El pleno de la LXV legislatura del Congreso del Estado, aprobó con 45 votos el dictamen
presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y Hacienda del Estado referente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto
que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 72 de la Constitución Política del
Estado, enviada a esta Soberanía por el titular del Poder Ejecutivo estatal, el ingeniero
Cuitláhuac García Jiménez.
En la propuesta presentada el pasado 28 de enero, se establece que los ingresos que
reciban las dependencias centralizadas y entidades paraestatales en concepto de
derechos, aprovechamientos y productos, deberán ingresar a la Oficina Virtual de
Hacienda (OVH), de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y establecer
reglas especiales respecto del Presupuesto de Egresos, con la finalidad de cumplir con el
principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de
recursos disponibles.
Todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, deberán ingresar a la Secretaría
del Despacho competente en materia de Finanzas, salvo en los casos que establezca
esta Constitución y las leyes.

Todos los ingresos derivados de derechos,
aprovechamientos y productos que tengan las dependencias centralizadas o entidades
paraestatales en ejercicio de sus atribuciones deberán ingresar a la oficina virtual de
hacienda de esa Secretaría.

Las finanzas públicas del Estado, deberán estar apegadas a un criterio de racionalidad y
de estricta disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel de gasto que se
establezca en el presupuesto de egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos para
el mismo ejercicio fiscal, con el propósito de mantener la sostenibilidad del balance
presupuestario, atendiendo a las reglas especiales establecidas para ello.
En el caso de órganos, organismos autónomos del Estado, o entes públicos que tengan
asignados porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su
cálculo será el total de los ingresos de libre disposición.

En el mismo sentido, cuando las participaciones federales anuales al Estado se vean
afectadas durante el ejercicio fiscal en curso, Sefiplan hará los ajustes en las
ministraciones estatales correspondientes a las dependencias centralizadas y entidades
paraestatales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y
demás entes públicos, en la misma proporción y periodicidad que lo haga la Federación.

Por excepción, ante situaciones financieras extraordinarias o imprevistas de carácter
general que disminuyan los ingresos estatales, declaradas y fundamentadas por el Poder
Ejecutivo o el Congreso del Estado, previo a la aprobación al presupuesto de egresos,
podrá realizar los ajustes necesarios a efecto de cumplir con los principios de balance
presupuestario de recursos disponibles.
Las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública
estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes
públicos que ejerzan recursos y no hubieran devengado al 31 de diciembre del
correspondiente ejercicio fiscal, deberán reintegrarlos a Sefiplan dentro de los 10 días
hábiles siguientes al cierre del ejercicio.

Mediante una Iniciativa, la diputada Deisy Juan Antonio propuso la creación de la Ley de
Junta de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo propósito principal es promover la participación
activa de la ciudadanía organizada representada en las instituciones gubernamentales.
Durante la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, se puso a consideración del pleno la propuesta
de la legisladora, que parte de la necesidad de generar y aplicar mecanismos para
asegurar una gobernabilidad bajo los principios de inclusión social, pluralidad y
conciliación.

Plantea que la Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras de la Secretaría de Gobierno
del Estado, que tiene la finalidad de fomentar el desarrollo de las comunidades
veracruzanas, se encargue de organizar, capacitar, dirigir e instrumentalizar mecanismos
de inclusión y contraloría social entre las Juntas de Mejoras Municipales.

Esta Coordinación Estatal, según la propuesta, tendrá como encomienda promover y
fortalecer los valores cívicos y culturales, mediante la construcción de una estructura de
participación social cuyo alcance incluya fomentar mejores niveles de vida en las
comunidades del estado.
Las acciones que se promueven en la Iniciativa, de acuerdo con su promovente,
fortalecerán la coordinación entre el gobierno estatal y los ayuntamientos en la
elaboración y ejecución de proyectos de carácter material y económico.

La propuesta,
además, privilegia la cultura de la gestión y la vinculación de los tres poderes del Estado
en los distintos órdenes de gobierno, con los sectores privado y académico.
Busca también generar objetividad, transparencia, imparcialidad y certeza jurídica en la
conformación de las Juntas de Mejoras, y comprende la conformación de mecanismos de
inclusión social que fortalezcan la fiscalización tanto de las Juntas de Mejoras como del
Gobierno del Estado, tratándose de obras y acciones realizadas.
La referida ley consta de seis capítulos: I. Disposiciones generales, II. De la Coordinación
Estatal de las Juntas para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades, III.

De las Juntas
de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades, IV. De las atribuciones de
los integrantes de las mesas directivas de las Juntas para el Desarrollo y Bienestar de las
Comunidades, V. Del patrimonio de las Juntas de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar
de las Comunidades y VI. De las responsabilidades y sanciones.

Esta Iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó al Pleno de la LXV Legislatura una
propuesta de reforma a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del
Estado que tiene como finalidad establecer que las autoridades estatales y municipales
deberán incorporar en todas las transmisiones en vivo que realicen el recuadro destinado
para la interpretación del contenido a lengua de señas mexicana.

En su participación, la diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN)
señaló que, además, con esta propuesta se busca incorporar a los organismos públicos, a
los que la Constitución Local otorga autonomía. “Así todas las personas pueden acceder
a la información que generan el Organismo Público Local Electoral, el Tribunal Electoral
de Veracruz, la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros”.

De esta manera, las autoridades estatales y municipales deberán garantizar la
accesibilidad a la información, para ello, todas las transmisiones en vivo en los medios de
comunicación televisiva, plataformas digitales o redes sociales de tipo audiovisual que
difundan; deberán proyectar, de manera simultánea, un recuadro que incluya la
interpretación en lengua de señas mexicana.
El recuadro para la interpretación en lengua de señas se ubicará en la parte inferior
derecha de la pantalla, ocupando al menos una sexta parte de ésta.
La imagen del intérprete debe abarcar desde la cabeza hasta la cintura y debe contar con
espacio a los lados y por encima de la cabeza a fin de que la visibilidad de las señas no
sea eliminada o disminuida, respetando los Lineamientos del Instituto Federal de
Telecomunicaciones en la materia.

Al participar en la sexta sesión, la legisladora puntualizó que las barreras de
comunicación impiden a las personas con discapacidad auditiva comprender
adecuadamente los mensajes que reciben, ocasionando aislamiento de los grupos
sociales en que se desarrollan y segregándolos de la sociedad en general, lo que resulta
en un acto de discriminación masiva, al ser excluidos de los mensajes de comunicación
oficial de los distintos espacios del poder público.

Recordó que, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica de 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), 6.3 por ciento de la población son consideradas como personas en situación de
discapacidad, de los cuales presentan discapacidad auditiva el 18.4 por ciento, esto es,
un millón 449 mil 516 personas.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Debido a que el turismo es un motor que moviliza la economía del país y procura mejores
condiciones de vida para la población, el diputado Alexis Sánchez García presentó al
Pleno una iniciativa con la cual propone que el Fondo de Garantía para la Promoción de
la Actividad Turística y Cultural del Estado, se destine a la inversión física con un impacto
social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.
En su propuesta, el legislador plantea reformar diversas disposiciones de la Ley de
Turismo del Estado de Veracruz para implantar programas de fomento y desarrollo del
turismo en la generación de micro, pequeñas y medianas empresas turísticas y culturales
en la entidad.

De acuerdo al diputado del Grupo Legislativo Mixto MC-PRD y el Diputado Sin Partido los
recursos del citado Fondo de Garantía serían distribuidos de conformidad con los
lineamientos que apruebe la Comisión Ejecutiva para el Fomento del Turismo de
Veracruz, a propuesta de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado (Sectur), teniendo
como objetivo apoyar a los municipios con vocación turística, con inversión física, impacto
social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.

Lo anterior, deberá incluir: la construcción, remodelación y equipamiento de centros
escolares; la pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la
instalación y mantenimiento de alumbrado público; la construcción y/o rehabilitación de
rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras
de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire; en tres otras
obras tendientes al mejoramiento de la salud pública y para el fomento a la vivienda
digna.

Al participar durante la sexta sesión ordinaria, el legislador Alexis Sánchez manifestó que
para determinar en qué municipios deba aplicarse, se utilizará la información disponible
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en los registros estadístico de
producción turística que para tales efectos elabore anualmente la Sectur.
Subrayó que estas modificaciones son necesarias ya que la mayoría de los municipios
turísticos, más que una derrama económica.

“Sufren un efecto embudo, por el que el
grueso de los ingresos que genera el sector turístico se concentra en algunas zonas de
las poblaciones, creando a su alrededor cinturones de miseria”.
El contenido íntegro de la iniciativa puede consultarse libremente en la Gaceta Legislativa
número 96, publicada en la página oficial www.legisver.gob.mx
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente Unidas de
Turismo y Hacienda del Estado.

Con el propósito de ampliar los supuestos de configuración del delito de feminicidio en la entidad, el Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó la iniciativa de decreto que reforma las fracciones I y V y que adiciona la fracción V Bis al artículo 367 Bis del Código Penal para el Estado de Veracruz.

El texto de la iniciativa refiere que el fenómeno de la violencia feminicida debe ser combatido en diversos frentes, pues como sociedad que aspira a la convivencia civilizada no puede ser indolente ni permitirse jamás la perpetuación de la normalización de las violencias contra las mujeres.

Añade que, por el contrario, deben reforzarse las acciones y políticas públicas, destinar los recursos materiales, financieros y humanos necesarios y, como lo propone la iniciativa, reformar el marco jurídico, todo ello orientado a hacer realidad la justicia, la igualdad y el derecho de las mujeres veracruzanas a una vida libre de violencia.

De esta manera, considera pertinente la incorporación al Código Penal de una nueva circunstancia que actualice la existencia de razones de género en la comisión del delito de feminicidio, consistente en el ocultamiento, la incineración o inhumación clandestinas, la colocación en lugares inaccesibles o la desintegración con cualquier tipo de sustancias, actos realizados sobre el cadáver o los restos mortales de la víctima.

Previamente, expone que la violencia feminicida es definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Agrega que esto es un fenómeno inaceptable en cualquier Estado democrático, porque surge de actos de discriminación y poder, fomentados desde las propias estructuras sociales.

Asimismo, detalla que el incremento en el número de feminicidios en México y Veracruz en los últimos años es una constante llamada de atención no sólo a las autoridades en materia de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia, sino también para todo el conjunto social. “Pues no podemos permitir que este flagelo siga avanzando y cobrando cada vez más víctimas ni que ante su recurrencia se genere la normalización de ese tipo de violencia”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura un decreto que reforma el primer párrafo y las fracciones IV y V del artículo 21; y se adiciona la fracción VI al artículo 21, de la Ley de Educación del Estado de Veracruz para que las autoridades estatales y municipales garanticen en forma permanente el acceso, disposición y saneamiento del agua en los planteles educativos.

En su intervención en tribuna, la legisladora señaló que el objetivo de su propuesta radica en que las escuelas se encuentren en condiciones de sanidad óptimas para un buen desempeño escolar, “que todas las niñas, niños y jóvenes que asistan tengan acceso al agua potable y al saneamiento, entendiéndose este como las instalaciones, tecnología y servicios básicos que permitan tener un medio ambiente limpio y sano”, destacó.

Asimismo, enfatizó que en el marco de la pandemia por COVID-19, la estrategia inicial de la Secretaría de Educación Pública fue la suspensión de clases presenciales en los niveles básicos, media y media superior, implementando clases en línea y por televisión, a efecto de llevar educación a miles de niñas y niños mexicanos hasta los rincones más alejados de nuestro país.

Sin embargo, continuó, se ha anunciado por parte de esta misma Secretaría que para el 10 agosto las y los niños de este país iniciarán este nuevo ciclo escolar de manera presencial, dependiendo del semáforo epidemiológico que emitan las autoridades de salud y con base en un protocolo para evitar contagios.

La representante del distrito XXIV de Santiago Tuxtla, detalló que entre los puntos del protocolo para el reinicio de clases presenciales en la nueva normalidad, se contempla garantizar el acceso a jabón y agua o gel antibacterial en la institución educativa, por lo que será necesario establecer las garantías procurando el bienestar de los estudiantes veracruzanos.

En este sentido, añadió, todas las escuelas de la entidad deberán contar con acceso a agua y salubridad, toda vez que son fundamentales para el desarrollo y el bienestar humano.

Finalmente la legisladora puntualizó que “el derecho al acceso al agua debe ser incluido en las leyes educativas tanto federales como estatales, pues siendo un derecho humano de las y los estudiantes, el Estado debe asegurar la dotación de este vital líquido para un buen desarrollo educativo y para el cuidado de su salud de niñas, niños y jóvenes”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión permanente de Educación y Cultura, para su estudio y dictamen.

El diputado José Andrés Castellanos Velázquez, presentó una Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Veracruz con el propósito de incluir la educación financiera en los planes de estudio desde educación primaria a educación media superior, garantizando los conocimientos necesarios para un buen manejo de los recursos financieros que evite mecanismos informales que comprometan el patrimonio futuro de las niñas, niños y jóvenes veracruzanos.

La iniciativa señala que una sociedad educada es uno de los pilares fundamentales para el progreso como nación, para el desarrollo humano de quienes la integran, y del crecimiento y desarrollo económico del país, por lo que es necesario que la sociedad comprenda los instrumentos financieros para lograr estos objetivos.

Debe entenderse como educación financiera, al proceso por la cual se adquieren conocimientos de los diferentes productos y servicios financieros, así como sus riesgos, beneficios, además de desarrollar habilidades que permiten una mejor toma de decisiones en la gestión de las finanzas personales.

En mismo sentido se destaca, que debe desterrarse la idea que sólo empresarios, comerciantes o inversionistas, conocen el manejo del dinero para el ahorro o para invertirlo, “por lo que es necesario incentivar de manera formal la cultura del ahorro y del conocimiento de las finanzas básicas para elevar la calidad de bienestar social y económico de la población.

De esta forma, la iniciativa propone reformar las fracciones VI, VII y VIII del Artículo 101, el Artículo 104, las fracciones VI y VII del Artículo 109; se adiciona la fracción IX al Artículo 101, la fracción VIII al Artículo 109 y el capítulo XVI BIS todos de Ley de Educación del Estado de Veracruz, para que los educandos adquieran conocimientos en esta materia.

La educación financiera que se impartiría en las instituciones educativas estará basada para nivel primaria y secundaria en fomentar el ahorro, además de generar en las y los jóvenes conocimientos de finanzas personales; en cuanto a la educación media superior se priorizará, conjuntamente de los puntos anteriores, la generación de conocimientos sobre el uso de instrumentos financieros, enseñanza de matemáticas financieras y fomento a la inversión.

Estas nuevas estrategias podrán generar conocimientos básicos de finanzas en nuestras niñas, niños y adolescentes que fomenten la cultura del ahorro, que conozcan cómo y cuándo gastar, utilicen mecanismos financieros para invertir sus ahorros, así como saber el uso de las tarjetas de débito y crédito, y demás instrumentos del sistema financiero.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen.

La Coordinación de Trabajo Social de la Oficina de Representación en Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha intensificado las estrategias de atención durante la emergencia sanitaria, lo cual se ve reflejado en más de 73 mil acciones que han beneficiado a sus derechohabientes.

Las actividades que desarrolla el personal que integra Trabajo Social, no sólo se centran en la intervención de situaciones que enfrentan los pacientes y sus familiares, también cumplen la función de detectar necesidades, con el objetivo de trasformar un entorno de adversidad e incertidumbre, en un ambiente de confianza y tranquilidad.

‘‘Mi labor durante la pandemia, ha sido un gran reto porque es la primera vez que me enfrento a un problema así, nuestras funciones principales con los familiares de los pacientes, es apoyarles y orientarles sobre los procesos que llevamos a cabo’’, comentó Alejandra Ariyama Castañeda, trabajadora social del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11.

De las acciones realizadas por Trabajo Social, cabe destacar que se han impartido mil 711 sesiones educativas sobre temas relacionados con la COVID-19, se ha informado a 18 mil 371 derechohabientes y entrevistado a 19 mil 380 sobre la enfermedad ocasionada por el coronavirus.

Asimismo, el personal de esta área ha brindado 21 mil 495 atenciones a familiares, en filtros de acceso, y aplicado dos mil 982 protocolos de seguimiento a pacientes crónico degenerativos.

Santiago Tuxtla, Veracruz., 11 de Julio de 2020.- Al acompañar al secretario de Gobierno, ingeniero Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en el arranque de la construcción del Puente Río Grande, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que las acciones de la Cuarta Transformación resuelven los añejos problemas y necesidades de las comunidades más abandonadas.

«Reconocemos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez porque donde unos sólo vinieron a pedir votos, él está haciendo las obras y acciones que por décadas demandó la población más necesitada», fueron las palabras del legislador de MORENA.

Junto a su compañera diputada Brianda Kristel Hernández Topete y al presidente municipal de Santiago Tuxtla, Argeniz Vázquez Copete, el también coordinador del Grupo Legislativo de MORENA dijo que el Gobierno de Veracruz trabaja de forma cercana y coordinada con los 211 municipios y el Consejo Municipal de Mixtla de Altamirano, pues los proyectos de obra benefician por igual todas las regiones de la entidad.

«La gestión de nuestro gobernador es histórica, porque nunca se había visto que una administración estatal hiciera tantas acciones de beneficio directo a la ciudadanía, siendo evidencia de que el Gobierno del cambio ha cumplido su palabra», expresó Gómez Cazarín.

Respecto al inicio de la rehabilitación del «Puente Río Grande», el diputado adelantó que se beneficiará a más de 60 mil personas, ya que es un paso obligado para comerciantes, agricultores y familias de las localidades de Santiago Tuxtla, así como de municipios vecinos.

«Este puente tenía un deterioro impresionante, con la rehabilitación servirá como una vía de acceso rápida y segura para la ciudadanía, por ello agradecemos al gobernador Cuitláhuac García de que se cumpla un compromiso más», concluyó el representante popular del Distrito XXV (San Andrés Tuxtla).

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), por el cual se determina la existencia de dos vacantes
definitivas de magistraturas del Poder Judicial del Estado, al aplicarse el retiro forzoso, por
haber cumplido los 70 años de edad, a los ciudadanos Roberto Dorantes Romero y Marco
Antonio Lezama Moo.
Por ende, y a través del numeral segundo, se establece que esta Soberanía determina
iniciar de manera oficiosa el procedimiento contemplado en el artículo 205 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el fin de cumplir lo exigido por la Constitución
Política local.

De igual forma, este Congreso exhorta al titular del Poder Ejecutivo a cumplir la
Constitución acatando lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 59 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz y por la fracción III del artículo 205 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, e inicie el procedimiento de nombramiento de los magistrados,
enviando a esta Legislatura la propuesta respectiva, para que, a su vez, esta Soberanía
pueda cumplir con el mandato legal y proceda a nombrar a magistrados del Poder Judicial
del Estado.

Asimismo, este Poder Legislativo exhorta al Poder Judicial para que acate las
consecuencias jurídicas y administrativas del presente, particularmente que garantice la
pensión, jubilación y haber de retiro que en derecho proceda, pues es evidente que la
declaración de vacancia se hace en beneficio de quienes han servido al Poder Judicial fiel
y eficazmente y se encuentran de manera objetiva en un punto en el que ha quedado
demostrado su compromiso y entrega a la función judicial.
Previamente y debido a la conclusión del periodo de diez años, el Pleno determinó no
ratificar a los ciudadanos Fernando Charleston Salinas, Gladys de Lourdes Pérez
Maldonado, Edel Humberto Álvarez Peña y Víctor Manuel César Rincón, como
magistrados del Poder Judicial para un segundo periodo de cinco años, previsto en la
Carta Magna estatal.

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura un
Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que exhorta al Cabildo del Minatitlán a atender
la problemática en materia tributaria por la contribución del uso y disfrute del derecho del
agua de los pobladores de la localidad, en el contexto de la contracción económica ante la
actual contingencia sanitaria por Covid-19.

Asimismo, realizó un llamado a la Tesorera de este municipio para poder generar un
esquema financiero que prevea y dé solución a esta problemática, además solicitó al
Director Municipal de Agua y Alcantarillado de esta ciudad, a que informe, sobre el
consumo de agua y si éste ha incrementado a partir de la contingencia sanitaria,
elaborando un padrón y proyecto, coadyuvando a la solución de este conflicto.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que ante el contexto que se vive por la
pandemia generada por Covid-19, es necesario tomar conciencia sobre la importancia del
suministro de agua a los hogares y negocios, toda vez que el lavado correcto de manos
es una de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, continuó, esta situación también ha generado que se incremente el uso del
vital líquido, incidiendo directamente en el alza del cobro, circunstancia que afecta la
economía de la población que al no poder cumplir con el pago correspondiente, los deja
en estado de indefensión ante la posibilidad de corte en el suministro.

“A fin de que se apoye a la economía familiar, y de los pequeños negocios que han
resultado afectados por el aislamiento social por esta pandemia, exhorto a que se
condone el cobro por el servicio de agua potable en el municipio de Minatitlán, medida
que debe ser aplicada urgentemente”, enfatizó Ramírez Cisneros.
Asimismo, la representante del distrito XXVIII de Minatitlán indicó que el Cabildo de este
municipio está facultado para emitir el acuerdo de subsidio sobre el rubro referido, “pues
recientemente ha sido municipalizada el agua, lo que da margen a ser una medida de
carácter urgente y pronta resolución, sin que obste que haya sido aprobada con
anterioridad la ley de ingresos de dicho Ayuntamiento, pues estamos en presencia de una
causa justificada para su modificación”, dijo.

Finalmente, puntualizó la legisladora, con estas medidas se podrá implementar un método
para que los usuarios puedan acceder a ese beneficio por un periodo determinado, así
como aquéllos usuarios que ya estén en mora, les sean condonados los créditos fiscales
que se hayan generado por el retraso o la falta de pago del servicio.

Piden diputada atender problemática por
costos excesivos de agua en Minatitlán

En representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada Judith
Pineda Andrade presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a diversas
autoridades en materia de acciones en combate a la violencia feminicida.
En su intervención, solicitó la implementación de las acciones necesarias a fin de
garantizar la viabilidad financiera para la operación de las Alertas de Violencia de Género
declaradas en Veracruz, así como el correcto funcionamiento de todos los Refugios para
la Mujer en la entidad.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del año, la legisladora
expuso que las diferentes modalidades y expresiones de esta violencia impiden el
desarrollo de las mujeres y las niñas, menoscaban su libertad y derechos, limitan el pleno
desarrollo de sus capacidades y su participación política, económica y social.
Desde la tribuna, la legisladora señaló que “la violencia contra las mujeres y las niñas es
inaceptable.

Se puede prevenir y ponerle fin, pero necesitamos que nuestras autoridades
volteen a ver la problemática y dejen a un lado sus discursos políticos para
verdaderamente enfrentar el problema”.

Esto, agregó Judith Pineda Andrade, nos convoca a la acción colectiva, por lo que
“seguiremos trabajando desde nuestras atribuciones reafirmando así nuestro compromiso
para hacer realidad el acceso de todas las mujeres y las niñas a una vida libre de
discriminación y violencia, para lograr la igualdad de género en todas las dimensiones del
desarrollo humano, porque es urgente y necesario para alcanzar el bien común”.

La LXV Legislatura aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por
el cual se exhorta a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para que, como ente
rector del Sistema Educativo Veracruzano, conjunte, dialogue y en su caso, celebre
convenios con las instituciones públicas, privadas y autónomas de Educación Superior,
con sede en la entidad, con la finalidad de homologar el costo de titulación en todo el
Estado.

Este Acuerdo es resultado del anteproyecto presentado el pasado 12 de mayo por la
diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN).
La Jucopo refiere que la propuesta analizada demanda atender en Veracruz uno de los
problemas por los cuales los estudiantes no completan la etapa final de sus estudios
universitarios: el alto costo de titulación, así como la disparidad de precios, dependiendo
de la institución académica de que se trate.

Asimismo, refiere que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior determinó que el promedio nacional de eficiencia terminal referida a
la titulación de las y los egresados era del 56 por ciento.

Esto revela que 4 de cada 10
estudiantes que concluyen sus estudios no realizan los trámites correspondientes para la
obtención de su título, añade.
Se pretende –agrega- que mediante la suscripción de convenios, la SEV convoque a las
universidades en el Estado para homologar un costo único de titulación del nivel
profesional en la entidad, que contemple la obtención del título y el certificado de estudios,
con el fin de favorecer y proteger la economía de los estudiantes, garantizándoles concluir
sus estudios de manera completa y satisfactoria.
-Crean Comisión Especial para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad A propuesta de la diputada Montserrat Ortega Ruiz, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó
el acuerdo de la Jucopo, por el cual se crea la Comisión Especial para la Atención e
Inclusión de Personas con Discapacidad, misma que tendrá como objetivos el impulsar la
debida y oportuna atención a una parte de la población que requiere leyes, acciones y
programas de gobierno permanentes, que les garanticen el pleno ejercicio de sus
derechos humanos y su incorporación a la vida social y productiva.
Esta instancia legislativa quedó conformada por la diputada Montserrat Ortega Ruiz, como
presidenta; el legislador Jorge Moreno Salinas, secretario, así como Florencia Martínez
Rivera y Alexis Sánchez García, vocales.

Esta Comisión Especial será el enlace entre los integrantes de ese sector de la población
y las instituciones públicas, a efecto de propiciar mejores condiciones para su desarrollo,
así como promover y garantizar el goce pleno de todos sus derechos humanos, en
concordancia con lo señalado en los diversos tratados internacionales suscritos por el
Estado mexicano, refiere el acuerdo.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de Veracruz aprobaron el dictamen,
resultado de la iniciativa presentada el pasado 12 de mayo por la Comisión Permanente
de Educación y Cultura, en voz del diputado León David Jiménez Reyes, por el cual se
reforman los artículos 10 y 16 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, a fin de
armonizar diversas disposiciones de la Carta Magna local a la llamada reforma educativa,
aprobada por el Congreso de la Unión en 2019.
Durante la quinta sesión ordinaria, del segundo periodo ordinario de sesiones, fue
aprobado este dictamen con 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

La Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, instancia dictaminadora,
refiere que uno de los propósitos de esta reforma es coincidente también con los objetivos
de la Nueva Escuela Mexicana, caracterizada por una estructura abierta que integra a la
comunidad, pero sobre todo que prioriza la atención de poblaciones en desventaja, con la
finalidad de brindar los mismos estándares, para garantizar las mismas oportunidades de
aprendizaje a todas y todos los mexicanos.
Asimismo, coincide en cuanto al impulso de acciones que mejoren las condiciones de vida
de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario.
De esta manera, se establece en el artículo 10 que todas las personas tienen derecho a
recibir una educación inclusiva, y laica.

El Estado y los municipios la impartirán en forma
pública y gratuita. La inicial, la preescolar, la primaria y la secundaria conforman la
educación básica; ésta y la media superior son obligatorias.
La educación superior se regirá y será obligatoria en términos del artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La educación inicial es un
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones del Estado, de los
municipios, sus entidades descentralizadas, las instituciones de educación superior
dotadas de autonomía conforme a la ley como la Universidad Veracruzana y los
particulares que impartan educación, en los términos que fije la ley.
Se incorpora al texto constitucional que las instituciones de educación superior del Estado
dotadas de autonomía conforme a la Ley, como la Universidad Veracruzana (UV), tendrán
la facultad de auto gobernarse, expedir su reglamentación y nombrar a sus autoridades;
realizarán sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las
funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de
cátedra, de investigación, de libre examen y discusión de las ideas.

En el caso de la UV, el presupuesto asignado no podrá ser menor al cuatro por ciento del
total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el
cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca
la legislación aplicable y, en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior
al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.

Por último, se establece como responsabilidad para las madres y los padres de familia o
tutores, de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas
para recibir la educación obligatoria en los términos de la Constitución, así como participar
en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su
bienestar y desarrollo.
Cabe destacar que previo a la discusión de este dictamen, el Pleno avaló el
procedimiento especial de reformas constitucionales, por lo que, tras ser aprobado por el
Pleno, se remitirá el decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial
del Estado.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado León David Jiménez manifestó
que al armonizar su Constitución Local con la Federal, Veracruz sienta las bases para
implementar, “lo que será una reforma de gran calado, que se distinguirá por desarrollar
principios diseñados para garantizar la obligatoriedad y universalidad de la educación”.
En la discusión en lo general y particular participaron el diputado Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos y la legisladora Ivonne Trujillo Ortiz, quienes manifestaron sus posturas a favor.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron diversas reformas mediante
las cuales se incorpora al Código Civil del Estado de Veracruz la figura jurídica
denominada “Derecho a la Superficie”, misma que otorgará mayor certeza a las y los
veracruzanos.

El referido dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, determina que se trata de un derecho real, al tratarse de bienes y no de
relaciones entre personas, toda vez que busca atribuir a una persona los derechos de
propiedad sobre bienes incorporados a él a un terreno que no es suyo, más nunca en el
terreno el cual continuará en el poder jurídico de su titular.

Otra de las características, expone el dictamen, es que solo puede crearse de acuerdo a
voluntades con la consigna positiva de ambas partes, y que puede constituirse a título
oneroso o gratuito, tratándose de un derecho temporal, sin excepción.

Al incorporarse el Derecho de Superficie en la legislación civil veracruzana se abre la
posibilidad de poder resolver conflictos particulares, permitir asociaciones en negocios, en
zonas urbanas o rurales y dar forma a proyectos inmobiliarios.

La incorporación de esta figura jurídica estará dada en el libro Segundo del Código Civil,
relativo a “Los Bienes”, donde se prevén las características, clasificaciones que regulan la
posesión, así como la propiedad, insertándolo en el título Quinto referente a la regulación
de los diversos derechos de “Usufructo, Uso y Habitación”.
El dictamen fue aprobado por 45 votos, sin abstenciones o votos en contra.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de iniciativa
ante el Congreso de la Unión, por el cual se propone reformar el artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer que el juez
deberá ordenar la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de casos de abuso o
violencia sexual contra menores o personas que no tengan la capacidad de comprender
el significado del hecho o por cualquier causa no puedan resistirlo.

Este dictamen es resultado de la iniciativa presentada el pasado 12 de mayo por las
diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los
legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del Grupo
Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de
México (PRI-PVEM).

Puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, este dictamen registró 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en
contra.
De esta manera, la LXV Legislatura del Estado de Veracruz propone al Congreso de la
Unión la modificación al citado artículo a fin que puedan imponerse medidas más severas
a las personas que vulneren los derechos a la libertad y la seguridad sexual y al libre
desarrollo de la personalidad de quienes, aun cuando no sean menores de edad, carecen
de la capacidad de comprensión o resistencia de la conducta, refiere el documento.

Conforme al procedimiento legislativo este decreto fue enviado a la Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz para su publicación y asimismo se instruyó remitirlo a la LXIV
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión para el trámite respectivo.

En México se cuenta con un parque vehicular de acuerdo con datos del INEGI, de
aproximadamente 33 millones 200 mil 156 automóviles, a lo largo y ancho del territorio
nacional, lo que ha hecho que la industria automotriz crezca exponencialmente, no
simplemente por la importación, sino que estratégicamente el país se ha convertido en
productor de automotores en la región meridional de América del Norte continental, dijo la
diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, integrante del Grupo Legislativo de Morena,
de la LXV Legislatura estatal.

Esta producción manufacturera ha cambiado sustancialmente, agregó, “la forma de vida
en todos los continentes del mundo, puedes adquirir un vehículo automotor, es tan fácil
como ir a una agencia automotriz que se encuentran en las avenidas principales de
cualquier ciudad, e incluso lotes donde se venden carros de segunda mano”; al presentar
ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Párrafo
Segundo del artículo 148 de la Ley de Tránsito y Seguridad vial para el Estado.

Dado lo anterior, señaló la diputada, la nueva ley de Tránsito del Estado, debe contemplar
en su totalidad, la figura del solidario responsable, en aquellos casos donde un menor o
un adulto manejan un vehículo automotor sin tener los debidos permisos expedidos por la
autoridad correspondiente, en esos casos en que se comete una falta administrativa, se
configura una acción por omisión por parte de quien conduce, actualizándose la
solidaridad económica para pagar las debidas multas y faltas administrativas por quien
ostenta la calidad de legítimo dueño del automotor.

En Veracruz, agregó, existen un total de 1 millón 951 mil vehículos en circulación, por lo
que, obtener recursos por faltas administrativas a las leyes de tránsito debe convertirse en
eje de la prosperidad y en un ejercicio responsable de la mayoría de edad. Velando en
todo momento por la salud y la vida de las personas, mediante un control social
económico, y no meramente penal, haciendo más viable el ejercicio del tránsito local.

Destacando que con esta Iniciativa se plantea que los padres, tutores, o cualquier
persona, se pueda hacer responsable de los costos, en caso de que se actualice una
infracción en los términos del artículo 148 de la referida Ley. “El grado de la infracción, es
evaluado a través de la peligrosidad que pueda ocasionarse, una vez la acción se esté
ejecutando en la vialidad, lo que puede generar accidentes que pongan en riesgo las
integridades personales”.

Por ello, enfatizó, es importante construir un modelo educativo vial, reduciendo
drásticamente los accidentes en la vía pública, recordando a los tutores y a los
conductores que, el precio a pagar, no es meramente económico, sino en muchas
ocasiones es la vida de los seres humanos dentro del vehículo o los transeúntes.
Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Párrafo Segundo del
artículo 148 de la Ley de Tránsito y Seguridad vial para el Estado, fue turnada a la
Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.

La diputada Florencia Martínez Rivera, integrante del Grupo Legislativo de Morena, en la
LXV Legislatura, del Congreso del Estado, presentó al Pleno una Iniciativa, con carácter
ante el Congreso de la Unión, que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir el delito de sustracción
de menores, entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Actualmente, -señala en su texto la legisladora- la retención y sustracción de menores
constituye un comportamiento delictivo que atenta contra el interés superior del menor,
vulnerando los derechos de las niñas y niños a tener un sano desarrollo integral de su
personalidad, a vivir en condiciones de bienestar y a convivir de forma libre, plena y
armoniosa con ambos progenitores aun después de una ruptura matrimonial o
sentimental.
Destacó que en México este delito está tipificado y sancionado en los códigos penales de
las entidades federativas y en el Código Penal Federal; en cada estado existen diversas
definiciones del delito. “Por ejemplo, en Veracruz, el delito de sustracción de menores se
actualiza cuando un familiar o la madre, o el padre del menor, lo sustraen, sin causa
justificada o sin orden de la autoridad competente, de la custodia o guarda de quien
legítimamente la tiene por hecho o por derecho”.

Dijo que la preocupación principal del legislador, al crear el delito, fue la de proteger a los
hijos menores de edad, para evitar un desarrollo inadecuado de su personalidad
generado a raíz de un quebranto unilateral e ilegítimo del régimen de convivencia por
parte de uno de los progenitores.
“Es preocupante que cada año miles de niñas y niños en diferentes partes de la República
Mexicana sigan siendo separados intempestivamente y privados de convivir con sus
progenitores sin que estos sean castigados justamente ni mucho menos se garantiza la
reintegración pronta de los niñas y niños a sus hogares y a su entorno habitual del que
fueron sustraídos”, agregó.

Lo anterior, explicó, pone en evidencia, que hoy los medios establecidos en el derecho
positivo mexicano no están dando resultados óptimos para prevenir y solucionar este
problema, debido a que en la realidad, el familiar que sustrae al menor no forzosamente
es privado de su libertad como consecuencia de la conducta delictiva, ya que el delito de
sustracción o retención de menores no amerita prisión preventiva oficiosa, al no
encontrarse en el listado del párrafo segundo del artículo 19 de la Carta Magna.

Por ello, propuso reformar el citado artículo para que el delito de sustracción de menores
sea incluido en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, esto, como un
medio de prevención para disuadir a los posibles sustractores de realizar esta conducta y
garantizar la reintegración pronta de las niñas y niños a sus hogares y a su entorno
habitual del que son sustraídos.
Con esta Iniciativa el constituyente permanente tiene la oportunidad de seguir protegiendo
y garantizar los derechos de la niñez de forma integral y que no exista impunidad en este
tipo de conductas que dañan gravemente al núcleo familiar y a la sociedad: “México será
mañana lo que hoy hagamos por nuestras niñas, niños y jóvenes”; concluyó
Esta Iniciativa, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para el trámite legislativo correspondiente.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto
en materia de educación, por la que propone que las madres y los padres de familia
ejerzan el derecho de autorizar que sus hijas e hijos participen en la impartición de
materias, talleres o charlas, cuando éstos aborden contenidos relacionados con la
perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Diputado explicó que el PIN Parental es el
consentimiento que tiene como objetivo permitir a las madres y padres de familia, decidir
si sus hijos o hijas pueden recibir o no educación en temas de sexualidad, reproducción y
género en las escuelas, a nivel de primaria, secundaria y preparatoria.

El PIN Parental –abundó- consiste en recabar por escrito autorización expresa o
consentimiento informado a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad, previa a la
impartición de talleres, pláticas y similares, impartidos por la escuela y por organizaciones
ajenas al centro escolar, en los temas que ya hemos hecho referencia.
Por ello, “el carácter preferente y preponderante que tienen las madres y los padres en la
decisión del tipo de educación que habrá de darse a sus hijas e hijos debe entenderse
como un derecho humano inalienable, imprescriptible y no negociable con el Estado,
puesto que éste debe ofrecer una educación sustentada en principios científicos, no en
principios ideológicos o morales”.

De este modo, prosiguió, se busca que las madres y los padres de familia, que tienen
diversos criterios o convicciones, tengan la posibilidad de elegir el tipo de educación que
sus hijas e hijos pueden recibir; sin que el Estado pueda obligar a sus hijas e hijos a
participar en aquellas actividades curriculares o extracurriculares que actúen en contra de
sus principios.
Guízar Valladares añadió que el ejercicio del derecho a la educación es parte del
desarrollo de la personalidad y una contribución significativa al desarrollo del país y de la
sociedad en que vivimos.

Por esto, “existe una necesidad de que los sistemas educativos
no incurran en sesgos ideológicos y contenidos no aptos para las y los menores de edad,
de acuerdo con los criterios parentales familiares”.
Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 149,
así como una fracción X, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 171, ambos de la Ley
de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la que se adhirió la
diputada María Candelas Francisco Doce, fue turnada a las comisiones permanentes
unidas de Educación y Cultura y de Derechos de la Niñez y la Familia.

El diputado Raymundo Andrade Rivera, presentó ante la LXV Legislatura una Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II; y se adiciona un
párrafo a la fracción III, todas del artículo 205 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Veracruz, con el objeto de tener una mejor planeación y eficiencia en el
nombramiento de Magistrados del Poder Judicial del Estado.

Según la normativa actual, cuando la falta de un magistrado del Poder Judicial, de
temporal se convierte en definitiva o concluye su encargo en términos de ley, el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) lo da a conocer al Ejecutivo del Estado
para que este a su vez realice su propuesta de magistrado al Congreso del Estado y se
efectúe el procedimiento conducente.

Sin embargo, la presente iniciativa propone, que al saber las fechas concretas del retiro
forzoso de los magistrados, -al cumplir 70 años de edad, o haber concluido los 10 años de
ejercicio de su cargo sin ser ratificado- como se establece el artículo 205, existen áreas
para mejorar su eficiencia.
Se considera ocioso que el Poder Ejecutivo deba esperar la comunicación del Presidente
del TSJ, toda vez que se trata de hechos con fecha concreta, al ser el término en el que
se concluirán los 10 o 15 años, según sea el caso, en el cargo, o bien cuando el servidor
cumpla la edad máxima de acuerdo a su fecha de cumpleaños, refiere el texto de la
iniciativa.

En este sentido la propuesta dicta que cuando la vacancia definitiva surja de la hipótesis
de retiro forzoso contemplada por artículo 59 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz, el titular del Poder Ejecutivo estatal podrá enviar su propuesta al Congreso
desde un mes antes de la fecha del retiro, para que a su vez el Poder Legislativo verifique
a través de la Junta de Coordinación Política que reúna los requisitos necesarios para
ocupar el cargo, previa comparecencia del aspirante.

Asimismo, tanto el Tribunal o la Sala a la que pertenezca el Magistrado, así como el
Presidente del TSJ, comunicará de manera oficial cuando se trate de un motivo distinto al
retiro forzoso, para que se tomen las medidas pertinentes para la elección de Magistrado
que ocupe el cargo.
Para su estudio y dictamen, la propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno la iniciativa con proyecto de decreto
que busca adicionar una fracción al artículo 154 del Código Penal del Estado de Veracruz
para establecer que el aborto no será castigado cuando el embarazo sea resultado del
delito de pederastia, y así garantizar el derecho a la salud a este sector vulnerable.

La propuesta legislativa refiere que con la consolidación de esta reforma se contribuiría al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y las metas de
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).
Asimismo, indica, se generaría un marco normativo más amplio que dé como resultado la
certeza en la actuación de los servicios de salud, así como de las y los operadores de
procuración y administración de justicia.

“Es necesaria una revisión de las causales de no
punibilidad para acceder a la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes
víctimas del delito de pederastia”, argumentó.
La integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Movimiento Ciudadano y De
Revolución Democrática, y del Diputado Sin Partido (MC-PRD-DSP), informó que esta
iniciativa es el resultado del trabajo arduo implementado por el grupo de mujeres que
conforman la asociación civil Equifonía A.C. “A quienes reconozco porque desde su
conformación han buscado diseñar y establecer estrategias innovadoras en salud,
seguridad y justicia para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las
mujeres”, añadió.

Recordó los datos recopilados por el colectivo Equifonía A.C, los cuales registran que la
mayor cantidad de niñas abusadas sexualmente y obligadas a tener un bebé están en el
segmento de los doce años. De esto, están registrados 696 casos entre los años 2008 y
2018. En el mismo periodo, están las menores de once y diez años, con 300 y 223 casos,
respectivamente.

Destacó que la NOM-046-SSA2-2005, en su numeral 4.1 señala que el Aborto Médico,
“es la terminación del embarazo realizada por el personal médico, en los términos y
plazos permitidos, de acuerdo con la legislación local aplicable y previo cumplimiento de
los requisitos específicos establecidos en ésta”.

Lo anterior, añade, remite a lo señalado en el artículo 154 del Código Penal el cual señala
que el aborto no es punible cuando el aborto es causado por imprevisión de la mujer
embarazada; producto de una violación o inseminación artificial no consentida; cuando
esté en peligro la vida de la madre o que, a juicio de los médicos, exista razón suficiente
de que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser
con trastornos físicos o mentales graves y se practique con el consentimiento de la mujer
embarazada.

último, expone que esta iniciativa tiene como criterios orientadores el principio de no
discriminación y el del interés superior de la niñez, de acuerdo a los artículos 1o y 4o, de
la Constitución General de la República; cumpliendo con la obligación de crear leyes en
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Para su análisis, esta propuesta legislativa fue turnada a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales.

Con la finalidad de mejorar el desempeño legislativo y evitar cualquier conflicto de interés
en el desahogo de los dictámenes, el diputado José Magdaleno Rosales Torres presentó
ante el Pleno una iniciativa que prevé reformar la Ley Orgánica y el Reglamento para el
Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo.

La propuesta del integrante del Grupo Legislativo de Morena busca señalar que el
diputado o diputada no podrá participar en la discusión y dictaminación cuando la
iniciativa que presente sea turnada a la comisión o comisiones de las que forme parte.
En este sentido, el legislador detalló.

“Se hace evidente que al ser quien promueve, puede
agilizar el desahogo de la iniciativa para lograr el dictamen a favor, o retrasar otras que
contengan propuestas de reformas similares”.
Tras referir que con esta acción se violentaría la legislación interna, manifestó que un
caso distinto será cuando la totalidad de quienes integren una comisión permanente o
especial propongan la iniciativa.

“Por obviedad serán quienes dictaminen, pues hay un
acuerdo previo de entre todas y todos sus integrantes para dar curso a lo que en conjunto
se propone”, abundó.
Por otra parte, al participar durante la quinta sesión ordinaria, el diputado Rosales Torres
propone incorporar en el Reglamento la disposición para permitir el retiro de iniciativas o
anteproyectos con punto de acuerdo, antes de ser dictaminados, a través de un escrito
ante quien presida la comisión o la Junta de Coordinación Política, cual sea el caso.

“La reglamentación interna del Poder Legislativo tiene como propósito regular las
actividades, y funcionalidad, al interior de este órgano, por lo que esta iniciativa en nada
afectaría los derechos que como legisladoras o legisladores tenemos”, concluyó.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de
Gobernación.

Para evitar confusiones acerca de la conformación de los distritos electorales uninominales, que incluye el establecimiento de las demarcaciones territoriales y ya que es una materia en la que no pueden legislar las entidades federativas, el Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó al Pleno la iniciativa que busca abrogar la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz-Llave, para la elección del Poder Legislativo del Mismo.

En el texto de la propuesta, se establece que es necesaria la abrogación de la citada Ley, vigente desde el 14 de julio de 1988, debido a que carece de aplicación en el territorio estatal, al estar sus normas superadas constitucionalmente.

Refiere que esta Ley carece de positividad, toda vez que la determinación del número de distritos electorales locales y su integración ya no es ahora una atribución de las entidades federativas sino del Instituto Nacional Electoral (INE), como consecuencia de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, por el que fueron reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

En la citada reforma constitucional federal fue creado el INE, en sustitución del Instituto Federal Electoral, otorgándosele diversas atribuciones relativas no sólo a las elecciones federales sino también a las del ámbito local, y que anteriormente eran exclusivas de las entidades federativas, entre ellas, “La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales”.

Resulta indudable que la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz-Llave, para la elección del Poder Legislativo del Mismo no tiene aplicación alguna en la entidad, por las razones de incompetencia local para establecer la geografía electoral, así como por el hecho de que la determinación del número de distritos electorales, en lo que sí tienen atribuciones las entidades federativas, ya se encuentra prevista en la Constitución Política del Estado, detalla.

La iniciativa, autoría de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como de los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, fue

turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN), presentó una Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos finales al artículo 38 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz cuyo objetivo es regular la movilidad de niñas y niños abordo de motocicletas, anteponiendo su interés superior, su seguridad y la salvaguarda de su integridad física.

Con esta propuesta quedaría prohibido transportar en motocicletas, triciclos automotores y cuatrimotos a niñas y niños menores de 8 años de edad, aún cuando porten el casco protector.

En el mismo sentido, las niñas y niños de 8 a 16 años de edad, puedan ser pasajeros de motocicletas, siempre y cuando superen los 110 centímetros de altura, porten casco protector, no se exceda el número de pasajeros permitido en la unidad y el conductor del vehículo sea su padre o madre o tutor o tutora legalmente reconocidos o los autoricen de manera confiable.

Asimismo, excepcionalmente las niñas y niños de 8 a 16 años, podrán conducir motocicletas o cuatrimotos en áreas destinadas a la recreación familiar, siempre y cuando sean diseñadas y/o manufacturadas para su edad y desarrollo de conocimiento, las cuales deberán estar registradas ante la autoridad competente local, que verificará el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que resulten aplicables.

En entidades federativas como Jalisco, Yucatán y Ciudad de México, se han realizado adecuaciones a las leyes que regulan el uso de motocicletas, a fin de garantizar la seguridad de niñas y niños que son trasladados en ellas, refiere la iniciativa, pero con independencia de ello, se considera que en Veracruz se debe atender esta situación desde el ámbito legislativo.

La protección a los niños y jóvenes como sujetos vulnerables ha sido una de las premisas del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, para así poder garantizar su vida, desarrollo y libertades, añade.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su estudio y dictamen.

Reforzar la legislación estatal para evitar inequidad en el derecho a la salud y abusos científicos contra las comunidades indígenas es el propósito de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico.

De acuerdo con el proponente, el contenido de dicha iniciativa, puesta a consideración del Pleno durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional se encuentra fundado y motivado en el reclamo de la población indígena del estado.

Al recordar que el estado de Veracruz habitan un millón 24 mil 709 indígenas, es decir, 11 por ciento de la población total de la entidad, y que son 47 los municipios considerados indígenas en toda la entidad, el legislador consideró primordial proteger los derechos bioculturales de los pueblos indígenas, debido a que son desfavorecidos en el acceso a la salud, así como la protección a su patrimonio genético.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena dijo que “se tiene evidencia de que ya ha existido robo de material genético en diferentes nosocomios de la entidad como puede ser el Hospital de la Comunidad de Tlaquilpa y el Regional de Río Blanco”, por lo que enfatizó su propuesta de “integrar una restricción a la extracción ilegal de material genético de nuestra población indígena”.

Asimismo, habló de la necesidad de “coadyuvar con la autoridad de salud estatal, para ser plenamente responsables del cuidado de las enfermedades más frecuentes en las comunidades indígenas” y con ello evitar que se afecte y trasgreda la economía e integridad de las familias indígenas.

Esta iniciativa –dijo el legislador- busca el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas: náhuatl, huasteco, tepehua, otomí, totonaca, zapoteco, popoluca, mixe, chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco; así como a todos aquellos que estén asentados o que de manera temporal o definitiva sienten su residencia en Veracruz.

Para el trámite respectivo, dicha iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Asuntos Indígenas y de Salud y Asistencia.

Reforzar la legislación estatal para evitar inequidad en el derecho a la salud y abusos científicos contra las comunidades indígenas es el propósito de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico.

De acuerdo con el proponente, el contenido de dicha iniciativa, puesta a consideración del Pleno durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional se encuentra fundado y motivado en el reclamo de la población indígena del estado.

Al recordar que el estado de Veracruz habitan un millón 24 mil 709 indígenas, es decir, 11 por ciento de la población total de la entidad, y que son 47 los municipios considerados indígenas en toda la entidad, el legislador consideró primordial proteger los derechos bioculturales de los pueblos indígenas, debido a que son desfavorecidos en el acceso a la salud, así como la protección a su patrimonio genético.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena dijo que “se tiene evidencia de que ya ha existido robo de material genético en diferentes nosocomios de la entidad como puede ser el Hospital de la Comunidad de Tlaquilpa y el Regional de Río Blanco”, por lo que enfatizó su propuesta de “integrar una restricción a la extracción ilegal de material genético de nuestra población indígena”.

Asimismo, habló de la necesidad de “coadyuvar con la autoridad de salud estatal, para ser plenamente responsables del cuidado de las enfermedades más frecuentes en las comunidades indígenas” y con ello evitar que se afecte y trasgreda la economía e integridad de las familias indígenas.

Esta iniciativa –dijo el legislador- busca el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas: náhuatl, huasteco, tepehua, otomí, totonaca, zapoteco, popoluca, mixe, chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco; así como a todos aquellos que estén asentados o que de manera temporal o definitiva sienten su residencia en Veracruz.

Para el trámite respectivo, dicha iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Asuntos Indígenas y de Salud y Asistencia.

Para establecer expresamente en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz el concepto de Antecedentes de Salud como un factor de discriminación, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó una iniciativa que busca reformar los artículos 3 y 6 de la citada ley, con el objeto de evitar daños a quienes padecen o hayan padecido alguna enfermedad, más aun cuando se vive una pandemia, generada por el coronavirus, Covid-19.

Al presentar su propuesta, durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora indicó que se prevé señalar que se entenderá por discriminación a toda forma de preferencia, distinción, exclusión, restricción o rechazo, basada en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el sexo, la preferencia sexual, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de antecedentes, necesidades y problemas de salud o jurídica, entre otras.

Asimismo, se incorporaría como conducta discriminatoria el negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas mayores o por motivos de sus antecedentes de salud; difundir, sin consentimiento de la persona agraviada, información sobre sus antecedentes y su condición de salud, así como el estigmatizar y negar sus derechos a personas que viven con VIH/SIDA, o con antecedentes epidemiológicos.

En su intervención, la diputada del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, así como del Diputado Sin Partido (MC-PRD-DSP), subrayó que la pandemia, generada por el coronavirus, Covid-19, no tiene precedentes en el mundo, y que así como ha mostrado una rapidez considerable para propagar los contagios, de igual forma se ha podido atender y dar de alta a un número considerable de personas diagnosticadas con el virus y que, al ser atendidas oportunamente, han sido dadas de alta.

Sostuvo que estas personas tendrán el antecedente médico de haber sido portadoras del virus, lo que no debiera ser motivo de discriminación, en virtud de que, salvo que tengan otro padecimiento previo, son consideradas como personas sanas.

Destacó que no solamente debe evitarse la discriminación por motivos de problemas de salud ya superados. Los antecedentes de cualquier enfermedad o contagio adquirido que haya sido atendido y curado por ningún motivo deben motivar actos de discriminación.

“Habrá gente en todo el país que lograrán superar el contagio, pero lamentablemente podemos prever que persistirá entre un amplio sector de la población la desconfianza y la percepción que por haber sido portador de virus, una persona sigue siendo un potencial foco de contagio, aun cuando haya sido dado de alta médica”, abundó.

La iniciativa que reforma los artículos 3, y 6, fracciones XXX, XXXI y XXXII; ambos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó una Iniciativa de Decreto que reforma la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Ellas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, ambas para el Estado de Veracruz en materia de asignación exclusiva y preferente de obras y contratos a empresas veracruzanas, así como de adquisición de pólizas de seguro para accidentes.

En la exposición de motivos, el legislador señaló que en momentos de crisis económica de cualquier índole es necesario otorgar las herramientas necesarias a empresarios veracruzanos, para que tengan prioridad en el momento de concursar para la contratación de obras o servicios por parte del Estado, toda vez que los recursos estatales son vitales para poder reactivar la economía.

En este sentido, señaló que “de redireccionarse la contratación de obras públicas y servicios exclusivamente a veracruzanas en tiempos de crisis económica, propiciará que la cadena de insumos, mano de obra e impuestos anteriores a la prestación del servicio o ejecución de la obra, permanezcan en el estado y, en consecuencia, la derrama económica se aplique en la propia entidad”.

Asimismo, agregó, la presente iniciativa pretende otorgar mayores facilidades o flexibilización en la contratación para que, en tiempos comunes, se opte preferentemente por mano de obra o empresas veracruzanas, siempre que sus propuestas económicas no resulten mayores a un diez por ciento de aquellas presentadas por empresas con domicilios en otras entidades federativas o en el extranjero, puntualizó.

“Con las disposiciones propuestas se contempla un margen del diez por ciento para que las dependencias y entidades puedan maniobrar en relación con la ejecución de los contratos; por lo que, no representa un impedimento o costo elevado para la administración pública, además de que no necesariamente en todos los casos existirá ese sobreprecio”, señaló.

Añadió Guízar Valladares, “se trata de una medida en aras de apoyar a las empresas veracruzanas en tiempos de crisis económica, como la que vivimos ahora o puedan presentarse con posterioridad, pero también como una medida para contribuir en la reactivación económica del estado”.

También, dijo, esta propuesta busca otorgar mayores facilidades o flexibilización en la contratación para que, en tiempos comunes, se opte preferentemente por mano de obra o empresas veracruzanas, siempre que sus propuestas económicas no resulten mayores a un diez por ciento de aquellas presentadas por empresas con domicilios en otras entidades federativas o en el extranjero.

Del mismo modo, en la iniciativa, el legislador propone adicionar una fracción III al artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado con el objetivo de que los contratistas garanticen los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros cuando se acredite que, con motivo de la realización de obra, se ocasionó un incidente imputable al contratista, para lo cual deberán adquirir pólizas de seguro para accidentes.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado, Hacienda Municipal y a la de Comunicaciones.

– Solicita diputado comparecencia del titular de la SIOP-

El diputado Gonzalo Guízar Valladares, presentó un Anteproyecto de Punto de acuerdo por el que solicita a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en uso de sus facultades, citar en comparecencia pública al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), para responder por el incumplimiento de la entrega en fecha y forma de las obras carreteras.

Durante su discurso, el legislador señaló que derivado de algunas inconsistencias al respecto, se han suscitado accidentes automovilísticos fatales como el ocurrido en días pasados en la ciudad de Córdoba, Veracruz y que desafortunadamente cobró la vida una menor de edad.

Dicho accidente, puntualizó, fue producto de la falta de señalización e incumplimiento de normas de protección de una obra carretera inconclusa, a cargo de una empresa constructora contratada por la SIOP, la cual tenía un plazo de ejecución de 90 días, dando inicio el 2 de diciembre de 2019, debiéndose culminar el 21 de febrero de 2020; situación que no fue cumplida.

En este sentido, expresó su preocupación, toda vez que integrantes de la Comisión Permanente de Comunicaciones del Congreso, en la cual funge como secretario, realizaron un recorrido por diversos tramos carreteros detectando que algunos se encuentran inconclusos y que inclusive ya fueron pagados en su totalidad, a lo que añadió, “es imprescindible solicitar la comparecencia del titular de la SIOP, para cuestionar y analizar de una vez por todas, que está pasando en Veracruz con las Obras Públicas”, abundó.

A nombre de diversos integrantes de la LXV Legislatura de los diferentes partidos, la diputada Mónica Robles Barajas, presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Responsabilidades Administrativas; el Código Electoral; la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General; todas para el Estado de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

La diputada, detalló que la creciente participación política de las mujeres ha visibilizado otras caras de la violencia de género y de discriminación en contra de quienes aspiran y contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y militan en partidos políticos.

Asimismo, añadió la legisladora, esta violencia se puede extender a servidoras públicas que deciden y encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.

En el contexto del próximo proceso electoral de 2021, continuó, en meses pasados, diputadas y diputados Federales y Senadoras y Senadores, de todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo Federal, aprobaron por unanimidad y dieron cuerpo a las reformas en esta materia, “y que hoy proponemos armonizar en la legislación estatal”, agregó.

Con esta armonización, “se logra el objetivo de hacer justicia electoral asentando que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra las mujeres y que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género”.

En el mismo sentido, resaltó que dicha armonización se realiza en un ejercicio de análisis y consulta con los diversos representantes de instituciones competentes en la materia, como el OPLE, el Tribunal Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, lo cual permitió enriquecer la presente iniciativa con todas las perspectivas.

Para una veracruzana, enfatizó Robles Barajas, ejercer la plenitud de sus derechos políticos, jamás debe significar, ser víctima de agravios, arriesgar su vida o perderla, ni tampoco, abandonar sus aspiraciones sociales y políticas, legítimas y valiosas, ante amenazas y peligros que podemos prevenir, que deben sancionarse y erradicarse.

“La amplitud de las reformas que proponemos, erradica la exclusión estructural de las mujeres y materializa un nuevo equilibrio social y una responsabilidad compartida, en las esferas pública y privada, entre mujeres y hombres”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó al Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 15 bis y el 15 ter a la Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres con lo que se establecen los plazos y requisitos para la elección de la directora de este órgano.

En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora propuso señalar en el artículo 15 bis que cuando esté por concluir el periodo para el que fue nombrada la Titular de la Dirección del Instituto, lo hará saber por escrito a las integrantes de los consejos consultivo y social, con dos meses de anticipación para que, dentro de los diez días naturales siguientes, emitan la Convocatoria señalada en el artículo 38 de la citada Ley e inicien el proceso de selección.

En este proceso, se prevé que la convocatoria sea remitida al Presidente de la Junta de Gobierno o su suplente para que, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, ordene su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La recepción de propuestas, se realizará en el domicilio o dirección electrónica señalada en la Convocatoria y conforme a los lineamientos ahí establecidos, esta etapa permanecerá abierta 15 días naturales, siguientes a su publicación.

Dentro de los tres días naturales siguientes a la conclusión de la etapa de recepción, se publicará la lista de aspirantes en el portal de transparencia y en los estrados del Instituto; señalándose día, hora y lugar para la entrevista a cada una de ellas.

El periodo de entrevistas durará 15 días naturales, pudiendo prorrogarse, según el número de aspirantes inscritas.

Concluido el periodo de entrevistas, dentro de los cinco días naturales siguientes, los consejos consultivo y social deberán presentar la terna correspondiente, para que la persona que encabeza el Ejecutivo del Estado haga el nombramiento respectivo, a más tardar tres días después de su recepción.

La nueva titular de la Dirección del Instituto deberá rendir protesta y asumir el cargo al día hábil siguiente a la conclusión del periodo anterior.

Asimismo, la diputada Ortega Ruiz, vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, propone indicar que, en caso de renuncia o ausencia definitiva de la titular de la Dirección del Instituto, desde ese momento, los Consejos Consultivo y Social, contarán con diez días naturales para emitir la Convocatoria correspondiente e iniciar el proceso de selección señalado anteriormente.

Concluido el proceso de selección y una vez otorgado el nombramiento, la nueva titular de la Dirección del Instituto deberá rendir protesta y asumir el cargo por el tiempo que resta para concluir el periodo. Hasta en tanto se nombre a la Directora titular, quedará como encargada de Despacho la Secretaria Ejecutiva del instituto.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó al Pleno de la LXV Legislatura un anteproyecto con Punto de Acuerdo que prevé exhortar a la Secretaría de Salud (SS) del estado para que, de manera inmediata, proyecte estrategias de prevención y pronta respuesta ante la temporada de dengue en la entidad y también para que inicie una campaña de concientización, capacitación y se proyecten programas de colaboración con los ayuntamientos con más incidencia de enfermos por este padecimiento.

En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que Veracruz, al igual que el resto del país, enfrenta la pandemia generada por el coronavirus, Covid-19. “Veracruz está entre los estados con más incidencia de casos y en números rojos, no es tema del presente pormenorizar al respecto; sin embargo es necesario alertar desde esta Máxima Tribuna, para que se proyecten políticas públicas para enfrentar enfermedades endémicas como el dengue”.

Consideró que deben identificarse correctamente los factores ambientales, sociales y demográficos que contribuyen a explicar las diferencias en la transmisión de dengue en Veracruz, y definir las áreas de riesgo para promover un mejor control del problema.

Dijo que diversos estudios han identificado las localidades repetidoras de dengue, y las determinantes sociales y ambientales de la transmisión. “Por lo tanto es hora de aplicar políticas públicas de prevención y acción inmediata”.

La legisladora señaló su preocupación en relación al año 2019, la temporada de dengue de este año apenas empieza en México y ya hay un incremento del 150 por ciento de casos confirmados, respecto al año pasado.

Dijo que, de acuerdo a información fue publicada por el programa Panorama Epidemiológico de Dengue, de la Secretaría de Salud Federal, en enero de este año ya había 6 mil casos probables, y ahora que la temporada de dengue está iniciando, las cifras son mayores que las incidencias de los mismos meses que se dieron en el 2019.

Refirió que la misma información señala que Veracruz incrementó la incidencia de contagios, en relación al 2019, poniendo a la entidad en primer lugar a nivel nacional por el SINAVE (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica).

“Sabemos que con la pandemia que enfrentamos, los recursos con los que cuenta el estado están altamente comprometidos, por lo tanto ante esta reducida capacidad operativa, y al limitado impacto de las intervenciones de los programas de control, es indispensable considerar estrategias que permitan un uso más adecuado de los limitados recursos con los que se cuenta”, abundó.

Para su estudio y dictamen, el anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.