La Comisión Permanente de Hacienda del Estado de la LXV Legislatura recibió la comparecencia del secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, quien informó acerca del estado que guarda la hacienda estatal y del trabajo realizado por la administración que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en términos de austeridad y contención del gasto, esfuerzo recaudatorio, planeación como eje para la innovación legal y operativa, estructura de la deuda y aval de las calificadoras.

La diputada Rosalinda Galindo Silva, presidenta de la Comisión, y los diputados Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vázquez, secretario y vocal respectivamente, coordinaron y condujeron los trabajos desarrollados en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo. De acuerdo con el protocolo, el Secretario protestó decir verdad durante su exposición y al responder a las preguntas de las y los legisladores.

En compañía de subsecretarios, directores generales, subdirectores, jefes de Departamento y demás personal, dijo que en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se trabaja para que el orden, la transparencia y disciplina financiera “sean ejes transversales en la planeación, ejecución y control de todas y cada una de las políticas, programas y acciones que desarrollamos en el marco de nuestras atribuciones”.

Señaló que la administración que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tiene como misión sustantiva reconocer los sentimientos y cumplir con las demandas de la gente, combatiendo la corrupción y haciendo justicia para todos aquellos que habían sido olvidados.

Una de las características de esta administración –señaló- consiste en adoptar los principios de ser un gobierno abierto, que trabaja con honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, racionalidad, austeridad y control.

Durante este primer año de labores, informó el titular de Sefiplan, se realizó una reorientación social del gasto, poniendo énfasis en incrementar el presupuesto a las áreas que requerían mayor atención y que mereció el apoyo de este Congreso, tales como: Seguridad Pública, con un incremento de 550 millones respecto al autorizado en 2018; Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, con un incremento de 74 millones; Turismo, con 73 millones más para este ejercicio 2019; la atención integral a víctimas se incrementó en 89 millones, que equivale a 1,500 por ciento más comparado con el 2018; al campo se le designaron 259 millones más y para la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas se elevó en 988 millones.

En suma –prosiguió Lima Franco-, las adecuaciones al Presupuesto de Egresos significaron una ampliación de prácticamente un 50 por ciento para gasto en infraestructura social respecto de 2018. Dentro del gasto etiquetado, el 42.4 por ciento se orientó a brindar apoyos en materia de educación básica y normal.

El 12 por ciento, que corresponde al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, posibilitó tener más y mejores obras e inversiones que benefician a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social. Esto permite generar las condiciones para que haya más y mejores empleos para los veracruzanos.

Además, con el objetivo de brindar a la población un acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud, un 10 por ciento del presupuesto, se destinó para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

Por otra parte, se ha logrado eficiencia en la ejecución del gasto operativo, que ha disminuido en 47 por ciento, debido a la implementación de compras consolidadas.

En cuanto a la regularización de la tenencia de la tierra, el Secretario de Finanzas destacó resultados contundentes: se han entregado 649 escrituras públicas, 514 contratos elaborados, más de 2 mil 500 audiencias de atención a grupos sociales, 793 audiencias de solicitud y regularización realizadas, más de 2 mil 300 estudios socioeconómicos, un total de 1,285 estudios para el Instituto de Vivienda, logrando un ingreso de 7.2 millones de pesos.

Por eso, “se ha llevado a cabo una estrategia integral para fortalecer los mecanismos de cobro de impuestos y obligaciones. Tal es el caso del decreto del Gobernador por el cual se exenta el pago de impuesto del 15 por ciento adicional para el fomento a la educación en beneficio de la educación tecnológica. Y tenemos listo el esquema para apoyar a la Universidad Veracruzana, nuestra Alma Mater, con sus adeudos ante el SAT, por un monto de 2 mil millones de pesos”.

En términos de poner los avances tecnológicos al servicio de la población, informó que la página de la Oficina Virtual de Hacienda está habilitada por primera vez para dispositivos móviles. También se desarrollaron cuatro nuevos sistemas en línea, que son: el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar, el expediente electrónico del registro vehicular, el Sistema de Administración y Gestión Documental y el Sistema de Registro de Contador Público. Además, se echó andar el Programa de Ordenamiento Vehicular Borrón y Placas Nuevas, el cual contempla beneficios fiscales muy importantes para los contribuyentes.

“Todo este esfuerzo se ve reflejado en números que hablan por sí solos. La recaudación acumulada de este año, con corte al 31 de octubre es de 7 mil 338 millones de pesos, lo que quiere decir que se elevó en un 12.8 por ciento comparado con 2018. Esto permitió pasar del lugar 17 al 8 en eficiencia recaudatoria. También pasamos del lugar 29 al 3 a nivel nacional en ISR participable”.

En cuanto a la planeación como eje para una innovación legal y operativa, el Secretario reconoció a la LXV Legislatura por aprobar la nueva Ley de Planeación, en diciembre de 2018. Esta ley, “permitió elaborar el Plan Veracruzano de Desarrollo que contempla las acciones prioritarias para rescatar al estado de la crisis económica y del rezago social que había ocasionado tanta desigualdad”.

Dicho instrumento rector “nos permitió tomar decisiones presupuestales para atender los temas más sensibles que demanda la sociedad”.

Detalló que las acciones realizadas tienen como resultado: 94 programas presupuestales, 105 actividades institucionales, las cuales integran mil 840 indicadores. También, se coordinaron 16 programas sectoriales, el Programa Prioritario Proveer Desarrollo y Bienestar, y dos Programas Especiales: el primero es Cultura de Paz y Derechos Humanos y el segundo es el de Honestidad y Austeridad.

Por otra parte, se coordinó el Programa Anual de Evaluaciones 2019, mediante el cual se apoya a las dependencias para la planeación operativa de fondos federales. Para combatir la corrupción, se han constituido 54 Comités de Contraloría Ciudadana y se ha brindado seguimiento a 29 que ya estaban constituidos.

José Luis Lima explicó que, con el objetivo de generar inversiones que beneficien a la población que más lo necesita, se ha logrado consolidar un esquema para adelantar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). “Ahora los municipios podrán contar con un 25 por ciento de este fondo por adelantado, para realizar obras de infraestructura social y que, al mismo tiempo, se puedan generar más empleos”.

Al reiterar que este gobierno cumple sus compromisos, informó que se han pagado más de 2 mil millones de pesos por diversos conceptos de adeudos que dejaron las administraciones anteriores. Para dar cumplimiento a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pagaron más de mil 479 millones de pesos a 92 municipios; también se han pagado más de 20 millones de pesos por seguros institucionales a 153 ciudadanos, más de 26 millones de los fondos de ahorro para el retiro, beneficiando a 979 personas y a sus familias, así como a 176 proveedores que cuentan con validación para recibir su dinero.

Reiteró la importancia de la colaboración entre los poderes de este gobierno “Desde el primer minuto, construimos el marco legal que nos permitiera trabajar y ordenar las finanzas con la Ley de Planeación, la Ley de Austeridad y un presupuesto acorde con las necesidades actuales. Ganamos confianza y mejoramos el perfil crediticio. Esto nos puso en ventaja para llevar a cabo un proceso de refinanciamiento y reestructura de la deuda”.

Este Gobierno, aseguró el servidor público, tiene visión de futuro. “Durante esta gestión se dispondrán de más de 3 mil 700 millones de pesos, y durante los primeros tres años de la administración siguiente se liberarán más de 3 mil millones de pesos”.

La fortaleza de las finanzas de Veracruz, aseveró, son evidentes y claros: “Contamos con el aval de las agencias calificadoras más importantes. Moody´s elevó la calificación que se tenía en 2018 de B a triple B en 2019. Esto significa que mejoramos 6 peldaños en la escala de calificación. HR Ratings mejoró la calificación en este mismo periodo de doble B a triple B- y Fitch Ratings reportó un avance de triple B- a triple B. Esto se logró por un buen manejo de los recursos, transparencia en el ejercicio, contención del gasto, buen manejo de la deuda y cumplimiento de las obligaciones”.

Lima Franco expresó que con esta ardua labor “prácticamente estamos remediando el mal de 10 años en tan sólo 10 meses. El compromiso es volver a ocupar el lugar que nos corresponde. Veracruz está recuperando su fuerza. Y lo estamos haciendo por primera vez bajo una política de austeridad y combate a la corrupción, trabajando del lado de la gente y con la gente, escuchando las demandas y buscando soluciones, reconstruyendo las bases y mirando al futuro, trabajando con orden, transparencia y disciplina financiera, pero también con inteligencia para aprovechar las oportunidades.

“Ha sido un año de grandes resultados y seguiremos por el buen camino. Muy pronto, Veracruz volverá a ser un estado de oportunidades, un estado que siempre vaya un paso al frente, un estado donde se hace justicia y se puede vivir mejor. Éste es nuestro compromiso y seguiremos cumpliendo”, concluyó.

Como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, este 21 de noviembre, la LXV Legislatura recibió la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobierno (Segob) del Estado, Eric Patrocinio Cisneros Burgos quien, además de brindar detalles sobre las acciones implementadas en el año, respondió las preguntas de las diputadas y diputados.

Correspondió a la Comisión Permanente de Gobernación, integrada por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presidenta, el legislador Raymundo Andrade Rivera, secretario, y la diputada María Josefina Gamboa Torales, vocal, dar lectura al formato de la comparecencia y, acto seguido, coordinar las participaciones de las y los legisladores, en cada una de las rondas.

Al inicio de su exposición, Eric Cisneros Burgos consideró importante valorar el trabajo realizado durante este año en Veracruz. “Sobre todo, hacerlo a la luz de cómo recibimos al estado, de cómo vamos superando los retos y cómo estamos alcanzando una mejor realidad para construir el futuro de bienestar para los veracruzanos”.

Al considerar que “la corta alternancia que precedió a nuestro gobierno fue atroz: pues pasó del olvido al desprecio de los veracruzanos”, manifestó el compromiso del gobierno estatal con la realidad de la población y dijo ser un secretario de Gobierno de tiempo completo que atiende todos los días en los municipios de la entidad. Agregó que este Gobierno ha hecho funcionar a las instituciones y que es “pueblo que sirve al pueblo”.

Aseguró que este Gobierno es cercano a la sociedad, lo que ha permitido mejores resultados. “No somos funcionarios de ornamento”, por lo contrario, “con el liderazgo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, hemos avanzado en la instalación de un nuevo marco de gobernabilidad basado en la cercanía de instituciones públicas que sirven a la población. Nuestro gobierno está en el pueblo”.

Como ejemplos, mencionó que cerca de 10 mil personas han sido atendidas de manera oportuna y se han convenido más de 300 concertaciones de asuntos agrarios y sindicales que han planteado diversas organizaciones sociales, agrupaciones políticas y la ciudadanía en general.

Además, se ha logrado dar atención inmediata y en su totalidad a casi mil 600 expresiones sociales, gracias a la estrecha colaboración con los ayuntamientos, que permiten dar seguimiento a las principales demandas ciudadanas.

Así también, se han registrado casi 5 mil casos de protección a migrantes y se continúa reforzando el programa Raíces Veracruzanas, que ha beneficiado a casi 50 personas con visas de no inmigrante B1 / B2, autorizadas por la Embajada de los Estados Unidos en México, lo que ha permitido acercar a más veracruzanos con sus familias residentes en el exterior.

En lo que va de esta administración –prosiguió-, se han digitalizado y actualizado casi 22 mil predios de la cartografía catastral, con lo que se ha fortalecido las haciendas de municipios de todas las dimensiones y de todos los colores partidistas, desde pequeños hasta metropolitanos, como: Tepetzintla, Tlapacoyan, Tuxpan, La Antigua, Veracruz, Carrillo Puerto, Córdoba, Paso del Macho, Cosamaloapan y Moloacán.

Enfatizó que en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, Veracruz ha pasado del último lugar nacional, donde permaneció por más de 20 años, al séptimo lugar nacional en todos los servicios, y es ya segundo lugar nacional en atención al público.

Al abundar en los logros obtenidos en diversos ramos durante este año, el Secretario señaló que “el progreso se sustenta integral, porque abatimos las causas de la pobreza, generando y ampliando las oportunidades de desarrollo para los sectores menos favorecidos, los más rezagados en las zonas rurales e indígenas de nuestro estado”.

El encargado de la política interna del estado aseveró que “la paz social se ha logrado restablecer gracias a la coordinación efectiva de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, que de manera permanente, eficiente y eficaz, han recuperado su afinidad de principios para garantizar el orden público”.

En este sentido, dijo que “en el presente gobierno, velamos por el respeto a los derechos humanos, las garantías constitucionales, la justicia social y la participación ciudadana para asegurar la gobernabilidad democrática y abatir la corrupción. Los logros alcanzados en estos 11 meses no van a limitar nuestro compromiso, al contrario, nos motivan y alientan a superarnos”.

Ya en la etapa de preguntas y respuestas, en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Raymundo Andrade Rivera preguntó al servidor público sobre la efectividad de la estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y las acciones con las que participa la Segob.

El funcionario estatal respondió que la principal acción de este Gobierno es para que no haya impunidad y puntualizó que quien comete un delito es llevado ante la justicia para que sea castigado. Consideró el caso del homicidio de la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea. “Pedimos a este Congreso la separación del cargo de quienes tenían señalamientos directos o indirectos por su presunta participación en este crimen. Hoy los responsables están en prisión y eso es una clara señal de que este Gobierno actúa para combatir la impunidad”.

Adelantó que hay más órdenes de aprehensión contra presuntos responsables en el crimen de la Presidenta Municipal. Asimismo, informó que, este 25 de noviembre, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con autoridades de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) e instituciones relacionadas, inaugurará el Centro Estatal de Justicia para las Mujeres.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Omar Guillermo Miranda Romero solicitó el funcionario datos precisos comprobables y ciertos en dos temas principales: los gastos realizados por el gobierno estatal con motivo de las fiestas patrias y las acciones afirmativas para contrarrestar la violencia de género en el estado.

Cisneros Burgos aclaró que los gastos mencionados por el legislador se refieren a las actividades desarrolladas durante todo el mes de septiembre, entre los que se incluye la remodelación del Palacio de Gobierno; como constancia, entregó a la Comisión respectiva una copia pormenorizada de todos y cada uno de los gastos, los cuales –dijo- fueron aprobados por el Comité de Adquisiciones de la Segob, en el que participan también representantes de la sociedad civil. En el tema cívico, adelantó que propondrá que se celebre en todo el estado, el 24 de agosto de cada año, la consumación de la lucha por la Independencia de México, por ser Veracruz cuna de la Independencia nacional.

En el tema del combate a la violencia contra las mujeres, aseguró que se da seguimiento transversal a las alertas de género. Informó que, en el ámbito de la colaboración con las instituciones nacionales y estatales, mantiene un compromiso con la Conavim y con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), para dar seguimiento a todas las acciones a fin de abonar a la cultura de paz, la procuración de justicia y el combate a la impunidad.

Desde la misma perspectiva, reiteró su disposición a colaborar de manera estrecha con esta Legislatura para lograr que Veracruz revierta las cifras y llegue a ocupar el primer lugar en la protección a las mujeres. Asimismo, se comprometió a encabezar la elaboración de un diagnóstico más reciente, que tenga como punto de partida el interior de las familias y comunidades, mientras se avanza con el diagnóstico de 2018.

El diputado Jorge Moreno Salinas, en representación del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, cuestionó al Secretario de Gobierno sobre las acciones que se llevarán a cabo en el esclarecimiento de los homicidios de la Presidenta Municipal de Mixtla de Altamirano y del legislador Juan Carlos Molina Palacios, entre otros casos.

Eric Cisneros señaló que el Gobierno del Estado reprueba este tipo de acciones y lamenta que hayan tenido lugar, porque agravian a todos. “Todos tienen que sumarse para esclarecerlos”.

“Desde el Gobierno estatal, tiene usted y todos aquí, públicamente, nuestra palabra de poner a disposición todos los recursos que estén a nuestro alcance, para que muy pronto podamos tener resultados”, aseguró al legislador.

Destacó la participación y coordinación entre los gobiernos estatal y federal en el caso del diputado Molina Palacios, para que se puedan tener resultados muy pronto. “No encontrar responsables por encontrar resultados, encontrar la verdad y mandar un mensaje muy claro a todos los que quieran seguir generando violencia: que no va a haber impunidad en Veracruz”.

La diputada del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD, Brianda Kristel Hernández Topete, preguntó sobre la presencia de defensores públicos capacitados en lenguas indígenas durante los juicios orales en el estado de Veracruz, pues -a su consideración- ante la falta de defensores públicos bilingües, ha habido situaciones violatorias de los derechos humanos hacia este sector.

Al respecto, el Secretario dijo que se cuenta con un coordinador en defensoría pública de origen indígena, el cual coordina los 21 distritos judiciales. Reconoció que no existe un traductor en cada una de las demarcaciones de lengua materna; sin embargo, aseguró que este coordinador supervisa que exista un defensor presente para que tanto el presunto responsable como la víctima puedan ser asistidos en su lengua originaria.

Refirió las pláticas llevadas a cabo con el Presidente del Poder Judicial, para, en el ámbito de su competencia, coordinar acciones al respecto y dar este tipo de asistencia. El objetivo –precisó- es que en un futuro quede instalado un mayor número de funcionarios a través de los abogados egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que sean parte de pueblos originarios.

Por el Grupo Legislativo Mixto Del Lado Correcto de la Historia, la diputada Florencia Martínez Rivera reconoció las innovaciones en el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), órgano dependiente de la Segob, en relación con la revista Municipalidades, el programa de televisión Es tu Municipio y el Encuentro Estatal de Autoridades Municipalidades, que se celebrará en breve.

Por lo anterior y dado que Veracruz es uno de los estados con más zonas metropolitanas del país, la legisladora preguntó de qué forma se aborda la coordinación institucional para lograr mayor desarrollo municipal.

El secretario Eric Cisneros respondió que trabajan desde el Invedem para promover en los municipios la identidad, la cultura y el orgullo, sobre todo de aquellos cuya situación geográfica les impide mayor visualización. Ejemplificó los municipios de Maltrata, Tantima, Tancoco, Santiago Tuxtla y Zozocolco de Hidalgo, donde se ha hecho promoción cultural y artesanal para destacar su identidad.

Indicó que, como parte de estos trabajos, se realizan entrevistas con presidentes municipales, diputados y diversos cronistas para que puedan dar a conocer la belleza e identidad de cada una de las regiones del estado.

A una segunda intervención de la legisladora Florencia Martínez sobre las acciones contempladas para la digitalización y simplificación de trámites, el funcionario contestó que fortalecerán el área de Catastro, ya que, al hacerlo, se impulsará la recaudación municipal y esto generará mejores gobiernos.

Asimismo, adelantó que continuará el trabajo de digitalización del Archivo General del Estado para preservar la historia cultural de Veracruz y, en materia de Registro Civil, con las brigadas itinerantes, a fin de abatir el rezago que prevalecía en ejercicios anteriores.

La diputada María Josefina Gamboa Torales preguntó por la labor que realiza la Comisión Estatal de Búsqueda, por los resultados de los exámenes de control y confianza del titular de la Segob, por las actividades de promoción cultural a través del trabajo editorial que realiza, si éstas representan erogación al erario, y le solicitó información también sobre las propiedades a su nombre o asociaciones civiles en las que participa.

El Secretario informó que, en menos de 48 horas, entregará un informe detallado de todo el trabajo realizado en la Comisión Estatal de Búsqueda así como todos los documentos de los pagos de la asociación civil que promueve la cultura en Veracruz y de los recursos, los que –aclaró- no representan cargo al erario. Precisó que no existe denuncia alguna en su contra, que sus propiedades se encuentran en su declaración patrimonial, que ha cumplido con lo que la ley mandata en materia de transparencia y que los resultados de los exámenes referidos no son entregados al interesado.

La diputada Judith Pineda Andrade cuestionó al titular de la Secretaría de Gobierno sobre la coordinación de los trabajos de las Alertas de Violencia de Género y la puesta en marcha del aparato estatal para cumplir con la obligación de generar condiciones a fin que las veracruzanas vivan sin violencia.

El funcionario respondió que la próxima semana serán retomados estos temas y que hay toda la disposición del Gobierno del Estado para garantizar que se realicen los trabajos con total celeridad.

La diputada María Graciela Hernández Íñiguez cuestionó acerca del status en el que se encuentran las sentencias respecto a las 104 controversias constitucionales promovidas por diversos municipios, por la omisión de pagos de Fondos Federales en los ejercicios 2015 y 2016, a lo que el Secretario de Gobierno señaló que se han resuelto y pagado cada una de ellas y puntualizó que en ningún momento ha habido presión de las autoridades hacia los munícipes involucrados.

El legislador Sergio Hernández Hernández preguntó bajo qué indicadores se afirma que se ha logrado la paz social en este gobierno, a lo que Cisneros Burgos respondió que hay gobernabilidad en Veracruz sin represión, que hay democracia y respeto a la pluralidad. Dijo que a lo largo de 11 meses han realizado 227 mesas para la construcción de la paz, de éstas, 69 se han desarrollado en varios municipios y que ha tenido la coordinación de fuerzas federales y del estado.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz centró su intervención en los temas relacionados con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, su vulneración en los diferentes ámbitos de la vida social y la necesidad de hacer valer la ley ante delitos como el feminicidio; por lo que cuestionó al Secretario acerca de la estrategia y la aplicación de las políticas encaminadas a detectar, prevenir, combatir y sancionar estos ilícitos.

El titular de la Segob destacó el trabajo que realiza con otras dependencias a partir de una visión integral. Dijo que en todas las áreas de esta dependencia se promueve la cultura de la no violencia. La política de este gobierno –señaló- es de cero impunidad, cero complicidad y de alentar la cultura de la denuncia: “Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños”.

Agradeció y reconoció la labor de las y los presidentes municipales y de los notarios para fortalecer el Registro Civil de Veracruz.

Asimismo, la diputada Mónica Robles Barajas solicitó las cifras de los migrantes que transitan por territorio veracruzano, las acciones para evitar que les sea otorgadas actas de nacimiento apócrifas a este sector y preguntó la causa de la reducción presupuestal para atender el combate a la violencia contra las mujeres. El diputado Bingen Rementería Molina preguntó por el estado de la digitalización del Registro Público de la Propiedad y las medidas adoptadas para mejorar y el legislador Juan Manuel de Unánue Abascal solicitó los costos derivados del Primer Informe de Gobierno y su difusión, y cuestionó por qué no se ha emitido el Reglamento de la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista.

A su vez, la diputada María Candelas Francisco Doce, quien preguntó por las acciones del Consejo Estatal de Población (Coespo) y los acuerdos que éste ha firmado este año con los sectores sociales y privado, así como los logros de las Juntas de Mejoras y los resultados del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz (Sipinna).

Asimismo, el legislador Rodrigo García Escalante cuestionó la publicación de la tabla tarifaria por concepto de servicios de grúas y por qué no se dio la cobertura total de fumigación en la entidad y así evitar los altos índices de dengue. La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, quien habló sobre los señalamientos de dos de sus homólogos hacia el titular de la Segob acerca de supuestas reuniones con el exgobernador Javier Duarte de Ochoa. El legislador Erik Iván Aguilar López consideró que líderes eclesiásticos, empresarios y ciudadanos han manifestado su hartazgo por los altos índices de criminalidad, falta de empleos, recortes presupuestales y la represión de manifestaciones.

Del mismo modo, participó el diputado Eric Domínguez Vázquez, quien habló sobre los esfuerzos realizados por este gobierno en materia de registro civil y celebró que se le dé la importancia que anteriores administraciones no lo hicieron. La legisladora María Josefina Gamboa Torales pidió información sobre las acciones hechas respecto a casos de acoso sexual y el respeto a la libre expresión de las ideas.

Por último, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz solicitó las acciones de coordinación realizadas en materia de desaparición de personas y los logros obtenidos, y la diputada Montserrat Ortega Ruiz preguntó por las acciones de vinculación de este gobierno con las iglesias para lograr mejores resultados.

A las 16:03 horas, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, agradeció la presencia del Secretario y concluyó la comparecencia.

La Mesa Directiva de la LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adopciones para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, autoría de la diputada Montserrat Ortega Ruiz, la cual tiene como objetivo establecer una serie de mecanismos que garanticen el derecho a vivir en familia, como un derecho inherente a las niñas y niños, procurando la posibilidad de crecer y desarrollarse en un ambiente familiar estable.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que su iniciativa pretende armonizar la Ley Estatal con las normas internacionales de la materia, suscritas por el Estado Mexicano y recogidas en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en las que se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, obligando al Estado a procurarles condiciones adecuadas que les garanticen un desarrollo pleno.

Desatacó que se deben impulsar políticas públicas que aseguren el desarrollo de su personalidad, procurando que los menores crezcan en el seno de una familia, por lo que las modificaciones a esta Ley establece la obligación de las autoridades competentes de llevar un registro de quienes deseen dar en adopción a su hija o hijo, así como también de los posibles adoptantes, el cual estará a cargo del Consejo de Adopciones operado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Veracruz (DIF).

Por otro lado, esta propuesta también establece la figura de Familia Provisional misma que, temporalmente, quedará al cuidado de la niña o niño en proceso de adopción, hasta en tanto se defina su situación jurídica, igualmente, establece el derecho de secrecía en todas las adopciones, salvo mandato judicial.

Asimismo, se incorpora un capítulo relativo a las atribuciones del Gobierno estatal en materia de adopciones, y otro sobre el Procedimiento Especial de Adopciones, a fin de garantizar el derecho de las niñas y niños a vivir en una familia, siempre bajo la protección del Estado.

Relativo a lo anterior, la iniciativa dispone que la resolución que emita el juez sobre la adopción de una niña, niño o adolescente no deba rebasar el término señalado en la Ley General, con lo que se garantizan trámites expeditos, procurando siempre el interés superior de la niñez.

Esta Iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Derechos de la Niñez y la Familia.

La diputada Erika Ayala Ríos denunció que las mujeres en el ámbito del trabajo son acosadas, hostigadas, amenazadas, despedidas, anuladas, condicionadas, sometidas, denigradas de forma sexual y laboral, y además padecen la violencia institucional, cuando deciden denunciar y visibilizar las transgresiones de las que son objeto.

Durante la tercera sesión ordinaria, del segundo año de ejercicio constitucional, la legisladora presentó un anteproyecto de punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado a realizar las acciones necesarias para aplicar urgentemente el Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, presentado por los Diputados integrantes del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional – Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM).

Al dirigirse a las y los integrantes del Pleno, les exhortó a “no ser omisos a negligencias evidentes por parte de servidores públicos estatales, ni a consentir la aplicación a modo de las normas, porque entonces de nada sirve que existan leyes con perspectiva de género, capacitaciones, mecanismos o protocolos de atención a víctimas”.

En este sentido, destacó la voluntad política del titular del Poder Ejecutivo, quien presentó la Estrategia Estatal de Coordinación frente a la violencia contra las Mujeres y las Niñas de Veracruz: Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas de Veracruz, y que el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, publicó el Acuerdo por el que se expide el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal.

Mencionó que en esta Legislatura se implementó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en el Congreso del Estado, que se presentó en abril pasado.

“Cero tolerancia a la violencia de género, al acoso y al hostigamiento sexual y laboral, así como a la violencia institucional contra las mujeres. No más violencia de género. No más simulación. Por ello, proponemos la urgente y correcta aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, así como a dar puntual seguimiento a la investigación del caso denunciado en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado”, expresó la Diputada.

Finalmente, convocó a las mujeres veracruzanas a acudir a este Congreso, “que tiene paridad de género serán escuchadas, que no deben tener temor ni miedo, que cuando se sientan acosadas, podrán acudir a denunciar y serán fortalecidas y apoyadas por esta Legislatura, porque es un compromiso que tenemos ante la paridad de género”.

A este anteproyecto se adhirieron los Grupos Legislativos Mixtos MC-PRD y Del Lado Correcto de la Historia, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional y las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz, María Esther López Callejas, Adriana Esther Martínez Sánchez, Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam Ferráez Centeno.

El Congreso del Estado se dio por enterado de la conformación del Grupo Legislativo Mixto denominado Del Lado Correcto de la Historia, mediante un informe presentado por la Secretaría General, respecto de la comunicación emitida por el coordinador de dicha bancada, diputado Gonzalo Guízar Valladares.

Durante la tercera sesión ordinaria, del segundo año de esta Legislatura, la Mesa Directiva refirió que, en la sesión del 14 de noviembre pasado, se dio cuenta al Pleno legislativo de dos escritos signados por la diputada María Candelas Francisco Doce y el diputado Gonzalo Guízar Valladares, respectivamente, mismos que, con sus anexos, fueron remitidos a la Secretaría General para los efectos del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Realizado el análisis de la documentación, se advierte la voluntad de las diputadas María Candelas Francisco Doce y Florencia Martínez Rivera y del diputado Gonzalo Guízar Valladares, designado coordinador, de constituirse como Grupo Legislativo Mixto, pues adjuntan acta constitutiva del mismo, denominándolo Del Lado Correcto de la Historia, signada por sus tres integrantes mencionados.

Por tanto, de la documentación referida, se estima la procedencia de dicho Grupo Legislativo.

La Mesa Directiva de la LXV Legislatura, presidida por el diputado Rubén Ríos Uribe, dio entrada a la iniciativa, enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de conciliación laboral.

La iniciativa, turnada para su estudio a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, prevé dotar de atribución al Congreso para expedir la ley que regule la organización y atribuciones del Centro de Conciliación Laboral; instituir y regular los Centros de Conciliación en Materia Laboral y otorgar al Poder Judicial del Estado la facultad para dirimir controversias en materia laboral ordinaria.

De esta manera, el Poder Judicial del Estado tendrá las atribuciones en materia laboral para conocer y resolver, a través de los juzgados especializados en la materia, los conflictos que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo y de igual forma, los conflictos laborales de la Universidad Veracruzana.

En todo caso, deberá agotarse siempre la instancia conciliatoria correspondiente conforme lo establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por conducto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores, así como entre la administración pública estatal o municipal con sus empleados en los términos que fije la ley.

A través del artículo cuarto transitorio se prevé que el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2020 y subsecuentes, en su caso, deberán prever los recursos necesarios para la implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia laboral en términos del presente Decreto.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo de los partidos Movimiento Ciudadano- De la Revolución Democrática (MC-PRD), presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo para exhortar al gobernador del Estado a que instruya al titular de los Servicios de Salud de Veracruz, a fin de que en todas las Clínicas y Hospitales de la entidad se respete la aplicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 para la atención de víctimas de violencia sexual, abuso y/o violación.

En su intervención, durante la tercera sesión ordinaria, la legisladora subrayó que todas las instituciones, dependencias y organizaciones de los servicios de salud de Veracruz deben otorgar atención médica a las niñas, niños y mujeres involucradas en situación de violencia familiar o sexual.

“Esta atención médica debe incluir la promoción, protección y procurar restaurar al grado máximo posible la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas, información de medidas médicas alternativas si el caso lo requiere”, puntualizó.

La diputada Trujillo Ortiz lamentó que existan varias clínicas y hospitales del sector salud de la entidad que no respetan la aplicación de la NOM 046, pese a que las Fiscalías Especializadas les giren oficios a los titulares de los nosocomios y éstos se niegan a dar la atención necesaria y oportuna a las mujeres, “dichas omisiones van desde no informar a las víctimas de violación sobre sus derechos, hasta criminalizarlas o revictimizarlas”.

Informó que ha conocido de diversos casos en el Distrito IX de Perote, al cual representa, como el de las víctimas de violencia sexual, a las cuales no se les aplica ningún método de anticoncepción de emergencia, “no les realizan ningún examen médico que valore su estado de salud, qué decir de tratamientos preventivos de infecciones de transmisión sexual. Únicamente les dan pastillas para el dolor y se concretan a preguntarles lo sucedido, citándolas para el día siguiente para que les levante un diagnóstico”.

Agregó que al día siguiente las tienen horas esperando la atención médica y al final las calendarizan para el siguiente mes; lo que da como resultado –expuso la legisladora- que cuando regresan ya presentan dolores, llagas o síntomas de alguna infección, “es hasta ese momento que los médicos se dignan a atenderlas”.

La también presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género destacó que en la Segunda Sesión Ordinaria, del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, manifestó su inconformidad con la forma en la que son tratadas las mujeres víctimas de violencia sexual, abuso y/o violación, en las clínicas y hospitales del Distrito de Perote.

“Sin embargo, sobre la mesa se expuso que este tipo de quejas no es exclusivo del Distrito de Perote, ya que se han presentado muchos casos similares a lo largo y ancho de la entidad. Es por ello, que hoy alzo la voz a través del presente anteproyecto de Punto de Acuerdo”, abundó.

El anteproyecto de punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio correspondiente. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos Del Lado Correcto de la Historia, de Movimiento Ciudadano-PRD y del PRI-PVEM.

El diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, en voz del Grupo Legislativo de Morena, realizó un pronunciamiento referente al Primer Informe de Gobierno presentado en días pasados por el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, en cumplimiento a lo establecido en la fracción XXI del artículo 49 de la Constitución Política de Veracruz, el cual resume los resultados alcanzados en el primer año de su administración.

El legislador, dijo que desde hace un año la entidad transita con paso firme y rumbo definido hacia la transformación por la que tanto lucharon quienes realmente aman esta tierra. Por lo que en 2018 la ciudadanía veracruzana decidió alzar la voz demostrando que es factible materializar el anhelo y hasta consolidar el bienestar de sus más de ocho millones y medio de habitantes, agregó.

Durante su discurso destacó que –a su parecer- la entidad tiene un Gobierno dispuesto a trabajar con alta vocación de servicio y sin la arrogancia que tanto insultaba e indignaba a la población. Asimismo, reconoció que la labor no ha sido sencilla, pues las administraciones anteriores hicieron las cosas de manera equivocada, plagadas de improvisación, simulación, impunidad y corrupción.

En cuanto a seguridad pública, el diputado puntualizó que ha habido avances considerables, aunque -acotó- aún es una asignatura en la que falta mucho por hacer. Añadió que con la llegada de la Guardia Nacional se ha incentivado una mayor coordinación entre los niveles de Gobierno, aunado a la capacitación y adiestramiento constante de los elementos policiales y de su incremento salarial en un 20.6 por ciento.

“Es de subrayar que, por primera vez, podemos atestiguar un Gobierno cercano a la gente y a sus necesidades. Evidenciamos un Gobierno itinerante, de puertas abiertas y siempre dispuesto al diálogo y a escuchar, sin distingos de ninguna naturaleza, a todas las expresiones”, expuso el legislador.

Subrayó el particular interés del Gobierno Estatal en un tema tan sensible como la Declaratoria del Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, problemática que en otras administraciones, fue de poca importancia y que al día de hoy tiene su justa atención.

Además –dijo- gracias al Programa Especial de Cultura de Paz y Derechos Humanos, hoy existe certeza para las y los veracruzanos que sus derechos y libertades se visibilizan y respetan, en especial para niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y las y los hermanos que habitan en comunidades indígenas.

Detalló que, siguiendo el ejemplo del Gobierno Federal, el Gobernador del Estado, decidió acabar con los privilegios injustificados que gozaban servidores públicos apegándose al principio de austeridad. Del mismo modo el ejecutivo se ha enfocado a disminuir la brecha de desigualdad principalmente en el campo de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la cual sirvió de base para el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, refirió.

Asimismo, el diputado Henri Christophe resaltó las acciones en beneficio de las y los veracruzanos como la entrega de ambulancias y mejoras en los espacios de atención médica en las 10 regiones del estado y el impulso al sector turístico como una de las principales industrias generadoras de empleos y desarrollo económico.

En cuanto a la educación, explicó que el Gobierno Estatal apuesta a una educación de calidad, reconociendo a su vez, la extraordinaria labor del gremio magisterial “ya que ahora sí está en vigor una auténtica Reforma Educativa, la cual les permite crecer profesionalmente y recibir la recompensa por el esfuerzo y la preparación que tanto les caracteriza”.

Las finanzas públicas se conducen con austeridad, disciplina y permanente rendición de cuentas y transparencia -dijo Gómez Sánchez- lo que ha generado que la calificación crediticia del estado haya mejorado asegurando que quienes deseen invertir en Veracruz tengan certeza.

Tener finanzas sanas implica bienestar social por lo que el programa PROVEER, Desarrollo y Bienestar, se está consolidando como una herramienta indispensable para abatir los rezagos sociales y fomentar la autosuficiencia alimentaria, principalmente en municipalidades catalogadas como zonas de atención prioritaria, procurando el desarrollo regional y la consolidación de oportunidades.

Finalmente el diputado señaló que “desde la más alta tribuna de Veracruz, las y los Diputados integrantes del Grupo Legislativo de Morena le manifestamos nuestro respaldo y deseos para que en el ejercicio de su encomienda siga sentando las bases para que tengamos un Estado más justo e igualitario, porque sabemos que si a usted le va bien como titular del Ejecutivo Estatal, a cada veracruzana y veracruzano le irá bien”.

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete presentó, durante la tercera sesión ordinaria, una iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para la Accesibilidad en el Estado de Veracruz que tiene como objetivo atender la problemática que registran las personas con discapacidad en cuanto el acceso a todos los ámbitos de participación social, sin ningún tipo de barreras ni limitantes.

La legisladora del Distrito XXIV de Santiago Tuxtla destacó que la accesibilidad es un derecho fundamental, de ahí la necesidad de una Ley para que las personas con discapacidad en Veracruz puedan participar integralmente en la vida social, accediendo a todos los espacios, públicos y privados.

De igual modo, dijo que la accesibilidad se debe entender como un derecho en sí mismo y además como un principio que obliga al Estado mexicano a tomarlo en cuenta al momento de establecer sus normas y políticas públicas.

Aseguró que la presente Ley se emite en estricto apego y respeto a los derechos humanos y a la observancia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la cual promoverá, protegerá y garantizará, el disfrute pleno de las personas con discapacidad para cubrir una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad y la libertad de movimiento, la igualdad y la no discriminación en Veracruz.

Esta ley, integrada por 31 artículos y distribuida en VI capítulos, señaló la legisladora, nace de la necesidad de crear una normativa especializada en los ámbitos de la accesibilidad, por lo que la Secretaría de Gobierno (Segob) del Estado deberá contar con un área administrativa especializada en los ámbitos de la accesibilidad, para brindar apoyo y orientación a las autoridades establecidas para dar cumplimiento de la misma, así como dar seguimiento al trabajo que realizan en la materia.

Agregó, que debe entenderse como discapacidad la interacción entre las limitaciones funcionales de una persona y las barreras existentes en el entorno que impiden el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. En consecuencia, entre más se avance hacia entornos urbanos y rurales accesibles, menor sería el grado de afectación de la población con discapacidad.

“Cuantos más obstáculos hay, más se acentúa la discapacidad de una persona, por lo que es una obligación del Estado, lograr una integración total de las personas con discapacidad, en un ambiente de igualdad y respeto de sus derechos humanos”, puntualizó la diputada.

Asimismo, aseguró que con esta normatividad la población en general se verá beneficiada en cuanto a accesibilidad en la infraestructura, transporte, tecnologías de la información y comunicaciones, tomando en cuenta que no sólo las personas con discapacidad, sino también las personas mayores, o con enfermedades crónico-degenerativas, se enfrentan a esta problemática.

Finalmente, la diputada subrayó que con esta iniciativa se da un paso muy importante para cambiar la percepción de la discapacidad, pues es necesario reconocer que todas las personas tienen la oportunidad de vivir con plenitud y sin obstáculos, incrementando la calidad de vida y el desarrollo integral de las personas con discapacidad para combatir la desigualdad en la entidad.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la iniciativa, presentada el pasado 18 de septiembre por la diputada Erika Ayala Ríos, por la cual se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 26 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre y mediante la cual se suprime la intervención de este Poder Legislativo en materia de autorizaciones de licencias o renuncias de agentes y subagentes municipales.

De esta manera, quedaría esta facultad exclusiva para los Cabildos, toda vez que ante una licencia o renuncia de agente o subagente municipal, deberá hacerse el llamado del suplente respectivo e informarlo al Pleno o la Diputación Permanente del Congreso del Estado.

La coordinadora del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) expuso en la iniciativa que los agentes y subagentes municipales son servidores públicos que auxilian a los ayuntamientos en sus congregaciones y rancherías, además que representan el primer vínculo de los habitantes de esas demarcaciones con las autoridades de cualquier orden de gobierno.

De esta manera y tras aprobarse con 41 votos, el artículo 26 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre señala, “en el caso de las ausencias temporales de agentes y subagentes municipales, el Cabildo autorizará la licencia correspondiente y mandará llamar a la brevedad al suplente, a efecto de que ocupe el cargo por el tiempo señalado en la misma. En ningún caso se podrán conceder licencias por lapsos indeterminados”.

Asimismo, refiere “cuando se trate de ausencias definitivas de los agentes o subagentes municipales, por renuncia, incapacidad, inhabilitación, sentencia judicial o fallecimiento, el Cabildo acordará, en su caso, el llamado del suplente respectivo para que asuma la titularidad del cargo por el resto del periodo correspondiente”.

“En este supuesto de ausencia definitiva y en el previsto en el párrafo anterior, si la licencia temporal excede de dos meses, el Ayuntamiento lo informará al Congreso del Estado o, en su caso, la Diputación Permanente”, advirtió.

Como resultado de la conformación del Congreso del Estado para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional y con el propósito de continuar con el trabajo legislativo, fueron modificadas Comisiones Permanentes.

En primer término y dado que la diputada Brianda Kristel Hernández Topete asumió la vicepresidencia de la Mesa Directiva, el legislador Alexis Sánchez García fue nombrado presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, secretario en la Comisión de Hacienda del Estado y vocal en la Comisión de Vigilancia.

Por otra parte y derivado de la elección del diputado Rubén Ríos Uribe como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el legislador Víctor Emmanuel Vargas Barrientos asume la presidencia de la Comisión Instructora.

El diputado José Manuel Pozos Castro fue designado presidente de la Comisión de Procuración de Justicia y el legislador Raymundo Andrade Rivera ocupará la vocalía.

En la Comisión de Seguridad Pública fue elegido el diputado José Manuel Pozos Castro, como secretario.

Por otra parte, en la sesión, el Pleno de la LXV Legislatura del Estado fue notificado que el diputado Alexis Sánchez García fue elegido coordinador del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Movimiento Ciudadano y De la Revolución Democrática (MC-PRD), en sustitución de la legisladora Brianda Kristel Hernández Topete.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó, a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el calendario de comparecencias de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo estatal, para la glosa del Primer Informe de Gobierno, y acordó que éstas se realicen en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada de este Palacio Legislativo, quedando de la siguiente manera:

Día y hora	Dependencia	Comisión
Jueves 21 de noviembre / 10:00 horas.	Secretaría de Gobierno	Gobernación
Viernes 22 de noviembre / 10:00 horas.	Secretaría de Finanzas y Planeación.	Hacienda del Estado
Lunes 25 de noviembre / 10:00 horas.	Secretaría de Desarrollo Social.	Desarrollo Social, Humano y Regional.
Martes 26 de noviembre / 10:00 horas.	Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.	Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico.
Martes 26 de noviembre / 17:00 horas.	Secretaría de Turismo	Turismo.
Miércoles 27 de noviembre / 10:00 horas.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.	Comunicaciones.
Viernes 29 de noviembre / 10:00 horas.	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.	Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal.
Viernes 29 de noviembre / 17:00 horas.	Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.	Trabajo y Previsión Social.
Lunes 2 de diciembre /10:00 horas.	Secretaría de Seguridad Pública.	Seguridad Pública.
Martes 3 de diciembre / 16:00 horas.	Secretaría de Educación.	Educación y Cultura.
Miércoles 4 de diciembre / 10:00 horas.	Secretaría de Salud.	Salud y Asistencia.
Viernes 6 de diciembre / 10:00 horas.	Secretaría de Medio Ambiente.	Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
Viernes 6 de diciembre / 17:00 horas.	Coordinación General de Comunicación Social.	Gobernación.
Lunes 9 de diciembre / 10:00 horas.	Contraloría General del Estado.	Hacienda del Estado
Lunes 9 de diciembre / 17:00 horas.	Secretaría de Protección Civil.	Protección Civil.

Comparecerá gobernador el martes 10 de diciembre a las 11:00 horas

En la sesión y en cumplimiento al artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que prevé la comparecencia del Ejecutivo estatal ante el Congreso, fue aprobado el formato que habrá de guiar este acto.

En primera instancia, el gobernador iniciará, hasta por 20 minutos, con una exposición que se refiera al contenido del Primer Informe y, en su caso, ampliará detalles sobre el mismo.

Acto seguido participará un diputado por cada Grupo Legislativo, de mayor a menor representación, seguido de los legisladores que no forman grupo, para que en un lapso de 10 minutos hacer los planteamientos que considere pertinentes.

El Ejecutivo estatal dará, en cada caso, respuesta a lo planteado por las o los diputados.

Por último, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, hará uso de la tribuna y concluirá la comparecencia.

En memoria del diputado Juan Carlos Molina Palacios, las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz llevaron a cabo una sesión solemne en la que los Grupos Legislativos, de este Congreso del Estado, reafirmaron su exigencia de que las autoridades competentes den con los responsables de este crimen y los lleven ante la justicia para que sean castigados.

Del mismo modo, las diputadas y diputados que subieron a tribuna en nombre de su Grupo Legislativo coincidieron en la calidez humana, sinceridad, lealtad a sus convicciones, trabajo y compromiso con Veracruz del diputado Juan Carlos Molina.

Tras guardar un minuto de silencio en memoria del diputado Molina Palacios y en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el legislador José Magdaleno Rosales Torres exigió el esclarecimiento inmediato de este crimen. Asimismo, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) considerar todas las líneas de investigación y que lo más pronto posible sean capturados los autores intelectuales y materiales y ponerlos a disposición de la autoridad judicial.

Al hacer uso de la tribuna, el legislador Rosales Torres subrayó que para las y los diputados de Morena representa un enorme dolor la partida física de un hombre orgulloso de sus orígenes, sencillo en su trato y de genuinos sentimientos, quien en todo proyecto que emprendía aplicaba amplia visión, compromiso y esfuerzo sin ceder.

“Juan Carlos nos deja un claro ejemplo del respeto que debe otorgársele a esta Tribuna, la más alta de Veracruz. Cada vez que aquí se pronunció, sabía hacerlo con altura y pasión para defender los legítimos intereses de los sectores agrícola y ganadero que tanto conoció y por los cuales, en reiteradas veces, resultó premiado a nivel nacional e internacional”, detalló.

Puntualizó que en memoria del diputado Molina Palacios se impulsarán los trabajos que quedaron truncados, “vamos a refrendar nuestro compromiso con el campo para que recupere la grandeza por la que tanto luchó, así lo haremos”.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN]), el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal se sumó a las muestras de solidaridad hacia la familia del legislador

Molina Palacios e igualmente solicitó que la FGE esclarezca este crimen, “tengan la seguridad que la partida de Juan Carlos no será en vano, no vamos a descansar hasta hacer que las autoridades hagan su trabajo y logren dar con los responsables de este miserable acto”, añadió.

Tras citar frases de una canción, el diputado De Unánue Abascal dijo que la frase de la canción “cuando un amigo se va” es porque precisamente por la ausencia del legislador Juan Carlos Molina, “hoy compañeros, hay un Diputado menos, un Diputado que no decidió por voluntad propia retirarse, que no renunció a su labor, sino que de forma violenta le impidieron continuar con su vocación de servicio, dando voz a quien trabaja el campo veracruzano”.

La diputada Erika Ayala Ríos manifestó el pronunciamiento del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), recordó a Molina Palacios como “un hombre alegre, generoso, inteligente, emprendedor y solidario, atributos que le reconocimos en vida y que ahora reafirmamos”.

Su asesinato “nos lastima y mucho. No puede quedar impune, no puede servir sólo para aumentar las estadísticas de la violencia que se vive desde hace tiempo en Veracruz”. Evocó a su compañero como “portavoz de los ganaderos y los campesinos, entre otros sectores productivos, y siempre puso en alto el nombre de Veracruz”.

La legisladora dijo que en la responsabilidad y compromiso de garantizar el derecho a la vida en Veracruz, “no caben mezquindades políticas ni pretender sacar provecho partidista de un tema que lastima sensiblemente a la sociedad. No hagamos de esto un tema que dañe más de lo que ya duele”.

Aseguró que “los poderes del Estado trabajaremos en corresponsabilidad, con voluntad política y espíritu de servicio y velaremos por los intereses superiores del pueblo veracruzano. Como nos lo recordaba Juan Carlos Molina: Trabajemos por un mejor Veracruz”.

En nombre del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), el diputado Alexis Sánchez García dirigió sus palabras primeramente a la familia del extinto legislador, a quienes expresó condolencias.

“¿Cuándo tendremos la respuesta a la tan anhelada paz social que demandamos todos los veracruzanos? Que este infame asesinato no quede en palabras, dichos y discursos. Los veracruzanos rechazamos la impunidad, la falta de oficio, la displicencia, la opacidad”, subrayó.

Y se unió al reclamo de las y los legisladores para que el homicidio del representante popular se esclarezca y los demás crímenes que “han sacudido la paz de nuestro estado”. “Es necesario que como legisladores y gobierno, sigamos combatiendo el crimen, la corrupción, la desigualdad social y la pobreza, manteniendo instituciones sólidas, políticas públicas acordes con los tiempos que enfrentamos”.

La diputada Florencia Martínez Rivera lamentó la muerte del legislador Molina Palacios y señaló que la mejor manera de honrar su memoria es seguir luchando para que, en cada acción, se aporte algo a Veracruz.

Acto seguido, recordó el trabajo, entrega y humanismo de Molina Palacios, “nos enseñaste que la disposición de luchar en política no está reservada para unos pocos, sino que está abierta para los que venimos de abajo y queremos el progreso de la tierra y nuestra gente”.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo de los partidos Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática (MC-PRD), presentó una iniciativa de reforma a los artículos 90 y 91 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, cuyo propósito es otorgar a las niñas y adolescentes estudiantes embarazadas, la garantía de recibir los cuidados médicos adecuados hasta la conclusión del puerperio y, de ser posible, concluir el ciclo escolar que cursen.

Al exponer su iniciativa, durante la segunda sesión ordinaria, del segundo año de labores, la diputada Trujillo Ortiz dijo que el espíritu de esta propuesta dista mucho de alentar la existencia de casos que originan la problemática existente, como lo es el embarazo adolescente.

Por el contrario –agregó- se trata de contar con las herramientas normativas para dotar a las niñas y adolescentes estudiantes embarazadas de mejores condiciones de vida en general, que se traduzcan inicialmente en la facilitación de las condiciones académicas o escolares que promuevan su permanencia en el nivel escolar y coadyuven en consecuencia a lograr la eficiencia terminal de los estudios que actualmente estén cursando.

De esta manera, plantea que las autoridades educativas deberán establecer, en el ámbito de su competencia, mecanismos normativos, de operación, becas y demás apoyos en beneficio de niñas y adolescentes estudiantes embarazadas, los cuales les proporcionen las facilidades necesarias para que acudan a recibir los cuidados médicos que les correspondan, hasta la conclusión del puerperio.

Además que le sea permitido concluir el ciclo escolar que cursen, o bien, puedan permanecer o reingresar a la institución educativa de que se trate. Las universidades y demás instituciones de educación superior, deberán otorgar a las estudiantes embarazadas las facilidades referidas.

La también presidente de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género subrayó que el embarazo en niñas y adolescentes es la cuarta causa de deserción escolar. “Por ello debemos buscar garantizar el respeto a los derechos humanos, a la libertad y al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes”, detalló.

En tribuna, refirió que la fecundidad entre niñas y adolescente va en aumento por falta de acciones preventivas, educativas y de acceso a los servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva. “Desafortunadamente, la mayoría de los embarazos entre niñas y adolescentes son no deseados, algunos ocurren por desconocimiento sobre relaciones sexuales seguras”, indicó.

Destacó que las estudiantes embarazadas tienen derecho a ser tratadas con dignidad. Ejemplificó que en ocasiones, estas jóvenes se enfrentan a la discriminación en sus familias, comunidades y escuelas. “Esto no sólo aísla a la joven madre sino que coloca en riesgo su desarrollo personal, académico y profesional”.

Aseguró que reformas de este tipo tienen el carácter de acciones afirmativas, mismas que buscan materializar la equidad de género, proporcionando un avance significativo en cuanto a las condiciones de las jóvenes embarazadas o madres jóvenes se refiere.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos propuso reformas a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y al Código Penal, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de inhibir la comisión de delitos relacionados con la lotificación o fraccionamiento de terrenos y su posterior venta, mediante la actualización de multas y denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Primer Periodo del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia puso a consideración del Pleno estas adecuaciones para que así se establezca que la multa a que se refiere la fracción II del artículo 96 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda tenga como base las Unidades de Medida y Actualización (UMAS) y no el salario mínimo, como está vigente.

Así también, que se eleve el monto de la multa que la misma fracción II prevé, de “quinientas hasta cinco mil UMAS” a “quinientas hasta diez mil UMAS”, vigentes al momento de dictarse resolución definitiva en contra del o los infractores, con la finalidad de inhibir la comisión de infracciones a la Ley.

La iniciativa contempla además adicionar un tercero y cuarto párrafo al mismo artículo, para que se establezca de manera expresa que, cuando alguna autoridad estatal o municipal tenga conocimiento de alguna lotificación o fraccionamiento indebido o de una venta o promesa de venta indebida, interponga obligatoriamente y de inmediato la denuncia penal correspondiente ante la FGE y que el perdón judicial que se otorgue a los probables infractores proceda sólo por una vez.

De acuerdo con esto, las sanciones por transgredir las disposiciones de dicha Ley o su Reglamento podrán consistir en la clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, construcciones, obras y servicios; multa de quinientas hasta diez mil UMAs vigentes al momento de dictarse resolución definitiva en contra del o los infractores; demolición o retiro, a costa del infractor, de las construcciones o instalaciones efectuadas; intervención administrativa de la empresa y revocación de las autorizaciones, concesiones, permisos o licencias otorgadas.

Además, podrá imponerse al infractor sanciones y aplicar simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, independientemente de las sanciones penales a las que se haga acreedor.

Vargas Barrientos propuso también reformar el artículo 351 del Código Penal, para que el perdón judicial que se otorgue a favor de los probables responsables de los delitos de fraccionamiento indebido o promesa de venta indebida únicamente proceda por una sola vez y, por lo tanto, de haberse iniciado una segunda o más carpetas de investigación, causa penal o de dictarse una sentencia condenatoria en contra del mismo o mismos individuos, ya no procederá un segundo perdón.

En efecto, los delitos referidos se perseguirán por querella del particular afectado o de la autoridad facultada para conceder el permiso o la licencia correspondiente, quienes podrán otorgar el perdón judicial por una sola vez, cuando el infractor satisfaga los requisitos de la ley aplicable y sus reglamentos, acredite la reparación de los daños que pudiera haber causado y pague las multas que se le impongan.

La Iniciativa de Decreto fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal y a la de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Comisión Permanente para la Igualdad de Género se reunió con integrantes del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), quienes presentaron una Iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, adicionando una fracción al artículo 8 a esta Ley que contemple la Violencia Digital, con una modalidad de violencia contra las mujeres.

Por su parte la presidenta de la Comisión, diputada Ivonne Trujillo Ortiz dijo que este tipo de propuestas resultan ser de gran beneficio para este sector, pues muchas mujeres, en algún momento de su vida, han sido víctimas de algún ataque digital en cualquiera de sus modalidades, por lo que se comprometió a apoyarla para ser presentada lo antes posible.

Del mismo modo, la secretaria de la Comisión, diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, aseguró que el hecho de estar a principios del segundo periodo del segundo año de trabajo legislativo, es una excelente oportunidad para trabajar al respecto.

El planteamiento que el IVM realiza en esta iniciativa es que el concepto de Violencia Digital debe llevarse a la Ley que protege a las mujeres de una vida libre de violencia, lo cual conllevaría a regular todas las formas de violencia en este rubro contra la mujer, siendo una Ley referenciada que podría ser utilizada en los diferentes elementos de un juicio.

Asimismo, con esta reforma se definiría el método a través del cual se va a calificar el tipo de violencia digital a las que las mujeres pueden ser víctimas y que van desde el ciber acoso, extorsión, packs, ciber-bullying, robo de identidad, entre otros.

De esta forma, los diferentes tipos de violencia digital estarían incluidos en una Ley específica siendo un referente que abra el panorama a realizar los ejercicios de derecho de algún tipo de estos ilícitos que no esté contemplado en las reformas aprobadas hace algunos meses, mejor conocidas como “Ley Olympia”.

María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada de despacho de la Dirección General del IVM y secretaria técnica del Sistema Estatal para la Igualdad de Género, destacó que éste organismo ha buscado tener sinergia con las instituciones y con el Poder Legislativo del Estado en particular con la Comisión, pues a partir de ella se impulsa a realizar trabajos comprometidos y serios respecto a la igualdad de género, por lo que esta no es la excepción para presentar esta propuesta.

En esta reunión también estuvieron presentes Emmanuel Rodríguez Reyes y el Consultor Internacional Jacobo Domínguez Gudini.

El Congreso del Estado es aliado de la cultura y quienes lo integramos somos sus promotores; es también un compromiso con la niñez y la juventud, manifestó el presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputado Rubén Ríos Uribe, al celebrar con estudiantes el Día Nacional del Libro, en el marco del 371 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz.

En presencia de la titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado, Mónica Mendoza Madrigal, organizadora del evento, recordó el pensamiento del abogado, político, escritor, educador y filósofo mexicano José Vasconcelos acerca de la importancia de los libros como las nuevas armas y medios de engrandecimiento humano.

Al dirigirse a los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad de América Latina (UDAL), Campus Xalapa, acompañados por su docente Gabriela Mayans, y demás invitados, les animó a fomentar el gusto por el contacto con los libros. Acto seguido, procedió a inaugurar el evento, así como una expoventa, con la presencia de libreros independientes de Xalapa.

Posteriormente, la doctora Mónica Mendoza presentó a la promotora cultural Ana Valderrama, del colectivo Aves y Moras, quien compartió con los asistentes fragmentos de poesía contemporánea.

Con el Día Nacional del Libro, en México se recuerda el legado de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español, nacida el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, Estado de México.

Por invitación de la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, connotados especialistas en distintas ramas del Derecho y de la salud profundizarán en la protección que el Estado debe otorgar a las personas menores de edad. Este martes 12 de noviembre, a partir de las 15:30 horas, se celebrará el 1er Simposio La infancia es primero, en la explanada del Palacio Legislativo, abierto al público en general.

Ante medios de comunicación, la legisladora agradeció y reconoció la suma de esfuerzos de distintas instituciones y asociaciones civiles, así como la importante colaboración de juristas experimentados, funcionarios de los tres niveles de gobierno y académicos, con el propósito de generar un diálogo entre la sociedad civil organizada y autoridades de alto nivel.

Acompañada por la abogada litigante Ximena Azuara y por Miguel Ángel Platas Mejía y Alfredo Salomón Salazar, fundadores de la organización 1000 Pelotas para ti, refirió que, como lo señalan los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a que todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Este primer simposio es una iniciativa por la que se busca “fomentar el diálogo, el debate y el análisis y que sirva para dar plena vigencia al interés superior de la niñez, como principio jurídico garantista” a favor de las niñas, niños y adolescentes, “como sujetos de derechos, nunca más como objetos”, explicó la Diputada.

Dicho encuentro –dijo- representa una oportunidad de participación y consenso para que todos formen parte de una cultura de respeto y protección a los menores de la sociedad veracruzana. “Queremos construir sociedades más justas, igualitarias, prósperas e incluyentes”.

Ana Miriam Ferráez hizo extensiva la invitación a organizaciones, estudiantes, docentes, padres y madres de familia, a participar en este espacio en el que habrá “voces calificadas, expertos, conocedores y autoridades en la materia”, quienes compartirán sus ideas, experiencias y conocimientos.

En este simposio destaca la conferencia magistral “El interés superior de los niños y la inconstitucionalidad de leyes”, que impartirá el magistrado José Manuel de Alba de Alba, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.

Se tiene prevista también la participación de la presidenta de la fundación Lazos Protectores de la Familia, María Magdalena Cruces Galán, quien presentará “La importancia de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada y su relación con el interés superior del menor”, así como de la directora general de Servicios Psicológicos en América (PSIAME), Yazmín Fuentes Montpellier, con “Violencia psicoemocional en infantes en la modalidad de la Alienación Parental”.

La juez Sofía Llamas Góngora, del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, hablará del “Interés Superior del Menor en la actividad jurisdiccional”, y el presidente de la fundación Nunca Jamás, Antonio Selem Hurtado de Mendoza, desarrollará “El interés superior del menor: corresponsabilidad de todos en los procesos jurídicos familiares en Veracruz”.

El tema “Interés superior del niño: su consideración primordial es una obligación de todos” estará a cargo del juez Fernando José Oropesa Romero, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del XIV Distrito Judicial con residencia en Córdoba, Veracruz.

Finalmente, Miguel Ángel Platas Mejía y Alfredo Salomón Salazar, fundadores de 1000 Pelotas para ti, ofrecerán, respectivamente, “Datos duros de la separación forzada de niños por divorcios contenciosos” y “La impotencia de perder a un hijo vivo en un tribunal familiar”.

Durante la última sesión del Seminario de actualización para asesores y asesoras legislativos en materia de Derechos Humanos, realizada en la sala “Jesús Reyes Heroles”, del Congreso del Estado, se abordó el tema de “Derecho a la verdad, derecho a la reparación por violaciones a los Derechos Humanos y Derecho de Acceso a la Justicia”, por la doctora Adriana Pozos y el maestro Arturo Márquez Murrieta, quienes abordaron el tema y sobre el que desarrollaron sus ponencias.

Por su parte, la doctora Adriana Pozos Barcelata, quien es jefa del Departamento de Análisis de Contexto, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, realizó durante su exposición, un recuento histórico de la génesis de la desaparición de personas, desde que se le llama así, hasta el contexto actual, con una visión del fenómeno a través de su internacionalización y su llegada a Latinoamérica.

El maestro Arturo Márquez Murrieta, se desempeña actualmente en la Oficina del C. Gobernador del Estado, y su participación en esta sesión del Seminario, que se realizó en torno al tema de las víctimas, a sus derechos como tales, y sobre el marco jurídico en apoyo a éstas.

El artista plástico Víctor Ruiz-Acosta presenta parte de su obra en el Palacio Legislativo. Sagrado & Salvaje es el nombre de la exposición inaugurada este miércoles en uno de los pasillos del recinto, donde estará abierta al público hasta este 12 de noviembre.

En 12 piezas en técnica mixta, impresión giclée y acuarelas, plasma experiencias personales y representa problemas a través de animales. Esperanza, Zongolica, Los niños y el mar, La dama, Conductores suicidas, El borde entre la vida y la muerte, Hallelujah y Domingo son algunos de los títulos.

Sagrado & Salvaje muestra algunos proyectos editoriales que Víctor Ruiz ha desarrollado en los que trata de representar cuestiones que para él son al mismo tiempo sagradas y salvajes y todas las experiencias de la vida de las personas que transcurren en esos dos ámbitos.

De acuerdo con el autor, un ejemplo es la obra titulada Problemas, que trata de significar a éstos como un elefante blanco. “Están siempre en un lugar y los vemos todo el tiempo y los llevamos cargando a todos lados, pero no hacemos nada por resolverlos”.

Consideró importante que el espectador cuente con obra plástica de todo tipo, no sólo de fotografía, sino también de ilustración, como parte de las técnicas de arte contemporáneo modernas y que, además, pueda encontrarles una utilidad y un valor agregado.

Víctor Ruiz-Acosta estudió Psicología y Artes Plásticas en la Universidad Veracruzana, comenzó su carrera como artista profesional en 2014 y ha desarrollado arte para proyectos musicales, publicitarios, colectivos, libros y revistas.

En el inicio del segundo año de esta Legislatura, renovamos nuestro compromiso de trabajar para fortalecer el Estado de Derecho en Veracruz, en diálogo y coordinación con las distintas fuerzas políticas, expresó el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Luego de encabezar una reunión con la diputada Brianda Kristel Hernández Topete y el diputado Jorge Moreno Salinas, vicepresidenta y secretario del mismo órgano legislativo respectivamente, con quienes analizó diversos asuntos de la agenda local, destacó que existe la voluntad política para llevar adelante los grandes temas que más interesan a la población.

Reconoció que presidir el Congreso es un reto de suma importancia y gran responsabilidad, por lo que ha instado a sus homólogos “a unir fuerzas, siempre teniendo en mente a nuestro estado, sacarlo adelante con políticas que hagan crecer a Veracruz”.

Esto es posible, dijo, estrechando la relación del Legislativo con los poderes Ejecutivo, Judicial y con los organismos autónomos, manteniendo el diálogo, la apertura, el respeto a las instituciones, siempre cumpliendo y haciendo cumplir la Ley.

Posteriormente, Ríos Uribe recibió en su oficina al administrador del Hospital General Córdoba-Yanga, Juan José Pérez Ramírez, al representante del Registro Civil del municipio cordobés, Norman Jiménez Ramírez, y a ciudadanos de diferentes lugares del estado.

“Durante este año de labores, quienes nos visiten recibirán la atención que como veracruzanos se merecen. Las puertas del Congreso están siempre abiertas para todos”, aseguró.

Con el propósito de cumplir en tiempo y forma con lo establecido por el Congreso de la Unión en materia de armonización de la legislación en materia educativa, la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso de Veracruz, presidida por el diputado León David Jiménez Reyes, llevó a cabo una reunión con representantes de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), encabezados por el titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo de esta dependencia, Gilberto de Jesús Corro.

Lo anterior, con la finalidad de coordinarse para una adecuada calendarización de las iniciativas que se pondrán a consideración del Pleno y –confió el legislador León David Jiménez- serán presentadas durante este primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional y que abarca del 5 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020.

Durante la reunión, en la que participó la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, vocal de la misma Comisión, los representantes de la SEV y los diputados refrendaron el compromiso de seguir trabajando para alcanzar los acuerdos necesarios y ajustar la legislación local en materia educativa a las actuales necesidades de las y los maestros.

Estos trabajos son resultado de la cancelación por parte del Congreso de la Unión de la anterior Reforma Educativa y la aprobación de reformas y adiciones a los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, el pasado 14 de mayo, el Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó, con 34 votos, la Minuta proyecto de decreto –remitida por el Senado de la República- en la que se establece que corresponde al Estado la rectoría de la educación y que la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Refiere que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.

Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente.

Participaron en la reunión, además del diputado León David Jiménez, la diputada Adriana Esther Martínez y personal de la SEV, colaboradores de las y los diputados y asesores del Grupo Legislativo de Morena.

El diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, atendió a agentes municipales, encabezados por la regidora quinta del Ayuntamiento de Altotonga, María Elena Baltazar Pablo y la legisladora del Distrito IX, de Perote, Ivonne Trujillo Ortiz, quienes expusieron lo que –a su consideración- representa diversas irregularidades al interior de la administración municipal de Altotonga.

Las y los ciudadanos expresaron que no son tomados en cuenta en la planificación de obras que son de gran importancia para el municipio y prevén que haya un presunto daño patrimonial.

Al respecto, el legislador Ríos Uribe señaló que en Veracruz no se tolerarán acciones fuera de la Ley cometidas por ninguna autoridad. “Hoy vivimos nuevos tiempos, donde la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el crecimiento”, les dijo.

De igual manera, informó que, conforme al procedimiento legislativo, esta denuncia continuará su curso. Será turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia y se dará cuenta a la Secretaría de Fiscalización de esta Soberanía para lo conducente. Además –agregó- se hará un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que, a su vez, exhorte a la autoridad municipal de Altotonga, a fin de que favorezca una mayor apertura ciudadana.

Indicó que este Congreso es respetuoso de la autonomía municipal, “pero también vamos a garantizar que la aplicación de los recursos públicos se dé en cumplimiento a los mandatos legales, donde la ciudadanía debe ser tomada en cuenta en la formulación de los programas anuales de obra pública y de los servicios”.

“El diálogo es la mejor herramienta para superar diferencias. Necesitamos que nuestros municipios concilien intereses y que, en común acuerdo con la sociedad, diseñen el desarrollo urbano y social de sus demarcaciones”, concluyó.

Como un gran logro de las mujeres veracruzanas, calificó la diputada Mónica Robles Barajas la aprobación del dictamen que determina que la violencia política en razón de género sea causal para declarar nula una elección. “Para Veracruz éste es un momento histórico para nuestra vida democrática”, expresó desde la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones.

Este martes 5 de noviembre, con 36 votos a favor, el Congreso del Estado avaló el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y Para la Igualdad de Género, por el que se adiciona una fracción VIII y un párrafo IV y se reforma el párrafo segundo del artículo 396 del Código Electoral del Estado.

Mónica Robles es coautora de la iniciativa de decreto suscrita por 23 diputadas integrantes de diversos grupos legislativos y a la que se adhirieron los integrantes de las bancadas de Morena y Del Lado Correcto de la Historia, el pasado 18 de julio, cuando la misma legisladora la dio a conocer en sesión ordinaria.

A propósito de la aprobación del dictamen, la Presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales dijo que este paso representa la consolidación de todo un proceso que inició con la colaboración de la sociedad civil organizada, el Instituto Nacional Electoral, la academia y el Poder Legislativo.

“Hablar de violencia política contra las mujeres es hacer referencia a conductas que tienen la intención de menoscabar el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de participar en los asuntos políticos y que, en ocasiones, como lo hemos atestiguado desafortunadamente en Veracruz, pueden llevarles a la muerte”, puntualizó.

Este tipo de violencia –abundó- constituye una forma cobarde de truncar, mediante prácticas discriminatorias absolutamente reprobables y condenables, las legítimas aspiraciones de servir a la sociedad a través de un cargo de elección popular.

“Como en toda expresión de violencia, era ya inaplazable actuar en torno a la búsqueda, diseño y ejecución de soluciones para frenar y erradicar la violencia política en razón de género, porque ni multas ni riesgo de prisión ni llamados a la razón con la Ley en la mano han detenido la violencia política de género ni en Veracruz ni en el país”.

Robles Barajas dijo también que no había mejor camino para lograr tal objetivo que el de proponer el establecimiento de la violencia política en razón de género como causal para declarar nula la elección de gobernador, diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio.

“No puede haber democracia exitosa si no es igualitaria, incluyente, efectivamente representativa, legal, legítima y respetuosa de las voces y anhelos de las mayorías y las minorías, que deben ser consideradas y atendidas en sus reclamos y propuestas”, concluyó.

En entrevista, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete del Grupo Legislativo MC-PRD, se manifestó contenta y emocionada por la oportunidad de ser parte de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura para este segundo año de ejercicio constitucional, toda vez que las mujeres son tomadas en cuenta para este tipo de cargos.

Destacó que junto con los compañeros diputados que integrarán con ella la Mesa Directiva, tiene la certeza que podrán hacer un gran equipo de trabajo, logrando consenso y diálogo, viendo siempre en beneficio de los compañeros diputados pero sobre todo de las y los veracruzanos.

En cuanto a sus expectativas para este segundo periodo, la legisladora señaló que su enfoque principal es trabajar en armonía procurando el constante diálogo y consenso con cada uno de los grupos legislativos.

Hernández Topete, puntualizó sentirse muy comprometida con las mujeres ya que desde la Vicepresidencia de la Mesa Directiva se encuentra en un espacio representándolas; anunció que en lo personal estará presente de los temas importantes y que son de interés para este sector.

Aseguró que es un gran reto ser contemplada para este cargo lo que la impulsa a seguir trabajando y preparándose para que las veracruzanas puedan sentirse muy orgullosas de estar representadas en este espacio.

Finalmente, dijo que el estar trabajando en la Mesa Directiva es como estar trabajando en cualquier Comisión, y aunque ahora no las podrá tener, seguirá estando cercana a la gente pues las puertas de su oficina siempre estarán abiertas para quien lo necesite.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC), secretaria de la
Comisión de Gobernación y Población, aseguró que el incremento de recursos en
programas sociales no ha disminuido la pobreza, y no debe invertirse en aquellos
que no dan resultados.

Durante el foro “Índice de desempeño de programas públicos
federales”, la legisladora, quien lo organizó, sostuvo que se requiere una
revisión para que los recursos de los programas que no han funcionado sean
utilizados en otros temas.

“Los indicadores señalan que la mayoría de programas no
aprobaron la evaluación, son opacos y la opacidad puede llevar a la corrupción,
por lo que en este presupuesto se le puede dar la vuelta a esto”.

Tagle Martínez dijo que aún hay programas presupuestados
para el siguiente ejercicio que reprobaron las evaluaciones o son opacos, por
lo que la Cámara de Diputados debe retomar la facultad de darle seguimiento al
gasto a lo largo del año.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo señaló que se pueden
hacer mil observaciones, “pero si no se hacen en el lugar adecuado es hablar al
aire”. Preguntó si existe vinculación entre los programas opacos y aquellos que
no sirven. “¿Qué se debe hacer para que en donde están los grupos más
vulnerables del país no sigan existiendo estas fugas?”

Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, aseguró que en
el PEF 2020 se ven más programas importantes que sólo se rigen por lineamientos
frágiles, que no establecen población objetivos, metas a alcanzar ni
estrategias de atención. “En el 2020 nos vamos a enfrentar a un empobrecimiento
de los sistemas de seguimiento y evaluación del gasto en general,
particularmente de la política social”.

Thania Paola de la Garza Navarrete, directora general
adjunta de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), comentó que las mujeres indígenas del ámbito rural
son las que tienen las brechas más grandes de desigualdad. “Si las comparamos
con hombres urbanos no indígenas la diferencia es de 50 puntos porcentuales”.

Por ello, es necesario de orientar más recursos a estos
grupos, distribuidos mediante políticas y programas que decida el gobierno.

Antes de discutir la parte programática del PEF, deben
señalarse las prioridades a atenderse y los objetivos que quieren lograrse. “El
problema de México es más la desigualdad”, sostuvo.

Dijo que la evaluación y generación de evidencia es una
apuesta segura para mejorar la política pública a mediano y largo plazos. “Cada
día los ejecutores de programas retoman esa información para mejorar”.

Alfredo Elizondo Rosales, coordinador general de GESOC AC,
que analiza la calidad del diseño de programas sociales, su capacidad para
cumplir con las metas y la cobertura de población beneficiaria, explicó que la
calificación promedio de los 117 programas considerados en el Índice de
Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) —sin contar cinco que se
encuentran en la clasificación de “Caja negra” y que por su opacidad impiden
calcular su desempeño— fue de 64.27, y 44 reprobaron en su calificación final.

Al presentar el INDEP 2019, señaló que se encontraron 12
programas en un nivel de desempeño óptimo, que obtuvieron una calificación de
89.74 por ciento; entre ellos está el Sistema Nacional de Investigadores,
Seguro Popular, Becas de Posgrados y Apoyos a la Calidad.

Los programas con Nivel de Desempeño Alto Potencial fueron
10 y alcanzaron una calificación de 79.44, entre ellos está el programa Pensión
para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Prevención y Control de
Enfermedades. Propuso incrementar su presupuesto, pues cada peso será una
inversión justificada.

Los nueve programas con Nivel de Desempeño Mejorable, entre
los que se encuentra el programa para el Desarrollo del Personal Docente, el de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el de Formación y
Capacitación de Recursos Humanos para la Salud, obtuvieron una calificación de
83.92. Planteó que antes de incrementar recursos, el Congreso piense en una
agenda que eleve su calidad y fortalecer la capacidad de gestión.

Los 43 programas con Nivel de Desempeño Escaso, entre ellos
IMSS-Bienestar, Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y el de Derechos Indígenas, obtuvieron una calificación de 53.27.
Refirió que no se justifica un incremento presupuestal, sino hacer una revisión
integral para mejorar su calidad de diseño y fortalecer su avance de metas.

De los programas evaluados, 43 reflejaron dispersión
programática y presupuestal, como el de Apoyo a la Vivienda, apoyo a Pequeños
Productores y el Nacional de Inglés, alcanzaron una calificación promedio de
60.52. “Son ejemplo de la dispersión de esfuerzos del gobierno para responder a
los problemas sociales relevantes, por lo que se recomienda una revisión
integral de la política social para identificar los que recibirán más
presupuesto y aumentar su cobertura.

Expresó que 81.98 por ciento de los programas sociales del
gobierno federal, que representan 55.76 por ciento del total del presupuesto
asignado a programas sociales de 2019, no permiten estimar su desempeño debido
a su opacidad, o bien, no tienen posibilidad de resolver el problema público
que abordarán, por la dispersión programática y presupuestal o condiciones de
opacidad que tienen.

Elizondo Rosales refirió que el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2020 se inserta en un contexto fiscal limitado por la desaceleración
en el crecimiento económico y por los bajos precios de los hidrocarburos,
factores que restringen la capacidad para aumentar el presupuesto público y
reorientarlo a la ampliación de la administración.

Pidió que la Cámara de Diputados dote de mayor racionalidad
las asignaciones presupuestales de los programas, orientarlas a las carencias
sociales más apremiantes y fortalecer su transparencia y rendición de cuentas.

Propuso endurecer medidas de transparencia y rendición de
cuentas en el Decreto de Presupuesto 2020, a los cinco programas
presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su
desempeño, y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria
conjunta para el año 2020 de 1 mil 416 millones de pesos (mdp), 3.95 por ciento
más que en 2019.

Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 12
programas que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo, y para los que el
Ejecutivo propone una asignación conjunta en 2020, de 124 mil 456 mdp.

Priorizar en los incrementos a los 10 programas que poseen
un Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una
asignación presupuestaria conjunta para 2020 de 250 mil 097 mdp. No aumentar
recursos a programas con medio/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de
mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.

Con 46 votos, el Pleno Legislativo avaló el dictamen presentado por las Comisiones Permanentes Unidas Para la Igualdad de Género y De Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, por el que se busca garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres en el desempeño de trabajos iguales dentro de la Administración Pública Estatal y Municipal, en los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos y ámbitos social y privado.

Dicho dictamen derivó de la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada el 18 de julio del año en curso por la diputada María Candelas Francisco Doce, a nombre del Grupo Legislativo de Morena, y a la cual se adhieren los diputados Juan Manuel de Unánue Abascal, María Josefina Gamboa Torales, María Graciela Hernández Íñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda Andrade.

De acuerdo con el dictamen, se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 35 y la fracción V del artículo 38 y se adicionan las fracciones IX y X al artículo 35, todos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Así, en el Capítulo Tercero titulado De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Económico y Laboral, se determina que “las autoridades y organismos públicos deberán diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza para lograr la igualdad, establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que apliquen políticas y prácticas en la materia”.

Así también, garantizar el otorgamiento de salarios iguales a mujeres y hombres por trabajos iguales, desempeñados en puestos, jornadas y condiciones de eficiencia idénticas, dentro de la administración pública estatal y municipal, poderes Legislativo y Judicial, en los organismos autónomos y en los ámbitos social y privado. Junto con esto, establecer el principio de paridad de género en la conformación de la planta laboral de la administración pública estatal y municipal.

En lo que respecta al Capítulo Sexto, De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Civil, el Artículo 39 mandata que “para lograr la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito civil, las autoridades garantizarán la promoción de la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en el cuidado de niñas, niños, personas enfermas, personas de la tercera edad y en el trabajo doméstico”.

Nulidad de elección por violencia política en razón de género

La violencia política en razón de género ya es causal para declarar nula una elección de Gobernador, de diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio.

Con 36 votos a favor, el Congreso del Estado avaló el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y Para la Igualdad de Género.

El dictamen deriva de la iniciativa de decreto presentada por diputadas integrantes de diversos Grupos Legislativos, y a la que se adhirieron los integrantes de las bancadas de Morena y Mixto Del Lado Correcto de la Historia, el 18 de julio del año en curso, para adicionar una fracción VIII y un párrafo cuarto y reformar el párrafo segundo, todos del artículo 396 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Mónica Robles Barajas, indicó que “no puede haber democracia exitosa si no es igualitaria, incluyente, efectivamente representativa, legal, legítima y respetuosa de las voces y anhelos de las mayorías y las minorías, que deben ser consideradas y atendidas en sus reclamos y propuestas”.

La democracia que nos conduce al progreso, al bienestar, al crecimiento y al robustecimiento del Estado de Derecho –manifestó la Presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales- debe comentarse en la inclusión y participación de las mujeres, quienes, en plenitud de su ciudadanía, tiene que ejercer sus derechos humanos sin pretextos ni condiciones.

“Hablar de violencia política contra las mujeres es hacer referencia a conductas que tienen la intención de menoscabar el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de participar en los asuntos políticos y que pueden llevarles a la muerte”, agregó.

Este tipo de violencia –definió- constituye una forma cobarde de truncar, mediante prácticas discriminatorias absolutamente reprobables y condenables, las legítimas aspiraciones de servir a la sociedad a través de un cargo de elección popular.

Al determinarse la violencia política en razón de género como causal para declarar nula la elección de gobernador, diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, se facilitará la persecución y aplicación de sanciones por parte de la autoridad que corresponda.

Al actualizarse dicha causal, el respectivo expediente se remitirá a la Fiscalía General del Estado para los fines legales que correspondan. La declaratoria de nulidad invalida todos los actos electorales incluidos los resultados. “Tiene que ser la mejor herramienta para contribuir a erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género”.

La coordinadora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), diputada Erika Ayala Ríos, presentó ante el Pleno la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 134 del Código Financiero para el Estado que prevé exceptuar el pago del Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, los derechos por servicios prestados por los institutos tecnológicos superiores, universidades tecnológicas y universidades politécnicas del Estado.

La legisladora indicó que el actual Ejecutivo estatal expidió un decreto, publicado el 13 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado, mediante el cual se eximen del Impuesto Adicional, los pagos por concepto de derechos que se generen por servicios prestados por institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y universidades politécnicas, que suman 25 planteles distribuidos en todo el territorio estatal.

Señaló que el referido decreto es similar al emitido por el anterior gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de marzo de 2017.

Refirió que el objeto del citado Impuesto Adicional es la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos. Que son sujetos del mismo quienes realicen los pagos por esas contribuciones; que la base es el importe de los pagos realizados y que se causará y pagará a razón del 15 por ciento sobre dicha base.

Destacó que entre los servicios más comunes prestados por las instituciones tecnológicas se encuentran los relativos a los trámites de expedición de certificados; de fichas de cumplimiento de requisitos para presentar exámenes de admisión o globales y de cédulas de inscripción a licenciatura o de reinscripción.

Así como duplicados de constancias de calificaciones o boletas; de reposición de credenciales; de constancias de servicio social; y de expedición y registro de títulos profesionales.

La diputada Ayala Ríos explicó al igual que en el número de servicios prestados, las tarifas para el pago de derechos no son homogéneas en los diversos planteles, siendo la más alta la del trámite de expedición de cédula para curso de titulación. Ejemplificó que en el tecnológico de Acayucan es de 238 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivale a más de 20 mil pesos.

Con relación a lo anterior consideró conveniente la medida decretada de eximir del pago del Impuesto Adicional, ya que en el ejemplo mencionado, de no existir ese beneficio la persona que tramite la expedición de esa cédula tendría que erogar también alrededor de 3 mil pesos por concepto del impuesto de referencia.

Para evitar conflictos interpretativos acerca de la procedencia o improcedencia de lo plasmado en los decretos citados, el Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM considera que esto debe estar previsto directamente en la ley, con lo que se dará mayor certeza jurídica al beneficio que dicha exención, “sin estar sujeto a concesiones que quieran realizar o no los gobernantes en turno o a temporalidades específicas”, abundó

Con la medida que se plantea –subrayó- se contribuiría a fortalecer la economía de las familias veracruzanas que, en muchas ocasiones, con grandes esfuerzos procuran que sus hijas e hijos accedan a la educación superior para tener mayores oportunidades de desarrollo y un mejor nivel de vida.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Educación.

El diputado José Manuel Pozos Castro presentó ante el Pleno el Informe de labores de la Diputación Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

En su mensaje, pronunciado durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, hizo un reconocimiento a las y los diputados de esta Legislatura, a los coordinadores de los diferentes Grupos Legislativos, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, Cuitláhuac García Jiménez y Edel Humberto Álvarez Peña, respectivamente, a los representantes populares del orden federal y a los senadores de la República.

La Diputación Permanente, elegida por el Pleno de esta Soberanía el pasado 31 de julio, estuvo integrada por los diputados José Manuel Pozos Castro, presidente; Erika Ayala Ríos, vicepresidenta; Alexis Sánchez García, secretario; Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Juan Manuel de Unánue Abascal, Adriana Paola Linares Capitanachi, Florencia Martínez Rivera, Judith Pineda Andrade, Rubén Ríos Uribe y José Magdaleno Rosales Torres, en calidad de vocales.

Durante dicho periodo, que comprendió del 1 de agosto al 4 de noviembre de este año, el total de correspondencia recibida fue de 492 asuntos de diversa índole, provenientes de diferentes autoridades, instituciones y ciudadanos, turnándose según su competencia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a las comisiones permanentes y otras que se trataron por obvia resolución.

Asimismo, se llevaron a cabo 10 sesiones, se convocó a cuatro sesiones extraordinarias y se efectuaron dos sesiones solemnes con motivo de la entrega de la Medalla “Heberto Castillo Martínez 2019” y por el CVI aniversario del sacrificio del senador Belisario Domínguez Palencia.

La Diputación Permanente recibió 28 iniciativas de decreto que reforman y adicionan diversas leyes y ordenamientos, de las cuales, el Ejecutivo estatal presentó un proyecto, relativo a modificar el Código de Derechos y la Ley del Ejercicio Profesional de la entidad, con la finalidad de que los títulos profesionales y grados académicos se emitan de forma electrónica, tal como se dispone a nivel federal.

Por otra parte, fueron presentadas 25 iniciativas por las diputadas y diputados. La Jucopo presentó dos iniciativas para reformar la Constitución Política en materia de paridad de género y para ajustar las fechas de inicio y conclusión de los periodos de sesiones de esta Soberanía y las de inicio y conclusión de funciones de las autoridades estatal y municipales.

En lo que se refiere a iniciativas, el Grupo Legislativo de Morena presentó 10, con el propósito de modificar disposiciones de carácter civil, de igualdad sustantiva y paridad de género, de naturaleza penal, de reconocimiento a la Universidad Veracruzana (UV), de adecuación de Unidades de Medida y Actualización (UMA), de protección al medio ambiente y de procuración de justicia con enfoque de género.

Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), se conocieron cinco propuestas para reformar ordenamientos relacionados con el Turismo, las prácticas parlamentarias adoptadas en este Congreso, así como la coordinación institucional entre poderes.

Las y los diputados del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México presentaron cuatro proyectos de reformas en materia de disposiciones fiscales, de intervención de esta Soberanía en trámites de agentes y subagentes municipales, así como en materia de salud y derechos humanos.

El disuelto grupo legislativo mixto Del Lado Correcto de la Historia, en voz de la diputada Florencia Martínez Rivera, presentó la iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, y la que Regula las Construcciones Públicas y Privadas.

Asimismo, el grupo legislativo mixto movimiento Ciudadano–Partido de la Revolución Democrática dio a conocer una iniciativa del diputado Alexis Sánchez García, cuya finalidad es actualizar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable de Veracruz.

A título personal, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui planteó una reforma a la normativa interior del Congreso para regular los procedimientos de prórrogas y excitativas que se formulen para dictaminar las iniciativas que sean presentadas.

Por su parte, las y los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas propusieron modificaciones a los Códigos Hacendarios General y particulares, con el objeto de exentar del pago de derechos por servicios de inhumaciones y referendo de fosas, a las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada. Propuesta dictaminada y aprobada durante la Quinta Sesión Extraordinaria.

En lo que respecta a diferentes sujetos legitimados para iniciar proyectos de reforma, se recibieron las propuestas del Ayuntamiento de Cosoleacaque, en materia de contribuciones municipales y UMAs, así como del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para realizar notificaciones electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional.

Por otra parte, diputados de diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso presentaron un total de 10 anteproyectos de punto de acuerdo, mismos que fueron turnados a la Junta de Coordinación Política para los efectos procedentes. De dicho órgano, surgieron cuatro proyectos de punto de acuerdo, entre los que destacan haber llamado a comparecer a los integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, así como la separación temporal, como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, del Fiscal General del Estado.

De igual manera, se formularon siete pronunciamientos relativos a asuntos de interés general de los que debía conocer esta Soberanía.

Además, las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, Gobernación, Hacienda del Estado, Hacienda Municipal, Organización y Procesos Electorales, Para la Igualdad de Género, y de Trabajo y Previsión Social emitieron 67 dictámenes, mediante los cuales se resolvieron diferentes asuntos.

Finalmente, en el mismo periodo, la Diputación Permanente emitió cuatro convocatorias para la celebración de periodos de sesiones extraordinarias del Pleno de esta Soberanía, en los que se trataron los asuntos como la elección de la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la designación del Encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el nombramiento de magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado, la aprobación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2020, la no aprobación de las Cuentas Públicas y los Informes General y Particulares de los Entes Fiscalizables del ejercicio 2018, así como la elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Legislatura.

La LXV Legislatura de Veracruz aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 25 de julio por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, que reforma la fracción III del artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado que establece un perfil profesional y una adecuada capacitación como requisito necesario para poder prestar el servicio de asistencia médica, psicológica y jurídica a las denunciantes de violencia.

De esta manera, en el capítulo De la Atención a las Víctimas, queda establecido que las autoridades estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención a la víctima consistente en atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita; por profesionales especializados y con la capacitación probada que asegure el trato digno, profesional y de respeto en todos los casos.

Además tendrá que ser en el idioma que hable la víctima y si ésta fuere indígena deberá ser asistida por un intérprete que hable exactamente su misma lengua.

El dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, refiere que la profesionalización y certificación en el tema de violencia contra las mujeres, permitirá que los prestadores de servicios y el o los funcionarios públicos tengan un enfoque diferenciado y especializado que fortalezca el conocimiento.

A su vez permitirá una mayor ramificación de las acciones aplicadas a la problemática concerniente, minimizando así la victimización secundaria, añade.

Este dictamen, presentado durante los trabajos de la primera sesión ordinaria, del segundo año de labores de la LXV Legislatura, registró 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-Reconocerá Veracruz a los pueblos y comunidades afromexicanas-

En la sesión, el Pleno aprobó el dictamen de decreto que reforma el párrafo séptimo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con lo que se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su denominación, como parte de la composición pluricultural de Veracruz.

Asimismo, tendrán en lo conducente los derechos señalados en el presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión.

Este dictamen, aprobado con 46 votos, es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 30 de mayo el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente del H. Congreso del Estado e integrante del Grupo Legislativo de Morena.

Cabe destacar que al tratarse de una reforma constitucional y tras ser aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, esta reforma será enviada a los ayuntamientos de la entidad y de ser avalado por al menos 107, la LXV Legislatura hará la declaratoria respectiva y sería enviada al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La creación de un Consejo Ciudadano Municipal del Agua en cada uno de los 212 municipios del estado y la aplicación de tarifas fijas y de cuotas preferenciales por consumo para sectores sociales vulnerables, propuso la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, mediante una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Secretaria de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y Vocal de la Comisión de Hacienda Municipal planteó reformar los artículos 4, 15, 33, 36, 99, 100, 101, 102 y 104, realizar adiciones a los artículos 36, 41 y 104 y derogar la fracción III del artículo 38 de la referida Ley.

De acuerdo con la propuesta de Ivonne Trujillo, integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano – PRD, el mencionado Consejo estará conformado por el Presidente Municipal, el Director del Organismo Operador Municipal, el Regidor que tenga a su cargo la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales y el titular del Órgano de Control Interno, en función de Comisario.

Además de cinco representantes de las distintas organizaciones ciudadanas y de usuarios, tres representantes de instituciones académicas y colegios de profesionales, tres representantes de organizaciones de comerciantes, prestadores de servicio o turismo y tres representantes de organizaciones del sector empresarial e industrial.

Destaca el establecimiento de una cuota fija por medidor de agua acorde con las necesidades de cada uno de los municipios, así como tarifas, cuotas fijas y tarifas preferenciales con obligatoriedad a personas de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, jubilados, pensionados, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad física, intelectual o sensorial.

El Consejo Ciudadano Municipal del Agua del organismo operador podrá acordar, otorgar subsidios o tarifas preferenciales por cuanto al pago de los servicios a particulares de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, previo estudio socioeconómico que deberá realizar el organismo operador o concesionario, así como a dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones educativas o de asistencia pública o privada.

A su vez, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) propondrá a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua las cuotas y tarifas fijas que se causen con motivo de la prestación de los servicios, así como de los subsidios que se otorgarán, de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Los Organismos Operadores Municipales podrán proponer a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua las cuotas y tarifas fijas, efectuar su cobro en los términos de esta ley y, en su caso, de la legislación fiscal aplicable, y realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para la más completa prestación de los servicios públicos.

La legisladora detalló que el Consejo tendrá la atribución de aprobar y establecer anualmente las cuotas fijas y las tarifas conforme a lo establecido en esta Ley. Con los concesionarios, aprobará las cuotas fijas y tarifas para el cobro de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo.

Las tarifas fijas –aclaró Ivonne Trujillo- deberán ser suficientes para cubrir los costos derivados de la operación, el mantenimiento y administración de los sistemas, la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, la amortización de las inversiones realizadas, los gastos financieros de los pasivos y las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura.

Además, corresponderá al Consejo Ciudadano Municipal del Agua del organismo operador establecer las reglas para el otorgamiento de las tarifas preferenciales y de los subsidios, la forma de acreditación y la condición de que por ningún motivo se extenderá el beneficio del subsidio a más de un inmueble por persona.

Finamente, el Sistema Veracruzano del Agua vigilará la correcta aplicación de las metodologías y dictaminará lo conducente, pudiendo hacer observaciones a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Agua Potable y Saneamiento y De Gobernación para el trámite correspondiente.

El diputado Jorge Moreno Salinas, del grupo legislativo PRI-Verde Ecologista, dijo estar muy agradecido con sus compañeras y compañeros diputados, por haber sido electo para ocupar la secretaría de la Mesa Directiva en el segundo año de labores, el cual dará inicio el 5 de noviembre de 2019.

El legislador, afirmó que ha sido un honor pertenecer a la Mesa Directiva durante el primer año de ejercicio constitucional y sobre todo tener la oportunidad de volver a ser parte para este segundo año, agregó que usará toda su experiencia para que se puedan lograr mayores acuerdos y obtener mejores resultados en esta LXV Legislatura.

Subrayó, que durante este primer año se logró dar trámite a algunos temas que habían quedado rezagados como el nombramiento de los magistrados y cambios en organismos autónomos, además destacó el nombramiento de la ciudadana Delia González Cobos como la primera mujer Auditora General del Orfis.

El legislador Jorge Moreno, calificó este primer año como productivo, sin embargo -reconoció- quedaron algunos temas pendientes que deberán abordarse en este segundo año de ejercicio.

“En este segundo año, con la experiencia del anterior esperemos se logre un mayor trabajo en las bancadas, que puedan salir adelante los dictámenes pendientes por parte de las comisiones, que se puedan dar los acuerdos necesarios que el estado necesita, para que salgan los temas que la ciudadanía reclama y espera pronta respuesta”, dijo.

Finalmente, aseguró que Veracruz es un estado que requiere de su poder legislativo para que realice sus funciones dando resultados tangibles y comprobables para la sociedad, por lo que espera que este segundo año sea más productivo.

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena, rendirá protesta ante Pleno como Presidente de la Mesa Directiva el día de mañana al iniciar el segundo año del ejercicio constitucional.

En entrevista, el diputado Ríos Uribe aseguró que su compromiso es con las y los veracruzanos que depositaron su confianza en él, por lo que “trabajara en armonía por el bien y la gobernabilidad del Estado, y de forma diplomática con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para avanzar en la agenda legislativa de Veracruz”.

Asimismo agradeció a sus compañeros de bancada y así como integrantes de otros Grupos Legislativos que respaldaron su postulación, al mismo tiempo que se comprometió a actuar desde la Mesa Directiva por el interés supremo de la entidad, resguardando ante todo el bienestar de la población.

El legislador por el Distrito XIX, de Córdoba, trabajará en la Mesa Directiva con la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, en la vicepresidencia, y Jorge Moreno Salinas, en la secretaría; quien refrendó el compromiso de atender el trabajo legislativo de todas las fracciones partidistas.

Finalmente, Ríos Uribe reconoció el papel realizado por el diputado local José Manuel Pozos Castro durante el primer año del ejercicio constitucional, calificándolo de un gran demócrata, “al maestro se le admira y resta, hoy asumimos el reto de presidir la Mesa Directiva por el segundo año legislativo, en su momento, habremos de respetar a las mayorías cuando tengamos que renovar la directiva del Congreso”, agregó.

El diputado José Manuel Pozos Castro afirmó que a Veracruz se le puede servir desde una curul o una posición, cualquiera que sea, siempre y cuando exista el compromiso y deseo de servirle.

Lo anterior al anunciar, durante los trabajos de la Décima Sesión Ordinaria, su desistimiento de participar en el proceso para la conformación de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que comprenderá del 5 de noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020.

“Me voy contento y convencido de que en esta transformación se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y cariño a Veracruz”, expresó el legislador, y agregó: “Es momento de brindar oportunidades a otras personas”.

Ante los integrantes de la Diputación Permanente, reiteró su agradecimiento a todos las y los diputados, de manera especial a los coordinadores de los grupos legislativos, y reconoció el trabajo político y liderazgo del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Legislativo de Morena, diputado Juan Javier Gómez y Cazarín.

A unas horas del inicio del segundo año de esta Legislatura, comentó que se trata de una decisión pensada y tomada con antelación, desde la seguridad de que quienes integren la Mesa Directiva a partir de este 5 de noviembre realizarán un excelente trabajo.

“Hemos sido uno de los congresos más reconocidos en el ámbito nacional. Mi relación con el Congreso de la Unión y el Senado nos ha permitido que Veracruz transite en el cumplimiento de su agenda legislativa, sobre todo con su agenda política”.

El diputado Pozos Castro informó que, de acuerdo con lo previsto en la Ley, este 5 de noviembre, entregará el informe de actividades desarrolladas por la Diputación Permanente y agradeció a los medios informativos y de comunicación la cobertura de dichos trabajos.

Los diputados Rubén Ríos Uribe y Jorge Moreno Salinas, así como la legisladora Brianda Kristel Hernández Topete, fueron elegidos por el Pleno de la LXV Legislatura del Estado como presidente, secretario y vicepresidenta, respectivamente, de la Mesa Directiva que funcionará durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que abarcará del 5 de noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020.

Lo anterior, al ser aprobado con 23 votos el proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), durante los trabajos de la sesión extraordinaria, celebrada este 4 de noviembre, en apego a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

De esta manera, el Grupo Legislativo de Morena mantiene la presidencia de la Mesa Directiva; en tanto Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática (MC-PRD), asume la vicepresidencia y el de los partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), queda en la secretaría.

El proyecto de Punto de Acuerdo de la Jucopo también registró 9 votos en contra, 3 abstenciones y una cédula en blanco.

En la sesión fueron justificadas las inasistencias de las diputadas Montserrat Ortega Ruiz, María Graciela Hernández Iñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, así como la de los legisladores Rodrigo García Escalante, Enrique Cambranis Torres, Juan Manuel de Unánue Abascal y Juan Carlos Molina Palacios.

Este 5 de noviembre a partir de las 11:00 horas la LXV Legislatura del Estado, en el Recinto Oficial de Sesiones, celebrará la primera sesión ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en la que se tiene previsto el Informe de labores del diputado José Manuel Pozos Castro sobre las acciones realizadas al frente de la Diputación Permanente, durante el segundo receso, que abarcó del 1 de agosto al 4 de noviembre de 2019.

Con el respaldo de los Grupos Legislativos de Morena y de Movimiento Ciudadano-PRD, con 31 votos a favor y por primera vez en la historia, la LXV Legislatura del Estado de Veracruz determinó no aprobar la Cuenta Pública 2018 y, por ende, rechazó los informes individuales y el Informe General Ejecutivo, presentados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), el pasado 25 de septiembre.

Lo anterior, con fundamento en los preceptos señalados en la Constitución Política del Estado de Veracruz, de la Ley Orgánica para el Poder Legislativo, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y al considerar que no existen elementos para aprobar la Cuenta Pública 2018.

Asimismo, la LXV Legislatura avaló instruir al Orfis que, en un plazo no mayor a 90 días naturales, efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del procedimiento de fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

Incluyendo la documentación entregada en sede legislativa y emita los correspondientes informes individuales e Informe General Ejecutivo que deberá remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que en los 15 días hábiles siguientes se elabore el dictamen correspondiente y, en su caso, aprobación del Pleno.

Este dictamen, que registró además 12 votos en contra (11 del Grupo Legislativo del PAN y del diputado Gonzalo Guízar Valladares) y una abstención del diputado Erik Iván Aguilar López, señala en las consideraciones que de las reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Vigilancia se observaron numerosas discrepancias entre las aclaraciones y Ia documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones y los montos solventados en las correspondientes revisiones.

De esta manera –refiere el documento- no ha sido posible evaluar efectivamente los resultados de Ia gestión financiera de dichos entes fiscalizables, comprobar si se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto ni verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Razón por la que se enfatiza la necesidad de una nueva revisión exhaustiva por parte del Orfis a la Cuenta Pública 2018, apegada a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad establecidos por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, añade.

-Debate-

En la etapa de posicionamientos y en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Eric Domínguez Vázquez manifestó que, una vez realizado el análisis de todos los entes fiscalizables y ante diversas inconsistencias y poca confiabilidad de los resultados presentados por la anterior administración del Orfis, los diputados de Morena que integran la Comisión Permanente de Vigilancia acordaron no aprobar en su totalidad la Cuenta Pública 2018.

Lo anterior, señaló el Presidente de la Comisión de Vigilancia, con la finalidad de que esta Soberanía instruya una nueva valoración de toda la documentación aportada por los 328 entes fiscalizables en la etapa de solventación del pliego de observaciones.

Tras anunciar el voto a favor del dictamen, indicó que esto tiene el firme objetivo de transparentar y dar certeza a todo el pueblo de Veracruz sobre el uso y destino que se le dio a los recursos públicos durante el año 2018. “En el Grupo Legislativo de Morena, estamos seguros de que en coordinación con la nueva titular del Orfis, podremos llevar a cabo una nueva revisión de las cuentas públicas con mayor confiabilidad y transparencia”, abundó.

Por el Grupo Legislativo del PAN, el diputado Rodrigo García Escalante dijo que “el proceso de fiscalización conlleva una serie de etapas que los entes fiscalizables deben respetar, sometiéndose a diferentes auditorias y debiendo solventar las observaciones y recomendaciones que el Orfis realiza, todo con la finalidad de permitir la transparencia en la rendición de cuentas de los recursos públicos”.

Participaron en el debate en lo general los diputados del PAN, Bingen Rementería Molina, Rodrigo García Escalante y María Josefina Gamboa Torales, y por Morena, Mónica Robles Barajas, Rubén Ríos Uribe y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

Durante su novena sesión, la Diputación Permanente de la LXV legislatura dio entrada a la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos y de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que, en el marco de sus atribuciones legales, envió y puso a consideración de este Poder el magistrado presidente de ese Tribunal, Pedro José María García Montañez.

Esta iniciativa tiene como finalidad la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional en los Juicios Contenciosos Administrativos, así como del Juicio en Línea, en atención a la dispersión geográfica de la población en el estado.

Así como la centralización de la justicia administrativa en la ciudad capital, el volumen de promociones a las que debe recaer un pronunciamiento por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y el universo de acuerdos cuya comunicación debe realizarse a las partes interesadas conforme a la normatividad aplicable.

Una correcta y eficiente impartición de justicia en estas condiciones -destaca la reforma- requiere el uso regulado de las tecnologías de la información, a través de mecanismos que garanticen el acceso a la justicia a aquellas personas que radican en municipios y poblaciones alejados de la ciudad de Xalapa.

Esto permitirá que la justicia en sede administrativa esté al alcance de más personas en la entidad veracruzana, mediante acciones que consideren la reducción en los costos por traslados físicos o envíos por correo –tradicional o escrito- a las oficinas del Tribunal, refiere.

De acuerdo con la iniciativa, resulta fundamental actualizar las disposiciones que permitan la utilización de las tecnologías de la información en los juicios que son competencia de ese Tribunal, como es la Internet, y la realización de notificaciones electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional; modalidad que considera conveniente, tomando en consideración que éste funciona de forma adecuada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que la experiencia y el funcionamiento en el ámbito federal son susceptibles de utilizarse como referente para el caso de Veracruz.

La impartición de justicia en la entidad debe transitar hacia la actualización progresiva de los procedimientos, a fin de permitir la posibilidad de que los justiciables opten por el uso de las tecnologías de la información a su alcance, de forma adecuada, segura y confiable, debidamente instrumentada, en observancia de los principios de objetividad, profesionalismo, certeza jurídica, transparencia, austeridad y excelencia en el servicio, expone el documento.

Esta iniciativa de decreto fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

A rescatar los valores del constitucionalismo transformador, a encontrar la ruta equilibrada entre la fuerza del Estado, los derechos de las personas y la función protectora, bajo los límites del derecho y el beneficio de todos, convocó la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, al darles la bienvenida a los asistentes y ponentes al foro de la Actuación Policial en el Uso Legítimo de la Fuerza, cuyos trabajos son posibles gracias a la actividad conjunta entre los tres poderes de la entidad.

El propósito de este encuentro, destacó Linares Capitanachi, es reconocer y discutir a fondo, desde los diversos enfoques institucionales y académicos, que el uso legítimo de la fuerza del Estado, a través de sus instituciones policiales y el ejercicio de la función de seguridad, deben ser una decisión estratégica y razonada, basada en la utilización de técnicas, tácticas y métodos profesionales y objetivos, exclusivamente para controlar, repeler o neutralizar actos que atacan o amenazan bienes jurídicos protegidos.

Correspondió al presidente municipal de la ciudad de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, hacer la declaratoria inaugural del foro, en el cual agradeció a los ponentes por compartir sus conocimientos.

“El fin es tener excelentes equipos de seguridad, que los conocimientos compartidos este día permitan un mejor desempeño de los cuerpos policiales, que en Veracruz, como en el país, existe el compromiso por impulsar una cultura de paz, una cultura de la legalidad, que nos permita avanzar hacia un Estado en que todas las personas cuenten con seguridad y la protección de sus derechos”, agregó.

Posteriormente, dieron inicio las mesas de trabajo, la primera, Marco jurídico del actuar policial, fue moderada por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, y participaron en la misma, el Magistrado Raúl Pimentel Murrieta y el licenciado Ernesto López Portillo Vargas; con los temas La justificación del actuar policial desde el ámbito jurídico penal mexicano y los tratados internacionales y Generalidades y principios jurídicos a los que debe sujetarse el uso legítimo de la fuerza, respectivamente.

En la segunda mesa de trabajo, denominada Uso legítimo de la fuerza policial en México, participaron el doctor Alejandro de la Fuente Alonso, con el tema Significado y consecuencia del uso excesivo de la fuerza policial, y el maestro Bernardo M. Sánchez Vigil, abordó el tema de los Derechos Humanos en México.

La tercera y última mesa, El actuar policial y los Derechos Humanos, contó con la participación del licenciado Francisco Felipe Villa Campa, y abordó El actuar policial desde el punto de vista de las Instituciones de Seguridad Pública.

En cumplimiento a la convocatoria, aprobada el pasado 11 de octubre por el Pleno de la LXV Legislatura, inició el proceso de entrevistas a seis de los once aspirantes registrados para ocupar la titularidad de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para un periodo de cinco años.

Correspondió a los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez García, secretario y vicepresidente respectivamente de la Mesa Directiva, entrevistar a Rafael Ambrosio Caballero Verdejo, Luis Ignacio Correa García, Miguel Ángel Cruz Vega, Norberto Mario Gallegos Hipólito, Rolando Guzmán Hernández y José Alberto Hernández Melgarejo.

Reunidos en la sala de sesiones Venustiano Carranza, los legisladores cuestionaron a los ciudadanos mencionados en relación con los principales ordenamientos jurídicos que rigen el Sistema Estatal Anticorrupción, el proceso de entrega-recepción de las unidades administrativas, las principales atribuciones de la Contraloría General de la FGE y qué acciones propondrían para mejorar este órgano, en caso de ser elegidos para el cargo.

Los aspirantes detallaron su formación académica y los principales cargos que han ocupado y que están relacionados con la materia, su participación en la evaluación y el manejo de los recursos públicos, así como con responsabilidades administrativas.

En este ejercicio de transparencia y legalidad, los diputados formularon sus preguntas a los aspirantes, quienes contaron con tres minutos para responder cada cuestionamiento. Al término de cada entrevista, se les agradeció su interés y se informó a cada uno que, en caso de pasar a la siguiente fase, se le notificará con anticipación.

Este procedimiento para elegir al titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado es resultado de la renuncia, con carácter de irrevocable, que presentó al cargo la ciudadana María del Pilar Beltrán Cisneros.

Este miércoles 30 de octubre, a partir de las 12:00 horas, continuará el proceso de entrevistas con los cinco aspirantes restantes que son: Osbal Moncayo Martínez, Claudia

Pérez Burguete, Carlo Omar Rizo Contreras, David Sánchez Barradas y Hernán Solís Contreras.

Al dar la bienvenida a los asistentes al foro Hacia una Cafeticultura Sustentable en Veracruz, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui expresó que este espacio tiene como fin discutir, con los representantes de las 10 regiones productoras de café del Estado, los intereses comunes como el precio del café, el bienestar de los productores, los problemas ambientales y la sostenibilidad.

Ante la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín y del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Eduardo Cadena Cerón, la legisladora Lagunes Jáuregui dijo que es de alta prioridad atender lo relativo a la renovación de las fincas, el aumento a la productividad, la trasferencia técnica y tecnológica, así como la capacitación, la gestión oportuna y transparente de apoyos y el impulso a la calidad del aromático.

La diputada invitó a los involucrados a aportar experiencias, conocimientos y capacidades para la construcción de una reforma integral a la Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano.

Informó que hay una Comisión de Redacción, instancia encargada de la creación del proyecto de iniciativa para la reforma integral a la Ley, y que con el apoyo de la Comisión Especial se fortalecerán todos los eslabones de la cadena productiva cafetalera de la entidad. “Esta es una oportunidad de unir esfuerzos para que en el campo nos vaya mejor, en particular, le vaya mejor a las y los cafeticultores”, agregó.

La presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Comercialización del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, del Congreso del Estado, Nora Jessica Lagunes pidió aprovechar el foro y revisar las prioridades, sumar capacidades y promover el reconocimiento de la actividad cafetalera. Asimismo convocó a trabajar unidos a favor de la calidad, de la productividad, de la comercialización, sustentabilidad, sostenibilidad de las fincas y de los procesos que fortalezcan al sector.

Con la asistencia de los diputados Jorge Moreno Salinas, Raymundo Andrade Rivera y Omar Miranda Romero, así como las legisladoras Deisy Juan Antonio e Ivonne Trujillo Ortiz, el diputado Juan Javier Gómez explicó que la Comisión Especial del Café fue

creada por acuerdo de todas y todos los diputados de la LXV Legislatura en diciembre de 2018 y que es una instancia plural, toda vez que está representada por las distintas fuerzas políticas.

“Yo creo que el mejor café de Veracruz es el de los Tuxtlas, pero habrá quien piense que el mejor sea de Huatusco, de Misantla, Huayacocotla, Córdoba o Coatepec, pero en lo que sí nos ponemos de acuerdo las y los diputados es en escuchar a los protagonistas de la industria del café”, detalló.

Por lo anterior, el diputado Gómez Cazarín subrayó que habrá de legislarse en coherencia con los desafíos, necesidades y propuestas de los productores de café, “pero esto se logrará escuchando a los especialistas, sus inquietudes y problemáticas que viven todos los días. El segundo estado productor de café en el país merece que construyamos un marco legal que respalde a este sector”.

Manifestó que la industria cafetalera es y ha sido un orgullo de Veracruz por dos siglos, por lo que está en manos de todos impulsarla y protegerla para que las próximas generaciones sigan sintiéndose orgullosos de su café y viviendo de su industria.

Posteriormente se desarrollaron, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, las ponencias La cafeticultura veracruzana en un nuevo escenario agroalimentario, a cargo del doctor Esteban Escamilla Prado; Iniciativa de Ley para el desarrollo sustentable del café, impartida por el diputado federal Juan Enrique Farrera Esponda y Proyecto de reforma integral de la Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano, por la doctora Estela Cessa Flores.

Asistieron la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema), María del Rocío Pérez Pérez; la diputada federal Zaira Ochoa Valdivia; el agrónomo e investigador especialista en cafeticultura integral sustentable, doctor Esteban Escamilla Prado, así como funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipales, investigadores y público en general.