El
diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, emitió un pronunciamiento en el que destacó que la participación
ciudadana en la construcción de políticas públicas todavía está en fase de
crecimiento.

Dijo
que todos los servidores públicos en el ejercicio del poder, tienen la
responsabilidad de acercarse a la ciudadanía para escuchar, entender y promover
acciones en beneficio de la sociedad, aceptando que la diversidad de opiniones
y punto de vista enriquecen para la toma de decisiones.

Por
eso, informó que, en su distrito, hizo un llamado a diversos sectores de la
sociedad civil organizada para comenzar a plantear los problemas que continúan
afectando a Veracruz, las necesidades de cada sector social, la urgencia de
desarrollo económico y social; para poder con esto, generar propuestas
concretas que se traduzcan en acciones ciudadanas y legislativas que impulsen a
Veracruz hacia un mejor futuro.

Mencionó
que ayer, junto a empresarios, transportistas, constructores, educadores y
otros sectores de la sociedad civil organizada, llevaron a cabo el primer
Consejo Ciudadano en la ciudad de Boca del Río, encuentro que derivó en un
análisis sobre las condiciones en las que se encuentra el Estado, surgieron
propuestas y se acordaron reuniones bimestrales con minutas de acuerdo para la
presentación de proyectos legislativos que impacten en el desarrollo de
Veracruz.

“Tenemos
la certeza de que a través de la participación efectiva, los ciudadanos podrán
incidir en la toma de decisiones del trabajo legislativo, y que nunca más serán
ignorados ni verán sus intereses desplazados por la voluntad política de
quienes se encuentran en el poder”, puntualizó.

Finalmente,
hizo un llamado para cumplir lo establecido en la Ley de Participación
Ciudadana y Gobierno Abierto, a comprender que la política es diálogo
permanente, y que la democracia se construye con la ciudadanía. “Hagamos de la
política una herramienta transformadora de verdad, a través del diálogo
permanente”, enfatizó el diputado del Distrito XVI de Boca del Río.

La
diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Movimiento
Ciudadano – Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del
Estado, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, para reformar y
adicionar diferentes disposiciones a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para
el Estado de Veracruz, a favor de las personas con discapacidad.

Con
esta Iniciativa, explicó, sería obligatorio garantizar cajones de
estacionamiento en la vía pública y en zonas privadas, para quienes por alguna
discapacidad (permanente o temporal) no pueden desplazarse; además, se
establecerían sanciones económicas para quienes se estacionen en un lugar
exclusivo para personas con discapacidad o mujeres embarazadas.

Los
conductores de vehículos y motocicletas tendrían que guardar la consideración
debida a peatones y personas con discapacidad, y tomar precauciones necesarias
para la protección y seguridad de su integridad física; cediéndoles el paso,
cuando éstos se encuentren cruzando las calles y sobrevenga un cambio en los
semáforos.

La
diputada por el Distrito IX de Perote, subrayó que las reformas y adiciones que
propone a los artículos 28, 50, 102 y 154, permitirían fortalecer a las
instituciones encargadas de salvaguardar los derechos humanos de las personas
con discapacidad, y favorecer los mecanismos y programas gubernamentales
diseñados para tal efecto.

Durante
su intervención en la Décima Primera Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de
Sesiones, la legisladora enfatizó que mejorar la seguridad vial, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad a las mujeres, a las niñas y a los niños y particularmente a las
personas con discapacidad, es una de las metas de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Diputadas
y diputados, para que se produzcan cambios en la percepción y los conceptos
relacionados con la discapacidad, es necesario que cambien los valores y
aumente la comprensión en todos los estratos de la sociedad. Hagamos realidad
la frase: «nada de nosotros sin nosotros», diseñemos juntos el Veracruz que queremos para
las personas con discapacidad”, destacó.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte Tránsito y
Vialidad, para su análisis y dictamen.

El
Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la creación del
Código de Ética al que deberán sujetarse las y los Servidores Públicos del
Poder Legislativo, formulado por la Contraloría Interna de esta Soberanía,
mismo que está acorde a los propósitos de los Sistemas Estatal y Nacional
Anticorrupción.

Lo
anterior, tras aprobarse el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), durante los trabajos de la Décima Primera Sesión Ordinaria,
celebrada este jueves 4 de julio.

El
citado Acuerdo refiere disposiciones normativas como el artículo 16 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, el cual dice: “Los Servidores
Públicos deberán observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por las
Secretarías o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos que
emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una
conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su
desempeño”.

Asimismo,
deberá hacerse del conocimiento de los Servidores Públicos del Congreso,
dándole la máxima publicidad.

Por
su parte, el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado reproduce esencialmente lo dispuesto por el precepto transcrito de la
Ley General, pero señala que el Código de Ética será emitido por la Contraloría
o los Órganos Internos de Control, como ha sido formulado en el caso de este
Congreso.

El
presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputado José Manuel
Pozos Castro, ordenó la publicación de este Código en la Gaceta Oficial del
Estado.

Cabe
destacar que el contenido completo del Código de Ética podrá consultarse
libremente en la página www.legisver.gob.mx.

Con esta medida se conservarían el número de ediles
en 126 ayuntamientos.

Con el objeto de actualizar y ajustar a la realidad los
rangos de población que sirven para determinar el número de ediles en los
ayuntamientos de la Entidad, el diputado Jorge Moreno Salinas, integrante del
Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde
Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó ante el Pleno la iniciativa que
reformaría el artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

En su intervención, durante la décima primera sesión
ordinaria, el también secretario de la Mesa Directiva señaló que el PRI-PVEM no
está en contra de las medidas de racionalidad y eficiencia presupuestal, ya que ello es una de las
demandas ciudadanas más recurrentes.

Sin embargo, -agregó- no puede coincidirse en que con el argumento de
economizar, se eliminen espacios de representación política, máxime que en
muchos casos es notorio que a la entrada de cada nuevo Ayuntamiento se registra
la contratación excesiva de personal de confianza.

La propuesta legislativa está centrada en plantear
que aquellos municipios de hasta 25 mil habitantes cuenten con tres ediles;
cinco en los de más de 25 mil y hasta 40 mil; siete en los municipios que
tengan más de 40 mil y hasta 70 mil; en tanto corresponderían nueve para
aquellos de más de 70 mil y hasta 100 mil habitantes.

Tendrían 11 ediles aquellos municipios de más de 100
y hasta 150 mil habitantes; 13 para los de más de 150 mil y hasta 250 mil, y
por último, 15 ediles para aquellos municipios que superen los 250 mil
habitantes.

El legislador Jorge Moreno indicó que de aplicarse
esta disposición se conservaría el mismo número de ediles en 126 municipios.

Por otra parte, dijo que tras analizar la Ley Orgánica del Municipio
Libre encontraron que la regulación para definir el número de ediles ha dejado
de responder a las condiciones de los
municipios veracruzanos. “En algunos casos se aumentó dicho número,
ocasionando que no se corresponda con la población o que en 47 ayuntamientos
exista un número par de ediles, lo que provoca dificultades para la toma de
decisiones”, abundó.

“Proponemos un ajuste a los rangos mencionados que, en primer lugar,
actualice la disposición correspondiente y, en segundo, brinde a los
ayuntamientos la adecuada representación y participación de la ciudadanía”,
concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Gobernación y de Organización Política y Procesos
Electorales.

Se adhirieron a la iniciativa los integrantes de los
Grupos Legislativos de Movimiento Ciudadano-PRD, “Del Lado Correcto de la
Historia”, de Morena y del PAN.

El
Grupo legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz del diputado Rodrigo
García Escalante presentó una Iniciativa
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de
Educación del Estado, que tiene como objeto proporcionar, anualmente, a alumnos
inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la entidad, dos juegos de
uniformes, así como un paquete básico de útiles escolares.

El
legislador García Escalante, aseguró que para tal efecto podría destinarse el
10 por ciento de los ingresos obtenidos por concepto de las concesiones de las
tiendas para la venta de alimentos, cuyo decreto fue aprobado por el Pleno de
esta Soberanía el pasado 27 de junio.

Este
decreto señala en el segundo párrafo del artículo 230 bis del Código Financiero para el Estado que el
70 por ciento de los recursos obtenidos se aplicarían al mantenimiento y
conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos;
el 20 por ciento a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión
docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas.

En
tanto, el restante 10 por ciento a programas que se determinen en los
lineamientos que dicte la autoridad educativa local “es decir, en forma
discrecional, dando certidumbre a la utilización de este recurso”.

Asimismo,
el legislador del Distrito de Pánuco indicó que sería la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), la dependencia responsable de operar el proceso
para contar con los uniformes escolares y el paquete básico de útiles escolares;
por lo que se encargaría de la adquisición, difusión y entrega en coordinación
con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En
su exposición de motivos, el diputado dijo que los jóvenes se han visto obligados
a dejar la educación escolar para ir a trabajar al campo, a las grandes
ciudades o hasta otros países con tal de generar ingresos que alivien la
economía familiar, incursionando en la vida laboral sin haber concluido la
educación primaria y que muchos de estos problemas son generados por la falta
de infraestructura adecuada y la situación de vulnerabilidad que presentan la
familias.

“Por
lo que respecta a la situación financiera de cada familia, al utilizar
uniformes supone un ahorro aproximado del 40 por ciento en gasto de ropa para
las familias. Respecto de los útiles escolares, estos son las principales
herramientas con las que cada estudiante podrá aprender, desarrollar y formarse
exitosamente en las escuelas, es por ello, necesario asegurar que los niños, niñas
y adolescentes, alumnos inscritos en escuelas públicas en el nivel básico,
cuenten con dos juegos de uniformes escolares y un paquete básico de útiles,
mejorando con ello, las condiciones de su entorno que faciliten su educación”,
afirmó.

Destacó
que con esta iniciativa se estaría enriqueciendo el propósito de la reforma aprobada por el
Pleno de la LXIV Legislatura, para dotar de uniformes a los niños y niñas
inscritos únicamente en el nivel primaria en los municipios que se encuentren
dentro de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria, ya que de ser
aprobado el presente proyecto se incluirán al resto de las niñas y niños a todo
aquel alumno inscrito en escuelas públicas de nivel básico en el Estado de
Veracruz.

Finalmente
señaló que de aprobarse esta iniciativa se otorgarán beneficios con los que se
podrá combatir la deserción escolar y continuar con la construcción de un
Veracruz educado, retirando a los jóvenes de la calle y todos los riesgos que
ésta implica y encaminándolos a una formación digna.

Esta
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Educación y Cultura para su análisis y dictamen.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, del Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz a que haga efectivo lo dispuesto en el Código de Derechos para la entidad, a fin de que las licencias de automovilista y motociclistas, tipo C y D, respectivamente, sean de carácter permanente.

El legislador Miranda Romero refirió que con fecha 7 de junio de 2016 fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en número extraordinario 226, el decreto relativo a que tanto las licencias de automovilista tipo C, como las licencias para motociclista tipo D, dejaran de ser temporales, y serán de carácter permanente en la entidad.

Lo anterior, continuó el diputado, con la finalidad que dentro del esquema de desregularización administrativa, se otorguen beneficios a los ciudadanos veracruzanos, mediante la vigencia de las licencias para conductores de transporte particular y motociclistas, con ello evitando costos y trámites excesivos e innecesarios.

“Sin embargo, en la práctica hay una omisión en la aplicación de dicha disposición puesto que las licencias de conducir, todavía se deben renovar cada tres años, omitiendo deliberadamente la disposición establecida en el Código de Derechos”, afirmó el legislador.

De acuerdo a los costos publicados en la página oficial de la Oficina Virtual de Hacienda, esta medida, de llevarse a cabo, apoyaría la economía de las y los veracruzanos, además de eliminar trámites burocráticos y facilitar la obtención de dicho documento, detalló.

“De conformidad con lo establecido por el principio de legalidad, donde se establece que la autoridad solo puede hacer lo que le está establecido en Ley, por ende debe realizar lo que la norma mandata,” aseveró.

Además, continuó, de no hacerlo se violentaría el principio de legalidad y de estricta aplicación de la Ley por parte de la autoridad, dejando en indefensión al gobernado que desea obtener el servicio que está establecido en la ley, mediante el pago correspondiente que este genera.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

-Se pronuncia diputado Miranda Romero, por legislar en beneficio de los veracruzanos

“Se debe comprender que la principal función de un Congreso es la de control del poder, contrapesos, mejoramiento de las políticas públicas, y rendición de cuentas. Debemos ser una herramienta de reflexión que junto con el ejecutivo, diseñemos políticas públicas acordes a la realidad que impera en el Estado”, dijo el diputado Omar Guillermo Miranda, del PAN durante su discurso.

El legislador Romero Miranda cuestionó si la Cuarta Transformación y sus ideales están siendo aplicados en la entidad, así como el rumbo de sus políticas públicas, o si “sólo se está tratando de aprender a gobernar, si los secretarios de despecho están a la altura del reto que Veracruz requiere.”

Aseguró que para el cambio que Veracruz necesita es imperante la imaginación política, consenso, diálogo y análisis; para poder cumplir con los deberes que las y los veracruzanos merecen, y que la constitución política claramente lo señala.

“Mi propuesta es simple, un Congreso debe parlamentar, y para poder hacerlo se necesita un gobierno con oídos y que quiera escuchar, discernir con conocimiento, respeto, tolerancia, para alcanzar consensos”, dijo el diputado.

Finalmente, se pronunció a favor de la democracia, para mejorar el desempeño como legisladores siendo el umbral entre Sociedad y Estado, siendo esta LXV Legislatura la oportunidad de ser un contrapeso, logrando con ello un Gobierno digno de las y los veracruzanos.

El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, emitió un pronunciamiento en el que destacó que la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas todavía está en fase de crecimiento.

Dijo que todos los servidores públicos en el ejercicio del poder, tienen la responsabilidad de acercarse a la ciudadanía para escuchar, entender y promover acciones en beneficio de la sociedad, aceptando que la diversidad de opiniones y punto de vista enriquecen para la toma de decisiones.

Por eso, informó que, en su distrito, hizo un llamado a diversos sectores de la sociedad civil organizada para comenzar a plantear los problemas que continúan afectando a Veracruz, las necesidades de cada sector social, la urgencia de desarrollo económico y social; para poder con esto, generar propuestas concretas que se traduzcan en acciones ciudadanas y legislativas que impulsen a Veracruz hacia un mejor futuro.

Mencionó que ayer, junto a empresarios, transportistas, constructores, educadores y otros sectores de la sociedad civil organizada, llevaron a cabo el primer Consejo Ciudadano en la ciudad de Boca del Río, encuentro que derivó en un análisis sobre las condiciones en las que se encuentra el Estado, surgieron propuestas y se acordaron reuniones bimestrales con minutas de acuerdo para la presentación de proyectos legislativos que impacten en el desarrollo de Veracruz.

“Tenemos la certeza de que a través de la participación efectiva, los ciudadanos podrán incidir en la toma de decisiones del trabajo legislativo, y que nunca más serán ignorados ni verán sus intereses desplazados por la voluntad política de quienes se encuentran en el poder”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado para cumplir lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, a comprender que la política es diálogo permanente, y que la democracia se construye con la ciudadanía. “Hagamos de la política una herramienta transformadora de verdad, a través del diálogo permanente”, enfatizó el diputado del Distrito XVI de Boca del Río.

El Grupo legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz del diputado Rodrigo García Escalante presentó una Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado, que tiene como objeto proporcionar, anualmente, a alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la entidad, dos juegos de uniformes, así como un paquete básico de útiles escolares.

El legislador García Escalante, aseguró que para tal efecto podría destinarse el 10 por ciento de los ingresos obtenidos por concepto de las concesiones de las tiendas para la venta de alimentos, cuyo decreto fue aprobado por el Pleno de esta Soberanía el pasado 27 de junio.

Este decreto señala en el segundo párrafo del artículo 230 bis del Código Financiero para el Estado que el 70 por ciento de los recursos obtenidos se aplicarían al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos; el 20 por ciento a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas.

En tanto, el restante 10 por ciento a programas que se determinen en los lineamientos que dicte la autoridad educativa local “es decir, en forma discrecional, dando certidumbre a la utilización de este recurso”.

Asimismo, el legislador del Distrito de Pánuco indicó que sería la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la dependencia responsable de operar el proceso para contar con los uniformes escolares y el paquete básico de útiles escolares; por lo que se encargaría de la adquisición, difusión y entrega en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En su exposición de motivos, el diputado dijo que los jóvenes se han visto obligados a dejar la educación escolar para ir a trabajar al campo, a las grandes ciudades o hasta otros países con tal de generar ingresos que alivien la economía familiar, incursionando en la vida laboral sin haber concluido la educación primaria y que muchos de estos problemas son generados por la falta de infraestructura adecuada y la situación de vulnerabilidad que presentan la familias.

“Por lo que respecta a la situación financiera de cada familia, al utilizar uniformes supone un ahorro aproximado del 40 por ciento en gasto de ropa para las familias. Respecto de los útiles escolares, estos son las principales herramientas con las que cada estudiante podrá aprender, desarrollar y formarse exitosamente en las escuelas, es por ello, necesario asegurar que los niños, niñas y adolescentes, alumnos inscritos en escuelas públicas en el nivel básico, cuenten con dos juegos de uniformes escolares y un paquete básico de útiles, mejorando con ello, las condiciones de su entorno que faciliten su educación”, afirmó.

Destacó que con esta iniciativa se estaría enriqueciendo el propósito de la reforma aprobada por el Pleno de la LXIV Legislatura, para dotar de uniformes a los niños y niñas inscritos únicamente en el nivel primaria en los municipios que se encuentren dentro de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria, ya que de ser aprobado el presente proyecto se incluirán al resto de las niñas y niños a todo aquel alumno inscrito en escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Veracruz.

Finalmente señaló que de aprobarse esta iniciativa se otorgarán beneficios con los que se podrá combatir la deserción escolar y continuar con la construcción de un Veracruz educado, retirando a los jóvenes de la calle y todos los riesgos que ésta implica y encaminándolos a una formación digna.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Educación y Cultura para su análisis y dictamen.

Este
martes 2 de de julio, la titular de la Unidad de Transparencia de la LXV
legislatura, Liliana López Coronado, dio inicio a una jornada más de
capacitación que ha implementado el Congreso de Veracruz en colaboración
institucional con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IVAI), con el objetivo de obtener la
certificación “Sujeto Obligado 100% Capacitado”, para este Poder.

En
estos trabajos participaron Jefes de Departamento y servidores públicos de las
diversas áreas que integran el Poder Legislativo,
quienes se instruyeron en los temas “Organización de Archivo” e “Inclusión a los Lineamientos para la Organización
y Conservación de los Archivos”; ambos
impartidos por la Directora de Archivos del IVAI, Gloria Elena González Landa.

La
titular de la Unidad de Transparencia Liliana López Coronado, dijo que “Sujeto Obligado 100% capacitado” consta
de once módulos, de los cuales el Congreso del Estado ha participado ya en
nueve, lográndose con ello un gran avance en la materia. Además de conocer a
fondo temas como: obligaciones de transparencia, protección de datos personales,
recursos de revisión, archivos, entre otros.

Asimismo,
destacó que en los siete meses que lleva la actual Legislatura se le ha dado
respuesta a más de 290 solicitudes de información en materia de transparencia a
ciudadanos que lo han solicitado, cifra que representa más del doble que la anterior
administración, en el mismo periodo.

“Las
solicitudes que hemos recibido van dirigidas principalmente a la aplicación de
recursos, salarios, actividades legislativas, entre otros; de las cuales se ha
dado el trámite correspondiente respondiendo a las interrogantes de los
ciudadanos, dando con ello cumplimiento a la Ley de Transparencia del Estado”,
destacó López Coronado.

Finalmente,
detalló que los cursos de capacitación que han venido ofreciendo, tanto
para el personal, como jefes de área, tiene
como propósito contar con mejores herramientas para que los sujetos obligados
puedan cumplir con el compromiso que tienen hacia la ciudadanía en temas de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales.

Como
parte del trámite legislativo, en relación a la solicitud presentada el pasado
20 de junio por el gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, sobre la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Mixtla de
Altamirano, este 28 de junio la Comisión Permanente Instructora, del Congreso
del Estado, llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos con la
participación de las partes, denunciante y denunciado.

Esta
instancia legislativa, integrada por los diputados Rubén Ríos Uribe,
presidente; Jessica Ramírez Cisneros, secretaria y Enrique Cambranis Torres,
vocal, con el apoyo de un secretario técnico llevaron a cabo la audiencia en la
que participaron, por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, el licenciado
Jesús Fernando Gutiérrez Palet y en representación del Ayuntamiento de Mixtla
de Altamirano, el Síndico, Ricardo Pérez Marcos.

Este
procedimiento, celebrado en la sala de sesiones Venustiano Carranza del Poder
Legislativo, se lleva a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo
148 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que señala “Cuando el Congreso del
Estado al recibir la denuncia, tenga conocimiento de que se han presentado las
causas previstas en el artículo 130 de esta ley, de inmediato la turnará a la
Comisión Instructora, para que sin demora notifique al Ayuntamiento, reciba las
pruebas y alegatos que éste ofrezca y emita un dictamen sobre la procedencia o
improcedencia de la declaración de desaparición del Ayuntamiento. Con vista en
el dictamen, el Congreso del Estado resolverá lo procedente”.

Además
del estricto cumplimiento con la ley, este acto se desarrolla en el marco del
principio de transparencia y garantía de audiencia para ambas partes; de esta
manera tanto el denunciante como del denunciado expusieron los argumentos que a
sus intereses conviene; en tanto los diputados los escucharon y valorarán las
pruebas.

A
la reunión acudieron los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la
Junta de Coordinación Política; Sergio Hernández Hernández, coordinador del
Grupo Legislativo del PAN; Raymundo Andrade Rivera y Margarita Corro Mendoza;
la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Margarita Montalvo Acahua y la
regidora, Valentina Temoxtle Juárez, así como personal de asesoría jurídica de
ambas partes.

De acuerdo
a lo dispuesto en la ley, corresponderá a la Comisión Instructora analizar las
pruebas y alegatos y con base en esto, elaborar el Dictamen respectivo determinando
en él la procedencia o improcedencia de la desaparición de poderes en Mixtla de
Altamirano.

La Comisión Permanente de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis)
realizarán los “Seminarios para el Fortalecimiento de la Gestión Municipal”,
dirigido a ediles de los 212 ayuntamientos de la entidad, informaron las
diputadas Florencia Martínez Rivera y Judith Pineda Andrade, presidenta y
vocal, respectivamente, de la citada instancia legislativa.

En rueda de prensa, celebrada este 27 de junio, la
diputada Florencia Martínez destacó que estos seminarios tendrán como sede:
Xalapa el 12 y 17 de julio en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Congreso del Estado, así como Coatzacoalcos en el mes agosto y Tantoyuca, en
septiembre.

Ante la presencia de la Auditora Especial de
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana del ORFIS, Flor Alicia
Zamora Pozos, la legisladora Martínez Rivera convocó a los ediles a participar
en estos foros, toda vez que –agregó- representa la oportunidad para llevar a
cabo una gestión pública municipal más eficiente, efectiva, fuerte y
transparente.

La diputada Judith Pineda Andrade destacó que los
temas a tratar en estos seminarios son: administración de riesgos en la gestión
municipal; diferencias entre control interno y fiscalización superior; aspectos
a ponderar para la contratación de créditos u obligaciones financieras;
planeación programática y financiera; calidad en la atención ciudadana;
gobierno transparente y abierto y reglamentación municipal con perspectiva de
género.

Finalmente, la maestra Flor Alicia Zamora Pozos hizo
la invitación a las y los ediles de la Zona Centro del Estado y anunció que en
breve se estará enviando la invitación por medios electrónicos.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz presentó
al Pleno del Congreso de Veracruz un anteproyecto con Punto de Acuerdo que
prevé exhortar a los 212 Ayuntamientos de la
entidad a crear e impulsar sus respectivos Comités Municipales del Deporte, así
como destinarles los recursos económicos necesarios para el correcto desempeño
de sus objetivos, en términos de lo dispuesto por la Ley del Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte para el Estado.

En su intervención durante la décima sesión
ordinaria, la presidenta de la Comisión
Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad señaló que existen
los elementos legales para que los Ayuntamientos veracruzanos actúen y atiendan
las demandas de la población en materia deportiva, sin perjuicio de que realicen
lo propio la autoridad Estatal y Federal.

Subrayó
que la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el estado de
Veracruz en su artículo 27 dispone que los ayuntamientos deben considerar
dentro de su presupuesto, -a propuesta del Comité Municipal del Deporte- una
inversión de hasta el 5 por ciento y no menos del 3 por ciento, de los ingresos
anuales para la difusión, promoción, construcción de infraestructura y
equipamiento, fomento, investigación o supervisión del deporte.

La
integrante del Grupo Legislativo de Morena dijo que al recorrer su distrito
constató el ímpetu con el que niñas, niños y jóvenes practican diferentes
deportes en sus comunidades y colonias.

Agregó que
en estos centros poblacionales es común observarlos jugando fútbol, béisbol,
básquetbol, entre otros deportes, pero sin las instalaciones ni el equipo
óptimo para ello, lo que implica que pese a poner todo su empeño, no alcancen
su máximo rendimiento al jugar en espacios inadecuados o en deficientes condiciones
y que además se expone a sufrir lesiones.

Expuso que
otra situación que frecuentemente enfrentan los deportistas, como los amateurs,
es que no tienen el apoyo suficiente para poder asistir a competencias dentro o
fuera del país, aunque por su entrega y mérito hayan ganado el derecho para
participar.

La
legisladora Cervantes de la Cruz detalló que deportistas, padres de familia y
docentes le han manifestado su inconformidad, toda vez que cuando acuden a
solicitar la intervención de sus autoridades municipales, principalmente las
encargadas en materia deportiva, se encuentran con negativas, falta de
disponibilidad técnica y presupuestal “en el peor de los casos evasivas”.

Refirió
que los esfuerzos legales e institucionales deben estar plenamente enfocados al
fortalecimiento de las capacidades, talento y destrezas de quienes al practicar
una disciplina deportiva, encuentran un medio para proteger y mejorar su salud,
tener calidad de vida, e incluso, para obtener importantes triunfos surgidos de
competencias estatales, nacionales e internacionales.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y
dictamen.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del
Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano–PRD presentó un anteproyecto de Punto
de Acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a
que expida el Reglamento que fije los procedimientos y requisitos para que
existan laboratorios clínicos certificados en la muestra de ADN, en los
términos del Decreto número 665 de fecha 29 de noviembre de 2018.

En el mismo, la legisladora señala que en Veracruz
se protege la vida desde la concepción, por ello es necesario proteger a las
niñas y los niños a través del reconocimiento de la maternidad y la paternidad
compartida por igual, para garantizar una mejor calidad de vida a los menores
de edad, para reducir el número de nacimientos de niñas y niños sin
reconocimiento voluntario y legal por parte del padre, y para favorecer la
igualdad entre los sexos como una obligación de atender por parte del Estado.

Han transcurrido 149 días más, a lo establecido en
el artículo Tercero Transitorio del Decreto número 665, destacó la diputada,
por lo que realiza este exhorto al Ejecutivo estatal; ya que sin el Reglamento,
“es letra muerta la prueba pericial en materia de genética molecular del ADN y sin
aplicación los artículos 289 Bis del Código Civil; 157 Bis y 157 Sexies del
Código de Procedimientos Civiles; 356 Bis de la Ley de Salud; y la fracción
XVII del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”.

Recordó que mediante los Decretos 863 del 7 de
octubre de 2010; y 313 del 14 de diciembre de 2011; se adicionaron los
artículos 289 Bis y 289 Ter, al Código Civil; y 157 Bis y 157 sexies; ambos del
estado; en ellos se establece como un medio idóneo para probar la filiación y
por ende, el reconocimiento de la paternidad y como consecuencia, el
otorgamiento de los deberes de asistencia económica hacia los hijos nacidos
fuera del matrimonio; la prueba de ADN realizada por instituciones certificadas
por la Secretaría de Salud.

Sin embargo continuó, esto no era suficiente, ya que
al quedar determinado que las pruebas de ADN debían ser realizadas por
instituciones certificadas por la Secretaría de Salud, se hacía imposible
presentar como medio de prueba un examen de estas características, ya que la
Secretaría de Salud no contaba con la facultad jurídica para dar
certificaciones a laboratorios clínicos públicos o privados para que pudieran
realizar la prueba de ADN.

Derivado de lo anterior, señaló en su intervención, el 13 de abril de
2018, el Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en
Xalapa, exhorta al Congreso del Estado para que adicione o modifique la Ley de
Salud del Estado, a fin de marcar los lineamientos para obtener la calidad de
“laboratorios clínicos certificados” en la toma de muestra del ADN y encuentre
su correlación con el artículo 157 bis del Código Procesal Civil vigente en el
Estado, a fin de garantizar el derecho fundamental de la paternidad.

Dijo que en la Novena Sesión Ordinaria, del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, celebrada el 28 de junio de 2018, la LXIV Legislatura aprobó la
adición de un Capítulo y un artículo a la Ley de Salud; y la adición de la
fracción XVII al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambas para
el Estado. Adiciones que entraron en vigor mediante el Decreto 665 publicado en
la Gaceta Oficial, de fecha 29 de noviembre de 2018.

En este Decreto se establece la facultad que tiene la Secretaría de Salud
para vigilar, acreditar y certificar a todas las Instituciones Públicas o
Laboratorios Clínicos Privados para que realicen pruebas en ADN, en términos de
lo establecido en los artículos 289 Bis del Código Civil; y 157 Bis y 157 sexies
del Código de Procedimientos Civiles; ambos para el Estado.

Asimismo, en el Decreto antes citado, en su artículo Tercero Transitorio
estableció un plazo de 60 días para que el Ejecutivo del Estado expidiera un
Reglamento que fijará los procedimientos y requisitos para que las
Instituciones Públicas y Laboratorios Clínicos Privados puedan obtener su
certificación para expedir pruebas periciales en materia de genética molecular
del ADN. Plazo que concluyó el día 29 de enero de 2019, destacó la legisladora
“sin que hasta la fecha el Ejecutivo del Estado haya expedido el Reglamento
respectivo”.

El anteproyecto fue turnado, para su estudio y
dictamen, a la Junta de Coordinación Política.

La
diputada María de Jesús Martínez Díaz, del Grupo Legislativo del Partido de
Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto de punto de acuerdo donde se
exhorta a las autoridades competentes a dar cumplimiento a la reforma del
Código de Derechos por el que se exceptúa el cobro del derecho de inscripción,
de los contratos relativos a la constitución de créditos agrícolas con garantía
hipotecaria, celebrados entre los productores del sector primario.

Recordó
que durante la Sexagésima Cuarta Legislatura se aprobó una iniciativa de
decreto que reformó diversas disposiciones del Código de Derechos para el estado
de Veracruz, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número
Extraordinario 362 de fecha 10 de septiembre de 2018.

Esta
reforma, puntualizó la legisladora, tuvo como finalidad exceptuar el pago de
las inscripciones al Registro Público de la Propiedad en el estado de Veracruz,
por créditos hipotecarios destinados a la producción en el sector primario, ya
sean otorgados por instituciones bancarias de primer o segundo piso; o fondos o
de riesgo compartido.

Lo
anterior –añadió- permitiría que la contratación de créditos sea menos costosa,
otorgando facilidades para acceder a programas, apoyos y fondos agrícolas del
Gobierno Federal, Estatal y de instituciones crediticias.

Sin
embargo aseguró “es una verdadera pena que dicha reforma, hoy vigente, no se
aplique porque no es acatada en sus términos
por los titulares de las oficinas del Registro Público de la Propiedad
en las diferentes zonas registrales que se encuentran en el estado de Veracruz,
y que dependen de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y
de Inspección y Archivo General de Notarías, y este a su vez de la Secretaría
de Gobierno”.

Asimismo,
subrayó que en este caso los servidores públicos responsables de los registros
públicos de la propiedad, de acuerdo a los estatutos legales estarían
cometiendo los delitos de Incumplimiento del deber legal, establecido en el
artículo 319 del Código Penal del Estado de Veracruz.

Además,
de violentar la Ley del Registro Público de la Propiedad en su artículo 76, así
como la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz.

El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su
trámite legislativo correspondiente.

El
diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del Estado, presentó un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que a
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, constituya el Instituto
Veracruzano de Atención a Migrantes.

El
diputado, presidente de la Comisión de Población y Atención a Migrantes,
presentó el Anteproyecto que incluye, dotar al Instituto de la estructura
orgánica necesaria y recursos presupuestales suficientes a efecto de estar en
condiciones de cumplir los fines establecidos en la Ley de Atención a Personas
Migrantes y sus Familias para el estado de Veracruz.

Al
exponer sus consideraciones, recordó que la Legislatura anterior, presentó la
Ley de Atención a Personas Migrantes y sus familias para el estado de Veracruz
el 5 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado.

La
citada ley, reconoce el derecho de las personas migrantes y sus familias para
acceder a los servicios de salud provistos por los sectores públicos y privados,
e incluso a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo
de atención médica urgente, así como también a acceder a los servicios
educativos provistos en la entidad por los sectores público y privado.

También
considera la creación del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; sin
embargo en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 no se
consideró una previsión económica expresa, por lo que, el 17 de enero de este
año, el diputado por el distrito XVI de Boca del Río, presentó un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo que señalaba la urgencia de realizar los ajustes
correspondientes; no obstante en los ajustes presupuestales del mes de abril,
tampoco se consideró recurso alguno.

Como
resultado de lo anterior –recordó-, el 13 de junio el Pleno de esta Soberanía
aprobó un Proyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortó a diversas
autoridades estatales y a los Ayuntamientos del Estado a implementar acciones
tendientes a proteger y garantizar los derechos humanos de la población
migrante en su recorrido por el territorio veracruzano.

El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su
análisis y dictamen.

El
diputado José Magdaleno Rosales Torres, integrante del Grupo Legislativo de
Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo donde exhorta al titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal para que
atienda de manera urgente la problemática que enfrenta el Registro Agrario
Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria en el estado de Veracruz, por la falta
de recursos materiales, humanos y de infraestructura tecnológica necesarios
para garantizar una atención eficiente a los ejidatarios y representantes de
los núcleos de población ejidal de la entidad.

Como
es de conocimiento, dijo el legislador, la SEDATU está orientada a la
planeación, ordenamiento y desarrollo territorial y de vivienda, apoyando los
programas de modernización de los registros públicos de propiedad, aportando
diagnósticos en materia de crecimiento demográfico y control territorial. Asimismo,
con funciones administrativas el RAN, resolverá las cuestiones relacionadas con
los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales con la
participación de las autoridades estatales y municipales.

El
objetivo real y funcional de estos organismos, aseveró Rosales Torres, es que
se cuenten con los recursos suficientes para que sean atendidas las solicitudes
que día a día realizan los ejidatarios en estas dependencias, para que den
pronta solución a la regularización de sus trámites.

Aseguró
que dentro del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, se contempla impulsar
la competitividad del sector primario, elevando la calidad de los productos del
campo, logrando con ello el crecimiento, la sostenibilidad y fortalecimiento de
infraestructura rural e hidroagrícola, atrayendo con ello fuerza productiva al
campo.

El
legislador dijo que los ejidatarios de la entidad están complacidos con las
estrategias que el Gobierno actual ha creado respecto a financiamientos y
programas de desarrollo social para el campo, proveyendo acceso a créditos con
bajas tasas de interés, entre otros beneficios; sin embargo, agregó, uno de los
problemas con los que se enfrentan es que deben contar con certeza jurídica,
traducida en un título de propiedad, certificado parcelario o escritura
pública.

Día
a día cientos de veracruzanos asisten a la RAN para realizar los diversos trámites, continuó,
que va desde la inscripción de lista de
sucesión hasta la expedición de constancias, certificados parcelarios y títulos
de propiedad, pues al día de hoy no cuentan con certeza jurídica sobre su
propiedad.

“La
problemática que ha enfrentado por años el RAN y la Procuraduría Agraria en el estado
de Veracruz, es la corrupción, pues éstas dependencias han sido olvidadas, la
falta de recursos en sus instalaciones, el deficiente y obsoleto equipo de
trabajo y personal insuficiente, son factores que determinan que los trámites
sean olvidados y no les den seguimiento por la falta de recursos”, puntualizó
el legislador del distrito de Medellín.

Finalmente,
expuso que la SEDATU, requiere de una alta cantidad de recursos humanos,
institucionales y técnicos, ya que debe enfrentar retos de administración como
la administración de terrenos de la Nación.

Pero
sobre todo, debe trabajar y dotar de recursos materiales y humanos e
infraestructura técnica, a sus organismos como lo son el RAN y la Procuraduría
Agraria, a fin de hacer accesibles la tramitación de los documentos con el fin
de garantizar una atención de calidad.

En el marco del Día Naranja (conmemorado cada 25 de
mes), en el Congreso de Veracruz se llevó a cabo el Taller de Prevención y
Atención de la Violencia Digital, organizado por el Centro de Estudios para la
Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) y en el cual participaron
las diputadas Mónica Robles Barajas, Ivonne Trujillo Ortiz y Brianda Kristel
Hernández Topete, así como los legisladores Juan Javier Gómez Cazarín y Alexis
Sánchez García.

Este taller, realizado a partir de la reforma al
Código Penal, aprobada por la LXV Legislatura el pasado 23 de mayo, y en el
cual se incorporó el capítulo “Delitos contra la privacidad sexual”, conocido
mediáticamente como “Ley Olimpia” se llevó a cabo dirigido a Unidades de Género
de los tres poderes del Estado, sociedad en general y activistas, a fin de
compartir experiencias y capacitarse para reconocer estos hechos y
denunciarlos.

Tras agradecer la asistencia de diputadas y
diputados, ciudadanas, expertas en la materia y servidoras públicas, la
encargada del CEIGDH, Mónica Mendoza Madrigal destacó la integración paritaria
de la LXV Legislatura de Veracruz y dijo que la “Violencia Digital” es un tema
que está dándose de los Estados a la Federación, por lo que en la medida que
vayan sumándose más entidades y aprueben esta ley, tomará “más fuerza” en el
Congreso de la Unión, “para ello es fundamental el trabajo articulado y
solidario de las diputadas y diputados locales”, abundó.

Acto seguido, cedió el uso de la voz a la presidenta
de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Ivonne Trujillo, quien
subrayó que el delito ya está tipificado y ahora corresponde crear conciencia y
evitar que esta práctica se multiplique.

Agregó que este Taller es una buena manera de
fusionar el trabajo legislativo con las políticas públicas en favor de la
sociedad, además que representa una excelente estrategia para emprender,
sociedad y gobierno, acciones concretas que permitan abordar y resolver
problemas específicos, tales como el que hoy ocupa, la violación a la intimidad
sexual.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia y
Puntos Constitucionales, diputada Mónica Robles Barajas hizo un reconocimiento
público a la activista Olimpia Coral Melo, “ella no ha descansado para que se
legisle en la materia y hoy reconozco a hombres y mujeres que han creído y se
han sumado a su lucha”.

Recordó que esta reforma, puesta a consideración del
Pleno por la Comisión que ella preside, registró 42 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra, “todas las fuerzas políticas se sumaron, porque
no hay banderas de partidos, nos une avanzar en la protección de los derechos
humanos de las mujeres”.

Asimismo, recordó el trabajo de sus homólogas
Rosalinda Galindo Silva, Erika Ayala Ríos y Montserrat Ortega Ruiz, toda vez
que coinciden con ella en que esta reforma es el primer paso y ahora
corresponde continuar fortaleciendo la legislación para contar una plena
libertad sexual, “sigue el tema del ciberacoso e incluir la violencia digital
en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como una de
sus formas”, adelantó la legisladora por Coatzacoalcos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables, diputada Brianda Kristel Hernández Topete
celebró la realización de este foro e indicó que las nuevas tecnologías permite
una comunicación más rápida y fácil entre la sociedad, sin embargo –añadió- es
necesario contar con una legislación de vanguardia que prevenga el uso
inadecuado de la misma, para no dejar a la impunidad aquellos actos que vulneran
la dignidad y los derechos humanos de la sociedad.

La Fundadora del Frente Nacional por la Sororidad,
Olimpia Coral Melo informó que este 27 de junio el Congreso de Coahuila votará
la reforma para tipificar este delito y, de aprobarse, sería la novena entidad
de la República en contar con un mecanismo de este tipo. Además anunció que en
breve se reunirán con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputada María Wendy Briceño
Zuloaga con el propósito de trabajar en una reforma en la materia.

Este evento fue inaugurado a las 10:15 horas por el
presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez
Cazarín y asistieron la diputada María Esther López Callejas; la encargada del
Instituto Veracruzano de las Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez; la
Subdirectora de Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado, Ana Elena Portilla Palacios y en representación del
Secretario General, Domingo Bahena Corbalá, acudió David Castañeda Polanco, así
como la activista Martha Mendoza Parissi, entre otros.

La LXV Legislatura del Estado creó la Comisión
Especial para la Atención, Fomento,
Producción, Industrialización y Comercialización del Cultivo del Hule
Veracruzano a fin de promover un desarrollo integral de las regiones
productoras mediante la promoción de un Plan Integral de Crecimiento en el
Cultivo del Hule.

Lo anterior,
al aprobarse –con 36 votos- el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), resultado del anteproyecto que presentó el pasado 13 de junio la
diputada del Grupo Legislativo de Morena, Deysi Juan Antonio.

De igual
forma se determinó que esta instancia legislativa estará conformada por:
diputada Deisy Juan Antonio, presidenta; diputado Alexis Sánchez García,
secretario y las legisladoras Jessica Ramírez Cisneros y Florencia Martínez
Rivera, como vocales.

El
documento alude a lo expuesto por la autora en relación a que los principales
municipios productores de hule son Uxpanapa, Las Choapas, Hidalgotitlán,
Tezonapa, Playa Vicente, Jesús Carranza, Minatitlán, Santiago Sochiapan, Agua
Dulce, José Azueta y Moloacán y que esta actividad genera ingresos y un mejor
nivel de vida a las familias que se dedican a esta industria, que constituye
una alternativa sustentable para el desarrollo del campo veracruzano.

El cultivo
del hule es una fuente permanente generadora de empleos, ya que por cada tres
hectáreas se crea un empleo directo durante 30 años, que es la vida útil de un
árbol, refiere el documento.

-Aprueban
ayuntamientos reforma al artículo 21 de la Carta Magna del Estado-

En la sesión se dio a conocer el Informe de la
Secretaría General, en relación a la aprobación por parte de 119 ayuntamientos
de la entidad, del Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 21 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con el cual
se garantiza la paridad de género en la integración del Congreso local.

Tras el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Reglamentaria, el presidente del H. Congreso del Estado, diputado José Manuel
Pozos Castro emitió la declaratoria correspondiente y ordenó remitir al
Ejecutivo estatal el Decreto para su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.

Con
31 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, aprobó la reforma al
artículo 230 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz, referente a
la concesión de tiendas de alimentos en las escuelas, presentada el pasado 20
de junio por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del
Grupo Legislativo de MORENA.

La
Comisión Permanente de Educación y Cultura estimó procedente la iniciativa que
garantizará la transparencia y control de los ingresos que se capten por el otorgamiento
de las concesiones de las tiendas para venta de alimentos, dentro de los espacios
físicos de los planteles educativos.

Al
debatir el dictamen, en lo general y en lo particular, participaron como
oradores las y los diputados Judith Pineda Andrade, Rodrigo García Escalante, Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, Juan Carlos Molina Palacios, Bingen Rementería
Molina, Brianda Kristel Hernández Topete, Rubén Ríos Uribe, Montserrat Ortega
Ruiz, María Josefina Gamboa Torales, Ivonne Trujillo Ortiz y Deisy Juan
Antonio.

De
acuerdo con la reforma aprobada, el Código Financiero estatal fijará que las
licitaciones para las concesiones de estas tiendas, se apegarán a lo dispuesto en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado.

La
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) fijará los lineamientos y parámetros
para llevar a cabo tal procedimiento y un Comité de Licitaciones responsable de
la convocatoria, en términos de los criterios propuestos y el encargado de
emitir el fallo correspondiente en el respectivo proceso.

El
Comité de Licitaciones estará integrado por el Secretario de Educación;
subsecretario de Educación Básica; subsecretario de Educación Media Superior y
Superior; del Director Jurídico de la SEV, así como por un representante de la
sociedad de padres de familia y un representante del Consejo Estatal de
Participación Social.

Los
ingresos obtenidos por concepto de concesiones de tiendas para la venta de
alimentos, en las escuelas del sistema público del Estado, se destinarán al
mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los mismos y servicios
correlacionados, así como para las consecuentes tareas de supervisión
educativa, apoyo a la gestión docente y programas que se determinen en los
Lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

La
SEV será la que reciba, administre y realice la comprobación de los recursos a
los que se refiere el presente numeral, para estos efectos el 70 por ciento de
los recursos obtenidos se aplicará al mantenimiento y conservación de la
infraestructura física de los planteles educativos públicos; el 20 por ciento a
las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los
sectores y zonas de las modalidades educativas públicas mencionadas; y el 10
por ciento restante, a programas que se determinen en los lineamientos que
dicte la autoridad educativa local.

El
Presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, ordenó
emitir el Decreto correspondiente y enviarlo al Ejecutivo para su publicación
en la Gaceta Oficial del Estado.

El diputado Juan Carlos Molina Palacios, integrante
de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, puso a
consideración del Pleno un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER),
y al del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA),
activen los protocolos sanitarios necesarios, para que los ganaderos mexicanos
puedan exportar ganado de registro en pie, semen y embriones.

Asimismo, al titular del Poder Ejecutivo Federal para
que instruya a la Guardia Nacional para que impida la entrada de ganado de
origen centroamericano a México, lo que se realiza de manera ilícita, sin
ningún control sanitario y que lastima la economía de los ganaderos mexicanos.
De igual forma, a las Cámaras de Senadores y de Diputados Federales, para que
en apoyo a los productores nacionales, den seguimiento a este tema.

El legislador Molina Palacios señaló que México es
un gran exportador de ganado para engorda e indicó que solo en el ciclo
2017-2018 se comercializó un millón 115 mil 860 becerros a Estados Unidos de
América, originarios primordialmente de los estados de Chihuahua, Coahuila,
Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz; así como productos
cárnicos y ganados en pie a más de 15 países, destacando como destino, entre
otros, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Egipto y Singapur.

México, destacó el diputado independiente, es líder
agroalimentario a nivel mundial, ocupando el onceavo lugar en producción
agropecuaria, lo que ha permitido un crecimiento constante. Las exportaciones
del sector agroalimentario aumentaron un 43 por ciento llegando a 35 mil
millones de dólares y el incremento de las exportaciones en el sector no solo
ha sido en volumen, sino con presencia en nuevos mercados como el Chino y el
europeo, agregó.

Gracias al esfuerzo de productores y ganaderos, subrayó,
el sector agroalimentario mexicano es una industria estratégica en la economía,
los productores y comercializadores de carne de res, cerdo y pollo y en algunos
casos pescado, tienen ya una ruta crítica definida, que les permite exportar a
cualquier parte del mundo, “gracias entre otras cosas, al cumplimiento de los
protocolos de sanidad, que México ha logrado consolidar a través del tiempo”.

El diputado Molina Palacios acotó que los ganaderos
y el gobierno de México tienen que trabajar urgentemente para contar y cumplir con
los protocolos sanitarios en la venta de genética, entendida como ganado de registro
en pie, semen y embriones.

El Anteproyecto de Punto de Acuerdo, se turnó a la
Junta de Coordinación Política, para el trámite legislativo correspondiente.

A nombre de los integrantes del Grupo Legislativo Mixto
PRI-PVEM, la diputada Erika Ayala Ríos, presentó una Iniciativa de Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado, para que las personas responsables de evaluar el desempeño de los
juzgadores tengan los conocimientos y capacidad indispensables para realizar la
función encomendada en la Constitución.

Que se traduzca -destacó ante el Pleno la
legisladora-, en una impartición de justicia eficiente, y con ello se dé
respuesta a una de las demandas más recurrentes de la sociedad, que es la de
acceder a una justicia pronta y expedita.

Ante la importancia de las funciones del Consejo de
la Judicatura, continuó, se propone retomar la disposición original referente a
los requisitos para ser consejero, que sean estos los mismos que se señalan
para ser magistrado del Poder Judicial y prohibir expresamente la dispensa de
ley de alguno de los requisitos.

Lo anterior, señaló, para garantizar que los
integrantes del Consejo cuenten con la experiencia, vinculación con la realidad
estatal, preparación académica y buena reputación, necesarias para evaluar el
quehacer jurisdiccional de los servidores de ese Poder.

Con lo anterior, dijo la diputada Erika Ayala, se
homologaría la disposición constitucional local con la establecida para el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, que en el
artículo 100 de la Carta Magna Federal señala que todos los consejeros deberán
reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la misma, los previstos
para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de
haberse distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

Finalmente, para concluir su intervención, considera necesario adicionar un párrafo al artículo 58
constitucional estatal, en el que se señalan los requisitos para ser magistrado
del Poder Judicial del Estado, a efecto de establecer expresamente la
prohibición de dispensar alguno de dichos requisitos en el proceso de
designación de magistrados.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales, para continuar su trámite legislativo.

El
diputado Sergio Hernández Hernández, coordinador del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura,
presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 70 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, que
permitiría la reelección de ediles y que la primera diputación por el principio
de representación proporcional de cada fuerza política, recayera en el
candidato que no resulte ganador pero que obtenga el mejor resultado entre los
candidatos de su partido.

La
Iniciativa propone reformar la fracción II y el primer párrafo de la fracción
III del artículo 21, así como el primer párrafo del artículo 70; y adicionar
los incisos a) y b) a la fracción III del artículo 21 y un segundo párrafo al
artículo 70 de la Constitución Política del Estado.

Al
hacer uso de la voz, el diputado Sergio Hernández reconoció que hablar de
reelección siempre ha sido polémico y aunque en el país ya se han dado los
primeros pasos, en Veracruz todavía quedan pendientes.

Destacó
que en el ámbito municipal y legislativo, las elecciones consecutivas son de
suma relevancia y trascendencia para la vida democrática del país y sobre todo
del municipio, toda vez que permiten a los ciudadanos evaluar la gestión,
resultados y administración de las autoridades municipales.

«De
aprobarse esta reforma podríamos tener elecciones cada tres años a partir del
año 2021», expuso.

Por
otro lado, con la finalidad de fortalecer la representación de las distintas
fuerzas políticas en el Congreso, y en aras de fomentar la competencia de los
candidatos a diputados de mayoría relativa en los distritos es que se propone
que la primera diputación por el principio de representación proporcional de
cada fuerza política, recaiga en el candidato que estando registrado para
competir en un distrito, no resulte ganador pero obtenga el mejor desempeño de
entre los candidatos de ese partido.

De
esta forma, el candidato o candidata que a pesar de haber realizado una campaña
exitosa y haber ganado la confianza de los ciudadanos, no haya obtenido la
mayoría en su distrito, podrá llegar a ocupar una curul por la vía plurinominal,
al haber obtenido el mejor resultado de entre todos los candidatos de ese
partido político que en una elección determinada, no hayan alcanzado el
triunfo.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su análisis y dictamen.

Al participar en el Foro de Resultados del Proyecto
“Acciones legales eficaces contra la violencia política” la diputada Mónica
Robles Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales del Congreso de Veracruz, expresó que aún cuando han habido
avances, en materia de participación igualitaria de las mujeres en la vida
pública, sigue habiendo grandes retos para consolidar una sociedad justa y
democrática en este aspecto.

Ante la presencia de la diputada Montserrat Ortega
Ruiz, vocal de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables,
y de la presidenta de la Asociación “Hagamos Algo”, Rosa Aurora García Luna, la
legisladora Robles Barajas dijo que cada logro en materia de paridad de género
no ha sido fácil y que representa no solo el trabajo de mujeres, sino también
de hombres que se han sumado a la lucha, “estamos a 96 años de la primer mujer
votada, Elvia Carrillo Puerto, originaria de Yucatán”.

Tras la presentación del presídium y de la
proyección de un video con testimoniales de violencia política, la diputada del
Grupo Legislativo de Morena, recordó que fue en 1996 cuando se estableció la
cuota de género del 30 por ciento y en el que se planteó que las candidaturas
fueran para un mismo género, a fin de evitar cualquier “trampa” que pudiera
generarse al interior de los partidos políticos.

Asimismo, enfatizó que en 2013 se reformó el Código
Electoral federal y al mismo tiempo se trabajó en Veracruz las reformas para
incluir esta paridad, “pero fuimos más allá, establecimos la paridad horizontal
y vertical, porque de lo contrario íbamos a tener 212 candidatos a presidencias
municipales y 212 candidatas a síndicas”, detalló.

Por otra parte, agregó que el tema de violencia es
algo evidente y que existe un gran desafió ante una sociedad que se le
dificulta compartir el poder, “creo que como sociedad la participación
igualitaria de las mujeres es en beneficio de todos”.

La legisladora Montserrat Ortega anunció su respaldo
a la iniciativa que resultó de este Foro e indicó que desde el Congreso local
se pueden impulsar legislaciones para generar mecanismos para afianzar los
modelos de participación igualitaria, “de esta manera vamos a construir una
sociedad, justa, democrática y un mejor país”.

A este evento acudieron la encargada del Centro de
Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del
Estado, Mónica Mendoza Madrigal; la encargada del Instituto Veracruzano de las
Mujeres, María del Rocío Villafuerte Martínez y el investigador Jacobo
Domínguez Gudini, así como servidoras públicas municipales y del Instituto Nacional
Electoral, delegación Veracruz.

El
Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen, puesto a
consideración por la Comisión Permanente de Gobernación, por el cual se concede
el cambio de denominación de la Congregación “Barragantitlán” por el de “Villa
Espíritu Santo”, perteneciente al municipio de Ixhuatlán del Sureste del estado
de Veracruz.

En
la sesión ordinaria, décima del segundo periodo ordinario, fue aprobado con 47
votos a favor, sin votos en contra o abstenciones este Dictamen.

El
documento señala que esta modificación es resultado de la iniciativa promovida
por Wilbert Luis y Víctor Manuel Antonio Vázquez, presidente y secretario,
respectivamente, de este municipio del sur de la entidad. La cual se encuentra
fundamentada en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Ixhuacán del Sureste y cuyo
acuerdo fue tomado por unanimidad.

Las
consideraciones planteadas refieren a los antecedentes históricos de la
Congregación, así como la voluntad de los habitantes, a través de un documento
firmado en original, quienes se manifiestan en aprobar la modificación del
nombre, para denominar a este lugar como antiguamente era llamado: “Villa del
Espíritu Santo”.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen,
resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de mayo por el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, por el que se reforman diversas disposiciones del
Código Financiero de la entidad relativas a incorporar a la base gravable a los
prestadores de servicios digitales de hospedaje y actualizar las tasas tributarias
de impuestos por concepto de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y
concursos.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la
Comisión de Hacienda del Estado, registró 45 votos a favor y tres en contra.

De esta manera se establece que son objetos del
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje los departamentos, casas,
total o parcialmente utilizados para
estos servicios, incluyendo los ofertados por medio de aplicaciones, redes
sociales, plataforma digital o cualquier otro medio de aplicación similar.

Se entiende
por plataforma digital la aplicación tecnológica mediante la cual la
persona física o moral administradora opera en su carácter de gestor,
intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, que
permite a los usuarios contratar servicios de hospedaje.

Son objetos del impuesto sobre loterías, rifas,
sorteos, juegos con apuestas y concursos, además de los ya señalados, las
erogaciones que se realicen por participar en juegos con apuestas.

El impuesto se causa al momento en que se efectúe la
explotación de las actividades señaladas anteriormente, al instante del pago o
entrega del premio y en el momento en que se realicen las erogaciones por
participar en juegos con apuestas.

Para los efectos de este impuesto, se considera
apuesta el monto susceptible de apreciarse en moneda nacional que se arriesga
en un juego de los que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, con la posibilidad de obtener
o ganar un premio, cuyo monto sumado a la cantidad arriesgada deberá ser
superior a ésta.

Quedan comprendidos en los juegos con apuestas,
independientemente del nombre con el que se les designe, aquéllos que requieran
permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal, así como la
realización de juegos y concursos en los que el premio se obtenga por la
destreza del participante en el uso de máquinas, independientemente de que en
el desarrollo de los mismos se utilicen imágenes visuales electrónicas como
números, símbolos, figuras u otras similares.

A las personas físicas o morales, relacionadas con
la materia, les será aplicable una tasa de 10 por ciento sobre el monto de las
erogaciones que efectúen para participar en juegos con apuestas, ya sean
pagados en efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita
participar en los mismos.

Asimismo, se establece como obligaciones de los
contribuyentes el calcular y retener el impuesto que corresponda a los premios
pagados, o entregados, así como el impuesto por las erogaciones que se realicen
por participar en juegos con apuestas, y enterarlo a las autoridades fiscales correspondientes mediante las formas
y conductos autorizados, y dentro de los plazos establecidos.

Además de dictaminar la determinación y pago de
este impuesto, por medio de un contador
público autorizado, a más tardar en el último día hábil del mes de julio de
cada ejercicio, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto
expidan las autoridades fiscales.

La exposición de motivos del Dictamen refiere que de
acuerdo a la información publicada en diciembre de 2018, por la Asociación de Permisionarios, Operadores y
Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México
A.C., a nivel nacional existen 353 salas de juego, de las cuales en el Estado de Veracruz operan 20, siendo
una de las siete Entidades con la mayor concentración de la industria.

A nombre
del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Rosalinda Galindo Silva dijo que
entidades como Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Oaxaca y Ciudad de México,
legislaron sobre el pago de impuestos de los prestadores de servicios de
hospedaje a través de plataformas digitales, en todos estos casos regularizados
con una tasa del 3 por ciento.

En tanto
en Veracruz –agregó- y ante el justo reclamo de prestadores de servicios de
hospedaje tradicional se incorporan con una tasa del 2 por ciento a los
prestadores de servicio a través de las plataformas digitales de Internet.

En
relación a juegos y sorteos, explicó que es imperativo replantear de manera responsable
y equitativa, en beneficio del pueblo, el Impuesto sobre Loterías, Rifas y
Sorteos y se actualicen sus tasas del 3.5 al 6 por ciento para quien organiza,
del 5.21 al 6 por ciento para quien obtiene un premio y se adicione la tasa del
10 por ciento por la participación en los juegos.

Abundó que
con el fin de incentivar la actualización del Padrón Vehicular, y en beneficio
de la economía de los veracruzanos, se propone disminuir en un 70 por ciento
este impuesto, para quedar gravado en lugar del 2 por ciento del costo
vehicular por un .60 por ciento del pago vehicular por cambio de
propietario.

Debido a que la Comisión de Selección, del Sistema
Estatal Anticorrupción, registra la falta de dos de sus miembros, la LXV
Legislatura aprobó –a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo)- la convocatoria pública para la elección de las dos personas que
habrán de suplirlos.

El documento de la Jucopo, avalado con 42 votos,
señala que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz no contiene
previsión alguna para las faltas de los integrantes de la Comisión de
Selección. Sin embargo –agrega- dada la importancia que la opinión pública
concede a la lucha contra la corrupción, juzga necesario que esta Soberanía
convoque para recibir propuestas con la finalidad de nombrar a los dos
comisionados.

De esta manera, se convoca a las instituciones de
educación superior y de investigación del Estado, así como a organizaciones de
la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de
cuentas y combate a la corrupción para que propongan candidatos a fin de
integrar debidamente la Comisión de Selección.

Se establece que esta convocatoria norma el
procedimiento para la designación, por el Congreso del Estado y por el tiempo
que reste al momento del nombramiento para concluir el período de tres años, de
dos integrantes de la Comisión de Selección prevista en el artículo 18 de la
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.

Las propuestas de ciudadanas y ciudadanos que
puedan ocupar los cargos mencionados se recibirán a partir de la publicación de
la presente Convocatoria y hasta el 12 de julio de este año, de lunes a
viernes, en horario de 9:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la Presidencia de
la Jucopo.

La propuesta deberá acompañarse de un escrito en el
que la organización o institución respectiva, o el propio aspirante, exprese
los motivos por los que considera que la persona propuesta es apta para aspirar
al cargo; curriculum vitae, firmado por el aspirante, y documentación soporte en original o copia
certificada para su cotejo y copia certificada del acta de nacimiento.

Así como copia certificada de la credencial para
votar con fotografía y carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta
de decir verdad, que reúne todos los requisitos exigidos en la presente
Convocatoria y que no tiene impedimento legal alguno para desempeñar el cargo.

Dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes
a la conclusión de la recepción de los documentos, la Jucopo entrevistará a
cada uno de los aspirantes y, concluido lo anterior, contará con un plazo de
hasta cinco días hábiles para efectuar la revisión exhaustiva del cumplimiento
de los requisitos señalados en la presente Convocatoria.

Posteriormente, la Jucopo formulará al Pleno un
proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá a las dos personas que se
requieren para integrar debidamente la Comisión de Selección.

El
Pleno de la LXV legislatura aprobó, durante su décima sesión ordinaria, la
reforma a los artículos 100 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Poder legislativo del Estado, propuesto por integrantes la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), con la cual se establece que los dictámenes con
proyecto de Acuerdo presentados por las diferentes Comisiones y por la Jucopo,
serán sometidos a votación económica, quedando sin efecto la votación nominal.

Esta
disposición será exceptuada cuando haya una petición de un diputado, secundada
por tres diputados más, en donde de ser el caso, se llevará a cabo la votación de
manera nominal.

Asimismo,
se determinó que los dictámenes con Proyecto de ley, Decreto o Iniciativa ante
el Congreso de la Unión, continuarán siendo sometidos a votación nominal, tanto
en lo general como en lo particular.

De
igual forma se derogó la fracción V del
artículo 101 del citado Reglamento, toda vez que ha perdido vigencia, debido a
que actualmente para la aprobación de reformas constitucionales parciales sólo se
requiere de un periodo ordinario, y no de dos, como se establecía
anteriormente.

En su Dictamen,
la Comisión Permanente de Gobernación afirmó que con estas reformas se busca el
desempeño más ágil y dinámico de las sesiones legislativas, beneficiando el
desahogo del orden del día.

El Dictamen
registró 31 votos a favor, 3 en contra y sin abstenciones.

El
diputado Eric Domínguez Vázquez, a nombre de varias organizaciones de la
sociedad civil papanteca, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el
que se exhortaría a las autoridades municipales, estatales y federales, a
reconsiderar la expedición de licencias o permisos que pongan en riesgo el
Centro Histórico de la ciudad de Papantla de Olarte, así como la denominación
federal turística de Pueblo Mágico.

Al
hacer uso de la voz, el legislador recordó que Papantla está catalogada desde
el año 2006 como Pueblo Mágico por su arquitectura histórica, por ser cuna de El
Tajín, de la vainilla y de paisajes naturales. “A diferencia de otros Pueblos
Mágicos, Papantla cuenta con un atractivo sin igual porque posee una cultura
viva, milenaria que predomina, la Totonaca”, subrayó.

Destacó
que el municipio tiene el Sitio de Monumentos Arqueológicos de El Tajín
nombrado en 1992 como Patrimonio Cultural de la Humanidad; la Danza de los
Voladores de Papantla, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2009 y el
Centro de las Artes Indígenas, nombrado Mejores Prácticas de Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial en 2012.

Explicó
que en el año de 2006, Papantla recibió la denominación de Pueblo Mágico,
categoría que mantuvo durante tres años, debido al incumplimiento de las
especificaciones del Programa Federal, esto como consecuencia del crecimiento
descontrolado de comercio informal (ambulantaje) y el nulo mejoramiento del
primer cuadro de la ciudad.

“Las
autoridades de ese momento, actuaron con irresponsabilidad y desinterés,
ocasionando un daño económico al municipio; sin embargo, la sociedad se
organizó y en un gran esfuerzo en el año 2012 se recuperó el programa de
Pueblos Mágicos que continúa hasta el día de hoy”, aseveró el legislador.

El
representante del Distrito VI, consideró que hoy la historia se repite y se
corre el riesgo de perder la denominación de Pueblo Mágico, debido a que las
actuales autoridades municipales pretenden otorgar los permisos para que se
lleve a cabo la construcción de una cadena trasnacional de tiendas de
autoservicio, junto con un estacionamiento, dentro del primer cuadro de la
ciudad, a una calle del Centro Histórico.

Recalcó
que está de por medio un edificio histórico que data del Siglo XIX y que será
destruido para levantar ese centro comercial.

Consideró
que la instalación de esta empresa, generaría pérdidas económicas a los
locatarios de los mercados tradicionales Miguel Hidalgo, Benito Juárez y del
mercado de las Artesanías, ya que se encuentran a escasos 190 metros de donde
se planea la construcción de la trasnacional; además, señaló la saturación vial
que esto generaría en el primer cuadro de la ciudad.

“Señoras
y señores diputados, que quede claro, no estamos en contra de traer
inversiones, porque conllevan la generación de fuentes de empleos directos al
municipio, pero los elementos puestos a su consideración son tan contundentes,
para que la instalación de la cadena trasnacional no sea dentro del primer
cuadro de la ciudad, pero que sí pueda llevarse a cabo en otro lugar propicio y
con las condiciones requeridas dentro de la ciudad”, puntualizó

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, integrante del
Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa
que reforma diversas disposiciones del Código Penal de la entidad y que tiene
como finalidad, entre otras, definir el término “ganado” para facilitar a los
encargados de la Seguridad Pública y a los Agentes que forman parte de la
impartición de Justicia el poder identificar con mayor precisión los elementos
del delito de abigeato.

La iniciativa, presentada durante la décima sesión
ordinaria, prevé considerar como ganado a las especies: bovina, caballar,
asnal, mular, ovina, caprina, porcina, o de una o más colonias de abejas en un
apiario, aves de cualquiera de sus especies, conejos y animales de peletería.

Así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado
mayor o ganado menor, así como los animales que sean motivo de aprovechamiento
zootécnico, independientemente de la actividad típica del animal, en términos
de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz.

De igual forma, la legisladora Ramírez Cisneros
propone modificar el artículo 210 Bis para que las sanciones se agraven, hasta
en una mitad más, si el delito de abigeato es realizado por dos o más personas,
pandillas o asociación delictuosa; sea ejecutado con cualquier tipo de
violencia y si el sujeto activo se valiere de un desastre natural, una
emergencia, accidente vehicular, disturbio civil o desorden público.

De lo anterior, la diputada del Distrito de
Minatitlán recordó los hechos de “rapiña” suscitados en la carretera La
Tinaja-Cosoleacaque donde algunas personas aprovecharon el percance para robar
las reses que transportaba uno de los vehículos, apoderándose de los bovinos y
hasta descuartizándolos en el lugar, para facilitar su traslado.

“Estos actos de rapiña son inaceptables, por lo que
deben considerarse dentro de las agravantes del tipo penal de abigeato”,
agregó.

Por otra parte, la propuesta legislativa contempla
modificar el artículo 211 para imponer de seis a 15 años de prisión y multa de
hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien adquiera, sirva de
intermediario, posea, transporte o aproveche ganado producto de abigeato o
comercie con sus pieles, carne u otros derivados, obtenidos de dicho ilícito.

En su intervención en tribuna, la legisladora
subrayó que de acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca (Sedarpa), el Estado de Veracruz
ocupa el primer nacional en ganado bovino a pie, con más de 480 mil
toneladas, lo que representa el 16.4 por ciento de la producción del País,
encontrando a los Municipios de Las Choapas, Minatitlán y Jesús Carranza como
los de mayores índices de producción en la entidad.

Por último, indicó que las propuestas de
modificación de esta iniciativa no sólo son importantes, si no que resultan
necesarias para el sector ganadero;
quienes representan un eje fundamental, no sólo de la economía estatal, sino
también de la nacional.

A la iniciativa se le adhirieron los Grupos
Legislativos de Morena y “Del Lado Correcto de la Historia”, así como el
legislador independiente Juan Carlos Molina Palacios. Para su estudio y
dictamen fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales.

El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del Estado, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, constituya el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes.

El diputado, presidente de la Comisión de Población y Atención a Migrantes, presentó el Anteproyecto que incluye, dotar al Instituto de la estructura orgánica necesaria y recursos presupuestales suficientes a efecto de estar en condiciones de cumplir los fines establecidos en la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el estado de Veracruz.

Al exponer sus consideraciones, recordó que la Legislatura anterior, presentó la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus familias para el estado de Veracruz el 5 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado.

La citada ley, reconoce el derecho de las personas migrantes y sus familias para acceder a los servicios de salud provistos por los sectores públicos y privados, e incluso a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente, así como también a acceder a los servicios educativos provistos en la entidad por los sectores público y privado.

También considera la creación del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; sin embargo en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 no se consideró una previsión económica expresa, por lo que, el 17 de enero de este año, el diputado por el distrito XVI de Boca del Río, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo que señalaba la urgencia de realizar los ajustes correspondientes; no obstante en los ajustes presupuestales del mes de abril, tampoco se consideró recurso alguno.

Como resultado de lo anterior –recordó-, el 13 de junio el Pleno de esta Soberanía aprobó un Proyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortó a diversas autoridades estatales y a los Ayuntamientos del Estado a implementar acciones tendientes a proteger y garantizar los derechos humanos de la población migrante en su recorrido por el territorio veracruzano.

El Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su análisis y dictamen.

Debido a que la Comisión de Selección, del Sistema Estatal Anticorrupción, registra la falta de dos de sus miembros, la LXV Legislatura aprobó –a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)- la convocatoria pública para la elección de las dos personas que habrán de suplirlos.

El documento de la Jucopo, avalado con 42 votos, señala que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz no contiene previsión alguna para las faltas de los integrantes de la Comisión de Selección. Sin embargo –agrega- dada la importancia que la opinión pública concede a la lucha contra la corrupción, juzga necesario que esta Soberanía convoque para recibir propuestas con la finalidad de nombrar a los dos comisionados.

De esta manera, se convoca a las instituciones de educación superior y de investigación del Estado, así como a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción para que propongan candidatos a fin de integrar debidamente la Comisión de Selección.

Se establece que esta convocatoria norma el procedimiento para la designación, por el Congreso del Estado y por el tiempo que reste al momento del nombramiento para concluir el período de tres años, de dos integrantes de la Comisión de Selección prevista en el artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.

Las propuestas de ciudadanas y ciudadanos que puedan ocupar los cargos mencionados se recibirán a partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 12 de julio de este año, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la Presidencia de la Jucopo.

La propuesta deberá acompañarse de un escrito en el que la organización o institución respectiva, o el propio aspirante, exprese los motivos por los que considera que la persona propuesta es apta para aspirar al cargo; curriculum vitae, firmado por el aspirante, y documentación soporte en original o copia certificada para su cotejo y copia certificada del acta de nacimiento.

Así como copia certificada de la credencial para votar con fotografía y carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que reúne todos los requisitos exigidos en la presente Convocatoria y que no tiene impedimento legal alguno para desempeñar el cargo.

Dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la recepción de los documentos, la Jucopo entrevistará a cada uno de los aspirantes y, concluido lo anterior, contará con un plazo de hasta cinco días hábiles para efectuar la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos señalados en la presente Convocatoria.

Posteriormente, la Jucopo formulará al Pleno un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá a las dos personas que se requieren para integrar debidamente la Comisión de Selección.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen, puesto a consideración por la Comisión Permanente de Gobernación, por el cual se concede el cambio de denominación de la Congregación “Barragantitlán” por el de “Villa Espíritu Santo”, perteneciente al municipio de Ixhuatlán del Sureste del estado de Veracruz.

En la sesión ordinaria, décima del segundo periodo ordinario, fue aprobado con 47 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones este Dictamen.

El documento señala que esta modificación es resultado de la iniciativa promovida por Wilbert Luis y Víctor Manuel Antonio Vázquez, presidente y secretario, respectivamente, de este municipio del sur de la entidad. La cual se encuentra fundamentada en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Ixhuacán del Sureste y cuyo acuerdo fue tomado por unanimidad.

Las consideraciones planteadas refieren a los antecedentes históricos de la Congregación, así como la voluntad de los habitantes, a través de un documento firmado en original, quienes se manifiestan en aprobar la modificación del nombre, para denominar a este lugar como antiguamente era llamado: “Villa del Espíritu Santo”.

Con 31 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, aprobó la reforma al artículo 230 Bis del Código Financiero para el Estado de Veracruz, referente a la concesión de tiendas de alimentos en las escuelas, presentada el pasado 20 de junio por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de MORENA.

La Comisión Permanente de Educación y Cultura estimó procedente la iniciativa que garantizará la transparencia y control de los ingresos que se capten por el otorgamiento de las concesiones de las tiendas para venta de alimentos, dentro de los espacios físicos de los planteles educativos.

Al debatir el dictamen, en lo general y en lo particular, participaron como oradores las y los diputados Judith Pineda Andrade, Rodrigo García Escalante, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Juan Carlos Molina Palacios, Bingen Rementería Molina, Brianda Kristel Hernández Topete, Rubén Ríos Uribe, Montserrat Ortega Ruiz, María Josefina Gamboa Torales, Ivonne Trujillo Ortiz y Deisy Juan Antonio.

De acuerdo con la reforma aprobada, el Código Financiero estatal fijará que las licitaciones para las concesiones de estas tiendas, se apegarán a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) fijará los lineamientos y parámetros para llevar a cabo tal procedimiento y un Comité de Licitaciones responsable de la convocatoria, en términos de los criterios propuestos y el encargado de emitir el fallo correspondiente en el respectivo proceso.

El Comité de Licitaciones estará integrado por el Secretario de Educación; subsecretario de Educación Básica; subsecretario de Educación Media Superior y Superior; del Director Jurídico de la SEV, así como por un representante de la sociedad de padres de familia y un representante del Consejo Estatal de Participación Social.

Los ingresos obtenidos por concepto de concesiones de tiendas para la venta de alimentos, en las escuelas del sistema público del Estado, se destinarán al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los mismos y servicios correlacionados, así como para las consecuentes tareas de supervisión educativa, apoyo a la gestión docente y programas que se determinen en los Lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

La SEV será la que reciba, administre y realice la comprobación de los recursos a los que se refiere el presente numeral, para estos efectos el 70 por ciento de los recursos obtenidos se aplicará al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos; el 20 por ciento a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas mencionadas; y el 10 por ciento restante, a programas que se determinen en los lineamientos que dicte la autoridad educativa local.

El Presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, ordenó emitir el Decreto correspondiente y enviarlo al Ejecutivo para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de mayo por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Financiero de la entidad relativas a incorporar a la base gravable a los prestadores de servicios digitales de hospedaje y actualizar las tasas tributarias de impuestos por concepto de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos.

El Dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión de Hacienda del Estado, registró 45 votos a favor y tres en contra.

De esta manera se establece que son objetos del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje los departamentos, casas, total o parcialmente utilizados para estos servicios, incluyendo los ofertados por medio de aplicaciones, redes sociales, plataforma digital o cualquier otro medio de aplicación similar.

Se entiende por plataforma digital la aplicación tecnológica mediante la cual la persona física o moral administradora opera en su carácter de gestor, intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, que permite a los usuarios contratar servicios de hospedaje.

Son objetos del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos, además de los ya señalados, las erogaciones que se realicen por participar en juegos con apuestas.

El impuesto se causa al momento en que se efectúe la explotación de las actividades señaladas anteriormente, al instante del pago o entrega del premio y en el momento en que se realicen las erogaciones por participar en juegos con apuestas.

Para los efectos de este impuesto, se considera apuesta el monto susceptible de apreciarse en moneda nacional que se arriesga en un juego de los que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, con la posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto sumado a la cantidad arriesgada deberá ser superior a ésta.

Quedan comprendidos en los juegos con apuestas, independientemente del nombre con el que se les designe, aquéllos que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal, así como la realización de juegos y concursos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, independientemente de que en el desarrollo de los mismos se utilicen imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares.

A las personas físicas o morales, relacionadas con la materia, les será aplicable una tasa de 10 por ciento sobre el monto de las erogaciones que efectúen para participar en juegos con apuestas, ya sean pagados en efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita participar en los mismos.

Asimismo, se establece como obligaciones de los contribuyentes el calcular y retener el impuesto que corresponda a los premios pagados, o entregados, así como el impuesto por las erogaciones que se realicen por participar en juegos con apuestas, y enterarlo a las autoridades fiscales correspondientes mediante las formas y conductos autorizados, y dentro de los plazos establecidos.

Además de dictaminar la determinación y pago de este impuesto, por medio de un contador público autorizado, a más tardar en el último día hábil del mes de julio de cada ejercicio, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expidan las autoridades fiscales.

La exposición de motivos del Dictamen refiere que de acuerdo a la información publicada en diciembre de 2018, por la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México A.C., a nivel nacional existen 353 salas de juego, de las cuales en el Estado de Veracruz operan 20, siendo una de las siete Entidades con la mayor concentración de la industria.

A nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Rosalinda Galindo Silva dijo que entidades como Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Oaxaca y Ciudad de México, legislaron sobre el pago de impuestos de los prestadores de servicios de hospedaje a través de plataformas digitales, en todos estos casos regularizados con una tasa del 3 por ciento.

En tanto en Veracruz –agregó- y ante el justo reclamo de prestadores de servicios de hospedaje tradicional se incorporan con una tasa del 2 por ciento a los prestadores de servicio a través de las plataformas digitales de Internet.

En relación a juegos y sorteos, explicó que es imperativo replantear de manera responsable y equitativa, en beneficio del pueblo, el Impuesto sobre Loterías, Rifas y Sorteos y se actualicen sus tasas del 3.5 al 6 por ciento para quien organiza, del 5.21 al 6 por ciento para quien obtiene un premio y se adicione la tasa del 10 por ciento por la participación en los juegos.

Abundó que con el fin de incentivar la actualización del Padrón Vehicular, y en beneficio de la economía de los veracruzanos, se propone disminuir en un 70 por ciento este impuesto, para quedar gravado en lugar del 2 por ciento del costo vehicular por un .60 por ciento del pago vehicular por cambio de propietario.

El diputado Sergio Hernández Hernández, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, que permitiría la reelección de ediles y que la primera diputación por el principio de representación proporcional de cada fuerza política, recayera en el candidato que no resulte ganador pero que obtenga el mejor resultado entre los candidatos de su partido.

La Iniciativa propone reformar la fracción II y el primer párrafo de la fracción III del artículo 21, así como el primer párrafo del artículo 70; y adicionar los incisos a) y b) a la fracción III del artículo 21 y un segundo párrafo al artículo 70 de la Constitución Política del Estado.

Al hacer uso de la voz, el diputado Sergio Hernández reconoció que hablar de reelección siempre ha sido polémico y aunque en el país ya se han dado los primeros pasos, en Veracruz todavía quedan pendientes.

Destacó que en el ámbito municipal y legislativo, las elecciones consecutivas son de suma relevancia y trascendencia para la vida democrática del país y sobre todo del municipio, toda vez que permiten a los ciudadanos evaluar la gestión, resultados y administración de las autoridades municipales.

«De aprobarse esta reforma podríamos tener elecciones cada tres años a partir del año 2021», expuso.

Por otro lado, con la finalidad de fortalecer la representación de las distintas fuerzas políticas en el Congreso, y en aras de fomentar la competencia de los candidatos a diputados de mayoría relativa en los distritos es que se propone que la primera diputación por el principio de representación proporcional de cada fuerza política, recaiga en el candidato que estando registrado para competir en un distrito, no resulte ganador pero obtenga el mejor desempeño de entre los candidatos de ese partido.

De esta forma, el candidato o candidata que a pesar de haber realizado una campaña exitosa y haber ganado la confianza de los ciudadanos, no haya obtenido la mayoría en su distrito, podrá llegar a ocupar una curul por la vía plurinominal, al haber obtenido el mejor resultado de entre todos los candidatos de ese partido político que en una elección determinada, no hayan alcanzado el triunfo.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.