La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó al Pleno de la LXV Legislatura un anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Reguladora de Energía, para que en auxilio de la economía familiar, realice a partir de esta fecha y hasta la terminación de la contingencia causada por el Covid-19, una reducción a las tarifas de energía eléctrica que consumen los habitantes de los nueve municipios que integran el distrito local electoral número XXVI con cabecera en Cosoleacaque, Veracruz

En su propuesta legislativa, la representante de este distrito, en el Congreso de Veracruz, dijo que el alza a las tarifas eléctricas ha sido motivo para que algunos partidos políticos lucren políticamente con la desgracia que está padeciendo la población, “por lo cual los invito a encontrar soluciones que beneficien a quien menos tiene, a quienes más están padeciendo esta pandemia, que aportemos ideas sin tratar de sacar raja política”.

De esta manera, convocó a exigir a la Comisión Reguladora de Energía, la cual es la encargada de establecer y regular los precios de las tarifas eléctricas, para que vean y revisen el caso de Veracruz, “en mi caso a los municipios que integran mi distrito electoral, para que, se haga un reajuste gradual a la baja por el tiempo que dura la pandemia ocasionada por el Covid-19 en los cobros de la energía eléctrica y así ayudar a la ciudadanía en general”, abundó.

Expuso que el alto costo de la energía eléctrica es uno de los principales reclamos de sus representados, lo cual les ha causado un grave daño a lo que –consideró- la ya muy maltratada economía familiar, “la mayor parte de la población de este distrito, vive del campo, del turismo, de la prestación de servicios y del comercio, y al no realizarse estas actividades, la economía local se ve totalmente afectada”.

Asimismo, explicó que la pandemia del Covid-19 ha ocasionado graves problemas económicos a lo largo y ancho y del país y en especial en Veracruz, ya que la suspensión de las actividades económicas, trajo como consecuencia que la población no cuente con los recursos económicos para hacer frente a las necesidades más apremiantes, como son la alimentación y el pago de los servicios básicos como son luz eléctrica, agua potable, gas, entre otras.

Tras su lectura en Tribuna, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó turnar este anteproyecto a la Junta de Coordinación Política, para el trámite legislativo correspondiente.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso de Veracruz, presentó al Pleno un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal para que promueva las gestiones necesarias con el Gobierno Federal, a fin de otorgar a los usuarios veracruzanos un subsidio en el cobro de energía eléctrica, hasta que finalice la contingencia sanitaria, derivada del coronavirus, Covid-19.

En su intervención, durante la tercera sesión ordinaria, del Segundo Año de Labores, el legislador subrayó que la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica y por ende la baja del precio en el consumo de la misma, es una deuda histórica que la Federación tiene con Veracruz, al ser el productor número uno con un 12 por ciento de participación en el Sistema Eléctrico Nacional.

Recordó que el 23 de mayo de 2019 ocupó la Tribuna del Poder Legislativo para pedir al Gobierno Federal un mejor trato hacia Veracruz en materia de energía eléctrica, “esa petición fue aprobada por todos los diputados el 25 de julio de 2019”.

“Nos mantuvimos expectantes y ante el nulo avance solicitamos a la Secretaría de Energía una reunión para conocer las medidas implementadas, sin embargo, al 24 septiembre 2019, no habían sido notificados, y nos respondieron que la agenda de la secretaria de Energía se encontraba saturada de temas de relevancia nacional, considerando la petición de los veracruzanos como un tema no relevante”, detalló.

Por otra parte, expuso que México y Veracruz viven un momento difícil, desde hace tres meses con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, en donde tan solo en la entidad –refirió- se han perdido más de 20 mil empleos formales, “sin que existan políticas públicas para contrarrestar estos efectos, pues pareciera que éste no es un tema que le interese al gobierno”.

Por último, señaló que los veracruzanos requieren un gobierno que accione, “no podemos ser partícipes del decremento económico en las familias veracruzanas, tocaremos las puertas que sean necesarias, Veracruz lo necesita y lo demanda”.

El Pleno de la LXV aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), mediante el cual se exhorta al Ejecutivo del Estado para que, en el marco de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, Covid-19, disponga lo conducente para implementar una estrategia que prevenga, atienda y erradique la violencia contra las mujeres en Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este exhorto, resultado del anteproyecto presentado el pasado 2 de mayo por la diputada del Partido Acción Nacional, Nora Jessica Lagunes Jauregui, plantea que el gobierno estatal implemente medidas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres que permanecen en aislamiento y que, en atención a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas se consideren albergues y apoyos especiales para estos casos.

El texto del Acuerdo refiere que el 14 de febrero pasado se firmó un acuerdo para que la Secretaría de Salud transfiriera 405 millones de pesos a la Secretaría de Bienestar, a efecto de que a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) se asignaran subsidios a los refugios de mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, alude a lo señalado por la autora de la propuesta, en el sentido de que el número de llamadas de emergencia por violencia física o acoso u hostigamiento sexual en contra de mujeres se ha incrementado drásticamente en lo que va del año.

Desafortunadamente este fenómeno se recrudece frente a la contingencia por el Covid-19, ya que las mujeres siguen viviendo en situación de vulnerabilidad, entre otras cosas porque las medidas de aislamiento intensifican el riesgo de violencia doméstica, añade.

Atención a la situación derivada de la pandemia por el virus Covid-19

Asimismo, el Pleno acordó exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para que disponga lo necesario a fin que, con independencia de los programas federales correspondientes, a través de los mecanismos de detección, registro, valoración y distribución que estime pertinentes, se destinen apoyos alimentarios a las personas que así lo requieran, afectadas por la pérdida de empleo o disminución significativa de sus ingresos económicos, como consecuencia directa o indirecta de la pandemia por el virus SARS-CoV2, Covid-19.

Asimismo, crear un Grupo Permanente de Coordinación, en el que participen autoridades estatales y municipales, con invitación a las del orden federal que correspondan, así como especialistas en la materia, con la finalidad de atender emergencias y tomar decisiones respecto de la pandemia.

También, proporcionar apoyo al personal médico y no médico de las instituciones públicas federales y locales y de los establecimientos particulares de salud que así lo requieran, para su transportación gratuita a los centros de trabajo y domicilios, en vehículos de propiedad estatal, para evitar actos de discriminación o agresiones como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

Esto, en consideración al anteproyecto de Punto de Acuerdo mediante el que se exhorta a las autoridades estatales a realizar diversas acciones relacionadas con la problemática de la pandemia de coronavirus que enfrenta la entidad, presentado por los diputados integrantes del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el pasado 2 de mayo.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz avaló, con 49 votos, el nombramiento del ciudadano José Alfredo Corona Lizárraga y de la ciudadana María Magda Zayas Muñoz como nuevos Comisionados que integrarán el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

Lo anterior, como resultado del proceso de selección, establecido en la convocatoria pública, aprobada por esta Legislatura el pasado 12 de mayo y publicada ese mismo día en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, órgano de Gobierno del Estado.

Estos nombramientos son resultado del proyecto de Punto de Acuerdo presentado al Pleno por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con base en el análisis del informe, remitido por la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, órgano que llevó a cabo las entrevistas con los 38 aspirantes inscritos y con derecho.

Cabe destacar que, de acuerdo a la base octava de la Convocatoria, aprobados los nombramientos con el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno del Congreso, se comunicará al Ejecutivo del Estado, para los efectos previstos en los párrafos primero y segundo del numeral 1 de la fracción IV del artículo 67 de la Constitución Política Local.

María Magda Zayas Muñoz fue nombrada por el Pleno del Congreso de Veracruz como Comisionada del IVAI, para concluir el periodo del ciudadano José Rubén Mendoza Hernández.

De igual forma, José Alfredo Corona Lizárraga fue nombrado como Comisionado para concluir el periodo del ciudadano Arturo Mariscal Rodríguez, quien al igual que José Rubén Mendoza, renunció al cargo de Comisionado del IVAI el pasado 27 de marzo.

En la votación, además de los 49 votos a favor, se registró una abstención, correspondiente al diputado del PAN, Federico Salomón Molina.

Semblanza.

José Alfredo Corona Lizárraga

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Xalapa (UX), maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de Veracruz (Colver) y Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV).

Entre los cargos que ha ocupado en su trayectoria profesional están: asistente en la Unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Delegación Veracruz; jefe del Departamento de Organización y Métodos del Entonces Instituto Electoral Veracruzano (IEV, hoy OPLE); Regidor en el Ayuntamiento de Xalapa, administración 2011-2013; Asesor Legislativo y Secretario Técnico de la Secretaría General del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, desde el 11 de octubre de 2019, encargado de Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

María Magda Zayas Muñoz.

Es licenciada en Derecho; Diplomado en Juicios Orales y Medios Alternativos y cuenta con una Especialidad en Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, todos por la Universidad de Xalapa.

Ha participado en el X Congreso Mundial de Mediación, en Justicia Reparativa y Resarcimiento Social del Protagonista en Conflicto con la Ley, realizado en Génova, Italia.

Cuenta con un Diplomado en plataforma educativa sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y ha sido Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Asimismo, ha sido ponente, asesora y consultora sobre temas de medios de comunicación, justicia y derechos humanos, así como justicia alternativa y sistema penal acusatorio, entre otros.

El diputado Rodrigo García Escalante puso a consideración del Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado una Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción IV al artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Al hacer uso de la Tribuna, señaló que reconoce el enorme esfuerzo, dedicación, compromiso, humanismo y solidaridad que el personal de salud ha mostrado a pesar de las carencias con las que desempeñan su labor para sacar adelante a los pacientes graves, “para ellos todo nuestro respeto, admiración y agradecimiento, para los familiares de quienes han perdido la vida en esta terrible batalla, nuestro más sentido pésame”.

Por ello, propuso que el Impuesto Sobre la Renta que el personal de salud genera, sea subsidiado totalmente por el Estado, en retribución a la noble labor que día a día están realizando; por lo que la adición que se propone, dirigida al Ejecutivo Federal, establecería que mediante resoluciones de carácter general podrá subsidiar total o parcialmente, el pago del Impuesto Sobre la Renta y sus accesorios, diferirlo o autorizar su pago a plazos.

Lo anterior, cuando se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Esta Iniciativa ante el Congreso de la Unión fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

Durante esta la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Pleno se dio por enterado de la remisión del Primer Informe de Actividades Legislativas del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de esta LXV Legislatura, diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

De igual forma, el Pleno del Congreso se dio por enterado de la determinación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de excluir de su integración al diputado Rodrigo García Escalante y, al mismo tiempo, de la decisión del referido legislador de dejar de formar parte de dicha bancada, por así convenir al ejercicio de su actividad política.

De conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó proceder al registro correspondiente.

También se dio cauce a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de revocación de mandato, presentada por el diputado federal Héctor Yunes Landa, y que fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Así como la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la misma Constitución Política local en materia de revocación de mandato del cargo de Gobernador del Estado, presentada por el senador Julen Rementería del Puerto, turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de Veracruz aprobaron el dictamen de decreto que reforma los artículos 190, 190 bis y 190 ter del Código Penal estatal con lo cual se incrementan las penas aplicables para los delitos de hostigamiento y acoso sexual, con lo cual se contribuirá a desalentar, inhibir y disminuir la comisión de esas conductas.

El dictamen, aprobado con 47 votos, refiere que estas reformas permitirán, sobre todo, eliminar el silencio social y particular de muchas niñas, adolescentes y mujeres, así como la implementación inmediata de lineamientos y protocolos en la materia.

Estas reformas son el resultado de la iniciativa presentada el pasado 28 de enero por la diputada Erika Ayala Ríos, coordinadora del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, quien en la iniciativa planteó que ésta tiene su origen a partir de las constantes denuncias, principalmente de niñas, mujeres y adolescentes que son víctimas de acoso y hostigamiento sexual, siendo este sector el más vulnerable, existiendo un constante ejercicio abusivo de poder por parte del agresor.

Queda establecido en el artículo 190 del Código Penal que: comete el delito de acoso sexual quien, con fines Iascivos, acose reiteradamente a una persona de cualquier sexo, y se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa por el valor diario de hasta 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes.

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, se impondrá una pena de dos a ocho años de prisión y multa por el valor diario de hasta 500 UMA vigentes.

Comete el delito de hostigamiento sexual quien, con fines lascivos, asedie a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas, religiosas, o cualquier otra condición que implique subordinación de la víctima. Al sujeto activo se le impondrán de dos a cinco años de prisión y multa por el valor diario de hasta 300 UMA vigentes.

Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, se impondrá una pena de dos a ocho años de prisión y multa por el valor diario de hasta mil UMA vigentes.

Si el sujeto activo fuere servidor público y utilizare los medios y las circunstancias que su encargo le proporcione, será destituido y se le inhabilitará para ocupar otro empleo o cargo público, hasta por cinco años.

Los delitos de acoso sexual y hostigamiento sexual se perseguirán por querella, salvo que la víctima sea menor de 18 años de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, en cuyo caso serán perseguibles de oficio.

– La CEDH también conocerá de asuntos laborales

En la sesión y con 45 votos, el Pleno aprobó el dictamen por el cual se reforma el artículo 5 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con lo cual queda establecido que éste órgano autónomo no será competente para conocer de asuntos electorales, agrarios y jurisdiccionales en cuanto al fondo.

De igual manera, tampoco Io será respecto de consultas que formulen las autoridades, los particulares u otras entidades sobre interpretación de disposiciones constitucionales y legales, ni en aquellos casos en que se pueda comprometer o vulnerar su autonomía o su autoridad moral.

Este dictamen es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 27 de febrero, a la Diputación Permanente, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Amado Jesús Cruz Malpica.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto, ante el Congreso de la Unión, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para que contemple correctamente los términos que pueda utilizar el Ejecutivo Federal para la interrupción de actividades esenciales y no esenciales, y que sean motivo para suspender las relaciones laborales de forma indefinida.

En este sentido, y ante el escenario global por COVID-19, la iniciativa propone agregar los términos “contingencia sanitaria”, “estado de emergencia” o “casos de fuerza mayor” a la Ley en comento, toda vez que algunos patrones han ejercido presión a sus empleados para deshacerse de toda responsabilidad al momento de suspender la relación laboral sin causa justificada y de forma indefinida, bajo los argumentos de no coincidir en lo que dispone la Ley y lo que emite el decreto.

Con respecto a las bajas salariales, dijo la diputada, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 42 Bis y 429, hace mención que el patrón estará obligado a continuar pagando el salario íntegro en caso de una suspensión laboral por la declaración de contingencia sanitaria por una autoridad competente; sin embargo al haberse declarado “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, se ha desprotegido al sector laboral para que ante cualquier anomalía puedan ejecutar las demandas correspondientes.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social detalló que la Organización Internacional del Trabajo ha dado a conocer que para responder a las crisis de esta índole, es necesario asegurar el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de las normas internacionales bajo la recomendación de la estabilización de los medios de vida y de los ingresos, a través de medidas inmediatas para el empleo y la protección social, la promoción del empleo sostenible, la protección social y la inclusión social, así como la promoción del diálogo y la negociación colectiva.

Asimismo, añadió que dicho organismo internacional hace referencia a que en caso de suspensión, reducción del salario o despido a causa de las repercusiones económicas o por razones de seguridad y salud, el trabajador debe tener derecho a recibir subsidios o asistencia en caso de desempleo para compensar la pérdida de ganancias.

“Es importante evitar llegar a los escenarios previstos por el Gobierno de México al finalizar la presente pandemia, lo anterior se logrará fortaleciendo la tutela jurídica de las y los trabajadores, asimismo, haciendo referencia a los procedimientos necesarios para que la conciliación sea la pieza fundamental para evitar un mayor declive económico”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

Las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México”; pusieron a consideración, durante la Tercera Sesión, del Segundo Periodo Ordinario, la iniciativa de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 57 de la Constitución Política del Estado; que confiere al Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la atribución de elegir cada tres años, en la primera semana del mes de diciembre, a quien presida ese órgano.

A diferencia de lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacan en su texto, y en la mayoría de los tribunales depositarios de los poderes judiciales de las entidades federativas, en los que es un derecho de todos sus integrantes, elegir a las personas que presidan esos órganos jurisdiccionales, en Veracruz, esa responsabilidad está reservada exclusivamente a unos cuantos, concretamente a quienes encabezan las salas colegiadas y a la persona que se encuentre en funciones de Presidente o Presidenta de dicho Tribunal al momento de la elección.

Lo anterior ocurre, señalan los legisladores, porque el artículo 57 de la Constitución Política del Estado y porque ese mismo numeral establece que el referido Pleno estará integrado por la Presidenta o el Presidente del Tribunal y por quienes presidan cada una de sus Salas, a excepción de la Sala de Responsabilidad Juvenil, es decir, las y los magistrados que encabezan las salas penales, civiles, familiares y constitucional de ese órgano del Poder Judicial.

La disposición constitucional referida impide, en resumen, la participación democrática de la mayoría de las personas que ocupan una magistratura en un asunto de la mayor relevancia para el Tribunal y, en general, para el Poder Judicial del Estado, consistente en la elección de su Presidenta o Presidenta, ya que, además de encabezarlo y representarlo legalmente, de acuerdo con el artículo 62 de la propia Constitución, también preside el Consejo de la Judicatura, el órgano encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia.

Conforme al precepto constitucional invocado, si tomamos en cuenta, apuntan, que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado dispone que el referido Tribunal estará integrado por treinta y tres magistradas o magistrados, veintitrés de éstos se encuentran sin derecho a voto directo en la elección de su Presidente, ya que esa facultad únicamente la tienen diez personas: quien encabeza el Tribunal y los que presiden las nueve salas colegiadas con que cuenta ese órgano: cuatro penales, dos civiles, dos familiares y una constitucional.

Con base en lo anterior, las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes; y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes de este Grupo Legislativo Mixto, proponen que el párrafo segundo del artículo 57 de la Constitución Política del Estado establezca que: la Presidenta o el Presidente será elegido cada tres años, en la primera semana del mes de diciembre, por las y los magistrados adscritos al Tribunal Superior de Justicia, con la posibilidad de ser reelegido una sola vez.

Esta Iniciativa de Decreto, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, del Congreso del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz avaló, con 49 votos, el nombramiento del ciudadano José Alfredo Corona Lizárraga y de la ciudadana María Magda Zayas Muñoz como nuevos Comisionados que integrarán el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

Lo anterior, como resultado del proceso de selección, establecido en la convocatoria pública, aprobada por esta Legislatura el pasado 12 de mayo y publicada ese mismo día en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, órgano de Gobierno del Estado.

Estos nombramientos son resultado del proyecto de Punto de Acuerdo presentado al Pleno por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con base en el análisis del informe, remitido por la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, órgano que llevó a cabo las entrevistas con los 38 aspirantes inscritos y con derecho.

Cabe destacar que, de acuerdo a la base octava de la Convocatoria, aprobados los nombramientos con el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno del Congreso, se comunicará al Ejecutivo del Estado, para los efectos previstos en los párrafos primero y segundo del numeral 1 de la fracción IV del artículo 67 de la Constitución Política Local.

María Magda Zayas Muñoz fue nombrada por el Pleno del Congreso de Veracruz como Comisionada del IVAI, para concluir el periodo del ciudadano José Rubén Mendoza Hernández.

De igual forma, José Alfredo Corona Lizárraga fue nombrado como Comisionado para concluir el periodo del ciudadano Arturo Mariscal Rodríguez, quien al igual que José Rubén Mendoza, renunció al cargo de Comisionado del IVAI el pasado 27 de marzo.

En la votación, además de los 49 votos a favor, se registró una abstención, correspondiente al diputado del PAN, Federico Salomón Molina.

Semblanza.

José Alfredo Corona Lizárraga

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Xalapa (UX), maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de Veracruz (Colver) y Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV).

Entre los cargos que ha ocupado en su trayectoria profesional están: asistente en la Unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Delegación Veracruz; jefe del Departamento de Organización y Métodos del Entonces Instituto Electoral Veracruzano (IEV, hoy OPLE); Regidor en el Ayuntamiento de Xalapa, administración 2011-2013; Asesor Legislativo y Secretario Técnico de la Secretaría General del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, desde el 11 de octubre de 2019, encargado de Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

María Magda Zayas Muñoz.

Es licenciada en Derecho; Diplomado en Juicios Orales y Medios Alternativos y cuenta con una Especialidad en Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, todos por la Universidad de Xalapa.

Ha participado en el X Congreso Mundial de Mediación, en Justicia Reparativa y Resarcimiento Social del Protagonista en Conflicto con la Ley, realizado en Génova, Italia.

Cuenta con un Diplomado en plataforma educativa sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y ha sido Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Asimismo, ha sido ponente, asesora y consultora sobre temas de medios de comunicación, justicia y derechos humanos, así como justicia alternativa y sistema penal acusatorio, entre otros.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXV de la Legislatura, el diputado José Andrés Castellanos Velázquez, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, que propone cambiar la denominación de la actual Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional a Comisión Permanente de Bienestar y Desarrollo Social.

Con esta Iniciativa se pretende extender la competencia de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional para atender lo concerniente a temas de la Secretaría de Bienestar y los Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz.

“Los Programas para el Desarrollo que está implementando el Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, tienen como principal objetivo favorecer a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, brindando apoyos como el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, entre otros”, menciona el documento.

Ante estas políticas públicas en materia de bienestar y desarrollo social, que benefician a un gran número de veracruzanas y veracruzanos, señala la iniciativa, resulta necesario reformar la denominación de la Comisión que preside pues de esta forma se podrá atender asuntos relacionados con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz así como los de la Secretaría de Bienestar y los Programas para el Desarrollo.

La iniciativa, del diputado José Andrés Castellanos, integrante del Grupo Legislativo de Morena, fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

Una remuneración justa y equitativa es un principio que debe regir a todo trabajo honesto, de ahí surge la necesidad de actualizar los aranceles que actualmente rigen a los abogados y peritos, “esta modernización es impostergable, debido a que la ley que los rige data de 1974, tiene un desfase de 46 años, tiempo en el que se han dado en México devaluaciones, inflaciones y cambios de unidades monetarias”.

Afirmó la diputada Judith Pineda Andrade, al hacer uso de la Tribuna, durante la Tercera Sesión, del Segundo Periodo Ordinario, de la LXV Legislatura del Estado, en nombre de las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, y para poner a consideración del Pleno la Iniciativa por la que se crea la Ley de Aranceles para Abogados y Demás Profesionistas Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado.

Por lo que después de casi cinco lustros, agregó la legisladora, la ley que tenemos ha quedado completamente obsoleta y requiere urgentemente de una modernización y que esta actualización no solo vendría a beneficiar a los profesionistas, sino también a sus clientes, al darles un parámetro estandarizado de los precios de sus servicios.

En el artículo primero de la Ley que se propone, destacó, se señala que será objeto de la misma, regir en los casos en que no exista un contrato de prestación de servicios, o cuando se condene al pago de gastos y costas; dejando a salvo la libertad contractual de las partes, para que ellas mismas fijen las obligaciones que han de contraer, pero también, que ello no se traduzca en contraprestaciones excesivas al momento del pago de costas judiciales.

Algunos de los puntos más relevantes de la Ley propuesta, dijo la diputada panista son: solamente los abogados que cuenten con cédula profesional, serán aquellos que puedan cobrar las tarifas señaladas por el cobro de costas procesales; establecer como causa de nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales el que señale en éste el cobro de honorarios por arriba del 20% de la suerte principal, salvo en los casos en que el contratante no vaya a erogar pago alguno, hasta finalizar el proceso, asumiendo el abogado los riesgos de no cobrar los mismos, de no obtener sentencia favorable, y hasta que la misma cause estado.

Se establece, también, en la Ley propuesta, como obligación de los abogados, el exhibir al interior de sus despachos, tanto la Ley que establece las tarifas genéricas, como el arancel que ellos mismos cobren por sus servicios, con la finalidad de mantener debidamente informados a sus clientes de los costos que representan sus servicios; y dado el elevado índice de desigualdad imperante, hay casos en donde las víctimas no pueden contratar los servicios de un abogado, es por ello que se establece como una obligación para estos profesionistas, el prestar servicios gratuitos, estableciendo claros límites a esta carga social, pues tampoco se puede exigirles que se dediquen exclusivamente a casos gratuitos, lo que se establece en el artículo 23.

Es de vital importancia, continuó, que se garantice que “no se inflen los recibos de honorarios con actos innecesarios, superfluos o incluso, frívolos”, por lo que los servicios que se presten y caigan en estas categorías serán excluidos del pago de costas y honorarios, asegurándose de esta manera que la actividad que presten abogados y peritos sea de nivel profesional y de calidad.

Se incorpora que, en su artículo 28, la declaración de nulidad de títulos de créditos que sean elaborados para garantizar honorarios futuros, esto con la clara finalidad de que los clientes, no sean extorsionados con el pago de honorarios no devengados.

Pero también hay que reconocer que se dan casos en donde los abogados se encuentran con clientes renuentes de pagarles sus servicios, es por ello que se le da el carácter de “título que trae aparejado ejecución” a los contratos de prestación de servicios que además de cumplir con los requisitos de esta Ley y demás legislaciones, sean ratificado ante notario público, facilitándoseles el cobrar sus honorarios devengados, en su artículo 31.

Hoy debemos, como Congreso, buscar crear leyes que estén acordes a la realidad, pero también debemos actualizar las que ya tenemos, la realidad avanza y la ley no puede quedarse estancada, para eso estamos nosotros, para darle el dinamismo necesario al sistema legal, concluyó la legisladora del PAN.

Esta Ley de Aranceles para Abogados y Demás Profesionistas Auxiliares de la Administración de Justicia del Estado, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó ante el Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo segundo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado, en materia de justicia digital y para la utilización de medios electrónicos en la impartición de justicia.

La diputada señaló que este proyecto tiene como objetivo establecer la base constitucional, que garantice a las y los ciudadanos la implementación y utilización de herramientas digitales o electrónicas en los actos y diligencias de los procesos judiciales en la entidad.

Además, busca establecer la base para establecer el denominado juicio en línea, para el Poder Judicial del Estado (PJE) y para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y que los actos judiciales llevados a cabo a través de estos medios tengan plena validez jurídica.

Desde hace algunos años, dijo en su mensaje, existe en la comunidad jurídica, la exigencia de que los poderes judiciales transiten, de las formas tradicionales presenciales e impresas, al uso de herramientas digitales para una mejor gestión en sus actividades, facilitando a los usuarios formas más modernas para el trámite de sus casos e impartición de justicia.

En sus transitorios, la iniciativa señala que la utilización de las tecnologías de la información en el proceso penal y en los procedimientos que sean de la competencia de los juzgados laborales, se observarán las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Trabajo, respectivamente.

Asimismo, las instancias pertinentes deberán tomar las previsiones presupuestales para contar con los recursos necesarios para dar cumplimiento en tiempo y forma al dictamen, debiendo autorizar o crear los sistemas electrónicos útiles que garanticen que los procedimientos, trámites procesales y su gestión judicial sean ágiles, efectivos, seguros y de acceso remoto conforme lo marca el documento.

En el escenario de la pandemia por Covid-19, continuó la legisladora, los Tribunales del país, ya están llevando a cabo acciones alternativas, profundizando en la transición hacia modalidades a distancia y bajo esquemas de trámite digital, “tal y como lo viene implementando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación”, destacó.

Finalmente, Linares Capitanachi puntualizó que el Congreso del Estado, debe sumarse a la transición tecnológica judicial y apoyar a los órganos jurisdiccionales para garantizar que el derecho humano a la impartición de justicia sea pronta y expedita, pudiendo enfrentar eventualidades futuras, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

Con el propósito de privilegiar la voluntad de cualquiera de las partes en su decisión personal para la disolución del vínculo matrimonial, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el decreto que adiciona diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por el que adiciona un Título Décimo Bis denominado Del Juicio Sumario y de Divorcio Incausado.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales deriva de la iniciativa presentada el 20 de junio de 2019 por la diputada Mónica Robles Barajas, según el cual basta con que uno de las demandantes solicite el divorcio para que este se decrete.

El documento, avalado con 35 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones, señala que a través de esta vía sumaria, las y los jueces especializados en materia familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz podrán resolver de manera pronta, expedita y completa, sin trámites largos y costosos dichos casos, pues esta decisión no puede postergarse u obstaculizarse, toda vez que la intención es ponderar el libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges.

Asimismo, el dictamen garantiza el pleno acceso de los menores a la totalidad de sus derechos: alimentos, derecho a la familia, convivencia, educación y otros tutelados por la legislación en la materia; es decir, la declaración del divorcio es independiente de las demás instituciones familiares, las cuales deberán tramitarse y resolverse de acuerdo con su propia naturaleza y características.

En este sentido, se determina que el procedimiento sumario es del orden civil tramitado ante la autoridad judicial, por lo que, considerando las experiencias en otras entidades federativas que consagran este concepto en su ordenanza, se asegura la observancia de las garantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprueban reformas al Código Civil del estado

Así también, con 47 votos, aprobaron el dictamen con proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 676, y los artículos 704, 706 y 708 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentado por la referida Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

De acuerdo con dicha reforma, se expedirá una nueva acta de nacimiento en caso de que el reconocimiento de una hija o un hijo nacido fuera del matrimonio se hiciere después de haber sido registrado su nacimiento.

Se establece también que la o el Oficial del Registro Civil deberá expedir una nueva acta de nacimiento en la que se asiente los mismos datos del acta anterior más los nombres de quien la o lo reconociere como progenitores. Se anotará, además, el o los nombres, domicilio y nacionalidad de los abuelos que correspondan al progenitor asentado en el acta.

A partir del levantamiento de la nueva acta de nacimiento, no se publicará ni se expedirá constancia alguna del acta anterior, salvo orden judicial o a solicitud de su titular, haciéndose las anotaciones respectivas en la misma.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 48 votos, el dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado y sanciona a quien agreda a las personas que están al frente del sector salud en esta pandemia, ocasionada por el coronavirus, Covid-19, y que también protegerá equipo e instalaciones destinados para enfrentar la crisis sanitaria.

Este dictamen, resultado de las iniciativas presentadas por las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz, del Grupo Legislativo de Morena, Ivonne Trujillo Ortiz, de Movimiento Ciudadano-PRD, así como las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, en voz de la diputada Erika Ayala Ríos, plantea mejorar el marco jurídico estatal en aras de que el personal de salud pueda ejercer su labor sin temor a ser agredido.

De esta manera, en el decreto queda establecido que las penas previstas en el artículo 137 del Código Penal serán incrementadas hasta en una mitad sin perjuicio de las agravantes o calificativas que les sean aplicables cuando este delito se cometa en contra de personal de instituciones públicas o establecimientos particulares de salud, personal de atención de emergencias, personal de seguridad pública o de protección civil y bomberos, con motivo del cumplimiento de sus funciones o por consecuencia del encargo durante una emergencia sanitaria declarada.

También, queda establecido que se impondrán de dos a cinco años de prisión, de 50 a 200 días de trabajo a favor de la comunidad y multa de 50 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuando las conductas a las que se refiere el artículo 196 sean cometidas en contra de personal médico, de enfermería, traslado de enfermos o cadáveres, intendencia, laboratorio o de cualquier otra índole que labore o preste servicios dentro de instituciones públicas o establecimientos privados de salud.

Así como también a bomberos o en contra de personal de instituciones públicas o privadas de atención de emergencias, con motivo de las actividades que éstos realicen durante una emergencia sanitaria o catástrofe, dentro o fuera de su jornada laboral.

En relación con el delito de daños, si se ocasiona durante emergencias sanitarias o catástrofes, sobre bienes de instituciones públicas o establecimientos privados de salud, laboratorios, consultorios médicos o inmuebles habilitados para operar como hospitales, se impondrán de uno a nueve años de prisión y multa de 30 a 200 veces el valor diario de la UMA.

A quien amenace o agrede a personal de las instituciones de seguridad pública, de las Fuerzas Armadas, de tránsito y vialidad o de protección civil, que se encuentre en el ejercicio de sus funciones durante emergencias sanitarias a catástrofes o con motivo de éstas, se le impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 30 a 200 veces el valor diario de la UMA.

En el debate de este dictamen, la diputada Ivonne Trujillo agradeció a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales por dictaminar esta iniciativa, con la cual –indicó- se refrenda el compromiso con las trabajadoras y trabajadores de la salud para que reciban un trato respetuoso y digno al realizar sus funciones.

En cumplimiento de la base quinta de la convocatoria, publicada el pasado 26 de marzo en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 124, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) iniciaron, este 19 de mayo, la etapa de entrevistas a 16, de los 21, aspirantes a titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Reunidos en la sala Venustiano Carranza, sede de las entrevistas, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador del Grupo Legislativo de Morena y presidente de la Jucopo, el legislador Omar Guillermo Miranda Romero (PAN), la diputada Erika Ayala Ríos (PRI-PVEM) y el legislador Alexis Sánchez García (MC-PRD), llevaron a cabo este procedimiento, el cual estuvo centrado en la trayectoria, experiencias, conocimiento en la materia y propuestas de cada uno de los aspirantes, en caso de asumir el cargo.

Cada uno de las y los aspirantes contó con 15 minutos para apertura, desarrollo y cierre de su intervención, periodo en el cual aportaron diversos elementos en cuanto a los objetivos planteados y las acciones a implementar desde la FGE.

Este 19 de mayo, fueron entrevistados las ciudadanas y los ciudadanos: Elizabeth Morales García, Gabriel Alejandro Williams Mendoza, Fernando Herrera Escobar, Florencio Hernández Espinoza, Salvador Antonio Monroy Cosme, Francisco Enrique Varela Ramírez, Teresa Cruz Flores, Yuridia Torres Páez, Rubí Rosas Carvajal, Anel Retama Jácome, Tomás Mundo Arriasa, Arabella Marely Cañas y Sáenz, Jorge Efrén Avilés Morelos, Anastacio Báez Méndez, Ángel Rodríguez Bernal y Angel Ofir Martínez Che.

Este 20 de mayo, a partir de las 10:00 horas, la Jucopo continuará esta etapa con las entrevistas a las y los ciudadanos Verónica Hernández Giadáns, Ramiro Ramírez Reyes, Alejandro Lagunes Toral, Gerardo Escobedo García y José Martín Rivera Martínez.

Conforme a la Convocatoria, al concluir la etapa de entrevistas, la Jucopo tiene un plazo máximo de tres días naturales para emitir el Proyecto de Punto de Acuerdo en el que se propondrá a la terna de la cual el Pleno, por mayoría calificada, elegirá a la persona que asuma la titularidad de la FGE.

Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXV legislatura del Congreso del Estado, hicieron del conocimiento del Pleno, durante la primera sesión ordinaria, del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de esta Soberanía, el Proyecto de Punto de Acuerdo, por el que se concede prórroga para la entrega del informe trimestral sobre el ejercicio del gasto público, de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), del Gobierno del Estado.

En atención, afirman los legisladores en el texto de su Proyecto de Punto de Acuerdo, de la solicitud formulada por el titular de la Sefiplan, y por la situación por la emergencia sanitaria, derivada de la propagación del coronavirus, se prórroga por un término máximo de noventa días naturales, contados a partir del vencimiento del plazo para presentarlo, al que hace referencia el artículo 179, segundo párrafo, del Código Financiero para el Estado; y por única ocasión.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo que exhorta a los Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, a que incluyan como falta administrativa la agresión verbal y la negación injustificada de servicios públicos y privados a todo el personal del sector salud, con fundamento en la Ley que Establece las Bases Normativas a que se Sujetarán los Reglamentos en Materia de Faltas de Policía que Expidan los Ayuntamientos del Estado.

Al respecto, dijo el legislador, deberá considerarse, una vez establecidos estos lineamientos, que las autoridades municipales puedan sancionar las faltas hacia este sector, con multa, trabajo comunitario o arresto, según su naturaleza y gravedad de las situaciones en concreto en la que incurran las o los agresores.

Vargas Barrientos destacó que, mientras dure la declaración de emergencia nacional originada por la epidemia de enfermedad causada por el COVID-19, deben establecerse estrategias locales para que una vez notificada la autoridad por medio del número de emergencia 911, elementos de seguridad pública intervengan de inmediato, preservando la integridad física, psicológica y moral de los trabajadores de la salud.

En el mismo sentido, el diputado propuso también establecer como falta, la acción o petición que lleve a cabo uno o más ciudadanos o ciudadanas con el objeto de que se impida la prestación de un servicio público o particular a personal de la salud en este mismo periodo.

“Es necesario exhortar también respetuosamente a las autoridades de los municipios, que se hagan cumplir sus reglamentos municipales existentes en materias como la de mercados o de espacios públicos, con la finalidad de que tampoco se sigan presentando aglomeraciones, toda vez que a través de medios de comunicación y redes sociales se han evidenciado afluencias de personas en sitios públicos, desatendiendo las recomendaciones sanitarias federales y estatales”, añadió.

Asimismo, señaló que “son muchos los ciudadanos que están respetando la instrucción básica de quedarse en casa y también son muchos los que tienen que salir a trabajar porque viven al día, pero ello no tiene que dar lugar a violar las reglas fundamentales de la sana distancia, el uso de cubre bocas, el lavado de manos o el ingresos excesivo de personas a comercios”.

Finalmente, realizó un reconocimiento al personal de salud y a los ciudadanos que hacen el esfuerzo de quedarse en casa, pues de esta manera evitan que la pandemia se extienda más, procurando que este periodo de emergencia pase lo antes posible y con los menores daños.

“Envío un agradecimiento a las autoridades municipales, estatales y federales que están trabajando a marchas forzadas para que los servicios públicos básicos no falten en este periodo de emergencia, incluyendo a los policías, trabajadores y autoridades de la seguridad pública”, concluyó.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México” (PRI-PVEM) realizaron un exhorto a las autoridades estatales a realizar diversas acciones relacionadas con la pandemia del virus SARS-CoV2 (Covid-19) que enfrenta el estado de Veracruz.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Jorge Moreno Salinas manifestó que en estos tiempos “la solidaridad debe manifestarse sin reservas, al constituir una prioridad la atención de la población afectada por la pandemia, ya sea médica o económicamente, así como la protección y salvaguarda de los derechos humanos del personal de salud responsable de dicha atención y cuidados”.

En primer lugar, exhortó al Ejecutivo del estado a disponer lo necesario para que, con independencia de los programas federales correspondientes, a través de los mecanismos de detección, registro, valoración y distribución que estime pertinentes, se destinen apoyos alimentarios a las personas que socioeconómicamente así lo requieran, que hayan sido afectadas con la pérdida de empleo o disminución significativa de sus ingresos económicos, como consecuencia directa o indirecta de la pandemia de enfermedad por Covid-19, de tal modo que puedan contar con los ingresos necesarios para su sustento.

En segundo lugar, exhortó al Ejecutivo estatal a crear un Grupo Permanente de Coordinación, en el que participen autoridades estatales y municipales, con invitación a las del orden de gobierno federal que correspondan, así como especialistas en la materia, con la finalidad de tomar decisiones y atender emergencias en cualquier momento, relacionadas por la pandemia de la enfermedad referida, contando con las facultades y los recursos necesarios para tales efectos.

En tercer lugar, exhortó al Gobierno del Estado a proporcionar apoyo al personal médico y no médico de las instituciones públicas federales y locales de salud y de los establecimientos particulares de ese mismo ramo en la entidad, que así lo requieran, para su transportación gratuita a los centros de trabajo y domicilios, en vehículos de propiedad estatal, a fin de evitar actos de discriminación o agresiones de cualquier naturaleza como consecuencia del ejercicio de sus funciones, durante la contingencia sanitaria decretada por las autoridades competentes, así como a instruir lo conducente para que en los accesos a las unidades médicas se brinde seguridad y protección al personal antes mencionado, a fin de que no sea objeto de conductas que violenten sus derechos humanos.

El exhorto, turnado a la Junta de Coordinación Política, comprendió también instruir las medidas pertinentes para hacer extensivas la seguridad y protección descritas al personal de seguridad pública, de atención de urgencias y de protección civil, que realiza funciones durante la contingencia sanitaria.

En representación de la bancada integrada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y el legislador Antonio García Reyes, Jorge Moreno expresó que “sin mezquindad y con auténtico deseo de contribuir a resolver la compleja problemática que se enfrenta, nuestro Grupo Legislativo hace este exhorto, en el entendido de que la suma de voluntades, en medio de la adversidad, siempre será bienvenida”.

Los diputados integrantes de las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, del Congreso del Estado, pusieron a consideración del Pleno, de la LXV legislatura, el dictamen con proyecto de Decreto que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para el estado.

Esto, durante la primera sesión, del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, destacando que ante las carencias y grandes desigualdades sociales que viven millones de veracruzanos, es necesario seguir impulsando y fortaleciendo el desarrollo local.

Así como adecuando nuestro marco jurídico para incentivar gobiernos municipales responsables, que actúan con respeto a la ley, que sean capaces de atender las demandas sociales y que construyan legitimidad a través de la participación ciudadana organizada e informada.

Para ello, señalaron en su Decreto, debe existir responsabilidad y voluntad política en los cabildos, de dialogar, deliberar y escuchar a la ciudadanía, en diversos formatos y espacios, como lo son las audiencias públicas y el cabildo en sesión abierta; y que la reforma a los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre es pertinente.

Con esto, continúan, se armoniza, la Ley Orgánica municipal con lo dispuesto en la Ley Estatal de Participación Ciudadana Gobierno Abierto, ya que la acción conjunta entre los ayuntamientos y la sociedad civil dará paso a transformaciones importantes en el ámbito municipal.

De la misma manera, se busca establecer en la Ley que esta Soberanía, a través de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, tenga la facultad de recibir y conocer las actas de cabildo en sesión abierta, con el objetivo de fomentar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley Estatal de Participación Ciudadana.

Asimismo, contribuirán a garantizar que los ciudadanos expresen, manifiesten y debatan sus ideas e inconformidades ante sus representantes populares, y para ello contarán con un registro interno de las actas digitalizadas que reciba, con la finalidad de tener un respaldo de las sesiones de cabildo abierto. Sin que ello implique la intromisión o vulneración a las facultades constitucionales del municipio libre.

Este Decreto, que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, fue aprobado con 46 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

El Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, dio entrada a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, enviada por la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fomento al Empleo del Estado de Veracruz en materia de creación de un Seguro de Desempleo.

En primer término la propuesta sugiere la reforma del nombre de la Ley en comento incluyendo el concepto “Protección” para quedar “Ley de Protección y Fomento al Empleo del Estado de Veracruz”.

Del mismo modo, integra a esta Ley las atribuciones necesarias para normar como política pública, la programación del Seguro de Desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal, cuando el trabajador, por causas ajenas a su voluntad, sea separado de manera temporal o definitiva de su trabajo privándose de su salario.

Además, incluye la iniciativa, el titular del Ejecutivo deberá incluir en el presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz, la asignación que garantice el derecho a este Seguro para las personas que reúnan los requisitos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Productividad (STPSP) señale.

En la propuesta se lee, que el Seguro de Desempleo es un mecanismo de protección social para las personas que han perdido su empleo, el cual otorgará un derecho económico a los beneficiarios que la STPSP determine, a partir del cumplimiento de los requisitos y normatividad de una convocatoria, así como las demás disposiciones administrativas aplicables.

Asimismo, y en cumplimiento con los requisitos que la STPSP fije, los beneficiarios tendrán derecho al Seguro por un plazo no mayor a 6 meses, pudiendo acceder al mismo cada dos años. El monto ascenderá a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) entregándose de forma mensual.

En cuanto a los beneficiarios, la propuesta señala que es personal e intransferible, y podrá entregarse a personas desempleadas mayores a los 18 años y que sean residentes del estado de Veracruz, además de haber laborado por lo menos 6 meses para una persona moral o física con domicilio fiscal en la entidad, y que no perciban otros ingresos por concepto de pensión, jubilación, subsidio o relación laboral diversa.

Además, deberán estar inscritas en la STPSP en forma directa a través de alguna plataforma oficial, ser demandantes activas de empleo, y cumplir con las disposiciones reglamentarias aplicables.

Bajo el contexto económico actual que vive México y Veracruz por la contingencia sanitaria por COVID-19, la iniciativa propone la necesidad del inicio inmediato de la operatividad de este tipo de programas como lo es el Seguro de Desempleo, por lo que de ser aprobada, la STPSP deberá emitir la convocatoria correspondiente en un plazo no mayor de 30 días naturales.

En consecuencia, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), deberá hacer saber al Congreso Local, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el monto de los recursos que se destinarán al Seguro de Desempleo, para hacer los ajustes necesarios al Presupuesto de Egresos aprobado para el presente año.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y Trabajo y Previsión Social.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el dictamen de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, con lo cual queda establecido que el Congreso, de manera excepcional, podrá celebrar sesiones a distancia, mismas que deberán ser transmitidas en vivo por los canales oficiales.

El dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales durante la sesión de este 2 de mayo, es resultado de la iniciativa propuesta por las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura.

De esta forma, queda señalado en la Ley que el Congreso del Estado se reunirá a partir del cinco de noviembre de cada año para celebrar un Primer Período de Sesiones Ordinarias, el cual concluirá el día último del mes de enero del año siguiente; y a partir del dos de mayo de cada año para celebrar un Segundo Período de Sesiones Ordinarias que concluirá el día último del mes de julio siguiente.

Las sesiones del Congreso y de sus comisiones serán públicas; pero cuando se trate de asuntos que exijan reserva, serán privadas, de conformidad con lo establecido por su normatividad interior.

De manera excepcional, cuando existan contingencias sanitarias, ambientales, riesgos a la seguridad pública, a la protección civil, o cuando se declare estado de emergencia u otros casos de fuerza mayor, las sesiones del Congreso podrán celebrarse a distancia, ya sea de forma total o parcial, a través de las tecnologías de la información o sistemas electrónicos que se establezcan para ello.

Todas las sesiones celebradas bajo esta modalidad deberán ser transmitidas en vivo.

Las tecnologías de la información o sistemas electrónicos para la celebración de las sesiones a distancia, deberán garantizar de manera eficaz la verificación del quórum, la intervención de viva voz de las y los legisladores partícipes, el registro de las votaciones, y que el acceso a dichas plataformas esté limitado a los Diputados y Diputadas, así como al personal previamente autorizado.

Tras aprobarse con 42 votos a favor y tres abstenciones este dictamen, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó remitirlo al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 154 Quater, del Código Penal del Estado de Veracruz, que faculta al Ministerio Público a tener las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la víctima de violencia familiar, debiendo informar al juez para que en audiencia pública decrete lo procedente.

El dictamen, resultado de la iniciativa presentada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, dota al Ministerio Público de los instrumentos jurídicos necesarios, para que al momento de conocer de los hechos, pueda ordenar las medidas preventivas constituyendo acciones anticipadas, disuadiendo afectaciones mayores para las víctimas de violencia familiar.

La reforma responde a que las medidas actuales del Ministerio Público resultan limitadas en sus atribuciones al actuar a favor de las víctimas, por lo que la reforma a dicho artículo dota al Ministerio Público para tener, a su alcance inmediato, las medidas de protección que protejan anticipadamente a las víctimas de violencia familiar.

En este sentido, el artículo 154 Quater del Código Penal de la entidad, ya contempla las medidas de prevención para salvaguardar la atención de las víctimas, sin embargo éstas se encontraban condicionadas a petición del juez, por lo que con esta reforma, las víctimas dejarán de estar desprotegidas temporalmente pues no se tendrá que esperar a que el juez acuerde al respecto.

Durante su intervención, la autora de la iniciativa, diputada Rosalinda Galindo Silva, resaltó que actualmente la atribución del Ministerio Público, para acordar medidas preventivas de protección que le impone el Código Penal local, resulta limitada en comparación con la atribución que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, para ordenar en favor de las víctimas de violencia familiar.

Asimismo, señaló que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 137 párrafo primero, otorga, entre otras atribuciones del Ministerio Público, la atribución de ordenar medidas de protección idóneas, para salvaguardar la seguridad de las víctimas, por lo que la propuesta que hoy presenta la Comisión de Justicia armoniza el Artículo 154 Quater del Código Penal para el Estado, a la disposición Federal.

El dictamen fue aprobado con 24 votos a favor, 7 en contra y 14 abstenciones.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen por el cual se reformó el artículo 380 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz y se establece que la Comisión de Hacienda, en coordinación con la Tesorería, someterá a la consideración del Cabildo la Cuenta Pública Municipal del ejercicio inmediato anterior, a más tardar el último día hábil del mes de marzo y presentarse al Congreso del Estado a más tardar el día 30 de abril.

De esta manera se homologa la fecha fijada en el Código Hacendario Municipal para el Estado, con las establecidas en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en concordancia con las Leyes de Fiscalización y Orgánica del Poder Legislativo, respecto al término para presentar la Cuenta Pública Municipal, pasando del mes de enero al último día hábil del mes de marzo, ante el Cabildo y a más tardar al 30 de abril ante el Congreso del Estado.

Este dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 25 de julio de 2019 por la diputada del Partido Acción Nacional, María Graciela Hernández Iñiguez, fue aprobado por el Pleno con 46 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, durante la sesión de apertura del Segundo Periodo Ordinario, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura.

Asimismo, la reforma refiere que, tratándose del último año de la administración municipal, la Comisión de Hacienda y la Tesorería deberán someter la Cuenta Pública municipal a consideración del Cabildo, durante el mes de diciembre, o bien, hasta el último día del mes de enero.

Por otra parte, en el artículo tercero transitorio se señala que los ayuntamientos que dispongan del Código Hacendario Municipal propio deberán proponer ante esta Soberanía la reforma correspondiente, con el propósito de ajustarse a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo que no excederá de 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor del mismo.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal y de Vigilancia determinaron procedente esta reforma, ya que -añaden- tiene como propósito brindar certidumbre a los entes fiscalizables municipales de la entidad, en cuanto a la presentación de sus Cuentas Públicas.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 30 de mayo de 2019 por el diputado de Morena, León David Jiménez Reyes, con lo que se deroga la fracción XLI del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con ello la obligación de este Poder de realizar anualmente una sesión fuera de su sede oficial, siendo en algún municipio del norte, centro o sur de la entidad.

De esta manera se ajusta lo contenido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo a lo señalado en el Decreto 759, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 8 de octubre de 2018, mediante el cual se quitó del artículo 28 de la Constitución Política del Estado la obligación de sesionar fuera de la sede oficial, ubicada en la ciudad de Xalapa.

La Comisión Permanente de Gobernación, instancia dictaminadora, señala en el documento que la reforma integral a la Constitución Política del Estado, realizada en el año 2000, se estableció como una obligación del Poder Legislativo de la entidad, sesionar por lo menos una vez al año en la cabecera de algún municipio del norte, centro o sur del Estado, lo que se conoció como “sesiones foráneas”.

Asimismo, recordó que los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reformaba el artículo 28 de la Constitución Política del Estado, la cual tenía como finalidad primordial dejar sin efecto lo relativo a la obligación que tenía este Congreso de realizar, cada año, dichas sesiones fuera de la sede oficial.

Refiere que dicha Legislatura, en su exposición de motivos, manifestaron, “Veracruz no atravesaba su mejor etapa en términos económicos y financieros, por lo que la austeridad, la racionalidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos y su gasto, debían ponderarse siempre en aras del beneficio común”.

Tras aprobarse, con 43 votos a favor, 2 en contra y sin abstenciones, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó a la Secretaría General a remitir el presente decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El sistema educativo nacional es el subsistema social que moviliza la mayor cantidad de personas diariamente y por tanto es un modo crítico de contacto. Por este motivo y tomando en consideración la alta tasa de contagio del coronavirus Covid-19 que oscila entre 1.4 a 3 personas por cada infectado, la suspensión de actividades en los centros escolares es considerada una de las estrategias indispensables para controlar la propagación de la enfermedad.

Señalaron lo anterior, los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), que coordina el diputado Omar Guillermo Miranda Romero, al presentar ante el Pleno, la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 4 de la Ley de Educación del estado.

Esto, durante los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Periodo, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura; limitar el contacto social, reconocen en su Iniciativa, permitirá a los sistemas de salud enfrentar la presente crisis, por lo que la estrategia adquiere una dimensión temporal que ha sido relevante considerar.

La medida impacta, destacan los legisladores del PAN, a 36 millones 635 mil alumnos y más de 2 millones 100 mil docentes; convocando, el titular de la SEP, a las y los maestros a apoyar“, en el aprendizaje con la escuela a distancia”, sin embargo esta acción implementada, destacan en su texto, “marchas forzadas”, generó un entorno para el que ni los profesores, ni las autoridades, ni los estudiantes y padres de familia, estaban preparados.

Si bien ha sido una alternativa para no dejar de garantizar la educación de los niños y jóvenes, consideran en su Iniciativa, representa un gran reto para profesores y alumnos, aún más para aquellos que no cuentan con las herramientas necesarias para impartir y recibir educación mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, considerando que el proceso enseñanza-aprendizaje lo realizan bajo el esquema presencial y que no existe una preparación previa.

Es evidente que no hay en estos momentos, continúa el documento, igualdad de condiciones para la impartición de la educación, visibilizándose posibles deficiencias en la enseñanza, que podrán advertirse, cuando los alumnos se incorporen

Por ello, subrayan en su Iniciativa, que quienes integran el grupo legislativo del PAN, pretenden establecer en la Ley de Educación estatal, que los tipos de educación que se imparten en las modalidades escolarizada o abierta presenciales puedan continuar con sus planes de estudio a través de la educación a distancia.

Esto, cuando se presenten contingencias sanitarias ocasionadas por epidemias de carácter grave o exista peligro de invasión de enfermedades tóxicas en el país, la Secretaría de Educación estatal deberá establecer lineamientos para estar en posibilidad de lograrlo de forma eficiente, así como brindar la capacitación al personal docente y alumnos para atender dicha situación de forma eficiente.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto, fue turnada a la Comisión Permanente de Educación, del Congreso del Estado, para su estudio y dictamen.