En representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada Judith
Pineda Andrade presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a diversas
autoridades en materia de acciones en combate a la violencia feminicida.
En su intervención, solicitó la implementación de las acciones necesarias a fin de
garantizar la viabilidad financiera para la operación de las Alertas de Violencia de Género
declaradas en Veracruz, así como el correcto funcionamiento de todos los Refugios para
la Mujer en la entidad.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del año, la legisladora
expuso que las diferentes modalidades y expresiones de esta violencia impiden el
desarrollo de las mujeres y las niñas, menoscaban su libertad y derechos, limitan el pleno
desarrollo de sus capacidades y su participación política, económica y social.
Desde la tribuna, la legisladora señaló que “la violencia contra las mujeres y las niñas es
inaceptable.

Se puede prevenir y ponerle fin, pero necesitamos que nuestras autoridades
volteen a ver la problemática y dejen a un lado sus discursos políticos para
verdaderamente enfrentar el problema”.

Esto, agregó Judith Pineda Andrade, nos convoca a la acción colectiva, por lo que
“seguiremos trabajando desde nuestras atribuciones reafirmando así nuestro compromiso
para hacer realidad el acceso de todas las mujeres y las niñas a una vida libre de
discriminación y violencia, para lograr la igualdad de género en todas las dimensiones del
desarrollo humano, porque es urgente y necesario para alcanzar el bien común”.

La LXV Legislatura aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por
el cual se exhorta a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para que, como ente
rector del Sistema Educativo Veracruzano, conjunte, dialogue y en su caso, celebre
convenios con las instituciones públicas, privadas y autónomas de Educación Superior,
con sede en la entidad, con la finalidad de homologar el costo de titulación en todo el
Estado.

Este Acuerdo es resultado del anteproyecto presentado el pasado 12 de mayo por la
diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN).
La Jucopo refiere que la propuesta analizada demanda atender en Veracruz uno de los
problemas por los cuales los estudiantes no completan la etapa final de sus estudios
universitarios: el alto costo de titulación, así como la disparidad de precios, dependiendo
de la institución académica de que se trate.

Asimismo, refiere que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior determinó que el promedio nacional de eficiencia terminal referida a
la titulación de las y los egresados era del 56 por ciento.

Esto revela que 4 de cada 10
estudiantes que concluyen sus estudios no realizan los trámites correspondientes para la
obtención de su título, añade.
Se pretende –agrega- que mediante la suscripción de convenios, la SEV convoque a las
universidades en el Estado para homologar un costo único de titulación del nivel
profesional en la entidad, que contemple la obtención del título y el certificado de estudios,
con el fin de favorecer y proteger la economía de los estudiantes, garantizándoles concluir
sus estudios de manera completa y satisfactoria.
-Crean Comisión Especial para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad A propuesta de la diputada Montserrat Ortega Ruiz, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó
el acuerdo de la Jucopo, por el cual se crea la Comisión Especial para la Atención e
Inclusión de Personas con Discapacidad, misma que tendrá como objetivos el impulsar la
debida y oportuna atención a una parte de la población que requiere leyes, acciones y
programas de gobierno permanentes, que les garanticen el pleno ejercicio de sus
derechos humanos y su incorporación a la vida social y productiva.
Esta instancia legislativa quedó conformada por la diputada Montserrat Ortega Ruiz, como
presidenta; el legislador Jorge Moreno Salinas, secretario, así como Florencia Martínez
Rivera y Alexis Sánchez García, vocales.

Esta Comisión Especial será el enlace entre los integrantes de ese sector de la población
y las instituciones públicas, a efecto de propiciar mejores condiciones para su desarrollo,
así como promover y garantizar el goce pleno de todos sus derechos humanos, en
concordancia con lo señalado en los diversos tratados internacionales suscritos por el
Estado mexicano, refiere el acuerdo.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de Veracruz aprobaron el dictamen,
resultado de la iniciativa presentada el pasado 12 de mayo por la Comisión Permanente
de Educación y Cultura, en voz del diputado León David Jiménez Reyes, por el cual se
reforman los artículos 10 y 16 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, a fin de
armonizar diversas disposiciones de la Carta Magna local a la llamada reforma educativa,
aprobada por el Congreso de la Unión en 2019.
Durante la quinta sesión ordinaria, del segundo periodo ordinario de sesiones, fue
aprobado este dictamen con 48 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

La Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, instancia dictaminadora,
refiere que uno de los propósitos de esta reforma es coincidente también con los objetivos
de la Nueva Escuela Mexicana, caracterizada por una estructura abierta que integra a la
comunidad, pero sobre todo que prioriza la atención de poblaciones en desventaja, con la
finalidad de brindar los mismos estándares, para garantizar las mismas oportunidades de
aprendizaje a todas y todos los mexicanos.
Asimismo, coincide en cuanto al impulso de acciones que mejoren las condiciones de vida
de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario.
De esta manera, se establece en el artículo 10 que todas las personas tienen derecho a
recibir una educación inclusiva, y laica.

El Estado y los municipios la impartirán en forma
pública y gratuita. La inicial, la preescolar, la primaria y la secundaria conforman la
educación básica; ésta y la media superior son obligatorias.
La educación superior se regirá y será obligatoria en términos del artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La educación inicial es un
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones del Estado, de los
municipios, sus entidades descentralizadas, las instituciones de educación superior
dotadas de autonomía conforme a la ley como la Universidad Veracruzana y los
particulares que impartan educación, en los términos que fije la ley.
Se incorpora al texto constitucional que las instituciones de educación superior del Estado
dotadas de autonomía conforme a la Ley, como la Universidad Veracruzana (UV), tendrán
la facultad de auto gobernarse, expedir su reglamentación y nombrar a sus autoridades;
realizarán sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura y la ciencia, a través de las
funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de
cátedra, de investigación, de libre examen y discusión de las ideas.

En el caso de la UV, el presupuesto asignado no podrá ser menor al cuatro por ciento del
total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo, el
cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca
la legislación aplicable y, en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior
al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.

Por último, se establece como responsabilidad para las madres y los padres de familia o
tutores, de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas
para recibir la educación obligatoria en los términos de la Constitución, así como participar
en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su
bienestar y desarrollo.
Cabe destacar que previo a la discusión de este dictamen, el Pleno avaló el
procedimiento especial de reformas constitucionales, por lo que, tras ser aprobado por el
Pleno, se remitirá el decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial
del Estado.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado León David Jiménez manifestó
que al armonizar su Constitución Local con la Federal, Veracruz sienta las bases para
implementar, “lo que será una reforma de gran calado, que se distinguirá por desarrollar
principios diseñados para garantizar la obligatoriedad y universalidad de la educación”.
En la discusión en lo general y particular participaron el diputado Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos y la legisladora Ivonne Trujillo Ortiz, quienes manifestaron sus posturas a favor.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron diversas reformas mediante
las cuales se incorpora al Código Civil del Estado de Veracruz la figura jurídica
denominada “Derecho a la Superficie”, misma que otorgará mayor certeza a las y los
veracruzanos.

El referido dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, determina que se trata de un derecho real, al tratarse de bienes y no de
relaciones entre personas, toda vez que busca atribuir a una persona los derechos de
propiedad sobre bienes incorporados a él a un terreno que no es suyo, más nunca en el
terreno el cual continuará en el poder jurídico de su titular.

Otra de las características, expone el dictamen, es que solo puede crearse de acuerdo a
voluntades con la consigna positiva de ambas partes, y que puede constituirse a título
oneroso o gratuito, tratándose de un derecho temporal, sin excepción.

Al incorporarse el Derecho de Superficie en la legislación civil veracruzana se abre la
posibilidad de poder resolver conflictos particulares, permitir asociaciones en negocios, en
zonas urbanas o rurales y dar forma a proyectos inmobiliarios.

La incorporación de esta figura jurídica estará dada en el libro Segundo del Código Civil,
relativo a “Los Bienes”, donde se prevén las características, clasificaciones que regulan la
posesión, así como la propiedad, insertándolo en el título Quinto referente a la regulación
de los diversos derechos de “Usufructo, Uso y Habitación”.
El dictamen fue aprobado por 45 votos, sin abstenciones o votos en contra.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de iniciativa
ante el Congreso de la Unión, por el cual se propone reformar el artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer que el juez
deberá ordenar la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de casos de abuso o
violencia sexual contra menores o personas que no tengan la capacidad de comprender
el significado del hecho o por cualquier causa no puedan resistirlo.

Este dictamen es resultado de la iniciativa presentada el pasado 12 de mayo por las
diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los
legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del Grupo
Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de
México (PRI-PVEM).

Puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, este dictamen registró 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en
contra.
De esta manera, la LXV Legislatura del Estado de Veracruz propone al Congreso de la
Unión la modificación al citado artículo a fin que puedan imponerse medidas más severas
a las personas que vulneren los derechos a la libertad y la seguridad sexual y al libre
desarrollo de la personalidad de quienes, aun cuando no sean menores de edad, carecen
de la capacidad de comprensión o resistencia de la conducta, refiere el documento.

Conforme al procedimiento legislativo este decreto fue enviado a la Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz para su publicación y asimismo se instruyó remitirlo a la LXIV
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión para el trámite respectivo.

En México se cuenta con un parque vehicular de acuerdo con datos del INEGI, de
aproximadamente 33 millones 200 mil 156 automóviles, a lo largo y ancho del territorio
nacional, lo que ha hecho que la industria automotriz crezca exponencialmente, no
simplemente por la importación, sino que estratégicamente el país se ha convertido en
productor de automotores en la región meridional de América del Norte continental, dijo la
diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, integrante del Grupo Legislativo de Morena,
de la LXV Legislatura estatal.

Esta producción manufacturera ha cambiado sustancialmente, agregó, “la forma de vida
en todos los continentes del mundo, puedes adquirir un vehículo automotor, es tan fácil
como ir a una agencia automotriz que se encuentran en las avenidas principales de
cualquier ciudad, e incluso lotes donde se venden carros de segunda mano”; al presentar
ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Párrafo
Segundo del artículo 148 de la Ley de Tránsito y Seguridad vial para el Estado.

Dado lo anterior, señaló la diputada, la nueva ley de Tránsito del Estado, debe contemplar
en su totalidad, la figura del solidario responsable, en aquellos casos donde un menor o
un adulto manejan un vehículo automotor sin tener los debidos permisos expedidos por la
autoridad correspondiente, en esos casos en que se comete una falta administrativa, se
configura una acción por omisión por parte de quien conduce, actualizándose la
solidaridad económica para pagar las debidas multas y faltas administrativas por quien
ostenta la calidad de legítimo dueño del automotor.

En Veracruz, agregó, existen un total de 1 millón 951 mil vehículos en circulación, por lo
que, obtener recursos por faltas administrativas a las leyes de tránsito debe convertirse en
eje de la prosperidad y en un ejercicio responsable de la mayoría de edad. Velando en
todo momento por la salud y la vida de las personas, mediante un control social
económico, y no meramente penal, haciendo más viable el ejercicio del tránsito local.

Destacando que con esta Iniciativa se plantea que los padres, tutores, o cualquier
persona, se pueda hacer responsable de los costos, en caso de que se actualice una
infracción en los términos del artículo 148 de la referida Ley. “El grado de la infracción, es
evaluado a través de la peligrosidad que pueda ocasionarse, una vez la acción se esté
ejecutando en la vialidad, lo que puede generar accidentes que pongan en riesgo las
integridades personales”.

Por ello, enfatizó, es importante construir un modelo educativo vial, reduciendo
drásticamente los accidentes en la vía pública, recordando a los tutores y a los
conductores que, el precio a pagar, no es meramente económico, sino en muchas
ocasiones es la vida de los seres humanos dentro del vehículo o los transeúntes.
Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Párrafo Segundo del
artículo 148 de la Ley de Tránsito y Seguridad vial para el Estado, fue turnada a la
Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.

La diputada Florencia Martínez Rivera, integrante del Grupo Legislativo de Morena, en la
LXV Legislatura, del Congreso del Estado, presentó al Pleno una Iniciativa, con carácter
ante el Congreso de la Unión, que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir el delito de sustracción
de menores, entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Actualmente, -señala en su texto la legisladora- la retención y sustracción de menores
constituye un comportamiento delictivo que atenta contra el interés superior del menor,
vulnerando los derechos de las niñas y niños a tener un sano desarrollo integral de su
personalidad, a vivir en condiciones de bienestar y a convivir de forma libre, plena y
armoniosa con ambos progenitores aun después de una ruptura matrimonial o
sentimental.
Destacó que en México este delito está tipificado y sancionado en los códigos penales de
las entidades federativas y en el Código Penal Federal; en cada estado existen diversas
definiciones del delito. “Por ejemplo, en Veracruz, el delito de sustracción de menores se
actualiza cuando un familiar o la madre, o el padre del menor, lo sustraen, sin causa
justificada o sin orden de la autoridad competente, de la custodia o guarda de quien
legítimamente la tiene por hecho o por derecho”.

Dijo que la preocupación principal del legislador, al crear el delito, fue la de proteger a los
hijos menores de edad, para evitar un desarrollo inadecuado de su personalidad
generado a raíz de un quebranto unilateral e ilegítimo del régimen de convivencia por
parte de uno de los progenitores.
“Es preocupante que cada año miles de niñas y niños en diferentes partes de la República
Mexicana sigan siendo separados intempestivamente y privados de convivir con sus
progenitores sin que estos sean castigados justamente ni mucho menos se garantiza la
reintegración pronta de los niñas y niños a sus hogares y a su entorno habitual del que
fueron sustraídos”, agregó.

Lo anterior, explicó, pone en evidencia, que hoy los medios establecidos en el derecho
positivo mexicano no están dando resultados óptimos para prevenir y solucionar este
problema, debido a que en la realidad, el familiar que sustrae al menor no forzosamente
es privado de su libertad como consecuencia de la conducta delictiva, ya que el delito de
sustracción o retención de menores no amerita prisión preventiva oficiosa, al no
encontrarse en el listado del párrafo segundo del artículo 19 de la Carta Magna.

Por ello, propuso reformar el citado artículo para que el delito de sustracción de menores
sea incluido en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, esto, como un
medio de prevención para disuadir a los posibles sustractores de realizar esta conducta y
garantizar la reintegración pronta de las niñas y niños a sus hogares y a su entorno
habitual del que son sustraídos.
Con esta Iniciativa el constituyente permanente tiene la oportunidad de seguir protegiendo
y garantizar los derechos de la niñez de forma integral y que no exista impunidad en este
tipo de conductas que dañan gravemente al núcleo familiar y a la sociedad: “México será
mañana lo que hoy hagamos por nuestras niñas, niños y jóvenes”; concluyó
Esta Iniciativa, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para el trámite legislativo correspondiente.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto
en materia de educación, por la que propone que las madres y los padres de familia
ejerzan el derecho de autorizar que sus hijas e hijos participen en la impartición de
materias, talleres o charlas, cuando éstos aborden contenidos relacionados con la
perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Diputado explicó que el PIN Parental es el
consentimiento que tiene como objetivo permitir a las madres y padres de familia, decidir
si sus hijos o hijas pueden recibir o no educación en temas de sexualidad, reproducción y
género en las escuelas, a nivel de primaria, secundaria y preparatoria.

El PIN Parental –abundó- consiste en recabar por escrito autorización expresa o
consentimiento informado a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad, previa a la
impartición de talleres, pláticas y similares, impartidos por la escuela y por organizaciones
ajenas al centro escolar, en los temas que ya hemos hecho referencia.
Por ello, “el carácter preferente y preponderante que tienen las madres y los padres en la
decisión del tipo de educación que habrá de darse a sus hijas e hijos debe entenderse
como un derecho humano inalienable, imprescriptible y no negociable con el Estado,
puesto que éste debe ofrecer una educación sustentada en principios científicos, no en
principios ideológicos o morales”.

De este modo, prosiguió, se busca que las madres y los padres de familia, que tienen
diversos criterios o convicciones, tengan la posibilidad de elegir el tipo de educación que
sus hijas e hijos pueden recibir; sin que el Estado pueda obligar a sus hijas e hijos a
participar en aquellas actividades curriculares o extracurriculares que actúen en contra de
sus principios.
Guízar Valladares añadió que el ejercicio del derecho a la educación es parte del
desarrollo de la personalidad y una contribución significativa al desarrollo del país y de la
sociedad en que vivimos.

Por esto, “existe una necesidad de que los sistemas educativos
no incurran en sesgos ideológicos y contenidos no aptos para las y los menores de edad,
de acuerdo con los criterios parentales familiares”.
Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 149,
así como una fracción X, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 171, ambos de la Ley
de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la que se adhirió la
diputada María Candelas Francisco Doce, fue turnada a las comisiones permanentes
unidas de Educación y Cultura y de Derechos de la Niñez y la Familia.

El diputado Raymundo Andrade Rivera, presentó ante la LXV Legislatura una Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II; y se adiciona un
párrafo a la fracción III, todas del artículo 205 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Veracruz, con el objeto de tener una mejor planeación y eficiencia en el
nombramiento de Magistrados del Poder Judicial del Estado.

Según la normativa actual, cuando la falta de un magistrado del Poder Judicial, de
temporal se convierte en definitiva o concluye su encargo en términos de ley, el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) lo da a conocer al Ejecutivo del Estado
para que este a su vez realice su propuesta de magistrado al Congreso del Estado y se
efectúe el procedimiento conducente.

Sin embargo, la presente iniciativa propone, que al saber las fechas concretas del retiro
forzoso de los magistrados, -al cumplir 70 años de edad, o haber concluido los 10 años de
ejercicio de su cargo sin ser ratificado- como se establece el artículo 205, existen áreas
para mejorar su eficiencia.
Se considera ocioso que el Poder Ejecutivo deba esperar la comunicación del Presidente
del TSJ, toda vez que se trata de hechos con fecha concreta, al ser el término en el que
se concluirán los 10 o 15 años, según sea el caso, en el cargo, o bien cuando el servidor
cumpla la edad máxima de acuerdo a su fecha de cumpleaños, refiere el texto de la
iniciativa.

En este sentido la propuesta dicta que cuando la vacancia definitiva surja de la hipótesis
de retiro forzoso contemplada por artículo 59 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz, el titular del Poder Ejecutivo estatal podrá enviar su propuesta al Congreso
desde un mes antes de la fecha del retiro, para que a su vez el Poder Legislativo verifique
a través de la Junta de Coordinación Política que reúna los requisitos necesarios para
ocupar el cargo, previa comparecencia del aspirante.

Asimismo, tanto el Tribunal o la Sala a la que pertenezca el Magistrado, así como el
Presidente del TSJ, comunicará de manera oficial cuando se trate de un motivo distinto al
retiro forzoso, para que se tomen las medidas pertinentes para la elección de Magistrado
que ocupe el cargo.
Para su estudio y dictamen, la propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno la iniciativa con proyecto de decreto
que busca adicionar una fracción al artículo 154 del Código Penal del Estado de Veracruz
para establecer que el aborto no será castigado cuando el embarazo sea resultado del
delito de pederastia, y así garantizar el derecho a la salud a este sector vulnerable.

La propuesta legislativa refiere que con la consolidación de esta reforma se contribuiría al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y las metas de
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).
Asimismo, indica, se generaría un marco normativo más amplio que dé como resultado la
certeza en la actuación de los servicios de salud, así como de las y los operadores de
procuración y administración de justicia.

“Es necesaria una revisión de las causales de no
punibilidad para acceder a la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes
víctimas del delito de pederastia”, argumentó.
La integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Movimiento Ciudadano y De
Revolución Democrática, y del Diputado Sin Partido (MC-PRD-DSP), informó que esta
iniciativa es el resultado del trabajo arduo implementado por el grupo de mujeres que
conforman la asociación civil Equifonía A.C. “A quienes reconozco porque desde su
conformación han buscado diseñar y establecer estrategias innovadoras en salud,
seguridad y justicia para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las
mujeres”, añadió.

Recordó los datos recopilados por el colectivo Equifonía A.C, los cuales registran que la
mayor cantidad de niñas abusadas sexualmente y obligadas a tener un bebé están en el
segmento de los doce años. De esto, están registrados 696 casos entre los años 2008 y
2018. En el mismo periodo, están las menores de once y diez años, con 300 y 223 casos,
respectivamente.

Destacó que la NOM-046-SSA2-2005, en su numeral 4.1 señala que el Aborto Médico,
“es la terminación del embarazo realizada por el personal médico, en los términos y
plazos permitidos, de acuerdo con la legislación local aplicable y previo cumplimiento de
los requisitos específicos establecidos en ésta”.

Lo anterior, añade, remite a lo señalado en el artículo 154 del Código Penal el cual señala
que el aborto no es punible cuando el aborto es causado por imprevisión de la mujer
embarazada; producto de una violación o inseminación artificial no consentida; cuando
esté en peligro la vida de la madre o que, a juicio de los médicos, exista razón suficiente
de que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser
con trastornos físicos o mentales graves y se practique con el consentimiento de la mujer
embarazada.

último, expone que esta iniciativa tiene como criterios orientadores el principio de no
discriminación y el del interés superior de la niñez, de acuerdo a los artículos 1o y 4o, de
la Constitución General de la República; cumpliendo con la obligación de crear leyes en
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Para su análisis, esta propuesta legislativa fue turnada a la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales.

Con la finalidad de mejorar el desempeño legislativo y evitar cualquier conflicto de interés
en el desahogo de los dictámenes, el diputado José Magdaleno Rosales Torres presentó
ante el Pleno una iniciativa que prevé reformar la Ley Orgánica y el Reglamento para el
Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo.

La propuesta del integrante del Grupo Legislativo de Morena busca señalar que el
diputado o diputada no podrá participar en la discusión y dictaminación cuando la
iniciativa que presente sea turnada a la comisión o comisiones de las que forme parte.
En este sentido, el legislador detalló.

“Se hace evidente que al ser quien promueve, puede
agilizar el desahogo de la iniciativa para lograr el dictamen a favor, o retrasar otras que
contengan propuestas de reformas similares”.
Tras referir que con esta acción se violentaría la legislación interna, manifestó que un
caso distinto será cuando la totalidad de quienes integren una comisión permanente o
especial propongan la iniciativa.

“Por obviedad serán quienes dictaminen, pues hay un
acuerdo previo de entre todas y todos sus integrantes para dar curso a lo que en conjunto
se propone”, abundó.
Por otra parte, al participar durante la quinta sesión ordinaria, el diputado Rosales Torres
propone incorporar en el Reglamento la disposición para permitir el retiro de iniciativas o
anteproyectos con punto de acuerdo, antes de ser dictaminados, a través de un escrito
ante quien presida la comisión o la Junta de Coordinación Política, cual sea el caso.

“La reglamentación interna del Poder Legislativo tiene como propósito regular las
actividades, y funcionalidad, al interior de este órgano, por lo que esta iniciativa en nada
afectaría los derechos que como legisladoras o legisladores tenemos”, concluyó.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de
Gobernación.

Para evitar confusiones acerca de la conformación de los distritos electorales uninominales, que incluye el establecimiento de las demarcaciones territoriales y ya que es una materia en la que no pueden legislar las entidades federativas, el Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó al Pleno la iniciativa que busca abrogar la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz-Llave, para la elección del Poder Legislativo del Mismo.

En el texto de la propuesta, se establece que es necesaria la abrogación de la citada Ley, vigente desde el 14 de julio de 1988, debido a que carece de aplicación en el territorio estatal, al estar sus normas superadas constitucionalmente.

Refiere que esta Ley carece de positividad, toda vez que la determinación del número de distritos electorales locales y su integración ya no es ahora una atribución de las entidades federativas sino del Instituto Nacional Electoral (INE), como consecuencia de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, por el que fueron reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

En la citada reforma constitucional federal fue creado el INE, en sustitución del Instituto Federal Electoral, otorgándosele diversas atribuciones relativas no sólo a las elecciones federales sino también a las del ámbito local, y que anteriormente eran exclusivas de las entidades federativas, entre ellas, “La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales”.

Resulta indudable que la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz-Llave, para la elección del Poder Legislativo del Mismo no tiene aplicación alguna en la entidad, por las razones de incompetencia local para establecer la geografía electoral, así como por el hecho de que la determinación del número de distritos electorales, en lo que sí tienen atribuciones las entidades federativas, ya se encuentra prevista en la Constitución Política del Estado, detalla.

La iniciativa, autoría de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como de los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, fue

turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen correspondiente.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN), presentó una Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos finales al artículo 38 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz cuyo objetivo es regular la movilidad de niñas y niños abordo de motocicletas, anteponiendo su interés superior, su seguridad y la salvaguarda de su integridad física.

Con esta propuesta quedaría prohibido transportar en motocicletas, triciclos automotores y cuatrimotos a niñas y niños menores de 8 años de edad, aún cuando porten el casco protector.

En el mismo sentido, las niñas y niños de 8 a 16 años de edad, puedan ser pasajeros de motocicletas, siempre y cuando superen los 110 centímetros de altura, porten casco protector, no se exceda el número de pasajeros permitido en la unidad y el conductor del vehículo sea su padre o madre o tutor o tutora legalmente reconocidos o los autoricen de manera confiable.

Asimismo, excepcionalmente las niñas y niños de 8 a 16 años, podrán conducir motocicletas o cuatrimotos en áreas destinadas a la recreación familiar, siempre y cuando sean diseñadas y/o manufacturadas para su edad y desarrollo de conocimiento, las cuales deberán estar registradas ante la autoridad competente local, que verificará el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que resulten aplicables.

En entidades federativas como Jalisco, Yucatán y Ciudad de México, se han realizado adecuaciones a las leyes que regulan el uso de motocicletas, a fin de garantizar la seguridad de niñas y niños que son trasladados en ellas, refiere la iniciativa, pero con independencia de ello, se considera que en Veracruz se debe atender esta situación desde el ámbito legislativo.

La protección a los niños y jóvenes como sujetos vulnerables ha sido una de las premisas del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, para así poder garantizar su vida, desarrollo y libertades, añade.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su estudio y dictamen.

Reforzar la legislación estatal para evitar inequidad en el derecho a la salud y abusos científicos contra las comunidades indígenas es el propósito de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico.

De acuerdo con el proponente, el contenido de dicha iniciativa, puesta a consideración del Pleno durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional se encuentra fundado y motivado en el reclamo de la población indígena del estado.

Al recordar que el estado de Veracruz habitan un millón 24 mil 709 indígenas, es decir, 11 por ciento de la población total de la entidad, y que son 47 los municipios considerados indígenas en toda la entidad, el legislador consideró primordial proteger los derechos bioculturales de los pueblos indígenas, debido a que son desfavorecidos en el acceso a la salud, así como la protección a su patrimonio genético.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena dijo que “se tiene evidencia de que ya ha existido robo de material genético en diferentes nosocomios de la entidad como puede ser el Hospital de la Comunidad de Tlaquilpa y el Regional de Río Blanco”, por lo que enfatizó su propuesta de “integrar una restricción a la extracción ilegal de material genético de nuestra población indígena”.

Asimismo, habló de la necesidad de “coadyuvar con la autoridad de salud estatal, para ser plenamente responsables del cuidado de las enfermedades más frecuentes en las comunidades indígenas” y con ello evitar que se afecte y trasgreda la economía e integridad de las familias indígenas.

Esta iniciativa –dijo el legislador- busca el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas: náhuatl, huasteco, tepehua, otomí, totonaca, zapoteco, popoluca, mixe, chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco; así como a todos aquellos que estén asentados o que de manera temporal o definitiva sienten su residencia en Veracruz.

Para el trámite respectivo, dicha iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Asuntos Indígenas y de Salud y Asistencia.

Reforzar la legislación estatal para evitar inequidad en el derecho a la salud y abusos científicos contra las comunidades indígenas es el propósito de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico.

De acuerdo con el proponente, el contenido de dicha iniciativa, puesta a consideración del Pleno durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional se encuentra fundado y motivado en el reclamo de la población indígena del estado.

Al recordar que el estado de Veracruz habitan un millón 24 mil 709 indígenas, es decir, 11 por ciento de la población total de la entidad, y que son 47 los municipios considerados indígenas en toda la entidad, el legislador consideró primordial proteger los derechos bioculturales de los pueblos indígenas, debido a que son desfavorecidos en el acceso a la salud, así como la protección a su patrimonio genético.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena dijo que “se tiene evidencia de que ya ha existido robo de material genético en diferentes nosocomios de la entidad como puede ser el Hospital de la Comunidad de Tlaquilpa y el Regional de Río Blanco”, por lo que enfatizó su propuesta de “integrar una restricción a la extracción ilegal de material genético de nuestra población indígena”.

Asimismo, habló de la necesidad de “coadyuvar con la autoridad de salud estatal, para ser plenamente responsables del cuidado de las enfermedades más frecuentes en las comunidades indígenas” y con ello evitar que se afecte y trasgreda la economía e integridad de las familias indígenas.

Esta iniciativa –dijo el legislador- busca el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas: náhuatl, huasteco, tepehua, otomí, totonaca, zapoteco, popoluca, mixe, chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco; así como a todos aquellos que estén asentados o que de manera temporal o definitiva sienten su residencia en Veracruz.

Para el trámite respectivo, dicha iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Asuntos Indígenas y de Salud y Asistencia.

Para establecer expresamente en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz el concepto de Antecedentes de Salud como un factor de discriminación, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó una iniciativa que busca reformar los artículos 3 y 6 de la citada ley, con el objeto de evitar daños a quienes padecen o hayan padecido alguna enfermedad, más aun cuando se vive una pandemia, generada por el coronavirus, Covid-19.

Al presentar su propuesta, durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora indicó que se prevé señalar que se entenderá por discriminación a toda forma de preferencia, distinción, exclusión, restricción o rechazo, basada en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el sexo, la preferencia sexual, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de antecedentes, necesidades y problemas de salud o jurídica, entre otras.

Asimismo, se incorporaría como conducta discriminatoria el negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas mayores o por motivos de sus antecedentes de salud; difundir, sin consentimiento de la persona agraviada, información sobre sus antecedentes y su condición de salud, así como el estigmatizar y negar sus derechos a personas que viven con VIH/SIDA, o con antecedentes epidemiológicos.

En su intervención, la diputada del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, así como del Diputado Sin Partido (MC-PRD-DSP), subrayó que la pandemia, generada por el coronavirus, Covid-19, no tiene precedentes en el mundo, y que así como ha mostrado una rapidez considerable para propagar los contagios, de igual forma se ha podido atender y dar de alta a un número considerable de personas diagnosticadas con el virus y que, al ser atendidas oportunamente, han sido dadas de alta.

Sostuvo que estas personas tendrán el antecedente médico de haber sido portadoras del virus, lo que no debiera ser motivo de discriminación, en virtud de que, salvo que tengan otro padecimiento previo, son consideradas como personas sanas.

Destacó que no solamente debe evitarse la discriminación por motivos de problemas de salud ya superados. Los antecedentes de cualquier enfermedad o contagio adquirido que haya sido atendido y curado por ningún motivo deben motivar actos de discriminación.

“Habrá gente en todo el país que lograrán superar el contagio, pero lamentablemente podemos prever que persistirá entre un amplio sector de la población la desconfianza y la percepción que por haber sido portador de virus, una persona sigue siendo un potencial foco de contagio, aun cuando haya sido dado de alta médica”, abundó.

La iniciativa que reforma los artículos 3, y 6, fracciones XXX, XXXI y XXXII; ambos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó una Iniciativa de Decreto que reforma la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Ellas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, ambas para el Estado de Veracruz en materia de asignación exclusiva y preferente de obras y contratos a empresas veracruzanas, así como de adquisición de pólizas de seguro para accidentes.

En la exposición de motivos, el legislador señaló que en momentos de crisis económica de cualquier índole es necesario otorgar las herramientas necesarias a empresarios veracruzanos, para que tengan prioridad en el momento de concursar para la contratación de obras o servicios por parte del Estado, toda vez que los recursos estatales son vitales para poder reactivar la economía.

En este sentido, señaló que “de redireccionarse la contratación de obras públicas y servicios exclusivamente a veracruzanas en tiempos de crisis económica, propiciará que la cadena de insumos, mano de obra e impuestos anteriores a la prestación del servicio o ejecución de la obra, permanezcan en el estado y, en consecuencia, la derrama económica se aplique en la propia entidad”.

Asimismo, agregó, la presente iniciativa pretende otorgar mayores facilidades o flexibilización en la contratación para que, en tiempos comunes, se opte preferentemente por mano de obra o empresas veracruzanas, siempre que sus propuestas económicas no resulten mayores a un diez por ciento de aquellas presentadas por empresas con domicilios en otras entidades federativas o en el extranjero, puntualizó.

“Con las disposiciones propuestas se contempla un margen del diez por ciento para que las dependencias y entidades puedan maniobrar en relación con la ejecución de los contratos; por lo que, no representa un impedimento o costo elevado para la administración pública, además de que no necesariamente en todos los casos existirá ese sobreprecio”, señaló.

Añadió Guízar Valladares, “se trata de una medida en aras de apoyar a las empresas veracruzanas en tiempos de crisis económica, como la que vivimos ahora o puedan presentarse con posterioridad, pero también como una medida para contribuir en la reactivación económica del estado”.

También, dijo, esta propuesta busca otorgar mayores facilidades o flexibilización en la contratación para que, en tiempos comunes, se opte preferentemente por mano de obra o empresas veracruzanas, siempre que sus propuestas económicas no resulten mayores a un diez por ciento de aquellas presentadas por empresas con domicilios en otras entidades federativas o en el extranjero.

Del mismo modo, en la iniciativa, el legislador propone adicionar una fracción III al artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado con el objetivo de que los contratistas garanticen los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros cuando se acredite que, con motivo de la realización de obra, se ocasionó un incidente imputable al contratista, para lo cual deberán adquirir pólizas de seguro para accidentes.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado, Hacienda Municipal y a la de Comunicaciones.

– Solicita diputado comparecencia del titular de la SIOP-

El diputado Gonzalo Guízar Valladares, presentó un Anteproyecto de Punto de acuerdo por el que solicita a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en uso de sus facultades, citar en comparecencia pública al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), para responder por el incumplimiento de la entrega en fecha y forma de las obras carreteras.

Durante su discurso, el legislador señaló que derivado de algunas inconsistencias al respecto, se han suscitado accidentes automovilísticos fatales como el ocurrido en días pasados en la ciudad de Córdoba, Veracruz y que desafortunadamente cobró la vida una menor de edad.

Dicho accidente, puntualizó, fue producto de la falta de señalización e incumplimiento de normas de protección de una obra carretera inconclusa, a cargo de una empresa constructora contratada por la SIOP, la cual tenía un plazo de ejecución de 90 días, dando inicio el 2 de diciembre de 2019, debiéndose culminar el 21 de febrero de 2020; situación que no fue cumplida.

En este sentido, expresó su preocupación, toda vez que integrantes de la Comisión Permanente de Comunicaciones del Congreso, en la cual funge como secretario, realizaron un recorrido por diversos tramos carreteros detectando que algunos se encuentran inconclusos y que inclusive ya fueron pagados en su totalidad, a lo que añadió, “es imprescindible solicitar la comparecencia del titular de la SIOP, para cuestionar y analizar de una vez por todas, que está pasando en Veracruz con las Obras Públicas”, abundó.

A nombre de diversos integrantes de la LXV Legislatura de los diferentes partidos, la diputada Mónica Robles Barajas, presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Responsabilidades Administrativas; el Código Electoral; la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General; todas para el Estado de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

La diputada, detalló que la creciente participación política de las mujeres ha visibilizado otras caras de la violencia de género y de discriminación en contra de quienes aspiran y contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y militan en partidos políticos.

Asimismo, añadió la legisladora, esta violencia se puede extender a servidoras públicas que deciden y encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.

En el contexto del próximo proceso electoral de 2021, continuó, en meses pasados, diputadas y diputados Federales y Senadoras y Senadores, de todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo Federal, aprobaron por unanimidad y dieron cuerpo a las reformas en esta materia, “y que hoy proponemos armonizar en la legislación estatal”, agregó.

Con esta armonización, “se logra el objetivo de hacer justicia electoral asentando que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra las mujeres y que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género”.

En el mismo sentido, resaltó que dicha armonización se realiza en un ejercicio de análisis y consulta con los diversos representantes de instituciones competentes en la materia, como el OPLE, el Tribunal Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, lo cual permitió enriquecer la presente iniciativa con todas las perspectivas.

Para una veracruzana, enfatizó Robles Barajas, ejercer la plenitud de sus derechos políticos, jamás debe significar, ser víctima de agravios, arriesgar su vida o perderla, ni tampoco, abandonar sus aspiraciones sociales y políticas, legítimas y valiosas, ante amenazas y peligros que podemos prevenir, que deben sancionarse y erradicarse.

“La amplitud de las reformas que proponemos, erradica la exclusión estructural de las mujeres y materializa un nuevo equilibrio social y una responsabilidad compartida, en las esferas pública y privada, entre mujeres y hombres”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó al Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 15 bis y el 15 ter a la Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres con lo que se establecen los plazos y requisitos para la elección de la directora de este órgano.

En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora propuso señalar en el artículo 15 bis que cuando esté por concluir el periodo para el que fue nombrada la Titular de la Dirección del Instituto, lo hará saber por escrito a las integrantes de los consejos consultivo y social, con dos meses de anticipación para que, dentro de los diez días naturales siguientes, emitan la Convocatoria señalada en el artículo 38 de la citada Ley e inicien el proceso de selección.

En este proceso, se prevé que la convocatoria sea remitida al Presidente de la Junta de Gobierno o su suplente para que, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, ordene su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La recepción de propuestas, se realizará en el domicilio o dirección electrónica señalada en la Convocatoria y conforme a los lineamientos ahí establecidos, esta etapa permanecerá abierta 15 días naturales, siguientes a su publicación.

Dentro de los tres días naturales siguientes a la conclusión de la etapa de recepción, se publicará la lista de aspirantes en el portal de transparencia y en los estrados del Instituto; señalándose día, hora y lugar para la entrevista a cada una de ellas.

El periodo de entrevistas durará 15 días naturales, pudiendo prorrogarse, según el número de aspirantes inscritas.

Concluido el periodo de entrevistas, dentro de los cinco días naturales siguientes, los consejos consultivo y social deberán presentar la terna correspondiente, para que la persona que encabeza el Ejecutivo del Estado haga el nombramiento respectivo, a más tardar tres días después de su recepción.

La nueva titular de la Dirección del Instituto deberá rendir protesta y asumir el cargo al día hábil siguiente a la conclusión del periodo anterior.

Asimismo, la diputada Ortega Ruiz, vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, propone indicar que, en caso de renuncia o ausencia definitiva de la titular de la Dirección del Instituto, desde ese momento, los Consejos Consultivo y Social, contarán con diez días naturales para emitir la Convocatoria correspondiente e iniciar el proceso de selección señalado anteriormente.

Concluido el proceso de selección y una vez otorgado el nombramiento, la nueva titular de la Dirección del Instituto deberá rendir protesta y asumir el cargo por el tiempo que resta para concluir el periodo. Hasta en tanto se nombre a la Directora titular, quedará como encargada de Despacho la Secretaria Ejecutiva del instituto.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó al Pleno de la LXV Legislatura un anteproyecto con Punto de Acuerdo que prevé exhortar a la Secretaría de Salud (SS) del estado para que, de manera inmediata, proyecte estrategias de prevención y pronta respuesta ante la temporada de dengue en la entidad y también para que inicie una campaña de concientización, capacitación y se proyecten programas de colaboración con los ayuntamientos con más incidencia de enfermos por este padecimiento.

En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que Veracruz, al igual que el resto del país, enfrenta la pandemia generada por el coronavirus, Covid-19. “Veracruz está entre los estados con más incidencia de casos y en números rojos, no es tema del presente pormenorizar al respecto; sin embargo es necesario alertar desde esta Máxima Tribuna, para que se proyecten políticas públicas para enfrentar enfermedades endémicas como el dengue”.

Consideró que deben identificarse correctamente los factores ambientales, sociales y demográficos que contribuyen a explicar las diferencias en la transmisión de dengue en Veracruz, y definir las áreas de riesgo para promover un mejor control del problema.

Dijo que diversos estudios han identificado las localidades repetidoras de dengue, y las determinantes sociales y ambientales de la transmisión. “Por lo tanto es hora de aplicar políticas públicas de prevención y acción inmediata”.

La legisladora señaló su preocupación en relación al año 2019, la temporada de dengue de este año apenas empieza en México y ya hay un incremento del 150 por ciento de casos confirmados, respecto al año pasado.

Dijo que, de acuerdo a información fue publicada por el programa Panorama Epidemiológico de Dengue, de la Secretaría de Salud Federal, en enero de este año ya había 6 mil casos probables, y ahora que la temporada de dengue está iniciando, las cifras son mayores que las incidencias de los mismos meses que se dieron en el 2019.

Refirió que la misma información señala que Veracruz incrementó la incidencia de contagios, en relación al 2019, poniendo a la entidad en primer lugar a nivel nacional por el SINAVE (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica).

“Sabemos que con la pandemia que enfrentamos, los recursos con los que cuenta el estado están altamente comprometidos, por lo tanto ante esta reducida capacidad operativa, y al limitado impacto de las intervenciones de los programas de control, es indispensable considerar estrategias que permitan un uso más adecuado de los limitados recursos con los que se cuenta”, abundó.

Para su estudio y dictamen, el anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

A través de un anteproyecto de punto de acuerdo, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, propuso un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado para que, por conducto de la Dirección de Transporte, incremente los operativos con el objeto de que en el transporte público se respeten las medidas básicas para prevenir contagios por el virus Covid-19.

En la exposición de motivos el diputado aseguró que es necesario se lleve a cabo una vigilancia exhaustiva al transporte público, para preservar la salud de los usuarios.

En este sentido, hizo mención especial a la modalidad de taxi, toda vez que se ha detectado, que en ciertos sitios han comenzado a prestar servicio colectivo, incrementando con ello la posibilidad de contagio, además de violentar la normatividad al no tener la concesión indicada para ello.

“Es de reconocerse que el sector del transporte público se ha visto perjudicado por el confinamiento social en este periodo, pero de ninguna manera puede dar lugar a que se violen las leyes de la materia y mucho menos a que se corra el riesgo de mayores contagios de Covid-19”, puntualizó.

Finalmente, destacó que el presente punto de acuerdo se propone a la par del Programa “Acciones Emergentes Por Contingencia Sanitaria (AECS)”, implementado por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad.

Dicho programa estima apoyar a 28 mil beneficiarios directos y 112 mil personas de manera indirecta, por las afectaciones causadas por la declaración de emergencia relacionada con el Covid-19, entre los cuales se encuentran contemplado este sector.

-Se pronuncia diputado contra acusaciones en materia de Revocación de Mandato-

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos se pronunció ante el Pleno del Congreso del Estado, respecto a los señalamientos en contra de integrantes de la LXV Legislatura por, supuestamente, incumplir en su obligación de legislar, al aprobar la reforma en materia electoral que entre sus puntos integra el tema de revocación de mandato en la entidad.

En su discurso, el legislador local exhortó a las y los veracruzanos no dejarse engañar

con lo que –consideró- difamaciones referentes al trabajo de los diputados veracruzanos, toda vez que lo aprobado el pasado 12 de mayo, armoniza lo que establece el numeral tercero de la fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución Federal.

“Al respecto, debe mencionarse que una cosa es la Consulta Popular para que las y los mexicanos voten a favor o en contra de determinados temas y, otra, muy distinta, es la Revocación de Mandato del Presidente de la República y de los Gobernadores de los Estados”, puntualizó.

Asimismo, señaló que mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, el Congreso Federal realizó diversas reformas que, entre otras, modificaron las figuras de la consulta popular y la revocación de mandato, siendo la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, uno de los temas que no pueden ser sujetos de consulta popular, añadió.

El diputado del Grupo Legislativo de Morena, enfatizó que ambas figuras de participación ciudadana, son independientes o ajenas entre sí y están sujetas a procedimientos propios, concluyó.

Con la finalidad de que en la medida de sus posibilidades se establezcan refugios para el correcto resguardo de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, la diputada Florencia Martínez Rivera puso a consideración del Pleno su Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el que exhorta a los 212 Procuradores Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que ejerzan sus atribuciones con eficacia, eficiencia y de manera coordinada con las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a fin de identificar, denunciar y atender de forma oportuna los casos de violencia o maltrato infantil.

En el contexto actual en el que se encuentra inmiscuido nuestro país, destacó la legisladora, con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, existe “una importancia mayor en la protección de los derechos de la infancia, el cual se ha vuelto un grupo cada vez más vulnerable en nuestra realidad actual. Puesto que por esta pandemia y al confinar a la mayoría de la población en casa, ha mermado o limitado la cantidad de actividades laborales, recreativas, económicas y de cualquier otra índole, “lo que ha provocado el aumento de los niveles de estrés, provocando que incrementen exponencialmente los niveles de violencia doméstica en México, que en su conjunto o en lo individual también afecta a las niñas, niños y adolescentes”.

Si bien es cierto que la exposición a situaciones de violencia de este grupo social, continuó la diputada Martínez Rivera, ha aumentado con la pandemia del Covid-19, “también es cierto que ya estaba presente y en constante incremento en nuestra sociedad antes de que iniciara esta emergencia sanitaria, ya que la evidencia mostraba que el hogar es a menudo el lugar más peligroso para una mujer, sus hijos e hijas”.

Dada su trascendental función, agregó la legisladora de Morena, es necesario que los que están a cargo de las Procuradurías Municipales de la Defensa del Menor, cumplan con sus atribuciones de forma profesional, sensible, responsable, eficaz y eficiente, interviniendo de forma oportuna en los casos que detecten o de los cuales tengan conocimiento de que se están vulnerando derechos a algún menor de edad, lo anterior, para que brinden las medidas de protección a fin de lograr la protección y cuidado de estos, pues en el corto, largo o mediano plazo, nuestra niñez representa la esperanza, el futuro y desarrollo de este gran Estado”.

Reconoció, durante su intervención, que no toda la responsabilidad debe recaer sobre estos funcionarios, puesto que el maltrato infantil debe estar “perfectamente monitoreado” por todas las autoridades tanto en las relaciones familiares, sociales como educativas, para que dichas agresiones puedan ser identificadas, denunciadas y atendidas de forma oportuna.

Por último, la diputada, reconoció la labor legislativa que se está realizando en la entidad, sobre este tema en particular y que “hoy hay avances importantes en materia legal que deben traducirse en hechos, los niños merecen el diseño de políticas públicas de parte de nuestros tres niveles de gobierno y de los tres poderes en nuestro Estado que contribuyan a construir los cimientos de una sociedad que proteja la niñez veracruzana con apego a sus derechos”.

Además de lo anterior, señaló, “se requiere de un trato libre de violencia por parte de todos los adultos que tienen contacto con la niñez y, sobre todo, con quienes son padres o cuidadores. Es fundamental que entre todos abordemos los desafíos de la infancia veracruzana de forma multidisciplinaria y sumando esfuerzos para encontrar y dar mejores soluciones a todos los problemas que enfrentan. Nuestras niñas y niños veracruzanos tienen el derecho y merecen crecer feliz, en paz, sin violencia y en un entorno familiar amoroso y cariñoso”.

De igual forma, llamó a las y los 212 Procuradores Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz para que ejerzan sus atribuciones con eficacia, eficiencia y de manera coordinada con las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a fin de identificar, denunciar y atender de forma oportuna los casos de violencia o maltrato infantil; como a los 211 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano a que en la medida de sus posibilidades establezcan refugios para el correcto resguardo de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.

Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política, de la LXV Legislatura del Estado.

Con 40 votos a favor, el Pleno legislativo aprobó un Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de igualdad sustantiva, trabajo y explotación infantil, así como perspectiva de la infancia y la adolescencia, presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos de la Niñez y la Familia y Para la Igualdad de Género.

El dictamen establece que, a fin de garantizar la protección de los derechos de este sector poblacional, las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos del Estado deberán establecer un enfoque integral, transversal y con las perspectivas de derechos humanos y de la infancia y adolescencia, en el diseño y la instrumentalización de políticas y programas, así como en los códigos de ética de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos del estado y municipios para su aplicación por parte de los servidores públicos.

Para los efectos de dicha ley –se lee en el capítulo 4-, se entenderá por explotación infantil, también llamado comercio o tráfico de personas, el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma de esclavitud moderna.

También se precisa que la igualdad sustantiva es la que se expresa en el goce y ejercicio pleno, irrestricto, integral, cotidiano y en todos los ámbitos de la vida, de los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos a la persona, sin distinción alguna, recibiendo en todo momento un trato incluyente y libre de cualquier forma de discriminación.

Se define asimismo la perspectiva de la infancia y adolescencia como la visión científica, analítica y política que comprende a las niñas, niños y adolescentes desde su particular contexto de vida y características de desarrollo, para visibilizar y eliminar las causas de la opresión, violencia, discriminación, utilización en cualquier clase de conflictos, por razón de su edad y desarrollo progresivo, generadas por estructuras culturales que reproducen conductas, costumbres, prejuicios, lenguaje, estereotipos o roles que limitan, obstaculizan, menosprecian o alteran sus capacidades para disfrutar y ejercer plenamente

sus derechos. Esta perspectiva promueve la igualdad, el sano desarrollo y el bienestar de la niñez y la adolescencia y contribuye a construir una sociedad en donde las niñas, niños y adolescentes tengan el mismo valor, equidad en derechos y oportunidades.

En cuanto al principio de igualdad y no discriminación, se le explica como la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativa y cuantitativamente de los mismos derechos, sin distinción alguna por motivo de edad, origen étnico o nacional, sexo, diferencias biológicas, idioma, creencias, religión, situación migratoria, opinión política o condición social.

El trabajo infantil es entendido como la actividad peligrosa y perjudicial para el bienestar físico, mental o emocional de niñas, niños y adolescentes, que interfiere con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume mucho tiempo, privándoles de aprovechar su potencial, disfrutar su niñez y sano desarrollo, afectando su dignidad.

Finalmente, el ordenamiento establece que corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia y custodia, así como quienes por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes la obligación primordial de proporcionarles un ambiente de desarrollo y crecimiento en armonía y bienestar, tanto en su interacción física como mental, espiritual, cultural y ética y evitar incitarlos o coaccionarlos a participar en cualquier clase de conflicto.

El dictamen aprobado sin votos en contra ni abstenciones es resultado de las iniciativas presentadas por las diputadas Ivonne Trujillo Ortiz, el 20 de junio de 2019, relativa a la igualdad sustantiva; Brianda Kristel Hernández Topete, relativa de la prohibición del trabajo infantil, el 9 de julio de 2019, y Adriana Paola Linares Capitanachi, en materia de perspectiva de la infancia, el 23 de enero de 2020.

Tras conocer el informe de la Secretaría General del Congreso del Estado, en relación con la votación emitida por los ayuntamientos de la entidad, la LXV Legislatura emitió la declaratoria de la reforma constitucional en materia electoral, aprobada por este Pleno el pasado 12 de mayo y que, entre otras disposiciones, reduce los recursos económicos a los partidos políticos.

En la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada este 22 de junio, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó al secretario de la misma, diputado Jorge Moreno Salinas, la lectura del informe sobre la votación de los ayuntamientos que, al concluir el plazo de los 30 días, establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, dio como resultado que 127 ayuntamientos avalaran la reforma.

A su vez, 65 ayuntamientos manifestaron su voto en contra y, en el caso de 16, según lo establecen los artículos 23 y 25 en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 constitucional, se configuró la “afirmativa ficta”, toda vez que transcurrió el plazo conferido y no comunicaron su acuerdo, y tres indefinidos, así como uno que no ha sesionado y cuyo acuse no tiene fecha de recibido.

En el Informe, se establece que, al 11 de junio pasado, la Secretaría General había registrado 110 actas de Cabildo con sentido aprobatorio, lo cual refleja el 51.88 por ciento, representando la mayoría del total de los ayuntamientos de la entidad, porcentaje necesario para que el Congreso estatal emita la declaratoria respectiva y esta reforma pueda tener vigencia.

Conforme al procedimiento legislativo y tras la obtención de la mayoría de actas de Cabildo a favor, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó a la Secretaría General de este Poder remitir el Decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, el diputado Juan Manuel De Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), puso a consideración del mismo un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, en el cual afirma que la Secretaría de Salud tiene “abandonado” al personal de salud, ya que éstos no cuentan con las garantías para realizar su trabajo.

El pasado 31 de marzo del año en curso, agregó el diputado del PAN, el Consejo de Salubridad General reconoció como emergencia sanitaria en el país, al virus SARS-CoV2 y su enfermedad Covid-19. Esto ocurrió 32 días después de que se informara oficialmente sobre el primer caso en México.

Esta crisis sanitaria, señaló De Unánue, está cobrando cada vez más vidas humanas, y ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud y principalmente, la vulnerabilidad de nuestro personal médico. A la fecha, en el país, han muerto más de 271personas del sector salud por causa de esta enfermedad, siendo Veracruz el cuarto estado con más de 10 fallecimientos de personal de salud y tenemos más de 116 médicos, enfermeras y personal de servicios sanitarios contagiados.

El personal de salud, agregó el legislador, que ha perdido la vida “ejerciendo tan noble profesión y todos aquellos que se encuentran arriesgando sus vidas día con día, merecen una leyenda en letras de oro en el muro de este recinto y eso es poco aun. Para esa llamada “primera línea”, a esos héroes de nuestros tiempos, todo el reconocimiento y admiración de esta representación popular, resaltó en su intervención.

Por ello, destacó el diputado, se llame a comparecer ante esta soberanía al titular de la Secretaría de Salud, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que explique a detalle en qué consiste el Plan implementado para enfrentar la contingencia sanitaria; así como los recursos materiales, humanos y presupuestarios que ha dispuesto para este fin; así como la planificación que tendremos en el corto y mediano plazo.

Con independencia de lo anterior, concluyó, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que disponga lo necesario para dotar de equipo e insumos de protección personal y laboral al personal médico de todos los centros hospitalarios y médicos ubicados en el territorio del estado de Veracruz, con el fin de reforzar la loable labor que

vienen realizando el personal de “primera línea”; y que disponga lo necesario para otorgar estímulos salariales o bonificaciones como reconocimiento a su esfuerzo y entrega, tanto al personal médico en activo, como a los familiares directos de aquellos que han dado su vida procurando nuestra salud. Asimismo, se ordene la colocación, en el muro de honor de este recinto legislativo, la siguiente leyenda en letras de oro: “A los héroes de los servicios de salud de Veracruz”.

Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política, de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado.

Mediante un anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo de Morena, exhortó a los 211 presidentes municipales del estado y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, a implementar y, en su caso, incrementar las medidas preventivas de contingencia, en contra de enfermedades transmitidas por vectores.

Luego de referir la pandemia de coronavirus, habló de las enfermedades de infección por vectores, específicamente dengue, zika, chikungunya, cuya tasa de morbilidad y mortalidad, dijo, va en crecimiento y debe ser atendida de manera inmediata.

Señaló que este tipo de enfermedades ocasionan más de 700 mil muertes al año en el mundo y su contagio que se relaciona directamente con el saneamiento del ambiente doméstico y de las áreas más cercanas a las comunidades, en donde se reproducen o protegen los vectores y facilitan su transmisión.

Al recordar que en Veracruz han sido confirmados 774 casos de dengue y que en los últimos cinco años se confirmaron dos mil 104 casos de zika, consideró que mientras el sistema sanitario se encuentra enfocado en el combate del Covid-19, consideró que “todos debemos responsabilizarnos para que no colapse y que tampoco tengamos consecuencias en nuestros organismos”.

En este sentido, la legisladora dijo que, si bien la intervención de las autoridades municipales es primordial, también es necesaria la participación de la ciudadanía en la identificación y destrucción de las larvas y criaderos en su propia casa.

“Promover acciones de autocuidado en la población expuesta en todo el territorio veracruzano, reducir los riesgos y mantener bajo control epidemiológico las enfermedades o contagios en los municipios, será la forma de contribuir a despresurizar nuestro sistema de salud, que en estos momentos enfrenta uno de los episodios más sensibles de nuestro país”, concluyó.

Los integrantes del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en el Congreso de Veracruz, presentaron al Pleno la iniciativa, ante el Congreso de la Unión, que busca reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto que el delito de extorsión quede señalado entre las conductas delictivas que ameritan oficiosamente la imposición de la prisión preventiva por parte de los jueces.

En la sesión, cuarta ordinaria del segundo periodo, el Pleno conoció la iniciativa y, como parte del proceso legislativo, instruyó turnarla a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales; en caso de aprobarse por esta Soberanía, sería turnada al Congreso de la Unión para continuar el trámite correspondiente.

En el texto de la iniciativa se establece que con esta reforma el Constituyente Permanente Federal podría reflejar en la Carta Magna una realidad social imperante en el país. “La de miles de mexicanos que tienen que entregar a delincuentes parte importante del fruto de su trabajo, pues de lo contrario corren el riesgo de perder sus vidas o sus bienes, entre éstos los inmuebles y los productos con que honradamente se ganan la vida y que permiten su contribución al desarrollo económico nacional”.

Expone que la extorsión es un delito que tiene características especiales, ya que no sólo produce un daño patrimonial sino que, adicionalmente, genera en la víctima una afectación emocional desde el momento mismo en que el agente activo se comunica para obligarla a hacer o dejar de hacer determinada conducta.

De esta manera, el artículo 19 de la Carta Magna Federal indicaría que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no puedan resistirlo, delincuencia organizada,

homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, extorsión, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

La propuesta legislativa fue signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes.

Debido a la reciente aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales, entre ellos la pensión a adultos mayores, el legislador Wenceslao González Martínez, presentó al Pleno la iniciativa que abroga la Ley 223 que reconoce el Derecho de Personas Físicas Mayores de 70 años a recibir una pensión por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.

Lo anterior, indicó el diputado del Grupo Legislativo de Morena, toda vez que resulta infundado tener en Veracruz una legislación semejante a la aprobada por el Constituyente Federal.

El diputado González Martínez puntualizó que la reforma al artículo 4 de la Constitución General, impulsada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció el derecho a una pensión para los adultos mayores de 68 años y, tratándose de comunidades indígenas a partir de los 65 años, además de establecer un sistema de salud para el bienestar entre otros derechos para grupos vulnerables.

Añadió que la citada reforma exhibe, a su consideración, una generosa e igualitaria universalidad para las personas adultas mayores, que no opone limitantes o restricciones al ejercicio de este derecho como lo hace la norma local que se propone abrogar.

Por tal razón, la propuesta del legislador es abrogar la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la federación, a recibir una pensión alimenticia del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Seguridad Social.

En nombre de las y los integrantes del Grupo Legislativo de Morena, la diputada María Esther López Callejas, puso a consideración del Pleno, de la LXV Legislatura del Estado, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones a la Ley de Educación, a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y a la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas, todas para el Estado de Veracruz.

Señaló en su intervención que, los vínculos entre la población, el medio ambiente y los recursos naturales están mediados por múltiples factores: el acelerado crecimiento demográfico y la distribución desequilibrada de la población en el territorio; las pautas de acceso y uso de los recursos naturales; y las tecnologías utilizadas para su explotación y consumos vigentes, ejercen una fuerte presión sobre el medio ambiente.

Las y los diputados, agregó, integrantes del Grupo Legislativo de Morena, estamos conscientes de que toda alteración al ritmo natural, afecta al conjunto social sin importar fronteras o límites territoriales de ningún tipo. De ahí que las acciones, agregó, para contrarrestar los efectos de esta manipulación, deben ser bajo una misma estrategia ordenada, racional y científicamente sustentable.

Por lo anterior, señaló la legisladora, se presenta esta Iniciativa para que, conforme a los criterios pedagógicos y didácticos contenidos en los planes y programas vigentes de estudio, se ofrezca de manera obligatoria la educación ambiental y se fomente la siembra de árboles de especies nativas de la región en áreas verdes de las localidades.

De igual forma, por cada lote de una nueva construcción, en coordinación con las autoridades competentes, atendiendo lo que establece la Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas para el Estado, se planten árboles nativos; entre otras acciones.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio, a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura, y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

Con el propósito de armonizar el Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz con la reforma al artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz (aprobada por este Congreso el pasado 22 de mayo) en materia de reelección, el diputado Alexis Sánchez García presentó una iniciativa que busca reformar la ley y así pueda darse cumplimiento efectivo en la elección de los próximos ediles, comicios que habrán de celebrarse en 2021.

De esta manera, el legislador plantea señalar en el Código Electoral que la elección de ayuntamientos se realizará cada tres años. Asimismo, que los ediles podrán ser elegidos hasta por un período adicional de manera consecutiva.

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Podrán ser sujetos a elección consecutiva los ediles que hayan ejercido el cargo, independientemente de su carácter de propietario o suplente. No podrá ser electo para el siguiente período en calidad de suplente, quien hubiese sido electo edil propietario de manera consecutiva por el límite establecido en la Constitución Política del Estado.

Los ediles que pretendan reelegirse deberán separarse del cargo a más tardar el día anterior al inicio de la campaña respectiva. Una vez concluida la jornada electoral, o en su caso, recibida la constancia de mayoría o asignación, según se trate, podrán reincorporarse al mismo. No obstante, previo a la separación del cargo, los ediles deberán observar las reglas que emitan las autoridades electorales competentes para salvaguardar el principio de equidad en la contienda.

Por otra parte, el diputado Sánchez García refiere que la reelección de ediles se deberá sujetar a las siguientes reglas: los ediles electos para el cargo de regidor, que pretendan la reelección, podrán ser postulados tanto para presidente municipal o síndico, así como para Regidor, del partido que corresponda según lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo.

En el caso de ediles electos como candidatos independientes, sólo podrán postularse para la reelección con la misma calidad de candidato independiente, cumpliendo con las etapas previstas en el artículo 264 de este Código, salvo que se afilien y demuestren su militancia en un partido político antes de la mitad de su mandato, caso en el que podrán postularse para reelección por dicho partido.

El diputado del Distrito XXII de Zongolica expuso que esta iniciativa reduce de cuatro a tres años el periodo de ejercicio de los Ayuntamientos, pero de esta manera –agregó- los ediles podrán competir en la reelección consecutiva por un periodo más.

Precisó que esta reelección consecutiva conllevaría como beneficios: la profesionalización de las carreras políticas, ya que permanecer en el cargo motiva a informarse y aprender sobre diversas formas de trabajar; inyecta estabilidad política, la presencia de ediles experimentados estabiliza la relación con los demás poderes; fortalece el carácter representativo de la democracia, los ediles prestarían mayor atención a las preocupaciones de sus electores, impulsando mejores proyectos.

Además, incentiva la elaboración de proyectos de largo plazo, propicia una relación armónica entre funcionarios electos y cúpulas partidistas e incrementaría la eficacia.

“Con esta reforma, las y los ciudadanos tendrán la posibilidad de calificar a sus autoridades municipales y en su caso ratificarlos con su voto para que puedan durar en su encargo otros tres años más”, afirmó.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y a la de Organización Política y Procesos Electorales.

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico propuso, mediante una iniciativa, ajustar los días y el periodo de entrega de propuestas por parte de los ayuntamientos, para definir con exactitud el plazo para cumplir con el envío de las propuestas de tablas de valores catastrales, y reforzar su análisis en el Congreso del Estado.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 51 de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el primer párrafo del artículo 5 de la Ley que Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria.

Derivado del reciente proceso sobre la presentación de propuestas de actualización o en su caso prórroga, sobre las tablas de valores catastrales, el Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal estimó pertinente proponer ajustes al ordenamiento rector en materia de catastro, para definir con precisión el procedimiento a seguir por parte de los ayuntamientos, para que evitar que se presente alguna confusión que derive en una controversia.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena planteó una modificación a la Ley que Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria, sobre todo para involucrar a un órgano legislativo más en el estudio y dictamen de las solicitudes de propuestas, es decir, se adhiere al análisis y dictaminación a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, en razón de su competencia.

Álvarez Pellico consideró que su propuesta también reforzará el trabajo con la Dirección General de Catastro y Valuación que coadyuva con este Poder Legislativo, a través de sus respectivas comisiones permanentes afines; además, los ayuntamientos contarán con la garantía de un mínimo de veinte días hábiles para cumplir con la presentación de sus propuestas.

De acuerdo con la propuesta de reforma al artículo 51 de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los ayuntamientos deberán presentar a la Presidencia

del Congreso las propuestas de Tablas de Valores, entre el 2 y el último día hábil de mayo del año anterior a aquél para el cual se proponen.

La reforma al artículo 5 de la Ley que Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria establece que, recibidas las propuestas, la Mesa Directiva del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente las turnará a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal, de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen.