Con
31 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, aprobó la reforma al
artículo 230 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz, referente a
la concesión de tiendas de alimentos en las escuelas, presentada el pasado 20
de junio por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del
Grupo Legislativo de MORENA.

La
Comisión Permanente de Educación y Cultura estimó procedente la iniciativa que
garantizará la transparencia y control de los ingresos que se capten por el otorgamiento
de las concesiones de las tiendas para venta de alimentos, dentro de los espacios
físicos de los planteles educativos.

Al
debatir el dictamen, en lo general y en lo particular, participaron como
oradores las y los diputados Judith Pineda Andrade, Rodrigo García Escalante, Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, Juan Carlos Molina Palacios, Bingen Rementería
Molina, Brianda Kristel Hernández Topete, Rubén Ríos Uribe, Montserrat Ortega
Ruiz, María Josefina Gamboa Torales, Ivonne Trujillo Ortiz y Deisy Juan
Antonio.

De
acuerdo con la reforma aprobada, el Código Financiero estatal fijará que las
licitaciones para las concesiones de estas tiendas, se apegarán a lo dispuesto en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado.

La
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) fijará los lineamientos y parámetros
para llevar a cabo tal procedimiento y un Comité de Licitaciones responsable de
la convocatoria, en términos de los criterios propuestos y el encargado de
emitir el fallo correspondiente en el respectivo proceso.

El
Comité de Licitaciones estará integrado por el Secretario de Educación;
subsecretario de Educación Básica; subsecretario de Educación Media Superior y
Superior; del Director Jurídico de la SEV, así como por un representante de la
sociedad de padres de familia y un representante del Consejo Estatal de
Participación Social.

Los
ingresos obtenidos por concepto de concesiones de tiendas para la venta de
alimentos, en las escuelas del sistema público del Estado, se destinarán al
mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los mismos y servicios
correlacionados, así como para las consecuentes tareas de supervisión
educativa, apoyo a la gestión docente y programas que se determinen en los
Lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

La
SEV será la que reciba, administre y realice la comprobación de los recursos a
los que se refiere el presente numeral, para estos efectos el 70 por ciento de
los recursos obtenidos se aplicará al mantenimiento y conservación de la
infraestructura física de los planteles educativos públicos; el 20 por ciento a
las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los
sectores y zonas de las modalidades educativas públicas mencionadas; y el 10
por ciento restante, a programas que se determinen en los lineamientos que
dicte la autoridad educativa local.

El
Presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, ordenó
emitir el Decreto correspondiente y enviarlo al Ejecutivo para su publicación
en la Gaceta Oficial del Estado.

El diputado Juan Carlos Molina Palacios, integrante
de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, puso a
consideración del Pleno un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER),
y al del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA),
activen los protocolos sanitarios necesarios, para que los ganaderos mexicanos
puedan exportar ganado de registro en pie, semen y embriones.

Asimismo, al titular del Poder Ejecutivo Federal para
que instruya a la Guardia Nacional para que impida la entrada de ganado de
origen centroamericano a México, lo que se realiza de manera ilícita, sin
ningún control sanitario y que lastima la economía de los ganaderos mexicanos.
De igual forma, a las Cámaras de Senadores y de Diputados Federales, para que
en apoyo a los productores nacionales, den seguimiento a este tema.

El legislador Molina Palacios señaló que México es
un gran exportador de ganado para engorda e indicó que solo en el ciclo
2017-2018 se comercializó un millón 115 mil 860 becerros a Estados Unidos de
América, originarios primordialmente de los estados de Chihuahua, Coahuila,
Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz; así como productos
cárnicos y ganados en pie a más de 15 países, destacando como destino, entre
otros, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Egipto y Singapur.

México, destacó el diputado independiente, es líder
agroalimentario a nivel mundial, ocupando el onceavo lugar en producción
agropecuaria, lo que ha permitido un crecimiento constante. Las exportaciones
del sector agroalimentario aumentaron un 43 por ciento llegando a 35 mil
millones de dólares y el incremento de las exportaciones en el sector no solo
ha sido en volumen, sino con presencia en nuevos mercados como el Chino y el
europeo, agregó.

Gracias al esfuerzo de productores y ganaderos, subrayó,
el sector agroalimentario mexicano es una industria estratégica en la economía,
los productores y comercializadores de carne de res, cerdo y pollo y en algunos
casos pescado, tienen ya una ruta crítica definida, que les permite exportar a
cualquier parte del mundo, “gracias entre otras cosas, al cumplimiento de los
protocolos de sanidad, que México ha logrado consolidar a través del tiempo”.

El diputado Molina Palacios acotó que los ganaderos
y el gobierno de México tienen que trabajar urgentemente para contar y cumplir con
los protocolos sanitarios en la venta de genética, entendida como ganado de registro
en pie, semen y embriones.

El Anteproyecto de Punto de Acuerdo, se turnó a la
Junta de Coordinación Política, para el trámite legislativo correspondiente.

A nombre de los integrantes del Grupo Legislativo Mixto
PRI-PVEM, la diputada Erika Ayala Ríos, presentó una Iniciativa de Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado, para que las personas responsables de evaluar el desempeño de los
juzgadores tengan los conocimientos y capacidad indispensables para realizar la
función encomendada en la Constitución.

Que se traduzca -destacó ante el Pleno la
legisladora-, en una impartición de justicia eficiente, y con ello se dé
respuesta a una de las demandas más recurrentes de la sociedad, que es la de
acceder a una justicia pronta y expedita.

Ante la importancia de las funciones del Consejo de
la Judicatura, continuó, se propone retomar la disposición original referente a
los requisitos para ser consejero, que sean estos los mismos que se señalan
para ser magistrado del Poder Judicial y prohibir expresamente la dispensa de
ley de alguno de los requisitos.

Lo anterior, señaló, para garantizar que los
integrantes del Consejo cuenten con la experiencia, vinculación con la realidad
estatal, preparación académica y buena reputación, necesarias para evaluar el
quehacer jurisdiccional de los servidores de ese Poder.

Con lo anterior, dijo la diputada Erika Ayala, se
homologaría la disposición constitucional local con la establecida para el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, que en el
artículo 100 de la Carta Magna Federal señala que todos los consejeros deberán
reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la misma, los previstos
para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de
haberse distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

Finalmente, para concluir su intervención, considera necesario adicionar un párrafo al artículo 58
constitucional estatal, en el que se señalan los requisitos para ser magistrado
del Poder Judicial del Estado, a efecto de establecer expresamente la
prohibición de dispensar alguno de dichos requisitos en el proceso de
designación de magistrados.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales, para continuar su trámite legislativo.

El
diputado Sergio Hernández Hernández, coordinador del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura,
presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 70 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, que
permitiría la reelección de ediles y que la primera diputación por el principio
de representación proporcional de cada fuerza política, recayera en el
candidato que no resulte ganador pero que obtenga el mejor resultado entre los
candidatos de su partido.

La
Iniciativa propone reformar la fracción II y el primer párrafo de la fracción
III del artículo 21, así como el primer párrafo del artículo 70; y adicionar
los incisos a) y b) a la fracción III del artículo 21 y un segundo párrafo al
artículo 70 de la Constitución Política del Estado.

Al
hacer uso de la voz, el diputado Sergio Hernández reconoció que hablar de
reelección siempre ha sido polémico y aunque en el país ya se han dado los
primeros pasos, en Veracruz todavía quedan pendientes.

Destacó
que en el ámbito municipal y legislativo, las elecciones consecutivas son de
suma relevancia y trascendencia para la vida democrática del país y sobre todo
del municipio, toda vez que permiten a los ciudadanos evaluar la gestión,
resultados y administración de las autoridades municipales.

«De
aprobarse esta reforma podríamos tener elecciones cada tres años a partir del
año 2021», expuso.

Por
otro lado, con la finalidad de fortalecer la representación de las distintas
fuerzas políticas en el Congreso, y en aras de fomentar la competencia de los
candidatos a diputados de mayoría relativa en los distritos es que se propone
que la primera diputación por el principio de representación proporcional de
cada fuerza política, recaiga en el candidato que estando registrado para
competir en un distrito, no resulte ganador pero obtenga el mejor desempeño de
entre los candidatos de ese partido.

De
esta forma, el candidato o candidata que a pesar de haber realizado una campaña
exitosa y haber ganado la confianza de los ciudadanos, no haya obtenido la
mayoría en su distrito, podrá llegar a ocupar una curul por la vía plurinominal,
al haber obtenido el mejor resultado de entre todos los candidatos de ese
partido político que en una elección determinada, no hayan alcanzado el
triunfo.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su análisis y dictamen.

Al participar en el Foro de Resultados del Proyecto
“Acciones legales eficaces contra la violencia política” la diputada Mónica
Robles Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales del Congreso de Veracruz, expresó que aún cuando han habido
avances, en materia de participación igualitaria de las mujeres en la vida
pública, sigue habiendo grandes retos para consolidar una sociedad justa y
democrática en este aspecto.

Ante la presencia de la diputada Montserrat Ortega
Ruiz, vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables,
y de la presidenta de la Asociación “Hagamos Algo”, Rosa Aurora García Luna, la
legisladora Robles Barajas dijo que cada logro en materia de paridad de género
no ha sido fácil y que representa no solo el trabajo de mujeres, sino también
de hombres que se han sumado a la lucha, “estamos a 96 años de la primer mujer
votada, Elvia Carrillo Puerto, originaria de Yucatán”.

Tras la presentación del presídium y de la
proyección de un video con testimoniales de violencia política, la diputada del
Grupo Legislativo de Morena, recordó que fue en 1996 cuando se estableció la
cuota de género del 30 por ciento y en el que se planteó que las candidaturas
fueran para un mismo género, a fin de evitar cualquier “trampa” que pudiera
generarse al interior de los partidos políticos.

Asimismo, enfatizó que en 2013 se reformó el Código
Electoral federal y al mismo tiempo se trabajó en Veracruz las reformas para
incluir esta paridad, “pero fuimos más allá, establecimos la paridad horizontal
y vertical, porque de lo contrario íbamos a tener 212 candidatos a presidencias
municipales y 212 candidatas a síndicas”, detalló.

Por otra parte, agregó que el tema de violencia es
algo evidente y que existe un gran desafió ante una sociedad que se le
dificulta compartir el poder, “creo que como sociedad la participación
igualitaria de las mujeres es en beneficio de todos”.

La legisladora Montserrat Ortega anunció su respaldo
a la iniciativa que resultó de este Foro e indicó que desde el Congreso local
se pueden impulsar legislaciones para generar mecanismos para afianzar los
modelos de participación igualitaria, “de esta manera vamos a construir una
sociedad, justa, democrática y un mejor país”.

A este evento acudieron la encargada del Centro de
Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del
Estado, Mónica Mendoza Madrigal; la encargada del Instituto Veracruzano de las
Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez y el investigador Jacobo
Domínguez Gudini, así como servidoras públicas municipales y del Instituto Nacional
Electoral, delegación Veracruz.

El
Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen, puesto a
consideración por la Comisión Permanente de Gobernación, por el cual se concede
el cambio de denominación de la Congregación “Barragantitlán” por el de “Villa
Espíritu Santo”, perteneciente al municipio de Ixhuatlán del Sureste del estado
de Veracruz.

En
la sesión ordinaria, décima del segundo periodo ordinario, fue aprobado con 47
votos a favor, sin votos en contra o abstenciones este Dictamen.

El
documento señala que esta modificación es resultado de la iniciativa promovida
por Wilbert Luis y Víctor Manuel Antonio Vázquez, presidente y secretario,
respectivamente, de este municipio del sur de la entidad. La cual se encuentra
fundamentada en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Ixhuacán del Sureste y cuyo
acuerdo fue tomado por unanimidad.

Las
consideraciones planteadas refieren a los antecedentes históricos de la
Congregación, así como la voluntad de los habitantes, a través de un documento
firmado en original, quienes se manifiestan en aprobar la modificación del
nombre, para denominar a este lugar como antiguamente era llamado: “Villa del
Espíritu Santo”.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen,
resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de mayo por el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, por el que se reforman diversas disposiciones del
Código Financiero de la entidad relativas a incorporar a la base gravable a los
prestadores de servicios digitales de hospedaje y actualizar las tasas tributarias
de impuestos por concepto de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y
concursos.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la
Comisión de Hacienda del Estado, registró 45 votos a favor y tres en contra.

De esta manera se establece que son objetos del
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje los departamentos, casas,
total o parcialmente utilizados para
estos servicios, incluyendo los ofertados por medio de aplicaciones, redes
sociales, plataforma digital o cualquier otro medio de aplicación similar.

Se entiende
por plataforma digital la aplicación tecnológica mediante la cual la
persona física o moral administradora opera en su carácter de gestor,
intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, que
permite a los usuarios contratar servicios de hospedaje.

Son objetos del impuesto sobre loterías, rifas,
sorteos, juegos con apuestas y concursos, además de los ya señalados, las
erogaciones que se realicen por participar en juegos con apuestas.

El impuesto se causa al momento en que se efectúe la
explotación de las actividades señaladas anteriormente, al instante del pago o
entrega del premio y en el momento en que se realicen las erogaciones por
participar en juegos con apuestas.

Para los efectos de este impuesto, se considera
apuesta el monto susceptible de apreciarse en moneda nacional que se arriesga
en un juego de los que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, con la posibilidad de obtener
o ganar un premio, cuyo monto sumado a la cantidad arriesgada deberá ser
superior a ésta.

Quedan comprendidos en los juegos con apuestas,
independientemente del nombre con el que se les designe, aquéllos que requieran
permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal, así como la
realización de juegos y concursos en los que el premio se obtenga por la
destreza del participante en el uso de máquinas, independientemente de que en
el desarrollo de los mismos se utilicen imágenes visuales electrónicas como
números, símbolos, figuras u otras similares.

A las personas físicas o morales, relacionadas con
la materia, les será aplicable una tasa de 10 por ciento sobre el monto de las
erogaciones que efectúen para participar en juegos con apuestas, ya sean
pagados en efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita
participar en los mismos.

Asimismo, se establece como obligaciones de los
contribuyentes el calcular y retener el impuesto que corresponda a los premios
pagados, o entregados, así como el impuesto por las erogaciones que se realicen
por participar en juegos con apuestas, y enterarlo a las autoridades fiscales correspondientes mediante las formas
y conductos autorizados, y dentro de los plazos establecidos.

Además de dictaminar la determinación y pago de
este impuesto, por medio de un contador
público autorizado, a más tardar en el último día hábil del mes de julio de
cada ejercicio, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto
expidan las autoridades fiscales.

La exposición de motivos del Dictamen refiere que de
acuerdo a la información publicada en diciembre de 2018, por la Asociación de Permisionarios, Operadores y
Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México
A.C., a nivel nacional existen 353 salas de juego, de las cuales en el Estado de Veracruz operan 20, siendo
una de las siete Entidades con la mayor concentración de la industria.

A nombre
del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Rosalinda Galindo Silva dijo que
entidades como Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Oaxaca y Ciudad de México,
legislaron sobre el pago de impuestos de los prestadores de servicios de
hospedaje a través de plataformas digitales, en todos estos casos regularizados
con una tasa del 3 por ciento.

En tanto
en Veracruz –agregó- y ante el justo reclamo de prestadores de servicios de
hospedaje tradicional se incorporan con una tasa del 2 por ciento a los
prestadores de servicio a través de las plataformas digitales de Internet.

En
relación a juegos y sorteos, explicó que es imperativo replantear de manera responsable
y equitativa, en beneficio del pueblo, el Impuesto sobre Loterías, Rifas y
Sorteos y se actualicen sus tasas del 3.5 al 6 por ciento para quien organiza,
del 5.21 al 6 por ciento para quien obtiene un premio y se adicione la tasa del
10 por ciento por la participación en los juegos.

Abundó que
con el fin de incentivar la actualización del Padrón Vehicular, y en beneficio
de la economía de los veracruzanos, se propone disminuir en un 70 por ciento
este impuesto, para quedar gravado en lugar del 2 por ciento del costo
vehicular por un .60 por ciento del pago vehicular por cambio de
propietario.

Debido a que la Comisión de Selección, del Sistema
Estatal Anticorrupción, registra la falta de dos de sus miembros, la LXV
Legislatura aprobó –a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo)- la convocatoria pública para la elección de las dos personas que
habrán de suplirlos.

El documento de la Jucopo, avalado con 42 votos,
señala que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz no contiene
previsión alguna para las faltas de los integrantes de la Comisión de
Selección. Sin embargo –agrega- dada la importancia que la opinión pública
concede a la lucha contra la corrupción, juzga necesario que esta Soberanía
convoque para recibir propuestas con la finalidad de nombrar a los dos
comisionados.

De esta manera, se convoca a las instituciones de
educación superior y de investigación del Estado, así como a organizaciones de
la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de
cuentas y combate a la corrupción para que propongan candidatos a fin de
integrar debidamente la Comisión de Selección.

Se establece que esta convocatoria norma el
procedimiento para la designación, por el Congreso del Estado y por el tiempo
que reste al momento del nombramiento para concluir el período de tres años, de
dos integrantes de la Comisión de Selección prevista en el artículo 18 de la
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.

Las propuestas de ciudadanas y ciudadanos que
puedan ocupar los cargos mencionados se recibirán a partir de la publicación de
la presente Convocatoria y hasta el 12 de julio de este año, de lunes a
viernes, en horario de 9:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la Presidencia de
la Jucopo.

La propuesta deberá acompañarse de un escrito en el
que la organización o institución respectiva, o el propio aspirante, exprese
los motivos por los que considera que la persona propuesta es apta para aspirar
al cargo; curriculum vitae, firmado por el aspirante, y documentación soporte en original o copia
certificada para su cotejo y copia certificada del acta de nacimiento.

Así como copia certificada de la credencial para
votar con fotografía y carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta
de decir verdad, que reúne todos los requisitos exigidos en la presente
Convocatoria y que no tiene impedimento legal alguno para desempeñar el cargo.

Dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes
a la conclusión de la recepción de los documentos, la Jucopo entrevistará a
cada uno de los aspirantes y, concluido lo anterior, contará con un plazo de
hasta cinco días hábiles para efectuar la revisión exhaustiva del cumplimiento
de los requisitos señalados en la presente Convocatoria.

Posteriormente, la Jucopo formulará al Pleno un
proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá a las dos personas que se
requieren para integrar debidamente la Comisión de Selección.

El
Pleno de la LXV legislatura aprobó, durante su décima sesión ordinaria, la
reforma a los artículos 100 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Poder legislativo del Estado, propuesto por integrantes la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), con la cual se establece que los dictámenes con
proyecto de Acuerdo presentados por las diferentes Comisiones y por la Jucopo,
serán sometidos a votación económica, quedando sin efecto la votación nominal.

Esta
disposición será exceptuada cuando haya una petición de un diputado, secundada
por tres diputados más, en donde de ser el caso, se llevará a cabo la votación de
manera nominal.

Asimismo,
se determinó que los dictámenes con Proyecto de ley, Decreto o Iniciativa ante
el Congreso de la Unión, continuarán siendo sometidos a votación nominal, tanto
en lo general como en lo particular.

De
igual forma se derogó la fracción V del
artículo 101 del citado Reglamento, toda vez que ha perdido vigencia, debido a
que actualmente para la aprobación de reformas constitucionales parciales sólo se
requiere de un periodo ordinario, y no de dos, como se establecía
anteriormente.

En su Dictamen,
la Comisión Permanente de Gobernación afirmó que con estas reformas se busca el
desempeño más ágil y dinámico de las sesiones legislativas, beneficiando el
desahogo del orden del día.

El Dictamen
registró 31 votos a favor, 3 en contra y sin abstenciones.

El
diputado Eric Domínguez Vázquez, a nombre de varias organizaciones de la
sociedad civil papanteca, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el
que se exhortaría a las autoridades municipales, estatales y federales, a
reconsiderar la expedición de licencias o permisos que pongan en riesgo el
Centro Histórico de la ciudad de Papantla de Olarte, así como la denominación
federal turística de Pueblo Mágico.

Al
hacer uso de la voz, el legislador recordó que Papantla está catalogada desde
el año 2006 como Pueblo Mágico por su arquitectura histórica, por ser cuna de El
Tajín, de la vainilla y de paisajes naturales. “A diferencia de otros Pueblos
Mágicos, Papantla cuenta con un atractivo sin igual porque posee una cultura
viva, milenaria que predomina, la Totonaca”, subrayó.

Destacó
que el municipio tiene el Sitio de Monumentos Arqueológicos de El Tajín
nombrado en 1992 como Patrimonio Cultural de la Humanidad; la Danza de los
Voladores de Papantla, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2009 y el
Centro de las Artes Indígenas, nombrado Mejores Prácticas de Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial en 2012.

Explicó
que en el año de 2006, Papantla recibió la denominación de Pueblo Mágico,
categoría que mantuvo durante tres años, debido al incumplimiento de las
especificaciones del Programa Federal, esto como consecuencia del crecimiento
descontrolado de comercio informal (ambulantaje) y el nulo mejoramiento del
primer cuadro de la ciudad.

“Las
autoridades de ese momento, actuaron con irresponsabilidad y desinterés,
ocasionando un daño económico al municipio; sin embargo, la sociedad se
organizó y en un gran esfuerzo en el año 2012 se recuperó el programa de
Pueblos Mágicos que continúa hasta el día de hoy”, aseveró el legislador.

El
representante del Distrito VI, consideró que hoy la historia se repite y se
corre el riesgo de perder la denominación de Pueblo Mágico, debido a que las
actuales autoridades municipales pretenden otorgar los permisos para que se
lleve a cabo la construcción de una cadena trasnacional de tiendas de
autoservicio, junto con un estacionamiento, dentro del primer cuadro de la
ciudad, a una calle del Centro Histórico.

Recalcó
que está de por medio un edificio histórico que data del Siglo XIX y que será
destruido para levantar ese centro comercial.

Consideró
que la instalación de esta empresa, generaría pérdidas económicas a los
locatarios de los mercados tradicionales Miguel Hidalgo, Benito Juárez y del
mercado de las Artesanías, ya que se encuentran a escasos 190 metros de donde
se planea la construcción de la trasnacional; además, señaló la saturación vial
que esto generaría en el primer cuadro de la ciudad.

“Señoras
y señores diputados, que quede claro, no estamos en contra de traer
inversiones, porque conllevan la generación de fuentes de empleos directos al
municipio, pero los elementos puestos a su consideración son tan contundentes,
para que la instalación de la cadena trasnacional no sea dentro del primer
cuadro de la ciudad, pero que sí pueda llevarse a cabo en otro lugar propicio y
con las condiciones requeridas dentro de la ciudad”, puntualizó

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, integrante del
Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa
que reforma diversas disposiciones del Código Penal de la entidad y que tiene
como finalidad, entre otras, definir el término “ganado” para facilitar a los
encargados de la Seguridad Pública y a los Agentes que forman parte de la
impartición de Justicia el poder identificar con mayor precisión los elementos
del delito de abigeato.

La iniciativa, presentada durante la décima sesión
ordinaria, prevé considerar como ganado a las especies: bovina, caballar,
asnal, mular, ovina, caprina, porcina, o de una o más colonias de abejas en un
apiario, aves de cualquiera de sus especies, conejos y animales de peletería.

Así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado
mayor o ganado menor, así como los animales que sean motivo de aprovechamiento
zootécnico, independientemente de la actividad típica del animal, en términos
de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz.

De igual forma, la legisladora Ramírez Cisneros
propone modificar el artículo 210 Bis para que las sanciones se agraven, hasta
en una mitad más, si el delito de abigeato es realizado por dos o más personas,
pandillas o asociación delictuosa; sea ejecutado con cualquier tipo de
violencia y si el sujeto activo se valiere de un desastre natural, una
emergencia, accidente vehicular, disturbio civil o desorden público.

De lo anterior, la diputada del Distrito de
Minatitlán recordó los hechos de “rapiña” suscitados en la carretera La
Tinaja-Cosoleacaque donde algunas personas aprovecharon el percance para robar
las reses que transportaba uno de los vehículos, apoderándose de los bovinos y
hasta descuartizándolos en el lugar, para facilitar su traslado.

“Estos actos de rapiña son inaceptables, por lo que
deben considerarse dentro de las agravantes del tipo penal de abigeato”,
agregó.

Por otra parte, la propuesta legislativa contempla
modificar el artículo 211 para imponer de seis a 15 años de prisión y multa de
hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien adquiera, sirva de
intermediario, posea, transporte o aproveche ganado producto de abigeato o
comercie con sus pieles, carne u otros derivados, obtenidos de dicho ilícito.

En su intervención en tribuna, la legisladora
subrayó que de acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca (Sedarpa), el Estado de Veracruz
ocupa el primer nacional en ganado bovino a pie, con más de 480 mil
toneladas, lo que representa el 16.4 por ciento de la producción del País,
encontrando a los Municipios de Las Choapas, Minatitlán y Jesús Carranza como
los de mayores índices de producción en la entidad.

Por último, indicó que las propuestas de
modificación de esta iniciativa no sólo son importantes, si no que resultan
necesarias para el sector ganadero;
quienes representan un eje fundamental, no sólo de la economía estatal, sino
también de la nacional.

A la iniciativa se le adhirieron los Grupos
Legislativos de Morena y “Del Lado Correcto de la Historia”, así como el
legislador independiente Juan Carlos Molina Palacios. Para su estudio y
dictamen fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales.

El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del Estado, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, constituya el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes.

El diputado, presidente de la Comisión de Población y Atención a Migrantes, presentó el Anteproyecto que incluye, dotar al Instituto de la estructura orgánica necesaria y recursos presupuestales suficientes a efecto de estar en condiciones de cumplir los fines establecidos en la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el estado de Veracruz.

Al exponer sus consideraciones, recordó que la Legislatura anterior, presentó la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus familias para el estado de Veracruz el 5 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado.

La citada ley, reconoce el derecho de las personas migrantes y sus familias para acceder a los servicios de salud provistos por los sectores públicos y privados, e incluso a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente, así como también a acceder a los servicios educativos provistos en la entidad por los sectores público y privado.

También considera la creación del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; sin embargo en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 no se consideró una previsión económica expresa, por lo que, el 17 de enero de este año, el diputado por el distrito XVI de Boca del Río, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo que señalaba la urgencia de realizar los ajustes correspondientes; no obstante en los ajustes presupuestales del mes de abril, tampoco se consideró recurso alguno.

Como resultado de lo anterior –recordó-, el 13 de junio el Pleno de esta Soberanía aprobó un Proyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortó a diversas autoridades estatales y a los Ayuntamientos del Estado a implementar acciones tendientes a proteger y garantizar los derechos humanos de la población migrante en su recorrido por el territorio veracruzano.

El Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su análisis y dictamen.

Debido a que la Comisión de Selección, del Sistema Estatal Anticorrupción, registra la falta de dos de sus miembros, la LXV Legislatura aprobó –a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)- la convocatoria pública para la elección de las dos personas que habrán de suplirlos.

El documento de la Jucopo, avalado con 42 votos, señala que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz no contiene previsión alguna para las faltas de los integrantes de la Comisión de Selección. Sin embargo –agrega- dada la importancia que la opinión pública concede a la lucha contra la corrupción, juzga necesario que esta Soberanía convoque para recibir propuestas con la finalidad de nombrar a los dos comisionados.

De esta manera, se convoca a las instituciones de educación superior y de investigación del Estado, así como a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción para que propongan candidatos a fin de integrar debidamente la Comisión de Selección.

Se establece que esta convocatoria norma el procedimiento para la designación, por el Congreso del Estado y por el tiempo que reste al momento del nombramiento para concluir el período de tres años, de dos integrantes de la Comisión de Selección prevista en el artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.

Las propuestas de ciudadanas y ciudadanos que puedan ocupar los cargos mencionados se recibirán a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 12 de julio de este año, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la Presidencia de la Jucopo.

La propuesta deberá acompañarse de un escrito en el que la organización o institución respectiva, o el propio aspirante, exprese los motivos por los que considera que la persona propuesta es apta para aspirar al cargo; curriculum vitae, firmado por el aspirante, y documentación soporte en original o copia certificada para su cotejo y copia certificada del acta de nacimiento.

Así como copia certificada de la credencial para votar con fotografía y carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que reúne todos los requisitos exigidos en la presente Convocatoria y que no tiene impedimento legal alguno para desempeñar el cargo.

Dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la recepción de los documentos, la Jucopo entrevistará a cada uno de los aspirantes y, concluido lo anterior, contará con un plazo de hasta cinco días hábiles para efectuar la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos señalados en la presente Convocatoria.

Posteriormente, la Jucopo formulará al Pleno un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá a las dos personas que se requieren para integrar debidamente la Comisión de Selección.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen, puesto a consideración por la Comisión Permanente de Gobernación, por el cual se concede el cambio de denominación de la Congregación “Barragantitlán” por el de “Villa Espíritu Santo”, perteneciente al municipio de Ixhuatlán del Sureste del estado de Veracruz.

En la sesión ordinaria, décima del segundo periodo ordinario, fue aprobado con 47 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones este Dictamen.

El documento señala que esta modificación es resultado de la iniciativa promovida por Wilbert Luis y Víctor Manuel Antonio Vázquez, presidente y secretario, respectivamente, de este municipio del sur de la entidad. La cual se encuentra fundamentada en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Ixhuacán del Sureste y cuyo acuerdo fue tomado por unanimidad.

Las consideraciones planteadas refieren a los antecedentes históricos de la Congregación, así como la voluntad de los habitantes, a través de un documento firmado en original, quienes se manifiestan en aprobar la modificación del nombre, para denominar a este lugar como antiguamente era llamado: “Villa del Espíritu Santo”.

Con 31 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, aprobó la reforma al artículo 230 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz, referente a la concesión de tiendas de alimentos en las escuelas, presentada el pasado 20 de junio por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de MORENA.

La Comisión Permanente de Educación y Cultura estimó procedente la iniciativa que garantizará la transparencia y control de los ingresos que se capten por el otorgamiento de las concesiones de las tiendas para venta de alimentos, dentro de los espacios físicos de los planteles educativos.

Al debatir el dictamen, en lo general y en lo particular, participaron como oradores las y los diputados Judith Pineda Andrade, Rodrigo García Escalante, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Juan Carlos Molina Palacios, Bingen Rementería Molina, Brianda Kristel Hernández Topete, Rubén Ríos Uribe, Montserrat Ortega Ruiz, María Josefina Gamboa Torales, Ivonne Trujillo Ortiz y Deisy Juan Antonio.

De acuerdo con la reforma aprobada, el Código Financiero estatal fijará que las licitaciones para las concesiones de estas tiendas, se apegarán a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) fijará los lineamientos y parámetros para llevar a cabo tal procedimiento y un Comité de Licitaciones responsable de la convocatoria, en términos de los criterios propuestos y el encargado de emitir el fallo correspondiente en el respectivo proceso.

El Comité de Licitaciones estará integrado por el Secretario de Educación; subsecretario de Educación Básica; subsecretario de Educación Media Superior y Superior; del Director Jurídico de la SEV, así como por un representante de la sociedad de padres de familia y un representante del Consejo Estatal de Participación Social.

Los ingresos obtenidos por concepto de concesiones de tiendas para la venta de alimentos, en las escuelas del sistema público del Estado, se destinarán al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los mismos y servicios correlacionados, así como para las consecuentes tareas de supervisión educativa, apoyo a la gestión docente y programas que se determinen en los Lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

La SEV será la que reciba, administre y realice la comprobación de los recursos a los que se refiere el presente numeral, para estos efectos el 70 por ciento de los recursos obtenidos se aplicará al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos; el 20 por ciento a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas mencionadas; y el 10 por ciento restante, a programas que se determinen en los lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

El Presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, ordenó emitir el Decreto correspondiente y enviarlo al Ejecutivo para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de mayo por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Financiero de la entidad relativas a incorporar a la base gravable a los prestadores de servicios digitales de hospedaje y actualizar las tasas tributarias de impuestos por concepto de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión de Hacienda del Estado, registró 45 votos a favor y tres en contra.

De esta manera se establece que son objetos del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje los departamentos, casas, total o parcialmente utilizados para estos servicios, incluyendo los ofertados por medio de aplicaciones, redes sociales, plataforma digital o cualquier otro medio de aplicación similar.

Se entiende por plataforma digital la aplicación tecnológica mediante la cual la persona física o moral administradora opera en su carácter de gestor, intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, que permite a los usuarios contratar servicios de hospedaje.

Son objetos del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos, además de los ya señalados, las erogaciones que se realicen por participar en juegos con apuestas.

El impuesto se causa al momento en que se efectúe la explotación de las actividades señaladas anteriormente, al instante del pago o entrega del premio y en el momento en que se realicen las erogaciones por participar en juegos con apuestas.

Para los efectos de este impuesto, se considera apuesta el monto susceptible de apreciarse en moneda nacional que se arriesga en un juego de los que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, con la posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto sumado a la cantidad arriesgada deberá ser superior a ésta.

Quedan comprendidos en los juegos con apuestas, independientemente del nombre con el que se les designe, aquéllos que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal, así como la realización de juegos y concursos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, independientemente de que en el desarrollo de los mismos se utilicen imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares.

A las personas físicas o morales, relacionadas con la materia, les será aplicable una tasa de 10 por ciento sobre el monto de las erogaciones que efectúen para participar en juegos con apuestas, ya sean pagados en efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita participar en los mismos.

Asimismo, se establece como obligaciones de los contribuyentes el calcular y retener el impuesto que corresponda a los premios pagados, o entregados, así como el impuesto por las erogaciones que se realicen por participar en juegos con apuestas, y enterarlo a las autoridades fiscales correspondientes mediante las formas y conductos autorizados, y dentro de los plazos establecidos.

Además de dictaminar la determinación y pago de este impuesto, por medio de un contador público autorizado, a más tardar en el último día hábil del mes de julio de cada ejercicio, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expidan las autoridades fiscales.

La exposición de motivos del Dictamen refiere que de acuerdo a la información publicada en diciembre de 2018, por la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México A.C., a nivel nacional existen 353 salas de juego, de las cuales en el Estado de Veracruz operan 20, siendo una de las siete Entidades con la mayor concentración de la industria.

A nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Rosalinda Galindo Silva dijo que entidades como Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Oaxaca y Ciudad de México, legislaron sobre el pago de impuestos de los prestadores de servicios de hospedaje a través de plataformas digitales, en todos estos casos regularizados con una tasa del 3 por ciento.

En tanto en Veracruz –agregó- y ante el justo reclamo de prestadores de servicios de hospedaje tradicional se incorporan con una tasa del 2 por ciento a los prestadores de servicio a través de las plataformas digitales de Internet.

En relación a juegos y sorteos, explicó que es imperativo replantear de manera responsable y equitativa, en beneficio del pueblo, el Impuesto sobre Loterías, Rifas y Sorteos y se actualicen sus tasas del 3.5 al 6 por ciento para quien organiza, del 5.21 al 6 por ciento para quien obtiene un premio y se adicione la tasa del 10 por ciento por la participación en los juegos.

Abundó que con el fin de incentivar la actualización del Padrón Vehicular, y en beneficio de la economía de los veracruzanos, se propone disminuir en un 70 por ciento este impuesto, para quedar gravado en lugar del 2 por ciento del costo vehicular por un .60 por ciento del pago vehicular por cambio de propietario.

El diputado Sergio Hernández Hernández, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, que permitiría la reelección de ediles y que la primera diputación por el principio de representación proporcional de cada fuerza política, recayera en el candidato que no resulte ganador pero que obtenga el mejor resultado entre los candidatos de su partido.

La Iniciativa propone reformar la fracción II y el primer párrafo de la fracción III del artículo 21, así como el primer párrafo del artículo 70; y adicionar los incisos a) y b) a la fracción III del artículo 21 y un segundo párrafo al artículo 70 de la Constitución Política del Estado.

Al hacer uso de la voz, el diputado Sergio Hernández reconoció que hablar de reelección siempre ha sido polémico y aunque en el país ya se han dado los primeros pasos, en Veracruz todavía quedan pendientes.

Destacó que en el ámbito municipal y legislativo, las elecciones consecutivas son de suma relevancia y trascendencia para la vida democrática del país y sobre todo del municipio, toda vez que permiten a los ciudadanos evaluar la gestión, resultados y administración de las autoridades municipales.

«De aprobarse esta reforma podríamos tener elecciones cada tres años a partir del año 2021», expuso.

Por otro lado, con la finalidad de fortalecer la representación de las distintas fuerzas políticas en el Congreso, y en aras de fomentar la competencia de los candidatos a diputados de mayoría relativa en los distritos es que se propone que la primera diputación por el principio de representación proporcional de cada fuerza política, recaiga en el candidato que estando registrado para competir en un distrito, no resulte ganador pero obtenga el mejor desempeño de entre los candidatos de ese partido.

De esta forma, el candidato o candidata que a pesar de haber realizado una campaña exitosa y haber ganado la confianza de los ciudadanos, no haya obtenido la mayoría en su distrito, podrá llegar a ocupar una curul por la vía plurinominal, al haber obtenido el mejor resultado de entre todos los candidatos de ese partido político que en una elección determinada, no hayan alcanzado el triunfo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

El Pleno de la LXV legislatura aprobó, durante su décima sesión ordinaria, la reforma a los artículos 100 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder legislativo del Estado, propuesto por integrantes la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con la cual se establece que los dictámenes con proyecto de Acuerdo presentados por las diferentes Comisiones y por la Jucopo, serán sometidos a votación económica, quedando sin efecto la votación nominal.

Esta disposición será exceptuada cuando haya una petición de un diputado, secundada por tres diputados más, en donde de ser el caso, se llevará a cabo la votación de manera nominal.

Asimismo, se determinó que los dictámenes con Proyecto de ley, Decreto o Iniciativa ante el Congreso de la Unión, continuarán siendo sometidos a votación nominal, tanto en lo general como en lo particular.

De igual forma se derogó la fracción V del artículo 101 del citado Reglamento, toda vez que ha perdido vigencia, debido a que actualmente para la aprobación de reformas constitucionales parciales sólo se requiere de un periodo ordinario, y no de dos, como se establecía anteriormente.

En su Dictamen, la Comisión Permanente de Gobernación afirmó que con estas reformas se busca el desempeño más ágil y dinámico de las sesiones legislativas, beneficiando el desahogo del orden del día.

El Dictamen registró 31 votos a favor, 3 en contra y sin abstenciones.

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal de la entidad y que tiene como finalidad, entre otras, definir el término “ganado” para facilitar a los encargados de la Seguridad Pública y a los Agentes que forman parte de la impartición de Justicia el poder identificar con mayor precisión los elementos del delito de abigeato.

La iniciativa, presentada durante la décima sesión ordinaria, prevé considerar como ganado a las especies: bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina, o de una o más colonias de abejas en un apiario, aves de cualquiera de sus especies, conejos y animales de peletería.

Así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o ganado menor, así como los animales que sean motivo de aprovechamiento zootécnico, independientemente de la actividad típica del animal, en términos de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz.

De igual forma, la legisladora Ramírez Cisneros propone modificar el artículo 210 Bis para que las sanciones se agraven, hasta en una mitad más, si el delito de abigeato es realizado por dos o más personas, pandillas o asociación delictuosa; sea ejecutado con cualquier tipo de violencia y si el sujeto activo se valiere de un desastre natural, una emergencia, accidente vehicular, disturbio civil o desorden público.

De lo anterior, la diputada del Distrito de Minatitlán recordó los hechos de “rapiña” suscitados en la carretera La Tinaja-Cosoleacaque donde algunas personas aprovecharon el percance para robar las reses que transportaba uno de los vehículos, apoderándose de los bovinos y hasta descuartizándolos en el lugar, para facilitar su traslado.

“Estos actos de rapiña son inaceptables, por lo que deben considerarse dentro de las agravantes del tipo penal de abigeato”, agregó.

Por otra parte, la propuesta legislativa contempla modificar el artículo 211 para imponer de seis a 15 años de prisión y multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien adquiera, sirva de intermediario, posea, transporte o aproveche ganado producto de abigeato o comercie con sus pieles, carne u otros derivados, obtenidos de dicho ilícito.

En su intervención en tribuna, la legisladora subrayó que de acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), el Estado de Veracruz ocupa el primer nacional en ganado bovino a pie, con más de 480 mil toneladas, lo que representa el 16.4 por ciento de la producción del País, encontrando a los Municipios de Las Choapas, Minatitlán y Jesús Carranza como los de mayores índices de producción en la entidad.

Por último, indicó que las propuestas de modificación de esta iniciativa no sólo son importantes, si no que resultan necesarias para el sector ganadero; quienes representan un eje fundamental, no sólo de la economía estatal, sino también de la nacional.

A la iniciativa se le adhirieron los Grupos Legislativos de Morena y “Del Lado Correcto de la Historia”, así como el legislador independiente Juan Carlos Molina Palacios. Para su estudio y dictamen fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

A nombre de los integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, la diputada Erika Ayala Ríos, presentó una Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, para que las personas responsables de evaluar el desempeño de los juzgadores tengan los conocimientos y capacidad indispensables para realizar la función encomendada en la Constitución.

Que se traduzca -destacó ante el Pleno la legisladora-, en una impartición de justicia eficiente, y con ello se dé respuesta a una de las demandas más recurrentes de la sociedad, que es la de acceder a una justicia pronta y expedita.

Ante la importancia de las funciones del Consejo de la Judicatura, continuó, se propone retomar la disposición original referente a los requisitos para ser consejero, que sean estos los mismos que se señalan para ser magistrado del Poder Judicial y prohibir expresamente la dispensa de ley de alguno de los requisitos.

Lo anterior, señaló, para garantizar que los integrantes del Consejo cuenten con la experiencia, vinculación con la realidad estatal, preparación académica y buena reputación, necesarias para evaluar el quehacer jurisdiccional de los servidores de ese Poder.

Con lo anterior, dijo la diputada Erika Ayala, se homologaría la disposición constitucional local con la establecida para el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, que en el artículo 100 de la Carta Magna Federal señala que todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la misma, los previstos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de haberse distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

Finalmente, para concluir su intervención, considera necesario adicionar un párrafo al artículo 58 constitucional estatal, en el que se señalan los requisitos para ser magistrado del Poder Judicial del Estado, a efecto de establecer expresamente la prohibición de dispensar alguno de dichos requisitos en el proceso de designación de magistrados.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para continuar su trámite legislativo.

En el marco del Día Naranja (conmemorado cada 25 de mes), en el Congreso de Veracruz se llevó a cabo el Taller de Prevención y Atención de la Violencia Digital, organizado por el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) y en el cual participaron las diputadas Mónica Robles Barajas, Ivonne Trujillo Ortiz y Brianda Kristel Hernández Topete, así como los legisladores Juan Javier Gómez Cazarín y Alexis Sánchez García.

Este taller, realizado a partir de la reforma al Código Penal, aprobada por la LXV Legislatura el pasado 23 de mayo, y en el cual se incorporó el capítulo “Delitos contra la privacidad sexual”, conocido mediáticamente como “Ley Olimpia” se llevó a cabo dirigido a Unidades de Género de los tres poderes del Estado, sociedad en general y activistas, a fin de compartir experiencias y capacitarse para reconocer estos hechos y denunciarlos.

Tras agradecer la asistencia de diputadas y diputados, ciudadanas, expertas en la materia y servidoras públicas, la encargada del CEIGDH, Mónica Mendoza Madrigal destacó la integración paritaria de la LXV Legislatura de Veracruz y dijo que la “Violencia Digital” es un tema que está dándose de los Estados a la Federación, por lo que en la medida que vayan sumándose más entidades y aprueben esta ley, tomará “más fuerza” en el Congreso de la Unión, “para ello es fundamental el trabajo articulado y solidario de las diputadas y diputados locales”, abundó.

Acto seguido, cedió el uso de la voz a la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Ivonne Trujillo, quien subrayó que el delito ya está tipificado y ahora corresponde crear conciencia y evitar que esta práctica se multiplique.

Agregó que este Taller es una buena manera de fusionar el trabajo legislativo con las políticas públicas en favor de la sociedad, además que representa una excelente estrategia para emprender, sociedad y gobierno, acciones concretas que permitan abordar y resolver problemas específicos, tales como el que hoy ocupa, la violación a la intimidad sexual.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, diputada Mónica Robles Barajas hizo un reconocimiento público a la activista Olimpia Coral Melo, “ella no ha descansado para que se legisle en la materia y hoy reconozco a hombres y mujeres que han creído y se han sumado a su lucha”.

Recordó que esta reforma, puesta a consideración del Pleno por la Comisión que ella preside, registró 42 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, “todas las fuerzas políticas se sumaron, porque no hay banderas de partidos, nos une avanzar en la protección de los derechos humanos de las mujeres”.

Asimismo, recordó el trabajo de sus homólogas Rosalinda Galindo Silva, Erika Ayala Ríos y Montserrat Ortega Ruiz, toda vez que coinciden con ella en que esta reforma es el primer paso y ahora corresponde continuar fortaleciendo la legislación para contar una plena libertad sexual, “sigue el tema del ciberacoso e incluir la violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como una de sus formas”, adelantó la legisladora por Coatzacoalcos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, diputada Brianda Kristel Hernández Topete celebró la realización de este foro e indicó que las nuevas tecnologías permite una comunicación más rápida y fácil entre la sociedad, sin embargo –añadió- es necesario contar con una legislación de vanguardia que prevenga el uso inadecuado de la misma, para no dejar a la impunidad aquellos actos que vulneran la dignidad y los derechos humanos de la sociedad.

La Fundadora del Frente Nacional por la Sororidad, Olimpia Coral Melo informó que este 27 de junio el Congreso de Coahuila votará la reforma para tipificar este delito y, de aprobarse, sería la novena entidad de la República en contar con un mecanismo de este tipo. Además anunció que en breve se reunirán con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputada María Wendy Briceño Zuloaga con el propósito de trabajar en una reforma en la materia.

Este evento fue inaugurado a las 10:15 horas por el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín y asistieron la diputada María Esther López Callejas; la encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez; la Subdirectora de Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, Ana Elena Portilla Palacios y en representación del Secretario General, Domingo Bahena Corbalá, acudió David Castañeda Polanco, así como la activista Martha Mendoza Parissi, entre otros.

Las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete y
Montserrat Ortega Ruiz, presidenta y vocal, respectivamente, de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, sostuvieron una
reunión con la presidenta de la Fundación “Gilberto Rincón Gallardo”, Lídice
Rincón Gallardo y la activista en pro de los derechos humanos de las personas
con discapacidad, Ana Ruth Ferrer Rivera, en la cual analizaron diversas
disposiciones de la Ley 822 para la Integración de las Personas con
Discapacidad del Estado de Veracruz.

Con la participación de la diputada federal Dulce
María Méndez de la Luz Dauzón, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la legisladora
Kristel Hernández informó que preparan un exhorto al Gobierno del Estado a fin
de que cumpla con la reglamentación de la Ley 822, así como para que sea
entregado a este poder el dictamen de impacto presupuestal de la creación del
Instituto, señalado en la ley antes citada.

La legisladora Montserrat Ortega dijo que existe un
rezago en el cumplimiento de la ley, toda vez que además del Reglamento, aún no
se han concretado avances del tema de movilidad. Al respecto ejemplificó el
caso del transporte público, que a la fecha no cuenta con las condiciones
necesarias.

De igual forma recordó que la legisladora Deisy Juan
Antonio celebró, el pasado 5 de junio, mesas de trabajo para analizar la Ley
822 y en la que expertos en la materia aportaron sus propuestas.

Por otra parte, las diputadas Brianda Kristel y
Montserrat Ortega refirieron que trabajan en el consenso con los grupos
legislativos del Congreso del Estado para que cuando sea presentada la
iniciativa, ésta ya cuente con el conocimiento previo en relación a que se
plantearía que el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad sea un
órgano con mayor participación ciudadana y que el Instituto cuente con un
presupuesto, mismo que sería progresivo.

El
Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, aprobó la iniciativa de
decreto presentada por el Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario
Institucional (PRI) – Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”, con la que se
reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de
Veracruz, para ampliar el listado de circunstancias agravantes de la penalidad
en casos de violación y pederastia.

Con
41 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen
emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

De
acuerdo con las consideraciones del dictamen, publicado en la Gaceta
Legislativa número 42, esta reforma contribuirá a disminuir y erradicar
conductas lesivas para el conjunto social, a través de fijar sanciones más
severas para los que cometan los mencionados delitos de naturaleza sexual.

El
6 de junio pasado, a nombre de su Grupo Legislativo, la diputada Erika Ayala
Ríos, presentó la iniciativa que, en sus palabras, responde a la justa demanda
ciudadana de castigar ejemplarmente a quienes atentan contra la libertad
sexual, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física de todas
las personas, y más aún, cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes,
sin importar también la edad de mujeres adultas y jóvenes.

A
partir de la entrada en vigencia de este Decreto se considerarán agravantes de
la pena, si dichos delitos se realizan en vehículos de transporte público de
pasajeros o en otros que presten un servicio similar; en lugares despoblados o
solitarios; derivado del allanamiento de la morada de la víctima; y al interior
de instituciones educativas o en establecimientos públicos o privados en los que
se preste el servicio de auxilio o refugio o tratamiento de personas, si dichos
delitos son cometidos por personal de las mismas.

El diputado Enrique Cambranis Torres, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó la iniciativa de reforma al artículo 74 de la Constitución Política de
Estado para establecer la prohibición de discriminación en la contratación de
cualquier persona en razón de la edad, origen étnico, sexo, discapacidades,
doctrina política, condición social, religión, estado civil, gravidez o
cualquier otra que atente contra los derechos laborales fundamentales en las
relaciones de trabajo.

En su intervención, durante la novena sesión
ordinaria, el diputado recalcó que su propuesta legislativa busca que ninguna
veracruzana o veracruzano, de cualquier edad, género o condición, que pretenda
obtener un trabajo, no sea discriminado por las organizaciones, públicas o
privadas, antes o después de obtener un empleo.

Subrayó que la discriminación en materia laboral
puede ocurrir en los avisos de empleo, en la selección, evaluación,
contratación y despido del personal. “También suele aparecer en los términos y
en las condiciones del empleo, así como en la remuneración, los beneficios y en
las decisiones sobre quién recibe capacitación y qué tipo de capacitación se
brinda”, ejemplificó.

En tribuna, Cambranis Torres indicó que de acuerdo
al último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2015 (INEGI),
hay en Veracruz 499 mil 689 personas en edad laboral que no trabaja y no busca
empleo, “muchas veces no lo hace por
desaliento o porque piensan que no lo conseguirán por la edad o porque no tienen
estudios, no obstante están dispuestas a trabajar”, abundó.

Asimismo, refirió que como legisladores deben
trabajar para proteger y garantizar que las personas adultas mayores, que estén
todavía activos, puedan encontrar espacios de trabajo, sobre todo cuando,
conforme a la esperanza de vida, aún quedan muchos años por delante.

Por otra parte, manifestó, los jóvenes también
encuentran constantemente obstáculos y limitantes cuando se trata de buscar
trabajo, toda vez que las empresas por lo regular exigen puestos con
experiencia y con cierta edad para desempeñar el cargo, “a todas luces
representa una discriminación, pues el joven, sea recién graduado o no, está
impedido a obtener un primer empleo porque falta de experiencia, que es lo
primero que exigen las empresas”.

El diputado Enrique Cambranis aseguró que con esta
reforma Veracruz sería de los primeros Estados en reconocer, de manera textual
en su Constitución, el derecho a obtener un trabajo digno y bajo ninguna
circunstancia, discriminar a quien legítimamente pretende ser contratado y
desarrollarse dentro de alguna organización laboral.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Trabajo y
Previsión Social para su estudio y dictamen correspondiente.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura
aprobaron la iniciativa, presentada el 9 de mayo pasado por la diputada Magaly
Armenta Oliveros, por la cual se reforma el artículo 67 de la Constitución
Política del Estado y se establece que los órganos autónomos de la entidad
tendrán la obligación de presentar, dentro de los primeros 15 días de cada año,
a los Poderes Ejecutivo y Legislativo un informe de actividades.

Además se establece que los titulares de los órganos
autónomos deberán comparecer ante el Poder Legislativo del Estado, en sesión
pública, durante la última quincena del mes de enero, conforme al formato que
establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento.

Asimismo, se determina que el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa (TEJAV), solo estará obligado a presentar el informe de
actividades.

El Dictamen, puesto a consideración por la Comisión
de Justicia y Puntos Constitucionales, destaca que la rendición de cuentas y la
transparencia son dos componentes
esenciales en los que se fundamenta un Gobierno democrático y que, mediante la
rendición de cuentas, es como éste explica a la sociedad sus acciones y acepta
consecuentemente la responsabilidad de estas.

Refiere que la transparencia abre la información al
escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla
y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar.

En consecuencia –añade- el Gobierno democrático debe
rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse
para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

El Dictamen registró 41 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra.

Tras aprobarse el Dictamen y conforme a lo
establecido en la Ley Reglamentaria del artículo 84 de la Constitución Política
del Estado en materia de reformas parciales, la Mesa Directiva, presidida por
el diputado José Manuel Pozos Castro, instruyó a la Secretaría General remitir
el Decreto a los ayuntamientos de la entidad para su consideración.

El
diputado José Manuel Pozos Castro, presidente del H. Congreso del Estado de
Veracruz, dio la bienvenida a la juventud veracruzana que participó en el Foro
sobre la Ley General de las Juventudes en su capítulo Veracruz, titulado
“Jóvenes, cámara y acción”.

Durante
el evento convocado por la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la
Cámara de Diputados federal, el diputado Pozos Castro consideró que el Foro es
un acto de justicia para con los jóvenes de México y de Veracruz.

“Estoy
absolutamente seguro de que el talento, la audacia y la gran capacidad de
nuestros jóvenes abonarán a dar certidumbre jurídica y a la igualdad de
derechos que garanticen sus mejores condiciones de vida”, expresó ante un
auditorio conformado por decenas de participantes.

El
legislador resaltó el gran compromiso con los jóvenes de México por parte del
presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el trabajo que realiza el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al brindar oportunidades e implementar
programas que les van a permitir desarrollarse y gozar de un mejor nivel de
vida. “Hoy nos es grato decirles que los jóvenes en Veracruz están participando”.

Al
hacer uso de la voz, el representante del gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
el subsecretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, uno de los servidores
públicos más jóvenes del Estado y de México, dijo que con hechos, no con
palabras, se ha tomado en cuenta a un sector que lamentablemente fue
menospreciado y olvidado por los anteriores gobiernos.

Como
presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte y Atletas con discapacidad de
la LXV Legislatura, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, confió en que
el resultado de las mesas de trabajo se verá materializado en una nueva Ley que
será punta de lanza para hacer realidad los sueños de millones de jóvenes que
anhelan un mejor país.

La
diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, Presidenta de la Comisión de Juventud y
Diversidad Sexual en la Cámara de Diputados federal, agradeció el apoyo de las
diputadas integrantes de la Comisión, quienes solicitaron que Veracruz pudiera
ser sede del Foro “Jóvenes, cámara y acción”.

Dijo
que la construcción y elaboración de esta ley es un camino para que los jóvenes
opinen; además, informó que la comisión redactora ya está construyendo avances
de la misma y que seguramente durante el Foro en Veracruz, la séptima edición,
recogerían muchísimas propuestas.

A
las 17:58 horas de este jueves, la diputada federal Dorheny García Cayetano
inauguró el Foro “Jóvenes, cámara y acción”, no sin antes destacar que con este
tipo de acciones, se demuestra a los jóvenes que son parte de la toma de
decisiones en este país.

Al
inicio de los trabajos acudieron también los diputados Juan Javier Gómez
Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso; Rubén
Ríos Uribe y las legisladoras María Graciela Hernández Íñiguez y Adriana Esther
Martínez Sánchez.

Asistieron
también la diputada federal Dulce María Méndez de la Luz; Samuel Torres Mendez,
representante del Instituto Mexicano de la Juventud; el secretario general del
Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá y el director del Instituto
Veracruzano de la Juventud, Jonathan Yunuel Ramírez Martínez.

El Pleno del Congreso del Estado, durante su novena
Sesión Ordinaria, dio entrada a una Iniciativa de Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, que signan los integrantes de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) de la LXV Legislatura del Estado.

La reforma integral de la Constitución Política del
Estado, realizada en el año 2000, significó una transformación del marco
normativo local, al establecer nuevas instituciones jurídicas, como el juicio
para la protección de los derechos humanos y los medios de control
constitucional, y con mayor sistematicidad, que en su texto anterior, las
atribuciones de los órganos depositarios del Poder Público, los organismos
autónomos del Estado y los ayuntamientos, entre otros aspectos.

El texto de la propuesta legislativa refiere que las
nuevas disposiciones constitucionales motivaron, en consecuencia, la adecuación
de la legislación ordinaria o secundaria, a fin de hacerla corresponder con lo
aprobado por el Poder Reformador Constitucional Local; y en ese contexto se
expidieron, principalmente, en las Legislaturas LVIII y LIX, diversos
ordenamientos, entre ellos los que regulan la organización y funcionamiento de
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y del Municipio Libre.

Añade que la actual Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado fue publicada en la Gaceta Oficial el 6 de octubre del
año 2000, y que de conformidad con su Transitorio inició su vigencia hasta el 5
de noviembre de ese año e introdujo, entre otras innovaciones, agregó, la figura
de la Junta de Coordinación Política, como órgano de gobierno del Congreso;
creó la Junta de Trabajos Legislativos, como instancia de programación de las
labores plenarias y estableció que la duración en las funciones de la Mesa
Directiva sería de un año legislativo y ya no sólo de un mes como antes se
establecía.

Del mismo modo, se destaca, en semejanza a lo
señalado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, el ordenamiento que regula al Poder Legislativo local determinó la
estructura administrativa de éste, encabezada por una Secretaría General, al
igual que sus atribuciones. Asimismo, en su artículo 18, replicó las
atribuciones del Congreso del Estado plasmadas en el artículo 33 constitucional
y, en el numeral 42, fijó las relativas a las de la Diputación Permanente, en
concordancia con lo que al efecto dispone el artículo 41 de la Ley Fundamental.

Sobre la base de que todo ordenamiento jurídico es
susceptible de modificaciones, se agrega, para adecuar su contenido a una
realidad en constante evolución, la Constitución Política Local ha registrado
múltiples reformas y adiciones —81 decretos, hasta la fecha, para tales
efectos, aunque algunos de éstos aún no se encuentran publicados—, entre ellas
a los artículos que establecen expresamente las atribuciones del Congreso y de
la Diputación Permanente, o a los que se relacionan directamente con el
ejercicio de estas.

Sin embargo, no en todos los casos, se han realizado
las adecuaciones en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de lo modificado,
incorporado o suprimido del texto constitucional en los 19 años que han
transcurrido desde la reforma integral señalada, lo que ha provocado la
existencia de algunas antinomias entre ambos ordenamientos, abunda.

Si bien es cierto que, por jerarquía normativa, lo
establecido en la Constitución es lo aplicable aún cuando la legislación
secundaria disponga otra cosa, se estima necesario, apunta la JUCOPO, a fin de evitar esas contradicciones y posibles conflictos
interpretativos, efectuar la armonización correspondiente.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Gobernación.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó la iniciativa,
presentada el pasado 31 de enero por la diputada María de Jesús Martínez Díaz,
con lo que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado con lo que garantizará que los constructores entreguen obras
con materiales de buena calidad y con una vida útil razonable.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la
Comisión Permanente de Comunicaciones durante la novena sesión ordinaria, registró
41 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera, queda establecido en el artículo 68
de la citada ley que los trabajos se garantizarán durante un plazo de 24 meses,
para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, por lo que
previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, deberán constituir fianza por el equivalente al diez
por ciento del monto total ejercido de los trabajos.

O en su caso, podrá extenderse por un plazo de 12
meses la vigencia de la fianza-cumplimiento para garantizar la calidad de la
obra, con respecto a los vicios ocultos.

El texto del Dictamen destaca lo expuesto por la
autora de la iniciativa, en relación a la importancia de que la obra pública
sea de calidad y por ende vigilar que se ofrezca la mejor opción, no solo en
precio, sino en calidad.

También que cada obra licitada o adjudicada contenga
una serie de especificaciones técnicas generales y particulares apegadas a las
normas de calidad vigentes que correspondan.

En los posicionamientos, la diputada del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), María de Jesús Martínez Díaz,
autora de la iniciativa, agradeció el compromiso y disposición de la Comisión
de Comunicaciones y –aseguró- que el combate a la corrupción, no solo desde la
tribuna, sino con mejores leyes que respondan a las expectativas de los
veracruzanos.

Tras haberse aprobado el presidente de la Mesa
Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, instruyó remitir el decreto al
Ejecutivo estatal para la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.

La
diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de MORENA,
presentó una Iniciativa de Decreto que adicionaría diversas disposiciones al
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en un capítulo
único denominado “Juicio sumario para Divorcio Incausado”.

La
iniciativa presentada por la diputada, presidenta de la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales, prioriza la necesidad de actualizar la
legislación procesal civil, considerando las experiencias existentes en las
entidades federativas que consagran el juicio sumario, asegurando así la observancia
de las garantías de prontitud, eficacia y expedites contenidas en el segundo
párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Dijo
que el procedimiento sumario de divorcio que se propone, es un procedimiento
civil tramitado ante la autoridad judicial, en el que se privilegia la voluntad
de los cónyuges, pues basta con que uno de ellos solicite el divorcio para que
se decrete, lo que se debe hacer en sentencia definitiva una vez que conteste
la solicitud de divorcio o precluya el plazo para hacerlo, ya que tal decisión
no puede postergarse o bien obstaculizarse, esto es, la intención es ponderar
el libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges.

“Esta
propuesta garantiza el pleno acceso de los menores a la totalidad de sus
derechos como lo son los alimentos, derecho a la familia, convivencia,
educación y otros tantos tutelados por la legislación en la materia”, subrayó
la diputada Mónica Robles.

Agregó
que la iniciativa faculta al juez para tomar las medidas y decisiones para
prever garantías a los menores, mientras se tramita la vía incidental que
resuelva de fondo, las pretensiones que son adicionales al divorcio.

La
iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales.

El
diputado José Andrés Castellanos Velázquez, integrante del Grupo Legislativo de
Morena, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado, con el
objeto de fijar en ella que las políticas públicas instrumentadas por el
Gobierno estatal y los Gobiernos Municipales tengan concordancia con lo
establecido en los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo,
garantizando la colaboración mutua entre los tres niveles de gobierno, para
lograr las metas establecidas en dichos documentos rectores.

Durante
la novena sesión, el legislador Castellanos Velázquez, presidente de la
Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional, subrayó que se trata de
convertir esta ley en una herramienta eficiente para el progreso de la sociedad
veracruzana.

Aseguró
que desde la formulación de la ley solo se ha tenido un par de reformas, las
cuales no han sido suficientes para lograr el bienestar que el Estado busca
para su sociedad.

Asimismo,
destacó que las políticas públicas encargadas de generar bienestar social deben
dirigirse a toda la población en especial a las más vulnerables, lo que estas
acciones deben ser aplicadas en las
zonas de mayor marginación y pobreza.

Enfatizó
que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), el 62.2 por ciento de los veracruzanos se encuentra en
situación de pobreza, colocando a Veracruz en el cuarto lugar nacional en Grado
de Rezago Social, por lo que resulta
necesario que, desde este Poder Legislativo, se realicen iniciativas que tengan
como finalidad el bienestar de todos los veracruzanos.

Añadió
que “el desafío de la política social estatal debe ser la disminución de los
índices de rezago social, marginación, erradicación de la pobreza y eliminar
las restricciones a las oportunidades que ciertos sectores de la población
afrontan”.

La
propuesta legislativa prevé señalar en la Ley que la planeación del desarrollo
social y la seguridad humana incluirá los programas que guardan relación con la materia, así como los planes de desarrollo de
los tres niveles de gobierno.

Son
zonas de atención prioritaria, las
zonas rurales o urbanas cuya población se encuentre en situación de pobreza o
presenten muy alto y alto índice de
rezago social y marginación.

De igual forma se define al Desarrollo Social como
el proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad
última el progreso permanente de la región y de cada individuo residente en
ella.

Para
su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa fue turnada a la Comisión
Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional y se remitió copia a la
Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,
integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó
la iniciativa de reforma al Código Financiero del Estado que prevé la
transparencia y control de los ingresos que se capten por el otorgamiento de
las concesiones de las tiendas para venta de alimentos, dentro de los espacios
físicos de los planteles educativos.

El también secretario de la Comisión de Educación y
Cultura dijo que esta propuesta plantea fijar en el Código Financiero estatal
la obligatoriedad de que las licitaciones para las concesiones de tiendas para
la venta de alimentos en escuelas se apegarán a lo dispuesto en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado.

Con ello –agregó- se determinará la atribución de la
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para fijar los lineamientos y
parámetros para llevar a cabo tal procedimiento.

Asimismo, se propone la instauración de un Comité de
Licitaciones que deberá emitir la convocatoria, en términos de los criterios
propuestos, y será el encargado de emitir el fallo correspondiente en el
respectivo proceso.

De acuerdo a la iniciativa, el Comité de
Licitaciones estará integrado por el Secretario de Educación; subsecretario de
Educación Básica; subsecretario de Educación Media Superior y Superior; del
Director Jurídico de la SEV, así como por un representante de la sociedad de
padres de familia y un representante del Consejo Estatal de Participación
Social.

De esta manera se establece que los ingresos obtenidos por concepto de concesiones
de tiendas para la venta de alimentos, en las escuelas del sistema público del
Estado, se destinarán al mantenimiento y conservación de la infraestructura
física de los mismos y servicios correlacionados, así como para las
consecuentes tareas de supervisión educativa, apoyo a la gestión docente y
programas que se determinen en los Lineamientos que dicte la autoridad
educativa local.

La SEV será la que reciba, administre y realice la
comprobación de los recursos a los que se refiere el presente numeral, para
estos efectos el 90 por ciento de los recursos obtenidos se aplicará al
mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles
educativos públicos, el 20 por ciento se
aplicarán a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en
los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas mencionadas y el 10
por ciento de los recursos restantes serán aplicados en programas que se
determinen en los Lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

En su intervención en tribuna, durante la novena
sesión ordinaria, el legislador Vargas Barrientos manifestó que la educación
debe ser una política pública de la mayor importancia y que cualquier esfuerzo
emprendido no será suficiente si no representa una vía para conseguir una
educación de calidad para todas las niñas, niños y jóvenes, tanto de Veracruz
como del país.

La iniciativa, que reforma el artículo 230
bis del Código Financiero, fue turnada para su estudio y dictamen a la
Comisión Permanente de Educación y Cultura.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del
Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano–Partido de la Revolución Democrática
(MC-PRD), puso a consideración del Pleno de la LXV Legislatura del Estado,
durante su novena Sesión Ordinaria, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por
la que se reforman los artículos 4 y 33, de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado.

En la Ley, señala la legisladora, se observa que la
definición de “igualdad sustantiva” no es acorde con la teoría de los derechos
humanos y el principio de “igualdad sustantiva” conforme a la definición del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas
en inglés), y porque se limita a establecer el trato idéntico.

Esto, advierte Trujillo Ortiz, puede significar discriminación material y de
resultados, por lo que propone reformar la definición, para proteger los
derechos de las niñas, y señala que la “igualdad sustantiva” no es otra cosa que
la idéntica titularidad, protección y garantía de los mismos derechos
fundamentales independientemente del hecho, y por el hecho, de que los y las
titulares son entre sí diferentes.

Desde este punto de vista, agrega la legisladora
Ivonne Trujillo, la “igualdad sustantiva” incluye tanto la igualdad de jure
como la igualdad de facto, concibiéndose a la primera, como un medio para
lograr la realización práctica del principio de “igualdad sustantiva”.

Dado lo anterior, “Igualdad Sustantiva”, se definirá
en la Ley como el “acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, buscando, en todo momento que niñas, niños y adolescentes
reciban un trato igualitario, tomando en cuenta sus diferencias biológicas y de
género a fin de que éstas no sean determinantes o limitantes en el ejercicio y
goce de sus derechos”.

Asimismo, propone reformar el párrafo primero del
artículo 33 para señalar que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al
acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El Estado adoptará las medidas necesarias para
brindar un trato igualitario, respetando, en todo momento que las diferencias
biológicas o de género no limiten el acceso a los derechos o que existiendo
igualdad de condiciones, el resultado afecte el goce de los mismos para las
niñas.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada
a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos de la Niñez y la Familia y para
la Igualdad de Género.

A la misma se adhirieron los integrantes de los
Grupos Legislativos de Morena, PAN, PRI-VERDE, MC-PRD y el legislador
independiente Juan Carlos Molina Palacios

El
Presidente del H. Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, compartió un
desayuno con todos los padres trabajadores de la LXV Legislatura y dijo que la
celebración del “Día del Padre” es una oportunidad para rendir un
reconocimiento a quienes los formaron como ciudadanos dignos para servir a
Veracruz y a México.

El
legislador Pozos Castro dijo que él y el presidente de la Junta de Coordinación
Política (JUCOPO), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, se suman a las
felicitaciones hacia sus compañeros y destacó que hablar de un buen padre, es
hablar de responsabilidad y que todos los invitados al evento, no encuentran
mejor motivación para cumplir con su trabajo, que volver a casa y convivir con
sus hijos.

Tomando
como referencia la reciente aprobación de las reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad de Género, las
cuales celebra, el legislador indicó que como parte de esa paridad entre
hombres y mujeres, el Congreso del Estado decidió organizar un festejo también
para los padres de familia que pertenecen al personal, sindicalizado y
confianza.

El
secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder
Legislativo, José de Jesús Rodríguez Hernández, dirigió un mensaje a la
concurrencia y se congratuló de tener a su padre con vida, un hombre que el año
pasado resistió cinco infartos y que demuestra que son “fuertes de corazón”.

Al
desayuno acudieron también el secretario general del Congreso del Estado,
Domingo Bahena Corbalá y el coordinador de Comunicación Social, Aldo Adrián
Valerio Zamudio.

La diputada Magaly Armenta Oliveros, presidenta de
la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad del Congreso de
Veracruz, sostuvo una reunión con dirigentes e integrantes de diversas
organizaciones de concesionarios de Transporte Público, en su Modalidad de
Taxi, y autoridades de Transporte Público, dependientes de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), en la que dialogaron sobre las acciones para
actualizar el padrón de quienes detentan una concesión de este tipo.

En la reunión, celebrada en la Sala Jesús Reyes
Heroles del Palacio Legislativo, acudieron -a petición de la legisladora- el Subdirector
de Transporte Público, Marco Antonio Dupuy Vidal, y el Delegado de Tránsito,
Miguel Ángel López Ortega, quienes escucharon a los transportistas y conocieron
sus dudas e inquietudes, sobre las acciones que realizan las dependencias de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP),en el municipio de Minatitlán, en torno
al cumplimento de sus obligaciones como trabajadores del volante.

Asimismo se acordó, con los integrantes del Frente
Único de Dirigentes de Organizaciones de Taxistas de Minatitlán A.C., que
aglutina a 24 de ellos y representan dos mil concesiones, en los municipios de
Minatitlán, Jáltipan, Chinameca, Cosoleacaque, Zaragoza, Oteapan, y
Coatzacoalcos, como otros puntos de la región, que acudirán a la Dirección de
Transporte Público para conocer el estado que guardan sus concesiones, como
para dar el trámite correspondiente y legal a cada caso, en lo específico.

Por su parte, la diputada del Distrito XXVI, de Cosoleacaque,
Magaly Armenta, ofreció dar seguimiento puntual para solucionar cada uno de los
casos planteados y continuar apoyando a los taxistas en sus gestiones ante las
dependencias del Gobierno estatal, al igual que la disposición de sus
compañeros de Comisión, los diputados Wenceslao González Martínez y Ricardo
Arturo Serna Barajas, secretario y vocal respectivamente, para ello.

Asistieron, también, Felipe Zúñiga González e Ismael
Suárez Martínez, representantes del Gobierno de Estado en la Zona Sur y de
Tránsito del Estado respectivamente.

Determinan las diputadas que las entrevistas y la
reunión para la elección de las integrantes del Sistema sean transmitidas en
vivo por las plataformas del Congreso del Estado.

En cumplimiento a la fracción VII del artículo 15 de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado,
este miércoles 19 de junio las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables emitieron la convocatoria
pública para la elección de las integrantes del “Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres”, órgano que
tendrá por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas y
acciones institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres.

En la reunión las diputadas Ivonne Trujillo Ortiz y
Ana Miriam Ferráez Centeno, presidenta y secretaria, respectivamente, de la
Comisión para la Igualdad de Género, así como las legisladoras Brianda Kristel
Hernández Topete, Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, presidenta,
secretaria y vocal, de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables, firmaron el dictamen por el cual se emite la convocatoria antes
señalada.

La convocatoria está dirigida a organizaciones de la
sociedad civil de mujeres, así como a las instituciones académicas y de
investigación especializadas en los derechos humanos de las mujeres, para que
presenten sus propuestas de quien, a su juicio, deba ser designada como Integrante
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres, para un período de tres años.

Cabe destacar que este Sistema Estatal estará
integrado por tres mujeres representantes de organizaciones civiles
especializadas y de dos mujeres, representantes de instituciones académicas y
de investigación.

El plazo para presentar las propuestas es del 24 al
28 de este mes, en horario de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas en
las oficinas de las diputadas Ivonne Trujillo y Brianda Kristel Hernández,
ubicadas al interior del Congreso del Estado de Veracruz.

De igual forma, se establece que las Comisiones
Unidas analizarán, del 1 al 5 de julio próximo, las propuestas registradas a
efecto de verificar que las personas propuestas reúnan todos y cada uno de los
requisitos señalados en la convocatoria. Asimismo determinar cuáles son las
propuestas que podrán seguir a la siguiente fase del proceso de selección.

Esta relación será publicada el 8 de julio en la
página oficial del Congreso del Estado de Veracruz.

El 10 de julio de este año las Comisiones llevarán a
cabo la entrevista -misma que será transmitida en vivo a través de las
plataformas digitales del Congreso- con cada una de las participantes y cuyo
objeto es conocer un poco más de su trayectoria, experiencia en derechos
humanos y su plan de trabajo.

El 12 de julio las diputadas de las comisiones
unidas celebrarán una reunión, misma que será transmitida en vivo por la página
del Congreso del Estado, en la cual procederán a la selección de las personas
que serán propuestas al Sistema Estatal, en la que analizarán el perfil
académico, propuesta de trabajo, experiencia en derechos humanos y trayectoria.

La convocatoria establece los requisitos que debe
presentar para el caso de instituciones o de asociaciones, así como el proceso
que implementarán las legisladoras para la elección de las personas, así como
las disposiciones relativas a la toma de protesta, entre otros.

El documento completo de la convocatoria puede
consultarse a partir de este 19 de junio en la página www.legisver.gob.mx

El Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, aprobó la iniciativa de decreto presentada por el Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional (PRI) – Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”, con la que se reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Veracruz, para ampliar el listado de circunstancias agravantes de la penalidad en casos de violación y pederastia.

Con 41 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

De acuerdo con las consideraciones del dictamen, publicado en la Gaceta Legislativa número 42, esta reforma contribuirá a disminuir y erradicar conductas lesivas para el conjunto social, a través de fijar sanciones más severas para los que cometan los mencionados delitos de naturaleza sexual.

El 6 de junio pasado, a nombre de su Grupo Legislativo, la diputada Erika Ayala Ríos, presentó la iniciativa que, en sus palabras, responde a la justa demanda ciudadana de castigar ejemplarmente a quienes atentan contra la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física de todas las personas, y más aún, cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, sin importar también la edad de mujeres adultas y jóvenes.

A partir de la entrada en vigencia de este Decreto se considerarán agravantes de la pena, si dichos delitos se realizan en vehículos de transporte público de pasajeros o en otros que presten un servicio similar; en lugares despoblados o solitarios; derivado del allanamiento de la morada de la víctima; y al interior de instituciones educativas o en establecimientos públicos o privados en los que se preste el servicio de auxilio o refugio o tratamiento de personas, si dichos delitos son cometidos por personal de las mismas.