El diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, atendió a agentes municipales, encabezados por la regidora quinta del Ayuntamiento de Altotonga, María Elena Baltazar Pablo y la legisladora del Distrito IX, de Perote, Ivonne Trujillo Ortiz, quienes expusieron lo que –a su consideración- representa diversas irregularidades al interior de la administración municipal de Altotonga.

Las y los ciudadanos expresaron que no son tomados en cuenta en la planificación de obras que son de gran importancia para el municipio y prevén que haya un presunto daño patrimonial.

Al respecto, el legislador Ríos Uribe señaló que en Veracruz no se tolerarán acciones fuera de la Ley cometidas por ninguna autoridad. “Hoy vivimos nuevos tiempos, donde la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el crecimiento”, les dijo.

De igual manera, informó que, conforme al procedimiento legislativo, esta denuncia continuará su curso. Será turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia y se dará cuenta a la Secretaría de Fiscalización de esta Soberanía para lo conducente. Además –agregó- se hará un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que, a su vez, exhorte a la autoridad municipal de Altotonga, a fin de que favorezca una mayor apertura ciudadana.

Indicó que este Congreso es respetuoso de la autonomía municipal, “pero también vamos a garantizar que la aplicación de los recursos públicos se dé en cumplimiento a los mandatos legales, donde la ciudadanía debe ser tomada en cuenta en la formulación de los programas anuales de obra pública y de los servicios”.

“El diálogo es la mejor herramienta para superar diferencias. Necesitamos que nuestros municipios concilien intereses y que, en común acuerdo con la sociedad, diseñen el desarrollo urbano y social de sus demarcaciones”, concluyó.

Como un gran logro de las mujeres veracruzanas, calificó la diputada Mónica Robles Barajas la aprobación del dictamen que determina que la violencia política en razón de género sea causal para declarar nula una elección. “Para Veracruz éste es un momento histórico para nuestra vida democrática”, expresó desde la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones.

Este martes 5 de noviembre, con 36 votos a favor, el Congreso del Estado avaló el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y Para la Igualdad de Género, por el que se adiciona una fracción VIII y un párrafo IV y se reforma el párrafo segundo del artículo 396 del Código Electoral del Estado.

Mónica Robles es coautora de la iniciativa de decreto suscrita por 23 diputadas integrantes de diversos grupos legislativos y a la que se adhirieron los integrantes de las bancadas de Morena y Del Lado Correcto de la Historia, el pasado 18 de julio, cuando la misma legisladora la dio a conocer en sesión ordinaria.

A propósito de la aprobación del dictamen, la Presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales dijo que este paso representa la consolidación de todo un proceso que inició con la colaboración de la sociedad civil organizada, el Instituto Nacional Electoral, la academia y el Poder Legislativo.

“Hablar de violencia política contra las mujeres es hacer referencia a conductas que tienen la intención de menoscabar el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de participar en los asuntos políticos y que, en ocasiones, como lo hemos atestiguado desafortunadamente en Veracruz, pueden llevarles a la muerte”, puntualizó.

Este tipo de violencia –abundó- constituye una forma cobarde de truncar, mediante prácticas discriminatorias absolutamente reprobables y condenables, las legítimas aspiraciones de servir a la sociedad a través de un cargo de elección popular.

“Como en toda expresión de violencia, era ya inaplazable actuar en torno a la búsqueda, diseño y ejecución de soluciones para frenar y erradicar la violencia política en razón de género, porque ni multas ni riesgo de prisión ni llamados a la razón con la Ley en la mano han detenido la violencia política de género ni en Veracruz ni en el país”.

Robles Barajas dijo también que no había mejor camino para lograr tal objetivo que el de proponer el establecimiento de la violencia política en razón de género como causal para declarar nula la elección de gobernador, diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio.

“No puede haber democracia exitosa si no es igualitaria, incluyente, efectivamente representativa, legal, legítima y respetuosa de las voces y anhelos de las mayorías y las minorías, que deben ser consideradas y atendidas en sus reclamos y propuestas”, concluyó.

En entrevista, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete del Grupo Legislativo MC-PRD, se manifestó contenta y emocionada por la oportunidad de ser parte de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura para este segundo año de ejercicio constitucional, toda vez que las mujeres son tomadas en cuenta para este tipo de cargos.

Destacó que junto con los compañeros diputados que integrarán con ella la Mesa Directiva, tiene la certeza que podrán hacer un gran equipo de trabajo, logrando consenso y diálogo, viendo siempre en beneficio de los compañeros diputados pero sobre todo de las y los veracruzanos.

En cuanto a sus expectativas para este segundo periodo, la legisladora señaló que su enfoque principal es trabajar en armonía procurando el constante diálogo y consenso con cada uno de los grupos legislativos.

Hernández Topete, puntualizó sentirse muy comprometida con las mujeres ya que desde la Vicepresidencia de la Mesa Directiva se encuentra en un espacio representándolas; anunció que en lo personal estará presente de los temas importantes y que son de interés para este sector.

Aseguró que es un gran reto ser contemplada para este cargo lo que la impulsa a seguir trabajando y preparándose para que las veracruzanas puedan sentirse muy orgullosas de estar representadas en este espacio.

Finalmente, dijo que el estar trabajando en la Mesa Directiva es como estar trabajando en cualquier Comisión, y aunque ahora no las podrá tener, seguirá estando cercana a la gente pues las puertas de su oficina siempre estarán abiertas para quien lo necesite.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC), secretaria de la
Comisión de Gobernación y Población, aseguró que el incremento de recursos en
programas sociales no ha disminuido la pobreza, y no debe invertirse en aquellos
que no dan resultados.

Durante el foro “Índice de desempeño de programas públicos
federales”, la legisladora, quien lo organizó, sostuvo que se requiere una
revisión para que los recursos de los programas que no han funcionado sean
utilizados en otros temas.

“Los indicadores señalan que la mayoría de programas no
aprobaron la evaluación, son opacos y la opacidad puede llevar a la corrupción,
por lo que en este presupuesto se le puede dar la vuelta a esto”.

Tagle Martínez dijo que aún hay programas presupuestados
para el siguiente ejercicio que reprobaron las evaluaciones o son opacos, por
lo que la Cámara de Diputados debe retomar la facultad de darle seguimiento al
gasto a lo largo del año.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo señaló que se pueden
hacer mil observaciones, “pero si no se hacen en el lugar adecuado es hablar al
aire”. Preguntó si existe vinculación entre los programas opacos y aquellos que
no sirven. “¿Qué se debe hacer para que en donde están los grupos más
vulnerables del país no sigan existiendo estas fugas?”

Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, aseguró que en
el PEF 2020 se ven más programas importantes que sólo se rigen por lineamientos
frágiles, que no establecen población objetivos, metas a alcanzar ni
estrategias de atención. “En el 2020 nos vamos a enfrentar a un empobrecimiento
de los sistemas de seguimiento y evaluación del gasto en general,
particularmente de la política social”.

Thania Paola de la Garza Navarrete, directora general
adjunta de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), comentó que las mujeres indígenas del ámbito rural
son las que tienen las brechas más grandes de desigualdad. “Si las comparamos
con hombres urbanos no indígenas la diferencia es de 50 puntos porcentuales”.

Por ello, es necesario de orientar más recursos a estos
grupos, distribuidos mediante políticas y programas que decida el gobierno.

Antes de discutir la parte programática del PEF, deben
señalarse las prioridades a atenderse y los objetivos que quieren lograrse. “El
problema de México es más la desigualdad”, sostuvo.

Dijo que la evaluación y generación de evidencia es una
apuesta segura para mejorar la política pública a mediano y largo plazos. “Cada
día los ejecutores de programas retoman esa información para mejorar”.

Alfredo Elizondo Rosales, coordinador general de GESOC AC,
que analiza la calidad del diseño de programas sociales, su capacidad para
cumplir con las metas y la cobertura de población beneficiaria, explicó que la
calificación promedio de los 117 programas considerados en el Índice de
Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) —sin contar cinco que se
encuentran en la clasificación de “Caja negra” y que por su opacidad impiden
calcular su desempeño— fue de 64.27, y 44 reprobaron en su calificación final.

Al presentar el INDEP 2019, señaló que se encontraron 12
programas en un nivel de desempeño óptimo, que obtuvieron una calificación de
89.74 por ciento; entre ellos está el Sistema Nacional de Investigadores,
Seguro Popular, Becas de Posgrados y Apoyos a la Calidad.

Los programas con Nivel de Desempeño Alto Potencial fueron
10 y alcanzaron una calificación de 79.44, entre ellos está el programa Pensión
para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Prevención y Control de
Enfermedades. Propuso incrementar su presupuesto, pues cada peso será una
inversión justificada.

Los nueve programas con Nivel de Desempeño Mejorable, entre
los que se encuentra el programa para el Desarrollo del Personal Docente, el de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el de Formación y
Capacitación de Recursos Humanos para la Salud, obtuvieron una calificación de
83.92. Planteó que antes de incrementar recursos, el Congreso piense en una
agenda que eleve su calidad y fortalecer la capacidad de gestión.

Los 43 programas con Nivel de Desempeño Escaso, entre ellos
IMSS-Bienestar, Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y el de Derechos Indígenas, obtuvieron una calificación de 53.27.
Refirió que no se justifica un incremento presupuestal, sino hacer una revisión
integral para mejorar su calidad de diseño y fortalecer su avance de metas.

De los programas evaluados, 43 reflejaron dispersión
programática y presupuestal, como el de Apoyo a la Vivienda, apoyo a Pequeños
Productores y el Nacional de Inglés, alcanzaron una calificación promedio de
60.52. “Son ejemplo de la dispersión de esfuerzos del gobierno para responder a
los problemas sociales relevantes, por lo que se recomienda una revisión
integral de la política social para identificar los que recibirán más
presupuesto y aumentar su cobertura.

Expresó que 81.98 por ciento de los programas sociales del
gobierno federal, que representan 55.76 por ciento del total del presupuesto
asignado a programas sociales de 2019, no permiten estimar su desempeño debido
a su opacidad, o bien, no tienen posibilidad de resolver el problema público
que abordarán, por la dispersión programática y presupuestal o condiciones de
opacidad que tienen.

Elizondo Rosales refirió que el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2020 se inserta en un contexto fiscal limitado por la desaceleración
en el crecimiento económico y por los bajos precios de los hidrocarburos,
factores que restringen la capacidad para aumentar el presupuesto público y
reorientarlo a la ampliación de la administración.

Pidió que la Cámara de Diputados dote de mayor racionalidad
las asignaciones presupuestales de los programas, orientarlas a las carencias
sociales más apremiantes y fortalecer su transparencia y rendición de cuentas.

Propuso endurecer medidas de transparencia y rendición de
cuentas en el Decreto de Presupuesto 2020, a los cinco programas
presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su
desempeño, y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria
conjunta para el año 2020 de 1 mil 416 millones de pesos (mdp), 3.95 por ciento
más que en 2019.

Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 12
programas que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo, y para los que el
Ejecutivo propone una asignación conjunta en 2020, de 124 mil 456 mdp.

Priorizar en los incrementos a los 10 programas que poseen
un Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una
asignación presupuestaria conjunta para 2020 de 250 mil 097 mdp. No aumentar
recursos a programas con medio/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de
mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.

Con 46 votos, el Pleno Legislativo avaló el dictamen presentado por las Comisiones Permanentes Unidas Para la Igualdad de Género y De Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, por el que se busca garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres en el desempeño de trabajos iguales dentro de la Administración Pública Estatal y Municipal, en los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos y ámbitos social y privado.

Dicho dictamen derivó de la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada el 18 de julio del año en curso por la diputada María Candelas Francisco Doce, a nombre del Grupo Legislativo de Morena, y a la cual se adhieren los diputados Juan Manuel de Unánue Abascal, María Josefina Gamboa Torales, María Graciela Hernández Íñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda Andrade.

De acuerdo con el dictamen, se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 35 y la fracción V del artículo 38 y se adicionan las fracciones IX y X al artículo 35, todos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Así, en el Capítulo Tercero titulado De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Económico y Laboral, se determina que “las autoridades y organismos públicos deberán diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza para lograr la igualdad, establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que apliquen políticas y prácticas en la materia”.

Así también, garantizar el otorgamiento de salarios iguales a mujeres y hombres por trabajos iguales, desempeñados en puestos, jornadas y condiciones de eficiencia idénticas, dentro de la administración pública estatal y municipal, poderes Legislativo y Judicial, en los organismos autónomos y en los ámbitos social y privado. Junto con esto, establecer el principio de paridad de género en la conformación de la planta laboral de la administración pública estatal y municipal.

En lo que respecta al Capítulo Sexto, De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Civil, el Artículo 39 mandata que “para lograr la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito civil, las autoridades garantizarán la promoción de la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en el cuidado de niñas, niños, personas enfermas, personas de la tercera edad y en el trabajo doméstico”.

Nulidad de elección por violencia política en razón de género

La violencia política en razón de género ya es causal para declarar nula una elección de Gobernador, de diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio.

Con 36 votos a favor, el Congreso del Estado avaló el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y Para la Igualdad de Género.

El dictamen deriva de la iniciativa de decreto presentada por diputadas integrantes de diversos Grupos Legislativos, y a la que se adhirieron los integrantes de las bancadas de Morena y Mixto Del Lado Correcto de la Historia, el 18 de julio del año en curso, para adicionar una fracción VIII y un párrafo cuarto y reformar el párrafo segundo, todos del artículo 396 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Mónica Robles Barajas, indicó que “no puede haber democracia exitosa si no es igualitaria, incluyente, efectivamente representativa, legal, legítima y respetuosa de las voces y anhelos de las mayorías y las minorías, que deben ser consideradas y atendidas en sus reclamos y propuestas”.

La democracia que nos conduce al progreso, al bienestar, al crecimiento y al robustecimiento del Estado de Derecho –manifestó la Presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales- debe comentarse en la inclusión y participación de las mujeres, quienes, en plenitud de su ciudadanía, tiene que ejercer sus derechos humanos sin pretextos ni condiciones.

“Hablar de violencia política contra las mujeres es hacer referencia a conductas que tienen la intención de menoscabar el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de participar en los asuntos políticos y que pueden llevarles a la muerte”, agregó.

Este tipo de violencia –definió- constituye una forma cobarde de truncar, mediante prácticas discriminatorias absolutamente reprobables y condenables, las legítimas aspiraciones de servir a la sociedad a través de un cargo de elección popular.

Al determinarse la violencia política en razón de género como causal para declarar nula la elección de gobernador, diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, se facilitará la persecución y aplicación de sanciones por parte de la autoridad que corresponda.

Al actualizarse dicha causal, el respectivo expediente se remitirá a la Fiscalía General del Estado para los fines legales que correspondan. La declaratoria de nulidad invalida todos los actos electorales incluidos los resultados. “Tiene que ser la mejor herramienta para contribuir a erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género”.

La coordinadora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), diputada Erika Ayala Ríos, presentó ante el Pleno la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 134 del Código Financiero para el Estado que prevé exceptuar el pago del Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, los derechos por servicios prestados por los institutos tecnológicos superiores, universidades tecnológicas y universidades politécnicas del Estado.

La legisladora indicó que el actual Ejecutivo estatal expidió un decreto, publicado el 13 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado, mediante el cual se eximen del Impuesto Adicional, los pagos por concepto de derechos que se generen por servicios prestados por institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y universidades politécnicas, que suman 25 planteles distribuidos en todo el territorio estatal.

Señaló que el referido decreto es similar al emitido por el anterior gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de marzo de 2017.

Refirió que el objeto del citado Impuesto Adicional es la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos. Que son sujetos del mismo quienes realicen los pagos por esas contribuciones; que la base es el importe de los pagos realizados y que se causará y pagará a razón del 15 por ciento sobre dicha base.

Destacó que entre los servicios más comunes prestados por las instituciones tecnológicas se encuentran los relativos a los trámites de expedición de certificados; de fichas de cumplimiento de requisitos para presentar exámenes de admisión o globales y de cédulas de inscripción a licenciatura o de reinscripción.

Así como duplicados de constancias de calificaciones o boletas; de reposición de credenciales; de constancias de servicio social; y de expedición y registro de títulos profesionales.

La diputada Ayala Ríos explicó al igual que en el número de servicios prestados, las tarifas para el pago de derechos no son homogéneas en los diversos planteles, siendo la más alta la del trámite de expedición de cédula para curso de titulación. Ejemplificó que en el tecnológico de Acayucan es de 238 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivale a más de 20 mil pesos.

Con relación a lo anterior consideró conveniente la medida decretada de eximir del pago del Impuesto Adicional, ya que en el ejemplo mencionado, de no existir ese beneficio la persona que tramite la expedición de esa cédula tendría que erogar también alrededor de 3 mil pesos por concepto del impuesto de referencia.

Para evitar conflictos interpretativos acerca de la procedencia o improcedencia de lo plasmado en los decretos citados, el Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM considera que esto debe estar previsto directamente en la ley, con lo que se dará mayor certeza jurídica al beneficio que dicha exención, “sin estar sujeto a concesiones que quieran realizar o no los gobernantes en turno o a temporalidades específicas”, abundó

Con la medida que se plantea –subrayó- se contribuiría a fortalecer la economía de las familias veracruzanas que, en muchas ocasiones, con grandes esfuerzos procuran que sus hijas e hijos accedan a la educación superior para tener mayores oportunidades de desarrollo y un mejor nivel de vida.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Educación.

El diputado José Manuel Pozos Castro presentó ante el Pleno el Informe de labores de la Diputación Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

En su mensaje, pronunciado durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, hizo un reconocimiento a las y los diputados de esta Legislatura, a los coordinadores de los diferentes Grupos Legislativos, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, Cuitláhuac García Jiménez y Edel Humberto Álvarez Peña, respectivamente, a los representantes populares del orden federal y a los senadores de la República.

La Diputación Permanente, elegida por el Pleno de esta Soberanía el pasado 31 de julio, estuvo integrada por los diputados José Manuel Pozos Castro, presidente; Erika Ayala Ríos, vicepresidenta; Alexis Sánchez García, secretario; Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Juan Manuel de Unánue Abascal, Adriana Paola Linares Capitanachi, Florencia Martínez Rivera, Judith Pineda Andrade, Rubén Ríos Uribe y José Magdaleno Rosales Torres, en calidad de vocales.

Durante dicho periodo, que comprendió del 1 de agosto al 4 de noviembre de este año, el total de correspondencia recibida fue de 492 asuntos de diversa índole, provenientes de diferentes autoridades, instituciones y ciudadanos, turnándose según su competencia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a las comisiones permanentes y otras que se trataron por obvia resolución.

Asimismo, se llevaron a cabo 10 sesiones, se convocó a cuatro sesiones extraordinarias y se efectuaron dos sesiones solemnes con motivo de la entrega de la Medalla “Heberto Castillo Martínez 2019” y por el CVI aniversario del sacrificio del senador Belisario Domínguez Palencia.

La Diputación Permanente recibió 28 iniciativas de decreto que reforman y adicionan diversas leyes y ordenamientos, de las cuales, el Ejecutivo estatal presentó un proyecto, relativo a modificar el Código de Derechos y la Ley del Ejercicio Profesional de la entidad, con la finalidad de que los títulos profesionales y grados académicos se emitan de forma electrónica, tal como se dispone a nivel federal.

Por otra parte, fueron presentadas 25 iniciativas por las diputadas y diputados. La Jucopo presentó dos iniciativas para reformar la Constitución Política en materia de paridad de género y para ajustar las fechas de inicio y conclusión de los periodos de sesiones de esta Soberanía y las de inicio y conclusión de funciones de las autoridades estatal y municipales.

En lo que se refiere a iniciativas, el Grupo Legislativo de Morena presentó 10, con el propósito de modificar disposiciones de carácter civil, de igualdad sustantiva y paridad de género, de naturaleza penal, de reconocimiento a la Universidad Veracruzana (UV), de adecuación de Unidades de Medida y Actualización (UMA), de protección al medio ambiente y de procuración de justicia con enfoque de género.

Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), se conocieron cinco propuestas para reformar ordenamientos relacionados con el Turismo, las prácticas parlamentarias adoptadas en este Congreso, así como la coordinación institucional entre poderes.

Las y los diputados del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México presentaron cuatro proyectos de reformas en materia de disposiciones fiscales, de intervención de esta Soberanía en trámites de agentes y subagentes municipales, así como en materia de salud y derechos humanos.

El disuelto grupo legislativo mixto Del Lado Correcto de la Historia, en voz de la diputada Florencia Martínez Rivera, presentó la iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, y la que Regula las Construcciones Públicas y Privadas.

Asimismo, el grupo legislativo mixto movimiento Ciudadano–Partido de la Revolución Democrática dio a conocer una iniciativa del diputado Alexis Sánchez García, cuya finalidad es actualizar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable de Veracruz.

A título personal, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui planteó una reforma a la normativa interior del Congreso para regular los procedimientos de prórrogas y excitativas que se formulen para dictaminar las iniciativas que sean presentadas.

Por su parte, las y los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas propusieron modificaciones a los Códigos Hacendarios General y particulares, con el objeto de exentar del pago de derechos por servicios de inhumaciones y referendo de fosas, a las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada. Propuesta dictaminada y aprobada durante la Quinta Sesión Extraordinaria.

En lo que respecta a diferentes sujetos legitimados para iniciar proyectos de reforma, se recibieron las propuestas del Ayuntamiento de Cosoleacaque, en materia de contribuciones municipales y UMAs, así como del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para realizar notificaciones electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional.

Por otra parte, diputados de diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso presentaron un total de 10 anteproyectos de punto de acuerdo, mismos que fueron turnados a la Junta de Coordinación Política para los efectos procedentes. De dicho órgano, surgieron cuatro proyectos de punto de acuerdo, entre los que destacan haber llamado a comparecer a los integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, así como la separación temporal, como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, del Fiscal General del Estado.

De igual manera, se formularon siete pronunciamientos relativos a asuntos de interés general de los que debía conocer esta Soberanía.

Además, las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, Gobernación, Hacienda del Estado, Hacienda Municipal, Organización y Procesos Electorales, Para la Igualdad de Género, y de Trabajo y Previsión Social emitieron 67 dictámenes, mediante los cuales se resolvieron diferentes asuntos.

Finalmente, en el mismo periodo, la Diputación Permanente emitió cuatro convocatorias para la celebración de periodos de sesiones extraordinarias del Pleno de esta Soberanía, en los que se trataron los asuntos como la elección de la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la designación del Encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el nombramiento de magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado, la aprobación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2020, la no aprobación de las Cuentas Públicas y los Informes General y Particulares de los Entes Fiscalizables del ejercicio 2018, así como la elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Legislatura.

La LXV Legislatura de Veracruz aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 25 de julio por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, que reforma la fracción III del artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado que establece un perfil profesional y una adecuada capacitación como requisito necesario para poder prestar el servicio de asistencia médica, psicológica y jurídica a las denunciantes de violencia.

De esta manera, en el capítulo De la Atención a las Víctimas, queda establecido que las autoridades estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención a la víctima consistente en atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita; por profesionales especializados y con la capacitación probada que asegure el trato digno, profesional y de respeto en todos los casos.

Además tendrá que ser en el idioma que hable la víctima y si ésta fuere indígena deberá ser asistida por un intérprete que hable exactamente su misma lengua.

El dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, refiere que la profesionalización y certificación en el tema de violencia contra las mujeres, permitirá que los prestadores de servicios y el o los funcionarios públicos tengan un enfoque diferenciado y especializado que fortalezca el conocimiento.

A su vez permitirá una mayor ramificación de las acciones aplicadas a la problemática concerniente, minimizando así la victimización secundaria, añade.

Este dictamen, presentado durante los trabajos de la primera sesión ordinaria, del segundo año de labores de la LXV Legislatura, registró 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-Reconocerá Veracruz a los pueblos y comunidades afromexicanas-

En la sesión, el Pleno aprobó el dictamen de decreto que reforma el párrafo séptimo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con lo que se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su denominación, como parte de la composición pluricultural de Veracruz.

Asimismo, tendrán en lo conducente los derechos señalados en el presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión.

Este dictamen, aprobado con 46 votos, es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 30 de mayo el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente del H. Congreso del Estado e integrante del Grupo Legislativo de Morena.

Cabe destacar que al tratarse de una reforma constitucional y tras ser aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, esta reforma será enviada a los ayuntamientos de la entidad y de ser avalado por al menos 107, la LXV Legislatura hará la declaratoria respectiva y sería enviada al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La creación de un Consejo Ciudadano Municipal del Agua en cada uno de los 212 municipios del estado y la aplicación de tarifas fijas y de cuotas preferenciales por consumo para sectores sociales vulnerables, propuso la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, mediante una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Secretaria de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y Vocal de la Comisión de Hacienda Municipal planteó reformar los artículos 4, 15, 33, 36, 99, 100, 101, 102 y 104, realizar adiciones a los artículos 36, 41 y 104 y derogar la fracción III del artículo 38 de la referida Ley.

De acuerdo con la propuesta de Ivonne Trujillo, integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano – PRD, el mencionado Consejo estará conformado por el Presidente Municipal, el Director del Organismo Operador Municipal, el Regidor que tenga a su cargo la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales y el titular del Órgano de Control Interno, en función de Comisario.

Además de cinco representantes de las distintas organizaciones ciudadanas y de usuarios, tres representantes de instituciones académicas y colegios de profesionales, tres representantes de organizaciones de comerciantes, prestadores de servicio o turismo y tres representantes de organizaciones del sector empresarial e industrial.

Destaca el establecimiento de una cuota fija por medidor de agua acorde con las necesidades de cada uno de los municipios, así como tarifas, cuotas fijas y tarifas preferenciales con obligatoriedad a personas de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, jubilados, pensionados, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad física, intelectual o sensorial.

El Consejo Ciudadano Municipal del Agua del organismo operador podrá acordar, otorgar subsidios o tarifas preferenciales por cuanto al pago de los servicios a particulares de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, previo estudio socioeconómico que deberá realizar el organismo operador o concesionario, así como a dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones educativas o de asistencia pública o privada.

A su vez, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) propondrá a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua las cuotas y tarifas fijas que se causen con motivo de la prestación de los servicios, así como de los subsidios que se otorgarán, de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Los Organismos Operadores Municipales podrán proponer a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua las cuotas y tarifas fijas, efectuar su cobro en los términos de esta ley y, en su caso, de la legislación fiscal aplicable, y realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para la más completa prestación de los servicios públicos.

La legisladora detalló que el Consejo tendrá la atribución de aprobar y establecer anualmente las cuotas fijas y las tarifas conforme a lo establecido en esta Ley. Con los concesionarios, aprobará las cuotas fijas y tarifas para el cobro de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo.

Las tarifas fijas –aclaró Ivonne Trujillo- deberán ser suficientes para cubrir los costos derivados de la operación, el mantenimiento y administración de los sistemas, la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, la amortización de las inversiones realizadas, los gastos financieros de los pasivos y las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura.

Además, corresponderá al Consejo Ciudadano Municipal del Agua del organismo operador establecer las reglas para el otorgamiento de las tarifas preferenciales y de los subsidios, la forma de acreditación y la condición de que por ningún motivo se extenderá el beneficio del subsidio a más de un inmueble por persona.

Finamente, el Sistema Veracruzano del Agua vigilará la correcta aplicación de las metodologías y dictaminará lo conducente, pudiendo hacer observaciones a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Agua Potable y Saneamiento y De Gobernación para el trámite correspondiente.

El diputado Jorge Moreno Salinas, del grupo legislativo PRI-Verde Ecologista, dijo estar muy agradecido con sus compañeras y compañeros diputados, por haber sido electo para ocupar la secretaría de la Mesa Directiva en el segundo año de labores, el cual dará inicio el 5 de noviembre de 2019.

El legislador, afirmó que ha sido un honor pertenecer a la Mesa Directiva durante el primer año de ejercicio constitucional y sobre todo tener la oportunidad de volver a ser parte para este segundo año, agregó que usará toda su experiencia para que se puedan lograr mayores acuerdos y obtener mejores resultados en esta LXV Legislatura.

Subrayó, que durante este primer año se logró dar trámite a algunos temas que habían quedado rezagados como el nombramiento de los magistrados y cambios en organismos autónomos, además destacó el nombramiento de la ciudadana Delia González Cobos como la primera mujer Auditora General del Orfis.

El legislador Jorge Moreno, calificó este primer año como productivo, sin embargo -reconoció- quedaron algunos temas pendientes que deberán abordarse en este segundo año de ejercicio.

“En este segundo año, con la experiencia del anterior esperemos se logre un mayor trabajo en las bancadas, que puedan salir adelante los dictámenes pendientes por parte de las comisiones, que se puedan dar los acuerdos necesarios que el estado necesita, para que salgan los temas que la ciudadanía reclama y espera pronta respuesta”, dijo.

Finalmente, aseguró que Veracruz es un estado que requiere de su poder legislativo para que realice sus funciones dando resultados tangibles y comprobables para la sociedad, por lo que espera que este segundo año sea más productivo.

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena, rendirá protesta ante Pleno como Presidente de la Mesa Directiva el día de mañana al iniciar el segundo año del ejercicio constitucional.

En entrevista, el diputado Ríos Uribe aseguró que su compromiso es con las y los veracruzanos que depositaron su confianza en él, por lo que “trabajara en armonía por el bien y la gobernabilidad del Estado, y de forma diplomática con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para avanzar en la agenda legislativa de Veracruz”.

Asimismo agradeció a sus compañeros de bancada y así como integrantes de otros Grupos Legislativos que respaldaron su postulación, al mismo tiempo que se comprometió a actuar desde la Mesa Directiva por el interés supremo de la entidad, resguardando ante todo el bienestar de la población.

El legislador por el Distrito XIX, de Córdoba, trabajará en la Mesa Directiva con la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, en la vicepresidencia, y Jorge Moreno Salinas, en la secretaría; quien refrendó el compromiso de atender el trabajo legislativo de todas las fracciones partidistas.

Finalmente, Ríos Uribe reconoció el papel realizado por el diputado local José Manuel Pozos Castro durante el primer año del ejercicio constitucional, calificándolo de un gran demócrata, “al maestro se le admira y resta, hoy asumimos el reto de presidir la Mesa Directiva por el segundo año legislativo, en su momento, habremos de respetar a las mayorías cuando tengamos que renovar la directiva del Congreso”, agregó.

El diputado José Manuel Pozos Castro afirmó que a Veracruz se le puede servir desde una curul o una posición, cualquiera que sea, siempre y cuando exista el compromiso y deseo de servirle.

Lo anterior al anunciar, durante los trabajos de la Décima Sesión Ordinaria, su desistimiento de participar en el proceso para la conformación de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que comprenderá del 5 de noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020.

“Me voy contento y convencido de que en esta transformación se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y cariño a Veracruz”, expresó el legislador, y agregó: “Es momento de brindar oportunidades a otras personas”.

Ante los integrantes de la Diputación Permanente, reiteró su agradecimiento a todos las y los diputados, de manera especial a los coordinadores de los grupos legislativos, y reconoció el trabajo político y liderazgo del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Legislativo de Morena, diputado Juan Javier Gómez y Cazarín.

A unas horas del inicio del segundo año de esta Legislatura, comentó que se trata de una decisión pensada y tomada con antelación, desde la seguridad de que quienes integren la Mesa Directiva a partir de este 5 de noviembre realizarán un excelente trabajo.

“Hemos sido uno de los congresos más reconocidos en el ámbito nacional. Mi relación con el Congreso de la Unión y el Senado nos ha permitido que Veracruz transite en el cumplimiento de su agenda legislativa, sobre todo con su agenda política”.

El diputado Pozos Castro informó que, de acuerdo con lo previsto en la Ley, este 5 de noviembre, entregará el informe de actividades desarrolladas por la Diputación Permanente y agradeció a los medios informativos y de comunicación la cobertura de dichos trabajos.

Los diputados Rubén Ríos Uribe y Jorge Moreno Salinas, así como la legisladora Brianda Kristel Hernández Topete, fueron elegidos por el Pleno de la LXV Legislatura del Estado como presidente, secretario y vicepresidenta, respectivamente, de la Mesa Directiva que funcionará durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que abarcará del 5 de noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020.

Lo anterior, al ser aprobado con 23 votos el proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), durante los trabajos de la sesión extraordinaria, celebrada este 4 de noviembre, en apego a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

De esta manera, el Grupo Legislativo de Morena mantiene la presidencia de la Mesa Directiva; en tanto Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática (MC-PRD), asume la vicepresidencia y el de los partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), queda en la secretaría.

El proyecto de Punto de Acuerdo de la Jucopo también registró 9 votos en contra, 3 abstenciones y una cédula en blanco.

En la sesión fueron justificadas las inasistencias de las diputadas Montserrat Ortega Ruiz, María Graciela Hernández Iñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, así como la de los legisladores Rodrigo García Escalante, Enrique Cambranis Torres, Juan Manuel de Unánue Abascal y Juan Carlos Molina Palacios.

Este 5 de noviembre a partir de las 11:00 horas la LXV Legislatura del Estado, en el Recinto Oficial de Sesiones, celebrará la primera sesión ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en la que se tiene previsto el Informe de labores del diputado José Manuel Pozos Castro sobre las acciones realizadas al frente de la Diputación Permanente, durante el segundo receso, que abarcó del 1 de agosto al 4 de noviembre de 2019.

Con el respaldo de los Grupos Legislativos de Morena y de Movimiento Ciudadano-PRD, con 31 votos a favor y por primera vez en la historia, la LXV Legislatura del Estado de Veracruz determinó no aprobar la Cuenta Pública 2018 y, por ende, rechazó los informes individuales y el Informe General Ejecutivo, presentados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), el pasado 25 de septiembre.

Lo anterior, con fundamento en los preceptos señalados en la Constitución Política del Estado de Veracruz, de la Ley Orgánica para el Poder Legislativo, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y al considerar que no existen elementos para aprobar la Cuenta Pública 2018.

Asimismo, la LXV Legislatura avaló instruir al Orfis que, en un plazo no mayor a 90 días naturales, efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del procedimiento de fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

Incluyendo la documentación entregada en sede legislativa y emita los correspondientes informes individuales e Informe General Ejecutivo que deberá remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que en los 15 días hábiles siguientes se elabore el dictamen correspondiente y, en su caso, aprobación del Pleno.

Este dictamen, que registró además 12 votos en contra (11 del Grupo Legislativo del PAN y del diputado Gonzalo Guízar Valladares) y una abstención del diputado Erik Iván Aguilar López, señala en las consideraciones que de las reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Vigilancia se observaron numerosas discrepancias entre las aclaraciones y Ia documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones y los montos solventados en las correspondientes revisiones.

De esta manera –refiere el documento- no ha sido posible evaluar efectivamente los resultados de Ia gestión financiera de dichos entes fiscalizables, comprobar si se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto ni verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Razón por la que se enfatiza la necesidad de una nueva revisión exhaustiva por parte del Orfis a la Cuenta Pública 2018, apegada a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad establecidos por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, añade.

-Debate-

En la etapa de posicionamientos y en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Eric Domínguez Vázquez manifestó que, una vez realizado el análisis de todos los entes fiscalizables y ante diversas inconsistencias y poca confiabilidad de los resultados presentados por la anterior administración del Orfis, los diputados de Morena que integran la Comisión Permanente de Vigilancia acordaron no aprobar en su totalidad la Cuenta Pública 2018.

Lo anterior, señaló el Presidente de la Comisión de Vigilancia, con la finalidad de que esta Soberanía instruya una nueva valoración de toda la documentación aportada por los 328 entes fiscalizables en la etapa de solventación del pliego de observaciones.

Tras anunciar el voto a favor del dictamen, indicó que esto tiene el firme objetivo de transparentar y dar certeza a todo el pueblo de Veracruz sobre el uso y destino que se le dio a los recursos públicos durante el año 2018. “En el Grupo Legislativo de Morena, estamos seguros de que en coordinación con la nueva titular del Orfis, podremos llevar a cabo una nueva revisión de las cuentas públicas con mayor confiabilidad y transparencia”, abundó.

Por el Grupo Legislativo del PAN, el diputado Rodrigo García Escalante dijo que “el proceso de fiscalización conlleva una serie de etapas que los entes fiscalizables deben respetar, sometiéndose a diferentes auditorias y debiendo solventar las observaciones y recomendaciones que el Orfis realiza, todo con la finalidad de permitir la transparencia en la rendición de cuentas de los recursos públicos”.

Participaron en el debate en lo general los diputados del PAN, Bingen Rementería Molina, Rodrigo García Escalante y María Josefina Gamboa Torales, y por Morena, Mónica Robles Barajas, Rubén Ríos Uribe y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

Durante su novena sesión, la Diputación Permanente de la LXV legislatura dio entrada a la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos y de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que, en el marco de sus atribuciones legales, envió y puso a consideración de este Poder el magistrado presidente de ese Tribunal, Pedro José María García Montañez.

Esta iniciativa tiene como finalidad la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional en los Juicios Contenciosos Administrativos, así como del Juicio en Línea, en atención a la dispersión geográfica de la población en el estado.

Así como la centralización de la justicia administrativa en la ciudad capital, el volumen de promociones a las que debe recaer un pronunciamiento por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y el universo de acuerdos cuya comunicación debe realizarse a las partes interesadas conforme a la normatividad aplicable.

Una correcta y eficiente impartición de justicia en estas condiciones -destaca la reforma- requiere el uso regulado de las tecnologías de la información, a través de mecanismos que garanticen el acceso a la justicia a aquellas personas que radican en municipios y poblaciones alejados de la ciudad de Xalapa.

Esto permitirá que la justicia en sede administrativa esté al alcance de más personas en la entidad veracruzana, mediante acciones que consideren la reducción en los costos por traslados físicos o envíos por correo –tradicional o escrito- a las oficinas del Tribunal, refiere.

De acuerdo con la iniciativa, resulta fundamental actualizar las disposiciones que permitan la utilización de las tecnologías de la información en los juicios que son competencia de ese Tribunal, como es la Internet, y la realización de notificaciones electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional; modalidad que considera conveniente, tomando en consideración que éste funciona de forma adecuada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que la experiencia y el funcionamiento en el ámbito federal son susceptibles de utilizarse como referente para el caso de Veracruz.

La impartición de justicia en la entidad debe transitar hacia la actualización progresiva de los procedimientos, a fin de permitir la posibilidad de que los justiciables opten por el uso de las tecnologías de la información a su alcance, de forma adecuada, segura y confiable, debidamente instrumentada, en observancia de los principios de objetividad, profesionalismo, certeza jurídica, transparencia, austeridad y excelencia en el servicio, expone el documento.

Esta iniciativa de decreto fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

A rescatar los valores del constitucionalismo transformador, a encontrar la ruta equilibrada entre la fuerza del Estado, los derechos de las personas y la función protectora, bajo los límites del derecho y el beneficio de todos, convocó la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, al darles la bienvenida a los asistentes y ponentes al foro de la Actuación Policial en el Uso Legítimo de la Fuerza, cuyos trabajos son posibles gracias a la actividad conjunta entre los tres poderes de la entidad.

El propósito de este encuentro, destacó Linares Capitanachi, es reconocer y discutir a fondo, desde los diversos enfoques institucionales y académicos, que el uso legítimo de la fuerza del Estado, a través de sus instituciones policiales y el ejercicio de la función de seguridad, deben ser una decisión estratégica y razonada, basada en la utilización de técnicas, tácticas y métodos profesionales y objetivos, exclusivamente para controlar, repeler o neutralizar actos que atacan o amenazan bienes jurídicos protegidos.

Correspondió al presidente municipal de la ciudad de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, hacer la declaratoria inaugural del foro, en el cual agradeció a los ponentes por compartir sus conocimientos.

“El fin es tener excelentes equipos de seguridad, que los conocimientos compartidos este día permitan un mejor desempeño de los cuerpos policiales, que en Veracruz, como en el país, existe el compromiso por impulsar una cultura de paz, una cultura de la legalidad, que nos permita avanzar hacia un Estado en que todas las personas cuenten con seguridad y la protección de sus derechos”, agregó.

Posteriormente, dieron inicio las mesas de trabajo, la primera, Marco jurídico del actuar policial, fue moderada por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, y participaron en la misma, el Magistrado Raúl Pimentel Murrieta y el licenciado Ernesto López Portillo Vargas; con los temas La justificación del actuar policial desde el ámbito jurídico penal mexicano y los tratados internacionales y Generalidades y principios jurídicos a los que debe sujetarse el uso legítimo de la fuerza, respectivamente.

En la segunda mesa de trabajo, denominada Uso legítimo de la fuerza policial en México, participaron el doctor Alejandro de la Fuente Alonso, con el tema Significado y consecuencia del uso excesivo de la fuerza policial, y el maestro Bernardo M. Sánchez Vigil, abordó el tema de los Derechos Humanos en México.

La tercera y última mesa, El actuar policial y los Derechos Humanos, contó con la participación del licenciado Francisco Felipe Villa Campa, y abordó El actuar policial desde el punto de vista de las Instituciones de Seguridad Pública.

En cumplimiento a la convocatoria, aprobada el pasado 11 de octubre por el Pleno de la LXV Legislatura, inició el proceso de entrevistas a seis de los once aspirantes registrados para ocupar la titularidad de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para un periodo de cinco años.

Correspondió a los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez García, secretario y vicepresidente respectivamente de la Mesa Directiva, entrevistar a Rafael Ambrosio Caballero Verdejo, Luis Ignacio Correa García, Miguel Ángel Cruz Vega, Norberto Mario Gallegos Hipólito, Rolando Guzmán Hernández y José Alberto Hernández Melgarejo.

Reunidos en la sala de sesiones Venustiano Carranza, los legisladores cuestionaron a los ciudadanos mencionados en relación con los principales ordenamientos jurídicos que rigen el Sistema Estatal Anticorrupción, el proceso de entrega-recepción de las unidades administrativas, las principales atribuciones de la Contraloría General de la FGE y qué acciones propondrían para mejorar este órgano, en caso de ser elegidos para el cargo.

Los aspirantes detallaron su formación académica y los principales cargos que han ocupado y que están relacionados con la materia, su participación en la evaluación y el manejo de los recursos públicos, así como con responsabilidades administrativas.

En este ejercicio de transparencia y legalidad, los diputados formularon sus preguntas a los aspirantes, quienes contaron con tres minutos para responder cada cuestionamiento. Al término de cada entrevista, se les agradeció su interés y se informó a cada uno que, en caso de pasar a la siguiente fase, se le notificará con anticipación.

Este procedimiento para elegir al titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado es resultado de la renuncia, con carácter de irrevocable, que presentó al cargo la ciudadana María del Pilar Beltrán Cisneros.

Este miércoles 30 de octubre, a partir de las 12:00 horas, continuará el proceso de entrevistas con los cinco aspirantes restantes que son: Osbal Moncayo Martínez, Claudia

Pérez Burguete, Carlo Omar Rizo Contreras, David Sánchez Barradas y Hernán Solís Contreras.

Al dar la bienvenida a los asistentes al foro Hacia una Cafeticultura Sustentable en Veracruz, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui expresó que este espacio tiene como fin discutir, con los representantes de las 10 regiones productoras de café del Estado, los intereses comunes como el precio del café, el bienestar de los productores, los problemas ambientales y la sostenibilidad.

Ante la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín y del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Eduardo Cadena Cerón, la legisladora Lagunes Jáuregui dijo que es de alta prioridad atender lo relativo a la renovación de las fincas, el aumento a la productividad, la trasferencia técnica y tecnológica, así como la capacitación, la gestión oportuna y transparente de apoyos y el impulso a la calidad del aromático.

La diputada invitó a los involucrados a aportar experiencias, conocimientos y capacidades para la construcción de una reforma integral a la Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano.

Informó que hay una Comisión de Redacción, instancia encargada de la creación del proyecto de iniciativa para la reforma integral a la Ley, y que con el apoyo de la Comisión Especial se fortalecerán todos los eslabones de la cadena productiva cafetalera de la entidad. “Esta es una oportunidad de unir esfuerzos para que en el campo nos vaya mejor, en particular, le vaya mejor a las y los cafeticultores”, agregó.

La presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Comercialización del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, del Congreso del Estado, Nora Jessica Lagunes pidió aprovechar el foro y revisar las prioridades, sumar capacidades y promover el reconocimiento de la actividad cafetalera. Asimismo convocó a trabajar unidos a favor de la calidad, de la productividad, de la comercialización, sustentabilidad, sostenibilidad de las fincas y de los procesos que fortalezcan al sector.

Con la asistencia de los diputados Jorge Moreno Salinas, Raymundo Andrade Rivera y Omar Miranda Romero, así como las legisladoras Deisy Juan Antonio e Ivonne Trujillo Ortiz, el diputado Juan Javier Gómez explicó que la Comisión Especial del Café fue

creada por acuerdo de todas y todos los diputados de la LXV Legislatura en diciembre de 2018 y que es una instancia plural, toda vez que está representada por las distintas fuerzas políticas.

“Yo creo que el mejor café de Veracruz es el de los Tuxtlas, pero habrá quien piense que el mejor sea de Huatusco, de Misantla, Huayacocotla, Córdoba o Coatepec, pero en lo que sí nos ponemos de acuerdo las y los diputados es en escuchar a los protagonistas de la industria del café”, detalló.

Por lo anterior, el diputado Gómez Cazarín subrayó que habrá de legislarse en coherencia con los desafíos, necesidades y propuestas de los productores de café, “pero esto se logrará escuchando a los especialistas, sus inquietudes y problemáticas que viven todos los días. El segundo estado productor de café en el país merece que construyamos un marco legal que respalde a este sector”.

Manifestó que la industria cafetalera es y ha sido un orgullo de Veracruz por dos siglos, por lo que está en manos de todos impulsarla y protegerla para que las próximas generaciones sigan sintiéndose orgullosos de su café y viviendo de su industria.

Posteriormente se desarrollaron, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, las ponencias La cafeticultura veracruzana en un nuevo escenario agroalimentario, a cargo del doctor Esteban Escamilla Prado; Iniciativa de Ley para el desarrollo sustentable del café, impartida por el diputado federal Juan Enrique Farrera Esponda y Proyecto de reforma integral de la Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano, por la doctora Estela Cessa Flores.

Asistieron la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema), María del Rocío Pérez Pérez; la diputada federal Zaira Ochoa Valdivia; el agrónomo e investigador especialista en cafeticultura integral sustentable, doctor Esteban Escamilla Prado, así como funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipales, investigadores y público en general.

“Es momento de construir en la frontera una puerta con doble chapa, una que le permita a México seguir cumpliendo su compromiso de contener el flujo ilegal de personas y estupefacientes, y otra donde los Estados Unidos despliegue su capacidad operativa y tecnológica para frenar el flujo de armas. La frontera no puede ser una puerta que cierre sólo de un lado”, afirmó el diputado federal Héctor Yunes Landa durante su participación en la LIV Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.

El combate a la inseguridad y la delincuencia organizada exige frenar el tráfico de armas en la frontera con Estados Unidos. “Sólo tendremos éxito si se garantizan esfuerzos compartidos por encima de las responsabilidades individuales”, dijo el legislador veracruzano ante los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Yunes Landa asistió a este encuentro parlamentario como vicepresidente del Grupo de Amistad con EU y secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Explicó que si bien la decisión del gobierno mexicano de desplegar casi una tercera parte de los elementos de la Guardia Nacional al cuidado de nuestras fronteras “ha dado buenos resultados a la política migratoria de los Estados Unidos, ha disminuido de manera muy importante la capacidad del Estado mexicano en tareas de seguridad y combate a la delincuencia.”

Actualmente, informó, 21 mil elementos de los 72 mil que son el total del personal operativo de la Guardia Nacional están concentrados en tareas de vigilancia de nuestras fronteras.

En su intervención, dijo que se requiere de una visión más amplia de la seguridad, en donde el desarrollo tenga un carácter prioritario como solución a la violencia. “La pobreza empodera al crimen; el bienestar empodera a la democracia”.

Dijo que un paso importante en la lucha contra estos grupos delincuenciales se logrará cuando ambos países consoliden una estrategia integral que incluya un verdadero control del tráfico de armas. Actualmente, señaló, la Browning M2 calibre .50 -una de las más poderosas utilizadas por la infantería de Estados Unidos-, la Barret calibre 50 así como los AR15, AK47, bazucas, morteros, granadas y lanzacohetes, todas ellas de origen estadunidense, son ya parte del arsenal básico de la mayoría de los grupos del crimen organizado.

Por otra parte, lamentó que en los casos de criminales que han sido detenidos y extraditados por el gobierno de México, los procesos judiciales se han desarrollado desde una narrativa “que desprestigia más a nuestro país que a las organizaciones criminales. El mismo juicio de Joaquín Guzmán es la prueba más reciente de ello.”

Finalmente, hizo un llamado a sus homólogos estadunidenses para hacer de la circunstancia geográfica un punto de encuentro entre los parlamentarios y no de discordia entre ambos países.

San Diego, CA, Estados Unidos, 27 de octubre de 2019.- El diputado federal veracruzano Héctor Yunes Landa se reunió con el congresista Henry Cuéllar, jefe de la delegación norteamericana, en el marco de la LIV Interparlamentaria México-USA celebrada en San Diego, California, que concluyó este domingo.

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa que propone diversas medidas para otorgar protección a las personas menores de edad, en caso de que sus progenitores se separen mediante el proceso de divorcio.

En su intervención durante la octava sesión ordinaria del segundo receso de la LXV Legislatura, el diputado, vocal de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto del artículo 157 del Código Civil y un último párrafo al artículo 329 del Código Penal, ambos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En la adición al Código Civil, se establece que “la sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo cual el Juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos”.

Detalla que “la protección para los menores incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos previstos por el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles”.

Diversas sanciones por desobediencia y otros delitos

En la adición al Código Penal, el diputado Rubén Ríos plantea la imposición de entre seis meses y un año de prisión y una multa de hasta 20 días de salario a quien rehúse prestar un servicio de interés público y que la ley lo obligue o desobedezca un mandato legítimo de autoridad.

Asimismo, la aplicación de entre seis meses y dos años de prisión y multa hasta de 40 días de salario a quien impida que la autoridad ejerza sus funciones o resista el cumplimiento de una orden cuya ejecución se lleve a cabo en forma legal. De emplearse violencia física o moral –advierte-, la sanción se agravará hasta en un año.

Considera también que “comete de igual forma el delito de desobediencia y resistencia de particulares y se aplicará la sanción mencionada, a quien tenga o detente la guarda y custodia de hecho o por derecho, de un menor de edad, que se niegue a presentarlo sin causa justificada ante el juez que lo ordene, en las audiencias que se requiera su presencia”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó ante la Diputación Permanente una iniciativa que reforma la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, cuya finalidad es que las comisiones legislativas dictaminen, a favor o en contra, las propuestas y de no hacerlo exista la determinación del Pleno, previa votación, para que se proceda al desechamiento correspondiente de las mismas.

En su intervención, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que las comisiones de este Congreso tienen la encomienda de analizar el contexto de la iniciativa presentada, su vialidad jurídica, social y económica; el impacto que tendría en los destinatarios, las acciones que habrán de llevar a cabo las autoridades para concretarla, las consecuencias que acarrearía en su implementación, entre otros muchos factores que se ponderan al momento de dictaminar.

De esta manera, la diputada Lagunes Jáuregui propone reformar el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que si presentada una iniciativa, de ley o decreto y transcurrido un año, contado a partir de que fue turnada a la comisión respectiva, no es discutida en el Pleno del Congreso -siempre que no conste excitativa presentada para la elaboración del dictamen- se podrá considerar desechada.

Asimismo, de solicitarse prórroga para la dictaminación referida y en caso de concederse, se fijará un plazo para la presentación del dictamen respectivo.

Transcurrido el lapso referido o negada la prórroga solicitada, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso informará al Pleno para que se determine el desechamiento de la iniciativa.

También se prevé incorporar en el citado artículo que tras ser desechada alguna iniciativa de ley o decreto, no podrá ser propuesta de nuevo en el mismo periodo de sesiones. Pero esto no impedirá que alguno de sus artículos forme parte de otra. Esta disposición no regirá tratándose de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

La iniciativa contempla adicionar un último párrafo al artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo para señalar que: presentada la excitativa correspondiente o por la solicitud de una prórroga para la dictaminación referida y en caso de concederse la misma por el Pleno, se fijará un plazo para la presentación del dictamen respectivo.

De no presentarse el mismo, el presidente exhortará de nueva cuenta a la comisión o comisiones correspondientes para motivar su omisión, en el caso de persistir la negativa de dictaminación o cumplirse el plazo establecido en el artículo 51 de la Ley, informará al Pleno para que se determine sobre el desechamiento de la iniciativa.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

La diputada Margarita Corro Mendoza propuso, mediante una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la formulación y ejecución de acciones relativas a la venta y el uso de productos sólidos urbanos plásticos de un solo uso.

Durante la octava sesión ordinaria, del segundo receso, del primer año de ejercicio constitucional, la presidenta de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático presentó dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 1, 3, 6, 7, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 de la referida ley.

Bajo el concepto de productos plásticos de un solo uso, la propuesta enumera: bolsas, vasos, popotes, recipientes de comida, cubiertos, aplicadores de todo tipo, globos, embalajes y todo objeto cuyo uso es momentáneo y que tarda cientos o miles de años en degradarse contaminando al planeta.

Define también los plásticos de un solo uso como los objetos fabricados de diferentes polímeros, artefactos o utensilios cuyo uso es temporalmente muy corto y cuya degradación en el medio ambiente es muy larga (de décadas a cientos de años) y contaminante.

Precisa, además, que los residuos sólidos urbanos son los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, de los productos que se consumen y de sus envases, embalajes o empaques, así como los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la referida ley como residuos de otra índole.

La adición al Capítulo V, titulado Manejo y Disposición de Residuos Sólidos No Peligrosos y Plásticos de Un Solo Uso, indica en el artículo 174 que “para el manejo y disposición final de residuos sólidos no peligrosos y de plásticos de un solo uso, los municipios podrán coordinarse o asociarse en la creación de un organismo operador, sentando ellos mismos los lineamientos para su funcionamiento y administración que conlleven a la mejor prestación de sus servicios públicos, bajo la figura jurídica que estimen pertinente”.

El artículo 178 permitirá al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos celebrar acuerdos de coordinación y asesoría con las instituciones correspondientes para: la implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso.

Así como la identificación de alternativas de minimización, reutilización, reciclaje y disposición final de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras. Además la instalación y operación de centros de acopio de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso domésticos orgánicos o inorgánicos, para su clasificación, reúso, tratamiento y reciclaje.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena añadió que, de acuerdo con el segundo transitorio, los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar sus reglamentos en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para dar cumplimiento al Decreto.

Y el tercero transitorio dispone que este Congreso, en coordinación con el Poder Ejecutivo y la Federación, considere un plazo perentorio para que en 2021 esté prohibida la comercialización y el uso de residuos sólidos plásticos de un solo uso.

Finalmente, precisó que esta ley tiene por objeto la conservación, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, así como la prevención, la reducción en la generación, comercialización y uso de residuos sólidos plásticos de un solo uso y la procuración del desarrollo sustentable.

Esta iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Congreso del Estado, el activista y defensor de los derechos humanos, José Alejandro Solalinde Guerra, presentó el libro Paradigmas del Nuevo Sistema Penal Acusatorio: Los Dilemas de su Implementación, realizado en coautoría con Teresita Reyes Alpirez, Magda Zayas Muñoz, Adriana Morales García, José Alfredo Gómez Reyes y Ángel Rosas Solano.

Ante la presencia del diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, del magistrado Raúl Pimentel Murrieta, así como de estudiantes de la carrera de Derecho de diversas instituciones educativas y público en general, cada uno de los coautores hizo una breve reseña de los temas abordados en su artículo, coincidiendo en la necesidad de mejorar la operación de este sistema, instaurado a partir de 2008.

Con el propósito de homologar disposiciones de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad para el Estado con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en relación con incluir los trastornos de talla como un elemento por el que no debe hacerse distinciones para gozar de los derechos establecidos en el orden jurídico, el diputado Jorge Moreno Salinas, presentó una iniciativa de decreto ante la Diputación Permanente.

El integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) informó que el 12 de julio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el párrafo primero de la citada Ley General, mediante el cual se agregaron los trastornos de talla a las condiciones o características que no deben motivar distinciones para que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano.

Refirió que la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, que tiene por objeto promover, proteger y asegurar -en condiciones de igualdad- el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, no ha sido reformada en ese mismo sentido.

Por lo anterior, el legislador priista propone en su iniciativa reformar los artículos 2, fracción XI, y 4, primer párrafo, de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la entidad, a fin de contribuir a crear una cultura de respeto e inclusión plena de las personas con trastornos de talla en los sectores social, laboral, cultural, educativo y deportivo, entre otros.

Dijo que todo esto se origina a partir del principio constitucional de no discriminación y que las personas con esa condición deban ser, no sólo visualizadas, sino también atendidas para facilitar su vida digna en la sociedad.

“Las personas con talla baja padecen limitantes físicas que les generan exclusiones, marginación y hasta rechazo, que como sociedad civilizada no podemos permitir, como tampoco que su condición les impida una vida plena en igualdad de condiciones que el resto de la población”, detalló.

En el mismo sentido el también secretario de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura recordó que en abril pasado presentó la iniciativa, misma que fue aprobada por unanimidad del Pleno el pasado 6 de junio, mediante la cual se declaró que cada 25 de octubre es el Día Estatal de las Personas de Talla Baja.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó, durante la octava sesión ordinaria, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz en materia de identidad de género autopercibida.

Esta propuesta tiene como finalidad permitir a quienes ostentan una identidad de género autopercibida, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el acta primigenia, obtener sus documentos identitarios a través de un procedimiento administrativo, ajustando la norma a los principios constitucionales federal y local.

En su exposición de motivos, la legisladora aseguró que esta problemática provoca un escenario de potenciales violaciones graves a derechos humanos que, por la interdependencia e indivisibilidad, merman la dignidad, integridad, libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida, al no contar con documentos identitarios que reflejen su real identidad.

La Diputada del distrito V de Poza Rica, añadió que parte de las reformas y adiciones propuestas contempla que las copias expedidas de estas actas no deberán contener referencia de la anotación realizada en el apéndice en el acta original correspondiente.

Asimismo, destacó que los efectos de la nueva acta de nacimiento de identidad de género autopercibida, son oponibles a terceros desde su levantamiento y que no constituye extinción o desconocimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades contraídas con anterioridad al proceso administrativo, los cuales permanecerán inmodificables.

Del mismo modo, que la solicitud de la nueva acta deberá estar basada en el consentimiento libre e informado, confidencial, expedito, tendiente a la falta de fundamento y sin la exigencia de intervenciones quirúrgicas, hormonales o que atente contra la dignidad.

Los requisitos para llevar a cabo este trámite administrativo son: ser de nacionalidad mexicana, tener acta de nacimiento registrada en Veracruz, presentar ante el Registro Civil estatal la solicitud debidamente requisitada en la que se especifiquen el nombre completo y los datos del acta primigenia y el nombre solicitado sin apellidos y, de ser el caso, el género auto percibido.

Además de presentar copia certificada del acta primigenia para efecto de realizar la reserva correspondiente.

Finalmente la legisladora aseguró que tanto la Constitución Federal como la Local, impone a todas las autoridades promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las que personas.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

–Propone la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres por Razón de Género-

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presentó también una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz en materia de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la cual propone que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con fiscales especializadas que atiendan de manera exclusiva los delitos de género, feminicidio y violencia familiar, cuando las víctimas sean niñas o mujeres.

En su intervención la legisladora precisó que en la investigación de estos delitos se requiere de un grado de especialización mayor que comprenda y analice el contexto de la discriminación contra las mujeres por razón de su género, de ahí la necesidad de esta reforma.

Agregó que esta propuesta pretende el fortalecimiento del personal a cargo de estos casos, calidad de la investigación penal, recaudo y protección efectiva de la prueba y la participación efectiva de las víctimas y sus representantes, apegado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, garantizando el derecho al acceso a la justicia.

Precisó que actualmente estos delitos son investigados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas. Sin embargo, -señaló- estas fiscalías tienen que atender diversos delitos que por su propia naturaleza deberían ser atendidos por fiscales con una mayor especialización formal y material, debido a los factores jurídicos, sociales y culturales que intervienen.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen.

Como parte de las actividades del seminario de actualización para asesoras y asesores legislativos en materia de derechos humanos, que coordina la doctora Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH), del Congreso del Estado, se realizó la presentación del tema: Derecho a la Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública, a cargo del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, miembro del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones, de la Universidad de Xalapa (UX).

El doctor Vázquez Azuara señaló que este tema es de la más alta relevancia frente al andamiaje que se está forjando sobre derechos humanos, toda vez que obliga a todas las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, a poder esgrimir ordenamientos jurídicos, disposiciones normativas, que respondan a la cada vez más creciente exigencia de la sociedad.

Dijo que en concreto, desde una visión legislativa, se ponderen cuáles derechos humanos, giran en torno a esta estructura de acceso a la información y protección de datos, y sobre todo, cuáles son las recomendaciones que se pueden generar, para que desde el Congreso, se consoliden normas locales que se armonicen adecuadamente a los espectros nacionales, internacionales.

Sobre todo –abundó- para que las disposiciones contenidas en dichas normas no violen derechos humanos que bajo el principio de interdependencia de los mismos, son también de la más amplia relevancia.

-Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas-

Por otra parte, el doctor Martín Cadena Barajas, quien actualmente funge como catedrático de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana (UV) y de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en el Colegio de Veracruz (Colver), habló sobre Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas, en el que subrayó que es un tema que ha tenido su interés debido a su experiencia laboral y por su relación con áreas de tecnologías de la información.

Además –agregó- porque las comunicaciones privadas están dentro del celular, en los correos electrónicos, en el correo impreso y están protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, el párrafo doceavo de dicho ordenamiento legal, nos dice que “las comunicaciones privadas son inviolables”.

Manifestó que la ley sanciona cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto, cuando sean aportadas, en forma voluntaria, por alguno de los particulares que participen en ellas.

Por lo anterior hizo un llamado a la responsabilidad con que se deben manejar las comunicaciones privadas y con los contenidos de los correos institucionales.

Durante el desarrollo de ambas ponencias, los asesores y asesoras legislativos participaron activamente presentando sus dudas y comentarios, en un enriquecedor diálogo e intercambio de ideas con los ponentes, de esta onceava fecha del Seminario.

La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno se pronunció por una política de protección civil centrada en la prevención y por leyes que permitan una coordinación cada vez más eficaz entre el Gobierno y sus dependencias, para que las acciones del sector público estatal en esta materia sean transversales.

Al encabezar el foro Importancia de la Gestión Integral de Riesgo y sus Actualizaciones, celebrado en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, la presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil, aseveró que la meta es “contribuir a reducir el impacto de los fenómenos en nuestra vulnerada, socialmente, población veracruzana”.

Acompañada en el presidum por el presidente del H. Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro; por las diputadas Florencia Martínez Rivera, titular de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, y Cristina Alarcón Gutiérrez, y del coordinador estatal de la Junta de Mejoras, Juan Francisco Marín Viveros, dio la bienvenida a las y los representantes de las Unidades Municipales de Protección Civil del Estado.

Al lado también de la secretaria de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, agradeció la respuesta al exhorto que hizo, el pasado 18 de julio, a los 212 municipios para que, por conducto de sus Unidades Municipales de Protección Civil, concluyan con la elaboración y actualización de los Atlas Municipales de Riesgo, los mapas comunitarios de riesgo, los programas municipales en materia de protección civil y los planes de acción para casos de emergencia y desastre.

Adelantó que buscará ante el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) capacitación permanente para profesionalizar las unidades internas de Protección Civil en el estándar de competencia para la elaboración de programas especiales en la materia de acuerdo con la gestión integral de riesgos de desastres.

Finalmente, al reiterar su apoyo y compromiso con todos los municipios del Estado, aseguró que desde la Comisión Permanente que encabeza seguirá trabajando de manera estrecha con los ayuntamientos, no sólo en la remediación, sino principalmente en la prevención.

Al inaugurar los trabajos, la secretaria Guadalupe Osorno destacó que la legislación de Veracruz es pionera en la integración de la gestión integral de riesgo y proyectó que la entidad transite hacia un modelo donde la coordinación sea la principal herramienta de prevención y atención.

Durante la jornada, los participantes pudieron externar sus inquietudes e interactuar con los ponentes: el ingeniero Jesús Córdova Ortega expuso los temas Atlas de riesgo e Impacto del Cambio Climático en la gestión de riesgo y los recursos naturales; la ingeniera Sheila López Vásquez presentó Estrategia de Gestión Integral de Riesgo y Gestión de Recursos; el licenciado Francisco Javier Azcoitia Grajales habló sobre la aplicación móvil Alerta Ciudadana Veracruz, y el licenciado Erik Benito Pérez Mistega presentó Reformas en Gestión de Riesgos.

Derechos en el trabajo y seguridad social fueron los temas expuestos este miércoles, durante una jornada más del Seminario de actualización para asesoras y asesores legislativos en materia de derechos humanos, organizado e implementado por la titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado, maestra Mónica Mendoza Madrigal.

En esta ocasión, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Guillermo Benjamín Díaz Martínez, realizó una presentación en la que abordó, por una parte, los derechos humanos, los derechos fundamentales, la dignidad humana y los derechos humanos laborales y por otra, los derechos humanos en el servicio público.

Con base en las legislaciones mexicana e internacional y en interacción con los participantes, desarrolló diez puntos: estabilidad en el empleo, seguridad social, libertad sindical y libre negociación, protección a las madres, prohibición de trabajo forzoso, no discriminación e igualdad de oportunidades, trabajo de menores, descanso y tiempo libre, salario digno y remunerador y acceso a la justicia.

Este seminario, que inició el pasado 17 de septiembre, dirigido a los colaboradores directos de las y los diputados locales, tiene entre sus propósitos proponer nuevas líneas y enriquecer los enfoques que son utilizados para su abordaje a través del trabajo de la LXV Legislatura.

Ayer martes 22 de octubre y como parte de las actividades programadas del Seminario de Actualización para Asesoras y Asesores Legislativos en materia de derechos humanos, que coordina la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado, Mónica Mendoza Madrigal, tres especialistas abordaron temas relacionados con la Agenda 2030 y la Bioética.

Previo a la presentación del primer ponente, la doctora Mónica Mendoza agradeció la disposición de asesoras y asesores que a lo largo de estas semanas han acudido y participado en las sesiones del Seminario, el cual –confió- será de gran ayuda para las actividades diarias que se desarrollan en esta Soberanía.

Posteriormente el doctor Miguel Escalona Aguilar, coordinador universitario para la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana (UV), abordó el tema Agenda 2030, el derecho a un medio ambiente sano.

En tanto, la maestra María del Pilar Jiménez Romero, profesora e investigadora de la Universidad Cristóbal Colón, y el doctor Carlos Escorza Santos, del Comité de Bioética en Investigación y Comité Hospitalario de Bioética, hablaron sobre Derechos Humanos y la Bioética.

Este seminario, que inició el pasado 17 de septiembre, tiene como finalidad enriquecer el conocimiento de las asesoras y asesores legislativos en materia de derechos humanos.

Al dar la bienvenida a las y los asistentes al seminario Resultados de la Encuesta sobre Salud y las Experiencias de Vida de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de Xalapa, Veracruz 2018, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno señaló que, a través de la información recabada y dada a conocer este día, será posible advertir las acciones a tomar, de manera más efectiva, para beneficio de las personas adultas mayores.

Este espacio, agregó la legisladora, permitirá analizar y reflexionar sobre la realidad en que vive un sector tan importante en Veracruz y en todo México, como son las personas adultas mayores y cómo, desde el Congreso del Estado, se trabaja para reconocer los derechos de quienes, con su ejemplo y lecciones de vida, son el mejor legado que puede tener la actual generación.

Dijo que con acciones dedicadas a las personas adultas mayores podrá avanzarse para que en su vida personal encuentren los mayores satisfactores que la vida deba darles.

Posteriormente, correspondió a la doctora Liliana Giraldo Rodríguez, investigadora del Instituto Nacional de Geriatría, dependiente de la Secretaría de Salud federal, presentar los resultados derivados de esta primera encuesta. Información que, destacó, permite conocer la situación socio-económica, de salud y el maltrato de que son objeto las personas adultas mayores en esta ciudad capital.

Con estos datos –subrayó- se busca contribuir al desarrollo de investigación, para la generación de conocimiento sobre el tema, que permita sentar las bases para la creación de políticas públicas, enfocadas en la atención de las necesidades de las personas adultas mayores, así como dar sustento a la necesidad de contar con un marco legal específico para prevenir y atender muchos de los problemas que enfrenta este sector de la población.

Asimismo, continuó Giraldo Rodríguez, con los datos obtenidos de esta encuesta, se pueden apoyar para la toma de decisiones, como, por ejemplo, proponer la creación de una agencia especializada en la atención de adultos mayores víctimas de violencia, como ya se ha hecho en la Ciudad de México.

Por convocatoria de la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, asistieron a este seminario el médico Jonathan Verbinski Maldonado, en representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez; la jefa del área del Adulto Mayor, en el DIF Municipal Xalapa, María Verónica Rodríguez Estrada; la presidenta de la Asociación Vida Digna, Marva Garcimarrero Ochoa; público en general, estudiantes de las carreras de Medicina y Enfermería de diversas instituciones educativas.

Un reconocimiento al trabajo implementado por los integrantes de la Sexagésima Cuarta (LXIV) Legislatura del Congreso de la Unión hizo el presidente del H. Congreso del Estado de Veracruz, diputado José Manuel Pozos Castro, al participar en el Primer Informe Legislativo de las y los diputados federales del Grupo Legislativo de Morena.

Durante el acto -celebrado en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo-, el diputado Pozos Castro dio la bienvenida al grupo de legisladores encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo, a quienes distinguió por su compromiso en favor de la población.

Los resultados en materia legislativa –dijo- están a la vista. Aseguró que sus homólogos federales “se han esforzado por elevar la calidad de vida de nuestra gente” y manifestó que hay plena coincidencia en la LXV Legislatura, donde “avalamos su trabajo honesto, responsable y eficiente”.

Expresó, en el mismo sentido, que entre las y los diputados federales y locales hay coordinación, unidad, intercambio permanente, coordinación y respaldo recíproco.

“Reconocemos su profesionalismo, cariño y afecto por la entidad. La vocación por el servicio de nuestros representantes en San Lázaro se ha traducido en más inversión, más empleo y más bienestar para la ciudadanía”.

Posteriormente, escuchó el breve informe que, por separado, realizaron en materia de combate a la corrupción y al robo de combustible, la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la expedición de la Ley Federal de Austeridad Republicana, la creación de la Guardia Nacional y el fomento a la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR).

Hicieron uso de la palabra las y los legisladores federales: Tania Cruz, Jaime Pérez Bernabé, Julio Carranza, Edith García, Carmen Medel, Carmen Mora, Claudia Tello, Dulce Villegas, Dorheny García, Juan Martínez, Eleuterio Arrieta, Lizeth Guerra, Manuel Gómez, Marco Medina, María Espinoza, Paola Tenorio, Raquel Bonilla, Ricardo Exsome, Rodrigo Calderón, Rosalba Valencia, Valentín Reyes y Zaira Ochoa.

Por el Grupo Legislativo de Morena en el Congreso local, asistieron las y los diputados: Rosalinda Galindo Silva, Adriana Paola Linares Capitanachi, Ana Miriam Ferráez Centeno, Jessica Ramírez Cisneros, Raymundo Andrade Rivera, José Andrés Castellanos Velázquez, Rubén Ríos Uribe, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José Magdaleno Rosales Torres.

Asistieron también el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, y el subsecretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil, ambos del Gobierno del Estado, así como el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá.

Este 15 de octubre y como parte del Seminario para asesoras y asesores legislativos, que coordina e implementa el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado, a cargo de la doctora Mónica Mendoza Madrigal, se llevó a cabo la sesión en la que cuatro especialistas abordaron diversos temas.

Lo referente al derecho a la educación fue abordado por el doctor Reynaldo Castillo Aguilar, profesor investigador de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV), Enrique C. Rébsamen y por el profesor Gustavo Abel Cadena, asesor jurídico en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En tanto, el tema Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes fue expuesto por el doctor Arturo Miguel Chípuli Castillo, del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y por el maestro Arturo Narváez, de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (UV).

Este seminario continuará en los próximos días y su finalidad es fortalecer los conocimientos en materia de derechos humanos de las asesoras y asesores legislativos, quienes, a su vez, coadyuvan con las diputadas y diputados en las diversas actividades que se desarrollan al interior de este Poder.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz nombró a José Alfredo Corona Lizárraga Encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en sustitución de Marcos Even Torres Zamudio, tras determinar que se actualizaron las hipótesis previstas en los artículos 35 quater y 35 quinquies de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

El nombramiento de Corona Lizárraga –señala el Acuerdo- tiene la finalidad social de que dicha institución siga funcionando con la menor alteración posible. “Por lo tanto, deberá tomar protesta inmediatamente ante el presidente del Congreso y tendrá todas las facultades políticas, orgánicas, operativas y administrativas en funciones de Fiscal Especializado que la Ley Orgánica prevé”.

Esta designación, desahogada durante la Sexta Sesión Extraordinaria del Primer Año de Ejercicio Constitucional, fue aprobada con 36 votos de diputadas y diputados de los Grupos Legislativos de Morena, PRI-PVEM, Movimiento Ciudadano-PRD y Del Lado Correcto de la Historia.

Además se registraron 10 votos en contra, de integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), además del legislador independiente Erik Iván Aguilar López.

En el Acuerdo la Junta de Coordinación de Política informó que, atendiendo la notificación de la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, relativa a la actualización de las hipótesis antes señaladas, relativas a la ausencia, por más de 30 días, del Fiscal Anticorrupción, y del incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondientes, es necesario nombrar a la persona que se haga cargo de esta Fiscalía.

La LXV legislatura en uso de su facultad expidió el acuerdo que con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 17, 21, 41, 110, 111, 116, 123, apartado b fracción XIII in fine, 124, 128 y 133 de la Constitución Federal; 4, 6, 33, 38, 67 in fine, y 80 in fine de la Constitución de Veracruz; 1, 2, 3, 4 y 5 fracciones VII y IX, 7, fracciones I y VI, 21 39, 40, 49, 55, fracciones I, III, IV y VII, 56, 58, 60, 59, fracción II, inciso a), 65, 67, 68, 69, 107, 108, fracciones VII, VIII, IX, XIII y XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 31, 33, 47 in fine, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 2, 75 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; 3, fracciones XIII Bis y XIII Ter, 35 Quater, párrafo último, 35 Quinquies, fracciones I y VI de la Ley Orgánica de la Fiscalía; y 222 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ordenamientos últimos para el Estado de Veracruz, razonados en las consideraciones, dada la inmediatez que exige la legislación en materia anticorrupción se remueve del cargo de a Marcos Even Torres Zamudio como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, por incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondientes, necesarios para el ingreso y permanencia en el cargo, tal y como lo informan las autoridades competentes; por lo tanto, se le exhorta a cumplir con lo establecido en el artículo 128 de la Constitución Federal y demás normativa aplicable en materia de entrega-recepción del cargo.

Asimismo, el nombramiento provisional de Corona Lizárraga responde bajo los principios constitucionales y prácticos del servicio público.

Del mismo modo el personal adscrito a esta área continuará con los efectos del nombramiento, cumpliendo con la normatividad que les rige sin menoscabo de las facultades y atribuciones del Encargado de Despacho de la FGE.

José Alfredo Corona Lizárraga

Nació en Xalapa el 9 de enero de 1984, es licenciado en Derecho por la Universidad de Xalapa; Maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de Veracruz y Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana Diplomado en Programación Neurolingüística y Metafísica.

La Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano realizó la última reunión previa al Primer Foro Especializado hacia una Cafeticultura Sustentable en Veracruz, a celebrarse el próximo 28 de octubre en el Palacio Legislativo.

La presidenta de la Comisión, diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, y el diputado Jorge Moreno Salinas, vocal de la misma, encabezaron los trabajos de revisión de nuevas propuestas para la elaboración de un proyecto de reforma integral a la Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano.

La legisladora Lagunes Jáuregui dijo que se trata de “un trabajo de equilibrios, en el que todos los eslabones de la cadena tengan representación y una ganancia. El trabajo que ustedes realizan muchas veces no se ve, pero en el resultado se verá reflejado; será un resultado que atienda las necesidades del sector. Valoro y les agradezco el esfuerzo a todos”.

Al lado de funcionarios estatales y municipales, industriales, representantes de los distintos eslabones de la cadena productiva, integrantes de la comisión redactora del mencionado proyecto, coordinados por la investigadora Estala Cessa Flores, subrayó la importancia de la participación de cada uno de los involucrados, en un trabajo transparente en el que queden plasmadas las opiniones de todas y todos.

En la segunda parte de la reunión, en la que las y los participantes analizaron los avances del proyecto de reforma, la diputada Nora Jessica hizo la presentación oficial del cartel del Foro y el diputado Jorge Moreno dio lectura al proyecto de orden del día para el próximo 28 de octubre, que contempla la participación de representantes del Poder Ejecutivo estatal, de la Cámara de Diputados, cafeticultores veracruzanos, un ponente local y un expositor de la Comisión Especial del Congreso Local.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por la cual se emite la convocatoria pública para designar al titular de la contraloría interna de la Fiscalía General del Estado (FGE), ante la renuncia que presentó al cargo María del Pilar Beltrán Cisneros.

En el desarrollo de los trabajos del Sexto Periodo de Sesiones Extraordinarias, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, se dio lectura a este Acuerdo, en el cual se establece que es atribución de esta Soberanía designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control y de los organismos autónomos del Estado, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Estado. Además que resulta obligatorio para este órgano legislativo emitir las convocatorias respectivas.

Derivado del escrito de renuncia de Beltrán Cisneros, con carácter de irrevocable y por motivos “estrictamente personales”, la Jucopo procedió al estudio y análisis del mismo, tomando en cuenta que la Ley Orgánica de la Fiscalía General establece los requisitos para ser contralor de dicho ente, y que éste será nombrado y removido por el Congreso del Estado.

Ante la falta del titular del órgano interno de control de la Fiscalía General y dado que para esta Legislatura resulta primordial atender las funciones de prevención, detención, combate y sanción de la corrupción, es impostergable cubrir dicha vacante y por lo tanto, ha de emitirse la convocatoria respectiva para suplir dicha ausencia definitiva.

La convocatoria señala el procedimiento para la designación, por el Congreso del Estado y por un período de cinco años, del titular de la contraloría interna de la FGE y las personas propuestas por organizaciones de profesionistas, instituciones académicas y la sociedad en general, así como los profesionistas o académicos que por sí mismos o con el respaldo de alguna organización o institución aspiren a ser designados, deberán cumplir y acreditar los requisitos en ella señalados.

Entre estos, ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación, o mexicano por nacimiento, con vecindad mínima de cinco años en el Estado. En ambos casos, ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos; tener, cuando menos, treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación.

Además de contar con título profesional legalmente expedido y cédula profesional en alguna de las áreas económicas, contables, jurídicas o administrativas y acreditar experiencia profesional de cuando menos cinco años en actividades afines y poseer, preferentemente, estudios de postgrado.

También, gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, u otro que lastime su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

El titular de la contraloría interna de la FGE, durará en el cargo cinco años; las propuestas de ciudadanas y ciudadanos que puedan ocupar el cargo mencionado se recibirán por un periodo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria, en horario de 9:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la presidencia de la Jucopo, en el Palacio Legislativo.

Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la recepción de los documentos a que se refiere la convocatoria, la Jucopo efectuará la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos señalados y entrevistará a cada uno de los aspirantes.

Concluida la fase de entrevistas la Jucopo rendirá un informe al respecto y formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá una terna para el nombramiento del contralor interno de la FGE.

La LXV Legislatura del Estado, a través de la Diputación Permanente, dio entrada al oficio signado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por el cual envía 13 propuestas de ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Este documento, dado a conocer durante la sexta sesión ordinaria, del segundo receso, fue turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para su estudio y proceso correspondiente.

La lista está integrada por Bertha Inés Chávez Méndez, Claudia Reséndiz Aguilar, Graciela Patricia Berlín Mendoza, Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, Florencia Cruz Fernández, Isabel Inés Romero Cruz, Socorro Hernández Cadena, Rosalba Hernández Hernández, Sofía Martínez Huerta, Adolfo Cortés Veneroso, Cándido Nicanor Rivera, Esteban Martínez Vázquez y Sergio Jiménez Maraboto.

En otros de los puntos de la correspondencia, se le dio entrada al oficio mediante el cual la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) informa que se han actualizado las hipótesis contenidas en los artículos 35 quater y 35 quinquies de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado respecto al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

Asimismo, para el trámite legislativo correspondiente, fue turnado a la Jucopo el oficio mediante el cual la ciudadana María del Pilar Beltrán Cisneros presenta su renuncia, con carácter de irrevocable, al cargo de titular de la Contraloría Interna de la FGE.

Además, fue enviado a la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales el oficio remitido por la Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el cual solicita a este Congreso concluir el procedimiento sustanciado, del expediente CPLI/01/2011 y dirimir el conflicto de límites territoriales entre los municipios de Chinameca y Oteapan.

Se precisa que, en caso de que el órgano legislativo determinara necesario modificar los límites contenidos en el decreto 537, de 30 de enero de 2003, debe fundar y motivar correctamente la determinación relativa, señalando la revocación de éste, y una vez realizado lo anterior, proceder a fijar los nuevos límites entre ambos municipios, señala la notificación.

El Grupo Legislativo Mixto Del Lado Correcto de la Historia, del Congreso del Estado, en voz de la diputada Florencia Martínez Rivera, encabezó la ceremonia conmemorativa del 527 aniversario del Descubrimiento de América, acontecimiento que marcó el nacimiento de una nueva identidad, producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles.

En México, detalló la legisladora Florencia Martínez, fue hasta 1928 cuando se instauró oficialmente, por iniciativa de José Vasconcelos, el Día de la Raza, aludiendo a la raza iberoamericana, al mestizaje y a la armonía cultural. “Desde aquel entonces, el propio Vasconcelos ya argumentaba la necesidad de que existiera una sola raza, sin distinciones de color de piel, idioma, creencias o costumbres; el respeto a dichas condiciones nos ha permitido construir una verdadera democracia”, abundó.

Destacó que este día tiene como finalidad conmemorar el inicio de una nueva identidad cultural, resultado del encuentro de los pueblos indígenas de América y los europeos; y además –agregó- sirve para reflexionar acerca de la deuda histórica que aún se tiene con los pueblos originarios, en el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.

Indicó que en el país existe una población indígena de 12 millones 25 mil 947 personas, lo que significa el 10.1 por ciento de la población total. Asimismo subrayó que Veracruz tiene un millón 101 mil 306 personas indígenas, lo que representa un 9.2 por ciento de la población total indígena de la nación, colocándose como la tercera entidad que concentra el mayor número de población indígena.

Pidió no olvidarse de las personas que se identifican como afro-mexicanas, 1.4 millones, que representa el 1.16 por ciento del total de la población. Aseguró que de éstas, 705 mil son mujeres y 677 mil son hombres.

Dijo que Veracruz se encuentra dentro de las entidades federativas con mayor presencia de población afro-mexicana, con 3.3 por ciento, después de Guerrero y Oaxaca.

“Estas cifras, deben llevarnos a seguir mejorando las condiciones de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas, impulsando una agenda legislativa que permita incluirlos en todos los sectores de la sociedad, tanto en lo público como en el privado, rescatando sus usos y costumbres, así como sus lenguas, ya que son herencia viva de nuestros antepasados”, expuso.

Durante el acto cívico, se rindieron honores a nuestra Bandera y participaron también el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Augusto Nahúm Álvarez Pellico; el secretario General, Domingo Bahena Corbalá; el secretario de Fiscalización, Everardo Domínguez Landa; la titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, Mónica Mendoza Madrigal y el jefe del departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Juan Carlos Patiño Pérez, todos del Congreso del Estado, así como José de Jesús Rodríguez Hernández, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo.

Durante la sexta sesión ordinaria de la Diputación Permanente, correspondiente al segundo receso, las diputadas y diputados avalaron dictámenes de comisiones permanentes relativos a la donación de terrenos destinados para uso exclusivo de escuelas y a favor de ciudadanos, así como al desarrollo de un proyecto para un estadio de fútbol.

De esta manera, fue aprobado el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, por el cual se autoriza al titular del Poder Ejecutivo estatal a enajenar, a título gratuito, condicional al cumplimiento del proyecto denominado Estadio de Fútbol Orizaba, de las parcelas ubicadas en la ex hacienda Jalapilla, del municipio de Orizaba.

Asimismo, se autorizó a los ayuntamientos de Castillo de Teayo, Coahuitlán, Isla, Nautla, Papantla, Paso de Ovejas y Saltabarranca realizar la enajenación de lotes de terreno, pertenecientes al fundo legal municipal, a favor de distintos ciudadanos y con el propósito de regularizar el estatus legal, dando certeza jurídica ante la realización de cualquier acción administrativa.

Por otra parte, a los ayuntamientos de Castillo de Teayo, José Azueta, Miahuatlán, Papantla, Sayula de Alemán, Tepatlaxco y Zagaroza les fue concedida una anuencia para donar terrenos del fundo legal municipal a favor de diferentes instituciones.

En la sesión, las y los legisladores aprobaron el dictamen por el cual se autoriza al Ayuntamiento de Córdoba desincorporar del orden del dominio público, pasar al dominio privado y donar una fracción de terreno, a favor del Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para uso exclusivo de las instalaciones de la escuela primaria 5 de Mayo, con clave 30DPR0127X.

Al Ayuntamiento de Veracruz le fue autorizado donar fracciones de terreno a favor del gobierno estatal, con destino a la SEV, para uso exclusivo de las escuelas primarias Armada de México, con clave 30 DPR5594Z, y Profesor Antonio Salazar Páez, con clave 30EPR3956D.

En tanto, a los ayuntamientos de Huayacocotla, Misantla, Naranjos Amatlán, Rafael Delgado y Tlacolulan se les autorizó donar terrenos de propiedad municipal a favor del Gobierno del Estado, con destino a la SEV, para el uso exclusivo de planteles escolares.

Por último, el presidente del H. Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, concluyó la sexta sesión ordinaria a las 19:19 horas y convocó a la séptima sesión para este viernes 11 de octubre a las 12:00 horas en la sala de sesiones Venustiano Carranza.