correcta implantación de esta reforma, será posible que estas mujeres, que la mayoría son sustento de su hogar, accedan a derechos fundamentales para ellas y sus familias, como el de la seguridad social”.

Lourdes Erika Sánchez Martínez, diputada del PRI, sostuvo que contar con un trabajo digno y con una remuneración suficiente para cubrir las necesidades básicas, constituye un derecho fundamental reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la legislación nacional. “Contar con un empleo es la base para acceder y para disfrutar a otros derechos humanos, como la salud, educación y alimentación, así como para tener una vida digna y plena”.

María Rosete, diputada del PES, dijo que el trabajo doméstico en nuestro país ha sido una actividad muy poco valorada y minimizada, a pesar de la importancia de esta labor. “Durante muchos años, la labor del trabajo en el hogar no recibió la atención que requiere, ya que se considera como una actividad que no genera ganancias ni plusvalías. “El dictamen garantiza los derechos constitucionales de las trabajadoras, dotándolas de certeza jurídica y laboral que aseguren su trabajo y sus beneficios inherentes a sus actividades”.

La diputada del PT, Margarita García García, indicó que, según ONU Mujeres, 2.4 millones de personas laboran en al menos dos millones de hogares en México como trabajadores y trabajadoras del hogar. El reconocimiento del trabajo productivo va más allá de alguna remuneración por realizar alguna tarea. “Ellas lograron evidenciar el desprecio social patriarcal hacia la prestación de los servicios de aseo, asistencia, al hacer que en un primer momento ellas no sean reconocidas. Eso es lo que atiende este dictamen”.

Fabiola Loya Hernández, diputada de MC, refirió que en materia de trabajadoras del hogar, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución, pero no es suficiente. “Para que los derechos de las mujeres sean respetados y reconocidos, deben estar en las leyes. Es una lucha que se debe seguir impulsando, y dejar los colores afuera para que sea una realidad la construcción de paz en este país”.

Del PRD, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo explicó que con las reformas legales, ahora deberá formalizarse la prestación de servicios a través de un contrato escrito. También se establece como obligación del patrón, otorgar lineamientos de servicios a través del mismo contrato, alimentos higiénicos y nutritivos, la prohibición de pedir pruebas de gravidez y de despedir a una trabajadora por embarazo.

El Pleno cameral avaló el dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Establece que su titular será nombrado por el Presidente de la República y estará sujeto a la ratificación de la Cámara de Diputados o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Con el documento aprobado por 419 votos a favor y una abstención, se busca hacer congruente este ordenamiento con la reforma constitucional que dio esa facultad a la Cámara de Diputados. Además aporta claridad y seguridad jurídica a la ratificación de los funcionarios superiores de la Secretaría Hacienda y Crédito Público.

Al referirse al dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) recordó que la semana pasada el Pleno de esta Cámara aprobó una reforma constitucional para eliminar una antinomia (contradicción entre dos leyes) que quedaba rezagada desde la aprobación de la reforma político-electoral de 2014, para dar certeza sobre la ratificación de los empleados superiores de Hacienda.

Indicó que este dictamen es pieza clave para dar por concluidas las contradicciones constitucionales y legales respecto del tema.

“Si bien es cierto que la ratificación del secretario, por parte de la Cámara de Diputados, es un procedimiento novedoso en el sistema constitucional, en el caso de los empleados superiores de Hacienda la situación es diferente, toda vez que esta atribución la realizaba el Senado de la República desde 1987”.

Precisó que a partir del uno de diciembre la Cámara de Diputados generó su primer acuerdo para ratificar a los empleados superiores de Hacienda.

De los nombramientos establecidos en esos acuerdos sólo uno se encontraba previsto en una ley secundaria, toda vez que el artículo 13 de la ley vigente del SAT establece que el jefe de dicho servicio será nombrado por el Presidente de la República con la ratificación del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente.

Sauri Riancho puntualizó que la disposición en la ley secundaria anteriormente carecía de relevancia, toda vez que era armónica con el texto constitucional entonces vigente, ya que el Senado de la República tenía la facultad para ratificar al jefe del Servicio de Administración Tributaria, pero con la reforma política el escenario ha cambiado.

Por ello, es necesario modificar el artículo 13 a efecto de armonizar la legislación secundaria con el texto constitucional, y subsanar la antinomia legal y evitar cualquier confusión en el proceso de ratificación de los empleados superiores de Hacienda, particularmente con lo relacionado con el jefe de la Oficina del Servicio de Administración Tributaria.

Los presidentes de las Comisiones de Pesca y de Culturas y Cinematografía inauguraron la Muestra Gastronómica de Pescados y Mariscos de Mazatlán, Sinaloa, para dar a conocer su cocina, sus tradiciones y cultura, con la finalidad de que la gente deje de identificar a este estado, como un estado de problemas.

El diputado Maximiliano Ruiz Arias (Morena), presidente de la Comisión de Pesca, indicó que esa entidad es granero de la nación. “Lo hemos sido por muchos años, tenemos la mayor flota pesquera, somos el que aporta el Producto Interno Bruto de captura más alto; somos tierra de gente muy prolífica en lo artístico que ha puesto el nombre de Sinaloa muy en alto”.

Subrayó: todo lo que contribuya a que el estado se encuentre en otro arco de referencia, lo tendremos que hacer a través de la gente que vale, creativa, que le es fiel al corrido y a la tierra, al corrido en el buen sentido de la palabra.

Asimismo, el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena), presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, señaló que la gastronomía es parte de las expresiones culturales de México, por lo que planteó la importancia de realizar un acto periódico en el que participen representantes culturales y gastronómicos de cada estado.

“No es sólo el hecho de que estén aquí los de la Banda el Recodo, como exponentes de la música sinaloense, sino por estas muestras que representan la cultura de Mazatlán”.

En su turno, el presidente de ese municipio del Pacífico mexicano, Luis Guillermo Benítez Torres, reconoció la labor y apoyo de los legisladores para realizar esta muestra, también al presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carreza gastronómica, cultural y musical del estado, en particular del municipio, y agradeció el apoyo de los legisladores para impulsarla y difundirla. “Están las reinas, los reyes y los príncipes del Carnaval, empresarios, artistas. Les presentamos un poquito de lo mucho que somos en aquella tierra”.

illo, y a Ignacio Mier Velazco, ambos de Morena.

Resaltó el trabajo del diputado Ruiz Arias para que la gente que vive del mar reciba lo justo, por la organización del acto gastronómico e invitar a representantes de la música popular que generan identidad en Sinaloa y en el país, llevando la música de banda por todo el mundo. Agradeció el respaldo de los patrocinadores de Mazatlán por sus productos y trabajo.

El líder de la agrupación musical, Alfonso Lizárraga, resaltó la riqu

Con 416 votos a favor, 3 abstenciones y 13 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la elección de los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionará durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Los titulares de Morena son: Porfirio Muñoz Ledo, Tatiana Clouthier Carrillo, Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Anita Sánchez Castro, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano y Lucio Ernesto Palacios Cordero.

Sustitutos: Alfonso Ramírez Cuéllar, María Guillermina Alvarado Moreno, Armando Contreras Castillo, María de los Ángeles Huerta del Río, Miroslava Carrillo Martínez, Ricardo Francisco Exsome Zapata, María Geraldine Ponce Méndez, Rubén Cayetano García y Silvano Garay Ulloa.

Titulares del PAN: José Elías Lixa Abimerhi, Verónica María Sobrado Rodríguez y Lizbeth Mata Lozano. Sustitutos: Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Sylvia Violeta Garfias Cedillo.

Por el PRI, los titulares son: Dulce María Sauri Riancho y Soraya Pérez Munguía. Se eligió para sustitutos a René Juárez Cisneros y Margarita Flores Sánchez.

El titular del PES: María Rosete Sánchez; sustituto: Jorge Arturo Argüelles Victorero. El titular del PT es Reginaldo Sandoval Flores; sustituto: José Luis Montalvo Luna. Titular de MC: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla; sustituto, María del Pilar Lozano Mac Donald.

Del PRD, la titular: Claudia Reyes Montiel; sustituto: Verónica Beatriz Juárez Piña. El titular del PVEM: Carlos Alberto Puente Salas; sustituto: Jesús Carlos Vidal Peniche.

La Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, las presidencias de 100 Grupos de Amistad, cuyo propósito es fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar los vínculos políticos, comerciales y de cooperación con otros países.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política precisa que las presidencias de los grupos de Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Bangladesh, Belice, Bolivia, Canadá, China, Chipre, Corea del Sur, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Filipinas, Georgia, Ghana y Guatemala, recaerán en las diputadas y diputados de Morena.

Asimismo, Haití, Honduras, Hungría, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Letonia, Libia, Lituania, Marruecos, Mongolia, Nigeria, Pakistán, Palestina, Polonia, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Trinidad y Tobago, así como Turquía.

El PAN presidirá los países: Armenia, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, El Salvador, Emiratos Árabes, Eslovenia, España, Finlandia, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Suiza y Ucrania.

Mientras que el PRI encabezará: Austria, Bielorrusia, la India, Irán, Líbano, Luxemburgo, Paraguay, República Dominicana, Singapur y Tailandia.

El PES, presidirá las naciones de: Brasil, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Italia y Portugal.

En tanto, el PT: Corea del Norte, Israel, Nicaragua, República Árabe Saharaui, Venezuela y Vietnam; MC presidirá: Australia, Colombia, Egipto, Grecia, Malasia y Noruega; PRD, Argentina y Uruguay; PVEM, Bélgica y Francia; y Chile, un diputado sin partido.

El acuerdo señala que cada Grupo de Amistad estará integrado hasta por un máximo de 35 legisladores, distribuidos en: 18 de Morena; 5, PAN; 3, PRI; 2, PES; 2, PT; 2, MC; 1, PRD; 1, PVEM y un diputado sin partido.

En caso de que los Grupos de Amistad no alcancen ese máximo, se integrarán conforme a la solicitud de los grupos parlamentarios, procurando guardar la proporcionalidad, equidad y pluralidad. Cuando alcancen el máximo de integrantes, tendrán dos vicepresidencias, acordadas entre sus integrantes con base en su perfil y experiencia en diplomacia parlamentaria.

Señala que los Grupos de Amistad no contarán con recursos humanos, materiales ni financieros propios. Los que desarrollen actividad de diplomacia parlamentaria, tendrán la responsabilidad de enviar un informe de actividades y asistencias a los actos correspondientes; asimismo, los presidentes presentarán un informe general al término de la legislatura.

La duración de los Grupos de Amistad será hasta el término de la LXIV Legislatura.

Durante la sesión, también se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con el cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que establece que el 19 de septiembre se conmemorarán los sismos de 1985 y 2017, y con ello promover la importancia de que la sociedad esté preparada ante la permanente posibilidad de un siniestro.

Con 439 votos se avaló adicionar el numeral 14 a la fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. El documento se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) señaló que los sismos de 1985 y 2017 están grabados en la memoria de todas y todos los mexicanos, y estos fenómenos naturales significan un parteaguas en sus vidas.

“Muchas familias sufrieron la pérdida material de su patrimonio, pero también está el miedo permanente con el que se vive en esa constante mediación de que vuelva a suceder un fenómeno de esta naturaleza”, añadió.

Resaltó que el 19 de septiembre es una fecha que vive en la memoria. En 1985 el país fue azotado por un sismo de grandes magnitudes, el más grande temblor del que se tenga memoria en México. No sólo fue el derrumbe de oficinas, edificios, hoteles, sino la zozobra que vivieron los familiares.

En esa ocasión, añadió, “se exteriorizó la conciencia de las y los mexicanos. Todos en un sólo despertar y en una sola unidad. Vimos que los esfuerzos fueron mayúsculos, se recibió ayuda de todo tipo, pero sobre todo quedó manifiesta la solidaridad y la unión que tiene esta gran nación”.

Pérez Negrón precisó que esa misma solidaridad es la que reclama hoy México. “Pareciera ser que más allá de esos fenómenos naturales, hoy todos los días vivimos en la zozobra, las noticias que dan cuenta de asesinatos, de secuestros, de eventos que, pareciera ser, ponen en jaque cotidianamente a este país. Hoy necesitamos darnos cuenta de que cuando los mexicanos nos unimos nada nos detiene; somos uno mismo. Nada nos divide y juntos somos capaces de lograr lo imposible”.

Mencionó que el dictamen busca que el 19 de septiembre no pase como una fecha en donde se recuerde la desgracia. Se plantea que se conmemoren los sismos de 1985 y 2017, pero fundamentalmente que “ese día nos unamos, que nos olvidamos de ideologías, que dejamos de lado el conflicto y la clase social a la que pudiese pertenecer una o un voluntario. Será el día de la unión nacional en México”.

La Cámara de Diputados aprobó con 403 votos, el dictamen que reforma el artículo 211 bis 1 del Código Penal Federal, para incrementar las penas impuestas al delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

Se impondrá de dos a cinco años de prisión y de 300 a 600 días multa a quien sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.

Con multa de seis meses a tres años de prisión y de 150 a 250 días multa, se castigará a quien conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.

El documento enviado al Senado de la República precisa que durante los últimos años en América Latina, nueve de cada 10 bancos que operan en la región fueron sujetos de ataques cibernéticos.

La incidencia de este delito aumentó considerablemente, pues la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que en 2018 hubo, al menos, cuatro millones de víctimas de fraude cibernético con pérdida de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos como consecuencia de la comisión de este delito.

El diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) resaltó que hoy las tecnologías y los avances en materia de información digital controlan datos esenciales de la vida, ya sea personal, empresarial y gubernamental.

Mencionó que en el mundo digitalizado, día a día se observa que se han ampliado las posibilidades, pero también los riesgos y el cibercrimen en México se han propagado, “siendo el sector financiero el principal atacado y sus usuarios los afectados”.

Tan sólo en 2017, nueve de cada diez bancos que operan en América Latina estuvieron sujetos a ciberataques. En México, las instituciones públicas, privadas y usuarios particulares sufrieron un total de 19 millones de ataques, lo que posiciona a nuestro país como el primer lugar en Latinoamérica y el sexto en el ámbito global, por estos hechos.

Estos crímenes significaron una pérdida de aproximadamente 7 mil millones de dólares durante 2017, para usuarios, instituciones y gobierno, “lo que se reflejó en el aumento del 71 por ciento de las incidencias en esta actividad delictiva y afectó a cerca de 33 millones de personas”.

Rosas Quintanilla subrayó que es obligación del Poder Legislativo velar que las leyes sean adecuadas para combatir y prevenir los delitos, por ello es necesario replantear las medidas con las cuales puede ser abordado y combatido el problema.

Esta propuesta coadyuva con el trabajo del gobierno federal, en particular la Subsecretaría de Ciberseguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

El Pleno cameral aprobó el dictamen a la minuta que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a fin de establecer como requisito para contraer matrimonio, que los contrayentes tengan cumplida la mayoría de edad; es decir, dieciocho años.

El documento avalado con 435 votos a favor y uno en contra, fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. Además, elimina disposiciones vigentes en materia de matrimonio entre personas menores de edad.

A nombre de la Comisión de Justicia, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) destacó que el dictamen prohíbe el matrimonio infantil, eliminando cualquier dispensa para que esto ocurra.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el matrimonio infantil es una violación de todos los derechos de las niñas y niños. Los obliga a asumir responsabilidades para las cuales no están ni física ni psicológicamente preparados. Las niñas, se ven atrapadas para el resto de sus vidas en una realidad que equivale a la esclavitud.

Resaltó que si bien el dictamen deriva de una minuta, en esta Cámara se han presentado diversas iniciativas sobre el tema. “Representa la lucha de muchas legisladoras y legisladores, de organizaciones civiles y de organismos nacionales e internacionales y defensores de derechos humanos; es una respuesta clara y contundente para evitar que las niñas, principalmente, se separen de la familia y los amigos”.

Juárez Piña destacó que estos cambios significan que “ellas y ellos no interrumpan su educación. Pues una vez casadas, las niñas, de manera particular, tienden a dejar la escuela. Significa que tengan oportunidades y evitar malos tratos, esclavitud, prostitución, violaciones sexuales, problemas de salud como son, los embarazos prematuros, que conllevan un alto riesgo, tanto para la madre, como para el hijo”.

Añadió que de acuerdo con diversas organizaciones, en México más de 6 millones 800 mil mujeres entre 12 y 17 años, contrajeron matrimonio o viven en concubinato; la mayoría con hombres mayores que ellas. En 2017, dos mil 725 niñas, niños y adolescentes contrajeron nupcias. En nuestro país, del total de personas menores de 15 años que se unieron en matrimonio, 100 por ciento fueron niñas y adolescentes mujeres.

Además, no se registraron uniones de niños y adolescentes hombres menores de 15 años. Cuatro de cada 5 niñas y adolescentes, el 90 por ciento entre 13 y 15 años, se casaron con hombres mayores de 17 años y 5.5 por ciento, con hombres mayores de 30 años. En promedio, se casan 60 veces más mujeres menores de 15 años, que hombres, y 6 veces más mujeres de 15 a 17 años que del sexo opuesto.

La diputada resaltó que este dictamen constituye un resarcimiento de una larga deuda para los derechos de las niñas y los niños en el país. “Esta es la realidad en la vida de las niñas en muchas partes y cambiar las leyes es sólo un primer paso. Lo que sigue es transformar las sociedades, hacer conciencia de que, si cortamos de raíz la violencia materializada en el matrimonio infantil contra ellas, estamos incidiendo en una mejor condición de vida para la futura generación”.

Laura Martínez González, diputada de Morena, señaló que a pesar de los avances que se han tenido en materia de protección a menores de edad, se sigue arrastrando una dolorosa realidad, como es el matrimonio infantil, por lo que, “se debe entender que es una forma de violencia contra las y los menores de edad en general, particularmente contra las niñas y las adolescentes”.

Argumentó que una de las principales causas del matrimonio infantil es la falta de acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades, “desencadena una violación constante de los derechos de las niñas durante el resto de sus vidas, acaba con las oportunidades educativas y económicas posibles de las menores, las aísla de la sociedad y les niega cualquier rol en la toma de decisiones de sus comunidades”.

El matrimonio infantil en México, añadió, ya no será opción ni viable ni legal; sin embargo, “aún nos falta mucho. El Estado en sus tres órdenes de gobierno debe desarrollar una estrategia integral que incluya políticas y programas de protección social, centrados en disminuir las desigualdades y favorecer el empoderamiento de las niñas y las adolescentes. Es tiempo de desterrar para siempre el matrimonio infantil”.

Por MC, la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado celebró estas reformas a favor de los derechos de las niñas. “No más matrimonio infantil. Lo hicimos en Puebla, y hoy estoy muy feliz de que senadores, diputados y todos estemos comprometidos con abonar en el desarrollo de una infancia plena para nuestras niñas y nuestros niños”.

Desde su curul, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) expresó que se busca proteger los derechos de la niñez y particularmente el prohibir los matrimonios infantiles.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN) señaló que hoy se hace historia en este tipo de prácticas que violentan los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, por lo que “es muy importante reconocer el trabajo que desde la Cámara de Diputados diversas legisladoras han realizado en el tema”.

Por el PRI, la diputada Laura Barrera Fortoul celebró este dictamen y dijo que México es el octavo destino del mundo con mayor número de matrimonios infantiles.

Su compañera de bancada, diputada Ximena Puente de la Mora precisó que su grupo parlamentario defenderá a la niñez mexicana. “Nos congratulamos de votar a favor de este proyecto de acuerdo, cumpliendo en todo momento los compromisos internacionales de los que México es parte y los objetivos de desarrollo sostenible”.