La
diputada Rosalinda Galindo Silva, integrante del Grupo Legislativo de Morena en
el Congreso de Veracruz, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta a que la Secretaría de
Salud (SSA) y la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del
Estado (CGCS), en coordinación con los Ayuntamientos de la entidad, promuevan y
promocionen acciones para prevenir, combatir y erradicar, los mortíferos
efectos de la enfermedad de Chagas, que provoca la mordedura de la “chinche
besucona”.

Lo
anterior, aseguró Galindo Silva, a través
de campañas de salud en los diversos medios de comunicación que
concienticen a la ciudanía, principalmente las zonas rurales, iniciando por su
mayor incidencia en la Huasteca y que den a conocer las recomendaciones para
prevenir la propagación de la “chinche besucona”, que en más de un caso culmina
con la muerte.

En su
exposición de motivos, la legisladora del Distrito X de Xalapa I, destacó que entre
los principales mensajes de promoción y difusión se debe detallar: la
identificación de insecto denominado “chinche Besucona”, picuda u hocicona; la toma
de muestra sanguínea en las Instituciones del Sector Salud. Además de promover
las medidas de limpieza en su propia vivienda y en sus patios, para prevenir el
incremento de éste insecto, procurando con ello que la sociedad tenga conocimiento
de esta enfermedad.

Agregó
que el derecho a la salud se encuentra plasmado en el artículo 4° de
la Carta Magna, donde asegura que “toda persona tiene derecho a la protección
de la salud”.

Puntualizó que actualmente existen enfermedades
que se han visto postergadas de las prioridades de salud pública y afectan a
cerca de mil millones de personas en el mundo, particularmente en poblaciones
pobres de clima tropical; tal es el caso de la enfermedad de Chagas, producida
por un parásito transmitido por las heces de la “chinche besucona”.

Indicó que un actor primordial en el combate a
esta enfermedad es la propia sociedad con acciones de prevención, es por ello
la importancia de realizar estas campañas de difusión para crear conciencia
respecto a esta enfermedad a todos los ciudadanos.

La legisladora subrayó que tres de cada diez
personas que contraen la infección desarrolla la enfermedad y sus síntomas
pasan desapercibidos hasta por 20 años, pues se trata de una enfermedad
silenciosa que provoca consecuencias graves, ya que durante este periodo no
muestra ningún síntoma.

Veracruz, es la entidad con mayor número de casos
de esta enfermedad a nivel nacional, como lo reporta el Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la UNAM, ya que de 2007 al 2017, se reportaron mil 299 casos. De éstos –puntualizó- ha habido 55 defunciones a
consecuencia de este padecimiento.

Este Anteproyecto fue turnado a Junta de
Coordinación Política (Jucopo) para su análisis y dictamen.

Durante la octava sesión de la LXV Legislatura del
Estado, la diputada Judith Pineda Andrade, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN), presentó un proyecto de Punto de Acuerdo
mediante el cual realiza un exhorto a los diversos niveles de Gobierno para que
se atienda la situación de deterioro en la que se encuentran los más de 20 mil
kilómetros de carreteras y caminos con
que cuenta Veracruz.

En éste, solicita que la Federación haga un manejo
óptimo de los recursos del Fondo Nacional para la Infraestructura (FONADIN),
así como que el Gobierno estatal, proyecte a la zona norte de Veracruz como
sector prioritario para la inversión de los recursos que se le transfieren de
las Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido como Ramo General 023.

La legisladora Pineda Andrade señala que con la
finalidad de que se tenga certeza de las acciones proyectadas en el Plan
Nacional de Infraestructura Carretera 2019-2024, se publique el documento y “se
deje de jugar con las esperanzas de la gente que vive en zonas con vías de
comunicaciones destrozadas”, e igual se agilice el proceso de aprobación y
publicación del Programa Sectorial en Comunicaciones para el Estado de Veracruz.

Desde Tribuna, exhortó al Ejecutivo Estatal para que
a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), sean aplicados
mayores recursos de las Provisiones Salariales y Económicas, Ramo General 023,
en la rehabilitación de las carreteras estatales del Distrito II de Tantoyuca.

Además para que, a través de los titulares de la SIOP
y de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se apruebe y publique el
Programa Estatal de Comunicaciones para el periodo 2019-2024.

De igual forma, al Ejecutivo Federal para que, a
través del Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), en Veracruz, se destinen y apliquen mayores recursos del FONADIN,
en el estado de Veracruz, especialmente en la zona norte; y para que a la
brevedad se publique, en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional
de Infraestructura Carretera para el periodo 2019-2024.

Este proyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la
Junta de Coordinación Política.

El presidente de la Comisión Permanente de Hacienda
Municipal del Congreso de Veracruz, diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico
presentó ante el Pleno la iniciativa, ante el Congreso de la Unión, con
proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación
Fiscal, cuyo objetivo es permitir que los ayuntamientos puedan disponer de
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), para el
pago de las sentencias a consecuencia de laudos laborales.

El diputado, integrante del Grupo Legislativo de
Morena, subrayó que esta modificación buscar apoyar a los municipios que
cuentan con laudos laborales y que les ha generado una obligación financiera
por mandato judicial y que no cuentan con los recursos para el cumplimiento de
las sentencias.

Subrayó que esta propuesta no solo apoyará a los 212
Ayuntamientos del estado de Veracruz, sino a los dos mil 457 municipios que
comprende los Estados Unidos Mexicanos para que, conforme a la legislación que
rige a dicho fondo, se lleve a cabo el saneamiento de sus finanzas, sin caer en
observaciones en las auditorías al Fondo Federal.

Además, agregó el legislador, se evitaría que los
integrantes de los Cabildos de la entidad lleguen a situaciones de desacato por
incumplimiento de las sentencias. Asimismo ejemplificó los casos donde la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la destitución y
presentación ante un juez en los municipios de Coacalco de Berriozábal, en el
Estado de México; Tlacotepec de Benito Juárez en Puebla; el delegado de
Venustiano Carranza en la Ciudad de México y Paraíso en Tabasco.

No solo se trata de la protección a los ediles,
detalló el diputado Álvarez Pellico, quien añadió que se busca que los derechos
laborales de los ciudadanos se vean garantizados.

La iniciativa está encaminada a buscar el
saneamiento de los adeudos generados por laudos laborales, manifestó el
legislador, quien dijo “nuestro compromiso con los municipios del Estado nos
lleva a buscar mecanismos que contribuyan a que estos tengan las herramientas
necesarias y apegadas a la normatividad para que realicen las acciones
tendientes al pago de las sentencias”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

Durante la octava sesión ordinaria, el Pleno de la
LXV Legislatura aprobó cuatro Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), relacionados con exhortos a ayuntamientos de la entidad a fin que
efectúen la regularización y escrituración de los predios escolares; a
garantizar los derechos humanos de la población migrante; para la instauración
de Institutos Municipales de las Mujeres y a la expedición de disposiciones
reglamentarias de la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión
de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado.

De esta manera se aprobó el Acuerdo, resultado del
anteproyecto que presentó el pasado 29 de enero por el diputado Víctor Emmanuel
Vargas Barrientos, por el que se exhorta a 95 ayuntamientos a trabajar para regularizar y escriturar los predios escolares de todos los niveles
educativos, asentados en sus respectivas zonas.

El documento enlista los ayuntamientos, que son: Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Álamo
Temapache, Amatlán de los Reyes, Atzalan, Camarón de Tejeda, Camerino Z.
Mendoza, Chumatlán, Citlaltépetl, Coahuitlán, Comapa, Cosoleacaque, Emiliano
Zapata, Hidalgotitlán, Jilotepec, La Perla, Martínez de la Torre, Mecatlán,
Misantla, Paso del Macho, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo,
Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco,
Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista,
San Rafael, Santiago Tuxtla, Sayula de
Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa y Soledad de Doblado.

Así como
Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tatahuicapan de
Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán,
Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacan,
Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan,
Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan,
Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Tuxtilla,
Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa,
Xico, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zongolica, Zontecomatlán y
Zozocolco de Hidalgo.

Asimismo, fue aprobado el Acuerdo, resultado del
anteproyecto que presentó el 17 de enero pasado por el diputado Juan Manuel de
Unánue Abascal, por el cual se exhorta a las autoridades estatales competentes
y a los Ayuntamientos del Estado de Veracruz a implementar acciones tendientes
a proteger y garantizar los derechos humanos de la población migrante en su
recorrido por el territorio veracruzano.

También fue aprobado el Acuerdo, resultado de la propuesta
presentada el pasado 9 de abril por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, por el
que se exhorta a los 212 ayuntamientos a que constituyan sus Institutos
Municipales de las Mujeres y los operen conforme a lo establecido en el
artículo 81 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

De igual forma para que instruyan a sus Tesorerías
Municipales para que, en sus respectivos proyectos de Presupuestos de Egresos,
incluyan una partida presupuestal para la operación de dichos institutos e
implementen el Plan Municipal para la Igualdad y a fin de que consideren la
profesionalización de las titulares de estos Institutos, con capacitación
especializada en la materia.

Por último, fue aprobado el Acuerdo, resultado de
los anteproyectos, presentados el 4 de abril de este año por las diputadas
Erika Ayala Ríos y María Josefina Gamboa Torales, así como el legislador
Gonzalo Guízar Valladares y mediante el cual se exhorta al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz a expedir las disposiciones reglamentarias de
la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas
con Trastorno del Espectro Autista para el Estado.

Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado
a asignar los recursos presupuestales necesarios para que las Secretarías de
Salud y de Educación de la entidad den cumplimiento a las obligaciones que les
impone la Ley invocada en el Resolutivo Primero.

En el
marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil (12 de Junio), la diputada
Nora Jessica Lagunes Jáuregui, aseguró que desde el Poder Legislativo estatal y
federal se tiene el compromiso de fortalecer las leyes y llamar a la
coordinación y concienciación, para
trabajar de manera coordinada con las y los presidentes municipales,
procuradores de justicia, autoridades encargadas de velar por el respeto de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

La
legisladora del Distrito XVIII, de Huatusco, recordó que desde el año 2002 la
Organización Internacional del Trabajo se instituyó el «Día Mundial Contra el Trabajo
Infantil» con el objetivo de hacer visible esta situación, y así sumar
esfuerzos y coordinación para erradicar la desigualdad que afecta la vida de
millones de niñas, niños y adolescentes que se ven obligados a trabajar.

Durante
su pronunciamiento la también vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad
de Género aseguró que son 98 mil 343 niñas, niños y adolescentes veracruzanos
los que se encuentran realizando una jornada de trabajo, en muchos casos, sin
remuneración y en condiciones de riesgo.

Destacó
que el artículo 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
reconoce el derecho de todas las niñas y los niños a estar protegidos contra la
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

La
legisladora condenó el hecho de que
menores de edad en situación de trabajo vean afectado el ejercicio pleno de sus
derechos. Como ejemplo señaló que en este sector vulnerable es alto el número
de deserción escolar y no tienen garantías de su derecho al libre
esparcimiento.

Puntualizó
que el problema se torna aún más delicado cuando existe situación de calle, ya
que los menores quedan totalmente vulnerables a la discriminación social, a
afectaciones de la salud, agresiones físicas y sexuales, poniendo su integridad
física en riesgo.

“En
cualquier municipio de Veracruz vemos a niñas, niños y adolescentes, que
enfrentan la carencia alimentaria, la falta de acceso a servicios de educación,
salud y vivienda, y la pobreza que los rodea, y desafortunadamente estos
comienzan a ser normalizadas y olvidadas”, detalló.

La
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional manifestó que este
sector vulnerable está en las calles trabajando por el contexto de pobreza en
el que viven, “porque como sociedad y desde el gobierno, hacen falta mayores
esfuerzos por atender esta situación”.

Por lo
anterior, convocó a sus compañeros legisladores hacer efectivo el marco jurídico
y los Tratados Internacionales de los que México es parte, y sumar esfuerzos
para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Es
oportuno hacer un reconocimiento público al trabajo realizado por asociaciones
civiles, colectivos y voluntarios que procuran el bienestar de la infancia y la
adolescencia veracruzanas”, finalizó.

A nombre de los integrantes del Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Rodrigo García Escalante
presentó al Pleno de la LXV Legislatura, una Iniciativa de Decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado, y señaló, en
su participación, que el 20 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, una reforma a la Ley General de Salud.

Reforma que buscó, -señaló el legislador- hacer
eficiente la labor del Estado en materia de combate al narcomenudeo,
estableciendo la corresponsabilidad de los gobiernos federal y de las entidades
federativas. Asimismo destacó que la misma estableció también acciones
concurrentes para el tratamiento médico y programas de prevención para fármaco dependientes
y no fármaco dependientes.

La Ley de Salud del Estado, continuó García
Escalante, aborda la colaboración del Gobierno estatal en la ejecución del
programa nacional de fármaco dependencia,
pero omite, dijo, adecuar en materia de salud lo relacionado al
contenido del artículo 474 de la Ley General de Salud, que responsabiliza
también a las entidades de la Federación en la prevención del consumo de
narcóticos y atención a las adicciones.

El legislador detalló que hasta el momento el
Gobierno del Estado ha sido solo ejecutor del programa nacional contra la fármaco
dependencia, evadiendo asumir la responsabilidad que, a partir del 2009, le
permite hacer frente a un problema social y de salud grave.

Agregó que la prevención es una alternativa que
puede cerrarle el paso a la delincuencia
y a las enfermedades señalando que es necesario, con urgencia, una
sociedad segura, consciente, sana y libre de violencia, “exigimos un gobierno
que se preocupe en invertir en la prevención y atención a las adicciones”.

Subrayó que, aún cuando existen políticas y
programas a nivel nacional, el Gobierno local debe de intervenir en ejercicio
del principio de concurrencia que le otorga la Ley General de Salud, y en
beneficio de todos los veracruzanos.

Puntualizó que el gobierno local debe destinar
recursos suficientes para la creación de Centros Especializados de Prevención y
Control de las Adicciones.

Propuso sea
destinado el 50 por ciento de los ingresos obtenidos por el concepto de multas
derivadas por faltas en materia de alcoholemia, en términos de la Ley de
Tránsito y Transporte, y las contendidas en el Capítulo Tercero “Bis“ de la Ley de Salud del Estado,
incrementándose el monto de estas últimas.

“En el PAN tenemos claro que la sociedad carecería
de sentido y de misión, si no fuese porque en ella, los hombres y las mujeres,
debemos encontrar un ambiente propicio para la realización de nuestra propia
finalidad humana y espiritual. Es urgente se rompan inercias para crear
sinergias, y llevar a México hacia una vida más plena y más digna”, concluyó.

La Iniciativa de Decreto, signada por los
integrantes del Grupo Legislativo del PAN, fue turnada a la Comisión Permanente
de Salud y Asistencia.

En las
instalaciones del Congreso del Estado la presidenta de la Comisión Permanente
de Turismo, diputada María Esther López Callejas, recibió y dio la cordial
bienvenida a distinguidos directivos de la Universidad de Changzhou, de la
República Popular de China, quienes se encuentran de visita en la entidad
veracruzana.

Esta
delegación tiene, entre otras cosas, el objetivo de suscribir un convenio
académico con la Universidad Veracruzana (UV), lo cual representará nuevas
oportunidades para el desarrollo e intercambio académico de la población
estudiantil de la máxima casa de estudios del Estado.

Asimismo,
es de destacarse que con esta visita a las instalaciones del Palacio
Legislativo, se respalda y fortalece el intercambio cultural, educativo,
académico, turístico y comercial entre China y Veracruz; por lo que fueron
recibidos con el debido protocolo para visitantes extranjeros, y tuvieron la
oportunidad de apreciar diversas expresiones del extenso bagaje cultural
veracruzano.

Después
de un recorrido por las instalaciones del Palacio Legislativo; en su discurso
la diputada María Esther López Callejas aseguró que este acto protocolario es
muestra del hermanamiento que existe entre ambas naciones y que para las y los
veracruzanos es sumamente importante invitarlos a conocer de la música y
gastronomía siendo parte del acervo cultural de la entidad veracruzana.

La
representante del Distrito XIII, de Emiliano Zapata, resaltó la importancia de
suscribir convenios entre universidades estatales e instituciones de educación
superior en el extranjero, pues con ello, se abren nuevas posibilidades para
las y los jóvenes veracruzanos.

“Las y
los diputados del Congreso de Veracruz, nos sumamos y apoyamos a la tarea de la
UV y del Centro de Estudios China-Veracruz y de la Universidad de Changzhou,
para reforzar los intercambios provechosos que beneficien a las y los jóvenes
estudiantes, académicos, docentes e investigadores, porque estamos seguros que
juntos, podemos cimentar un futuro mejor y más certero y de progreso para las
nuevas generaciones de ambos pueblos”, expresó.

En
palabras de Chen Qun, Secretario del Partido y Orador por parte de la
Delegación China, dijo que la Universidad de Changzhou, de la República Popular
de China, ocupa uno de los primeros cien lugares en el ranking de las mejores
universidades del país, y que de sus aulas han emanado grandes empresarios e
investigadores de reconocimiento mundial.

Agregó
que su objetivo es seguir creciendo y conformando diversos intercambios
académicos y culturales con
universidades internacionales, procurando promover la economía y el
turismo e impulsando todas las regiones de su país.

Asimismo,
agradeció profundamente la hospitalidad brindada por el pueblo veracruzano en
especial a los legisladores, reafirmando la amistad entre los dos pueblos; y
realizó una atenta invitación para conocer su país, su provincia y su
Universidad.

La
comitiva china estuvo conformada por Pu Jianmin, director de la Oficina de Desarrollo
y Planeación, Xiong Zupeng, vice-rector de la Escuela de Artes, Miao Ying,
Subdirector de la Oficina de Bienes y Administrador de Laboratorios, Wei Qian,
maestra de la escuela de Lenguas y Cultura, y Esteban Zottele, representante de
la Universidad Veracruzana en China.

También,
participaron en este encuentro las diputadas María Candelas Francisco Doce y
Rosalinda Galindo Silva, secretaria y vocal, respectivamente, de la Comisión
Permanente de Turismo, el diputado León David Jiménez Reyes, Presidente de la
Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso del Estado, así como
representantes del Centro de Estudios China-Veracruz de la UV.

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, integrante del
Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó la iniciativa
que reformaría los artículos 157 y 158 del Código Penal del Estado, con el cual
se busca imponer de seis meses a cinco años de prisión y multa de hasta 50
Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien, dolosamente, ponga en peligro
de contagio de una enfermedad grave a otra persona.

En su intervención en tribuna –durante la octava
sesión ordinaria- la legisladora planteó también que, desde el momento de la
denuncia, la Fiscalía General del Estado (FGE) informe a la Secretaría de Salud
del Estado, a efecto de brindarle a la parte pasiva del delito el tratamiento
de prevención correspondiente a la enfermedad a la que fue expuesta.

Del mismo modo, la modificación prevé de cinco a
ocho años de prisión y multa de hasta 100 UMA´s cuando produzcan al ofendido la
pérdida definitiva de cualquier extremidad, órgano, función orgánica o causen
una enfermedad grave, incurable o una deformidad incorregible.

La diputada del Distrito XXVIII de Minatitlán
expresó que esta modificación busca, principalmente, castigar, a la luz del
derecho humano a la no discriminación, la conducta dolosa de poner en peligro
de contagio de una enfermedad grave a una persona, sin distinguir que el sujeto
pasivo padezca o no la enfermedad.

Además de garantizar los derechos de la víctima de
los tipos penales, peligro de contagio y lesiones, de acuerdo a lo determinado
por el artículo 20, apartado C de la Carta Magna, así como de la Ley de
Víctimas para el Estado de Veracruz, al establecer que la FGE, a través de la
colaboración con la Secretaría de Salud, brinde a la víctima los tratamientos
preventivos convenientes según la enfermedad a la que se estuvo expuesta.

Subrayó que según la Organización Mundial de la
Salud, entre las enfermedades transmisibles están sífilis, gonorrea, hepatitis
B Y C, herpes, VIH, Tuberculosis y cuyos síntomas se pueden atender con
tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas y mantener bajo
control la enfermedad.

Dijo que a diferencia de otros países como Canadá,
Alemania e Inglaterra que no tienen tipos penales específicos para el riesgo de
contagio de enfermedades graves, en México, tanto a nivel Federal como algunas
Entidades Federativas, han creado figuras delictivas específicas para
criminalizar tales conductas, entre ellos Veracruz.

Por último, la diputada agradeció al titular de la
Secretaría de Salud de la entidad, Roberto Ramos Alor, por su apoyo para la
elaboración de esta iniciativa.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen
correspondiente.

La
diputada Brianda Kristel Hernández Topete, integrante del Grupo Legislativo
Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD),
presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reformaría y adicionaría
diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, para dotar de
productos menstruales a las estudiantes en sus escuelas.

Propuso
que en la totalidad de las escuelas de nivel básico, media superior y superior,
existan dispensarios donde todas las mujeres, puedan adquirir de manera
gratuita productos menstruales como: toallas sanitarias reutilizables y
ecológicas, tampones desechables, copas menstruales, analgésicos para el dolor
menstrual, entre otros. De esta forma, el Estado garantizaría la igualdad en el
acceso a la educación de hombres y mujeres, y la no discriminación de las
mujeres.

La
diputada representante del Distrito XXIV de Santiago Tuxtla, dijo que acciones
como esta, erradicarían la desigualdad por razón de género y el argumento falaz
sobre la menstruación que ha sido utilizado a lo largo de la historia para
excluir a las mujeres y a las niñas de actividades cotidianas o de entornos
sociales, y que lamentablemente, persiste en algunos sectores de la sociedad.

La
iniciativa plantea reformar la fracción XXIV del artículo 18 y adicionar: la
fracción XXV recorriéndose la actual fracción XXV para convertirse en XXVI del
artículo 18; y la fracción XVII recorriéndose las actuales XVII y XVIII para
convertirse en XVIII y XIX, del artículo 90; todas de la Ley de Educación del
Estado de Veracruz.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y
Cultura, y para la Igualdad de Género, para su análisis y dictamen.

El
diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, manifestó la indignación de las y los
diputados del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, ante el
plagio del periodista Marcos Miranda Cogco, mejor conocido como “Marmiko”, en
Boca del Río.

“Hechos
como este, nos indignan y desde el Grupo Legislativo de Morena queremos
refrendar nuestro apoyo a la familia del comunicador Marcos Miranda, porque no
podemos ni imaginar el gran dolor por el que atravesaron al desconocer el
paradero de su ser querido”, expresó el diputado, secretario de la Comisión de
Atención y Protección de Periodistas.

Enseguida,
reconoció el despliegue de las fuerzas policiales estatales, que en
coordinación con las federales, durante la madrugada de este jueves, liberaron
al comunicador.

Advirtió
que estos hechos, cimbran y recuerdan que, detener la violencia ejercida en
contra de periodistas y comunicadores constituye uno de los grandes deberes y
compromisos de este gobierno.

“En
MORENA reconocemos la enorme valía que tiene el ejercicio periodístico en
nuestro Estado, reconocemos que el derecho humano a la libertad de expresión de
las y los comunicadores, debe ser protegido y garantizado plenamente, pues solo
así podremos transitar hacia un Estado más democrático, más libre y más justo”,
enfatizó el representante del Distrito XX de Orizaba.

Del
mismo modo, desde la Máxima Tribuna del Estado, exigió al Fiscal General del
Estado, una investigación eficiente que arroje resultados concisos sobre la
privación ilegal de la libertad que sufrió el periodista Marcos Miranda Cogco,
agotando todas las líneas de investigación posibles, incluida la relacionada
con su ejercicio profesional.

“Callar
a los periodistas es callar a la sociedad, y callar a la sociedad es frenar la
consolidación de la democracia, es encaminarla hacia su destrucción. Por esto,
en el Grupo Legislativo de MORENA condenamos los hechos perpetrados en contra
de Marcos y exigimos a la Fiscalía General, dar con los autores materiales e
intelectuales de estos reprobables actos y lograr la aplicación de las
sanciones que correspondan. Por un auténtico estado de derecho decimos: No más
impunidad y sí a la libertad de expresión”, señaló el legislador.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la
iniciativa, presentada el pasado 19 de marzo por el diputado Henri Christophe
Gómez Sánchez, con la que se reforma el artículo 72 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz y se establece que
las obras, además de atender la debida planeación, considerará medidas de
protección civil, indispensables para resguardar a la población.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por
las Comisiones Permanentes Unidas de Comunicaciones y de Protección Civil,
registró 41 votos a favor. Sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera, el artículo 72 de la citada ley
refiere que el contratista será responsable de la ejecución de los trabajos y
deberá sujetarse a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección civil,
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal,
estatal o municipal.

Así como a las instrucciones que al efecto le señale
el ente público. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren
por su inobservancia serán a cargo del contratista.

La exposición de motivos del Dictamen concluye que
esta modificación busca evitar riesgos a la población, con obras mal planeadas
y sin los estudios técnicos necesarios.

Señala que en materia de Protección Civil debe
existir la corresponsabilidad de todos y por eso debe impulsarse la
planificación de obra pública, planificación territorial, así como la educación
de la población en materia de prevención; con el propósito de salvaguardar la vida
y el patrimonio de los ciudadanos, la infraestructura y minimizar los daños al
medio ambiente.

Tras haberse aprobado, el presidente de la Mesa
Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro instruyó remitir este Decreto al
Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.

El
Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz de la diputada
María de Jesús Martínez Díaz, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado, con la finalidad de otorgar
atribuciones a la Contraloría General del Estado (CGE) y a los Órganos Internos
de Control (OIC) para la supervisión del Padrón de proveedores de cada ente
público.

Asimismo,
con esta reforma podría otorgarle a cada OIC la atribución para proceder a la
cancelación del registro de algún proveedor, pues el objetivo de esta
iniciativa es resolver el conflicto de intereses en el que pudiera encontrarse
el servidor público al integrar el padrón de proveedores, y quien a su vez es
el encargado de la unidad de realizar las compras o contrataciones.

Además,
continuó la legisladora, se prevé que los proponentes de bienes o servicios que
vayan a participar en algún procedimiento, proporcionen, no sólo el Domicilio
Fiscal tal y como ya lo establece la Ley, sino que además de ello, el domicilio
exacto de sus oficinas centrales, matrices, sucursales, establecimientos, bodegas,
talleres o cualquier otra instalación inmobiliaria vinculada con la empresa o
negocio, lo anterior, a fin de estar en condiciones de corroborar la veracidad
de la información.

“La
intención es que se incorpore a dicha Ley, Inspecciones Domiciliarias, mismas
que estarán a cargo del Órgano Interno de Control del Ente Público y deberán
constar por escrito, asentando la ubicación georeferenciada de los domicilios
verificados, junto con un registro gráfico y fotográfico de estas”, puntualizó
Martínez Díaz.

Además,
en consecuencia, continuó la diputada, se propone señalar que la Contraloría
General u Órgano Interno de Control, tendrían la responsabilidad de verificar
la existencia física de las empresas, contribuyendo a trabajar en una reforma a
los Artículos 49, 56 y 59 para armonizar el texto vigente con dicha propuesta,
no sólo incorporando nuevos requisitos a proveedores y candados en la Ley, sino
perfeccionando la norma a través del
incremento de las sanciones, ya establecidas en la misma.

En lo
que se refiere a las responsabilidades se propone incorporar la obligación a los
servidores públicos, de informar sobre las infracciones al Órgano Interno de
Control o Contraloría General, además de adicionar una Fracción para señalar
que dicha falta será también considerada una infracción a la Ley, el hecho de
que el proveedor llegara a impedir, evitar o dificulte la verificación o
inspección domiciliaria correspondiente.

Además,
afirmó la también presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se propone
incrementar el monto de la multa que actualmente establece la Ley de hasta mil
UMAS, para ir de las 300 a las mil 500 UMA´s.

“En
Acción Nacional, estamos convencidos que el combate a la corrupción debe darse
de forma pragmática y real, además de impulsar cambios al derecho vigente que
beneficien a quienes integran de forma real el sector empresarial, comercial y
de servicios, a aquellos que buscan salir adelante generando empleos e
inversión”, dijo la legisladora.

Finalmente,
aseguró que se debe favorecer a la iniciativa privada que le apuesta al
desarrollo económico del Estado, que ve en los órganos de Gobierno un cliente
potencial, a quien puede ofrecerle, bajo las mejores condiciones del mercado,
bienes y/o servicios; participando de forma libre y competitiva en
procedimientos reales contra sus iguales y no contra Empresas Fantasmas.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes de Unidas de Hacienda del
Estado y Vigilancia.

Con el objetivo de dar respuesta a una protección civil
como fuerza preventiva y se apliquen rigurosas acciones para evitar riesgos, la
diputada Ana Miriam Ferráez Centeno presentó un anteproyecto de Punto de
Acuerdo por el cual exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a
realizar las acciones para evitar
el represamiento de las aguas que desbordan de los ríos Nautla y Chapachapa y de
los arroyos Colorado y La Bacinica, con el objetivo de salvaguardar la vida,
integridad y el patrimonio de los habitantes de la comunidad Felipe Carrillo
Puerto, del municipio de Martínez de la Torre.

Asimismo, se exhorta al Gobierno del Estado a que se
coordine con las instituciones federales, a fin de implementar las medidas necesarias
y evitar poner en riesgo a la población de esa comunidad.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena
subrayó que la autopista Cardel-Poza Rica es una gran obra que acortará tiempos de desplazamiento,
dando mayor seguridad en los traslados entre el centro y norte del Estado.
Agregó que será una vía carretera que tendrá una longitud de 129.5 kilómetros,
con una sección transversal de dos carriles y acotamiento.

Abundó que esta obra otorgará un gran potencial a las empresas veracruzanas
de la región “con el Gobierno Federal debemos seguir caminando juntos para
poner manos a la obra y hacer realidad proyectos estratégicos como estos, para
el desarrollo de nuestro Estado”, manifestó.

Este anteproyecto de Punto de Acuerdo, se turnó a la
Junta de Coordinación Política, del Congreso del Estado.

El diputado del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, José Magdaleno Rosales Torres,
presentó una iniciativa de decreto por el que se reformaría el artículo 32 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre, cuyo propósito es establecer la obligación
de los Ayuntamientos para que graben y transmitan públicamente sus sesiones de
Cabildo.

El legislador del Distrito
XVII, de Medellín, aseguró que las grabaciones deberán realizarse en un formato
de video, sin cortes y sin edición y, dependiendo de sus condiciones
socioeconómicas y técnicas, transmitirlo en vivo o ponerlo a disposición
pública a través de su Unidad de Transparencia.

Lo anterior con excepción
a lo relativo a las sesiones secretas, dejándose de considerar de éste tipo las sesiones en las que
deban tratarse asuntos relativos a la hacienda pública municipal.

Rosales Torres agregó que referente a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, propone se
adicionen dos incisos a la fracción II del artículo 16, donde se sumen a los
requisitos de información para los Ayuntamientos, las versiones estenográficas
y las grabaciones en video de las sesiones públicas, coadyuvando con ello la
participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos, convirtiéndose
en actores dentro de las diferentes formas de toma de decisiones en los
Ayuntamientos.

“En nuestro carácter de legisladores,
representantes de la voluntad del Pueblo, es nuestra obligación proveer los
mecanismos que coadyuven al desarrollo del Estado de Veracruz”, expuso el
diputado, quien agregó que este tipo de iniciativas dan certeza y la máxima
transparencia a las y los veracruzanos respecto a las acciones para la
erradicación y prevención de la corrupción.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Gobernación y de Transparencia, Acceso a la Información y
Parlamento Abierto, para su estudio y dictamen correspondiente.

-Pide diputado cumplir con la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad
Piloncillera-

Asimismo,
durante la sesión, el diputado José Magdaleno Rosales, presentó un Anteproyecto
con Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz,
para que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca (Sedarpa), dé cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio de la Ley para el Fomento,
Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una
actividad agrícola, artesanal y tradicional en la entidad y expida el Reglamento
correspondiente.

Recordó que el 29 de noviembre de 2018 fue
publicada en la Gaceta Oficial del Estado la Ley para el Fomento, Desarrollo y
Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad
agrícola, artesanal y tradicional en el Estado, misma que en su transitorio
tercero ordena que en 90 días naturales se deberá expedir el respectivo
Reglamento, y que correspondería a la Sedarpa, llevarla a cabo por ser la
dependencia competente en la materia.

Aseguró
que a casi seis meses de haberse publicado la Ley –a su consideración- se
encuentran en el mismo escenario de corrupción en la elaboración y venta del
piloncillo, pues el Reglamento que se ordena en el transitorio tercero de la
Ley aún no ha sido elaborado, lo cual viene en detrimento de los verdaderos
piloncilleros.

“El
comercio desleal no sólo afecta a Veracruz, sino a los productores de otros
Estados, pues esta labor constituye su única fuente de ingresos y sustento
familiar”, detalló.

Si bien
el reglamento no resuelve al cien por ciento la problemática, sí contribuye a
alinear a los productores desleales, apoyando el crecimiento económico de este
sector en Veracruz, concluyó.

Por fortuna y más allá del debate y la discusión,
todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Veracruz coinciden
en respaldar, apoyar y respetar la libre expresión de ideas, aseguró el
diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura, durante el convivio con representantes de los medios de
comunicación de la entidad, con motivo del Día de la Libertad de Expresión
(conmemorado en México cada 7 de junio).

En el evento y con la presencia del presidente de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín y de los coordinadores
de los Grupos Legislativos, del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández
Hernández y de los Partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de
México (PRI-PVEM), Erika Ayala Ríos, el legislador Pozos Castro dijo que las y
los diputados reconocen la labor de las personas que, con responsabilidad y
compromiso, mantienen informados a los veracruzanos del acontecer diario.

Subrayó que hoy más que nunca debe fortalecerse el
respaldo y respeto a la libre expresión de ideas y que el Congreso de Veracruz
siempre ha sido una institución de “puertas abiertas”, en la que hay
disposición al diálogo y apertura a la crítica.

De igual forma reiteró su reconocimiento a la labor
que realizan los comunicadores de la entidad, toda vez que –destacó- esta
actividad es fundamental en la consolidación democrática del Estado y del país.

Asimismo, recordó que la libertad es de suma
importancia para los seres humanos y señaló que en Veracruz está garantizada
esta libertad, en cual sea de las formas.

A este encuentro asistieron las diputadas Adriana
Esther Martínez Sánchez, Ana Miriam Ferráez Centeno, Cristina Alarcón Gutiérrez,
Jessica Ramírez Cisneros, Magaly Armenta Oliveros y Deysi Juan Antonio.

También los diputados Jorge Moreno Salinas, Rodrigo
García Escalante, Wenceslao González Martínez, Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Raymundo Andrade Rivera, así como
el Secretario General del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá y el
Coordinador de Comunicación Social, Aldo Adrián Valerio Zamudio.

El diputado Juan Carlos Molina Palacios, vocal de la
Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
del Congreso del Estado, presentó la iniciativa que reformaría el artículo 54
de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado cuyo propósito es
instaurar un desarrollo integral que logre una auténtica política pública y que
se vea reflejado en convertir “un campo verde veracruzano”.

La iniciativa del legislador independiente plantea
que respecto a la restauración de los predios con actividad agropecuaria, los
productores estarían obligados a destinar el 10 por ciento de su superficie
para realizar trabajos de reforestación, preferentemente en forma compacta o en
cortinas de árboles de usos múltiples, que pueden colocar alrededor de sus
linderos.

Podrán incluirse bancos forrajeros con leguminosas,
así como la superficie reforestada alrededor de las ollas de agua, arroyos,
manantiales o cualquier cuerpo de agua existente dentro del predio. Las
responsables de verificar que esto se cumpla serán las Secretarías de Medio
Ambiente (Sedema) y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa)

La propuesta legislativa refiere que cuando se
presenten procesos de degradación, desertificación o graves desequilibrios
ecológicos en terrenos forestales o preferentemente forestales, agropecuarios,
la Sedema y la Sedarpa, con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal
(Conafor), formularán y ejecutarán, en coordinación con los propietarios,
programas de restauración ecológica con
el propósito de que se lleven a cabo las acciones para la recuperación y
restablecimiento de las condiciones que propicien la continuidad de los
procesos naturales que en ellos se desarrollaban.

En su intervención en tribuna, el diputado Molina
Palacios dijo que de aprobarse esta iniciativa los beneficios serán:
mantenimiento de la fertilidad y propiedades físicas del suelo; control de
erosión y protección de cuerpos de agua; incremento de la biodiversidad,
recuperación paulatina de especies nativas, restauración del paisaje y aumento
en la cantidad y calidad de la producción agropecuaria con visión sustentable.

Agregó que los árboles a usarse en la reforestación
puedan ser frutales, maderables
forrajeras y dendroenergéticos (leña) y se propone que,
preferentemente, el 10 por ciento de la
superficie sea compacta y continua, para que -si el productor agropecuario lo
considera- pueda ser un área privada de conservación.

El legislador manifestó que Veracruz es uno de los
tres Estados de la República más ricos en biodiversidad. “Somos el Estado por donde
pasa el 35 por ciento de las escorrentías de agua y la entidad con el mayor
hato ganadero, somos también el mayor productor de azúcar, de cítricos, en
resumen somos un Estado con gran potencial agropecuario”, abundó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y
se instruyó remitir copia a la Comisión Especial para el Seguimiento a la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El diputado Jorge Moreno Salinas, en representación,
y como integrante del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y
del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), puso a consideración del Pleno de la
LXV Legislatura del Estado, una Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en
materia de comisiones municipales o edilicias.

Por ello, con la finalidad de fortalecer la
autonomía municipal y el orden jurídico respectivo, expone el legislador en su
Iniciativa, es necesario se reduzca el número de comisiones señaladas en la
Ley, y se dé su reagrupación, cuando existan materias afines.

Lo anterior, agrega, sin menoscabo de que los
ayuntamientos establezcan, en su caso, las demás comisiones que consideren,
acordes con las características propias de cada municipalidad.

La reducción de comisiones edilicias no implica en
modo alguno la eliminación de atribuciones de los integrantes de los
ayuntamientos, afirmó Moreno Salinas en su intervención, en contrario, se
pretende con ello propiciar mayor funcionalidad en sus labores.

Esto, apuntó, al ajustarse a la realidad social y
económica de los municipios y a la conformación de la mayoría de los órganos de
gobierno, en el que el número de ediles es el mínimo, todo ello, siempre sobre
la base del respeto a su autonomía, enfatizó el legislador del PRI.

Dijo que fortalecer a la institución municipal es
fortalecer al Estado, al representar la base de su división política y
territorial. Además se pronunció por dejar de regular en exceso el marco normativo
municipal y contribuir, con hechos, a su pleno desarrollo.

Esta Iniciativa de Decreto fue turnada a la Comisión
Permanente de Gobernación.

El
Congreso del Estado dio entrada a la Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada
por la diputada federal Raquel Bonilla Herrera, que propone reformar los
artículos 22, 61 y 108 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, en materia de remuneración de agentes y subagentes municipales.

En
la Iniciativa, difundida en el Anexo A de la Gaceta Legislativa número 41, la
legisladora refiere que La Ley Orgánica del Municipio Libre, le otorga la
calidad de servidor público al agente y subagente municipal, para tal efecto,
es de mencionar que los artículos 19 y 61, del ordenamiento antes mencionado,
determinan que “las congregaciones estarán a cargo de un servidor público
denominado agente municipal y, dependiendo de su demarcación territorial y de
los centros de población que comprenda, contarán con uno o más subagentes
municipales, quienes serán electos conforme a lo dispuesto por esta ley”, y
“los agentes y subagentes municipales son servidores públicos que funcionarán
en sus respectivas demarcaciones como auxiliares de los ayuntamientos”, respectivamente.

Sin
embargo, apunta el documento, actualmente la labor que desempeñan los agentes y
subagentes municipales veracruzanos, a favor del desarrollo municipal, aún no
es reconocida en su totalidad. Esta situación refleja que persiste la
vulneración de sus derechos.

El
documento destaca que los agentes municipales son la voz de los pobladores ante
la autoridad municipal, por tal motivo, es indispensable reformar la Ley
Orgánica del Municipio Libre, para establecer el pleno reconocimiento a este
tipo de servidores públicos, así como en concordancia con las recientes
sentencias emitidas tanto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación como por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

La
iniciativa explica que con el cumplimiento a las resoluciones pronunciadas por
los poderes judiciales federal y local, y con la aprobación de las
modificaciones propuestas en la presente iniciativa, se estará acatando lo que
establece tanto la Constitución federal como local, en materia de las remuneraciones
que perciben los servidores públicos municipales.

De
aprobarse la iniciativa, el párrafo 22 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,
quedaría como sigue:

El
desempeño de los cargos de Presidente municipal, Síndico, Regidor, Agentes y
Subagentes, será obligatorio y su remuneración se fijará en el presupuesto de
egresos de municipio, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y
disciplina del gasto público.

En
el artículo 61 quedaría estipulado que los cargos de agentes y subagentes son
obligatorios y su remuneración se fijará en el presupuesto de egresos
correspondiente, así mismo, para cumplir con sus fines recibirán de los
ayuntamientos los recursos provenientes de sus participaciones en los términos
y porcentajes que por ley les correspondan. Estas autoridades auxiliares no
podrán administrar más recursos que los recibidos para los gastos de
administración y funcionamiento de sus oficinas.

Finalmente,
el artículo 108 precisaría que el Presupuesto de Egresos regulará el gasto público
municipal y se formulará con base en los principios constitucionales de
austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez. Los ayuntamientos revisarán, evaluarán y aprobarán las remuneraciones
para sus integrantes, tomando en consideración la eficiencia en el gasto
administrativo, presupuesto de ingresos, extensión territorial, nómina y
tabuladores salariales.

La
Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su análisis
y dictamen.

Diputados integrantes del Grupo Legislativo de Morena, en voz de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, emitieron un pronunciamiento, relativo a las obligaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, para la pronta atención en el tema de violencia contra las mujeres.

A nombre de sus compañeros de bancada, externó su preocupación ante la creciente oleada de feminicidios en el Estado, oleada a la que este fin de semana se sumaron nueve mujeres asesinadas.

“Cada mujer asesinada, pone en evidencia la forma en que sistemáticamente es posible violentar sus derechos, sin importar si son adultas mayores, mujeres en plenitud, adolescentes o niñas pero más aún, se desnuda la violencia institucional que envuelve en un velo de impunidad cada caso y que hace que sea posible matar mujeres, porque no hay justicia que valga ni poder público que lo impida”, expresó la legisladora.

Dijo que los feminicidios que a diario se cometen en el país, son, más que cifras, el rostro de la discriminación, la inequidad, la vulneración por género, la violencia en contra de quienes se considera débiles, inferiores, víctimas y culpables.

Refirió que a nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su más reciente informe, señala que de diciembre de 2018 a abril de 2019, se cometieron 392 feminicidios, lo que quiere decir que en ese período se cometieron tres diarios.

“En el estado de Veracruz, este mismo informe revela que hubo 85 asesinatos de mujeres por razón de género de diciembre a abril, lo que coloca a nuestra entidad en el vergonzoso primer lugar nacional por la comisión de estos delitos”, subrayó.

Consideró lamentable que esta situación se utilice más para hacer escarnio político, que para tomar acciones efectivas que permitan disminuir las cifras. “Con una vida que se salve, con un feminicidio que se esclarezca, podríamos decir que se está logrando hacer algo, y sin embargo ello no ocurre”.

Recordó que el pasado 25 de enero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, puso en marcha la estrategia de coordinación estatal Cero Tolerancia de la Violencia contra las Mujeres, dando a conocer una serie de acciones específicas a realizar por parte de todas las instancias de gobierno, fundamentadas cada una en las recomendaciones contenidas en la Alerta de Violencia de Género por Feminicidio, declarada en noviembre de 2016.

“Por ello y a partir de ello es que vengo ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, a invitarles a que nos preguntemos ¿Qué hemos hecho cada uno y cada una, desde la representación que detentamos, para actuar en consecuencia y contribuir a disminuir la violencia de género que da lugar a la comisión del delito del feminicidio? ¿Hemos supervisado que cada secretaría de despacho, que cada instancia de gobierno, que cada municipio de los distritos que representamos, estén adoptando las medidas necesarias para detener estos crímenes?”.

“De igual manera, hacemos un enérgico llamado al Fiscal, quien, en sus recientes declaraciones a los medios de comunicación expuso cifras no oficiales con las cuales busca deslindarse de su responsabilidad, siendo alarmante que él mismo diga que del 100% de los casos, sólo el 40 por ciento ha sido resuelto, tarea que forma parte de sus competencias. Estas declaraciones, además de no corresponderse con la alta responsabilidad pública que ocupa, reflejan insensibilidad e incapacidad en el tema”.

Finalmente, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, subrayó que es tarea de todas y todos promover una cultura de paz, de respeto y de dignificación en el trabajo, en las escuelas y en el espacio público para erradicar las prácticas de discriminación y violencia en contra de las mujeres y las niñas veracruzanas.

En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil (12 de Junio), la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, aseguró que desde el Poder Legislativo estatal y federal se tiene el compromiso de fortalecer las leyes y llamar a la coordinación y concienciación, para trabajar de manera coordinada con las y los presidentes municipales, procuradores de justicia, autoridades encargadas de velar por el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora del Distrito XVIII, de Huatusco, recordó que desde el año 2002 la Organización Internacional del Trabajo se instituyó el «Día Mundial Contra el Trabajo Infantil» con el objetivo de hacer visible esta situación, y así sumar esfuerzos y coordinación para erradicar la desigualdad que afecta la vida de millones de niñas, niños y adolescentes que se ven obligados a trabajar.

Durante su pronunciamiento la también vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género aseguró que son 98 mil 343 niñas, niños y adolescentes veracruzanos los que se encuentran realizando una jornada de trabajo, en muchos casos, sin remuneración y en condiciones de riesgo.

Destacó que el artículo 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, reconoce el derecho de todas las niñas y los niños a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

La legisladora condenó el hecho de que menores de edad en situación de trabajo vean afectado el ejercicio pleno de sus derechos. Como ejemplo señaló que en este sector vulnerable es alto el número de deserción escolar y no tienen garantías de su derecho al libre esparcimiento.

Puntualizó que el problema se torna aún más delicado cuando existe situación de calle, ya que los menores quedan totalmente vulnerables a la discriminación social, a afectaciones de la salud, agresiones físicas y sexuales, poniendo su integridad física en riesgo.

“En cualquier municipio de Veracruz vemos a niñas, niños y adolescentes, que enfrentan la carencia alimentaria, la falta de acceso a servicios de educación, salud y vivienda, y la pobreza que los rodea, y desafortunadamente estos comienzan a ser normalizadas y olvidadas”, detalló.

La integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional manifestó que este sector vulnerable está en las calles trabajando por el contexto de pobreza en el que viven, “porque como sociedad y desde el gobierno, hacen falta mayores esfuerzos por atender esta situación”.

Por lo anterior, convocó a sus compañeros legisladores hacer efectivo el marco jurídico y los Tratados Internacionales de los que México es parte, y sumar esfuerzos para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Es oportuno hacer un reconocimiento público al trabajo realizado por asociaciones civiles, colectivos y voluntarios que procuran el bienestar de la infancia y la adolescencia veracruzanas”, finalizó.

Durante la octava sesión ordinaria, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó cuatro Acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), relacionados con exhortos a ayuntamientos de la entidad a fin que efectúen la regularización y escrituración de los predios escolares; a garantizar los derechos humanos de la población migrante; para la instauración de Institutos Municipales de las Mujeres y a la expedición de disposiciones reglamentarias de la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado.

De esta manera se aprobó el Acuerdo, resultado del anteproyecto que presentó el pasado 29 de enero por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, por el que se exhorta a 95 ayuntamientos a trabajar para regularizar y escriturar los predios escolares de todos los niveles educativos, asentados en sus respectivas zonas.

El documento enlista los ayuntamientos, que son: Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Álamo Temapache, Amatlán de los Reyes, Atzalan, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Chumatlán, Citlaltépetl, Coahuitlán, Comapa, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Hidalgotitlán, Jilotepec, La Perla, Martínez de la Torre, Mecatlán, Misantla, Paso del Macho, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa y Soledad de Doblado.

Así como Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacan, Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Tuxtilla, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zongolica, Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo.

Asimismo, fue aprobado el Acuerdo, resultado del anteproyecto que presentó el 17 de enero pasado por el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, por el cual se exhorta a las autoridades estatales competentes y a los Ayuntamientos del Estado de Veracruz a implementar acciones tendientes a proteger y garantizar los derechos humanos de la población migrante en su recorrido por el territorio veracruzano.

También fue aprobado el Acuerdo, resultado de la propuesta presentada el pasado 9 de abril por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, por el que se exhorta a los 212 ayuntamientos a que constituyan sus Institutos Municipales de las Mujeres y los operen conforme a lo establecido en el artículo 81 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

De igual forma para que instruyan a sus Tesorerías Municipales para que, en sus respectivos proyectos de Presupuestos de Egresos, incluyan una partida presupuestal para la operación de dichos institutos e implementen el Plan Municipal para la Igualdad y a fin de que consideren la profesionalización de las titulares de estos Institutos, con capacitación especializada en la materia.

Por último, fue aprobado el Acuerdo, resultado de los anteproyectos, presentados el 4 de abril de este año por las diputadas Erika Ayala Ríos y María Josefina Gamboa Torales, así como el legislador Gonzalo Guízar Valladares y mediante el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz a expedir las disposiciones reglamentarias de la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado.

Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a asignar los recursos presupuestales necesarios para que las Secretarías de Salud y de Educación de la entidad den cumplimiento a las obligaciones que les impone la Ley invocada en el Resolutivo Primero.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Movimiento Ciudadano – PRD”, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortaría al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a trabajar coordinadamente con los representantes populares que integran el Poder Legislativo.

El Punto de Acuerdo precisa en el primer punto: se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, para que en las actividades que se realice al interior del Estado, haga extensiva la invitación para que la o el diputado del distrito al que acudirá, pueda acompañarlo para trabajar coordinadamente y cerrar esfuerzos en las acciones que se realicen para el bien de los veracruzanos.

Como segundo punto, establece: se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado para que conmine a los diversos secretarios de despacho de la Administración Pública Estatal para que, en el ejercicio de sus funciones, tengan una mayor apertura con la ciudadanía a la que le sirven y permitan que las y los diputados, como representantes de la ciudadanía, tengan la oportunidad de poder ser escuchados y recoger las necesidades de los ciudadanos del distrito al que pertenecen.

En sus consideraciones, la representante del Distrito IX de Perote, puntualizó que los diputados son producto de la voluntad popular expresada a través del sufragio, encargados de recoger las necesidades de los ciudadanos del distrito al que pertenecen, para luego, llevarlas al centro de la vida pública, donde se deben de tomar decisiones a favor de la comunidad.

Además, puntualizó, son responsables de defender los derechos sociales, buscar y proponer soluciones a los problemas que aquejan a las personas del distrito que representan, debiendo ser el enlace entre los tres niveles del Gobierno, para gestionar los recursos, las obras y las acciones necesarios para mejorar las condiciones de vida de las personas.

“Como Representantes Populares somos la voz de las personas que conforman el distrito al que pertenecemos, al que representamos, sin distingo de corrientes ideológicas o políticas”, resaltó la legisladora.

El Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su análisis y dictamen.

El Congreso del Estado dio entrada a la Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada por la diputada federal Raquel Bonilla Herrera, que propone reformar los artículos 22, 61 y 108 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, en materia de remuneración de agentes y subagentes municipales.

En la Iniciativa, difundida en el Anexo A de la Gaceta Legislativa número 41, la legisladora refiere que La Ley Orgánica del Municipio Libre, le otorga la calidad de servidor público al agente y subagente municipal, para tal efecto, es de mencionar que los artículos 19 y 61, del ordenamiento antes mencionado, determinan que “las congregaciones estarán a cargo de un servidor público denominado agente municipal y, dependiendo de su demarcación territorial y de los centros de población que comprenda, contarán con uno o más subagentes municipales, quienes serán electos conforme a lo dispuesto por esta ley”, y “los agentes y subagentes municipales son servidores públicos que funcionarán en sus respectivas demarcaciones como auxiliares de los ayuntamientos”, respectivamente.

Sin embargo, apunta el documento, actualmente la labor que desempeñan los agentes y subagentes municipales veracruzanos, a favor del desarrollo municipal, aún no es reconocida en su totalidad. Esta situación refleja que persiste la vulneración de sus derechos.

El documento destaca que los agentes municipales son la voz de los pobladores ante la autoridad municipal, por tal motivo, es indispensable reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre, para establecer el pleno reconocimiento a este tipo de servidores públicos, así como en concordancia con las recientes sentencias emitidas tanto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

La iniciativa explica que con el cumplimiento a las resoluciones pronunciadas por los poderes judiciales federal y local, y con la aprobación de las modificaciones propuestas en la presente iniciativa, se estará acatando lo que establece tanto la Constitución federal como local, en materia de las remuneraciones que perciben los servidores públicos municipales.

De aprobarse la iniciativa, el párrafo 22 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, quedaría como sigue:

El desempeño de los cargos de Presidente municipal, Síndico, Regidor, Agentes y Subagentes, será obligatorio y su remuneración se fijará en el presupuesto de egresos de municipio, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público.

En el artículo 61 quedaría estipulado que los cargos de agentes y subagentes son obligatorios y su remuneración se fijará en el presupuesto de egresos correspondiente, así mismo, para cumplir con sus fines recibirán de los ayuntamientos los recursos provenientes de sus participaciones en los términos y porcentajes que por ley les correspondan. Estas autoridades auxiliares no podrán administrar más recursos que los recibidos para los gastos de administración y funcionamiento de sus oficinas.

Finalmente, el artículo 108 precisaría que el Presupuesto de Egresos regulará el gasto público municipal y se formulará con base en los principios constitucionales de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Los ayuntamientos revisarán, evaluarán y aprobarán las remuneraciones para sus integrantes, tomando en consideración la eficiencia en el gasto administrativo, presupuesto de ingresos, extensión territorial, nómina y tabuladores salariales.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su análisis y dictamen.

El diputado del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, José Magdaleno Rosales Torres, presentó una iniciativa de decreto por el que se reformaría el artículo 32 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, cuyo propósito es establecer la obligación de los Ayuntamientos para que graben y transmitan públicamente sus sesiones de Cabildo.

El legislador del Distrito XVII, de Medellín, aseguró que las grabaciones deberán realizarse en un formato de video, sin cortes y sin edición y, dependiendo de sus condiciones socioeconómicas y técnicas, transmitirlo en vivo o ponerlo a disposición pública a través de su Unidad de Transparencia.

Lo anterior con excepción a lo relativo a las sesiones secretas, dejándose de considerar de éste tipo las sesiones en las que deban tratarse asuntos relativos a la hacienda pública municipal.

Rosales Torres agregó que referente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, propone se adicionen dos incisos a la fracción II del artículo 16, donde se sumen a los requisitos de información para los Ayuntamientos, las versiones estenográficas y las grabaciones en video de las sesiones públicas, coadyuvando con ello la participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos, convirtiéndose en actores dentro de las diferentes formas de toma de decisiones en los Ayuntamientos.

“En nuestro carácter de legisladores, representantes de la voluntad del Pueblo, es nuestra obligación proveer los mecanismos que coadyuven al desarrollo del Estado de Veracruz”, expuso el diputado, quien agregó que este tipo de iniciativas dan certeza y la máxima transparencia a las y los veracruzanos respecto a las acciones para la erradicación y prevención de la corrupción.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, para su estudio y dictamen correspondiente.

-Pide diputado cumplir con la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera-

Asimismo, durante la sesión, el diputado José Magdaleno Rosales, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz, para que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), dé cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio de la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad agrícola, artesanal y tradicional en la entidad y expida el Reglamento correspondiente.

Recordó que el 29 de noviembre de 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad agrícola, artesanal y tradicional en el Estado, misma que en su transitorio tercero ordena que en 90 días naturales se deberá expedir el respectivo Reglamento, y que correspondería a la Sedarpa, llevarla a cabo por ser la dependencia competente en la materia.

Aseguró que a casi seis meses de haberse publicado la Ley –a su consideración- se encuentran en el mismo escenario de corrupción en la elaboración y venta del piloncillo, pues el Reglamento que se ordena en el transitorio tercero de la Ley aún no ha sido elaborado, lo cual viene en detrimento de los verdaderos piloncilleros.

“El comercio desleal no sólo afecta a Veracruz, sino a los productores de otros Estados, pues esta labor constituye su única fuente de ingresos y sustento familiar”, detalló.

Si bien el reglamento no resuelve al cien por ciento la problemática, sí contribuye a alinear a los productores desleales, apoyando el crecimiento económico de este sector en Veracruz, concluyó.

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reformaría y adicionaría diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, para dotar de productos menstruales a las estudiantes en sus escuelas.

Propuso que en la totalidad de las escuelas de nivel básico, media superior y superior, existan dispensarios donde todas las mujeres, puedan adquirir de manera gratuita productos menstruales como: toallas sanitarias reutilizables y ecológicas, tampones desechables, copas menstruales, analgésicos para el dolor menstrual, entre otros. De esta forma, el Estado garantizaría la igualdad en el acceso a la educación de hombres y mujeres, y la no discriminación de las mujeres.

La diputada representante del Distrito XXIV de Santiago Tuxtla, dijo que acciones como esta, erradicarían la desigualdad por razón de género y el argumento falaz sobre la menstruación que ha sido utilizado a lo largo de la historia para excluir a las mujeres y a las niñas de actividades cotidianas o de entornos sociales, y que lamentablemente, persiste en algunos sectores de la sociedad.

La iniciativa plantea reformar la fracción XXIV del artículo 18 y adicionar: la fracción XXV recorriéndose la actual fracción XXV para convertirse en XXVI del artículo 18; y la fracción XVII recorriéndose las actuales XVII y XVIII para convertirse en XVIII y XIX, del artículo 90; todas de la Ley de Educación del Estado de Veracruz.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura, y para la Igualdad de Género, para su análisis y dictamen.

A nombre de los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno de la LXV Legislatura, una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado, y señaló, en su participación, que el 20 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma a la Ley General de Salud.

Reforma que buscó, -señaló el legislador- hacer eficiente la labor del Estado en materia de combate al narcomenudeo, estableciendo la corresponsabilidad de los gobiernos federal y de las entidades federativas. Asimismo destacó que la misma estableció también acciones concurrentes para el tratamiento médico y programas de prevención para fármaco dependientes y no fármaco dependientes.

La Ley de Salud del Estado, continuó García Escalante, aborda la colaboración del Gobierno estatal en la ejecución del programa nacional de fármaco dependencia, pero omite, dijo, adecuar en materia de salud lo relacionado al contenido del artículo 474 de la Ley General de Salud, que responsabiliza también a las entidades de la Federación en la prevención del consumo de narcóticos y atención a las adicciones.

El legislador detalló que hasta el momento el Gobierno del Estado ha sido solo ejecutor del programa nacional contra la fármaco dependencia, evadiendo asumir la responsabilidad que, a partir del 2009, le permite hacer frente a un problema social y de salud grave.

Agregó que la prevención es una alternativa que puede cerrarle el paso a la delincuencia y a las enfermedades señalando que es necesario, con urgencia, una sociedad segura, consciente, sana y libre de violencia, “exigimos un gobierno que se preocupe en invertir en la prevención y atención a las adicciones”.

Subrayó que, aún cuando existen políticas y programas a nivel nacional, el Gobierno local debe de intervenir en ejercicio del principio de concurrencia que le otorga la Ley General de Salud, y en beneficio de todos los veracruzanos.

Puntualizó que el gobierno local debe destinar recursos suficientes para la creación de Centros Especializados de Prevención y Control de las Adicciones.

Propuso sea destinado el 50 por ciento de los ingresos obtenidos por el concepto de multas derivadas por faltas en materia de alcoholemia, en términos de la Ley de Tránsito y Transporte, y las contendidas en el Capítulo Tercero “Bis“ de la Ley de Salud del Estado, incrementándose el monto de estas últimas.

“En el PAN tenemos claro que la sociedad carecería de sentido y de misión, si no fuese porque en ella, los hombres y las mujeres, debemos encontrar un ambiente propicio para la realización de nuestra propia finalidad humana y espiritual. Es urgente se rompan inercias para crear sinergias, y llevar a México hacia una vida más plena y más digna”, concluyó.

La Iniciativa de Decreto, signada por los integrantes del Grupo Legislativo del PAN, fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

Por fortuna y más allá del debate y la discusión, todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Veracruz coinciden en respaldar, apoyar y respetar la libre expresión de ideas, aseguró el diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, durante el convivio con representantes de los medios de comunicación de la entidad, con motivo del Día de la Libertad de Expresión (conmemorado en México cada 7 de junio).

En el evento y con la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín y de los coordinadores de los Grupos Legislativos, del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández Hernández y de los Partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), Erika Ayala Ríos, el legislador Pozos Castro dijo que las y los diputados reconocen la labor de las personas que, con responsabilidad y compromiso, mantienen informados a los veracruzanos del acontecer diario.

Subrayó que hoy más que nunca debe fortalecerse el respaldo y respeto a la libre expresión de ideas y que el Congreso de Veracruz siempre ha sido una institución de “puertas abiertas”, en la que hay disposición al diálogo y apertura a la crítica.

De igual forma reiteró su reconocimiento a la labor que realizan los comunicadores de la entidad, toda vez que –destacó- esta actividad es fundamental en la consolidación democrática del Estado y del país.

Asimismo, recordó que la libertad es de suma importancia para los seres humanos y señaló que en Veracruz está garantizada esta libertad, en cual sea de las formas.

A este encuentro asistieron las diputadas Adriana Esther Martínez Sánchez, Ana Miriam Ferráez Centeno, Cristina Alarcón Gutiérrez, Jessica Ramírez Cisneros, Magaly Armenta Oliveros y Deysi Juan Antonio.

También los diputados Jorge Moreno Salinas, Rodrigo García Escalante, Wenceslao González Martínez, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Raymundo Andrade Rivera, así como el Secretario General del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá y el Coordinador de Comunicación Social, Aldo Adrián Valerio Zamudio.

Al recibir a la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, encabezados por Guadalupe Zárate Campos, el presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, destacó que en el Congreso de Veracruz la apertura y el diálogo ciudadano son fundamentales, toda vez que permiten enriquecer cualquier propuesta y así servir de mejor manera a la sociedad.

Posterior a recibir a esta agrupación en las instalaciones del Congreso de Veracruz, el legislador Pozos Castro subrayó que actualmente se implementa una política en concordancia con el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a que “la iniciativa que lleva la voz del pueblo, no puede salir ni estar mal”.

Acto seguido, esta Federación planteó al diputado Pozos Castro sus peticiones en relación a concretar una audiencia con el Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez a fin de exponerle diversas inquietudes respecto a las funciones y atribuciones de los profesionales del derecho.

De igual forma se dio a conocer aspectos que podrían mejorarse de los Centros de Mediación de la entidad, a fin de que se cuente con más herramientas para poder actuar y que los conflictos se diriman de manera adecuada.

El legislador José Manuel Pozos destacó el anuncio del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, de la construcción de las ciudades judiciales y –aseguró- “hoy en día existe coordinación entre los tres Poderes del Estado y no la sumisión del pasado y que tanto daño hizo a la entidad”.

Asimismo, y toda vez que el grupo de la Federación de Licenciados en Derecho que acudió a esta reunión son mujeres, el presidente del Congreso del Estado recordó que en la sesión del 6 de junio pasado, el Pleno aprobó la Minuta, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el cual se garantiza la paridad de género en todo el país, “Yo les digo que ya tenían el Poder, solo que con esta aprobación ya se hizo oficial”.

Por último, reiteró que actualmente en Veracruz se viven tiempos de apertura al diálogo y de respeto, por lo que exhortó a las asociaciones a continuar acercándose a sus autoridades a plantear sus peticiones.

En el marco del Día Internacional de los Archivos (9 de junio), la Coordinación de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca del Congreso de Veracruz, a cargo de Miguel Ángel Andrade Huerta, participó en las actividades implementadas por la Dirección General de Archivo General del Estado de Veracruz, al cual asistieron personalidades que con sus ponencias destacaron la riqueza de los archivos bajo resguardo de cada una de los entes públicos.

A nombre del Congreso de Veracruz y tras agradecer la invitación del Doctor Juan Eloy Rivera Velázquez, Director del Archivo General del Estado, la maestra en Administración Pública, Magda Ríos Flores, leyó una ponencia sobre el estado de guarda el archivo del Poder Legislativo de la entidad.

En su exposición detalló que el Gobierno del Estado de Veracruz se instaló en las casas de la Villa de Xalapa, que desde 1794, se habían constituido en Ayuntamiento, y hubo dificultades para hospedar al Congreso de Veracruz, que era bicameral, esto es, había diputados y senadores. Se llegó hasta solicitar la propia casa del General don Antonio López de Santa Anna, el fundador de la República.

Agregó que el Congreso sesionó por primera vez en la Capilla Capitular del Convento Franciscano, edificio que databa de la segunda mitad del siglo XVI.

Por otra parte, destacó que la primera Legislatura local de Veracruz estuvo integrada por los diputados Sebastián Camacho, Francisco Hernández, Pedro Echeverría y Migoni, José Francisco Quintero, Manuel José Royo, Francisco Cantrines, José Antonio Martínez, José María Fuentes y Cárdenas, Rafael Arguelles, Francisco Cueto, Luis Ruiz, Diego María Alcalde, Andrés Jáuregui, Miguel Esquina. Además los Senadores electos José de la Fuente, José Antonio Sastre, Ignacio Soria, José Joaquín Cowley, Mariano Ramírez, José María Jáuregui, Manuel Antonio Cabada y José Leyva Hernández.

Indicó que el 3 de junio de 1825 se promulga la Constitución Política del Estado, siendo gobernador constitucional el General Miguel Barragán.

Recordó que los poderes del Estado de Veracruz, durante el siglo XIX, tuvieron varias sedes en diferentes poblaciones veracruzanas, como el Puerto de Veracruz, Orizaba y Córdoba, por citar a las más representativas.

Subrayó que para 1992 el Poder Legislativo estrena su espacio, mismo que a la fecha es la sede oficial, ubicado en la colonia el Mirador de la ciudad capital.

Con esta nueva sede, afirmó la funcionaria, se designó un espacio amplio para el Archivo del Congreso y se inició así una nueva etapa, para la conservación de la memoria histórica del quehacer legislativo.

Por último, resaltó que atendiendo las nuevas demandas, el Congreso de Veracruz transita ya hacia la digitalización de su acervo y con lo cual se hará más accesible la información y consulta de todos los archivo, en beneficio del ciudadano que decida ocupar estos servicios.

En el evento se llevó a cabo una exposición fotográfica del Puerto de Veracruz, en el siglo XX y que tiene a resguardo el Archivo General del Estado, así como acervos del municipio de Perote, de la Catedral Metropolitana de Xalapa y el municipal de Xalapa, denominado “Rubén Pabello Acosta”.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, encabezó la reunión con investigadores, industriales, productores y funcionarios de las dependencias del ramo, para analizar la Ley 689 para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano.

Con la presencia del diputado Raymundo Andrade Rivera, la legisladora Lagunes Jáuregui dijo que el estar representadas diversas áreas en la reunión se da la oportunidad de crear, en conjunto, una herramienta para que le vaya mejor al sector cafetalero de la entidad.

Tras agradecer la presencia de funcionarios de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), de Medio Ambiente (Sedema), de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) y de Desarrollo Social (Sedesol), la diputada del Distrito XVIII, de Huatusco, refrendó su compromiso de avanzar y enriquecer la propuesta de reforma a la actual Ley del Café y así escuchar, aportar y construir una legislación que realmente sirva y que beneficie a quienes participan en esta actividad productiva.

Posteriormente y con el apoyo del asesor del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, Juan José Rivera Castellanos, la Doctora Estela Cessa Flores inició la presentación de las posibles modificaciones a la Ley en mención y argumentó el por qué para cada uno de los casos.

Participaron en la reunión Juan Posadas Pérez, subsecretario de Desarrollo Rural, Infraestructura y Agronegocios; Enrique Reyes Altamirano, director general de Agricultura Fitosanitaria; Socorro Arano Chávez, analista administrativo y Jorge Pérez Sanfilippo, titular del Área del Café, todos ellos de la Sedarpa.

Además de Andrés Rivera Fernández, director de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus Xalapa, de la Universidad Veracruzana (UV); Agustín Bolívar García, de cafetaleros del Golfo, región Tezonapa; Domingo Villafuerte Cancela, de la Federación Nacional de Cafetaleros, Sustentables de México; Aldo Bernardi, de la Confederación Estatal de Protectores Rurales; Josafat Hernández, director operativo de la Unión Regional de Pequeños Productores de Café y Rafael Hernandez Zumaya, ex presidente de la Comisión Jurídica de la Unión Nacional de Productores de Café de Xalapa.

También Mirna Leonor Suárez Quiroz y Oscar González Ríos, del Instituto Tecnológico de Veracruz; Liliana Ramos Rivera, de la Sedecop; Gonzalo Ortega Pineda, director de Vinculación de la Sedema; Gerardo Hernández Martínez, Doctor en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología y Jesús Barradas Hernandez, de la Sedema.

Asimismo, Artemio Zapata, ganador de la Taza de Excelencia 2012; Roberto Licona Franco, ganador de la Taza de Excelencia 2013, 2014 y 2017, así como Adriana Quiroz Suárez y Claudio Hernández Palacios, ambos del Instituto de Antropología de la UV.

El Presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro y el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, recibieron a la diputada Federal, Raquel Bonilla Herrera, quien presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para proponer la remuneración a los agentes y subagentes municipales de Veracruz.

Lo anterior, en concordancia a los criterios emitidos por el Tribunal Electoral de Veracruz y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organismos que les han reconocido a estos representantes municipales el carácter de servidores públicos.

La propuesta de la legisladora federal por el Distrito V (Poza Rica), contempla la modificación del párrafo segundo del Artículo 21 y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 61 y segundo párrafo del Artículo 108 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

“Es fundamental armonizar nuestro marco jurídico con las sentencias que han pronunciado los Tribunales Electorales”, indicó Bonilla Herrera.

El diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, se pronunció durante la séptima sesión ordinaria de la LXV legislatura, respecto a las cuatro denuncias interpuestas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado, ante la Fiscalía General de la República (FGE) delegación Veracruz, referente a las anomalías en el manejo de recursos del orden público de los ejercicios fiscales 2017-2018, efectuadas por gobierno estatal anterior.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena, dijo que con estas acciones por parte del Orfis, se evidenciaron las acciones de corrupción del “bienio Yunista”, el cual –a su consideración- manejaba un doble discurso, “donde no sólo hubo simulación y opacidad sino también engaño y corrupción”, agregó.

El legislador Gómez Sánchez, enumeró las denuncias interpuestas, entre ellas la compra por mil 116 millones de pesos por concepto de la adquisición de 6 mil 473 cámaras de video vigilancia; así como la manipulación y simulación de los registros contables, en la Cuenta Pública 2017.

Asimismo, se refirió a la reclasificación de los fondos de reserva y de los fideicomisos de créditos liquidados por el refinanciamiento de la Deuda Pública del Gobierno del Estado, por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a cuentas de orden, derivado de que presentaban cantidades diferentes.

En tercer término, Gómez Sánchez, se refirió a otra reclasificación que hizo Sefiplan la cual generó un saldo en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 en la cuenta 11295-5000-0000 “Deudores Sujetos a Resolución Judicial por Cuentas Bancarias” por un monto de 62 mil 662 millones 292 mil 684.87 pesos.

En cuanto a la cuarta denuncia, el diputado se refirió a la presunta manipulación de registros contables y que fueron detectadas por el Orfis, a través de cancelaciones en la cuenta “7119-0000-0000 Operaciones en Proceso de Aprobación”, subcuenta “719-0002-0000 Cuentas por Liquidar”, por la cantidad de 18 mil 650 millones 565 mil 080.04 pesos.

“En el Grupo Legislativo de Morena estaremos atentos al curso que sigan las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República, queremos que se llegue hasta el fondo y se esclarezcan los hechos y así, quien o quienes resulten responsables, enfrenten las consecuencias legales de sus actos u omisiones y sean juzgados conforme a derecho”, finalizó.

No podemos separar de la vida pública y política del gobierno, los principios que estarán en el trasfondo del quehacer nuestro, expresó el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Rodrigo García Escalante, quien agregó que el humanismo fundado en el amor y la libertad llevará siempre a cumplir el sentimiento patriótico de beneficiar al pueblo con acciones.

Durante su intervención, señaló que las actitudes groseras, prepotentes, indiferentes o abusivas deben ser excluidas del comportamiento de quienes ejercen un cargo público; que hoy no basta desempeñar este con eficiente formalidad; y que el trato a la gente debe ser acompañado de cortesía y amabilidad en esta nueva República que fue calificada como “amorosa”, en alguna ocasión por el Presidente de México.

México necesita de todos y Veracruz igual, abundó el legislador, y que se deben dejar de lado las diferencias políticas y trabajar a favor de quienes más lo necesitan; “que nuestro Estado nos necesita a todos y en ello trabajan los integrantes de su bancada, porque tienen claro el llamado a la construcción de una cultura democrática donde impere el estado de derecho y no la visión centralizada de un solo hombre”.

Por lo que, se pronunció a exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que instruya a todos los integrantes de su Gabinete a que se conduzcan con la ética y el respeto que el pueblo de Veracruz y los medios de comunicación se merecen y no contradecir lo señalado en el Plan Veracruzano de Desarrollo, los principios de la Cuarta Transformación y el discurso propio del Presidente de la República.

En México, el Estado está comprometido en abatir las
carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas y en
Veracruz se cuenta con la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, reglamentaria
del artículo 5 de la Constitución Política del Estado, que establece la
composición pluricultural y multiétnica de Veracruz, señaló el diputado Ricardo
Arturo Serna Barajas, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), durante su intervención en Tribuna.

Esto, al presentar, a nombre de la bancada del PAN la
iniciativa de Decreto que adiciona diversas fracciones al artículo 101 de la
Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado, con la finalidad de impulsar
el desarrollo regional de las zonas indígenas y fortalecer sus economías
locales y mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades
indígenas.

Lo anterior, señaló el legislador, mediante acciones
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, destacando la importancia de la
intervención del nivel municipal; para que promuevan y protejan los derechos
indígenas, en el ámbito de sus respectivas competencias, además de promover el
desarrollo, de las zonas indígenas, de manera equitativa y sustentable, evitando
toda forma de discriminación.

La propuesta legislativa plantea que las autoridades
municipales, en beneficio de los pueblos y las comunidades indígenas, promuevan
el acceso a programas para su desarrollo económico; impulsen el acceso a cargos
públicos y de gestión administrativa dentro del ayuntamiento e implementen una
política pública de equidad de género, a fin de buscar condiciones de igualdad
entre mujeres y hombres indígenas.

De igual manera, se propone que el gobierno
municipal apoye su capacitación para la proyección de sus productos
agropecuarios o artesanales, generando una cadena productiva que repercuta en una
mejora en su economía.

Además de abatir el rezago y contribuir a garantizar
la suficiencia de sus ingresos, mediante la aplicación de políticas públicas y
privadas que propicien la generación de empleos y la incorporación de
tecnologías que permitan incrementar su capacidad productiva, tendiente a
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

El diputado
Arturo Serna Barajas destacó que se deben crear las políticas públicas
que sean necesarias para la aplicación de programas y proyectos encaminados al
desarrollo integral de las comunidades indígenas de la entidad.

Esta Iniciativa de Decreto fue turnada, para su
estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas.

Considerada por la Ley como discapacidad sensorial,
la pérdida de la vista afecta a más de un millón y medio de mexicanos de
acuerdo a cifras del INEGI, afirmó la diputada del Grupo Legislativo de Morena, María
Candelas Francisco Doce, al poner a consideración del Pleno su Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 32 y adiciona una
fracción a los artículos 4, 11 y 45 de la Ley para la
Integración de las Personas con Discapacidad del Estado.

Reconoció que si bien esta situación es atendida por
instituciones y programas de ayuda, puede ser mejorada como es el caso del apoyo
mediante perros guías. Agregó, que no se puede aspirar a que cada persona con
discapacidad visual pueda contar con uno, pero que sí es posible intentar un
esfuerzo para que se prevea mediante la Ley y después con políticas públicas, la
creación de un programa dedicado a este segmento de la población veracruzana.

Dijo que al momento en Veracruz no cuenta con un
centro de crianza y adiestramiento especializado, ni médicos veterinarios
dedicados a su atención; que con patrocinio estatal, operen programas de apoyo
para personas con discapacidad visual y les permitan inclusión hacia actividades propias del resto de la
población, especialmente cuando se trata de menores.

Otro aspecto a cubrir, destacó la legisladora Francisco
Doce, es la capacitación para familias de posibles beneficiarios de este programa, que dará
lugar a mayor movilidad e independencia dentro y fuera de sus hogares; por lo
que se hace necesario establecer el o los centros de crianza para perros guía
que, por ahora, sólo están al alcance de quienes con recursos propios o
aportados por terceros, acuden a alguna institución privada fuera del Estado o
del país.

Por lo anterior -subrayó- debe promoverse la
formación de profesionales en la cría y adiestramiento de perros guía, así como
su adaptación a las personas con discapacidad visual a las que sean destinados;
y que el Estado adopte medidas para asegurar el acceso de la población con discapacidad
a estos servicios.

Detalló que la Secretaría de Salud, el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y, en su caso, los
Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben implementar la
creación, mantenimiento, desarrollo y permanencia de un centro de cría y
entrenamiento para perros guía, como parte de un programa de apoyo destinado a
las personas con discapacidad visual.

En los transitorios de la Iniciativa, establece que
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado realizará las previsiones necesarias
para incluir en su presupuesto el programa de apoyo a personas con discapacidad
visual, incluida la creación y funcionamiento del centro de crianza y
entrenamiento de perros guía.

También, que la Secretaría de Salud, el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia y en su caso los Ayuntamientos, efectuarán
en un plazo de 120 días naturales, las adecuaciones necesarias a sus
respectivos reglamentos para implementar el programa de perros guía y la
creación y funcionamiento de un centro de crianza y entrenamiento para este
tipo de apoyo.

Esta Iniciativa fue turnada, para su estudio y
análisis, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables.

Mediante exhortos dirigidos a las secretarías de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el diputado Wenceslao González
Martínez propuso la actualización de las tarifas eléctricas para Veracruz.

El integrante del Grupo Legislativo de MORENA
presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo durante la Séptima Sesión
Ordinaria del Segundo Período del Primer Año de Ejercicio Constitucional, donde
explicó que la aplicación de dichas tarifas se define o clasifica de acuerdo
con la temperatura mínima promedio de verano.

En su exposición, detalló que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) atiende en Veracruz a unos tres millones de usuarios de tipo
doméstico y, según las temperaturas de cada región, aplica las tarifas 01, 1A,
1B, 1C, 1D y Doméstica de Alto Consumo (DAC).

En su propuesta, el legislador exhorta a SHCP a que,
en ejercicio de sus facultades, gestione los mecanismos necesarios para
determinar la tarifa doméstica de energía eléctrica acorde con las temperaturas
que prevalecen en el estado de Veracruz.

El exhorto se dirige también a la SHCP y a la CRE
para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, modifiquen la normativa
vigente, en la que se considere la sensación térmica como factor determinante
para el establecimiento de las tarifas eléctricas, y se proceda a su
reclasificación.

Señaló también que las estaciones de monitoreo no
están ubicadas en la mayoría de las áreas de influencia, sino cerca de las
cuencas hidrológicas. Por lo que las tarifas no necesariamente corresponden a
la sensación de calor que los usuarios perciben, perjudicándolos al pagar mayor
cuota por el servicio que reciben; lo que provoca una indebida medición de las
temperaturas sin tomar en consideración la sensación térmica.

Por esto último, el anteproyecto incluye un exhorto
a la SEMARNAT a que replantee la ubicación de las estaciones de monitoreo
meteorológico existentes en Veracruz y, en su caso, se instalen las necesarias,
con el propósito de eficientar las mediciones de las temperaturas que son base
para la clasificación tarifaria.

El legislador concluyó enfatizando que, “es
sumamente importante trabajar en la cultura del ahorro de energía y hacer
conciencia en torno al uso eficiente y racional de la energía eléctrica”.

El legislador concluyó enfatizando que, “es
sumamente importante trabajar en la cultura del ahorro de la electricidad y
hacer conciencia en torno al uso eficiente y racional de la energía eléctrica”.
La propuesta, a la que se adhirieron los grupos legislativos de MORENA, Acción
Nacional y PRI-PVEM, se turnó a la Junta de Coordinación Política.

La
diputada María Josefina Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN), presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por
el cual se prevé exhortar al Director
de Petróleos Mexicanos (Pemex), a implementar las acciones y medidas
presupuestales necesarias, que le permita a Pemex Exploración y Producción,
disponer de forma inmediata de fondos para el pago de facturación, ingresada al
primer trimestre de 2019, para cumplir con los adeudos a proveedores y
contratistas, a fin de evitar gastos financieros no recuperables.

En su
exposición de motivos, la legisladora dijo que Pemex es la principal empresa comercializadora de
petrolíferos en México y el mayor contribuyente del Gobierno federal, además
aseguró que tras el anuncio de la
construcción de la refinería de Dos Bocas, preocupa el que aún existan deudas
para proveedores de la zona sur-sureste del país.

La representante del Distrito XIV, Veracruz
I, dijo que al primer bimestre de 2019,
Pemex Exploración y Producción ha dejado de pagar a por lo menos 162
proveedores entre ellos a empresas nacionales y extranjeras, establecidas en territorio
mexicano.

Agregó que “al día
de hoy no pueden cobrar alrededor de 6 mil 200 millones de pesos, sin
considerar los adeudos a la primera quincena de marzo, situación que sin duda
afecta sus finanzas, de su plantilla laboral y por su puesto la derrama
económica que implicaría la dispersión de dichos recursos”, puntualizó Gamboa
Torales.

Asimismo, destacó
que esta es una situación de toda la zona sur-sureste del país y que ha
afectado directamente a los ciudadanos, ya
que retener el pago a las empresas, demorar la liquidación de estas deudas, repercute
a que éstas a su vez retrasen pagos a sus proveedores, generando una cadena que
pone en problemas financieros a los más vulnerables.

El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.