La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 314 bis y un segundo párrafo al artículo 196 del Código Penal para Veracruz, que endurecerían las penas a quienes ejerzan cualquier tipo de violencia, o inciten al odio o violencia en contra del personal del sector salud, durante los periodos que comprendan la declaratorias de emergencia sanitaria.

La iniciativa propone la imposición de cinco a diez años de prisión y multa de dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien ejerza cualquier tipo de violencia en contra del profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud perteneciente al Sistema Estatal de Salud, ya sea dentro o fuera de la jornada laboral, del mismo modo para quienes dañen instalaciones públicas o privadas de este sector.

Asimismo, señaló la diputada, se sancionará a quienes provoquen o inciten al odio o violencia o cometan actos de discriminación hacia al personal de salud, por lo que de aprobarse la presente iniciativa, se impondría una pena privativa de libertad correspondiente al incremento en una mitad, además de hasta ciento cincuenta días de trabajo a favor de la comunidad y una multa de hasta trescientas UMAS.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena, señaló que “sin duda, hay miedo, psicosis entre la sociedad, pero es inadmisible que se esté atacando a quienes hoy integran la primera línea de batalla en contra del Coronavirus, ya que ellos se encuentran arriesgando sus propias vidas por salvar la del prójimo, atendiendo extenuantes jornadas de trabajo, por lo que merecen todo nuestro respeto, admiración y agradecimiento por su invaluable trabajo y vocación de servicio”, añadió Cervantes de la Cruz.

“En el Grupo Legislativo de Morena les decimos gracias, gracias por sacrificar horas de sueño, tiempo con la familia, por entregarle al pueblo sus esfuerzos y por salvar millones de vidas sin importar poner en juego la propia; nuestro reconocimiento, admiración y total respaldo”, concluyó.

El padre o la madre de hijas e hijos nacidos en el estado de Veracruz serían reconocidos también como veracruzanos, de acuerdo con la propuesta del diputado Amado Jesús Cruz Malpica de reformar la Constitución Política local.

Al inicio del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, durante la Primera Sesión Ordinaria, el integrante del grupo legislativo Morena puso a consideración del Pleno la iniciativa de decreto por la que se reforma el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El legislador recordó que el referido Artículo 11, en el Capítulo III titulado “De los veracruzanos, de los vecinos y de los ciudadanos”, reconoce como veracruzanos a los nacidos en el territorio del estado y a los hijos de padre o madre nativos del estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.

En otra referencia, según la fracción II del apartado A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son mexicanos por nacimiento quienes “nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional”.

Esta relación de veracruzano que señala la Constitución local –argumentó Cruz Malpica- tiene una conexión en línea descendente. “Al reconocer como veracruzanos a aquellos nacidos en el extranjero, pero de padres nacidos en territorio nacional. De igual manera, podemos definir como veracruzanos a los ciudadanos nacidos en México, residentes en el estado, que son padres de hijos veracruzanos”.

Por todo lo expuesto, consideró que “valdría mucho dar este reconocimiento a quienes decidieron hacer su vida en el estado, conformar una familia, cumplir con las obligaciones que todo ciudadano veracruzano tiene y, en la mayoría de las veces, contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político de nuestro territorio. Sus hijos ya son veracruzanos y ellos podrían merecer la misma designación”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 45 votos, sin abstenciones o votos en contra, el dictamen con proyecto de Ley de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz cuyo objeto es promover, proteger y asegurar el reconocimiento, goce y ejercicio, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades públicas de las personas mayores.

Esta Ley, resultado de la iniciativa presentada el 14 de noviembre de 2019 por las diputadas de Morena, Mónica Robles Barajas, Ana Miriam Ferráez Centeno, Rosalinda Galindo Silva y María Esther López Callejas, tiene como finalidad mandatar a las instituciones y órdenes de gobierno, al cumplimiento de todas las acciones, planes, programas, distribución de recursos públicos necesarios, que impulsen efectivas políticas públicas en beneficio de este sector de la sociedad.

En este dictamen de Ley se establece que el Consejo Estatal para la Atención de la Persona Mayor, deberá ser instalado en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir del inicio de la vigencia de la Ley.

El Consejo elaborará un proyecto de Reglamento Interior y lo someterá a la aprobación del Gobernador del Estado, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la instalación de dicho Consejo; estableciendo, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, que incluyan las previsiones necesarias en sus respectivos presupuestos, para desarrollar e implementar los programas y acciones en beneficio de las personas mayores a partir del Ejercicio Fiscal siguiente al inicio de la vigencia de esta Ley.

Esta Ley, compuesta por 38 artículos, prevé prevenir, sancionar y eliminar cualquier tipo de discriminación que ratifique el compromiso de la sociedad, los gobiernos y los poderes públicos, para garantizar que el envejecimiento se viva con dignidad y plenitud de derechos, con el máximo nivel de calidad de vida posible, abrogando la Ley 863 concerniente a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz.

En el debate del dictamen, la diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de Morena y autora de la Ley, señaló que esta es una Ley novedosa que reconoce a las personas mayores como titulares de derechos, sin estereotipos, sin asistencialismos; que previene, sanciona y elimina cualquier tipo de discriminación y que combate el abandono, el maltrato y la violencia.

Asimismo, indicó asegura mejores servicios de salud integral, cuidados paliativos, protección social y acceso a la vivienda, al empleo y autoempleo y, sobre todo, salvaguarda el acceso a la justicia.

También, dijo que esta legislación reconoce las desigualdades de género y promueve la autonomía e independencia de las personas mayores veracruzanas, así como la solidaridad intergeneracional y cimienta bases para que continúen aportando y participando activamente en la sociedad, en el mercado laboral, en la vida política, social, económica y cultural de Veracruz.

La diputada Robles Barajas precisó que en Veracruz el 13 por ciento de la población total son adultos mayores, es decir, un millón 68 mil 102; de las que, el 46 por ciento son hombres y el 54 por ciento son mujeres. De este registro, el 28 por ciento no goza de seguridad social; el 21 por ciento tiene pobreza alimentaria; el 16 por ciento, no cuenta con vivienda y el 20 por ciento, no tiene un empleo.

Las personas mayores que viven en los 47 municipios donde más de 600 mil personas hablan alguna lengua indígena, el 16 por ciento de ellas, tienen 60 años y más, lo que agrava su situación de calidad de vida, añadió.

El Grupo Legislativo del PRI-PVEM en el Congreso de Veracruz presentó ante el Pleno la iniciativa que busca reformar diversas disposiciones al Código Penal, con la finalidad de establecer que las sanciones por el delito de discriminación podrán incrementarse al doble, cuando se cometa en contra de personal de instituciones públicas o de establecimientos particulares de salud, así como quienes atienden emergencias, seguridad pública, protección civil y bomberos, con motivo del cumplimiento de sus funciones o por consecuencia de su encargo.

Al presentar esta propuesta, durante la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Antonio García Reyes subrayó que también se plantea que en las disposiciones comunes para los delitos de homicidio y lesiones, se adicione la hipótesis de que dichos ilícitos serán calificados si se cometen en contra del personal ya citado, “esto al ser una clara e injusta manifestación de odio, que atenta en contra de quienes brinda servicios fundamentales a la sociedad, sobre todo en una contingencia como la que vivimos”, agregó.

Asimismo, se propone que al servidor público que, en ejercicio de su función, incurra en algunas de las conductas señaladas o niegue o retrase a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, además de las sanciones previstas, se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo lapso de la prisión impuesta.

En Tribuna, el legislador indicó que se han observado en México diversas expresiones de odio hacia el personal médico y de enfermería de instituciones de salud, quienes además de lidiar con la posibilidad de ser contagiados del coronavirus, como resultado de su labor, tienen que enfrentarse a las manifestaciones de intolerancia de algunas personas, “ciertamente producto de la ignorancia y el miedo, pero de que en ningún modo pueden justificarse ni permitirse en nuestra sociedad”.

Recordó el comunicado emitido el pasado 30 de marzo por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en relación al llamado ciudadano para no estigmatizar, ni realizar acciones discriminatorias o violentas en contra del personal de salud que encabeza la respuesta del país a la contingencia actual por el coronavirus Covid-19. Esto, debido a las múltiples conductas que han llegado al extremo de la agresión, ya no solo verbal, sino física, incluyendo arrojar cloro al personal antes señalado.

En tanto, expresó que el Grupo Legislativo PRI-PVEM coincide plenamente con lo afirmado por el Conapred en el sentido que las y los trabadores de las instancias de salud hacen un gran esfuerzo para atender a las personas afectadas por la pandemia y ponen al servicio de todas y todos sus conocimientos y profesionalismo, “por lo que lejos de rechazarles y agredirles, la sociedad mexicana debe reconocer y agradecer su entrega y compromiso”, abundó.

Dijo que no sólo el personal médico y de enfermería está expuesto a las manifestaciones de intolerancia ya descritas, ya que también esas conductas se han hecho en contra de elementos de instituciones de seguridad pública y protección civil en el ejercicio de sus funciones, “sobre todo al hacer llamados a la población a respetar las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias federales y locales para prevenir el aumento del número de personas contagiadas del coronavirus”.

La iniciativa, que adiciona una fracción VIII al artículo 144 y un párrafo, que será el segundo, con el corrimiento de los actuales párrafos segundo y tercero a tercero y cuarto, respectivamente, al artículo 196, ambos del Código Penal para el Estado, fue enviada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura emitió las convocatorias para las y los ciudadanos mexicanos, organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones presenten propuestas para ocupar los cargos de Fiscal General y Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, ambos del estado de Veracruz, para un periodo de nueve y cinco años respectivamente.

De acuerdo con las bases de ambas convocatorias, publicadas este jueves 30 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quienes acudan al llamado de la convocatoria deberán mantener, en todo momento, el cumplimiento de requisitos; en caso contrario, la Jucopo descartará la propuesta.

Las y los aspirantes deben ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos, por nacimiento, en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad; tener, cuando menos, 30 años cumplidos al día de la designación; poseer, al día de su designación, título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello.

Así también, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, esto le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y no pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución federal y la ley de la materia.

En ambos casos, deberán entregar una exposición de motivos, de máximo cinco cuartillas, donde exponga debilidades y fortalezas del organismo al que aspira representar; estrategias, líneas de acción y objetivos para fortalecer la procuración de justicia en el Estado y el combate a la corrupción, según sea el caso.

Asimismo, copia certificada de acta de nacimiento con una antigüedad máxima de expedición de tres meses, Currículum Vitae con documentación comprobatoria, dos fotografías recientes a color, tamaño infantil, copia certificada del título de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional, Constancia sobre Antecedentes Penales expedida por la autoridad competente, Constancia de No Inhabilitación expedida por la Contraloría General del Estado y Declaración bajo protesta de decir verdad, con firma autógrafa del participante.

La documentación deberá entregarse en el orden señalado y en archivo digital en formato PDF, del 1 al 10 de mayo de 2020, de 09:00 a 18:00 horas en las oficinas de la Jucopo, en el Palacio Legislativo, ubicado en Avenida Encanto esquina Lázaro Cárdenas, colonia El Mirador, Código Postal 91170, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

Todas las notificaciones se harán en la misma página web y las de carácter personales, mediante el correo electrónico que hayan proporcionado y que deberán ser acusadas de recibido por las y los aspirantes de forma inmediata a su recepción, en la inteligencia que quienes no lo hagan dentro de las 24 horas posteriores a su envío, se tendrán por debidamente notificados.

La Jucopo será la encargada de desarrollar el proceso de selección de las ternas para ambos cargos. La Presidencia de este órgano de gobierno será la responsable de concentrar los registros y documentación correspondiente para la integración de los expedientes, que estarán bajo resguardo de dicha Presidencia.

Cerrada la recepción de propuestas, dicha Presidencia identificará a las y los aspirantes que cumplan con los requisitos y los citará de inmediato, por un término no mayor de 10 días naturales, a comparecer ante la Jucopo a fin de que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia.

Se advierte que, en atención a la contingencia por COVID-19, se podrá citar a comparecer a las y los aspirantes, aunque no haya concluido la recepción de propuestas. Quienes no hayan cumplido con los requisitos podrán solicitar que se les dé a conocer la razón de incumplimiento y serán atendidos por los integrantes de la Jucopo o por el servidor público que designe la Presidencia, levantándose la constancia correspondiente.

En la siguiente etapa, las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos serán entrevistados personalmente en las fechas y horarios aprobados. La comparecencia será inamovible y quienes no se presenten a la entrevista serán descartados para la integración de la terna.

Finalizadas las entrevistas, la Jucopo emitirá en un plazo no mayor a tres días naturales el Proyecto de Punto de Acuerdo que contendrá una terna de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General y el Proyecto de Punto de Acuerdo que contendrá una terna de candidatos a ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, que serán sometidos dentro de un plazo de cinco días hábiles al Pleno del Congreso del Estado, para que se realice el nombramiento correspondiente.

En la última etapa, el Pleno del Congreso del Estado elegirá, de entre los integrantes de la terna, a quienes deban ocupar ambos cargos conforme a la votación prevista en la Constitución Política del Estado. En la sesión de designación deberán estar presentes los integrantes de ambas ternas, para que a las personas designadas les sea tomada la protesta de los cargos conferidos.

Para que las personas que hayan perdido su empleo y visto mermados sus ingresos económicos ante la imposibilidad de realizar sus actividades laborales, debido a la ocurrencia de una situación especial, tal como se está viviendo con la contingencia sanitaria, derivada del coronavirus, Covid-19, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso su iniciativa con proyecto de Ley de Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Esta propuesta, refirió la legisladora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Movimiento Ciudadano y De la Revolución Democrática (MC-PRD), reconoce el derecho de las personas a recibir un Ingreso Mínimo Vital, de carácter temporal, mediante una compensación monetaria, ante la ocurrencia de situaciones especiales en las que pierdan su empleo.

Al participaren la tercera sesión ordinaria, del Segundo Año de Labores, la diputada Trujillo Ortiz subrayó que la aplicación de esta Ley correspondería al Ejecutivo estatal, a través de las Secretarías de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) y la de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en el ámbito de sus competencias. Para el cumplimiento y objetivos, se coordinarán con las dependencias de la Administración Pública Federal.

De esta manera, la propuesta legislativa considera al Ingreso Mínimo Vital como el sistema de protección social para las personas en desempleo, residentes en el estado de Veracruz, instituido para crear condiciones subsidiarias de protección por una Situación Especial, en tanto se logra su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil.

Asimismo, se establece en los artículos transitorios que, para la elaboración del Reglamento, así como de las Reglas de Operación del Ingreso Mínimo Vital, las STPSP y la Sefiplan deberán entablar una mesa de coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el Reglamento se deberán expresar los grupos de población y ocupaciones que, con base en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones del Instituto, serán elegibles para recibir este beneficio.

En su intervención en la tribuna, la diputada informó el Ingreso Mínimo Vital sería entregado durante tres meses a las personas beneficiarias y podrá ser renovado por dos meses adicionales en caso de que sea necesario para casos específicos en donde sea observable que su situación económica no ha podido mejorar.

De acuerdo a su propuesta, el valor del Ingreso Mínimo Vital será equivalente al valor mensual del salario mínimo, que para este 2020 es de 123 pesos con 22 centavos al día, “es decir, tres mil 696 pesos con seis centavos mensuales y poco más de 11 mil pesos durante los tres meses”, añadió.

El contenido completo de este proyecto de ley, que consta de 17 artículos, integrados en cuatro capítulos, puede consultarse libremente en la Gaceta Legislativa número 93, publicada en la página oficial de este poder, www.legisver.gob.mx.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Trabajo y Previsión Social.

La LXV Legislatura nombró a Verónica Hernández Giadáns, Fiscal General del Estado, y a Clementina Salazar Cruz, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz. En sesión ordinaria, rindieron protesta al cargo ante el Pleno, luego de la aprobación, con 38 votos en el primer caso y 38 votos en el segundo, de los dictámenes respectivos emitidos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Para el acto protocolario respectivo, en primer término, la diputada Erika Ayala Ríos y los legisladores José Manuel Pozos Castro y Alexis Sánchez García acompañaron hasta el Recinto Oficial de Sesiones a la ciudadana Verónica Hernández Giadáns para asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Posteriormente, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz y los legisladores Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Jorge Moreno Salinas condujeron a la ciudadana Clementina Salazar Cruz a la misma sala para, de igual manera, rendir protesta al cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz.

En ambos casos, el procedimiento tuvo cabal cumplimiento en cada una de sus etapas, desde la emisión, aprobación y publicación de las respectivas convocatorias, en las que se establecieron las etapas, los requisitos y plazos a cumplir por cada ciudadana o ciudadano aspirante a los cargos en mención.

Posterior a la etapa de recepción de los documentos y formatos requeridos, la diputada y los diputados integrantes de la Jucopo: Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la misma, Omar Guillermo Miranda Romero, Erika Ayala Ríos y Alexis Sánchez García, analizó cada caso, integró cada expediente y citó a las y los aspirantes que cumplían los requisitos para proceder a la etapa de entrevistas.

Los días 19 y 20 de mayo, en cumplimiento de la base quinta de la convocatoria, publicada el pasado 26 de marzo en la Gaceta Oficial del Estado, las y los 21 aspirantes que cumplieron los requisitos de la Convocatoria presentaron, en entrevista ante la Jucopo, sus propuestas para asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la diputada y los diputados integrantes de la Jucopo entrevistaron, este 20 de mayo, a las y los 12 aspirantes a la titularidad de dicho organismo, conforme a la base quinta de la convocatoria emitida por esta Soberanía.

El nombramiento de Fiscal General contempla un periodo de nueve años y el de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, un periodo de cinco años, ambos a partir de la fecha del nombramiento y la toma de protesta.

La Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto dio a conocer la lista de aspirantes al cargo de Comisionado que integrará el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y el calendario de entrevistas a realizarse con las y los 22 ciudadanas y ciudadanos que cumplieron con todos los requisitos detallados en la Convocatoria emitida por esta Soberanía el pasado 5 de marzo.

En sesión de trabajo, el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez y las diputadas María Graciela Hernández Iñiguez y Adriana Paola Linares Capitanachi, presidente, secretaria y vocal respectivamente de esta Comisión, acordaron aprobar el calendario de entrevistas para las y los aspirantes, la metodología y el formato de las entrevistas, la difusión de la información en la página web del Congreso y llevar a cabo una sesión al término de las entrevistas para la emisión del Informe que deberá rendirse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Establecieron que, una vez concluida la etapa de recepción de los documentos y según lo acordado por esta instancia dictaminadora, las entrevistas se realizarán este viernes 20 de marzo de 2020, de 10:00 a 15:25 horas, en la Sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo; cada una tendrá una duración de 10 minutos por aspirante y serán transmitidas en vivo en la página web del Congreso: www.legisver.gob.mx.

La misma Comisión informó haber recibido un total de 22 expedientes de igual número de aspirantes que respondieron a la Convocatoria. El día 17 de este mes, sus integrantes llevaron a cabo la revisión exhaustiva de cada expediente y, a juicio de dicha instancia, las y los 22 aspirantes cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en la Constitución Política local y la Base Cuarta de la Convocatoria.

Las y los aspirantes que deberán presentarse a entrevista son: Ana María Aguilar Hernández, Eunice Caldelas Alcántara, Janett Chávez Rosales, Olga Jacqueline Lozano Gallegos, Natalia Paulina Martínez Griego, Beatriz Méndez Basulto, José Guadalupe Altamirano Castro, Irma Rodríguez Ángel, Hugo Santiago Blanco León y Virgen María Guadalupe Bouret Flores.

Del mismo modo, las y los ciudadanos Rocío Luna García, Christian Trejo y Cruz, Cinthya Nimbe González Arriaga, José Manuel Rodríguez Melgarejo, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Liliana López Coronado, Ileana Junue Magaña Cabrera, Elizabeth Ramzahuer Villa, Gloria Yanet Teresa Velázquez Vallejo, Emilio Ortiz Medina, Ana Josefina Bello Jiménez y Jorge Guillermo Pérez Alarcón.

Una vez concluida esta etapa, con apoyo en el informe de dicha Comisión y en las propuestas efectuadas por los grupos legislativos, la Jucopo formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá el nombramiento de la persona que como Comisionada o Comisionado integrará el Pleno del IVAI.

El Congreso del Estado de Veracruz aplica con diligencia y de manera responsable las medidas preventivas ante la emergencia por la pandemia de coronavirus (COVID-19), afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

En el acceso principal del Palacio Legislativo, personal de la Oficina de Servicio Médico, a cargo de la doctora Claudia del Rosario García Pérez, realiza a cada persona que ingresa al inmueble, la revisión de la temperatura corporal y le proporciona gel antibacterial. A las y los trabajadores del Congreso les dan indicaciones precisas para mantener la higiene en el lugar de trabajo y en las áreas comunes.

Luego de someterse a esta revisión junto a demás colaboradores, el legislador señaló como “de vital importancia mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades sanitarias y seguirlas con responsabilidad y de manera escrupulosa, porque lo que está de por medio es la salud y la vida propia y de quienes nos rodean”.

Subrayó que aún se analiza si es necesario tomar otras medidas, como la suspensión de sesiones, limitar el ingreso al público en general e incluso suspender todas las actividades dentro del Congreso local; “estamos analizando la situación y, con base en ello, tomaremos una decisión responsable en su momento, misma que será informada oportunamente”.

También aseguró que “como medida preventiva, los trabajadores de más de 60 años podrán ausentarse por los tiempos que la Jucopo irá determinando de acuerdo con las fases del COVID-19”.

Si bien –comentó Gómez Cazarín- al momento, no se ha reportado a ninguna persona trabajadora del Congreso con síntomas que pudieran corresponder al COVID-19, “no bajaremos la guardia, nos mantenemos atentos; porque cuando se trata de la salud no hay medida que sobre. La prevención será siempre la mejor medicina, sobre todo cuando vemos cómo en otros países el número de infectados y de fallecimientos aumenta exponencialmente”.

Al advertir que en el Congreso algunos signos de interacción como el saludo se han limitado, el Diputado consideró que la presente emergencia es una oportunidad para revisar y analizar nuestro comportamiento habitual y el trato hacia los demás, sin embargo, llamó a no recurrir a las llamadas “compras de pánico” y mantener la calma, para no contribuir a la psicosis colectiva.

Ante esto último, invitó a la población a la responsabilidad en lo cotidiano, a no salir de casa, excepto cuando sea necesario, evitar las aglomeraciones, mantenerse informados, seguir las medidas básicas de higiene y no automedicarse. “Confiamos en que esta contingencia pase pronto y en que salgamos bien, pero para eso hay que cuidarse”, concluyó.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que ante la declaratoria del Covid-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Congreso del Estado de Veracruz reforzará las medidas preventivas sanitarias al interior del recinto, con la finalidad de proteger a las y los veracruzanos trabajadores y visitantes.

Señaló que entre las medidas que se implementarán será la suspensión de la toma de la huella digital a las y los trabajadores en su ingreso o salida al Palacio Legislativo.

En el mismo sentido, aseguró que se aplicará gel antibacterial a toda persona que ingrese al Congreso, además, con el apoyo del servicio médico, se realizará la toma de temperatura con el objetivo de detectar si alguien pudiera ser portador de Covid-19, para así ser remitido a las instituciones de salud competentes para su atención.

Gómez Cazarín, puntualizó que al igual que en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, el H. Congreso de Veracruz, limitará la entrada a todo personal externo al recinto legislativo, no siendo aplicable para los reporteros de la fuente, además, se pospondrá la realización de foros, exposiciones, congresos, y demás actos que conlleven a la aglomeración de personas.

Asimismo, el legislador solicitará a los coordinadores de cada bancada sensibilizar a sus equipos de trabajo para dar seguimiento a los protocolos de prevención que se han venido promoviendo a través de los organismos internacionales y la Secretaría de Salud del Gobierno de México, evitando el contacto cercano con personas, no tocar ojos, nariz y boca, quedarse en casa si se está enfermo y limpiar y desinfectar los objetos de uso cotidiano.

Del mismo modo, hizo un llamado a todas las áreas del Congreso, para procurar la reducción de personal en mesas de trabajo, juntas, sesiones del pleno y de las comisiones legislativas, para evitar el contacto físico, privilegiando, de esta forma, el trabajo a distancia, siempre con la consigna de garantizar la labor legislativa.

El presidente de la Jucopo, señaló que hasta el momento se sabe que no se han detectado casos positivos de Covid-19 en Veracruz, y los casos sospechosos han sido descartados, sin embargo, aseguró, que resulta necesario reforzar la cultura de la prevención como el medio idóneo para evitar cualquier tipo de contagio, toda vez que las autoridades sanitarias han estimado que en 15 días, México podría entrar a la fase 2, es decir, la fase de transmisión comunitaria.

“Confiamos en la prevención como el mejor tratamiento de cualquier enfermedad; con estas medidas damos muestra que el Congreso de Veracruz se encuentra comprometido con la emergencia de salud pública que padecemos a nivel mundial y afirmamos que se trabajará de manera coordinada para cuidar la integridad de la ciudadanía”, dijo el legislador, Gómez Cazarín.

Finalmente, destacó que estas medidas se llevarán a cabo, en tiempo y forma de acuerdo a las recomendaciones que giren las autoridades estatales, nacionales e internacionales, y estarán vigentes hasta que se supere la crisis sanitaria.

En la actual administración, se han registrado dos mil 720
desapariciones de niñas y niños

• Se requiere un sistema de Alerta Amber que atienda de
manera coordinada y eficiente la búsqueda y localización: López Cisneros

• Las autoridades de seguridad y ministeriales retrasan o
impiden la activación

El diputado José Martín López Cisneros (PAN) planteó
exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, junto con las fiscalías y secretarías de Seguridad de las
entidades federativas, a trabajar en la creación y operación de un sistema de
Alerta Amber que atienda de manera coordinada y eficiente la búsqueda y
localización de niñas y niños robados, desaparecidos o extraviados.

Indicó que en lo que va de la actual administración federal
se han registrado dos mil 720 desapariciones de niñas y niños, lo que
representa siete cada día. Las autoridades federales de seguridad señalan haber
localizado a mil de estos menores; sin embargo, no aclara cuántos fueron
encontrados vivos y cuántos fallecidos.

En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Seguridad
Pública, precisó que en México para la Alerta Amber, aparte de no existir una
coordinación, “las autoridades de seguridad y ministeriales establecen
formalidades que retrasan o impiden su activación, llegando a tardar en
promedio cuatro días”.

López Cisneros precisó que la desaparición y muerte de la
pequeña Fátima, evidencia “el fracaso de nuestro sistema de Alerta Amber; la
burocracia, indolencia y falta de sentido común de las autoridades encargadas
condenaron a muerte a la pequeña”.

Un sistema de Alerta Amber eficiente y eficaz como el de
Estados Unidos, relató, tiene protocolos de actuación que permite a sus
autoridades no sólo enviar de manera inmediata mensajes con los datos generales
de los menores de edad, la foto a los celulares de la zona donde se registró la
desaparición, sino incluso, cerrar plazas comerciales, parques de diversiones,
cines, aeropuertos, caminos, etcétera.

Además, la investigación y búsqueda se activa con la simple
denuncia a cualquier agente de policía, mientras que en el país “resulta una
odisea lograr conseguir que se active la Alerta Amber; deben pasar días para
que esto ocurra, lo cual, no implica que las autoridades estén trabajando
activamente en la investigación y ubicación del menor, ni antes ni después de
activarla”.

Puntualizó que una de las herramientas que ha permitido
elevar la eficiencia de dicho sistema del gobierno norteamericano es el envío
de mensajes de texto a los celulares que se localizan en la zona donde se
presentó la desaparición del menor, esta medida ha contribuido a elevar
considerablemente la localización más pronto y con vida de los menores.

Ante ello, también propuso que la Fiscalía General de la
República firme un convenio con todas las empresas de telefonía celular para
que en cuanto se active la Alerta Amber se puedan mandar los datos generales de
los niños a los equipos celulares de la zona en donde ocurrió el incidente, con
el fin de poder localizarlos lo antes posible.

El diputado Rubén Ríos Uribe presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que realicen una investigación respecto a la adquisición de las torres de seguridad violentadas en días pasados, en el municipio de Córdoba, toda vez que no cumplían con las condiciones de blindaje necesarias.

Asimismo, solicitó que, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), se deslinden o finquen las responsabilidades a que haya lugar a los funcionarios responsables, para que los actos no queden impunes.

En su exposición de motivos, el legislador del distrito XIX de Córdoba señaló que “la muerte de cuatro elementos de seguridad pública enfrentando a la delincuencia en el municipio de Córdoba y la existencia y utilización de una costosa torre de seguridad que se presentó como blindada, cuando no lo era, pone a la vista uno de los más abominables actos de corrupción en la memoria reciente de esa ciudad”.

Asimismo, destacó que la inseguridad es uno de los primeros compromisos de la agenda pública de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, y señaló la inadmisible falta de compromiso de autoridades y funcionarios, quienes, a su parecer, comprometieron la vida de las y los veracruzanos y la restitución de la paz en el estado.

El Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura consideró inaceptable “jugar con la exigencia ciudadana de seguridad pública, sin mencionar, el poner en riesgo la integridad de los elementos policiacos, que son nuestra primera línea de defensa contra la delincuencia”.

Finalmente, indicó que uno de los principales postulados en la actual administración es la cero tolerancia a los actos de corrupción, lo que obliga a poner especial atención en la utilización de recursos públicos, bajo la supuesta adquisición de bienes o servicios con una calidad que no corresponda a las especificaciones facturadas.

Con la adhesión de los grupos legislativos PRI-PVEM, Morena y Del Lado Correcto de la Historia, el Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría de Fiscalización de la LXV Legislatura impartió el curso de capacitación del nuevo Sistema Informático SIS-INFO (Sistema de Información Financiera y de Obra Pública), en sustitución del Sistema BIM (Banco de Información Municipal), para el envío de la información de las obligaciones municipales al Congreso del Estado.

El titular de la Secretaría de Fiscalización, Everardo Domínguez Landa, dijo que el cambio de sistema responde a la necesidad de actualizar y hacer más amigable el formato de envío de la información, además de incluir los candados de seguridad necesarios ante la evolución tecnológica que existe hoy en día.

Señaló que será a partir de este mes, que las obligaciones de los municipios relativas al mes de enero, deberán realizarse a través del sistema SIS-INFO, aunque –indicó-, por esta única ocasión, se permitirá la utilización, paralelamente y como medida opcional, del Sistema BIM, de ahí la importancia de impartir este curso a los funcionarios municipales encargados de operar este sistema.

Durante la capacitación, el doctor Jorge Mario Figueroa García, parte del equipo técnico creador del software, detalló las diferentes funcionalidades de la plataforma, además de resolver dudas en su operación, asimismo se realizó la entrega de nuevas cuentas y contraseñas a los funcionarios para poder acceder y remitir las obligaciones correspondientes a sus municipios en tiempo y forma.

Finalmente, Domínguez Landa, aseguró que cada una de las jefaturas que integran la Secretaría de Fiscalización se encuentran a disposición de los operadores del nuevo Sistema SIS-INFO en los municipios, dando toda la atención necesaria para que puedan realizar sus funciones de la manera correcta y con las mejores competencias, “la fiscalización evoluciona constantemente y nosotros estamos en el ánimo de estar a la vanguardia de todo lo que venga”, abundó.

El día de hoy se capacitó a funcionarios de los municipios de la zona norte y centro de la entidad; siendo el curso para la zona sur, el próximo viernes 21 de febrero en el Salón de Eventos del Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz, ubicado en la Av. José María Caracas No. 1805, Col. Playa Sol, en Coatzacoalcos a las 10 horas.

En esta reunión estuvieron presentes el Director de Normatividad y Seguimiento, Edmundo Macario Álvarez; la Jefa de Auditoría y Análisis de la Cuenta Pública, Yuriana Ríos Romero¸ la Jefa del Departamento de Registro de Deuda Pública y Programas Institucionales, María del Carmen Morales Ramos; y el Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Juan Carlos Patiño Pérez.

Con el voto a favor de 43 diputadas y diputados, el Pleno de la LXV Legislatura avaló el dictamen con proyecto de decreto por el cual se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Este dictamen, presentado al Pleno por la Comisión Permanente de Vigilancia, es resultado de la nueva valoración, realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado, a las Cuentas Públicas 2018. Esto en atención a la instrucción de esta Soberanía al rechazar, el 31 de octubre de 2019, el Informe presentado el 25 de septiembre de 2019 por la anterior administración del órgano fiscalizador.

El dictamen refiere que, derivado de las auditorías Financiera y Técnica a la Obra Pública, en su caso, en 9 dependencias, 30 organismos públicos descentralizados y 2 fideicomisos se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de un mil 194 millones 045 mil 414.76 pesos. Igualmente se determinaron inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones, los cuales deberán ser atendidos por el Titular del Órgano Interno de Control o quien ejerza esas funciones.

Respecto a la auditoría en materia de Deuda Pública y Obligaciones al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 125 millones 490 mil 162.96 pesos.

Asimismo, en relación a la auditoría al proceso de refinanciamiento de la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado, que concluyó en el ejercicio 2018, se determinó un presunto daño patrimonial por un monto de 183 millones 471 mil 791.87 pesos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) registró un presunto daño patrimonial por un monto de 7 millones 192 mil 633.66 pesos, así como inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y recomendaciones.

En el dictamen se establece que, derivado de las revisiones financiero y técnico a la obra pública, en 131 municipios se detectaron irregularidades de presunto daño patrimonial, en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un monto de 300 millones 109 mil 508 pesos, así como inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Huatusco registró un probable daño patrimonial por 72 mil 500 pesos. En tanto, los municipios de Chiconquiaco, Chontla, Medellín de Bravo y Veracruz se detectaron irregularidades en Materia de Deuda Pública y Obligaciones de presunto daño patrimonial por un monto de 4 mil 423 millones 865.65 pesos.

Además de los 43 votos a favor, este dictamen registró seis abstenciones, correspondientes a las diputadas Magaly Armenta Oliveros, Margarita Corro Mendoza, Deisy Juan Antonio y Mónica Robles Barajas, así como de los diputados Wenceslao González Martínez y Henri Christophe Gómez Sánchez.

El contenido completo de este dictamen, emitido por la Comisión de Vigilancia, puede consultarse libremente en el Anexo A de la Gaceta Legislativa número 84, publicada en la página oficial www.legisver.gob.mx

La Comisión Permanente Instructora de la LXV Legislatura, integrada por los diputados Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Jessica Ramírez Cisneros y Enrique Cambranis Torres, presidente, secretaria y vocal, respectivamente, celebró la audiencia de pruebas y alegatos con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el diputado del Distrito VIII, de Misantla, Erik Iván Aguilar López.

Esto, como parte del procedimiento, establecido en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz.

De esta manera, los diputados y la diputada dan cumplimiento a lo establecido en la ley y otorgaron el derecho de audiencia para ambas partes, en el que cada una presentó los argumentos que, a su consideración, determinó pertinentes.

Cabe recordar que este procedimiento es resultado del análisis de la solicitud de Declaración de Procedencia, presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 16 de enero, en contra del ciudadano Erik Iván Aguilar, a través del oficio número FECCEV/FA/12/2020.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos señaló que la Comisión Instructora actúa con estricto apego a derecho y toma como base los lineamientos que establece la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, “Debo precisar que nosotros como diputados no nos corresponde juzgar, sino únicamente valorar los hechos denunciados y las pruebas presentadas, para así determinar si procede o no la solicitud de declaración de procedencia”.

Por otra parte, el legislador descartó cualquier sesgo, de naturaleza contraria a la ley, que se le quiera dar a este tema. “Nosotros respondemos a la obligación que nos marca la ley”.

En tanto, informó que, de acuerdo al artículo 21 de la citada Ley, la Comisión Instructora dictaminará los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.

En seguimiento a los proyectos planteados en la edición XV del Parlamento de la Juventud Veracruzana, celebrado el 5 y 6 de agosto de 2019, la presidenta de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, atendió a jóvenes parlamentarios, quienes presentaron nueve propuestas que buscan mejorar el marco jurídico estatal, en diversos ramos.

La legisladora Cervantes de la Cruz atendió a los jóvenes Vicente Aldahir Vázquez Pinzón, Fernando Pérez Santiago, Catherine Guadalupe Tepetla Lomelí y Juan Carlos Martínez Apodaca, así como a Heber Fernández Lara, del departamento de Participación Juvenil del Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ).

Los jóvenes presentaron las nueve propuestas, relacionadas con seguridad pública, educación, diversidad sexual, ciencia y tecnología, asuntos indígenas, entre otros. A esto, la diputada Elizabeth Cervantes agradeció la confianza e informó que éstas propuestas serán analizadas y puestas a consideración del equipo de asesores para determinar la viabilidad de cada una.

Además, indicó, se buscará el apoyo de las comisiones relacionadas con cada tema, a fin de verificar que se cumpla con la técnica legislativa y, de ser viable, puedan presentarse ante el Pleno las propuestas y así se dé el trámite correspondiente.

En este último punto, la legisladora se pronunció por un trabajo coordinado, por lo cual invitó a los jóvenes a involucrarse en las actividades que lleve a cabo cada comisión, cuando se dé el análisis de las propuestas.

A la reunión asistió, en representación de la diputada María Graciela Hernández Iñiguez, vocal de la Comisión de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, Marco Antonio Domínguez Hernández.

Las diputadas integrantes de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, de ésta LXV Legislatura, presentaron una iniciativa que adiciona un capítulo denominado De la Violencia Digital, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, el cual integraría como actos de violencia contra las mujeres los cometidos por el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación, plataformas de redes sociales, sistemas de mensajería instantánea o correo electrónico.

La iniciativa también expone que estos actos, causan un daño psicológico o emocional, reforzando los perjuicios, dañando la reputación, causando pérdidas económicas y/o planteando barreras a la participación libre en la vida pública y privada de la víctima y que puedan conducir a alguna otra forma de violencia.

Del mismo modo, adiciona el artículo 13 quater en el Capítulo IX de la referida Ley, que señala que los gobiernos estatal y municipales, así como las autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia digital y tomarán en consideración los daños que ésta pueda generar en las víctimas.

En la exposición de motivos refiere que el ordenamiento legal contempla diversas modalidades de violencia contra las mujeres, sin embargo estas han ido aumentando haciendo pertinente adicionar la modalidad de violencia digital.

Del mismo modo, destaca la aprobación por parte de esta Legislatura paritaria, la tipificación -en el Código Penal estatal- como delito el divulgar, compartir, distribuir o publicar imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima. Sin embargo, el concepto de violencia digital no se limita al derecho punitivo, sino tiene otras manifestaciones que deben abordarse y a atenderse, añadió.

Esta iniciativa, autoría del Instituto Veracruzano de las Mujeres y presentada al Pleno por la Comisión para la Igualdad de Género, fue financiada con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019 y es resultado de la preocupación por el aumento de este tipo de violencia hacia las mujeres que cada vez ha tomado más fuerza.

Finalmente, se señala que la tecnología ha aportado beneficios, pero también se han construido conductas sociales reprochables que no se pueden ignorar.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhorta al presidente municipal de Chicontepec, Veracruz, Pedro Adrián Martínez Estrada, para que, a la brevedad, convoque a Sesión de Cabildo, a fin de tomar la protesta de ley al ciudadano Enrique Solís Martínez en su carácter de agente municipal suplente de la congregación de Tlacolula de ese municipio.

La Diputada del Distrito IX con cabecera en Perote recordó que, cumplido lo dispuesto por la Convocatoria para la Elección de Agentes y Subagentes Municipales de Chicontepec, Veracruz, aprobada por la LXIV Legislatura local, dicho ayuntamiento emitió las constancia de mayoría a favor de los ciudadanos Natalio Escobar Martínez y Enrique Solís Martínez, que los acredita como agentes municipales propietario y suplente respectivamente de dicha congregación por el período comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2022.

El 22 de diciembre de 2018, el ciudadano Natalio Escobar Martínez falleció; hecho que se hizo del conocimiento al Pleno de esta LXV Legislatura, el 24 de enero de 2019. Dada la naturaleza de la solicitud y al resultar de obvia resolución, la Asamblea dispensó los trámites reglamentarios y puso a consideración del Pleno la solicitud de mandar llamar al Suplente respectivo. El Acuerdo fue publicado bajo el folio 118 en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 62, de fecha 12 de febrero de 2019.

Sin embargo –prosiguió la Diputada-, después de un año y pese a que en diversas ocasiones los habitantes de la Congregación de Tlacolula, mediante oficios, han manifestado su inconformidad, el Presidente Municipal de Chicontepec no ha convocado a Sesión de Cabildo para tomarle la protesta de ley a Enrique Solís Martínez.

Ivonne Trujillo señaló que, de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cargo de agente municipal es de elección popular, por lo que no llamar al ciudadano Enrique Solís Martínez para que tome protesta como agente municipal violenta en su contra lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 y 16 de la Constitución Política local.

Así también lo establecido en el artículo 26 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre que señala: “…Cuando se trate de ausencias definitivas –de Agentes Municipales-, el Cabildo informará al Congreso del Estado para que se haga el llamado del suplente respectivo para que asuma la titularidad del cargo”.

Al considerar que este supuesto jurídico quedó agotado y que el Presidente Municipal de Chicontepec, en franco desacato a lo ordenado por este Poder Soberano, violenta lo normado, la legisladora estimó que se transgrede el derecho del ciudadano Enrique Solís Martínez de de acceso a ocupar el cargo, pese a que el Pleno de este Congreso del Estado así lo ordenó.

Los grupos legislativos de Morena y mixtos Acción Nacional Veracruz (ANV), de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) y Del Lado Correcto de la Historia, así como la diputada Florencia Martínez Rivera se adhirieron a la propuesta que fue turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Durante la Primera Sesión del Primer Receso del segundo año de la LXV Legislatura, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez se pronunció en favor de la protección de las personas adultas mayores y sus derechos.

Ante la Diputación Permanente, la legisladora aseguró que este sector social refleja sabiduría e inspira respeto, por los logros y alcances que han conseguido a lo largo de su vida, sin embargo, en algunos casos se enfrentan a la desafiante soledad e indiferencia de familiares y amigos.

Se refirió al caso específico de la señora Luz María González Landeros “Doña Luchita”, quien hace unos días fue desalojada por sus familiares del inmueble que habitaba desde hace varias décadas, lo que dio lugar a la afectación de su salud física y emocional.

Destacó que actualmente, en colaboración con sus asesores, se encuentra apoyando a Doña Luchita, emprendiendo las acciones legales necesarias. Señaló que los actos de apoyo y respaldo con los que la sociedad xalapeña respondió ante este acontecimiento son reflejo de la cultura que se está generando para la protección y apoyo a este sector, una de las cuales es “dar voz en espacios como éste, el Congreso”.

Los esfuerzos institucionales –indicó la legisladora- deben estar enfocados a garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de las personas adultas mayores. Consideró que sociedad y autoridades “debemos trabajar juntos para generar políticas instrumentadas para otorgarles el justo lugar que merecen, no solamente con programas asistencialistas, sino también incorporándolos al ámbito laboral”.

“Les invito a que hagamos un frente común refrendando nuestro compromiso con las causas sociales, tal como lo ha venido haciendo el Grupo Legislativo de Morena. Con la suma de voluntades de todas y todos, será más sencillo que las personas adultas mayores ocupen el legítimo lugar que les corresponde en la transformación presente y futura de Veracruz”, concluyó.

Con la finalidad de homologar, en la legislación estatal, los tipos penales de Hostigamiento y Acoso Sexuales a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para evitar confusiones entre los operadores de la ley y así brindar mayor certeza jurídica en estos asuntos, diputados del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa ante la Diputación Permanente.

La diputada Érika Ayala Ríos y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes proponen reformar las fracciones I y XII del artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, ya que consideran que esta legislación contiene disposiciones contrarias a la Ley General, particularmente en lo relativo a las definiciones de esas dos formas de violencia.

De esta manera, plantean que el Acoso Sexual quede definido como: forma de violencia de connotación lasciva en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Hostigamiento sexual: ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar, entre otros, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación lasciva.

La iniciativa precisa que mientras en la Ley General el Hostigamiento Sexual tiene como elemento consustancial la subordinación real de la víctima, en la ley local forma parte del acoso sexual, lo que contradice también lo dispuesto por el Código Penal estatal, en el que, como en la inmensa mayoría de las leyes punitivas de las entidades federativas y en el Código Penal Federal, se considera que dicho elemento de superioridad jerárquica del agresor respecto de la víctima forma parte de la descripción del tipo de hostigamiento sexual.

Señalan que como una prioridad en su agenda legislativa está el proponer modificaciones al orden jurídico, a efecto de visualizar en mayor medida la problemática a la que se enfrentan cotidianamente una gran cantidad de personas, primordialmente en los ámbitos laboral y educativo.

La iniciativa fue turnada, para su análisis y dictamen, a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar de Veracruz, para que la elaboración del informe sobre incidentes de acoso y violencia escolar que los directores presentan a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), sea semestral y no anual.

La legisladora destacó que, con la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado de Veracruz en 2011, se sentaron las bases para prevenir y erradicar el acoso escolar, sin embargo, deben darse mayores pasos.

Señaló que en las atribuciones de esta Ley contempla el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar, el cual está diseñado para compilar las estadísticas de los casos de acoso escolar que tengan lugar en la entidad, a partir de la elaboración de un informe presentado a la SEV por los directores de las escuelas, sobre los incidentes de acoso y violencia escolar.

Sin embargo, destacó, que dada la coincidencia en la anualidad, tanto para la elaboración del informe sobre acoso escolar, que realiza el Registro Estatal, como el que están obligados a presentar los directores de las escuelas, es que se desprende esta iniciativa, para que el plazo sea semestral, facilitando que el informe sea reportado con la debida anticipación, conociendo el contexto que impera en cada plantel sobre el tema.

Ramírez Cisneros recordó que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel internacional de casos de bullying en educación básica, afectando a 18 millones 781 mil 875 estudiantes de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas. Asimismo, en 2018 la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que Veracruz es la entidad donde se presenta el mayor número de casos de acoso escolar.

Agregó que con el propósito de utilizar un lenguaje incluyente y con perspectiva de género, se plantea precisar el término “las y los directores”, en lugar de los directores como se prevé al día de hoy, dando el debido lugar de las mujeres que tienen la titularidad de una dirección de un plantel educativo.

“El acoso escolar ocasiona daños severos en las víctimas si no se detecta y atiende a tiempo. Baja de autoestima, ansiedad y depresión, son algunos de los riesgos, pero en el peor de los escenarios, el desenlace puede ser fatal”, concluyó.

A esta iniciativa se adhirieron los integrantes del Grupo Legislativo de Morena y fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura, para su análisis y dictamen.

El diputado Omar Miranda Romero presentó al Pleno de la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar en el Estado de Veracruz, cuyo propósito es establecer los principios y criterios para la coordinación interinstitucional entre los niveles de Gobierno, para diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos que garanticen el derecho de las personas que integran la Comunidad Educativa a un ambiente libre de violencia.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado señaló que el objetivo de esta iniciativa es abrogar la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado de Veracruz; y en su lugar emitir la ya mencionada, que engloba toda forma de violencia escolar y establece, entre otras normas, que los planes, programas y protocolos deben ser emitidos desde un enfoque educativo y de derechos humanos.

El legislador Miranda Romero dijo que se plantea dictar las normas que contengan acciones a seguir en caso de que se detecte cualquier tipo de violencia escolar, no sólo acoso, portación de armas o drogas, “ya que con ello se puede centrar en una sola ley cualquier tipo de violencia escolar, pero no solo desde la perspectiva delictiva, por lo que en esta iniciativa se reconoce el principio del interés superior de la niñez y la salvaguarda los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.

Agregó que esta nueva Ley sería la base para que el Ejecutivo del Estado, a través de una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Educación, Salud, Seguridad Pública, Protección Civil, Turismo y Cultura, Fiscalía General, DIF, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ayuntamientos, directores y personal designado por cada institución educativa, sean los encargados de emitir los protocolos y mecanismos de “mochila segura” con base en las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Se trata, de llevar a los padres de familia y a los niños, niñas y adolescentes a una cultura de prevención, en donde se les explique las necesidades de llevar a cabo los protocolos para la seguridad de cada uno de ellos; es decir, se opta por la culturización a los educandos y padres, para evitar actos que afecten a terceros y, a su vez, no se sientan vulnerados en su esfera jurídica”, precisó el legislador.

En su intervención durante la primera sesión ordinaria, del primer receso, el diputado recordó los hechos del pasado 16 de enero en la ciudad de Torreón, Coahuila, en los que fueron heridos seis menores y asesinada una maestra de estos y, posteriormente, el suicidio del menor que presuntamente realizó, con un arma de fuego, los actos violentos en la institución escolar.

Asimismo, indicó que este tipo de situaciones también ocurren a nivel local y subrayó que en noviembre 2019, en la ciudad de Xalapa, un estudiante con un arma de fuego, en forma de pluma, dejó lesionado en un dedo a su compañero.

De acuerdo a la iniciativa del diputado, el Registro Estatal para el Control del Acoso Escolar será suplido por el Registro Estatal para el Control de la Violencia Escolar (RECVE), para lo cual la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en coordinación con las Secretarías de Salud (SS) y de Seguridad Pública (SSP) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), implementará las acciones necesarias para que inicie sus funciones dentro de los 90 días hábiles a la entrada en vigor del presente decreto.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de Derechos de la Niñez y la Familia. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos Mixtos Del Lado Correcto de la Historia y del PRI-PVEM.

Integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, celebraron su Décima Sesión Ordinaria, en la que analizaron la información derivada de la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 y acordaron determinar una fecha para la firma del dictamen correspondiente.

Posteriormente, atendieron una exposición, que estuvo a cargo de la Secretaría de Fiscalización del Congreso local, acerca del grado de cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de los entes fiscalizables.

Asistieron las diputadas Mónica Robles Barajas, secretaria de la Comisión, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, María Esther López Callejas y Florencia Martínez Rivera, así como los legisladores Henri Christophe Gómez Sánchez, Alexis Sánchez García, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Bingen Rementería Molina y Enrique Cambranis Torres, vocales.

El diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, se pronunció –en relación con el delito de feminicidio- por una nueva visión que lleve a la generación de políticas integrales, que tomen en cuenta la seguridad pública y el incremento de sanciones contra los feminicidas, pero que esté enfocada primordialmente en la prevención de este ilícito.

Lo anterior, durante su participación en la conferencia Política criminal para prevenir el feminicidio y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas por razón de género, a cargo del delegado regional del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, AC, Arturo Nicolás Baltazar.

Al dar la bienvenida a los asistentes en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, Rubén Ríos señaló que en los últimos cuatro años el registro de feminicidios en México ha crecido al doble. “La lógica elemental nos indica, por un lado, que algo se está dejando de hacer o se está haciendo mal y, por otro, que no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo”.

Recordó que la legislación de Veracruz contempla una de las penas más severas para los feminicidas, que es de 40 a 70 años de prisión; sin embargo, argumentó, está claro que esos 40 años no ha disuadido a quienes cometen este delito, “más bien, parecen multiplicarse”.

El diputado del Distrito de Córdoba dijo que el componente transversal del delito de feminicidio es la cultura del “machismo patriarcal”, ya que –indicó- no parece ser un problema de seguridad pública, aún cuando existe vulnerabilidad física de las mujeres en el espacio público. “Sin duda, es una asignatura pendiente para que calles, parques, taxis y autobuses sean seguros para todos”.

Posteriormente, Ríos Uribe recibió del presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC, Gilberto Farías Morales, el documento que contiene las bases para una política pública encaminada a prevenir el feminicidio y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Así como una propuesta de reforma al artículo 137 del Código Penal estatal que tiene como finalidad sancionar ejemplarmente la conducta delictiva consistente en causar lesiones a una mujer, por medio de la utilización de ácidos o cualquier otra sustancia, causando deformación o daño en la cara de la víctima.

Acto seguido, inició la conferencia a cargo del licenciado Arturo Nicolás Baltazar, quien dio detalles sobre el estado de las legislaciones, tanto federal como estatal, las definiciones jurídicas y el debate actual con respecto a este tipo penal, así como las posturas al respecto de órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al evento asistieron la coordinadora general para la Prevención y Atención de las Adicciones y de las Conductas Antisociales, Angélica María Huesca Palomino, en representación del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García; la directora general de Educación Inicial Preescolar Federalizada, Judith de la Luz Carvallo Domínguez; la secretaria general de la Delegación T160 SNTE Preescolar, María Teresa Canales Clavel; la subdirectora de Educación Preescolar Estatal, María Isabel Castillo Méndez, así como representantes de órganos autónomos y de unidades de género de la administración pública estatal.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena)
propuso reformas al Código Civil Federal, con el fin de que el Registro Civil
pueda otorgar actas de nacimiento en las que se reconozca la identidad de
género, y así garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGBTI.

En una iniciativa que analiza la Comisión de Justicia, la
legisladora precisó que con estas reformas se podrá solicitar la rectificación
de algún dato en el acta de nacimiento, lo que ayudará a la armonización
legislativa, además de evitar que se discrimine y estigmatice a las personas.

Villarauz Martínez mencionó que durante el sexenio pasado en
el país, cada año, 79 personas de la comunidad LGBTI fueron asesinadas por
motivos relacionados con su orientación sexual, su identidad o expresión de
género, según el informe de violencia extrema elaborado por la organización civil
Letra S.

El resultado fue que 473 personas de la comunidad LGBTI
murieron durante estos seis años a causa de la discriminación y violencia por
el hecho de ser diferentes y no corresponder a los estereotipos de género y las
representaciones binarias de hombre o mujer.

Los crímenes de odio destacan por la saña con la que se
cometen, son especialmente brutales, por torturar y humillar a las víctimas.
“Esto debe cambiar, estamos frente a un gran reto, que es dotar de herramientas
a las personas para que libremente, frente a un caso de cambio de identidad, no
sean violentados, encerrados en clínicas, sometidos a terapia o violaciones de
conversión, que lo único que fomentan es el odio y el rechazo”, añadió.

Consideró necesario hacer un llamado a los estados de la
República para sumarse a esta lucha en la defensa de este derecho. “El
reconocimiento legal de la identidad de género implica proporcionar todos los
medios legales y administrativos, así como recursos para obtener su libre y
expedito ejercicio, al permitir la rectificación del nombre y sexo, cuando así
se decida, en la documentación oficial que corresponda, lo que evitará
confusiones, dilaciones y cuestionamientos”, añadió.

Nuestro deber como legisladores, dijo, es formular leyes que
protejan a las personas que no han elegido nacer con un sexo que no corresponde
a su identidad. “No podemos permitir que se estigmatice, discrimine y violente
a las personas por no entrar en los esquemas establecidos e inflexibles de la
identidad”.

La diputada de Morena precisó que el reconocimiento legal de
la identidad de género se ha logrado en Estados Unidos, Suecia, Alemania,
Holanda, Australia, Austria, Finlandia, Sudáfrica, Reino Unido y España, donde
se permite la rectificación de nombre y sexo en la documentación oficial.
Algunos exigen la cirugía previa para el reconocimiento legal de la identidad
de género del solicitante, aclaró.

De acuerdo con datos del Registro Civil de la Ciudad de
México, de enero de 2013 a marzo de 2019 se han entregado 3 mil 866 actas de
cambio de identidad de género y reasignación sexo-genérica; 2015 y 2017 fueron
los años con la mayor cantidad de trámites, con mil 159 y mil 60,
respectivamente.

La LXV Legislatura a través del Presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, recibió la exposición de la titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), María Guadalupe Argüelles Lozano, acerca de los procedimientos para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, en el marco de la Reforma Laboral Federal.

Acompañada de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Sofía Martínez Huerta y del Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el estado, Guillermo Hernández, la funcionaria explicó los tres Ejes del Nuevo Modelo Laboral.

En primer término, la Justicia Expedita e Imparcial, a través de Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial; la Implementación de la Democracia Sindical; y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRF), como organismo que permitirá el registro de sindicatos y contratos colectivos además de conciliar a nivel federal y expedir “Constancias de Representatividad”.

En cuanto a las etapas de implementación, continuó Argüelles Lozano, dijo que se han cumplido en tiempo y forma de acuerdo a los periodos marcados por la federación, asimismo realizó la proyección de los procedimientos por concluir de acuerdo a lo establecido para el funcionamiento de los Centros de Conciliación y Tribunales Locales, así como el CFCRL y los Tribunales Federales, en los años 2022 y 2023.

Por su parte el diputado José Manuel Pozos Castro, dijo a la funcionaria estatal que estas dinámicas son de gran beneficio, pues como legisladores se debe estar permanentemente interactuando con los trabajos realizados para dar cumplimiento a las normatividades, y reforzó que desde la LXV Legislatura se cuenta con el apoyo a las acciones para avanzar en la Reforma Laboral que tanto beneficio traerá a México y a Veracruz.

En esta presentación también estuvieron presentes las diputadas, Rosalinda Galindo Silva, Adriana Paola Linares Capitanachi, Florencia Martínez Rivera, así como el diputado Antonio García Reyes y en representación de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, el licenciado Tomás Mundo Arriasa.

La LXV Legislatura y el Gobierno del Estado de Veracruz llevaron a cabo, este 5 de febrero, en la explanada del Palacio Legislativo, el acto cívico para conmemorar el aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917.

Al dar la bienvenida a servidores públicos y autoridades, el presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe expresó que esta fecha no puede pasar inadvertida, ya que es de gran trascendencia para la vida política y para el entramado jurídico de la Nación.

Asimismo señaló: “Es un honor abrir las puertas del Congreso del Estado para significar lo que la Constitución representa en la Cuarta Transformación del país, una transformación pacífica, que ocurre con arreglo a las leyes y las instituciones”, agregó.

Tras los honores a la bandera nacional, con la participación de la Banda de Guerra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado y de la Banda Sinfónica del Gobierno estatal, el legislador precisó que dicha transformación no está exenta de promover las reformas constitucionales que adecuen la exigencia popular al derecho positivo, “siempre respetando el sentir del pueblo y obedeciendo la ley”.

Con la presencia de la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi y de la coordinadora de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales, Rebeca Quintanar Barceló, representante del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el diputado Raymundo Andrade Rivera detalló que la Constitución de 1857 fue producto de la reforma que plasmó el triunfo de los liberales sobre los conservadores, y la de 1917 fue producto del ideario de la Revolución Mexicana, “cuyas preocupaciones principales era la democracia, el nacionalismo y la justicia social”.

El también representante del Distrito XII de Coatepec manifestó: “A nosotros nos ha tocado vivir una época de cambios. Desde el 1 de julio de 2018, la mayoría de mexicanos optó por un rumbo distinto al elegir a un gobernador y a un presidente de la República que han decidido que los intereses y los anhelos de la ciudadanía incidan en los proyectos y en las decisiones de gobierno”.

Dijo que tanto en el Congreso de la Unión como en el Poder Legislativo estatal las adiciones y reformas se realizan con miras a un mayor beneficio para todas y todos los mexicanos.

“Los diputados de Morena nos congratulamos de formar parte de esta nueva ruta que emprende nuestro país y que encabeza nuestro gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador”.

Previamente, el legislador ofreció detalles sobre el contenido y los datos más relevantes de las Constituciones de 1857 y 1917.

Participaron en el acto cívico el director general de la Editora de Gobierno, Israel Hernández Roldán, en representación del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; la delegada administrativa en la Subsecretaría de Operaciones de la SSP, Elvia Ohemi García Hernández, y el director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Sergio Ulises Montes Guzmán.

En representación del secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, acudió Efraín Lizárraga Meza; el jefe de la Unidad Jurídica de Radiotelevisión de Veracruz (RTV), Javier Jahir Heredia Riverón; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), José de Jesús Rodríguez Hernández, y estudiantes de la escuela primaria Adalberto Tejeda, de esta ciudad.

Con 46 votos, el Congreso de Veracruz aprobó el dictamen por el cual se establece que en los sitios públicos se coloque señalética adaptada al sistema Braille, como medida incluyente para las personas con discapacidad, especialmente las de discapacidad visual o ceguera, a iniciativa presentada por la diputada Montserrat Ortega Ruiz.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Protección Civil y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el Dictamen con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al Artículo 63 y el Artículo 63 bis, a la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El dictamen reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho de desplazarse libremente y sin riesgos en lugares públicos y que, por lo tanto, debe incorporarse en la ley que en todos los establecimientos de acceso al público, ya sea de la iniciativa privada o del sector público, deben colocarse señales en sistema Braille, puesto que las personas ciegas o con discapacidad visual pueden acceder a la lectoescritura a través de este sistema, basado en puntos en relieve que son “leídos” a través del tacto, con ello, en caso de alguna eventualidad, podrán ubicar las salidas de emergencia o los puntos de reunión del lugar.

De acuerdo con la reforma aprobada, la señalización de protección civil referida deberá incluir placas en el sistema Braille para las personas con discapacidad visual o ceguera, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y Tratados Internacionales aplicables.

Asimismo, la señalización vertical permitirá una zona de barrido ergonómico al alcance de la mano, deberá colocarse a una altura de entre 110 y 130 centímetros del piso base.

La dimensión de la placa será en función de la información que contenga y máximo de 30 centímetros de ancho. Ésta se ubicará a una distancia máxima de 20 centímetros del vano de la puerta, del lado de la manija o botones, en su caso.

Cuando existan puertas de doble hoja o no exista puerta, la señalización debe estar colocada en la pared más cercana, preferentemente del lado derecho.

En rampas, escaleras o intersección de pasillos que contengan pasamanos, se colocará, en el inicio y final de éstos, información en sistema Braille que indique el número de piso o la referencia de alguna señalización en muro.

La señalización del sistema Braille deberá atender la medida estandarizada internacionalmente, respetando dichos parámetros para su correcta interpretación. La escritura en Braille dentro de un señalamiento se colocará en la esquina inferior izquierda a una distancia de entre 1 y 3 centímetros del borde del mismo.

De acuerdo con el artículo segundo transitorio, la señalización ordenada en este Decreto deberá colocarse a más tardar en un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

En el mundo, según el sitio web incluyeme.com, hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión.

En México, según el estudio de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, asisten a la escuela 40.4 por ciento de los hombres de entre 3 y 29 años de edad con discapacidad visual y 50.6 por ciento de las mujeres con esa misma discapacidad.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos, ambos para el Estado de Veracruz.

En la Iniciativa, se propone la reforma del artículo 73 fracción VII del Código, con la finalidad de precisar que los sujetos obligados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos deben dictaminarse, no así el Impuesto sobre Hospedaje, lo cual brindará, se señala, certidumbre jurídica a los contribuyentes que son sujetos de dichos impuestos.

Con la reforma propuesta del artículo 104 fracción III del Código se faculta a las autoridades fiscales estatales para emitir las Reglas de Carácter General a las que deberá sujetarse la elaboración del dictamen que presenten los contadores públicos autorizados y que “es esencial para otorgar certeza jurídica a sujetos obligados de dicho impuesto”.

Respecto a los artículos 151 fracción XI y 152 primer párrafo del mismo Código, que hacen referencia a los servicios catastrales que presta la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), cuando en realidad -se señala- la dependencia que los proporciona es la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob), por lo que, esta reforma es una precisión para los administrados con la finalidad de brindarles mayor certeza jurídica respecto de los trámites que deban realizar en materia de catastro.

De conformidad con el artículo 14 del Código Financiero, los aprovechamientos son: los ingresos que percibe el Estado en sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones federales, de las aportaciones e ingresos federales coordinados, así como los que obtienen los organismos de la administración pública paraestatal del Estado.

Se propone, en la Iniciativa, la reforma al artículo 153 apartado B, segundo y último párrafo para establecer que los ingresos que se recauden por la venta de certificados holográficos se destinarán al Fondo Ambiental Veracruzano en el porcentaje establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, además en el último párrafo se precisa el nombre del Fondo Forestal Estatal que se encuentra establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

También se plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 194 del Código para disponer que las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos estatales, deberán reintegrar a la Sefiplan, dentro de los 10 días hábiles siguientes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, los recursos públicos estatales que no hayan sido devengados.

Lo anterior, porque los recursos entregados se vinculan con los resultados esperados, por lo cual al asignar los recursos, los entes públicos no pueden dejar de cumplirlas, pero tampoco pueden rebasar las asignaciones aprobadas en sus respectivos presupuestos, ni utilizarlos para otros fines, salvo que cuenten con autorización correspondiente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Propone también, la reforma del artículo 193 tercer párrafo del Código de Procedimientos Administrativos precitado, porque éste fue reformado el 19 de diciembre de 2017, en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en el número extraordinario 504, para cambiar la referencia a salarios mínimos por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en su tercer párrafo decía equivalente al salario mínimo general vigente elevado al año.

En la reforma precitada se omitió la frase «elevada al año», consecuentemente este párrafo resulta contradictorio con el contenido del mismo, por lo que para su debida aplicación se considera necesario redactarlo en los términos originalmente aprobado para señalar que el monto máximo por gastos de ejecución será el de la UMA elevada al año.

Se destaca que tiene la finalidad de otorgar certidumbre jurídica a los administrados respecto de los límites de actuación de los servidores públicos; precisar facultades de autoridades fiscales para el fortalecimiento de la Hacienda Pública y favorecer la administración de los recursos públicos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

Con la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, se instaló la Diputación Permanente, órgano de habrá de funcionar durante el primer receso y que comprenderá del 1 de febrero al 30 de abril del presente año.

De esta manera este órgano legislativo quedó integrado por el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente; la legisladora María Graciela Hernández Iñiguez, vicepresidenta y la diputada Érika Ayala Ríos, secretaria. En las vocalías están las diputadas y diputados Adriana Paola Linares Capitanachi, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Raymundo Andrade Rivera, Henri Christophe Gómez Sánchez, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Ivonne Trujillo Ortiz y Florencia Martínez Rivera.

Asimismo, en carácter de sustitutos, las diputadas y diputados María Esther López Callejas, María Josefina Gamboa Torales, Jorge Moreno Salinas, Wenceslao González Martínez, Adriana Esther Martínez Sánchez, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Cristina Alarcón Gutiérrez, Rodrigo García Escalante, Juan Manuel de Unánue Abascal y Ana Miriam Ferráez Centeno.

A las 17:13 horas fue declarada legalmente instalada esta instancia legislativa. De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo la Diputación Permanente estará compuesta por el cuarenta por ciento del total de los integrantes del Congreso, de los cuales la mitad actuará como propietarios y los demás como sustitutos.

Además señala que funcionará durante los recesos del Congreso y, en el año de su renovación, hasta la instalación del sucesivo, debiendo integrarse proporcionalmente según el número de diputados pertenecientes a los diversos Grupos Legislativos.

El presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, concluyó la sesión y citó a la primera ordinaria para el jueves 13 de febrero a las 11:00 horas, en la sala de sesiones Venustiano Carranza.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 23 de enero por la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Deisy Juan Antonio, que reforma la Ley de Salud del Estado, cuyo propósito es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Salud, derivado de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El dictamen, aprobado con 33 votos, refiere que esta reforma es para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas, ante lo cual es indispensable reconocer la implementación del nuevo régimen de prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.

Asimismo, para evitar una invasión de competencias a las facultades propias del Congreso de la Unión, respetando en todo momento lo ordenado en la Ley General de Salud, siendo necesaria la derogación de diversos artículos de la ley de Salud estatal que indebidamente regulan lo denominado como Seguro Popular.

De esta manera se establece que, en los términos de la Ley General y la estatal de Salud, corresponde al Gobierno del Estado proporcionar en forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, conforme a los convenios de coordinación que celebre con la Federación.

El Sistema Estatal de Salud tiene como objetivo proporcionar, servicios de salud universal en el Estado a todas las personas sin seguridad social, y mejorar la calidad de los mismos atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios de la entidad y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas.

El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Salud (SS), coordinará los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y celebrará con la Federación, los convenios de coordinación necesarios para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.

Asimismo, la SS también operará, en coordinación con las demás autoridades estatales competentes, los convenios de coordinación que celebre el titular del Poder Ejecutivo del Estado con la Federación para este fin.

La reforma refiere que el titular de la Secretaría de Salud nombrará una comisión integrada por médicos epidemiólogos de esa institución, quienes estarán atentos en todo tiempo a los acontecimientos epidemiológicos que se susciten en la entidad, para determinar y, en su caso, emitir conjuntamente con la Federación, la solicitud al Ejecutivo Estatal, para que emita una declaratoria de emergencia, fundada y motivada, en situaciones de emergencias epidemiológicas que se presenten en el Estado.

Por otra parte, se establece que conforme a las prioridades del Sistema Estatal de Salud y a los convenios de coordinación, se garantizará la extensión progresiva, universal, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población que se encuentra en el país que no cuenta con seguridad social.

Para la organización y administración de los servicios de salud, se definirán criterios de regionalización y de escalonamiento de los servicios para lograr progresivamente la universalización del acceso a servicios de salud integrales.

Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos los referentes a la disponibilidad y otorgamiento de medicamentos y material de curación en todos los niveles de atención a la población, con base en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud elaborado por el Consejo de Salubridad General aplicable al sector salud y en los catálogos de la institución proveedora del servicio; disponibilidad de sangre a través de puestos de sangrado y centros de transfusión en hospitales de segundo y tercer nivel, así como de alta especialidad y cualquier otro insumo esencial para la salud.

También, la atención médica integral, que comprende las actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Son servicios públicos a la población en general, los que se presten en los establecimientos públicos de salud, a las personas que se encuentren en el Estado sin seguridad social que así lo requieran, seguidos por criterios de universalidad, igualdad e inclusión y de gratuidad al momento de requerir los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 46 votos, sin abstenciones o votos en contra, que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con fiscales especializadas para investigar y perseguir los delitos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar, en caso de que la víctima sea niña o mujer, y que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) forme, actualice y especialice a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, entre otros.

El dictamen respectivo, derivado de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz, presentada por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, fue analizado, discutido, firmado y emitido por las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Procuración de Justicia y puesto a consideración del Pleno.

De acuerdo con el dictamen, aprobado durante la Octava Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la reforma a la fracción II del artículo 19 Bis de la referida Ley establece que corresponde a la FGE contar con fiscales especializadas que realizarán sus funciones bajo los principios de perspectiva de género y debida diligencia.

Además deberán cumplir, como mínimo, los requisitos de ingreso y permanencia que establecen las leyes aplicables, tener el perfil que establezca la FGE en el Reglamento respectivo y acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización correspondientes.

También estarán dotadas de los recursos humanos, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contemplarse personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

Las fiscales especializadas, así como el personal ministerial, policial, pericial y psicosocial que las apoyen, deberán contar con la capacitación y actualización especializada que determine la FGE, conforme a los más altos estándares internacionales acreditables en derechos humanos, perspectiva de género, sensibilización y atención a mujeres víctimas de violencia y aplicación de protocolos de investigación de los delitos de violencia contra mujeres, entre otros.

Además, la FGE contará con una Unidad de Análisis para la investigación de los delitos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar, en caso de que la víctima sea niña o mujer. La cual deberá estar integrada con los equipos multidisciplinarios de análisis e investigación necesarios.

Respecto de la reforma a las fracciones I, III y VII del artículo 19 Ter, queda establecido que corresponde al TSJE formar, actualizar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y sensibilización respecto al trato a mujeres víctimas de violencia.

Se precisa entre sus competencias instaurar una cultura de igualdad y no discriminación, libre de estereotipos de género, de roles y lenguaje sexista y emitir sus resoluciones con base en los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz, en Tratados Internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, en la jurisprudencia internacional en la materia y bajo los principios de perspectiva de género, debido proceso y acceso a la justicia.

En el artículo segundo transitorio, se señala que la FGE deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y los ajustes administrativos y presupuestarios necesarios para el cumplimiento de estas determinaciones, en un plazo no mayor a 120 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Señala el tercero transitorio que la FGE designará a las fiscales especializadas referidas y les asignará los recursos mencionados para su operación de acuerdo con su presupuesto asignado, de manera progresiva y de conformidad con un plan programático, iniciando en los municipios con mayor incidencia en los delitos de su especialidad, hasta que se cuente con la designación de las fiscales en los 212 municipios del estado a más tardar a diciembre de 2020.

Para el cumplimiento de esto, según el transitorio cuarto, la FGE podrá utilizar el personal y la infraestructura de las actuales Fiscalías Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, para lo cual, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, deberá crear las fiscalías necesarias para el conocimiento de los delitos contra niñas y niños de trata de personas.

Dichas fiscalías especializadas seguirán conociendo las investigaciones ministeriales vigentes por los delitos contra niños y de trata de personas, hasta que la FGE cree las fiscalías necesarias para el conocimiento de estos delitos.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, remitido
por la Comisión Permanente de
Transporte, Tránsito y Vialidad, por el que se adiciona un último párrafo al
artículo 92 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz,
mediante el cual quedan exentos del pago de parquímetros personas con
discapacidad cuyos vehículos porten placas o calcomanías conforme lo indica la
Ley.

Con 48 votos a favor fue aprobado este dictamen, resultado
de la iniciativa presentada el pasado 23 de enero por el diputado Rubén Ríos
Uribe, del Grupo Legislativo Morena y a la cual se adhirieron los Grupos
Legislativos de Morena, del Partido Acción Nacional, Mixtos Del Lado Correcto
de la Historia y Partido Revolucionario
Institucional-Partido Verde Ecologista de México.

Los municipios de Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Orizaba,
entre otros, cuentan con el servicio de parquímetros, por lo que esta reforma
garantiza el interés superior de las personas con discapacidad, protegiendo con
ello, su integridad física, pero en especial, buscando mayores condiciones con
miras de una inclusión social efectiva.

Lo cual va en concordancia a lo establecido dentro del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 Reducción de las Desigualdades de la
Agenda 2030.

En sus transitorios destaca que una vez iniciada la vigencia
del presente decreto concede un plazo de 90 días naturales para que los
Ayuntamientos realicen las adecuaciones correspondientes al mismo.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos, ambos para el Estado de Veracruz.

En la Iniciativa, se propone la reforma del artículo 73 fracción VII del Código, con la finalidad de precisar que los sujetos obligados del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos deben dictaminarse, no así el Impuesto sobre Hospedaje, lo cual brindará, se señala, certidumbre jurídica a los contribuyentes que son sujetos de dichos impuestos.

Con la reforma propuesta del artículo 104 fracción III del Código se faculta a las autoridades fiscales estatales para emitir las Reglas de Carácter General a las que deberá sujetarse la elaboración del dictamen que presenten los contadores públicos autorizados y que “es esencial para otorgar certeza jurídica a sujetos obligados de dicho impuesto”.

Respecto a los artículos 151 fracción XI y 152 primer párrafo del mismo Código, que hacen referencia a los servicios catastrales que presta la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), cuando en realidad -se señala- la dependencia que los proporciona es la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob), por lo que, esta reforma es una precisión para los administrados con la finalidad de brindarles mayor certeza jurídica respecto de los trámites que deban realizar en materia de catastro.

De conformidad con el artículo 14 del Código Financiero, los aprovechamientos son: los ingresos que percibe el Estado en sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las participaciones federales, de las aportaciones e ingresos federales coordinados, así como los que obtienen los organismos de la administración pública paraestatal del Estado.

Se propone, en la Iniciativa, la reforma al artículo 153 apartado B, segundo y último párrafo para establecer que los ingresos que se recauden por la venta de certificados holográficos se destinarán al Fondo Ambiental Veracruzano en el porcentaje establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, además en el último párrafo se precisa el nombre del Fondo Forestal Estatal que se encuentra establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

También se plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 194 del Código para disponer que las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos estatales, deberán reintegrar a la Sefiplan, dentro de los 10 días hábiles siguientes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, los recursos públicos estatales que no hayan sido devengados.

Lo anterior, porque los recursos entregados se vinculan con los resultados esperados, por lo cual al asignar los recursos, los entes públicos no pueden dejar de cumplirlas, pero tampoco pueden rebasar las asignaciones aprobadas en sus respectivos presupuestos, ni utilizarlos para otros fines, salvo que cuenten con autorización correspondiente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Propone también, la reforma del artículo 193 tercer párrafo del Código de Procedimientos Administrativos precitado, porque éste fue reformado el 19 de diciembre de 2017, en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en el número extraordinario 504, para cambiar la referencia a salarios mínimos por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en su tercer párrafo decía equivalente al salario mínimo general vigente elevado al año.

En la reforma precitada se omitió la frase «elevada al año», consecuentemente este párrafo resulta contradictorio con el contenido del mismo, por lo que para su debida aplicación se considera necesario redactarlo en los términos originalmente aprobado para señalar que el monto máximo por gastos de ejecución será el de la UMA elevada al año.

Se destaca que tiene la finalidad de otorgar certidumbre jurídica a los administrados respecto de los límites de actuación de los servidores públicos; precisar facultades de autoridades fiscales para el fortalecimiento de la Hacienda Pública y favorecer la administración de los recursos públicos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

La LXV Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el Artículo 153 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de elevar las multas a quienes conduzcan un vehículo en estado de ebriedad, derivado de la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).

El dictamen de reforma a los incisos a) y b) de la fracción III de dicho artículo fue puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, y aprobado con 50 votos, durante la Décima Tercera Sesión Ordinaria, última del primer período ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Se mantiene en el ordenamiento que el acto por medio del cual se impongan multas deberá estar fundado y motivado y se aplicará en Unidades de Medidas y Actualización (UMA) y que deberán graduarse en leves, graves, muy graves y especiales.

Las catalogadas como muy graves, es decir, cuando además de poner en peligro la vida o la integridad física, se ocasionen daños a más de una persona o se afecte la vía pública o la infraestructura urbana, mantiene la sanción de 31 a 40 UMAs; sin embargo, por dicha actualización, quien conduzca en estado de ebriedad se hará acreedor a una multa de 80 a 115 UMAs.

Destaca en el Dictamen que, en relación con la mortalidad, el alcohol sigue siendo la sustancia adictiva de mayor consumo, siendo la primera causa de muertes violentas en la población juvenil. En 2012, de cada 100 conductores jóvenes involucrados en accidentes de tránsito, 12 estaban bajo los efectos del alcohol.

Además, México ocupa el séptimo lugar en el mundo en la lista de países que presentan mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito y la segunda posición en América Latina, según la tasa de fallecidos por cada 100 mil habitantes. Anualmente, el país registra más de 24 mil muertes generadas por lesiones en el tránsito, por lo que es la primera causa de muerte en la población de 5 a 34 años de edad.

Quedó asentado en el dictamen que la Comisión dictaminadora coincide con la propuesta del iniciante, ya que “resulta necesario acrecentar las multas a aquellos conductores que bajo la influencia del alcohol operan vehículos automotores, con la finalidad de crear esa conciencia en las y los veracruzanos”.

El segundo transitorio indica que el Ejecutivo estatal deberá emitir, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto, las disposiciones reglamentarias que correspondan.

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propone que las y los legisladores, federales y locales, no sean reelectos para el periodo inmediato posterior, y después de ese periodo, puedan ser electos sólo para un periodo más.

El legislador del distrito XIX de Córdoba, dijo que la reforma también aplicaría para las y los Presidentes Municipales, regidores y síndicos, no siendo violatoria de los derechos políticos, toda vez que no tendrán prohibido presentarse para cualquier otro cargo de elección popular.

“Poner límites a un derecho, no es negarlo y la Constitución no puede ser inconstitucional, por lo que el derecho a votar y ser votado en las elecciones se mantiene intacto”, abundó.

El legislador señaló que la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el resultado de la apreciación de la ciudadanía respecto al principio de no reelección, siendo una de las instituciones más arraigadas en la cultura política popular del Siglo XX.

“Tener el valor de apoyar una iniciativa implica coherencia con la autoproclamada adherencia del presidente Andrés Manuel López Obrador al pensamiento de Francisco I. Madero. Coherencia para quienes son oposición, que han cuestionado el apego de la Cuarta Transformación con los principios no reeleccionistas”, finalizó.

La iniciativa con Proyecto de Decreto fue enviada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales para su estudio y dictamen correspondiente.

La diputada Érika Ayala Ríos, del Grupo Legislativo PRI-PVEM, presentó una iniciativa de decreto que reforma los artículos 190, 190 bis y 190 ter del Código Penal para el Estado de Veracruz, la cual propone un aumento a las penas de prisión en los delitos de acoso y hostigamiento sexual.

Asimismo, plantea incluir como una agravante de las sanciones privativas de libertad, los delitos que se cometan en contra de personas que no tengan capacidad para comprender el significado de los mismos, a fin de garantizar su mayor protección, reforzar la prevención y propiciar la inhibición de los delitos mediante sanciones más severas, en ruta de la erradicación.

En su exposición de motivos, la legisladora abundó que para el delito de acoso sexual, en su modalidad genérica, se propone incrementar la pena de uno a cuatro años de prisión y para cuando existan agravantes de dos a ocho años.

Del mismo modo, continuó Ayala Ríos, para el caso de hostigamiento sexual la pena en su modalidad genérica, el incremento estaría a razón de dos a cinco años de prisión, en tanto que para el delito agravado sea de tres a ocho años, con lo que se elevaría en un año, la pena mínima que actualmente tiene.

Asimismo puntualizó que, tanto en acoso como en hostigamiento sexual, la única condición que hace posible incrementar las sanciones privativas de libertad es cuando los delitos son agravados y no genéricos, es decir, que la víctima sea menor de 18 años o que la víctima no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

Por lo anterior, añadió, “dado el interés de salvaguardar los derechos humanos de las personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho de que se actualizan las conductas típicas de acoso sexual y hostigamiento sexual, estimamos necesario incorporar esa circunstancia como agravante de la pena en ambos delitos”, persiguiéndose de oficio y no por querella.

Señaló que esta iniciativa tiene su origen a partir de las constantes denuncias, principalmente de niñas, mujeres y adolescentes que son víctimas de acoso y hostigamiento sexual, siendo este sector el más vulnerable, existiendo un constante ejercicio abusivo de poder por parte del agresor.

Por lo anterior, indicó, hay una enorme preocupación por parte de las y los legisladores para generar marcos legales más igualitarios y justos garantizando la prevención, sanción y erradicación de las violencias de género que representan la trasgresión a la dignidad de las mujeres, adolescentes y niñas en una incuestionable violación a sus derechos humanos.

“Estamos conscientes de que el incremento de penas no lleva implícita la erradicación de conductas lesivas a los bienes jurídicos tutelados en la ley penal, pero igualmente estamos convencidos de que cualquier esfuerzo que se haga por prevenir, promover, hacer respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, puede contribuir a desalentar, inhibir y disminuir la comisión de esas conductas”, finalizó.

A la presente iniciativa se le adhirieron los Grupos Legislativos Mixto de Acción Nacional Veracruz (ANV), Partido Acción Nacional, Del Lado Correcto de la Historia, Morena, MC-PRD y -a título personal- la diputada Andrea Yunes Yunes. Fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

Este 29 de enero, la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura recibió, de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos, el Informe de Resultados de la nueva valoración a las Cuentas Públicas 2018, en cumplimiento del resolutivo segundo del Decreto 295, aprobado por esta Soberanía el 31 de octubre de 2019.

Correspondió al diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la referida Comisión, recibir este Informe y, a su vez, señaló que la LXV Legislatura, por primera vez en la historia, decidió rechazar los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2018, “debido a las inconsistencias encontradas”, agregó.

El legislador agradeció a la Auditora General cumplir el decreto y entregar, en el plazo de los 90 días, esta nueva valoración. “A partir de este momento, la Comisión de Vigilancia dictaminará y someterá al Pleno del Congreso, para su discusión y aprobación, el resultado final de las Cuentas Públicas 2018”.

Asimismo, externó su reconocimiento a las diputadas y diputados de los distintos grupos legislativos su compromiso e interés en la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Por ende, informó que, a partir de este día, dicha información es totalmente pública y, para cumplir con los principios de máxima publicidad y transparencia, deberá estar disponible en el portal de internet del Orfis para consulta de la sociedad veracruzana.

Tras realizar un recuento de las acciones efectuadas en esta nueva valoración, la auditoria Delia González dijo que en México y especialmente en Veracruz ha iniciado una transformación, a fin de que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, sea una realidad, “donde la ley se aplique sin distingo alguno, terminando con la impunidad que tanto daño ha generado al país”.

Subrayó que la nueva valoración a la Cuenta Pública 2018 tuvo su origen en la determinación del Congreso del Estado de no aprobarla, al considerar que no existían elementos suficientes que dieran certeza, teniendo como consecuencia que se rechazaran los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo que se había presentado el 25 de septiembre de 2019.

También refirió que este hecho implicó una planeación inmediata y eficiente para llevar a cabo la ejecución de los trabajos encomendados, toda vez que el plazo improrrogable otorgado para efectuar esta importante labor fue un reto. “Se recurrió al propio capital humano del ente fiscalizador, servidores públicos a los que quiero agradecer y reconocer el gran esfuerzo y profesionalismo con el que se condujeron aportando su experiencia y dedicación”.

Manifestó que esperarán la determinación del Pleno de la LXV Legislatura para continuar el proceso establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “lo que nuevamente representará un importante compromiso pues el proceso será concurrente con la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, pero el mismo se afrontará con la confianza de que el Orfis cumplirá en términos de ley”.

A este acto asistieron las diputadas y diputados Mónica Robles Barajas, secretaria de la Comisión de Vigilancia, así como Deisy Juan Antonio, Henri Christophe Gómez Sánchez, Érika Ayala Ríos, Florencia Martínez Rivera, Wenceslao González Martínez, Bingen Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Alexis Sánchez García, Rodrigo García Escalante y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, como vocales.

Cabe señalar que, al recibir esta nueva valoración y con fundamento en el resolutivo segundo del Decreto 295, la Comisión de Vigilancia tiene 15 días hábiles para elaborar el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del Pleno.