El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de reforma a la fracción VII del artículo 22 y la fracción XI del artículo 77 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, con lo que queda establecida la prohibición de instalar, en la vía pública, boyas, topes, piedras, o cualquier objeto, sin permiso de la autoridad competente, así como colocar publicidad o fijar objetos para apartar áreas de estacionamiento o invadir la arteria vial o banqueta ubicada afuera de lotes, viviendas, comercios u oficinas.

Este dictamen, resultado de la iniciativa que presentó el 31 de julio de 2019 por el diputado Ricardo Arturo Serna Barajas, registró 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Asimismo, se establece en la ley que los conductores tendrán la obligación de no obstruir la circulación de otros vehículos y de las personas, así como abstenerse de invadir las áreas de rodamiento o las zonas reservadas para el paso peatonal o las entradas y salidas de cocheras.

La Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, instancia dictaminadora, señala en el dictamen su coincidencia con el autor de la propuesta, ya que se busca que los peatones y automovilistas puedan convivir y para ello es necesario normas que armonicen los derechos y libertades comunes de todos.

Refiere que el problema se presenta cuando los propietarios de vehículos invaden las áreas exclusivas de peatones u obstruyen las salidas de cocheras de las viviendas o comercios y, a su vez, las personas invaden las áreas destinadas para el libre tránsito vehicular o el espacio permitido para el estacionamiento público.

Siendo común –expone- el apartado de lugares para estacionamiento con diversos objetos o también, se opta por la colocación de anuncios afuera de comercios o incluso se colocan rocas u objetos fijos a las afueras de viviendas sin el permiso de la autoridad correspondiente.

La diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado, con lo que se pretende armonizar esta legislación a lo dispuesto en la General, a fin de generar un enfoque de atención primaria con énfasis en prevención y diagnóstico temprano del cáncer pediátrico.

Al participar, durante la décima segunda sesión ordinaria, la legisladora recordó que en abril de 2019, las y los diputados de su grupo parlamentario en el Congreso de la Unión presentaron la iniciativa que expide la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, misma que fue aprobada por unanimidad en diciembre de ese año.

De este modo, se prevé adecuar la legislación estatal a la federal, expuso la diputada, quien agregó que este decreto parte de reconocer instituciones que actualmente ya están en funciones, otorgando a su vez nuevas facultades a las autoridades del estado para que, de manera coordinada con el gobierno federal, se establezcan los mecanismos eficientes para lograr la correcta identificación y atención del cáncer infantil.

En su iniciativa, la diputada del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) propone la creación de una Red Estatal de Apoyo contra el Cáncer Infantil, con el objetivo de que en cada centro de atención de primer nivel se cuente con un módulo especializado capacitado para referenciar, a los menores beneficiarios de esta ley, a la unidad médica acreditada más cercana.

Lo anterior, siempre que se tenga sospecha de cáncer infantil, así como para brindar información sobre las organizaciones de la sociedad civil a que puede acudir en su localidad para encontrar grupos de apoyo y una mayor información sobre la enfermedad.

A su vez, plantea la creación del Registro Estatal para el Cáncer Infantil, con el propósito de llevar en tiempo real el registro sobre el diagnóstico, seguimiento y evolución del tratamiento del paciente, con la información que permita una atención de calidad y la realización de estudios científicos.

De igual forma, se considera la creación de un Fondo Estatal destinado a financiar a los beneficiarios que no cuenten con los recursos para trasladarse a la unidad médica acreditada, con el fin de confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento.

La diputada Yunes Yunes, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia en el Congreso del Estado, puntualizó que este Fondo serviría también para financiar, total o parcialmente, programas y proyectos que se encuentre exclusivamente relacionados con la investigación, estudio, evaluación, promoción, desarrollo de iniciativas para la prevención, vigilancia y pesquisa del cáncer.

Indicó que se impondría la obligación a las autoridades para que, desde el momento en que se tenga la presunción de cáncer, se autoricen todos los estudios correspondientes hasta confirmar su diagnóstico, y la de remitir en un plazo de máximo 24 horas a la unidad médica acreditada, cuando el diagnóstico no sea posible de realizarse en el primer centro de contacto con el beneficiario.

La iniciativa, que plantea adicionar el capítulo VI Bis al artículo 68 de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos del PAN, Acción Nacional Veracruz (ANV), PRI-PVEM, Movimiento Ciudadano-PRD y Morena.

Con el objeto de garantizar la vinculación de futuras generaciones en la participación social y democrática del estado, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Veracruz, la cual tiene como propósito establecer que al menos el 30 por ciento de los candidatos a diputados y ediles cuenten con un máximo de 30 años de edad.

Al intervenir durante la décima segunda sesión ordinaria, la diputada del Grupo Legislativo de los partidos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática (MC-PRD), subrayó que, sin importar género, edad, religión o postura política, cada persona que habita en territorio veracruzano importa y debe ser tomada en cuenta. “Pero si hablamos de construir un país que les dé oportunidades a los jóvenes, es necesario que en los gobiernos estatal y municipal y en el Congreso del Estado, tengan una representación”, abundó.

La legisladora afirmó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017, el 28.6 por ciento de los electores en México, alrededor de 25.4 millones, son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Sin embargo –destacó- existen pocos instrumentos que brindan información objetiva sobre los niveles de participación social, política y económica de estos jóvenes.

Detalló que si bien algunos partidos políticos cuentan con grupos o frentes juveniles, el lugar que ocupan en éstos son de estructura de apoyo, “los jóvenes fungen como asesores, coordinadores de campaña, como atractivo para los jóvenes votantes; mas no como candidatos y si los llegan a registrar como candidatos, su postulación ha sido muy mínima de acuerdo con la representación que hoy día tienen”.

Expuso que el panorama que vive actualmente México con respecto a la política es de apatía y desencanto, no solo por parte de los jóvenes sino por una gran parte de la sociedad.

Asimismo, indicó que la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, arrojó que casi el 90 por ciento de los jóvenes encuestados reportaron estar poco o nada interesados por la política.

De acuerdo a la iniciativa de la diputada Trujillo Ortiz se plantea señalar que las listas de representación proporcional para diputados y ediles, se integren, por lo menos, con el treinta por ciento con candidaturas de menores de treinta años de edad cumplidos al día de la elección, respetando la alternancia de género.

Los partidos políticos podrán sustituir libremente a sus candidatos dentro del plazo establecido para su registro, debiendo observar las reglas, el principio de paridad entre los géneros y la cuota de jóvenes establecidos, añade.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad.

Se adhirieron a la iniciativa los integrantes de los Grupos Legislativos de Movimiento Ciudadano-PRD, PRI-PVEM y Del Lado Correcto de la Historia.

El diputado Eric Domínguez Vázquez y las legisladoras Mónica Robles Barajas y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidente, secretaria y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura, recibieron la comparecencia de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), Delia González Cobos, correspondiente al ejercicio 2019.

En la última de las comparecencias del periodo señalado, presentadas por los órganos autónomos del Estado para dar cumplimiento a lo establecido en los artículo 40 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 153 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, la titular del Orfis dio a conocer las actividades realizadas por éste, de acuerdo con los artículos 67, fracción III de la Constitución Política Local y 88 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

El informe fue presentado y pormenorizado por la Auditora en cuatro temas principales. El primero incluyó aspectos relacionados con la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2018, destacando en este rubro lo relativo a la planeación, programación y ejecución de mil 467auditorías y 180 revisiones a un total de 328 entes fiscalizables.

Estas acciones se ejecutaron en 741 auditorías financieras-presupuestales, 627 auditorías técnicas a la obra pública, 75 auditorías de deuda pública y obligaciones, 16 solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación, cuatro auditorías de legalidad y cuatro auditorías sobre el desempeño, así como 155 revisiones en materia de deuda pública y obligaciones de municipios y 25 evaluaciones de participación ciudadana.

Derivado de lo anterior, añadió la funcionaria, se emitieron los correspondientes pliegos de observaciones y, en su momento, se entregaron a la Comisión de Vigilancia del Congreso local el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales.

Respecto al seguimiento de las cuentas públicas del ejercicio 2017, el Orfis notificó a los órganos internos de control de 340 entes fiscalizables las tres mil 140 observaciones de carácter administrativo y dos mil 019 recomendaciones derivadas de éstas, para que continuaran con la investigación respectiva y promovieran las acciones que procedieran.

En cuanto a las observaciones de presunto daño patrimonial correspondientes a la Cuenta Pública 2017, se instruyeron 129 procedimientos de investigación para la determinación de responsabilidades administrativas.

En el segundo tema, relativo al Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables, mencionó las herramientas tecnológicas desarrolladas con el objeto de facilitar a los entes fiscalizables municipales, el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Destacó el Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (Sigmaver), que actualmente utilizan 204 ayuntamientos, 15 entidades paramunicipales y seis organismos, el Sistema de Información Municipal de Veracruz (Simver), el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (Comver), la plataforma virtual del Sefisver, el portal Modelo de Transparencia; la aplicación de Mapas de Cumplimiento y el ORFISMóvil.

A éstas añadió diversos documentos para fortalecer la gestión de los entes fiscalizables, como el Manual para la Gestión Pública Municipal 2019, los Calendarios de Obligaciones Municipales 2019 y 2020, el Programa de Calidad en la Atención Ciudadana y la Guía Comver, que es una herramienta para la transparencia y rendición de cuentas.

En el tercer apartado, detalló los trabajos realizados por el Orfis como integrante del Sistema Nacional de Fiscalización, del Sistema Estatal Anticorrupción, de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental AC (Asofis) y del Grupo Regional Centro Golfo, así como la participación en foros, congresos, asambleas, coloquios, seminarios y reuniones de trabajo.

Además, 12 jornadas de capacitación impartidas a cinco mil 676 servidores públicos estatales y municipales, con la participación de presidentes municipales, síndicos, regidores y ciudadanos que integran los diversos Consejos y Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y de Contraloría Social; a esto sumó las actividades realizadas con estudiantes y docentes.

En el cuarto segmento, González Cobos presentó los aspectos relativos al estado que guarda la gestión interna del órgano. Entre las acciones realizadas al respecto, enumeró 38 audiencias con presidentes municipales, cuatro con síndicos, 12 con regidores, una con secretarios de ayuntamiento, 30 audiencias individuales y dos reuniones plenarias con contralores municipales, 10 con tesoreros municipales, 23 con servidores públicos del Poder Ejecutivo estatal, 30 con miembros del Poder Legislativo federal y estatal, cinco con organismos autónomos del estado de Veracruz, cuatro con órganos jurisdiccionales, 16 con despachos y 64 con particulares.

Mencionó también la firma de convenios: de Coordinación y Colaboración en Materia de Revisión y Fiscalización Superior, Investigación, Notificación, Asesoría e Intercambio de Información de la Coordinación Regional Centro Golfo, de la Asofis y la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de Colaboración con el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), y de Coordinación y Colaboración con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el Marco del VIII Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior, celebrado en Campeche.

Junto con esto, la realización de tres reuniones con los Colegios de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, con los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos y las acciones para el fortalecimiento de la relación entre la ASF y el Orfis.

Delia González informó de las reuniones que ha tenido con personal de la Contraloría General del Estado y de la Secretaría de Fiscalización del Congreso, a fin de coordinar acciones en el proceso de fiscalización superior y optimizar el desarrollo de las atribuciones respectivas.

Asimismo, comentó que, en diciembre pasado, encabezó una reunión de trabajo a la que fueron convocados exclusivamente presidentes municipales, con la intención de informarles las principales obligaciones derivadas de la normatividad que los rige, a la que asistieron 134 ediles.

Al señalar que la transparencia es la mejor aliada de la democracia, indicó que un objetivo del Orfis es involucrar a la sociedad para participar activamente en la evaluación del ejercicio y correcto uso de los recursos públicos. Para este propósito, desde diciembre de 2019, en la línea Díselo a la Auditora, la población pueden presentar quejas y denuncias al teléfono 800-00-ORFIS (67347).

La Auditora General del Orfis concluyó manifestando que dentro de las medidas que se están en implementación se encuentran la optimización de recursos y la aplicación de una política de austeridad a través de la racionalización y mejor aplicación del gasto, focalizándolo en la atención de las actividades sustantivas de la institución, proceso que irá acompañado de una reestructura organizacional acorde con los tiempos actuales.

“En Veracruz las reformas legales no se imponen, se acuerdan con el pueblo al que servimos obedeciéndolo”, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, al asistir al séptimo de los Encuentros por la Igualdad y No Discriminación-Hacia un Código Civil más incluyente.

Durante el inicio de los trabajos realizados en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, el legislador agradeció la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; de la diputada federal Dorheny García Cayetano; del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, diputado Rubén Ríos Uribe; del presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, de los ponentes y de representantes de diversos sectores sociales y distintos ámbitos.

Dijo que se trata de “un ejercicio de reconocimiento a lo que la sociedad nos tiene que decir, es atender a las expresiones de todas y todos, con respeto y tolerancia, con inclusión a las diversidades étnicas, con garantía a las libertades religiosas y más tratándose de un tema tan sensible como el Código Civil, un ordenamiento que regula temas tan delicados para el ser humano como la familia, los Derechos de las mujeres y el bienestar de las niñas y los niños, un Código que es heredero de una tradición jurídica milenaria.

“Si lo hacemos así, es más fácil avanzar por el difícil camino que nos lleva a las leyes justas, orientados por los expertos en la materia, acompañados por el Gobierno de México, por las Naciones Unidas y, desde luego, por los protagonistas del quehacer social. Que este intercambio sea por el bien de Veracruz, un estado de leyes justas”, concluyó.

La organizadora de estos foros y proponente de la iniciativa de reforma al Código Penal, diputada Mónica Robles Barajas, agradeció al subsecretario Encinas “la presencia, el respaldo, la congruencia y la convicción de tantos años, como un personaje que es parte de la historia política de nuestro país y que será parte de la historia del cambio que estamos haciendo en el estado de Veracruz”.

A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que esta iniciativa abonará al ejercicio de los derechos, que cumple no solamente con los estándares internacionales en la materia, sino que, reconoce la realidad de una sociedad que se ha venido transformando en los últimos años, abriendo espacio al ejercicio pleno de las libertades y los derechos”.

Dijo que “si bien son atendibles las preocupaciones de sectores que, a lo largo de muchos años, se han expresado en contra del derecho de las personas que desean libremente ejercer su libertad no solamente para contraer matrimonio, sino para el libre desarrollo de su personalidad, para ejercer libremente su sexualidad y sus convicciones personales éticas, lo más importante es que el Código abre un espacio de reflexión para consolidar los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones”.

En su intervención, la diputada federal Dorheny García Cayetano, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Unión, manifestó el respaldo a la iniciativa que –consideró- responde a necesidades reales de personas que de hecho viven y han vivido sin el reconocimiento de sus derechos, por ello dijo celebrar la realización de estos foros para llegar a acuerdos que sirvan al avance en materia de derechos de la sociedad veracruzana.

Estuvieron presentes las diputadas Deisy Juan Antonio, Adriana Paola Linares Capitanachi, Rosalinda Galindo Silva, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Cristina Alarcón Gutiérrez, Margarita Corro Mendoza, Jessica Ramírez Cisneros y Vicky Virginia Tadeo Ríos, así como los diputados Amado Jesús Cruz Malpica, León David Jiménez Reyes, Raymundo Andrade Rivera, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, José Magdaleno Rosales Torres y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, y el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá.

Al término de las ponencias, las y los asistentes contaron con un espacio para intercambiar impresiones y dialogar con las y los integrantes del presídium, quienes ampliaron la información y respondieron cada una de sus comentarios, preguntas e inquietudes.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, diputado Rubén Ríos Uribe, recibió en las instalaciones de este Poder al vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, con quien entabló un diálogo respetuoso sobre el análisis de las reformas al Código Civil de la entidad.

En primera instancia, el legislador Ríos Uribe se pronunció por generar, entre las partes interesadas en la reforma, un diálogo respetuoso y tolerante, que además privilegie la argumentación legal en la construcción de un marco jurídico acorde a las necesidades reales de Veracruz.

Con la participación de los coordinadores de los Grupos Legislativos del Partido Acción Nacional (PAN) y Del Lado Correcto de la Historia, diputados Omar Miranda Romero y Gonzalo Guízar Valladares, respectivamente, el diputado Rubén Ríos destacó que las citadas reformas deberán hacerse en un marco de inclusión, escuchando a las partes interesadas, pero sobre todo –indicó- atendiendo los derechos humanos, establecidos en la Constitución General y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

“Es necesario atender lo que establece la Constitución y los Tratados a fin de generar los mecanismos que eviten la no discriminación, por orientación sexual, de las y los ciudadanos”, abundó.

Precisó que las puertas del Congreso de Veracruz siempre están abiertas al diálogo, pero éste siempre deberá ser apegado a legalidad y respetando las ideologías de cada grupo.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos exhortó a los ayuntamientos del estado a cumplir su obligación en materia de transparencia y acceso a la información pública, y señaló que, de acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), casi la mitad de éstos no cuentan con un portal de transparencia, los que lo tienen no cumplen con los criterios mínimos y muchos ni siquiera publican nada.

Al presentar su exhorto, aludió lo dispuesto por los artículos 4, 9 fracción IV, 11 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre ambos para el estado de Veracruz, el integrante del Grupo Legislativo de Morena reconoció entre los propósitos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de acceso a la información pública, que se conozca la actuación de la autoridad pública y que se transparente el manejo de recursos.

En dicho sentido, dijo, de nada sirve que alguna autoridad maneje y gaste los recursos públicos de manera legal si no transparenta dicho manejo y gasto, es decir, que es igual de importante que el poder público actúe legalmente como que transparente su actuación.

Citó el mencionado artículo 30, el cual dispone que las actas y los acuerdos de las sesiones de Cabildo deben ser publicados en la página de transparencia municipal y en la tabla de avisos.

Refirió también el inciso h) de la fracción II del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, que establece como obligación específica de los ayuntamientos poner a disposición pública las referidas actas de sesiones de cabildo y sus anexos.

Además recordó que la fracción IV del artículo 9 la misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado prevé como sujetos obligados a los ayuntamientos y a los concejos municipales, los cuales, de acuerdo con el artículo 11, también están obligados a hechos concretos.

Entre dichas obligaciones, se encuentran: constituir el Comité y las Unidades de Transparencia Municipal y vigilar su correcto funcionamiento, designar a los titulares de las Unidades de Transparencia Municipal y nombrar a los servidores públicos que las integren, así como publicar, actualizar y mantener disponible, de manera proactiva, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere esta Ley y, en general, toda aquella que sea de interés público.

En virtud de esto, el legislador pidió que los ayuntamientos del estado constituyan el Comité y la Unidad de Transparencia de su respectivo municipio y que vigilen su correcto funcionamiento, designen a la o al titular de la Unidad de Transparencia y nombren a los servidores públicos que la integren.

Asimismo, que publiquen, actualicen y mantengan disponible, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que, en términos de la normatividad vigente en la entidad, publiquen en su página de transparencia las actas y acuerdos de Cabildo.

Aclaró que con este anteproyecto, “se pretende abonar a la cultura de la transparencia y al acceso de la información pública, como instrumento o llave que busca generar confianza y respaldo ciudadano en la toma de decisiones gubernamentales”.

Vargas Barrientos señaló finalmente que el incumplimiento por parte de las autoridades municipales redunda en opacidad e incertidumbre en el ejercicio del poder público y en el manejo de recursos económicos.

Además, “abona a la corrupción, porque es obvio que la falta de transparencia y el ocultamiento de información pública, no les permite a los ciudadanos participar siquiera u opinar en las decisiones gubernamentales, por lo que, la autoridad de que se trate, seguirá actuando discrecionalmente de acuerdo a sus propios intereses”.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de acuerdo por el cual se autoriza la intervención de la Tesorería del ayuntamiento de Actopan, Veracruz, a fin de supervisar y evaluar que el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, con apego al marco legal que le rige.

Las consideraciones del dictamen señalan que los regidores segundo, tercero, cuarto y quinto, del ayuntamiento de Actopan, solicitaron a este H. Congreso del Estado la intervención de la Tesorería Municipal, toda vez que señalan que desde el inicio de la administración municipal 2018-2021 se ha manejado de manera discrecional la Tesorería.

Dejando de observar la normatividad aplicable para hacer un correcto uso de los recursos públicos municipales, precisa el documento y añade que dichos ediles presentan como medio de prueba diversos oficios dirigidos a entes públicos encargados de la revisión y fiscalización de las finanzas públicas municipales dentro del estado de Veracruz.

Refiere que la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado, a través de la Dirección de Auditoría y Revisión Financiera, y derivado de la Revisión en modalidad de Gabinete, realizada en el periodo de revisión enero –abril 2019, se encontraron 28 observaciones de carácter financiero, las cuales resultaron en recomendaciones para su atención.

Habiéndose otorgado para efecto de solventación de observaciones un plazo no mayor de 30 días hábiles, como lo estipula el artículo 52, último párrafo del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado, sin que a la fecha haya una contestación por parte del área encargada del ayuntamiento de Actopan.

Asimismo, el dictamen precisa que la Dirección de Normatividad, Control y Seguimiento solicitó al titular del Órgano de Control Interno Municipal, un informe en relación con la existencia o inexistencia del procedimiento de entrega-recepción en la Tesorería Municipal, y habiéndose concedido prórroga a petición de dicho Contralor Interno, la misma fue desatendida y el informe solicitado a la fecha no ha sido rendido, por lo que fue necesario emitir un nuevo requerimiento.

Este dictamen registró 33 votos a favor y 13 en contra.

En el debate, participaron la diputada María Josefina Gamboa Torales y el legislador Eric Domínguez Vázquez.

El diputado del Grupo Legislativo de Morena, Rubén Ríos Uribe, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 92 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el estado de Veracruz, que busca exentar, a personas con discapacidad, del pago de parquímetros.

El también presidente de la Mesa Directiva, aseguró que su propuesta pretende que el pago de parquímetros deje de ser un gravamen económico, además de ahorrar tiempo y esfuerzo al realizar el pago a las personas con discapacidad, toda vez, que en algunas ocasiones, las mismas personas con discapacidad son quienes conducen el vehículo, ocasionando un esfuerzo al dirigirse a las máquinas de cobro y regresar al vehículo a dejar su recibo de pago.

Las personas con discapacidad tienen mayores barreras para un desarrollo individual, independiente y digno en todos los ámbitos como lo es en el laboral, escolar, familiar y social, tan solo por citar, dijo el diputado, por lo que requieren aún más esfuerzo para realizar sus actividades cotidianas, además de tener gastos extras referente a sus tratamientos, aparatos ortopédicos, trámites y la atención de diversas necesidades.

“Por lo anterior, esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el interés superior de las personas con discapacidad, protegiendo su integridad física, pero en especial, buscando para ellas mayores condiciones con miras de una inclusión social efectiva”, además, señaló, de ir en concordancia a lo establecido dentro de un de los Objetivos de Desarrollo Sostenible denominado “Reducción de las Desigualdades” de la Agenda 2030.

De esta forma se adicionaría un último párrafo al artículo 92 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para Veracruz, donde quedaría inscrito en la Ley la exención del pago de parquímetros a personas con discapacidad cuyos vehículos porten placas o calcomanías en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 42 de la misma Ley, concluyó Ríos Uribe.

A la iniciativa se adhirieron los Grupos Legislativos del Partido Acción Nacional, Del Lado Correcto de la Historia, Morena y PRI-PVEM y fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su estudio y dictamen.

Para garantizar mayor protección judicial en los ámbitos civil y familiar, el diputado Raymundo Andrade Rivera puso a consideración del Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 6 fracción VII y 15 fracción III, todos de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena habló desde la tribuna durante la Décima Primera Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, para explicar el contenido de su propuesta. Consideró que “en la actualidad, en el estado de Veracruz, el acceso a la justicia presenta una limitación que debemos suprimir”.

Dijo que “la redacción actual del segundo párrafo de la fracción VII del artículo 6 de la Ley de Defensoría Pública establece la condición de que el patrocinio gratuito en materia civil y de procedimientos judiciales no contenciosos no se otorgará a la parte actora en el caso de la reconvención hecha en contestación de demanda”.

Andrade Rivera advirtió que esto significa “un freno normativo, injustificado, que impide o limita la posibilidad del acceso a la justicia, siendo obligación del Estado remover muros que hagan efectiva la protección judicial de los derechos humanos y, en especial, en el tema civil y de familia”.

En virtud de esto, propuso que el Artículo 3 establezca que “la defensoría pública comprende la orientación jurídica y defensa en materia penal, en la de justicia para adolescentes, así como el patrocinio en las materias civil, familiar y mercantil”.

De acuerdo con la reforma al Artículo 6, será atribución del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública del Estado de Veracruz proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en materia civil, familiar y procedimientos judiciales no contenciosos, siempre que, de acuerdo con el estudio socioeconómico que se efectúe, los solicitantes tengan ingresos inferiores al triple del salario mínimo diario general vigente en el área geográfica donde radique el juicio.

La adición al Artículo15 determina que corresponde a los defensores públicos asumir el patrocinio en los asuntos de orden civil, familiar y mercantil, teniendo las siguientes funciones prioritarias prestar los servicios de asistencia jurídica en los términos previstos por esta Ley y demás aplicables, según el área de su competencia.

También, formular las demandas y contestación de las mismas, así como escritos para el desahogo de los juicios que estén encomendados bajo su responsabilidad, ofrecer las pruebas conducentes y formular los alegatos correspondientes, según proceda, a efecto de realizar una defensa conforme a Derecho y, en las audiencias, utilizar los mecanismos para una defensa integral de los asuntos encomendados a su cargo.

Además, auxiliar a su patrocinado en cualquier diligencia y actuación para la eficiente prestación del servicio, notificarse de las resoluciones emitidas por el Juez de la materia, notificar de ellas al solicitante del servicio e interponer oportunamente los recursos pertinentes y promover los juicios de amparo que sean necesarios cuando los derechos humanos de sus representados se estimen violados por alguna autoridad.

Por último, hacer saber a su representado en qué consisten los mecanismos alternativos de solución de controversias y propiciar que el asunto a su cargo, en caso de que proceda, pueda ser resuelto por esa vía en términos de la Ley aplicable y las demás que coadyuven a realizar una defensa conforme a Derecho, que propicie la impartición de justicia pronta y expedita en beneficio de la parte que represente.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia.

A fin de homologar la legislación estatal con la federal en materia de prevención y sanción de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, la diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó una iniciativa para que la violencia digital sea incluida en Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En la Decimaprimera Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la integrante del Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV) dio a conocer al Pleno la Iniciativa de Decreto que modifica la fracción VII, recorriéndose a la subsecuente fracción VIII que se adiciona al artículo 7 de la referida ley.

Dicho artículo, refirió la legisladora, enlista seis tipos de violencia contra las mujeres: psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y obstétrica, así como “cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres”.

Sin embargo, dijo que también debe considerarse que los usuarios de las nuevas tecnologías aumentan constantemente y que las mujeres “nos encontramos mayormente expuestas a que se realice violencia online y otros delitos como la extorsión, el acoso sexual, la explotación sexual, pornografía, trata de mujeres y niñas, la intimidación y la violación a la privacidad, ponen en riesgo la seguridad de las mujeres y las niñas, así como de otros sectores de la población, como son las jóvenes quienes mayormente utilizan estos medios informáticos, lo que resulta ser un hecho sumamente grave y el Estado debe evitar por todos los medios posibles impedir la difusión de estas acciones perjudiciales para las niñas y mujeres de toda la entidad”.

De esto deriva que “el reconocimiento de la existencia de la violencia digital es útil para que las mujeres y niñas tengan garantizado su derecho a vivir en un espacio libre de violencia, con el que se favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación”.

La Secretaria Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia explicó también que la homologación de la ley estatal con la federal contempla visibilizar, prevenir y sancionar la violencia en línea, en la que se explican tres perspectivas principales: la víctima, la digital y de género.

En la fracción que se propone, la violencia digital es definida como “cualquier acto que se presenta a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público; así como daño moral a ellas y/o su familia. Se manifiesta mediante el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, violación de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas”.

A la moción de la diputada Montserrat Ortega se adhirieron los grupos legislativos de Morena, mixto PRI-PVEM y mixto Del Lado Correcto de la Historia y, a título personal, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz. La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 17 de diciembre de 2019 por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, con el cual se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ampliando el concepto de violencia política por razón de género para reconocer que la padecen también las mujeres que ejercen un cargo de elección popular o en el desempeño de un cargo público, por su única condición de ser mujer.

Este dictamen, aprobado con 45 votos, señala en el artículo 13 ter que en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los órdenes del gobierno estatal y municipal, así como en los organismos autónomos, todos los servidores públicos tienen la obligación de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política.

Por tanto, están obligados a abstenerse de: imponer por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres ostenten o en cualquier ámbito de ejercicio de los derechos político-electorales o de asociación de las mujeres y asignar responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de sus tareas que obstaculicen o restrinjan el ejercicio de su encargo.

Además de restringir el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación aplicable, e imponer a las mujeres sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.

También deberán abstenerse de divulgar o revelar información personal y privada, de las mujeres electas, designadas, que ocupen puestos administrativos o directivos, en el ejercicio de sus funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan; y presionar o inducir a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

En las consideraciones del dictamen, la Comisión coincide con la autora, en el sentido que la violencia política en razón de género puede ser simbólica, económica, patrimonial, física, sexual y puede llegar al feminicidio político. Puede ser perpetrada por conocidos y/o por desconocidos, por hombres y también por mujeres; va dirigida contra precandidatas, candidatas, candidatas electas, e incluso políticas en ejercicio de su cargo; y no se limita al proceso electoral, la pueden padecer antes, durante y después de ejercer un cargo.

Tras ser aprobado por el Pleno, el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva, instruyó remitir el presente decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Mediante la Comisión de Atención y Protección de Periodistas y bajo la modalidad de comparecencia, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz recibió el informe de actividades del año 2019 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

En términos de los dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política del estado, la diputada María Josefina Gamboa Torales y los diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José Manuel Pozos Castro, presidenta, secretario y vocal de la referida comisión respectivamente, escucharon la exposición de la comisionada presidenta del organismo autónomo, Ana Laura Pérez Mendoza, y coordinaron el desarrollo de los trabajos.

En su presentación, la funcionaria dijo que, mientras en el nivel nacional los índices de homicidios a comunicadores han incrementado, en Veracruz estos indicadores van a la baja, ya que se ha privilegiado la prevención sobre la reacción.

Explicó que, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, de los 13 homicidios de periodistas en nuestro país durante 2019, 12 ocurrieron en el Estado de México, Morelos y Guerrero y desafortunadamente uno ocurrió en Veracruz.

De acuerdo con su titular, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, la CEAPP atendió un total de 94 expedientes, otorgando en dicho periodo un total de 259 acciones consistentes en la implementación de medidas de atención, preventivas y de protección, así como apoyos por concepto de ayuda social.

En el 2019 se abrieron 63 expedientes de procedimientos de atención por restricción a la libertad de expresión o por ayuda social, del programa preventivo y de los de protección, en donde se dictaron 171 medidas de ese mismo carácter.

Durante 2019 fueron dictadas 88 medidas de atención por restricción a la libertad de expresión o por concepto de ayuda social, de prevención y protección dentro de 31 expedientes de procedimientos correspondientes a ejercicios anteriores.

El organismo autónomo inició un total de nueve expedientes de protección y dio atención a un total de 13 expedientes abiertos en ejercicios anteriores a 2019 que se encuentran

activos. Durante el periodo que se informa, se abrió un total de 24 expedientes del Programa Preventivo y de Seguridad y se dio atención a 17 expedientes de ejercicios anteriores.

En relación con los expedientes mencionados, se implementaron medidas de carácter preventivo y de protección: 27 en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del estado; 46 medidas tecnológicas; 20 de asistencia legal; dos de equipamientos consistente en chalecos identificativos de prensa y cinco ante autoridades municipales.

A esto se suman 38 apoyos económicos para traslados de periodistas, a efecto de presentar denuncias y atender trámites administrativos, de carácter ministerial y judicial, reubicaciones o reforzamientos de infraestructura de seguridad.

Asimismo, se determinaron 86 medidas que corresponden a 30 expedientes abiertos en años anteriores y que se encuentran aún en estatus de activos y se iniciaron ocho expedientes de atención, dentro de los cuales se otorgaron 11 medidas de atención y, en atención a expedientes anteriores a 2019 por estar activos dentro de este procedimiento, se dictaron dos medidas en un expediente.

Este organismo –prosiguió su titular- recibió 34 solicitudes de Procedimientos de Atención bajo la vertiente de ayuda social y apoyo de periodistas del estado de Veracruz, de las cuales 12 fueron sobreseídas por no cumplir requisitos.

En cuanto a asesorías jurídicas y acompañamientos legales, se iniciaron 65 carpetas internas, en las que se proporcionó a los periodistas que lo solicitaron asesoría jurídica y acompañamiento, además de dar seguimiento a casos de años anteriores de los que conoce la Comisión.

Por su parte, se presentaron 28 denuncias o querellas ante la Fiscalía Especializada y se da seguimiento a tres denuncias interpuestas por periodistas en fiscalías diversas. En materia laboral, las 13 carpetas iniciadas han sido por asesorías, demandas por despido injustificado, dos en trámite y una de posible conciliación.

En asuntos de periodistas desaparecidos o privados de la vida, habló del estado en que se encuentran los casos de los periodistas Víctor Manuel Báez Chino, José Moisés Sánchez Cerezo, Anabel Flores Salazar, Ricardo Arturo Monlui Cabrera y Celestino Ruiz Vázquez, por homicidio, y de Gabriel Manuel Fonseca Hernández, Miguel Morales Estrada, Raúl Alfonso Rivera, por desaparición.

Añadió que se han gestionado 42 constancias de víctimas directas e indirectas ante las diversas autoridades judiciales, a fin de dar de alta a los periodistas y familiares en el Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), de los cuales, en 2019, fueron entregados 10 registros de víctima directa y 32 de víctima indirecta. Aunado a lo anterior, se gestiona la constancia de la autoridad judicial para posteriormente realizar el trámite en la CEEAIV de dos registros más.

Ana Laura Pérez informó también que se realizaron 19 gestiones para atender temas relacionados con la salud y asistencia social de los periodistas, toda vez que sólo algunos cuentan con seguridad social.

Por cuanto hace a la rendición de cuentas, de acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior en este ente Fiscalizable, esta Comisión Estatal no recibió observaciones por irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores o ex servidores públicos, ni inconsistencias de carácter administrativo.

Asimismo, conforme a las revisiones efectuadas a los Informes Trimestrales que se remiten al Congreso del Estado sobre el Ejercicio del Gasto Público 2019, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado no encontró inconsistencias relevantes, agregó.

Con respecto a actividades de profesionalización, del 1 de enero a la fecha, se ha capacitado a mil 104 personas (707 hombres y 397 mujeres), en 41 acciones de capacitación dentro de las cuales se capacitaron a 481 periodistas, 95 servidores públicos, 468 mandos policiales y 60 estudiantes.

Además de los talleres Géneros fotoperiodísticos, práctica y proyectos y Metodología de investigación periodística; el simposio Los nuevos retos del periodismo en Veracruz; los diplomados en Periodismo y la función del periodista en el Sistema Penal Acusatorio; el curso Cómo aprovechar la fuente judicial al máximo, en coordinación con la Organización Nacional Anticorrupción AC, y el foro Temas actuales de la función policial, buenas prácticas en materia de derechos humanos y medios de comunicación, en coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Xalapa.

Estas acciones del Plan Formativo para Periodistas 2019, tuvieron verificativo en diversos puntos del estado de Veracruz como Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Xalapa, Martínez de la Torre, Jamapa y Coscomatepec.

La funcionaria destacó también que, durante el año, la Unidad de Transparencia de la CEAPP atendió y respondió 127 solicitudes de acceso a la información.

A su vez, personal de la Comisión Estatal ha recibido capacitación en transparencia, acceso a la información, datos personales y archivos, con la finalidad de obtener la certificación Sujeto Obligado 100% Capacitado, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), y ha actualizado en tiempo y forma su Portal de Obligaciones de Transparencia.

La Contraloría Interna –agregó la Comisionada- realizó revisiones, evaluaciones y seguimiento al ejercicio de los recursos ministrados durante el ejercicio 2019 por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a la Comisión, corroborando que el proceso de planeación, programación, presupuestación y contabilidad, así como el control del gasto público se realizaran de acuerdo con la normatividad de la materia y a los principios de contabilidad aceptados.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se realizaron dos auditorías, a fin de evaluar y verificar la aplicación del presupuesto asignado a la Comisión Estatal y la documentación soporte que lo comprueba.

Por último, se dio seguimiento a la integración a la cuenta pública 2018, que estuviera bajo la supervisión del despacho externo auditor acreditado ante el Orfis y cuyo resultado se encuentra pendiente de informar por el mismo órgano.

En la última parte de su exposición, la titular de la CEAPP, informó que en 2019 se recibió un total de 45 Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, de las cuales seis son Iniciales, 36 de Modificación y 3 de Conclusión.

En cuanto al régimen de responsabilidad de servidores públicos, durante el mismo ejercicio, en la Contraloría Interna de esta Comisión quedaron integrados dos expedientes administrativos a igual número de servidores públicos.

En cumplimiento a lo establecido en los artículo 40 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 153 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Poder, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto recibió la comparecencia del comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección a Datos Personales (IVAI), José Rubén Mendoza Hernández.

En la segunda jornada de Comparecencias de los Órganos Autónomos, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez y la legisladora Adriana Paola Linares Capitanachi, presidente y vocal de la referida comisión, coordinaron los trabajos consistentes en la presentación del informe a cargo del servidor público y las dos rondas de preguntas y respuestas.

El titular del IVAI informó que, durante 2019, de los 329 entes públicos obligados a constituir su Comité de Transparencia, el 87 por ciento cumplió con dicha obligación, un porcentaje mayor al del año anterior en el que cumplió el 84 por ciento, es decir, 279.

Se logró que en 2019 aumentara la participación de la sociedad en la cultura de transparencia y rendición de cuentas. A diferencia de 2018, en que se recibieron 101 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, en 2019 llegaron 930, nueve veces más.

En este rubro, los ayuntamientos fueron los sujetos obligados más denunciados, con el 28 por ciento, seguidos de las entidades paraestatales, con 24 por ciento, y los organismos autónomos con 20 por ciento.

Destacó que se resolvieron 203 denuncias, atendiendo parte de las que quedaron pendientes en 2018 y de las que se presentaron en 2019 y que el número de denuncias resueltas este año fue el doble que las del año anterior.

Luego de los requerimientos realizados por el IVAI en 2018, añadió, se sancionó a 27 sujetos obligados con amonestación pública por incumplimiento en generar y remitir sus avisos de privacidad y a 23 por no remitir su informe anual en materia de datos personales.

En el mismo periodo, la sociedad utilizó su derecho presentando 36 mil 383 solicitudes de información más que en 2018, por Infomex y PNT y se presentaron ante el IVAI un total de seis mil 671 solicitudes de acceso a la información pública, cuatro veces lo recibido en 2018, donde se tuvieron mil 637. Un aumento de 308 por ciento.

De las seis mil 671 solicitudes recibidas, seis mil 633 fueron atendidas en términos de la ley, y solo en 38 solicitudes se ejerció el derecho a la prórroga, lo que representa el 0.57 por ciento, cifra menor a la solicitada el año anterior que fue de 4 por ciento.

Rubén Mendoza informó que el IVAI ha promovido el ejercicio del derecho de protección de datos personales, por lo que durante 2019 se recibieron 134 denuncias relacionadas con diversas temáticas.

En cuanto al fomento a la cultura de autocuidado y respeto, a través de conferencias el IVAI se acercó a cuatro mil 301 personas, 33 por ciento más que el año anterior.

Por otra parte, el Instituto elaboró el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2019, atendiendo a lo establecido en los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia.

Como parte del cumplimiento en materia de archivos y transparencia, el 30 de abril del

2019 se validó por parte del Archivo General del Estado la actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística, del Catálogo de Disposición Documental y de la Guía de Archivo Documental.

De acuerdo con el Consejero Presidente del IVAI, Veracruz destacó en la región sureste como uno de los estados donde más personas se interesaron y comprometieron en capacitarse en materia de archivos a través del curso en línea puesto a disposición por la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y el Archivo General de la Nación.

Precisó también que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es el sujeto obligado en contra del cual se interpusieron más recursos de revisión durante 2019. De los 20 mil 105 asuntos recibidos, el 85 por ciento fueron por inconformidad con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, 9 por ciento por la falta de respuesta a su solicitud y en el 6 por ciento restante el inconforme manifestó posteriormente estar satisfecho con la respuesta.

Dentro de las acciones tomadas por este órgano, se determinó instar a servidores públicos en 491 expedientes, en 157 se ordenó dar vista al contralor interno del ente obligado, en 32 se impuso apercibimiento y en 2 se dio vista al Cabildo.

El servidor público explicó la dinámica de los Jueves de Capacitación, donde se impartieron 78 sesiones, a las cuales asistieron dos mil 730 personas, 533 más que en 2018. Eso significó un incremento del 24 por ciento.

Con el programa de certificaciones Sujeto Obligado 100 % Capacitado y Comité de Transparencia 100 Capacitado, se lograron impartir 294 cursos a 42 sujetos obligados con un total de 23 mil 172 asistentes.

Refirió también que, a raíz de un convenio específico de colaboración, el IVAI y El Colegio de Veracruz lanzaron, el 5 de noviembre de 2019, el Diplomado denominado Transparencia, Acceso a la Información y Gobierno Abierto. Además, se han llevado a cabo reuniones de los capítulos Sistemas educativos / PREPArate y Construyendo ciudadanía en Veracruz.

En materia de actualización, todo el personal del IVAI tomó el curso en línea Sistema Nacional Anticorrupción-El nuevo régimen de responsabilidades administrativas y penales vinculadas a hechos de corrupción.

Además, prosiguió el funcionario, el IVAI ha colaborado en la publicación y presentación de obras académicas que abordan el tema de la corrupción (causas, consecuencias y propuestas para su combate) y ha dado capacitación y orientación a los integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Como parte de su compromiso con las acciones a emprender, el Instituto ha asistido y participado de manera activa en las sesiones del Comité Coordinador del Sistema

Estatal Anticorrupción del estado de Veracruz.

Junto con el OPLE Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, el IVAI firmó un convenio de colaboración a favor de los grupos vulnerables.

En términos del inclusión, el órgano autónomo hizo entrega de una de las leyes 875 de transparencia en braille a la Sala Braille del Centro de Servicios Bibliotecarios y de Informática “José Mancisidor” de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, un ejemplar quedó en la biblioteca del IVAI para consulta del público en general y otro más se entregó a la Universidad Veracruzana.

Además, organizó el Encuentro Intercultural por el Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales e implementó la interpretación en Lengua de Señas Mexicana para la transmisión de sus sesiones públicas y acercar la materia a grupos vulnerables.

En el mismo sentido, el IVAI lanzó la convocatoria de su concurso de dibujo infantil en totonaco y náhuatl de la Sierra de Zongolica, a fin de acercarlo también a grupos vulnerables e incorporó a sus filas a una persona con discapacidad. En cuanto a su conformación, el Instituto está integrado por 94 personas: 49 mujeres y 45 hombres.

Mendoza Hernández concluyó su exposición ponderando que el IVAI ha obtenido resultados positivos durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019 en los resultados del Sistema de Evaluación de Armonización Contable (Sevac), que contiene reactivos relativos a la transparencia, así como de las obligaciones de registros contables, presupuestales y administrativos.

El Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, atendió el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), presentado a esta Soberanía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 67 de la Constitución Política local, 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 154 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Poder.

Ante el diputado Alexis Sánchez García y las legisladoras Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, presidente, secretaria y vocal de dicha Comisión, la titular del organismo, Namiko Matzumoto Benítez, dio cuenta de las acciones y actividades llevadas a cabo durante 2019.

En el tema de igualdad entre mujeres y hombres, dijo que se actualizaron los instrumentos de recolección del monitoreo realizado durante 2018, lo que derivó en la modificación de 21 instrumentos de recolección, de los cuales se enviaron 20 a entidades de la administración pública estatal y uno a los 212 municipios del estado. A finales de diciembre de 2019, se contó con la respuesta de 55 municipios y de 20 entidades de la administración pública.

Además, con la finalidad de obtener información interseccional, se generó un instrumento para los 52 municipios con población mayoritariamente indígena, los cuales fueron enviados a los ayuntamientos. A finales de diciembre de 2019, se contó con la respuesta de 46 municipios.

Este año, la carga de trabajo de los visitadores de la CEDH fue en promedio de 359 solicitudes de intervención y 49 quejas por cada visitador.

Al hablar de la restructuración del organismo, destacó el inicio de operaciones de las áreas de Contención y Valoración de Impacto, Unidad para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la Unidad de Archivos, así como la regulación explícita de las atribuciones de áreas ya existentes en la estructura orgánica de la Comisión.

Expuso que, en 2019, la Unidad de Transparencia recibió tres mil 319 solicitudes de acceso a la información, que fueron atendidas a través de los procedimientos correspondientes, de acuerdo con la normatividad aplicable.

En materia de rendición de cuentas, señaló la funcionaria, la Contraloría Interna de la CEDH ejerció sus facultades legales para prevenir, corregir, investigar y sustanciar los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y, en su caso, sancionar aquellos distintos de las que son competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Junto con esto, las correspondientes revisiones al ingreso, egreso, manejo y custodia en la aplicación de los recursos públicos, en apego a lo establecido en el artículo 76 Bis de la Constitución Política del estado.

En la defensa y protección de los derechos humanos, en 2019, la CEDH atendió un total de 10 mil 767 solicitudes de intervención: 40 por ciento en oficinas centrales y 60 por ciento en delegaciones regionales y étnicas, 65 por ciento correspondieron a orientaciones, 15 por ciento a gestiones, 14 por ciento a quejas y 6 por ciento a antecedentes y ayudas humanitarias.

De acuerdo con Matzumoto Benítez, en 2019, esta administración resolvió 81 quejas a través de recomendaciones que se encuentran en etapa de cumplimiento y recomendó a las autoridades la adopción de las medidas necesarias.

Mientras los derechos que acreditaron un mayor número de violaciones fueron: derecho a la integridad personal (50); derechos de la víctima o de la persona ofendida (37) y derecho a la seguridad jurídica (12), las recomendaciones fueron dirigidas a 26 autoridades, dentro de las cuales tuvieron mayor número de señalamientos: Fiscalía General del Estado (37), Secretaría de Seguridad Pública (18) y distintos ayuntamientos (16).

De los 81 casos determinados, en 66 se acreditaron violaciones a derechos de grupos en situación de vulnerabilidad y se identificó a 278 víctimas.

La funcionaria detalló que la CEDH emitió 30 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos: tres por desaparición forzada, dos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, 15 por omisiones en la investigación de personas desaparecidas, seis por la comisión de actos de tortura y cuatro por discriminación. En cuanto a las quejas de oficio, se emitieron cinco recomendaciones.

Mencionó también la realización de 38 recomendaciones dirigidas a 10 autoridades estatales y municipales, así como entrevistas a 27 personas, entre ellas, integrantes de colectivos de familiares de víctimas de personas desaparecidas en la entidad e integrantes de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional.

Con el objeto de promover y difundir la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) entre las organizaciones de la sociedad civil y actores interesados, el 1 de octubre de 2019 se instaló el Mecanismo Estatal de Monitoreo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Respecto a la atención a familiares de personas desaparecidas, mencionó acciones de acompañamiento de búsqueda en los municipios de Úrsulo Galván, San Andrés Tlalnelhuayocan, Acultzingo, Amatitlán, Alvarado y Coatzacoalcos, en los 17 ceresos de la entidad y en dos hospitales psiquiátricos.

Asimismo, se llevaron a cabo 39 reuniones de coordinación con colectivos de la entidad y se realizaron jornadas de atención a familiares de personas desaparecidas en los municipios de Córdoba, La Antigua y Veracruz.

En 2019, continuó la Presidenta, la CEDH atendió solicitudes de intervención planteadas por personas privadas de su libertad. Destacan: 168 para conocer su situación jurídica, 83 sobre trámites de liberaciones anticipadas, 47 para interponer amparos y 43 para gestionar traslados.

La Comisión visitó los 17 ceresos del estado, un módulo preventivo de 72 horas y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA). En estos recorridos, la Dirección de Asuntos Penitenciarios emitió 119 observaciones, de éstas, 75 fueron solventadas y 44 se encuentran en trámite.

Del mismo modo, mencionó la presencia del organismo en 198 cárceles municipales a través de 335 visitas a sus instalaciones y 549 observaciones, de las cuales 21 se subsanaron y 528 se encuentran en proceso de atención.

También informó que en enero y febrero, la CEDH dio acompañamiento a las caravanas que ingresaron a territorio veracruzano. Personal de las delegaciones de Coatzacoalcos, Acayucan, Veracruz y Córdoba tuvieron presencia en los puntos de reunión y verificaron que durante el traslado por la entidad fueran respetados los derechos humanos de las personas migrantes.

A partir de una estrecha coordinación con los consulados en el estado –añadió la servidora pública-, se ha dado acompañamiento en los casos de migrantes en situación de riesgo o en los casos más graves en que las personas migrantes han perdido la vida.

Además, la Comisión atendió 280 solicitudes de intervención de personas migrantes, registrando 126 gestorías, 103 orientaciones y 11 quejas; se iniciaron dos quejas de oficio y se emitieron 162 constancias de vulnerabilidad a nacionales de 10 países.

Por otra parte, la capacitación ofrecida durante 2019 alcanzó un registro de ocho mil 613 personas a través de 494 cursos, y en la vinculación con el orden municipal, se llevaron a cabo Jornadas de Capacitación de Derechos Humanos para Autoridades Municipales. Se visitaron 12 diferentes sedes, con 264 personas que participaron representando a 75 municipios. Igualmente, se capacitó a 549 elementos de la SSP.

Igualmente, recibieron atención 63 organizaciones que año se acercaron a la CEDH, que, a su vez, estableció vínculos con autoridades de 43 entidades, organismos y dependencias de los tres órdenes de gobierno, mediante la celebración de 59 reuniones de coordinación ejecutiva y tuvo presencia en 158 actividades a las que fue convocado.

La Presidenta de la Comisión Estatal, concluyó destacando el trabajo realizado con 11 organizaciones internacionales y representaciones diplomáticas de distintos países, que derivaron en el fortalecimiento de acciones de protección a derechos humanos, junto con las nueve firmas de convenio realizadas a solicitud de ayuntamientos, organismos públicos y/u organizaciones de la sociedad civil.

El diputado José Manuel Pozos Castro, la legisladora María Josefina Gamboa Torales y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidente, secretaria y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXV Legislatura, recibieron la comparecencia de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, sobre el estado que guardan los asuntos que son competencia de este organismo autónomo durante el período septiembre-diciembre de 2019.

En presencia de autoridades municipales, representantes de las fuerzas armadas, notarios, empresarios, abogados, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, la funcionaria informó que, a su llegada a la Fiscalía, inició la revisión de todos los asuntos, la verificación de los registros oficiales y la identificación de rezagos.

Durante 2019, se iniciaron 80 mil 326 carpetas de investigación, de las cuales se encontraron aproximadamente 30 mil que no habían sido ingresadas en las bases de datos e instrumentos oficiales. En cuatro meses, se logró abatir en 96 por ciento el rezago en el registro de la información y la judicialización de tres mil 299 carpetas.

Al cierre de ese mismo año –prosiguió Hernández Giadáns-, se contabilizó un total de 49 mil 729 expedientes y se estableció un seguimiento semanal de los detenidos que son llevados a control de detención, para una mayor certeza de las vinculaciones a proceso.

“También encontramos diversos compromisos que no fueron atendidos a cabalidad con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, principalmente en el registro de vehículos robados y recuperados, así como en el de mandamientos judiciales, lo que originó que los resultados de las evaluaciones fueran negativos”, agregó.

En relación con los hallazgos en la gestión administrativa, se encontró un gasto excesivo en rentas de edificios para oficinas por un total anual de 33.6 millones de pesos (mdp), 3.8 mdp sin comprobar de fondo revolvente, pasivos por más de 251 mdp a favor de diversas instancias como SAR, IMSS, IPE, proveedores, contratistas, obra pública, retención y contribución a pagar.

Asimismo, excesiva dotación de combustible a altos mandos hasta por 125 mil pesos mensuales; en personal de ayudantía asignada a altos mandos, hasta 45 elementos a su cuidado personal y de sus familias; sueldos en altos mandos de casi 300 mil pesos mensuales, personal que no cubre el perfil de puestos autorizados y otros que cobraban sin presentarse a laborar en áreas administrativas.

En todos los casos, añadió Verónica Hernández, se dio vista y se puso del conocimiento a las instancias competentes para que inicien y den trámite a los procedimientos y denuncias a que haya lugar. Además, se encontraron irregularidades como falta de controles internos de auditorías en recursos humanos, financieros y materiales, así como proveedores y contratistas favorecidos sin pasar por el proceso de licitación y asignaciones directas.

A esto se añade deficiencia en obra pública del 2018, obra de mala calidad por más de 316 mdp, por lo que, en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) se realizan visitas a las obras para la determinación de las observaciones correspondientes.

En materia de los servicios periciales, los servicios médicos forenses se encontraban en condiciones deplorables ya que ningún semefo contaba con los requisitos mínimos para ser certificado.

Respecto al proceso de evaluación y control de confianza, prosiguió la servidora pública, 87 servidores públicos no lo aprobaron, por lo que instruyó a las áreas competentes iniciar los procedimientos correspondientes.

Además, se fortalecieron los protocolos del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Al 31 de diciembre de 2019, se excedió la meta programada y se tienen pendientes de evaluar sólo a seis servidores públicos.

“Habiendo encontrado una distribución dolosa por cuanto hace a percepciones, manejo de combustibles y un manejo discrecional y con dispendio de los recursos públicos, se instruyó la reducción de sueldos excesivos y compensaciones para altos mandos, iniciando un proceso de dignificación y homologación en las percepciones del personal operativo”, destacó.

También determinó la distribución de 400 plazas para el fortalecimiento de áreas operativas. Una vez agotados los requisitos formales para el concurso y reclutamiento del personal, se destinarán 200 plazas a la policía ministerial (incremento de 27.17 por ciento), 130 posiciones se canalizaron para la contratación de fiscales (incremento del 26.4 por ciento).

Se añaden 30 para fortalecer los cuadros de los servicios periciales (incremento de 10.34 por ciento) y 40 se destinaron a fortalecer a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, a los que también se ha sumado el apoyo de 22 elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase): un total de 164 elementos a partir de septiembre (incremento de 60.78 por ciento).

Dijo también haber instruido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, una atención inmediata, responsable y de respeto a todos colectivos que buscan justicia. Reportó la participación en nueve operativos de búsqueda, asistencia en 19 reuniones con diversas autoridades estatales y federales y el nombramiento de seis nuevos fiscales.

Además del acceso a las carpetas de manera inmediata cuando así lo solicitan y reuniones periódicas para su revisión, se han tenido 10 reuniones regionales con colectivos en Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Xalapa, se han realizado cuatro reuniones estatales con colectivos y el Gobernador del Estado, se les ha invitado a que conozcan las condiciones de los semefos y se da seguimiento a todos los casos de larga data.

Desde septiembre, inició el estudio de cada una de las mil 155 carpetas que se encontraban en el sistema, que corresponden a mil 240 desaparecidos del año 2019. De acuerdo con la investigación, al 31 de diciembre, 588 personas ya habían sido localizadas, quedando 652 personas por localizar.

De igual manera, en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas y a la luz de las alertas de violencia de género emitidas al estado de Veracruz, se activaron 68 cédulas de Alerta Amber, se logró recuperar a 54 niñas, niños y adolescentes y se solicitaron cuatro colaboraciones con Alerta Amber México.

Destacó también la puesta en marcha, el pasado 25 de noviembre, del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz.

Como resultado de la aplicación del protocolo para la clasificación del delito de feminicidio, de un total de 142 carpetas de investigación iniciadas, se hizo una reclasificación exhaustiva resultando únicamente 100 carpetas de feminicidio. Las restantes derivaron en homicidios, muertes no delictivas, suicidio y muerte por omisión de cuidado, entre otros.

En cuanto a la atención a los pueblos originarios, dijo que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos incrementó en 28 por ciento las visitas itinerantes en Huayacocotla, Chicontepec, Tantoyuca, Papantla, Orizaba, Zongolica, Hueyapan de Ocampo y Uxpanapa, y se atendió las 309 quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De la actividad de la policía ministerial, detalló que en este año se cumplimentaron casi tres mil mandamientos judiciales relativos a órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia y que, de septiembre a diciembre, se ejecutó en promedio mensual 20 por ciento más que lo trabajado en el periodo de enero-agosto.

Para atender de manera frontal a uno de los delitos de mayor impacto social, se conformó la Coordinación Estatal de Homicidios.

En la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, durante el periodo que se reporta, se registraron 298 casos y se logró la detención de 147 presuntos culpables, la desarticulación de 22 bandas delictivas, el cumplimiento de 37 órdenes de aprehensión y la obtención de 56 sentencias condenatorias.

Aseguró que “en tan sólo cuatro meses y luego de un intenso trabajo, de un alto compromiso y con el apoyo irrestricto de mujeres y hombres profesionales, comprometidos, con vocación y honestidad, hemos puesto a la Fiscalía General del Estado al servicio de la población veracruzana”.

Verónica Hernández Giadáns concluyó su comparecencia aseverando que la autonomía de la FGE “no se excluye de la coordinación con todos los órdenes y niveles de gobierno, pero sobre todo con la sociedad civil. Coordinación no es subordinación, sino identidad en principios, estrategias y compromisos. En el Veracruz de hoy, se hace cumplir la ley y quien delinque es castigado sin distingos”.

El Congreso del Estado de Veracruz se sumó a las acciones del macrosimulacro, convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, y logró, de manera exitosa, en un lapso de tres minutos, la evacuación de 535 personas, entre plantilla laboral y visitantes a este inmueble.

Esta acción, realizada en todo el país a las 11:00 horas, tiene como propósito fomentar la cultura de la protección civil entre la población y contribuir así al fortalecimiento de las capacidades de reacción ante cualquier emergencia o desastre, resultado de sismos.

El evento, realizado en la explanada principal del Palacio Legislativo, fue encabezado por la presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil de la LXV Legislatura, diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, quien en su intervención expresó que debe tenerse presente que la prevención es fundamental para evitar la pérdida de vidas humanas.

Asimismo, indicó que lo que hoy pudo constatarse es una hipótesis de reacción en caso de un sismo, incendio u algún otro hecho que ponga en riesgo la vida de quienes laboran en este inmueble.

Ante el personal y visitantes, señaló: “Junto a ustedes, hoy podemos realizar un ejercicio responsable que nos sirve como una representación de acciones de respuesta, previamente planeadas y montadas con un escenario específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos, así como la vulnerabilidad de los sistemas afectables”.

La legisladora aseveró que el objetivo de este simulacro es poner a prueba la capacidad de respuesta de la población involucrada y así evaluar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre y examinar que tan seguro es el inmueble y sus alrededores.

Además, preparar las acciones que se deben llevar a cabo para mejorar las condiciones de seguridad y diseñar rutas de evacuación, elegir el lugar donde se concentrarán las personas en caso de desastre, así como enlistar las herramientas y materiales que se recomienda tener a la mano para la autoprotección, comunicación y capacitación continua del personal.

Por último, convocó a las y los ciudadanos en general a participar en estos simulacros, toda vez que “no olvidemos que un simulacro no es un juego, de este ejercicio puede depender tu vida”, puntualizó.

Participaron en la coordinación de este ejercicio la jefa del Servicio Médico, doctora Claudia del Rosario García Pérez, el jefe de la Oficina de Seguridad, Simón Díaz Íñiguez, y la Unidad Interna de Protección Civil de este Poder.

La diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, integrante del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó al Pleno un anteproyecto de punto de Acuerdo por el cual señala acciones que podrían generar cambios en la conducta y actividades de los sujetos obligados para disminuir su impacto ecológico, destinar más recursos al control y reparación de los efectos dañinos causados al ambiente y a la salud de las personas, y propiciar las condiciones para un medio ambiente sustentable.

Al participar durante la décima sesión ordinaria, la legisladora plantea que la LXV Legislatura exhorte al titular del Poder Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), implemente políticas públicas transversales para fomentar la información y atención sobre el cambio climático, con el fin de que autoridades, organismos, instituciones y ciudadanos contribuyan a prevenir sus consecuencias.

Asimismo, se exhorta al Ejecutivo estatal para que, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), proponga a las autoridades educativas federales, en términos de la Ley General de Educación, que los temas sobre cambio climático se incorporen a los planes y programas de estudio que se estimen pertinentes, así como las actualizaciones que pudieran ser necesarias.

Igualmente, hizo un llamado para que la Secretaría de Protección Civil (SPC) estatal, elabore un mapa de riesgos respecto a las consecuencias del cambio climático e identifique las regiones de mayor vulnerabilidad en el estado de Veracruz.

La diputada Yunes Yunes subrayó “de nada sirve prohibir el uso de popotes, de bolsas de plástico y empaques de unicel, si los anaqueles de los supermercados y nuestras casas están llenos de envases de plástico, si no clasificamos y reciclamos nuestra basura”.

“O como sucede en este Congreso, gastamos toneladas de papel que no utilizamos. La prueba son los textos de las recientes comparecencias y la impresión de la Gaceta Legislativa que bien puede entregarse por los medios electrónicos existentes para ello”, abundó.

Expuso que el calentamiento global y la falta de interés de las autoridades locales han provocado la desaparición del 65 por ciento del glaciar del Jamapa en el Pico de Orizaba. “Cabe señalar que de los cinco glaciares con que contaba originalmente nuestro volcán, sólo sobreviven dos: el Jamapa y el glaciar Del Toro, lo que explica, entre otras cosas, la escasez de agua que vivimos en la zona centro del estado”.

Por otra parte, dijo que durante 2018 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) registró un total de 73 sitios contaminados distribuidos en 46 municipios veracruzanos.

Asimismo, que los eventos de contaminación fueron provocados por el manejo de residuos sólidos urbanos, así como hidrocarburos, actividades mineras, industrial, comercial y de emergencias ambientales, sin que hasta el momento existan trámites o programas para atender los pasivos ambientales en la entidad.

El anteproyecto fue turnado para su estudio y dictamen a la Junta de Coordinación Política.

Las instituciones de banca y crédito deberán establecer medidas mínimas de seguridad en cada establecimiento, sucursal u oficina bancaria, con suficiente personal y tecnología, para garantizar la protección de las personas y sus pertenencias, así como al patrimonio de la institución, de acuerdo con la propuesta presentada por el Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV).

La diputada María de Jesús Martínez Díaz, integrante de esta bancada, hizo uso de la tribuna para dar lectura a la Iniciativa, ante el Congreso de la Unión, que reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de seguridad.

En la exposición de la propuesta, detalló que dichas medidas deben incluir en cada establecimiento, sucursal u oficina bancaria suficiente personal de seguridad privada legalmente autorizados o de policía auxiliar de la seguridad pública, previo contrato con cargo a la institución, así como la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo tecnológico de audio y video interno y externo necesarios.

La iniciativa plantea que se prohíba “a los dependientes o empleados bancarios que ahí laboren y al público usuario, el uso de dispositivos móviles o cualquier otro tipo de tecnología que favorezca la comunicación con el exterior durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones o durante la jornada laboral respectiva”.

Contempla también que las instituciones de banca y crédito, cuando contraten personal que reciba, en su representación, recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, deberán asegurarse de que los establecimientos que al efecto utilicen dichas personas, cuenten con las medidas mínimas de seguridad que se establezcan conforme a lo señalado en el artículo 96 del mismo ordenamiento.

En este sentido, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá dictar, mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas mínimas de seguridad que deberán garantizar las instituciones de banca y crédito y los prestadores de servicios o comisionistas que las instituciones contraten para la recepción de recursos de sus clientes, en efectivo o cheque y vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.

Así también, no se permitirá la contratación de personal al amparo del artículo 46 Bis 1 de la misma Ley para realizar en el interior de las sucursales de atención al público de las instituciones de crédito, cualquiera de las operaciones a que se refiere el artículo 46 del mismo ordenamiento.

Para implementar lo señalado, “las instituciones de banca y crédito deberán contar con personal capacitado y unidades especializadas que garanticen el correcto y continuo funcionamiento de las medidas mínimas de seguridad, que deberán participar, en coordinación con las autoridades de seguridad pública, en programas de prevención del delito”.

Finalmente, la CNBV emitirá en cualquier tiempo recomendaciones vinculantes a las instituciones de banca y crédito, para garantizar la seguridad de los usuarios y de sus valores en el interior de sus establecimientos, sucursales u oficinas bancarias.

De acuerdo con el Tercero Transitorio de la Iniciativa, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, se deberán hacer las adecuaciones reglamentarias a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a éste.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública, con la adhesión de los Grupos Legislativos de Morena, Del Lado Correcto de la Historia, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, presentó en la décima sesión ordinaria del segundo año de ejercicio constitucional una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 2 y la fracción XXII al artículo 28; y adiciona la fracción XXIII al artículo 28, todos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, donde prevé contemplar la prohibición de las corridas de toros en la entidad.

En su exposición de motivos, la representante de Morena, destacó que gracias al trabajo legislativo nacional e internacional se ha construido un cambio en los marcos legales para la protección de la vida no humana, en concordancia con los avances de una nueva ética con el entorno natural y con la biodiversidad del planeta, promoviendo la preservación de la vida.

Destacó que los antecedentes que respaldan esta iniciativa se basan en las actuaciones de organismos internacionales, nacionales y estatales que han visibilizado la necesidad de prohibir las corridas de toros, por ser considerados espectáculos de índole violenta.

Actualmente, continuó Alarcón Gutiérrez, estados como Sonora, Guerrero, Coahuila, y recientemente Quintana Roo, han construido marcos legales para la protección de los animales prohibiendo, explícitamente, las corridas de toros, peleas de gallos, actividades brutales y violentas incongruentes a la nueva ética y compromiso de los seres humanos con el medio ambiente y la vida animal.

A pesar de existir leyes que sancionan el maltrato hacia los animales y el incumplimiento moral hacia la vida animal, dijo la diputada, en ocasiones los intereses económicos de unos cuantos empresarios se anteponen, por encima del dolor y sufrimiento de estos seres vivos.

“Esta iniciativa parte del análisis a las reformas en materia de derechos de los seres animales, como también de los análisis comparativos de algunas legislaciones en algunos países donde se ha dispuesto positivamente a favor de ellos”, abundó.

Asimismo en respuesta a las demandas ciudadanas por medio de organizaciones no gubernamentales, que han buscado extender la protección a los animales, principalmente

con relación a la prohibición de las corridas de toros, que representa un vestigio de crueldad hacia estos seres animales, y que genera ambientes de violencia, señaló.

Agregó que todo espectáculo de tauromaquia, a su parecer, es un acto de violencia donde se reproducen todos lo antivalores de respeto y sana convivencia entre los seres humanos y los animales, toda vez que no forman parte de las tradiciones genuinas del pueblo mexicano.

Finalmente aseguró que la prohibición de las corridas de toros y de todo espectáculo de tauromaquia, es una consecuencia lógica del avance en la materia de protección de los derechos de los seres animales, donde Veracruz ha sido pionero, es “una oportunidad para cerrar el paso a todo evento violento y de barbarie, contrario a los compromisos éticos y morales que como sociedad hemos adquirido con todos los animales”.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Se adhirieron -a título personal- los diputados León David Jiménez Reyes y José Andrés Castellanos Velázquez, así como las diputadas Mónica Robles Barajas, Adriana Paola Linares Capitanachi, Rosalinda Galindo Silva, Magaly Armenta Oliveros y Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

– Inauguración “Preservemos nuestras tradiciones libres de violencia”

Previo al inicio de la sesión, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez inauguró la exposición fotográfica Preservemos nuestras tradiciones libres de violencia, como parte de su apoyo a la campaña “Preservemos nuestras tradiciones, cultura de vida, respeto y compasión. Sabiduría ancestral. No más violencia y barbarie”.

Durante el acto, aseguró que los pueblos originarios no consideran parte de su cultura las tradiciones que fomentan la violencia y maltrato animal, por lo que se debe evolucionar conforme a criterios y principios superiores como los de la bondad, piedad y respeto del otro, y “menos aún sobre la base ruin del gozo perverso y del afán de lucro”.

Por su parte José González Martínez, Representante de la Red Nacional México Antitauromaquia, Construyendo la Paz, realizó la entrega de un reconocimiento a la legisladora por sus acciones en la lucha en pro de los derechos humanos y derechos animales.

En la inauguración también estuvieron presentes los diputados Raymundo Andrade Rivera, León David Jiménez Reyes, José Andrés Castellanos Velázquez, así como el Premio Nacional de Periodismo y Embajador de Buena Voluntad de Movimiento Conciencia, Patricio Monero.

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, presentó una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Salud del Estado de Veracruz, con la finalidad de que se implementen campañas informativas permanentes sobre la prevención del suicidio.

Dicha iniciativa establece la elaboración del Plan Veracruzano de Prevención del Suicidio, el cual incluya las acciones a seguir para detectar conductas tendientes a esta problemática, dando un adecuado seguimiento, atención médica y psicológica para evitar muertes por esta situación.

Asimismo, la implementación de una línea telefónica gratuita donde especialistas en salud mental atiendan a la población que lo requiera, disminuyendo las tasas de suicidios en el estado, además de apoyar a toda persona que esté pasando por una crisis emocional por medio de una conexión social y empática.

Por lo que su propuesta radica en la reforma al segundo párrafo del artículo 70; la fracción III y IV del artículo 70 bis; y adiciona la fracción V al artículo 70 bis y un sexto párrafo al artículo 71 bis de la Ley de Salud del Estado.

La legisladora del distrito XXIV de Santiago Tuxtla, afirmó que en la Carta Magna Federal se establece el derecho que tiene todo ciudadano a la protección de la salud, por lo que es obligación del Estado prevenir cualquier tipo de alteración en la misma, ya sea física o mental, siendo el suicidio un problema de salud pública que aumenta con mayor frecuencia en el país.

Agregó que en el Capítulo VII de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, señala que la prevención de las enfermedades mentales tienen un carácter prioritario.

Asimismo, -aseveró- en la legislación local existe el capítulo de la Ley de Salud exclusivo a la Salud Mental, en donde se establecen todas las disposiciones relativas al mismo, sin embargo, en ningún artículo se hace referencia al suicidio y a la prevención de éste, existiendo un vacío legal respecto las obligaciones que deberá tener el Estado con las personas que presenten tendencias suicidas producto de la depresión o de otras patologías mentales.

Agregó que a pesar de que la Secretaría de Salud de Veracruz (SS) cuenta con el Programa de Prevención del Suicidio, con la presente iniciativa se fortalecerá la atención oportuna para dar el apoyo necesario a las personas que lo necesiten, coadyuvando a lo existente hoy en día en la SS.

De acuerdo con especialistas, continuó la integrante del Grupo Legislativo mixto de los partidos Movimiento Ciudadano-PRD, el suicidio es prevenible, por lo que se debe estar atento ante cambios del comportamiento en algún miembro de la familia, además de fomentar las relaciones sociales sanas, ambientes familiares agradables, buena autoestima y evitar el bullying.

“Recordemos que la salud no solo es la ausencia del dolor físico, la salud también tiene que ver con las emociones, con un estado de equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural, que brinda un bienestar y una buena calidad de vida”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia para su análisis y dictamen. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, MC-PRD y Del Lado Correcto de la Historia.

Por considerar necesario aumentar las multas a los conductores que bajo la influencia del alcohol operan vehículos automotores, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) propuso reformar los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 153 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante la Décima Sesión Ordinaria del Primer Período del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y en nombre de dicha bancada, el diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto, como propuesta ante la gravedad y la frecuencia de los delitos que se cometen en este respecto.

En este rubro, México es el séptimo de los países con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito y la segunda posición en América Latina. Al año, el país registra más de 24 mil muertes generadas por lesiones en el tránsito, lo que la ubica como la primera causa de muerte en la población de cinco a 34 años de edad.

Respecto de la mortalidad, el alcohol sigue siendo la sustancia adictiva de más consumo y que ha causado más muertes, siendo la primera causa de muertes violentas en jóvenes.

García Escalante agregó que, a pesar de las medidas implementadas para inhibirlo en la población, el manejo de vehículos bajo la influencia del alcohol persiste. “La Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz establece como muy graves las conductas relacionadas con aquellos conductores que operan vehículos automotores bajo la influencia del alcohol, sin embargo, las multas contempladas por esta falta no resultan estar equiparadas a dicha gravedad”.

Por ello, el Grupo Legislativo del PAN presentó dicha iniciativa que para su análisis y, en su caso, dictaminación, fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, Presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, se reunión con integrantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de realizar un análisis de los requisitos para el nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, toda vez que actualmente se cuenta con una encargada de despacho.

En entrevista, Cervantes de la Cruz, destacó que durante las reuniones mensuales que se tienen con el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, colectivos de familiares de personas desaparecidas y demás autoridades involucradas en el tema, se acordó llevar a cabo esta reunión en el Poder Legislativo, para analizar, y en su caso reformar, los requisitos para asumir la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda y el respectivo proceso de selección que contempla la Ley en Materia de Desaparición de Personas en el Estado.

Asimismo, detalló que de llevarse a cabo modificaciones, estas deberán estar armonizadas con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Con estas reuniones de trabajo se podrá tener la certeza, que una vez emitida la convocatoria, la persona que obtenga la titularidad de la Comisión, cumplirá con los requisitos que los Colectivos consideren los óptimos para llevar a cabo un buen trabajo en la búsqueda de los desaparecidos, además de que exista concordancia de que lo discutido en las reuniones quede establecido en la Ley Estatal”, dijo la legisladora.

Finalmente, señaló que “estos trabajos se seguirán realizando en coordinación con el Gobierno del Estado con el único fin de darles resultados a las familias veracruzanas que desafortunadamente viven esta situación”.

En esta reunión estuvieron representantes la diputada Florencia Martínez Rivera, vocal de la Comisión Especial; Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, representantes del Consejo Estatal Ciudadano, representantes del Poder Ejecutivo, así como representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, y demás autoridades en la materia.

El diputado Rodrigo García Escalante, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado, para crear el Consejo Estatal Contra las Adicciones, para la debida prevención del consumo de narcóticos y atención a las adicciones.

Las adicciones son en sí, destacó el legislador del PAN, la causa y efecto de un problema social que involucra factores como la seguridad, la pobreza, la falta de oportunidades y el rezago educativo. “En el seno de una comunidad, las adicciones vulneran el tejido social y al mismo tiempo son producto de esa misma descomposición”.

El Estado, continuó García Escalante, enfrenta retos en materia de salud pública que debe atender de forma oportuna e integral, para lograr que mayor número de veracruzanas y veracruzanos tengan acceso a servicios de salud de calidad, así como fomentar hábitos de vida saludables.

“Para quienes integramos el Grupo Legislativo del PAN la prevención, tratamiento, rehabilitación social y control en materia de adicciones debe ser prioritario, el gobierno en sus tres niveles debe asegurar el acceso a los servicios de salud para todos los mexicanos, reconociendo la necesidad urgente de la prevención de las adicciones no solo para el mejoramiento de la salud”, expuso.

También, destacó el representante del Distrito I, Pánuco, como una alternativa para solucionar distintas problemáticas como: la violencia familiar y social, evitar accidentes, evitar enfermedades de transmisión sexual, evitar la comisión de delitos etcétera, teniendo como objetivo principal la rehabilitación y reinserción integral en las diferentes áreas del individuo.

Es por ello que con la presente iniciativa, destacó, se está proponiendo la creación del Consejo Estatal Contra las Adicciones, cuyo objeto será el de “promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las Adicciones, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los artículos 156 y 159 de la Ley de Salud del Estado”.

Que dicho Consejo, finalizó, esté integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo, un representante del Congreso del Estado y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. Asimismo se establece la atribución para que el Secretario de Salud pueda invitar, cuando lo estime conveniente, a los Presidentes municipales del Estado a asistir a las sesiones del Consejo.

Esta Iniciativa de Proyecto de Decreto fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia, para su estudio y dictamen.

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz, cuyo propósito es garantizar la representación indígena en la conformación del Congreso del Estado y para ello establecer como requisito la Auto Adscripción Calificada, a fin de evitar falsos representantes.

De esta manera, la legisladora plantea incorporar en el artículo 21 constitucional que “En la integración del Congreso, deberá existir representación indígena, cuyas bases de participación estarán reguladas en la ley”.

Como resultado de lo anterior, propone modificar el artículo 22 a fin de señalar que por cada diputado propietario se elegirá a un suplente, para lo cual en ambos casos se requiere, “tratándose de candidaturas indígenas, Auto Adscripción Calificada”.

En su iniciativa, turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, la diputada refiere que para hacer efectiva la acción afirmativa, en cuanto a que las personas postuladas por los partidos sean representativas de la comunidad indígena, no bastará con que se presente la sola manifestación de auto adscripción, sino que, al momento del registro, será necesario que los partidos políticos acrediten si existe o no una vinculación de la persona que se pretende postular con la comunidad a la que pertenece.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, así como de preservar el cumplimiento de la medida, “esto es, estamos en presencia de una auto adscripción calificada, que debe ser comprobada con los medios de prueba idóneos para ello”, abundó.

Al participar durante la novena sesión ordinaria, del primer periodo, del segundo año de labores, Alarcón Gutiérrez puntualizó que el interés que se busca es el dotar a los pueblos originarios de Veracruz de mayores medios y así tengan verdaderos representantes en el Congreso estatal.

“Defendiendo desde aquí sus tradiciones, costumbres, pudiendo también, proponer las reformas o acciones necesarias para la preservación de nuestras raíces; opinar en temas trascendentales para Veracruz y, en general, todas las responsabilidades y derechos de diputadas y diputados”, agregó.

Consideró que todos los partidos políticos deben respetar el derecho que corresponde a los pueblos originarios, “para que así no quieran sorprender a las autoridades electorales con falsos representantes, solo por cumplir el requisito, o por obedecer a intereses externos, o por cometer fraude al principio de auto adscripción”.

Expuso que, una vez aprobada esta modificación constitucional, tendría que presentarse las propuestas de legislación secundaria, la cual incluiría los requisitos para el registro de representantes de pueblos originarios. “También las sanciones para aquellas personas, o partidos políticos, que cometan fraude, o pretendan cometerlo, y dejar fuera a quienes, de verdad, tengan todo el derecho de participar”, concluyó.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, presentó ante el Pleno la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas fracciones al artículo 8 de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, a fin de dotarlo de atribuciones que fortalezcan su incidencia en los sectores público, social y privado en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la entidad veracruzana.

En su intervención, durante la novena sesión ordinaria, la legisladora Nora Jessica Lagunes Jáuregui dijo que esta reforma es para que el diagnóstico integral de la situación de las mujeres –que realiza el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM)- sea actualizado y para instaurar la capacitación a las Unidades de Género de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, agregando a los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos.

“Si bien la capacitación a estas unidades se contempla en un decreto del titular del Poder Ejecutivo, es muy importante que quede expresado en la Ley, para que el papel del IVM sea vinculante con todos los poderes públicos, esta tarea ya la realiza el Instituto, aquí se formaliza en la ley”, añadió.

Explicó que se adicionan atribuciones que por la misma naturaleza del IVM debe realizar para poder incidir en las políticas públicas y vigilar que las metas e indicadores se hagan efectivas en los programas presupuestarios.

Expuso que el IVM opera cada año con programas federales que le dotan de recursos para ejecutar acciones en favor de la igualdad de género y una vida libre de violencia; “hoy recibe recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto de Desarrollo Social y de la Secretaría de Salud, por ello es importante que se visibilice el trabajo que realiza con estos programas en todo el estado y que debe hacerlo bajo las reglas de operación correspondientes”.

Por otra parte, indicó que su propuesta legislativa va enfocada en la profesionalización del personal del IVM, para aprovechar su conocimiento y experiencia en la materia y así garantizar que su permanencia no esté en función de los cambios de gobierno, “la perspectiva de género es una materia especializada, por ello se propone que el IVM implemente un servicio civil de carrera”.

Calificó como fundamental la vinculación con todas las autoridades que tienen que ver con el acceso de las mujeres a su derecho humano a la justicia, con sus derechos como víctimas de delitos y de violación a sus derechos humanos, ello a fin que el IVM incida en esos ámbitos y coadyuve con la perspectiva de género.

Asimismo, expuso que la asesoría y apoyo del IVM a los ayuntamientos y a los Institutos Municipales de las Mujeres es de gran importancia para que los derechos de las mujeres se hagan efectivos, “pues es el espacio de gobierno más cercano a ellas, porque hay que reconocer que las instancias municipales de las mujeres se encuentran en proceso de consolidación y es necesario este acompañamiento para que puedan ejercer sus atribuciones que la Ley Orgánica del Municipio Libre les confiere”, añadió.

En la justificación de la iniciativa la diputada refiere que es de suma importancia fortalecer las oficinas regionales del IVM, “estas deben contar con personal especializado de acuerdo a las necesidades de las mujeres de la región donde se establezcan, por ejemplo, en las zonas indígenas la atención debe ser con enfoque intercultural, las que se encuentran en zonas urbanas, considerar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en las ciudades”.

La iniciativa trata –puntualizó la diputada- de ampliar las atribuciones del IVM, precisamente para responder al momento histórico que vive el país en materia de derechos humanos de las mujeres, que requiere de fortalecer a la institución rectora de la igualdad en el estado, especialmente en la vinculación con las instituciones de procuración de justicia y con las de atención a víctimas.

Además del acompañamiento a los ayuntamientos, del seguimiento a indicadores de género en los programas presupuestarios y de la profesionalización del personal del Instituto, concluyó.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisión Permanente para la Igualdad de Género. Se adhirieron los Grupos Legislativos de Morena y los Mixtos de Movimiento Ciudadano-PRD, de Acción Nacional Veracruz (ANV), Del Lado Correcto de la Historia y PRI-PVEM.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) pidió al
gobierno del Estado de México reconsiderar el aumento del 20 por ciento al
costo del transporte público, que entró en vigor el 1 de enero, pues afecta la
economía de más de 6 millones de usuarios.

Mediante un comunicado, la legisladora detalló que dicho
incremento también se aplicó a los servicios que prestan el Mexibús y
Mexicable.

Calificó como una “burla” autorizarlo, ya que los asaltos
con violencia en el transporte público se han incrementado 700 por ciento, las
unidades son obsoletas y los conductores carecen de la mínima preparación.

Precisó que, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de 2015 a 2018, los robos se incrementaron en los municipios de
Nezahualcóytol, La Paz y Chimalhuacán; “lo que evidencia que en la zona oriente
de la entidad, los delincuentes actuaron con total impunidad”.

“Significa que ni las autoridades estatales ni municipales,
tampoco los concesionarios, hicieron algo por evitar que el flagelo de la
delincuencia afectara la integridad física y el patrimonio de los usuarios,
quienes ahora sufren un nuevo golpe con este aumento del 20 por ciento al
pasaje”, abundó.

Consideró necesario diseñar e implementar una estrategia de
seguridad para garantizar la vida de los pasajeros. Asimismo, solicitó a la
administración de la entidad no retirar el subsidio al transporte público del
50 por ciento, a estudiantes y personas de la tercera edad.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó en sus términos la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la cual quedan prohibidas las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos que fijan las leyes.

La Minuta, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, fue aprobada por la LXV Legislatura, durante la octava sesión ordinaria, con 40 votos a favor y 4 abstenciones.

De esta manera, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.

La Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales estima adecuado apoyar el sentido positivo de la propuesta remitida, toda vez que existe coincidencia conceptual y material con la minuta recibida, respecto a la importancia de proscribir la forma discrecional y periódica de condonar contribuciones a deudores fiscales en distorsión a la norma que le da origen.

Asimismo, refiere que el 20 de mayo pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario de la Federación el “Decreto por el que se deja sin efectos los Decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por virtud de los cuales se condonaron deudas fiscales”.

Establece que, al apoyar esta Minuta, “sin lugar a dudas se favorecerá la recaudación fiscal destinada a subsidiar los servicios y obras públicas, así como programas sociales que favorecen a todos los mexicanos por igual, en este caso veracruzanos en términos de las leyes de coordinación fiscal”.

El Congreso del Estado autorizó a los ayuntamientos de Acula, Apazapan, Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, San Andrés Tuxtla, Soconusco, Tatatila, Tlacotalpan y Zentla suscribir cada uno convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia de recaudación y fiscalización del impuesto predial y accesorios legales y en materia catastral, bajo condición suspensiva, con el Gobierno del Estado, por medio de las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y de Gobierno (Segob).

Dicha autorización corresponde a lo señalado en los artículos 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, y 17 inciso c) y 18 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el período vigente de la administración pública municipal.

De acuerdo con el dictamen, la coordinación entre las partes en materia catastral tiene la finalidad de recabar información relativa a la superficie de terreno y volumen de construcción y su valor catastral y de construcción total, cuyos datos serán actualizados y procesados por el ayuntamiento para fines exclusivos relacionados con la recaudación del impuesto predial.

El propósito del convenio –se explicita en el dictamen- es realizar las acciones necesarias de recaudación del impuesto predial por parte de la Sefiplan, en nombre del respectivo municipio, y así, tanto el gobierno estatal como los municipios que suscriban el convenio gocen de los estímulos de un mayor incremento en las participaciones federales a entidades y municipios, previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.

El convenio consiste en que la Sefiplan lleve a cabo, en nombre y representación del municipio, la recaudación del impuesto predial y sus accesorios legales, conforme a la normatividad aplicable, sin que esta colaboración y coordinación administrativa constituyan una sustitución de funciones del municipio por parte del Gobierno del Estado.

Dichas acciones significan una recaudación más amplia y eficaz del impuesto predial, la disminución gradual del rezago en el pago de esta imposición, mayor facilidad en el pago de la contribución a los contribuyentes al ampliar los lugares y establecimientos de pago y, gradualmente, el aumento del coeficiente de participaciones del Fondo de Fomento Municipal.

Dadas las características del convenio, el período máximo de duración de la colaboración y coordinación entre las partes deberá ser por el tiempo de ejercicio de la administración pública municipal, es decir, tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción y concluirá el 31 de diciembre de 2021.

Esta determinación del Congreso deberá citarse en el proyecto definitivo del convenio que signen las partes y comunicarse a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Acula, Apazapan, Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, San Andrés Tuxtla, Soconusco, Tatatila, Tlacotalpan y Zentla, y a los titulares de las secretarías mencionadas, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

La diputada y los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, Rosalinda Galindo Silva, Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vásquez presidenta, secretario y vocal, respectivamente, presentaron ante el Pleno de la LXV Legislatura un Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma la Fracción II del Artículo 121 del Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Derivado de la iniciativa que presentó la diputada Érika Ayala Ríos, en nombre del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista, el pasado 27 de agosto del presente año, y por la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Financiero estatal, que establece una nueva causación del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, así como establece la tasa que se aplica por el impuesto sobre los ingresos o premios obtenidos en rifas, sorteos, loterías, apuestas y concursos, o máquinas de juego, con un porcentaje del 6 por ciento, a quienes obtengan ingresos o premios derivados de las referidas actividades.

Al respecto, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública ha manifestado que la tasa del Impuesto sobre la Renta en territorio del estado de Veracruz será del 21 por ciento, porque interpreta que el impuesto por la obtención de premios es superior al máximo establecido en la Ley, de acuerdo con el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Sobre el mismo, el Gobierno del Estado de Veracruz ha manifestado que tal interpretación no se encuentra debidamente sustentada y que incluso era contraria al criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha hecho la distinción entre sobretasa e impuesto adicional: de la primera ha dicho que ésta participa de los mismos elementos constitutivos de la contribución y solamente se aplica un doble porcentaje a la base imponible; respecto de los impuestos adicionales, ha señalado que el objeto imponible es diferente, aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario, como lo estableció en la jurisprudencia de texto.

Con la finalidad de evitar que la redacción legal pudiera incidir de manera negativa en los ingresos de quienes tienen actividades relacionadas con la Lotería Nacional, y aun cuando ésta y el Gobierno del Estado han venido interpretando, con criterios distintos, la aplicación conjunta de ambos gravámenes estatales; Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos y el Adicional para el Fomento a la Educación, considera oportuno,“para atender favorablemente a las familias dedicadas a esta venta de billetes de Lotería en el Estado de Veracruz”, reformar el artículo 121, fracción II del Código Financiero local, para precisar con toda claridad que en este supuesto no se cobrará el impuesto adicional para el fomento de la educación.

Así, para los sujetos señalados en la fracción II del artículo 119, quienes obtengan ingresos o premios derivados o relacionados con la realización o celebración rifas, sorteos, loterías, apuestas y concursos de cualquier índole, así como juegos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados, incluyendo las participaciones de bolsas formadas con el importe de las inscripciones o cuotas que se distribuyan en función del resultado de las propias actividades, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 6 por ciento a la base correspondiente; en este supuesto no se aplicará el Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación.

Este Dictamen con Proyecto de Decreto fue aprobado con 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la iniciativa, presentada el pasado 31 de julio por la diputada María Candelas Francisco Doce, por la cual se modifica el Código Civil de la entidad y que permitirá la corrección de errores menores en el asentamiento de actas del Registro Civil.

De esta manera, el artículo 760 refiere que, cuando la rectificación tienda a enmendar yerros o defectos mecanográficos, ortográficos, numéricos y otros meramente accidentales del acta asentada, o a precisar los apellidos que conforme a su registro de nacimiento correspondan a alguno de los cónyuges que hubieren comparecido al reconocimiento de un hijo autodenominándose en los términos del artículo 53 de este Código, el que tenga derecho a pedir su corrección podrá acudir ante el Oficial Encargado del Registro Civil que corresponda.

El citado Oficial, de acuerdo con los lineamientos que al respecto expida la Dirección General del Registro Civil y oyendo al Ministerio Público, acordará lo procedente. Si el acuerdo es negativo, el interesado deberá demandar la rectificación en juicio.

En el texto de dictamen, aprobado con 43 votos, sin abstenciones o votos en contra, la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, instancia dictaminadora, estima que debe subsistir el numeral 760 del Código Civil para el Estado por tener una redacción más acorde a la realidad, sobre la cual deberá incorporarse la novedosa propuesta por la Diputada iniciante; sin dejar de observar que en tal caso resulta necesario contar con la opinión de la institución del Ministerio Público.

Por lo anterior, se derogó el artículo 760 Bis del citado Código.

Durante la séptima sesión ordinaria del segundo año de trabajo legislativo, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 Ter a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, para dar garantía y asegurar el derecho de las mujeres, en el ejercicio de sus funciones, a una vida libre de violencia política, en todos los ámbitos de los órdenes de gobierno.

Con la adición de este artículo, agregó la diputada, quedará estipulado en la Ley, abstenerse de imponer estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres ostenten.

Además de evitar asignar responsabilidades que limiten su ejercicio de la función político-pública, restringir el uso de la palabra en sesiones y/o reuniones o su participación en comisiones y comités, así como la imposición de sanciones injustificadas que impidan o restrinjan el ejercicio de sus derechos políticos, asimismo la divulgación de información personal o privada para obtener la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan, o bien, presionar o inducir a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que es necesario implementar medidas de prevención y protección de mujeres políticas ya sea que se encuentren ocupando una precandidatura, candidatura o en el ejercicio de sus funciones, toda vez que en el proceso electoral de 2017-2018 se distinguió por ser uno de los más violentos en la historia política democrática del país, pues ciento seis mujeres candidatas y/o políticas en el país, en funciones de sus atribuciones, sufrieron ataques de violencia política en su contra, distinguiéndose el estado de Veracruz entre los 5 primeros con más incidencia.

La presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, aseguró que la violencia política en razón de género puede ser simbólica, económica, patrimonial, física, sexual o hasta el feminicidio político; y que puede ser perpetrada por conocidos, desconocidos, hombres o mujeres.

Destacó que puede ser dirigida a precandidatas, candidatas, candidatas electas e incluso políticas en ejercicio de su cargo; no limitándose al proceso electoral, sino antes, durante y después de ejercer un cargo, y que pueden inhibir las aspiraciones políticas de las mujeres, reflejando un desequilibrio que hace que contiendan, todavía, en condiciones de mayor desventaja.

Con este antecedente –agregó-, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, “por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley”, aseguró.

“Con la ampliación del concepto de violencia política en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, se estaría reconociendo el fenómeno que padecen las mujeres que accediendo a un cargo de elección popular o desempeñando un cargo público, sufren por su condición de ser mujer, lo que sin duda contribuirá a transitar a una verdadera paridad”, finalizó.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

Las diputadas y los diputados de la LXV Legislatura aprobaron el Dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en materia de paridad de género, con lo que la entidad se acerca al cumplimiento de la igualdad previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen, resultado del análisis de las iniciativas presentadas por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi e integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue aprobado con 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Las consideraciones de este documento señalan que la LXV Legislatura reitera su convicción por la paridad de género y se pronuncia a favor de lograr el consenso requerido para armonizar la Constitución estatal con la Constitución federal, garantizando así a las mujeres veracruzanas el derecho a la igualdad de oportunidades a través del reconocimiento de este principio.

De esta manera, se incorpora el principio de igualdad y la paridad de género en el artículo 5° para garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, en la conformación de representantes del gobierno interno de las comunidades indígenas.

Se modifica el vocablo “varón” por el término “hombre” y se integra el principio de paridad de género para los cargos públicos previstos en el artículo 6°.

Se cambia el vocablo “ciudadano” por el de “ciudadanía” en los artículos 15 y 16 para especificar que es un derecho de toda la ciudadanía, sin discriminación por razones de sexo o género ser votado en condiciones de paridad, así como para compartir responsabilidades en todas las esferas de la vida pública y privada.

Se modifican los artículos 18, 19, 21 y 33, a fin de visualizar en el texto constitucional los cargos de gobernadora, diputadas y candidatas, con el objetivo de dotarle de un lenguaje incluyente, tal como lo ha hecho el legislador federal.

Así también, se incorpora en estos últimos tres artículos, el principio de paridad de género en los partidos políticos y en la representación estatal y municipal de los procesos electorales, así como en la elección de diputaciones.

En cuanto a las atribuciones del Ejecutivo estatal, en el artículo 49 se considera que los nombramientos de servidoras y servidores públicos se lleven a cabo aplicando la paridad de género.

En cuanto a los organismos autónomos previstos en el Artículo 67, se utiliza un lenguaje incluyente para nombrar a comisionadas y comisionados, así como incorporar el principio de paridad de género en la designación de las personas titulares o de los órganos colegiados que forman parte de dichos organismos.

Por cuanto hace al Municipio, en el artículo 68 se prevé que estará integrado por el número de ediles que determine el Congreso, de conformidad también con el principio al que hace referencia esta Iniciativa.

A través del artículo segundo transitorio, se establece que el Congreso del Estado deberá, en un plazo improrrogable de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, realizar las adecuaciones legislativas correspondientes a efecto de observar el principio de paridad de género establecido en la Constitución en los términos del decreto.

La observancia del principio de paridad de género será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral estatal o municipal siguiente a la entrada en vigor del referido decreto, según corresponda.

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y designación bajo el principio de paridad de género se realizará de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan en los términos del decreto, de conformidad con la Ley.

Previamente a la discusión del dictamen, el Pleno aprobó el Acuerdo de la Jucopo por el cual se declaró que esta reforma sería bajo un “procedimiento especial”, figura establecida en el artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de reformas constitucionales parciales.

-Posicionamiento-

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Jessica Ramírez Cisneros dijo que hoy es un día trascendental que marcará un antes y un después en uno de los temas que, por muchas décadas, a una sola voz, pero enérgica, representaba la exigencia de las mujeres de ser partícipes, en condiciones igualitarias, de los asuntos inherentes a la vida pública de México y, desde luego, de Veracruz.

Subrayó que, al aprobarse esta reforma constitucional, el principio de paridad de género deberá ser observado en la designación de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública, al igual que para las personas titulares o de los órganos colegiados que forman parte de los organismos autónomos, así como en lo referente a los ayuntamientos, donde con toda precisión se establece que se integrará por una presidenta o presidente, una síndica o síndico y los demás ediles que determine el Congreso, de conformidad con el multicitado principio.

“Que quede claro: el principio de paridad de género no se trata de una dádiva ni de ninguna complacencia hacia las mujeres, es más bien un auténtico triunfo a su esfuerzo y empeño que les abre las puertas para consolidar un liderazgo mostrado por años, pero que siempre permanecía en disputa con la desigualdad e indiferencia que enfrentaban cada que buscaban aportar su capacidad, experiencia y amor a través de un cargo público”, precisó.

Tras ser aprobado por el Pleno y toda vez que fue bajo el procedimiento especial, el Presidente de la Mesa Directiva instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación en la Gaceta Oficial del Estado.

La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, en nombre del Grupo Legislativo de Morena, presentó la Iniciativa de Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado, que tiene por objeto uniformar principios,criterios y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades de los centros de atención en la entidad, conforme a las disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil.

Asimismo, establecer la participación de los sectores privado y social en materia de prestación de servicios de los centros de atención, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, y que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.

Los niños y las niñas, destacó Ferráez Centeno, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, que ello deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Agregó que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios, y que el Estado deberá otorgar las facilidades a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Abundó que la aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, por conducto de sus dependencias y entidades competentes. Los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos actuarán, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social del Estado o de los ayuntamientos, que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, “además de cumplir con sus Leyes específicas y régimen interno, las cuales tendrán preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta Ley”.

Los derechos laborales, colectivos o individuales, consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacó la diputada, para las hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras en materia de guarderías y prestaciones sociales reconocidos por sus Leyes reglamentarias en materia de seguridad social, “tienen preeminencia en esta Ley y serán respetados en la misma”.

Asimismo, dijo que las disposiciones relativas a la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se emitan por parte de los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ajustarse a la presente Ley.

Los prestadores de servicios de los Centros de Atención, en cualquiera de sus modalidades y tipos en el estado de Veracruz, que no sean del ámbito de competencia federal, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, a las demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

Para el caso de los centros de modalidad mixta, en los cuales exista participación federal, deberán sujetarse a lo establecido en los convenios celebrados entre la Federación y el Estado o bien, entre la Federación y el Municipio respectivo, concluyó.

Esta Iniciativa de Ley, fue turnada para su estudio y análisis, a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia.

La LXV Legislatura del Estado de Veracruz dio entrada a comisiones a la iniciativa, autoría de las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), leída en tribuna en voz de la diputada Érika Ayala Ríos, coordinadora del Grupo Legislativo PRI-PVEM, la cual prevé incorporar el capítulo denominado “Lesiones Cometidas Contra la Mujer en Razón de Género”, y que tiene como propósito combatir la violencia de género en todas sus manifestaciones.

En la iniciativa, presentada durante la séptima sesión ordinaria, se contempla en el artículo 367 quater: al que infiera alteración en la salud o daño, producido por causa externa, que deje huella material en el cuerpo de una mujer en razón de su género, se le impondrán de diez a quince años de prisión.

Se considera que existen razones de género, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: la alteración o daño sea infamante o degradante; existan datos que establezcan que se ha cometido cualquier tipo de violencia relacionada con el hecho delictuoso, por parte del sujeto activo en contra de la víctima; o la víctima haya sido incomunicada.

Si entre el activo y la víctima existe o existió una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, se impondrán de quince a veinte años de prisión.

Asimismo, en el artículo 367 quinquies se establece que las penas, previstas anteriormente, se aumentarán en dos tercios, en los siguientes casos: cuando de la alteración o daño resulte una enfermedad incurable; o la inutilización permanente o la pérdida de cualquier órgano, extremidad o función orgánica; o cuando la alteración o daño ponga en peligro la vida de la mujer.

La diputada Ayala Ríos señaló que la LXV Legislatura, histórica en Veracruz por su integración paritaria de géneros, al margen de las naturales diferencias políticas e ideológicas, ha coincido en impulsar un trabajo parlamentario que promueva el respeto a los derechos humanos y que combata la violencia de género en todas sus manifestaciones.

Indicó que la presente iniciativa, suscrita por los representantes de todas las fuerzas políticas de esta Soberanía, es dado que la suma de voluntades y esfuerzos permitirá sentar las bases jurídicas para una sociedad más justa y garante del ejercicio de las libertades fundamentales de las mujeres veracruzanas.

Asimismo, refirió que este proyecto, no sólo representa la posibilidad de establecer penas más severas a quienes agredan físicamente a las mujeres con motivo de su género, sino que además contribuye a visibilizar una de las expresiones más extremas de la violencia contra ellas, muchas veces resultado de la posición de subordinación de la víctima en relación con su agresor.

Por otra parte, recordó que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativas a que tan sólo en el primer semestre de 2019 se registraron 34 mil 463 casos de lesiones dolosas en contra de mujeres en el país, cantidad que representa un aumento del 11.7 por ciento respecto del mismo semestre del año anterior.

Destacando que en mayo del presente año se contabilizaron 7 mil 318 casos, la cifra mensual más alta desde 2016, anualidad en que se inició el registro oficial de ese tipo de delitos.

“No puede ser concebida en modo alguno como sociedad civilizada, una sociedad que no garantiza los derechos fundamentales de las mujeres; que perpetúa esquemas o roles de supuesta supremacía jerárquica de hombres sobre mujeres”, concluyó.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Acción Nacional Veracruz y MC-PRD, así como las diputadas Adriana Paola Linares Capitanachi y María Francisco Candelas Doce, y los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes.

Con el fin de dar a conocer la reforma al Código Civil para el Estado de Veracruz, el Congreso del Estado y la diputada Mónica Robles Barajas, organizaron el Encuentro por la igualdad y la no discriminación. Hacia un Código Civil más incluyente, en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo.

Se trata del primero de varios encuentros informativos de carácter regional con la sociedad civil; colectivos, redes y asociaciones civiles de mujeres y de grupos de diversidad sexual en el estado, así como a especialistas, juristas, barras de abogados y abogadas, estudiantes de leyes, docentes y público interesado, para dar seguimiento y cumplimiento de las temáticas prioritarias de la Agenda Legislativa en materia de Derechos Humanos.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, diputada Mónica Robles Barajas, sostuvo que la intención de la realización de este foro es construir un espacio ciudadano para extender conocimiento sobre esta Iniciativa que propone garantizar los Derechos Humanos, la Igualdad y la No discriminación en el Código Civil estatal que, lo convertirá en un marco jurídico más igualitario, justo, actualizado y útil a la sociedad veracruzana, que reclama respeto irrestricto a los Derechos Humanos de todas las personas, sin ninguna distinción, ni condición.

Durante la presentación de la Reforma Integral al Código Civil, en el que estuvieron presentes las y los diputados Elizabeth Cervantes de la Cruz, Adriana Paola Linares Capitanachi, Eric Domínguez Vázquez, Wenceslao González Martínez, León David Jiménez Reyes y la magistrada en retiro, Irma Dinorah Guevara Trujillo, Robles Barajas reveló que, la iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue producto de diversas reuniones con organismos de la sociedad civil, la Oficina de ONU Mujeres de Naciones Unidas y grupos de abogadas expertas en género y derechos humanos, por lo que, este encuentro “es una extraordinaria oportunidad de coincidir, en la garantía y respeto que reclama nuestra sociedad, desde nuevas legislaciones que se fortalecen más, con la participación ciudadana”.

En el contenido de las reformas al articulado destacan que se otorgará a las personas, a todas y todos los integrantes de la familia, la protección más amplia; la opción de cambia el orden de apellidos en el registro de hijas e hijos; y la redefinición del concepto de matrimonio, que ya ha sido aprobado en 18 estados de la República; eliminar los preceptos discriminatorio para las mujeres; reconocer el trabajo que se realiza en el hogar, como una aportación económica al patrimonio familia.

También, estas reformas proponen otorgar el reconocimiento de la relación de concubinato, en la que se encuentran miles de parejas, otorgando ciertos derechos similares a la figura del matrimonio, cuando la convivencia sea constante y permanente, por un periodo de dos años.

Asimismo, contemplan incorporar el llamado Divorcio Incausado que significa que, podrá solicitarse el divorcio por uno o ambos cónyuges, sin que sea necesario señalar alguna causa por la cual se solicita. Esta nueva figura jurídica garantiza la responsabilidad de padre y madre frente a las hijas e hijos, sus derechos a alimentos, convivencia, educación y otras necesidades y se asegura la Pensión Alimenticia y Compensatoria para aquél o aquella cónyuge que se haya dedicado a las labores del cuidado de la familia.

Promueven diversas modificaciones al artículo 254 Bis en materia de violencia de género y de violencia familiar, protección a las víctimas y reparación del daño causado. Así como en el artículo 255 se garantiza el interés superior de la infancia, al establecer que se presumen hijas e hijos de los cónyuges, las y los nacidos a partir de la celebración del matrimonio o dentro del concubinato.

Asistieron también Lilia Christfield Lugo en representación de la diputada Érika Ayala, así como Martha Mendoza Parissi, Mónica Mendoza Madrigal y la Sindica de Poza Rica, María del Carmen Carvallo Vicencio.

El Congreso del Estado recibió del gobernador Cuitláhuac García Jiménez una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la que se busca dar certidumbre a la distribución justa de los recursos que la entidad recibe cada año por concepto de participaciones federales.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno se dio por enterado de la propuesta, que propone actualizar dicha ley, que establece y regula el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y tiene por objeto regular los fondos para la distribución de las participaciones, aportaciones y otros ingresos federales que corresponden a los municipios del estado.

En sus capítulos I y II –se lee en la iniciativa-, se establece la forma de distribución de las participaciones federales y, desde 2004, anualmente ha sido reformado el artículo Tercero Transitorio para dar vigencia a los factores de dicho año, con la finalidad de mantener para cada municipio un porcentaje de participaciones federales igual o mayor al del ejercicio fiscal anterior, omitiendo el uso de las variables y fórmulas correspondientes a cada fondo, lo que conllevaría un incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables.

Para superar esta deficiencia, el titular del Ejecutivo propone que en la distribución de las participaciones federales se precisen y actualicen las variables, fuentes de información, los valores y el método de cálculo mediante los que se determinan los coeficientes para la distribución de las participaciones federales a los municipios.

En virtud de esto, se deberá utilizar la información estadística más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como la información que sobre recaudación de ingresos federales, estatales y municipales proporcione la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y los municipios a la Legislatura.

El referido Artículo 7, señala que de las participaciones que le correspondan anualmente a la entidad de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, cuando menos el 20 por ciento corresponderá a los municipios que la integran.

Así también, que las participaciones federales que el estado reciba y deba hacer efectivas a los municipios, se repartirán de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.

La propuesta del Gobernador añade que para la distribución conjunta de las participaciones federales correspondientes a todos los municipios, con excepción de las establecidas en el artículo 4o.-A de la misma ley, se tendrá como referencia el monto nominal recibido en el ejercicio fiscal 2019 (año base), y la aplicación de la fórmula de distribución de la misma ley se realizará de manera exclusiva al monto excedente de fondos participables que sea recibido durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

El coordinador del Grupo Legislativo Del Lado Correcto de la Historia, diputado Gonzalo Guízar Valladares, puso a consideración del Pleno una iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Veracruz en materia de autonomía presupuestal para los Organismos Autónomos de la entidad.

En su iniciativa, publicada en la Gaceta Legislativa número 73, el diputado aseguró que, después de un análisis a los presupuestos asignados en años anteriores, esta propuesta nace ante la necesidad de dotar a los Organismos Públicos Autónomos de las herramientas posibles, entre ellas su propio presupuesto, acorde a un porcentaje del Presupuesto General del Estado, el cual pudiera aumentar de acuerdo a las actividades del ente durante ese año.

En su exposición de motivos, argumentó que con esta iniciativa se tiene como objetivo permitir mayor eficacia financiera y planeación estratégica, toda vez que en años anteriores, el presupuesto otorgado a los organismos ha sido el mínimo pudiendo comprometer sus labores, lesionar y vulnerar su autonomía, dificultando su cumplimiento de las necesidades con la sociedad.

La propuesta del legislador considera lo siguiente:

El representante del distrito XXX de Coatzacoalcos, señaló que los Organismos Públicos Autónomos tienen un papel fundamental con tendencia a fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política en un Estado de Derecho, a través de la propia autonomía.

Agregó que en Veracruz, existen organismos con autonomía presupuestal como es el caso de la Fiscalía General del Estado y la Universidad Veracruzana, por lo que resulta necesaria la regulación, para que los organismos puedan alcanzar mayores objetivos, concluyó.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Hacienda del Estado.

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, integrante del Grupo Legislativo de Morena del Congreso del Estado, puso a consideración del Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, con lo que se busca dar certidumbre a los municipios en cuanto a la distribución de las participaciones federales y por lo que resulta necesario reformar a finales de año este ordenamiento.

En vista de la proximidad de la aprobación de los dictámenes con proyecto de Leyes de Ingresos de los 212 Municipios del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, -expone la propuesta, publicada en la Gaceta Legislatura número 73- es necesario que dicha Ley esté reformada antes de esa aprobación.

La iniciativa refiere que la Ley de Coordinación Fiscal regula la participación de las haciendas públicas estatal y municipales sobre los ingresos de la federación, a la vez que se establecen las bases que rigen los fondos a distribuirse, la aplicación de las denominadas aportaciones y la asignación de ingresos federales transferidos, así como las relaciones en la materia entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, cuya principal fuente de ingresos se constituye por dichos recursos.

De acuerdo con esta Ley los recursos que integran los Fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal, así como los provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deben distribuirse mediante la aplicación de porcentajes equivalentes del Índice Municipal de Pobreza y del Coeficiente de Participación Municipal, calculado el primero de éstos sobre las variables de población analfabeta mayor de quince años de edad, de población ocupada sin ingresos o con ingresos mínimos y de población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje y electricidad.

Asimismo, determinado el segundo en función de la capacidad recaudatoria del municipio durante los dos ejercicios fiscales que precedan al del año para el que se realiza el cálculo respectivo.

Detalló que la Ley de Coordinación Fiscal vigente se expidió en 1999 y se previó entonces que la aplicación inmediata de los porcentajes descritos provocaría una disminución sensible en los ingresos de la mayoría de los municipios veracruzanos, en razón de la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos respecto de distintas contribuciones, que resulta un elemento fundamental para la asignación de recursos, por lo que en los artículos transitorios de la misma se dispuso que esos porcentajes se utilizarían hasta el año 2010 y se establecieron fórmulas sustitutivas de éstos para su aplicación gradual.

No obstante dicha previsión, en el ejercicio fiscal del 2000, que fue el primero en el que se aplicaron las fórmulas sustitutivas, un considerable número de municipios, sobre todo los que registraron mayores índices de marginación y dependencia de esos recursos, sufrió decremento en sus percepciones de participaciones federales, lo que obligó, desde el año 2001, a reformar cada año los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley mencionada, para mantener vigentes los factores de distribución de ejercicios anteriores.

Por esa razón que en junio de 2008 y con la finalidad de dar certidumbre a los municipios, en cuanto a la distribución de esos recursos, se derogó el artículo cuarto transitorio y se reformó el artículo 15 de la Ley mencionada, para trasladar a este precepto los referidos factores de distribución, que se contenían en la disposición transitoria derogada, por lo que ahora únicamente es necesario reformar el artículo tercero transitorio de dicho ordenamiento.

Así, para el ejercicio fiscal del año 2020 los fondos de participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de esa Ley, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos de Fiscalización y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2019, en sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de este mismo ordenamiento.

La recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de gasolina y diesel, en su porcentaje correspondiente al 9/11, concluyó, se distribuirá a los municipios de la entidad en 70% con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las DemarcacionesTerritoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), y en 30% con base en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), vigentes en 2019.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada, para su atención, a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

Al reiterar que la igualdad de género es fundamental para la realización de los derechos humanos de todas las personas, el diputado Enrique Cambranis Torres puso a consideración del Pleno la iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz, con el fin de sustituir el término “concubinario” por el de “concubino”, al considerarlo más acorde con la realidad actual.

En su iniciativa, -publicada en la Gaceta Legislativa número 73- el integrante del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que el término “concubinario” está definido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) como “Hombre que tiene una concubina”, mismo que, al denotar posesión, tiene una connotación negativa hacia la persona del género femenino.

De esta manera, subrayó que una de las principales razones de su propuesta es la discriminación en todas sus formas de expresión. “La discriminación puede definirse como la distinción o diferenciación que se hace en favor o en contra de una persona o cosa en comparación con otras”.

Expuso que se discrimina socialmente cuando se hacen distinciones entre personas por motivos de clase o categoría, sin considerar el mérito individual o la capacidad. Agregó que algunos ejemplos de categorías de discriminación social son la raza, el género, la edad, nacionalidad, religión, incapacidad, orientación sexual, altura y peso, entre otras.

Detalló que las mujeres realizan dos tercios de las horas laborales de todo el mundo y producen la mitad de los alimentos mundiales; sin embargo, éstas perciben únicamente el 10 por ciento de los ingresos mundiales y poseen menos del uno por ciento de la propiedad mundial.

Refirió que, con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, los textos internacionales adquirieron gran fuerza. En especial –expuso- el primer artículo de la Constitución que dicta “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”.

La propuesta legislativa plantea modificar los artículos 254 ter, 33 párrafo primero, 313 fracción II, 1301 fracción V, 1306 fracción III, 1535 fracción I, 1568 fracción II y VI, y 1582, en todas estableciendo disposiciones que atañen a la concubina o al concubino.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.