La LXV Legislatura, representada por su presidente, el diputado José Manuel Pozos Castro y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), a través del Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, firmó un convenio de colaboración para la implementación del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER).

En este evento, realizado en la Sala Venustiano Carranza y a la cual asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín y el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, diputado Eric Domínguez Vázquez, el legislador Pozos Castro agradeció al Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla, por la generosidad al compartir con el Congreso esta herramienta que –agregó- permitirá tener información veraz y oportuna.

Manifestó que el uso del SIGMAVER permitirá transparentar y estar en coordinación con el Orfis, “Se revisará no solo lo del presupuesto, sino los avances y el cumplimiento de obras de cada municipio, con lo que se verán buenos resultados”.

Tras expresar que el SIGMAVER es una herramienta que ha tenido reconocimiento nacional, el diputado José Manuel Pozos abundó que así como lo ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador y secundado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el principal problema que se tiene en México es la corrupción, “con esta herramienta se dará combate a este mal y habrá seguimiento al uso de los recursos de los ayuntamientos”.

Indicó que esta es la manera que se tiene que trabajar para construir un mejor Veracruz, “en colaboración y relación respetuosa, pero sobre todo de cooperación”.

En tanto, el diputado Eric Domínguez aseguró que la Comisión de Vigilancia de este Congreso acordó desde el primer momento, fortalecer los mecanismos de fiscalización existentes en la Ley, a través de las dos estructuras institucionales auxiliares que el Congreso tiene para vigilar el uso de los recursos públicos.

“Resulta difícil creer que la Secretaría de Fiscalización del Congreso desde que se creó este sistema no pudiera conocer de las operaciones presupuestarias y contables que generan los estados financieros de los ayuntamientos y organismos paramunicipales de una manera confiable, oportuna, comprensible, periódica y comparable”, abundó el legislador.

Añadió que es con trabajo y la correcta fiscalización de los recursos públicos como se contribuye a que haya más transparencia y rendición de cuentas por parte de todas las autoridades.

En tanto, el Contador Público Certificado, Lorenzo Antonio Portilla subrayó que el Orfis celebra este convenio, toda vez que tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación con la Secretaría de Fiscalización del Congreso y que permitirá mejorar la revisión, análisis, control, evaluación y vigilancia de la aplicación de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables.

Lo anterior a través de la homologación de procedimientos de auditoría, para lo cual se integrarán grupos de trabajos responsables de la interpretación de la normativa en materia de contabilidad gubernamental.

Asimismo, informó que el SIGMAVER es utilizado por 208 municipios, 14 entidades paramunicipales, seis órganos autónomos y que está en proceso de implementación en 49 entidades del Poder Ejecutivo. “Es decir en 96 por ciento de los entes fiscalizables sus estados financieros estarán armonizados, con base en lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.

Asistieron las diputadas Mónica Robles Barajas, secretaria; Florencia Martínez Rivera, María Esther López Callejas y Brianda Kristel Hernández Topete, así como el legislador Rodrigo García Escalante, vocales, de la Comisión de Vigilancia.

También el secretario de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, diputado Jorge Moreno Salinas; los Secretarios General, Domingo Bahena Corbalá y de Fiscalización, Diana Alicia Bellido Díaz.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, dictaminó a favor de la iniciativa de decreto por el que se declara el 25 de octubre de cada año como el “Día Estatal de las personas con talla baja”.

Las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete, Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente; avalaron la iniciativa de decreto presentada el pasado 29 de abril por el diputado Jorge Moreno Salinas, misma que será turnada a la Secretaría General para continuar su trámite legislativo.

La Cámara de Diputados celebró el Día Internacional de los Museos, que se conmemora el 18 de mayo, con el propósito de difundir el bagaje cultural y productivo milenario del que México forma parte.

Elías Robles Andrade, director del Museo Legislativo “Los Sentimientos de la Nación”, apuntó la relevancia de esta conmemoración, para reconocer e identificar a los museos como instituciones no sólo culturales sino ejes centrales que preservan las tradiciones de los pueblos autóctonos.

Son organismos de interés público, sin fines de lucro y medio para alentar el intercambio y enriquecer la cultura y abonar al entendimiento mutuo hacia una política de la paz y cooperación. Los museos son actores vivos en el desarrollo de la comunidad, afirmó.

Destacó la importancia de reflexionar sobre la tradición que representa el pulque en el país, no sólo por ser una bebida autóctona, sino porque encierra elementos rituales de gran interés.

Como parte de esta celebración, asistió al Palacio Legislativo de San Lázaro, la directora del Museo del Pulque y las Pulquerías, Allin Reyes, quien destacó la tradición prehispánica de la elaboración de esta bebida, que data de hace dos mil 300 años, vestigio arqueológico que identifica a raspadores de obsidiana en Tulancingo, Hidalgo y Teotihuacán, estado de México, cuya extracción artesanal de aguamiel prevalece hasta nuestros días y no ha sido sustituida con otra técnica para procesarlo porque no existe.

Refirió la importancia de incentivar y reactivar la economía del campo a través de la producción y venta del pulque con la siembra de magueyes, combatir el abandono del agro por la migración y eliminar las trabas para abrir una pulquería.

Esta bebida autóctona, dijo, se exporta en forma embotellada y enlatada a Alemania y Estados Unidos desde hace una década y la producen dos ranchos mexicanos. Resaltó que el potencial del pulque no se ha aprovechado y requiere el rescate, revalorización y erradicación de los mitos de desprestigio a su alrededor.

Asimismo, se impartió la ponencia “El pulque como bebida ritual entre los antiguos mexicanos”, por Daniel Cervantes Ixtleyo, representante de la Pulquería y del Colectivo Cultural Coyote Cósmico.

Urgió rescatar la tradición productiva y cosmogónica de esta bebida blanca y espesa de singular sabor, utilizada por nuestros ancestros indígenas como un licor ritual, extraído del agave Salmiana, denominado aguamiel.

“Beberlo no es sólo una moda sino una costumbre milenaria y cosmogónica, que implica autoconocimiento y une con la Divinidad”. Existen vestigios en Códices de que los antiguos mexicanos, le cantaban al pulque y al maguey en reconocimiento a su gran valor espiritual. Plasma las más hondas raíces indígenas, de cuyo maguey, madurado después de ocho o diez años, provee el delicioso néctar.

Cervantes Ixtleyo relató las leyendas antiguas de diferentes dioses vinculadas al pulque, el cual sólo lo podían consumir los sacerdotes, ancianos, gobernantes, guerreros y los nobles de los pueblos originarios, sólo en la celebración de algunas fiestas era convidado al pueblo, ya que era considerado como una un elixir de singulares características.

César Ponce, presidente de la Asociación Nacional de Pulquerías, resaltó la importancia de heredar los secretos de la producción a las nuevas generaciones, a fin de preservar las técnicas prehispánicas que se siguen utilizando sin alterarse, y que son parte del legado espiritual que representa esta singular bebida, extraída del aguamiel y procesada en el tinacal para lograr la fermentación, con lo cual la convierte en una bebida viva.

Es necesario que la Secretaría de Salud, por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, verifique y agilice la compra y distribución de medicamentos destinados al tratamiento de cáncer, en apoyo a los pacientes con esta enfermedad a nivel nacional, ante el desabasto de este tipo de fármacos en diversas entidades del país.

La diputada Clementina Marta Dekker Gómez, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, al presentar el exhorto a la dependencia federal aseguró que se ha detectado dicho faltante, pese a que la interrupción de tratamientos incide directamente en el deterioro de la salud de los pacientes, como una recaída más severa o incluso la muerte.

La legisladora por Chiapas enfatizó la preocupación de los enfermos y sus familias por la falta de medicamentos desde hace meses en diversas instituciones públicas de salud, donde solamente les han dicho que los laboratorios no han surtido debido a que existen impedimentos en las aduanas para su ingreso.

“Resulta indispensable unir esfuerzos para que la distribución de estos medicamentos se realice de forma inmediata y sin ningún fin de lucro” afirmó.

Es lamentable el desabasto de medicinas para pacientes diagnosticados con cáncer, enfermedad que es la segunda causa de muerte en el mundo y una de cada seis defunciones se debe a este padecimiento, subraya el exhorto turnado a la Comisión de Salud.

Refirió que cerca del 70 por ciento de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos. Únicamente uno de cada cinco naciones en este rango dispone de los datos necesarios para impulsar políticas de lucha contra la enfermedad.

Una vez detectado el padecimiento, los tratamientos son variados y dependiendo del avance que se tenga, se identifican diferentes tipos de alternativas: cirugías, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapia hormonal, trasplante de células madre y medicina de precisión.

El cáncer es una enfermedad que representa una alta tasa de mortalidad a nivel mundial y su detección temprana o el tratamiento adecuado hacen una gran diferencia en el resultado final, concluyó la legisladora del PT.

México ha sido promotor y líder mundial en la instrumentación de políticas públicas para hacer frente al problema del cambio climático. Sin embargo, la evidencia muestra que los logros obtenidos han sido limitados, destacó el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados.

Indicó que las emisiones de gases efecto invernadero del sector agropecuario se han incrementado de manera sustancial, pero como los expertos lo han pronosticado, “si no se logran estabilizar las emisiones, el impacto del cambio climático en la producción agropecuaria y en la vida rural tendrá consecuencias negativas”.

En el documento “El cambio climático y el sector agropecuario en México”, el CEDRSSA puntualizó que una recomendación radica en desarrollar estrategias de adaptación, toda vez que el cambio climático es un fenómeno difícilmente revisable y que se intensificará en el futuro.

Las áreas agrícolas de temporal en México, añadió, tienen que adaptarse a un escenario de más temperatura y menos agua; de aquí que las tecnologías de producción actuales y futuras deberán adecuarse a condiciones de escasez.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la agricultura en México puede verse afectada por la presencia de plagas, insectos y eventos meteorológicos extremos a causa del cambio climático.

Además, el estudio “Variabilidad y cambio climático”, publicado por el INECC, menciona que el aumento de la temperatura afectará el crecimiento de algunos cultivos, sobre todo si crece el consumo de agua y la proliferación de plagas.

Detalla que la agricultura en México está en 22 millones de hectáreas; es decir, 11 por ciento del territorio nacional, de las cuales 5.7 millones son de riego y 16.3, de temporal.

El sector agropecuario es el principal usuario del agua y del suelo, pues el cultivo de riego utiliza 78 por ciento del líquido. Esto refleja el impacto de su disponibilidad en la producción de alimentos.

También la agricultura de temporal y el sector primario en general son vulnerables a los efectos del cambio climático, pues disminuirán las áreas aptas para cultivos y habrá deterioro del rendimiento para una amplia gama de siembras.

El CEDRSSA subrayó que, como medidas de adaptación para México, América Central y el Caribe se ha propuesto la gestión integral de suelos y de recursos hídricos, capacitación a los agricultores sobre el cambio climático, fomento de buenas prácticas agroecológicas, diversificación de cultivos, incluyendo variedades resistentes y rescate de semillas criollas.

Conforme con el documento “México: El sector agropecuario ante el desafío del cambio climático”, citado por el CEDRSSA, se proyectan algunos de los impactos de este acontecimiento en las actividades agropecuarias, estimando a través del impacto de variaciones en la temperatura, precipitación y de la presencia de efectos climatológicos extremos como heladas, sequías, huracanes y lluvias extremas en las diferentes regiones geográficas de México.

Con la finalidad de que conozcan y se familiaricen con el uso de las herramientas que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece; el personal que laboran en las diferentes áreas de la Coordinación de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca, del Congreso del Estado de Veracruz, participan en el curso-taller Productos de Información Estadística y Geográfica en el Sitio del INEGI en Internet.

Este curso-taller, es impartido por la responsable de Fomento a la Cultura Estadística y Geográfica de la coordinación estatal del INEGI, Amparo Ruiz Delfín, y permitirá al personal de esas áreas, que encabeza Miguel Ángel Andrade Huerta, integrar, construir, consultar, interpretar y analizar la información geográfica y estadística, que ofrece el INEGI en su página Web.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados destacó que los cambios al sistema tributario mexicano han tenido resultados favorables: incrementó su eficiencia y eficacia, e incluso mostró avance en la equidad, así como en su búsqueda por aumentar la disponibilidad de ingresos propios y reducir la pérdida de los fiscales por acciones de evasión.

Sin embargo, precisó, quedan acciones por realizar, porque a pesar de que existe tendencia negativa en la evasión, su persistencia vulnera la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.

En el estudio “El pago de impuestos y la evasión fiscal en México”, el CEFP consideró conveniente impulsar una política encaminada a ampliar la base de contribuyentes, disminuir la evasión y elusión, revisar las acciones tributarias de regímenes especiales, además de crear medidas de seguridad y certeza jurídica para la autoridad y contribuyentes.

Mencionó que hasta antes de 2014, las fuentes de ingresos mostraron tendencia a la baja, debido, en gran medida, a la magnitud de la informalidad de las actividades económicas, las diversas formas de beneficios fiscales y los altos índices de evasión, lo cual originaba que las finanzas fueran altamente dependientes de la actividad petrolera, y que los ingresos oscilaran según la volatilidad del precio del petróleo.

A partir de 2015, con las reformas energética y la hacendaria, el Estado buscó aumentar su capacidad financiera con ingresos estables y permanentes, mediante una estructura impositiva equitativa que permitiera mejorar la distribución de la carga fiscal y reducir la dependencia de los ingresos petroleros. Durante este periodo, los ingresos petroleros representaron, en promedio, el 18 por ciento del total de los de origen presupuestario.

Puntualizó que después de 2010 y, particularmente, tras la implantación de la reforma fiscal de 2014, la tasa de evasión se redujo del 37.1 al 16.1 por ciento en 2016.

Esta caída se debe, particularmente, al aumento de sanciones aplicadas por defraudación fiscal y por los cambios realizados en materia de los impuestos Sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y el Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que fortalecieron el sistema tributario y, por ende, redujeron los niveles de evasión.

El CEFP resaltó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aplicó acciones para inhibir este delito, que han tenido avances significativos. Por ejemplo, el promedio de evasión de sus 38 países integrantes, en 1999 fue de 6.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), monto que se redujo considerablemente en 2009, al 4.8 por ciento.

Tras la crisis de 2008, la evasión tuvo un incremento considerable de 6.4 puntos porcentuales. Pasó de 34 por ciento, en ese año, a 40.4 por ciento en 2009, producto de un incremento en los incentivos a evadir, derivado de la reducción del ingreso agregado, así como el otorgamiento de facilidades para que los contribuyentes pudieran optar por pagar, en parcialidades mensuales iguales y sucesivas, los impuestos retenidos y trasladados, lo que redujo la eficiencia fiscal.

Además, expone que entre 2010 y 2018 la facturación creció en 31.8 por ciento anual. Pasó de 760.3 millones de facturas a seis mil 928 millones, lo que muestra la eficiencia de la implantación del Comprobante Federal Digital en la formalización de la recaudación, pues está en línea con el crecimiento de los ingresos tributarios.

Entre 2011 y 2013 las declaraciones anuales tuvieron inclinación a la baja, producto de la complejidad del proceso y los bajos incentivos a realizarla, lo que redujo esta actividad en un millón 417 mil 577 declaraciones, en esos dos años.

A partir de 2014, tras la reforma hacendaria, mejoró el sistema de declaración anual, con la incorporación del portal de Internet y las automáticas, que facilitaron el mecanismo de fiscalización, basándose en la información recabada a través de los Comprobantes Fiscales Digitales.

Lo anterior, sumado al incremento en devoluciones y deducciones por pago de transporte escolar, colegiatura y gastos funerarios, médicos y dentales, incentivó el manejo de las declaraciones anuales, que creció a una tasa media anual de 12.5 por ciento, y llegó a nueve millones 56 mil 678 declaraciones, en 2018, cuatro millones 32 mil 87 más que en 2013.

El Presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, encabezó la reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en donde se definió la metodología para el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

El pasado 30 de abril la Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo federal el PND y lo turnó a las 46 comisiones para que, en un plazo de 30 días naturales, procedieran al análisis y estudio correspondiente.

El propósito, subrayó Muñoz Ledo, lo establece con claridad la ley: la Cámara de Diputados podrá aceptar o rechazar el Plan. “En caso de aceptarlo, le puede hacer observaciones. Esa es la visión constitucional y legal que nos compete”.

En la reunión, a la que asistieron presidentes de comisiones ordinarias, se hizo una clasificación de los distintos capítulos y a qué comisiones corresponde dar opinión respecto del documento.

Muñoz Ledo precisó que “se puede emitir una opinión colectiva, o por comisión. De hecho, varias de ellas ya han tenido reuniones, porque el proceso ya arrancó”.

El diputado Presidente expresó que se harán observaciones sobre el texto; es decir, “en esto estoy de acuerdo, aquí le falta tal. Esas observaciones regresan al Ejecutivo, él si las considera, las incorpora al texto. Ese es el procedimiento legal”.

Recordó que el análisis del PND atiende al artículo 26 constitucional el cual se refiere a la soberanía, la independencia y el desarrollo económico.

Finalmente, anticipó que es necesario que en el mes de junio se lleve a cabo un periodo extraordinario para atender puntualmente el tema; sin embargo, dijo, es un asunto que se planteará en la Mesa Directiva. “Yo creo que dos (períodos) sería lo más indicado, pero tenemos que acordarlo con el Senado de la República, porque es bicameral”.

El PND fue enviado a la Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 26 de la Constitución Política; 5 y 21 de la Ley de Planeación, así como el Segundo Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de Febrero de 2018.

El diputado Sergio Mayer Bretón (Morena) planteó reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de sustitución y remplazo de materiales desechables, con el fin de establecer medidas que disminuyan el consumo de plástico, uno de los contaminantes principales del medio ambiente y mares.

La iniciativa propone incorporar dentro del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, acciones de toma de conciencia para la población en general sobre los riesgos del uso de materiales de polímeros y generar acciones de identificación, investigación e inversión destinadas a la sustitución y reemplazo de productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos.

Cita que corresponde a entidades federativas y municipios, llevar a cabo acciones de vinculación y toma de conciencia entre los sectores privado, social, académico y de investigación que conduzcan al reemplazo de materiales desechables.

Establece que el Programa implantado por la Secretaría del ramo, deberá tomar en cuenta acciones que conlleven a la sustitución de productos contaminantes, por otros de similares características biodegradables.

Agrega que deberá poner énfasis en productos y materiales de uso desechable para consumo, fabricados a partir de polímeros; para uso de embalaje, empaque y similares fabricados a partir de papel y aluminio, y de material fabricado para envasado de alimentos, líquidos y similares.

Asimismo, considerará dentro de sus acciones la participación de los sectores privado y social con el objeto de implantar medidas de toma de conciencia sobre el uso de estos materiales.

También, deberá contar con la participación de sectores académicos y de investigación con el objetivo de vincular su labor con la planta productiva nacional, para reemplazar los desechables con otros similares de características biodegradables.

La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria expone que de acuerdo a la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, en México, alrededor de 12 por ciento de la basura, es plástico; esto equivale a aproximadamente 10 mil 350 toneladas diarias, de las 86 mil 343 del total de basura que se produce.

De estas, más de 10 mil toneladas de residuos sólidos terminan en tiraderos de basura, así como en cuencas altas, medias y bajas, ocasionando con ello que llegue a los cuerpos de agua.

Considera que el impacto económico que genera esta polución puede ser catastrófica para sectores de la economía como la pesca y el turismo; la pesca se afecta por la desaparición de especies y reducción de las poblaciones debido a la mortalidad que produce la polución en los mares.

La contaminación de playas reduce la afluencia turística de algunos sitios y obliga a los gobiernos a desarrollar grandes planes de inversión para la limpieza de playas. Tanto por el impacto ambiental como el económico, es urgente para nuestro país tomar acciones decididas para limitar el consumo de plástico”.

El documento cita que los bajos costos de producción y accesibilidad, generan que el plástico sea imprescindible en casi todas las industrias y en la mayor parte de los productos de consumo humano, lo que ha disparado su producción global en los últimos 50 años y llevado a una situación delicada en materia de gestión de residuos debido a que tienen un tiempo de degradación de hasta cientos de años.

De acuerdo con la asociación Greenpeace, “como consecuencia de una mala gestión de los residuos o de su abandono, unos 8 millones de toneladas de plásticos acaban en los mares y océanos anualmente, formando 60 a 80 por ciento de la basura marina”, cada segundo, doscientos kilos de basura van a parar a los mares. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los océanos del mundo contienen 18 mil fragmentos de plástico por kilómetro cuadrado.

La iniciativa turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su análisis, adiciona la fracción XIV del artículo 1, fracción V del artículo 3, fracción XXIX recorriéndose la subsecuente del artículo 7, los párrafos tercero, cuarto y quinto recorriéndose los subsecuentes del artículo 25, fracción IV Bis del artículo 26 y fracción II Bis del artículo 96, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Durante el Segundo Foro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, el diputado Agustín García Rubio (Morena) afirmó que, en el caso de la violencia de género que aqueja a las mujeres, es determinante hacer cumplir la Constitución y, en el contexto de una visión parlamentaria de puertas abiertas y cercana a la gente, tener espacios de participación donde se escuche a la ciudadanía y encontrar soluciones a esta problemática.

Al dar la bienvenida al acto, manifestó su compromiso de luchar por una sociedad libre de violencia y un clima donde la mujer ejerza plenamente sus derechos y sea respetada por todos.

Señaló que la Constitución establece la igualdad entre mujeres y hombres ante la ley, por lo que es obligación que esos preceptos se cumplan. “Estoy seguro de que si observamos los mandatos de respeto y justicia, los demás se realizarán espontáneamente”, consideró.

Al participar, la diputada María Elizabeth Díaz García (Morena), secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, enfatizó que nuestro país es altamente feminicida y diariamente se cometen 10 de los 11 feminicidios que suceden en América Latina.

En su ponencia “El feminicidio en México”, refirió que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo de 2019 se cometieron 227 feminicidios, un promedio de 10 por día, y se registran 637 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso. Precisó que los estados con los índices más altos de feminicidios son: Veracruz con 46; estado de México, 21; Sonora, 20; Puebla, 15; Nuevo León, 13; Jalisco y Chihuahua, 11, respectivamente.

La legisladora también manifestó su preocupación por el robo de niñas y adolescentes que está ligado, en el 70 por ciento, a la explotación sexual. Mencionó que en Ecatepec se tienen reportes de niñas robadas todos los días.

Comentó que en la Comisión de Igualdad de Género se trabaja para redactar leyes que erradiquen la violencia y reconoció que existen protocolos, pero no los suficientes, por lo que se tienen que reforzar los marcos jurídicos. Por ello, dijo, promueve una ley general contra el feminicidio, a fin de contar con una norma clara, precisa y que englobe todas las acciones para erradicar esta violencia.

Resaltó la necesidad de realizar acciones gubernamentales que atiendan la problemática; por ello, señaló, desde la Presidencia de la República se impulsará el Plan emergente para garantizar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México. El objetivo es asumir como problema de Estado la prevención, sanción, reparación del daño, erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, así como colocar en el máximo nivel de decisión esta responsabilidad.

Invitó a seguir trabajando en el Legislativo para que “un día nacer niña en este país deje de ser un peligro mortal”. Expresó su compromiso con las mujeres para realizar acciones tendentes a buscar la erradicación, sanción y reparación del daño para las víctimas de violencia.

De la organización no gubernamental La Cabaña de la Sabiduría, AC, Grisell Pérez Rivera, señaló que es necesario homologar las leyes generales de Víctimas, con la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la de Igualdad para Mujeres y Hombres, la de Desaparición Forzada, Desaparición Forzada por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, para cumplir las recomendaciones urgentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales deben acatarse a un año, de lo contrario México quedará fuera de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Añadió que se requieren medidas de protección a las y los menores huérfanos a consecuencia del feminicidio, y salvaguardar sus derechos humanos ante este crimen de Estado.

Dijo que la ONU ha reconocido al feminicidio como un crimen de lesa humanidad, y manifestó su preocupación ante la falta de sensibilización y capacitación de servidores públicos frente a este tema tan delicado. Además, la Constitución establece que las autoridades deben promover, respetar y garantizar los derechos humanos y, si no son respetados, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos.

Con la ponencia «Feminicidio, conjunto de violaciones a derechos humanos», la consultora independiente, Mariana Franco González, expresó que este delito representa la fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad, por lo que es un crimen de Estado.

Lamentó que a pesar de la recomendación y acciones para impedir que estos casos sucedan, se repiten; por ello, urgió a analizar las políticas públicas y los presupuestos que ya se han aplicado; es decir, si tienen que ser reforzados para dar continuidad a esta lucha.

Se pronunció por atacar tanto la impunidad como la falta de acceso a la justicia, porque “estos casos se siguen presentando y, esto es por la feminización de la pobreza; no hay datos de cuántas mujeres están en ella; se debe acabar con la desigualdad de género, a efecto de tener un mecanismo de no repetición a violaciones a derechos humanos”.

Al abordar el tema “La indolencia, un camino al feminicidio», Gabriela Amores, abogada feminista, destacó que el patriarcado es lo que “nos tiene aquí, gritando justicia; ha impedido visualizar lo que hemos hecho las mujeres, y en las casas donde no quiere salir, nos está costando la vida de una de nosotras”.

Añadió que en el país se registran 10 asesinatos de mujeres al día; 80 por ciento del feminicidio es a causa del esposo o novio, y la violencia familiar está en números rojos y no se ha visualizado para decir que también es un paso al feminicidio.

Pidió dar cumplimiento al artículo 20 constitucional, porque muchas mujeres son violentadas en los juzgados familiares y las fiscalías por servidores públicos que carecen de perspectiva de género. “Estamos cansadas de las agresiones; no podemos seguir siendo sólo páginas en los diarios; exijo justicia para todas nosotras”.

Elizabeth Machuca Campos, hermana de una mujer asesinada en 2017, comentó que han pasado 556 días de total impunidad y el 8 de mayo de 2018 detuvieron al asesino de su hermana y hoy aún no hay una sentencia. Exigió a las autoridades, en cada ámbito de su competencia, que también promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos constitucionales e internacionales de los huérfanos del Estado.

Durante el foro se escucharon los testimonios de familiares, madres, hermanas, hijas e hijos de mujeres asesinadas o desaparecidas, quienes pidieron que estos actos no queden impunes y se fortalezca el apoyo a los deudos de las víctimas de esos delitos.

La diputada Anita Sánchez Castro (Morena), secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, dijo que es un compromiso de la instancia legislativa sacar adelante la reforma laboral en materia de outsourcing y el artículo 123 Constitucional, apartado B.

“Lo asumimos en la Comisión y ya estamos trabajando con abogados. Es importante decir que estos temas son dos ejes pendientes de inclusión en la reforma”.

Recordó que en la reforma laboral ya se incluyó la libre sindicación, asociación colectiva y democratización de los sindicatos del apartado B, “cosa que no se tenía contemplada. Es necesario armonizar la ley para poder reformar dicho artículo, tenemos que trabajarlo e impulsarlo porque es una lucha de más de 100 años dentro del sindicalismo”.

Puntualizó que hablar del sector político-sindical, significa transformar la conciencia para llegar a un mejor vivir a través de las leyes. “Es tiempo de aprender, leer y vigilar que la legislación se cumpla, y de todos depende que esto se logre. Tenemos mucho por hacer, esto es una revolución de conciencias, hay que rescatar el verdadero sindicalismo porque se perdió la esencia principal”.

Durante el segundo encuentro de síndicos en el que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena presentó sus propuestas para reformar el ámbito laboral, la legisladora afirmó que la emigración ha despoblado a varias comunidades del país y cambió las características demográficas y la pirámide mexicana, transformando los pueblos en residencias, principalmente de viejos, niños y mujeres que viven de las remesas de la emigración.

En la evolución de los movimientos sociales se observan los grupos indígenas y sus diversas manifestaciones, el conservador y desesperanzado, constituido por la migración masiva hacia Estados Unidos; el cívico contra el fraude y la prepotencia ilegal del aparato estatal.

“Hoy vemos a un movimiento obrero que empieza a liberarse de los lazos burocráticos y corporativos que ataban a los sindicatos al gobierno y sometían las bases a direcciones particularmente corruptas y autoritarias”.

Existe igualmente el movimiento campesino formado por comuneros, pequeños campesinos y ejidatarios que están superando las viejas direcciones campesinas del PRIAN-PRD y corporativas.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) se congratuló porque los sindicatos busquen vincularse con la formación política de todos los trabajadores de México, lo cual es de suma importancia, pues puede reconfigurar la organización laboral del país.

“La Cuarta Transformación requiere de ciudadanos capacitados en materia política, pues de ello depende un real avance en los derechos sociales y laborales del país”, argumentó la legisladora.

Rafael Barajas (El Fisgón), director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, habló sobre el propósito de la academia y expresó que el pueblo ha sido maltratado en muchas ocasiones a través de la historia, por ello, se ha tenido que organizar para defender sus derechos.

Afirmó que en el proceso de transformación de los sindicatos, se tiene que analizar qué función han tenido, “hay que hacer una revisión crítica de su comportamiento, y nos encontraremos con cúpulas sindicales que en vez de defender a los trabajadores y los salarios, lo que hicieron fue reciclar su sindicato como una empresa de negocios”.

Consideró que para impulsar la democracia sindical, es importante generar políticas responsables y aprender a cogobernar. Se tienen que revisar cuáles son las prácticas que se han tenido en los sindicatos y dañan a la sociedad.

Agregó que el plan de trabajo del Instituto, contempla formar círculos de estudio por ramos de interés y formar a los trabajadores y dirigentes en una nueva cultura democrática. “Tenemos que estudiar, revisar, autoanalizar y pensar para el futuro, organizar el pensamiento”.

El profesor José Antonio Rueda, fundador del sindicato de trabajadores de académicos de la Universidad de Chapingo, expuso el diagnóstico y las propuestas para fortalecer al sindicalismo. Dijo que es fundamental impulsar la autonomía del movimiento e impulsar un piso legal parejo para todos sin sindicatos preferidos y sin ninguna pretensión extralegal para proteger a algún líder.

“Es una medida de fondo que busca reposicionar a los sindicatos como un instrumento valioso para la defensa del trabajador, de sus intereses, para la organización social y articular una serie de medidas que den como consecuencia la seguridad del trabajo”.

Subrayó que se debe acabar con el sindicato como una estructura de control y subordinación y propiciar una tendencia que revierta los efectos de la precarización del trabajo.

Agregó que otro de los objetivos es acabar con la corrupción laboral, pobreza extrema, el trabajo sin derechos, inestabilidad e inseguridad laboral, la zozobra para el retiro y garantizar con ello una vida digna.

“Hay algunos aspectos de la legislación anterior que aún prevalecen, como es eloutsourcing y se tiene que cerrar este capítulo porque no pueden continuar los trabajos de semi-esclavos”.

El nuevo marco legal y la revitalización de la vida sindical, es marco propicio para constituir nuevas formas de organización y asociación de distintas organizaciones de trabajo. “Es urgente que se reconstituya la posibilidad de grandes asociaciones de trabajadores. Es importante que el nuevo sindicalismo emergente, democrático y con compromiso social, se re-articule a nivel nacional”.

Arturo Ramos Pérez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que en esta nueva administración, los trabajadores sean actores políticos y activistas sociales, pues ello permitirá construir un sindicalismo democrático, desde una perspectiva de los derechos humanos.

La también académica de la UNAM, María Teresa Lechuga Trejo, mencionó que el conocimiento sobre el sindicalismo coadyuvará a que se termine, la concepción de que los trabajadores terminen con su opresión y dejar de asumir que son explotados y que no hay manera de mejorar sus condiciones; por ello, propuso crear una escuela donde se capacite al sector productivo.

En tanto, el especialista en litigio laboral, Alberto Ramírez García, expresó que con las recientes reformas en materia del trabajo, se logrará cambiar la relación laboral en el país, porque logra que los empleados ejerzan de manera libre su vida sindical; de manera libre y democrática. Sin embargo, añadió que es necesario que el Congreso analice detenidamente el outsourcing.

El Pleno de la LXV
Legislatura del Estado aprobó, con 41 votos, la iniciativa que presentó el
pasado 4 de abril el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez con la que se
reforma la fracción X del artículo 6 de la Ley de Turismo para el Estado de
Veracruz, para establecer como atribución de los ayuntamientos, el formular y
conducir la política municipal de información y difusión en materia turística,
enfatizando en sus riquezas naturales, costumbres, tradiciones, cultura,
historia, gastronomía y trabajo artesanal.

Este Dictamen, aprobado durante la cuarta sesión
ordinaria del Congreso del Estado, celebrada este jueves 16 de mayo, señala que
el municipio es el primer vínculo entre gobernantes y gobernados, y esta
cercanía permite identificar, atender y solucionar las diferentes problemáticas
de su población con mayor certeza.

En entrevista, el legislador expuso que la fracción
X del artículo 6 de la Ley de Turismo solo refería como atribución del
Ayuntamiento el formular y conducir la política municipal de información y
difusión en materia turística.

Por lo que con esta modificación -agregó el diputado
del Grupo Legislativo de Morena- los ayuntamientos deberán poner especial
énfasis en elementos como las riquezas naturales, costumbres, tradiciones,
cultura, historia, gastronomía, trabajo artesanal e incluso los pueblos
originarios y afro mexicanos que prevalecen en el Estado de Veracruz, mismos
que coadyuvan al crecimiento económico, disminución de la pobreza y las
desigualdades.

Asimismo, refirió que la actividad turística debe
enfocarse al desarrollo armónico con la realidad social y cultural de la zona,
respondiendo a los recursos culturales presentes en esta y permitiendo su
fortalecimiento sin menoscabar la cultura originaria, lo que se traduce en
pertinencia sociocultural.

Manifestó que el turismo es una actividad que
implementada de forma clara, con el adecuado financiamiento e inversión en
infraestructura y recursos humanos, puede incidir directa o indirectamente en
los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.

Por último, el diputado Henri Christophe Gómez
agradeció el respaldo de las diputadas y diputados de la LXV Legislatura, ya
que con esta reforma serán beneficiadas cientos de familias que a lo largo de
la entidad se dedican a alguna actividad turística.

Durante su intervención en la cuarta sesión
ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada del Grupo Legislativo de Morena,
Margarita Corro Mendoza, se pronunció por el rescate cultural y social de los
pueblos Chinantecos y Mazatecos de la Cuenca del Papaloapan.

La legisladora
por el Distrito XXIII de Cosamaloapan, dijo que
estos pueblos bajo intereses gubernamentales de la federación de hace
más de 60 años, se les ordenó abandonar sus tierras bajo el nombre de
“reacomodo”, por lo que en entre la zona de Oaxaca y Veracruz aparecieron
pueblos sin nombre, solo números con el objetivo de que sus habitantes
perdieran las raíces de sus lenguas y cultura.

Asimismo,
aseguró que tanto Chinantecos como Mazatecos, al paso de los años, recuperaron
sus tradiciones y no perdieron su lengua; además comprendieron sus derechos
como pueblos originarios exigiendo al gobierno federal, estatal y municipal el
respeto a sus elementales derechos humanos: lengua, formas organizativas,
representación y el reclamo constante para recibir los apoyos prometidos ante
el reacomodo forzoso.

Afirmó que, hoy en día, el Congreso del
Estado, siendo la “casa del pueblo”, rinde tributo a estos pueblos originarios abriendo
sus puertas para exponer la policromía de sus artesanías y la música de su
lengua, que denota al río, al ave, a la mariposa y a la libertad, y que artesanos de los cinco poblados de San
José Independencia, trabajan diariamente preservando su cultura.

La
legisladora, se sumó al reclamo de justicia para solicitar a los poderes del
Estado, el cumplimiento cabal de la palabra empeñada hace más de seis décadas
para que se diseñen políticas públicas o programas especiales que permitan un
desarrollo sustentable a estos pueblos hermanos.

Previo a la cuarta sesión ordinaria se llevó
a cabo la inauguración de la exposición de las artesanías de los pueblos
Chinantecos y Mazatecos, en este evento estuvieron presentes el presidente de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro,
el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín,
diputados integrantes del Grupo Legislativo de MORENA, así como Jorge Alberto
Chávez Méndez, en representación del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros
Burgos, además de regidores y agentes municipales de la zona.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura
aprobaron la Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz cuyo objeto
es establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin
de garantizar que el gasto en esta materia cumpla con los criterios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; que sean respetados
los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan
los presupuestos de egresos respectivos, así como la creación de un Padrón
Estatal de Medios de Comunicación.

Este Dictamen, puesto a consideración por la
Comisión Permanente de Gobernación durante la cuarta sesión ordinaria, registró
30 votos a favor (Morena, Del Lado Correcto de la Historia” y PRD-MC), 12 en
contra (PAN) y tres abstenciones (PRI-PVEM).

Con esta Ley –resultado de la iniciativa que
presentó a esta Soberanía el pasado 2 de mayo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez-
será creado el Padrón Estatal de Medios de Comunicación. La información
contenida en este padrón será pública y accesible a distancia. De igual manera
se establece que el empadronamiento en ningún caso, por ese solo hecho,
implicará la obligación de contratación por parte de los entes públicos.

En el aspecto relativo a Reglas de la Comunicación
Social se establece que las campañas de la materia deberán promover la difusión
y conocimiento de valores, principios y derechos constitucionales; impulsar el
turismo, educación, salud y protección civil, entre otros; informar a los
ciudadanos de sus derechos y obligaciones, de aspectos relevantes del
funcionamiento de los sujetos obligados y de las condiciones de acceso y uso de
los espacios y servicios públicos.

Así como anunciar las medidas preventivas de riesgos
o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la
salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente;
difundir lenguas originarias y el patrimonio histórico del Estado y comunicar
programas y actuaciones públicos.

Por otra parte se indica que las campañas de
comunicación social evitarán difundir contenidos tengan por finalidad destacar,
de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier
servidor público (con excepción de lo previsto en el artículo 14 de esta Ley).

Además evitarán incluir mensajes discriminatorios,
sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales;
incitar a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico e
inducir a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o
imágenes utilizadas por cualquier organización política o social.

La comunicación social que difundan los entes
públicos no podrá incluir mensajes que impliquen ataques a la moral, vida
privada o derechos de terceros, provoquen algún delito o perturben el orden
público.

Las campañas de comunicación social deberán
considerar el uso de la Lengua de Señas Mexicana por medio de un intérprete o
subtitulaje, así como de textos o tecnologías que permitan el acceso a los
contenidos de comunicación social en televisión o video a las personas con
discapacidad auditiva.

Se procurará que las campañas de comunicación social
se transmitan en versiones y formatos accesibles para personas con
discapacidad.

Para la difusión de mensajes que atiendan
situaciones de carácter contingente, los entes públicos deberán sujetarse a las
disposiciones del presupuesto de egresos del Estado o a sus presupuestos de
egresos respectivos, así como a su programa anual de comunicación social.

Se establece que durante el tiempo que comprendan
las campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social
en los medios de comunicación.

Los entes públicos deberán poner a disposición del
público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de Internet, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información sobre los montos destinados a gastos relativos a
campañas de comunicación social desglosada por tipo de medio, proveedores,
número de contrato y concepto o campaña, de conformidad con la legislación
aplicable.

En los posicionamientos y a nombre del Grupo
Legislativo de Morena, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi adelantó
el voto a favor del Dictamen, ya que esta Ley –agregó- está acorde a lo
mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que
establece mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas del gasto
destinado a comunicación social, “se erradica la difusión de mensajes
encaminados a la promoción personal”.

Subrayó que se evitará el gasto discrecional y
genera igualdad en la contratación de espacios de medios de comunicación.

En tanto, la diputada María Josefina Gamboa Torales,
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó el voto en
contra, al considerar que esta legislación contraviene la ley federal y
ejemplificó la creación del Padrón Estatal de Medios, instancia que ya está
contemplado en la Ley General.

La
Dra. Mónica Mendoza Madrigal es la nueva encargada del Centro de Estudios para
la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado.

Con
cerca de 20 años trabajando en temas de género, específicamente en la línea de
participación política femenina y el combate a la violencia de género, la Dra.
Mónica Mendoza se convierte en la tercera encargada del CEIGDH desde su
creación en el año 2014.

Ya
integrada en las tareas legislativas, informó que estará pendiente de la
aprobación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del
Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en el Congreso del Estado, presentado el
4 de abril pasado, como parte de la Estrategia de Coordinación Estatal “Cero
Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz”.

Explicó
que una vez aprobado, el CEIGDH deberá formar parte del comité responsable de
instrumentar el Protocolo que permita regular la convivencia interna.

Otro
asunto pendiente es la Iniciativa de Decreto presentada por la diputada Mónica
Robles Barajas, que modificaría 52 artículos del Código Civil para el Estado de
Veracruz, reformas que se traducirían en un avance significativo en la eliminación
de actos discriminatorios y hacia el pleno ejercicio de los derechos de todas
las personas independientemente de su condición de género u orientación o
preferencia sexual.

Del
mismo modo, tiene como prioridad, dar curso a la agenda de género presentada
por colectivos feministas a un grupo de legisladoras.

La
nueva encargada de despacho es Doctora en Investigación de la Comunicación por
la Universidad Anáhuac de México, Maestra en Comunicación Política, Licenciada
en Ciencias de la Comunicación y especialista en Género por El Colegio de
México.

Mónica
Mendoza recibió el nombramiento de manos del Contralor Interno del Congreso, René
Buenrostro Hernández; así como de Alfredo Corona Lizárraga, representante del
Secretario General, Domingo Bahena Corbalá.

En
representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la
diputada Judith Pineda Andrade, presentó un Anteproyecto de Punto de acuerdo en
relación con la independencia y rendición de cuentas de los entes públicos.

Como
único punto, solicitó que se convoque a la Titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del Estado (CEDH) a fin de que comparezca ante esta Soberanía
y explique su proceder en la emisión de recomendaciones en materia de
violaciones a derechos humanos realizadas por servidores públicos.

Explicó
que de acuerdo con el párrafo cuarto del artículo 40 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, se establece la posibilidad de mandar a llamar a comparecer
las veces que sean necesarias, al Ejecutivo del Estado a través de sus
dependencias, así como a los Titulares de los Organismos Autónomos.

“He
allí el sustento legal de las solicitudes de comparecencia de los Secretarios
de Gobierno, de Seguridad Pública, y del Fiscal General, que ha planteado
Acción Nacional; y hoy sumamos a la Titular de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, para que venga y explique los criterios con los cuales resuelve las quejas
de violaciones a derechos humanos”, expresó en Tribuna la diputada del Distrito
II de Tantoyuca.

Durante
su exposición, consideró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se conduce
con poca objetividad y profesionalismo, emitiendo recomendaciones con una
prontitud increíble por hechos absurdos, pero se tarda varios años para emitir
recomendaciones en violaciones verdaderamente graves.

“Es
por ello que se hace necesario que comparezca su Titular ante esta Soberanía y
explique los mecanismos que utiliza para la emisión de sus determinaciones”,
puntualizó la diputada panista.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó, a
propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la incorporación del
diputado Enrique Cambranis Torres a la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
toda vez que como legislador federal que fue tiene la experiencia de haber
participado en actividades relativas a esta Agenda y por tanto resultará
valiosa su aportación en esta instancia legislativa.

El diputado Enrique Cambranis, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) se incorpora a esta comisión en
carácter de vocal. De esta manera la conformación de esta instancia pasa de
nueve a diez miembros.

En la exposición de motivos, la Jucopo detalla que
la citada Comisión Especial tiene como finalidad la observación del
cumplimiento de los 17 objetivos enunciados en el documento aprobado en la
materia, en septiembre de 2015, por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
orientado hacia “la sostenibilidad económica, social y ambiental de los Estados
miembros”.

Por lo anterior fue creada, el 17 de febrero pasado,
la Comisión Especial para que realice, al interior de este Congreso, los
trabajos necesarios para conocer las propuestas legislativas que se deriven de
la Agenda 2030 y plantear la posibilidad de su incorporación al orden normativo
estatal.

Integran esta Comisión las diputadas Mónica Robles
Barajas, presidenta; Erika Ayala Ríos, secretaria, así como Adriana Paola
Linares Capitanachi, Florencia Martínez Rivera, María Esther López Callejas,
Brianda Kristel Hernández Topete, María Candelas Francisco Doce y los
legisladores Rubén Ríos Uribe, Omar Miranda Romero y Enrique Cambranis Torres,
como vocales.

A
partir del próximo año, cada 1º de abril, en el Estado de Veracruz será
conmemorado el “Día del Barista”, así lo aprobó el Pleno de la LXV Legislatura,
con 42 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El
pasado 4 de abril, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa turnada a
la Comisión Permanente de Turismo, quien finalmente emitió su dictamen a favor.

De
acuerdo con la reforma, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz, a través de las secretarías de Turismo, de Desarrollo Económico y
Portuario, de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, realizarán actividades de
difusión y reconocimiento durante la semana siguiente al 1º de abril.

Además,
los municipios veracruzanos productores de café, a través de sus cabildos y
áreas correspondientes, procurarán realizar actividades relacionadas a dicha
festividad en el ámbito de su competencia además de fomentar la cultura del
consumo del aromático.

Por
otro lado, con 41 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, durante la
cuarta sesión ordinaria del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, el Congreso
del Estado aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que reforma la fracción X
del artículo 6 de la Ley de Turismo para el Estado de Veracruz.

El diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, del
Grupo Legislativo de Morena, durante la sesión ordinaria del 4 de abril pasado,
presentó la iniciativa que establece como atribución de los ayuntamientos, el
formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia
turística, enfatizando en sus riquezas naturales, costumbres, tradiciones,
cultura, historia, gastronomía y trabajo artesanal de la municipalidad.

Ambos
decretos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Estado.

La diputada María Candelas
Francisco Doce, presentó durante la cuarta sesión ordinaria de la LXV
Legislatura, una Iniciativa de Decreto que faculta a la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) a diseñar un mecanismo
administrativo, en coordinación con autoridades federales, estatales y
municipales, para la reducción y agilización de trámites que permitan el
establecimiento de nuevas empresas.

Esta iniciativa, que reforma la fracción X del artículo 24 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se plantea con el objetivo de obtener
un esquema de movilidad adecuada y desarrollo sustentable que beneficie la
detonación de la economía en las diversas regiones de la entidad,
principalmente en las ocho zonas metropolitanas: Acayucan, Xalapa, Veracruz,
Córdoba, Coatzacoalcos, Orizaba, Minatitlán y Poza Rica.

De esta manera se prevé establecer como atribuciones del Secretario de
Desarrollo Económico y Portuario, el diseñar y establecer, en coordinación con
autoridades federales, estatales y municipales, mecanismos administrativos
tendientes a reducir y agilizar trámites en los procesos de establecimiento de
nuevas empresas en un esquema de movilidad adecuada y desarrollo sustentable.

Las autoridades responsables que coincidan en cada proyecto, signarán los
acuerdos de coordinación respectivos.

La legisladora Francisco Doce, dijo que como presidenta de la Comisión
Permanente de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, su compromiso es
analizar la problemática para el crecimiento comercial, pues en diversas
reuniones con empresarios de diferentes zonas han coincidido que Veracruz dista
de otros estados en ver reflejado su organización y crecimiento, toda vez que
está plagado de trámites y tiempos para la instalación de nuevas empresas.

Aseguró que se trata de corregir errores del pasado y que de alguna
manera han frenado la inversión y promoción de Veracruz para captar nuevos
capitales.

Agregó que con esta iniciativa podrá darse a inversionistas interesados
en trabajar en la entidad, un clima de seguridad, confianza y certeza jurídica
que respalde su llegada y permanencia en la entidad.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones
Permanentes Unidas de Gobernación; de Promoción Comercial y Fomento a la
Inversión y la de Zonas Especiales y Desarrollo Económico.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) del Congreso de Veracruz, en voz de la diputada María Graciela Hernández
Iñiguez, presentó la iniciativa de Ley para la Atención y el Desarrollo de la
Juventud en el Estado de que tiene por objeto generar las medidas y el marco
normativo que regulen las políticas públicas que permitan al Estado y a los
municipios garantizar el desarrollo e inclusión de la juventud; así como la
atención a sus necesidades sociales.

Como parte de los trabajos de la cuarta sesión
ordinaria, del segundo periodo, la legisladora indicó que al día de hoy solamente
se ha promovido el Parlamento Juvenil, dejando de lado las adecuaciones a los
demás ordenamientos, que hagan efectivas políticas públicas orientadas a los
jóvenes.

La iniciativa señala que la formulación e
implementación de políticas públicas y programas para hacer efectiva la
presente Ley, serán responsabilidad del Gobierno estatal y de los municipios,
en el ámbito de su competencia, e incluirán los mecanismos de participación de
las y los jóvenes en su diseño.

Refiere que todas las dependencias del Gobierno del
Estado atenderán y apoyarán las iniciativas de participación social, colectivas
o independientes, de las y los jóvenes. Las dependencias y organismos autónomos
del Estado, deberán designar un servidor público de su adscripción en el que recaerá
la responsabilidad de realizar las labores de enlace con la juventud, para
procesar sus solicitudes de apoyo.

Los gobiernos estatal y municipal se coordinarán
para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal para la Atención de la
Juventud, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos,
políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la atención de las
demandas y problemática de la juventud veracruzana, de conformidad con el
Programa Estratégico.

En su intervención en tribuna, la diputada subrayó
que actualmente Veracruz atraviesa una profunda transición social, política y
económica, por tanto, es necesario garantizar a las y los jóvenes el acceso a
todos los servicios de salud, vivienda y educación, pero, sobre todo, a la
participación democrática con el fin de sentar las bases para que la juventud
veracruzana sea un grupo productivo que participe activamente en el bienestar y
desarrollo de todos los sectores que conforman la sociedad.

Dijo que los jóvenes quieren participar, “queremos
planes reales de desarrollo con visión integral y no a corto plazo, por eso es
que hoy estoy aquí para levantar la voz en nombre de miles de jóvenes
misantecos y veracruzanos, para ahora contar con una ley que nos brinde
oportunidades reales para aportar, sobre salir y poder contar con mejores
condiciones económicas en nuestros hogares”, abundó.

Expuso que es urgente dotar a los jóvenes de
certidumbre jurídica y de condiciones que les permitan, en igualdad de
derechos, participar en el desarrollo estatal, al tiempo que se les garanticen
las mejores condiciones de vida, mediante la presente ley.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y
dictamen, a la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con
Discapacidad.

El diputado José Magdaleno Rosales Torres,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó un Anteproyecto de punto
de acuerdo, ante el Pleno de la LXV Legislatura por el que se exhorta a los
Ayuntamientos con problemas de laudos laborales a realizar los convenios
respectivos, con los trabajadores despedidos o cesados y con “el debido respeto
a sus derechos humanos”.

Esto, por la vía de la “amigable composición”, asimismo,
a prevenir en sus próximos proyectos de presupuestos de egresos los medios para
cumplir con los laudos laborales que hayan perdido, afirmó el legislador al
hacer uso de la tribuna.

En específico, se dirigió a los presidentes municipales
de Atoyac, Huatusco y Manlio Fabio Altamirano, llamándolos a respetar el
contrato colectivo que tienen con sus trabajadores, respetar los derechos laborales
ganados, y que cualquier convenio sea basado en el respeto a la dignidad humana.

De igual manera, dirigió su llamado a las diputadas
y diputados integrantes de esta LXV Legislatura para escuchar y apoyar la “amigable
composición” entre los Ayuntamientos y sus trabajadores de los distritos a los
que pertenecen, velando siempre por la aplicación de los derechos humanos.

Actualmente, de acuerdo a los registros que lleva
este Congreso, apuntó Rosales Torres, el 95 por ciento de los Ayuntamientos
veracruzanos han solicitado que se les autorice ampliación presupuestal para
pagar laudos laborales, “siendo que la mayoría de las ocasiones es con efectos
dilatorios, en perjuicio de los trabajadores que han ganado y sus laudos están
en ejecución”.

La cantidad, en cuanto al dinero, que los
ayuntamientos veracruzanos adeudan a trabajadores despedidos no se tiene con
certeza, subraya en su participación el diputado de Morena, y agrega que el motivo del exhorto, son las
diversas solicitudes recibidas de trabajadores despedidos de los Ayuntamientos y
que buscan la mejor solución a sus conflictos.

En estos casos, señala Rosales Torres, no sólo se
violenta el derecho al trabajo, sino a su pensión y demás derechos laborales,
se ataca la dignidad humana en el más amplio sentido, pues la dilación de la
ejecución de los laudos, que emplean los Ayuntamientos,
también ataca a las familias de estos trabajadores, por lo que se vulnera el
sano desarrollo y la vida digna de sus integrantes.

El anteproyecto de punto de acuerdo fue turnado,
para su estudio y análisis, a la Junta de Coordinación Política.

“Sanciones
ejemplares a servidores públicos que han violentado su responsabilidad y los
compromisos con el pueblo, es un tema muy importante que espera nuestra
sociedad”, destacó el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
diputado José Manuel Pozos Castro.

Al
presidir el Segundo Congreso Nacional “Globalización, Federalismo y Vida Local:
El Pensamiento Crítico aplicado a la Información Pública, Rendición de Cuentas
y Combate a la Corrupción”, el diputado por el Distrito III de Tuxpan,
consideró que lo más importante y lo que más exige el pueblo, es conocer y ver
las acciones que se tomen cuando algún servidor público incumpla con sus
obligaciones y haga mal manejo de los recursos públicos.

Durante
el evento convocado por el Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en
Filosofía, Humanidades y Economía A.C., el legislador advirtió que la sociedad
en general, espera que sus impuestos se vean reflejados en acciones de gobierno
y resultados.

“El
combate a la corrupción es una práctica que se está implementando muy en serio
en nuestro país, porque ha sido mucho el daño que se le ha hecho a todos los
mexicanos, hay que reconocerlo, es un daño terrible que ha prevalecido en
nuestro país. La corrupción rebasó el 1.5% del PIB en el 2018, esa cantidad de
recursos se desviaron a intereses ajenos a lo que realmente necesita nuestro
país”, apuntó.

El
diputado José Manuel Pozos Castro, se congratuló por la concentración de
intelectuales convocada en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” y dijo que
sin duda representa una excelente oportunidad para discernir muchos temas de
actualidad y de interés para la definición de políticas públicas.

Al
evento, asistió el Dr. Luis Adalberto Maury Cruz, representante legal del
Colegio organizador; el Mtro. Justo Fernández Ávila, representante del sector
empresarial; el Dr. Francisco Javier González, asesor jurídico de la Oficina
del Gobernador y representante del Gobernador; el Dr. Alberto Cruz Juárez,
representante del ámbito académico y el Dr. Juan Carlos Ortiz Romero,
representante del Centro Epistemológico Transversal A.C.

Durante la cuarta sesión ordinaria de la LXV
Legislatura, la diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo
de Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo en el que se exhorta a
la Secretaría del Salud del Estado (SSA), para que se adquieran equipos de
diálisis y máquinas de hemodiálisis, para los distintos hospitales generales del Estado.

Destacó que existe una necesidad urgente en
todo el territorio estatal derivado de los diferentes problemas renales de los
veracruzanos, los cuales se han incrementado exponencialmente convirtiéndose en
un problema de salud pública.

La también secretaria de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aseguró que la
adquisición de dispositivos y maquinaria para el equipamiento de los hospitales
de la entidad, permitirá atender urgentemente y de manera adecuada a los
enfermos con problemas renales, ya que es una prioridad debido al alto número
de ciudadanos que se enfrentan con este problema diariamente.

Asimismo, dijo que una de las finalidades del
Estado es brindar el derecho humano de la salud a la población, y que la falta
de estos equipos en los diversos hospitales obliga que los afectados tengan que
trasladarse a nosocomios de otras regiones o bien acudir a la iniciativa privada
para su tratamiento, perjudicando con ello su estado de salud y por ende su
economía.

La representante del Distrito XXVII de
Acayucan indicó que como diputadas y diputados
deben estar atentos a las necesidades apremiantes de los ciudadanos pues
dentro de las atribuciones como legisladores es brindar atención y los apoyos
necesarios en sus respectivas necesidades a los veracruzanos, y más aún si es
para beneficio social y colectivo.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) para su estudio y dictamen correspondiente.

-Se pronuncia
diputada por los derechos de la población LGBTTTI-

Durante la sesión,
la diputada Deysi Juan Antonio se pronunció a favor de respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos y las personas lesbianas, gay, homosexuales,
bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales, conocidas
como población LGBTTTI.

Destacó que
actualmente, este sector aún se enfrenta al estigma de la discriminación y a la
violencia, debido a su orientación sexual e identidad de género, por lo que la
llamada, LGBTTTIfobia, persiste en la sociedad.

Afirmó que en
México se han dado algunos pasos para combatir la discriminación en contra de
esta población asumiendo el compromiso de adoptar todas las medidas apropiadas,
incluyendo programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación
de actitudes y prácticas pre juiciosas o discriminatorias basadas en la idea de
la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género
o expresión de género.

La legisladora no
omitió mencionar que la violencia que enfrentan los jóvenes LGBTTTI tiene
efectos negativos en su autoestima, actitudes discriminatorias de los
profesionales de la salud y las restricciones en el acceso a la información,
que crean barreras que obstaculizan el derecho a los servicios de salud,
rechazo familiar, acoso escolar, entre otros.

Durante la cuarta sesión ordinaria de la LXV
Legislatura, la diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo
de Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo en el que se exhorta a
la Secretaría del Salud del Estado (SSA), para que se adquieran equipos de
diálisis y máquinas de hemodiálisis, para los distintos hospitales generales del Estado.

Destacó que existe una necesidad urgente en
todo el territorio estatal derivado de los diferentes problemas renales de los
veracruzanos, los cuales se han incrementado exponencialmente convirtiéndose en
un problema de salud pública.

La también secretaria de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aseguró que la
adquisición de dispositivos y maquinaria para el equipamiento de los hospitales
de la entidad, permitirá atender urgentemente y de manera adecuada a los
enfermos con problemas renales, ya que es una prioridad debido al alto número
de ciudadanos que se enfrentan con este problema diariamente.

Asimismo, dijo que una de las finalidades del
Estado es brindar el derecho humano de la salud a la población, y que la falta
de estos equipos en los diversos hospitales obliga que los afectados tengan que
trasladarse a nosocomios de otras regiones o bien acudir a la iniciativa privada
para su tratamiento, perjudicando con ello su estado de salud y por ende su
economía.

La representante del Distrito XXVII de
Acayucan indicó que como diputadas y diputados
deben estar atentos a las necesidades apremiantes de los ciudadanos pues
dentro de las atribuciones como legisladores es brindar atención y los apoyos
necesarios en sus respectivas necesidades a los veracruzanos, y más aún si es
para beneficio social y colectivo.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) para su estudio y dictamen correspondiente.

-Se pronuncia
diputada por los derechos de la población LGBTTTI-

Durante la sesión,
la diputada Deysi Juan Antonio se pronunció a favor de respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos y las personas lesbianas, gay, homosexuales,
bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales, conocidas
como población LGBTTTI.

Destacó que
actualmente, este sector aún se enfrenta al estigma de la discriminación y a la
violencia, debido a su orientación sexual e identidad de género, por lo que la
llamada, LGBTTTIfobia, persiste en la sociedad.

Afirmó que en
México se han dado algunos pasos para combatir la discriminación en contra de
esta población asumiendo el compromiso de adoptar todas las medidas apropiadas,
incluyendo programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación
de actitudes y prácticas pre juiciosas o discriminatorias basadas en la idea de
la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género
o expresión de género.

La legisladora no
omitió mencionar que la violencia que enfrentan los jóvenes LGBTTTI tiene
efectos negativos en su autoestima, actitudes discriminatorias de los
profesionales de la salud y las restricciones en el acceso a la información,
que crean barreras que obstaculizan el derecho a los servicios de salud,
rechazo familiar, acoso escolar, entre otros.

Derivado de la contingencia ambiental atmosférica
que se vive en la capital del país, y a que el día de ayer Xalapa registró el
mismo Índice de Calidad del Aire, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, integrante del Grupo Legislativo de Morena en
el Congreso de Veracruz, presentó ante el pleno de la LXV Legislatura, un pronunciamiento
en relación a la mitigación de los altos niveles de contaminación ambiental en
la entidad.

En su intervención, durante la cuarta sesión
ordinaria, la también presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil dijo
que es preocupante que en Xalapa se haya sobre pasado el límite promedio del índice
de la calidad del aire, lo que la ubicó como la ciudad con el aire más
contaminado en el Estado de Veracruz, e hizo un exhorto, a los 212 municipios, para
que tomen medidas urgentes, combatan los altos niveles de contaminación y
trabajen en la remediación de los pasivos ambientales.

Destacó que uno de los temas que más importa hoy a
la gente, es la manera en que vive, su entorno y el espacio donde fincan su
porvenir; por lo que es necesario detener, revertir la pérdida de nuestra
riqueza natural y evitar la contaminación del agua, aire y suelo.

Se pronunció, también, por hacer una verdadera
conciencia ambiental para mejorar el entorno, cuidar los cuerpos de agua y los bosques.

Estoy segura, aseveró, que juntos podremos cambiar
las cosas y crear una profunda conciencia social para proteger nuestro medio
ambiente, y que es necesario que todos nos comprometamos a crear entornos más
limpios y saludables. “No podemos
aspirar a un mayor bienestar, si no cuidamos nuestro entorno”, concluyó.

Ante el pleno de la LXV Legislatura, y durante los
trabajos de la cuarta sesión ordinaria, fue presentada la Iniciativa de Ley
Orgánica de la Universidad Veracruzana, (UV), redactada en el marco de las
atribuciones que le confiere, a esa institución educativa, el artículo 34,
fracción VII, de la Constitución Política del Estado.

Como universidad pública, la máxima casa de estudios
del Estado de Veracruz asume los retos que enfrenta hoy en día la educación
superior en los contextos local, regional, nacional e internacional, se señala
en la Iniciativa, y por lo que es necesario actualizar su diseño
normativo-institucional, con la finalidad de seguir contribuyendo, con
pertinencia, calidad y excelencia, a la formación de profesionales, a la
generación y aplicación innovadora del conocimiento, y a la difusión de la
cultura y la extensión de los servicios.

Los cambios normativos experimentados en los últimos
años en las instituciones del Estado mexicano, tanto en el ámbito federal como
en el local, han vuelto muy compleja la gestión universitaria, se abunda en el
documento, requiriéndose, cada vez, con mayor urgencia, la adecuada
armonización de la legislación que regula el funcionamiento de esa institución.

En este contexto resaltan, en la integración del
documento, aspectos como el fortalecimiento de la democracia, derechos humanos,
equidad, participación y responsabilidad social, inclusión, diversidad, la
sostenibilidad y sustentabilidad, entre los más importantes, así como las
reformas en materia de educación superior, la transparencia, la fiscalización
en la administración de los recursos económicos y la contabilidad
gubernamental, entre otras.

La propuesta de nueva Ley Orgánica destaca los
aspectos siguientes: se reconoce a la UV mayor capacidad para decidir sobre su
organización académica y administrativa, y su desarrollo institucional. Con
ello, se abre la posibilidad de incrementar la cobertura y la diversificación
de la oferta académica en sus diferentes niveles y modalidades, así como de
incorporar procesos de aprendizaje de acuerdo con paradigmas educativos
innovadores, con flexibilidad curricular y fomento a la movilidad y el
intercambio, nacional e internacional, de alumnos y personal académico.

Finalmente, se resalta que la propuesta de Ley
Orgánica contiene las bases y los principios generales que se desarrollan y
complementan en la normatividad secundaria: estatutos, reglamentos y demás
disposiciones generales.

De esta manera, se concluye, “la máxima casa de
estudios del Estado de Veracruz mantiene su tradición educativa y su compromiso
social a la altura de las circunstancias presentes y futuras”.

La Iniciativa de Ley fue turnada, para su trámite
legislativo, a las Comisiones Permanentes de Justicia y Puntos Constitucionales
y de Educación y Cultura.

En aras de adecuar las normas constitucionales a las
necesidades que impone una realidad en constante evolución, el Grupo
Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista
de México (PRI-PVEM), en voz del diputado Jorge Moreno Salinas, presentó la
iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado de Veracruz, relativo a las funciones y atribuciones de la Diputación
Permanente.

Durante la cuarta sesión ordinaria, el legislador
Moreno Salinas detalló que la existencia de la Diputación Permanente, órgano
que funge durante los recesos del Congreso del Estado, es necesaria y se
justifica para no interrumpir los trabajos de este Poder; sin embargo –agregó-
esta figura está basada en circunstancias históricas muy distintas a las
actuales.

Dijo que anteriormente para los integrantes de un
Congreso representaba una mayor dificultad el trasladarse con prontitud de su
municipio a la sede del Poder Legislativo para reunirse en sesiones
extraordinarias, “en la actualidad esto ya no ocurre al contarse con mayores y
más rápidas vías de comunicación”.

Por lo anterior, los diputados del PRI-PVEM proponen
suprimir algunas atribuciones conferidas a la Diputación Permanente, sobre todo
por la naturaleza e importancia de las mismas en la vida institucional del
Estado, a fin de que sean de competencia exclusiva del Pleno del Congreso.

De esta manera se plantea eliminar la atribución de
la Diputación Permanente de nombrar provisionalmente a magistrados del Tribunal
Superior de Justicia.

Asimismo, quitar la facultad de este órgano
legislativo de nombrar de manera provisional a la persona que presida la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de designar también de forma
provisional a quien sustituya al Consejero de la Judicatura que hubiere
designado el Congreso y al Contralor General del Instituto Electoral
Veracruzano.

En contraparte se le adicionarían a la Diputación
Permanente algunas facultades de naturaleza eminentemente administrativa, que a
juicio de los proponentes no requerirían para su resolución que el Congreso
estuviese reunido. Ejemplo de esto sería las solicitudes de licencia o
ausencias definitivas de legisladores.

También se adicionarían dos fracciones al artículo
41, en la que se establecen facultades de la Diputación Permanente para el otorgamiento de licencias temporales por más
de 60 días a ediles, agentes y subagentes municipales y de los llamados, en ese
supuesto y en el de ausencias definitivas, a los suplentes respectivos y, por
otra, a la aprobación de los procedimientos de elección de agentes y subagentes
municipales, contenidos en las convocatorias emitidas por los ayuntamientos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen
correspondiente.

El
diputado Gonzalo Guízar Valladares, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del
Lado Correcto de la Historia”, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reformaría el Artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, sobre
la forma de designar a los magistrados del Poder Judicial del Estado, que
establecería un procedimiento y una división clara de poderes.

Desde
la Máxima Tribuna del Estado, expresó que las y los veracruzanos, aspiran a
vivir en un régimen de derecho, en el que el imperio de la ley sea lo que
prevalezca, más allá de coyunturas políticas, conveniencias de grupos,
intereses personales o caprichos cupulares.

Dijo
que como representantes de la sociedad, están llamados a realizar un análisis
claro de los caminos que permitan de mejor manera conducir a la sociedad por el
sendero correcto hacia el progreso y la paz social.

“Uno
de los temas que ocupan nuestra agenda, es la relación que debe existir hacía
el Poder Judicial, como uno de los tres pilares en los que descansa la división
de poderes, tan oportuna en los tiempos de la democracia, pero tan
indispensable en los tiempos del autoritarismo”, subrayó.

Actualmente
–citó-, el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz
establece: Los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del
Gobernador del Estado. En los recesos del Congreso la Diputación Permanente
hará el nombramiento, con carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la
aprobación definitiva. Los magistrados durarán en su cargo diez años
improrrogables, y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por esta
Constitución.

La
iniciativa que reformaría el mismo artículo, propone lo siguiente:

I.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en un plazo no mayor de cinco
días, comunicará al Congreso del Estado la existencia de una o más vacantes;

II.
Recibida la referida comunicación, el Secretario General del Congreso, sin
ulterior tramité remitirá la misma a la Comisión de Justicia y Puntos
Constitucionales;

III.
La citada Comisión, una vez informada de la ausencia o vacante de la
Magistratura, en un plazo no mayor a treinta días, emitirá la convocatoria
pública respectiva;

IV.
La Comisión se abstendrá de establecer mayores requisitos a los previstos en la
Constitución Federal y esta Constitución y, una vez fenecido el plazo de
registro, deberá hacer pública la lista correspondiente. En caso de objeción de
algunos de las o los candidatos, podrá iniciar un procedimiento abreviado de
investigación de ilegibilidad de las o el candidato impugnado, en el entendido
que dicho procedimiento no podrá ser mayor a treinta días naturales. Será la
Comisión encargada de resolver al momento de emitir el Dictamen de elegibilidad
e integración de las ternas respectivas;

V.
La Comisión deberá entrevistar en forma pública y mediante los procedimientos
más abiertos a las y los aspirantes a ocupar la Magistratura correspondiente;

VI.
Las Asociaciones, Barras y Colegios de Profesionistas del Estado y las
instituciones de educación superior podrán presentar a la Comisión convocante
todos los elementos que consideren necesarios para objetar una o más candidaturas
a las Magistraturas. Serán desechadas de plano aquellas que carezcan de
elementos mínimos de prueba;

VII.
Una vez concluidas las entrevistas y en un plazo no mayor a quince días, la
Comisión respectiva elaborará un dictamen de resolución de elegibilidad y
propondrá a la aprobación del Pleno, las ternas necesarias para ocupar la o las
Magistraturas vacantes;

VIII.
Será designado Magistrada o Magistrado quien obtenga las dos terceras partes de
los votos de los diputados integrantes de la Legislatura. La sesión respectiva
deberá celebrarse a más tardar quince días después de aprobado el dictamen en
Comisión y de ser necesario, se convocará a sesión extraordinaria para ese
único efecto.

IX.
Aprobada la designación, se remitirá al Ejecutivo, quien contará con un plazo
de diez días hábiles para objetar de manera fundada y motivada, pero sobre todo
acompañando los medios de prueba probatorios de sus argumentos, caso en el
cual, el Congreso, y de entre los aspirantes ya inscritos, con la misma mayoría
hará la designación respectiva. Si el Congreso, también de manera fundada y
razonada insistiere en la misma designación, el ejecutivo no podrá objetarla
nuevamente, a menos que se trate del incumplimiento de alguno de los requisitos
previstos en la constitución; y

X.
Si el Congreso optare por otra alternativa, se someterá al mismo procedimiento
señalado en fracciones anteriores. De no hacer el Ejecutivo ninguna observación
en el plazo señalado, se entenderá que acepta la designación realizada, la que
se comunicará de inmediato al Poder Judicial para que se proceda a la
adscripción de la o el Magistrado de que se trate.

El Presidente de la Mesa Directiva, diputado José
Manuel Pozos Castro, ordenó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Justicia
y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de Veracruz, en voz de la diputada María Graciela Hernández Iñiguez, presentó la iniciativa de Ley para la Atención y el Desarrollo de la Juventud en el Estado de que tiene por objeto generar las medidas y el marco normativo que regulen las políticas públicas que permitan al Estado y a los municipios garantizar el desarrollo e inclusión de la juventud; así como la atención a sus necesidades sociales.

Como parte de los trabajos de la cuarta sesión ordinaria, del segundo periodo, la legisladora indicó que al día de hoy solamente se ha promovido el Parlamento Juvenil, dejando de lado las adecuaciones a los demás ordenamientos, que hagan efectivas políticas públicas orientadas a los jóvenes.

La iniciativa señala que la formulación e implementación de políticas públicas y programas para hacer efectiva la presente Ley, serán responsabilidad del Gobierno estatal y de los municipios, en el ámbito de su competencia, e incluirán los mecanismos de participación de las y los jóvenes en su diseño.

Refiere que todas las dependencias del Gobierno del Estado atenderán y apoyarán las iniciativas de participación social, colectivas o independientes, de las y los jóvenes. Las dependencias y organismos autónomos del Estado, deberán designar un servidor público de su adscripción en el que recaerá la responsabilidad de realizar las labores de enlace con la juventud, para procesar sus solicitudes de apoyo.

Los gobiernos estatal y municipal se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal para la Atención de la Juventud, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la atención de las demandas y problemática de la juventud veracruzana, de conformidad con el Programa Estratégico.

En su intervención en tribuna, la diputada subrayó que actualmente Veracruz atraviesa una profunda transición social, política y económica, por tanto, es necesario garantizar a las y los jóvenes el acceso a todos los servicios de salud, vivienda y educación, pero, sobre todo, a la participación democrática con el fin de sentar las bases para que la juventud veracruzana

sea un grupo productivo que participe activamente en el bienestar y desarrollo de todos los sectores que conforman la sociedad.

Dijo que los jóvenes quieren participar, “queremos planes reales de desarrollo con visión integral y no a corto plazo, por eso es que hoy estoy aquí para levantar la voz en nombre de miles de jóvenes misantecos y veracruzanos, para ahora contar con una ley que nos brinde oportunidades reales para aportar, sobre salir y poder contar con mejores condiciones económicas en nuestros hogares”, abundó.

Expuso que es urgente dotar a los jóvenes de certidumbre jurídica y de condiciones que les permitan, en igualdad de derechos, participar en el desarrollo estatal, al tiempo que se les garanticen las mejores condiciones de vida, mediante la presente ley.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), puso a consideración del Pleno, de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado, con la finalidad de concluir con la homologación de la legislación estatal con la federal, y poder realizar correctamente políticas públicas en concurrencia.

El Desarrollo Metropolitano, señala Miranda Romero, es un concepto establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a nivel federal, que busca constituir un proceso de planeación, regulación, gestión, financiamiento y ejecución de acciones en zonas metropolitanas, que por su población, extensión y complejidad, deberán participar en forma coordinada los tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones.

A nivel estatal, Veracruz realizó diversas reformas en la materia, recordó Miranda Romero, a finales de la Legislatura pasada, otorgando herramientas y conceptos para crear Zonas Metropolitanas.

Estas reformas fueron encaminadas, continuó, para adecuar la Ley Estatal con la Federal, pero el proceso de reforma no se consideró el concepto de Desarrollo Metropolitano, necesario para coordinar la creación de estas Zonas en el Estado, acordes con la Legislación Federal. La Ley General establece que las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidas de manera concurrente.

Con estas adecuaciones propuestas a nuestra Ley Estatal, señaló el legislador, se busca lograr una eficaz gobernanza metropolitana, pues se considera establecer mecanismos e instrumentos de carácter obligatorio para asegurar la acción coordinada institucional de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.

Derivado de lo anterior, agregó, se propone: Integrar el concepto de Desarrollo Metropolitano, en el Glosario; se adiciona una sección primera donde se establezcan regulaciones específicas para el Programa Estatal de Desarrollo Metropolitano; se integra dentro del articulado de la Ley el concepto de Desarrollo Metropolitano como política rectora para formar Zonas Metropolitanas, esto para homologar la Ley General en la materia con la Ley Estatal y poder aplicar políticas concurrentes en la materia.

La Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano, y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

Con el apoyo de la diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante de las comisiones permanentes de Derechos de la Niñez y la Familia, y de la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, del Congreso del Estado, se llevó a cabo el foro Derechos Humanos, Ciudadanía y Discapacidad, en el lobby del Salón del Pleno, del Palacio Legislativo, mismo que encabezó la coordinadora del Programa de Género en Salud, de la Secretaría de Salud, del Gobierno del Estado, Edelmira Sánchez García.

Durante el desarrollo de los trabajos del foro, se contó con la participación de diversos ponentes, quienes abordaron los temas relacionados con la materia.

Durante su intervención en la cuarta sesión ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Margarita Corro Mendoza, se pronunció por el rescate cultural y social de los pueblos Chinantecos y Mazatecos de la Cuenca del Papaloapan.

La legisladora por el Distrito XXIII de Cosamaloapan, dijo que estos pueblos bajo intereses gubernamentales de la federación de hace más de 60 años, se les ordenó abandonar sus tierras bajo el nombre de “reacomodo”, por lo que en entre la zona de Oaxaca y Veracruz aparecieron pueblos sin nombre, solo números con el objetivo de que sus habitantes perdieran las raíces de sus lenguas y cultura.

Asimismo, aseguró que tanto Chinantecos como Mazatecos, al paso de los años, recuperaron sus tradiciones y no perdieron su lengua; además comprendieron sus derechos como pueblos originarios exigiendo al gobierno federal, estatal y municipal el respeto a sus elementales derechos humanos: lengua, formas organizativas, representación y el reclamo constante para recibir los apoyos prometidos ante el reacomodo forzoso.

Afirmó que, hoy en día, el Congreso del Estado, siendo la “casa del pueblo”, rinde tributo a estos pueblos originarios abriendo sus puertas para exponer la policromía de sus artesanías y la música de su lengua, que denota al río, al ave, a la mariposa y a la libertad, y que artesanos de los cinco poblados de San José Independencia, trabajan diariamente preservando su cultura.

La legisladora, se sumó al reclamo de justicia para solicitar a los poderes del Estado, el cumplimiento cabal de la palabra empeñada hace más de seis décadas para que se diseñen políticas públicas o programas especiales que permitan un desarrollo sustentable a estos pueblos hermanos.

Previo a la cuarta sesión ordinaria se llevó a cabo la inauguración de la exposición de las artesanías de los pueblos Chinantecos y Mazatecos, en este evento estuvieron presentes el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, diputados integrantes del Grupo Legislativo de MORENA, así como Jorge Alberto Chávez Méndez, en representación del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, además de regidores y agentes municipales de la zona.

La Dra. Mónica Mendoza Madrigal es la nueva encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado.

Con cerca de 20 años trabajando en temas de género, específicamente en la línea de participación política femenina y el combate a la violencia de género, la Dra. Mónica Mendoza se convierte en la tercera encargada del CEIGDH desde su creación en el año 2014.

Ya integrada en las tareas legislativas, informó que estará pendiente de la aprobación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en el Congreso del Estado, presentado el 4 de abril pasado, como parte de la Estrategia de Coordinación Estatal “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz”.

Explicó que una vez aprobado, el CEIGDH deberá formar parte del comité responsable de instrumentar el Protocolo que permita regular la convivencia interna.

Otro asunto pendiente es la Iniciativa de Decreto presentada por la diputada Mónica Robles Barajas, que modificaría 52 artículos del Código Civil para el Estado de Veracruz, reformas que se traducirían en un avance significativo en la eliminación de actos discriminatorios y hacia el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas independientemente de su condición de género u orientación o preferencia sexual.

Del mismo modo, tiene como prioridad, dar curso a la agenda de género presentada por colectivos feministas a un grupo de legisladoras.

La nueva encargada de despacho es Doctora en Investigación de la Comunicación por la Universidad Anáhuac de México, Maestra en Comunicación Política, Licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en Género por El Colegio de México.

Mónica Mendoza recibió el nombramiento de manos del Contralor Interno del Congreso, René Buenrostro Hernández; así como de Alfredo Corona Lizárraga, representante del Secretario General, Domingo Bahena Corbalá.

El diputado José Magdaleno Rosales Torres, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó un Anteproyecto de punto de acuerdo, ante el Pleno de la LXV Legislatura por el que se exhorta a los Ayuntamientos con problemas de laudos laborales a realizar los convenios respectivos, con los trabajadores despedidos o cesados y con “el debido respeto a sus derechos humanos”.

Esto, por la vía de la “amigable composición”, asimismo, a prevenir en sus próximos proyectos de presupuestos de egresos los medios para cumplir con los laudos laborales que hayan perdido, afirmó el legislador al hacer uso de la tribuna.

En específico, se dirigió a los presidentes municipales de Atoyac, Huatusco y Manlio Fabio Altamirano, llamándolos a respetar el contrato colectivo que tienen con sus trabajadores, respetar los derechos laborales ganados, y que cualquier convenio sea basado en el respeto a la dignidad humana.

De igual manera, dirigió su llamado a las diputadas y diputados integrantes de esta LXV Legislatura para escuchar y apoyar la “amigable composición” entre los Ayuntamientos y sus trabajadores de los distritos a los que pertenecen, velando siempre por la aplicación de los derechos humanos.

Actualmente, de acuerdo a los registros que lleva este Congreso, apuntó Rosales Torres, el 95 por ciento de los Ayuntamientos veracruzanos han solicitado que se les autorice ampliación presupuestal para pagar laudos laborales, “siendo que la mayoría de las ocasiones es con efectos dilatorios, en perjuicio de los trabajadores que han ganado y sus laudos están en ejecución”.

La cantidad, en cuanto al dinero, que los ayuntamientos veracruzanos adeudan a trabajadores despedidos no se tiene con certeza, subraya en su participación el diputado de Morena, y agrega que el motivo del exhorto, son las diversas solicitudes recibidas de trabajadores despedidos de los Ayuntamientos y que buscan la mejor solución a sus conflictos.

En estos casos, señala Rosales Torres, no sólo se violenta el derecho al trabajo, sino a su pensión y demás derechos laborales, se ataca la dignidad humana en el más amplio sentido,

pues la dilación de la ejecución de los laudos, que emplean los Ayuntamientos, también ataca a las familias de estos trabajadores, por lo que se vulnera el sano desarrollo y la vida digna de sus integrantes.

El anteproyecto de punto de acuerdo fue turnado, para su estudio y análisis, a la Junta de Coordinación Política.

La diputada María Candelas Francisco Doce, presentó durante la cuarta sesión ordinaria de la LXV Legislatura, una Iniciativa de Decreto que faculta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) a diseñar un mecanismo administrativo, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, para la reducción y agilización de trámites que permitan el establecimiento de nuevas empresas.

Esta iniciativa, que reforma la fracción X del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se plantea con el objetivo de obtener un esquema de movilidad adecuada y desarrollo sustentable que beneficie la detonación de la economía en las diversas regiones de la entidad, principalmente en las ocho zonas metropolitanas: Acayucan, Xalapa, Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos, Orizaba, Minatitlán y Poza Rica.

De esta manera se prevé establecer como atribuciones del Secretario de Desarrollo Económico y Portuario, el diseñar y establecer, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, mecanismos administrativos tendientes a reducir y agilizar trámites en los procesos de establecimiento de nuevas empresas en un esquema de movilidad adecuada y desarrollo sustentable.

Las autoridades responsables que coincidan en cada proyecto, signarán los acuerdos de coordinación respectivos.

La legisladora Francisco Doce, dijo que como presidenta de la Comisión Permanente de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, su compromiso es analizar la problemática para el crecimiento comercial, pues en diversas reuniones con empresarios de diferentes zonas han coincidido que Veracruz dista de otros estados en ver reflejado su organización y crecimiento, toda vez que está plagado de trámites y tiempos para la instalación de nuevas empresas.

Aseguró que se trata de corregir errores del pasado y que de alguna manera han frenado la inversión y promoción de Veracruz para captar nuevos capitales.

Agregó que con esta iniciativa podrá darse a inversionistas interesados en trabajar en la entidad, un clima de seguridad, confianza y certeza jurídica que respalde su llegada y permanencia en la entidad.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación; de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión y la de Zonas Especiales y Desarrollo Económico.

Durante la cuarta sesión ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría del Salud del Estado (SSA), para que se adquieran equipos de diálisis y máquinas de hemodiálisis, para los distintos hospitales generales del Estado.

Destacó que existe una necesidad urgente en todo el territorio estatal derivado de los diferentes problemas renales de los veracruzanos, los cuales se han incrementado exponencialmente convirtiéndose en un problema de salud pública.

La también secretaria de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aseguró que la adquisición de dispositivos y maquinaria para el equipamiento de los hospitales de la entidad, permitirá atender urgentemente y de manera adecuada a los enfermos con problemas renales, ya que es una prioridad debido al alto número de ciudadanos que se enfrentan con este problema diariamente.

Asimismo, dijo que una de las finalidades del Estado es brindar el derecho humano de la salud a la población, y que la falta de estos equipos en los diversos hospitales obliga que los afectados tengan que trasladarse a nosocomios de otras regiones o bien acudir a la iniciativa privada para su tratamiento, perjudicando con ello su estado de salud y por ende su economía.

La representante del Distrito XXVII de Acayucan indicó que como diputadas y diputados deben estar atentos a las necesidades apremiantes de los ciudadanos pues dentro de las atribuciones como legisladores es brindar atención y los apoyos necesarios en sus respectivas necesidades a los veracruzanos, y más aún si es para beneficio social y colectivo.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su estudio y dictamen correspondiente.

-Se pronuncia diputada por los derechos de la población LGBTTTI-

Durante la sesión, la diputada Deysi Juan Antonio se pronunció a favor de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las personas lesbianas, gay, homosexuales, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales, conocidas como población LGBTTTI.

Destacó que actualmente, este sector aún se enfrenta al estigma de la discriminación y a la violencia, debido a su orientación sexual e identidad de género, por lo que la llamada, LGBTTTIfobia, persiste en la sociedad.

Afirmó que en México se han dado algunos pasos para combatir la discriminación en contra de esta población asumiendo el compromiso de adoptar todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas pre juiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

La legisladora no omitió mencionar que la violencia que enfrentan los jóvenes LGBTTTI tiene efectos negativos en su autoestima, actitudes discriminatorias de los profesionales de la salud y las restricciones en el acceso a la información, que crean barreras que obstaculizan el derecho a los servicios de salud, rechazo familiar, acoso escolar, entre otros.

“Sanciones ejemplares a servidores públicos que han violentado su responsabilidad y los compromisos con el pueblo, es un tema muy importante que espera nuestra sociedad”, destacó el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro.

Al presidir el Segundo Congreso Nacional “Globalización, Federalismo y Vida Local: El Pensamiento Crítico aplicado a la Información Pública, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción”, el diputado por el Distrito III de Tuxpan, consideró que lo más importante y lo que más exige el pueblo, es conocer y ver las acciones que se tomen cuando algún servidor público incumpla con sus obligaciones y haga mal manejo de los recursos públicos.

Durante el evento convocado por el Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en Filosofía, Humanidades y Economía A.C., el legislador advirtió que la sociedad en general, espera que sus impuestos se vean reflejados en acciones de gobierno y resultados.

“El combate a la corrupción es una práctica que se está implementando muy en serio en nuestro país, porque ha sido mucho el daño que se le ha hecho a todos los mexicanos, hay que reconocerlo, es un daño terrible que ha prevalecido en nuestro país. La corrupción rebasó el 1.5% del PIB en el 2018, esa cantidad de recursos se desviaron a intereses ajenos a lo que realmente necesita nuestro país”, apuntó.

El diputado José Manuel Pozos Castro, se congratuló por la concentración de intelectuales convocada en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” y dijo que sin duda representa una excelente oportunidad para discernir muchos temas de actualidad y de interés para la definición de políticas públicas.

Al evento, asistió el Dr. Luis Adalberto Maury Cruz, representante legal del Colegio organizador; el Mtro. Justo Fernández Ávila, representante del sector empresarial; el Dr. Francisco Javier González, asesor jurídico de la Oficina del Gobernador y representante del Gobernador; el Dr. Alberto Cruz Juárez, representante del ámbito académico y el Dr. Juan Carlos Ortiz Romero, representante del Centro Epistemológico Transversal A.C.

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, encabezó la reunión entre la titular de la Oficina de Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera y asesores de los distintos grupos legislativos, para analizar las diversas disposiciones del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD).

La reunión se llevó a cabo por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), debido a que este mes vence el plazo legal para la aprobación del documento rector de las políticas públicas del 2018-2024. En este encuentro participó también el secretario general, Domingo Bahena Corbalá.

La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), realizó el Primer Diálogo sobre “El servicio civil en el nuevo parlamento”, con el propósito de fortalecer el trabajo legislativo mediante el reconocimiento de la profesionalización de los cuadros técnicos especializados en la construcción del marco jurídico.

Juan Carlos Cervantes Gómez, encargado de la Dirección General del CEDIP, destacó la importancia de reflexionar en torno al servicio civil de carrera, asignatura pendiente para consolidar el apoyo a la actividad de los legisladores.

“El fortalecimiento de las estructuras que apoyan a la Cámara de Diputados es esencial para, no sólo para el trabajo de los parlamentarios en lo general, sino para mejorar la percepción del ciudadano respecto a los representantes populares”, apuntó.

Resaltó que el CEDIP inicia con los Diálogos Parlamentarios, que serán una serie de eventos a través de los cuales se analizarán temas que inciden en la labor legislativa, a fin de identificar propuestas para solucionar los problemas del Congreso.

Señaló que el desarrollo normativo en la materia empezó a gestarse desde el año 2000 y generó muchas expectativas entre los profesionales parlamentarios, quienes han transitado en el servicio civil de carrera. Se ha reflexionado durante casi 19 años acerca de este esquema de especialización, indispensable para fortalecer las capacidades de los equipos de apoyo a legisladores.

Hizo votos por el éxito en el intercambio de ideas y presentación de propuestas que redunden en mejores prácticas legislativas, apoyadas con especialistas parlamentarios, que, entre otros, son objetivos de las secretarías General y de Servicios Parlamentarios del Palacio Legislativo de San Lázaro, subrayó.

La moderadora, Hasuba Villa Bedolla, investigadora del CEDIP y maestra en Derecho por la UNAM, planteó la relevancia de reflexionar sobre cómo debe implementarse el servicio civil de carrera en la Cámara de Diputados.

Mariano David Mora Hernández, asesor en la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, destacó la importancia del servicio civil de carrera en el Poder Legislativo, para garantizar la participación de profesionistas técnicos en constante evaluación y capacitación que coadyuven a hacer más eficiente el quehacer parlamentario y, sobre todo, que no se detengan las actividades al inicio de una nueva legislatura, en tanto se supera la curva de aprendizaje.

Con ello se evitaría la incertidumbre debido a los despidos por la correlación de las fuerzas políticas e integración en la operación legislativa, que merman las prácticas parlamentarias.

Propuso apostarle al replanteamiento institucional en el marco de la reducción de las comisiones legislativas y de la burocracia ineficiente que han alentado una redistribución de las funciones desde la perspectiva de austeridad y eficiencia, pero sin dejar de lado los derechos sociales y laborales.

José Tudela Aranda, secretario general de la Fundación Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza, España, apuntó que el servicio civil de carrera del Congreso en México debe asegurar su neutralidad política, a fin de lograr continuidad y elevar el desempeño de los trabajos legislativos.

Aseguró que en el diseño de políticas eficientes se requiere que el equipo de trabajo de diputados y senadores esté altamente capacitado, ya que “no hay Congreso eficiente sin una adecuada administración parlamentaria”.

Precisó que muchos de los problemas que tiene hoy la práctica parlamentaria no es porque se legisle mal o que los integrantes del Congreso y los servidores públicos sean ineficientes, sino porque las leyes no están acordes con la actualidad.

León Aceves Díaz de León, asesor de la Secretaría General y secretario técnico del Consejo Directivo del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados, expuso que hay desacreditación de los servidores públicos no sólo en la esfera política, sino en las áreas técnico-administrativas de los tres niveles de gobierno, pues son considerados incapaces y poco honestos.

Destacó que ante este panorama es primordial que los servidores públicos sean cercanos a la ciudadanía y respondan a las necesidades colectivas que laceran al país, de ahí la importancia de implantar políticas de profesionalización en servicio de carrera, las cuales deben estar fundamentadas con reglas muy claras que no den cabida a la discrecionalidad, sino que garantice objetividad y equidad de oportunidades del personal que busca desarrollarse en el campo parlamentario.

Expuso que contar con un servicio de carrera permitirá generar servidores públicos altamente calificados en los procesos legislativos, lo cual contribuirá a que los grupos parlamentarios y demás órganos construyan agendas y productos normativos de más calidad.