Las instituciones de banca y crédito deberán establecer medidas mínimas de seguridad en cada establecimiento, sucursal u oficina bancaria, con suficiente personal y tecnología, para garantizar la protección de las personas y sus pertenencias, así como al patrimonio de la institución, de acuerdo con la propuesta presentada por el Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV).

La diputada María de Jesús Martínez Díaz, integrante de esta bancada, hizo uso de la tribuna para dar lectura a la Iniciativa, ante el Congreso de la Unión, que reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de seguridad.

En la exposición de la propuesta, detalló que dichas medidas deben incluir en cada establecimiento, sucursal u oficina bancaria suficiente personal de seguridad privada legalmente autorizados o de policía auxiliar de la seguridad pública, previo contrato con cargo a la institución, así como la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo tecnológico de audio y video interno y externo necesarios.

La iniciativa plantea que se prohíba “a los dependientes o empleados bancarios que ahí laboren y al público usuario, el uso de dispositivos móviles o cualquier otro tipo de tecnología que favorezca la comunicación con el exterior durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones o durante la jornada laboral respectiva”.

Contempla también que las instituciones de banca y crédito, cuando contraten personal que reciba, en su representación, recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, deberán asegurarse de que los establecimientos que al efecto utilicen dichas personas, cuenten con las medidas mínimas de seguridad que se establezcan conforme a lo señalado en el artículo 96 del mismo ordenamiento.

En este sentido, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá dictar, mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas mínimas de seguridad que deberán garantizar las instituciones de banca y crédito y los prestadores de servicios o comisionistas que las instituciones contraten para la recepción de recursos de sus clientes, en efectivo o cheque y vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.

Así también, no se permitirá la contratación de personal al amparo del artículo 46 Bis 1 de la misma Ley para realizar en el interior de las sucursales de atención al público de las instituciones de crédito, cualquiera de las operaciones a que se refiere el artículo 46 del mismo ordenamiento.

Para implementar lo señalado, “las instituciones de banca y crédito deberán contar con personal capacitado y unidades especializadas que garanticen el correcto y continuo funcionamiento de las medidas mínimas de seguridad, que deberán participar, en coordinación con las autoridades de seguridad pública, en programas de prevención del delito”.

Finalmente, la CNBV emitirá en cualquier tiempo recomendaciones vinculantes a las instituciones de banca y crédito, para garantizar la seguridad de los usuarios y de sus valores en el interior de sus establecimientos, sucursales u oficinas bancarias.

De acuerdo con el Tercero Transitorio de la Iniciativa, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, se deberán hacer las adecuaciones reglamentarias a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a éste.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública, con la adhesión de los Grupos Legislativos de Morena, Del Lado Correcto de la Historia, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, presentó en la décima sesión ordinaria del segundo año de ejercicio constitucional una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 2 y la fracción XXII al artículo 28; y adiciona la fracción XXIII al artículo 28, todos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, donde prevé contemplar la prohibición de las corridas de toros en la entidad.

En su exposición de motivos, la representante de Morena, destacó que gracias al trabajo legislativo nacional e internacional se ha construido un cambio en los marcos legales para la protección de la vida no humana, en concordancia con los avances de una nueva ética con el entorno natural y con la biodiversidad del planeta, promoviendo la preservación de la vida.

Destacó que los antecedentes que respaldan esta iniciativa se basan en las actuaciones de organismos internacionales, nacionales y estatales que han visibilizado la necesidad de prohibir las corridas de toros, por ser considerados espectáculos de índole violenta.

Actualmente, continuó Alarcón Gutiérrez, estados como Sonora, Guerrero, Coahuila, y recientemente Quintana Roo, han construido marcos legales para la protección de los animales prohibiendo, explícitamente, las corridas de toros, peleas de gallos, actividades brutales y violentas incongruentes a la nueva ética y compromiso de los seres humanos con el medio ambiente y la vida animal.

A pesar de existir leyes que sancionan el maltrato hacia los animales y el incumplimiento moral hacia la vida animal, dijo la diputada, en ocasiones los intereses económicos de unos cuantos empresarios se anteponen, por encima del dolor y sufrimiento de estos seres vivos.

“Esta iniciativa parte del análisis a las reformas en materia de derechos de los seres animales, como también de los análisis comparativos de algunas legislaciones en algunos países donde se ha dispuesto positivamente a favor de ellos”, abundó.

Asimismo en respuesta a las demandas ciudadanas por medio de organizaciones no gubernamentales, que han buscado extender la protección a los animales, principalmente

con relación a la prohibición de las corridas de toros, que representa un vestigio de crueldad hacia estos seres animales, y que genera ambientes de violencia, señaló.

Agregó que todo espectáculo de tauromaquia, a su parecer, es un acto de violencia donde se reproducen todos lo antivalores de respeto y sana convivencia entre los seres humanos y los animales, toda vez que no forman parte de las tradiciones genuinas del pueblo mexicano.

Finalmente aseguró que la prohibición de las corridas de toros y de todo espectáculo de tauromaquia, es una consecuencia lógica del avance en la materia de protección de los derechos de los seres animales, donde Veracruz ha sido pionero, es “una oportunidad para cerrar el paso a todo evento violento y de barbarie, contrario a los compromisos éticos y morales que como sociedad hemos adquirido con todos los animales”.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Se adhirieron -a título personal- los diputados León David Jiménez Reyes y José Andrés Castellanos Velázquez, así como las diputadas Mónica Robles Barajas, Adriana Paola Linares Capitanachi, Rosalinda Galindo Silva, Magaly Armenta Oliveros y Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

– Inauguración “Preservemos nuestras tradiciones libres de violencia”

Previo al inicio de la sesión, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez inauguró la exposición fotográfica Preservemos nuestras tradiciones libres de violencia, como parte de su apoyo a la campaña “Preservemos nuestras tradiciones, cultura de vida, respeto y compasión. Sabiduría ancestral. No más violencia y barbarie”.

Durante el acto, aseguró que los pueblos originarios no consideran parte de su cultura las tradiciones que fomentan la violencia y maltrato animal, por lo que se debe evolucionar conforme a criterios y principios superiores como los de la bondad, piedad y respeto del otro, y “menos aún sobre la base ruin del gozo perverso y del afán de lucro”.

Por su parte José González Martínez, Representante de la Red Nacional México Antitauromaquia, Construyendo la Paz, realizó la entrega de un reconocimiento a la legisladora por sus acciones en la lucha en pro de los derechos humanos y derechos animales.

En la inauguración también estuvieron presentes los diputados Raymundo Andrade Rivera, León David Jiménez Reyes, José Andrés Castellanos Velázquez, así como el Premio Nacional de Periodismo y Embajador de Buena Voluntad de Movimiento Conciencia, Patricio Monero.

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, presentó una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Salud del Estado de Veracruz, con la finalidad de que se implementen campañas informativas permanentes sobre la prevención del suicidio.

Dicha iniciativa establece la elaboración del Plan Veracruzano de Prevención del Suicidio, el cual incluya las acciones a seguir para detectar conductas tendientes a esta problemática, dando un adecuado seguimiento, atención médica y psicológica para evitar muertes por esta situación.

Asimismo, la implementación de una línea telefónica gratuita donde especialistas en salud mental atiendan a la población que lo requiera, disminuyendo las tasas de suicidios en el estado, además de apoyar a toda persona que esté pasando por una crisis emocional por medio de una conexión social y empática.

Por lo que su propuesta radica en la reforma al segundo párrafo del artículo 70; la fracción III y IV del artículo 70 bis; y adiciona la fracción V al artículo 70 bis y un sexto párrafo al artículo 71 bis de la Ley de Salud del Estado.

La legisladora del distrito XXIV de Santiago Tuxtla, afirmó que en la Carta Magna Federal se establece el derecho que tiene todo ciudadano a la protección de la salud, por lo que es obligación del Estado prevenir cualquier tipo de alteración en la misma, ya sea física o mental, siendo el suicidio un problema de salud pública que aumenta con mayor frecuencia en el país.

Agregó que en el Capítulo VII de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, señala que la prevención de las enfermedades mentales tienen un carácter prioritario.

Asimismo, -aseveró- en la legislación local existe el capítulo de la Ley de Salud exclusivo a la Salud Mental, en donde se establecen todas las disposiciones relativas al mismo, sin embargo, en ningún artículo se hace referencia al suicidio y a la prevención de éste, existiendo un vacío legal respecto las obligaciones que deberá tener el Estado con las personas que presenten tendencias suicidas producto de la depresión o de otras patologías mentales.

Agregó que a pesar de que la Secretaría de Salud de Veracruz (SS) cuenta con el Programa de Prevención del Suicidio, con la presente iniciativa se fortalecerá la atención oportuna para dar el apoyo necesario a las personas que lo necesiten, coadyuvando a lo existente hoy en día en la SS.

De acuerdo con especialistas, continuó la integrante del Grupo Legislativo mixto de los partidos Movimiento Ciudadano-PRD, el suicidio es prevenible, por lo que se debe estar atento ante cambios del comportamiento en algún miembro de la familia, además de fomentar las relaciones sociales sanas, ambientes familiares agradables, buena autoestima y evitar el bullying.

“Recordemos que la salud no solo es la ausencia del dolor físico, la salud también tiene que ver con las emociones, con un estado de equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural, que brinda un bienestar y una buena calidad de vida”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia para su análisis y dictamen. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, MC-PRD y Del Lado Correcto de la Historia.

Por considerar necesario aumentar las multas a los conductores que bajo la influencia del alcohol operan vehículos automotores, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) propuso reformar los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 153 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante la Décima Sesión Ordinaria del Primer Período del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y en nombre de dicha bancada, el diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto, como propuesta ante la gravedad y la frecuencia de los delitos que se cometen en este respecto.

En este rubro, México es el séptimo de los países con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito y la segunda posición en América Latina. Al año, el país registra más de 24 mil muertes generadas por lesiones en el tránsito, lo que la ubica como la primera causa de muerte en la población de cinco a 34 años de edad.

Respecto de la mortalidad, el alcohol sigue siendo la sustancia adictiva de más consumo y que ha causado más muertes, siendo la primera causa de muertes violentas en jóvenes.

García Escalante agregó que, a pesar de las medidas implementadas para inhibirlo en la población, el manejo de vehículos bajo la influencia del alcohol persiste. “La Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz establece como muy graves las conductas relacionadas con aquellos conductores que operan vehículos automotores bajo la influencia del alcohol, sin embargo, las multas contempladas por esta falta no resultan estar equiparadas a dicha gravedad”.

Por ello, el Grupo Legislativo del PAN presentó dicha iniciativa que para su análisis y, en su caso, dictaminación, fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, Presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, se reunión con integrantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de realizar un análisis de los requisitos para el nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, toda vez que actualmente se cuenta con una encargada de despacho.

En entrevista, Cervantes de la Cruz, destacó que durante las reuniones mensuales que se tienen con el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, colectivos de familiares de personas desaparecidas y demás autoridades involucradas en el tema, se acordó llevar a cabo esta reunión en el Poder Legislativo, para analizar, y en su caso reformar, los requisitos para asumir la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda y el respectivo proceso de selección que contempla la Ley en Materia de Desaparición de Personas en el Estado.

Asimismo, detalló que de llevarse a cabo modificaciones, estas deberán estar armonizadas con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Con estas reuniones de trabajo se podrá tener la certeza, que una vez emitida la convocatoria, la persona que obtenga la titularidad de la Comisión, cumplirá con los requisitos que los Colectivos consideren los óptimos para llevar a cabo un buen trabajo en la búsqueda de los desaparecidos, además de que exista concordancia de que lo discutido en las reuniones quede establecido en la Ley Estatal”, dijo la legisladora.

Finalmente, señaló que “estos trabajos se seguirán realizando en coordinación con el Gobierno del Estado con el único fin de darles resultados a las familias veracruzanas que desafortunadamente viven esta situación”.

En esta reunión estuvieron representantes la diputada Florencia Martínez Rivera, vocal de la Comisión Especial; Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, representantes del Consejo Estatal Ciudadano, representantes del Poder Ejecutivo, así como representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, y demás autoridades en la materia.

El diputado Rodrigo García Escalante, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado, para crear el Consejo Estatal Contra las Adicciones, para la debida prevención del consumo de narcóticos y atención a las adicciones.

Las adicciones son en sí, destacó el legislador del PAN, la causa y efecto de un problema social que involucra factores como la seguridad, la pobreza, la falta de oportunidades y el rezago educativo. “En el seno de una comunidad, las adicciones vulneran el tejido social y al mismo tiempo son producto de esa misma descomposición”.

El Estado, continuó García Escalante, enfrenta retos en materia de salud pública que debe atender de forma oportuna e integral, para lograr que mayor número de veracruzanas y veracruzanos tengan acceso a servicios de salud de calidad, así como fomentar hábitos de vida saludables.

“Para quienes integramos el Grupo Legislativo del PAN la prevención, tratamiento, rehabilitación social y control en materia de adicciones debe ser prioritario, el gobierno en sus tres niveles debe asegurar el acceso a los servicios de salud para todos los mexicanos, reconociendo la necesidad urgente de la prevención de las adicciones no solo para el mejoramiento de la salud”, expuso.

También, destacó el representante del Distrito I, Pánuco, como una alternativa para solucionar distintas problemáticas como: la violencia familiar y social, evitar accidentes, evitar enfermedades de transmisión sexual, evitar la comisión de delitos etcétera, teniendo como objetivo principal la rehabilitación y reinserción integral en las diferentes áreas del individuo.

Es por ello que con la presente iniciativa, destacó, se está proponiendo la creación del Consejo Estatal Contra las Adicciones, cuyo objeto será el de “promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los artículos 156 y 159 de la Ley de Salud del Estado”.

Que dicho Consejo, finalizó, esté integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo, un representante del Congreso del Estado y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. Asimismo se establece la atribución para que el Secretario de Salud pueda invitar, cuando lo estime conveniente, a los Presidentes municipales del Estado a asistir a las sesiones del Consejo.

Esta Iniciativa de Proyecto de Decreto fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia, para su estudio y dictamen.

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, cuyo propósito es garantizar la representación indígena en la conformación del Congreso del Estado y para ello establecer como requisito la Auto Adscripción Calificada, a fin de evitar falsos representantes.

De esta manera, la legisladora plantea incorporar en el artículo 21 constitucional que “En la integración del Congreso, deberá existir representación indígena, cuyas bases de participación estarán reguladas en la ley”.

Como resultado de lo anterior, propone modificar el artículo 22 a fin de señalar que por cada diputado propietario se elegirá a un suplente, para lo cual en ambos casos se requiere, “tratándose de candidaturas indígenas, Auto Adscripción Calificada”.

En su iniciativa, turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, la diputada refiere que para hacer efectiva la acción afirmativa, en cuanto a que las personas postuladas por los partidos sean representativas de la comunidad indígena, no bastará con que se presente la sola manifestación de auto adscripción, sino que, al momento del registro, será necesario que los partidos políticos acrediten si existe o no una vinculación de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, así como de preservar el cumplimiento de la medida, “esto es, estamos en presencia de una auto adscripción calificada, que debe ser comprobada con los medios de prueba idóneos para ello”, abundó.

Al participar durante la novena sesión ordinaria, del primer periodo, del segundo año de labores, Alarcón Gutiérrez puntualizó que el interés que se busca es el dotar a los pueblos originarios de Veracruz de mayores medios y así tengan verdaderos representantes en el Congreso estatal.

“Defendiendo desde aquí sus tradiciones, costumbres, pudiendo también, proponer las reformas o acciones necesarias para la preservación de nuestras raíces; opinar en temas trascendentales para Veracruz y, en general, todas las responsabilidades y derechos de diputadas y diputados”, agregó.

Consideró que todos los partidos políticos deben respetar el derecho que corresponde a los pueblos originarios, “para que así no quieran sorprender a las autoridades electorales con falsos representantes, solo por cumplir el requisito, o por obedecer a intereses externos, o por cometer fraude al principio de auto adscripción”.

Expuso que, una vez aprobada esta modificación constitucional, tendría que presentarse las propuestas de legislación secundaria, la cual incluiría los requisitos para el registro de representantes de pueblos originarios. “También las sanciones para aquellas personas, o partidos políticos, que cometan fraude, o pretendan cometerlo, y dejar fuera a quienes, de verdad, tengan todo el derecho de participar”, concluyó.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, presentó ante el Pleno la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas fracciones al artículo 8 de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, a fin de dotarlo de atribuciones que fortalezcan su incidencia en los sectores público, social y privado en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la entidad veracruzana.

En su intervención, durante la novena sesión ordinaria, la legisladora Nora Jessica Lagunes Jáuregui dijo que esta reforma es para que el diagnóstico integral de la situación de las mujeres –que realiza el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM)- sea actualizado y para instaurar la capacitación a las Unidades de Género de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, agregando a los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos.

“Si bien la capacitación a estas unidades se contempla en un decreto del titular del Poder Ejecutivo, es muy importante que quede expresado en la Ley, para que el papel del IVM sea vinculante con todos los poderes públicos, esta tarea ya la realiza el Instituto, aquí se formaliza en la ley”, añadió.

Explicó que se adicionan atribuciones que por la misma naturaleza del IVM debe realizar para poder incidir en las políticas públicas y vigilar que las metas e indicadores se hagan efectivas en los programas presupuestarios.

Expuso que el IVM opera cada año con programas federales que le dotan de recursos para ejecutar acciones en favor de la igualdad de género y una vida libre de violencia; “hoy recibe recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto de Desarrollo Social y de la Secretaría de Salud, por ello es importante que se visibilice el trabajo que realiza con estos programas en todo el estado y que debe hacerlo bajo las reglas de operación correspondientes”.

Por otra parte, indicó que su propuesta legislativa va enfocada en la profesionalización del personal del IVM, para aprovechar su conocimiento y experiencia en la materia y así garantizar que su permanencia no esté en función de los cambios de gobierno, “la perspectiva de género es una materia especializada, por ello se propone que el IVM implemente un servicio civil de carrera”.

Calificó como fundamental la vinculación con todas las autoridades que tienen que ver con el acceso de las mujeres a su derecho humano a la justicia, con sus derechos como víctimas de delitos y de violación a sus derechos humanos, ello a fin que el IVM incida en esos ámbitos y coadyuve con la perspectiva de género.

Asimismo, expuso que la asesoría y apoyo del IVM a los ayuntamientos y a los Institutos Municipales de las Mujeres es de gran importancia para que los derechos de las mujeres se hagan efectivos, “pues es el espacio de gobierno más cercano a ellas, porque hay que reconocer que las instancias municipales de las mujeres se encuentran en proceso de consolidación y es necesario este acompañamiento para que puedan ejercer sus atribuciones que la Ley Orgánica del Municipio Libre les confiere”, añadió.

En la justificación de la iniciativa la diputada refiere que es de suma importancia fortalecer las oficinas regionales del IVM, “estas deben contar con personal especializado de acuerdo a las necesidades de las mujeres de la región donde se establezcan, por ejemplo, en las zonas indígenas la atención debe ser con enfoque intercultural, las que se encuentran en zonas urbanas, considerar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en las ciudades”.

La iniciativa trata –puntualizó la diputada- de ampliar las atribuciones del IVM, precisamente para responder al momento histórico que vive el país en materia de derechos humanos de las mujeres, que requiere de fortalecer a la institución rectora de la igualdad en el estado, especialmente en la vinculación con las instituciones de procuración de justicia y con las de atención a víctimas.

Además del acompañamiento a los ayuntamientos, del seguimiento a indicadores de género en los programas presupuestarios y de la profesionalización del personal del Instituto, concluyó.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisión Permanente para la Igualdad de Género. Se adhirieron los Grupos Legislativos de Morena y los Mixtos de Movimiento Ciudadano-PRD, de Acción Nacional Veracruz (ANV), Del Lado Correcto de la Historia y PRI-PVEM.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) pidió al
gobierno del Estado de México reconsiderar el aumento del 20 por ciento al
costo del transporte público, que entró en vigor el 1 de enero, pues afecta la
economía de más de 6 millones de usuarios.

Mediante un comunicado, la legisladora detalló que dicho
incremento también se aplicó a los servicios que prestan el Mexibús y
Mexicable.

Calificó como una “burla” autorizarlo, ya que los asaltos
con violencia en el transporte público se han incrementado 700 por ciento, las
unidades son obsoletas y los conductores carecen de la mínima preparación.

Precisó que, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de 2015 a 2018, los robos se incrementaron en los municipios de
Nezahualcóytol, La Paz y Chimalhuacán; “lo que evidencia que en la zona oriente
de la entidad, los delincuentes actuaron con total impunidad”.

“Significa que ni las autoridades estatales ni municipales,
tampoco los concesionarios, hicieron algo por evitar que el flagelo de la
delincuencia afectara la integridad física y el patrimonio de los usuarios,
quienes ahora sufren un nuevo golpe con este aumento del 20 por ciento al
pasaje”, abundó.

Consideró necesario diseñar e implementar una estrategia de
seguridad para garantizar la vida de los pasajeros. Asimismo, solicitó a la
administración de la entidad no retirar el subsidio al transporte público del
50 por ciento, a estudiantes y personas de la tercera edad.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó en sus términos la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la cual quedan prohibidas las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos que fijan las leyes.

La Minuta, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, fue aprobada por la LXV Legislatura, durante la octava sesión ordinaria, con 40 votos a favor y 4 abstenciones.

De esta manera, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.

La Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales estima adecuado apoyar el sentido positivo de la propuesta remitida, toda vez que existe coincidencia conceptual y material con la minuta recibida, respecto a la importancia de proscribir la forma discrecional y periódica de condonar contribuciones a deudores fiscales en distorsión a la norma que le da origen.

Asimismo, refiere que el 20 de mayo pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario de la Federación el “Decreto por el que se deja sin efectos los Decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por virtud de los cuales se condonaron deudas fiscales”.

Establece que, al apoyar esta Minuta, “sin lugar a dudas se favorecerá la recaudación fiscal destinada a subsidiar los servicios y obras públicas, así como programas sociales que favorecen a todos los mexicanos por igual, en este caso veracruzanos en términos de las leyes de coordinación fiscal”.

El Congreso del Estado autorizó a los ayuntamientos de Acula, Apazapan, Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, San Andrés Tuxtla, Soconusco, Tatatila, Tlacotalpan y Zentla suscribir cada uno convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia de recaudación y fiscalización del impuesto predial y accesorios legales y en materia catastral, bajo condición suspensiva, con el Gobierno del Estado, por medio de las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y de Gobierno (Segob).

Dicha autorización corresponde a lo señalado en los artículos 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, y 17 inciso c) y 18 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el período vigente de la administración pública municipal.

De acuerdo con el dictamen, la coordinación entre las partes en materia catastral tiene la finalidad de recabar información relativa a la superficie de terreno y volumen de construcción y su valor catastral y de construcción total, cuyos datos serán actualizados y procesados por el ayuntamiento para fines exclusivos relacionados con la recaudación del impuesto predial.

El propósito del convenio –se explicita en el dictamen- es realizar las acciones necesarias de recaudación del impuesto predial por parte de la Sefiplan, en nombre del respectivo municipio, y así, tanto el gobierno estatal como los municipios que suscriban el convenio gocen de los estímulos de un mayor incremento en las participaciones federales a entidades y municipios, previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.

El convenio consiste en que la Sefiplan lleve a cabo, en nombre y representación del municipio, la recaudación del impuesto predial y sus accesorios legales, conforme a la normatividad aplicable, sin que esta colaboración y coordinación administrativa constituyan una sustitución de funciones del municipio por parte del Gobierno del Estado.

Dichas acciones significan una recaudación más amplia y eficaz del impuesto predial, la disminución gradual del rezago en el pago de esta imposición, mayor facilidad en el pago de la contribución a los contribuyentes al ampliar los lugares y establecimientos de pago y, gradualmente, el aumento del coeficiente de participaciones del Fondo de Fomento Municipal.

Dadas las características del convenio, el período máximo de duración de la colaboración y coordinación entre las partes deberá ser por el tiempo de ejercicio de la administración pública municipal, es decir, tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción y concluirá el 31 de diciembre de 2021.

Esta determinación del Congreso deberá citarse en el proyecto definitivo del convenio que signen las partes y comunicarse a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Acula, Apazapan, Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, San Andrés Tuxtla, Soconusco, Tatatila, Tlacotalpan y Zentla, y a los titulares de las secretarías mencionadas, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

La diputada y los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, Rosalinda Galindo Silva, Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vásquez presidenta, secretario y vocal, respectivamente, presentaron ante el Pleno de la LXV Legislatura un Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma la Fracción II del Artículo 121 del Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Derivado de la iniciativa que presentó la diputada Érika Ayala Ríos, en nombre del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista, el pasado 27 de agosto del presente año, y por la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Financiero estatal, que establece una nueva causación del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, así como establece la tasa que se aplica por el impuesto sobre los ingresos o premios obtenidos en rifas, sorteos, loterías, apuestas y concursos, o máquinas de juego, con un porcentaje del 6 por ciento, a quienes obtengan ingresos o premios derivados de las referidas actividades.

Al respecto, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública ha manifestado que la tasa del Impuesto sobre la Renta en territorio del estado de Veracruz será del 21 por ciento, porque interpreta que el impuesto por la obtención de premios es superior al máximo establecido en la Ley, de acuerdo con el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Sobre el mismo, el Gobierno del Estado de Veracruz ha manifestado que tal interpretación no se encuentra debidamente sustentada y que incluso era contraria al criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha hecho la distinción entre sobretasa e impuesto adicional: de la primera ha dicho que ésta participa de los mismos elementos constitutivos de la contribución y solamente se aplica un doble porcentaje a la base imponible; respecto de los impuestos adicionales, ha señalado que el objeto imponible es diferente, aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario, como lo estableció en la jurisprudencia de texto.

Con la finalidad de evitar que la redacción legal pudiera incidir de manera negativa en los ingresos de quienes tienen actividades relacionadas con la Lotería Nacional, y aun cuando ésta y el Gobierno del Estado han venido interpretando, con criterios distintos, la aplicación conjunta de ambos gravámenes estatales; Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos y el Adicional para el Fomento a la Educación, considera oportuno,“para atender favorablemente a las familias dedicadas a esta venta de billetes de Lotería en el Estado de Veracruz”, reformar el artículo 121, fracción II del Código Financiero local, para precisar con toda claridad que en este supuesto no se cobrará el impuesto adicional para el fomento de la educación.

Así, para los sujetos señalados en la fracción II del artículo 119, quienes obtengan ingresos o premios derivados o relacionados con la realización o celebración rifas, sorteos, loterías, apuestas y concursos de cualquier índole, así como juegos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados, incluyendo las participaciones de bolsas formadas con el importe de las inscripciones o cuotas que se distribuyan en función del resultado de las propias actividades, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 6 por ciento a la base correspondiente; en este supuesto no se aplicará el Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación.

Este Dictamen con Proyecto de Decreto fue aprobado con 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la iniciativa, presentada el pasado 31 de julio por la diputada María Candelas Francisco Doce, por la cual se modifica el Código Civil de la entidad y que permitirá la corrección de errores menores en el asentamiento de actas del Registro Civil.

De esta manera, el artículo 760 refiere que, cuando la rectificación tienda a enmendar yerros o defectos mecanográficos, ortográficos, numéricos y otros meramente accidentales del acta asentada, o a precisar los apellidos que conforme a su registro de nacimiento correspondan a alguno de los cónyuges que hubieren comparecido al reconocimiento de un hijo autodenominándose en los términos del artículo 53 de este Código, el que tenga derecho a pedir su corrección podrá acudir ante el Oficial Encargado del Registro Civil que corresponda.

El citado Oficial, de acuerdo con los lineamientos que al respecto expida la Dirección General del Registro Civil y oyendo al Ministerio Público, acordará lo procedente. Si el acuerdo es negativo, el interesado deberá demandar la rectificación en juicio.

En el texto de dictamen, aprobado con 43 votos, sin abstenciones o votos en contra, la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, instancia dictaminadora, estima que debe subsistir el numeral 760 del Código Civil para el Estado por tener una redacción más acorde a la realidad, sobre la cual deberá incorporarse la novedosa propuesta por la Diputada iniciante; sin dejar de observar que en tal caso resulta necesario contar con la opinión de la institución del Ministerio Público.

Por lo anterior, se derogó el artículo 760 Bis del citado Código.

Durante la séptima sesión ordinaria del segundo año de trabajo legislativo, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 Ter a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, para dar garantía y asegurar el derecho de las mujeres, en el ejercicio de sus funciones, a una vida libre de violencia política, en todos los ámbitos de los órdenes de gobierno.

Con la adición de este artículo, agregó la diputada, quedará estipulado en la Ley, abstenerse de imponer estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres ostenten.

Además de evitar asignar responsabilidades que limiten su ejercicio de la función político-pública, restringir el uso de la palabra en sesiones y/o reuniones o su participación en comisiones y comités, así como la imposición de sanciones injustificadas que impidan o restrinjan el ejercicio de sus derechos políticos, asimismo la divulgación de información personal o privada para obtener la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan, o bien, presionar o inducir a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que es necesario implementar medidas de prevención y protección de mujeres políticas ya sea que se encuentren ocupando una precandidatura, candidatura o en el ejercicio de sus funciones, toda vez que en el proceso electoral de 2017-2018 se distinguió por ser uno de los más violentos en la historia política democrática del país, pues ciento seis mujeres candidatas y/o políticas en el país, en funciones de sus atribuciones, sufrieron ataques de violencia política en su contra, distinguiéndose el estado de Veracruz entre los 5 primeros con más incidencia.

La presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, aseguró que la violencia política en razón de género puede ser simbólica, económica, patrimonial, física, sexual o hasta el feminicidio político; y que puede ser perpetrada por conocidos, desconocidos, hombres o mujeres.

Destacó que puede ser dirigida a precandidatas, candidatas, candidatas electas e incluso políticas en ejercicio de su cargo; no limitándose al proceso electoral, sino antes, durante y después de ejercer un cargo, y que pueden inhibir las aspiraciones políticas de las mujeres, reflejando un desequilibrio que hace que contiendan, todavía, en condiciones de mayor desventaja.

Con este antecedente –agregó-, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, “por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley”, aseguró.

“Con la ampliación del concepto de violencia política en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, se estaría reconociendo el fenómeno que padecen las mujeres que accediendo a un cargo de elección popular o desempeñando un cargo público, sufren por su condición de ser mujer, lo que sin duda contribuirá a transitar a una verdadera paridad”, finalizó.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

Las diputadas y los diputados de la LXV Legislatura aprobaron el Dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en materia de paridad de género, con lo que la entidad se acerca al cumplimiento de la igualdad previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen, resultado del análisis de las iniciativas presentadas por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi e integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue aprobado con 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Las consideraciones de este documento señalan que la LXV Legislatura reitera su convicción por la paridad de género y se pronuncia a favor de lograr el consenso requerido para armonizar la Constitución estatal con la Constitución federal, garantizando así a las mujeres veracruzanas el derecho a la igualdad de oportunidades a través del reconocimiento de este principio.

De esta manera, se incorpora el principio de igualdad y la paridad de género en el artículo 5° para garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, en la conformación de representantes del gobierno interno de las comunidades indígenas.

Se modifica el vocablo “varón” por el término “hombre” y se integra el principio de paridad de género para los cargos públicos previstos en el artículo 6°.

Se cambia el vocablo “ciudadano” por el de “ciudadanía” en los artículos 15 y 16 para especificar que es un derecho de toda la ciudadanía, sin discriminación por razones de sexo o género ser votado en condiciones de paridad, así como para compartir responsabilidades en todas las esferas de la vida pública y privada.

Se modifican los artículos 18, 19, 21 y 33, a fin de visualizar en el texto constitucional los cargos de gobernadora, diputadas y candidatas, con el objetivo de dotarle de un lenguaje incluyente, tal como lo ha hecho el legislador federal.

Así también, se incorpora en estos últimos tres artículos, el principio de paridad de género en los partidos políticos y en la representación estatal y municipal de los procesos electorales, así como en la elección de diputaciones.

En cuanto a las atribuciones del Ejecutivo estatal, en el artículo 49 se considera que los nombramientos de servidoras y servidores públicos se lleven a cabo aplicando la paridad de género.

En cuanto a los organismos autónomos previstos en el Artículo 67, se utiliza un lenguaje incluyente para nombrar a comisionadas y comisionados, así como incorporar el principio de paridad de género en la designación de las personas titulares o de los órganos colegiados que forman parte de dichos organismos.

Por cuanto hace al Municipio, en el artículo 68 se prevé que estará integrado por el número de ediles que determine el Congreso, de conformidad también con el principio al que hace referencia esta Iniciativa.

A través del artículo segundo transitorio, se establece que el Congreso del Estado deberá, en un plazo improrrogable de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, realizar las adecuaciones legislativas correspondientes a efecto de observar el principio de paridad de género establecido en la Constitución en los términos del decreto.

La observancia del principio de paridad de género será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral estatal o municipal siguiente a la entrada en vigor del referido decreto, según corresponda.

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y designación bajo el principio de paridad de género se realizará de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan en los términos del decreto, de conformidad con la Ley.

Previamente a la discusión del dictamen, el Pleno aprobó el Acuerdo de la Jucopo por el cual se declaró que esta reforma sería bajo un “procedimiento especial”, figura establecida en el artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de reformas constitucionales parciales.

-Posicionamiento-

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Jessica Ramírez Cisneros dijo que hoy es un día trascendental que marcará un antes y un después en uno de los temas que, por muchas décadas, a una sola voz, pero enérgica, representaba la exigencia de las mujeres de ser partícipes, en condiciones igualitarias, de los asuntos inherentes a la vida pública de México y, desde luego, de Veracruz.

Subrayó que, al aprobarse esta reforma constitucional, el principio de paridad de género deberá ser observado en la designación de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública, al igual que para las personas titulares o de los órganos colegiados que forman parte de los organismos autónomos, así como en lo referente a los ayuntamientos, donde con toda precisión se establece que se integrará por una presidenta o presidente, una síndica o síndico y los demás ediles que determine el Congreso, de conformidad con el multicitado principio.

“Que quede claro: el principio de paridad de género no se trata de una dádiva ni de ninguna complacencia hacia las mujeres, es más bien un auténtico triunfo a su esfuerzo y empeño que les abre las puertas para consolidar un liderazgo mostrado por años, pero que siempre permanecía en disputa con la desigualdad e indiferencia que enfrentaban cada que buscaban aportar su capacidad, experiencia y amor a través de un cargo público”, precisó.

Tras ser aprobado por el Pleno y toda vez que fue bajo el procedimiento especial, el Presidente de la Mesa Directiva instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación en la Gaceta Oficial del Estado.

La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, en nombre del Grupo Legislativo de Morena, presentó la Iniciativa de Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado, que tiene por objeto uniformar principios,criterios y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades de los centros de atención en la entidad, conforme a las disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil.

Asimismo, establecer la participación de los sectores privado y social en materia de prestación de servicios de los centros de atención, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, y que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.

Los niños y las niñas, destacó Ferráez Centeno, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, que ello deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Agregó que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios, y que el Estado deberá otorgar las facilidades a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Abundó que la aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, por conducto de sus dependencias y entidades competentes. Los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos actuarán, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social del Estado o de los ayuntamientos, que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, “además de cumplir con sus Leyes específicas y régimen interno, las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta Ley”.

Los derechos laborales, colectivos o individuales, consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacó la diputada, para las hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras en materia de guarderías y prestaciones sociales reconocidos por sus Leyes reglamentarias en materia de seguridad social, “tienen preeminencia en esta Ley y serán respetados en la misma”.

Asimismo, dijo que las disposiciones relativas a la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se emitan por parte de los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ajustarse a la presente Ley.

Los prestadores de servicios de los Centros de Atención, en cualquiera de sus modalidades y tipos en el estado de Veracruz, que no sean del ámbito de competencia federal, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, a las demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

Para el caso de los centros de modalidad mixta, en los cuales exista participación federal, deberán sujetarse a lo establecido en los convenios celebrados entre la Federación y el Estado o bien, entre la Federación y el Municipio respectivo, concluyó.

Esta Iniciativa de Ley, fue turnada para su estudio y análisis, a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia.

La LXV Legislatura del Estado de Veracruz dio entrada a comisiones a la iniciativa, autoría de las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), leída en tribuna en voz de la diputada Érika Ayala Ríos, coordinadora del Grupo Legislativo PRI-PVEM, la cual prevé incorporar el capítulo denominado “Lesiones Cometidas Contra la Mujer en Razón de Género”, y que tiene como propósito combatir la violencia de género en todas sus manifestaciones.

En la iniciativa, presentada durante la séptima sesión ordinaria, se contempla en el artículo 367 quater: al que infiera alteración en la salud o daño, producido por causa externa, que deje huella material en el cuerpo de una mujer en razón de su género, se le impondrán de diez a quince años de prisión.

Se considera que existen razones de género, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: la alteración o daño sea infamante o degradante; existan datos que establezcan que se ha cometido cualquier tipo de violencia relacionada con el hecho delictuoso, por parte del sujeto activo en contra de la víctima; o la víctima haya sido incomunicada.

Si entre el activo y la víctima existe o existió una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, se impondrán de quince a veinte años de prisión.

Asimismo, en el artículo 367 quinquies se establece que las penas, previstas anteriormente, se aumentarán en dos tercios, en los siguientes casos: cuando de la alteración o daño resulte una enfermedad incurable; o la inutilización permanente o la pérdida de cualquier órgano, extremidad o función orgánica; o cuando la alteración o daño ponga en peligro la vida de la mujer.

La diputada Ayala Ríos señaló que la LXV Legislatura, histórica en Veracruz por su integración paritaria de géneros, al margen de las naturales diferencias políticas e ideológicas, ha coincido en impulsar un trabajo parlamentario que promueva el respeto a los derechos humanos y que combata la violencia de género en todas sus manifestaciones.

Indicó que la presente iniciativa, suscrita por los representantes de todas las fuerzas políticas de esta Soberanía, es dado que la suma de voluntades y esfuerzos permitirá sentar las bases jurídicas para una sociedad más justa y garante del ejercicio de las libertades fundamentales de las mujeres veracruzanas.

Asimismo, refirió que este proyecto, no sólo representa la posibilidad de establecer penas más severas a quienes agredan físicamente a las mujeres con motivo de su género, sino que además contribuye a visibilizar una de las expresiones más extremas de la violencia contra ellas, muchas veces resultado de la posición de subordinación de la víctima en relación con su agresor.

Por otra parte, recordó que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativas a que tan sólo en el primer semestre de 2019 se registraron 34 mil 463 casos de lesiones dolosas en contra de mujeres en el país, cantidad que representa un aumento del 11.7 por ciento respecto del mismo semestre del año anterior.

Destacando que en mayo del presente año se contabilizaron 7 mil 318 casos, la cifra mensual más alta desde 2016, anualidad en que se inició el registro oficial de ese tipo de delitos.

“No puede ser concebida en modo alguno como sociedad civilizada, una sociedad que no garantiza los derechos fundamentales de las mujeres; que perpetúa esquemas o roles de supuesta supremacía jerárquica de hombres sobre mujeres”, concluyó.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Acción Nacional Veracruz y MC-PRD, así como las diputadas Adriana Paola Linares Capitanachi y María Francisco Candelas Doce, y los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes.

Con el fin de dar a conocer la reforma al Código Civil para el Estado de Veracruz, el Congreso del Estado y la diputada Mónica Robles Barajas, organizaron el Encuentro por la igualdad y la no discriminación. Hacia un Código Civil más incluyente, en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo.

Se trata del primero de varios encuentros informativos de carácter regional con la sociedad civil; colectivos, redes y asociaciones civiles de mujeres y de grupos de diversidad sexual en el estado, así como a especialistas, juristas, barras de abogados y abogadas, estudiantes de leyes, docentes y público interesado, para dar seguimiento y cumplimiento de las temáticas prioritarias de la Agenda Legislativa en materia de Derechos Humanos.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, diputada Mónica Robles Barajas, sostuvo que la intención de la realización de este foro es construir un espacio ciudadano para extender conocimiento sobre esta Iniciativa que propone garantizar los Derechos Humanos, la Igualdad y la No discriminación en el Código Civil estatal que, lo convertirá en un marco jurídico más igualitario, justo, actualizado y útil a la sociedad veracruzana, que reclama respeto irrestricto a los Derechos Humanos de todas las personas, sin ninguna distinción, ni condición.

Durante la presentación de la Reforma Integral al Código Civil, en el que estuvieron presentes las y los diputados Elizabeth Cervantes de la Cruz, Adriana Paola Linares Capitanachi, Eric Domínguez Vázquez, Wenceslao González Martínez, León David Jiménez Reyes y la magistrada en retiro, Irma Dinorah Guevara Trujillo, Robles Barajas reveló que, la iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue producto de diversas reuniones con organismos de la sociedad civil, la Oficina de ONU Mujeres de Naciones Unidas y grupos de abogadas expertas en género y derechos humanos, por lo que, este encuentro “es una extraordinaria oportunidad de coincidir, en la garantía y respeto que reclama nuestra sociedad, desde nuevas legislaciones que se fortalecen más, con la participación ciudadana”.

En el contenido de las reformas al articulado destacan que se otorgará a las personas, a todas y todos los integrantes de la familia, la protección más amplia; la opción de cambia el orden de apellidos en el registro de hijas e hijos; y la redefinición del concepto de matrimonio, que ya ha sido aprobado en 18 estados de la República; eliminar los preceptos discriminatorio para las mujeres; reconocer el trabajo que se realiza en el hogar, como una aportación económica al patrimonio familia.

También, estas reformas proponen otorgar el reconocimiento de la relación de concubinato, en la que se encuentran miles de parejas, otorgando ciertos derechos similares a la figura del matrimonio, cuando la convivencia sea constante y permanente, por un periodo de dos años.

Asimismo, contemplan incorporar el llamado Divorcio Incausado que significa que, podrá solicitarse el divorcio por uno o ambos cónyuges, sin que sea necesario señalar alguna causa por la cual se solicita. Esta nueva figura jurídica garantiza la responsabilidad de padre y madre frente a las hijas e hijos, sus derechos a alimentos, convivencia, educación y otras necesidades y se asegura la Pensión Alimenticia y Compensatoria para aquél o aquella cónyuge que se haya dedicado a las labores del cuidado de la familia.

Promueven diversas modificaciones al artículo 254 Bis en materia de violencia de género y de violencia familiar, protección a las víctimas y reparación del daño causado. Así como en el artículo 255 se garantiza el interés superior de la infancia, al establecer que se presumen hijas e hijos de los cónyuges, las y los nacidos a partir de la celebración del matrimonio o dentro del concubinato.

Asistieron también Lilia Christfield Lugo en representación de la diputada Érika Ayala, así como Martha Mendoza Parissi, Mónica Mendoza Madrigal y la Sindica de Poza Rica, María del Carmen Carvallo Vicencio.

El Congreso del Estado recibió del gobernador Cuitláhuac García Jiménez una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la que se busca dar certidumbre a la distribución justa de los recursos que la entidad recibe cada año por concepto de participaciones federales.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno se dio por enterado de la propuesta, que propone actualizar dicha ley, que establece y regula el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y tiene por objeto regular los fondos para la distribución de las participaciones, aportaciones y otros ingresos federales que corresponden a los municipios del estado.

En sus capítulos I y II –se lee en la iniciativa-, se establece la forma de distribución de las participaciones federales y, desde 2004, anualmente ha sido reformado el artículo Tercero Transitorio para dar vigencia a los factores de dicho año, con la finalidad de mantener para cada municipio un porcentaje de participaciones federales igual o mayor al del ejercicio fiscal anterior, omitiendo el uso de las variables y fórmulas correspondientes a cada fondo, lo que conllevaría un incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.

Para superar esta deficiencia, el titular del Ejecutivo propone que en la distribución de las participaciones federales se precisen y actualicen las variables, fuentes de información, los valores y el método de cálculo mediante los que se determinan los coeficientes para la distribución de las participaciones federales a los municipios.

En virtud de esto, se deberá utilizar la información estadística más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como la información que sobre recaudación de ingresos federales, estatales y municipales proporcione la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y los municipios a la Legislatura.

El referido Artículo 7, señala que de las participaciones que le correspondan anualmente a la entidad de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, cuando menos el 20 por ciento corresponderá a los municipios que la integran.

Así también, que las participaciones federales que el estado reciba y deba hacer efectivas a los municipios, se repartirán de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.

La propuesta del Gobernador añade que para la distribución conjunta de las participaciones federales correspondientes a todos los municipios, con excepción de las establecidas en el artículo 4o.-A de la misma ley, se tendrá como referencia el monto nominal recibido en el ejercicio fiscal 2019 (año base), y la aplicación de la fórmula de distribución de la misma ley se realizará de manera exclusiva al monto excedente de fondos participables que sea recibido durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

El coordinador del Grupo Legislativo Del Lado Correcto de la Historia, diputado Gonzalo Guízar Valladares, puso a consideración del Pleno una iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Veracruz en materia de autonomía presupuestal para los Organismos Autónomos de la entidad.

En su iniciativa, publicada en la Gaceta Legislativa número 73, el diputado aseguró que, después de un análisis a los presupuestos asignados en años anteriores, esta propuesta nace ante la necesidad de dotar a los Organismos Públicos Autónomos de las herramientas posibles, entre ellas su propio presupuesto, acorde a un porcentaje del Presupuesto General del Estado, el cual pudiera aumentar de acuerdo a las actividades del ente durante ese año.

En su exposición de motivos, argumentó que con esta iniciativa se tiene como objetivo permitir mayor eficacia financiera y planeación estratégica, toda vez que en años anteriores, el presupuesto otorgado a los organismos ha sido el mínimo pudiendo comprometer sus labores, lesionar y vulnerar su autonomía, dificultando su cumplimiento de las necesidades con la sociedad.

La propuesta del legislador considera lo siguiente:

El representante del distrito XXX de Coatzacoalcos, señaló que los Organismos Públicos Autónomos tienen un papel fundamental con tendencia a fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política en un Estado de Derecho, a través de la propia autonomía.

Agregó que en Veracruz, existen organismos con autonomía presupuestal como es el caso de la Fiscalía General del Estado y la Universidad Veracruzana, por lo que resulta necesaria la regulación, para que los organismos puedan alcanzar mayores objetivos, concluyó.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Hacienda del Estado.

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, integrante del Grupo Legislativo de Morena del Congreso del Estado, puso a consideración del Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, con lo que se busca dar certidumbre a los municipios en cuanto a la distribución de las participaciones federales y por lo que resulta necesario reformar a finales de año este ordenamiento.

En vista de la proximidad de la aprobación de los dictámenes con proyecto de Leyes de Ingresos de los 212 Municipios del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, -expone la propuesta, publicada en la Gaceta Legislatura número 73- es necesario que dicha Ley esté reformada antes de esa aprobación.

La iniciativa refiere que la Ley de Coordinación Fiscal regula la participación de las haciendas públicas estatal y municipales sobre los ingresos de la federación, a la vez que se establecen las bases que rigen los fondos a distribuirse, la aplicación de las denominadas aportaciones y la asignación de ingresos federales transferidos, así como las relaciones en la materia entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, cuya principal fuente de ingresos se constituye por dichos recursos.

De acuerdo con esta Ley los recursos que integran los Fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal, así como los provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deben distribuirse mediante la aplicación de porcentajes equivalentes del Índice Municipal de Pobreza y del Coeficiente de Participación Municipal, calculado el primero de éstos sobre las variables de población analfabeta mayor de quince años de edad, de población ocupada sin ingresos o con ingresos mínimos y de población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje y electricidad.

Asimismo, determinado el segundo en función de la capacidad recaudatoria del municipio durante los dos ejercicios fiscales que precedan al del año para el que se realiza el cálculo respectivo.

Detalló que la Ley de Coordinación Fiscal vigente se expidió en 1999 y se previó entonces que la aplicación inmediata de los porcentajes descritos provocaría una disminución sensible en los ingresos de la mayoría de los municipios veracruzanos, en razón de la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos respecto de distintas contribuciones, que resulta un elemento fundamental para la asignación de recursos, por lo que en los artículos transitorios de la misma se dispuso que esos porcentajes se utilizarían hasta el año 2010 y se establecieron fórmulas sustitutivas de éstos para su aplicación gradual.

No obstante dicha previsión, en el ejercicio fiscal del 2000, que fue el primero en el que se aplicaron las fórmulas sustitutivas, un considerable número de municipios, sobre todo los que registraron mayores índices de marginación y dependencia de esos recursos, sufrió decremento en sus percepciones de participaciones federales, lo que obligó, desde el año 2001, a reformar cada año los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley mencionada, para mantener vigentes los factores de distribución de ejercicios anteriores.

Por esa razón que en junio de 2008 y con la finalidad de dar certidumbre a los municipios, en cuanto a la distribución de esos recursos, se derogó el artículo cuarto transitorio y se reformó el artículo 15 de la Ley mencionada, para trasladar a este precepto los referidos factores de distribución, que se contenían en la disposición transitoria derogada, por lo que ahora únicamente es necesario reformar el artículo tercero transitorio de dicho ordenamiento.

Así, para el ejercicio fiscal del año 2020 los fondos de participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de esa Ley, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos de Fiscalización y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2019, en sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de este mismo ordenamiento.

La recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de gasolina y diesel, en su porcentaje correspondiente al 9/11, concluyó, se distribuirá a los municipios de la entidad en 70% con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las DemarcacionesTerritoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), y en 30% con base en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), vigentes en 2019.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada, para su atención, a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

Al reiterar que la igualdad de género es fundamental para la realización de los derechos humanos de todas las personas, el diputado Enrique Cambranis Torres puso a consideración del Pleno la iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz, con el fin de sustituir el término “concubinario” por el de “concubino”, al considerarlo más acorde con la realidad actual.

En su iniciativa, -publicada en la Gaceta Legislativa número 73- el integrante del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que el término “concubinario” está definido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) como “Hombre que tiene una concubina”, mismo que, al denotar posesión, tiene una connotación negativa hacia la persona del género femenino.

De esta manera, subrayó que una de las principales razones de su propuesta es la discriminación en todas sus formas de expresión. “La discriminación puede definirse como la distinción o diferenciación que se hace en favor o en contra de una persona o cosa en comparación con otras”.

Expuso que se discrimina socialmente cuando se hacen distinciones entre personas por motivos de clase o categoría, sin considerar el mérito individual o la capacidad. Agregó que algunos ejemplos de categorías de discriminación social son la raza, el género, la edad, nacionalidad, religión, incapacidad, orientación sexual, altura y peso, entre otras.

Detalló que las mujeres realizan dos tercios de las horas laborales de todo el mundo y producen la mitad de los alimentos mundiales; sin embargo, éstas perciben únicamente el 10 por ciento de los ingresos mundiales y poseen menos del uno por ciento de la propiedad mundial.

Refirió que, con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, los textos internacionales adquirieron gran fuerza. En especial –expuso- el primer artículo de la Constitución que dicta “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”.

La propuesta legislativa plantea modificar los artículos 254 ter, 33 párrafo primero, 313 fracción II, 1301 fracción V, 1306 fracción III, 1535 fracción I, 1568 fracción II y VI, y 1582, en todas estableciendo disposiciones que atañen a la concubina o al concubino.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Luego de presentar ante esta Soberanía, en observancia a lo que mandata el Artículo 49 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el informe escrito del estado que guarda la administración pública de la entidad, el pasado 15 de noviembre, y al término de las comparecencias de los titulares de las dependencias estatales, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se presentó ante las y los integrantes de la LXV Legislatura.

Durante un acto celebrado en el Recinto Oficial de Sesiones, al lado del diputado Rubén Ríos Uribe, presidente del H. Congreso del Estado, de la diputada Brianda Kristel Hernández Topete y del diputado Jorge Moreno Salinas, vicepresidenta y secretario de la Mesa Directiva, respectivamente, expuso un resumen de los principales logros de su administración y respondió los planteamientos de las y los representantes de los diversos grupos legislativos.

El primer rubro fue el combate a la pobreza mediante el otorgamiento de medios para que quienes habitan en zonas de mayor pobreza inicien alguna actividad productiva que mejore sus ingresos, logren abastecerse y reactiven la economía local. Con este fin, este gobierno –dijo- focalizó las zonas de atención prioritaria para atender su población desde la Secretaría de Desarrollo Social.

Mencionó los programas Sembremos Bienestar Común, con el que en 144 municipios se realizaron 578 diagnósticos integrales y se constituyeron 587 unidades sociales de bienestar, y Mujeres Emprendedoras, que otorga 5 mil pesos a cada una para que pueda involucrarse en actividades productivas agropecuarias, artesanales, agroindustriales y de servicios. En esta primera etapa –señaló el Gobernador-, se entregaron 13 mil 414 apoyos a mujeres de 160 municipios, para beneficio de 53 mil 656 personas, con una inversión de 67 millones de pesos (mdp).

Así mismo, este gobierno impulsó siete mil 300 Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria, que corresponden al programa integrado por huertos agrícolas de ciclo corto y diez gallinas ponedoras. En esta ocasión, se logró beneficiar a 29 mil 200 personas de manera directa e indirecta en 150 municipios. Con este programa cada familia recibe 8 mil pesos.

En cuanto a la recuperación, reconstrucción y entrega de obras, el mandatario destacó que, en colaboración con dependencias federales, se logró levantar vetos y sanciones que impedían atraer fondos federales. Como ejemplo mencionó la labor de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) para lograr que Veracruz pudiera participar de los recursos y permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Gracias a ello –dijo el Ejecutivo- y con recursos fiscales propios rescatados del ejercicio anterior, en el primer trimestre este gobierno pudo concluir obras como el sistema múltiple de abastecimiento en varias localidades del municipio de Tantoyuca, beneficiando a dos mil 494 habitantes y el drenaje en la localidad Corozal, municipio de Tempoal, para dos mil 100 lugareños.

Así también, la construcción del emisor a presión, caseta, equipamiento y cárcamo de bombeo, municipio de Catemaco, para 15 mil 034 personas; la rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales en Díaz Mirón, municipio de Tuxpan, para 63 mil 794 habitantes, y la rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales de Platón Sánchez, para 10 mil 758 habitantes.

En el municipio de Veracruz –prosiguió- se realizó la limpieza y desazolve del colector pluvial, eje hidráulico y canal a cielo abierto, beneficiando a 100 mil habitantes; también la ampliación del colector pluvial Benito Juárez y la construcción de rejillas en la calle Emparan, beneficiando con ello a 29 mil 100 habitantes.

A estas obras añadió la reparación de 86 equipos sumergibles, de los cuales destacó los sistemas de agua de 23 municipios, para 223 mil 897 habitantes y la adquisición de 53 equipos de bombeo sumergible y vertical de alta eficiencia para los sistemas de 15 municipios, para 569 mil 756 personas.

Además, el mantenimiento a 12 pozos profundos en los municipios de Hueyapan de Ocampo, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Chacaltianguis, beneficiando a 68 mil 173 habitantes; la construcción de muros falsos en zonas de captación de agua en Álamo Temapache, Coatzintla, Martínez de la Torre, Naranjos y Poza Rica de Hidalgo, para recuperar la captación de los equipos de bombeo, en favor de 339 mil 404 ciudadanos.

En este mismo propósito, fueron sustituidos los equipos de bombeo en Alvarado, Cosoleacaque, Minatitlán, Nogales y Río Blanco para aumentar la eficiencia de los equipos, para el bienestar de 264 mil 729 habitantes.

Respecto al saneamiento de las finanzas públicas, dijo que era indispensable iniciar un proceso de austeridad, reducción del gasto superfluo, disciplina financiera y apostar por un buen manejo de la deuda a mediano y largo plazo.

Refirió que los 18 mdp de deuda que tenía Veracruz en 2000 se convirtieron en 45 mil mdp 19 años después. “Ahora tenemos que sortear los intereses que van desde 4 mil mdp hasta los 5 mil mdp anuales”.

Ante esto, señaló, la eficiencia en la ejecución del gasto operativo significó una disminución del 47 por ciento con respecto a lo devengado el año pasado, debido a la implementación de compras consolidadas. Asimismo, fueron implementadas la Oficina Virtual de Hacienda para teléfonos móviles y habilitadas 23 oficinas de Hacienda para el trámite de emplacamiento de automotores.

Cuitláhuac García definió a Veracruz como “un lugar propicio para los grandes proyectos de inversión” y como muestra recordó lo dado a conocer en Palacio Nacional al lado del Presidente de la República sobre una empresa del café y productos lácteos y la inversión realizada en una planta de agua mineral embotellada que inaugurará este fin de semana en el sur del estado.

En el impulso a la reorientación del gasto hacia las áreas de atención prioritaria para el primer año de gobierno, recordó que esta Soberanía autorizó, el año pasado, 550 mdp más a Seguridad Pública; 74 mdp a Desarrollo Económico; 73 mdp más a Turismo y 89 mdp para atención integral a víctimas.

En este último rubro, señaló que el incremento significó 1500 por ciento adicional que el año anterior, al campo se asignaron 259 mdp más y el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) se elevó en 988 mdp. Estos recursos –aclaró el mandatario- se están ejerciendo para beneficiar a zonas rurales y municipios de vocaciones diversas, a fin de detonar actividades económicas que los fortalezcan.

Al recordar los retos que enfrentan las zonas rurales, dijo que este año se contrataron cuatro obras relativas a servicios de telecomunicaciones, con una inversión de 21.5 mdp para beneficiar a 552 mil 450 habitantes de 86 municipios.

En cuanto a la construcción y entrega de obra pública en el estado, este gobierno ha realizado 223 acciones, en las que se contemplan 163 obras, 53 estudios o proyectos y siete supervisiones externas. En este rubro, continuó el Gobernador, se destinó una inversión de mil 094.7 mdp y el impacto social se extiende a cuatro millones 400 mil personas.

También recordó que Veracruz alberga una gran biodiversidad, con 26 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y 832 Áreas Privadas de Conservación (APC), que comprenden más de 110 mil hectáreas.

Por eso, en este año, el gobierno estatal destinó un millón 400 mil pesos a la conservación de la tortuga marina. El Ejecutivo reconoció a los empresarios que participaron en el programa de erradicación de los plásticos de un solo uso, con quienes, el 17 de septiembre de este año suscribió, a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), los compromisos para iniciar dicha tarea.

En presencia también de integrantes de su gabinete, indicó que, además de las políticas ambientalistas, “en el campo debemos impulsar la productividad mediante estrategias que reactiven el cultivo de los principales alimentos de los mexicanos”. Bajo este lineamiento –precisó-, este año, los cultivos de maíz, frijol y arroz recibieron los insumos para la producción primaria, con una inversión de 7.1 mdp para un total de 7 mil 934 hectáreas y el beneficio de más de tres mil personas.

También subrayó las acciones en materia de apoyo al campo, donde este gobierno implementó el Fortalecimiento del Cultivo de Palma de Coco con planta certificada y dos viveros para su reproducción, con una inversión de 10 mdp para el establecimiento de 828 hectáreas. Adicionalmente, se crearon 41 mil 500 jornales en los municipios de Gutiérrez Zamora, Nautla, Papantla, San Rafael, Tecolutla, Vega de Alatorre y Tihuatlán.

El Gobernador concluyó su mensaje de apertura asegurando que este ejercicio de rendición de cuentas al que acudió “da la esperanza de que llegaremos a la meta final, porque hemos emprendido el camino del cambio verdadero y vamos bien”. Posteriormente, escuchó los planteamientos de las y los diputados representantes de los seis grupos legislativos y respondió sus cuestionamientos.

La disciplina y el orden son compromiso de este gobierno y responsabilidad de cada servidor público, manifestó la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, al comparecer ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de la LXV Legislatura, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva y el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidenta y secretario, respectivamente.

Comenzó subrayando que su compromiso es mejorar los procesos que se desarrollan en todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Durante este año, se mantuvo como línea prioritaria la capacitación oportuna del personal de las distintas áreas del gobierno, incluyendo principalmente las unidades administrativas de los entes públicos y los Órganos Internos de Control (OIC).

Durante su presentación celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, destacó la realización del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. Con esta base, se promovió la realización de 150 capacitaciones a las que asistieron tres mil 134 servidores públicos del Poder Ejecutivo, 53 por ciento mujeres y 47 por ciento hombres.

El temario abordado en dichas jornadas fue: Ética para los servidores públicos, Cultura de la legalidad, Elaboración y actualización de manuales administrativos, Introducción a la administración pública, Sistema Estatal Anticorrupción, Bitácora electrónica de seguimiento a la obra pública, Trabajo en equipo y otros como apoyos a la profesionalización de servidores públicos.

Hizo referencia también a las evaluaciones aplicadas a los OIC, donde el resultado obtenido fue un cumplimiento del 70 por ciento a los Programas Generales de Trabajo 2019.

En un hecho inédito en la administración pública estatal, comentó la funcionaria, la CGE llevó a cabo una evaluación primaria a despachos externos y prestadores de servicios profesionales que realizaron auditorías a los entes fiscalizables para el ejercicio 2018

Asimismo, informó la verificación y seguimiento dado a la Declaración de Situación Patrimonial y de Interés que las y los servidores públicos están obligadas a presentar. En esto, se han recibido y procesado un total de 22 mil 351 declaraciones, de las cuales se generaron 11 mil 306 de inicio, dos mil 445 de conclusión y ocho mil 600 de modificación de situación patrimonial. Junto con esto, se concretaron 43 evoluciones patrimoniales y 135 análisis del Sistema de Declaraciones Patrimoniales de Situación Patrimonial y de Intereses de servidores y exservidores públicos.

Por otra parte, con la finalidad de fortalecer y consolidar el control interno y el Sistema Estatal de Fiscalización, la CGE publicó en agosto de 2019 las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Precisó que, durante el ejercicio 2018, sólo se llevaron a cabo dos auditorías internas; 48 al Poder Ejecutivo, distribuidas en: 19 auditorías integrales, 27 específicas y dos de obra pública. Se determinó 143 observaciones generales y 178 relevantes, de las que se han solventado 63 generales y 65 relevantes, es decir, 45.5 por ciento y 35.4 por ciento respectivamente.

En cumplimiento al Acuerdo de coordinación, celebrado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Estado de Veracruz, para la coordinación especial en el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se dio seguimiento a 918 incidencias derivadas de la inspección por parte de la Secretaría de la Función Pública al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet); 260 corresponden a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 22 a organismos autónomos y 636 a municipios.

Santoyo Domínguez detalló que, en el ámbito de transparencia, se ha intervenido en 520 sesiones de órganos colegiados, de las cuales 438 fueron de carácter ordinarias y 82 extraordinarias. Asimismo, se han registrado 20 mil 471 operaciones, de acuerdo con su modalidad de contratación, constatando en todo momento la priorización de las empresas veracruzanas, las cuales representan el 92 por ciento del total de empresas asignadas.

En el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2019, se realizaron 458 evaluaciones de tipo financiero y programático presupuestal, de las cuales resultaron 319 inconsistencias y 51 recomendaciones.

Por el mismo sentido, los OIC presentaron los informes de hallazgos en la aplicación del recurso público, reportando un total de 177 inconsistencias.

Para el ejercicio 2019 –prosiguió la funcionaria-, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) programó realizar 29 auditorías a la Cuenta Pública 2018, de las cuales, considerando la 2ª Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, realizada el pasado 31 de octubre, 19 auditorías han concluido y 10 están en proceso.

En colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), agregó, se programaron 16 auditorías a fondos y programas federalizados, determinando ejecutar ocho auditorías conjuntas y ocho directas.

Respecto de los Comités de Contraloría Ciudadana (CCC) y Comités de Contraloría Social (CCS), se logró integrar 786 CCC, con la participación de seis mil 023 ciudadanos, contabilizándose a la fecha mil 234 comités vigentes y un total de nueve mil 391 ciudadanos que participan activamente, así como 489 CCS, integrados por mil 603 ciudadanos beneficiados.

A fin de evitar la duplicidad de funciones para contribuir a la contención del gasto corriente, comentó la funcionaria, la CGE continúa trabajando en la revisión de estructuras orgánicas, la creación innecesaria de plazas y la asignación arbitraria de sueldos. En esto, se dictaminaron 60 estructuras orgánicas, 37 dependencias y entidades, 21 institutos tecnológicos y dos universidades tecnológicas.

Mercedes Santoyo concluyó su exposición, explicando lo referente a procedimientos administrativos iniciados en contra de exservidores públicos de la Administración Pública 2011-2016.

Aquí refirió que la Dirección Jurídica de la CGE cuenta con antecedentes litigiosos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Tejav), donde esa autoridad emitió en septiembre del año en curso un acuerdo que indica que han causado estado sentencias en contra de dos exfuncionarios y, por tanto, queda firme para todos los efectos legales la inhabilitación para desempeñar empleos o cargos o comisiones por cinco y tres años respectivamente.

Tras concluir la negociación entre la autoridad administrativa de la LXV Legislatura y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, expresó que la buena voluntad entre ambas partes dio como resultado la firma de un acuerdo por el que se mejoran las condiciones de las y los trabajadores de este Poder Legislativo.

Lo anterior –subrayó el legislador- es reflejo del adecuado manejo de las finanzas en esta administración, en la que se aplicaron principios de austeridad, honestidad y transparencia.

Dijo que son nuevos tiempos en los que, a diferencia del pasado en el que había derroche y gastos excesivos, se cuida exhaustivamente el recurso, toda vez que son recursos del pueblo veracruzano, mismo que exige a sus representantes actuar con honestidad y transparencia en la aplicación del erario.

El diputado Gómez Cazarín recordó que desde la instalación de la mesa de negociación, el pasado 29 de mayo, se acordó la revisión pormenorizada de las condiciones laborales y se estableció el compromiso de mejorarlas, con pleno apego a la situación económica y en un marco de respeto y cordialidad, “hicimos un gran esfuerzo y hoy podemos decir que cumplimos con el trabajador y sus familias”.

Por último destacó la labor de la unidad administrativa, encabezada por el Secretario General, Domingo Bahena Corbalá, por llevar “a buen rumbo” esta negociación con el Comité Sindical, a cargo de José de Jesús Rodríguez Hernández.

Por ser parte de la expresión de la identidad cultural que conserva las tradiciones y costumbres de la cultura ancestral del pueblo veracruzano, La Rama podría ser declarada Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, según la propuesta y el exhorto de la diputada María Esther López Callejas.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo en el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a que, mediante la publicación de un Decreto, lleve a cabo dicha declaración.

Así también, propuso la Presidenta de la Comisión Permanente de Turismo de la LXV Legislatura, para que el Ejecutivo instruya a la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur), al Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) y al Consejo Estatal del Patrimonio Cultural realizar actividades tendientes a la identificación, preservación, protección, promoción, valorización, enseñanza y revitalización de esta tradición en el estado.

Recordó que, en 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –con instrumentos, objetos y espacios que les son inherentes- que comunidades, grupos e individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

En este sentido, constituyen patrimonio cultural intangible la lengua, las tradiciones, expresiones orales, artes de la representación o del espectáculo, los usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, así como las técnicas artesanales tradicionales. Mencionó como ejemplos las lenguas, música, cantos, poesía, danzas, gastronomía, medicina tradicional, rituales, la tradición textil y sistemas constructivos tradicionales.

Por el otro lado, destacó la postura de encaminar el manejo del patrimonio cultural hacia el desarrollo económico y social, mediante el desarrollo del turismo cultural. Para ello –dijo- se requiere gestionar el potencial del desarrollo del patrimonio cultural, enfocado a la sostenibilidad, es decir, aprovechar el patrimonio cultural sin alterar su esencia y preservarlo para las generaciones futuras.

El Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para los efectos legales pertinentes.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó la iniciativa, presentada el pasado 27 de agosto por la diputada Mónica Robles Barajas, por el cual se incorpora al Código Civil del Estado de Veracruz la figura de Custodia Compartida, con lo que se garantiza al menor el vínculo afectivo, tanto como con la madre, como con el padre y así un mejor desarrollo.

De esta manera, con 35 votos, sin abstenciones ni votos en contra, se reformó el artículo 345 Bis del citado Código, en el cual se establece que cuando ambos padres lo acuerden, mediante el convenio de divorcio respectivo, o cuando los progenitores lo soliciten durante la tramitación del juicio o aún después de dictada la sentencia, el órgano jurisdiccional competente, atendiendo al interés superior del menor, podrá otorgarles la Custodia Compartida.

Esta custodia podrá acordarse en períodos equivalentes de una semana, un mes, por semestre, o en aquellos períodos que determinen el padre o la madre de conformidad con sus posibilidades, valorando las especiales circunstancias de cada caso y considerando Io más adecuado para la edad de las hijas o los hijos.

Esta modificación, avalada durante la quinta sesión ordinaria, señala que para otorgar la Custodia Compartida el órgano jurisdiccional deberá considerar aspectos como: que entre los padres se mantenga siempre el respeto y se promueva éste y el aprecio por las hijas y los hijos hacia cada uno de ellos y que ambos padres tengan claro el papel de cada uno en la crianza y desarrollo de los menores, durante y después de los acuerdos a los que lleguen y que sean confirmados por la autoridad judicial competente, además que exista la posibilidad de llegar a acuerdos entre los padres es un elemento esencial.

También que ambos progenitores garanticen condiciones semejantes de vida a las hijas o hijos, durante los lapsos correspondientes, como el de radicar dentro de la misma ciudad en lugares cuya distancia del centro escolar no afecte el cumplimiento de sus deberes educativos, frecuentar los espacios de esparcimiento del menor, y aquellas que impliquen las mejores condiciones equivalentes a su desarrollo emocional y afectivo.

Por último, se establece que en la Custodia Compartida cada progenitor podrá absorber todas las obligaciones derivadas del sustento económico de los hijos o hijas durante los períodos de asignación o cualquier otra variante acordada por el padre o la madre decretada por el órgano jurisdiccional, siempre y cuando existan las condiciones necesarias para este efecto.

Conservación de la biodiversidad, ordenamiento ecológico, impacto ambiental, calidad del aire, vinculación social, Cambio Climático, minería tóxica, Fondo Ambiental Veracruzano y recursos financieros son algunos temas expuestos por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), María del Rocío Pérez Pérez, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

La funcionaria fue recibida por la diputada Margarita Corro Mendoza y por los diputados Juan Manuel de Unanue Abascal y Antonio García Reyes, presidenta, secretario y vocal, respectivamente, de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la LXV Legislatura local, en el Palacio Legislativo, donde presentó los resultados de su gestión.

En el tema financiero, destacó que, a pesar de haber tenido un presupuesto para el ejercicio 2019 de 47.6 millones de pesos (mdp), la dependencia contribuyó a la generación de ingresos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por 123.9 mdp por concepto de los pagos de derechos.

Recordó que en este año la Sedema firmó el convenio con la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, para la ejecución del programa Sembrando Vida con un monto de 83.8 mdp, de los cuales, al corte de octubre, se ministraron 41.9 mdp, quedando en reserva 40.2 mdp disponibles para su ejecución en el ejercicio 2020.

El Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) concluyó este año con un saldo de 86.5 mdp, a lo que se suman 45.8 mdp ministrados por Sefiplan, para hacer un total de 132.37 mdp. De este monto, se han dispersado a la fecha 54.4 mdp para concluir proyectos de 2018 y para proyectos estratégicos de 2019.

Precisó que el saldo actual del FAV es de 77.9 mdp y que a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) le fue otorgado un presupuesto de 10.6 mdp de recurso estatal, más ingresos propios más 14.3 mdp por multas y sanciones, da un total de 24.9 mdp, al que se restan 15.4 mdp por gastos de operación al 31 de octubre, por lo que el saldo positivo a la fecha es de 9.5 mdp.

A propósito de la PMA, en daños ambientales –comentó-, esta instancia logró atender durante este año 563 denuncias de 102 municipios.

Rocío Pérez explicó que, tomando como base la Agenda de Medio Ambiente 2018–2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron diseñados, elaborados y aprobados los ejes rectores de medio ambiente expresados en el Plan Veracruzano de Desarrollo, alineados, a su vez, al Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, a fin de rescatar y fortalecer la gobernanza ambiental basada en el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y específicamente de los objetivos 13 (Acción por el clima) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

Indicó que los estudios más recientes ubican a Veracruz entre los primeros lugares del país en biodiversidad.

Para salvaguardar esta riqueza, explicó, Veracruz cuenta con 26 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y 832 Áreas Privadas de Conservación (APC) que comprenden una superficie de más de 110 mil hectáreas.

En este contexto, se ejecuta el proyecto para conservar la tortuga marina, con una asignación de 1.4 mdp del FAV.

Como parte de las actividades de dicho proyecto, a través del Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina, se logró la protección de 12 mil nidadas, 771 mil huevos y la liberación al mar de 584 mil crías.

Respecto de la regulación del impacto ambiental, fueron evaluadas 256 memorias técnicas, 106 manifestaciones de impacto ambiental y se generaron 358 opiniones, con el propósito de evitar efectos negativos al entorno ecológico.

Informó que la infraestructura para el manejo de los residuos sólidos urbanos se limita a 28 rellenos sanitarios, 20 de los cuales están a cargo de los municipios y ocho son concesionados.

Con el objetivo de dar una solución del tiradero de Las Matas, ubicado en una zona de humedales en el sur del estado, Sedema gestionó ante el gobierno federal la vinculación al programa Hacia Basura Cero, operado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), iniciando los trabajos de remediación para el saneamiento y la recuperación del sitio, desde el 1 de diciembre de 2018.

Con esta acción, “hemos logrado el control de 500 metros cúbicos de lixiviados y la cobertura de siete hectáreas compensadas con tres mil 500 metros cúbicos de material térreo. Además, realizamos la evaluación técnica de predios en 11 municipios para la instalación de nuevos rellenos sanitarios”.

En cuanto a los residuos sólidos urbanos, el Gobierno del Estado firmó un convenio con empresas, a fin de erradicar la utilización de plásticos de un solo uso.

Para procurar la salud de la población y el cuidado del medio ambiente, se ejecuta el proyecto Calidad del Aire en el Estado de Veracruz, con una asignación de 37.2 mdp provenientes del FAV.

Del mismo modo, añadió la Secretaria, a través del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, se otorgaron 1 millón 091 mil 548 certificados con holograma a los 245 centros de verificación y verificentros.

También informó que, para prevenir y combatir los incendios, 49 guardas forestales se encuentran distribuidos en siete brigadas ubicadas en las regiones de Huayacocotla, Cofre de Perote, Cuenca del Papaloapan, Sierra de Otontepec, Zongolica, Los Tuxtlas y Uxpanapa.

Además, la dependencia adquirió tres patrullas equipadas que permiten reforzar las actividades de campo y se está implementando una aplicación móvil para que la población reporte de manera inmediata los incendios forestales. Estas acciones se realizaron en el marco del Programa Estatal de Guardas Forestales, con una asignación de 8.8 mdp del FAV. De manera complementaria, se destinaron 5.4 mdp del mismo fondo para la intervención forestal en San Juan del Monte.

La titular de la Sedema dijo también que, por otro lado, con el Programa Estatal de Reforestación se han producido 1.2 millones de plantas y dado mantenimiento a los ocho viveros de la Secretaría, con lo que se ha entregado más de 60 mil plantas a ejidos, organizaciones sociales y planteles educativos principalmente de 33 municipios.

Para fomentar el desarrollo económico regional, esta dependencia ha promovido cultivos de sombra como café, cacao y vainilla en 80 hectáreas, que conservan áreas forestadas y conforman medios de vida para las familias en los municipios de Catemaco, Soteapan y Mecayapan. Para este programa se destinaron 6.4 mdp del FAV.

La operación del Programa Sembrando Vida en Veracruz –abundó Rocío Pérez- permitirá, respetando el ciclo biológico de la planta, generar una producción para el 2020 de más de 10 millones de árboles forestales, frutales y de cultivo, con una inversión del gobierno federal de 83.8 mdp, generando alrededor de 175 mil jornales, en la primera etapa.

Indicó que, a la fecha, Veracruz cuenta con 42 Consejos Consultivos Municipales de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable instalados; en esto destacó la participación de los institutos tecnológicos del estado.

En materia de investigación, con el apoyo del Colegio de Veracruz (Colver), la Sedema integró el documento Tendencias históricas de 20 indicadores de Cambio Climático para territorio veracruzano-Análisis del período 1907 a 2017.

La secretaria Pérez Pérez refirió que, en su calidad de Presidenta del Consejo Estatal Forestal, durante la Sexta Sesión Ordinaria de este órgano, propuso el punto de acuerdo titulado “No otorgar autorizaciones de uso de suelo, de cambio de uso de suelo o de construcción, para la realización de proyectos de exploración y explotación de minería metálica o tóxica en territorio veracruzano”, que fue aprobado por unanimidad.

Para realizar las acciones antes descritas, detalló la funcionaria, la Secretaría cuenta con el apoyo financiero del fideicomiso público del FAV, por lo que en 2019 fueron aprobados proyectos estratégicos por un monto de 59.6 mdp. De manera paralela, este fondo da seguimiento a 19 proyectos aprobados en 2018, equivalentes a 9.3 mdp.

Finalmente, dijo confiar en que el trabajo coordinado entre Gobierno, sociedad civil organizada, academia, productores forestales, empresarios, propietarios de predios, pueblos originarios y rurales, fortalecerá el tejido social buscando el desarrollo sustentable y rechazando todo proyecto o acción que atente contra el capital natural, a fin de recuperar la biodiversidad que caracteriza a Veracruz.

Con el propósito que la ley local en materia de inclusión de personas con discapacidad sea adecuada en concordancia con las normas de la legislación general y con el actuar del Gobierno Federal, además que corresponda con el paradigma internacional sobre la discapacidad, vista como un movimiento encaminado a visibilizar la problemática que enfrentan las personas con esa condición, el diputado Antonio García Reyes presentó una iniciativa ante el Pleno de la LXV Legislatura.

En su propuesta, planteada durante la quinta sesión ordinaria, el integrante del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) indicó que la nueva conceptualización de la discapacidad obliga a la revisión del marco jurídico local aplicable, de tal manera que la política pública de gobierno a favor de esas personas sea acorde con el modelo social desde el que se debe ver y entender a la discapacidad.

En primer término se plantea modificar el título de la Ley, a efecto de sustituir el concepto de “integración” por el de “inclusión”, de tal modo que se denomine Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por otra parte, se establece el Consejo Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como el órgano responsable de establecer las políticas públicas en materia de inclusión de personas con discapacidad, así como de la coordinación institucional e interinstitucional respectivas y de promover, fomentar y evaluar la participación de los sectores público y privado en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas correspondientes.

Asimismo, se propone la conversión del Consejo Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con atribuciones semejantes en lo conducente a las del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y con una Junta de Gobierno igual. Además se plantea la creación de una Asamblea Consultiva que funja como una instancia ciudadana de asesoría y consulta del Consejo.

En su intervención, el legislador precisó estar convencido que la implementación de políticas públicas, en materia de atención a las necesidades de las personas con discapacidad, debe estar a cargo de un organismo especializado, de existencia permanente y dotado tanto de atribuciones legales como de recursos para el efectivo cumplimiento de su labor de promoción de la inclusión social de dichas personas.

“Mismas que representan un importante porcentaje de la población veracruzana y que cotidianamente enfrentan innumerables barreras que impiden el ejercicio de sus derechos fundamentales”, agregó.

En la iniciativa se prevé puntualizar el derecho de las personas con discapacidad a la participación en la vida política y no sólo a la pública, que ya está prevista en la ley, “ya que si bien se puede pensar que ambas participaciones son iguales, en estricto sentido no es así, ya que al referirnos a la de índole política la vinculamos a la inclusión en ese ámbito de las personas con discapacidad, que puede llegar a traducirse en que los partidos políticos impulsen a cargos de elección popular a hombres y mujeres con discapacidad”.

Por otra parte, se pretende darle un papel más preponderante a la Secretaría de Desarrollo Social en la Junta de Gobierno del Consejo, procurando así, conforme a la tendencia internacional, que predomine el modelo social al momento de planear, impulsar e implementar políticas públicas dedicadas a las personas con discapacidad.

En concordancia con lo anterior, a dicha dependencia estaría sectorizado el organismo público descentralizado cuya creación se propone y su titular presidiría la Junta de Gobierno.

Con la adhesión de las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional, así como de los grupos legislativos mixtos Del Lado Correcto de la Historia y Acción Nacional Veracruz, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Con la finalidad de dar a conocer los avances del diseño de un protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y el acoso sexual y laboral, la titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH), del Congreso del Estado, la doctora Mónica Mendoza Madrigal, encabezó la primera reunión de trabajo, en la que se dieron a conocer los procedimientos y pasos a seguir en su conformación y estructuración, así como las instancias internas a crearse para su correcta aplicación.

El documento dado a conocer, señaló Mendoza Madrigal, da continuidad al protocolo presentado en marzo de este año -elaborado por la maestra Martha Mendoza Parissi- y avalado por las diputadas Erika Ayala Ríos, Ana Miriam Ferráez Centeno y Mónica Robles Barajas; garantizando la legalidad, viabilidad y respeto a los Derechos Humanos de todas las personas que laboran en el Poder Legislativo.

En esta primer reunión de trabajo estuvieron presentes, el contralor interno del Poder Legislativo, René Buenrostro Hernández y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, José de Jesús Rodríguez Hernández, quienes presentaron sus puntos de vista y opiniones sobre este proyecto, como reconocieron sus bondades, y la importancia que tiene el contar con un instrumento de esta naturaleza.

Asistieron, también, representantes de la Dirección Jurídica, de Recursos Humanos y del Servicio Médico, todos de este Congreso.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, recibió del magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), José Oliveros Ruiz, el Informe de actividades correspondiente al ejercicio 2018-2019.

El legislador refrendó su disposición y apertura para trabajar en alianza con organismos autónomos, teniendo como objetivo el bienestar de los veracruzanos, puesto que en el Palacio Legislativo se tiene gente capaz para gestionar proyectos a beneficio del pueblo veracruzano.

El magistrado presidente del TEV, Oliveros Ruiz, detalló que en este año de labores atendieron asuntos relacionados con elecciones internas partidistas, votación de agentes y sub agentes municipales, requiriendo resolver más de 850 medios de impugnación.

Resaltó contribuir con la capacitación jurídica-electoral, implementando además el Campus Virtual del Tribunal Electoral, de la Biblioteca José Vasconcelos, y del Thesaurus, siendo este un programa de sistematización y consulta de sentencias locales.

El secretario de Salud del estado de Veracruz, Roberto Ramos Alor, informó a la LXV Legislatura respecto de las acciones realizadas durante el primer año de gobierno que encabeza el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, en lo que, dijo, “hemos privilegiado el humanismo, la equidad, la igualdad y la justicia social para nuestras familias veracruzanas”.

La Comisión Permanente de Salud y Asistencia, integrada por las diputadas Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, Magaly Armenta Oliveros y Margarita Corro Mendoza, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, recibió la comparecencia del funcionario, a quien acompañaron colaboradores de la dependencia a su cargo y representantes de pueblos originarios y de comunidades rurales de Minatitlán y Coatzacoalcos.

En su exposición, el también Director de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) dijo que esta administración trabaja para responder al clamor popular de un proyecto moderno visionario de salud, humano, científico y de componente social y a la esperanza de los veracruzanos en un gobierno que dimensione la importancia de la salud de su pueblo.

Afirmó que, a partir del 1 de diciembre de 2018, se realizó una reingeniería enfocada a combatir la corrupción y al ejercicio responsable de los recursos públicos, con el objetivo de promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito a la asistencia social y a los medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica y trato no discriminatorio, a ocho millones 488 mil 447 veracruzanos.

En infraestructura, destacó que se dio mantenimiento a 36 inmuebles, 21 obras nuevas, “rescatamos una obra hasta su término y ampliamos y remodelamos 19. En equipamiento y mobiliario, e instrumental médico invertimos 437 millones 645 mil 121.62 pesos, así como 145 millones 881 mil 707.20 pesos en equipo y mobiliario administrativo, haciendo un total de 583 millones 526 mil 828.83 pesos”.

De diciembre de 2018 a la fecha, con el uso responsable de los recursos –dijo-, se rescató y equipó 12 centros de salud y un centro de salud con servicios ampliados que operan al cien por ciento, con lo que se fortalece la atención primaria. Mencionó las obras inauguradas en Benito Juárez, Cazones de Herrera, La Candelaria, Acajete, Fortín de las Flores, Ignacio de la Llave, Villa Azueta, Tierra Blanca y Tatahuicapan, entre otros.

En atención médica, se planteó abatir las barreras de acceso a la salud, como las financieras, geográficas y culturales, obteniendo como resultado en este año 63 mil 192 intervenciones quirúrgicas, un total de 426 mil 071 consultas de especialidad, 42 mil 366 niños nacidos en unidades de Sesver y 53 mil 171 consultas pediátricas.

El Secretario de Salud de Veracruz indicó resultados de programas como Médico amigo, Anfitriona intercultural, Programa permanente de vectores, Proyecto 12 pueblos originarios, Programa de atención médica para periodistas, Promotoras de salud, Traslado aéreo, Medicina tradicional y partería, Programa de enfoque preventivo y Atención a migrantes.

Detalló que con Médico amigo, en los 212 municipios veracruzanos, sobre todo en las zonas más vulnerables, se pudo acercar los servicios médicos a las zonas más vulnerables logrando 27 mil 698 servicios generales y 40 mil 588 servicios durante las jornadas médicas itinerantes.

Además, durante las ferias de la salud, en unidades móviles, habitantes de diversos lugares recibieron 40 mil 588 servicios; en diálisis y hemodiálisis, fue posible otorgar 80 mil 975 servicios en los hospitales de Sesver.

En abastecimiento médico, la Secretaría logró mejores precios, participación igualitaria y transparencia en el proceso de licitación, lo que se tradujo en un 74 por ciento de insumos en las unidades distribuidas en el estado, proveyendo a tres mil 280 casas de salud, en comparación con el 15 por ciento de abasto que recibió en diciembre de 2018.

Por primera vez se implementó una campaña permanente de atención médica a periodistas dando servicio a 159 de ellos. En salud pública, se logró cubrir 30 mil 991 capacitaciones nutricionales, así como el otorgamiento de 842 mil 889 servicios de detección de enfermedades crónicas no transmisibles y un millón 393 mil 488 consultas de detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino.

Precisó también importantes montos de inversión: mil 185 millones 307 mil 314 pesos en medicamentos y material de curación, y 60 millones en material oncológico. Mediante tres mil 280 casas de salud y tres mil 369 auxiliares de salud, se benefició a 199 municipios.

Asimismo, reportó la realización de la campaña de apoyo al migrante, con nueve mil 300 asistencias médicas y la aplicación de acciones contra el dengue en 922 mil 556 familias y la eliminación de cuatro millones 093 mil 892 criaderos del aedes egypti.

En cuanto al manejo de los riesgos sanitarios, que tiene como objeto establecer acciones de prevención y programas de carácter prioritario, mediante análisis, Ramos Alor informó que, durante 2019, se privilegió la integridad sanitaria de la población en eventos como el Limpiatón Playero, realizado en seis zonas del estado, y durante las vacaciones de Semana Santa, entre otros.

Finalizó su presentación comentando que, para el rescate y preservación de la medicina tradicional, se reforzó el Centro Educativo de la Medicina Tradicional de Veracruz, el primero en reproducir jardines de plantas medicinales en los centros de salud de todo el estado, contando con 438 médicos tradicionales y dos mil 474 parteras. Asimismo, se activaron 40 jardines educativos de plantas medicinales en las comunidades y se han impartido ocho cursos de medicina tradicional indígena mexicana en dicho Centro, que tiene su sede en las instalaciones de la Secretaría.

Al término de su exposición, el Secretario interactuó con las y los diputados, quienes le manifestaron sus inquietudes respecto del tema sanitario en Veracruz.

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, se presentó ante la LXV Legislatura del estado para mostrar los resultados en materia educativa obtenidos durante el primer año de la administración que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con motivo de su Primer Informe.

Ante la Comisión Permanente de Educación y Cultura, integrada por los diputados León David Jiménez Reyes, presidente, y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, secretario, así como por la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, vocal, integró su exposición sobre el estado que guarda el sector educativo en Veracruz en cinco bloques: Escuelas, Estudiantes, Docentes, Cultura y deporte y Reordenamiento de la operación administrativa.

Del primer rubro, destacó que Veracruz es la entidad con mayor número de instituciones educativas en el país, con 24 mil 36 planteles públicos. Sin embargo, “hemos entregado 930 acciones y 354 obras y programado otras 236 acciones de mejora. En colaboración con 191 ayuntamientos, dijo, se ha validado la edificación y rehabilitación de 760 espacios en 673 escuelas. Estamos trabajando con el Gobierno de México para acceder a los beneficios del programa federal La Escuela es Nuestra para tres mil 266 planteles del estado en una primera etapa”.

Además, se puso en operación el programa Escuela Garantizada, Escritura Garante, por lo que, hasta la fecha, se han firmado convenios con 191 ayuntamientos, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Archivo de Notarías y el Colegio de Notarios Públicos, y se creó la plataforma del Sistema de Control Jurídico para la Regularización de Bienes Inmuebles (Sicojur).

Como resultado de este programa –prosiguió el Secretario-, se han integrado dos mil 105 expedientes para su trámite de regularización y entregado 172 títulos de propiedad y 57 más se encuentran en proceso de escrituración con apoyo de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

El programa Castor-Taller Móvil, cuyo propósito es restaurar el mobiliario de las instituciones, ha atendido directamente a 28 escuelas y están programadas 142 más.

En el acceso a la educación, se ha fundamentado el establecimiento de 102 nuevos servicios de educación básica y media-superior en 56 municipios y se han atendido 91 solicitudes de incorporación de escuelas particulares.

Respecto al segundo rubro, este gobierno da educación a dos millones 235 mil 956 estudiantes y atiende a madres y padres de familia a través de 17 mil 561 asociaciones. El Sistema Estatal de Becas ha otorgado 31 mil 563 estímulos, cuyos montos, por instrucción del Gobernador, se duplicaron para el nivel básico.

Fueron distribuidas 11 mil 016 becas para estudiantes de nivel medio-superior y 394 apoyos Promajoven entre madres jóvenes y jóvenes embarazadas de educación básica y se reactivaron 90 becas a estudiantes del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (Ismev). Adicionalmente, se coadyuvó con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para 297 mil 293 estudiantes nivel básico, 220 mil 703 de medio-superior y tres mil 544 del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Además, fueron distribuidos más de 10 millones de libros de texto gratuitos de educación básica y más de 421 mil paquetes de útiles escolares a estudiantes de primaria y telesecundaria de zonas de alta marginación. En educación media-superior, se rediseñaron y reimprimieron casi dos millones de libros de texto, para más de 100 mil alumnos de Bachillerato General, Telebachillerato y Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev).

A través del programa Escuelas de Tiempo Completo, se asignaron casi 250 millones de pesos a mil 64 instituciones educativas, beneficiando a 67 mil 456 alumnos de educación básica. Con recursos del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa se adquirieron 313 pruebas psicopedagógicas, impulsando 262 servicios que atienden a alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes.

Por otra parte, se invirtieron más de 14 millones de pesos (mdp) del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, dotando de material didáctico a 197 centros escolares de 55 municipios de muy alta marginación y favoreciendo a más de 22 mil estudiantes.

Reconoció a alumnos de instituciones de educación tecnológica que consiguieron 49 premios y cinco reconocimientos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y el Consejo Consultivo de Producción e Innovación Digital y a los participantes del evento Fomento al Interés por la Carrera Científica entre Niños y Jóvenes, de 24 escuelas de los municipios de Coatepec, Xalapa y Xico.

De igual manera, “acercamos las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través de 88 misiones del Programa Vasconcelos, atendiendo a 28 mil 100 usuarios, entre ellos, mil 067 que pertenecen a la población indígena”.

En el fomento y fortalecimiento de la cultura de paz, se realizaron más de 13 mil actividades y se efectuaron 267 eventos de difusión de los derechos humanos, perspectiva de género y alto a la violencia, beneficiando a más de 200 mil personas en todos los niveles educativos.

Para coadyuvar con el Programa Especial de Cultura de Paz y Derechos Humanos, con el apoyo de la Coordinación de Delegaciones Regionales, se elaboraron y publicaron los protocolos para la identificación, prevención e intervención en el acoso escolar, maltrato infantil y actos de connotación sexual para los planteles educativos del estado.

En cumplimiento a las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se han integrado 13 mil 141 Comités de Desaliento y se difundieron las Directrices de la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz.

También informó que fueron instalados 18 mil 304 Consejos Escolares de Participación Social en escuelas de educación básica y los Consejos Municipales y el Estatal de Participación Social en la Educación.

Con la campaña Aprendo a leer y escribir, el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) atendió a 69 mil 642 personas en rezago educativo y seis mil 775 ya fueron alfabetizadas. “Hemos conjuntado esfuerzos para atender a otras ocho mil 321 personas, de las cuales mil 313 obtuvieron su certificado y 344 más del programa Misiones Culturales”.

En el tercer rubro, el Secretario de Educación precisó que, con 138 mil 277, Veracruz es la tercera entidad con mayor número de docentes. En atención a esto, la SEV capacitó a supervisores y jefes de sector respecto a la propuesta pedagógica de la Nueva Escuela Mexicana. El Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE) impartió 11 conferencias a seis mil 331 docentes y 300 ciudadanos.

En educación media-superior, añadió Escobar García, se impartieron 95 cursos para más de 11 mil docentes en las áreas de evaluación de los procesos de aprendizaje, desarrollo personal y social en la escuela y competencias digitales. En el proceso de ingreso al servicio, hubo un incremento de 35.4 por ciento de aspirantes en educación básica. A esto añadió la entrega pública de dos mil 378 plazas de nuevo ingreso de sostenimiento estatal y federal.

Para resarcir los daños de la abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente, se gestionó la reincorporación de 69 docentes que fueron separados de su función.

En el cuarto rubro, en los 20 encuentros deportivos desarrollados compitieron cerca de 30 mil estudiantes de educación media-superior y en la Primera Convención del Sistema Estatal del Deporte se lograron convenios con 141 Comités Municipales del Deporte.

Entre otros logros, con casi 9 millones de pesos, el Instituto Veracruzano de Deporte (IVD) entregó 367 becas en las modalidades de deporte adaptado y convencional, se construyó en Boca del Río el Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte y se gestionaron recursos ante la SEP para crear Escuelas de Alfabetización Física de Excelencia para el desarrollo del boxeo en Coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa.

Por último, en el quinto rubro, “registramos a casi nueve mil egresados de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, en la Plataforma de Titulación Electrónica. Veracruz fue el único estado que desarrolló, con personal de esta dependencia, el software requerido para su operación. El resto de las entidades lo adquirió a través de empresas privadas”.

Asimismo, se desarrolló una plataforma para consultar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de instituciones educativas particulares para brindar servicio a más de 110 mil estudiantes.

En cuanto a las tiendas escolares, “hemos normado los procesos de asignación, adoptando un procedimiento de licitación apegado a derecho y vigilando, con la ayuda de los comités de madres y padres de familia, que el uso de los recursos sea transparente y sirva para que las escuelas mejoren su infraestructura”.

Finalmente, destacó la asignación de más de mil 500 millones de pesos, que representan el 50 por ciento de los recursos que le corresponden aportar al estado, para la operación de los servicios de los subsistemas de Cobaev, Cecytev, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y politécnica. Además de que fueron recuperados más de 7 millones del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales, que no habían sido liberados desde 2015.

Zenyazen Escobar concluyó asegurando que en Veracruz “hemos sentado las bases para mejorar el sistema educativo en el estado. Hemos recorrido todas las regiones, norte, centro y sur, visitando directamente 109 escuelas en 67 municipios, porque acercar a todos los funcionarios a las instituciones educativas significa recoger las inquietudes y las esperanzas de las madres y padres de familia, de niñas, niños y jóvenes, que nos lleven a realizar la transformación que Veracruz necesita”.

En reconocimiento a su esfuerzo en la defensa del Estado de Derecho, en su ámbito de competencia, la protección al medio ambiente marino y su coadyuvancia en tareas de protección civil y seguridad pública, la LXV Legislatura del Estado de Veracruz otorgó en sesión solemne al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines” 2019.

De esta manera, el gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, magistrada Sofía Martínez Huerta, y el presidente del H. Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, además de diputadas y diputados de las diversas fuerzas políticas, se dieron cita en el Recinto Oficial de Sesiones para otorgar esta distinción al Almirante, nacido en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el 3 de febrero de 1954.

Tras la bienvenida a los invitados por parte de la Comisión de Cortesía y luego de entonar los honores a la bandera, se leyó el Acuerdo, aprobado con 41 votos el pasado 28 de noviembre, por el cual se entrega este premio al Secretario de Marina.

Acto seguido, los tres poderes del Estado entregaron la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines” 2019 al Almirante. El jefe del Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez, le colocó la medalla y lo felicitó en nombre del pueblo veracruzano.

Posteriormente, el Secretario de Marina hizo uso de la tribuna para recordar la frase de don Adolfo Ruiz Cortines: “México logrará el desarrollo con trabajo fecundo y creador” en reconocimiento al ilustre veracruzano que trabajó para beneficio de su tierra y luchó a favor de la unidad nacional, la justicia y la igualdad social.

Subrayó que hoy, en el cuadragésimo sexto aniversario luctuoso de don Adolfo Ruiz Cortines, se le rinde merecido homenaje y se recuerdan sus valores, mismos que hoy día se busca enaltecer con acciones dignas que consoliden el bienestar y la paz que el pueblo mexicano merece.

El Secretario de Marina dijo que recibir esta distinción le representa un gran orgullo y responsabilidad por el significado que encierra, “toda vez que representa el reconocimiento y el respaldo de nuestro muy querido pueblo veracruzano”.

“Desde esta tribuna, quiero refrendar la entrega de las y los marinos navales por conseguir la integración de nuestra sociedad. Hoy más que nunca, debemos luchar unidos, cada uno de los mexicanos, por la paz que nos merecemos. Hoy en día, nuestra población es mucho más madura que hace algunos años; además, las comunicaciones de hoy le exigen a nuestra sociedad ver de otra manera a México y al mundo”.

Expuso que estas acciones ayudarán a crear el México anhelado y son acciones que contribuirán a fortalecer el Estado de Derecho y a combatir la corrupción y la impunidad. “Acciones también, todas ellas, que, estoy seguro, nos permitirán recuperar la paz y el bienestar de las y los mexicanos; acciones que alimentan la moral de quienes hemos hecho un compromiso para servir a México”.

En tanto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez destacó que se entrega esta presea a un veracruzano que se ha distinguido por sus acciones que, sin duda, han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las y los veracruzanos.

Dijo que el almirante José Rafael Ojeda Durán, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México, con 50 años en la institución.

Agregó que este reconocimiento es en honor a su constancia en la defensa del Estado de Derecho, “asumiendo un extraordinario compromiso personal y social, pero también de servicio público de máxima entrega y dedicación plena”.

Asimismo, el Ejecutivo estatal manifestó que el almirante Ojeda atendió de inmediato la petición del Presidente de la República de apoyar la estrategia de seguridad en el estado. “A la Marina bajo su mando le fue encargado el mando operativo de las fuerzas coordinadas y, si se ha avanzado en seguridad, se debe al gran esfuerzo y visión del galardonado”.

Asistieron a este acto mandos navales, servidores públicos del estado, medios de comunicación y público en general.

-Semblanza-

El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, nació en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el 3 de febrero de 1954, ingresando a la Heroica Escuela Naval en el año 1969.

En 1974 se graduó como Ingeniero Geógrafo e Ingeniero Mecánico Naval; en el Centro de Estudios Superiores Navales ha realizado los cursos de Mando Naval, Estado Mayor Naval y la Maestría en Seguridad Nacional, presentando la tesis La Sociedad Mexicana, Corrupción y Democracia, su Influencia en la Seguridad Nacional.

Es miembro de la Legión de Honor Mexicana y Diplomado del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, de Madrid, España, instituto que le otorgó el distintivo Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos.

Sus 50 años en la institución le dan actualmente el reconocimiento como el integrante de mayor rango y antigüedad en el servicio activo de la Armada de México, desempeñándose durante su carrera en diferentes unidades y establecimientos, realizando funciones tanto operativas, como administrativas, académicas, de staff y de alta gerencia.

Entre los cargos que ha ocupado destacan: Jefe de Ayudantes del Jefe de Operaciones Navales y del Oficial Mayor de Marina, Jefe de Sección de Estado Mayor, Jefe de Estado Mayor de Zonas Navales, Director General Adjunto de Seguridad y Bienestar Social, Director General de Recursos Humanos, Director General de Investigación y Desarrollo, Subdirector General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Antes de su actual designación, (secretario de Marina) fungió como Inspector y Contralor General de Marina, siendo el encargado de supervisar, fiscalizar y auditar el empleo de los recursos humanos, financieros y materiales de las unidades y establecimientos, así como la observancia de la disciplina naval, además de haber sido designado por la Secretaría de la Función Pública como titular del Órgano Interno de Control en la Institución, formando parte del sistema de control y evaluación gubernamental.

Su experiencia de mando abarca los diferentes niveles operativos de la Armada, lo que incluye la Comandancia de diferentes tipos de buques, recibiendo en 1987 el Reconocimiento Especial a la Operatividad y Eficiencia, otorgado por la Fuerza Naval del Pacífico; además, ha sido Comandante de Flotilla de Guardacostas, de Sector, Zona, Regiones Navales y de la Fuerza Naval del Pacífico.

En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor militar y jefe de la Carrera del Cuerpo General en la Heroica Escuela Naval.

Se ha hecho merecedor de las Condecoraciones de Perseverancia, de sexta a primera clase, así como de Perseverancia excepcional, de tercera y segunda clase; condecoración al Mérito Docente Naval, condecoración de Servicios Distinguidos, otorgada por el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, distintivo del Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México y el de Auxilio a la Población Civil, en Zonas y Casos de Desastre y Salvaguarda de la Vida Humana en la Mar.

Está casado con la señora Sandra Luz Laguna Rivera, siendo padres de tres hijos: Sandra Allioth, Sayra Alkaid y Rafael Antonio.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, presentó su comparecencia ante la Comisión Permanente de Seguridad Pública, integrada por los diputados Erik Iván Aguilar López, presidente, y José Manuel Pozos Castro, secretario, y la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, vocal, ante quienes expuso la ruta de trabajo, las acciones implementadas en la materia y los resultados obtenidos durante el primer año de gobierno de la presente administración.

Durante su informe, el Secretario reportó el estado en que recibió la dependencia: sin estrategia para enfrentar el problema delictivo; un número limitado de cuatro mil 500 elementos operativos para atender a más de ocho millones de habitantes, un cuerpo policial con sueldos bajos y capacitación deficiente, una infraestructura de comunicaciones frágil y un parque vehicular deteriorado por falta de mantenimiento.

Para atender las deficiencias, “emprendimos acciones específicas atendiendo las políticas del titular del Ejecutivo del estado, como son la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el uso eficiente de los recursos públicos y propiciar la participación activa de la sociedad organizada”.

Aseguró que el Gobierno de Veracruz no ha escatimado recursos para el desarrollo de la corporación policial, bajo procesos de depuración y evaluación y la implementación de programas de mejora y profesionalización que contribuyen también en su relación con la ciudadanía.

En la dignificación de los policías, Veracruz ascendió al décimo lugar nacional dentro de las entidades con policías estatales mejor pagados en México. El sueldo neto de cada policía incrementó 20.6 por ciento quedando en 14 mil 667.5 pesos mensuales.

Además, por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con la entrega de 40 viviendas a familiares de policías caídos en cumplimiento de su deber, como un acto de justicia y cumplimiento de un compromiso.

En materia de Fortalecimiento del parque vehicular, se compraron 50 patrullas y se arrendaron 110, lo que representa un ahorro por unidad de 232 mil 091.50 pesos, en decir, en un periodo de 36 meses, se ahorraría 25 millones 530 mil 064.65 pesos.

Por lo que toca al control de confianza, dijo, se aplicaron tres mil 308 evaluaciones a elementos de la SSP y dos mil 145, a elementos de 85 municipios y se ha emitido mil 188 certificados únicos policiales.

A la fecha, detalló el funcionario, el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) de la SSP ha capacitado a mil 334 elementos en formación inicial y se graduaron 277 policías estatales y 84 policías municipales. Mientras que mil 739 elementos son capacitados de forma continua. Al final de diciembre, se contará con 600 elementos nuevos y el próximo año, dos mil más.

El CEIS ofrece formación de nivel superior, ofrece desde el nivel Técnico Superior Universitario, la licenciatura en Seguridad Pública, la maestría en Administración de Seguridad Pública hasta el Doctorado en Ciencias de la Seguridad Pública, oferta académica que se incorporó en la presente administración.

Para contribuir al desarrollo y mejoramiento policial, quedó instalada la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y el Comité de Promociones y Ascensos y se emitió la convocatoria de Promoción y Ascenso del Servicio Profesional de Carrera Policial para el ejercicio 2019.

Gutiérrez Maldonado explicó que, de diciembre de 2018 a octubre de 2019, la dependencia a su cargo realizó un 60 por ciento más de acciones realizadas, en comparación con el periodo anterior.

Como resultado de la disminución de quejas ante organismos protectores de derechos humanos, pasó de 159 quejas recibidas en 2018 a 82 en 2019. Gracias a la capacitación que reciben los elementos, se recibieron 15 recomendaciones, de las cuales 80 por ciento corresponden a hechos ocurridos en administraciones anteriores.

La línea de emergencias 911 recibió más de 2.2 millones de llamadas. Fueron atendidas 11 mil 360 llamadas para brindar asesoría contra el engaño telefónico, lo que permitió lograr que en 95.3 por ciento de los casos no se realizara pago alguno, además de desactivar 176 secuestros virtuales. Mediante la línea 089 para la denuncia anónima, se atendieron 71 mil 542 llamadas.

Por su parte, la Policía Científica Preventiva turnó mil 324 casos a la Fiscalía General del Estado (FGE), con lo que se iniciaron 68 carpetas de investigación.

Dentro del sistema penitenciario, como medida de seguridad, un total de 287 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diferentes centros penitenciarios tanto federales como del estado. Los ceresos del estado tienen una capacidad de seis mil 948 internos, mientras la población actual de reclusos es de seis mil 316.

Se ha realizado diez revisiones en diferentes centros penitenciarios, donde se incautaron dos mil 476 objetos no permitidos.

En el transporte público, se eliminó el Programa de Reordenamiento y Regularización del Servicio de Transporte Público creado en 2017, el cual se caracterizaba por su opacidad, corrupción y trámites inconclusos. En cambio, se creó el Programa de Registro Vehicular Permanente, gratuito, que ofrece una base de datos confiable, segura y con apego a la transparencia y a la legalidad.

Además, se han implementado operativos de alcoholimetría en el estado, donde se aplicaron 106 mil 891 pruebas, emitiéndose mil 292 certificados, que derivaron en seis mil 608 infracciones y mil 980 unidades remitidas al corralón.

Se implementaron acciones de fomento a la cultura vial para peatones y conductores, cinco mil 210 operativos, cuatro mil 093 cursos-talleres a escuelas y empresas y 48 ferias de seguridad y cultura vial.

Para la prevención del delito, se han implementado nueve programas, cinco mil 438 acciones y se atendió a 326 mil 814 personas.

En el fomento a las acciones con perspectiva de género, dos mil 180 servidoras y servidores públicos fueron capacitados en temas de feminicidio, derechos humanos, igualdad y no discriminación, Informe Policial Homologado con Perspectiva de Género, promoción de igualdad entre mujeres y hombres y, por primera vez, se ha llevado a cabo el protocolo policial para la atención de casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.

Asimismo, la Atención a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 11 municipios y 47 poblaciones primordialmente indígenas, se registró un total de 16 mil 668 descargas de la aplicación Mujer Alerta, se apoyó a 540 víctimas, se detuvo a 218 presuntos responsables del delito y se atendió 536 casos de violencia de género en toda la entidad.

A esto añadió el reforzamiento de patrullajes y la vinculación con ayuntamientos para la creación de comités de vigilancia vecinal, reuniones de trabajo y gestión para la correcta implementación de medidas reeducativas a hombres generadores de violencia y la capacitación al personal operativo en temas de género y derechos humanos.

Para fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción, se atendieron 535 solicitudes de información; de las cuales a 512 se dio respuesta y 23 están en proceso. Dentro del programa permanente de combate a la corrupción, se realizaron 400 supervisiones en áreas operativas y administrativas, se recibieron 265 quejas ciudadanas y se iniciaron 326 investigaciones administrativas.

Referente a las certificaciones internacionales, el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad recibió la acreditación de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA por sus siglas en inglés) por el cumplimiento de 160

estándares internacionales. También el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes recibió la recertificación de la Asociación Americana de Correccionales pro el cumplimiento de 131 estándares internacionales.

El Plan Integral de Seguridad se desarrolla en cuatro ejes: Atención al campo, Apoyo a los jóvenes, Dignificación de la Policía y Coordinación con fuerzas federales.

La estrategia estatal de Combate a la Delincuencia está integrada por cinco ejes: Restructuración del despliegue operativo, Fortalecimiento de capacidades municipales, Reforzamiento con Guardia Nacional, Coordinación con fuerzas federales, así como operativos con los estados de Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.

Gutiérrez Maldonado destacó también que, de enero a septiembre de este año, se registró una disminución de 20.58 por ciento en la incidencia delictiva y que actualmente Veracruz ocupa el vigésimo octavo lugar nacional en incidencia delictiva, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Como parte de las acciones de rescate humanitario, en apoyo al Instituto Nacional de Migración, las fuerzas estatales lograron la intervención de 170 personas por tráfico de personas y resguardaron a tres mil 884 personas en tránsito por la entidad veracruzana.

En delitos del fuero común, se intervino a mil 280 personas; en delitos del fuero federal, mil 095 personas, y 25 mil 840, por faltas administrativas, como medida preventiva.

Entre los aseguramientos realizados en este periodo, destacó 203 tomas clandestinas, 562 mil 946 mil litros de combustible, 547 armas de fuego, 188 armas largas, 25 mil 485 cartuchos, 979 cargadores, 10 granadas, tres mil 084 vehículos con reporte de robo, ocho mil 465 kilogramos de pirotecnia, dos mil 005 cabezas de ganado, 165 mil 043 dosis de mariguana, 202 plantas de mariguana, 16 mil 783 dosis de cocaína, 732 pastillas psicotrópicas, 10 mil 953 dosis de cristal y 934 de piedra.

Finalmente, informó que se logró la desarticulación de 85 bandas delincuenciales, de las cuales 18 se dedicaban al narcotráfico, 40 al secuestro, 11 a la extorsión, nueve al robo de transporte de carga, cuatro al abigeato y tres al robo de hidrocarburo.

Con la participación de elementos y binomios caninos, la SSP brindó el apoyo a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y colectivos de familiares, durante 29 diligencias de búsqueda. Se atendieron tres mil 658 solicitudes de localización, búsqueda y presentación requeridas por autoridades competentes.

Posteriormente, el secretario Gutiérrez Maldonado respondió las preguntas de las y los diputados, en dos rondas.

El Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), en voz del diputado Jorge Moreno Salinas, presentó una Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 26, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que propone ajustar la fecha de presentación del proyecto de presupuesto anual que realiza el Ejecutivo estatal al Congreso del Estado para su análisis, dictaminación y aprobación.

El diputado Jorge Moreno hizo uso de la tribuna para hacer del conocimiento del pleno la propuesta de diferir los tiempos de dicho trámite, toda vez que –dijo- la norma constitucional local vigente se encuentra desfasada de la que en la Carta Magna se refiere a la fecha límite para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo con la iniciativa, el Gobernador o Gobernadora del estado presentaría al Congreso el proyecto de presupuesto estatal a más tardar el 20 noviembre anterior al del ejercicio fiscal correspondiente o, en su caso, al día hábil siguiente, si esa fecha no corresponde a un día laborable, a fin de que en ese momento ya se encuentre aprobado el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y así no exista la necesidad de realizar posteriores ajustes al documento presentado.

En razón de que el presupuesto estatal se encuentra relacionado estrechamente con la proyección del gasto aprobado para el gobierno federal, ya que la mayor parte de los ingresos que recibe la entidad provienen de las participaciones y aportaciones federales, así como de diversos fondos señalados en el referido Decreto, el Grupo Legislativo PRI-PVEM consideró necesario que la propuesta de ingresos y egresos sea presentada por el Ejecutivo local con posterioridad a la aprobación que haga la Cámara de Diputados de dicha disposición.

Así, con la expuesta reforma al Artículo 26, el Congreso tendrá como asuntos de atención preferente, en el primer período de sesiones ordinarias, examinar, discutir y, en su caso, modificar y aprobar la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos del año siguiente, con base en las iniciativas que le presente la Gobernadora o el Gobernador del Estado entre los días 16 y 20 del mes de noviembre.

También se prevé que, cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 44 constitucional, es decir, el 1 de diciembre siguiente a la fecha de su elección, la Gobernadora o el Gobernador del Estado hará llegar al Congreso las iniciativas de Ley de Ingresos y de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado entre los días 5 y 10 de diciembre, extendiéndose dicho plazo al día hábil siguiente, en caso de que esa última fecha correspondiera a un día inhábil.

De este modo, plantean resolver un problema operativo que se presenta en el año de renovación del titular del Poder Ejecutivo, respecto del ejercicio fiscal del año posterior, ya que –explicó Jorge Moreno Salinas- con las normas vigentes, los proyectos de Ley de Ingresos y de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado deben ser presentados por el Gobernador o Gobernadora saliente, sin intervención de quien haya sido elegida o elegido para sucederle en el cargo.

A esta iniciativa, presentada durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, se adhirieron los Grupos Legislativos de Morena y Mixto Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática.

Diputadas y diputados del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa por la que buscan, con la participación de la sociedad veracruzana, reforzar los mecanismos de evaluación al trabajo que realizan las y los integrantes del Congreso del Estado.

La iniciativa está firmada por las diputadas María Josefina Gamboa Torales, María Graciela Hernández Íñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda Andrade, así como por los diputados Sergio Hernández Hernández, Erik Iván Aguilar López, Juan Manuel de Unánue Abascal y Ricardo Arturo Serna Barajas.

En ésta, proponen adicionar seis artículos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin de incluir en el Título Quinto, un capítulo denominado Del Sistema de Evaluación de Diputados, en el cual se establezcan las directrices para la evaluación del trabajo legislativo a la conclusión de cada período de sesiones.

De igual forma, proponen la creación de un Consejo Coordinador en el que participen integrantes de este Congreso y representantes de diferentes sectores de la sociedad. Estará integrado por el Presidente de la Mesa Directiva, un representante por cada Grupo Legislativo, el Secretario General, el Secretario de Servicios Legislativos, el titular de la Unidad de Transparencia, un representante de instituciones de educación superior, un representante de organizaciones de la sociedad civil y un representante del sector empresarial.

En el uso de la palabra, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal explicó que el Sistema de Evaluación de Diputados se normará por criterios que, para tales efectos, expida el Consejo Coordinador del Sistema, mismos que deberán contener por lo menos:

Los principios rectores del Sistema de Evaluación de Diputados, el catálogo de los elementos cualitativos y cuantitativos que se considerarán para realizar la evaluación, el método de la evaluación, los plazos para realizar cada etapa de las evaluaciones y su difusión y los medios de difusión de los resultados de las evaluaciones.

Según se señala en los transitorios –añadió el legislador-, la instalación del Consejo Coordinador del Sistema de Evaluación de Diputados deberá realizarse en un plazo no mayor a 15 días contados a partir de la aprobación del Decreto.

Recordó que “este Congreso cuenta con una página electrónica que contiene una numeralia de las iniciativas presentadas, un acceso al orden del día, gaceta y acta de cada una de las sesiones y un micrositio de Parlamento Abierto, en el que hay que mejorar los lineamientos para estandarizarlos, pero no tenemos una herramienta o mecanismo que permita evaluar la calidad del trabajo que llevamos a cabo”.

Sin embargo, “no podemos negar la necesidad y urgencia de dar resultados, de legislar y perfeccionar las normas que den mejores condiciones de vida a las veracruzanas y veracruzanos; de transparentar nuestro quehacer no sólo por cuanto hace a las iniciativas que presentamos o a las sesiones que asistimos, sino que debemos evaluar la calidad del trabajo que hacemos con indicadores de desempeño cualitativo y cuantitativo”, concluyó.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la denominación del título quinto, la denominación del capítulo único del título quinto y adiciona un capítulo segundo al título quinto denominado Del sistema de evaluación de diputados, con los artículo 66 bis al 66 octies de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

En la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) nos hemos abocado a construir vías de comunicación, con el objetivo de beneficiar a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia directa de los proyectos, afirmó su titular, Elio Hernández Gutiérrez, al comparecer ante la LXV Legislatura, dentro de la Glosa del Primer Informe de Gobierno.

Los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Comunicaciones, Antonio García Reyes, presidente, Gonzalo Guízar Valladares, secretario, y Omar Guillermo Miranda Romero, vocal, conocieron de voz del funcionario datos precisos sobre el estado que guarda la administración estatal en este rubro.

Elio Hernández comenzó explicando que la dependencia a su cargo tiene la misión de integrar los esfuerzos del Gobierno del Estado en la proyección, construcción y mantenimiento de la infraestructura pública al servicio de los veracruzanos.

En virtud de esto, dijo, la SIOP ha contratado para ello 51 obras, de las cuales 33 se han concluido en 13 municipios y 18 siguen en proceso en otros 15 municipios. Por consiguiente, se hizo una inversión total de 406.9 millones de pesos (mdp), en la que se encuentran contemplados cinco contratos en firma pendientes de registro, por una cantidad de 50 mdp.

Detalló también que se contrataron 12 estudios y proyectos, los que representan una inversión de 3.8 mdp, para 10 municipios, y 11 contratos en firma de la misma naturaleza se encuentran pendientes de registro, con una inversión de 2.8 mdp.

Además, esta dependencia focalizó parte de sus recursos a la rehabilitación de carreteras, contratando 11 obras, de las que cinco se han concluido satisfactoriamente en tres municipios y seis están en proceso en otros 5 municipios.

En consecuencia, se invirtieron 216.5 mdp, en los que se contemplan 10 contratos en firma pendientes de registro, por una cantidad de 134.5 mdp.

Para la óptima rehabilitación de las referidas carreteras –prosiguió el Secretario-, se contrataron 10 estudios y proyectos, con una inversión de 3 mdp en 10 municipios, asimismo, hay 12 contratos en firma de la misma naturaleza pendientes de registro, en 12 municipios, con una inversión de 3.9 mdp.

En el rubro de obra pública, se ha logrando contratar 53 obras de infraestructura urbana, de las cuales, siete se han terminado en seis municipios y 46 continúan en proceso en 28 municipios.

De igual manera, reportó la existencia de 29 contratos en firma pendientes de registro, que sustentan la cantidad de 156.7 mdp, resultando una inversión total de 432.3 mdp.

Para la atención y correcta aplicación de los recursos en este rubro de obra pública, la Secretaría realizó una inversión de 2.6 mdp para la contratación de ocho paquetes de estudios y proyectos ejecutivos en 33 municipios y 637 mil 749 pesos destinados a siete supervisiones externas de obra en tres municipios.

Por lo que toca al acceso a las tecnologías de la información y la inclusión digital, se contrataron cuatro obras relativas a servicios de telecomunicaciones, con una inversión de 21.5 mdp, beneficiando con dichas acciones a 552 mil 450 habitantes de 86 municipios.

El titular de SIOP detalló que esta dependencia ha dado puntual atención a una gran parte de los municipios del estado, realizando 223 acciones, en las que se contemplan 163 obras, 53 estudios y proyectos, y siete supervisiones externas, destinando mil 094.7 mdp y beneficiando a 4.4 millones de personas.

Al mismo tiempo, la Secretaría ha atendido zonas prioritarias. Explicó que en zonas con alto y muy alto rezago social, se ha logrado atender a 13 municipios con 29 obras y una inversión de 156.1 mdp, y a siete municipios con población indígena, con 16 obras, a las que se destinaron 87.7 mdp.

Elio Hernández informó que, como presidente suplente del Fideicomiso Fonden Veracruz 2001 y siguiendo las instrucciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, personal de la SIOP trabaja en la integración de los respectivos expedientes en coordinación con la Dirección General Jurídica y el Órgano Interno de Control para lograr que esta administración extinga de manera definitiva el fideicomiso mencionado.

También precisó que esta dependencia ha celebrado 25 procesos de licitación pública nacional, equivalentes a 361.2 mdp; 53 de invitación a cuando menos tres personas, por 323.6 mdp; 129 por adjudicación directa, por 387.2 mdp, y una licitación pública estatal, por 22.7 mdp. El total es de 208 procedimientos de licitación, que avalan la cantidad de mil 094.7 millones de pesos.

“Refrendando el compromiso del gobernador Cuitláhuac García Jiménez con las empresas veracruzanas, de las 136 con las que se han contratado las diversas obras, 131 son de Veracruz y solamente cinco han sido de origen foráneo”.

En tal sentido, explicó que el monto contratado es: para infraestructura, 445.6 mdp; para obra pública, 278.9 mdp, y para telecomunicaciones, 21.5 mdp. También reportó un ahorro de 120 millones 809 mil 668 pesos, que emana de juicios detenidos por falta de impulso procesal, específicamente relativos a 27 expedientes.

El secretario Hernández Gutiérrez concluyó su exposición asegurando: “Hemos hecho una regeneración en el planteamiento para hacer infraestructura y obras públicas, pues estamos apostando por la objetividad, el profesionalismo, la transparencia y la rendición de cuentas”.

En continuidad con la revisión y análisis del Primer Informe de Gobierno que realiza el Congreso del Estado, el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón García, dio a conocer los avances alcanzados en el primer año de esta administración, con base en lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024.

Correspondió a la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico, integrada por los diputados Amado Jesús Cruz Malpica, presidente, y Omar Guillermo Miranda Romero, secretario, y la diputada Mónica Robles Barajas, vocal, recibir la comparecencia del funcionario estatal en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) comenzó recordando las líneas de acción del PVD en la Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios, que son: Promover la competitividad y el desarrollo regional, Impulsar proyectos gubernamentales, Incentivar la asociación entre inversionistas extranjeros y locales, Desarrollar la producción económica del artesanado, industrias familiares y del pequeño empresariado y Gestionar esquemas de apoyos flexibles a pymes.

En esto, subrayó la gestión de nueve programas gubernamentales orientados a promover, desarrollar, impulsar e incentivar en el estado a los emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), inversión extranjera y local, artesanado e industrias familiares con más de 3 mil 157 beneficiados directos, dando principal soporte a las zonas de alta y muy alta marginación.

Destacó la vinculación pública y privada con distintos países e instituciones para el establecimiento de importantes acciones. Con China Campus Network para becas de especialización; Francia, sectores agroalimentario, automotriz, tecnológico y cooperación en materia de seguridad, y Gran Bretaña, aprovechamiento de los recursos del Fondo de Prosperidad.

Así también con Qatar, para el hermanamiento de puertos y productos alimentarios; Turquía; para la exportación de 27 toneladas de pimienta gorda; con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), para asesorías en proyectos productivos y con Consejeros Comerciales de la Unión Europea, para agroindustria, puertos y denominación de origen.

En el mismo sentido, habló del programa Impulso al Bienestar de los Productores Veracruzanos, en el que se han invertido 3 millones 944 mil pesos para beneficiar a 568 artesanos y pequeños productores, de los cuales 73 por ciento son mujeres y el 27 por ciento, hombres, provenientes de 40 municipios, de los cuales 16 son de alta marginación y 4, de muy alta marginación.

Informó que, durante la presente administración estatal, se han confirmado 13 importantes inversiones productivas por parte de empresas nacionales y extranjeras por un monto de 22 mil 249 millones de pesos (mdp), entre las que destacan una terminal especializada en fluidos, la planta de café soluble de la empresa Nestlé, la aplicación de las granjas Carroll y un parque solar.

Estas inversiones no solo contribuyen al desarrollo industrial de nuestro Estado –enfatizó-sino que también propiciarán mejores condiciones de vida generando mil 350 directos empleos bien remunerados y 6 mil 620 empleos indirectos.

Explicó que el programa Listos para Comercializar tiene como objetivo desarrollar y consolidar las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) veracruzanas mediante la asesoría y vinculación con las instancias correspondientes para obtener los servicios que permitan el cumplimiento de los requisitos normativos de los mercados actuales para comercializar los productos en cadenas comerciales.

Se destinó un millón 751 mil 622 pesos para la implementación de 302 acciones a favor de empresas que, sin este apoyo, les resultaría difícil desarrollar sus productos para cumplir las demandas del mercado.

El programa Empresa Veracruzana de Calidad –prosiguió- tiene como fin desarrollar acciones para obtener o mantener certificaciones de calidad alineadas a normas internacionales, así como implementar sistemas de calidad bajo principios de modelos de excelencia, que permita a las empresas veracruzanas participar con éxito en nuevos mercados.

Dijo que con esto se busca garantizar apoyo a las organizaciones que requieren obtener una certificación especializada local, nacional o internacional con recursos económicos por un monto de 23 millones 333 pesos a cada una, cuando cumplan las reglas de operación del programa.

Según comentó, el proceso contó con evaluadores del Premio Nacional y las organizaciones que desarrollaron las mejores prácticas son: Café Cielo Abierto, Tecnológico Nacional de México Campus Úrsulo Galván y Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Oriente.

En cuanto a la marca Hecho en Veracruz, expuso que se trata de un programa emblemático de la Sedecop, que tiene como objetivo fomentar el consumo de los productos y servicios originarios de Veracruz, dotándolos de identidad a través de una marca.

Hasta el 30 de octubre, hay 135 empresas inscritas en el Registro Único de Productores Veracruzanos (RUPV) y 66 empresas listas para comercializar. Un ejemplo de los beneficios de estas acciones es que Oxxo ha seleccionado como proveedores a 14 empresas veracruzanas con 27 productos en total.

Hecho en Veracruz –abundó el Secretario- tiene como objetivo fomentar el consumo de los productos y servicios originarios de nuestro estado, con una inversión de 1.3 mdp que generó apoyo a 114 mipymes con mil 066 beneficiarios directos y 4 mil 262 indirectos.

Un importante logro de este 2019 en el rubro energético es el inicio de operaciones de la Agencia Estatal de Energía de Veracruz (AEEV), que articula las actividades estratégicas entre los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada para concretar proyectos de inversión en el sector energético, impulsando al estado de Veracruz en el aprovechamiento de sus recursos.

Anunció también el próximo inicio de la construcción de un parque solar fotovoltaico en el municipio de Perote. Con una inversión de 270 millones de dólares, dijo el Secretario, se impulsará la generación de energía a través de energías limpias.

También adelantó un nuevo impulso a la producción petrolera nacional, ya que Petróleos Mexicanos (Pemex) destinará 58 mil mdp para su desarrollo, generando mil 276 empleos. Además –añadió- se proyectan inversiones importantes en la zona sur del estado para impulsar la economía y fortalecer la industria.

Por lo que respecta al Impulso para el Desarrollo Regional de Veracruz, enfatizó el convenio con Nacional Financiera (Nafin), firmado el 9 de agosto, para otorgar créditos que reactiven la economía de empresas locales, la aportación del Gobierno del Estado por 20 mdp y la de Nafin por 275.6 mdp, lo que da un total de 295.6 mdp.

Al explicar la Campaña de Promoción Nacional e Internacional, informó que se destinó una inversión de 2 millones 549 mil 847 pesos a la realización de 10 ferias para beneficio de 79 empresas veracruzanas con 98 espacios de participación.

El Apoyo y la Promoción a la Industria, previsto también en el PVD, comprende cuatro etapas: La primera, de Estudios y Proyectos, contempla reservas industriales, puertos, industria extractiva y desarrollo regional.

La segunda, de Plataforma Digital, busca promover las áreas industriales existentes y el desarrollo de nuevos proyectos industriales mediante la promoción de bolsa de suelo disponible con carácter particular con superficie de 3 mil hectáreas, adicionales a las 479 hectáreas disponibles en parques industriales.

La tercera etapa, de Atención y Atracción de Inversiones, contempla las empresas nacionales y extranjeras de los sectores manufacturero, energético, agroalimentario, portuario, comercial y de servicios, los desarrolladores de parques industriales para el fortalecimiento e instalación de nuevas empresas y la planeación de los polos de desarrollo en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La cuarta etapa, de Gestión y Acompañamiento, propone 427 acciones con 201 empresas. Plantea el acompañamiento a empresas que tienen interés de establecerse o ampliar sus operaciones en el Estado, a través de gestión intergubernamental con los tres órdenes de gobierno y organismos empresariales.

Informó también que la Administración Portuaria Integral (API), Sistema Portuario Veracruzano, se encuentra desarrollando el Proyecto del Puerto para la Industria Costa Fuera en Alvarado. Para esto, el Gobierno del Estado apoya mediante la elaboración del Estudio de Flujos Comerciales para el Tráfico de Cabotaje y se desarrolla el estudio de factibilidad para el desarrollo de infraestructura marítimo-portuaria para servicios en el litoral.

Enrique Nachón García expuso también datos del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT), el cual abarca 79 municipios, de los cuales, 33 son veracruzanos, y del Programa Istmo, una estrategia de coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno y el sector privado que apunta a beneficiar a 33 municipios veracruzanos.

Refirió cifras del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032 de la Secretaría de Energía, según las cuales, Veracruz es el primer productor de energía eléctrica en el país.

Para concretar las acciones más importantes, la colaboración interinstitucional es indispensable. Por eso “instalamos el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, con la presencia de los tres poderes del Estado, los tres órdenes de gobierno y representantes del sector empresarial. Este órgano consultivo es la máxima autoridad en el estado”.

Además, “firmamos un Convenio de Coordinación con el Gobierno Federal, el cual fortalece el vínculo con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y, de igual manera, suscribimos un Convenio de Colaboración con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis)”.

“Estos resultados nos dan la pauta para conocer el trabajo realizado en la aplicación de recursos de manera efectiva para impulsar el sector comercial e industrial a través de obras y acciones que fomentan el desarrollo económico de Veracruz”, concluyó el Secretario.

Un informe detallado de las acciones realizadas durante el primer año de la presente administración estatal en materia de desarrollo y bienestar, ordenamiento territorial, vivienda, recursos hidráulicos y pueblos originarios, para beneficio de las y los veracruzanos, presentó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Gobierno del Estado, Guillermo Fernández Sánchez, ante la LXV Legislatura.

La Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional, integrada por el diputado José Andrés Castellanos Velázquez, presidente, así como por las diputadas Judith Pineda Andrade y María Candelas Francisco Doce, secretaria, y vocal respectivamente, recibió la comparecencia del servidor público en los términos que establece el Artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El titular de Sedesol inició su exposición destacando que en Veracruz, por primera vez, existe una coordinación institucional y multisectorial, indistinta de colores o ideologías partidistas con la finalidad de construir políticas públicas, inclusivas e incluyentes.

En la tarea de atención y servicio público para el desarrollo social en la entidad, refrendando y considerando la inclusión social participativa con el pueblo y para el pueblo, este gobierno diseñó la estrategia Sembremos Bienestar Común, publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 15 de marzo de 2019.

Informó que, como parte de dicha estrategia, en materia de desarrollo humano, en 144 municipios se realizaron 578 diagnósticos integrales con análisis de problemáticas locales, territoriales, de pobreza, vulnerabilidad social, económica y ambiental. Se constituyeron 587 unidades sociales de bienestar, las cuales favorecen transparencia, eficiencia y correcta aplicación de los recursos públicos.

Con la integración y actualización del Padrón Único de Sujetos de Derecho y Administración de la Información Territorial, pudo detectarse carencias de 24 mil 139 posibles beneficiarios.

De acuerdo con el funcionario, el programa Mujeres Emprendedoras otorga a cada veracruzana 5 mil pesos para que desarrolle actividades productivas agropecuarias, artesanales, agroindustriales y de servicios.

Así, se ha logrado entregar 13 mil 414 apoyos a mujeres en Zonas de Atención Prioritaria (ZAPs), urbanas y rurales, de alto y muy alto nivel de marginación, distribuidas en 160 municipios, en beneficio de 53 mil 656 personas, con una inversión de 67.07 millones de pesos (mdp).

“Establecimos 7 mil 300 Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria, que se integran por huertos agrícolas de ciclo corto y diez gallinas ponedoras, en 150 municipios beneficiando a 29 mil 200 personas de manera directa e indirecta”, destacó.

Con los programas Mujeres Emprendedoras y Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria, se ha podido beneficiar a 82 mil 856 personas de manera directa e indirecta en 162 municipios, con una inversión de 125 millones 470 mil pesos.

Dentro del programa Proveer-Desarrollo y Bienestar, puesto en marcha por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez el 25 de abril de 2019, en Acayucan se construyeron 44 techos y 86 muros; en Amatlán de los Reyes, 7 muros, 61 cuartos dormitorios y 102 estufas ecológicas; en Papantla, 151 pisos, 67 techos, 124 estufas ecológicas; se realizaron 12 electrificaciones de vivienda, y en Zacualpan, 84 pisos.

El titular de Sedesol habló también de las acciones desarrolladas en el rubro de vivienda, donde se destinaron 468.9 millones de pesos a los programas de Mejoramiento a la Vivienda e Infraestructura Social Básica, beneficiando a la población objetivo en 128 municipios, de los cuales, 60 millones son para obras de electrificación rural en 36 municipios y 408.9 millones de pesos, para los programas de estufas ecológicas, cuartos dormitorio, piso, techo, muro firme y supervisión de obra.

El Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) realizó mil 636 acciones de ampliación de vivienda en 121 localidades pertenecientes a 23 municipios, de las cuales 55 son de muy alta y alta marginación, 48 de nivel medio, 9 de nivel bajo y 9 de nivel muy bajo, beneficiando a 6 mil 544 personas con una inversión total de 122.4 mdp.

Detalló que, en relación con la construcción de pies de casa (vivienda nueva), se realizaron 709 acciones para familias con lote propio, beneficiando a 2 mil 836 en 22 municipios, pertenecientes a las regiones Huasteca Baja, Nautla, Capital, Las Montañas, Olmeca y Totonaca.

Fernández Sánchez dijo que, además, se logró eliminar el veto financiero (2013–2019), por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que no permitía acceder a recursos financieros.

Junto con esto, se concluyeron distintas obras, como las del sistema múltiple de abastecimiento (quinta etapa) en varias localidades del municipio de Tantoyuca, beneficiando a 2 mil 494 habitantes; el drenaje en la localidad Corozal, municipio de Tempoal, para 2 mil 100 personas, y el emisor a presión, caseta, equipamiento y cárcamo de bombeo en el municipio de Catemaco, con 15,034 beneficiarios.

A esto se añade la rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales Díaz Mirón, en el municipio de Tuxpan, a favor de 63 mil 794 habitantes; la rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales del municipio de Platón Sánchez, beneficiando a 10 mil 758 personas, y en el municipio de Veracruz, se realizó limpieza y desazolve del colector pluvial, eje hidráulico y canal a cielo abierto, para el servicio de 100 mil habitantes, la ampliación del colector pluvial Benito Juárez y la construcción de rejillas en la calle Emparan, que beneficia a 29 mil 100 ciudadanos.

Guillermo Fernández Sánchez añadió a esto que, con los recursos del ejercicio fiscal 2019, se realizaron 33 obras de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que impactarán positivamente a la población de 21 municipios, e importantes construcciones como la del sistema de agua potable para las localidades de Atempa, Tamaritzintla, Monte Grande y Tlalpani, municipio de Platón Sánchez, que beneficiará a 953 habitantes.

Así como la planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Tleotlalco, en Soledad Atzompa, para 247 habitantes; la primera etapa del drenaje sanitario en la localidad Cuatotolapan, en Hueyapan de Ocampo, para 2 mil 356 habitantes, y la reparación de 86 equipos sumergibles, de los cuales destacan los sistemas de agua de 23 municipios, beneficiando a 223 mil 897 personas.

Detalló que, en acciones de mejoramiento a la vivienda, se construyeron 3 mil 799 pisos en 33 municipios beneficiando a 14 mil 435 habitantes; 100 techos en dos municipios, para 380 habitantes; mil 381 cuartos dormitorios en 23 municipios en favor de 5 mil 248 habitantes: un total de 17 mil 221 personas favorecidas.

El funcionario estatal comentó que, con el programa Mujeres Emprendedoras, recibieron apoyos 6 mil 356 veracruzanas, lo que repercutió en la vida de 25 mil 424 habitantes en 46 municipios, y con los Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria, se entregaron 3 mil 344 apoyos, beneficiando a 13 mil 376 personas en 47 municipios.

En términos de bienestar social, con una inversión de 583.04 mdp, Sedesol atendió 180 municipios a través de 39 mil 132 acciones, con una población de 153 mil 152 personas beneficiadas. Invivienda implementó 2 mil 449 acciones en 48 municipios a favor de 9 mil 796 beneficiarios, con una inversión de 223.7 mdp.

Asimismo, la CAEV atendió 25 municipios con 6 mil 478 acciones de infraestructura, beneficiando a 60 mil 198 personas, con una inversión de 391.3 mdp. Finalmente, en el sector social, recibieron atención 182 municipios con 48,059 acciones, en beneficio de 223 mil 146 personas con una inversión de mil 198.15 mdp.

Tras concluir su exposición, Guillermo Fernández Sánchez respondió las presuntas planteadas por las y los diputados de los distintos grupos legislativos.