Debemos de pugnar porque las mujeres tengan el pleno derecho a decidir de manera voluntaria, libre e informada sobre tener hijos o no, expresó la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, al inaugurar el foro «Los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, un tema pendiente en Veracruz».

“Tenemos una deuda existencial con todas las mujeres y ahora, toca el tiempo de saldarla”, enfatizó la legisladora ante un auditorio conformado por distintas organizaciones civiles de Xalapa, como el colectivo Akelarre; el colectivo “Colmena Verde” del puerto de Veracruz, la magistrada Gladys Pérez Maldonado, representantes de diferentes Unidades de Género, del Instituto Veracruzano de las Mujeres, ayuntamientos y DIF.

Acompañada por las diputadas Brianda Kristel Hernández Topete, Cristina Alarcón Gutiérrez, Mónica Robles Barajas y Florencia Martínez Rivera; así como de la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, Mónica Mendoza Madrigal; la diputada Ivonne Trujillo, enfatizó que el embarazo en niñas y adolescentes puede tener graves consecuencias para la salud de la madre y del bebé.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud –refirió-, es la segunda causa de muerte en niñas de entre 15 y 19 años en el mundo y que cada año se practican tres millones de abortos fuera de clínicas en menores de 19 años, con todas las consecuencias para la madre que eso conlleva.

Citó que el Subsistema de Información de Nacimientos (SINAC), en el 2017, reportó que más de 11 mil niñas de 9 a 14 años tuvieron una hija o hijo; y 170 mil 370 adolescentes de 15 a 17 años, también fueron mamás. De seguir así –indicó-, para el 2024, el número de niñas de 9 a 14 años que tienen hijas o hijos será superior a las 23 mil.

Además, lamentó que Veracruz es la entidad en donde la maternidad en niñas de 9 a 14 años, es 4.7 veces mayor que el promedio nacional.

Por todo esto, enfatizó que la problemática del embarazo infantil, adolescente, temprano o prematuro, debe ser prioridad para el Estado Mexicano.

Indicó que de acuerdo con el Programa de Acción de la “Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo” de la ONU, los derechos sexuales y reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales y en otros documentos aprobados por consenso.

“Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas y personas a decidir, libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”, subrayó.

Posterior a la inauguración, se llevaron a cabo distintas ponencias a cargo de María Mayanit Martínez y Esperanza Delgado Herrera, ambas de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar; Katya Gabriela Esteva Cruz de la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento; Francisco Cué Martínez del Grupo de Información en Reproducción Elegida; así como de Alicia Medea Herrerías del Colectivo Akelarre.

Los temas abordados fueron: autonomía reproductiva, embarazo en niños y adolescentes en Veracruz, estado laico y derechos reproductivos, criminalización del aborto y acceso a causales legales en México, así como compromisos internacionales para la despenalización del aborto.

El diputado Ricardo Arturo Serna Barajas, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un anteproyecto por el cual se exhortaría al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que remita a esta Soberanía el diagnóstico y programa para el fortalecimiento del estado de fuerza, el convenio correspondiente, así como la modificación al presupuesto, para la implementación de la Guardia Nacional en el territorio veracruzano, en cumplimiento de las disposiciones de Ley en la materia.

Al hacer uso de la Tribuna señaló que desde el pasado 30 de junio, diversos medios de comunicación, publicaron la llegada de elementos de la Guardia Nacional a distintos municipios de la zona norte, centro y sur del estado, mencionándose Coatepec, Xalapa y el Puerto de Veracruz.

Asumiendo que ya se encuentra en operaciones la Guardia Nacional en territorio estatal, es necesario que a esta Soberanía se le informe sobre el diagnóstico que sirvió de base para determinar el número de elementos requeridos para garantizar la seguridad y la paz pública de los veracruzanos, agregó el legislador.

Destacó que igualmente se requiere conocer los términos del convenio suscrito entre el Estado y la Federación, así como los ajustes presupuestarios para su debida implementación.

Subrayó que el gasto de la Guardia Nacional, de acuerdo con la ley, sería cubierto por los estados y municipios que la soliciten, y para ello se debe contar con un diagnóstico por parte del Ejecutivo. Por ello, destacó, “tratándose del dinero y de la seguridad del pueblo veracruzano, es importante que el Ejecutivo dé a conocer a este Congreso, el diagnóstico que le ordena la reforma constitucional antes mencionada, así como el costo y el origen de los recursos que se erogarán para pagar los gastos que genere la guardia nacional en la entidad y en su caso, el gasto que habrá para los municipios de nuestra entidad”, abundó.

Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política, para su estudio y dictamen.

La diputada María Candelas Francisco Doce, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa con la cual se prevé que los municipiosdeclarados con vocación turística, además de acceder a la difusión en medios de comunicación, publicidad y eventos promocionales del Gobierno del Estado, recibirán el apoyo necesario para el diseño, implementación y operación de un sitio de internet exclusivo para su promoción turística.

Al participar durante la décima segunda sesión ordinaria, la legisladora del Distrito XXI de Camerino Z. Mendoza propuso reformar la fracción VIII del artículo 56 y adicionar una fracción V al artículo 57 de la Ley de Turismo del Estado de Veracruz.

En la propuesta legislativa, la diputada María Candelas Francisco también menciona que los municipios con vocación turística estén obligados a instalar, operar y actualizar, de manera permanente, el citado sitio de internet.

El sitio deberá incluir atractivos naturales, directorio de prestadores de servicios clasificados en giros comerciales de interés para el visitante, terminales y servicios de transporte, rutas para movilidad turística, directorio de autoridades municipales u otras asentadas en el municipio y ubicación de servicios médicos y de emergencia.

La secretaria de la Comisión de Turismo de la LXV Legislatura refirió que con esta medida se busca que los municipios con vocación turística amplíen su margen de maniobra promocional mediante una página de Internet que difunda los atractivos y servicios que ofrece cada uno de ellos, sin que exista límite de espacio o tiempo, ni costos extraordinarios para llevarlo a cabo.

Recordó que de acuerdo a las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Veracruz cuenta con capacidad para recibir visitantes en 49 mil habitaciones distribuidas en poco más de mil 900 establecimientos de hospedaje registrados.

“Estas instalaciones ofrecen diversas modalidades conforme al presupuesto y gusto de cada huésped; según indicadores, la afluencia en todo el Estado ronda los cinco millones de turistas y hasta ahora se concentran en regiones de mayores centros urbanos siendo la más visitada Veracruz – Boca del Río”, abundó.

Expuso que la tendencia del turista actual es acudir a cualquier dispositivo para decidir sobre sus próximas vacaciones; “allí consultan destinos, traslados, tarifas de hospedaje y comparan, mediante imágenes y textos convincentes, las ventajas de cada lugar y cuáles pueden ser sus mejores opciones para viajar”, añadió.

Por lo anterior, destacó que es indispensable actualizarse en materia de difusión y vinculación entre oferta y demanda, “porque contamos con riquezas naturales que, unidas a tradiciones, gastronomía y otros atractivos, pueden ofrecerse con gran aceptación”, concluyó.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Turismo.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por el cual se exhorta al Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a realizar las acciones que correspondan para evitar el represamiento de las aguas que se desborden de los ríos Nautla y Chapachapa y de los arroyos Colorado y La Bacinica, con motivo de la construcción de la autopista Cardel-Poza Rica.

Lo anterior, a efecto de salvaguardar la vida, la integridad física y el patrimonio de los habitantes de la comunidad Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Martínez de la Torre.

Este Acuerdo, resultado del Anteproyecto que presentó el pasado 13 de junio por la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, contempla exhortar al Ejecutivo del estado de Veracruz, por medio de las dependencias correspondientes, a coadyuvar con las instituciones federales, para que se tomen las medidas necesarias con la finalidad de evitar un riesgo para la población de la referida comunidad Felipe Carrillo Puerto.

Cabe recordar que en texto del Anteproyecto, la legisladora Ferráez Centeno indicó que la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado realizó una supervisión técnica a la obra y emitió un dictamen en el que estableció una serie de medidas preventivas y de mitigación de riesgos, pues se manifiesta la existencia de un riesgo de tipo hidrometeorológico para el área de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, “debido a que es una zona susceptible a inundaciones, ante avenidas extraordinarias que han provocado el desbordamiento del río Nautla”.

En la décima segunda sesión ordinaria y tras ser avalado por el Pleno, el presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, declaró aprobado el Acuerdo e instruyó remitir el Punto de Acuerdo al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura del Estado la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El artículo 86 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, apuntó, establece las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia para con las niñas, niños y adolescentes; en su fracción VII, particulariza que: “deberán protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata de personas y explotación”.

Esta fracción, -destacó la legisladora- debe ser más amplia para incluir en ella el trabajo infantil como una forma de explotación económica que tanto madres y padres de familia, y todo aquel que tenga la patria potestad tutela o guarda y custodia sobre un menor deberá abstenerse de realizar.

Recordó que el pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil; fecha de suma importancia, señaló, porque es un día para reflexionar y analizar los avances o “retrocesos” gubernamentales en esta materia y para realizar acciones que erradiquen esta situación que vulnera los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Dijo que en México, el trabajo infantil tiene un problema de fondo que es la pobreza extrema en la que viven cientos de familias, en especial en el medio rural, que orillan a padres y madres de familia a poner a trabajar a sus hijas e hijos menores de edad para contribuir con los gastos familiares.

Esto, continuó, no debe ser motivo de explotación de ningún tipo, en perjuicio de niñas, niños y adolescentes: “el Estado está obligado a proveer las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo, tanto de la familia como de la niñez”.

Propuso, además, se reforme el artículo 88 del mismo ordenamiento legal, en su fracción I, a efecto de que las autoridades estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de de competencia, vigilen que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia

de niñas, niños y adolescentes, los protejan contra toda forma de abuso o explotación, incluido el trabajo infantil.

Enfatizó que las niñas, niños y adolescentes “deben trabajar en sus sueños”, para que su presente sea en las mejores condiciones y su futuro sea maravilloso, que por ninguna razón deben de truncar sus estudios por tener que trabajar.

Ni una fábrica, ni un supermercado, ni una mina, ni un campo agrícola, ni un basurero, ni la calle, son lugares para que trabajen los niños, éstos “tienen el derecho a vivir en plenitud y con un desarrollo armonioso; deben crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, con derecho a estudiar y también a divertirse”, sostuvo la legisladora del PRD.

“Esto lejos de ser una realidad es una utopía para 73 millones de menores en el mundo que se levantan todos los días para trabajar, de éstos, más de 2 millones son mexicanos”, abundó.

A esta Iniciativa -turnada a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia para su análisis- se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena y de Movimiento Ciudadano-PRD, así como la legisladora del Partido Acción Nacional, Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, realizó la inauguración de los trabajos del curso de capacitación dirigido a los titulares de los Órganos de Control Municipales, con el objetivo de brindarles más y mejores herramientas, necesarias en la importante labor que realizan.

El legislador señaló que este tipo de actividades se hacen con el propósito, además de apoyarlos en el desempeño de sus tareas, para contribuir al desarrollo de los municipios y para que le vaya bien a todos los veracruzanos. Reiteró el compromiso de la LXV Legislatura con la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Fiscalización del Congreso estatal, Diana Alicia Bellido Díaz, al dar la bienvenida a los contralores municipales al curso, realizado en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Palacio Legislativo, destacó que en esta jornada de capacitación, se abordarán temas de interés para el fortalecimiento de la función fiscalizadora.

En el ejercicio de la función preventiva, que tiene constitucionalmente el Congreso del Estado, apuntó, para la revisión, análisis, control, evaluación y vigilancia de los recursos públicos, y que lleva a cabo la Secretaría de Fiscalización, resulta de vital importancia la coordinación de esfuerzos entre el Poder Legislativo y estos órganos municipales.

Se destacó el interés del diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de esta Legislatura, por la realización de esta capacitación, en el marco del Programa de Fortalecimiento a los Órganos de Control Internos Municipal, a fin de coordinar los esfuerzos institucionales y que la erogación de los recursos públicos se lleve a cabo de manera eficiente, honrada y efectiva.

Asistieron, también, por parte de la Secretaría de Fiscalización, Carlos de Jesús Mendoza Chesty, director de Auditoría y Revisión Financiera; María del Carmen Morales Ramos, jefa del Departamento de Registro de Deuda Pública y Programas Institucionales; y Juan Carlos

Patiño Pérez, jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, todos, del Congreso del Estado.

Las
Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, y Atención a
Grupos Vulnerables, aprobaron el calendario para entrevistar a las aspirantes a
formar parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.

Las
diputadas Ivonne Trujillo Ortiz y Ana Miriam Ferráez Centeno, presidenta y
secretaria de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género; así como la
diputada Brianda Kristel Hernández Topete, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se reunieron la mañana de este
viernes. Previamente, la diputada Montserrat Ortega Ruiz, vocal de la Comisión
de Derechos Humanos, avaló el acuerdo de Comisiones Unidas y así lo expresó por
escrito.

Reunidas
en la Sala del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-Partido de la
Revolución Democrática, las diputadas, tal y como lo establece la convocatoria,
acordaron citar a las aspirantes el miércoles 10 de julio, en el siguiente
orden: Katya Gabriela Esteva Cruz a las 9:00 horas, Lorena Redondo Delgado,
9:50 horas; Myriam Lagunes Marín, 13:00 horas y Alma Delia Hernández Sánchez,
13:50 horas.

De
acuerdo con la convocatoria, las aspirantes tendrán un periodo de 45 minutos
para dialogar con las legisladoras.

Al
término de la reunión de este viernes, la diputada local Ana Miriam Ferráez
Centeno, recordó que del 20 al 28 de junio se llevó a cabo la recepción de solicitudes
y que para transparentar este proceso, las entrevistas serán transmitidas en
directo a través de los medios institucionales.

Dijo
que el 12 de julio, las Comisiones Unidas volverán a sesionar para llevar a
cabo la elección, reunión de trabajo que también será difundida en directo. Una
vez aprobado el dictamen por el Pleno, las personas seleccionadas serán
convocadas para rendir la Protesta de Ley y conformar el Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El
diputado Omar Guillermo Miranda Romero, del Grupo Legislativo del Partido de
Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que
se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz a
que haga efectivo lo dispuesto en el Código de Derechos para la entidad, a fin
de que las licencias de automovilista y motociclistas, tipo C y D, respectivamente,
sean de carácter permanente.

El
legislador Miranda Romero refirió que con fecha 7 de junio de 2016 fue
publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en número extraordinario 226, el decreto
relativo a que tanto las licencias de automovilista tipo C, como las licencias
para motociclista tipo D, dejaran de ser temporales, y serán de carácter
permanente en la entidad.

Lo
anterior, continuó el diputado, con la finalidad que dentro del esquema de
desregularización administrativa, se otorguen beneficios a los ciudadanos
veracruzanos, mediante la vigencia de las licencias para conductores de
transporte particular y motociclistas, con ello evitando costos y trámites
excesivos e innecesarios.

“Sin
embargo, en la práctica hay una omisión en la aplicación de dicha disposición
puesto que las licencias de conducir, todavía se deben renovar cada tres años,
omitiendo deliberadamente la disposición establecida en el Código de Derechos”,
afirmó el legislador.

De
acuerdo a los costos publicados en la página oficial de la Oficina Virtual de
Hacienda, esta medida, de llevarse a cabo, apoyaría la economía de las y los
veracruzanos, además de eliminar trámites burocráticos y facilitar la obtención
de dicho documento, detalló.

“De
conformidad con lo establecido por el principio de legalidad, donde se
establece que la autoridad solo puede hacer lo que le está establecido en Ley,
por ende debe realizar lo que la norma mandata,” aseveró.

Además,
continuó, de no hacerlo se violentaría el principio de legalidad y de estricta
aplicación de la Ley por parte de la autoridad, dejando en indefensión al
gobernado que desea obtener el servicio que está establecido en la ley,
mediante el pago correspondiente que este genera.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

-Se pronuncia
diputado Miranda Romero, por legislar en beneficio de los veracruzanos

“Se debe comprender que la principal función
de un Congreso es la de control del poder, contrapesos, mejoramiento de las
políticas públicas, y rendición de cuentas. Debemos ser una herramienta de
reflexión que junto con el ejecutivo, diseñemos políticas públicas acordes a la
realidad que impera en el Estado”, dijo el diputado Omar Guillermo Miranda, del
PAN durante su discurso.

El legislador Romero Miranda cuestionó si la
Cuarta Transformación y sus ideales están siendo aplicados en la entidad, así
como el rumbo de sus políticas públicas, o si “sólo se está tratando de
aprender a gobernar, si los secretarios de despecho están a la altura del reto
que Veracruz requiere.”

Aseguró que para el cambio que Veracruz necesita
es imperante la imaginación política, consenso, diálogo y análisis; para poder
cumplir con los deberes que las y los veracruzanos merecen, y que la
constitución política claramente lo señala.

“Mi
propuesta es simple, un Congreso debe parlamentar, y para poder hacerlo se
necesita un gobierno con oídos y que quiera escuchar, discernir con
conocimiento, respeto, tolerancia, para alcanzar consensos”, dijo el diputado.

Finalmente,
se pronunció a favor de la democracia, para mejorar el desempeño como
legisladores siendo el umbral entre Sociedad y Estado, siendo esta LXV
Legislatura la oportunidad de ser un contrapeso, logrando con ello un Gobierno
digno de las y los veracruzanos.

La diputada Deisy Juan Antonio, presidenta de la Comisión
Especial para la Atención, Fomento, Producción, Industrialización y
Comercialización del Cultivo del Hule Veracruzano, durante la instalación de la
misma, afirmó que a través de ésta, se apoyará a los productores de esta
materia prima.

Asimismo, que se brindará asesoría en materia de
producción y comercialización a quienes se dediquen al cultivo de esta planta
en el territorio estatal, para lo cual se trabajará, destacó, en estrecha
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPA).

Esta Comisión Especial está integrada por los legisladores
Deisy Juan Antonio, Alexis Sánchez García, Jessica Ramírez Cisneros y Florencia
Martínez Rivera, Presidenta, Secretario y Vocales, respectivamente.

Ante el periodo de espera, para que las plantaciones
inicien su ciclo productivo, que es después de los siete años, señaló la
legisladora, se asesorará en la gestión, ante los gobiernos estatal y federal,
de los apoyos necesarios durante este tiempo de espera, para los productores, y
posteriormente en la comercialización e industrialización del hule.

Afirmó, también, que desde la LXV Legislatura del Congreso del Estado, se continuará trabajando a favor de
los productores del campo veracruzano, y se respaldarán todas las acciones que
permitan su desarrollo e incrementen la productividad del sector agropecuario.

Tras la aprobación, por parte del Pleno de la LXV
Legislatura, del Dictamen que autoriza la intervención de la Tesorería del
ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, el diputado Eric Domínguez Vázquez,
presidente de la Comisión de Vigilancia (instancia dictaminadora), subrayó que
se actuó con estricto apego a legalidad y promoviendo en todo momento los
principios de transparencia y rendición de cuentas que se tiene hacia los
gobernados.

El legislador recordó que durante la décima primera
sesión ordinaria, celebrada este 4 de julio, el Pleno aprobó con 36 votos el
dictamen de la Comisión de Vigilancia
con lo que se intervendrá la Tesorería de Mixtla de Altamirano; resultado
–agregó- de valorar las diversas denuncias presentadas por habitantes de las
localidades de este municipio.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena indicó
que sumado a estas denuncias, la Comisión de Vigilancia fue notificada por el propios tesorero
municipal de no tener el control de la administración de los recursos del
ayuntamiento, ya que –señaló el funcionario municipal- es el propio Cabildo el
que le pasaba a firmar los documentos sin explicar el contenido del mismo.

Por todo lo anterior y al advertir irregularidades
es que los integrantes de la Comisión de Vigilancia, representada de manera
plural y con la participación de las diversas fuerzas políticas, determinaron
procedente la intervención de la Tesorería al encontrar elementos para ello,
expuso el diputado Eric Domínguez, quien agregó que además de cumplir con la
ley, se cumple con las y los veracruzanos que demandan transparencia en la
aplicación de los recursos públicos.

Por otra parte, recordó que en la sesión de la
Comisión, llevada a cabo el pasado 2 de julio, la secretaria de Fiscalización
de este Poder, Diana Alicia Bellido Díaz, informó que de las diversas
obligaciones que tienen que reportar los Ayuntamientos ante el Congreso,
-señaladas en la Ley Orgánica del Municipio Libre- el de Mixtla de Altamirano
registra incumplimiento en esta materia.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz la diputada Judith Pineda Andrade presentó
un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual prevé exhortar al titular de la
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) a que implemente las acciones
necesarias para garantizar a los ciudadanos del municipio de Naranjos Amatlán
el acceso al agua potable.

La representante del Distrito II de Tantoyuca
recordó que la CAEV es la instancia encargada del servicio de agua en esta
zona, por lo que reiteró su petición para que sea garantizado el vital líquido
e informó que actualmente con el desabasto se han visto perjudicadas las
comunidades de: ampliación Cinco de Mayo, El Trébol, Chapopote, Galeana, Rancho
Nuevo, Las Delicias, Las Margaritas, Las Flores, Kilometro 22 y Santa Verónica.

Por otra parte, la legisladora Pineda Andrade
solicitó la intervención de la Secretaría de Gobierno (Segob) del Estado para
liberar las instalaciones del Palacio municipal de Tancoco.

Dijo que el día 28 de febrero del presente año, el
Regidor Primero del Ayuntamiento de Tancoco, “tomando como bandera la supuesta
comisión de actos ilícitos por parte de la presidenta, invitó a servidores
públicos y a pobladores en general a tomar las instalaciones municipales, ya
que según él no se ha cumplido con la realización de obras públicas y se ha
realizado un mal manejo de los recursos”.

Asimismo, subrayó que el 12 de marzo, con la
finalidad de que se liberaran las instalaciones, los inconformes y los ediles, en
compañía de un funcionario de la Dirección de Política Regional de la Zona
Norte, levantaron una minuta, en la que plasmaron 12 puntos de acuerdo, “en
ellos se puede advertir claramente que lo que busca el Regidor Primero, no es
el beneficio de los tancoquenses, sino el imponer intereses propios”, abundó.

Subrayó que los ediles acordaron destituir al actual
Contralor, sin expresar ningún motivo.

A pesar de esta minuta –añadió- el mismo grupo de
personas tomó las instalaciones el 25 de marzo, “lo que deja en claro que ya
vieron como manipular la voluntad colegiada de un Ayuntamiento”.

Es por ello que se hace necesaria la intervención de
la Segob a fin que, en el marco de sus atribuciones, cumpla con sus funciones y
realice las acciones necesarias que permita a los tancoquenses tener paz en la
región y acceder libremente a las instalaciones del palacio municipal,
concluyó.

Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado,
para el trámite legislativo correspondiente, a la Junta de Coordinación
Política.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual se prevé exhortar al
titular del Poder Ejecutivo estatal a efecto de que informe a esta Soberanía el
cumplimiento de las atribuciones que establece la Ley para la Integración de
las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Este anteproyecto, presentado durante la décima
primera sesión ordinaria, señala que siendo una obligación de esta Soberanía el
verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que
derivan de ella y de los Tratados Internacionales, suscritos por el Estado
Mexicano, se solicita al Gobierno estatal los planes, programas, acciones y
políticas públicas en materia de prevención, detección temprana, habilitación y
rehabilitación, en igualdad de oportunidades, que contribuyan al desarrollo
integral de las personas con discapacidad.

También el Presupuesto de Egresos del Estado, las
partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas
estatales, así como la administración de recursos federales destinados a este
rubro, dirigidos a las personas con discapacidad, “puesto que no se conocen los
rubros específicos para su debida atención”.

El Informe deberá contener los programas de
comunicación social para la difusión y defensa de los derechos de las personas
con discapacidad; “puesto que ni en los programas de Radio Televisión de
Veracruz (RTV), se visualizan contenidos dirigidos a esta población, solamente
en los programas noticiosos se considera un traductor de lenguaje de señas”,
abundó.

Asimismo, los informes del área de asistencia y
orientación jurídica a las personas con discapacidad, a fin de evitar la
restricción, dilación o impedimentos al ejercicio pleno de sus derechos y el
relativo a las instancias sobre el otorgamiento de estímulos e incentivos
diversos a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las
personas con discapacidad.

Los datos de las instancias encargas de recibir y
canalizar las quejas y sugerencias que se formulen sobre actos u omisiones de
las autoridades hacia las personas con discapacidad, así como los programas
para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención
oportuna, habilitación y rehabilitación para las diferentes discapacidades y
trastornos generales del desarrollo.

Los programas específicos de incorporación de
personas con discapacidad como servidores públicos del Estado. En virtud de la
obligación de la Secretaría del Trabajo para supervisar las atribuciones en
materia laboral, particularmente lo señalado en el artículo 21, que establece
que al menos el 3 por ciento de las vacantes del Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, organismos autónomos y ayuntamientos serán cubiertas por personas con
discapacidad.

Las acciones y programas para la renovación y
adaptación del parque vehicular de transporte público, en materia de
accesibilidad de las personas con discapacidad. Dado que “los medios de
transporte público actuales carecen de las adaptaciones adecuadas para prestar
el servicio a esta población y el término de cinco años que concedió la ley,
venció el año 2015”.

Las medidas y acciones pertinentes para prevenir,
atender y erradicar la discriminación a que estén sujetas las mujeres y las
niñas con discapacidad, con el propósito de garantizarles su pleno desarrollo y
el ejercicio y goce de las libertades fundamentales y derechos establecidos en
la ley de la materia.

En lo que va de la
presente Legislatura se han recibido 28 escritos de queja por parte del síndico
del Ayuntamiento de Jamapa, señaló el diputado José Magdaleno Rosales Torres mismos
que han sido turnados, en su mayoría, a la Comisión de Vigilancia. En ellos,
dijo, se reportan diversas situaciones que considera de urgente atención, que
van en perjuicio de las arcas municipales y afectan la prestación adecuada de
los servicios públicos de ese lugar.

Esto, al hacer uso
de la tribuna, durante los trabajos de la décima primera Sesión Ordinaria, ante
el Pleno, de la LXV Legislatura del Estado, y poner a consideración del mismo,
un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para hacer “un llamado para resolver este
asunto a fondo y continuar de forma clara y concisa el trabajo municipal
enfocado en el desarrollo y bienestar de Jamapa”.

Además del Poder Legislativo, el Síndico, agregó el
legislador del Distrito XVII de Medellín, a través de diversos documentos, ha
realizado del conocimiento de autoridades del Órgano de Fiscalización Superior
(ORFIS), y de la Fiscalía Anticorrupción,
la situación y forma en como encauza la presidenta los recursos
municipales, la manera en que se violentan los procedimientos administrativos y
fiscales, además de la remoción de empleados de confianza, sin tomar en cuenta
los procedimientos marcados por la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Es posible que para
algunos este exhorto les parezca duro o conflictivo, acotó el diputado Rosales
Torres, que al contrario, es hacer un llamado a quienes llevan las riendas
municipales a hacer bien las cosas, de manera transparente y sincera, de frente
a la ciudadanía y a los ediles; además para que las autoridades fiscalizadoras
pongan atención en sus tareas de vigilancia y, en su caso, poner en
conocimiento de las autoridades investigadoras los hechos que resulten por
desvíos o malversación de recursos públicos.

Lo que sucede en
este ayuntamiento, apuntó el legislador de Morena, es solo el botón de muestra
de lo que sucede en varias partes de nuestro Estado, “la opacidad es la que
rige, se vulnera el derecho a la información de los ediles, y sobre todo de la
ciudadanía”, por ello ha propuesto, agregó, mayor apertura de las sesiones de
cabildo, que sean transmitidas en vivo o que las grabaciones estén disponibles
para que se puedan consultar y se vea quien es quien en el manejo de los
recursos públicos municipales, asegurando el derecho a la información del
pueblo.

Para concluir su
participación, exhortó a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Jamapa, a
que atienda los problemas que expone de manera reiterada el Síndico de ese
Ayuntamiento, en estricto apego a las leyes relativas a transparencia y
rendición de cuentas, así como lo señalado en la Ley Orgánica del Municipio
Libre.

De igual manera a
la Secretaría de Fiscalización de este Congreso, y al ORFIS para que, en el
marco de sus atribuciones, supervisen el ejercicio de los recursos públicos del
Ayuntamiento de Jamapa, ante las inconsistencias presentadas en su aplicación.

Asimismo a la
Comisión de Vigilancia de esta Legislatura, a dictaminar las quejas que han
sido turnadas por la Mesa Directiva en este primer año de ejercicio
constitucional, referentes a la situación del manejo de los recursos públicos
del Municipio de Jamapa.

Este Anteproyecto
de Punto de Acuerdo, fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su análisis y dictamen.

En cumplimiento al Acuerdo aprobado este 4 de julio
por la LXV Legislatura del Estado, la titular de la Secretaría de Fiscalización
del Congreso del Estado, Diana Alicia Bellido Díaz acudió al Palacio Municipal
de Mixtla de Altamirano a notificar a la presidenta, Margarita Montalvo Acahua,
sobre la intervención de la Tesorería a fin de supervisar y evaluar que el
gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios
eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, con apego al marco legal
que le rige.

La servidora pública del Congreso del Estado indicó
que –de conformidad con el Acuerdo- la Secretaría de Fiscalización a su cargo
inicia a partir de este 5 de julio con los trabajos antes citados.

Para ello se designó como interventor al licenciado
Mario Espinoza Saldaña para que lleve a cabo una revisión y análisis técnico y
financiero, del ejercicio de los recursos asignados a la administración
municipal, así como de la ejecución de la obra pública. Asimismo se determinó
que el licenciado José Alberto Aguirre Landa fungirá como personal de apoyo en
las tareas del interventor.

Cabe
recordar que esta acción es resultado del Acuerdo, aprobado con 36 votos por la
LXV Legislatura del Estado en sesión celebrada este 4 de julio y que fue puesto
a consideración por la Comisión Permanente de Vigilancia.

La
diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, hizo un llamado a los integrantes de la LXV
Legislatura para conformar el andamiaje jurídico mediante el que se dé
cumplimiento a los compromisos que señala la Ley General de Archivos, andamiaje
que requiere recursos económicos y voluntad política.

Recordó
que La Ley General de Archivos en su artículo transitorio cuarto instruye a las
Legislaturas de los Estados a armonizar sus ordenamientos en la materia, en un
plazo de un año a partir de la entrada en vigor de dicha Ley. Igualmente, el Gobierno
del Estado de Veracruz deberá realizar las previsiones y adecuaciones
presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de
esta Ley.

Tras
recordar que el 15 de junio pasado entró en vigor la referida Ley, la diputada mencionó
que –literalmente- bajo los pies de las y los diputados que conforman esta
Legislatura, existen documentos en resguardo que datan desde el año 1929 a la
fecha.

“Se
trata del Archivo Histórico del Honorable Congreso del Estado de Veracruz que
está integrado por cerca de diez millones de documentos”, precisó.

Al
emitir su pronunciamiento durante la Décima Primera Sesión Ordinaria, la
diputada por el Distrito XVIII de Huatusco, recordó que los Archivos del Estado
son depositarios de los documentos que conforman el patrimonio histórico,
cultural y administrativo, información que en este caso, da cuenta de la vida
pública del estado de Veracruz.

“Las
diputadas y diputados de la sexagésima quinta legislatura del estado de
Veracruz tenemos la oportunidad de salvaguardar la memoria histórica de
nuestras instituciones para dar certeza de su conservación y aprovechamiento en
el futuro. Hagamos un compromiso con las y los veracruzanos de procurar su
derecho a la verdad y el acceso a la información”, enfatizó la legisladora.

El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, diputado Gonzalo Guízar Valladares se pronunció,
durante la décima primera sesión ordinaria, en relación a las recientes
reformas constitucionales que han vinculado a la LXV Legislatura de Veracruz
para legislar al respecto y que aún están pendientes por complementar.

En su intervención en tribuna, el legislador hizo un
llamado a las diputadas y diputados de los diversos Grupos Legislativos para
trabajar a fin de que este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones sea fructífero
en el diálogo y en la construcción de acuerdos, así como en la dictaminación de
aquellas iniciativas que están en las diferentes comisiones legislativas.

Asimismo, recordó que el 18 de mayo de 2018 fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el cual se
expidió la Ley General de Mejora Regulatoria, la cual, con su entrada en vigor,
establece un plazo de un año para que las Legislaturas estatales ajusten sus
leyes al contenido de la misma.

Al respecto, agregó, que el gobernador presentó el
28 de febrero de este año una iniciativa para crear en Veracruz la Ley de
Mejora Regulatoria a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional
referido; sin embargo esta iniciativa no se ha concretado en este Congreso,
abundó.

De igual forma recordó la reforma constitucional en
materia de Justicia Laboral, publicada en el DOF el 24 de febrero de 2017 y que
igualmente establece un año para que las legislaturas estatales hagan lo
propio, “a la fecha no existe en este Congreso una iniciativa sobre la
materia”.

Explicó que la reciente reforma legal en materia de
Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicada en el
DOF el 01 de mayo de 2019, contempla a Los Centros de Conciliación Locales y a los
Juzgados Laborales del Poder Judicial de las Entidades Federativas, mismos que
deben iniciar actividades dentro del plazo máximo de tres años a partir de la
entrada en vigor del presente decreto.

Por lo anterior se pronunció para poner especial atención en estos temas
a fin de cumplir en tiempo.

“Las normas jurídicas, en especial las reformas legales, son la piedra
angular de toda transformación”, concluyó.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de
Veracruz aprobó la iniciativa, presentada el pasado 23 de mayo por la diputada
Brianda Kristel Hernández Topete, con la cual se prevé implementar en la
entidad el turismo “Rural y Comunitario” como una actividad que con el adecuado
impulso de las autoridades competentes traerá consigo múltiples beneficios para
las diferentes regiones.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la
Comisión Permanente de Turismo, registró 44 votos a favor. Sin abstenciones o
votos en contra.

De esta manera se adicionó en la Ley de Turismo del
Estado el capítulo VII “Del Turismo Rural y Comunitario” con el artículo 37 Bis,
mismo que define al Turismo Rural y Comunitario como aquel que tiene como
finalidad realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad
rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas
cotidianas de la misma, con el compromiso del pleno respeto de los usos y
costumbres de la comunidad. Así como de la conservación de los recursos
naturales y culturales que promuevan la generación de ingresos adicionales a la
economía rural y a la conservación del hábitat natural.

Queda establecido que la Secretaría de Turismo del
Estado (Sectur) impulsará y promoverá el turismo rural comunitario en
coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública del
Estado, los ayuntamientos y las comunidades rurales, otorgando facilidades a
éstas para el establecimiento de proyectos turísticos rurales sustentables.

Las consideraciones del Dictamen coinciden con la
autora de la iniciativa en relación a que el Turismo Rural y Comunitario trae
consigo la disminución de la pobreza, reduce la migración a las ciudades al
incrementar los ingresos y se garantiza la protección de los ecosistemas.

Al presentar su postura sobre el Dictamen, la
legisladora Brianda Kristel Hernández subrayó que Veracruz posee diversas
riquezas naturales y pese a ser destino turístico no está entre los cinco a
nivel nacional, por lo que considera necesario abrir otros espacios como el
turismo rural y comunitario.

Destacó que este tipo de turismo tiene casos de
éxito en países como Perú y Costa Rica, así como entidades de la República Mexicana
como Chiapas y Oaxaca.

-Consejo
Consultivo de Sectur determinará la Marca Turística Estatal-

En la sesión, el Pleno aprobó la iniciativa,
presentada el pasado 23 de mayo por la diputada María Esther López Callejas,
con la que se reforman los artículos 13 y 63 de la Ley de Turismo del Estado y
por el cual se establece que el Consejo Consultivo de Turismo Estatal
determinará a la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur) la creación de la Marca
Turística Estatal.

Asimismo, queda establecido en el artículo 63 de la
citada ley que a fin de cumplir con los objetivos de la promoción turística del
Estado, la Sectur, con la determinación del Consejo, establecerá una marca
turística que genere al Estado una identidad, misma que será de carácter
permanente.

El Gobierno del Estado, los prestadores de servicios
turísticos, los Consejos Regionales, los Consejos Municipales y, los
Ayuntamientos, deberán utilizar la Marca Turística Estatal de acuerdo a los
lineamientos establecidos en esta Ley, y su Reglamento.

La Sectur, considerando la opinión de los
prestadores de servicios turísticos del Estado, propondrá al Consejo una terna,
éste las analizará y determinará cuál será la Marca Turística Estatal. Dicho
fallo será inapelable.

En el Reglamento de la Ley se determinarán los
requisitos que deberán cumplir los prestadores de servicios turísticos para
ostentar esa marca.

La Sectur realizará los trámites correspondientes
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para el registro de la Marca
Turística Estatal.

Este
Dictamen registró 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

La
diputada María Josefina Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por medio
del cual se solicita al Ejecutivo del Estado la ejecución de acciones
específicas en materia de infraestructura.

El
Punto de Acuerdo, pide exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), de la Secretaría
del Medio Ambiente (SEDEMA) y de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz
(CAEV), para que se retomen y concluyan diferentes obras del Distrito XIV.

Del
mismo modo, pidió al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de los
titulares de la SEFIPLAN, de la Secretaría de Protección Civil (SPC) y de la
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), para que se asignen
recursos urgentes para el desarrollo y conclusión de diversas obras que
evitarán inundaciones en el puerto de Veracruz.

En
torno al referido Anteproyecto, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez,
expuso en Tribuna que el Gobierno de la Cuarta Transformación sí está
invirtiendo en el Puerto de Veracruz.

Citó
que en el año 2018, el municipio de Veracruz recibió la cantidad de 130
millones 787 mil 279 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y para este año 2019, se le asignó la cantidad de 146 millones
994 mil 801 pesos del mismo fondo, lo que representa un aumento del 12.39 por
ciento.

Por
cuanto hace al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios,
el municipio de Veracruz recibió en el año 2018, 364 millones 303 mil 324 pesos
y para este año 2019, se le asignó un presupuesto de 411 millones 338 mil 351
pesos, lo que representa un aumento del 12.91 por ciento en comparación con el
año anterior, convirtiéndose así en el municipio que mayor recurso recibe del
FORTAMUN en el Estado, asignándosele un presupuesto total de mil 588 millones
105 mil 766 pesos, lo que hace que de éste, el municipio que más recursos
recibe de todo el estado de Veracruz.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de
Veracruz aprobó la iniciativa, presentada el pasado 23 de mayo por la diputada
Brianda Kristel Hernández Topete, con la cual se prevé implementar en la
entidad el turismo “Rural y Comunitario” como una actividad que con el adecuado
impulso de las autoridades competentes traerá consigo múltiples beneficios para
las diferentes regiones.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la
Comisión Permanente de Turismo, registró 44 votos a favor. Sin abstenciones o
votos en contra.

De esta manera se adicionó en la Ley de Turismo del
Estado el capítulo VII “Del Turismo Rural y Comunitario” con el artículo 37 Bis,
mismo que define al Turismo Rural y Comunitario como aquel que tiene como
finalidad realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad
rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas
cotidianas de la misma, con el compromiso del pleno respeto de los usos y
costumbres de la comunidad. Así como de la conservación de los recursos
naturales y culturales que promuevan la generación de ingresos adicionales a la
economía rural y a la conservación del hábitat natural.

Queda establecido que la Secretaría de Turismo del
Estado (Sectur) impulsará y promoverá el turismo rural comunitario en
coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública del
Estado, los ayuntamientos y las comunidades rurales, otorgando facilidades a
éstas para el establecimiento de proyectos turísticos rurales sustentables.

Las consideraciones del Dictamen coinciden con la
autora de la iniciativa en relación a que el Turismo Rural y Comunitario trae
consigo la disminución de la pobreza, reduce la migración a las ciudades al
incrementar los ingresos y se garantiza la protección de los ecosistemas.

Al presentar su postura sobre el Dictamen, la
legisladora Brianda Kristel Hernández subrayó que Veracruz posee diversas
riquezas naturales y pese a ser destino turístico no está entre los cinco a
nivel nacional, por lo que considera necesario abrir otros espacios como el
turismo rural y comunitario.

Destacó que este tipo de turismo tiene casos de
éxito en países como Perú y Costa Rica, así como entidades de la República Mexicana
como Chiapas y Oaxaca.

-Consejo
Consultivo de Sectur determinará la Marca Turística Estatal-

En la sesión, el Pleno aprobó la iniciativa,
presentada el pasado 23 de mayo por la diputada María Esther López Callejas,
con la que se reforman los artículos 13 y 63 de la Ley de Turismo del Estado y
por el cual se establece que el Consejo Consultivo de Turismo Estatal
determinará a la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur) la creación de la Marca
Turística Estatal.

Asimismo, queda establecido en el artículo 63 de la
citada ley que a fin de cumplir con los objetivos de la promoción turística del
Estado, la Sectur, con la determinación del Consejo, establecerá una marca
turística que genere al Estado una identidad, misma que será de carácter
permanente.

El Gobierno del Estado, los prestadores de servicios
turísticos, los Consejos Regionales, los Consejos Municipales y, los
Ayuntamientos, deberán utilizar la Marca Turística Estatal de acuerdo a los
lineamientos establecidos en esta Ley, y su Reglamento.

La Sectur, considerando la opinión de los
prestadores de servicios turísticos del Estado, propondrá al Consejo una terna,
éste las analizará y determinará cuál será la Marca Turística Estatal. Dicho
fallo será inapelable.

En el Reglamento de la Ley se determinarán los
requisitos que deberán cumplir los prestadores de servicios turísticos para
ostentar esa marca.

La Sectur realizará los trámites correspondientes
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para el registro de la Marca
Turística Estatal.

Este
Dictamen registró 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

El diputado Alexis Sánchez García, integrante del
Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano – PRD, presentó un Anteproyecto de
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar y a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), modifique el presupuesto
municipal, en su partida designada a caminos, a fin de que sea incrementada del
15 al 60 por ciento, para el ejercicio fiscal 2020.

El legislador señaló que todavía existen zonas
intransitables, en las cuales sus habitantes se trasladan en bestias de carga o
a pie por veredas como en siglos pasados, “todos sabemos que es de las zonas
rurales donde provienen los recursos naturales como el café, la caña de azúcar,
el hule, maíz, árboles maderables y frutales, entre otros, que para poder
comercializar estos se necesita transportarlos y qué pasa si no hay accesos
adecuados, los costos de su traslado son altos y no benefician a los
productores quienes son los más vulnerables”, abundó.

En
uso de la tribuna, hizo un llamado al titular del Ejecutivo Federal, para que
esto sea un tema prioritario, y permita sacar del rezago en que se encuentra su
distrito, Zongolica, uno de los más pobres del país, como tantas otras regiones
de la entidad veracruzana y de igual manera a todo México,“un
país con una riqueza incomparable en todos los ámbitos”.

Asimismo,
pide que la Secretaría de Bienestar haga un análisis exhaustivo del impacto que
tendrá la modificación, contemplando los beneficios a corto, mediano y largo
plazo; y que los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, después del análisis
respectivo, aprueben este aumento, necesario para todos los municipios del país.

Este
Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación
Política para el trámite legislativo correspondiente.

El diputado independiente Juan Carlos Molina
Palacios presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto con
Punto de Acuerdo por el cual se prevé exhortar al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (ORFIS) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
para que investiguen el uso de los recursos del Fondo para las Entidades
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Terrestres 2018,
destinado para la obra “modernización de la carretera Chacaltianguis-Tlacojalpan,
tramo del KM0+000 al 5+600”, teniendo como dependencia ejecutora a la Secretaría
de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Gobierno del Estado, toda vez
que dicha obra se encuentra inconclusa.

En su intervención, durante la décima primera sesión
ordinaria, el legislador Molina Palacios agregó que también se solicita al
titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, para que inicien de manera
inmediata la rehabilitación de tramos carreteros en la región de la Cuenca del Papaloapan.

El legislador subrayó que la región de la Cuenca del
Papaloapan cuenta con mil 597 kilómetros de red carretera, conformada en su
mayoría por troncal pavimentada federal, alimentadoras estatales pavimentadas y
caminos rurales revestidos.

Señaló que “toda esta red carretera se encuentra en
muy mal estado. Es importante destacar la necesidad de contar con buenas vías
de comunicación, ya que son de vital importancia, para trasladar todo tipo de
mercancías, materias primas, y el traslado de personas”.

El también presidente de la Comisión de
Comunicaciones destacó que esta región es de suma importancia para la economía
estatal, por lo que hizo un llamado al titular de la SIOP a realizar lo
necesario para rehabilitar las carreteras de esta zona. Ejemplificó carreteras
como las de Carlos A. Carrillo-Chacaltianguis-Tuxtilla-Tlacojalpan-Otatitlan;
la de Cosamaloapan-Ixmatlahuacan-Acula; los accesos al Poblado 2 y 3 en el
Municipio de Tres Valles; el camino de San Francisco Oyozontle-López Arias, en
el Municipio de Cosamaloapan, todas ellas -a su consideración- son
intransitables.

Asimismo, recordó que la obra de modernización de la
carretera “Chacaltianguis-Tlacojalpan, tramo del KM0+100 al 5+600” fue autorizada y es la SIOP la dependencia
ejecutora, misma que el 28 de diciembre de 2017 emitió la convocatoria,
resultando ganadora la empresa CARMO S.A de C.V, por un monto de 24 millones
881 mil 713 pesos, financiada con el Fondo para las Entidades Federativas y
Municipios productores de Hidrocarburos Regiones Terrestres 2018.

Añadió que se le otorgó a la empresa un anticipo de
siete millones 464 mil 513 pesos, pagado el 9 de febrero de 2018 y a la fecha
la obra está inconclusa, refirió el diputado Molina Palacios.

De lo anterior informó que presentará la denuncia
ante la Fiscalía General de la República de en contra de la entonces titular de
la SIOP por esa obra inconclusa.

Por otra parte, detalló que la Cuenca del Papaloapan
es la segunda región más importante de México de las 37 en que se encuentra dividido el país, está
ubicada en el sureste, abarcando tres Estados (parte del norte de Oaxaca, del
sur de Puebla y del centro de Veracruz).

“Esta región se compone de 12 cuencas hidrológicas y
tiene una superficie de 46 mil 517.40 km2, cuenta con tierras fértiles y un
clima cálido-húmedo, factores propicios para el desarrollo de la agricultura,
ganadería, pesca, y la industria azucarera”, abundó.

Las diputadas integrantes de la Comisión Permanente
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de la LXV Legislatura, Florencia
Martínez Rivera, presidenta; Ivonne Trujillo Ortiz, secretaria y Judith Pineda
Andrade, vocal, pusieron a la consideración del Pleno la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 29 y 30, de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado.

A nombre de la Comisión, la integrante del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia” Florencia Martínez Rivera,
dio lectura a la Iniciativa y señaló que como diputadas comprometidas con el
bienestar y desarrollo del municipalismo veracruzano, impulsan este Proyecto de
Decreto con el objetivo de armonizar la Ley Orgánica del Municipio Libre, con
lo dispuesto en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.

Agregó que convencidas que la acción conjunta entre
los ayuntamientos y la sociedad civil, dará paso a transformaciones importantes
en el ámbito municipal; por lo que es importante establecer en la Ley, que esta
Soberanía a través de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana,
Gestoría y Quejas, tenga la facultad de recibir y conocer las actas de cabildo
en sesión abierta, con el objetivo de fomentar el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.

De esta manera, destacó, se contribuiráa garantizar
que los ciudadanos expresen, manifiesten y debatan sus ideas e inconformidades
ante sus representantes populares, y formen parte de la toma de decisiones en
sus municipios.

Por lo que se considera oportuno que el Congreso del
Estado lleve un registro interno de las actas digitalizadas que reciba, con la
finalidad de tener un respaldo o una fuente informativa de las sesiones de Cabildo
abiertas que se realizan, sin que ello implique la intromisión o vulneración de
las facultades constitucionales del municipio libre, abundó la legisladora.

Esta propuesta de armonización establece que los ayuntamientos
celebrarán al menos dos Sesiones Ordinarias cada mes, en los términos que
señalen sus reglamentos interiores y al menos una sesión de Cabildo abierto
bimestralmente.

Asimismo, podrán celebrar las Sesiones
Extraordinarias que estimen convenientes, cuando ocurriere algún asunto urgente
o lo pidiere alguno de los ediles.

El resultado de las sesiones, señalan, se hará constar
en actas que contendrán una síntesis de
los puntos tratados y acuerdos; las que se levantarán en un libro foliado y,
una vez aprobadas, las firmarán todos los presentes y el secretario del
Ayuntamiento; una copia dela acta y los documentos relativos se integrarán en un
solo expediente, y con estos un volumen cada semestre. Las actas y los acuerdos
respectivos serán publicados en la página de transparencia y en la tabla de
avisos del ayuntamiento.

De igual forma, en el caso de las actas levantadas
en las sesiones de Cabildo abierto, deberán remitirse una
copia de estas al Congreso del Estado de manera digital, dentro de los diez
días siguientes de haberse celebrado, para el efecto del registro
correspondiente.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, fue turnada
a las Comisiones PermanentesUnidas de Gobernación y de Transparencia, Acceso a
la Información y Parlamento Abierto, para su estudio y dictamen.

El
diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, emitió un pronunciamiento en el que destacó que la participación
ciudadana en la construcción de políticas públicas todavía está en fase de
crecimiento.

Dijo
que todos los servidores públicos en el ejercicio del poder, tienen la
responsabilidad de acercarse a la ciudadanía para escuchar, entender y promover
acciones en beneficio de la sociedad, aceptando que la diversidad de opiniones
y punto de vista enriquecen para la toma de decisiones.

Por
eso, informó que, en su distrito, hizo un llamado a diversos sectores de la
sociedad civil organizada para comenzar a plantear los problemas que continúan
afectando a Veracruz, las necesidades de cada sector social, la urgencia de
desarrollo económico y social; para poder con esto, generar propuestas
concretas que se traduzcan en acciones ciudadanas y legislativas que impulsen a
Veracruz hacia un mejor futuro.

Mencionó
que ayer, junto a empresarios, transportistas, constructores, educadores y
otros sectores de la sociedad civil organizada, llevaron a cabo el primer
Consejo Ciudadano en la ciudad de Boca del Río, encuentro que derivó en un
análisis sobre las condiciones en las que se encuentra el Estado, surgieron
propuestas y se acordaron reuniones bimestrales con minutas de acuerdo para la
presentación de proyectos legislativos que impacten en el desarrollo de
Veracruz.

“Tenemos
la certeza de que a través de la participación efectiva, los ciudadanos podrán
incidir en la toma de decisiones del trabajo legislativo, y que nunca más serán
ignorados ni verán sus intereses desplazados por la voluntad política de
quienes se encuentran en el poder”, puntualizó.

Finalmente,
hizo un llamado para cumplir lo establecido en la Ley de Participación
Ciudadana y Gobierno Abierto, a comprender que la política es diálogo
permanente, y que la democracia se construye con la ciudadanía. “Hagamos de la
política una herramienta transformadora de verdad, a través del diálogo
permanente”, enfatizó el diputado del Distrito XVI de Boca del Río.

La
diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Movimiento
Ciudadano – Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del
Estado, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, para reformar y
adicionar diferentes disposiciones a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para
el Estado de Veracruz, a favor de las personas con discapacidad.

Con
esta Iniciativa, explicó, sería obligatorio garantizar cajones de
estacionamiento en la vía pública y en zonas privadas, para quienes por alguna
discapacidad (permanente o temporal) no pueden desplazarse; además, se
establecerían sanciones económicas para quienes se estacionen en un lugar
exclusivo para personas con discapacidad o mujeres embarazadas.

Los
conductores de vehículos y motocicletas tendrían que guardar la consideración
debida a peatones y personas con discapacidad, y tomar precauciones necesarias
para la protección y seguridad de su integridad física; cediéndoles el paso,
cuando éstos se encuentren cruzando las calles y sobrevenga un cambio en los
semáforos.

La
diputada por el Distrito IX de Perote, subrayó que las reformas y adiciones que
propone a los artículos 28, 50, 102 y 154, permitirían fortalecer a las
instituciones encargadas de salvaguardar los derechos humanos de las personas
con discapacidad, y favorecer los mecanismos y programas gubernamentales
diseñados para tal efecto.

Durante
su intervención en la Décima Primera Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de
Sesiones, la legisladora enfatizó que mejorar la seguridad vial, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad a las mujeres, a las niñas y a los niños y particularmente a las
personas con discapacidad, es una de las metas de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Diputadas
y diputados, para que se produzcan cambios en la percepción y los conceptos
relacionados con la discapacidad, es necesario que cambien los valores y
aumente la comprensión en todos los estratos de la sociedad. Hagamos realidad
la frase: «nada de nosotros sin nosotros», diseñemos juntos el Veracruz que queremos para
las personas con discapacidad”, destacó.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte Tránsito y
Vialidad, para su análisis y dictamen.

El
Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la creación del
Código de Ética al que deberán sujetarse las y los Servidores Públicos del
Poder Legislativo, formulado por la Contraloría Interna de esta Soberanía,
mismo que está acorde a los propósitos de los Sistemas Estatal y Nacional
Anticorrupción.

Lo
anterior, tras aprobarse el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), durante los trabajos de la Décima Primera Sesión Ordinaria,
celebrada este jueves 4 de julio.

El
citado Acuerdo refiere disposiciones normativas como el artículo 16 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, el cual dice: “Los Servidores
Públicos deberán observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por las
Secretarías o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos que
emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una
conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su
desempeño”.

Asimismo,
deberá hacerse del conocimiento de los Servidores Públicos del Congreso,
dándole la máxima publicidad.

Por
su parte, el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado reproduce esencialmente lo dispuesto por el precepto transcrito de la
Ley General, pero señala que el Código de Ética será emitido por la Contraloría
o los Órganos Internos de Control, como ha sido formulado en el caso de este
Congreso.

El
presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputado José Manuel
Pozos Castro, ordenó la publicación de este Código en la Gaceta Oficial del
Estado.

Cabe
destacar que el contenido completo del Código de Ética podrá consultarse
libremente en la página www.legisver.gob.mx.

Con esta medida se conservarían el número de ediles
en 126 ayuntamientos.

Con el objeto de actualizar y ajustar a la realidad los
rangos de población que sirven para determinar el número de ediles en los
ayuntamientos de la Entidad, el diputado Jorge Moreno Salinas, integrante del
Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde
Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó ante el Pleno la iniciativa que
reformaría el artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

En su intervención, durante la décima primera sesión
ordinaria, el también secretario de la Mesa Directiva señaló que el PRI-PVEM no
está en contra de las medidas de racionalidad y eficiencia presupuestal, ya que ello es una de las
demandas ciudadanas más recurrentes.

Sin embargo, -agregó- no puede coincidirse en que con el argumento de
economizar, se eliminen espacios de representación política, máxime que en
muchos casos es notorio que a la entrada de cada nuevo Ayuntamiento se registra
la contratación excesiva de personal de confianza.

La propuesta legislativa está centrada en plantear
que aquellos municipios de hasta 25 mil habitantes cuenten con tres ediles;
cinco en los de más de 25 mil y hasta 40 mil; siete en los municipios que
tengan más de 40 mil y hasta 70 mil; en tanto corresponderían nueve para
aquellos de más de 70 mil y hasta 100 mil habitantes.

Tendrían 11 ediles aquellos municipios de más de 100
y hasta 150 mil habitantes; 13 para los de más de 150 mil y hasta 250 mil, y
por último, 15 ediles para aquellos municipios que superen los 250 mil
habitantes.

El legislador Jorge Moreno indicó que de aplicarse
esta disposición se conservaría el mismo número de ediles en 126 municipios.

Por otra parte, dijo que tras analizar la Ley Orgánica del Municipio
Libre encontraron que la regulación para definir el número de ediles ha dejado
de responder a las condiciones de los
municipios veracruzanos. “En algunos casos se aumentó dicho número,
ocasionando que no se corresponda con la población o que en 47 ayuntamientos
exista un número par de ediles, lo que provoca dificultades para la toma de
decisiones”, abundó.

“Proponemos un ajuste a los rangos mencionados que, en primer lugar,
actualice la disposición correspondiente y, en segundo, brinde a los
ayuntamientos la adecuada representación y participación de la ciudadanía”,
concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Gobernación y de Organización Política y Procesos
Electorales.

Se adhirieron a la iniciativa los integrantes de los
Grupos Legislativos de Movimiento Ciudadano-PRD, “Del Lado Correcto de la
Historia”, de Morena y del PAN.

El
Grupo legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz del diputado Rodrigo
García Escalante presentó una Iniciativa
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de
Educación del Estado, que tiene como objeto proporcionar, anualmente, a alumnos
inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la entidad, dos juegos de
uniformes, así como un paquete básico de útiles escolares.

El
legislador García Escalante, aseguró que para tal efecto podría destinarse el
10 por ciento de los ingresos obtenidos por concepto de las concesiones de las
tiendas para la venta de alimentos, cuyo decreto fue aprobado por el Pleno de
esta Soberanía el pasado 27 de junio.

Este
decreto señala en el segundo párrafo del artículo 230 bis del Código Financiero para el Estado que el
70 por ciento de los recursos obtenidos se aplicarían al mantenimiento y
conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos;
el 20 por ciento a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión
docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas.

En
tanto, el restante 10 por ciento a programas que se determinen en los
lineamientos que dicte la autoridad educativa local “es decir, en forma
discrecional, dando certidumbre a la utilización de este recurso”.

Asimismo,
el legislador del Distrito de Pánuco indicó que sería la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), la dependencia responsable de operar el proceso
para contar con los uniformes escolares y el paquete básico de útiles escolares;
por lo que se encargaría de la adquisición, difusión y entrega en coordinación
con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En
su exposición de motivos, el diputado dijo que los jóvenes se han visto obligados
a dejar la educación escolar para ir a trabajar al campo, a las grandes
ciudades o hasta otros países con tal de generar ingresos que alivien la
economía familiar, incursionando en la vida laboral sin haber concluido la
educación primaria y que muchos de estos problemas son generados por la falta
de infraestructura adecuada y la situación de vulnerabilidad que presentan la
familias.

“Por
lo que respecta a la situación financiera de cada familia, al utilizar
uniformes supone un ahorro aproximado del 40 por ciento en gasto de ropa para
las familias. Respecto de los útiles escolares, estos son las principales
herramientas con las que cada estudiante podrá aprender, desarrollar y formarse
exitosamente en las escuelas, es por ello, necesario asegurar que los niños, niñas
y adolescentes, alumnos inscritos en escuelas públicas en el nivel básico,
cuenten con dos juegos de uniformes escolares y un paquete básico de útiles,
mejorando con ello, las condiciones de su entorno que faciliten su educación”,
afirmó.

Destacó
que con esta iniciativa se estaría enriqueciendo el propósito de la reforma aprobada por el
Pleno de la LXIV Legislatura, para dotar de uniformes a los niños y niñas
inscritos únicamente en el nivel primaria en los municipios que se encuentren
dentro de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria, ya que de ser
aprobado el presente proyecto se incluirán al resto de las niñas y niños a todo
aquel alumno inscrito en escuelas públicas de nivel básico en el Estado de
Veracruz.

Finalmente
señaló que de aprobarse esta iniciativa se otorgarán beneficios con los que se
podrá combatir la deserción escolar y continuar con la construcción de un
Veracruz educado, retirando a los jóvenes de la calle y todos los riesgos que
ésta implica y encaminándolos a una formación digna.

Esta
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Educación y Cultura para su análisis y dictamen.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz a que haga efectivo lo dispuesto en el Código de Derechos para la entidad, a fin de que las licencias de automovilista y motociclistas, tipo C y D, respectivamente, sean de carácter permanente.

El legislador Miranda Romero refirió que con fecha 7 de junio de 2016 fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en número extraordinario 226, el decreto relativo a que tanto las licencias de automovilista tipo C, como las licencias para motociclista tipo D, dejaran de ser temporales, y serán de carácter permanente en la entidad.

Lo anterior, continuó el diputado, con la finalidad que dentro del esquema de desregularización administrativa, se otorguen beneficios a los ciudadanos veracruzanos, mediante la vigencia de las licencias para conductores de transporte particular y motociclistas, con ello evitando costos y trámites excesivos e innecesarios.

“Sin embargo, en la práctica hay una omisión en la aplicación de dicha disposición puesto que las licencias de conducir, todavía se deben renovar cada tres años, omitiendo deliberadamente la disposición establecida en el Código de Derechos”, afirmó el legislador.

De acuerdo a los costos publicados en la página oficial de la Oficina Virtual de Hacienda, esta medida, de llevarse a cabo, apoyaría la economía de las y los veracruzanos, además de eliminar trámites burocráticos y facilitar la obtención de dicho documento, detalló.

“De conformidad con lo establecido por el principio de legalidad, donde se establece que la autoridad solo puede hacer lo que le está establecido en Ley, por ende debe realizar lo que la norma mandata,” aseveró.

Además, continuó, de no hacerlo se violentaría el principio de legalidad y de estricta aplicación de la Ley por parte de la autoridad, dejando en indefensión al gobernado que desea obtener el servicio que está establecido en la ley, mediante el pago correspondiente que este genera.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

-Se pronuncia diputado Miranda Romero, por legislar en beneficio de los veracruzanos

“Se debe comprender que la principal función de un Congreso es la de control del poder, contrapesos, mejoramiento de las políticas públicas, y rendición de cuentas. Debemos ser una herramienta de reflexión que junto con el ejecutivo, diseñemos políticas públicas acordes a la realidad que impera en el Estado”, dijo el diputado Omar Guillermo Miranda, del PAN durante su discurso.

El legislador Romero Miranda cuestionó si la Cuarta Transformación y sus ideales están siendo aplicados en la entidad, así como el rumbo de sus políticas públicas, o si “sólo se está tratando de aprender a gobernar, si los secretarios de despecho están a la altura del reto que Veracruz requiere.”

Aseguró que para el cambio que Veracruz necesita es imperante la imaginación política, consenso, diálogo y análisis; para poder cumplir con los deberes que las y los veracruzanos merecen, y que la constitución política claramente lo señala.

“Mi propuesta es simple, un Congreso debe parlamentar, y para poder hacerlo se necesita un gobierno con oídos y que quiera escuchar, discernir con conocimiento, respeto, tolerancia, para alcanzar consensos”, dijo el diputado.

Finalmente, se pronunció a favor de la democracia, para mejorar el desempeño como legisladores siendo el umbral entre Sociedad y Estado, siendo esta LXV Legislatura la oportunidad de ser un contrapeso, logrando con ello un Gobierno digno de las y los veracruzanos.

El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, emitió un pronunciamiento en el que destacó que la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas todavía está en fase de crecimiento.

Dijo que todos los servidores públicos en el ejercicio del poder, tienen la responsabilidad de acercarse a la ciudadanía para escuchar, entender y promover acciones en beneficio de la sociedad, aceptando que la diversidad de opiniones y punto de vista enriquecen para la toma de decisiones.

Por eso, informó que, en su distrito, hizo un llamado a diversos sectores de la sociedad civil organizada para comenzar a plantear los problemas que continúan afectando a Veracruz, las necesidades de cada sector social, la urgencia de desarrollo económico y social; para poder con esto, generar propuestas concretas que se traduzcan en acciones ciudadanas y legislativas que impulsen a Veracruz hacia un mejor futuro.

Mencionó que ayer, junto a empresarios, transportistas, constructores, educadores y otros sectores de la sociedad civil organizada, llevaron a cabo el primer Consejo Ciudadano en la ciudad de Boca del Río, encuentro que derivó en un análisis sobre las condiciones en las que se encuentra el Estado, surgieron propuestas y se acordaron reuniones bimestrales con minutas de acuerdo para la presentación de proyectos legislativos que impacten en el desarrollo de Veracruz.

“Tenemos la certeza de que a través de la participación efectiva, los ciudadanos podrán incidir en la toma de decisiones del trabajo legislativo, y que nunca más serán ignorados ni verán sus intereses desplazados por la voluntad política de quienes se encuentran en el poder”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado para cumplir lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, a comprender que la política es diálogo permanente, y que la democracia se construye con la ciudadanía. “Hagamos de la política una herramienta transformadora de verdad, a través del diálogo permanente”, enfatizó el diputado del Distrito XVI de Boca del Río.

El Grupo legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz del diputado Rodrigo García Escalante presentó una Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado, que tiene como objeto proporcionar, anualmente, a alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la entidad, dos juegos de uniformes, así como un paquete básico de útiles escolares.

El legislador García Escalante, aseguró que para tal efecto podría destinarse el 10 por ciento de los ingresos obtenidos por concepto de las concesiones de las tiendas para la venta de alimentos, cuyo decreto fue aprobado por el Pleno de esta Soberanía el pasado 27 de junio.

Este decreto señala en el segundo párrafo del artículo 230 bis del Código Financiero para el Estado que el 70 por ciento de los recursos obtenidos se aplicarían al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos; el 20 por ciento a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas.

En tanto, el restante 10 por ciento a programas que se determinen en los lineamientos que dicte la autoridad educativa local “es decir, en forma discrecional, dando certidumbre a la utilización de este recurso”.

Asimismo, el legislador del Distrito de Pánuco indicó que sería la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la dependencia responsable de operar el proceso para contar con los uniformes escolares y el paquete básico de útiles escolares; por lo que se encargaría de la adquisición, difusión y entrega en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En su exposición de motivos, el diputado dijo que los jóvenes se han visto obligados a dejar la educación escolar para ir a trabajar al campo, a las grandes ciudades o hasta otros países con tal de generar ingresos que alivien la economía familiar, incursionando en la vida laboral sin haber concluido la educación primaria y que muchos de estos problemas son generados por la falta de infraestructura adecuada y la situación de vulnerabilidad que presentan la familias.

“Por lo que respecta a la situación financiera de cada familia, al utilizar uniformes supone un ahorro aproximado del 40 por ciento en gasto de ropa para las familias. Respecto de los útiles escolares, estos son las principales herramientas con las que cada estudiante podrá aprender, desarrollar y formarse exitosamente en las escuelas, es por ello, necesario asegurar que los niños, niñas y adolescentes, alumnos inscritos en escuelas públicas en el nivel básico, cuenten con dos juegos de uniformes escolares y un paquete básico de útiles, mejorando con ello, las condiciones de su entorno que faciliten su educación”, afirmó.

Destacó que con esta iniciativa se estaría enriqueciendo el propósito de la reforma aprobada por el Pleno de la LXIV Legislatura, para dotar de uniformes a los niños y niñas inscritos únicamente en el nivel primaria en los municipios que se encuentren dentro de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria, ya que de ser aprobado el presente proyecto se incluirán al resto de las niñas y niños a todo aquel alumno inscrito en escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Veracruz.

Finalmente señaló que de aprobarse esta iniciativa se otorgarán beneficios con los que se podrá combatir la deserción escolar y continuar con la construcción de un Veracruz educado, retirando a los jóvenes de la calle y todos los riesgos que ésta implica y encaminándolos a una formación digna.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Educación y Cultura para su análisis y dictamen.

Este
martes 2 de de julio, la titular de la Unidad de Transparencia de la LXV
legislatura, Liliana López Coronado, dio inicio a una jornada más de
capacitación que ha implementado el Congreso de Veracruz en colaboración
institucional con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IVAI), con el objetivo de obtener la
certificación “Sujeto Obligado 100% Capacitado”, para este Poder.

En
estos trabajos participaron Jefes de Departamento y servidores públicos de las
diversas áreas que integran el Poder Legislativo,
quienes se instruyeron en los temas “Organización de Archivo” e “Inclusión a los Lineamientos para la Organización
y Conservación de los Archivos”; ambos
impartidos por la Directora de Archivos del IVAI, Gloria Elena González Landa.

La
titular de la Unidad de Transparencia Liliana López Coronado, dijo que “Sujeto Obligado 100% capacitado” consta
de once módulos, de los cuales el Congreso del Estado ha participado ya en
nueve, lográndose con ello un gran avance en la materia. Además de conocer a
fondo temas como: obligaciones de transparencia, protección de datos personales,
recursos de revisión, archivos, entre otros.

Asimismo,
destacó que en los siete meses que lleva la actual Legislatura se le ha dado
respuesta a más de 290 solicitudes de información en materia de transparencia a
ciudadanos que lo han solicitado, cifra que representa más del doble que la anterior
administración, en el mismo periodo.

“Las
solicitudes que hemos recibido van dirigidas principalmente a la aplicación de
recursos, salarios, actividades legislativas, entre otros; de las cuales se ha
dado el trámite correspondiente respondiendo a las interrogantes de los
ciudadanos, dando con ello cumplimiento a la Ley de Transparencia del Estado”,
destacó López Coronado.

Finalmente,
detalló que los cursos de capacitación que han venido ofreciendo, tanto
para el personal, como jefes de área, tiene
como propósito contar con mejores herramientas para que los sujetos obligados
puedan cumplir con el compromiso que tienen hacia la ciudadanía en temas de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales.

Como
parte del trámite legislativo, en relación a la solicitud presentada el pasado
20 de junio por el gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, sobre la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Mixtla de
Altamirano, este 28 de junio la Comisión Permanente Instructora, del Congreso
del Estado, llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos con la
participación de las partes, denunciante y denunciado.

Esta
instancia legislativa, integrada por los diputados Rubén Ríos Uribe,
presidente; Jessica Ramírez Cisneros, secretaria y Enrique Cambranis Torres,
vocal, con el apoyo de un secretario técnico llevaron a cabo la audiencia en la
que participaron, por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, el licenciado
Jesús Fernando Gutiérrez Palet y en representación del Ayuntamiento de Mixtla
de Altamirano, el Síndico, Ricardo Pérez Marcos.

Este
procedimiento, celebrado en la sala de sesiones Venustiano Carranza del Poder
Legislativo, se lleva a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo
148 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que señala “Cuando el Congreso del
Estado al recibir la denuncia, tenga conocimiento de que se han presentado las
causas previstas en el artículo 130 de esta ley, de inmediato la turnará a la
Comisión Instructora, para que sin demora notifique al Ayuntamiento, reciba las
pruebas y alegatos que éste ofrezca y emita un dictamen sobre la procedencia o
improcedencia de la declaración de desaparición del Ayuntamiento. Con vista en
el dictamen, el Congreso del Estado resolverá lo procedente”.

Además
del estricto cumplimiento con la ley, este acto se desarrolla en el marco del
principio de transparencia y garantía de audiencia para ambas partes; de esta
manera tanto el denunciante como del denunciado expusieron los argumentos que a
sus intereses conviene; en tanto los diputados los escucharon y valorarán las
pruebas.

A
la reunión acudieron los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la
Junta de Coordinación Política; Sergio Hernández Hernández, coordinador del
Grupo Legislativo del PAN; Raymundo Andrade Rivera y Margarita Corro Mendoza;
la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Margarita Montalvo Acahua y la
regidora, Valentina Temoxtle Juárez, así como personal de asesoría jurídica de
ambas partes.

De acuerdo
a lo dispuesto en la ley, corresponderá a la Comisión Instructora analizar las
pruebas y alegatos y con base en esto, elaborar el Dictamen respectivo determinando
en él la procedencia o improcedencia de la desaparición de poderes en Mixtla de
Altamirano.

La Comisión Permanente de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis)
realizarán los “Seminarios para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal”,
dirigido a ediles de los 212 ayuntamientos de la entidad, informaron las
diputadas Florencia Martínez Rivera y Judith Pineda Andrade, presidenta y
vocal, respectivamente, de la citada instancia legislativa.

En rueda de prensa, celebrada este 27 de junio, la
diputada Florencia Martínez destacó que estos seminarios tendrán como sede:
Xalapa el 12 y 17 de julio en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Congreso del Estado, así como Coatzacoalcos en el mes agosto y Tantoyuca, en
septiembre.

Ante la presencia de la Auditora Especial de
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana del ORFIS, Flor Alicia
Zamora Pozos, la legisladora Martínez Rivera convocó a los ediles a participar
en estos foros, toda vez que –agregó- representa la oportunidad para llevar a
cabo una gestión pública municipal más eficiente, efectiva, fuerte y
transparente.

La diputada Judith Pineda Andrade destacó que los
temas a tratar en estos seminarios son: administración de riesgos en la gestión
municipal; diferencias entre control interno y fiscalización superior; aspectos
a ponderar para la contratación de créditos u obligaciones financieras;
planeación programática y financiera; calidad en la atención ciudadana;
gobierno transparente y abierto y reglamentación municipal con perspectiva de
género.

Finalmente, la maestra Flor Alicia Zamora Pozos hizo
la invitación a las y los ediles de la Zona Centro del Estado y anunció que en
breve se estará enviando la invitación por medios electrónicos.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz presentó
al Pleno del Congreso de Veracruz un anteproyecto con Punto de Acuerdo que
prevé exhortar a los 212 Ayuntamientos de la
entidad a crear e impulsar sus respectivos Comités Municipales del Deporte, así
como destinarles los recursos económicos necesarios para el correcto desempeño
de sus objetivos, en términos de lo dispuesto por la Ley del Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte para el Estado.

En su intervención durante la décima sesión
ordinaria, la presidenta de la Comisión
Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad señaló que existen
los elementos legales para que los Ayuntamientos veracruzanos actúen y atiendan
las demandas de la población en materia deportiva, sin perjuicio de que realicen
lo propio la autoridad Estatal y Federal.

Subrayó
que la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el estado de
Veracruz en su artículo 27 dispone que los ayuntamientos deben considerar
dentro de su presupuesto, -a propuesta del Comité Municipal del Deporte- una
inversión de hasta el 5 por ciento y no menos del 3 por ciento, de los ingresos
anuales para la difusión, promoción, construcción de infraestructura y
equipamiento, fomento, investigación o supervisión del deporte.

La
integrante del Grupo Legislativo de Morena dijo que al recorrer su distrito
constató el ímpetu con el que niñas, niños y jóvenes practican diferentes
deportes en sus comunidades y colonias.

Agregó que
en estos centros poblacionales es común observarlos jugando fútbol, béisbol,
básquetbol, entre otros deportes, pero sin las instalaciones ni el equipo
óptimo para ello, lo que implica que pese a poner todo su empeño, no alcancen
su máximo rendimiento al jugar en espacios inadecuados o en deficientes condiciones
y que además se expone a sufrir lesiones.

Expuso que
otra situación que frecuentemente enfrentan los deportistas, como los amateurs,
es que no tienen el apoyo suficiente para poder asistir a competencias dentro o
fuera del país, aunque por su entrega y mérito hayan ganado el derecho para
participar.

La
legisladora Cervantes de la Cruz detalló que deportistas, padres de familia y
docentes le han manifestado su inconformidad, toda vez que cuando acuden a
solicitar la intervención de sus autoridades municipales, principalmente las
encargadas en materia deportiva, se encuentran con negativas, falta de
disponibilidad técnica y presupuestal “en el peor de los casos evasivas”.

Refirió
que los esfuerzos legales e institucionales deben estar plenamente enfocados al
fortalecimiento de las capacidades, talento y destrezas de quienes al practicar
una disciplina deportiva, encuentran un medio para proteger y mejorar su salud,
tener calidad de vida, e incluso, para obtener importantes triunfos surgidos de
competencias estatales, nacionales e internacionales.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y
dictamen.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del
Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano–PRD presentó un anteproyecto de Punto
de Acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a
que expida el Reglamento que fije los procedimientos y requisitos para que
existan laboratorios clínicos certificados en la muestra de ADN, en los
términos del Decreto número 665 de fecha 29 de noviembre de 2018.

En el mismo, la legisladora señala que en Veracruz
se protege la vida desde la concepción, por ello es necesario proteger a las
niñas y los niños a través del reconocimiento de la maternidad y la paternidad
compartida por igual, para garantizar una mejor calidad de vida a los menores
de edad, para reducir el número de nacimientos de niñas y niños sin
reconocimiento voluntario y legal por parte del padre, y para favorecer la
igualdad entre los sexos como una obligación de atender por parte del Estado.

Han transcurrido 149 días más, a lo establecido en
el artículo Tercero Transitorio del Decreto número 665, destacó la diputada,
por lo que realiza este exhorto al Ejecutivo estatal; ya que sin el Reglamento,
“es letra muerta la prueba pericial en materia de genética molecular del ADN y sin
aplicación los artículos 289 Bis del Código Civil; 157 Bis y 157 Sexies del
Código de Procedimientos Civiles; 356 Bis de la Ley de Salud; y la fracción
XVII del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”.

Recordó que mediante los Decretos 863 del 7 de
octubre de 2010; y 313 del 14 de diciembre de 2011; se adicionaron los
artículos 289 Bis y 289 Ter, al Código Civil; y 157 Bis y 157 sexies; ambos del
estado; en ellos se establece como un medio idóneo para probar la filiación y
por ende, el reconocimiento de la paternidad y como consecuencia, el
otorgamiento de los deberes de asistencia económica hacia los hijos nacidos
fuera del matrimonio; la prueba de ADN realizada por instituciones certificadas
por la Secretaría de Salud.

Sin embargo continuó, esto no era suficiente, ya que
al quedar determinado que las pruebas de ADN debían ser realizadas por
instituciones certificadas por la Secretaría de Salud, se hacía imposible
presentar como medio de prueba un examen de estas características, ya que la
Secretaría de Salud no contaba con la facultad jurídica para dar
certificaciones a laboratorios clínicos públicos o privados para que pudieran
realizar la prueba de ADN.

Derivado de lo anterior, señaló en su intervención, el 13 de abril de
2018, el Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en
Xalapa, exhorta al Congreso del Estado para que adicione o modifique la Ley de
Salud del Estado, a fin de marcar los lineamientos para obtener la calidad de
“laboratorios clínicos certificados” en la toma de muestra del ADN y encuentre
su correlación con el artículo 157 bis del Código Procesal Civil vigente en el
Estado, a fin de garantizar el derecho fundamental de la paternidad.

Dijo que en la Novena Sesión Ordinaria, del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, celebrada el 28 de junio de 2018, la LXIV Legislatura aprobó la
adición de un Capítulo y un artículo a la Ley de Salud; y la adición de la
fracción XVII al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambas para
el Estado. Adiciones que entraron en vigor mediante el Decreto 665 publicado en
la Gaceta Oficial, de fecha 29 de noviembre de 2018.

En este Decreto se establece la facultad que tiene la Secretaría de Salud
para vigilar, acreditar y certificar a todas las Instituciones Públicas o
Laboratorios Clínicos Privados para que realicen pruebas en ADN, en términos de
lo establecido en los artículos 289 Bis del Código Civil; y 157 Bis y 157 sexies
del Código de Procedimientos Civiles; ambos para el Estado.

Asimismo, en el Decreto antes citado, en su artículo Tercero Transitorio
estableció un plazo de 60 días para que el Ejecutivo del Estado expidiera un
Reglamento que fijará los procedimientos y requisitos para que las
Instituciones Públicas y Laboratorios Clínicos Privados puedan obtener su
certificación para expedir pruebas periciales en materia de genética molecular
del ADN. Plazo que concluyó el día 29 de enero de 2019, destacó la legisladora
“sin que hasta la fecha el Ejecutivo del Estado haya expedido el Reglamento
respectivo”.

El anteproyecto fue turnado, para su estudio y
dictamen, a la Junta de Coordinación Política.

La
diputada María de Jesús Martínez Díaz, del Grupo Legislativo del Partido de
Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto de punto de acuerdo donde se
exhorta a las autoridades competentes a dar cumplimiento a la reforma del
Código de Derechos por el que se exceptúa el cobro del derecho de inscripción,
de los contratos relativos a la constitución de créditos agrícolas con garantía
hipotecaria, celebrados entre los productores del sector primario.

Recordó
que durante la Sexagésima Cuarta Legislatura se aprobó una iniciativa de
decreto que reformó diversas disposiciones del Código de Derechos para el estado
de Veracruz, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número
Extraordinario 362 de fecha 10 de septiembre de 2018.

Esta
reforma, puntualizó la legisladora, tuvo como finalidad exceptuar el pago de
las inscripciones al Registro Público de la Propiedad en el estado de Veracruz,
por créditos hipotecarios destinados a la producción en el sector primario, ya
sean otorgados por instituciones bancarias de primer o segundo piso; o fondos o
de riesgo compartido.

Lo
anterior –añadió- permitiría que la contratación de créditos sea menos costosa,
otorgando facilidades para acceder a programas, apoyos y fondos agrícolas del
Gobierno Federal, Estatal y de instituciones crediticias.

Sin
embargo aseguró “es una verdadera pena que dicha reforma, hoy vigente, no se
aplique porque no es acatada en sus términos
por los titulares de las oficinas del Registro Público de la Propiedad
en las diferentes zonas registrales que se encuentran en el estado de Veracruz,
y que dependen de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y
de Inspección y Archivo General de Notarías, y este a su vez de la Secretaría
de Gobierno”.