Las diputadas integrantes de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, de ésta LXV Legislatura, presentaron una iniciativa que adiciona un capítulo denominado De la Violencia Digital, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, el cual integraría como actos de violencia contra las mujeres los cometidos por el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación, plataformas de redes sociales, sistemas de mensajería instantánea o correo electrónico.

La iniciativa también expone que estos actos, causan un daño psicológico o emocional, reforzando los perjuicios, dañando la reputación, causando pérdidas económicas y/o planteando barreras a la participación libre en la vida pública y privada de la víctima y que puedan conducir a alguna otra forma de violencia.

Del mismo modo, adiciona el artículo 13 quater en el Capítulo IX de la referida Ley, que señala que los gobiernos estatal y municipales, así como las autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia digital y tomarán en consideración los daños que ésta pueda generar en las víctimas.

En la exposición de motivos refiere que el ordenamiento legal contempla diversas modalidades de violencia contra las mujeres, sin embargo estas han ido aumentando haciendo pertinente adicionar la modalidad de violencia digital.

Del mismo modo, destaca la aprobación por parte de esta Legislatura paritaria, la tipificación -en el Código Penal estatal- como delito el divulgar, compartir, distribuir o publicar imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima. Sin embargo, el concepto de violencia digital no se limita al derecho punitivo, sino tiene otras manifestaciones que deben abordarse y a atenderse, añadió.

Esta iniciativa, autoría del Instituto Veracruzano de las Mujeres y presentada al Pleno por la Comisión para la Igualdad de Género, fue financiada con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019 y es resultado de la preocupación por el aumento de este tipo de violencia hacia las mujeres que cada vez ha tomado más fuerza.

Finalmente, se señala que la tecnología ha aportado beneficios, pero también se han construido conductas sociales reprochables que no se pueden ignorar.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhorta al presidente municipal de Chicontepec, Veracruz, Pedro Adrián Martínez Estrada, para que, a la brevedad, convoque a Sesión de Cabildo, a fin de tomar la protesta de ley al ciudadano Enrique Solís Martínez en su carácter de agente municipal suplente de la congregación de Tlacolula de ese municipio.

La Diputada del Distrito IX con cabecera en Perote recordó que, cumplido lo dispuesto por la Convocatoria para la Elección de Agentes y Subagentes Municipales de Chicontepec, Veracruz, aprobada por la LXIV Legislatura local, dicho ayuntamiento emitió las constancia de mayoría a favor de los ciudadanos Natalio Escobar Martínez y Enrique Solís Martínez, que los acredita como agentes municipales propietario y suplente respectivamente de dicha congregación por el período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2022.

El 22 de diciembre de 2018, el ciudadano Natalio Escobar Martínez falleció; hecho que se hizo del conocimiento al Pleno de esta LXV Legislatura, el 24 de enero de 2019. Dada la naturaleza de la solicitud y al resultar de obvia resolución, la Asamblea dispensó los trámites reglamentarios y puso a consideración del Pleno la solicitud de mandar llamar al Suplente respectivo. El Acuerdo fue publicado bajo el folio 118 en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 62, de fecha 12 de febrero de 2019.

Sin embargo –prosiguió la Diputada-, después de un año y pese a que en diversas ocasiones los habitantes de la Congregación de Tlacolula, mediante oficios, han manifestado su inconformidad, el Presidente Municipal de Chicontepec no ha convocado a Sesión de Cabildo para tomarle la protesta de ley a Enrique Solís Martínez.

Ivonne Trujillo señaló que, de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cargo de agente municipal es de elección popular, por lo que no llamar al ciudadano Enrique Solís Martínez para que tome protesta como agente municipal violenta en su contra lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 y 16 de la Constitución Política local.

Así también lo establecido en el artículo 26 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre que señala: “…Cuando se trate de ausencias definitivas –de Agentes Municipales-, el Cabildo informará al Congreso del Estado para que se haga el llamado del suplente respectivo para que asuma la titularidad del cargo”.

Al considerar que este supuesto jurídico quedó agotado y que el Presidente Municipal de Chicontepec, en franco desacato a lo ordenado por este Poder Soberano, violenta lo normado, la legisladora estimó que se transgrede el derecho del ciudadano Enrique Solís Martínez de de acceso a ocupar el cargo, pese a que el Pleno de este Congreso del Estado así lo ordenó.

Los grupos legislativos de Morena y mixtos Acción Nacional Veracruz (ANV), de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) y Del Lado Correcto de la Historia, así como la diputada Florencia Martínez Rivera se adhirieron a la propuesta que fue turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Durante la Primera Sesión del Primer Receso del segundo año de la LXV Legislatura, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez se pronunció en favor de la protección de las personas adultas mayores y sus derechos.

Ante la Diputación Permanente, la legisladora aseguró que este sector social refleja sabiduría e inspira respeto, por los logros y alcances que han conseguido a lo largo de su vida, sin embargo, en algunos casos se enfrentan a la desafiante soledad e indiferencia de familiares y amigos.

Se refirió al caso específico de la señora Luz María González Landeros “Doña Luchita”, quien hace unos días fue desalojada por sus familiares del inmueble que habitaba desde hace varias décadas, lo que dio lugar a la afectación de su salud física y emocional.

Destacó que actualmente, en colaboración con sus asesores, se encuentra apoyando a Doña Luchita, emprendiendo las acciones legales necesarias. Señaló que los actos de apoyo y respaldo con los que la sociedad xalapeña respondió ante este acontecimiento son reflejo de la cultura que se está generando para la protección y apoyo a este sector, una de las cuales es “dar voz en espacios como éste, el Congreso”.

Los esfuerzos institucionales –indicó la legisladora- deben estar enfocados a garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de las personas adultas mayores. Consideró que sociedad y autoridades “debemos trabajar juntos para generar políticas instrumentadas para otorgarles el justo lugar que merecen, no solamente con programas asistencialistas, sino también incorporándolos al ámbito laboral”.

“Les invito a que hagamos un frente común refrendando nuestro compromiso con las causas sociales, tal como lo ha venido haciendo el Grupo Legislativo de Morena. Con la suma de voluntades de todas y todos, será más sencillo que las personas adultas mayores ocupen el legítimo lugar que les corresponde en la transformación presente y futura de Veracruz”, concluyó.

Con la finalidad de homologar, en la legislación estatal, los tipos penales de Hostigamiento y Acoso Sexuales a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para evitar confusiones entre los operadores de la ley y así brindar mayor certeza jurídica en estos asuntos, diputados del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa ante la Diputación Permanente.

La diputada Érika Ayala Ríos y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes proponen reformar las fracciones I y XII del artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, ya que consideran que esta legislación contiene disposiciones contrarias a la Ley General, particularmente en lo relativo a las definiciones de esas dos formas de violencia.

De esta manera, plantean que el Acoso Sexual quede definido como: forma de violencia de connotación lasciva en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Hostigamiento sexual: ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar, entre otros, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación lasciva.

La iniciativa precisa que mientras en la Ley General el Hostigamiento Sexual tiene como elemento consustancial la subordinación real de la víctima, en la ley local forma parte del acoso sexual, lo que contradice también lo dispuesto por el Código Penal estatal, en el que, como en la inmensa mayoría de las leyes punitivas de las entidades federativas y en el Código Penal Federal, se considera que dicho elemento de superioridad jerárquica del agresor respecto de la víctima forma parte de la descripción del tipo de hostigamiento sexual.

Señalan que como una prioridad en su agenda legislativa está el proponer modificaciones al orden jurídico, a efecto de visualizar en mayor medida la problemática a la que se enfrentan cotidianamente una gran cantidad de personas, primordialmente en los ámbitos laboral y educativo.

La iniciativa fue turnada, para su análisis y dictamen, a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar de Veracruz, para que la elaboración del informe sobre incidentes de acoso y violencia escolar que los directores presentan a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), sea semestral y no anual.

La legisladora destacó que, con la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado de Veracruz en 2011, se sentaron las bases para prevenir y erradicar el acoso escolar, sin embargo, deben darse mayores pasos.

Señaló que en las atribuciones de esta Ley contempla el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar, el cual está diseñado para compilar las estadísticas de los casos de acoso escolar que tengan lugar en la entidad, a partir de la elaboración de un informe presentado a la SEV por los directores de las escuelas, sobre los incidentes de acoso y violencia escolar.

Sin embargo, destacó, que dada la coincidencia en la anualidad, tanto para la elaboración del informe sobre acoso escolar, que realiza el Registro Estatal, como el que están obligados a presentar los directores de las escuelas, es que se desprende esta iniciativa, para que el plazo sea semestral, facilitando que el informe sea reportado con la debida anticipación, conociendo el contexto que impera en cada plantel sobre el tema.

Ramírez Cisneros recordó que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel internacional de casos de bullying en educación básica, afectando a 18 millones 781 mil 875 estudiantes de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas. Asimismo, en 2018 la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que Veracruz es la entidad donde se presenta el mayor número de casos de acoso escolar.

Agregó que con el propósito de utilizar un lenguaje incluyente y con perspectiva de género, se plantea precisar el término “las y los directores”, en lugar de los directores como se prevé al día de hoy, dando el debido lugar de las mujeres que tienen la titularidad de una dirección de un plantel educativo.

“El acoso escolar ocasiona daños severos en las víctimas si no se detecta y atiende a tiempo. Baja de autoestima, ansiedad y depresión, son algunos de los riesgos, pero en el peor de los escenarios, el desenlace puede ser fatal”, concluyó.

A esta iniciativa se adhirieron los integrantes del Grupo Legislativo de Morena y fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura, para su análisis y dictamen.

El diputado Omar Miranda Romero presentó al Pleno de la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar en el Estado de Veracruz, cuyo propósito es establecer los principios y criterios para la coordinación interinstitucional entre los niveles de Gobierno, para diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos que garanticen el derecho de las personas que integran la Comunidad Educativa a un ambiente libre de violencia.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado señaló que el objetivo de esta iniciativa es abrogar la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado de Veracruz; y en su lugar emitir la ya mencionada, que engloba toda forma de violencia escolar y establece, entre otras normas, que los planes, programas y protocolos deben ser emitidos desde un enfoque educativo y de derechos humanos.

El legislador Miranda Romero dijo que se plantea dictar las normas que contengan acciones a seguir en caso de que se detecte cualquier tipo de violencia escolar, no sólo acoso, portación de armas o drogas, “ya que con ello se puede centrar en una sola ley cualquier tipo de violencia escolar, pero no solo desde la perspectiva delictiva, por lo que en esta iniciativa se reconoce el principio del interés superior de la niñez y la salvaguarda los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.

Agregó que esta nueva Ley sería la base para que el Ejecutivo del Estado, a través de una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Educación, Salud, Seguridad Pública, Protección Civil, Turismo y Cultura, Fiscalía General, DIF, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ayuntamientos, directores y personal designado por cada institución educativa, sean los encargados de emitir los protocolos y mecanismos de “mochila segura” con base en las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Se trata, de llevar a los padres de familia y a los niños, niñas y adolescentes a una cultura de prevención, en donde se les explique las necesidades de llevar a cabo los protocolos para la seguridad de cada uno de ellos; es decir, se opta por la culturización a los educandos y padres, para evitar actos que afecten a terceros y, a su vez, no se sientan vulnerados en su esfera jurídica”, precisó el legislador.

En su intervención durante la primera sesión ordinaria, del primer receso, el diputado recordó los hechos del pasado 16 de enero en la ciudad de Torreón, Coahuila, en los que fueron heridos seis menores y asesinada una maestra de estos y, posteriormente, el suicidio del menor que presuntamente realizó, con un arma de fuego, los actos violentos en la institución escolar.

Asimismo, indicó que este tipo de situaciones también ocurren a nivel local y subrayó que en noviembre 2019, en la ciudad de Xalapa, un estudiante con un arma de fuego, en forma de pluma, dejó lesionado en un dedo a su compañero.

De acuerdo a la iniciativa del diputado, el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar será suplido por el Registro Estatal para el Control de la Violencia Escolar (RECVE), para lo cual la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en coordinación con las Secretarías de Salud (SS) y de Seguridad Pública (SSP) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), implementará las acciones necesarias para que inicie sus funciones dentro de los 90 días hábiles a la entrada en vigor del presente decreto.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de Derechos de la Niñez y la Familia. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos Mixtos Del Lado Correcto de la Historia y del PRI-PVEM.

Integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, celebraron su Décima Sesión Ordinaria, en la que analizaron la información derivada de la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 y acordaron determinar una fecha para la firma del dictamen correspondiente.

Posteriormente, atendieron una exposición, que estuvo a cargo de la Secretaría de Fiscalización del Congreso local, acerca del grado de cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de los entes fiscalizables.

Asistieron las diputadas Mónica Robles Barajas, secretaria de la Comisión, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, María Esther López Callejas y Florencia Martínez Rivera, así como los legisladores Henri Christophe Gómez Sánchez, Alexis Sánchez García, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Bingen Rementería Molina y Enrique Cambranis Torres, vocales.

El diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, se pronunció –en relación con el delito de feminicidio- por una nueva visión que lleve a la generación de políticas integrales, que tomen en cuenta la seguridad pública y el incremento de sanciones contra los feminicidas, pero que esté enfocada primordialmente en la prevención de este ilícito.

Lo anterior, durante su participación en la conferencia Política criminal para prevenir el feminicidio y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas por razón de género, a cargo del delegado regional del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, AC, Arturo Nicolás Baltazar.

Al dar la bienvenida a los asistentes en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, Rubén Ríos señaló que en los últimos cuatro años el registro de feminicidios en México ha crecido al doble. “La lógica elemental nos indica, por un lado, que algo se está dejando de hacer o se está haciendo mal y, por otro, que no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo”.

Recordó que la legislación de Veracruz contempla una de las penas más severas para los feminicidas, que es de 40 a 70 años de prisión; sin embargo, argumentó, está claro que esos 40 años no ha disuadido a quienes cometen este delito, “más bien, parecen multiplicarse”.

El diputado del Distrito de Córdoba dijo que el componente transversal del delito de feminicidio es la cultura del “machismo patriarcal”, ya que –indicó- no parece ser un problema de seguridad pública, aún cuando existe vulnerabilidad física de las mujeres en el espacio público. “Sin duda, es una asignatura pendiente para que calles, parques, taxis y autobuses sean seguros para todos”.

Posteriormente, Ríos Uribe recibió del presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC, Gilberto Farías Morales, el documento que contiene las bases para una política pública encaminada a prevenir el feminicidio y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Así como una propuesta de reforma al artículo 137 del Código Penal estatal que tiene como finalidad sancionar ejemplarmente la conducta delictiva consistente en causar lesiones a una mujer, por medio de la utilización de ácidos o cualquier otra sustancia, causando deformación o daño en la cara de la víctima.

Acto seguido, inició la conferencia a cargo del licenciado Arturo Nicolás Baltazar, quien dio detalles sobre el estado de las legislaciones, tanto federal como estatal, las definiciones jurídicas y el debate actual con respecto a este tipo penal, así como las posturas al respecto de órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al evento asistieron la coordinadora general para la Prevención y Atención de las Adicciones y de las Conductas Antisociales, Angélica María Huesca Palomino, en representación del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García; la directora general de Educación Inicial Preescolar Federalizada, Judith de la Luz Carvallo Domínguez; la secretaria general de la Delegación T160 SNTE Preescolar, María Teresa Canales Clavel; la subdirectora de Educación Preescolar Estatal, María Isabel Castillo Méndez, así como representantes de órganos autónomos y de unidades de género de la administración pública estatal.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena)
propuso reformas al Código Civil Federal, con el fin de que el Registro Civil
pueda otorgar actas de nacimiento en las que se reconozca la identidad de
género, y así garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGBTI.

En una iniciativa que analiza la Comisión de Justicia, la
legisladora precisó que con estas reformas se podrá solicitar la rectificación
de algún dato en el acta de nacimiento, lo que ayudará a la armonización
legislativa, además de evitar que se discrimine y estigmatice a las personas.

Villarauz Martínez mencionó que durante el sexenio pasado en
el país, cada año, 79 personas de la comunidad LGBTI fueron asesinadas por
motivos relacionados con su orientación sexual, su identidad o expresión de
género, según el informe de violencia extrema elaborado por la organización civil
Letra S.

El resultado fue que 473 personas de la comunidad LGBTI
murieron durante estos seis años a causa de la discriminación y violencia por
el hecho de ser diferentes y no corresponder a los estereotipos de género y las
representaciones binarias de hombre o mujer.

Los crímenes de odio destacan por la saña con la que se
cometen, son especialmente brutales, por torturar y humillar a las víctimas.
“Esto debe cambiar, estamos frente a un gran reto, que es dotar de herramientas
a las personas para que libremente, frente a un caso de cambio de identidad, no
sean violentados, encerrados en clínicas, sometidos a terapia o violaciones de
conversión, que lo único que fomentan es el odio y el rechazo”, añadió.

Consideró necesario hacer un llamado a los estados de la
República para sumarse a esta lucha en la defensa de este derecho. “El
reconocimiento legal de la identidad de género implica proporcionar todos los
medios legales y administrativos, así como recursos para obtener su libre y
expedito ejercicio, al permitir la rectificación del nombre y sexo, cuando así
se decida, en la documentación oficial que corresponda, lo que evitará
confusiones, dilaciones y cuestionamientos”, añadió.

Nuestro deber como legisladores, dijo, es formular leyes que
protejan a las personas que no han elegido nacer con un sexo que no corresponde
a su identidad. “No podemos permitir que se estigmatice, discrimine y violente
a las personas por no entrar en los esquemas establecidos e inflexibles de la
identidad”.

La diputada de Morena precisó que el reconocimiento legal de
la identidad de género se ha logrado en Estados Unidos, Suecia, Alemania,
Holanda, Australia, Austria, Finlandia, Sudáfrica, Reino Unido y España, donde
se permite la rectificación de nombre y sexo en la documentación oficial.
Algunos exigen la cirugía previa para el reconocimiento legal de la identidad
de género del solicitante, aclaró.

De acuerdo con datos del Registro Civil de la Ciudad de
México, de enero de 2013 a marzo de 2019 se han entregado 3 mil 866 actas de
cambio de identidad de género y reasignación sexo-genérica; 2015 y 2017 fueron
los años con la mayor cantidad de trámites, con mil 159 y mil 60,
respectivamente.

La LXV Legislatura a través del Presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, recibió la exposición de la titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), María Guadalupe Argüelles Lozano, acerca de los procedimientos para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, en el marco de la Reforma Laboral Federal.

Acompañada de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Sofía Martínez Huerta y del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el estado, Guillermo Hernández, la funcionaria explicó los tres Ejes del Nuevo Modelo Laboral.

En primer término, la Justicia Expedita e Imparcial, a través de Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial; la Implementación de la Democracia Sindical; y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRF), como organismo que permitirá el registro de sindicatos y contratos colectivos además de conciliar a nivel federal y expedir “Constancias de Representatividad”.

En cuanto a las etapas de implementación, continuó Argüelles Lozano, dijo que se han cumplido en tiempo y forma de acuerdo a los periodos marcados por la federación, asimismo realizó la proyección de los procedimientos por concluir de acuerdo a lo establecido para el funcionamiento de los Centros de Conciliación y Tribunales Locales, así como el CFCRL y los Tribunales Federales, en los años 2022 y 2023.

Por su parte el diputado José Manuel Pozos Castro, dijo a la funcionaria estatal que estas dinámicas son de gran beneficio, pues como legisladores se debe estar permanentemente interactuando con los trabajos realizados para dar cumplimiento a las normatividades, y reforzó que desde la LXV Legislatura se cuenta con el apoyo a las acciones para avanzar en la Reforma Laboral que tanto beneficio traerá a México y a Veracruz.

En esta presentación también estuvieron presentes las diputadas, Rosalinda Galindo Silva, Adriana Paola Linares Capitanachi, Florencia Martínez Rivera, así como el diputado Antonio García Reyes y en representación de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, el licenciado Tomás Mundo Arriasa.

La LXV Legislatura y el Gobierno del Estado de Veracruz llevaron a cabo, este 5 de febrero, en la explanada del Palacio Legislativo, el acto cívico para conmemorar el aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917.

Al dar la bienvenida a servidores públicos y autoridades, el presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe expresó que esta fecha no puede pasar inadvertida, ya que es de gran trascendencia para la vida política y para el entramado jurídico de la Nación.

Asimismo señaló: “Es un honor abrir las puertas del Congreso del Estado para significar lo que la Constitución representa en la Cuarta Transformación del país, una transformación pacífica, que ocurre con arreglo a las leyes y las instituciones”, agregó.

Tras los honores a la bandera nacional, con la participación de la Banda de Guerra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado y de la Banda Sinfónica del Gobierno estatal, el legislador precisó que dicha transformación no está exenta de promover las reformas constitucionales que adecuen la exigencia popular al derecho positivo, “siempre respetando el sentir del pueblo y obedeciendo la ley”.

Con la presencia de la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi y de la coordinadora de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales, Rebeca Quintanar Barceló, representante del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el diputado Raymundo Andrade Rivera detalló que la Constitución de 1857 fue producto de la reforma que plasmó el triunfo de los liberales sobre los conservadores, y la de 1917 fue producto del ideario de la Revolución Mexicana, “cuyas preocupaciones principales era la democracia, el nacionalismo y la justicia social”.

El también representante del Distrito XII de Coatepec manifestó: “A nosotros nos ha tocado vivir una época de cambios. Desde el 1 de julio de 2018, la mayoría de mexicanos optó por un rumbo distinto al elegir a un gobernador y a un presidente de la República que han decidido que los intereses y los anhelos de la ciudadanía incidan en los proyectos y en las decisiones de gobierno”.

Dijo que tanto en el Congreso de la Unión como en el Poder Legislativo estatal las adiciones y reformas se realizan con miras a un mayor beneficio para todas y todos los mexicanos.

“Los diputados de Morena nos congratulamos de formar parte de esta nueva ruta que emprende nuestro país y que encabeza nuestro gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador”.

Previamente, el legislador ofreció detalles sobre el contenido y los datos más relevantes de las Constituciones de 1857 y 1917.

Participaron en el acto cívico el director general de la Editora de Gobierno, Israel Hernández Roldán, en representación del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; la delegada administrativa en la Subsecretaría de Operaciones de la SSP, Elvia Ohemi García Hernández, y el director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Sergio Ulises Montes Guzmán.

En representación del secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, acudió Efraín Lizárraga Meza; el jefe de la Unidad Jurídica de Radiotelevisión de Veracruz (RTV), Javier Jahir Heredia Riverón; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), José de Jesús Rodríguez Hernández, y estudiantes de la escuela primaria Adalberto Tejeda, de esta ciudad.

Con 46 votos, el Congreso de Veracruz aprobó el dictamen por el cual se establece que en los sitios públicos se coloque señalética adaptada al sistema Braille, como medida incluyente para las personas con discapacidad, especialmente las de discapacidad visual o ceguera, a iniciativa presentada por la diputada Montserrat Ortega Ruiz.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Protección Civil y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el Dictamen con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al Artículo 63 y el Artículo 63 bis, a la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El dictamen reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho de desplazarse libremente y sin riesgos en lugares públicos y que, por lo tanto, debe incorporarse en la ley que en todos los establecimientos de acceso al público, ya sea de la iniciativa privada o del sector público, deben colocarse señales en sistema Braille, puesto que las personas ciegas o con discapacidad visual pueden acceder a la lectoescritura a través de este sistema, basado en puntos en relieve que son “leídos” a través del tacto, con ello, en caso de alguna eventualidad, podrán ubicar las salidas de emergencia o los puntos de reunión del lugar.

De acuerdo con la reforma aprobada, la señalización de protección civil referida deberá incluir placas en el sistema Braille para las personas con discapacidad visual o ceguera, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y Tratados Internacionales aplicables.

Asimismo, la señalización vertical permitirá una zona de barrido ergonómico al alcance de la mano, deberá colocarse a una altura de entre 110 y 130 centímetros del piso base.

La dimensión de la placa será en función de la información que contenga y máximo de 30 centímetros de ancho. Ésta se ubicará a una distancia máxima de 20 centímetros del vano de la puerta, del lado de la manija o botones, en su caso.

Cuando existan puertas de doble hoja o no exista puerta, la señalización debe estar colocada en la pared más cercana, preferentemente del lado derecho.

En rampas, escaleras o intersección de pasillos que contengan pasamanos, se colocará, en el inicio y final de éstos, información en sistema Braille que indique el número de piso o la referencia de alguna señalización en muro.

La señalización del sistema Braille deberá atender la medida estandarizada internacionalmente, respetando dichos parámetros para su correcta interpretación. La escritura en Braille dentro de un señalamiento se colocará en la esquina inferior izquierda a una distancia de entre 1 y 3 centímetros del borde del mismo.

De acuerdo con el artículo segundo transitorio, la señalización ordenada en este Decreto deberá colocarse a más tardar en un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

En el mundo, según el sitio web incluyeme.com, hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión.

En México, según el estudio de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, asisten a la escuela 40.4 por ciento de los hombres de entre 3 y 29 años de edad con discapacidad visual y 50.6 por ciento de las mujeres con esa misma discapacidad.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos, ambos para el Estado de Veracruz.

En la Iniciativa, se propone la reforma del artículo 73 fracción VII del Código, con la finalidad de precisar que los sujetos obligados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos deben dictaminarse, no así el Impuesto sobre Hospedaje, lo cual brindará, se señala, certidumbre jurídica a los contribuyentes que son sujetos de dichos impuestos.

Con la reforma propuesta del artículo 104 fracción III del Código se faculta a las autoridades fiscales estatales para emitir las Reglas de Carácter General a las que deberá sujetarse la elaboración del dictamen que presenten los contadores públicos autorizados y que “es esencial para otorgar certeza jurídica a sujetos obligados de dicho impuesto”.

Respecto a los artículos 151 fracción XI y 152 primer párrafo del mismo Código, que hacen referencia a los servicios catastrales que presta la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), cuando en realidad -se señala- la dependencia que los proporciona es la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob), por lo que, esta reforma es una precisión para los administrados con la finalidad de brindarles mayor certeza jurídica respecto de los trámites que deban realizar en materia de catastro.

De conformidad con el artículo 14 del Código Financiero, los aprovechamientos son: los ingresos que percibe el Estado en sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones federales, de las aportaciones e ingresos federales coordinados, así como los que obtienen los organismos de la administración pública paraestatal del Estado.

Se propone, en la Iniciativa, la reforma al artículo 153 apartado B, segundo y último párrafo para establecer que los ingresos que se recauden por la venta de certificados holográficos se destinarán al Fondo Ambiental Veracruzano en el porcentaje establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, además en el último párrafo se precisa el nombre del Fondo Forestal Estatal que se encuentra establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

También se plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 194 del Código para disponer que las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos estatales, deberán reintegrar a la Sefiplan, dentro de los 10 días hábiles siguientes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, los recursos públicos estatales que no hayan sido devengados.

Lo anterior, porque los recursos entregados se vinculan con los resultados esperados, por lo cual al asignar los recursos, los entes públicos no pueden dejar de cumplirlas, pero tampoco pueden rebasar las asignaciones aprobadas en sus respectivos presupuestos, ni utilizarlos para otros fines, salvo que cuenten con autorización correspondiente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Propone también, la reforma del artículo 193 tercer párrafo del Código de Procedimientos Administrativos precitado, porque éste fue reformado el 19 de diciembre de 2017, en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en el número extraordinario 504, para cambiar la referencia a salarios mínimos por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en su tercer párrafo decía equivalente al salario mínimo general vigente elevado al año.

En la reforma precitada se omitió la frase «elevada al año», consecuentemente este párrafo resulta contradictorio con el contenido del mismo, por lo que para su debida aplicación se considera necesario redactarlo en los términos originalmente aprobado para señalar que el monto máximo por gastos de ejecución será el de la UMA elevada al año.

Se destaca que tiene la finalidad de otorgar certidumbre jurídica a los administrados respecto de los límites de actuación de los servidores públicos; precisar facultades de autoridades fiscales para el fortalecimiento de la Hacienda Pública y favorecer la administración de los recursos públicos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

Con la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, se instaló la Diputación Permanente, órgano de habrá de funcionar durante el primer receso y que comprenderá del 1 de febrero al 30 de abril del presente año.

De esta manera este órgano legislativo quedó integrado por el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente; la legisladora María Graciela Hernández Iñiguez, vicepresidenta y la diputada Érika Ayala Ríos, secretaria. En las vocalías están las diputadas y diputados Adriana Paola Linares Capitanachi, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Raymundo Andrade Rivera, Henri Christophe Gómez Sánchez, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Ivonne Trujillo Ortiz y Florencia Martínez Rivera.

Asimismo, en carácter de sustitutos, las diputadas y diputados María Esther López Callejas, María Josefina Gamboa Torales, Jorge Moreno Salinas, Wenceslao González Martínez, Adriana Esther Martínez Sánchez, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Cristina Alarcón Gutiérrez, Rodrigo García Escalante, Juan Manuel de Unánue Abascal y Ana Miriam Ferráez Centeno.

A las 17:13 horas fue declarada legalmente instalada esta instancia legislativa. De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo la Diputación Permanente estará compuesta por el cuarenta por ciento del total de los integrantes del Congreso, de los cuales la mitad actuará como propietarios y los demás como sustitutos.

Además señala que funcionará durante los recesos del Congreso y, en el año de su renovación, hasta la instalación del sucesivo, debiendo integrarse proporcionalmente según el número de diputados pertenecientes a los diversos Grupos Legislativos.

El presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, concluyó la sesión y citó a la primera ordinaria para el jueves 13 de febrero a las 11:00 horas, en la sala de sesiones Venustiano Carranza.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de enero por la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Deisy Juan Antonio, que reforma la Ley de Salud del Estado, cuyo propósito es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Salud, derivado de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El dictamen, aprobado con 33 votos, refiere que esta reforma es para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas, ante lo cual es indispensable reconocer la implementación del nuevo régimen de prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.

Asimismo, para evitar una invasión de competencias a las facultades propias del Congreso de la Unión, respetando en todo momento lo ordenado en la Ley General de Salud, siendo necesaria la derogación de diversos artículos de la ley de Salud estatal que indebidamente regulan lo denominado como Seguro Popular.

De esta manera se establece que, en los términos de la Ley General y la estatal de Salud, corresponde al Gobierno del Estado proporcionar en forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, conforme a los convenios de coordinación que celebre con la Federación.

El Sistema Estatal de Salud tiene como objetivo proporcionar, servicios de salud universal en el Estado a todas las personas sin seguridad social, y mejorar la calidad de los mismos atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios de la entidad y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas.

El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Salud (SS), coordinará los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y celebrará con la Federación, los convenios de coordinación necesarios para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.

Asimismo, la SS también operará, en coordinación con las demás autoridades estatales competentes, los convenios de coordinación que celebre el titular del Poder Ejecutivo del Estado con la Federación para este fin.

La reforma refiere que el titular de la Secretaría de Salud nombrará una comisión integrada por médicos epidemiólogos de esa institución, quienes estarán atentos en todo tiempo a los acontecimientos epidemiológicos que se susciten en la entidad, para determinar y, en su caso, emitir conjuntamente con la Federación, la solicitud al Ejecutivo Estatal, para que emita una declaratoria de emergencia, fundada y motivada, en situaciones de emergencias epidemiológicas que se presenten en el Estado.

Por otra parte, se establece que conforme a las prioridades del Sistema Estatal de Salud y a los convenios de coordinación, se garantizará la extensión progresiva, universal, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población que se encuentra en el país que no cuenta con seguridad social.

Para la organización y administración de los servicios de salud, se definirán criterios de regionalización y de escalonamiento de los servicios para lograr progresivamente la universalización del acceso a servicios de salud integrales.

Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos los referentes a la disponibilidad y otorgamiento de medicamentos y material de curación en todos los niveles de atención a la población, con base en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud elaborado por el Consejo de Salubridad General aplicable al sector salud y en los catálogos de la institución proveedora del servicio; disponibilidad de sangre a través de puestos de sangrado y centros de transfusión en hospitales de segundo y tercer nivel, así como de alta especialidad y cualquier otro insumo esencial para la salud.

También, la atención médica integral, que comprende las actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Son servicios públicos a la población en general, los que se presten en los establecimientos públicos de salud, a las personas que se encuentren en el Estado sin seguridad social que así lo requieran, seguidos por criterios de universalidad, igualdad e inclusión y de gratuidad al momento de requerir los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 46 votos, sin abstenciones o votos en contra, que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con fiscales especializadas para investigar y perseguir los delitos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar, en caso de que la víctima sea niña o mujer, y que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) forme, actualice y especialice a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, entre otros.

El dictamen respectivo, derivado de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz, presentada por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, fue analizado, discutido, firmado y emitido por las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Procuración de Justicia y puesto a consideración del Pleno.

De acuerdo con el dictamen, aprobado durante la Octava Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la reforma a la fracción II del artículo 19 Bis de la referida Ley establece que corresponde a la FGE contar con fiscales especializadas que realizarán sus funciones bajo los principios de perspectiva de género y debida diligencia.

Además deberán cumplir, como mínimo, los requisitos de ingreso y permanencia que establecen las leyes aplicables, tener el perfil que establezca la FGE en el Reglamento respectivo y acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización correspondientes.

También estarán dotadas de los recursos humanos, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contemplarse personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

Las fiscales especializadas, así como el personal ministerial, policial, pericial y psicosocial que las apoyen, deberán contar con la capacitación y actualización especializada que determine la FGE, conforme a los más altos estándares internacionales acreditables en derechos humanos, perspectiva de género, sensibilización y atención a mujeres víctimas de violencia y aplicación de protocolos de investigación de los delitos de violencia contra mujeres, entre otros.

Además, la FGE contará con una Unidad de Análisis para la investigación de los delitos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar, en caso de que la víctima sea niña o mujer. La cual deberá estar integrada con los equipos multidisciplinarios de análisis e investigación necesarios.

Respecto de la reforma a las fracciones I, III y VII del artículo 19 Ter, queda establecido que corresponde al TSJE formar, actualizar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y sensibilización respecto al trato a mujeres víctimas de violencia.

Se precisa entre sus competencias instaurar una cultura de igualdad y no discriminación, libre de estereotipos de género, de roles y lenguaje sexista y emitir sus resoluciones con base en los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz, en Tratados Internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, en la jurisprudencia internacional en la materia y bajo los principios de perspectiva de género, debido proceso y acceso a la justicia.

En el artículo segundo transitorio, se señala que la FGE deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y los ajustes administrativos y presupuestarios necesarios para el cumplimiento de estas determinaciones, en un plazo no mayor a 120 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Señala el tercero transitorio que la FGE designará a las fiscales especializadas referidas y les asignará los recursos mencionados para su operación de acuerdo con su presupuesto asignado, de manera progresiva y de conformidad con un plan programático, iniciando en los municipios con mayor incidencia en los delitos de su especialidad, hasta que se cuente con la designación de las fiscales en los 212 municipios del estado a más tardar a diciembre de 2020.

Para el cumplimiento de esto, según el transitorio cuarto, la FGE podrá utilizar el personal y la infraestructura de las actuales Fiscalías Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, para lo cual, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, deberá crear las fiscalías necesarias para el conocimiento de los delitos contra niñas y niños de trata de personas.

Dichas fiscalías especializadas seguirán conociendo las investigaciones ministeriales vigentes por los delitos contra niños y de trata de personas, hasta que la FGE cree las fiscalías necesarias para el conocimiento de estos delitos.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, remitido
por la Comisión Permanente de
Transporte, Tránsito y Vialidad, por el que se adiciona un último párrafo al
artículo 92 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz,
mediante el cual quedan exentos del pago de parquímetros personas con
discapacidad cuyos vehículos porten placas o calcomanías conforme lo indica la
Ley.

Con 48 votos a favor fue aprobado este dictamen, resultado
de la iniciativa presentada el pasado 23 de enero por el diputado Rubén Ríos
Uribe, del Grupo Legislativo Morena y a la cual se adhirieron los Grupos
Legislativos de Morena, del Partido Acción Nacional, Mixtos Del Lado Correcto
de la Historia y Partido Revolucionario
Institucional-Partido Verde Ecologista de México.

Los municipios de Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Orizaba,
entre otros, cuentan con el servicio de parquímetros, por lo que esta reforma
garantiza el interés superior de las personas con discapacidad, protegiendo con
ello, su integridad física, pero en especial, buscando mayores condiciones con
miras de una inclusión social efectiva.

Lo cual va en concordancia a lo establecido dentro del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 Reducción de las Desigualdades de la
Agenda 2030.

En sus transitorios destaca que una vez iniciada la vigencia
del presente decreto concede un plazo de 90 días naturales para que los
Ayuntamientos realicen las adecuaciones correspondientes al mismo.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos, ambos para el Estado de Veracruz.

En la Iniciativa, se propone la reforma del artículo 73 fracción VII del Código, con la finalidad de precisar que los sujetos obligados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos deben dictaminarse, no así el Impuesto sobre Hospedaje, lo cual brindará, se señala, certidumbre jurídica a los contribuyentes que son sujetos de dichos impuestos.

Con la reforma propuesta del artículo 104 fracción III del Código se faculta a las autoridades fiscales estatales para emitir las Reglas de Carácter General a las que deberá sujetarse la elaboración del dictamen que presenten los contadores públicos autorizados y que “es esencial para otorgar certeza jurídica a sujetos obligados de dicho impuesto”.

Respecto a los artículos 151 fracción XI y 152 primer párrafo del mismo Código, que hacen referencia a los servicios catastrales que presta la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), cuando en realidad -se señala- la dependencia que los proporciona es la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob), por lo que, esta reforma es una precisión para los administrados con la finalidad de brindarles mayor certeza jurídica respecto de los trámites que deban realizar en materia de catastro.

De conformidad con el artículo 14 del Código Financiero, los aprovechamientos son: los ingresos que percibe el Estado en sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones federales, de las aportaciones e ingresos federales coordinados, así como los que obtienen los organismos de la administración pública paraestatal del Estado.

Se propone, en la Iniciativa, la reforma al artículo 153 apartado B, segundo y último párrafo para establecer que los ingresos que se recauden por la venta de certificados holográficos se destinarán al Fondo Ambiental Veracruzano en el porcentaje establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, además en el último párrafo se precisa el nombre del Fondo Forestal Estatal que se encuentra establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

También se plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 194 del Código para disponer que las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos estatales, deberán reintegrar a la Sefiplan, dentro de los 10 días hábiles siguientes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, los recursos públicos estatales que no hayan sido devengados.

Lo anterior, porque los recursos entregados se vinculan con los resultados esperados, por lo cual al asignar los recursos, los entes públicos no pueden dejar de cumplirlas, pero tampoco pueden rebasar las asignaciones aprobadas en sus respectivos presupuestos, ni utilizarlos para otros fines, salvo que cuenten con autorización correspondiente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Propone también, la reforma del artículo 193 tercer párrafo del Código de Procedimientos Administrativos precitado, porque éste fue reformado el 19 de diciembre de 2017, en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en el número extraordinario 504, para cambiar la referencia a salarios mínimos por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en su tercer párrafo decía equivalente al salario mínimo general vigente elevado al año.

En la reforma precitada se omitió la frase «elevada al año», consecuentemente este párrafo resulta contradictorio con el contenido del mismo, por lo que para su debida aplicación se considera necesario redactarlo en los términos originalmente aprobado para señalar que el monto máximo por gastos de ejecución será el de la UMA elevada al año.

Se destaca que tiene la finalidad de otorgar certidumbre jurídica a los administrados respecto de los límites de actuación de los servidores públicos; precisar facultades de autoridades fiscales para el fortalecimiento de la Hacienda Pública y favorecer la administración de los recursos públicos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

La LXV Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el Artículo 153 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de elevar las multas a quienes conduzcan un vehículo en estado de ebriedad, derivado de la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).

El dictamen de reforma a los incisos a) y b) de la fracción III de dicho artículo fue puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, y aprobado con 50 votos, durante la Décima Tercera Sesión Ordinaria, última del primer período ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Se mantiene en el ordenamiento que el acto por medio del cual se impongan multas deberá estar fundado y motivado y se aplicará en Unidades de Medidas y Actualización (UMA) y que deberán graduarse en leves, graves, muy graves y especiales.

Las catalogadas como muy graves, es decir, cuando además de poner en peligro la vida o la integridad física, se ocasionen daños a más de una persona o se afecte la vía pública o la infraestructura urbana, mantiene la sanción de 31 a 40 UMAs; sin embargo, por dicha actualización, quien conduzca en estado de ebriedad se hará acreedor a una multa de 80 a 115 UMAs.

Destaca en el Dictamen que, en relación con la mortalidad, el alcohol sigue siendo la sustancia adictiva de mayor consumo, siendo la primera causa de muertes violentas en la población juvenil. En 2012, de cada 100 conductores jóvenes involucrados en accidentes de tránsito, 12 estaban bajo los efectos del alcohol.

Además, México ocupa el séptimo lugar en el mundo en la lista de países que presentan mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito y la segunda posición en América Latina, según la tasa de fallecidos por cada 100 mil habitantes. Anualmente, el país registra más de 24 mil muertes generadas por lesiones en el tránsito, por lo que es la primera causa de muerte en la población de 5 a 34 años de edad.

Quedó asentado en el dictamen que la Comisión dictaminadora coincide con la propuesta del iniciante, ya que “resulta necesario acrecentar las multas a aquellos conductores que bajo la influencia del alcohol operan vehículos automotores, con la finalidad de crear esa conciencia en las y los veracruzanos”.

El segundo transitorio indica que el Ejecutivo estatal deberá emitir, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto, las disposiciones reglamentarias que correspondan.

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propone que las y los legisladores, federales y locales, no sean reelectos para el periodo inmediato posterior, y después de ese periodo, puedan ser electos sólo para un periodo más.

El legislador del distrito XIX de Córdoba, dijo que la reforma también aplicaría para las y los Presidentes Municipales, regidores y síndicos, no siendo violatoria de los derechos políticos, toda vez que no tendrán prohibido presentarse para cualquier otro cargo de elección popular.

“Poner límites a un derecho, no es negarlo y la Constitución no puede ser inconstitucional, por lo que el derecho a votar y ser votado en las elecciones se mantiene intacto”, abundó.

El legislador señaló que la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el resultado de la apreciación de la ciudadanía respecto al principio de no reelección, siendo una de las instituciones más arraigadas en la cultura política popular del Siglo XX.

“Tener el valor de apoyar una iniciativa implica coherencia con la autoproclamada adherencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al pensamiento de Francisco I. Madero. Coherencia para quienes son oposición, que han cuestionado el apego de la Cuarta Transformación con los principios no reeleccionistas”, finalizó.

La iniciativa con Proyecto de Decreto fue enviada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales para su estudio y dictamen correspondiente.

La diputada Érika Ayala Ríos, del Grupo Legislativo PRI-PVEM, presentó una iniciativa de decreto que reforma los artículos 190, 190 bis y 190 ter del Código Penal para el Estado de Veracruz, la cual propone un aumento a las penas de prisión en los delitos de acoso y hostigamiento sexual.

Asimismo, plantea incluir como una agravante de las sanciones privativas de libertad, los delitos que se cometan en contra de personas que no tengan capacidad para comprender el significado de los mismos, a fin de garantizar su mayor protección, reforzar la prevención y propiciar la inhibición de los delitos mediante sanciones más severas, en ruta de la erradicación.

En su exposición de motivos, la legisladora abundó que para el delito de acoso sexual, en su modalidad genérica, se propone incrementar la pena de uno a cuatro años de prisión y para cuando existan agravantes de dos a ocho años.

Del mismo modo, continuó Ayala Ríos, para el caso de hostigamiento sexual la pena en su modalidad genérica, el incremento estaría a razón de dos a cinco años de prisión, en tanto que para el delito agravado sea de tres a ocho años, con lo que se elevaría en un año, la pena mínima que actualmente tiene.

Asimismo puntualizó que, tanto en acoso como en hostigamiento sexual, la única condición que hace posible incrementar las sanciones privativas de libertad es cuando los delitos son agravados y no genéricos, es decir, que la víctima sea menor de 18 años o que la víctima no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

Por lo anterior, añadió, “dado el interés de salvaguardar los derechos humanos de las personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho de que se actualizan las conductas típicas de acoso sexual y hostigamiento sexual, estimamos necesario incorporar esa circunstancia como agravante de la pena en ambos delitos”, persiguiéndose de oficio y no por querella.

Señaló que esta iniciativa tiene su origen a partir de las constantes denuncias, principalmente de niñas, mujeres y adolescentes que son víctimas de acoso y hostigamiento sexual, siendo este sector el más vulnerable, existiendo un constante ejercicio abusivo de poder por parte del agresor.

Por lo anterior, indicó, hay una enorme preocupación por parte de las y los legisladores para generar marcos legales más igualitarios y justos garantizando la prevención, sanción y erradicación de las violencias de género que representan la trasgresión a la dignidad de las mujeres, adolescentes y niñas en una incuestionable violación a sus derechos humanos.

“Estamos conscientes de que el incremento de penas no lleva implícita la erradicación de conductas lesivas a los bienes jurídicos tutelados en la ley penal, pero igualmente estamos convencidos de que cualquier esfuerzo que se haga por prevenir, promover, hacer respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, puede contribuir a desalentar, inhibir y disminuir la comisión de esas conductas”, finalizó.

A la presente iniciativa se le adhirieron los Grupos Legislativos Mixto de Acción Nacional Veracruz (ANV), Partido Acción Nacional, Del Lado Correcto de la Historia, Morena, MC-PRD y -a título personal- la diputada Andrea Yunes Yunes. Fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

Este 29 de enero, la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura recibió, de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos, el Informe de Resultados de la nueva valoración a las Cuentas Públicas 2018, en cumplimiento del resolutivo segundo del Decreto 295, aprobado por esta Soberanía el 31 de octubre de 2019.

Correspondió al diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la referida Comisión, recibir este Informe y, a su vez, señaló que la LXV Legislatura, por primera vez en la historia, decidió rechazar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2018, “debido a las inconsistencias encontradas”, agregó.

El legislador agradeció a la Auditora General cumplir el decreto y entregar, en el plazo de los 90 días, esta nueva valoración. “A partir de este momento, la Comisión de Vigilancia dictaminará y someterá al Pleno del Congreso, para su discusión y aprobación, el resultado final de las Cuentas Públicas 2018”.

Asimismo, externó su reconocimiento a las diputadas y diputados de los distintos grupos legislativos su compromiso e interés en la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Por ende, informó que, a partir de este día, dicha información es totalmente pública y, para cumplir con los principios de máxima publicidad y transparencia, deberá estar disponible en el portal de internet del Orfis para consulta de la sociedad veracruzana.

Tras realizar un recuento de las acciones efectuadas en esta nueva valoración, la auditoria Delia González dijo que en México y especialmente en Veracruz ha iniciado una transformación, a fin de que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, sea una realidad, “donde la ley se aplique sin distingo alguno, terminando con la impunidad que tanto daño ha generado al país”.

Subrayó que la nueva valoración a la Cuenta Pública 2018 tuvo su origen en la determinación del Congreso del Estado de no aprobarla, al considerar que no existían elementos suficientes que dieran certeza, teniendo como consecuencia que se rechazaran los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo que se había presentado el 25 de septiembre de 2019.

También refirió que este hecho implicó una planeación inmediata y eficiente para llevar a cabo la ejecución de los trabajos encomendados, toda vez que el plazo improrrogable otorgado para efectuar esta importante labor fue un reto. “Se recurrió al propio capital humano del ente fiscalizador, servidores públicos a los que quiero agradecer y reconocer el gran esfuerzo y profesionalismo con el que se condujeron aportando su experiencia y dedicación”.

Manifestó que esperarán la determinación del Pleno de la LXV Legislatura para continuar el proceso establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “lo que nuevamente representará un importante compromiso pues el proceso será concurrente con la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, pero el mismo se afrontará con la confianza de que el Orfis cumplirá en términos de ley”.

A este acto asistieron las diputadas y diputados Mónica Robles Barajas, secretaria de la Comisión de Vigilancia, así como Deisy Juan Antonio, Henri Christophe Gómez Sánchez, Érika Ayala Ríos, Florencia Martínez Rivera, Wenceslao González Martínez, Bingen Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Alexis Sánchez García, Rodrigo García Escalante y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, como vocales.

Cabe señalar que, al recibir esta nueva valoración y con fundamento en el resolutivo segundo del Decreto 295, la Comisión de Vigilancia tiene 15 días hábiles para elaborar el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de reforma a la fracción VII del artículo 22 y la fracción XI del artículo 77 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, con lo que queda establecida la prohibición de instalar, en la vía pública, boyas, topes, piedras, o cualquier objeto, sin permiso de la autoridad competente, así como colocar publicidad o fijar objetos para apartar áreas de estacionamiento o invadir la arteria vial o banqueta ubicada afuera de lotes, viviendas, comercios u oficinas.

Este dictamen, resultado de la iniciativa que presentó el 31 de julio de 2019 por el diputado Ricardo Arturo Serna Barajas, registró 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Asimismo, se establece en la ley que los conductores tendrán la obligación de no obstruir la circulación de otros vehículos y de las personas, así como abstenerse de invadir las áreas de rodamiento o las zonas reservadas para el paso peatonal o las entradas y salidas de cocheras.

La Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, instancia dictaminadora, señala en el dictamen su coincidencia con el autor de la propuesta, ya que se busca que los peatones y automovilistas puedan convivir y para ello es necesario normas que armonicen los derechos y libertades comunes de todos.

Refiere que el problema se presenta cuando los propietarios de vehículos invaden las áreas exclusivas de peatones u obstruyen las salidas de cocheras de las viviendas o comercios y, a su vez, las personas invaden las áreas destinadas para el libre tránsito vehicular o el espacio permitido para el estacionamiento público.

Siendo común –expone- el apartado de lugares para estacionamiento con diversos objetos o también, se opta por la colocación de anuncios afuera de comercios o incluso se colocan rocas u objetos fijos a las afueras de viviendas sin el permiso de la autoridad correspondiente.

La diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado, con lo que se pretende armonizar esta legislación a lo dispuesto en la General, a fin de generar un enfoque de atención primaria con énfasis en prevención y diagnóstico temprano del cáncer pediátrico.

Al participar, durante la décima segunda sesión ordinaria, la legisladora recordó que en abril de 2019, las y los diputados de su grupo parlamentario en el Congreso de la Unión presentaron la iniciativa que expide la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, misma que fue aprobada por unanimidad en diciembre de ese año.

De este modo, se prevé adecuar la legislación estatal a la federal, expuso la diputada, quien agregó que este decreto parte de reconocer instituciones que actualmente ya están en funciones, otorgando a su vez nuevas facultades a las autoridades del estado para que, de manera coordinada con el gobierno federal, se establezcan los mecanismos eficientes para lograr la correcta identificación y atención del cáncer infantil.

En su iniciativa, la diputada del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) propone la creación de una Red Estatal de Apoyo contra el Cáncer Infantil, con el objetivo de que en cada centro de atención de primer nivel se cuente con un módulo especializado capacitado para referenciar, a los menores beneficiarios de esta ley, a la unidad médica acreditada más cercana.

Lo anterior, siempre que se tenga sospecha de cáncer infantil, así como para brindar información sobre las organizaciones de la sociedad civil a que puede acudir en su localidad para encontrar grupos de apoyo y una mayor información sobre la enfermedad.

A su vez, plantea la creación del Registro Estatal para el Cáncer Infantil, con el propósito de llevar en tiempo real el registro sobre el diagnóstico, seguimiento y evolución del tratamiento del paciente, con la información que permita una atención de calidad y la realización de estudios científicos.

De igual forma, se considera la creación de un Fondo Estatal destinado a financiar a los beneficiarios que no cuenten con los recursos para trasladarse a la unidad médica acreditada, con el fin de confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento.

La diputada Yunes Yunes, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia en el Congreso del Estado, puntualizó que este Fondo serviría también para financiar, total o parcialmente, programas y proyectos que se encuentre exclusivamente relacionados con la investigación, estudio, evaluación, promoción, desarrollo de iniciativas para la prevención, vigilancia y pesquisa del cáncer.

Indicó que se impondría la obligación a las autoridades para que, desde el momento en que se tenga la presunción de cáncer, se autoricen todos los estudios correspondientes hasta confirmar su diagnóstico, y la de remitir en un plazo de máximo 24 horas a la unidad médica acreditada, cuando el diagnóstico no sea posible de realizarse en el primer centro de contacto con el beneficiario.

La iniciativa, que plantea adicionar el capítulo VI Bis al artículo 68 de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos del PAN, Acción Nacional Veracruz (ANV), PRI-PVEM, Movimiento Ciudadano-PRD y Morena.

Con el objeto de garantizar la vinculación de futuras generaciones en la participación social y democrática del estado, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Veracruz, la cual tiene como propósito establecer que al menos el 30 por ciento de los candidatos a diputados y ediles cuenten con un máximo de 30 años de edad.

Al intervenir durante la décima segunda sesión ordinaria, la diputada del Grupo Legislativo de los partidos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática (MC-PRD), subrayó que, sin importar género, edad, religión o postura política, cada persona que habita en territorio veracruzano importa y debe ser tomada en cuenta. “Pero si hablamos de construir un país que les dé oportunidades a los jóvenes, es necesario que en los gobiernos estatal y municipal y en el Congreso del Estado, tengan una representación”, abundó.

La legisladora afirmó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017, el 28.6 por ciento de los electores en México, alrededor de 25.4 millones, son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Sin embargo –destacó- existen pocos instrumentos que brindan información objetiva sobre los niveles de participación social, política y económica de estos jóvenes.

Detalló que si bien algunos partidos políticos cuentan con grupos o frentes juveniles, el lugar que ocupan en éstos son de estructura de apoyo, “los jóvenes fungen como asesores, coordinadores de campaña, como atractivo para los jóvenes votantes; mas no como candidatos y si los llegan a registrar como candidatos, su postulación ha sido muy mínima de acuerdo con la representación que hoy día tienen”.

Expuso que el panorama que vive actualmente México con respecto a la política es de apatía y desencanto, no solo por parte de los jóvenes sino por una gran parte de la sociedad.

Asimismo, indicó que la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, arrojó que casi el 90 por ciento de los jóvenes encuestados reportaron estar poco o nada interesados por la política.

De acuerdo a la iniciativa de la diputada Trujillo Ortiz se plantea señalar que las listas de representación proporcional para diputados y ediles, se integren, por lo menos, con el treinta por ciento con candidaturas de menores de treinta años de edad cumplidos al día de la elección, respetando la alternancia de género.

Los partidos políticos podrán sustituir libremente a sus candidatos dentro del plazo establecido para su registro, debiendo observar las reglas, el principio de paridad entre los géneros y la cuota de jóvenes establecidos, añade.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad.

Se adhirieron a la iniciativa los integrantes de los Grupos Legislativos de Movimiento Ciudadano-PRD, PRI-PVEM y Del Lado Correcto de la Historia.

El diputado Eric Domínguez Vázquez y las legisladoras Mónica Robles Barajas y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidente, secretaria y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura, recibieron la comparecencia de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), Delia González Cobos, correspondiente al ejercicio 2019.

En la última de las comparecencias del periodo señalado, presentadas por los órganos autónomos del Estado para dar cumplimiento a lo establecido en los artículo 40 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 153 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, la titular del Orfis dio a conocer las actividades realizadas por éste, de acuerdo con los artículos 67, fracción III de la Constitución Política Local y 88 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

El informe fue presentado y pormenorizado por la Auditora en cuatro temas principales. El primero incluyó aspectos relacionados con la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2018, destacando en este rubro lo relativo a la planeación, programación y ejecución de mil 467auditorías y 180 revisiones a un total de 328 entes fiscalizables.

Estas acciones se ejecutaron en 741 auditorías financieras-presupuestales, 627 auditorías técnicas a la obra pública, 75 auditorías de deuda pública y obligaciones, 16 solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación, cuatro auditorías de legalidad y cuatro auditorías sobre el desempeño, así como 155 revisiones en materia de deuda pública y obligaciones de municipios y 25 evaluaciones de participación ciudadana.

Derivado de lo anterior, añadió la funcionaria, se emitieron los correspondientes pliegos de observaciones y, en su momento, se entregaron a la Comisión de Vigilancia del Congreso local el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales.

Respecto al seguimiento de las cuentas públicas del ejercicio 2017, el Orfis notificó a los órganos internos de control de 340 entes fiscalizables las tres mil 140 observaciones de carácter administrativo y dos mil 019 recomendaciones derivadas de éstas, para que continuaran con la investigación respectiva y promovieran las acciones que procedieran.

En cuanto a las observaciones de presunto daño patrimonial correspondientes a la Cuenta Pública 2017, se instruyeron 129 procedimientos de investigación para la determinación de responsabilidades administrativas.

En el segundo tema, relativo al Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables, mencionó las herramientas tecnológicas desarrolladas con el objeto de facilitar a los entes fiscalizables municipales, el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Destacó el Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (Sigmaver), que actualmente utilizan 204 ayuntamientos, 15 entidades paramunicipales y seis organismos, el Sistema de Información Municipal de Veracruz (Simver), el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (Comver), la plataforma virtual del Sefisver, el portal Modelo de Transparencia; la aplicación de Mapas de Cumplimiento y el ORFISMóvil.

A éstas añadió diversos documentos para fortalecer la gestión de los entes fiscalizables, como el Manual para la Gestión Pública Municipal 2019, los Calendarios de Obligaciones Municipales 2019 y 2020, el Programa de Calidad en la Atención Ciudadana y la Guía Comver, que es una herramienta para la transparencia y rendición de cuentas.

En el tercer apartado, detalló los trabajos realizados por el Orfis como integrante del Sistema Nacional de Fiscalización, del Sistema Estatal Anticorrupción, de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental AC (Asofis) y del Grupo Regional Centro Golfo, así como la participación en foros, congresos, asambleas, coloquios, seminarios y reuniones de trabajo.

Además, 12 jornadas de capacitación impartidas a cinco mil 676 servidores públicos estatales y municipales, con la participación de presidentes municipales, síndicos, regidores y ciudadanos que integran los diversos Consejos y Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y de Contraloría Social; a esto sumó las actividades realizadas con estudiantes y docentes.

En el cuarto segmento, González Cobos presentó los aspectos relativos al estado que guarda la gestión interna del órgano. Entre las acciones realizadas al respecto, enumeró 38 audiencias con presidentes municipales, cuatro con síndicos, 12 con regidores, una con secretarios de ayuntamiento, 30 audiencias individuales y dos reuniones plenarias con contralores municipales, 10 con tesoreros municipales, 23 con servidores públicos del Poder Ejecutivo estatal, 30 con miembros del Poder Legislativo federal y estatal, cinco con organismos autónomos del estado de Veracruz, cuatro con órganos jurisdiccionales, 16 con despachos y 64 con particulares.

Mencionó también la firma de convenios: de Coordinación y Colaboración en Materia de Revisión y Fiscalización Superior, Investigación, Notificación, Asesoría e Intercambio de Información de la Coordinación Regional Centro Golfo, de la Asofis y la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de Colaboración con el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), y de Coordinación y Colaboración con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el Marco del VIII Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior, celebrado en Campeche.

Junto con esto, la realización de tres reuniones con los Colegios de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, con los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos y las acciones para el fortalecimiento de la relación entre la ASF y el Orfis.

Delia González informó de las reuniones que ha tenido con personal de la Contraloría General del Estado y de la Secretaría de Fiscalización del Congreso, a fin de coordinar acciones en el proceso de fiscalización superior y optimizar el desarrollo de las atribuciones respectivas.

Asimismo, comentó que, en diciembre pasado, encabezó una reunión de trabajo a la que fueron convocados exclusivamente presidentes municipales, con la intención de informarles las principales obligaciones derivadas de la normatividad que los rige, a la que asistieron 134 ediles.

Al señalar que la transparencia es la mejor aliada de la democracia, indicó que un objetivo del Orfis es involucrar a la sociedad para participar activamente en la evaluación del ejercicio y correcto uso de los recursos públicos. Para este propósito, desde diciembre de 2019, en la línea Díselo a la Auditora, la población pueden presentar quejas y denuncias al teléfono 800-00-ORFIS (67347).

La Auditora General del Orfis concluyó manifestando que dentro de las medidas que se están en implementación se encuentran la optimización de recursos y la aplicación de una política de austeridad a través de la racionalización y mejor aplicación del gasto, focalizándolo en la atención de las actividades sustantivas de la institución, proceso que irá acompañado de una reestructura organizacional acorde con los tiempos actuales.

“En Veracruz las reformas legales no se imponen, se acuerdan con el pueblo al que servimos obedeciéndolo”, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, al asistir al séptimo de los Encuentros por la Igualdad y No Discriminación-Hacia un Código Civil más incluyente.

Durante el inicio de los trabajos realizados en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, el legislador agradeció la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; de la diputada federal Dorheny García Cayetano; del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, diputado Rubén Ríos Uribe; del presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, de los ponentes y de representantes de diversos sectores sociales y distintos ámbitos.

Dijo que se trata de “un ejercicio de reconocimiento a lo que la sociedad nos tiene que decir, es atender a las expresiones de todas y todos, con respeto y tolerancia, con inclusión a las diversidades étnicas, con garantía a las libertades religiosas y más tratándose de un tema tan sensible como el Código Civil, un ordenamiento que regula temas tan delicados para el ser humano como la familia, los Derechos de las mujeres y el bienestar de las niñas y los niños, un Código que es heredero de una tradición jurídica milenaria.

“Si lo hacemos así, es más fácil avanzar por el difícil camino que nos lleva a las leyes justas, orientados por los expertos en la materia, acompañados por el Gobierno de México, por las Naciones Unidas y, desde luego, por los protagonistas del quehacer social. Que este intercambio sea por el bien de Veracruz, un estado de leyes justas”, concluyó.

La organizadora de estos foros y proponente de la iniciativa de reforma al Código Penal, diputada Mónica Robles Barajas, agradeció al subsecretario Encinas “la presencia, el respaldo, la congruencia y la convicción de tantos años, como un personaje que es parte de la historia política de nuestro país y que será parte de la historia del cambio que estamos haciendo en el estado de Veracruz”.

A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que esta iniciativa abonará al ejercicio de los derechos, que cumple no solamente con los estándares internacionales en la materia, sino que, reconoce la realidad de una sociedad que se ha venido transformando en los últimos años, abriendo espacio al ejercicio pleno de las libertades y los derechos”.

Dijo que “si bien son atendibles las preocupaciones de sectores que, a lo largo de muchos años, se han expresado en contra del derecho de las personas que desean libremente ejercer su libertad no solamente para contraer matrimonio, sino para el libre desarrollo de su personalidad, para ejercer libremente su sexualidad y sus convicciones personales éticas, lo más importante es que el Código abre un espacio de reflexión para consolidar los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones”.

En su intervención, la diputada federal Dorheny García Cayetano, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Unión, manifestó el respaldo a la iniciativa que –consideró- responde a necesidades reales de personas que de hecho viven y han vivido sin el reconocimiento de sus derechos, por ello dijo celebrar la realización de estos foros para llegar a acuerdos que sirvan al avance en materia de derechos de la sociedad veracruzana.

Estuvieron presentes las diputadas Deisy Juan Antonio, Adriana Paola Linares Capitanachi, Rosalinda Galindo Silva, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Cristina Alarcón Gutiérrez, Margarita Corro Mendoza, Jessica Ramírez Cisneros y Vicky Virginia Tadeo Ríos, así como los diputados Amado Jesús Cruz Malpica, León David Jiménez Reyes, Raymundo Andrade Rivera, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, José Magdaleno Rosales Torres y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, y el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá.

Al término de las ponencias, las y los asistentes contaron con un espacio para intercambiar impresiones y dialogar con las y los integrantes del presídium, quienes ampliaron la información y respondieron cada una de sus comentarios, preguntas e inquietudes.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, diputado Rubén Ríos Uribe, recibió en las instalaciones de este Poder al vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, con quien entabló un diálogo respetuoso sobre el análisis de las reformas al Código Civil de la entidad.

En primera instancia, el legislador Ríos Uribe se pronunció por generar, entre las partes interesadas en la reforma, un diálogo respetuoso y tolerante, que además privilegie la argumentación legal en la construcción de un marco jurídico acorde a las necesidades reales de Veracruz.

Con la participación de los coordinadores de los Grupos Legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y Del Lado Correcto de la Historia, diputados Omar Miranda Romero y Gonzalo Guízar Valladares, respectivamente, el diputado Rubén Ríos destacó que las citadas reformas deberán hacerse en un marco de inclusión, escuchando a las partes interesadas, pero sobre todo –indicó- atendiendo los derechos humanos, establecidos en la Constitución General y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

“Es necesario atender lo que establece la Constitución y los Tratados a fin de generar los mecanismos que eviten la no discriminación, por orientación sexual, de las y los ciudadanos”, abundó.

Precisó que las puertas del Congreso de Veracruz siempre están abiertas al diálogo, pero éste siempre deberá ser apegado a legalidad y respetando las ideologías de cada grupo.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos exhortó a los ayuntamientos del estado a cumplir su obligación en materia de transparencia y acceso a la información pública, y señaló que, de acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), casi la mitad de éstos no cuentan con un portal de transparencia, los que lo tienen no cumplen con los criterios mínimos y muchos ni siquiera publican nada.

Al presentar su exhorto, aludió lo dispuesto por los artículos 4, 9 fracción IV, 11 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre ambos para el estado de Veracruz, el integrante del Grupo Legislativo de Morena reconoció entre los propósitos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de acceso a la información pública, que se conozca la actuación de la autoridad pública y que se transparente el manejo de recursos.

En dicho sentido, dijo, de nada sirve que alguna autoridad maneje y gaste los recursos públicos de manera legal si no transparenta dicho manejo y gasto, es decir, que es igual de importante que el poder público actúe legalmente como que transparente su actuación.

Citó el mencionado artículo 30, el cual dispone que las actas y los acuerdos de las sesiones de Cabildo deben ser publicados en la página de transparencia municipal y en la tabla de avisos.

Refirió también el inciso h) de la fracción II del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, que establece como obligación específica de los ayuntamientos poner a disposición pública las referidas actas de sesiones de cabildo y sus anexos.

Además recordó que la fracción IV del artículo 9 la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado prevé como sujetos obligados a los ayuntamientos y a los concejos municipales, los cuales, de acuerdo con el artículo 11, también están obligados a hechos concretos.

Entre dichas obligaciones, se encuentran: constituir el Comité y las Unidades de Transparencia Municipal y vigilar su correcto funcionamiento, designar a los titulares de las Unidades de Transparencia Municipal y nombrar a los servidores públicos que las integren, así como publicar, actualizar y mantener disponible, de manera proactiva, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere esta Ley y, en general, toda aquella que sea de interés público.

En virtud de esto, el legislador pidió que los ayuntamientos del estado constituyan el Comité y la Unidad de Transparencia de su respectivo municipio y que vigilen su correcto funcionamiento, designen a la o al titular de la Unidad de Transparencia y nombren a los servidores públicos que la integren.

Asimismo, que publiquen, actualicen y mantengan disponible, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que, en términos de la normatividad vigente en la entidad, publiquen en su página de transparencia las actas y acuerdos de Cabildo.

Aclaró que con este anteproyecto, “se pretende abonar a la cultura de la transparencia y al acceso de la información pública, como instrumento o llave que busca generar confianza y respaldo ciudadano en la toma de decisiones gubernamentales”.

Vargas Barrientos señaló finalmente que el incumplimiento por parte de las autoridades municipales redunda en opacidad e incertidumbre en el ejercicio del poder público y en el manejo de recursos económicos.

Además, “abona a la corrupción, porque es obvio que la falta de transparencia y el ocultamiento de información pública, no les permite a los ciudadanos participar siquiera u opinar en las decisiones gubernamentales, por lo que, la autoridad de que se trate, seguirá actuando discrecionalmente de acuerdo a sus propios intereses”.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de acuerdo por el cual se autoriza la intervención de la Tesorería del ayuntamiento de Actopan, Veracruz, a fin de supervisar y evaluar que el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, con apego al marco legal que le rige.

Las consideraciones del dictamen señalan que los regidores segundo, tercero, cuarto y quinto, del ayuntamiento de Actopan, solicitaron a este H. Congreso del Estado la intervención de la Tesorería Municipal, toda vez que señalan que desde el inicio de la administración municipal 2018-2021 se ha manejado de manera discrecional la Tesorería.

Dejando de observar la normatividad aplicable para hacer un correcto uso de los recursos públicos municipales, precisa el documento y añade que dichos ediles presentan como medio de prueba diversos oficios dirigidos a entes públicos encargados de la revisión y fiscalización de las finanzas públicas municipales dentro del estado de Veracruz.

Refiere que la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado, a través de la Dirección de Auditoría y Revisión Financiera, y derivado de la Revisión en modalidad de Gabinete, realizada en el periodo de revisión enero –abril 2019, se encontraron 28 observaciones de carácter financiero, las cuales resultaron en recomendaciones para su atención.

Habiéndose otorgado para efecto de solventación de observaciones un plazo no mayor de 30 días hábiles, como lo estipula el artículo 52, último párrafo del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado, sin que a la fecha haya una contestación por parte del área encargada del ayuntamiento de Actopan.

Asimismo, el dictamen precisa que la Dirección de Normatividad, Control y Seguimiento solicitó al titular del Órgano de Control Interno Municipal, un informe en relación con la existencia o inexistencia del procedimiento de entrega-recepción en la Tesorería Municipal, y habiéndose concedido prórroga a petición de dicho Contralor Interno, la misma fue desatendida y el informe solicitado a la fecha no ha sido rendido, por lo que fue necesario emitir un nuevo requerimiento.

Este dictamen registró 33 votos a favor y 13 en contra.

En el debate, participaron la diputada María Josefina Gamboa Torales y el legislador Eric Domínguez Vázquez.

El diputado del Grupo Legislativo de Morena, Rubén Ríos Uribe, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 92 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el estado de Veracruz, que busca exentar, a personas con discapacidad, del pago de parquímetros.

El también presidente de la Mesa Directiva, aseguró que su propuesta pretende que el pago de parquímetros deje de ser un gravamen económico, además de ahorrar tiempo y esfuerzo al realizar el pago a las personas con discapacidad, toda vez, que en algunas ocasiones, las mismas personas con discapacidad son quienes conducen el vehículo, ocasionando un esfuerzo al dirigirse a las máquinas de cobro y regresar al vehículo a dejar su recibo de pago.

Las personas con discapacidad tienen mayores barreras para un desarrollo individual, independiente y digno en todos los ámbitos como lo es en el laboral, escolar, familiar y social, tan solo por citar, dijo el diputado, por lo que requieren aún más esfuerzo para realizar sus actividades cotidianas, además de tener gastos extras referente a sus tratamientos, aparatos ortopédicos, trámites y la atención de diversas necesidades.

“Por lo anterior, esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el interés superior de las personas con discapacidad, protegiendo su integridad física, pero en especial, buscando para ellas mayores condiciones con miras de una inclusión social efectiva”, además, señaló, de ir en concordancia a lo establecido dentro de un de los Objetivos de Desarrollo Sostenible denominado “Reducción de las Desigualdades” de la Agenda 2030.

De esta forma se adicionaría un último párrafo al artículo 92 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para Veracruz, donde quedaría inscrito en la Ley la exención del pago de parquímetros a personas con discapacidad cuyos vehículos porten placas o calcomanías en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 42 de la misma Ley, concluyó Ríos Uribe.

A la iniciativa se adhirieron los Grupos Legislativos del Partido Acción Nacional, Del Lado Correcto de la Historia, Morena y PRI-PVEM y fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su estudio y dictamen.

Para garantizar mayor protección judicial en los ámbitos civil y familiar, el diputado Raymundo Andrade Rivera puso a consideración del Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 6 fracción VII y 15 fracción III, todos de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena habló desde la tribuna durante la Décima Primera Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, para explicar el contenido de su propuesta. Consideró que “en la actualidad, en el estado de Veracruz, el acceso a la justicia presenta una limitación que debemos suprimir”.

Dijo que “la redacción actual del segundo párrafo de la fracción VII del artículo 6 de la Ley de Defensoría Pública establece la condición de que el patrocinio gratuito en materia civil y de procedimientos judiciales no contenciosos no se otorgará a la parte actora en el caso de la reconvención hecha en contestación de demanda”.

Andrade Rivera advirtió que esto significa “un freno normativo, injustificado, que impide o limita la posibilidad del acceso a la justicia, siendo obligación del Estado remover muros que hagan efectiva la protección judicial de los derechos humanos y, en especial, en el tema civil y de familia”.

En virtud de esto, propuso que el Artículo 3 establezca que “la defensoría pública comprende la orientación jurídica y defensa en materia penal, en la de justicia para adolescentes, así como el patrocinio en las materias civil, familiar y mercantil”.

De acuerdo con la reforma al Artículo 6, será atribución del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública del Estado de Veracruz proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en materia civil, familiar y procedimientos judiciales no contenciosos, siempre que, de acuerdo con el estudio socioeconómico que se efectúe, los solicitantes tengan ingresos inferiores al triple del salario mínimo diario general vigente en el área geográfica donde radique el juicio.

La adición al Artículo15 determina que corresponde a los defensores públicos asumir el patrocinio en los asuntos de orden civil, familiar y mercantil, teniendo las siguientes funciones prioritarias prestar los servicios de asistencia jurídica en los términos previstos por esta Ley y demás aplicables, según el área de su competencia.

También, formular las demandas y contestación de las mismas, así como escritos para el desahogo de los juicios que estén encomendados bajo su responsabilidad, ofrecer las pruebas conducentes y formular los alegatos correspondientes, según proceda, a efecto de realizar una defensa conforme a Derecho y, en las audiencias, utilizar los mecanismos para una defensa integral de los asuntos encomendados a su cargo.

Además, auxiliar a su patrocinado en cualquier diligencia y actuación para la eficiente prestación del servicio, notificarse de las resoluciones emitidas por el Juez de la materia, notificar de ellas al solicitante del servicio e interponer oportunamente los recursos pertinentes y promover los juicios de amparo que sean necesarios cuando los derechos humanos de sus representados se estimen violados por alguna autoridad.

Por último, hacer saber a su representado en qué consisten los mecanismos alternativos de solución de controversias y propiciar que el asunto a su cargo, en caso de que proceda, pueda ser resuelto por esa vía en términos de la Ley aplicable y las demás que coadyuven a realizar una defensa conforme a Derecho, que propicie la impartición de justicia pronta y expedita en beneficio de la parte que represente.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia.

A fin de homologar la legislación estatal con la federal en materia de prevención y sanción de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, la diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó una iniciativa para que la violencia digital sea incluida en Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En la Decimaprimera Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la integrante del Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV) dio a conocer al Pleno la Iniciativa de Decreto que modifica la fracción VII, recorriéndose a la subsecuente fracción VIII que se adiciona al artículo 7 de la referida ley.

Dicho artículo, refirió la legisladora, enlista seis tipos de violencia contra las mujeres: psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y obstétrica, así como “cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres”.

Sin embargo, dijo que también debe considerarse que los usuarios de las nuevas tecnologías aumentan constantemente y que las mujeres “nos encontramos mayormente expuestas a que se realice violencia online y otros delitos como la extorsión, el acoso sexual, la explotación sexual, pornografía, trata de mujeres y niñas, la intimidación y la violación a la privacidad, ponen en riesgo la seguridad de las mujeres y las niñas, así como de otros sectores de la población, como son las jóvenes quienes mayormente utilizan estos medios informáticos, lo que resulta ser un hecho sumamente grave y el Estado debe evitar por todos los medios posibles impedir la difusión de estas acciones perjudiciales para las niñas y mujeres de toda la entidad”.

De esto deriva que “el reconocimiento de la existencia de la violencia digital es útil para que las mujeres y niñas tengan garantizado su derecho a vivir en un espacio libre de violencia, con el que se favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación”.

La Secretaria Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia explicó también que la homologación de la ley estatal con la federal contempla visibilizar, prevenir y sancionar la violencia en línea, en la que se explican tres perspectivas principales: la víctima, la digital y de género.

En la fracción que se propone, la violencia digital es definida como “cualquier acto que se presenta a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público; así como daño moral a ellas y/o su familia. Se manifiesta mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, violación de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas”.

A la moción de la diputada Montserrat Ortega se adhirieron los grupos legislativos de Morena, mixto PRI-PVEM y mixto Del Lado Correcto de la Historia y, a título personal, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz. La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 17 de diciembre de 2019 por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, con el cual se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ampliando el concepto de violencia política por razón de género para reconocer que la padecen también las mujeres que ejercen un cargo de elección popular o en el desempeño de un cargo público, por su única condición de ser mujer.

Este dictamen, aprobado con 45 votos, señala en el artículo 13 ter que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los órdenes del gobierno estatal y municipal, así como en los organismos autónomos, todos los servidores públicos tienen la obligación de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política.

Por tanto, están obligados a abstenerse de: imponer por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres ostenten o en cualquier ámbito de ejercicio de los derechos político-electorales o de asociación de las mujeres y asignar responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de sus tareas que obstaculicen o restrinjan el ejercicio de su encargo.

Además de restringir el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación aplicable, e imponer a las mujeres sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.

También deberán abstenerse de divulgar o revelar información personal y privada, de las mujeres electas, designadas, que ocupen puestos administrativos o directivos, en el ejercicio de sus funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan; y presionar o inducir a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

En las consideraciones del dictamen, la Comisión coincide con la autora, en el sentido que la violencia política en razón de género puede ser simbólica, económica, patrimonial, física, sexual y puede llegar al feminicidio político. Puede ser perpetrada por conocidos y/o por desconocidos, por hombres y también por mujeres; va dirigida contra precandidatas, candidatas, candidatas electas, e incluso políticas en ejercicio de su cargo; y no se limita al proceso electoral, la pueden padecer antes, durante y después de ejercer un cargo.

Tras ser aprobado por el Pleno, el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva, instruyó remitir el presente decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Mediante la Comisión de Atención y Protección de Periodistas y bajo la modalidad de comparecencia, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz recibió el informe de actividades del año 2019 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

En términos de los dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política del estado, la diputada María Josefina Gamboa Torales y los diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José Manuel Pozos Castro, presidenta, secretario y vocal de la referida comisión respectivamente, escucharon la exposición de la comisionada presidenta del organismo autónomo, Ana Laura Pérez Mendoza, y coordinaron el desarrollo de los trabajos.

En su presentación, la funcionaria dijo que, mientras en el nivel nacional los índices de homicidios a comunicadores han incrementado, en Veracruz estos indicadores van a la baja, ya que se ha privilegiado la prevención sobre la reacción.

Explicó que, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, de los 13 homicidios de periodistas en nuestro país durante 2019, 12 ocurrieron en el Estado de México, Morelos y Guerrero y desafortunadamente uno ocurrió en Veracruz.

De acuerdo con su titular, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, la CEAPP atendió un total de 94 expedientes, otorgando en dicho periodo un total de 259 acciones consistentes en la implementación de medidas de atención, preventivas y de protección, así como apoyos por concepto de ayuda social.

En el 2019 se abrieron 63 expedientes de procedimientos de atención por restricción a la libertad de expresión o por ayuda social, del programa preventivo y de los de protección, en donde se dictaron 171 medidas de ese mismo carácter.

Durante 2019 fueron dictadas 88 medidas de atención por restricción a la libertad de expresión o por concepto de ayuda social, de prevención y protección dentro de 31 expedientes de procedimientos correspondientes a ejercicios anteriores.

El organismo autónomo inició un total de nueve expedientes de protección y dio atención a un total de 13 expedientes abiertos en ejercicios anteriores a 2019 que se encuentran

activos. Durante el periodo que se informa, se abrió un total de 24 expedientes del Programa Preventivo y de Seguridad y se dio atención a 17 expedientes de ejercicios anteriores.

En relación con los expedientes mencionados, se implementaron medidas de carácter preventivo y de protección: 27 en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del estado; 46 medidas tecnológicas; 20 de asistencia legal; dos de equipamientos consistente en chalecos identificativos de prensa y cinco ante autoridades municipales.

A esto se suman 38 apoyos económicos para traslados de periodistas, a efecto de presentar denuncias y atender trámites administrativos, de carácter ministerial y judicial, reubicaciones o reforzamientos de infraestructura de seguridad.

Asimismo, se determinaron 86 medidas que corresponden a 30 expedientes abiertos en años anteriores y que se encuentran aún en estatus de activos y se iniciaron ocho expedientes de atención, dentro de los cuales se otorgaron 11 medidas de atención y, en atención a expedientes anteriores a 2019 por estar activos dentro de este procedimiento, se dictaron dos medidas en un expediente.

Este organismo –prosiguió su titular- recibió 34 solicitudes de Procedimientos de Atención bajo la vertiente de ayuda social y apoyo de periodistas del estado de Veracruz, de las cuales 12 fueron sobreseídas por no cumplir requisitos.

En cuanto a asesorías jurídicas y acompañamientos legales, se iniciaron 65 carpetas internas, en las que se proporcionó a los periodistas que lo solicitaron asesoría jurídica y acompañamiento, además de dar seguimiento a casos de años anteriores de los que conoce la Comisión.

Por su parte, se presentaron 28 denuncias o querellas ante la Fiscalía Especializada y se da seguimiento a tres denuncias interpuestas por periodistas en fiscalías diversas. En materia laboral, las 13 carpetas iniciadas han sido por asesorías, demandas por despido injustificado, dos en trámite y una de posible conciliación.

En asuntos de periodistas desaparecidos o privados de la vida, habló del estado en que se encuentran los casos de los periodistas Víctor Manuel Báez Chino, José Moisés Sánchez Cerezo, Anabel Flores Salazar, Ricardo Arturo Monlui Cabrera y Celestino Ruiz Vázquez, por homicidio, y de Gabriel Manuel Fonseca Hernández, Miguel Morales Estrada, Raúl Alfonso Rivera, por desaparición.

Añadió que se han gestionado 42 constancias de víctimas directas e indirectas ante las diversas autoridades judiciales, a fin de dar de alta a los periodistas y familiares en el Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), de los cuales, en 2019, fueron entregados 10 registros de víctima directa y 32 de víctima indirecta. Aunado a lo anterior, se gestiona la constancia de la autoridad judicial para posteriormente realizar el trámite en la CEEAIV de dos registros más.

Ana Laura Pérez informó también que se realizaron 19 gestiones para atender temas relacionados con la salud y asistencia social de los periodistas, toda vez que sólo algunos cuentan con seguridad social.

Por cuanto hace a la rendición de cuentas, de acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior en este ente Fiscalizable, esta Comisión Estatal no recibió observaciones por irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos, ni inconsistencias de carácter administrativo.

Asimismo, conforme a las revisiones efectuadas a los Informes Trimestrales que se remiten al Congreso del Estado sobre el Ejercicio del Gasto Público 2019, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado no encontró inconsistencias relevantes, agregó.

Con respecto a actividades de profesionalización, del 1 de enero a la fecha, se ha capacitado a mil 104 personas (707 hombres y 397 mujeres), en 41 acciones de capacitación dentro de las cuales se capacitaron a 481 periodistas, 95 servidores públicos, 468 mandos policiales y 60 estudiantes.

Además de los talleres Géneros fotoperiodísticos, práctica y proyectos y Metodología de investigación periodística; el simposio Los nuevos retos del periodismo en Veracruz; los diplomados en Periodismo y la función del periodista en el Sistema Penal Acusatorio; el curso Cómo aprovechar la fuente judicial al máximo, en coordinación con la Organización Nacional Anticorrupción AC, y el foro Temas actuales de la función policial, buenas prácticas en materia de derechos humanos y medios de comunicación, en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Xalapa.

Estas acciones del Plan Formativo para Periodistas 2019, tuvieron verificativo en diversos puntos del estado de Veracruz como Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Xalapa, Martínez de la Torre, Jamapa y Coscomatepec.

La funcionaria destacó también que, durante el año, la Unidad de Transparencia de la CEAPP atendió y respondió 127 solicitudes de acceso a la información.

A su vez, personal de la Comisión Estatal ha recibido capacitación en transparencia, acceso a la información, datos personales y archivos, con la finalidad de obtener la certificación Sujeto Obligado 100% Capacitado, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), y ha actualizado en tiempo y forma su Portal de Obligaciones de Transparencia.

La Contraloría Interna –agregó la Comisionada- realizó revisiones, evaluaciones y seguimiento al ejercicio de los recursos ministrados durante el ejercicio 2019 por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a la Comisión, corroborando que el proceso de planeación, programación, presupuestación y contabilidad, así como el control del gasto público se realizaran de acuerdo con la normatividad de la materia y a los principios de contabilidad aceptados.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se realizaron dos auditorías, a fin de evaluar y verificar la aplicación del presupuesto asignado a la Comisión Estatal y la documentación soporte que lo comprueba.

Por último, se dio seguimiento a la integración a la cuenta pública 2018, que estuviera bajo la supervisión del despacho externo auditor acreditado ante el Orfis y cuyo resultado se encuentra pendiente de informar por el mismo órgano.

En la última parte de su exposición, la titular de la CEAPP, informó que en 2019 se recibió un total de 45 Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, de las cuales seis son Iniciales, 36 de Modificación y 3 de Conclusión.

En cuanto al régimen de responsabilidad de servidores públicos, durante el mismo ejercicio, en la Contraloría Interna de esta Comisión quedaron integrados dos expedientes administrativos a igual número de servidores públicos.

En cumplimiento a lo establecido en los artículo 40 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 153 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto recibió la comparecencia del comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección a Datos Personales (IVAI), José Rubén Mendoza Hernández.

En la segunda jornada de Comparecencias de los Órganos Autónomos, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez y la legisladora Adriana Paola Linares Capitanachi, presidente y vocal de la referida comisión, coordinaron los trabajos consistentes en la presentación del informe a cargo del servidor público y las dos rondas de preguntas y respuestas.

El titular del IVAI informó que, durante 2019, de los 329 entes públicos obligados a constituir su Comité de Transparencia, el 87 por ciento cumplió con dicha obligación, un porcentaje mayor al del año anterior en el que cumplió el 84 por ciento, es decir, 279.

Se logró que en 2019 aumentara la participación de la sociedad en la cultura de transparencia y rendición de cuentas. A diferencia de 2018, en que se recibieron 101 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, en 2019 llegaron 930, nueve veces más.

En este rubro, los ayuntamientos fueron los sujetos obligados más denunciados, con el 28 por ciento, seguidos de las entidades paraestatales, con 24 por ciento, y los organismos autónomos con 20 por ciento.

Destacó que se resolvieron 203 denuncias, atendiendo parte de las que quedaron pendientes en 2018 y de las que se presentaron en 2019 y que el número de denuncias resueltas este año fue el doble que las del año anterior.

Luego de los requerimientos realizados por el IVAI en 2018, añadió, se sancionó a 27 sujetos obligados con amonestación pública por incumplimiento en generar y remitir sus avisos de privacidad y a 23 por no remitir su informe anual en materia de datos personales.

En el mismo periodo, la sociedad utilizó su derecho presentando 36 mil 383 solicitudes de información más que en 2018, por Infomex y PNT y se presentaron ante el IVAI un total de seis mil 671 solicitudes de acceso a la información pública, cuatro veces lo recibido en 2018, donde se tuvieron mil 637. Un aumento de 308 por ciento.

De las seis mil 671 solicitudes recibidas, seis mil 633 fueron atendidas en términos de la ley, y solo en 38 solicitudes se ejerció el derecho a la prórroga, lo que representa el 0.57 por ciento, cifra menor a la solicitada el año anterior que fue de 4 por ciento.

Rubén Mendoza informó que el IVAI ha promovido el ejercicio del derecho de protección de datos personales, por lo que durante 2019 se recibieron 134 denuncias relacionadas con diversas temáticas.

En cuanto al fomento a la cultura de autocuidado y respeto, a través de conferencias el IVAI se acercó a cuatro mil 301 personas, 33 por ciento más que el año anterior.

Por otra parte, el Instituto elaboró el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2019, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia.

Como parte del cumplimiento en materia de archivos y transparencia, el 30 de abril del

2019 se validó por parte del Archivo General del Estado la actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística, del Catálogo de Disposición Documental y de la Guía de Archivo Documental.

De acuerdo con el Consejero Presidente del IVAI, Veracruz destacó en la región sureste como uno de los estados donde más personas se interesaron y comprometieron en capacitarse en materia de archivos a través del curso en línea puesto a disposición por la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y el Archivo General de la Nación.

Precisó también que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es el sujeto obligado en contra del cual se interpusieron más recursos de revisión durante 2019. De los 20 mil 105 asuntos recibidos, el 85 por ciento fueron por inconformidad con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 9 por ciento por la falta de respuesta a su solicitud y en el 6 por ciento restante el inconforme manifestó posteriormente estar satisfecho con la respuesta.

Dentro de las acciones tomadas por este órgano, se determinó instar a servidores públicos en 491 expedientes, en 157 se ordenó dar vista al contralor interno del ente obligado, en 32 se impuso apercibimiento y en 2 se dio vista al Cabildo.

El servidor público explicó la dinámica de los Jueves de Capacitación, donde se impartieron 78 sesiones, a las cuales asistieron dos mil 730 personas, 533 más que en 2018. Eso significó un incremento del 24 por ciento.

Con el programa de certificaciones Sujeto Obligado 100 % Capacitado y Comité de Transparencia 100 Capacitado, se lograron impartir 294 cursos a 42 sujetos obligados con un total de 23 mil 172 asistentes.

Refirió también que, a raíz de un convenio específico de colaboración, el IVAI y El Colegio de Veracruz lanzaron, el 5 de noviembre de 2019, el Diplomado denominado Transparencia, Acceso a la Información y Gobierno Abierto. Además, se han llevado a cabo reuniones de los capítulos Sistemas educativos / PREPArate y Construyendo ciudadanía en Veracruz.

En materia de actualización, todo el personal del IVAI tomó el curso en línea Sistema Nacional Anticorrupción-El nuevo régimen de responsabilidades administrativas y penales vinculadas a hechos de corrupción.

Además, prosiguió el funcionario, el IVAI ha colaborado en la publicación y presentación de obras académicas que abordan el tema de la corrupción (causas, consecuencias y propuestas para su combate) y ha dado capacitación y orientación a los integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Como parte de su compromiso con las acciones a emprender, el Instituto ha asistido y participado de manera activa en las sesiones del Comité Coordinador del Sistema

Estatal Anticorrupción del estado de Veracruz.

Junto con el OPLE Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, el IVAI firmó un convenio de colaboración a favor de los grupos vulnerables.

En términos del inclusión, el órgano autónomo hizo entrega de una de las leyes 875 de transparencia en braille a la Sala Braille del Centro de Servicios Bibliotecarios y de Informática “José Mancisidor” de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, un ejemplar quedó en la biblioteca del IVAI para consulta del público en general y otro más se entregó a la Universidad Veracruzana.

Además, organizó el Encuentro Intercultural por el Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales e implementó la interpretación en Lengua de Señas Mexicana para la transmisión de sus sesiones públicas y acercar la materia a grupos vulnerables.

En el mismo sentido, el IVAI lanzó la convocatoria de su concurso de dibujo infantil en totonaco y náhuatl de la Sierra de Zongolica, a fin de acercarlo también a grupos vulnerables e incorporó a sus filas a una persona con discapacidad. En cuanto a su conformación, el Instituto está integrado por 94 personas: 49 mujeres y 45 hombres.

Mendoza Hernández concluyó su exposición ponderando que el IVAI ha obtenido resultados positivos durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019 en los resultados del Sistema de Evaluación de Armonización Contable (Sevac), que contiene reactivos relativos a la transparencia, así como de las obligaciones de registros contables, presupuestales y administrativos.

El Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, atendió el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presentado a esta Soberanía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 67 de la Constitución Política local, 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 154 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Poder.

Ante el diputado Alexis Sánchez García y las legisladoras Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, presidente, secretaria y vocal de dicha Comisión, la titular del organismo, Namiko Matzumoto Benítez, dio cuenta de las acciones y actividades llevadas a cabo durante 2019.

En el tema de igualdad entre mujeres y hombres, dijo que se actualizaron los instrumentos de recolección del monitoreo realizado durante 2018, lo que derivó en la modificación de 21 instrumentos de recolección, de los cuales se enviaron 20 a entidades de la administración pública estatal y uno a los 212 municipios del estado. A finales de diciembre de 2019, se contó con la respuesta de 55 municipios y de 20 entidades de la administración pública.

Además, con la finalidad de obtener información interseccional, se generó un instrumento para los 52 municipios con población mayoritariamente indígena, los cuales fueron enviados a los ayuntamientos. A finales de diciembre de 2019, se contó con la respuesta de 46 municipios.

Este año, la carga de trabajo de los visitadores de la CEDH fue en promedio de 359 solicitudes de intervención y 49 quejas por cada visitador.

Al hablar de la restructuración del organismo, destacó el inicio de operaciones de las áreas de Contención y Valoración de Impacto, Unidad para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la Unidad de Archivos, así como la regulación explícita de las atribuciones de áreas ya existentes en la estructura orgánica de la Comisión.

Expuso que, en 2019, la Unidad de Transparencia recibió tres mil 319 solicitudes de acceso a la información, que fueron atendidas a través de los procedimientos correspondientes, de acuerdo con la normatividad aplicable.

En materia de rendición de cuentas, señaló la funcionaria, la Contraloría Interna de la CEDH ejerció sus facultades legales para prevenir, corregir, investigar y sustanciar los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y, en su caso, sancionar aquellos distintos de las que son competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Junto con esto, las correspondientes revisiones al ingreso, egreso, manejo y custodia en la aplicación de los recursos públicos, en apego a lo establecido en el artículo 76 Bis de la Constitución Política del estado.

En la defensa y protección de los derechos humanos, en 2019, la CEDH atendió un total de 10 mil 767 solicitudes de intervención: 40 por ciento en oficinas centrales y 60 por ciento en delegaciones regionales y étnicas, 65 por ciento correspondieron a orientaciones, 15 por ciento a gestiones, 14 por ciento a quejas y 6 por ciento a antecedentes y ayudas humanitarias.

De acuerdo con Matzumoto Benítez, en 2019, esta administración resolvió 81 quejas a través de recomendaciones que se encuentran en etapa de cumplimiento y recomendó a las autoridades la adopción de las medidas necesarias.

Mientras los derechos que acreditaron un mayor número de violaciones fueron: derecho a la integridad personal (50); derechos de la víctima o de la persona ofendida (37) y derecho a la seguridad jurídica (12), las recomendaciones fueron dirigidas a 26 autoridades, dentro de las cuales tuvieron mayor número de señalamientos: Fiscalía General del Estado (37), Secretaría de Seguridad Pública (18) y distintos ayuntamientos (16).

De los 81 casos determinados, en 66 se acreditaron violaciones a derechos de grupos en situación de vulnerabilidad y se identificó a 278 víctimas.

La funcionaria detalló que la CEDH emitió 30 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos: tres por desaparición forzada, dos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, 15 por omisiones en la investigación de personas desaparecidas, seis por la comisión de actos de tortura y cuatro por discriminación. En cuanto a las quejas de oficio, se emitieron cinco recomendaciones.

Mencionó también la realización de 38 recomendaciones dirigidas a 10 autoridades estatales y municipales, así como entrevistas a 27 personas, entre ellas, integrantes de colectivos de familiares de víctimas de personas desaparecidas en la entidad e integrantes de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional.

Con el objeto de promover y difundir la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) entre las organizaciones de la sociedad civil y actores interesados, el 1 de octubre de 2019 se instaló el Mecanismo Estatal de Monitoreo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Respecto a la atención a familiares de personas desaparecidas, mencionó acciones de acompañamiento de búsqueda en los municipios de Úrsulo Galván, San Andrés Tlalnelhuayocan, Acultzingo, Amatitlán, Alvarado y Coatzacoalcos, en los 17 ceresos de la entidad y en dos hospitales psiquiátricos.

Asimismo, se llevaron a cabo 39 reuniones de coordinación con colectivos de la entidad y se realizaron jornadas de atención a familiares de personas desaparecidas en los municipios de Córdoba, La Antigua y Veracruz.

En 2019, continuó la Presidenta, la CEDH atendió solicitudes de intervención planteadas por personas privadas de su libertad. Destacan: 168 para conocer su situación jurídica, 83 sobre trámites de liberaciones anticipadas, 47 para interponer amparos y 43 para gestionar traslados.

La Comisión visitó los 17 ceresos del estado, un módulo preventivo de 72 horas y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA). En estos recorridos, la Dirección de Asuntos Penitenciarios emitió 119 observaciones, de éstas, 75 fueron solventadas y 44 se encuentran en trámite.

Del mismo modo, mencionó la presencia del organismo en 198 cárceles municipales a través de 335 visitas a sus instalaciones y 549 observaciones, de las cuales 21 se subsanaron y 528 se encuentran en proceso de atención.

También informó que en enero y febrero, la CEDH dio acompañamiento a las caravanas que ingresaron a territorio veracruzano. Personal de las delegaciones de Coatzacoalcos, Acayucan, Veracruz y Córdoba tuvieron presencia en los puntos de reunión y verificaron que durante el traslado por la entidad fueran respetados los derechos humanos de las personas migrantes.

A partir de una estrecha coordinación con los consulados en el estado –añadió la servidora pública-, se ha dado acompañamiento en los casos de migrantes en situación de riesgo o en los casos más graves en que las personas migrantes han perdido la vida.

Además, la Comisión atendió 280 solicitudes de intervención de personas migrantes, registrando 126 gestorías, 103 orientaciones y 11 quejas; se iniciaron dos quejas de oficio y se emitieron 162 constancias de vulnerabilidad a nacionales de 10 países.

Por otra parte, la capacitación ofrecida durante 2019 alcanzó un registro de ocho mil 613 personas a través de 494 cursos, y en la vinculación con el orden municipal, se llevaron a cabo Jornadas de Capacitación de Derechos Humanos para Autoridades Municipales. Se visitaron 12 diferentes sedes, con 264 personas que participaron representando a 75 municipios. Igualmente, se capacitó a 549 elementos de la SSP.

Igualmente, recibieron atención 63 organizaciones que año se acercaron a la CEDH, que, a su vez, estableció vínculos con autoridades de 43 entidades, organismos y dependencias de los tres órdenes de gobierno, mediante la celebración de 59 reuniones de coordinación ejecutiva y tuvo presencia en 158 actividades a las que fue convocado.

La Presidenta de la Comisión Estatal, concluyó destacando el trabajo realizado con 11 organizaciones internacionales y representaciones diplomáticas de distintos países, que derivaron en el fortalecimiento de acciones de protección a derechos humanos, junto con las nueve firmas de convenio realizadas a solicitud de ayuntamientos, organismos públicos y/u organizaciones de la sociedad civil.

El diputado José Manuel Pozos Castro, la legisladora María Josefina Gamboa Torales y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidente, secretaria y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXV Legislatura, recibieron la comparecencia de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, sobre el estado que guardan los asuntos que son competencia de este organismo autónomo durante el período septiembre-diciembre de 2019.

En presencia de autoridades municipales, representantes de las fuerzas armadas, notarios, empresarios, abogados, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, la funcionaria informó que, a su llegada a la Fiscalía, inició la revisión de todos los asuntos, la verificación de los registros oficiales y la identificación de rezagos.

Durante 2019, se iniciaron 80 mil 326 carpetas de investigación, de las cuales se encontraron aproximadamente 30 mil que no habían sido ingresadas en las bases de datos e instrumentos oficiales. En cuatro meses, se logró abatir en 96 por ciento el rezago en el registro de la información y la judicialización de tres mil 299 carpetas.

Al cierre de ese mismo año –prosiguió Hernández Giadáns-, se contabilizó un total de 49 mil 729 expedientes y se estableció un seguimiento semanal de los detenidos que son llevados a control de detención, para una mayor certeza de las vinculaciones a proceso.

“También encontramos diversos compromisos que no fueron atendidos a cabalidad con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, principalmente en el registro de vehículos robados y recuperados, así como en el de mandamientos judiciales, lo que originó que los resultados de las evaluaciones fueran negativos”, agregó.

En relación con los hallazgos en la gestión administrativa, se encontró un gasto excesivo en rentas de edificios para oficinas por un total anual de 33.6 millones de pesos (mdp), 3.8 mdp sin comprobar de fondo revolvente, pasivos por más de 251 mdp a favor de diversas instancias como SAR, IMSS, IPE, proveedores, contratistas, obra pública, retención y contribución a pagar.

Asimismo, excesiva dotación de combustible a altos mandos hasta por 125 mil pesos mensuales; en personal de ayudantía asignada a altos mandos, hasta 45 elementos a su cuidado personal y de sus familias; sueldos en altos mandos de casi 300 mil pesos mensuales, personal que no cubre el perfil de puestos autorizados y otros que cobraban sin presentarse a laborar en áreas administrativas.

En todos los casos, añadió Verónica Hernández, se dio vista y se puso del conocimiento a las instancias competentes para que inicien y den trámite a los procedimientos y denuncias a que haya lugar. Además, se encontraron irregularidades como falta de controles internos de auditorías en recursos humanos, financieros y materiales, así como proveedores y contratistas favorecidos sin pasar por el proceso de licitación y asignaciones directas.

A esto se añade deficiencia en obra pública del 2018, obra de mala calidad por más de 316 mdp, por lo que, en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) se realizan visitas a las obras para la determinación de las observaciones correspondientes.

En materia de los servicios periciales, los servicios médicos forenses se encontraban en condiciones deplorables ya que ningún semefo contaba con los requisitos mínimos para ser certificado.

Respecto al proceso de evaluación y control de confianza, prosiguió la servidora pública, 87 servidores públicos no lo aprobaron, por lo que instruyó a las áreas competentes iniciar los procedimientos correspondientes.

Además, se fortalecieron los protocolos del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Al 31 de diciembre de 2019, se excedió la meta programada y se tienen pendientes de evaluar sólo a seis servidores públicos.

“Habiendo encontrado una distribución dolosa por cuanto hace a percepciones, manejo de combustibles y un manejo discrecional y con dispendio de los recursos públicos, se instruyó la reducción de sueldos excesivos y compensaciones para altos mandos, iniciando un proceso de dignificación y homologación en las percepciones del personal operativo”, destacó.

También determinó la distribución de 400 plazas para el fortalecimiento de áreas operativas. Una vez agotados los requisitos formales para el concurso y reclutamiento del personal, se destinarán 200 plazas a la policía ministerial (incremento de 27.17 por ciento), 130 posiciones se canalizaron para la contratación de fiscales (incremento del 26.4 por ciento).

Se añaden 30 para fortalecer los cuadros de los servicios periciales (incremento de 10.34 por ciento) y 40 se destinaron a fortalecer a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, a los que también se ha sumado el apoyo de 22 elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase): un total de 164 elementos a partir de septiembre (incremento de 60.78 por ciento).

Dijo también haber instruido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, una atención inmediata, responsable y de respeto a todos colectivos que buscan justicia. Reportó la participación en nueve operativos de búsqueda, asistencia en 19 reuniones con diversas autoridades estatales y federales y el nombramiento de seis nuevos fiscales.

Además del acceso a las carpetas de manera inmediata cuando así lo solicitan y reuniones periódicas para su revisión, se han tenido 10 reuniones regionales con colectivos en Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Xalapa, se han realizado cuatro reuniones estatales con colectivos y el Gobernador del Estado, se les ha invitado a que conozcan las condiciones de los semefos y se da seguimiento a todos los casos de larga data.

Desde septiembre, inició el estudio de cada una de las mil 155 carpetas que se encontraban en el sistema, que corresponden a mil 240 desaparecidos del año 2019. De acuerdo con la investigación, al 31 de diciembre, 588 personas ya habían sido localizadas, quedando 652 personas por localizar.

De igual manera, en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas y a la luz de las alertas de violencia de género emitidas al estado de Veracruz, se activaron 68 cédulas de Alerta Amber, se logró recuperar a 54 niñas, niños y adolescentes y se solicitaron cuatro colaboraciones con Alerta Amber México.

Destacó también la puesta en marcha, el pasado 25 de noviembre, del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz.

Como resultado de la aplicación del protocolo para la clasificación del delito de feminicidio, de un total de 142 carpetas de investigación iniciadas, se hizo una reclasificación exhaustiva resultando únicamente 100 carpetas de feminicidio. Las restantes derivaron en homicidios, muertes no delictivas, suicidio y muerte por omisión de cuidado, entre otros.

En cuanto a la atención a los pueblos originarios, dijo que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos incrementó en 28 por ciento las visitas itinerantes en Huayacocotla, Chicontepec, Tantoyuca, Papantla, Orizaba, Zongolica, Hueyapan de Ocampo y Uxpanapa, y se atendió las 309 quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De la actividad de la policía ministerial, detalló que en este año se cumplimentaron casi tres mil mandamientos judiciales relativos a órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia y que, de septiembre a diciembre, se ejecutó en promedio mensual 20 por ciento más que lo trabajado en el periodo de enero-agosto.

Para atender de manera frontal a uno de los delitos de mayor impacto social, se conformó la Coordinación Estatal de Homicidios.

En la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, durante el periodo que se reporta, se registraron 298 casos y se logró la detención de 147 presuntos culpables, la desarticulación de 22 bandas delictivas, el cumplimiento de 37 órdenes de aprehensión y la obtención de 56 sentencias condenatorias.

Aseguró que “en tan sólo cuatro meses y luego de un intenso trabajo, de un alto compromiso y con el apoyo irrestricto de mujeres y hombres profesionales, comprometidos, con vocación y honestidad, hemos puesto a la Fiscalía General del Estado al servicio de la población veracruzana”.

Verónica Hernández Giadáns concluyó su comparecencia aseverando que la autonomía de la FGE “no se excluye de la coordinación con todos los órdenes y niveles de gobierno, pero sobre todo con la sociedad civil. Coordinación no es subordinación, sino identidad en principios, estrategias y compromisos. En el Veracruz de hoy, se hace cumplir la ley y quien delinque es castigado sin distingos”.

El Congreso del Estado de Veracruz se sumó a las acciones del macrosimulacro, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, y logró, de manera exitosa, en un lapso de tres minutos, la evacuación de 535 personas, entre plantilla laboral y visitantes a este inmueble.

Esta acción, realizada en todo el país a las 11:00 horas, tiene como propósito fomentar la cultura de la protección civil entre la población y contribuir así al fortalecimiento de las capacidades de reacción ante cualquier emergencia o desastre, resultado de sismos.

El evento, realizado en la explanada principal del Palacio Legislativo, fue encabezado por la presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil de la LXV Legislatura, diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, quien en su intervención expresó que debe tenerse presente que la prevención es fundamental para evitar la pérdida de vidas humanas.

Asimismo, indicó que lo que hoy pudo constatarse es una hipótesis de reacción en caso de un sismo, incendio u algún otro hecho que ponga en riesgo la vida de quienes laboran en este inmueble.

Ante el personal y visitantes, señaló: “Junto a ustedes, hoy podemos realizar un ejercicio responsable que nos sirve como una representación de acciones de respuesta, previamente planeadas y montadas con un escenario específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos, así como la vulnerabilidad de los sistemas afectables”.

La legisladora aseveró que el objetivo de este simulacro es poner a prueba la capacidad de respuesta de la población involucrada y así evaluar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre y examinar que tan seguro es el inmueble y sus alrededores.

Además, preparar las acciones que se deben llevar a cabo para mejorar las condiciones de seguridad y diseñar rutas de evacuación, elegir el lugar donde se concentrarán las personas en caso de desastre, así como enlistar las herramientas y materiales que se recomienda tener a la mano para la autoprotección, comunicación y capacitación continua del personal.

Por último, convocó a las y los ciudadanos en general a participar en estos simulacros, toda vez que “no olvidemos que un simulacro no es un juego, de este ejercicio puede depender tu vida”, puntualizó.

Participaron en la coordinación de este ejercicio la jefa del Servicio Médico, doctora Claudia del Rosario García Pérez, el jefe de la Oficina de Seguridad, Simón Díaz Íñiguez, y la Unidad Interna de Protección Civil de este Poder.

La diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, integrante del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó al Pleno un anteproyecto de punto de Acuerdo por el cual señala acciones que podrían generar cambios en la conducta y actividades de los sujetos obligados para disminuir su impacto ecológico, destinar más recursos al control y reparación de los efectos dañinos causados al ambiente y a la salud de las personas, y propiciar las condiciones para un medio ambiente sustentable.

Al participar durante la décima sesión ordinaria, la legisladora plantea que la LXV Legislatura exhorte al titular del Poder Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), implemente políticas públicas transversales para fomentar la información y atención sobre el cambio climático, con el fin de que autoridades, organismos, instituciones y ciudadanos contribuyan a prevenir sus consecuencias.

Asimismo, se exhorta al Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), proponga a las autoridades educativas federales, en términos de la Ley General de Educación, que los temas sobre cambio climático se incorporen a los planes y programas de estudio que se estimen pertinentes, así como las actualizaciones que pudieran ser necesarias.

Igualmente, hizo un llamado para que la Secretaría de Protección Civil (SPC) estatal, elabore un mapa de riesgos respecto a las consecuencias del cambio climático e identifique las regiones de mayor vulnerabilidad en el estado de Veracruz.

La diputada Yunes Yunes subrayó “de nada sirve prohibir el uso de popotes, de bolsas de plástico y empaques de unicel, si los anaqueles de los supermercados y nuestras casas están llenos de envases de plástico, si no clasificamos y reciclamos nuestra basura”.

“O como sucede en este Congreso, gastamos toneladas de papel que no utilizamos. La prueba son los textos de las recientes comparecencias y la impresión de la Gaceta Legislativa que bien puede entregarse por los medios electrónicos existentes para ello”, abundó.

Expuso que el calentamiento global y la falta de interés de las autoridades locales han provocado la desaparición del 65 por ciento del glaciar del Jamapa en el Pico de Orizaba. “Cabe señalar que de los cinco glaciares con que contaba originalmente nuestro volcán, sólo sobreviven dos: el Jamapa y el glaciar Del Toro, lo que explica, entre otras cosas, la escasez de agua que vivimos en la zona centro del estado”.

Por otra parte, dijo que durante 2018 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) registró un total de 73 sitios contaminados distribuidos en 46 municipios veracruzanos.

Asimismo, que los eventos de contaminación fueron provocados por el manejo de residuos sólidos urbanos, así como hidrocarburos, actividades mineras, industrial, comercial y de emergencias ambientales, sin que hasta el momento existan trámites o programas para atender los pasivos ambientales en la entidad.

El anteproyecto fue turnado para su estudio y dictamen a la Junta de Coordinación Política.