En San Lázaro se inauguró la “Quinta Expo CENDI 2019”, del Centro de Desarrollo Infantil “Antonia Nava de Catalán”, de la Cámara de Diputados, la cual exhibe las diferentes actividades desarrolladas todos los días por hijas e hijos de las y los empleados de este recinto legislativo.

La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (Morena), mencionó que es importante como derecho a la educación, seguir reconociendo que las niñas y los niños deben crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión en el seno familiar, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad.

Dijo que el Estado debe garantizar este derecho a la educación y agradeció a las maestras, autoridades y personal de este centro, por la atención a las niñas y niños y su cuidado necesario.

La directora del CENDI, Miriam Delgado Martínez, explicó que la exposición muestra las actividades y labores que día con día se realizan en este centro durante un ciclo escolar.

Agregó que en congruencia con las necesidades escolares que exige la Secretaría Educación Pública, se constituyeron grupos en los que los alumnos participan desarrollando alguna actividad, con la finalidad de reconocer fortalezas y oportunidades para seguir aprendiendo, mostrando capacidades y talentos específicos.

Con ello, se da respuesta a la implementación del nuevo modelo educativo que tiene como misión “Educar para la Libertad y la Creatividad”, incorporando grupos multigrados.

Los grupos denominados clubes son: Bailo y Juego; Tertulias Literarias; Artemáticas y Huerto Escolar, donde los niños participaron desarrollando alguna actividad.

También se realizó una muestra de experimentos por parte de alumnos de preescolar. Esta exposición se encuentra en el Lobby del edificio E, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Se contó con la presencia de autoridades y el comité del Sindicato de la Cámara de Diputados, representantes del área de Recursos Humanos, padres de familia, y personal de este centro.

La directora del CENDI, agradeció a las autoridades de Recursos Humanos de este Congreso, a las maestras por la labor desarrollada, entrega y dedicación. Asimismo, a los padres de familia por su confianza, apoyo y compromiso.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, subrayó la importancia de definir el ejercicio del gasto, porque es algo que no se ha hecho. Afirmó que la Administración Pública es redundante y la mayor parte del presupuesto es para salarios, nómina, gastos y déficit, lo que deja al Ejecutivo con menos del 5 por ciento, haciendo que las variantes sean mínimas.

Al participar en la inauguración del coloquio “Política tributaria, ejercicio presupuestal, crecimiento económico y bienestar social”, sostuvo que es necesario crear un sólo circuito fiscal o hacendario; “es algo que hay que tomar en cuenta para el crecimiento económico”.

Destacó que la Cámara de Diputados recibió el pasado 30 de abril el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que tiene nada menos que una característica que lo hace diferente a los otros; teóricamente es de cumplimiento obligatorio.

“Nosotros vamos a estudiar el programa y lo vamos a pasar al Pleno de la Cámara; eso lo va a hacer la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que es un órgano encabezado por el Presidente de la Cámara y los coordinadores de todos los partidos”, comentó.

Muñoz Ledo subrayó que en ese análisis se debe tratar “el tema que nunca se trata: quién cobra los impuestos, cuáles son los impuestos y cuáles las tasas; es decir, el principal tema es el federalismo”.

Recordó que en (1925) hubo convenciones nacionales fiscales, y sin existir la Comisión Nacional de Gobernadores, ahí estaban los ejecutivos locales, y realmente se pactaba.

Posteriormente, continuó, en tiempos de David Ibarra (secretario de Hacienda y Crédito Público, de 1977 a 1982), se creó la ley de coordinación y los estados quedaron en condición muy precaria, sujetos a las participaciones. “Ese ha sido un centralismo pavoroso”.

Como ustedes recuerdan, el artículo 26 que se redactó en la época de Miguel de la Madrid, estableció una serie de valores que son cualitativos de tener un crecimiento sostenido; es muy vago, regularmente escrito, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que el programa corresponda –eso dice la ley- a los principios del artículo 26.

De cualquier modo ocurrirá, porque el artículo 26, insisto, es sumamente general y no hay ningún valor que esté ahí que no se perciba.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), destacó que antes de concluir el mes de junio, en periodo extraordinario, se va a discutir y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Mencionó que un tema urgente es la debilidad fiscal y financiera del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno: municipio, entidad federativa y Federación. “Si no se soluciona este flagelo tendremos complicaciones para reconstruir el Estado de bienestar que anhelamos e invertir de manera decisiva en infraestructura, en la generación de empleos y salir del estancamiento económico generado por décadas”.

Hoy, dijo, se tiene una base importante que ha sido decisión del nuevo gobierno: mayor racionalidad del gasto, manejo escrupulosamente honesto de las finanzas, superávit fiscal y estabilidad económica y financiera.

Ramírez Cuéllar expuso que la expectativa para septiembre es presentar un paquete de reformas que atiendan el problema de la debilidad fiscal en todos los órdenes del gobierno.

“Quisiéramos una política que refuerce la recaudación del predial; que discuta los temas ambientales en las entidades federativas; que sea más homogénea, transparente, equitativa y sin competencias desleales para federalizar cobros como la tenencia, y que ataque un problema muy grave de evasión, quizás el mayor boquete, que es el de la facturación falsa”, añadió.

Puntualizó que se busca reducir el margen entre las tasas legalmente establecidas del Impuesto Sobre la Renta y las efectivamente pagadas. Además, regular el comercio electrónico y la economía digital.

Se pronunció por atender a las enfermedades catastróficas que constituyen una epidemia que no sólo exige inversiones millonarias de recursos en materia de salud, sino representan pérdidas humanas y de productividad, como son “la fuerte inversión que se requiere para atender cánceres, diabetes, obesidad y padecimientos cardiovasculares; por eso, el tema del tabaco, el de las bebidas azucaradas, de la comida chatarra y del alcohol tienen que ser nuevamente puestos a discusión”.

El diputado hizo votos para que este esfuerzo tributario se pueda aprobar en septiembre. “Estamos buscando que en 2020 alcancemos un incremento en la recaudación de aproximadamente dos puntos del Producto Interno Bruto; si logramos recaudar 480 mil millones de pesos, podremos realizar muchas de las necesidades de inversión que se requieren en infraestructura, salud, en los estados y en municipios”.

Sostuvo que el tema de fiscalidad es difícil y complicado, por ello, “se tiene que articular y construir mucho consenso. Es el tema que decidirá el futuro de la Cuarta Transformación”.

Al inaugurar el foro, Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que es inadmisible que más de 100 millones de mexicanos vivan en pobreza extrema y otros en vulnerabilidad social o económica; es prioritario construir un programa nacional de desarrollo que permita abatir los lacerantes índices de desigualdad.

Puntualizó que la universidad hablará con verdad y soberanía y trabajará para lograr distribuir mejor el ingreso, a fin de propiciar una mejor situación fiscal al Estado.

“Cuenten con ello, por supuesto; seguiremos trabajando y ampliaremos la capacidad de tener convenios con los representantes de la nación para propiciar esto que estamos buscando. Es un deseo, no sólo del actual gobierno, sino de todos los mexicanos, el que tengamos un país más justo y más equitativo”, subrayó.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena Ibarra, consideró que entre los instrumentos que requieren aplicarse está una mayor recaudación del Impuesto Sobre la Renta y de los impuestos sobre el patrimonio, porque sigue siendo muy débil en la región, así como eficientes políticas de gasto público.

A través de un videomensaje enviado al coloquio, aseguró que “México no es ajeno a las tendencias mundiales”, aunque ha mostrado fortalezas, pues la carga tributaria aumentó de 8.7 del PIB en 2000, a 13 por ciento en 2017, aunque, aclaró, sigue estando por debajo del nivel regional. Destacó que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta ha crecido, pasando del 2.6 por ciento del PIB en 2013 a 3.5 en 2017.

Dijo que a los desafíos tradicionales que tiene la política fiscal en América Latina hay que sumarle los objetivos de la Agenda 20-30, en donde se le debe dar particular atención a la distribución personal del ingreso de los hogares, la distribución de la riqueza y el patrimonio, así como las disparidades sociales y económicas por territorio.

“Las últimas dos décadas han traído mejores tendencias distributivas a nivel regional, pero no ha cedido la alta concentración de la riqueza y el ingreso”.

Indicó que las capacidades fiscales tan diferentes en los distintos niveles de gobierno repercuten en la cobertura y calidad de los servicios públicos. Además, agregó, la revisión de las tareas pendientes en el rubro es de particular importancia en la actual coyuntura que “estremece al mundo”, pues por un lado hay un crecimiento lento, mientras que por el otro, tenemos un contexto macro caracterizado por la incertidumbre.

Entre los ponentes del acto, realizado en el Palacio de la Autonomía, estuvieron presentes economistas, académicos y especialistas de la CEPAL.

Miembros del Sindicato Único de Productores de Artesanías, Manualidades y Afines del Estado de Veracruz (SUPAMAEV), se instalaron en los pasillos del Palacio Legislativo para la exposición y venta de ropa de manta, ropa tejida a mano, cinturones en piel, salsas, joyería, dulces típicos, miel de abeja, medicina naturista, velas aromáticas y muñecos tejidos a mano.

El personal que labora en la LXV Legislatura del Congreso del Estado, diputados y visitantes, recorren el área de exposiciones, conociendo el trabajo que realizan los productores veracruzanos y adquiriendo diferentes productos a muy buen precio.

La Subcomisión de Seguimiento de la Acuacultura, presidida por el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni (Morena), solicitará a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) combatir la corrupción en las ventanillas para otorgar permisos a los pescadores.

Pese a que el trámite es gratuito se les exige hasta siete mil 500 pesos para realizarlo, por lo que pedirán apoyo del titular, Raúl Elenes Angulo, y exhortarán a los acuacultores a denunciar para sustentar las prácticas ilícitas de esos funcionarios.

En reunión de trabajo, Ríos Fararoni sostuvo que la actuación de los inspectores y la corrupción son un tema muy delicado que debe atenderse. El objetivo es garantizar que el recurso llegue directamente a los productores, en virtud de que esta actividad tiene un potencial que no se ha aprovechado y, en el futuro será la base alimenticia porque ofrece una proteína muy barata.

Se ha detectado, aseguró, que en la oficina de Conapesca en Coatzacoalcos, Veracruz, “una serie de actos de corrupción con los inspectores, ya que por realizar el trámite para otorgarles el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA) les exigen siete mil 500 pesos, cuando no cuesta ni un solo peso y es gratuito”.

Refirió la importancia de combatir la corrupción en las ventanillas de trámites para que los pescadores presenten sus proyectos de infraestructura, cultivo de especies, pesca ribereña o de altura, servicio que inició el primero de abril y cerrará el próximo 10 de mayo.

Explicó que los pescadores para que accedan a un programa de apoyo financiero tienen que obtener un permiso, trámite que no tiene costo; sin embargo, funcionarios de la Conapesca, que han laborado mucho tiempo cobran el servicio. “Es una práctica que se ha hecho por muchos años y la gente tiene temor de denunciar, aunque lo manifiestan públicamente, por el riesgo de que en el futuro no tenga oportunidad de meter un proyecto”.

Apuntó que los diputados deben estar más pendientes y atender los problemas de los pescadores en las diversas regiones del país durante el receso legislativo, y aprovechar la apertura de nuevos funcionarios para agilizar muchos trámites que no se atendieron y se vencieron, este es uno de los objetivos del plan de trabajo de la subcomisión, a fin de establecer una estrecha vinculación con los acuacultores.

A través del Poder Legislativo dar facilidades e impulsar la acuacultura por el gran potencial que tiene para ofrecer alimento económico y de alta calidad; no obstante, no se les considera en igualdad de subsidios en el consumo de energía, porque sólo gozan del 50 por ciento, mientras que los agricultores del 90 por ciento, más el nutriente para criar las especies.

En las zonas desérticas del norte del país se han abierto canales para construir granjas de camarón de 500 o mil hectáreas, así como en Veracruz y Chiapas con embalses y jaulas flotantes para criar tilapia y lobina. Estimó que un millón de acuacultores laboran en el ámbito nacional.

Se necesita aumentar la producción acuícola del país para que se eviten trámites excesivos a través de un marco jurídico realista, destacó.

Además, que la Secretaría de Economía reduzca los porcentajes de la importación de 450 mil toneladas de tilapia proveniente de China, de mala calidad, pero que se consume por el déficit existente, ya que en el país sólo se producen 150 mil toneladas, igual situación se registra con el camarón proveniente de Centroamérica.

También sostendrán reuniones con Pablo Arenas Fuentes, director general del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), para analizar y agilizar trámites y permisos que atiendan proyectos de transferencia de tecnología e investigación.

De Morena, el diputado Casimiro Zamora Valdez sostuvo que los inspectores reciben dádivas por parte de los pescadores. “Todo el personal que no ha sido cambiado está cayendo en vicios”, lamentó.

Propuso optimizar la entrega de financiamiento para evitar subejercicios y apoyar a mujeres dedicadas a la producción de rana, en Guasave, Sinaloa, ya que el proceso es muy lento y después de once años de trabajo requieren apoyo económico.

Pidió que el Inapesca emita recomendaciones de captura, ya que en once presas de riego en Sinaloa, se pesca tilapia y lobina con redes y enseres de tamaño inadecuado que arrastra las especies en crecimiento con el riesgo de que no se puedan repoblar los bancos en el corto plazo de forma adecuada, además de que los consumidores no compran piezas pequeñas y se respeten las vedas.

Del PT, la legisladora Ana Ruth García Grande señaló que durante las mesas de diálogo con los productores, refieren la necesidad de agilizar y destrabar los trámites y permisos específicos de la actividad pesquera, en especial de acuacultura.

Planteó la sistematización de este proceso y trabajar conjuntamente con el Inapesca, porque “una de las principales quejas de los pescadores es que los permisos no avanzan”. Indicó que se realizará una lista de esas peticiones.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por la diputada María Marivel Solís Barrera (Morena), realizará una serie de foros regionales con el fin de tener la mayor información que sirva para crear una ley general de ciencia, tecnología e innovación.

El ordenamiento legislativo plasmará la política de Estado en la materia; diseño institucional; financiamiento y fiscalización; recursos humanos; vinculación académica; sector productivo; federalización y desarrollo regional; propiedad intelectual, así como divulgación científica.

Solís Barrera informó que serán seis foros durante la primera y segunda semana de junio y julio que se dividirán por regiones. En el noroeste la sede será Chihuahua y las entidades que participarán son: Baja California, Baja California sur, Sinaloa y Sonora.

La región noreste tendrá la sede en Nuevo León y asistirán Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas. En Occidente se llevará a cabo en Jalisco, en donde participarán Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

Las entidades del centro tendrán dos sedes en Morelos y Texcoco, estado de México, y la región sureste se realizará en Yucatán, asistirán Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

“Lo importante es que los presidentes de comisiones de los estados participen. Tenemos que articular todas las actividades con la finalidad de integrar un atlas de ciencia y tecnología, aportar al PND y a la creación de la ley”, subrayó.

En estos foros se abordará también el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Poder Ejecutivo, con el objetivo de contar con información útil que ayude durante el análisis del Plan.

Se abordarán los ejes de justicia y estado de derecho, bienestar considerando medio ambiente, residuos sólidos, agua, educación, salud, seguridad alimentaria y residuos sólidos, y desarrollo económico analizará temas como ciencia, tecnología e innovación, productividad, energía y telecomunicaciones.

El diputado Manuel Iran Santiago (Morena) resaltó la importancia de que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se realicen estos actos en el ámbito regional. De la misma fracción parlamentaria Alejandra Pani Barragán propuso incluir el tema de los residuos sólidos.

El legislador Brasil Alberto Acosta Peña (PRI) planteó dar publicidad a la realización de estos foros, con el propósito de que asistan expertos en la materia. “Necesitamos que esta comisión trabaje en formular su propuesta de ley de ciencia, tecnología e innovación, para que esta sea la Cámara de origen, porque es aquí donde se aborda la parte social”.

La Comisión se reunió también con representantes de la empresa ORTMED, Tecnologías Médicas, con sede en Mérida, Yucatán, quienes presentaron un modelo de desarrollo social con programas enfocados en la niñez con alguna discapacidad, autismo, ceguera y auditiva.

Por su parte, la empresa INCyTU del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, dio cuenta a los legisladores de las investigaciones que realizan para contribuir con la generación de políticas públicas y la toma de decisiones basadas en evidencia científica.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (Morena) aseguró que en México, especialmente en Chiapas, aún persiste la venta de mujeres, así como su intercambio por una dote como vacas y toros e, incluso, cartones de cerveza.

Durante la presentación del libro Balam Antsetik. La Segunda Era, de la escritora Margarita Aguilar, la legisladora destacó que este texto denuncia y retrata la vulnerabilidad de la mujer y la violencia de género por usos y costumbres.

Puntualizó que este libro es un texto que “no es fácil de soltar”, pues su origen viene de una nota periodística sobre el texto de una tumba en una zona arqueológica denominada Toniná, del municipio de Ocosingo, Chiapas, hecho que fue aprovechado por la escritora para crear sus personajes ficticios.

“El título Balam Antsetik proviene de un vocablo de origen tzeltal, que se refiere a una alegoría de jaguares, que es considerado una maldición para las mujeres, pues con ella se les aplicará toda la violencia en todos sus sentidos”.

María del Carmen Fernandez Benavente, presidenta municipal del Jaltenango, Chiapas, comentó que esta novela tiene entre sus hojas el tema de la muerte materna y “el amor en dos eras”, pero visto desde un ángulo diferente.

Hablar de la muerte materna es llegar a la conciencia de la gente, especialmente en la época (indígena) que relata el libro, donde fue más marginada la mujer.

En su turno, Margarita Aguilar explicó que su novela es un llamado urgente a la conciencia y al quehacer legislativo, porque por no tener acceso a métodos anticonceptivos las mujeres indígenas se embarazan sin planearlo.

“Por no poder decidir sobre su cuerpo hay muerte materna. Es posible cambiar la historia de cada niña, adolescente o mujer que vive en contexto de abusos, alcohol y el poder masculino”.

A la presentación del libro acudió la diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez (Morena).

Durante la presentación del libro “Perspectivas sobre las mujeres en México: historia, administración pública y participación política”, editado por la UNAM, la diputada del PRD, Claudia Reyes Montiel convocó a incorporar e impulsar una visión de igualdad de género para revertir el patrón cultural patriarcal que condiciona a las mujeres a la discriminación y subordinación que la ancla en la desigualdad.

Afirmó que “las mujeres han liderado una gran lucha contra la cultura de discriminación que nos ha colocado en un plano de inferioridad”. En la administración pública se requiere incorporar una perspectiva de género, apoyada en las propuestas que ofrecen las investigaciones académicas universitarias, sobre las acciones femeninas para diseñar políticas públicas que reviertan la disparidad.

Sostuvo que este fenómeno prevalece por la falta de conciencia social y frena el que las mujeres ocupen altos cargos políticos, argumentándose que los varones tienen más capacidad y fuerza, alentando una violencia política que debe revertirse.

Llamó a concientizar a la sociedad para cambiar ese paradigma y la discriminación hacia este sector de la población, a partir de una nueva educación desde la familia, con el objetivo de alentar las mismas oportunidades en un ambiente de libertad y respeto.

La también secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, apuntó que la actual legislatura es histórica por la participación femenina que conlleva el compromiso a seguir esforzándose para que prevalezca la igualdad en la participación y toma de decisiones.

Resaltó que esta obra, a través de once capítulos, reseña diversas actividades que han realizado las mujeres en diferentes épocas de México en la vida pública. Ofrece importantes reflexiones como las de Patricia Galena en torno a la participación femenina por sus derechos políticos.

Fernando Pérez Correa, coordinador del libro, autor de la introducción “La mujer, protagonista de la vida política en las historias de España y México”, y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, aseveró que la situación contemporánea de las mujeres en el país no es satisfactoria, porque hay una diferencia brutal en el comportamiento social y en la capacidad de controlar los recursos de la familia.

El también integrante del Sistema Nacional de Investigadores, sostuvo que es un hecho incuestionable la desigualdad entre hombres y mujeres. Consideró que “tampoco hay condiciones para revertir la tendencia en el corto plazo” a menos que se reconozca la participación decisiva y el potencial irrenunciable y fundamental que tiene la aportación femenina en el futuro de México.

Lamentó la falta de acceso femenino en áreas donde se toman las decisiones. Por ello, destacó el interés de la UNAM por analizar e investigar a través de este libro, la problemática de las mexicanas, con el propósito de que la igualdad de género sea una realidad, cuya tarea no es sólo de una institución o sector sino de toda la sociedad.

En el país los hombres trabajan muy duro al igual que las mujeres, pero ellas, además tienen que atender la casa, hacer la comida y ayudarle a los hijos hasta con las tareas, en una lacerante desigualdad en la repartición de las responsabilidades domésticas que sólo recae en esta población. La igualdad es tan remota como lo estuvo la Conquista de México, consideró.

Gloria Luz Alejandre Ramírez, coordinador de la obra y autora del capítulo “Administración pública y estudios de género: retos de un constructor interdisciplinario”, afirmó que prevalece un desprecio del trabajo de las mujeres en el espacio público, por eso la igualdad de género tiene el objetivo de revertir el patrón cultural, donde los roles femenino y masculino están interiorizados como parte de la cultura machista y un sistema patriarcal que lo sostiene y fomenta profundas desigualdades.

La también profesora de la FCPyS de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, comentó que en esta perspectiva, donde los varones son los fuertes y las mujeres se someten, requiere modificarse con leyes y políticas públicas que reviertan estos patrones culturales.

El problema es que esos esquemas están arraigados y se necesita “reeducar a la sociedad mexicana” para adquirir condiciones de igualdad y saber en qué momento surgen las diversas formas de violencia que ejecutan los hombres.

Se requiere enseñar a niñas y niños la igualdad entre ellos, con la intención de cambiar el paradigma de que sean las mujeres las que se ocupen de las labores domésticas sin remuneración, por el hecho de haber nacido mujeres, además de una doble jornada en un empleo en el ámbito público.

Eduardo Torres Alonso, autor del capítulo “Panorama, obstáculos y oportunidades de las mujeres en la administración pública”, apuntó la posición inequitativa de la mujer en los cargos públicos, porque no se le reconoce su incuestionable aportación a la economía y sociedad, alentando discriminación educativa, desvalorización de capacidades, ausencia en la promoción laboral y falta de participación en las decisiones.

Consideró que con la apertura democrática debe visibilizarse dicha situación, a fin de que esta población goce de una ciudadanía completa, mediante una reforma del contrato social para equilibrar las actividades de hombres y mujeres.

Propuso repensar la política para atender la igualdad de género, donde los varones también se beneficiarán, pese a las condiciones adversas que han enfrentado las mujeres, se han obtenido espacios públicos, generando un debate profundo de los temas colectivos.

La Cámara de Diputados aprobó por 420 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, un dictamen de la Comisión de Justicia, que reforma la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para establecer entre las condiciones para que un juez pueda suspender el proceso judicial, que el adolescente acusado se abstenga de consumir bebidas alcohólicas.

Actualmente la ley señala que para tener este beneficio el adolescente no debe de abusar de esas bebidas. En el artículo no se modifica la condición de que el acusado se abstenga de consumir drogas o estupefacientes.

La diputada Claudia Pérez Rodríguez (Morena), secretaria de la Comisión de Justicia y proponente de la iniciativa, aseguró que el 99 por ciento de adolescentes que cometieron un delito fue bajo los influjos de alguna droga o alcohol, que los lleva a infringir la ley, incluso con actos atroces.

Consideró que los jóvenes deben ser prioridad para las políticas públicas de reinserción social, por ello la necesidad de esta reforma, porque la dependencia a estas sustancias les genera la necesidad de consumirlas en cualquier momento, sin importar las circunstancias, incluso puede hacer cualquier acción para conseguirlo.

La reforma, indicó, se trata de un andamiaje jurídico con objeto de que los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad de manera integral, no sólo para cumplir las medidas impuestas por los jueces, sino que se debe detectar lo que dio origen a la conducta infractora.

El dictamen señala que uno de los problemas que interfiere con la reinserción es el consumo de alcohol, sustancia psicoactiva que desencadena trastornos que deterioran la salud física, psicológica y social de los adolescentes. A ello se suma la falta de información dirigida a esta población, lo que genera una falta de concientización.

Enfatiza que en los últimos años se ha venido dando un alza alarmante en el consumo, pues, además de ser una sustancia nociva para el entorno social y económico, es causante de más de 200 enfermedades cardiovasculares, que no sólo afectan al adolescente, pues trasgrede a terceros mediante accidentes viales o actos de violencia.

Por ello, la reforma tiene como fin inhibir el consumo de alguna droga, estupefaciente o bebida alcohólica, a fin de que sean cumplidos los plazos o condiciones que el juez haya ordenado al adolescente, con motivo de la suspensión condicional de un proceso de hechos que no requieran de una medida de internamiento.

Datos de la encuesta nacional de Consumo de Drogas, Tabaco o Alcohol (2016-2017) de la Secretaría de Salud, precisan que el 39.8 por ciento de adolescentes entre 12 y 17 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida. Cifra que es escandalosa si se toma en consideración que este tipo de bebidas son de venta restringida.

“Los retos de reinserción social y familiar de esta población son enormes y de urgente atención, ya que existe la posibilidad de que estos jóvenes puedan lograr una reinserción de manera sana y productiva”, sostiene el dictamen.

La Cámara de Diputados aprobó, con 413 votos a favor y cinco abstenciones, adicionar un párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de que las reglas de operación de los programas en la materia se sujeten a los principios de la Política de Desarrollo Social.

El objetivo es posibilitarles a los beneficiarios, el pleno goce y ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política, así como en las demás disposiciones vigentes aplicables y en los instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que las reglas de operación son instrumentos jurídicos en donde se establecen criterios generales y específicos para la operación de los programas sociales del gobierno federal. Su objetivo fundamental es garantizar que dichos programas se apliquen de tal manera que permitan alcanzar las metas de la política social en aras de cumplir con los derechos de los mexicanos.

Precisa que los programas sujetos a reglas de operación no son exclusivos del gobierno federal, porque las entidades federativas también tienen la atribución de diseñar y desarrollar los que consideren pertinentes para apoyar a grupos poblacionales, sectoriales y actividades productivas particulares.

El dictamen considera que al elaborarse las reglas de operación de los programas sociales, debe existir un razonable equilibrio entre la rendición de cuentas sobre el uso y destino de los subsidios otorgados, así como una flexibilidad en los requisitos para con los beneficiarios de tales subsidios.

Subraya que el padrón de beneficiaros, más allá de ser un trámite burocrático, es una fuente de información que permite proyectar las políticas públicas de Desarrollo Social y por ende de los programas, resultando necesario que el personal a cargo de actualizarlo, tome en consideración la situación o caso especial de cada posible beneficiario para ayudarlo en su pre-registro o registro al padrón.

La Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor y 2 en contra, el dictamen que incorpora al Premio Nacional de Deportes, las modalidades de actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, y el fomento, protección o impulso de la práctica de los deportes.

El documento reforma diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y precisa que el Consejo de Premiación se integre por el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y titulares de las comisiones de Deporte de la Cámara de Diputados y de Juventud y Deporte del Senado de la República, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano.

Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación dentro del periodo comprendido del 1 de septiembre al 15 de octubre de cada año. El Consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los 10 días siguientes y a continuación los pondrá a consideración del Jurado, el cual entregará su dictamen a más tardar el 10 de noviembre.

Los premios se entregarán el 20 de noviembre de cada año en el marco de los festejos conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana.

La diputada Ana Laura Bernal Camarena (PT) expresó que el dictamen valora la conmemoración de la Revolución Mexicana, retornando la entrega del Premio Nacional de Deporte a la fecha auténtica, y unificando los premios, tanto del Premio Nacional como de Mérito Deportivo en un esquema único, con la finalidad de que sea sobresaliente con siete categorías.

Estas categorías son: deporte no profesional, profesional, paralímpico, entrenador, juez árbitro, por la actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano y, por el fomento a la protección o el impulso de la práctica de las disciplinas.

Bernal Camarena precisó que el Premio Nacional de Deporte será entregado el 20 de noviembre de cada año, por el Presidente constitucional de México.

Es la oportunidad de tener una herramienta jurídico-social que otorgue unión y fomento deportivo. “Sumemos al cambio transformador que México requiere, una nación de valores, de historia, de infinitas riquezas, pero también de muchos deportistas que dan el máximo esfuerzo para dar orgullo nacional en todas las competencias donde nos representan”.

Con la aprobación del dictamen, se manda una señal positiva a todos los deportistas del país y “regresaremos la entrega del premio a la fecha histórica que nunca debió cambiar”.

La diputada del PT precisó que en los últimos años se ha suspendido y existe descoordinación entre autoridades educativas, militares y deportivas. Recientemente, en 2016 y 2017, la fecha de entrega del premio se aplazó, haciéndolo hasta 4 meses después, restando el valor que merece, al demeritar a los galardonados deportivos.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 419 votos, reformas al primer párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal, para imponer de 10 a 25 años de cárcel y de 250 a mil Unidades de Medida y Actualización, a quien cometa extorsión.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que ese delito tiene fuerte impacto social y es uno de los que más ha aumentado en últimos años, sólo colocándose abajo del robo en el transporte público y asalto.

Indica que la extorsión es una conducta recurrente de la delincuencia organizada, por lo que resulta viable elevar el castigo, pues es un crimen que inhibe el desarrollo, llega a afectar las inversiones y causa pérdida de empleos.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Rubén Cayetano García (Morena) subrayó que ese delito tiene que castigarse con mayor severidad, porque es uno de los que más laceran a la sociedad.

Dijo que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2018 se registraron 5 mil 820 víctimas de extorsión en el país.

Estimó que las cifras encierran las historias de miles de mexicanos que han perdido su tranquilidad y la de sus familias, porque los delitos de extorsión generalmente se cometen con mayor frecuencia contra pequeños comerciantes, quienes manejan establecimientos de sostenimiento familiar.

“Expresamos nuestra voluntad de que el delito de extorsión sea castigado con severidad y con ello contribuyamos a liberar de la presión y angustia en la que viven cientos de familias, a raíz de este terrible flagelo. Ya no más al pago del impuesto criminal”, expresó.

Por su parte, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PES) estimó urgente actualizar la norma penal, sobre todo en aquellos casos donde existan vacíos. “Esta asamblea debe aprobar las modificaciones para que haya penas más severas”.

Agregó que los errores de las políticas de seguridad y justicia de las administraciones pasadas, más las fallas de nuestro sistema judicial, hacen que la impunidad esté cercana al 97 por ciento, lo que ocasiona que delinquir sea sumamente fácil y buen negocio para algunos.

El Pleno de los diputados aprobó con 441 votos a favor y una abstención, reformar el Código Penal Federal en materia de delitos cometidos contra servidores públicos y castigar con dos a 12 años de prisión a quien agreda a un funcionario.

El dictamen que modifica la denominación del capítulo IV y el artículo 189 del ordenamiento, establece que si el daño se comete en contra de un servidor público encargado de la prevención, investigación o persecución de los delitos, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se impondrá también la pena que le corresponda por lo cometido.

Al fundamentar el dictamen que se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez (PAN), dijo que los diputados se identifican con las demandas ciudadanas que exigen justicia ante diversos delitos que vulneran la paz social, por lo que es necesario fortalecer las instituciones de prevención y procuración de justicia, “tarea inacabada que necesita ser trabajada día con día”.

Subrayó que la seguridad pública es una función de naturaleza compleja a cargo de los tres órdenes de gobierno. Agregó que entidades federativas registran altos índices de violencia contra funcionarios.

“Nos parece muy atendible llevar a cabo la modificación planteada. La justicia es uno de los más altos ideales que definen a toda la República, no existe un sistema democrático que no haya sido fundado sin la pretensión de cumplir el viejo adagio del jurisconsulto romano Ulpiano: la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde”, agregó.

La diputada promovente, Carmen Julia Prudencio González (MC), puntualizó que con este dictamen se perfecciona lo contemplado en el Código Penal Federal en favor de los servidores públicos encargados de la prevención, investigación y persecución de delitos en el acto de ejercer lícitamente sus funciones porque al que cometa un delito en contra de estos será sancionado.

Además, salvaguarda la integridad física y la vida de los servidores públicos durante el desempeño de sus funciones porque “es nuestra obligación proteger a quienes nos protegen”.

Cifras de la Comisión Nacional de Seguridad señalan que en los últimos 20 años, dos mil 220 policías fueron asesinados en el cumplimiento de su deber, de los cuales 534 eran elementos estatales y 998 formaban parte de las instituciones municipales.

En la Ciudad de México, de enero de 2012 a septiembre 2016, dos mil 633 elementos de la policía preventiva fueron agredidos con golpes, quemaduras, mordeduras, pateados, con rocas y con aerosol y 210 sufrieron ataque por arma de fuego y blanca.

Mencionó que su tarea es vulnerable debido a situaciones de confrontación que a diario se percibe en las calles, por lo que debe de ser atendida.

Prudencio González hizo un llamado para seguir avanzando y garantizar mejoras en las condiciones de trabajo para los servidores públicos encargados de la seguridad pública y a quienes beneficia de manera directa esta reforma.

Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) presentó una modificación, que aceptó el Pleno, porque consideró que ningún servidor público puede tener la función de prevención, investigación y persecución al mismo tiempo, por lo que la propuesta es de coherencia jurídica y dice: “prevención, investigación o persecución de los delitos”.

La Cámara de Diputados aprobó con 434 votos, el dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar.

El documento devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca reglamentar la figura de estas personas, entendiéndolas como las que de manera remunerada realicen actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra inherente al hogar, en el marco de una relación laboral que no importe beneficio económico directo para la persona empleadora.

Dichas personas trabajadoras pueden residir o no en el domicilio donde realicen sus actividades, y trabajar para una o más empleadoras. El trabajo del hogar debe fijarse mediante contrato por escrito, que incluya, como mínimo, referencias de la persona empleadora y de la persona trabajadora del hogar; domicilio; inicio y duración del contrato; tipo de trabajo a realizar; remuneración; horas de trabajo; vacaciones; alimento y alojamiento, cuando proceda; debiendo contemplarse también el régimen obligatorio del seguro social.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) señaló que con estas reformas se da un paso más en el reconocimiento de los derechos de las empleadas del hogar.

“Esta es una lucha que inició hace casi 30 años y que ahora, a través del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, se está haciendo realidad, para por fin llevar a la Ley Federal del Trabajo el reconocimiento que tienen las mujeres que laboran en el hogar, porque mayoritariamente son mujeres quienes se dedican a hacer esta labor”, afirmó.

Con el dictamen, dijo, se busca que el trabajo doméstico tenga los mismos derechos que poseen otros sectores; definir a la persona trabajadora del hogar como toda aquella que de manera remunerada realice actividades de aseo, asistencia y demás, propios o inherentes al hogar en el marco de una relación laboral y no lucrativa, que no importe para el patrón beneficio económico directo conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.

Se establecen tres modalidades: planta, de entrada por salida y de las personas trabajadoras del hogar con diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguna de ellas.

Además, se prohíbe la contratación de personas menores de 15 años. Tratándose de adolescentes mayores de 15 años, el patrón deberá fijar jornadas que no excedan las seis horas diarias y 36 horas semanales, así como evitar la contratación de adolescentes mayores de 15 años que no hayan concluido, al menos la secundaria.

Tagle Martínez expuso que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante un contrato escrito que incluya como mínimo dirección del lugar del trabajo, fecha de inicio y duración de término, tiempo de trabajo a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos, horas de trabajo, pago de vacaciones, periodos de descanso diario y semanal, sea cual sea el caso, suministro de alimentos y alojamiento como procede.

Dota a las personas trabajadoras migrantes de protección y seguridad y de no ser discriminadas. Plantea que las personas trabajadoras del hogar, que residan en el domicilio, sus jornadas no excedan de 8 horas diarias, y cuando estas excedan, deberán ser consideradas como horas extras.

También, plantea que las personas trabajadoras del hogar cuenten con las prestaciones establecidas en la ley, tales como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a la seguridad social y aguinaldo.

Explicó que las modificaciones que se están haciendo a la minuta son importantes para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Se establece que no debe haber una obligatoriedad con respecto a la inspección laboral dentro de los hogares.

“Sabemos ya que la Secretaría del Trabajo está haciendo un protocolo para que la inspección laboral se pueda dar en el sentido de verificar que efectivamente las personas que se dedican a este empleo, cuentan con las condiciones y realmente puedan estar garantizados sus derechos”, añadió.

Se incluye un transitorio para reconocer que desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, se está trabajando con el programa piloto que mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene como fin que en un año y medio, se pueda entregar un informe al Congreso de la Unión y a partir del mismo, se haga la revisión legislativa a fin de que todos los derechos de las trabajadoras del hogar no sólo queden garantizados, sino que además, sean accesibles.

En los posicionamientos, la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (Morena) subrayó que se deben fortalecer los derechos de las trabajadoras del hogar, pues el hecho de contar con un marco jurídico laxo, las mantiene desprovistas de la protección de las leyes en materia laboral. “Han sido relegadas a trabajar dentro de la informalidad, sin seguridad social ni estabilidad en sus empleos”.

Su compañera de bancada, diputada Ana María Rodríguez Ruiz señaló que las trabajadoras del hogar permanecen en una realidad injusta e inequitativa, porque de acuerdo con el Inegi, el 98 por ciento de los trabajadores o trabajadoras del hogar, tienen extensas jornadas laborales, falta de seguridad social y salarios bajos. También detalló que sólo el 2.4 por ciento tienen contrato laboral, y el 40 por ciento de las mujeres ganan entre uno y dos salarios mínimos.

La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) consideró el dictamen como un paso histórico para reivindicar los derechos de millones de mujeres trabajadoras del hogar, a quienes a lo largo de los años se les han negado sus derechos laborales, han sido discriminadas, sufrido abusos y han sido explotadas injustamente. “Con la correcta implantación de esta reforma, será posible que estas mujeres, que la mayoría son sustento de su hogar, accedan a derechos fundamentales para ellas y sus familias, como el de la seguridad social”.

Lourdes Erika Sánchez Martínez, diputada del PRI, sostuvo que contar con un trabajo digno y con una remuneración suficiente para cubrir las necesidades básicas, constituye un derecho fundamental reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la legislación nacional. “Contar con un empleo es la base para acceder y para disfrutar a otros derechos humanos, como la salud, educación y alimentación, así como para tener una vida digna y plena”.

María Rosete, diputada del PES, dijo que el trabajo doméstico en nuestro país ha sido una actividad muy poco valorada y minimizada, a pesar de la importancia de esta labor. “Durante muchos años, la labor del trabajo en el hogar no recibió la atención que requiere, ya que se considera como una actividad que no genera ganancias ni plusvalías. “El dictamen garantiza los derechos constitucionales de las trabajadoras, dotándolas de certeza jurídica y laboral que aseguren su trabajo y sus beneficios inherentes a sus actividades”.

La diputada del PT, Margarita García García, indicó que, según ONU Mujeres, 2.4 millones de personas laboran en al menos dos millones de hogares en México como trabajadores y trabajadoras del hogar. El reconocimiento del trabajo productivo va más allá de alguna remuneración por realizar alguna tarea. “Ellas lograron evidenciar el desprecio social patriarcal hacia la prestación de los servicios de aseo, asistencia, al hacer que en un primer momento ellas no sean reconocidas. Eso es lo que atiende este dictamen”.

Fabiola Loya Hernández, diputada de MC, refirió que en materia de trabajadoras del hogar, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución, pero no es suficiente. “Para que los derechos de las mujeres sean respetados y reconocidos, deben estar en las leyes. Es una lucha que se debe seguir impulsando, y dejar los colores afuera para que sea una realidad la construcción de paz en este país”.

Del PRD, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo explicó que con las reformas legales, ahora deberá formalizarse la prestación de servicios a través de un contrato escrito. También se establece como obligación del patrón, otorgar lineamientos de servicios a través del mismo contrato, alimentos higiénicos y nutritivos, la prohibición de pedir pruebas de gravidez y de despedir a una trabajadora por embarazo.

El Pleno cameral avaló el dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Establece que su titular será nombrado por el Presidente de la República y estará sujeto a la ratificación de la Cámara de Diputados o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Con el documento aprobado por 419 votos a favor y una abstención, se busca hacer congruente este ordenamiento con la reforma constitucional que dio esa facultad a la Cámara de Diputados. Además aporta claridad y seguridad jurídica a la ratificación de los funcionarios superiores de la Secretaría Hacienda y Crédito Público.

Al referirse al dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) recordó que la semana pasada el Pleno de esta Cámara aprobó una reforma constitucional para eliminar una antinomia (contradicción entre dos leyes) que quedaba rezagada desde la aprobación de la reforma político-electoral de 2014, para dar certeza sobre la ratificación de los empleados superiores de Hacienda.

Indicó que este dictamen es pieza clave para dar por concluidas las contradicciones constitucionales y legales respecto del tema.

“Si bien es cierto que la ratificación del secretario, por parte de la Cámara de Diputados, es un procedimiento novedoso en el sistema constitucional, en el caso de los empleados superiores de Hacienda la situación es diferente, toda vez que esta atribución la realizaba el Senado de la República desde 1987”.

Precisó que a partir del uno de diciembre la Cámara de Diputados generó su primer acuerdo para ratificar a los empleados superiores de Hacienda.

De los nombramientos establecidos en esos acuerdos sólo uno se encontraba previsto en una ley secundaria, toda vez que el artículo 13 de la ley vigente del SAT establece que el jefe de dicho servicio será nombrado por el Presidente de la República con la ratificación del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente.

Sauri Riancho puntualizó que la disposición en la ley secundaria anteriormente carecía de relevancia, toda vez que era armónica con el texto constitucional entonces vigente, ya que el Senado de la República tenía la facultad para ratificar al jefe del Servicio de Administración Tributaria, pero con la reforma política el escenario ha cambiado.

Por ello, es necesario modificar el artículo 13 a efecto de armonizar la legislación secundaria con el texto constitucional, y subsanar la antinomia legal y evitar cualquier confusión en el proceso de ratificación de los empleados superiores de Hacienda, particularmente con lo relacionado con el jefe de la Oficina del Servicio de Administración Tributaria.

Los presidentes de las Comisiones de Pesca y de Culturas y Cinematografía inauguraron la Muestra Gastronómica de Pescados y Mariscos de Mazatlán, Sinaloa, para dar a conocer su cocina, sus tradiciones y cultura, con la finalidad de que la gente deje de identificar a este estado, como un estado de problemas.

El diputado Maximiliano Ruiz Arias (Morena), presidente de la Comisión de Pesca, indicó que esa entidad es granero de la nación. “Lo hemos sido por muchos años, tenemos la mayor flota pesquera, somos el que aporta el Producto Interno Bruto de captura más alto; somos tierra de gente muy prolífica en lo artístico que ha puesto el nombre de Sinaloa muy en alto”.

Subrayó: todo lo que contribuya a que el estado se encuentre en otro arco de referencia, lo tendremos que hacer a través de la gente que vale, creativa, que le es fiel al corrido y a la tierra, al corrido en el buen sentido de la palabra.

Asimismo, el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena), presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, señaló que la gastronomía es parte de las expresiones culturales de México, por lo que planteó la importancia de realizar un acto periódico en el que participen representantes culturales y gastronómicos de cada estado.

“No es sólo el hecho de que estén aquí los de la Banda el Recodo, como exponentes de la música sinaloense, sino por estas muestras que representan la cultura de Mazatlán”.

En su turno, el presidente de ese municipio del Pacífico mexicano, Luis Guillermo Benítez Torres, reconoció la labor y apoyo de los legisladores para realizar esta muestra, también al presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carreza gastronómica, cultural y musical del estado, en particular del municipio, y agradeció el apoyo de los legisladores para impulsarla y difundirla. “Están las reinas, los reyes y los príncipes del Carnaval, empresarios, artistas. Les presentamos un poquito de lo mucho que somos en aquella tierra”.

illo, y a Ignacio Mier Velazco, ambos de Morena.

Resaltó el trabajo del diputado Ruiz Arias para que la gente que vive del mar reciba lo justo, por la organización del acto gastronómico e invitar a representantes de la música popular que generan identidad en Sinaloa y en el país, llevando la música de banda por todo el mundo. Agradeció el respaldo de los patrocinadores de Mazatlán por sus productos y trabajo.

El líder de la agrupación musical, Alfonso Lizárraga, resaltó la riqu

Con 416 votos a favor, 3 abstenciones y 13 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la elección de los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionará durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Los titulares de Morena son: Porfirio Muñoz Ledo, Tatiana Clouthier Carrillo, Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Anita Sánchez Castro, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano y Lucio Ernesto Palacios Cordero.

Sustitutos: Alfonso Ramírez Cuéllar, María Guillermina Alvarado Moreno, Armando Contreras Castillo, María de los Ángeles Huerta del Río, Miroslava Carrillo Martínez, Ricardo Francisco Exsome Zapata, María Geraldine Ponce Méndez, Rubén Cayetano García y Silvano Garay Ulloa.

Titulares del PAN: José Elías Lixa Abimerhi, Verónica María Sobrado Rodríguez y Lizbeth Mata Lozano. Sustitutos: Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Sylvia Violeta Garfias Cedillo.

Por el PRI, los titulares son: Dulce María Sauri Riancho y Soraya Pérez Munguía. Se eligió para sustitutos a René Juárez Cisneros y Margarita Flores Sánchez.

El titular del PES: María Rosete Sánchez; sustituto: Jorge Arturo Argüelles Victorero. El titular del PT es Reginaldo Sandoval Flores; sustituto: José Luis Montalvo Luna. Titular de MC: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla; sustituto, María del Pilar Lozano Mac Donald.

Del PRD, la titular: Claudia Reyes Montiel; sustituto: Verónica Beatriz Juárez Piña. El titular del PVEM: Carlos Alberto Puente Salas; sustituto: Jesús Carlos Vidal Peniche.

La Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, las presidencias de 100 Grupos de Amistad, cuyo propósito es fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar los vínculos políticos, comerciales y de cooperación con otros países.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política precisa que las presidencias de los grupos de Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Bangladesh, Belice, Bolivia, Canadá, China, Chipre, Corea del Sur, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Filipinas, Georgia, Ghana y Guatemala, recaerán en las diputadas y diputados de Morena.

Asimismo, Haití, Honduras, Hungría, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Letonia, Libia, Lituania, Marruecos, Mongolia, Nigeria, Pakistán, Palestina, Polonia, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Trinidad y Tobago, así como Turquía.

El PAN presidirá los países: Armenia, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, El Salvador, Emiratos Árabes, Eslovenia, España, Finlandia, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Suiza y Ucrania.

Mientras que el PRI encabezará: Austria, Bielorrusia, la India, Irán, Líbano, Luxemburgo, Paraguay, República Dominicana, Singapur y Tailandia.

El PES, presidirá las naciones de: Brasil, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Italia y Portugal.

En tanto, el PT: Corea del Norte, Israel, Nicaragua, República Árabe Saharaui, Venezuela y Vietnam; MC presidirá: Australia, Colombia, Egipto, Grecia, Malasia y Noruega; PRD, Argentina y Uruguay; PVEM, Bélgica y Francia; y Chile, un diputado sin partido.

El acuerdo señala que cada Grupo de Amistad estará integrado hasta por un máximo de 35 legisladores, distribuidos en: 18 de Morena; 5, PAN; 3, PRI; 2, PES; 2, PT; 2, MC; 1, PRD; 1, PVEM y un diputado sin partido.

En caso de que los Grupos de Amistad no alcancen ese máximo, se integrarán conforme a la solicitud de los grupos parlamentarios, procurando guardar la proporcionalidad, equidad y pluralidad. Cuando alcancen el máximo de integrantes, tendrán dos vicepresidencias, acordadas entre sus integrantes con base en su perfil y experiencia en diplomacia parlamentaria.

Señala que los Grupos de Amistad no contarán con recursos humanos, materiales ni financieros propios. Los que desarrollen actividad de diplomacia parlamentaria, tendrán la responsabilidad de enviar un informe de actividades y asistencias a los actos correspondientes; asimismo, los presidentes presentarán un informe general al término de la legislatura.

La duración de los Grupos de Amistad será hasta el término de la LXIV Legislatura.

Durante la sesión, también se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con el cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que establece que el 19 de septiembre se conmemorarán los sismos de 1985 y 2017, y con ello promover la importancia de que la sociedad esté preparada ante la permanente posibilidad de un siniestro.

Con 439 votos se avaló adicionar el numeral 14 a la fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. El documento se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) señaló que los sismos de 1985 y 2017 están grabados en la memoria de todas y todos los mexicanos, y estos fenómenos naturales significan un parteaguas en sus vidas.

“Muchas familias sufrieron la pérdida material de su patrimonio, pero también está el miedo permanente con el que se vive en esa constante mediación de que vuelva a suceder un fenómeno de esta naturaleza”, añadió.

Resaltó que el 19 de septiembre es una fecha que vive en la memoria. En 1985 el país fue azotado por un sismo de grandes magnitudes, el más grande temblor del que se tenga memoria en México. No sólo fue el derrumbe de oficinas, edificios, hoteles, sino la zozobra que vivieron los familiares.

En esa ocasión, añadió, “se exteriorizó la conciencia de las y los mexicanos. Todos en un sólo despertar y en una sola unidad. Vimos que los esfuerzos fueron mayúsculos, se recibió ayuda de todo tipo, pero sobre todo quedó manifiesta la solidaridad y la unión que tiene esta gran nación”.

Pérez Negrón precisó que esa misma solidaridad es la que reclama hoy México. “Pareciera ser que más allá de esos fenómenos naturales, hoy todos los días vivimos en la zozobra, las noticias que dan cuenta de asesinatos, de secuestros, de eventos que, pareciera ser, ponen en jaque cotidianamente a este país. Hoy necesitamos darnos cuenta de que cuando los mexicanos nos unimos nada nos detiene; somos uno mismo. Nada nos divide y juntos somos capaces de lograr lo imposible”.

Mencionó que el dictamen busca que el 19 de septiembre no pase como una fecha en donde se recuerde la desgracia. Se plantea que se conmemoren los sismos de 1985 y 2017, pero fundamentalmente que “ese día nos unamos, que nos olvidamos de ideologías, que dejamos de lado el conflicto y la clase social a la que pudiese pertenecer una o un voluntario. Será el día de la unión nacional en México”.

La Cámara de Diputados aprobó con 403 votos, el dictamen que reforma el artículo 211 bis 1 del Código Penal Federal, para incrementar las penas impuestas al delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

Se impondrá de dos a cinco años de prisión y de 300 a 600 días multa a quien sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.

Con multa de seis meses a tres años de prisión y de 150 a 250 días multa, se castigará a quien conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.

El documento enviado al Senado de la República precisa que durante los últimos años en América Latina, nueve de cada 10 bancos que operan en la región fueron sujetos de ataques cibernéticos.

La incidencia de este delito aumentó considerablemente, pues la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que en 2018 hubo, al menos, cuatro millones de víctimas de fraude cibernético con pérdida de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos como consecuencia de la comisión de este delito.

El diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) resaltó que hoy las tecnologías y los avances en materia de información digital controlan datos esenciales de la vida, ya sea personal, empresarial y gubernamental.

Mencionó que en el mundo digitalizado, día a día se observa que se han ampliado las posibilidades, pero también los riesgos y el cibercrimen en México se han propagado, “siendo el sector financiero el principal atacado y sus usuarios los afectados”.

Tan sólo en 2017, nueve de cada diez bancos que operan en América Latina estuvieron sujetos a ciberataques. En México, las instituciones públicas, privadas y usuarios particulares sufrieron un total de 19 millones de ataques, lo que posiciona a nuestro país como el primer lugar en Latinoamérica y el sexto en el ámbito global, por estos hechos.

Estos crímenes significaron una pérdida de aproximadamente 7 mil millones de dólares durante 2017, para usuarios, instituciones y gobierno, “lo que se reflejó en el aumento del 71 por ciento de las incidencias en esta actividad delictiva y afectó a cerca de 33 millones de personas”.

Rosas Quintanilla subrayó que es obligación del Poder Legislativo velar que las leyes sean adecuadas para combatir y prevenir los delitos, por ello es necesario replantear las medidas con las cuales puede ser abordado y combatido el problema.

Esta propuesta coadyuva con el trabajo del gobierno federal, en particular la Subsecretaría de Ciberseguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

El Pleno cameral aprobó el dictamen a la minuta que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a fin de establecer como requisito para contraer matrimonio, que los contrayentes tengan cumplida la mayoría de edad; es decir, dieciocho años.

El documento avalado con 435 votos a favor y uno en contra, fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. Además, elimina disposiciones vigentes en materia de matrimonio entre personas menores de edad.

A nombre de la Comisión de Justicia, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) destacó que el dictamen prohíbe el matrimonio infantil, eliminando cualquier dispensa para que esto ocurra.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el matrimonio infantil es una violación de todos los derechos de las niñas y niños. Los obliga a asumir responsabilidades para las cuales no están ni física ni psicológicamente preparados. Las niñas, se ven atrapadas para el resto de sus vidas en una realidad que equivale a la esclavitud.

Resaltó que si bien el dictamen deriva de una minuta, en esta Cámara se han presentado diversas iniciativas sobre el tema. “Representa la lucha de muchas legisladoras y legisladores, de organizaciones civiles y de organismos nacionales e internacionales y defensores de derechos humanos; es una respuesta clara y contundente para evitar que las niñas, principalmente, se separen de la familia y los amigos”.

Juárez Piña destacó que estos cambios significan que “ellas y ellos no interrumpan su educación. Pues una vez casadas, las niñas, de manera particular, tienden a dejar la escuela. Significa que tengan oportunidades y evitar malos tratos, esclavitud, prostitución, violaciones sexuales, problemas de salud como son, los embarazos prematuros, que conllevan un alto riesgo, tanto para la madre, como para el hijo”.

Añadió que de acuerdo con diversas organizaciones, en México más de 6 millones 800 mil mujeres entre 12 y 17 años, contrajeron matrimonio o viven en concubinato; la mayoría con hombres mayores que ellas. En 2017, dos mil 725 niñas, niños y adolescentes contrajeron nupcias. En nuestro país, del total de personas menores de 15 años que se unieron en matrimonio, 100 por ciento fueron niñas y adolescentes mujeres.

Además, no se registraron uniones de niños y adolescentes hombres menores de 15 años. Cuatro de cada 5 niñas y adolescentes, el 90 por ciento entre 13 y 15 años, se casaron con hombres mayores de 17 años y 5.5 por ciento, con hombres mayores de 30 años. En promedio, se casan 60 veces más mujeres menores de 15 años, que hombres, y 6 veces más mujeres de 15 a 17 años que del sexo opuesto.

La diputada resaltó que este dictamen constituye un resarcimiento de una larga deuda para los derechos de las niñas y los niños en el país. “Esta es la realidad en la vida de las niñas en muchas partes y cambiar las leyes es sólo un primer paso. Lo que sigue es transformar las sociedades, hacer conciencia de que, si cortamos de raíz la violencia materializada en el matrimonio infantil contra ellas, estamos incidiendo en una mejor condición de vida para la futura generación”.

Laura Martínez González, diputada de Morena, señaló que a pesar de los avances que se han tenido en materia de protección a menores de edad, se sigue arrastrando una dolorosa realidad, como es el matrimonio infantil, por lo que, “se debe entender que es una forma de violencia contra las y los menores de edad en general, particularmente contra las niñas y las adolescentes”.

Argumentó que una de las principales causas del matrimonio infantil es la falta de acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades, “desencadena una violación constante de los derechos de las niñas durante el resto de sus vidas, acaba con las oportunidades educativas y económicas posibles de las menores, las aísla de la sociedad y les niega cualquier rol en la toma de decisiones de sus comunidades”.

El matrimonio infantil en México, añadió, ya no será opción ni viable ni legal; sin embargo, “aún nos falta mucho. El Estado en sus tres órdenes de gobierno debe desarrollar una estrategia integral que incluya políticas y programas de protección social, centrados en disminuir las desigualdades y favorecer el empoderamiento de las niñas y las adolescentes. Es tiempo de desterrar para siempre el matrimonio infantil”.

Por MC, la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado celebró estas reformas a favor de los derechos de las niñas. “No más matrimonio infantil. Lo hicimos en Puebla, y hoy estoy muy feliz de que senadores, diputados y todos estemos comprometidos con abonar en el desarrollo de una infancia plena para nuestras niñas y nuestros niños”.

Desde su curul, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) expresó que se busca proteger los derechos de la niñez y particularmente el prohibir los matrimonios infantiles.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN) señaló que hoy se hace historia en este tipo de prácticas que violentan los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, por lo que “es muy importante reconocer el trabajo que desde la Cámara de Diputados diversas legisladoras han realizado en el tema”.

Por el PRI, la diputada Laura Barrera Fortoul celebró este dictamen y dijo que México es el octavo destino del mundo con mayor número de matrimonios infantiles.

Su compañera de bancada, diputada Ximena Puente de la Mora precisó que su grupo parlamentario defenderá a la niñez mexicana. “Nos congratulamos de votar a favor de este proyecto de acuerdo, cumpliendo en todo momento los compromisos internacionales de los que México es parte y los objetivos de desarrollo sostenible”.

La Comisión del Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, que preside la diputada Beatriz Manrique Guevara, aprobó siete dictámenes y nueve puntos de acuerdo. Destacan los referentes a la transformación de la basura en energía, frenar la biopiratería, incrementar la protección de áreas ecológicas y evaluar permisos otorgados para usufructuar bienes.

Los integrantes de la instancia legislativa avalaron por unanimidad, con cambios, la minuta con proyecto de decreto enviada por el Senado de la República para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de que estados y municipios coordinen acciones y fomenten el aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en procesos de generación de energía.

Establece las especificaciones que deben cumplir los sitios de disposición final de los RSU para utilizar la materia orgánica, definir los indicadores para evaluar su aplicación e integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

Asimismo, validaron modificaciones al artículo 87 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el propósito de enfrentar y abatir la biopiratería mediante la protección de los recursos biológicos forestales y los derechos de pueblos y comunidades indígenas para usufructuarlos.

“Las colectas y usos con fines comerciales o de investigación de los recursos biológicos forestales deberán reconocer los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales. El registro y certificaciones de los recursos genéticos forestales o de formas modificadas de las mismas, así como las patentes obtenidas por personas físicas o morales, será jurídicamente nulo sin el reconocimiento previo indicado, salvo lo acordado en los tratados y convenios internacionales relativos a la materia”.

También avalaron reformas a los artículos 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 93 y 95 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) atienda de manera obligatoria la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o la autoridad administrativa competente en la materia, al tratarse de obras y actividades que pretendan realizarse total o parcialmente en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, dentro del procedimiento de autorización de la evaluación de impacto ambiental.

Incluye el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que pretenda realizarse en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación. La opinión técnica tendrá carácter vinculante, previo a la resolución de la solicitud de autorización.

Además se aprobó el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en materia de legitimación activa, para que se inicie el procedimiento de reparación del daño al medio ambiente con la denuncia de 15 personas y no de 30, como lo indica el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Asimismo, se dio curso aprobatorio a nueve exhortos. Resalta el dirigido al gobierno federal para que realice la evaluación y recategorice el Nevado de Toluca como parque nacional.

El llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a redoblar las acciones a fin de que la industria química, como la farmacéutica optimicen el manejo de residuos peligrosos y medicamentos caducos en apego a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y se evite la inadecuada disposición final de desechos por representar un riesgo para la salud y el medio ambiente.

Asimismo, que la Semarnat y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de México revisen sus programas de vigilancia e inspección para que efectivamente se detenga la tala ilegal en los municipios de Xalatlaco, Ocuilan, Ocoyoacac y en la zona sureste, e informen los resultados obtenidos.

También para que la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lleven a cabo acciones con el fin de proteger las playas mexicanas y el libre tránsito en ellas, así como vigilar que el uso, aprovechamiento o explotación en todas las concesiones otorgadas no afecte ni altere el equilibrio ecológico.

Con el objetivo de que los titulares de la Semarnat y de la Profepa, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Nayarit, investiguen las causas que originaron los varamientos de especies marinas en los últimos meses, para que se sancione a quien resulte responsable, de conformidad con la legislación ambiental vigente, ante las acusaciones derivadas del abandono de redes de pesca en el mar.

Para que la Semarnat, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Profepa, coordinen acciones con las autoridades del sector en el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, para proteger los ecosistemas naturales aledaños a las zonas urbanizadas de ese municipio y detener la caza de fauna silvestre y el deterioro de su flora.

Un acuerdo para que el Ejecutivo de Tamaulipas elabore el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos que permita establecer una política que minimice, valore y aproveche los residuos y prevenga la contaminación y remediación de suelos contaminados, en apego a la normatividad en la materia.

Asimismo, para que la Semarnat de acuerdo con sus facultades, realice las gestiones necesarias y resuelva los conflictos jurídicos que impiden la elaboración del Programa de Manejo del Área Natural Protegida Parque Nacional Cumbres de Monterrey, con la intención de que éste se formule y publique.

Por último, un acuerdo para desarrollar acciones que restauren la ecología en el río Papaloapan, localizado en Puebla. Oaxaca y Veracruz, ante los altos niveles de contaminación que registra e implica un grave desequilibrio.

En la sesión, las diputadas y diputados aprobaron, con 406 votos a favor, siete en contra y 20 abstenciones, adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, con el objetivo de garantizar el libre acceso y tránsito en las playas.

Las adiciones a los artículos 8, 127 y 154 de dicha norma, señalan que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítima terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado, ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento.

Indica que en el caso de que no existan vías públicas o acceso desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento.

Se sancionará con multa de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen, y condicionen el acceso.

Para el caso de los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, en caso de residencia, además de la sanción señalada, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente, precisa el dictamen remitido al Senado de la República.

La diputada Julieta Macías Rábago (MC) refirió que a pesar de los múltiples derechos en los que se sustenta el libre disfrute y acceso a las playas, y a pesar de que la legislación vigente establece disposiciones para proteger su ejercicio, se ha vuelto una práctica común en los litorales, que quienes ostentan títulos de propiedad o de aprovechamiento de predios y zona económica exclusiva contigua a las playas, decidan establecer restricciones y obstáculos para el acceso. “Frecuentemente con fin de generar un valor añadido de privacidad a los servicios turísticos que prestan”.

Agregó que a pesar de que la ilegalidad de dichas prácticas es ampliamente conocida, la enorme extensión de nuestros litorales representa un importante obstáculo en la capacidad de vigilancia de la autoridad en este tema. Enfatizó que las modificaciones subsanan la parte de rigor normativo en la que “se han cobijado quienes indebidamente pretenden aprovechar los bienes de nuestra nación, sin tener un legítimo derecho para ello y en perjuicio de la sociedad en su conjunto”.

La diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño (Morena) sostuvo que el problema de la privatización de las playas marítimas alcanza afectaciones a la población local, a los visitantes nacionales y extranjeros, y sólo beneficia a un grupo reducido de personas, contribuyendo a la concentración de la riqueza en unos cuantos y a la desigualdad económica.

Estimó que el objetivo de la reforma es establecer que todos los mexicanos, sin distinción, privilegios, ni exclusividades, por diferencias económicas, de tipo social, se les hagan valer sus garantías constitucionales de acceder, transitar o utilizar las zonas marítimas, especialmente las playas.

La Comisión de Asuntos Frontera Norte, presidida por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), aprobó la integración de seis subcomisiones, las cuales atenderán los temas relacionados con migración, automóviles extranjeros, aduanas y seguridad.

La subcomisión de Aduanas será coordinada por la diputada Socorro Irma Andazola Gómez (Morena) y sus integrantes son los diputados Ernesto Guillermo Ruffo Appel (PAN); Manuel López Castillo (Morena); Diego Eduardo Del Bosque Villarreal (Morena) y Héctor Joel Villegas González (PES).

La de Seguridad estará encabezada por el diputado Manuel López Castillo (Morena). Los integrantes son los legisladores Eraclio Rodríguez Gómez (Morena); Héctor Joel Villegas González (PES) y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (sin partido).

La tercera subcomisión es la de Desarrollo Económico, coordinada por la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz (PT), e integrada por Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN); Martha Lizeth Noriega Galaz (Morena) y Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN).

Otra es la de Regularización de autos de procedencia extranjera, a cargo del legislador Francisco Jorge Villarreal Pasaret (Morena). Los integrantes son las diputadas Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena); Adriana Lozano Rodríguez (PES) y Socorro Irma Andazola Gómez (Morena).

Una más es la de Medio Ambiente, la cual será dirigida por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) y cuyos integrantes son los legisladores Diego Eduardo Del Bosque Villarreal (Morena); Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (sin partido) y Jesús Salvador Minor Mora (Morena).

La subcomisión de Migración estará coordinada por la diputada Irma María Terán Villalobos (PRI) e integrada con los diputados Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN); Jesús Salvador Minor Mora (Morena); Francisco Jorge Villarreal Pasaret (Morena); Claudia Elena Lastra Muñoz (PT) y Maximino Alejandro Candelaria (Morena).

La Comisión de Igualdad de Género validó reformas al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en materia de fomento al desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la tecnología, así como para el desarrollo de investigadoras profesionales.

La presidenta de la comisión, diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), explicó que para el fomento de la participación de las mujeres se promoverán políticas públicas específicas.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena), secretaria de la comisión y quien propuso la iniciativa dictaminada, explicó que la idea es trabajar en las áreas de oportunidad en donde las mujeres han estado rezagadas.

“La ciencia y la tecnología son áreas de gran oportunidad en donde la participación de las mujeres ha sido limitada y difícil. Queremos trabajar a futuro para garantizar la igualdad de oportunidades”, sostuvo.

El dictamen precisa que México cuenta con una población, según el último censo (2015), de 119 millones 938 mil 473 personas, en donde el 51.4 por ciento son mujeres. Sin embargo, no gozan de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar una profesión científica y progresar.

“Los datos al respecto son muy claros y se pueden resumir en el hecho de que conforme se avanza hacia puestos más altos en los escalafones académicos o profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez menor”, subraya el texto.

Agrega que la persistencia y magnitud del desequilibrio entre la presencia de mujeres y la de hombres en el mundo en estas áreas y, en especial, en los niveles altos de las carreras científicas, hace necesarias actuaciones que la corrijan, y eso es algo que solo se puede producir orientando esas actuaciones a combatir las causas.

De acuerdo con cifras del Conacyt, 36 por ciento del padrón total de personas que integran el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) está conformado por mujeres; y desde 2012, el porcentaje de participación de mujeres en el SNI ha crecido 65 por ciento.

Esto denota un gran avance, sobre todo si se toma en cuenta que en la fundación del SIN, en 1984, éste se conformó con mil 386 integrantes, de los cuales 283 eran mujeres; es decir, 20.41 por ciento de las personas que realizaban investigación en México eran mujeres.

Previamente, la comisión condenó el asesinato de la alumna del CCH Oriente, Aideé Mendoza, dentro de una de las aulas de las instalaciones de ese plantel.

“No sólo condenamos como diputadas de la comisión este hecho y exigimos el esclarecimiento del crimen. Es indispensable llamar a comparecer a las autoridades académicas y rectorías a nivel medio y superior para conocer las medidas que están tomando contra el acoso y las múltiples violencias hacia las mujeres”.

Agregó que es necesario conocer los protocolos de actuación de estos institutos contra los comportamientos machistas que amenazan a las y los jóvenes, además de saber de qué forma se está ejerciendo el presupuesto asignado para ello.

Con 433 votos, el Pleno cameral aprobó el decreto que expide el Reglamento del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, cuyo objetivo es normar su funcionamiento.

El documento, enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación, señala que la propuesta de la implementación de este marco normativo, es por considerar que falta un mecanismo regulado que integre a las bibliotecas parlamentarias y las englobe en un solo órgano que opere de manera sistemática y adquiera una autonomía, que si bien les permite seguir funcionando en lo individual, también las conecte para hablar de un solo ente que las fortalezca.

El reglamento señala que el sistema se estructura con el propósito de ejecutar las directrices bibliotecológicas para los servicios que preste el sistema, así como coordinar, normar y supervisar las actividades bibliotecarias y establecer los vínculos de cooperación con los congresos estatales, así como con otros sistemas bibliotecarios internacionales.

También precisa que las tres bibliotecas que conforman la estructura del sistema, tendrán autonomía, personalidad y patrimonio propio.

Indica que bajo los criterios del parlamento abierto y la normatividad aplicable, el sistema deberá proporcionar los servicios de acceso a la información en términos de los principios de legalidad, profesionalización, objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, eficiencia, oportunidad, pertinencia, confiabilidad, máxima publicidad, transparencia y, principalmente, con el pleno respeto a los derechos fundamentales, especialmente al derecho de acceso a la información.

Al hablar sobre el tema, la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) comentó que en las bibliotecas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, operan importantes actividades como el depósito legal, las áreas especializadas de información, así como las colecciones de alta valía en ambas Cámaras. Pero la posibilidad de articularse entre sí, no existe, ante la falta de un marco normativo. “Por eso la importancia de este Reglamento de Bibliotecas es fundamental para implementar la articulación del sistema”.

Este reglamento, dijo, es el resultado de una enorme suma de esfuerzos incluyendo la participación de los servicios de bibliotecas de ambas cámaras, así como el trabajo en conjunto con diferentes instituciones como el Colegio de México, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.

Consideró que la aprobación del dictamen “representa un hito histórico”, ya que después de 102 años se lograría un reglamento que norme la actuación del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Al instalar la Comisión Conjunta de Trabajo en Conferencia de las Comisiones de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados y Gobernación del Senado de la República, la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (PES), indicó que el objetivo es redactar el proyecto de iniciativa de ley general para la gestión integral de riesgos de desastres y de protección civil.

La diputada presidenta de la instancia legislativa afirmó que el fin es lograr una cultura de prevención y que el país deje de ser reactivo.

Puntualizó que la única camiseta que tienen puesta los integrantes de la Comisión y los senadores, se llama México, por eso, pondrán el mayor esfuerzo en este trabajo. Agradeció al senador Ricardo Monreal Ávila por el respaldo que brinda a la Comisión.

El senador presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias Solís (Morena), señaló que la prevención es una asignatura impostergable debido a los graves impactos que han ocasionado los fenómenos naturales en el país.

Ejemplo de ello son los estragos que dejaron los ciclones Isidoro en 2002, Alex en 2010, Ingrid y Manuel 2013; el huracán Vilma en 2005, lluvias e inundaciones en Tabasco, en donde miles de personas resultaron afectadas y otras perdieron la vida, así como los sismos que han dejado profundas huellas en la vida del país.

Estos fenómenos apremian emprender un proceso de revisión y construcción del marco legal a fin de diseñar e implementar acciones orientadas a identificación, análisis, evaluación, prevención, control y reducción de riesgos para crear, evaluar y diseñar políticas públicas preventivas.

El senador Noé Fernando Castañón Ramírez (MC) confió en que de los foros se recabe la mejor información para lograr la iniciativa de ley que brinde protección y prevención a la población. “Desde la Cámara de Senadores celebramos esta iniciativa, la apoyaremos e impulsaremos el trabajo de la Comisión y los foros”.

La diputada del PT, Ana Karina Rojo Pimentel celebró el inicio de este trabajo porque “la vida no espera y es el valor más importante que tenemos”. Su compañera de bancada Margarita García García dijo que Oaxaca, su estado, ha sufrido los embates de la naturaleza que obliga a trabajar de la mano para impulsar una cultura preventiva.

Del mismo partido Dionicia Vázquez García mencionó que siempre se está en desventaja contra la naturaleza pero “juntos haremos mucho por México”.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC) reconoció el trabajo y empeño por integrar este grupo y consideró que el quehacer será arduo. “Sin duda, esta instalación bicameral nos llevará por el mejor rumbo”. El legislador Juan Ortiz Guarneros (PRI) se congratuló por la integración de la comisión por ambas cámaras.

La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) se comprometió a trabajar para sacar adelante la ley del sistema integral de gestión de riesgos a fin de hacer frente a los desastres. El vicecoordinador del PES, Jorge Arturo Argüelles Victorero afirmó que la prevención es lo más importante, “necesitamos estar listos ante cualquier desastre”.

El representante de la Coordinación Nacional de Protección Civil, César Omar Morales, afirmó que es importante cambiar el concepto de protección civil, por uno de gestión integral de riesgos; es decir, llevar a cabo medidas necesarias para que, ante un fenómeno natural, los daños a la población sean menos.

La Comisión Conjunta de Trabajo en Conferencia revisará el marco legal en la materia y organizará foros nacionales de consulta en las siguientes fechas: la región Golfo de México tendrá su sede en Veracruz el 24 de mayo.

Sur-Sureste Oaxaca 31 de mayo; la región Pacífico se realizará en Colima el 21 de junio; Centro-Norte con sede en Zacatecas el 26 de julio; Centro-México el 16 de agosto, y Ciudad de México el 30 de agosto.

Asimismo, realizará mesas temáticas. En la Cámara de Diputados, el 28 de mayo se abordarán los conceptos de protección civil, gestión integral de riesgos y resilencia; el 27 de junio, competencias y coordinación; el 18 de julio participación ciudadana, y el 8 de agosto instrumentos financieros.

En el Senado de la República, 13 de junio, derechos humanos; 11 de julio política pública, principios e instrumentos, y el 30 de julio desarrollo, sustentabilidad y cambio climático. La Comisión tendrá vigencia hasta que el proyecto de la iniciativa de ley concluya su proceso legislativo en ambas Cámaras.

La Cámara de Diputados aprobó con 425 votos reformas a diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, cuyo objetivo es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, y dar efectiva protección y restitución de sus derechos a menores de edad.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que los tribunales superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para integrar al Registro Nacional de Obligaciones.

Precisa que las procuradurías de Protección de las entidades federativas y de la Ciudad de México, tendrán acceso total a las bases de datos del Registro Nacional de Obligaciones.

Los datos recabados podrán ser utilizados para fines estadísticos o de análisis que se consideren necesarios. La actualización del registro deberá realizarse de forma mensual, indica.

Subraya que toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez o la autoridad responsable del fuero local; de no hacerlo, será sancionado y responderá solidariamente para el pago de daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario por omisiones o informes falsos, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos locales.

Señala que las autoridades federales competentes, instrumentarán medidas de restricción migratoria que establezcan que ninguna persona inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias puede salir del país cuando: sea deudor alimentario moroso o existan medios de prueba que permita al Juez determinar la existencia de un riesgo importante de que la salida del país sea utilizada como un medio de evasión de pago.

Al referirse al tema, la diputada María Marcela Torres Peimbert (PAN) resaltó que millones de niñas y niños viven “una realidad dolorosa”, ya que, además de sufrir la separación de sus padres o haber crecido con uno solo, sufren la falta de los recursos necesarios para su pleno desarrollo.

Refirió que de acuerdo con la organización “Mamás en Acción”, y la “Red por los Derechos de la Infancia en México”, ocho de cada 10 deudores alimentarios en México no cumplen con el pago de la pensión alimenticia. Datos del Inegi arrojan que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión. Un tercio de las mujeres en el país son madres solteras y el 68 por ciento de ellas no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos.

Destacó la importancia de la reforma porque se garantizará el reconocimiento legal de la obligación alimentaria y que el Estado mexicano sea quien obligue a que esta se cumpla y no las madres mexicanas a través de juicios costosos e interminables.

La modificación, dijo, también pretende resolver la carga de prueba, que recae en los acreedores alimentarios y por el cual millones de mujeres mexicanas se ven en la difícil situación de optar por seguir manteniendo a sus hijos solas o llevar largos juicios para comprobar que el padre no cumple con su primera obligación: la alimentación de sus hijos.

El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria del exlegislador federal, Luis Maldonado Venegas, quien falleció este martes 30 de abril, a la edad de 62 años y se desempeñaba como jefe de oficina de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Desde su curul, el legislador Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) solicitó guardar este minuto en memoria de Luis Maldonado, quien fuera presidente de la Comisión de Vigilancia en la LXIII Legislatura, dos veces diputado federal, senador, jefe político en la SEP y estuvo participando en los trabajos de la Reforma Educativa.

El coordinador de Morena, diputado Mario Delgado Carrillo expresó que Maldonado Venegas fue un político y servidor público de amplía trayectoria y destacó sus aportaciones para la construcción de la reforma en materia educativa. Además, se desempeñaba como jefe de oficina del titular de la SEP.

La Cámara de Senadores remitió dos minutas. La primera expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, a fin de establecer las bases para instrumentar acciones y programas que las dependencias deberán llevar a cabo para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales.

Se contempla la creación de un Padrón Único de Confianza con el propósito de capturar, almacenar, custodiar, consultar, administrar y transmitir información concerniente a los contribuyentes que podrán ser beneficiarios de los programas. Se mandó a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

La segunda minuta fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.

El propósito es garantizar la libertad de asociación sindical, al determinar que todos los trabajadores podrán ejercer su libertad de adhesión o separación en un sindicato y que a nadie se le puede obligar a formar o no parte de uno de ellos.

Además, devolvió para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, los expedientes de dos proyectos: el que reforma diversas disposiciones de las leyes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y el que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La Comisión Federal de Competencia Económica remitió el Primer Informe Trimestral 2019 de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que abarca del 1 de enero al 31 de marzo. Se remitió a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

A su vez, la Secretaría de Salud dio a conocer información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto, el reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados y el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación, correspondientes al periodo enero-marzo. Fue enviado a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud.

La Secretaría de Gobernación respondió a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Convenio 189 y la Recomendación 201 en materia de las y los trabajadores domésticos.

La Secretaría de Gobierno del estado de Coahuila dio contestación a una proposición avalada por la Cámara de Diputados, para hacer públicas las acciones emprendidas debido a la potente lluvia que afectó a municipios del estado.

En tanto, la Secretaría General de gobierno del estado de Puebla respondió a dos propuestas avaladas por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, sobre los feminicidios y el proceso para elegir gobernador.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sonora contestó a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para desarrollar campañas informativas y de orientación encaminadas a prevenir la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

Los diputados Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), Pilar Lozano Mac Donald (MC), Armando Contreras Castillo (Morena), Arturo Escobar y Vega (PVEM), María Chávez Pérez (Morena), Martha Angélica Zamudio Macías (MC), María Alemán Muñoz Castillo (PRI), Víctor Adolfo Mojica Wences (Morena), Marcela Guillermina Velasco González (PRI), María Marivel Solís Barrera (Morena), Alejandra García Morlan (PAN), Miroslava Sánchez Galván (Morena) y Geraldina Herrera Vega (MC), solicitaron retirar de los registros parlamentarios diversas iniciativas y puntos de acuerdo que habían presentado.

Durante su participación en tribuna para conmemorar el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la niña Guadalupe Flores Zepeda, hablante de náhuatl, expresó que las comunidades autóctonas son las más discriminadas y olvidadas.

“Algún día se darán cuenta de las injusticias que cometen cuando tengan una visión más allá de las cejas de su frente; entonces comprenderán y se darán cuenta que los grupos étnicos son parte de la riqueza cultural del país”, añadió.

Mencionó que el término indio es una palabra que deriva de un error, de la equivocación de aquellos hombres blancos que llegaron a esta tierra bendita; es producto de la equivocación de aquellos hombres hambrientos que no sabían ni qué suelo pisaban y creyeron haber llegado a la India.

“Indígena sí; indígena sí lo soy porque hablo una lengua vernácula y por pertenecer a una cultura autóctona; ésta sí que es una palabra muy bella y me enorgullezco de formar parte de ella porque engloba mi origen, mis raíces y toda mi cultura”, abundó.

Flores Zepeda dijo ser descendiente de Cuitláhuac, Moctezuma y Cuauhtémoc. “Sé que soy descendiente de hombres valientes que lucharon para defender la pureza de su raza, que lucharon, cual si fueran fieras, defendiendo siempre su honor y sus tierras, que prefirieron la muerte antes de verlas en manos ajenas”.

Cuestionó: quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. “Ustedes son el producto del mestizaje en el país, de las violaciones y tratos salvajes que los extranjeros dieron a nuestras mujeres, y aun así ríen y gritan a los cuatro vientos diciendo que corre la pureza por sus venas, sin saber que han llegado a este mundo sin amor. Piensan que por intentar hablar el idioma español y por tener la piel blanca ya son extranjeros”.

Les pidió no olvidar que “gracias a nosotros tienen grandes puestos en la política administrativa del país; que gracias a nosotros se da el progreso; que gracias a los indígenas ustedes se alimentan diariamente porque somos los que labramos las tierras y extraemos de sus entrañas sus sagrados alimentos, y aun así somos los más discriminados y olvidados”.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por votación económica el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para conformar el grupo de trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, que tendrá como objetivo integrar, sistematizar y generar una propuesta legislativa en la materia.

El documento aclara que de conformidad con los principios de austeridad de la Cámara de Diputados, el grupo de trabajo no contará con recursos humanos, materiales ni financieros propios.

Especifica que estará integrado hasta por tres diputados de cada grupo parlamentario, quienes serán propuestos por sus fracciones. En caso de ser solicitado, se podrá ubicar un espacio a una diputada o diputado sin partido.

Además, indica que el grupo de trabajo será coordinado por un diputado integrante, definido por la Jucopo, quien conducirá las acciones y establecerá la vinculación necesaria con otros órganos del Estado y la sociedad para efecto del objetivo del grupo.

Asimismo, el acuerdo establece que este equipo deberá determinar su calendario de reuniones, elaborar un programa de trabajo y acordará con la Junta de Coordinación Política los plazos de las tareas asignadas.

De igual manera, presentará un informe periódico del avance de sus actividades, el cual deberá ser enviado a la Jucopo y en el caso de que los integrantes de este grupo presenten propuestas para la realización de foros, talleres, capacitaciones, mesas de debate y cualquier otra actividad que promueva prácticas de parlamento abierto, requerirán ponerlas a consideración de este órgano de gobierno.

El texto subraya que el grupo de trabajo se deberá instalar al día siguiente de la aprobación del presente acuerdo y se extinguirá al cumplir con el objeto por el que fue creado o, en su caso, al momento que el Pleno considere concluidas sus actividades.

Finalmente, indica que al término de sus trabajos el grupo creado presentará al Pleno de la Cámara de Diputados un informe de sus actividades.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a fin de ofrecer más opciones de inversión, lograr mayores rendimientos, menos comisiones, que las utilidades se reflejen en las pensiones de los trabajadores cuando se retiren y fomentar el ahorro.

El documento aprobado en lo general, con 294 votos a favor, 11 abstenciones y 142 en contra, sustituye el término “sociedades de inversión” por el de “Fondos de inversión especializados para el retiro” de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), lo que conlleva a una simplificación en la operación y carga comparativa.

Se establece que los Fondos de Inversión se constituirán por un sólo socio fundador ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y sin necesidad de acreditar su acta constitutiva y estatutos sociales ante notario o corredor público, ni su inscripción en el Registro Público de Comercio. Los fondos se constituirán como sociedades anónimas y deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores.

Para organizarse y operar como Fondo de Inversión se requiere autorización de la Consar, que será otorgada discrecionalmente, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, los Fondos deberán operar con valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos previstos en el régimen de inversión que se establezca mediante disposiciones de carácter general que emita la Comisión, previa opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la SHCP y del Comité Consultivo y de Vigilancia.

En lo particular, se aprobó con 250 votos a favor, 192 en contra y 16 abstenciones, y en términos del dictamen, las reservas a los artículos 5, 18, 33, 37, 40, 47, 48 y 106 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Se modificó el artículo 43, segundo párrafo, con el objetivo de transparentar el proceso de operación de los Fondos de Inversión y establecer que en caso de que la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del Banco de México no sea favorable, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) deberá justificar su decisión e incluir ésta en el informe trimestral que rinde al Congreso de la Unión. La reserva fue impulsada por la diputada Cecilia Patrón Laviada (PAN).

También se reformaron los artículos Séptimo y Octavo Transitorios, y se adicionaron el Noveno y el Décimo Transitorios, impulsados por la diputada Alejandra Pani Barragán (Morena).

El objetivo es que los recursos de los trabajadores no muestren decremento en sus rendimientos, al establecer un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del decreto, para emitir nuevas disposiciones de carácter general, las cuales determinarán, con la metodología previamente aprobada, el componente adicional en la comisión cobrada por las Afores.

Las mismas disposiciones preverán que las comisiones no sean excesivas y propicien su disminución progresiva de las mismas, con la finalidad de incrementar la pensión de los trabajadores.

Se compromete al Ejecutivo federal a generar una transformación profunda de los sistemas de pensiones, con la finalidad de que se conviertan en pilares de corresponsabilidad social entre el gobierno, los trabajadores y las empresas. Para ello, el Ejecutivo, por conducto de la SHCP, y en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, convoque a la integración de un grupo de trabajo para el diagnóstico y propuesta de reforma integral de los sistemas de pensiones en el país.

De igual modo, se busca que la suma de los componentes que integran la comisión única no podrá ser superior a la comisión que a la fecha de publicación del decreto se encuentre autorizada. Se plantea que la Junta de Gobierno de la comisión deberá considerar que para autorizar las comisiones que cobren las Afores, las comisiones deberán disminuir en proporción al incremento que registren los saldos administrados.

En la fundamentación del documento,remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), expresó que si bien el dictamen no constituye la gran reforma integral en materia de Afores, representa un avance.

Ello, en temas como: apertura de otros instrumentos de inversión y mayores facilidades administrativas para una sana competencia, a efecto de alcanzar mejores rendimientos en los ahorros de los trabajadores vinculado a la disminución que año con año ha presentado las comisiones.

Se cambia la figura de sociedades de inversión por los fondos de inversión, lo que conlleva a una simplificación en la operación y carga corporativa para las Afores; se permite la adquisición de nuevos valores de empresas privadas y la realización de nuevas operaciones financieras, y se logra que el régimen de inversión evolucione en razón de las condiciones vigentes y perspectivas de los mercados financieros.

El trabajador, dijo, se verá beneficiado en lo referente a su ahorro voluntario, porque contará con mayor libertad para realizar depósitos y retiros de los recursos que estén en su subcuenta de aportaciones voluntarias, debido a que se eliminan los requerimientos para que dicho ahorro permanezca por un tiempo determinado.

Terrazas Baca expuso que el trabajador podrá traspasar libremente su cuenta individual de una administradora a otra, antes del transcurso de un año. Se modifica la estructura de las comisiones pasando de una fija sobre saldos administrados, a una que contempla dos componentes: los recursos administrados y otra, calculados sobre el rendimiento obtenido por el buen manejo de los fondos que realicen cada una de las Afores.

Puntualizó que esta medida es un paso en la generación de mejores condiciones para el manejo de las Afores, que beneficien directamente a los trabajadores, mediante la obtención de rendimientos netos y para que reciban mayor pensión que les brinde calidad de vida digna al momento de su retiro.

Este dictamen, añadió, permite una competencia de las Afores, la disminución de las comisiones y la protección de los ahorros de los trabajadores. “Hoy se está logrando un avance en este tema. Ello nos debe llevar a los legisladores a comprometernos a seguir trabajando en una reforma que permita fortalecer y proteger el ahorro de los trabajadores para el bienestar de las y los mexicanos”.

La diputada afirmó que este documento es el resultado del consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias después de una serie de trabajos al interior de la comisión, en la cual se escucharon las voces de los agentes involucrados en el tema.

Así como la participación de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y del Banco de México, para que resolvieran las dudas de las y los legisladores, con el objetivo de que se contaran con elementos suficientes y necesarios para dictaminar.

Indicó que se realizaron 22 cambios a la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal para precisar referencias y aspectos de la técnica legislativa, “con lo cual se le está dando el voto de confianza para impulsar con dicha reforma este tema de relevancia para las y los mexicanos”.

En los posicionamientos, el diputado Humberto Pedrero Moreno (Morena) expresó que la reforma busca generar mayor rendimiento en el ahorro de los trabajadores y esto se logrará flexibilizando el régimen de inversión de acuerdo con las condiciones del mercado como otros países lo han logrado, mejorando el rendimiento de sus trabajadores y con un riesgo muy acotado de las inversiones.

Indicó que se buscan mejores condiciones de inversión para lograr que los ahorros de los trabajadores crezcan de manera sostenible, además de pasar de una comisión única, fija, a una variable y que genere que las administradoras tengan el mejor incentivo, a fin de hacer crecer el ahorro de los trabajadores.

Su compañero de bancada, diputado Jorge Luis Montes Nieves, expuso que la reforma está alineada a las necesidades de los y las trabajadoras. “Es necesaria porque los instrumentos financieros a los que las Afores pueden acceder en la actualidad están prácticamente agotados, y porque los rendimientos de los ahorros de los trabajadores han mantenido una tendencia decreciente desde 1999”.

Mencionó que se obtendrán mayores recursos y con menor riesgo; habrá beneficios en cuanto a las comisiones que se les cobran; podrán retirar recursos, catalogados como ahorro voluntario, cuando se desee, y aumenta la inclusión financiera. “Propiciará una mayor inclusión financiera y una mejora en las pensiones de los trabajadores”.

José Isabel Trejo Reyes, diputado del PAN, indicó que estas reformas buscan flexibilizar el régimen de inversión de un mercado con escenarios cada vez más inciertos y adoptando mejores prácticas en la administración de riesgos; fomenta el ahorro voluntario con facilidades que permite el retiro voluntario cuando el trabajador lo necesite, y propicia que ahora los fondos se retiren en cualquier momento y se puedan cambiar de empresa sin que haya una fecha límite.

Se busca estimular a las empresas para que conformen portafolios más redituables y, a la vez, eviten inversiones especulativas riesgosas y que las ganancias para estimular el pago de estas comisiones sean claramente redituables para el trabajador. “Creemos que con esta reforma se pueden lograr mejores rendimientos a través de un verdadero mercado de competencia”.

Por el PRI, el diputado Isaías González Cuevas señaló que el dictamen puede poner los ahorros de los trabajadores en alto riesgo por las directrices nuevas que cambian al antiguo sistema de las Siefore. “Debemos estudiar a fondo estas reformas con los especialistas, alcaldes, gobernadores y todo mundo, porque hay problemas en el sistema de pensiones”.

Sostuvo que con estas reformas los fondos no van a estar controlados. “El gobierno va a perder su rectoría. Los que van a manejar estos fondos son las Administradoras para la especulación y que sólo ganen ellos, no los trabajadores. Ellos saben cuánto van a ganar, no se nos dice cuánto van a ganar y cuánto se van a beneficiar las y los trabajadores”.

El diputado del PES, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz resaltó que se requiere una ley más moderna y entrarle a la reestructura de los sistemas de pensiones, pero con cuidado, responsabilidad y disciplina. “No podemos permitir que se estén desaprovechando las ventajas de un sistema económico mundial que finalmente ha abierto las fronteras y que hoy genera oportunidades a partir de la diversificación que se puede dar de las inversiones”.

Abundó que no se le puede regatear a los trabajadores la posibilidad de que sus recursos sean mejor invertidos, que tengan más rendimientos y con ello se genere una pensión digna. “Tenemos que aprovechar lo que hoy existe, no podemos dejar de lado una realidad, porque al final termina imponiéndose. Nos comprometimos a impulsar el desarrollo económico de México”.

Hildelisa González Morales, diputada del PT, resaltó que este documento es un instrumento neoliberal para privatizar el ahorro de los trabajadores. “Estamos en contra porque, de ser aprobada, sería la primera iniciativa que atacaría directamente a los trabajadores, al fortalecer el sistema financiero a costa de las pensiones”.

Se plantea, dijo, aumentar las comisiones, porque los únicos que ganarán serán las administradoras y no los trabajadores. “Con estos cambios se habrá pulverizado el ahorro. De aprobarse, las impactantes ganancias de las afores seguirán contrastando con la precariedad de los ahorros de los mexicanos. Los recursos que manejan llegan a 3.5 billones de pesos y más de 68 millones de cuentas individuales. El sistema de pensiones sí requiere una atención puntual y cuidadosa”.

De MC, el diputado Higinio Del Toro Pérez puntualizó que hoy la voz de los trabajadores en este dictamen no está representada y “no la escuchamos con la debida prontitud para que fueran ellos también los que opinaran acerca del tema. ¿En qué se mejora las condiciones laborales de ellos en este país?, en nada”.

Afirmó que se pasa de un esquema de cuota fija por servicios y un porcentaje sobre el saldo administrado, para llegar a una cuota por porcentaje de ganancias con el riesgo que se tiene de llevar a mercados volátiles los recursos de los trabajadores. “No podemos estar de acuerdo con esta falta de claridad en torno a cómo serán determinadas estas nuevas comisiones que pueden cobrar las Afores”.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) expuso que con este dictamen persiste la política fracasada en materia de pensiones. A diciembre del 2018, las afores administran recursos por tres billones 312 mil 850 millones de pesos; sin embargo, las pensiones que recibirían los trabajadores apenas representarían el 22 por ciento del último salario devengado; los rendimientos promedio de las Afores han sido decrecientes, mientras las comisiones son altas.

Precisó que es necesario preservar el funcionamiento técnico de la Consar, alejándola de las tentaciones políticas y evitar destinar los ahorros de los trabajadores en los nuevos proyectos estratégicos del gobierno. “La esencia es apostar a la premisa neoliberal del mercado, lo más recomendable es realizar un balance de los resultados de este sistema y dotar de futuro pensionario a los jóvenes y garantizar los derechos de quienes pasarán a retiro”.

En la discusión en lo general, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) expresó su voto en contra porque aseguró que el dictamen pide resucitar una figura que no da resultados y no explica cuánto incrementará el rendimiento que el trabajador tendrá al momento de que se retire.

De Morena, el diputado Marco Antonio Medina Pérez dijo estar a favor porque de un tiempo para acá se tienen fondos de inversión que están en la inercia de las inversiones, en deuda pública y a largo plazo y lo que se pretende es hacer una reforma que impulse los rendimientos. “Estamos comprometidos con un esquema mayor, por eso buscaremos las reformas que provean mejores rendimientos y mayores tasas de pensiones. “Vamos a trabajar en ello”.

Al mencionar los motivos de su voto en contra, el diputado Armando Reyes Ledesma (PT) puntualizó que es un instrumento de ley que hoy se cocina para privatizar el ahorro; de ser aprobado el dictamen atentaría contra el patrimonio de los trabajadores porque dará más facultades al sistema financiero para jinetear el capital. “Estamos en contra porque estamos convencidos que cuando los trabajadores no participan en las decisiones de su bienestar nunca van a ser protegidos”.

Del PES, la legisladora Adriana Lozano Rodríguez expresó su posición a favor porque, dijo, es una medida social que da a los empleados más y mejores opciones para que el ahorro trabaje en su beneficio. “No es tema de izquierda o de derecha, es de responsabilidad y buena administración. Sabemos que todos somos el futuro y presente de México. Un mejor nivel de vida es lo que pretendemos para todos, con ahorro que otorguen mejores pensiones”.

El diputado de Morena, Carlos Javier Lamarque Cano, afirmó que el propósito es actualizar el régimen de inversiones de las Afores, con el fin de que dispongan de mayor flexibilidad en la elección de instrumentos financieros que maximicen el rendimiento y mejoren el saldo acumulado de las cuentas de ahorro para el retiro. Pidió aprobar el dictamen porque se evitará que siga cayendo la productividad de los ahorros y dinamice parte importante de la economía del país.

Ruth Salinas Reyes, diputada de MC, reiteró que su fracción parlamentaria está en contra porque pretende generar un fondo para el gobierno, deja en total incertidumbre al trabajador y no otorga certeza, ya que los rendimientos son mínimos. “La reforma va en contra de la clase trabajadora y busca beneficiar a las empresas privadas, lo que redundará en rendimientos negativos de los trabajadores en contra de su patrimonio”.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala (sin partido) afirmó que la propuesta es un pequeño pero significativo paso porque al invertir parte de los fondos en deuda gubernamental e infraestructura, se logra que las pequeñas y medianas empresas tengan mayores beneficios, y agregó que al modificar las comisiones que se pagan por el manejo de cuentas, eventualmente se reflejará en comisiones más bajas, pasando de una comisión tasada de manera fija a la comisión única.

José Luis Montalvo Luna, legislador del PT, exhortó a sus colegas a votar en contra de la iniciativa y puntualizó: “No votemos a favor, no golpeemos el bolsillo de las y los mexicanos; démosle certidumbre a sus ahorros”. Enumeró las razones por las cuales no se debe votar a favor y subrayó: “Es un instrumento neoliberal para privatizar el ahorro; da más facultades al sistema financiero para jinetear el ahorro de los trabajadores y permite regalarle el ahorro de toda la vida de un trabajador a un administrador”.

Para hablar a favor, la diputada Dolores Padierna Luna (Morena) recordó que en 1997 cuando se crearon las afores votaron en contra, por lo que ahora, esta iniciativa tiene cinco importantes cambios en la ley que buscan mejores rendimientos. Destacó que la reforma establece que las comisiones se cobrarán en función de los resultados. “Ya no es como está ahorita que las afores cobran la comisión, independientemente de los resultados y de las minusvalías, ya no. Obtendrán comisiones si, y sólo si, aumentan los rendimientos”.

Del PRI, el legislador Carlos Pavón Campos consideró que no es positivo permitir que las Afores tengan mayor participación en los mercados porque pone en riesgo los recursos de millones de personas y compromete el futuro del país, y afirmó: “deberíamos de generar los mecanismos para que los trabajadores tengan un retiro digno, decoroso durante su vejez”.

Por Morena, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala reiteró su voto a favor porque apoyan la reducción en las comisiones al incentivar la búsqueda de instrumentos con mayores rendimientos. “Desde ahora los jubilados podrán tener un retiro digno y decoroso. En Morena nos hemos comprometido con el bienestar de los trabajadores. Con esta propuesta refrendamos nuestro compromiso y responsabilidad”.

Previamente, se rechazó una moción suspensiva de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) para que se convocara a un ejercicio de parlamento abierto a todos los interesados en el tema de seguridad social y pensiones, pues la reforma atenta contra los 62 millones de trabajadores que tienen cuenta individualizada para el retiro.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura del Estado, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el cual se exhorta a los Ayuntamientos de la entidad a resolver la problemática de laudos derivados de demandas laborales.

En defensa de los derechos de los trabajadores, los integrantes de la Jucopo acordaron que los municipios sí disponen de herramientas jurídicas para afrontar ese tipo de compromisos, como lo es la enajenación de bienes municipales de dominio privado, previa autorización del Cabildo y del Congreso o de la Diputación Permanente, o incluso de bienes destinados a un servicio público si éstos se convierten antes al dominio privado.

Asimismo, se podría utilizar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), siempre que en este caso sean registrados los adeudos derivados de laudos como obligaciones financieras y se incluyan en las propuestas de inversión correspondientes.

Del mismo modo, se realizó un llamado a los Ayuntamientos del Estado para que se capacite al personal encargado de dar por terminadas las relaciones laborales con sus trabajadores, con el propósito de no incurrir en violaciones a la ley, que deriven en despidos injustificados, susceptibles de ser combatidos ante tribunales.

Además, por conducto de las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, se exhorta a la realización de mesas de trabajo en las que se invite a participar a representantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, así como del Órgano de Fiscalización Superior, y a expertos en derecho laboral, a fin de encontrar alternativas de solución a la problemática imperante en esta materia.

Cabe destacar que dicho anteproyecto fue presentado el 19 de marzo de este año por la diputada Erika Ayala Ríos, a nombre del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México”, y al cual se adhirieron los diputados integrantes de los Grupos Legislativos de los Partidos Morena y Acción Nacional, así como de la bancada “Del Lado Correcto de la Historia”.

La presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad del Congreso de Veracruz, diputada Magaly Armenta Oliveros presentó un anteproyecto con punto de acuerdo que busca exhortar al titular de la Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado a que informe, a este Poder, las acciones realizadas para verificar que en la entidad sean respetadas las tarifas para el servicio de transporte público y, en caso de detectarse irregularidades, precise las sanciones aplicadas.

Durante la novena sesión ordinaria de la Diputación Permanente, la legisladora recordó que en días pasados circuló, en medios de comunicación y redes sociales, la inconformidad de usuarios del servicio de transporte público, principalmente en ciudades como Xalapa, Córdoba y Poza Rica, al señalar que los conductores de autobuses no respetaban la tarifa que se cobra a adultos mayores y estudiantes.

“El motivo que les expresaban los operadores, era que al ser días de período vacacional por la Semana Santa, no había razón para otorgarles el descuento que normalmente les aplican, pese a que los pasajeros se acreditaban, como suelen hacerlo, con sus respectivas credenciales”, explicó la legisladora.

En su intervención en tribuna, la integrante del Grupo Legislativo de Morena precisó que esta situación tiene su origen en la tolerancia de pasadas administraciones estatales, lo que permitió a los conductores infringir la normatividad aplicable, pese a las quejas constantes de los usuarios.

Agregó que este tipo de acciones afecta la economía familiar, por lo que exhortó a la autoridad correspondiente a investigar, y en su caso, sancionarlas conforme a lo establece la legislación y reglamentación en la materia.

Asimismo, informó que el titular de la Dirección General de Transporte del Estado, Ángel Alarcón Palmeros, declaró que ya han sido giradas las instrucciones para que la dependencia a su cargo supervise las unidades de transporte público, y de detectarse que no aplican el subsidio o incrementan la tarifa, habrá sanciones.

La diputada Armenta Oliveros manifestó su reconocimiento a los transportistas serios y comprometidos que cumplen puntualmente con lo previsto en el marco jurídico. “quienes así no lo hagan tengan la certeza de que el Gobierno Estatal no está dispuesto a permitir abusos y desacatos como sucedía en el pasado”, advirtió.

Por último, enfatizó que Veracruz vive tiempos de esperanza y de transformación, pero que sin lugar a dudas, el éxito a obtenerse, será posible consolidarlo con la participación entusiasta de todas y todos.