Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de Veracruz aprobaron el dictamen de decreto que reforma los artículos 190, 190 bis y 190 ter del Código Penal estatal con lo cual se incrementan las penas aplicables para los delitos de hostigamiento y acoso sexual, con lo cual se contribuirá a desalentar, inhibir y disminuir la comisión de esas conductas.

El dictamen, aprobado con 47 votos, refiere que estas reformas permitirán, sobre todo, eliminar el silencio social y particular de muchas niñas, adolescentes y mujeres, así como la implementación inmediata de lineamientos y protocolos en la materia.

Estas reformas son el resultado de la iniciativa presentada el pasado 28 de enero por la diputada Erika Ayala Ríos, coordinadora del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, quien en la iniciativa planteó que ésta tiene su origen a partir de las constantes denuncias, principalmente de niñas, mujeres y adolescentes que son víctimas de acoso y hostigamiento sexual, siendo este sector el más vulnerable, existiendo un constante ejercicio abusivo de poder por parte del agresor.

Queda establecido en el artículo 190 del Código Penal que: comete el delito de acoso sexual quien, con fines Iascivos, acose reiteradamente a una persona de cualquier sexo, y se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa por el valor diario de hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes.

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, se impondrá una pena de dos a ocho años de prisión y multa por el valor diario de hasta 500 UMA vigentes.

Comete el delito de hostigamiento sexual quien, con fines lascivos, asedie a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas, religiosas, o cualquier otra condición que implique subordinación de la víctima. Al sujeto activo se le impondrán de dos a cinco años de prisión y multa por el valor diario de hasta 300 UMA vigentes.

Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, se impondrá una pena de dos a ocho años de prisión y multa por el valor diario de hasta mil UMA vigentes.

Si el sujeto activo fuere servidor público y utilizare los medios y las circunstancias que su encargo le proporcione, será destituido y se le inhabilitará para ocupar otro empleo o cargo público, hasta por cinco años.

Los delitos de acoso sexual y hostigamiento sexual se perseguirán por querella, salvo que la víctima sea menor de 18 años de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, en cuyo caso serán perseguibles de oficio.

– La CEDH también conocerá de asuntos laborales

En la sesión y con 45 votos, el Pleno aprobó el dictamen por el cual se reforma el artículo 5 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con lo cual queda establecido que éste órgano autónomo no será competente para conocer de asuntos electorales, agrarios y jurisdiccionales en cuanto al fondo.

De igual manera, tampoco Io será respecto de consultas que formulen las autoridades, los particulares u otras entidades sobre interpretación de disposiciones constitucionales y legales, ni en aquellos casos en que se pueda comprometer o vulnerar su autonomía o su autoridad moral.

Este dictamen es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 27 de febrero, a la Diputación Permanente, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Amado Jesús Cruz Malpica.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto, ante el Congreso de la Unión, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para que contemple correctamente los términos que pueda utilizar el Ejecutivo Federal para la interrupción de actividades esenciales y no esenciales, y que sean motivo para suspender las relaciones laborales de forma indefinida.

En este sentido, y ante el escenario global por COVID-19, la iniciativa propone agregar los términos “contingencia sanitaria”, “estado de emergencia” o “casos de fuerza mayor” a la Ley en comento, toda vez que algunos patrones han ejercido presión a sus empleados para deshacerse de toda responsabilidad al momento de suspender la relación laboral sin causa justificada y de forma indefinida, bajo los argumentos de no coincidir en lo que dispone la Ley y lo que emite el decreto.

Con respecto a las bajas salariales, dijo la diputada, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 42 Bis y 429, hace mención que el patrón estará obligado a continuar pagando el salario íntegro en caso de una suspensión laboral por la declaración de contingencia sanitaria por una autoridad competente; sin embargo al haberse declarado “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, se ha desprotegido al sector laboral para que ante cualquier anomalía puedan ejecutar las demandas correspondientes.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social detalló que la Organización Internacional del Trabajo ha dado a conocer que para responder a las crisis de esta índole, es necesario asegurar el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de las normas internacionales bajo la recomendación de la estabilización de los medios de vida y de los ingresos, a través de medidas inmediatas para el empleo y la protección social, la promoción del empleo sostenible, la protección social y la inclusión social, así como la promoción del diálogo y la negociación colectiva.

Asimismo, añadió que dicho organismo internacional hace referencia a que en caso de suspensión, reducción del salario o despido a causa de las repercusiones económicas o por razones de seguridad y salud, el trabajador debe tener derecho a recibir subsidios o asistencia en caso de desempleo para compensar la pérdida de ganancias.

“Es importante evitar llegar a los escenarios previstos por el Gobierno de México al finalizar la presente pandemia, lo anterior se logrará fortaleciendo la tutela jurídica de las y los trabajadores, asimismo, haciendo referencia a los procedimientos necesarios para que la conciliación sea la pieza fundamental para evitar un mayor declive económico”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

Las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México”; pusieron a consideración, durante la Tercera Sesión, del Segundo Periodo Ordinario, la iniciativa de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 57 de la Constitución Política del Estado; que confiere al Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la atribución de elegir cada tres años, en la primera semana del mes de diciembre, a quien presida ese órgano.

A diferencia de lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacan en su texto, y en la mayoría de los tribunales depositarios de los poderes judiciales de las entidades federativas, en los que es un derecho de todos sus integrantes, elegir a las personas que presidan esos órganos jurisdiccionales, en Veracruz, esa responsabilidad está reservada exclusivamente a unos cuantos, concretamente a quienes encabezan las salas colegiadas y a la persona que se encuentre en funciones de Presidente o Presidenta de dicho Tribunal al momento de la elección.

Lo anterior ocurre, señalan los legisladores, porque el artículo 57 de la Constitución Política del Estado y porque ese mismo numeral establece que el referido Pleno estará integrado por la Presidenta o el Presidente del Tribunal y por quienes presidan cada una de sus Salas, a excepción de la Sala de Responsabilidad Juvenil, es decir, las y los magistrados que encabezan las salas penales, civiles, familiares y constitucional de ese órgano del Poder Judicial.

La disposición constitucional referida impide, en resumen, la participación democrática de la mayoría de las personas que ocupan una magistratura en un asunto de la mayor relevancia para el Tribunal y, en general, para el Poder Judicial del Estado, consistente en la elección de su Presidenta o Presidenta, ya que, además de encabezarlo y representarlo legalmente, de acuerdo con el artículo 62 de la propia Constitución, también preside el Consejo de la Judicatura, el órgano encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia.

Conforme al precepto constitucional invocado, si tomamos en cuenta, apuntan, que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado dispone que el referido Tribunal estará integrado por treinta y tres magistradas o magistrados, veintitrés de éstos se encuentran sin derecho a voto directo en la elección de su Presidente, ya que esa facultad únicamente la tienen diez personas: quien encabeza el Tribunal y los que presiden las nueve salas colegiadas con que cuenta ese órgano: cuatro penales, dos civiles, dos familiares y una constitucional.

Con base en lo anterior, las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes; y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes de este Grupo Legislativo Mixto, proponen que el párrafo segundo del artículo 57 de la Constitución Política del Estado establezca que: la Presidenta o el Presidente será elegido cada tres años, en la primera semana del mes de diciembre, por las y los magistrados adscritos al Tribunal Superior de Justicia, con la posibilidad de ser reelegido una sola vez.

Esta Iniciativa de Decreto, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, del Congreso del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz avaló, con 49 votos, el nombramiento del ciudadano José Alfredo Corona Lizárraga y de la ciudadana María Magda Zayas Muñoz como nuevos Comisionados que integrarán el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

Lo anterior, como resultado del proceso de selección, establecido en la convocatoria pública, aprobada por esta Legislatura el pasado 12 de mayo y publicada ese mismo día en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, órgano de Gobierno del Estado.

Estos nombramientos son resultado del proyecto de Punto de Acuerdo presentado al Pleno por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con base en el análisis del informe, remitido por la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, órgano que llevó a cabo las entrevistas con los 38 aspirantes inscritos y con derecho.

Cabe destacar que, de acuerdo a la base octava de la Convocatoria, aprobados los nombramientos con el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno del Congreso, se comunicará al Ejecutivo del Estado, para los efectos previstos en los párrafos primero y segundo del numeral 1 de la fracción IV del artículo 67 de la Constitución Política Local.

María Magda Zayas Muñoz fue nombrada por el Pleno del Congreso de Veracruz como Comisionada del IVAI, para concluir el periodo del ciudadano José Rubén Mendoza Hernández.

De igual forma, José Alfredo Corona Lizárraga fue nombrado como Comisionado para concluir el periodo del ciudadano Arturo Mariscal Rodríguez, quien al igual que José Rubén Mendoza, renunció al cargo de Comisionado del IVAI el pasado 27 de marzo.

En la votación, además de los 49 votos a favor, se registró una abstención, correspondiente al diputado del PAN, Federico Salomón Molina.

Semblanza.

José Alfredo Corona Lizárraga

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Xalapa (UX), maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de Veracruz (Colver) y Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV).

Entre los cargos que ha ocupado en su trayectoria profesional están: asistente en la Unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Delegación Veracruz; jefe del Departamento de Organización y Métodos del Entonces Instituto Electoral Veracruzano (IEV, hoy OPLE); Regidor en el Ayuntamiento de Xalapa, administración 2011-2013; Asesor Legislativo y Secretario Técnico de la Secretaría General del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, desde el 11 de octubre de 2019, encargado de Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

María Magda Zayas Muñoz.

Es licenciada en Derecho; Diplomado en Juicios Orales y Medios Alternativos y cuenta con una Especialidad en Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, todos por la Universidad de Xalapa.

Ha participado en el X Congreso Mundial de Mediación, en Justicia Reparativa y Resarcimiento Social del Protagonista en Conflicto con la Ley, realizado en Génova, Italia.

Cuenta con un Diplomado en plataforma educativa sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y ha sido Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Asimismo, ha sido ponente, asesora y consultora sobre temas de medios de comunicación, justicia y derechos humanos, así como justicia alternativa y sistema penal acusatorio, entre otros.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXV de la Legislatura, el diputado José Andrés Castellanos Velázquez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, que propone cambiar la denominación de la actual Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional a Comisión Permanente de Bienestar y Desarrollo Social.

Con esta Iniciativa se pretende extender la competencia de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional para atender lo concerniente a temas de la Secretaría de Bienestar y los Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz.

“Los Programas para el Desarrollo que está implementando el Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, tienen como principal objetivo favorecer a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, brindando apoyos como el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, entre otros”, menciona el documento.

Ante estas políticas públicas en materia de bienestar y desarrollo social, que benefician a un gran número de veracruzanas y veracruzanos, señala la iniciativa, resulta necesario reformar la denominación de la Comisión que preside pues de esta forma se podrá atender asuntos relacionados con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz así como los de la Secretaría de Bienestar y los Programas para el Desarrollo.

La iniciativa, del diputado José Andrés Castellanos, integrante del Grupo Legislativo de Morena, fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

Una remuneración justa y equitativa es un principio que debe regir a todo trabajo honesto, de ahí surge la necesidad de actualizar los aranceles que actualmente rigen a los abogados y peritos, “esta modernización es impostergable, debido a que la ley que los rige data de 1974, tiene un desfase de 46 años, tiempo en el que se han dado en México devaluaciones, inflaciones y cambios de unidades monetarias”.

Afirmó la diputada Judith Pineda Andrade, al hacer uso de la Tribuna, durante la Tercera Sesión, del Segundo Periodo Ordinario, de la LXV Legislatura del Estado, en nombre de las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, y para poner a consideración del Pleno la Iniciativa por la que se crea la Ley de Aranceles para Abogados y Demás Profesionistas Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado.

Por lo que después de casi cinco lustros, agregó la legisladora, la ley que tenemos ha quedado completamente obsoleta y requiere urgentemente de una modernización y que esta actualización no solo vendría a beneficiar a los profesionistas, sino también a sus clientes, al darles un parámetro estandarizado de los precios de sus servicios.

En el artículo primero de la Ley que se propone, destacó, se señala que será objeto de la misma, regir en los casos en que no exista un contrato de prestación de servicios, o cuando se condene al pago de gastos y costas; dejando a salvo la libertad contractual de las partes, para que ellas mismas fijen las obligaciones que han de contraer, pero también, que ello no se traduzca en contraprestaciones excesivas al momento del pago de costas judiciales.

Algunos de los puntos más relevantes de la Ley propuesta, dijo la diputada panista son: solamente los abogados que cuenten con cédula profesional, serán aquellos que puedan cobrar las tarifas señaladas por el cobro de costas procesales; establecer como causa de nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales el que señale en éste el cobro de honorarios por arriba del 20% de la suerte principal, salvo en los casos en que el contratante no vaya a erogar pago alguno, hasta finalizar el proceso, asumiendo el abogado los riesgos de no cobrar los mismos, de no obtener sentencia favorable, y hasta que la misma cause estado.

Se establece, también, en la Ley propuesta, como obligación de los abogados, el exhibir al interior de sus despachos, tanto la Ley que establece las tarifas genéricas, como el arancel que ellos mismos cobren por sus servicios, con la finalidad de mantener debidamente informados a sus clientes de los costos que representan sus servicios; y dado el elevado índice de desigualdad imperante, hay casos en donde las víctimas no pueden contratar los servicios de un abogado, es por ello que se establece como una obligación para estos profesionistas, el prestar servicios gratuitos, estableciendo claros límites a esta carga social, pues tampoco se puede exigirles que se dediquen exclusivamente a casos gratuitos, lo que se establece en el artículo 23.

Es de vital importancia, continuó, que se garantice que “no se inflen los recibos de honorarios con actos innecesarios, superfluos o incluso, frívolos”, por lo que los servicios que se presten y caigan en estas categorías serán excluidos del pago de costas y honorarios, asegurándose de esta manera que la actividad que presten abogados y peritos sea de nivel profesional y de calidad.

Se incorpora que, en su artículo 28, la declaración de nulidad de títulos de créditos que sean elaborados para garantizar honorarios futuros, esto con la clara finalidad de que los clientes, no sean extorsionados con el pago de honorarios no devengados.

Pero también hay que reconocer que se dan casos en donde los abogados se encuentran con clientes renuentes de pagarles sus servicios, es por ello que se le da el carácter de “título que trae aparejado ejecución” a los contratos de prestación de servicios que además de cumplir con los requisitos de esta Ley y demás legislaciones, sean ratificado ante notario público, facilitándoseles el cobrar sus honorarios devengados, en su artículo 31.

Hoy debemos, como Congreso, buscar crear leyes que estén acordes a la realidad, pero también debemos actualizar las que ya tenemos, la realidad avanza y la ley no puede quedarse estancada, para eso estamos nosotros, para darle el dinamismo necesario al sistema legal, concluyó la legisladora del PAN.

Esta Ley de Aranceles para Abogados y Demás Profesionistas Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó ante el Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo segundo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado, en materia de justicia digital y para la utilización de medios electrónicos en la impartición de justicia.

La diputada señaló que este proyecto tiene como objetivo establecer la base constitucional, que garantice a las y los ciudadanos la implementación y utilización de herramientas digitales o electrónicas en los actos y diligencias de los procesos judiciales en la entidad.

Además, busca establecer la base para establecer el denominado juicio en línea, para el Poder Judicial del Estado (PJE) y para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y que los actos judiciales llevados a cabo a través de estos medios tengan plena validez jurídica.

Desde hace algunos años, dijo en su mensaje, existe en la comunidad jurídica, la exigencia de que los poderes judiciales transiten, de las formas tradicionales presenciales e impresas, al uso de herramientas digitales para una mejor gestión en sus actividades, facilitando a los usuarios formas más modernas para el trámite de sus casos e impartición de justicia.

En sus transitorios, la iniciativa señala que la utilización de las tecnologías de la información en el proceso penal y en los procedimientos que sean de la competencia de los juzgados laborales, se observarán las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Trabajo, respectivamente.

Asimismo, las instancias pertinentes deberán tomar las previsiones presupuestales para contar con los recursos necesarios para dar cumplimiento en tiempo y forma al dictamen, debiendo autorizar o crear los sistemas electrónicos útiles que garanticen que los procedimientos, trámites procesales y su gestión judicial sean ágiles, efectivos, seguros y de acceso remoto conforme lo marca el documento.

En el escenario de la pandemia por Covid-19, continuó la legisladora, los Tribunales del país, ya están llevando a cabo acciones alternativas, profundizando en la transición hacia modalidades a distancia y bajo esquemas de trámite digital, “tal y como lo viene implementando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación”, destacó.

Finalmente, Linares Capitanachi puntualizó que el Congreso del Estado, debe sumarse a la transición tecnológica judicial y apoyar a los órganos jurisdiccionales para garantizar que el derecho humano a la impartición de justicia sea pronta y expedita, pudiendo enfrentar eventualidades futuras, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

Con el propósito de privilegiar la voluntad de cualquiera de las partes en su decisión personal para la disolución del vínculo matrimonial, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el decreto que adiciona diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por el que adiciona un Título Décimo Bis denominado Del Juicio Sumario y de Divorcio Incausado.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales deriva de la iniciativa presentada el 20 de junio de 2019 por la diputada Mónica Robles Barajas, según el cual basta con que uno de las demandantes solicite el divorcio para que este se decrete.

El documento, avalado con 35 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, señala que a través de esta vía sumaria, las y los jueces especializados en materia familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz podrán resolver de manera pronta, expedita y completa, sin trámites largos y costosos dichos casos, pues esta decisión no puede postergarse u obstaculizarse, toda vez que la intención es ponderar el libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges.

Asimismo, el dictamen garantiza el pleno acceso de los menores a la totalidad de sus derechos: alimentos, derecho a la familia, convivencia, educación y otros tutelados por la legislación en la materia; es decir, la declaración del divorcio es independiente de las demás instituciones familiares, las cuales deberán tramitarse y resolverse de acuerdo con su propia naturaleza y características.

En este sentido, se determina que el procedimiento sumario es del orden civil tramitado ante la autoridad judicial, por lo que, considerando las experiencias en otras entidades federativas que consagran este concepto en su ordenanza, se asegura la observancia de las garantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprueban reformas al Código Civil del estado

Así también, con 47 votos, aprobaron el dictamen con proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 676, y los artículos 704, 706 y 708 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentado por la referida Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

De acuerdo con dicha reforma, se expedirá una nueva acta de nacimiento en caso de que el reconocimiento de una hija o un hijo nacido fuera del matrimonio se hiciere después de haber sido registrado su nacimiento.

Se establece también que la o el Oficial del Registro Civil deberá expedir una nueva acta de nacimiento en la que se asiente los mismos datos del acta anterior más los nombres de quien la o lo reconociere como progenitores. Se anotará, además, el o los nombres, domicilio y nacionalidad de los abuelos que correspondan al progenitor asentado en el acta.

A partir del levantamiento de la nueva acta de nacimiento, no se publicará ni se expedirá constancia alguna del acta anterior, salvo orden judicial o a solicitud de su titular, haciéndose las anotaciones respectivas en la misma.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 48 votos, el dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado y sanciona a quien agreda a las personas que están al frente del sector salud en esta pandemia, ocasionada por el coronavirus, Covid-19, y que también protegerá equipo e instalaciones destinados para enfrentar la crisis sanitaria.

Este dictamen, resultado de las iniciativas presentadas por las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz, del Grupo Legislativo de Morena, Ivonne Trujillo Ortiz, de Movimiento Ciudadano-PRD, así como las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, en voz de la diputada Erika Ayala Ríos, plantea mejorar el marco jurídico estatal en aras de que el personal de salud pueda ejercer su labor sin temor a ser agredido.

De esta manera, en el decreto queda establecido que las penas previstas en el artículo 137 del Código Penal serán incrementadas hasta en una mitad sin perjuicio de las agravantes o calificativas que les sean aplicables cuando este delito se cometa en contra de personal de instituciones públicas o establecimientos particulares de salud, personal de atención de emergencias, personal de seguridad pública o de protección civil y bomberos, con motivo del cumplimiento de sus funciones o por consecuencia del encargo durante una emergencia sanitaria declarada.

También, queda establecido que se impondrán de dos a cinco años de prisión, de 50 a 200 días de trabajo a favor de la comunidad y multa de 50 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuando las conductas a las que se refiere el artículo 196 sean cometidas en contra de personal médico, de enfermería, traslado de enfermos o cadáveres, intendencia, laboratorio o de cualquier otra índole que labore o preste servicios dentro de instituciones públicas o establecimientos privados de salud.

Así como también a bomberos o en contra de personal de instituciones públicas o privadas de atención de emergencias, con motivo de las actividades que éstos realicen durante una emergencia sanitaria o catástrofe, dentro o fuera de su jornada laboral.

En relación con el delito de daños, si se ocasiona durante emergencias sanitarias o catástrofes, sobre bienes de instituciones públicas o establecimientos privados de salud, laboratorios, consultorios médicos o inmuebles habilitados para operar como hospitales, se impondrán de uno a nueve años de prisión y multa de 30 a 200 veces el valor diario de la UMA.

A quien amenace o agrede a personal de las instituciones de seguridad pública, de las Fuerzas Armadas, de tránsito y vialidad o de protección civil, que se encuentre en el ejercicio de sus funciones durante emergencias sanitarias a catástrofes o con motivo de éstas, se le impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 30 a 200 veces el valor diario de la UMA.

En el debate de este dictamen, la diputada Ivonne Trujillo agradeció a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales por dictaminar esta iniciativa, con la cual –indicó- se refrenda el compromiso con las trabajadoras y trabajadores de la salud para que reciban un trato respetuoso y digno al realizar sus funciones.

En cumplimiento de la base quinta de la convocatoria, publicada el pasado 26 de marzo en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 124, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) iniciaron, este 19 de mayo, la etapa de entrevistas a 16, de los 21, aspirantes a titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Reunidos en la sala Venustiano Carranza, sede de las entrevistas, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador del Grupo Legislativo de Morena y presidente de la Jucopo, el legislador Omar Guillermo Miranda Romero (PAN), la diputada Erika Ayala Ríos (PRI-PVEM) y el legislador Alexis Sánchez García (MC-PRD), llevaron a cabo este procedimiento, el cual estuvo centrado en la trayectoria, experiencias, conocimiento en la materia y propuestas de cada uno de los aspirantes, en caso de asumir el cargo.

Cada uno de las y los aspirantes contó con 15 minutos para apertura, desarrollo y cierre de su intervención, periodo en el cual aportaron diversos elementos en cuanto a los objetivos planteados y las acciones a implementar desde la FGE.

Este 19 de mayo, fueron entrevistados las ciudadanas y los ciudadanos: Elizabeth Morales García, Gabriel Alejandro Williams Mendoza, Fernando Herrera Escobar, Florencio Hernández Espinoza, Salvador Antonio Monroy Cosme, Francisco Enrique Varela Ramírez, Teresa Cruz Flores, Yuridia Torres Páez, Rubí Rosas Carvajal, Anel Retama Jácome, Tomás Mundo Arriasa, Arabella Marely Cañas y Sáenz, Jorge Efrén Avilés Morelos, Anastacio Báez Méndez, Ángel Rodríguez Bernal y Angel Ofir Martínez Che.

Este 20 de mayo, a partir de las 10:00 horas, la Jucopo continuará esta etapa con las entrevistas a las y los ciudadanos Verónica Hernández Giadáns, Ramiro Ramírez Reyes, Alejandro Lagunes Toral, Gerardo Escobedo García y José Martín Rivera Martínez.

Conforme a la Convocatoria, al concluir la etapa de entrevistas, la Jucopo tiene un plazo máximo de tres días naturales para emitir el Proyecto de Punto de Acuerdo en el que se propondrá a la terna de la cual el Pleno, por mayoría calificada, elegirá a la persona que asuma la titularidad de la FGE.

Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXV legislatura del Congreso del Estado, hicieron del conocimiento del Pleno, durante la primera sesión ordinaria, del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de esta Soberanía, el Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se concede prórroga para la entrega del informe trimestral sobre el ejercicio del gasto público, de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), del Gobierno del Estado.

En atención, afirman los legisladores en el texto de su Proyecto de Punto de Acuerdo, de la solicitud formulada por el titular de la Sefiplan, y por la situación por la emergencia sanitaria, derivada de la propagación del coronavirus, se prórroga por un término máximo de noventa días naturales, contados a partir del vencimiento del plazo para presentarlo, al que hace referencia el artículo 179, segundo párrafo, del Código Financiero para el Estado; y por única ocasión.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo que exhorta a los Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, a que incluyan como falta administrativa la agresión verbal y la negación injustificada de servicios públicos y privados a todo el personal del sector salud, con fundamento en la Ley que Establece las Bases Normativas a que se Sujetarán los Reglamentos en Materia de Faltas de Policía que Expidan los Ayuntamientos del Estado.

Al respecto, dijo el legislador, deberá considerarse, una vez establecidos estos lineamientos, que las autoridades municipales puedan sancionar las faltas hacia este sector, con multa, trabajo comunitario o arresto, según su naturaleza y gravedad de las situaciones en concreto en la que incurran las o los agresores.

Vargas Barrientos destacó que, mientras dure la declaración de emergencia nacional originada por la epidemia de enfermedad causada por el COVID-19, deben establecerse estrategias locales para que una vez notificada la autoridad por medio del número de emergencia 911, elementos de seguridad pública intervengan de inmediato, preservando la integridad física, psicológica y moral de los trabajadores de la salud.

En el mismo sentido, el diputado propuso también establecer como falta, la acción o petición que lleve a cabo uno o más ciudadanos o ciudadanas con el objeto de que se impida la prestación de un servicio público o particular a personal de la salud en este mismo periodo.

“Es necesario exhortar también respetuosamente a las autoridades de los municipios, que se hagan cumplir sus reglamentos municipales existentes en materias como la de mercados o de espacios públicos, con la finalidad de que tampoco se sigan presentando aglomeraciones, toda vez que a través de medios de comunicación y redes sociales se han evidenciado afluencias de personas en sitios públicos, desatendiendo las recomendaciones sanitarias federales y estatales”, añadió.

Asimismo, señaló que “son muchos los ciudadanos que están respetando la instrucción básica de quedarse en casa y también son muchos los que tienen que salir a trabajar porque viven al día, pero ello no tiene que dar lugar a violar las reglas fundamentales de la sana distancia, el uso de cubre bocas, el lavado de manos o el ingresos excesivo de personas a comercios”.

Finalmente, realizó un reconocimiento al personal de salud y a los ciudadanos que hacen el esfuerzo de quedarse en casa, pues de esta manera evitan que la pandemia se extienda más, procurando que este periodo de emergencia pase lo antes posible y con los menores daños.

“Envío un agradecimiento a las autoridades municipales, estatales y federales que están trabajando a marchas forzadas para que los servicios públicos básicos no falten en este periodo de emergencia, incluyendo a los policías, trabajadores y autoridades de la seguridad pública”, concluyó.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México” (PRI-PVEM) realizaron un exhorto a las autoridades estatales a realizar diversas acciones relacionadas con la pandemia del virus SARS-CoV2 (Covid-19) que enfrenta el estado de Veracruz.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Jorge Moreno Salinas manifestó que en estos tiempos “la solidaridad debe manifestarse sin reservas, al constituir una prioridad la atención de la población afectada por la pandemia, ya sea médica o económicamente, así como la protección y salvaguarda de los derechos humanos del personal de salud responsable de dicha atención y cuidados”.

En primer lugar, exhortó al Ejecutivo del estado a disponer lo necesario para que, con independencia de los programas federales correspondientes, a través de los mecanismos de detección, registro, valoración y distribución que estime pertinentes, se destinen apoyos alimentarios a las personas que socioeconómicamente así lo requieran, que hayan sido afectadas con la pérdida de empleo o disminución significativa de sus ingresos económicos, como consecuencia directa o indirecta de la pandemia de enfermedad por Covid-19, de tal modo que puedan contar con los ingresos necesarios para su sustento.

En segundo lugar, exhortó al Ejecutivo estatal a crear un Grupo Permanente de Coordinación, en el que participen autoridades estatales y municipales, con invitación a las del orden de gobierno federal que correspondan, así como especialistas en la materia, con la finalidad de tomar decisiones y atender emergencias en cualquier momento, relacionadas por la pandemia de la enfermedad referida, contando con las facultades y los recursos necesarios para tales efectos.

En tercer lugar, exhortó al Gobierno del Estado a proporcionar apoyo al personal médico y no médico de las instituciones públicas federales y locales de salud y de los establecimientos particulares de ese mismo ramo en la entidad, que así lo requieran, para su transportación gratuita a los centros de trabajo y domicilios, en vehículos de propiedad estatal, a fin de evitar actos de discriminación o agresiones de cualquier naturaleza como consecuencia del ejercicio de sus funciones, durante la contingencia sanitaria decretada por las autoridades competentes, así como a instruir lo conducente para que en los accesos a las unidades médicas se brinde seguridad y protección al personal antes mencionado, a fin de que no sea objeto de conductas que violenten sus derechos humanos.

El exhorto, turnado a la Junta de Coordinación Política, comprendió también instruir las medidas pertinentes para hacer extensivas la seguridad y protección descritas al personal de seguridad pública, de atención de urgencias y de protección civil, que realiza funciones durante la contingencia sanitaria.

En representación de la bancada integrada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y el legislador Antonio García Reyes, Jorge Moreno expresó que “sin mezquindad y con auténtico deseo de contribuir a resolver la compleja problemática que se enfrenta, nuestro Grupo Legislativo hace este exhorto, en el entendido de que la suma de voluntades, en medio de la adversidad, siempre será bienvenida”.

Los diputados integrantes de las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, del Congreso del Estado, pusieron a consideración del Pleno, de la LXV legislatura, el dictamen con proyecto de Decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para el estado.

Esto, durante la primera sesión, del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, destacando que ante las carencias y grandes desigualdades sociales que viven millones de veracruzanos, es necesario seguir impulsando y fortaleciendo el desarrollo local.

Así como adecuando nuestro marco jurídico para incentivar gobiernos municipales responsables, que actúan con respeto a la ley, que sean capaces de atender las demandas sociales y que construyan legitimidad a través de la participación ciudadana organizada e informada.

Para ello, señalaron en su Decreto, debe existir responsabilidad y voluntad política en los cabildos, de dialogar, deliberar y escuchar a la ciudadanía, en diversos formatos y espacios, como lo son las audiencias públicas y el cabildo en sesión abierta; y que la reforma a los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre es pertinente.

Con esto, continúan, se armoniza, la Ley Orgánica municipal con lo dispuesto en la Ley Estatal de Participación Ciudadana Gobierno Abierto, ya que la acción conjunta entre los ayuntamientos y la sociedad civil dará paso a transformaciones importantes en el ámbito municipal.

De la misma manera, se busca establecer en la Ley que esta Soberanía, a través de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, tenga la facultad de recibir y conocer las actas de cabildo en sesión abierta, con el objetivo de fomentar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley Estatal de Participación Ciudadana.

Asimismo, contribuirán a garantizar que los ciudadanos expresen, manifiesten y debatan sus ideas e inconformidades ante sus representantes populares, y para ello contarán con un registro interno de las actas digitalizadas que reciba, con la finalidad de tener un respaldo de las sesiones de cabildo abierto. Sin que ello implique la intromisión o vulneración a las facultades constitucionales del municipio libre.

Este Decreto, que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, fue aprobado con 46 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

El Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, dio entrada a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, enviada por la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fomento al Empleo del Estado de Veracruz en materia de creación de un Seguro de Desempleo.

En primer término la propuesta sugiere la reforma del nombre de la Ley en comento incluyendo el concepto “Protección” para quedar “Ley de Protección y Fomento al Empleo del Estado de Veracruz”.

Del mismo modo, integra a esta Ley las atribuciones necesarias para normar como política pública, la programación del Seguro de Desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal, cuando el trabajador, por causas ajenas a su voluntad, sea separado de manera temporal o definitiva de su trabajo privándose de su salario.

Además, incluye la iniciativa, el titular del Ejecutivo deberá incluir en el presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, la asignación que garantice el derecho a este Seguro para las personas que reúnan los requisitos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Productividad (STPSP) señale.

En la propuesta se lee, que el Seguro de Desempleo es un mecanismo de protección social para las personas que han perdido su empleo, el cual otorgará un derecho económico a los beneficiarios que la STPSP determine, a partir del cumplimiento de los requisitos y normatividad de una convocatoria, así como las demás disposiciones administrativas aplicables.

Asimismo, y en cumplimiento con los requisitos que la STPSP fije, los beneficiarios tendrán derecho al Seguro por un plazo no mayor a 6 meses, pudiendo acceder al mismo cada dos años. El monto ascenderá a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) entregándose de forma mensual.

En cuanto a los beneficiarios, la propuesta señala que es personal e intransferible, y podrá entregarse a personas desempleadas mayores a los 18 años y que sean residentes del estado de Veracruz, además de haber laborado por lo menos 6 meses para una persona moral o física con domicilio fiscal en la entidad, y que no perciban otros ingresos por concepto de pensión, jubilación, subsidio o relación laboral diversa.

Además, deberán estar inscritas en la STPSP en forma directa a través de alguna plataforma oficial, ser demandantes activas de empleo, y cumplir con las disposiciones reglamentarias aplicables.

Bajo el contexto económico actual que vive México y Veracruz por la contingencia sanitaria por COVID-19, la iniciativa propone la necesidad del inicio inmediato de la operatividad de este tipo de programas como lo es el Seguro de Desempleo, por lo que de ser aprobada, la STPSP deberá emitir la convocatoria correspondiente en un plazo no mayor de 30 días naturales.

En consecuencia, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), deberá hacer saber al Congreso Local, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el monto de los recursos que se destinarán al Seguro de Desempleo, para hacer los ajustes necesarios al Presupuesto de Egresos aprobado para el presente año.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y Trabajo y Previsión Social.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el dictamen de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, con lo cual queda establecido que el Congreso, de manera excepcional, podrá celebrar sesiones a distancia, mismas que deberán ser transmitidas en vivo por los canales oficiales.

El dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales durante la sesión de este 2 de mayo, es resultado de la iniciativa propuesta por las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura.

De esta forma, queda señalado en la Ley que el Congreso del Estado se reunirá a partir del cinco de noviembre de cada año para celebrar un Primer Período de Sesiones Ordinarias, el cual concluirá el día último del mes de enero del año siguiente; y a partir del dos de mayo de cada año para celebrar un Segundo Período de Sesiones Ordinarias que concluirá el día último del mes de julio siguiente.

Las sesiones del Congreso y de sus comisiones serán públicas; pero cuando se trate de asuntos que exijan reserva, serán privadas, de conformidad con lo establecido por su normatividad interior.

De manera excepcional, cuando existan contingencias sanitarias, ambientales, riesgos a la seguridad pública, a la protección civil, o cuando se declare estado de emergencia u otros casos de fuerza mayor, las sesiones del Congreso podrán celebrarse a distancia, ya sea de forma total o parcial, a través de las tecnologías de la información o sistemas electrónicos que se establezcan para ello.

Todas las sesiones celebradas bajo esta modalidad deberán ser transmitidas en vivo.

Las tecnologías de la información o sistemas electrónicos para la celebración de las sesiones a distancia, deberán garantizar de manera eficaz la verificación del quórum, la intervención de viva voz de las y los legisladores partícipes, el registro de las votaciones, y que el acceso a dichas plataformas esté limitado a los Diputados y Diputadas, así como al personal previamente autorizado.

Tras aprobarse con 42 votos a favor y tres abstenciones este dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó remitirlo al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 154 Quater, del Código Penal del Estado de Veracruz, que faculta al Ministerio Público a tener las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la víctima de violencia familiar, debiendo informar al juez para que en audiencia pública decrete lo procedente.

El dictamen, resultado de la iniciativa presentada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, dota al Ministerio Público de los instrumentos jurídicos necesarios, para que al momento de conocer de los hechos, pueda ordenar las medidas preventivas constituyendo acciones anticipadas, disuadiendo afectaciones mayores para las víctimas de violencia familiar.

La reforma responde a que las medidas actuales del Ministerio Público resultan limitadas en sus atribuciones al actuar a favor de las víctimas, por lo que la reforma a dicho artículo dota al Ministerio Público para tener, a su alcance inmediato, las medidas de protección que protejan anticipadamente a las víctimas de violencia familiar.

En este sentido, el artículo 154 Quater del Código Penal de la entidad, ya contempla las medidas de prevención para salvaguardar la atención de las víctimas, sin embargo éstas se encontraban condicionadas a petición del juez, por lo que con esta reforma, las víctimas dejarán de estar desprotegidas temporalmente pues no se tendrá que esperar a que el juez acuerde al respecto.

Durante su intervención, la autora de la iniciativa, diputada Rosalinda Galindo Silva, resaltó que actualmente la atribución del Ministerio Público, para acordar medidas preventivas de protección que le impone el Código Penal local, resulta limitada en comparación con la atribución que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, para ordenar en favor de las víctimas de violencia familiar.

Asimismo, señaló que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 137 párrafo primero, otorga, entre otras atribuciones del Ministerio Público, la atribución de ordenar medidas de protección idóneas, para salvaguardar la seguridad de las víctimas, por lo que la propuesta que hoy presenta la Comisión de Justicia armoniza el Artículo 154 Quater del Código Penal para el Estado, a la disposición Federal.

El dictamen fue aprobado con 24 votos a favor, 7 en contra y 14 abstenciones.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen por el cual se reformó el artículo 380 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz y se establece que la Comisión de Hacienda, en coordinación con la Tesorería, someterá a la consideración del Cabildo la Cuenta Pública Municipal del ejercicio inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de marzo y presentarse al Congreso del Estado a más tardar el día 30 de abril.

De esta manera se homologa la fecha fijada en el Código Hacendario Municipal para el Estado, con las establecidas en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en concordancia con las Leyes de Fiscalización y Orgánica del Poder Legislativo, respecto al término para presentar la Cuenta Pública Municipal, pasando del mes de enero al último día hábil del mes de marzo, ante el Cabildo y a más tardar al 30 de abril ante el Congreso del Estado.

Este dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 25 de julio de 2019 por la diputada del Partido Acción Nacional, María Graciela Hernández Iñiguez, fue aprobado por el Pleno con 46 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, durante la sesión de apertura del Segundo Periodo Ordinario, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura.

Asimismo, la reforma refiere que, tratándose del último año de la administración municipal, la Comisión de Hacienda y la Tesorería deberán someter la Cuenta Pública municipal a consideración del Cabildo, durante el mes de diciembre, o bien, hasta el último día del mes de enero.

Por otra parte, en el artículo tercero transitorio se señala que los ayuntamientos que dispongan del Código Hacendario Municipal propio deberán proponer ante esta Soberanía la reforma correspondiente, con el propósito de ajustarse a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo que no excederá de 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor del mismo.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal y de Vigilancia determinaron procedente esta reforma, ya que -añaden- tiene como propósito brindar certidumbre a los entes fiscalizables municipales de la entidad, en cuanto a la presentación de sus Cuentas Públicas.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 30 de mayo de 2019 por el diputado de Morena, León David Jiménez Reyes, con lo que se deroga la fracción XLI del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con ello la obligación de este Poder de realizar anualmente una sesión fuera de su sede oficial, siendo en algún municipio del norte, centro o sur de la entidad.

De esta manera se ajusta lo contenido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo a lo señalado en el Decreto 759, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 8 de octubre de 2018, mediante el cual se quitó del artículo 28 de la Constitución Política del Estado la obligación de sesionar fuera de la sede oficial, ubicada en la ciudad de Xalapa.

La Comisión Permanente de Gobernación, instancia dictaminadora, señala en el documento que la reforma integral a la Constitución Política del Estado, realizada en el año 2000, se estableció como una obligación del Poder Legislativo de la entidad, sesionar por lo menos una vez al año en la cabecera de algún municipio del norte, centro o sur del Estado, lo que se conoció como “sesiones foráneas”.

Asimismo, recordó que los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reformaba el artículo 28 de la Constitución Política del Estado, la cual tenía como finalidad primordial dejar sin efecto lo relativo a la obligación que tenía este Congreso de realizar, cada año, dichas sesiones fuera de la sede oficial.

Refiere que dicha Legislatura, en su exposición de motivos, manifestaron, “Veracruz no atravesaba su mejor etapa en términos económicos y financieros, por lo que la austeridad, la racionalidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos y su gasto, debían ponderarse siempre en aras del beneficio común”.

Tras aprobarse, con 43 votos a favor, 2 en contra y sin abstenciones, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó a la Secretaría General a remitir el presente decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El sistema educativo nacional es el subsistema social que moviliza la mayor cantidad de personas diariamente y por tanto es un modo crítico de contacto. Por este motivo y tomando en consideración la alta tasa de contagio del coronavirus Covid-19 que oscila entre 1.4 a 3 personas por cada infectado, la suspensión de actividades en los centros escolares es considerada una de las estrategias indispensables para controlar la propagación de la enfermedad.

Señalaron lo anterior, los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), que coordina el diputado Omar Guillermo Miranda Romero, al presentar ante el Pleno, la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 4 de la Ley de Educación del estado.

Esto, durante los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Periodo, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura; limitar el contacto social, reconocen en su Iniciativa, permitirá a los sistemas de salud enfrentar la presente crisis, por lo que la estrategia adquiere una dimensión temporal que ha sido relevante considerar.

La medida impacta, destacan los legisladores del PAN, a 36 millones 635 mil alumnos y más de 2 millones 100 mil docentes; convocando, el titular de la SEP, a las y los maestros a apoyar“, en el aprendizaje con la escuela a distancia”, sin embargo esta acción implementada, destacan en su texto, “marchas forzadas”, generó un entorno para el que ni los profesores, ni las autoridades, ni los estudiantes y padres de familia, estaban preparados.

Si bien ha sido una alternativa para no dejar de garantizar la educación de los niños y jóvenes, consideran en su Iniciativa, representa un gran reto para profesores y alumnos, aún más para aquellos que no cuentan con las herramientas necesarias para impartir y recibir educación mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, considerando que el proceso enseñanza-aprendizaje lo realizan bajo el esquema presencial y que no existe una preparación previa.

Es evidente que no hay en estos momentos, continúa el documento, igualdad de condiciones para la impartición de la educación, visibilizándose posibles deficiencias en la enseñanza, que podrán advertirse, cuando los alumnos se incorporen

Por ello, subrayan en su Iniciativa, que quienes integran el grupo legislativo del PAN, pretenden establecer en la Ley de Educación estatal, que los tipos de educación que se imparten en las modalidades escolarizada o abierta presenciales puedan continuar con sus planes de estudio a través de la educación a distancia.

Esto, cuando se presenten contingencias sanitarias ocasionadas por epidemias de carácter grave o exista peligro de invasión de enfermedades tóxicas en el país, la Secretaría de Educación estatal deberá establecer lineamientos para estar en posibilidad de lograrlo de forma eficiente, así como brindar la capacitación al personal docente y alumnos para atender dicha situación de forma eficiente.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, fue turnada a la Comisión Permanente de Educación, del Congreso del Estado, para su estudio y dictamen.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 314 bis y un segundo párrafo al artículo 196 del Código Penal para Veracruz, que endurecerían las penas a quienes ejerzan cualquier tipo de violencia, o inciten al odio o violencia en contra del personal del sector salud, durante los periodos que comprendan la declaratorias de emergencia sanitaria.

La iniciativa propone la imposición de cinco a diez años de prisión y multa de dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien ejerza cualquier tipo de violencia en contra del profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud perteneciente al Sistema Estatal de Salud, ya sea dentro o fuera de la jornada laboral, del mismo modo para quienes dañen instalaciones públicas o privadas de este sector.

Asimismo, señaló la diputada, se sancionará a quienes provoquen o inciten al odio o violencia o cometan actos de discriminación hacia al personal de salud, por lo que de aprobarse la presente iniciativa, se impondría una pena privativa de libertad correspondiente al incremento en una mitad, además de hasta ciento cincuenta días de trabajo a favor de la comunidad y una multa de hasta trescientas UMAS.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena, señaló que “sin duda, hay miedo, psicosis entre la sociedad, pero es inadmisible que se esté atacando a quienes hoy integran la primera línea de batalla en contra del Coronavirus, ya que ellos se encuentran arriesgando sus propias vidas por salvar la del prójimo, atendiendo extenuantes jornadas de trabajo, por lo que merecen todo nuestro respeto, admiración y agradecimiento por su invaluable trabajo y vocación de servicio”, añadió Cervantes de la Cruz.

“En el Grupo Legislativo de Morena les decimos gracias, gracias por sacrificar horas de sueño, tiempo con la familia, por entregarle al pueblo sus esfuerzos y por salvar millones de vidas sin importar poner en juego la propia; nuestro reconocimiento, admiración y total respaldo”, concluyó.

El padre o la madre de hijas e hijos nacidos en el estado de Veracruz serían reconocidos también como veracruzanos, de acuerdo con la propuesta del diputado Amado Jesús Cruz Malpica de reformar la Constitución Política local.

Al inicio del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, durante la Primera Sesión Ordinaria, el integrante del grupo legislativo Morena puso a consideración del Pleno la iniciativa de decreto por la que se reforma el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El legislador recordó que el referido Artículo 11, en el Capítulo III titulado “De los veracruzanos, de los vecinos y de los ciudadanos”, reconoce como veracruzanos a los nacidos en el territorio del estado y a los hijos de padre o madre nativos del estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.

En otra referencia, según la fracción II del apartado A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son mexicanos por nacimiento quienes “nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional”.

Esta relación de veracruzano que señala la Constitución local –argumentó Cruz Malpica- tiene una conexión en línea descendente. “Al reconocer como veracruzanos a aquellos nacidos en el extranjero, pero de padres nacidos en territorio nacional. De igual manera, podemos definir como veracruzanos a los ciudadanos nacidos en México, residentes en el estado, que son padres de hijos veracruzanos”.

Por todo lo expuesto, consideró que “valdría mucho dar este reconocimiento a quienes decidieron hacer su vida en el estado, conformar una familia, cumplir con las obligaciones que todo ciudadano veracruzano tiene y, en la mayoría de las veces, contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político de nuestro territorio. Sus hijos ya son veracruzanos y ellos podrían merecer la misma designación”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 45 votos, sin abstenciones o votos en contra, el dictamen con proyecto de Ley de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz cuyo objeto es promover, proteger y asegurar el reconocimiento, goce y ejercicio, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades públicas de las personas mayores.

Esta Ley, resultado de la iniciativa presentada el 14 de noviembre de 2019 por las diputadas de Morena, Mónica Robles Barajas, Ana Miriam Ferráez Centeno, Rosalinda Galindo Silva y María Esther López Callejas, tiene como finalidad mandatar a las instituciones y órdenes de gobierno, al cumplimiento de todas las acciones, planes, programas, distribución de recursos públicos necesarios, que impulsen efectivas políticas públicas en beneficio de este sector de la sociedad.

En este dictamen de Ley se establece que el Consejo Estatal para la Atención de la Persona Mayor, deberá ser instalado en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir del inicio de la vigencia de la Ley.

El Consejo elaborará un proyecto de Reglamento Interior y lo someterá a la aprobación del Gobernador del Estado, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la instalación de dicho Consejo; estableciendo, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, que incluyan las previsiones necesarias en sus respectivos presupuestos, para desarrollar e implementar los programas y acciones en beneficio de las personas mayores a partir del Ejercicio Fiscal siguiente al inicio de la vigencia de esta Ley.

Esta Ley, compuesta por 38 artículos, prevé prevenir, sancionar y eliminar cualquier tipo de discriminación que ratifique el compromiso de la sociedad, los gobiernos y los poderes públicos, para garantizar que el envejecimiento se viva con dignidad y plenitud de derechos, con el máximo nivel de calidad de vida posible, abrogando la Ley 863 concerniente a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz.

En el debate del dictamen, la diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de Morena y autora de la Ley, señaló que esta es una Ley novedosa que reconoce a las personas mayores como titulares de derechos, sin estereotipos, sin asistencialismos; que previene, sanciona y elimina cualquier tipo de discriminación y que combate el abandono, el maltrato y la violencia.

Asimismo, indicó asegura mejores servicios de salud integral, cuidados paliativos, protección social y acceso a la vivienda, al empleo y autoempleo y, sobre todo, salvaguarda el acceso a la justicia.

También, dijo que esta legislación reconoce las desigualdades de género y promueve la autonomía e independencia de las personas mayores veracruzanas, así como la solidaridad intergeneracional y cimienta bases para que continúen aportando y participando activamente en la sociedad, en el mercado laboral, en la vida política, social, económica y cultural de Veracruz.

La diputada Robles Barajas precisó que en Veracruz el 13 por ciento de la población total son adultos mayores, es decir, un millón 68 mil 102; de las que, el 46 por ciento son hombres y el 54 por ciento son mujeres. De este registro, el 28 por ciento no goza de seguridad social; el 21 por ciento tiene pobreza alimentaria; el 16 por ciento, no cuenta con vivienda y el 20 por ciento, no tiene un empleo.

Las personas mayores que viven en los 47 municipios donde más de 600 mil personas hablan alguna lengua indígena, el 16 por ciento de ellas, tienen 60 años y más, lo que agrava su situación de calidad de vida, añadió.

El Grupo Legislativo del PRI-PVEM en el Congreso de Veracruz presentó ante el Pleno la iniciativa que busca reformar diversas disposiciones al Código Penal, con la finalidad de establecer que las sanciones por el delito de discriminación podrán incrementarse al doble, cuando se cometa en contra de personal de instituciones públicas o de establecimientos particulares de salud, así como quienes atienden emergencias, seguridad pública, protección civil y bomberos, con motivo del cumplimiento de sus funciones o por consecuencia de su encargo.

Al presentar esta propuesta, durante la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Antonio García Reyes subrayó que también se plantea que en las disposiciones comunes para los delitos de homicidio y lesiones, se adicione la hipótesis de que dichos ilícitos serán calificados si se cometen en contra del personal ya citado, “esto al ser una clara e injusta manifestación de odio, que atenta en contra de quienes brinda servicios fundamentales a la sociedad, sobre todo en una contingencia como la que vivimos”, agregó.

Asimismo, se propone que al servidor público que, en ejercicio de su función, incurra en algunas de las conductas señaladas o niegue o retrase a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, además de las sanciones previstas, se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo lapso de la prisión impuesta.

En Tribuna, el legislador indicó que se han observado en México diversas expresiones de odio hacia el personal médico y de enfermería de instituciones de salud, quienes además de lidiar con la posibilidad de ser contagiados del coronavirus, como resultado de su labor, tienen que enfrentarse a las manifestaciones de intolerancia de algunas personas, “ciertamente producto de la ignorancia y el miedo, pero de que en ningún modo pueden justificarse ni permitirse en nuestra sociedad”.

Recordó el comunicado emitido el pasado 30 de marzo por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en relación al llamado ciudadano para no estigmatizar, ni realizar acciones discriminatorias o violentas en contra del personal de salud que encabeza la respuesta del país a la contingencia actual por el coronavirus Covid-19. Esto, debido a las múltiples conductas que han llegado al extremo de la agresión, ya no solo verbal, sino física, incluyendo arrojar cloro al personal antes señalado.

En tanto, expresó que el Grupo Legislativo PRI-PVEM coincide plenamente con lo afirmado por el Conapred en el sentido que las y los trabadores de las instancias de salud hacen un gran esfuerzo para atender a las personas afectadas por la pandemia y ponen al servicio de todas y todos sus conocimientos y profesionalismo, “por lo que lejos de rechazarles y agredirles, la sociedad mexicana debe reconocer y agradecer su entrega y compromiso”, abundó.

Dijo que no sólo el personal médico y de enfermería está expuesto a las manifestaciones de intolerancia ya descritas, ya que también esas conductas se han hecho en contra de elementos de instituciones de seguridad pública y protección civil en el ejercicio de sus funciones, “sobre todo al hacer llamados a la población a respetar las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias federales y locales para prevenir el aumento del número de personas contagiadas del coronavirus”.

La iniciativa, que adiciona una fracción VIII al artículo 144 y un párrafo, que será el segundo, con el corrimiento de los actuales párrafos segundo y tercero a tercero y cuarto, respectivamente, al artículo 196, ambos del Código Penal para el Estado, fue enviada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura emitió las convocatorias para las y los ciudadanos mexicanos, organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones presenten propuestas para ocupar los cargos de Fiscal General y Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, ambos del estado de Veracruz, para un periodo de nueve y cinco años respectivamente.

De acuerdo con las bases de ambas convocatorias, publicadas este jueves 30 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quienes acudan al llamado de la convocatoria deberán mantener, en todo momento, el cumplimiento de requisitos; en caso contrario, la Jucopo descartará la propuesta.

Las y los aspirantes deben ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos, por nacimiento, en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad; tener, cuando menos, 30 años cumplidos al día de la designación; poseer, al día de su designación, título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello.

Así también, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, esto le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y no pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución federal y la ley de la materia.

En ambos casos, deberán entregar una exposición de motivos, de máximo cinco cuartillas, donde exponga debilidades y fortalezas del organismo al que aspira representar; estrategias, líneas de acción y objetivos para fortalecer la procuración de justicia en el Estado y el combate a la corrupción, según sea el caso.

Asimismo, copia certificada de acta de nacimiento con una antigüedad máxima de expedición de tres meses, Currículum Vitae con documentación comprobatoria, dos fotografías recientes a color, tamaño infantil, copia certificada del título de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional, Constancia sobre Antecedentes Penales expedida por la autoridad competente, Constancia de No Inhabilitación expedida por la Contraloría General del Estado y Declaración bajo protesta de decir verdad, con firma autógrafa del participante.

La documentación deberá entregarse en el orden señalado y en archivo digital en formato PDF, del 1 al 10 de mayo de 2020, de 09:00 a 18:00 horas en las oficinas de la Jucopo, en el Palacio Legislativo, ubicado en Avenida Encanto esquina Lázaro Cárdenas, colonia El Mirador, Código Postal 91170, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

Todas las notificaciones se harán en la misma página web y las de carácter personales, mediante el correo electrónico que hayan proporcionado y que deberán ser acusadas de recibido por las y los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en la inteligencia que quienes no lo hagan dentro de las 24 horas posteriores a su envío, se tendrán por debidamente notificados.

La Jucopo será la encargada de desarrollar el proceso de selección de las ternas para ambos cargos. La Presidencia de este órgano de gobierno será la responsable de concentrar los registros y documentación correspondiente para la integración de los expedientes, que estarán bajo resguardo de dicha Presidencia.

Cerrada la recepción de propuestas, dicha Presidencia identificará a las y los aspirantes que cumplan con los requisitos y los citará de inmediato, por un término no mayor de 10 días naturales, a comparecer ante la Jucopo a fin de que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia.

Se advierte que, en atención a la contingencia por COVID-19, se podrá citar a comparecer a las y los aspirantes, aunque no haya concluido la recepción de propuestas. Quienes no hayan cumplido con los requisitos podrán solicitar que se les dé a conocer la razón de incumplimiento y serán atendidos por los integrantes de la Jucopo o por el servidor público que designe la Presidencia, levantándose la constancia correspondiente.

En la siguiente etapa, las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos serán entrevistados personalmente en las fechas y horarios aprobados. La comparecencia será inamovible y quienes no se presenten a la entrevista serán descartados para la integración de la terna.

Finalizadas las entrevistas, la Jucopo emitirá en un plazo no mayor a tres días naturales el Proyecto de Punto de Acuerdo que contendrá una terna de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General y el Proyecto de Punto de Acuerdo que contendrá una terna de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, que serán sometidos dentro de un plazo de cinco días hábiles al Pleno del Congreso del Estado, para que se realice el nombramiento correspondiente.

En la última etapa, el Pleno del Congreso del Estado elegirá, de entre los integrantes de la terna, a quienes deban ocupar ambos cargos conforme a la votación prevista en la Constitución Política del Estado. En la sesión de designación deberán estar presentes los integrantes de ambas ternas, para que a las personas designadas les sea tomada la protesta de los cargos conferidos.

Para que las personas que hayan perdido su empleo y visto mermados sus ingresos económicos ante la imposibilidad de realizar sus actividades laborales, debido a la ocurrencia de una situación especial, tal como se está viviendo con la contingencia sanitaria, derivada del coronavirus, Covid-19, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso su iniciativa con proyecto de Ley de Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Esta propuesta, refirió la legisladora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Movimiento Ciudadano y De la Revolución Democrática (MC-PRD), reconoce el derecho de las personas a recibir un Ingreso Mínimo Vital, de carácter temporal, mediante una compensación monetaria, ante la ocurrencia de situaciones especiales en las que pierdan su empleo.

Al participaren la tercera sesión ordinaria, del Segundo Año de Labores, la diputada Trujillo Ortiz subrayó que la aplicación de esta Ley correspondería al Ejecutivo estatal, a través de las Secretarías de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) y la de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en el ámbito de sus competencias. Para el cumplimiento y objetivos, se coordinarán con las dependencias de la Administración Pública Federal.

De esta manera, la propuesta legislativa considera al Ingreso Mínimo Vital como el sistema de protección social para las personas en desempleo, residentes en el estado de Veracruz, instituido para crear condiciones subsidiarias de protección por una Situación Especial, en tanto se logra su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil.

Asimismo, se establece en los artículos transitorios que, para la elaboración del Reglamento, así como de las Reglas de Operación del Ingreso Mínimo Vital, las STPSP y la Sefiplan deberán entablar una mesa de coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el Reglamento se deberán expresar los grupos de población y ocupaciones que, con base en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones del Instituto, serán elegibles para recibir este beneficio.

En su intervención en la tribuna, la diputada informó el Ingreso Mínimo Vital sería entregado durante tres meses a las personas beneficiarias y podrá ser renovado por dos meses adicionales en caso de que sea necesario para casos específicos en donde sea observable que su situación económica no ha podido mejorar.

De acuerdo a su propuesta, el valor del Ingreso Mínimo Vital será equivalente al valor mensual del salario mínimo, que para este 2020 es de 123 pesos con 22 centavos al día, “es decir, tres mil 696 pesos con seis centavos mensuales y poco más de 11 mil pesos durante los tres meses”, añadió.

El contenido completo de este proyecto de ley, que consta de 17 artículos, integrados en cuatro capítulos, puede consultarse libremente en la Gaceta Legislativa número 93, publicada en la página oficial de este poder, www.legisver.gob.mx.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Trabajo y Previsión Social.

La LXV Legislatura nombró a Verónica Hernández Giadáns, Fiscal General del Estado, y a Clementina Salazar Cruz, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz. En sesión ordinaria, rindieron protesta al cargo ante el Pleno, luego de la aprobación, con 38 votos en el primer caso y 38 votos en el segundo, de los dictámenes respectivos emitidos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Para el acto protocolario respectivo, en primer término, la diputada Erika Ayala Ríos y los legisladores José Manuel Pozos Castro y Alexis Sánchez García acompañaron hasta el Recinto Oficial de Sesiones a la ciudadana Verónica Hernández Giadáns para asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Posteriormente, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz y los legisladores Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Jorge Moreno Salinas condujeron a la ciudadana Clementina Salazar Cruz a la misma sala para, de igual manera, rendir protesta al cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.

En ambos casos, el procedimiento tuvo cabal cumplimiento en cada una de sus etapas, desde la emisión, aprobación y publicación de las respectivas convocatorias, en las que se establecieron las etapas, los requisitos y plazos a cumplir por cada ciudadana o ciudadano aspirante a los cargos en mención.

Posterior a la etapa de recepción de los documentos y formatos requeridos, la diputada y los diputados integrantes de la Jucopo: Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la misma, Omar Guillermo Miranda Romero, Erika Ayala Ríos y Alexis Sánchez García, analizó cada caso, integró cada expediente y citó a las y los aspirantes que cumplían los requisitos para proceder a la etapa de entrevistas.

Los días 19 y 20 de mayo, en cumplimiento de la base quinta de la convocatoria, publicada el pasado 26 de marzo en la Gaceta Oficial del Estado, las y los 21 aspirantes que cumplieron los requisitos de la Convocatoria presentaron, en entrevista ante la Jucopo, sus propuestas para asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la diputada y los diputados integrantes de la Jucopo entrevistaron, este 20 de mayo, a las y los 12 aspirantes a la titularidad de dicho organismo, conforme a la base quinta de la convocatoria emitida por esta Soberanía.

El nombramiento de Fiscal General contempla un periodo de nueve años y el de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, un periodo de cinco años, ambos a partir de la fecha del nombramiento y la toma de protesta.

La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto dio a conocer la lista de aspirantes al cargo de Comisionado que integrará el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y el calendario de entrevistas a realizarse con las y los 22 ciudadanas y ciudadanos que cumplieron con todos los requisitos detallados en la Convocatoria emitida por esta Soberanía el pasado 5 de marzo.

En sesión de trabajo, el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez y las diputadas María Graciela Hernández Iñiguez y Adriana Paola Linares Capitanachi, presidente, secretaria y vocal respectivamente de esta Comisión, acordaron aprobar el calendario de entrevistas para las y los aspirantes, la metodología y el formato de las entrevistas, la difusión de la información en la página web del Congreso y llevar a cabo una sesión al término de las entrevistas para la emisión del Informe que deberá rendirse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Establecieron que, una vez concluida la etapa de recepción de los documentos y según lo acordado por esta instancia dictaminadora, las entrevistas se realizarán este viernes 20 de marzo de 2020, de 10:00 a 15:25 horas, en la Sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo; cada una tendrá una duración de 10 minutos por aspirante y serán transmitidas en vivo en la página web del Congreso: www.legisver.gob.mx.

La misma Comisión informó haber recibido un total de 22 expedientes de igual número de aspirantes que respondieron a la Convocatoria. El día 17 de este mes, sus integrantes llevaron a cabo la revisión exhaustiva de cada expediente y, a juicio de dicha instancia, las y los 22 aspirantes cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en la Constitución Política local y la Base Cuarta de la Convocatoria.

Las y los aspirantes que deberán presentarse a entrevista son: Ana María Aguilar Hernández, Eunice Caldelas Alcántara, Janett Chávez Rosales, Olga Jacqueline Lozano Gallegos, Natalia Paulina Martínez Griego, Beatriz Méndez Basulto, José Guadalupe Altamirano Castro, Irma Rodríguez Ángel, Hugo Santiago Blanco León y Virgen María Guadalupe Bouret Flores.

Del mismo modo, las y los ciudadanos Rocío Luna García, Christian Trejo y Cruz, Cinthya Nimbe González Arriaga, José Manuel Rodríguez Melgarejo, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Liliana López Coronado, Ileana Junue Magaña Cabrera, Elizabeth Ramzahuer Villa, Gloria Yanet Teresa Velázquez Vallejo, Emilio Ortiz Medina, Ana Josefina Bello Jiménez y Jorge Guillermo Pérez Alarcón.

Una vez concluida esta etapa, con apoyo en el informe de dicha Comisión y en las propuestas efectuadas por los grupos legislativos, la Jucopo formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá el nombramiento de la persona que como Comisionada o Comisionado integrará el Pleno del IVAI.

El Congreso del Estado de Veracruz aplica con diligencia y de manera responsable las medidas preventivas ante la emergencia por la pandemia de coronavirus (COVID-19), afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

En el acceso principal del Palacio Legislativo, personal de la Oficina de Servicio Médico, a cargo de la doctora Claudia del Rosario García Pérez, realiza a cada persona que ingresa al inmueble, la revisión de la temperatura corporal y le proporciona gel antibacterial. A las y los trabajadores del Congreso les dan indicaciones precisas para mantener la higiene en el lugar de trabajo y en las áreas comunes.

Luego de someterse a esta revisión junto a demás colaboradores, el legislador señaló como “de vital importancia mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades sanitarias y seguirlas con responsabilidad y de manera escrupulosa, porque lo que está de por medio es la salud y la vida propia y de quienes nos rodean”.

Subrayó que aún se analiza si es necesario tomar otras medidas, como la suspensión de sesiones, limitar el ingreso al público en general e incluso suspender todas las actividades dentro del Congreso local; “estamos analizando la situación y, con base en ello, tomaremos una decisión responsable en su momento, misma que será informada oportunamente”.

También aseguró que “como medida preventiva, los trabajadores de más de 60 años podrán ausentarse por los tiempos que la Jucopo irá determinando de acuerdo con las fases del COVID-19”.

Si bien –comentó Gómez Cazarín- al momento, no se ha reportado a ninguna persona trabajadora del Congreso con síntomas que pudieran corresponder al COVID-19, “no bajaremos la guardia, nos mantenemos atentos; porque cuando se trata de la salud no hay medida que sobre. La prevención será siempre la mejor medicina, sobre todo cuando vemos cómo en otros países el número de infectados y de fallecimientos aumenta exponencialmente”.

Al advertir que en el Congreso algunos signos de interacción como el saludo se han limitado, el Diputado consideró que la presente emergencia es una oportunidad para revisar y analizar nuestro comportamiento habitual y el trato hacia los demás, sin embargo, llamó a no recurrir a las llamadas “compras de pánico” y mantener la calma, para no contribuir a la psicosis colectiva.

Ante esto último, invitó a la población a la responsabilidad en lo cotidiano, a no salir de casa, excepto cuando sea necesario, evitar las aglomeraciones, mantenerse informados, seguir las medidas básicas de higiene y no automedicarse. “Confiamos en que esta contingencia pase pronto y en que salgamos bien, pero para eso hay que cuidarse”, concluyó.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que ante la declaratoria del Covid-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Congreso del Estado de Veracruz reforzará las medidas preventivas sanitarias al interior del recinto, con la finalidad de proteger a las y los veracruzanos trabajadores y visitantes.

Señaló que entre las medidas que se implementarán será la suspensión de la toma de la huella digital a las y los trabajadores en su ingreso o salida al Palacio Legislativo.

En el mismo sentido, aseguró que se aplicará gel antibacterial a toda persona que ingrese al Congreso, además, con el apoyo del servicio médico, se realizará la toma de temperatura con el objetivo de detectar si alguien pudiera ser portador de Covid-19, para así ser remitido a las instituciones de salud competentes para su atención.

Gómez Cazarín, puntualizó que al igual que en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, el H. Congreso de Veracruz, limitará la entrada a todo personal externo al recinto legislativo, no siendo aplicable para los reporteros de la fuente, además, se pospondrá la realización de foros, exposiciones, congresos, y demás actos que conlleven a la aglomeración de personas.

Asimismo, el legislador solicitará a los coordinadores de cada bancada sensibilizar a sus equipos de trabajo para dar seguimiento a los protocolos de prevención que se han venido promoviendo a través de los organismos internacionales y la Secretaría de Salud del Gobierno de México, evitando el contacto cercano con personas, no tocar ojos, nariz y boca, quedarse en casa si se está enfermo y limpiar y desinfectar los objetos de uso cotidiano.

Del mismo modo, hizo un llamado a todas las áreas del Congreso, para procurar la reducción de personal en mesas de trabajo, juntas, sesiones del pleno y de las comisiones legislativas, para evitar el contacto físico, privilegiando, de esta forma, el trabajo a distancia, siempre con la consigna de garantizar la labor legislativa.

El presidente de la Jucopo, señaló que hasta el momento se sabe que no se han detectado casos positivos de Covid-19 en Veracruz, y los casos sospechosos han sido descartados, sin embargo, aseguró, que resulta necesario reforzar la cultura de la prevención como el medio idóneo para evitar cualquier tipo de contagio, toda vez que las autoridades sanitarias han estimado que en 15 días, México podría entrar a la fase 2, es decir, la fase de transmisión comunitaria.

“Confiamos en la prevención como el mejor tratamiento de cualquier enfermedad; con estas medidas damos muestra que el Congreso de Veracruz se encuentra comprometido con la emergencia de salud pública que padecemos a nivel mundial y afirmamos que se trabajará de manera coordinada para cuidar la integridad de la ciudadanía”, dijo el legislador, Gómez Cazarín.

Finalmente, destacó que estas medidas se llevarán a cabo, en tiempo y forma de acuerdo a las recomendaciones que giren las autoridades estatales, nacionales e internacionales, y estarán vigentes hasta que se supere la crisis sanitaria.

En la actual administración, se han registrado dos mil 720
desapariciones de niñas y niños

• Se requiere un sistema de Alerta Amber que atienda de
manera coordinada y eficiente la búsqueda y localización: López Cisneros

• Las autoridades de seguridad y ministeriales retrasan o
impiden la activación

El diputado José Martín López Cisneros (PAN) planteó
exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, junto con las fiscalías y secretarías de Seguridad de las
entidades federativas, a trabajar en la creación y operación de un sistema de
Alerta Amber que atienda de manera coordinada y eficiente la búsqueda y
localización de niñas y niños robados, desaparecidos o extraviados.

Indicó que en lo que va de la actual administración federal
se han registrado dos mil 720 desapariciones de niñas y niños, lo que
representa siete cada día. Las autoridades federales de seguridad señalan haber
localizado a mil de estos menores; sin embargo, no aclara cuántos fueron
encontrados vivos y cuántos fallecidos.

En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Seguridad
Pública, precisó que en México para la Alerta Amber, aparte de no existir una
coordinación, “las autoridades de seguridad y ministeriales establecen
formalidades que retrasan o impiden su activación, llegando a tardar en
promedio cuatro días”.

López Cisneros precisó que la desaparición y muerte de la
pequeña Fátima, evidencia “el fracaso de nuestro sistema de Alerta Amber; la
burocracia, indolencia y falta de sentido común de las autoridades encargadas
condenaron a muerte a la pequeña”.

Un sistema de Alerta Amber eficiente y eficaz como el de
Estados Unidos, relató, tiene protocolos de actuación que permite a sus
autoridades no sólo enviar de manera inmediata mensajes con los datos generales
de los menores de edad, la foto a los celulares de la zona donde se registró la
desaparición, sino incluso, cerrar plazas comerciales, parques de diversiones,
cines, aeropuertos, caminos, etcétera.

Además, la investigación y búsqueda se activa con la simple
denuncia a cualquier agente de policía, mientras que en el país “resulta una
odisea lograr conseguir que se active la Alerta Amber; deben pasar días para
que esto ocurra, lo cual, no implica que las autoridades estén trabajando
activamente en la investigación y ubicación del menor, ni antes ni después de
activarla”.

Puntualizó que una de las herramientas que ha permitido
elevar la eficiencia de dicho sistema del gobierno norteamericano es el envío
de mensajes de texto a los celulares que se localizan en la zona donde se
presentó la desaparición del menor, esta medida ha contribuido a elevar
considerablemente la localización más pronto y con vida de los menores.

Ante ello, también propuso que la Fiscalía General de la
República firme un convenio con todas las empresas de telefonía celular para
que en cuanto se active la Alerta Amber se puedan mandar los datos generales de
los niños a los equipos celulares de la zona en donde ocurrió el incidente, con
el fin de poder localizarlos lo antes posible.

El diputado Rubén Ríos Uribe presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que realicen una investigación respecto a la adquisición de las torres de seguridad violentadas en días pasados, en el municipio de Córdoba, toda vez que no cumplían con las condiciones de blindaje necesarias.

Asimismo, solicitó que, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), se deslinden o finquen las responsabilidades a que haya lugar a los funcionarios responsables, para que los actos no queden impunes.

En su exposición de motivos, el legislador del distrito XIX de Córdoba señaló que “la muerte de cuatro elementos de seguridad pública enfrentando a la delincuencia en el municipio de Córdoba y la existencia y utilización de una costosa torre de seguridad que se presentó como blindada, cuando no lo era, pone a la vista uno de los más abominables actos de corrupción en la memoria reciente de esa ciudad”.

Asimismo, destacó que la inseguridad es uno de los primeros compromisos de la agenda pública de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, y señaló la inadmisible falta de compromiso de autoridades y funcionarios, quienes, a su parecer, comprometieron la vida de las y los veracruzanos y la restitución de la paz en el estado.

El Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura consideró inaceptable “jugar con la exigencia ciudadana de seguridad pública, sin mencionar, el poner en riesgo la integridad de los elementos policiacos, que son nuestra primera línea de defensa contra la delincuencia”.

Finalmente, indicó que uno de los principales postulados en la actual administración es la cero tolerancia a los actos de corrupción, lo que obliga a poner especial atención en la utilización de recursos públicos, bajo la supuesta adquisición de bienes o servicios con una calidad que no corresponda a las especificaciones facturadas.

Con la adhesión de los grupos legislativos PRI-PVEM, Morena y Del Lado Correcto de la Historia, el Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría de Fiscalización de la LXV Legislatura impartió el curso de capacitación del nuevo Sistema Informático SIS-INFO (Sistema de Información Financiera y de Obra Pública), en sustitución del Sistema BIM (Banco de Información Municipal), para el envío de la información de las obligaciones municipales al Congreso del Estado.

El titular de la Secretaría de Fiscalización, Everardo Domínguez Landa, dijo que el cambio de sistema responde a la necesidad de actualizar y hacer más amigable el formato de envío de la información, además de incluir los candados de seguridad necesarios ante la evolución tecnológica que existe hoy en día.

Señaló que será a partir de este mes, que las obligaciones de los municipios relativas al mes de enero, deberán realizarse a través del sistema SIS-INFO, aunque –indicó-, por esta única ocasión, se permitirá la utilización, paralelamente y como medida opcional, del Sistema BIM, de ahí la importancia de impartir este curso a los funcionarios municipales encargados de operar este sistema.

Durante la capacitación, el doctor Jorge Mario Figueroa García, parte del equipo técnico creador del software, detalló las diferentes funcionalidades de la plataforma, además de resolver dudas en su operación, asimismo se realizó la entrega de nuevas cuentas y contraseñas a los funcionarios para poder acceder y remitir las obligaciones correspondientes a sus municipios en tiempo y forma.

Finalmente, Domínguez Landa, aseguró que cada una de las jefaturas que integran la Secretaría de Fiscalización se encuentran a disposición de los operadores del nuevo Sistema SIS-INFO en los municipios, dando toda la atención necesaria para que puedan realizar sus funciones de la manera correcta y con las mejores competencias, “la fiscalización evoluciona constantemente y nosotros estamos en el ánimo de estar a la vanguardia de todo lo que venga”, abundó.

El día de hoy se capacitó a funcionarios de los municipios de la zona norte y centro de la entidad; siendo el curso para la zona sur, el próximo viernes 21 de febrero en el Salón de Eventos del Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz, ubicado en la Av. José María Caracas No. 1805, Col. Playa Sol, en Coatzacoalcos a las 10 horas.

En esta reunión estuvieron presentes el Director de Normatividad y Seguimiento, Edmundo Macario Álvarez; la Jefa de Auditoría y Análisis de la Cuenta Pública, Yuriana Ríos Romero¸ la Jefa del Departamento de Registro de Deuda Pública y Programas Institucionales, María del Carmen Morales Ramos; y el Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Juan Carlos Patiño Pérez.

Con el voto a favor de 43 diputadas y diputados, el Pleno de la LXV Legislatura avaló el dictamen con proyecto de decreto por el cual se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Este dictamen, presentado al Pleno por la Comisión Permanente de Vigilancia, es resultado de la nueva valoración, realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado, a las Cuentas Públicas 2018. Esto en atención a la instrucción de esta Soberanía al rechazar, el 31 de octubre de 2019, el Informe presentado el 25 de septiembre de 2019 por la anterior administración del órgano fiscalizador.

El dictamen refiere que, derivado de las auditorías Financiera y Técnica a la Obra Pública, en su caso, en 9 dependencias, 30 organismos públicos descentralizados y 2 fideicomisos se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de un mil 194 millones 045 mil 414.76 pesos. Igualmente se determinaron inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, los cuales deberán ser atendidos por el Titular del Órgano Interno de Control o quien ejerza esas funciones.

Respecto a la auditoría en materia de Deuda Pública y Obligaciones al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 125 millones 490 mil 162.96 pesos.

Asimismo, en relación a la auditoría al proceso de refinanciamiento de la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado, que concluyó en el ejercicio 2018, se determinó un presunto daño patrimonial por un monto de 183 millones 471 mil 791.87 pesos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) registró un presunto daño patrimonial por un monto de 7 millones 192 mil 633.66 pesos, así como inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.

En el dictamen se establece que, derivado de las revisiones financiero y técnico a la obra pública, en 131 municipios se detectaron irregularidades de presunto daño patrimonial, en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un monto de 300 millones 109 mil 508 pesos, así como inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Huatusco registró un probable daño patrimonial por 72 mil 500 pesos. En tanto, los municipios de Chiconquiaco, Chontla, Medellín de Bravo y Veracruz se detectaron irregularidades en Materia de Deuda Pública y Obligaciones de presunto daño patrimonial por un monto de 4 mil 423 millones 865.65 pesos.

Además de los 43 votos a favor, este dictamen registró seis abstenciones, correspondientes a las diputadas Magaly Armenta Oliveros, Margarita Corro Mendoza, Deisy Juan Antonio y Mónica Robles Barajas, así como de los diputados Wenceslao González Martínez y Henri Christophe Gómez Sánchez.

El contenido completo de este dictamen, emitido por la Comisión de Vigilancia, puede consultarse libremente en el Anexo A de la Gaceta Legislativa número 84, publicada en la página oficial www.legisver.gob.mx

La Comisión Permanente Instructora de la LXV Legislatura, integrada por los diputados Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Jessica Ramírez Cisneros y Enrique Cambranis Torres, presidente, secretaria y vocal, respectivamente, celebró la audiencia de pruebas y alegatos con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el diputado del Distrito VIII, de Misantla, Erik Iván Aguilar López.

Esto, como parte del procedimiento, establecido en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz.

De esta manera, los diputados y la diputada dan cumplimiento a lo establecido en la ley y otorgaron el derecho de audiencia para ambas partes, en el que cada una presentó los argumentos que, a su consideración, determinó pertinentes.

Cabe recordar que este procedimiento es resultado del análisis de la solicitud de Declaración de Procedencia, presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 16 de enero, en contra del ciudadano Erik Iván Aguilar, a través del oficio número FECCEV/FA/12/2020.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos señaló que la Comisión Instructora actúa con estricto apego a derecho y toma como base los lineamientos que establece la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, “Debo precisar que nosotros como diputados no nos corresponde juzgar, sino únicamente valorar los hechos denunciados y las pruebas presentadas, para así determinar si procede o no la solicitud de declaración de procedencia”.

Por otra parte, el legislador descartó cualquier sesgo, de naturaleza contraria a la ley, que se le quiera dar a este tema. “Nosotros respondemos a la obligación que nos marca la ley”.

En tanto, informó que, de acuerdo al artículo 21 de la citada Ley, la Comisión Instructora dictaminará los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.

En seguimiento a los proyectos planteados en la edición XV del Parlamento de la Juventud Veracruzana, celebrado el 5 y 6 de agosto de 2019, la presidenta de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, atendió a jóvenes parlamentarios, quienes presentaron nueve propuestas que buscan mejorar el marco jurídico estatal, en diversos ramos.

La legisladora Cervantes de la Cruz atendió a los jóvenes Vicente Aldahir Vázquez Pinzón, Fernando Pérez Santiago, Catherine Guadalupe Tepetla Lomelí y Juan Carlos Martínez Apodaca, así como a Heber Fernández Lara, del departamento de Participación Juvenil del Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ).

Los jóvenes presentaron las nueve propuestas, relacionadas con seguridad pública, educación, diversidad sexual, ciencia y tecnología, asuntos indígenas, entre otros. A esto, la diputada Elizabeth Cervantes agradeció la confianza e informó que éstas propuestas serán analizadas y puestas a consideración del equipo de asesores para determinar la viabilidad de cada una.

Además, indicó, se buscará el apoyo de las comisiones relacionadas con cada tema, a fin de verificar que se cumpla con la técnica legislativa y, de ser viable, puedan presentarse ante el Pleno las propuestas y así se dé el trámite correspondiente.

En este último punto, la legisladora se pronunció por un trabajo coordinado, por lo cual invitó a los jóvenes a involucrarse en las actividades que lleve a cabo cada comisión, cuando se dé el análisis de las propuestas.

A la reunión asistió, en representación de la diputada María Graciela Hernández Iñiguez, vocal de la Comisión de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, Marco Antonio Domínguez Hernández.