Para establecer expresamente en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz el concepto de Antecedentes de Salud como un factor de discriminación, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó una iniciativa que busca reformar los artículos 3 y 6 de la citada ley, con el objeto de evitar daños a quienes padecen o hayan padecido alguna enfermedad, más aun cuando se vive una pandemia, generada por el coronavirus, Covid-19.

Al presentar su propuesta, durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora indicó que se prevé señalar que se entenderá por discriminación a toda forma de preferencia, distinción, exclusión, restricción o rechazo, basada en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el sexo, la preferencia sexual, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de antecedentes, necesidades y problemas de salud o jurídica, entre otras.

Asimismo, se incorporaría como conducta discriminatoria el negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas mayores o por motivos de sus antecedentes de salud; difundir, sin consentimiento de la persona agraviada, información sobre sus antecedentes y su condición de salud, así como el estigmatizar y negar sus derechos a personas que viven con VIH/SIDA, o con antecedentes epidemiológicos.

En su intervención, la diputada del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, así como del Diputado Sin Partido (MC-PRD-DSP), subrayó que la pandemia, generada por el coronavirus, Covid-19, no tiene precedentes en el mundo, y que así como ha mostrado una rapidez considerable para propagar los contagios, de igual forma se ha podido atender y dar de alta a un número considerable de personas diagnosticadas con el virus y que, al ser atendidas oportunamente, han sido dadas de alta.

Sostuvo que estas personas tendrán el antecedente médico de haber sido portadoras del virus, lo que no debiera ser motivo de discriminación, en virtud de que, salvo que tengan otro padecimiento previo, son consideradas como personas sanas.

Destacó que no solamente debe evitarse la discriminación por motivos de problemas de salud ya superados. Los antecedentes de cualquier enfermedad o contagio adquirido que haya sido atendido y curado por ningún motivo deben motivar actos de discriminación.

“Habrá gente en todo el país que lograrán superar el contagio, pero lamentablemente podemos prever que persistirá entre un amplio sector de la población la desconfianza y la percepción que por haber sido portador de virus, una persona sigue siendo un potencial foco de contagio, aun cuando haya sido dado de alta médica”, abundó.

La iniciativa que reforma los artículos 3, y 6, fracciones XXX, XXXI y XXXII; ambos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó una Iniciativa de Decreto que reforma la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Ellas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, ambas para el Estado de Veracruz en materia de asignación exclusiva y preferente de obras y contratos a empresas veracruzanas, así como de adquisición de pólizas de seguro para accidentes.

En la exposición de motivos, el legislador señaló que en momentos de crisis económica de cualquier índole es necesario otorgar las herramientas necesarias a empresarios veracruzanos, para que tengan prioridad en el momento de concursar para la contratación de obras o servicios por parte del Estado, toda vez que los recursos estatales son vitales para poder reactivar la economía.

En este sentido, señaló que “de redireccionarse la contratación de obras públicas y servicios exclusivamente a veracruzanas en tiempos de crisis económica, propiciará que la cadena de insumos, mano de obra e impuestos anteriores a la prestación del servicio o ejecución de la obra, permanezcan en el estado y, en consecuencia, la derrama económica se aplique en la propia entidad”.

Asimismo, agregó, la presente iniciativa pretende otorgar mayores facilidades o flexibilización en la contratación para que, en tiempos comunes, se opte preferentemente por mano de obra o empresas veracruzanas, siempre que sus propuestas económicas no resulten mayores a un diez por ciento de aquellas presentadas por empresas con domicilios en otras entidades federativas o en el extranjero, puntualizó.

“Con las disposiciones propuestas se contempla un margen del diez por ciento para que las dependencias y entidades puedan maniobrar en relación con la ejecución de los contratos; por lo que, no representa un impedimento o costo elevado para la administración pública, además de que no necesariamente en todos los casos existirá ese sobreprecio”, señaló.

Añadió Guízar Valladares, “se trata de una medida en aras de apoyar a las empresas veracruzanas en tiempos de crisis económica, como la que vivimos ahora o puedan presentarse con posterioridad, pero también como una medida para contribuir en la reactivación económica del estado”.

También, dijo, esta propuesta busca otorgar mayores facilidades o flexibilización en la contratación para que, en tiempos comunes, se opte preferentemente por mano de obra o empresas veracruzanas, siempre que sus propuestas económicas no resulten mayores a un diez por ciento de aquellas presentadas por empresas con domicilios en otras entidades federativas o en el extranjero.

Del mismo modo, en la iniciativa, el legislador propone adicionar una fracción III al artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado con el objetivo de que los contratistas garanticen los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros cuando se acredite que, con motivo de la realización de obra, se ocasionó un incidente imputable al contratista, para lo cual deberán adquirir pólizas de seguro para accidentes.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado, Hacienda Municipal y a la de Comunicaciones.

– Solicita diputado comparecencia del titular de la SIOP-

El diputado Gonzalo Guízar Valladares, presentó un Anteproyecto de Punto de acuerdo por el que solicita a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en uso de sus facultades, citar en comparecencia pública al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), para responder por el incumplimiento de la entrega en fecha y forma de las obras carreteras.

Durante su discurso, el legislador señaló que derivado de algunas inconsistencias al respecto, se han suscitado accidentes automovilísticos fatales como el ocurrido en días pasados en la ciudad de Córdoba, Veracruz y que desafortunadamente cobró la vida una menor de edad.

Dicho accidente, puntualizó, fue producto de la falta de señalización e incumplimiento de normas de protección de una obra carretera inconclusa, a cargo de una empresa constructora contratada por la SIOP, la cual tenía un plazo de ejecución de 90 días, dando inicio el 2 de diciembre de 2019, debiéndose culminar el 21 de febrero de 2020; situación que no fue cumplida.

En este sentido, expresó su preocupación, toda vez que integrantes de la Comisión Permanente de Comunicaciones del Congreso, en la cual funge como secretario, realizaron un recorrido por diversos tramos carreteros detectando que algunos se encuentran inconclusos y que inclusive ya fueron pagados en su totalidad, a lo que añadió, “es imprescindible solicitar la comparecencia del titular de la SIOP, para cuestionar y analizar de una vez por todas, que está pasando en Veracruz con las Obras Públicas”, abundó.

A nombre de diversos integrantes de la LXV Legislatura de los diferentes partidos, la diputada Mónica Robles Barajas, presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Responsabilidades Administrativas; el Código Electoral; la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General; todas para el Estado de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

La diputada, detalló que la creciente participación política de las mujeres ha visibilizado otras caras de la violencia de género y de discriminación en contra de quienes aspiran y contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y militan en partidos políticos.

Asimismo, añadió la legisladora, esta violencia se puede extender a servidoras públicas que deciden y encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.

En el contexto del próximo proceso electoral de 2021, continuó, en meses pasados, diputadas y diputados Federales y Senadoras y Senadores, de todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo Federal, aprobaron por unanimidad y dieron cuerpo a las reformas en esta materia, “y que hoy proponemos armonizar en la legislación estatal”, agregó.

Con esta armonización, “se logra el objetivo de hacer justicia electoral asentando que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra las mujeres y que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género”.

En el mismo sentido, resaltó que dicha armonización se realiza en un ejercicio de análisis y consulta con los diversos representantes de instituciones competentes en la materia, como el OPLE, el Tribunal Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, lo cual permitió enriquecer la presente iniciativa con todas las perspectivas.

Para una veracruzana, enfatizó Robles Barajas, ejercer la plenitud de sus derechos políticos, jamás debe significar, ser víctima de agravios, arriesgar su vida o perderla, ni tampoco, abandonar sus aspiraciones sociales y políticas, legítimas y valiosas, ante amenazas y peligros que podemos prevenir, que deben sancionarse y erradicarse.

“La amplitud de las reformas que proponemos, erradica la exclusión estructural de las mujeres y materializa un nuevo equilibrio social y una responsabilidad compartida, en las esferas pública y privada, entre mujeres y hombres”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó al Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 15 bis y el 15 ter a la Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres con lo que se establecen los plazos y requisitos para la elección de la directora de este órgano.

En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora propuso señalar en el artículo 15 bis que cuando esté por concluir el periodo para el que fue nombrada la Titular de la Dirección del Instituto, lo hará saber por escrito a las integrantes de los consejos consultivo y social, con dos meses de anticipación para que, dentro de los diez días naturales siguientes, emitan la Convocatoria señalada en el artículo 38 de la citada Ley e inicien el proceso de selección.

En este proceso, se prevé que la convocatoria sea remitida al Presidente de la Junta de Gobierno o su suplente para que, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, ordene su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La recepción de propuestas, se realizará en el domicilio o dirección electrónica señalada en la Convocatoria y conforme a los lineamientos ahí establecidos, esta etapa permanecerá abierta 15 días naturales, siguientes a su publicación.

Dentro de los tres días naturales siguientes a la conclusión de la etapa de recepción, se publicará la lista de aspirantes en el portal de transparencia y en los estrados del Instituto; señalándose día, hora y lugar para la entrevista a cada una de ellas.

El periodo de entrevistas durará 15 días naturales, pudiendo prorrogarse, según el número de aspirantes inscritas.

Concluido el periodo de entrevistas, dentro de los cinco días naturales siguientes, los consejos consultivo y social deberán presentar la terna correspondiente, para que la persona que encabeza el Ejecutivo del Estado haga el nombramiento respectivo, a más tardar tres días después de su recepción.

La nueva titular de la Dirección del Instituto deberá rendir protesta y asumir el cargo al día hábil siguiente a la conclusión del periodo anterior.

Asimismo, la diputada Ortega Ruiz, vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, propone indicar que, en caso de renuncia o ausencia definitiva de la titular de la Dirección del Instituto, desde ese momento, los Consejos Consultivo y Social, contarán con diez días naturales para emitir la Convocatoria correspondiente e iniciar el proceso de selección señalado anteriormente.

Concluido el proceso de selección y una vez otorgado el nombramiento, la nueva titular de la Dirección del Instituto deberá rendir protesta y asumir el cargo por el tiempo que resta para concluir el periodo. Hasta en tanto se nombre a la Directora titular, quedará como encargada de Despacho la Secretaria Ejecutiva del instituto.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó al Pleno de la LXV Legislatura un anteproyecto con Punto de Acuerdo que prevé exhortar a la Secretaría de Salud (SS) del estado para que, de manera inmediata, proyecte estrategias de prevención y pronta respuesta ante la temporada de dengue en la entidad y también para que inicie una campaña de concientización, capacitación y se proyecten programas de colaboración con los ayuntamientos con más incidencia de enfermos por este padecimiento.

En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que Veracruz, al igual que el resto del país, enfrenta la pandemia generada por el coronavirus, Covid-19. “Veracruz está entre los estados con más incidencia de casos y en números rojos, no es tema del presente pormenorizar al respecto; sin embargo es necesario alertar desde esta Máxima Tribuna, para que se proyecten políticas públicas para enfrentar enfermedades endémicas como el dengue”.

Consideró que deben identificarse correctamente los factores ambientales, sociales y demográficos que contribuyen a explicar las diferencias en la transmisión de dengue en Veracruz, y definir las áreas de riesgo para promover un mejor control del problema.

Dijo que diversos estudios han identificado las localidades repetidoras de dengue, y las determinantes sociales y ambientales de la transmisión. “Por lo tanto es hora de aplicar políticas públicas de prevención y acción inmediata”.

La legisladora señaló su preocupación en relación al año 2019, la temporada de dengue de este año apenas empieza en México y ya hay un incremento del 150 por ciento de casos confirmados, respecto al año pasado.

Dijo que, de acuerdo a información fue publicada por el programa Panorama Epidemiológico de Dengue, de la Secretaría de Salud Federal, en enero de este año ya había 6 mil casos probables, y ahora que la temporada de dengue está iniciando, las cifras son mayores que las incidencias de los mismos meses que se dieron en el 2019.

Refirió que la misma información señala que Veracruz incrementó la incidencia de contagios, en relación al 2019, poniendo a la entidad en primer lugar a nivel nacional por el SINAVE (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica).

“Sabemos que con la pandemia que enfrentamos, los recursos con los que cuenta el estado están altamente comprometidos, por lo tanto ante esta reducida capacidad operativa, y al limitado impacto de las intervenciones de los programas de control, es indispensable considerar estrategias que permitan un uso más adecuado de los limitados recursos con los que se cuenta”, abundó.

Para su estudio y dictamen, el anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

A través de un anteproyecto de punto de acuerdo, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, propuso un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado para que, por conducto de la Dirección de Transporte, incremente los operativos con el objeto de que en el transporte público se respeten las medidas básicas para prevenir contagios por el virus Covid-19.

En la exposición de motivos el diputado aseguró que es necesario se lleve a cabo una vigilancia exhaustiva al transporte público, para preservar la salud de los usuarios.

En este sentido, hizo mención especial a la modalidad de taxi, toda vez que se ha detectado, que en ciertos sitios han comenzado a prestar servicio colectivo, incrementando con ello la posibilidad de contagio, además de violentar la normatividad al no tener la concesión indicada para ello.

“Es de reconocerse que el sector del transporte público se ha visto perjudicado por el confinamiento social en este periodo, pero de ninguna manera puede dar lugar a que se violen las leyes de la materia y mucho menos a que se corra el riesgo de mayores contagios de Covid-19”, puntualizó.

Finalmente, destacó que el presente punto de acuerdo se propone a la par del Programa “Acciones Emergentes Por Contingencia Sanitaria (AECS)”, implementado por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad.

Dicho programa estima apoyar a 28 mil beneficiarios directos y 112 mil personas de manera indirecta, por las afectaciones causadas por la declaración de emergencia relacionada con el Covid-19, entre los cuales se encuentran contemplado este sector.

-Se pronuncia diputado contra acusaciones en materia de Revocación de Mandato-

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos se pronunció ante el Pleno del Congreso del Estado, respecto a los señalamientos en contra de integrantes de la LXV Legislatura por, supuestamente, incumplir en su obligación de legislar, al aprobar la reforma en materia electoral que entre sus puntos integra el tema de revocación de mandato en la entidad.

En su discurso, el legislador local exhortó a las y los veracruzanos no dejarse engañar

con lo que –consideró- difamaciones referentes al trabajo de los diputados veracruzanos, toda vez que lo aprobado el pasado 12 de mayo, armoniza lo que establece el numeral tercero de la fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución Federal.

“Al respecto, debe mencionarse que una cosa es la Consulta Popular para que las y los mexicanos voten a favor o en contra de determinados temas y, otra, muy distinta, es la Revocación de Mandato del Presidente de la República y de los Gobernadores de los Estados”, puntualizó.

Asimismo, señaló que mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, el Congreso Federal realizó diversas reformas que, entre otras, modificaron las figuras de la consulta popular y la revocación de mandato, siendo la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, uno de los temas que no pueden ser sujetos de consulta popular, añadió.

El diputado del Grupo Legislativo de Morena, enfatizó que ambas figuras de participación ciudadana, son independientes o ajenas entre sí y están sujetas a procedimientos propios, concluyó.

Con la finalidad de que en la medida de sus posibilidades se establezcan refugios para el correcto resguardo de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, la diputada Florencia Martínez Rivera puso a consideración del Pleno su Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el que exhorta a los 212 Procuradores Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que ejerzan sus atribuciones con eficacia, eficiencia y de manera coordinada con las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a fin de identificar, denunciar y atender de forma oportuna los casos de violencia o maltrato infantil.

En el contexto actual en el que se encuentra inmiscuido nuestro país, destacó la legisladora, con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, existe “una importancia mayor en la protección de los derechos de la infancia, el cual se ha vuelto un grupo cada vez más vulnerable en nuestra realidad actual. Puesto que por esta pandemia y al confinar a la mayoría de la población en casa, ha mermado o limitado la cantidad de actividades laborales, recreativas, económicas y de cualquier otra índole, “lo que ha provocado el aumento de los niveles de estrés, provocando que incrementen exponencialmente los niveles de violencia doméstica en México, que en su conjunto o en lo individual también afecta a las niñas, niños y adolescentes”.

Si bien es cierto que la exposición a situaciones de violencia de este grupo social, continuó la diputada Martínez Rivera, ha aumentado con la pandemia del Covid-19, “también es cierto que ya estaba presente y en constante incremento en nuestra sociedad antes de que iniciara esta emergencia sanitaria, ya que la evidencia mostraba que el hogar es a menudo el lugar más peligroso para una mujer, sus hijos e hijas”.

Dada su trascendental función, agregó la legisladora de Morena, es necesario que los que están a cargo de las Procuradurías Municipales de la Defensa del Menor, cumplan con sus atribuciones de forma profesional, sensible, responsable, eficaz y eficiente, interviniendo de forma oportuna en los casos que detecten o de los cuales tengan conocimiento de que se están vulnerando derechos a algún menor de edad, lo anterior, para que brinden las medidas de protección a fin de lograr la protección y cuidado de estos, pues en el corto, largo o mediano plazo, nuestra niñez representa la esperanza, el futuro y desarrollo de este gran Estado”.

Reconoció, durante su intervención, que no toda la responsabilidad debe recaer sobre estos funcionarios, puesto que el maltrato infantil debe estar “perfectamente monitoreado” por todas las autoridades tanto en las relaciones familiares, sociales como educativas, para que dichas agresiones puedan ser identificadas, denunciadas y atendidas de forma oportuna.

Por último, la diputada, reconoció la labor legislativa que se está realizando en la entidad, sobre este tema en particular y que “hoy hay avances importantes en materia legal que deben traducirse en hechos, los niños merecen el diseño de políticas públicas de parte de nuestros tres niveles de gobierno y de los tres poderes en nuestro Estado que contribuyan a construir los cimientos de una sociedad que proteja la niñez veracruzana con apego a sus derechos”.

Además de lo anterior, señaló, “se requiere de un trato libre de violencia por parte de todos los adultos que tienen contacto con la niñez y, sobre todo, con quienes son padres o cuidadores. Es fundamental que entre todos abordemos los desafíos de la infancia veracruzana de forma multidisciplinaria y sumando esfuerzos para encontrar y dar mejores soluciones a todos los problemas que enfrentan. Nuestras niñas y niños veracruzanos tienen el derecho y merecen crecer feliz, en paz, sin violencia y en un entorno familiar amoroso y cariñoso”.

De igual forma, llamó a las y los 212 Procuradores Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz para que ejerzan sus atribuciones con eficacia, eficiencia y de manera coordinada con las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a fin de identificar, denunciar y atender de forma oportuna los casos de violencia o maltrato infantil; como a los 211 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano a que en la medida de sus posibilidades establezcan refugios para el correcto resguardo de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.

Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política, de la LXV Legislatura del Estado.

Con 40 votos a favor, el Pleno legislativo aprobó un Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de igualdad sustantiva, trabajo y explotación infantil, así como perspectiva de la infancia y la adolescencia, presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos de la Niñez y la Familia y Para la Igualdad de Género.

El dictamen establece que, a fin de garantizar la protección de los derechos de este sector poblacional, las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos del Estado deberán establecer un enfoque integral, transversal y con las perspectivas de derechos humanos y de la infancia y adolescencia, en el diseño y la instrumentalización de políticas y programas, así como en los códigos de ética de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos del estado y municipios para su aplicación por parte de los servidores públicos.

Para los efectos de dicha ley –se lee en el capítulo 4-, se entenderá por explotación infantil, también llamado comercio o tráfico de personas, el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma de esclavitud moderna.

También se precisa que la igualdad sustantiva es la que se expresa en el goce y ejercicio pleno, irrestricto, integral, cotidiano y en todos los ámbitos de la vida, de los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos a la persona, sin distinción alguna, recibiendo en todo momento un trato incluyente y libre de cualquier forma de discriminación.

Se define asimismo la perspectiva de la infancia y adolescencia como la visión científica, analítica y política que comprende a las niñas, niños y adolescentes desde su particular contexto de vida y características de desarrollo, para visibilizar y eliminar las causas de la opresión, violencia, discriminación, utilización en cualquier clase de conflictos, por razón de su edad y desarrollo progresivo, generadas por estructuras culturales que reproducen conductas, costumbres, prejuicios, lenguaje, estereotipos o roles que limitan, obstaculizan, menosprecian o alteran sus capacidades para disfrutar y ejercer plenamente

sus derechos. Esta perspectiva promueve la igualdad, el sano desarrollo y el bienestar de la niñez y la adolescencia y contribuye a construir una sociedad en donde las niñas, niños y adolescentes tengan el mismo valor, equidad en derechos y oportunidades.

En cuanto al principio de igualdad y no discriminación, se le explica como la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativa y cuantitativamente de los mismos derechos, sin distinción alguna por motivo de edad, origen étnico o nacional, sexo, diferencias biológicas, idioma, creencias, religión, situación migratoria, opinión política o condición social.

El trabajo infantil es entendido como la actividad peligrosa y perjudicial para el bienestar físico, mental o emocional de niñas, niños y adolescentes, que interfiere con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume mucho tiempo, privándoles de aprovechar su potencial, disfrutar su niñez y sano desarrollo, afectando su dignidad.

Finalmente, el ordenamiento establece que corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia y custodia, así como quienes por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes la obligación primordial de proporcionarles un ambiente de desarrollo y crecimiento en armonía y bienestar, tanto en su interacción física como mental, espiritual, cultural y ética y evitar incitarlos o coaccionarlos a participar en cualquier clase de conflicto.

El dictamen aprobado sin votos en contra ni abstenciones es resultado de las iniciativas presentadas por las diputadas Ivonne Trujillo Ortiz, el 20 de junio de 2019, relativa a la igualdad sustantiva; Brianda Kristel Hernández Topete, relativa de la prohibición del trabajo infantil, el 9 de julio de 2019, y Adriana Paola Linares Capitanachi, en materia de perspectiva de la infancia, el 23 de enero de 2020.

Tras conocer el informe de la Secretaría General del Congreso del Estado, en relación con la votación emitida por los ayuntamientos de la entidad, la LXV Legislatura emitió la declaratoria de la reforma constitucional en materia electoral, aprobada por este Pleno el pasado 12 de mayo y que, entre otras disposiciones, reduce los recursos económicos a los partidos políticos.

En la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada este 22 de junio, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó al secretario de la misma, diputado Jorge Moreno Salinas, la lectura del informe sobre la votación de los ayuntamientos que, al concluir el plazo de los 30 días, establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, dio como resultado que 127 ayuntamientos avalaran la reforma.

A su vez, 65 ayuntamientos manifestaron su voto en contra y, en el caso de 16, según lo establecen los artículos 23 y 25 en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 constitucional, se configuró la “afirmativa ficta”, toda vez que transcurrió el plazo conferido y no comunicaron su acuerdo, y tres indefinidos, así como uno que no ha sesionado y cuyo acuse no tiene fecha de recibido.

En el Informe, se establece que, al 11 de junio pasado, la Secretaría General había registrado 110 actas de Cabildo con sentido aprobatorio, lo cual refleja el 51.88 por ciento, representando la mayoría del total de los ayuntamientos de la entidad, porcentaje necesario para que el Congreso estatal emita la declaratoria respectiva y esta reforma pueda tener vigencia.

Conforme al procedimiento legislativo y tras la obtención de la mayoría de actas de Cabildo a favor, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó a la Secretaría General de este Poder remitir el Decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, el diputado Juan Manuel De Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), puso a consideración del mismo un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, en el cual afirma que la Secretaría de Salud tiene “abandonado” al personal de salud, ya que éstos no cuentan con las garantías para realizar su trabajo.

El pasado 31 de marzo del año en curso, agregó el diputado del PAN, el Consejo de Salubridad General reconoció como emergencia sanitaria en el país, al virus SARS-CoV2 y su enfermedad Covid-19. Esto ocurrió 32 días después de que se informara oficialmente sobre el primer caso en México.

Esta crisis sanitaria, señaló De Unánue, está cobrando cada vez más vidas humanas, y ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud y principalmente, la vulnerabilidad de nuestro personal médico. A la fecha, en el país, han muerto más de 271personas del sector salud por causa de esta enfermedad, siendo Veracruz el cuarto estado con más de 10 fallecimientos de personal de salud y tenemos más de 116 médicos, enfermeras y personal de servicios sanitarios contagiados.

El personal de salud, agregó el legislador, que ha perdido la vida “ejerciendo tan noble profesión y todos aquellos que se encuentran arriesgando sus vidas día con día, merecen una leyenda en letras de oro en el muro de este recinto y eso es poco aun. Para esa llamada “primera línea”, a esos héroes de nuestros tiempos, todo el reconocimiento y admiración de esta representación popular, resaltó en su intervención.

Por ello, destacó el diputado, se llame a comparecer ante esta soberanía al titular de la Secretaría de Salud, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que explique a detalle en qué consiste el Plan implementado para enfrentar la contingencia sanitaria; así como los recursos materiales, humanos y presupuestarios que ha dispuesto para este fin; así como la planificación que tendremos en el corto y mediano plazo.

Con independencia de lo anterior, concluyó, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que disponga lo necesario para dotar de equipo e insumos de protección personal y laboral al personal médico de todos los centros hospitalarios y médicos ubicados en el territorio del estado de Veracruz, con el fin de reforzar la loable labor que

vienen realizando el personal de “primera línea”; y que disponga lo necesario para otorgar estímulos salariales o bonificaciones como reconocimiento a su esfuerzo y entrega, tanto al personal médico en activo, como a los familiares directos de aquellos que han dado su vida procurando nuestra salud. Asimismo, se ordene la colocación, en el muro de honor de este recinto legislativo, la siguiente leyenda en letras de oro: “A los héroes de los servicios de salud de Veracruz”.

Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política, de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado.

Mediante un anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo de Morena, exhortó a los 211 presidentes municipales del estado y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, a implementar y, en su caso, incrementar las medidas preventivas de contingencia, en contra de enfermedades transmitidas por vectores.

Luego de referir la pandemia de coronavirus, habló de las enfermedades de infección por vectores, específicamente dengue, zika, chikungunya, cuya tasa de morbilidad y mortalidad, dijo, va en crecimiento y debe ser atendida de manera inmediata.

Señaló que este tipo de enfermedades ocasionan más de 700 mil muertes al año en el mundo y su contagio que se relaciona directamente con el saneamiento del ambiente doméstico y de las áreas más cercanas a las comunidades, en donde se reproducen o protegen los vectores y facilitan su transmisión.

Al recordar que en Veracruz han sido confirmados 774 casos de dengue y que en los últimos cinco años se confirmaron dos mil 104 casos de zika, consideró que mientras el sistema sanitario se encuentra enfocado en el combate del Covid-19, consideró que “todos debemos responsabilizarnos para que no colapse y que tampoco tengamos consecuencias en nuestros organismos”.

En este sentido, la legisladora dijo que, si bien la intervención de las autoridades municipales es primordial, también es necesaria la participación de la ciudadanía en la identificación y destrucción de las larvas y criaderos en su propia casa.

“Promover acciones de autocuidado en la población expuesta en todo el territorio veracruzano, reducir los riesgos y mantener bajo control epidemiológico las enfermedades o contagios en los municipios, será la forma de contribuir a despresurizar nuestro sistema de salud, que en estos momentos enfrenta uno de los episodios más sensibles de nuestro país”, concluyó.

Los integrantes del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en el Congreso de Veracruz, presentaron al Pleno la iniciativa, ante el Congreso de la Unión, que busca reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto que el delito de extorsión quede señalado entre las conductas delictivas que ameritan oficiosamente la imposición de la prisión preventiva por parte de los jueces.

En la sesión, cuarta ordinaria del segundo periodo, el Pleno conoció la iniciativa y, como parte del proceso legislativo, instruyó turnarla a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales; en caso de aprobarse por esta Soberanía, sería turnada al Congreso de la Unión para continuar el trámite correspondiente.

En el texto de la iniciativa se establece que con esta reforma el Constituyente Permanente Federal podría reflejar en la Carta Magna una realidad social imperante en el país. “La de miles de mexicanos que tienen que entregar a delincuentes parte importante del fruto de su trabajo, pues de lo contrario corren el riesgo de perder sus vidas o sus bienes, entre éstos los inmuebles y los productos con que honradamente se ganan la vida y que permiten su contribución al desarrollo económico nacional”.

Expone que la extorsión es un delito que tiene características especiales, ya que no sólo produce un daño patrimonial sino que, adicionalmente, genera en la víctima una afectación emocional desde el momento mismo en que el agente activo se comunica para obligarla a hacer o dejar de hacer determinada conducta.

De esta manera, el artículo 19 de la Carta Magna Federal indicaría que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no puedan resistirlo, delincuencia organizada,

homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, extorsión, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

La propuesta legislativa fue signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes.

Debido a la reciente aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales, entre ellos la pensión a adultos mayores, el legislador Wenceslao González Martínez, presentó al Pleno la iniciativa que abroga la Ley 223 que reconoce el Derecho de Personas Físicas Mayores de 70 años a recibir una pensión por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.

Lo anterior, indicó el diputado del Grupo Legislativo de Morena, toda vez que resulta infundado tener en Veracruz una legislación semejante a la aprobada por el Constituyente Federal.

El diputado González Martínez puntualizó que la reforma al artículo 4 de la Constitución General, impulsada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció el derecho a una pensión para los adultos mayores de 68 años y, tratándose de comunidades indígenas a partir de los 65 años, además de establecer un sistema de salud para el bienestar entre otros derechos para grupos vulnerables.

Añadió que la citada reforma exhibe, a su consideración, una generosa e igualitaria universalidad para las personas adultas mayores, que no opone limitantes o restricciones al ejercicio de este derecho como lo hace la norma local que se propone abrogar.

Por tal razón, la propuesta del legislador es abrogar la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la federación, a recibir una pensión alimenticia del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Seguridad Social.

En nombre de las y los integrantes del Grupo Legislativo de Morena, la diputada María Esther López Callejas, puso a consideración del Pleno, de la LXV Legislatura del Estado, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones a la Ley de Educación, a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y a la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas, todas para el Estado de Veracruz.

Señaló en su intervención que, los vínculos entre la población, el medio ambiente y los recursos naturales están mediados por múltiples factores: el acelerado crecimiento demográfico y la distribución desequilibrada de la población en el territorio; las pautas de acceso y uso de los recursos naturales; y las tecnologías utilizadas para su explotación y consumos vigentes, ejercen una fuerte presión sobre el medio ambiente.

Las y los diputados, agregó, integrantes del Grupo Legislativo de Morena, estamos conscientes de que toda alteración al ritmo natural, afecta al conjunto social sin importar fronteras o límites territoriales de ningún tipo. De ahí que las acciones, agregó, para contrarrestar los efectos de esta manipulación, deben ser bajo una misma estrategia ordenada, racional y científicamente sustentable.

Por lo anterior, señaló la legisladora, se presenta esta Iniciativa para que, conforme a los criterios pedagógicos y didácticos contenidos en los planes y programas vigentes de estudio, se ofrezca de manera obligatoria la educación ambiental y se fomente la siembra de árboles de especies nativas de la región en áreas verdes de las localidades.

De igual forma, por cada lote de una nueva construcción, en coordinación con las autoridades competentes, atendiendo lo que establece la Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas para el Estado, se planten árboles nativos; entre otras acciones.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio, a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura, y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

Con el propósito de armonizar el Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz con la reforma al artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz (aprobada por este Congreso el pasado 22 de mayo) en materia de reelección, el diputado Alexis Sánchez García presentó una iniciativa que busca reformar la ley y así pueda darse cumplimiento efectivo en la elección de los próximos ediles, comicios que habrán de celebrarse en 2021.

De esta manera, el legislador plantea señalar en el Código Electoral que la elección de ayuntamientos se realizará cada tres años. Asimismo, que los ediles podrán ser elegidos hasta por un período adicional de manera consecutiva.

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Podrán ser sujetos a elección consecutiva los ediles que hayan ejercido el cargo, independientemente de su carácter de propietario o suplente. No podrá ser electo para el siguiente período en calidad de suplente, quien hubiese sido electo edil propietario de manera consecutiva por el límite establecido en la Constitución Política del Estado.

Los ediles que pretendan reelegirse deberán separarse del cargo a más tardar el día anterior al inicio de la campaña respectiva. Una vez concluida la jornada electoral, o en su caso, recibida la constancia de mayoría o asignación, según se trate, podrán reincorporarse al mismo. No obstante, previo a la separación del cargo, los ediles deberán observar las reglas que emitan las autoridades electorales competentes para salvaguardar el principio de equidad en la contienda.

Por otra parte, el diputado Sánchez García refiere que la reelección de ediles se deberá sujetar a las siguientes reglas: los ediles electos para el cargo de regidor, que pretendan la reelección, podrán ser postulados tanto para presidente municipal o síndico, así como para Regidor, del partido que corresponda según lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo.

En el caso de ediles electos como candidatos independientes, sólo podrán postularse para la reelección con la misma calidad de candidato independiente, cumpliendo con las etapas previstas en el artículo 264 de este Código, salvo que se afilien y demuestren su militancia en un partido político antes de la mitad de su mandato, caso en el que podrán postularse para reelección por dicho partido.

El diputado del Distrito XXII de Zongolica expuso que esta iniciativa reduce de cuatro a tres años el periodo de ejercicio de los Ayuntamientos, pero de esta manera –agregó- los ediles podrán competir en la reelección consecutiva por un periodo más.

Precisó que esta reelección consecutiva conllevaría como beneficios: la profesionalización de las carreras políticas, ya que permanecer en el cargo motiva a informarse y aprender sobre diversas formas de trabajar; inyecta estabilidad política, la presencia de ediles experimentados estabiliza la relación con los demás poderes; fortalece el carácter representativo de la democracia, los ediles prestarían mayor atención a las preocupaciones de sus electores, impulsando mejores proyectos.

Además, incentiva la elaboración de proyectos de largo plazo, propicia una relación armónica entre funcionarios electos y cúpulas partidistas e incrementaría la eficacia.

“Con esta reforma, las y los ciudadanos tendrán la posibilidad de calificar a sus autoridades municipales y en su caso ratificarlos con su voto para que puedan durar en su encargo otros tres años más”, afirmó.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y a la de Organización Política y Procesos Electorales.

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico propuso, mediante una iniciativa, ajustar los días y el periodo de entrega de propuestas por parte de los ayuntamientos, para definir con exactitud el plazo para cumplir con el envío de las propuestas de tablas de valores catastrales, y reforzar su análisis en el Congreso del Estado.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 51 de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el primer párrafo del artículo 5 de la Ley que Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria.

Derivado del reciente proceso sobre la presentación de propuestas de actualización o en su caso prórroga, sobre las tablas de valores catastrales, el Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal estimó pertinente proponer ajustes al ordenamiento rector en materia de catastro, para definir con precisión el procedimiento a seguir por parte de los ayuntamientos, para que evitar que se presente alguna confusión que derive en una controversia.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena planteó una modificación a la Ley que Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria, sobre todo para involucrar a un órgano legislativo más en el estudio y dictamen de las solicitudes de propuestas, es decir, se adhiere al análisis y dictaminación a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, en razón de su competencia.

Álvarez Pellico consideró que su propuesta también reforzará el trabajo con la Dirección General de Catastro y Valuación que coadyuva con este Poder Legislativo, a través de sus respectivas comisiones permanentes afines; además, los ayuntamientos contarán con la garantía de un mínimo de veinte días hábiles para cumplir con la presentación de sus propuestas.

De acuerdo con la propuesta de reforma al artículo 51 de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los ayuntamientos deberán presentar a la Presidencia

del Congreso las propuestas de Tablas de Valores, entre el 2 y el último día hábil de mayo del año anterior a aquél para el cual se proponen.

La reforma al artículo 5 de la Ley que Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria establece que, recibidas las propuestas, la Mesa Directiva del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente las turnará a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal, de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen.

La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó al Pleno de la LXV Legislatura un anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Reguladora de Energía, para que en auxilio de la economía familiar, realice a partir de esta fecha y hasta la terminación de la contingencia causada por el Covid-19, una reducción a las tarifas de energía eléctrica que consumen los habitantes de los nueve municipios que integran el distrito local electoral número XXVI con cabecera en Cosoleacaque, Veracruz

En su propuesta legislativa, la representante de este distrito, en el Congreso de Veracruz, dijo que el alza a las tarifas eléctricas ha sido motivo para que algunos partidos políticos lucren políticamente con la desgracia que está padeciendo la población, “por lo cual los invito a encontrar soluciones que beneficien a quien menos tiene, a quienes más están padeciendo esta pandemia, que aportemos ideas sin tratar de sacar raja política”.

De esta manera, convocó a exigir a la Comisión Reguladora de Energía, la cual es la encargada de establecer y regular los precios de las tarifas eléctricas, para que vean y revisen el caso de Veracruz, “en mi caso a los municipios que integran mi distrito electoral, para que, se haga un reajuste gradual a la baja por el tiempo que dura la pandemia ocasionada por el Covid-19 en los cobros de la energía eléctrica y así ayudar a la ciudadanía en general”, abundó.

Expuso que el alto costo de la energía eléctrica es uno de los principales reclamos de sus representados, lo cual les ha causado un grave daño a lo que –consideró- la ya muy maltratada economía familiar, “la mayor parte de la población de este distrito, vive del campo, del turismo, de la prestación de servicios y del comercio, y al no realizarse estas actividades, la economía local se ve totalmente afectada”.

Asimismo, explicó que la pandemia del Covid-19 ha ocasionado graves problemas económicos a lo largo y ancho y del país y en especial en Veracruz, ya que la suspensión de las actividades económicas, trajo como consecuencia que la población no cuente con los recursos económicos para hacer frente a las necesidades más apremiantes, como son la alimentación y el pago de los servicios básicos como son luz eléctrica, agua potable, gas, entre otras.

Tras su lectura en Tribuna, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó turnar este anteproyecto a la Junta de Coordinación Política, para el trámite legislativo correspondiente.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso de Veracruz, presentó al Pleno un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal para que promueva las gestiones necesarias con el Gobierno Federal, a fin de otorgar a los usuarios veracruzanos un subsidio en el cobro de energía eléctrica, hasta que finalice la contingencia sanitaria, derivada del coronavirus, Covid-19.

En su intervención, durante la tercera sesión ordinaria, del Segundo Año de Labores, el legislador subrayó que la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica y por ende la baja del precio en el consumo de la misma, es una deuda histórica que la Federación tiene con Veracruz, al ser el productor número uno con un 12 por ciento de participación en el Sistema Eléctrico Nacional.

Recordó que el 23 de mayo de 2019 ocupó la Tribuna del Poder Legislativo para pedir al Gobierno Federal un mejor trato hacia Veracruz en materia de energía eléctrica, “esa petición fue aprobada por todos los diputados el 25 de julio de 2019”.

“Nos mantuvimos expectantes y ante el nulo avance solicitamos a la Secretaría de Energía una reunión para conocer las medidas implementadas, sin embargo, al 24 septiembre 2019, no habían sido notificados, y nos respondieron que la agenda de la secretaria de Energía se encontraba saturada de temas de relevancia nacional, considerando la petición de los veracruzanos como un tema no relevante”, detalló.

Por otra parte, expuso que México y Veracruz viven un momento difícil, desde hace tres meses con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, en donde tan solo en la entidad –refirió- se han perdido más de 20 mil empleos formales, “sin que existan políticas públicas para contrarrestar estos efectos, pues pareciera que éste no es un tema que le interese al gobierno”.

Por último, señaló que los veracruzanos requieren un gobierno que accione, “no podemos ser partícipes del decremento económico en las familias veracruzanas, tocaremos las puertas que sean necesarias, Veracruz lo necesita y lo demanda”.

El Pleno de la LXV aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), mediante el cual se exhorta al Ejecutivo del Estado para que, en el marco de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, Covid-19, disponga lo conducente para implementar una estrategia que prevenga, atienda y erradique la violencia contra las mujeres en Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este exhorto, resultado del anteproyecto presentado el pasado 2 de mayo por la diputada del Partido Acción Nacional, Nora Jessica Lagunes Jauregui, plantea que el gobierno estatal implemente medidas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres que permanecen en aislamiento y que, en atención a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas se consideren albergues y apoyos especiales para estos casos.

El texto del Acuerdo refiere que el 14 de febrero pasado se firmó un acuerdo para que la Secretaría de Salud transfiriera 405 millones de pesos a la Secretaría de Bienestar, a efecto de que a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) se asignaran subsidios a los refugios de mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, alude a lo señalado por la autora de la propuesta, en el sentido de que el número de llamadas de emergencia por violencia física o acoso u hostigamiento sexual en contra de mujeres se ha incrementado drásticamente en lo que va del año.

Desafortunadamente este fenómeno se recrudece frente a la contingencia por el Covid-19, ya que las mujeres siguen viviendo en situación de vulnerabilidad, entre otras cosas porque las medidas de aislamiento intensifican el riesgo de violencia doméstica, añade.

Atención a la situación derivada de la pandemia por el virus Covid-19

Asimismo, el Pleno acordó exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para que disponga lo necesario a fin que, con independencia de los programas federales correspondientes, a través de los mecanismos de detección, registro, valoración y distribución que estime pertinentes, se destinen apoyos alimentarios a las personas que así lo requieran, afectadas por la pérdida de empleo o disminución significativa de sus ingresos económicos, como consecuencia directa o indirecta de la pandemia por el virus SARS-CoV2, Covid-19.

Asimismo, crear un Grupo Permanente de Coordinación, en el que participen autoridades estatales y municipales, con invitación a las del orden federal que correspondan, así como especialistas en la materia, con la finalidad de atender emergencias y tomar decisiones respecto de la pandemia.

También, proporcionar apoyo al personal médico y no médico de las instituciones públicas federales y locales y de los establecimientos particulares de salud que así lo requieran, para su transportación gratuita a los centros de trabajo y domicilios, en vehículos de propiedad estatal, para evitar actos de discriminación o agresiones como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

Esto, en consideración al anteproyecto de Punto de Acuerdo mediante el que se exhorta a las autoridades estatales a realizar diversas acciones relacionadas con la problemática de la pandemia de coronavirus que enfrenta la entidad, presentado por los diputados integrantes del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el pasado 2 de mayo.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz avaló, con 49 votos, el nombramiento del ciudadano José Alfredo Corona Lizárraga y de la ciudadana María Magda Zayas Muñoz como nuevos Comisionados que integrarán el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

Lo anterior, como resultado del proceso de selección, establecido en la convocatoria pública, aprobada por esta Legislatura el pasado 12 de mayo y publicada ese mismo día en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, órgano de Gobierno del Estado.

Estos nombramientos son resultado del proyecto de Punto de Acuerdo presentado al Pleno por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con base en el análisis del informe, remitido por la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, órgano que llevó a cabo las entrevistas con los 38 aspirantes inscritos y con derecho.

Cabe destacar que, de acuerdo a la base octava de la Convocatoria, aprobados los nombramientos con el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno del Congreso, se comunicará al Ejecutivo del Estado, para los efectos previstos en los párrafos primero y segundo del numeral 1 de la fracción IV del artículo 67 de la Constitución Política Local.

María Magda Zayas Muñoz fue nombrada por el Pleno del Congreso de Veracruz como Comisionada del IVAI, para concluir el periodo del ciudadano José Rubén Mendoza Hernández.

De igual forma, José Alfredo Corona Lizárraga fue nombrado como Comisionado para concluir el periodo del ciudadano Arturo Mariscal Rodríguez, quien al igual que José Rubén Mendoza, renunció al cargo de Comisionado del IVAI el pasado 27 de marzo.

En la votación, además de los 49 votos a favor, se registró una abstención, correspondiente al diputado del PAN, Federico Salomón Molina.

Semblanza.

José Alfredo Corona Lizárraga

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Xalapa (UX), maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de Veracruz (Colver) y Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV).

Entre los cargos que ha ocupado en su trayectoria profesional están: asistente en la Unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Delegación Veracruz; jefe del Departamento de Organización y Métodos del Entonces Instituto Electoral Veracruzano (IEV, hoy OPLE); Regidor en el Ayuntamiento de Xalapa, administración 2011-2013; Asesor Legislativo y Secretario Técnico de la Secretaría General del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, desde el 11 de octubre de 2019, encargado de Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

María Magda Zayas Muñoz.

Es licenciada en Derecho; Diplomado en Juicios Orales y Medios Alternativos y cuenta con una Especialidad en Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, todos por la Universidad de Xalapa.

Ha participado en el X Congreso Mundial de Mediación, en Justicia Reparativa y Resarcimiento Social del Protagonista en Conflicto con la Ley, realizado en Génova, Italia.

Cuenta con un Diplomado en plataforma educativa sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y ha sido Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Asimismo, ha sido ponente, asesora y consultora sobre temas de medios de comunicación, justicia y derechos humanos, así como justicia alternativa y sistema penal acusatorio, entre otros.

El diputado Rodrigo García Escalante puso a consideración del Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado una Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción IV al artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Al hacer uso de la Tribuna, señaló que reconoce el enorme esfuerzo, dedicación, compromiso, humanismo y solidaridad que el personal de salud ha mostrado a pesar de las carencias con las que desempeñan su labor para sacar adelante a los pacientes graves, “para ellos todo nuestro respeto, admiración y agradecimiento, para los familiares de quienes han perdido la vida en esta terrible batalla, nuestro más sentido pésame”.

Por ello, propuso que el Impuesto Sobre la Renta que el personal de salud genera, sea subsidiado totalmente por el Estado, en retribución a la noble labor que día a día están realizando; por lo que la adición que se propone, dirigida al Ejecutivo Federal, establecería que mediante resoluciones de carácter general podrá subsidiar total o parcialmente, el pago del Impuesto Sobre la Renta y sus accesorios, diferirlo o autorizar su pago a plazos.

Lo anterior, cuando se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Esta Iniciativa ante el Congreso de la Unión fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

Durante esta la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno se dio por enterado de la remisión del Primer Informe de Actividades Legislativas del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esta LXV Legislatura, diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

De igual forma, el Pleno del Congreso se dio por enterado de la determinación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de excluir de su integración al diputado Rodrigo García Escalante y, al mismo tiempo, de la decisión del referido legislador de dejar de formar parte de dicha bancada, por así convenir al ejercicio de su actividad política.

De conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó proceder al registro correspondiente.

También se dio cauce a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de revocación de mandato, presentada por el diputado federal Héctor Yunes Landa, y que fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Así como la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la misma Constitución Política local en materia de revocación de mandato del cargo de Gobernador del Estado, presentada por el senador Julen Rementería del Puerto, turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.