El diputado León David Jiménez Reyes presentó a la Diputación Permanente un
anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta al Ayuntamiento de Coyutla a
realizar las acciones necesarias para la rehabilitación de calles, puentes y drenajes
afectados por las inundaciones provocadas por la Onda Tropical número 25, además de
iniciar una investigación y emitir un informe de las causas que provocaron el
desbordamiento y la consecuente inundación en zonas de este municipio por parte de
algunos arroyos.

En el documento, puesto a consideración de la Asamblea durante la primera sesión
ordinaria, del segundo receso y turnado a la Junta de Coordinación Política, el legislador
plantea exhortar a la Secretaría de Protección Civil (SPC) del estado de Veracruz a emitir
las recomendaciones necesarias para la rehabilitación de la infraestructura afectada por
las inundaciones provocadas por la onda tropical número 25.

Asimismo, prevé solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado realice
una brigada para el levantamiento de censos en la zona afectada por las inundaciones
provocadas por esta onda tropical, para la inclusión de los pobladores en el Padrón Único
de Sujetos de Derecho y ser considerados en los programas sociales emanados de dicha
dependencia.

Asimismo, pide que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) realice un recorrido
por las escuelas de las zonas afectadas por las inundaciones provocadas por la onda
tropical, con la finalidad de verificar la existencia de daños y, en caso de haber, ejecute
las acciones necesarias para su reparación.
En su intervención, el diputado León David Jiménez señaló que puede atestiguarse las
severas dificultades que continúan enfrentando los habitantes, principalmente de
Papantla, quienes “entre la desolación y la nula actuación de sus autoridades
municipales”, exigen pronta respuesta para empezar los trabajos de limpieza y
reconstrucción.

“Pero, además, advertimos que les asiste un legítimo reclamo: el hacer que quienes
hicieron mal las cosas sean sancionados y reparen los daños”, agregó.
En tanto, el Diputado invitó a sus homólogos a sumarse a este exhorto, toda vez que su
finalidad es atender y solucionar una situación que afecta a los habitantes del norte de la
entidad, pero -consideró- a quienes en el sur viven lo mismo a causa del desbordamiento
de diversos ríos.

Por último, dijo que no debe olvidarse que, en México, como en el resto del mundo, se
enfrentan tiempos difíciles por la pandemia. “Por lo que la ciudadanía lucha por curarse,
recuperar su empleo, reabrir su negocio, razón por la que es injusto que en algo que se
pudo haber prevenido, ahora ésta tenga que preocuparse también por arreglar su
vivienda y, en el peor de los casos, encontrar otro espacio para vivir”, concluyó.

La Diputación Permanente turnó a comisión una iniciativa ante el Congreso de la Unión,
autoría de la diputada Deisy Juan Antonio, por la que busca reformar la Ley General de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar el derecho que tienen éstos a
una alimentación saludable, por lo que la obesidad y desnutrición se entenderán como un
problema de salud pública.

Esta propuesta de reforma surgió ante la necesidad de hacer compatible la legislación
mexicana con los instrumentos internacionales y regionales en los que se ha reconocido
el derecho a la alimentación, con el fin de evitar conflictos dentro del sistema jurídico
nacional.
Consecuentemente, las entidades federativas llevarían a cabo en sus legislaciones las
adecuaciones pertinentes, con la finalidad de evitar conflictos, contradicciones, lagunas
normativas e incertidumbre que impediría una adecuada aplicación y cumplimiento de la
ley.

De acuerdo con la propuesta de la integrante del Grupo Legislativo de Morena, se
reformaría el artículo 16 Bis de la citada ley para indicar que niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a una alimentación saludable que asegure su pleno desarrollo físico y
mental, por lo que la desnutrición y la obesidad en estos sectores de la población nacional
se entenderán como un problema de salud pública.

Mediante la reforma al artículo 16 Ter se prevé que, para contribuir en la eliminación de
malnutrición de niñas, niños y adolescentes, se prohíbe la distribución, venta, regalo o
suministro a éstos de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido
calórico en el territorio mexicano; misma acción aplicaría si ocurre en instituciones
educativas, públicas y privadas, de educación básica y media-superior; incluye si esta
acción ocurre a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras.

De acuerdo con la diputada Deisy Juan Antonio, “la urgencia de hacernos socialmente
responsables desde nuestras distintas perspectivas: madres, padres y tutores de familia,
educadores, legisladores, entre otros, para eliminar hábitos nocivos para la salud de
niñas, niños y adolescentes, como el consumo de este tipo de productos altamente
adictivos”.
La iniciativa, presentada durante la Primera Sesión del Segundo Receso de este año, fue
turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y
la Familia.

Integrantes del Grupo Legislativo de Morena presentaron un Anteproyecto con Punto de
Acuerdo, por el cual exhortan a las autoridades competentes a sumarse, en forma
coordinada, a la revisión de la propuesta de Iniciativa de Ley para erradicar el sobrepeso
y la obesidad en niñas, niñas y adolescentes del estado de Veracruz.

En representación de sus homólogos, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno hizo un
llamado al Gobierno del Estado de Veracruz para que, a través de los Consejos Estatales
de Educación y Salud, así como a las organizaciones públicas, privadas y grupos de
estudio, trabajen conjuntamente en la conformación de esta ley por la que se busca
controlar los factores que intervienen en los problemas de sobrepeso y obesidad infantil
en la entidad.

La legisladora refirió, en la exposición de motivos, que, de acuerdo con autoridades de
salud en el nivel federal, las enfermedades crónicas asociadas con la mala alimentación
han sido un factor determinante en el número de fallecimientos por COVID-19, lo que
hace primordial vigilar la salud de las niñas, niños y adolescentes como bien público.

Para llegar a este objetivo, destacó, se deberá partir de la organización interinstitucional,
la alineación de políticas públicas con el gobierno federal, la participación de la sociedad y
la colaboración entre los poderes y órdenes de gobierno, por lo que, mediante esta
Iniciativa de Ley, desde el Congreso del Estado se impulsa el compromiso para fortalecer
mejores condiciones de salud y la construcción de ambientes más saludables.
Según datos de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (Ensanut), en
México, el sobrepeso y la obesidad se presentan en más de 4.1 millones de niñas y niños.

En el estado, los municipios de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Poza Rica
ocupan los primeros lugares.
Finalmente, Ferráez Centeno puntualizó que esta Iniciativa de Ley representa la
integración de ejes y líneas de acción necesarios y significa una propuesta solidaria con
los esfuerzos institucionales y la sociedad en su conjunto para fomentar la prevención,
detección temprana y atención médica oportuna tanto de la enfermedad base como de
sus complicaciones, para propiciar así cambios en el estilo de vida.

El Anteproyecto con Punto de Acuerdo suscrito por las diputadas Ana Miriam Ferráez
Centeno, Cristina Alarcón Gutiérrez y Jessica Ramírez Cisneros y por los diputados
Augusto Nahúm Álvarez Pellico, José Andrés Castellanos Velázquez, José Magdaleno
Rosales Torres y León David Jiménez Reyes fue turnada a la Junta de Coordinación
Política.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez presentó un pronunciamiento en la
conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Día Internacional de
la Juventud, que se celebran los días 9 y 12 de agosto de cada año, respectivamente.

En su discurso, la legisladora destacó la importancia de los pueblos originarios en la
conformación de la identidad México y reconoció la gran labor que realizan en el
fortalecimiento de su derecho a la libre autodeterminación sobre sus usos y costumbres
que recaen sobre el desenvolvimiento de sus instituciones políticas, sociales y culturales.

“Es importante generar una deconstrucción social sobre la visualización que tenemos
acerca de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ejemplo de ello sería observar las
artesanías como producto del ingenio tradicional, como dignas obras de arte de México,
como es el caso de los muralistas y escultores”, puntualizó Martínez Sánchez.

Al señalar que en estas comunidades habitan personas jóvenes de entre 12 y 29 años de
edad, consideró importante visibilizar el papel que las juventudes en el sustento de las
tradiciones del país, por lo que expresó su felicitación a este sector social de México y de
Veracruz.

“Al considerarse la juventud un sector fundamental para el desarrollo de nuestro país, es
importante que el Estado mexicano tome las medidas necesarias para el reconocimiento
efectivo de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, dijo.

Finalmente, la representante del Distrito VII de Martínez de la Torre, refirió que en el Plan
Veracruzano de Desarrollo se procura dar garantía y protección a los derechos de los
Pueblos Originarios, como parte fundamental de la agenda pública del gobierno estatal;
asimismo, abrir espacios de participación para la juventud veracruzana para el libre
desarrollo de la personalidad con base en los principios de respeto e igualdad.

El personal de instituciones públicas y privadas de salud podrá utilizar, sin costo, el
servicio de transporte público de pasajeros en las modalidades de urbano, suburbano y
foráneo, acreditándose mediante una identificación vigente, de acuerdo con la Iniciativa
presentada por el diputado Raymundo Andrade Rivera ante la Diputación Permanente.

Se trata de una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 144 Bis a la
Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dada a
conocer durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional.
La propuesta contempla a médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos y toda persona
que labora en el sector salud.

El legislador refirió que, de acuerdo con cifras del Gobierno
de México, la actual pandemia ha causado la muerte de más de 56 mil personas, cantidad
que “podría ser más alta si no fuera por el profesionalismo, la dedicación y la entrega con
la que diariamente prestan sus servicios en sus puestos de trabajo”.

Desafortunadamente, el personal sanitario, además de sacrificar tiempo familiar, “han sido
víctimas de discriminación, violencia, lesiones, amenazas o agresiones, razón por la que
este Congreso, en mayo pasado, se condujo con absoluta responsabilidad al proponer y
aprobar diversas adiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave, con la finalidad de salvaguardarles y sancionar severamente a
quien pretenda lastimarles. Pero se evidencia que, para continuar reconociéndoles, se
puede hacer más”.

El diputado Raymundo Andrade apeló a la generosidad de las y los transportistas de
Veracruz “para aportar un granito de arena a la enorme contribución de mujeres y
hombres que, sin importar contraer la enfermedad, con el riesgo que implica el transmitirla
a sus familias, ni tampoco los cansancios surgidos de jornadas extenuantes, en el
presente están salvando miles de vidas, pero que en el pasado pudieron haber sido
indispensables para sanarnos o en el futuro, todas y todos podríamos necesitarles”.

Esta iniciativa, fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad,
para su análisis y, en su caso, dictaminación.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó a la Diputación Permanente una
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del
Café Veracruzano, a fin de establecer condiciones que fortalezcan la cadena
agroalimentaria del café, sobre todo, en los sectores que lo requieren con mayor urgencia.

En nombre de los diputados Raymundo Andrade Rivera, Rubén Ríos Uribe, Jorge Moreno
Salinas y Alexis Sánchez García, integrantes de la Comisión Especial para la Atención y
Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café
Veracruzano, la legisladora subrayó que se prevé establecer como objeto de la citada ley
el fomento y promoción del sector cafetalero en la entidad.

Durante su intervención en la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional, expuso que, además de presentar las atribuciones de las
secretarías que participarán activamente en el cumplimiento, desde su marco de
competencia, se anexa a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema), con la
finalidad de promover estrategias amigables con el medio ambiente y que fortalezcan la
sustentabilidad en el sector cafetalero.
Por otra parte, detalló que, para fortalecer la cadena agroalimentaria del café, por primera
vez se tocan temas específicos y relativos al proceso de producción, transformación,
comercialización y promoción del café veracruzano.

“Como un capítulo especial se anexa
el fomento a la producción de pequeña escala, ante una realidad innegable: el 95.4 por
ciento de los productores de café poseen menos de cinco hectáreas”, explicó.
Respecto a este apartado, la diputada Lagunes Jáuregui propone un monitoreo de los
precios en mercados nacionales e internacionales, oportunidades para los cafés de
especialidad de Veracruz y garantizar mayor competitividad para todos los sectores.

Asimismo, se establece una regulación específica para que, en las plantaciones de café
bajo sombra pueda promoverse la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad
con énfasis en los usos tradicionales, la diversificación de cultivos asociados al café y de
prácticas productivas sustentables que permitan el mantenimiento de los servicios
ambientales contemplados en la estrategia para la conservación y el uso sustentable de la
biodiversidad del estado de Veracruz.
La legisladora añadió que, con la pretensión de un nuevo actuar del servicio público,
propone un Consejo Consultivo Tripartito que involucre a los tres sectores de la
economía: público, privado y social, ya que es a partir de este Consejo que se reformula
el actuar del Instituto del Café Veracruzano “en el entendido de que no requerimos
instituciones con marcos acotados de acción, sino establecer estrategias coordinadas
entre las que ya existen y un cumplimiento cabal de sus atribuciones”.

La propuesta incluye que el Padrón de Productores utilice prácticas estadísticas y
geográficas avanzadas y que funcione como una plataforma dinámica hacia el encuentro
entre diferentes actores de la cadena agroalimentaria del café y que permita una nueva
relación entre productores, agroindustriales y comercializadores.
La diputada del Grupo Legislativo del PAN destacó la creación de un precio de referencia
del café en la entidad como un mecanismo de justicia social, así como contemplar un
capítulo sobre la responsabilidad social para visibilizar el trabajo femenino y familiar en la
producción del aromático.

Por último, la legisladora recordó que esta propuesta es el resultado de un arduo trabajo
realizado en conjunto con productores, integrantes de la academia y de diferentes
dependencias relacionadas con el aromático, a quienes agradeció sus opiniones y
aportaciones que –dijo- sirvieron para la elaboración de un documento sólido y que, de
aprobarse en breve, será de gran beneficio para las y los veracruzanos.
La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes
Unidas de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y de Hacienda del Estado.

Con el propósito de combatir los índices de obesidad en niñas, niños y adolescentes, la
legisladora Magaly Armenta Oliveros presentó a la Diputación Permanente una Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reformaría diversas disposiciones a la Ley de Salud del
Estado de Veracruz, cuyo fin es reglamentar el acceso que tiene este sector de la
población al consumo de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico,
conocido también como “comida chatarra”.

Al participar durante la Prima Sesión Ordinaria del Segundo Receso correspondiente al
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la integrante del Grupo Legislativo de Morena
subrayó que su propuesta va encaminada a la implementación de un programa para
prevenir y combatir la obesidad y el sobrepeso en niñas, niños y adolescentes, donde
converjan los esfuerzos y cooperación de instituciones como las secretarías de Salud
(SS) y de Educación, (SEV), así como el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) de los 211 ayuntamientos y del Concejo municipal.

Este programa –explicó- buscaría implementar cambios en la actividad física y en los
deportes que realizan las niñas, niños y adolescentes en centros escolares públicos y
privados y elaborar un censo escolar en cada uno de los planteles del Sistema Educativo
estatal y definir una estrategia de alimentación saludable.
Además, comprenderá acciones como la prevención y el tratamiento de padecimientos
originados por la obesidad y el sobrepeso; contempla la educación sobre los efectos de la
obesidad en la salud, a través de métodos individuales, colectivos o de comunicación
masiva, incluyendo orientación para evitar consumir alimentos con bajo valor nutricional.

Para prevenir, atender y combatir la obesidad y el sobrepeso, en cualquier parte del
territorio estatal, se prohíbe vender o regalar a niñas, niños y adolescentes bebidas
azucaradas y alimentos de alto contenido calórico; lo mismo en instituciones educativas,
públicas o privadas de los niveles básico y medio-superior, así como distribuidores
automáticos o máquinas distribuidas.
Cualquier establecimiento que prepare y venda comida al público deberá incluir en sus
menús, cartas o escaparates las calorías que contiene cada platillo.

El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a las sanciones administrativas como:
apercibimiento, multa de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) vigentes,
clausura parcial del establecimiento o total, en caso de reincidencia.

La SS, en coordinación con los DIF municipales, elaborará una estrategia de alimentación
saludable que resulte aplicable para las niñas, niños y adolescentes tanto en los medios
urbanos como rurales y que incluya diversos tipos de dietas.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa de la diputada Magaly Armenta fue turnada a las
Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Educación y Cultura.

• El Plan Veracruzano de Desarrollo contempla garantías y protección para los Pueblos Originarios, así como abrir espacios de participación para la juventud veracruzana.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez presentó un pronunciamiento en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Día Internacional de la Juventud, que se celebran los días 9 y 12 de agosto de cada año, respectivamente.

En su discurso, la legisladora destacó la importancia de los pueblos originarios en la conformación de la identidad México y reconoció la gran labor que realizan en el fortalecimiento de su derecho a la libre autodeterminación sobre sus usos y costumbres que recaen sobre el desenvolvimiento de sus instituciones políticas, sociales y culturales.

“Es importante generar una deconstrucción social sobre la visualización que tenemos acerca de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ejemplo de ello sería observar las artesanías como producto del ingenio tradicional, como dignas obras de arte de México, como es el caso de los muralistas y escultores”, puntualizó Martínez Sánchez.

Al señalar que en estas comunidades habitan personas jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, consideró importante visibilizar el papel que las juventudes en el sustento de las tradiciones del país, por lo que expresó su felicitación a este sector social de México y de Veracruz.

“Al considerarse la juventud un sector fundamental para el desarrollo de nuestro país, es importante que el Estado mexicano tome las medidas necesarias para el reconocimiento efectivo de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, dijo.

Finalmente, la representante del Distrito VII de Martínez de la Torre, refirió que en el Plan Veracruzano de Desarrollo se procura dar garantía y protección a los derechos de los Pueblos Originarios, como parte fundamental de la agenda pública del gobierno estatal; asimismo, abrir espacios de participación para la juventud veracruzana para el libre desarrollo de la personalidad con base en los principios de respeto e igualdad.

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Para garantizar una adecuada planeación de la promoción turística del estado de Veracruz, a través de la inversión en productos estratégicos y de alta calidad, el diputado Bingen Rementería Molina presentó a la Diputación Permanente una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adicionaría un párrafo al artículo 113 del Código Financiero estatal, para establecer que, con independencia de emergencias económicas, el Gobierno del Estado dará, de recursos propios, el monto presupuestado para este fin.

En su participación, durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Receso, el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que, de esta manera, si la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado detecta una baja en los ingresos provenientes del Impuesto al Hospedaje, deberá reponer las diferencias faltantes con base en las expectativas de recaudación que se estimaron al momento de aprobar el presupuesto anual.

El legislador plantea en su iniciativa dos medidas adicionales con carácter de transitorias. La primera, para que el Gobierno del Estado comience en este 2020 a aportar las diferencias que ha dejado de captar el Fideicomiso del Impuesto al Hospedaje, y la segunda, para garantizar a este Fideicomiso un presupuesto para 2021 igual al proyectado para este año.

Precisó, además, que se trata de medidas oportunas que garantizarían, para lo que resta del año y el siguiente, que la promoción turística no será frenada y que será una actividad ininterrumpida que, además, beneficiará a las familias que viven de ella.

Previamente, refirió que, a pesar de la actual pandemia por Covid-19, el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo ha señalado que “el turismo puede servir de puntal para superar la pandemia”.

Para el actual ejercicio fiscal –añadió-, el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de 50 millones de peso (mdp) para promoción turística, con base en las estimaciones de recaudación que para este año presentó el Poder Ejecutivo en diciembre pasado.

Agregó que las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad han tenido “paralizada” la industria turística y al sector hotelero, cuya falta de ingreso corriente ha impactado en el pago de cuotas mensuales que este sector aporta al gobierno estatal vía el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Turismo.

Dando cumplimiento al artículo 40 de la Constitución Política del Estado, 41 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, y tras
clausurarse los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura
del segundo año de ejercicio constitucional, quedó instalada la Diputación Permanente
que funcionará durante el Segundo Periodo de Receso del Segundo año de Ejercicio
Constitucional.

En sesión Solemne el órgano legislativo quedó integrado por el diputado Rubén Ríos
Uribe y las diputadas Erika Ayala Ríos y Brianda Kristel Hernández Topete como
presidente, vicepresidente y secretaria respectivamente.
Como vocales fungirán las diputadas Adriana Esther Martínez Sánchez, María Esther
López Callejas, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, así como los diputados Henri Christophe
Gómez Sánchez, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, José Andrés Castellanos Velázquez y
Enrique Cambranis Torres.
Asimismo, fueron convocados los legisladores Elizabeth Cervantes de la Cruz, Rosalinda
Galindo Silva, Vicky Virginia Tadeo Ríos, Magaly Armenta Oliveros, Jorge Moreno
Salinas, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Wenceslao González Martínez, Omar
Guillermo Miranda Romero, Bingen Rementaría Molina y Ricardo Arturo Serna Barajas,
en carácter de sustitutos.

Siendo las 17:15 horas fue declarada legalmente instalada la diputación permanente, la
cual tendrá su primera sesión ordinaria el día martes 18 de agosto del año en curso, a las
14 horas en la sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada María de Jesús
Martínez Díaz, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
diversas autoridades a tomar medidas urgentes relacionadas con los servicios y
tratamientos oncológicos destinados a niñas y niños con cáncer.

La legisladora expresó que si bien el Interés Superior del Niño en cualquier situación debe
ser salvaguardado, las autoridades están obligadas a ofrecer alternativas efectivas e
idóneas, para cumplir con el derecho fundamental a la salud.
Aunado a esto, continuó Martínez Díaz, la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19
ha puesto al sistema de salud en México, en una situación extrema toda vez que ha
desplazado los demás padecimientos, entre ellos el cáncer.

Asimismo, puntualizó que al no contar con suficientes medicamentos oncológicos para
suministrar a las niñas y niños, resulta determinante “ya que de detectarse a tiempo y con
el tratamiento completo, la supervivencia de los pequeños suele ser de 80 por ciento, pero
si se interrumpe, por lo menos un día, la tasa se reduce a la mitad”.

La diputada hizo un llamado a las autoridades Federales y Estatales competentes a realizar
una investigación en los hospitales públicos y determinar qué medicamentos oncológicos
faltan, además de garantizar el debido abasto de medicamentos sin interrupción.

En el mismo sentido, solicitó que a través del titular de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, instrumente los procedimientos para agilizar la
comercialización y distribución de dichos medicamentos bajo supervisión y control sanitario.
Finalmente, exhortó a que a través de la titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad
Veracruzana, agilice los procesos de compra de medicamentos para tratamientos
oncológicos y, con ello se garantice el abasto.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presentó un Anteproyecto de Punto de
Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita a la
brevedad al Senado de la República del H. Congreso de la Unión, la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, aprobada por la Conferencia
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, para su ratificación.

En el mismo sentido, solicita a la instancia legislativa que interprete y reserve el artículo 1
de la Convención, a la luz del derecho nacional y bajo la definición del principio pro
persona, en razón de edad, toda vez que la legislación de Veracruz es más protectora al
ejercicio de este derecho.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que la Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes, es el primer tratado internacional centrado en los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, lo que lo
convierte en una normativa obligatoria interna de cumplimiento para los Estados que la
han ratificado.

Asimismo, es en documento orientador para el diseño e implementación de políticas,
programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de derechos, que
puede ser referenciado y aplicado tanto por los gobiernos como por las y los ciudadanos.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes fue suscrita por el
representante de México, estampando a un lado de su firma la leyenda ad referéndum,
que de acuerdo a la normatividad requiere de la ratificación o aprobación por el Senado
de la República.

Sin embargo, Senado de la República ha aprobado 9 Puntos de Acuerdo, entre 2007 y
2019, mediante los cuales ha exhortado a los titulares en turno del Poder Ejecutivo
Federal para que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores remita la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes para ratificación.

Sin embargo, “la Secretaría de Relaciones Exteriores ha argumentado que no ha podido
enviarse al Senado de la República la ratificación de la Convención debido a que hay un
desfase sobre el rango de edades planteadas con lo establecido en el marco jurídico
nacional”.

Ante este panorama, y debido a la respuesta que ha dado la Secretaría, Martínez
Sánchez hizo un llamado al Senado de la República a que, una vez haya sido enviada la
Convención para su ratificación, analice y genere una reserva para que se ponderen los
derechos reconocidos en nuestro marco jurídico nacional.

Durante los trabajos efectuados en la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo
Periodo Ordinario, fue turnado a la Junta de Coordinación Política un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los 212 Ayuntamientos de Veracruz,
así como a los 3 poderes de Gobierno en Veracruz a implementar acciones de
concientización sobre el uso de cubrebocas, con el fin mitigar las infecciones
ocasionadas por el COVID-19.

El documento, autoría del diputado Omar Guillermo Mirando Romero, expone que la
Organización Mundial de la Salud, ha referido que el uso de cubrebocas forma parte
de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la
propagación de determinadas enfermedades respiratorias, causadas por un virus, y
en el caso concreto por el virus SARS-Cov-2 o COVID-19.

Ante este contexto, reconoció que es necesario que el uso de este instrumento de
salud sea obligatorio, tanto para lugares públicos, como para oficinas y comercios,
por lo que las autoridades deben reglamentarlo mediante medidas provisionales
claras e incluyentes.
En el mismo sentido, continúa el documento, se deben de emprender campañas
inmediatas de concientización en medios masivos de comunicación; y otorgar los
cubrebocas de manera gratuita a las personas que conforman grupos vulnerables,
para así poder mitigar la propagación de la enfermedad.

Finalmente, concluye el Anteproyecto, es un hecho que la probabilidad de contagio
disminuye en más de un noventa por ciento por el uso correcto de un cubrebocas,
de modo que, derivado de la presente pandemia, su uso obligatorio debe de ser
adoptado como medida personal y comunitaria.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 46 votos, el dictamen presentado por la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, por la que se reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, la Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código Electoral, la Ley
Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, todas del estado
de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

La iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas, en nombre de diputadas y
diputados de diferentes partidos políticos, respalda que la creciente participación política
de las mujeres ha visibilizado otras caras de la violencia de género y de discriminación en
contra de quienes aspiran y contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y
militan en partidos políticos, extendiéndose a servidoras públicas que deciden y
encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.

Además, tiene como propósito fortalecer la participación política de las mujeres en
Veracruz y garantizar su acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de
los procesos electorales en el desempeño de sus cargos públicos, y en todo tipo de
participación o actuación en dicho ámbito.

El documento considera que la reforma federal aprobada en el Congreso de la Unión, en
febrero y frente al Proceso Electoral 2021, permitirá que más de siete millones de
electores en la entidad decidan mediante el voto la integración de 30 diputaciones locales,
20 diputaciones federales de mayoría relativa y los gobiernos de los 212 municipios.

Con la aprobación del dictamen, se inscribe en la régimen local, hacer efectivo el derecho
a la igualdad y no discriminación en materia político y electoral para las mujeres
inscribiendo que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra
las mujeres que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de
elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género.

Los partidos políticos o coaliciones deberán postular a mujeres en el 50 por ciento de sus
candidaturas, tanto en la elección para diputaciones como para la conformación de los
ayuntamientos en los que también deberá prevalecer la paridad vertical, es decir, la
alternancia de género en los cargos edilicios y en la conformación de las direcciones de
los ayuntamientos.

Además mencionó que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y en el Código Electoral se renueva el concepto de Violencia Política, dotando de nuevas
atribuciones al OPLE como procurar el respeto de los derechos humanos de las mujeres,
promover una cultura de la no violencia, prevenir, atender, sancionar y, en su caso,
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Con la armonización al Código Electoral estatal, la persona que haya sido sancionada o
sentenciada por violencia política en razón de género no podrá cubrir el requisito de
elegibilidad, si se postula a una candidatura, y se considerará como una falta grave si
comenten violencia política contra mujeres que ejerzan un cargo público o político.

La propuesta es resultado de un trabajo de análisis y consulta con los diversos
representantes de instituciones competentes en la materia, como el OPLE, el Tribunal
Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Sala
Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos
del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, que
permitió enriquecer la propuesta con todas las perspectivas.

El Congreso del Estado aprobó un Proyecto de Punto de Acuerdo, emitido por la Junta de
Coordinación Política, por el que, de manera excepcional y en virtud de la emergencia
sanitaria nacional derivada de la propagación del virus SARS CoV-2, se prorrogan los
procedimientos de otorgamiento de las medallas y premios establecidos en la Ley de
Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se establece que, los procedimientos que concluyan en la designación de personas
merecedoras de medallas y premios concedidos por el Poder Legislativo se realizarán
hasta que existan las condiciones sanitarias adecuadas y no exista riesgo para la
población, prorrogándose los plazos que fija dicha ley.

Asimismo, se prorroga, de manera indefinida y hasta que se resuelva la condición
sanitaria en la entidad, la celebración de la sesión solemne del 24 de agosto en
conmemoración de la firma de los Tratados de Córdoba en dicha ciudad, así como la
sesión solemne conmemorativa por el sacrificio del senador Belisario Domínguez Palencia
en el mes de octubre.
Del mismo modo, se prorroga la entrega del Premio Estatal a la Mujer, de la Medalla al
Mérito por la Defensa y Mejora del Medio Ambiente y de la Medalla Adolfo Ruiz Cortines,
relativas al año 2020.

La Ley de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave rige el otorgamiento de
la Medalla Veracruz, la Medalla Adolfo Ruiz Cortines, el Premio Veracruz, la Medalla
General Ignacio de la Llave, las Medallas Carlos A. Carrillo y Enrique C. Rébsamen, el
Premio Estatal a la Mujer, la Medalla Heberto Castillo Martínez y la Medalla al Mérito por
la Defensa y Mejora del Medio Ambiente, que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del
Estado conceden a las personas físicas o morales distinguidas por su conducta y
acciones en los términos que la misma establece.

Medalla Heberto Castillo Martínez

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen con Proyecto de Acuerdo emitido por
la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, por el que se determina, como medida
extraordinaria por la propagación del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad
Covid 19, prorrogar el procedimiento de designación de la persona merecedora de la
Medalla Heberto Castillo Martínez, correspondiente al año 2020, hasta que existan las
condiciones sanitarias adecuadas.

Esta determinación aplica como mecanismo preventivo y de control de riesgo, de las
personas que busquen participar en la obtención de dicha condecoración y de las
personas que de manera directa o indirecta se involucran en dicho acontecimiento,
privilegiando ante todo el derecho a la vida, a la salud y a la integridad de las y los
veracruzanos ante la pandemia.

Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del
Congreso del Estado, hicieron del conocimiento del Pleno el Proyecto de Punto de
Acuerdo, por el que se concede prórroga al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), para
la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las
Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, y en consecuencia una
prórroga para, en su caso, su aprobación por parte del H. Congreso del Estado.

De manera excepcional y definitiva, y debido a las causas extraordinarias derivadas de la
contingencia sanitaria por COVID-19, se autorizó dar un plazo el cual vence el 31 de
enero de 2021, para que dicho Órgano realice la entrega de los Informes Individuales y el
Informe General Ejecutivo de la revisión de las cuentas públicas en comento.
En el mismo sentido, se autorizó una prórroga para la aprobación por parte del H.
Congreso del Estado de las citadas Cuentas Públicas, dando como fecha máxima el día 2
de marzo del año 2021.

Dicha prórroga, señala el Punto de Acuerdo, es en atención al escrito signado por la
auditora general de dicho Órgano, Delia González Cobos, y que hace del conocimiento
que varios entes políticos se vieron en la necesidad de suspender labores, atendiendo a
las recomendaciones estatales y federales derivadas de la contingencia sanitaria por
COVID-19, lo que ha generado que algunos entes fiscalizables suspendieran actividades,
creando un desfase en la entrega de información financiera y técnica a la obra pública.

En todo lo concerniente al proceso de fiscalización superior, el Orfis deberá sujetarse a
los principios y bases establecidos en los capítulos II, III y IV de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz.

Con la aprobación de más de las dos terceras partes de sus integrantes, el Congreso del
Estado nombró y tomó la protesta de ley a cinco magistradas y un magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, a propuesta del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez.

Se trata de Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro
Castillo, María Lilia Viveros Ramírez y Aileth García Cayetano y Antonio Sobrevilla
Castillo, quienes contaron con 39 votos a favor para su designación.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, se designó a los diputados Juan Javier Gómez
Cazarín, presidente, Omar Guillermo Miranda Romero, Erika Ayala Ríos y Alexis Sánchez
García, integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para recibirles y
conducirles hasta el Recinto Oficial de Sesiones, donde rindieron la protesta de ley ante el
Pleno.

El Pleno legislativo aprobó por unanimidad cuatro dictámenes en materia de igualdad de
género y protección a las mujeres, emitidos por la Comisión Permanente para la Igualdad
de Género, por los que se refuerza las acciones del Estado a favor de quienes se
encuentran en situación de vulnerabilidad y en riesgo de sufrir violencia.

El primer Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, es resultado de una Iniciativa de la diputada Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, presentada el 13 de febrero de 2020.
En éste ofrecen una definición de los términos Empoderamiento de las mujeres y
Perspectiva de género y determina las acciones y políticas públicas que corresponderán a
cada uno de los poderes del Estado, en el ámbito de su competencia, para garantizar la
igualdad entre hombres y mujeres.

El dictamen fue aprobado con 49 votos.
Por otra parte, con 50 votos fue aprobado el dictamen con proyecto de Decreto por el que
se reforman las fracciones I y XII del artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, derivado de la
Iniciativa presentada por la diputada Erika Ayala Ríos y sus homólogos Jorge Moreno
Salinas y Antonio García Reyes, el 13 de febrero de 2020.

La reforma a la fracción I redefine el Acoso sexual como “forma de violencia consistente
en cualquier tipo de molestia de connotación sexual hacia la mujer, valiéndose de una
posición jerárquica derivada de relaciones laborales, escolares, domésticas o de cualquier
otra índole que implique subordinación, sea ésta emocional, de género o psicológica”.

A su vez, la reforma a la fracción XII precisa que debe entenderse por Hostigamiento
sexual el “ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a
la persona agresora en los ámbitos laboral o escolar, entre otros, que se expresa en
conductas verbales, física o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación
lasciva”.

En tercer lugar, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 9
de la segunda ley referida, derivado de la Iniciativa puesta a consideración del Pleno por
la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, 12 de mayo de 2020, fue aprobado con 49 votos.
De acuerdo con esto, los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación que
establezcan los gobiernos estatal y municipal, para proteger a las víctimas de violencia en
el ámbito familiar, deberán favorecer la separación y alejamiento de la persona agresora
respecto de la víctima, especialmente durante resguardo domiciliario dictado por autoridad
competente, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades
transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe.

Finalmente, con 49 votos quedó aprobado el dictamen con proyecto de Decreto por el que
se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitido por las
Comisiones Permanentes Unidas Para la Igualdad de Género y de Justicia y Puntos
Constitucionales.

Este dictamen, resultado de la Iniciativa presentada por la diputada Montserrat Ortega
Ruiz el 23 de enero de 2020, establece una definición de Violencia digital y dispone que
“el gobierno municipal, así como las autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de su
competencia, garantizarán a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia digital y
tomarán en consideración los daños que ésta pueda generar en las víctimas”.

El Congreso del Estado aprobó, con 34 votos a favor, la abrogación de la Ley 223 que
reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de 70 años de edad, que no tengan
ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la
Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado.

Este dictamen, cuya votación contó también con 14 votos en contra y 0 abstenciones,
puesto a consideración del Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda
del Estado y de Seguridad Social, explica el sentido de la Iniciativa presentada por el
diputado Wenceslao González Martínez, el 22 de junio de 2020, que le dio origen.

Expone que dicha abrogación es resultado de la reciente adición a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos del derecho universal de las personas mayores de 68
años y, en el caso de las personas indígenas y afrodescendientes a recibir una pensión
del Estado mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de
2020.

Este derecho incluye a las personas físicas mayores de 70 años de edad y
residentes del estado de Veracruz.
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 223, publicada en la Gaceta Oficial del
Estado el 14 de febrero de 2005, la protección para recibir una pensión de las personas
mayores de 70 años se motiva a partir de la falta de ingresos y sin la protección de los
sistemas de seguridad o ante el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad
establecidos en el programa equivalente que para tal efecto creó el gobierno federal a
favor de las personas de 68 años en adelante actualmente denominado Pensión para el
Bienestar de los Adultos Mayores.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso de Veracruz una
iniciativa con proyecto de decreto por el cual busca establecer normativas en el orden
municipal orientadas a la atención inmediata a víctimas de violencia de género, para lo
cual prevé la creación de un Código Naranja y la conformación de la Unidad de Policía
Especializada en la Atención de Víctimas de Violencia contra las Mujeres.

El documento plantea que las autoridades municipales instauren Unidades de Policía
Especializada en la Atención a Víctimas de Violencia contra la Mujeres, con elementos
que posean perfiles específicos y especializados.
Dicha Unidad contará con un equipo multidisciplinario y profesional en las áreas de
trabajo social, psicología, derecho y demás afines, las cuales brindarán asesoría gratuita
a las víctimas y a su vez contarán con el personal operativo para la conformación de la
base de datos de órdenes de protección emitidas y que correspondan al municipio.

Podrá solicitar a las Instituciones de Procuración de Justicia del Estado la información que
exista en sus registros de datos correspondiente al Municipio de su competencia y en
relación a las órdenes de protección generadas cada veinticuatro horas, misma que
deberá entregarse sin dilación alguna por éste.

Asimismo, tendrá a su cargo la conformación de una base de datos con la información de
los registros señalados anteriormente. Esta base de datos contará con al menos: número
de folio, fechas de recepción y de orden de protección; origen, carpeta de investigación,
nombre, calle, colonia, tipo de orden, teléfono de la víctima, nombre del generador de
violencia, parentesco, observaciones y visita domiciliaria.

La propuesta legislativa establece que los gobiernos estatal y municipal tendrán la
responsabilidad de salvaguardar la vida y la integridad emocional de las mujeres. Ante
cualquier reporte de desaparición deberán actuar sin dilación alguna de manera
inmediata, coordinada y eficaz para activar los Protocolos de Actuación indispensables, a
efecto de localizar y poner en resguardo a quienes hayan sido víctimas de desaparición y,
en su caso, iniciar las diligencias indispensables para su investigación.

La integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Movimiento Ciudadano-PRD, Diputado Sin Partido recordó que uno de los compromisos asumidos por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), 1999, es la implementación de la campaña Únete para
poner fin a la violencia contra las mujeres, y en ella se ha proclamado el día 25 de cada
mes como Día Naranja.

“Un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia
contra mujeres y niñas”, abundó.
Con esta propuesta, el Código Naranja queda definido como “la clave operativa asignada
a todas las mujeres integradas en la base de datos de órdenes de protección del
municipio, a través de la Unidad de Policía Especializada en la Atención a Víctimas de
Violencia contra las Mujeres”.

El cual será parte de las atribuciones de las autoridades
municipales.
La iniciativa, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue
turnado para su estudio a las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de
Género y Seguridad Pública.

Con 33 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado, aprobó el dictamen presentado
por la Comisión Permanente de Educación y Cultura por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones de la Ley orgánica del Colegio de Veracruz (COLVER).

La iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, determina que el
organismo descentralizado, estará sectorizado a la Secretaría de Educación de Veracruz,
teniendo como atribuciones celebrar acuerdos y convenios con otras instituciones de
educación, asociaciones civiles, gobiernos y todo tipo de personas físicas o morales,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acciones de coordinación, colaboración de
carácter docente, o de investigación, innovación y difusión del conocimiento; los cuales
podrán ser incorporados a los planes y programas de estudio del COLVER.

Respecto a la Junta de Gobierno se prevé que el Presidente de ésta sea el Gobernador;
el Vicepresidente, quien fungirá como Presidente en las ausencias de éste, sea el
Secretario de Educación del Estado y que el Secretario Técnico sea el Rector del
COLVER, que tendrá derecho a voz, pero no a voto.

Además, se plantea que la Junta de Gobierno sesione de manera ordinaria cuando
menos cuatro veces al año, y de manera extraordinaria las veces que sea necesario, a
convocatoria de su Vicepresidente.

En el mismo sentido se propone, como atribuciones de la Junta, nombrar al rector del
COLVER, a propuesta del presidente de la Junta. Así como removerlo libremente,
además de que contará con un Órgano Interno de Control dependiente de la Contraloría
General del Estado, cuyo titular, así como la designación del personal y sus funciones y
atribuciones, deberán realizarse de acuerdo a la normatividad aplicable.

El Grupo Legislativo Mixto del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde
Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una iniciativa de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave en materia de ratificación en el cargo de magistradas y magistrados del Poder
Judicial del Estado.

La propuesta suscrita por las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes
Yunes y por los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del
referido grupo legislativo, presentada durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo
Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, consiste en
reformar los artículos 209, 210, 211 y 212 de la mencionada ley.

Mediante esta Iniciativa, plantean que, en el artículo 209 se incluya la previsión de que la
magistrada o el magistrado que esté por concluir su encargo de diez años comunique al
Consejo de la Judicatura, con cuatro meses de antelación a la fecha de que fenezca su
nombramiento, su interés en ser ratificado en el cargo, lo que obliga a la emisión de los
dictámenes en todos los casos.
Ante la omisión de dicho comunicado o si éste se realiza fuera del plazo establecido,
añaden en su propuesta, se entenderá que quien se encuentre en ese supuesto renuncia
a ejercer su derecho de participar en el procedimiento de ratificación y que, finalmente,
también se prevean los casos de renuncias expresas.

Por otra parte, en el caso del artículo 210, se propone que la autoevaluación que el
interesado puede proporcionar expresando las razones por las cuales considera ser
merecedor a la ratificación, no sea entregada “por lo menos un mes antes de la fecha en
que se deba remitir el dictamen correspondiente al Congreso del Estado”, como
actualmente se prevé, sino en forma anexa al comunicado que haga la magistrada o el
magistrado de pretender participar en el procedimiento de ratificación.

En lo que respecta al artículo 211, proponen su reforma integral, en la que se establezca
únicamente lo relativo a la obligación del Consejo de la Judicatura de remitir su dictamen
técnico en el que se establezca que la remisión o envío se pueda hacer también a la
Diputación Permanente, en los recesos del Congreso, y que se realice a más tardar dos
meses antes de la fecha en que concluya el cargo de la persona evaluada y no “en plazo
no mayor a cuatro meses a partir de que se inició el procedimiento de ratificación”, como
actualmente se dispone.

Finalmente, la reforma propuesta para el artículo 212 consiste en señalar el trámite que
debe darse en el caso de que el dictamen técnico emitido sea en sentido no favorable,
precisándose la obligación del Consejo de la Judicatura de notificar de lo anterior a la
magistrada o el magistrado correspondiente, a efecto de que se encuentre en aptitud legal
de interponer el recurso de reclamación que en este dispositivo se prevé.
Esta Iniciativa fue turnada, para su análisis y, en su caso, dictaminación, a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jauregui presentó al Pleno de la LXV Legislatura una
iniciativa con proyecto de decreto la cual tiene como finalidad incorporar atribuciones a las
autoridades del sector salud para fortalecer la atención brindada a personas con
discapacidad para que disfruten de este derecho humano en todo tiempo y de manera
especial, en tiempos de epidemias, pandemias o de situaciones de riesgo de contagio.
En su propuesta, la representante del Distrito de Huatusco también plantea modificar el
nombre de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad por el de Ley
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz.

“Es
importante que nuestra ley cambie de nombre para que esté acorde al nuevo paradigma
de derechos humanos y sean las instituciones y autoridades quienes adapten los
ambientes para que las personas con discapacidad sean incluidas con todas las demás
personas”.
Asimismo, indica el texto “no podemos seguir con el paradigma de integración que
mandata a la persona a integrarse, a adaptarse, sino generar todas las medidas de
accesibilidad para que convivan y se desarrollen con las demás personas sin
segregaciones o discriminación alguna”.

La diputada Lagunes Jauregui expone en su propuesta que para fortalecer al sector salud
en sus atribuciones, se plantea reformar el artículo 11, para establecer que dichas
autoridades deberán elaborar y difundir información al personal de salud a fin de que
conozcan las posibles consecuencias sociales y para la salud que una epidemia,
pandemia o crisis sanitaria puede acarrear para las personas con discapacidad.
También, prevé incorporar medidas que adoptaría la Secretaría de Salud (SS) estatal en
materia de accesibilidad a servicios médicos, información comprensible y adaptable sobre
los servicios de salud, atención a distancia y teleconsultas en todo tiempo y sobre las
medidas de contención y atención en tiempos de epidemia o pandemia, de conformidad
con las recomendaciones de Organismos Internacionales especializados en la materia.

En cuanto a la atención a las personas con discapacidad, en tiempos de epidemia o
pandemia, se propone la adición de un artículo 14 Bis que señala las medidas especiales
que deberán tomar las autoridades de salud, como las de: mantenerlas debidamente
informadas de las acciones que realizan para la prevención y autocuidado.
Así como la obligación de establecer protocolos de atención que anticipen situaciones de
escases de recursos médicos para garantizarles que cuenten con atención en salud
oportuna y sin discriminación y se señala la obligación de que las autoridades de salud se
coordinen con las instituciones conducentes para la atención de las personas con
discapacidad que se encuentren privadas de su libertad y las que estén en albergues de
migrantes , para tomar todas las medidas de control de infecciones en los casos de
epidemias.

La diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que es
necesario que el sector salud prevea acciones especiales en la atención de la salud, en
casos de pandemias, y que las personas con discapacidad gocen de las mismas
oportunidades para acceder a su derecho a la salud en las mismas condiciones que las
demás personas y sin ningún tipo de discriminación.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Unidas de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Salud y Asistencia.

La diputada Florencia Martínez Rivera, presentó ante el pleno una propuesta que adiciona
un Capítulo II Bis al Título VIII del Código Penal del Estado de Veracruz, para sancionar
penalmente a las madres o padres que impidan, obstaculicen o nieguen las convivencias
con sus menores hijas o hijos, previamente decretadas por resolución judicial.

El documento señala que actualmente en México 38 mil menores sufren los efectos de la
Interferencia Parental, considerada un tipo de violencia familiar psicoemocional, en la que
el progenitor que posee la guardia y custodia, impide que el niño o los niños puedan
convivir con el otro progenitor.

En este sentido, ante el desacuerdo entre progenitores que hace imposible la convivencia
de los infantes con alguno de ellos, dijo la diputada, el Estado debe encontrar
mecanismos que garanticen el derecho de los menores, manteniendo las relaciones
personales con cada uno de sus padres, cuando esté establecido judicialmente,
asegurando la continuación de la convivencia familiar y sano desarrollo de su
personalidad.

“Al ser un derecho de las niñas y niños, cuyas familias están separadas, a convivir de
modo regular con sus familiares, un progenitor no puede ni debe obstaculizar la
convivencia de un menor con su otro progenitor porque además de causarle un daño a la
ex pareja, causa un daño emocional irreparable al hijo”, enfatiza la propuesta.

Asimismo, destaca que este tipo conductas es motivada principalmente por cuestiones
personales entre la ex pareja, sin embargo estas acciones son contraproducentes
para el desarrollo del bienestar del menor, toda vez que no se privilegia el interés
superior de los mismos.

En la medida que logre prevenir estas conductas traumáticas y dañinas para los menores,
y se preserve el interés superior del menor a toda costa, se podrá garantizar el pleno
desarrollo de las niñas y niños veracruzanos, concluye el texto.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia
y Puntos Constitucionales.

Durante los trabajos de la séptima Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de Sesiones de
la LXV Legislatura, fue presentado ante el pleno una Iniciativa ciudadana con Proyecto de
Decreto que crea la Ley de la Renta Básica Universal Veracruzana, cuyo objetivo es
contener la situación económica de la ciudadanía, en el contexto de la pandemia por
COVID-19, así como prepararse para futuras situaciones similares a las que hoy se
enfrentan las y los veracruzanos.

En el texto signado por el ciudadano Mauricio Iván Aguirre Marin, representante de la
propuesta, se destaca que la Renta Básica Universal es de interés social y de orden
público, sin distingo alguno hacia la ciudadanía en momentos difíciles de contingencia
sanitaria o catástrofes naturales.
En las consideraciones, el documento explica que este concepto ha sido un instrumento
eficaz para sacar a diversas naciones de crisis, toda vez que está orientada a fortalecer el
mercado interno con la finalidad de aumentar el bienestar social.

“Es necesario concretar el acceso al nuevo derecho básico, subjetivo y de ciudadanía,
que garantice a su vez una cuantía económica mínima con que las personas con carencia
de ingresos suficientes puedan cubrir sus necesidades alimentarias en sus hogares”,
señala la iniciativa.
En la propuesta, se sostienen las vertientes primordiales de universalidad de la Renta
Básica, su aplicación en tiempo limitado (cuando existan emergencias sanitarias o
desastres naturales), garantía a una alimentación digna como un derecho para las y los
veracruzanos, así como el monto equivalente del uno por ciento del presupuesto anual
general destinado a este fondo especial dispuesto para activarse en los casos
mencionados y que ponga en confinamiento a las y los ciudadanos.

Finalmente, se destaca que la Renta Básica Universal deberá pagarse a título individual
no importado nivel socioeconómico de los solicitantes, consistente en dos Unidades de
Medida y Actualización (UMAS), exceptuando cuando ya sean subsidiados por algún otro
programa social activo en momentos de la contingencia.

Asimismo, sería cada municipio de la entidad el encargado de implementar una ventanilla
especial para la solicitud de la Renta Básica Universal Veracruzana, para que los
ciudadanos, a través de una tarjeta activada para estos momentos de crisis, puedan
adquirir exclusivamente alimentos de la canasta básica en los negocios previamente
autorizados.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y
Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) llevó a cabo la etapa de entrevistas a quienes aspiran al cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, de acuerdo con la propuesta enviada a esta Soberanía por el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este 28 de julio, durante la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, este Congreso dio entrada a dicha propuesta, que fue turnada por la Mesa Directiva a la Jucopo para su atención procedente.

Mediante el oficio signado por el Ejecutivo, propuso a las ciudadanas Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez y Aileth García Cayetano y al ciudadano Antonio Sobrevilla Castillo, para que ocupen las magistraturas del Poder Judicial.

Los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente, Omar Guillermo Miranda Romero, Erika Ayala Ríos y Alexis Sánchez García, integrantes de la Jucopo, escucharon y conocieron de voz del y las aspirantes sus propuestas en caso de asumir el cargo.

Posteriormente, la Jucopo elaborará el Punto de Acuerdo respectivo que, en sesión legislativa, pondrá a consideración del Pleno y, de esta manera, cumplir la fracción XIX del Artículo 33 de la Constitución Política del estado, que establece como atribuciones del Congreso del Estado nombrar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a magistradas y magistrados del Poder Judicial.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de
Acuerdo que tiene como propósito exhortar a los integrantes de la primera sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación a garantizar plenamente el derecho humano a la
vida y, por ende, sobreseer el Juicio de Amparo en revisión, identificado como 639/2019
de esta Sala.
En el uso de la voz, reiteró su respeto al Estado de Derecho “sobre todo, cuando se
busca salvaguardar los derechos fundamentales del más débil. El activismo judicial es
bienvenido cuando se busca salvaguardar los valores que nos identifican en común y
como una sociedad racional”.

Precisó que “bajo ningún supuesto podemos estar de acuerdo con el activismo judicial de
la Corte cuando con su decisión podría constituir un verdadero atentado contra los
derechos humanos de los más débiles de nuestra especie. La persona concebida en el
vientre de una mujer, mismo que frente a sus semejantes no tiene voz ni voto para decidir
sobre el futuro de su vida”.
En su participación en tribuna, durante la sexta sesión ordinaria, el diputado Gonzalo
Guízar expuso.

“Señores ministros de la Suprema Corte, hasta ahora no existe ningún
mandato constitucional que obligue a esta legislatura a despenalizar el aborto; sus
interpretaciones producto de su activismo judicial, rompen con el sistema de control
constitucional y, sobre todo, legitiman argumentos e interpretaciones excesivas de los
derechos humanos, producto de una ideología no acorde con nuestra función en
sociedad”.

Destacó que no debe pasarse por alto la necesidad de exigir respeto a la libertad de
configuración legislativa que tiene el estado de Veracruz, en especial su Congreso.
Por otra parte, indicó que asumir una función activa como legislador es para crear y
generar un verdadero andamiaje jurídico para salvaguardar los derechos de las mujeres
en problemas de embarazos no deseados y acompañarlas hasta el nacimiento de la
persona que lleva en su vientre.

“El Estado no puede ser cómplice en la muerte de una persona, sobre todo, cuando ésta
se encuentra indefensa. Por el contrario, debe buscar los mecanismos para garantizar su
nacimiento, debe acompañar a la madre para que puede ejercer sus derechos, en
especial el de libertad de ejercer o no la maternidad”, concluyó.

La Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen derivado de la iniciativa con Proyecto de Decreto, ante el Congreso de la Unión, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para que contemple los términos que pueda utilizar el titular del Ejecutivo Federal para la interrupción de actividades esenciales y no esenciales, y que sean motivo para suspender las relaciones laborales de forma indefinida.

La iniciativa, autoría de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, propone agregar los términos “contingencia sanitaria”, “estado de emergencia” o “casos de fuerza mayor” a la Ley Federal del trabajo, toda vez que la omisión normativa de los mismas, han sido utilizados por patrones para evadir su responsabilidad laboral al suspender la relación con sus empleados, ante el argumento de no estar estipulado en la Ley en comento.

El dictamen detalla que con respecto a las bajas salariales, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 42 Bis y 429, hace mención que el patrón estará obligado a continuar pagando el salario íntegro en caso de una suspensión laboral por la declaración de contingencia sanitaria por una autoridad competente; sin embargo al haberse declarado “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, se ha desprotegido al sector laboral para que ante cualquier anomalía puedan ejecutar las demandas correspondientes.

Con esta propuesta se prevé fortalecer la tutela jurídica de las y los trabajadores ante futuros escenarios de esta índole, asimismo, hace referencia a los procedimientos necesarios para que la conciliación sea la pieza fundamental para evitar un mayor declive económico.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, presentó ante el pleno un Anteproyecto con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Veracruz para que por
conducto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realicen y presenten los protocolos
de actuación para la prevención de la delincuencia por los efectos de la pandemia por el
virus COVID-19.

En su exposición de motivos, el legislador señaló que uno de los mayores impactos negativos ocasionados por la pandemia es el económico, derivado de la pérdida de empleos,
traduciéndose en México y en Veracruz en un aumento en la inseguridad.

En el mes de junio, con la entrada de la “nueva normalidad”, puntualizó el legislador, se
observó un aumento en la incidencia delictiva del 25% con relación al mes de mayo.
“Debemos apuntar que sin seguridad, las demás funciones del Estado se ven mermadas,
pues debemos entender que la seguridad provista por el Estado es indispensable para la
permanencia y subsistencia de éste, derivando directamente en la gobernabilidad o no del
mismo”, enfatizó Miranda Romero.

Finalmente, agregó que como legisladores se busca el bien de Veracruz, a través de
coadyuvar en las acciones del Estado para el combate a la violencia, la procuración de
justicia y la estrategia de seguridad pública, concluyó.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó con 42 votos el dictamen por el que se busca
involucrar de una manera más efectiva y activa a las juventudes veracruzanas en la
protección, cuidado y preservación del medio ambiente.

Este dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, deriva de una iniciativa presentada por las y los integrantes del extinto Grupo
Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Juventud, Deporte y Atletas con Discapacidad y
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, signantes del dictamen,
coincidieron con las y los proponentes en que involucrar a las y los jóvenes en el cuidado
y preservación del medio ambiente, como contribución al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible previstos en la Agenda 2030.

La adición de la fracción VI al Artículo 39 de dicha ley, a través de la cual se estipula que
las y los jóvenes deberán “involucrarse en la preservación de un medio ambiente
sustentable, procurando generar, a través de la participación ciudadana, las condiciones
que permitan el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las
generaciones futuras”.

El proyecto plantea también dar al Poder Ejecutivo la atribución de “implementar
campañas y políticas públicas dirigidas a la juventud veracruzana, orientadas a la
protección y preservación de un medio ambiente sano y sustentable”, a través del Instituto
Veracruzano de la Juventud.

La diputada Mónica Robles Barajas, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que solicita a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se exhorte al Congreso de la Unión, a proceder con la expedición de la Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar, a fin de que, la justicia efectiva, pronta y expedita, pueda llevarse a cabo entidades del país.

En su intervención en tribuna, la legisladora señaló que el pasado el 15 de septiembre de 2017, el Congreso de la Unión aprobó la reforma a la fracción XXX, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual, se estableció su facultad para expedir la Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar, sin embargo, actualmente aún no se cuenta con dicha normativa.

En este contexto, continuó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las legislaciones procesales al respecto de las entidades federativas, deberán permanecer vigentes mientras no se emita el Código Nacional correspondiente.

En este sentido, abundó Robles Barajas, la demora en la expedición de la Legislación Única, ha repercutido en los Congresos locales, ya que carecen de facultades para legislar sobre la Materia Procesal Civil y Familiar, toda vez que mientras no se expida la Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar por parte del Congreso de la Unión, las reformas aprobadas en nuestro Código Civil, en específico a lo referente al Divorcio Incausado, no podrán llevarse a la práctica.

El Divorcio Incausado, dijo la diputada, cumple con el principio de celeridad procesal que garantiza el total acceso y rapidez a la justicia, procurando resolver lo más pronto posible el conflicto, gestionando la paz y la concordia social e individual, así como la certidumbre jurídica de las personas, por lo que su práctica permitirá mayor certeza jurídica para los ciudadanos.

“Sin embargo, en tanto no se expida la Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar, por parte del Congreso de la Unión, las reformas aprobadas en nuestro Código Civil, en lo referente al Divorcio Incausado, no podrán llevarse a la práctica, ni manifestar su amplitud de garantías y libertades a las y los veracruzanos”, concluyó.

La diputada María Esther López Callejas, presentó ante el pleno de la LXV Legislatura,
una iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas
disposiciones de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), con el que
se pretende homologar la figura del nombramiento de la Directora del IVM, desplazando
esas facultades a la Junta de Gobierno, garantizando que las políticas públicas se
desarrollen en un contexto institucional.

En este sentido, es necesario homologar los procedimientos administrativos, trayendo las
figuras de la ley que rige al propio Instituto Nacional de las Mujeres a las locales
optimizando recursos y concentrando las propias instituciones en la forma más eficiente
de ejecución, como lo es la obtención de decisiones, tanto en la Junta de Gobierno como
en la conformación de los Consejos auxiliares.

Asimismo, la iniciativa propone la incorporación a la Junta de Gobierno de la o el titular de
la Secretaría de Gobierno para que tenga voz y voto dentro del máximo órgano de
decisión.
Para la elección de la titular del IVM este deberá alcanzar por acuerdo de las tres quintas
partes de la totalidad de sus integrantes de la Junta de Gobierno, de no ser así, una terna
se someterá a consideración de la o el titular del Poder Ejecutivo, quien designará a la
titular del IVM. Ante la ausencia de la titular, será la Secretaria Ejecutiva del Instituto
asumirá las funciones de Directora, como Encargada de Despacho.

En el mismo sentido, destaca la propuesta, el Consejo Consultivo estará integrado por un
número no menor de cinco ni mayor a ocho mujeres que propongan las diferentes
organizaciones sociales, asociaciones civiles, instituciones académicas, campesinas e
indígenas con experiencia o formación en el ámbito de la igualdad de género y derechos
humanos de las mujeres.
Además, faculta al Consejo Consultivo a colaborar con el IVM en el acompañamiento en
las gestiones que requieran mayor impulso y promoción a las acciones para la igualdad
de oportunidades y no discriminación contra las mujeres.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la
Igualdad de Género.

El Congreso del Estado, aprobó con 38 votos, remitir al Congreso de la Unión la iniciativa presentada por la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, por la que se realiza una adición al artículo 64 Bis al Capítulo II del Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo, a fin de otorgar facilidades a las madres y padres o tutores trabajadores que necesiten acudir a los centros educativos para recoger a sus hijas e hijos sin que esto afecte el cumplimiento de las responsabilidades laborales.

Las y los integrantes de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, concuerdan con lo señalado en la iniciativa ante la necesidad de que la madre, padre o tutor trabajador, que así lo requiera, necesiten salir de su centro laboral para recoger a sus hijas e hijos de los centros educativos en los que estudien, utilizando una a dos horas máximo de su jornada laboral para esta actividad, incorporándose posteriormente a su centro de trabajo para reponer el tiempo utilizado, de acuerdo a su horario de trabajo establecido sin exceder los máximos legales.

La propuesta reconoce que el actual sistema educativo no es compatible con los horarios laborales y que la necesidad de trabajar deriva en jornadas mayores de ocho horas, sin posibilidad de pedir permiso por el riesgo de perder el empleo.

Con la propuesta ante el Poder Legislativo Federal, no se pretende reducir las jornadas laborales, sino facilitar a las madres, padres de familia o tutores trabajadores, cumplir con el compromiso y responsabilidad del cuidado de sus hijas e hijos protegiéndolos de cualquier riesgo o peligro al que pudieran estar expuestos.

La LXV Legislatura dio entrada a la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Derechos para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador del estado, Cuitláhuac
García Jiménez.

En el contenido, destaca la adición de una fracción al Artículo 16, que contiene los
servicios que presta la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para que los
contadores públicos autorizados que fungen como coadyuvantes con las autoridades
fiscales en la emisión de los dictámenes de cumplimiento de obligaciones fiscales, en
caso de no presentar constancia del cumplimiento de la educación continua dentro del
plazo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y como consecuencia de ello,
les sea cancelado su registro, tendrán la oportunidad de solicitar su reinscripción al
padrón de contador público autorizado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
en las disposiciones jurídicas aplicables.

También se propone añadir el Artículo 22 Ter, a fin de establecer el catálogo de servicios
que presta la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) para las
actividades de pesca comercial y de fomento en aguas de jurisdicción estatal, tiene la
finalidad de transparentar los permisos que se otorgan a quienes se dedican a la pesca y
la acuacultura, con lo que se les otorga certidumbre jurídica y se propicia una mejor
supervisión y control sobre estas actividades.

La propuesta de reforma y adición del Artículo 28 tiene como objeto precisar el catálogo
de servicios para cumplir adecuadamente con la política laboral del gobierno para
impulsar el empleo y la ocupación productiva de las y los veracruzanos.
En la adición del Artículo 33 Bis se incluye el catálogo de servicios prestados por el
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem) para dar certidumbre jurídica
respecto a sus costos y propiciar la transparencia para la recepción de los mismos.

Se incorpora también la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), en el
Artículo 59 Quáter, así como el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), en el Artículo 33.
Esta Iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado
y de Hacienda Municipal.

Con 45 votos a favor, el Pleno legislativo aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto,
presentado por la Comisión Permanente de Turismo, por el que se regula la prestación de
servicios de hospedaje y turísticos en relación con el uso y aprovechamiento de
aplicaciones tecnológicas.

El Dictamen aprobado es resultado de la Iniciativa presentada el 16 de enero de 2020 por
la diputada María Esther López Callejas, quien propuso para tal efecto reformar diversas
disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La reforma y la adición al artículo 4 de la referida ley definen que los prestadores de
servicios turísticos son “quienes ofrezcan, proporcionen o contraten servicios para las y
los visitantes, incluyendo los ofertados por medio de aplicaciones, redes sociales,
plataformas digitales o cualquier otro medio de aplicación similar”.

Para esto, precisa que debe entenderse por plataforma digital “la aplicación tecnológica
mediante la cual la persona física o moral administradora opera en su carácter de gestor,
intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, que permite a las y
los usuarios contratar servicios de hospedaje”.

La reforma al Artículo 5, señala como atribución de la Secretaría de Turismo y Cultura del
estado (Sectur) coadyuvar con el Ejecutivo federal en materia de clasificación de
establecimientos de hospedaje y servicios turísticos, en los términos de la regulación
correspondiente, “incluyendo los ofertados por medio de aplicaciones, redes sociales,
plataformas digitales o cualquier otro medio de aplicación similar”.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero presentó una Iniciativa con proyecto de
reforma parcial a la Constitución para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en materia de ingreso básico universal frente a contingencias sanitarias.

El integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional dijo, al presentar su
propuesta, que la situación derivada de la pandemia originada por el Covid-19 es
apremiante y que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), antes de ésta, existían en la entidad veracruzana más de 5
millones de personas que se encontraban en situación de pobreza y casi un millón y
medio en pobreza extrema.

La pandemia, de la que se contabilizan más de 395 mil infectados y más de 44 mil
defunciones –prosiguió el legislador-, ocasionó que el número de mexicanos en pobreza
laboral creciera en 24.4 millones ocasionando así que en México 69.6 millones de
personas no tengan para la canasta básica.
En cuanto a certidumbre laboral, de los más de 9 millones de mujeres que no contaron
con un empleo en abril, el 72 por ciento indica no tener certeza de regresar a su trabajo al
término de la pandemia y de los más de 6 millones de hombres, 61 por ciento se
encuentra en la misma situación, añadió.

La adición de un segundo párrafo de la fracción V del Artículo 49 establece que “en caso
de emergencia sanitaria, epidemia, pandemia, o derivado de cualquier situación en
materia de salud o desastre natural que impida el desarrollo de la educación pública, la
protección a la salud, la seguridad humana y el progreso y bienestar social y económico
de la ciudadanía, el Gobernador deberá garantizar el derecho a una renta mínima
asegurada para las personas en situación de vulnerabilidad”.

A su vez, la reforma al Artículo 74 señala que las autoridades estatales, en caso de
emergencia sanitaria, epidemia, pandemia, o derivado de cualquier situación en materia
de salud o desastre natural, deberán “garantizar derecho a una renta mínima asegurada
para las personas en situación de vulnerabilidad, para el bienestar social y económico de
la ciudadanía”.
La Iniciativa del diputado Omar Guillermo Miranda Romero fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Hacienda del Estado,
para su análisis y, en su caso, dictaminación.

Con 33 votos, el Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz avaló el dictamen por el cual se reforman diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado y de la Ley Orgánica del Municipio Libre de la entidad, a fin de ajustarlos a la reforma constitucional en materia electoral, aprobada por este Poder el pasado 12 de mayo y avalado posteriormente por 127 cabildos, con lo cual se asegura la disminución del gasto en procesos electorales, se prevé la reelección de ediles y mejora el sistema de medios de impugnación.

Este dictamen es resultado de las iniciativas presentadas por el Gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez; del diputado Sin Partido, Alexis Sánchez García y aun cuando solo fue turnada a una sola Comisión, se retoman disposiciones de la presentada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, según registra el documento firmado por los integrantes de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales.

Cabe destacar que estas modificaciones al Código Electoral para el Estado y a la Ley Orgánica del Municipio Libre es para dar cumplimiento al artículo tercero transito del decreto 576, relativo a la reforma electoral constitucional, aprobada por el Pleno el pasado 12 de mayo y avalada por 127 ayuntamientos. En este citado artículo se establece que las reformas deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Estado a más tardar el último día del mes de julio y se aplicarán para el proceso electoral 2020-2021.

En primera instancia se prevé en el Código Electoral las disposiciones relativas a la reelección de ediles; la modificación del Instituto Electoral Veracruzano por Organismo Público Local Electoral (OPLE), en la creación de unidades administrativas de éste deberá atenderse los principios de austeridad y eficiencia del gasto público.

En relación a los casos de nulidad de elecciones de gubernatura, diputaciones y cargos edilicios se incorpora como violaciones graves, dolosas y determinantes exceder el gasto de campaña en un 5 por ciento del total autorizado; comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos de la ley y recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita. En caso de nulidad se convocará a elección extraordinaria en la cual no podrá ser candidato o candidata la persona sancionada.

Baja de cuatro, a tres años, la duración de los ediles en su cargo, con la cual podrán reelegirse para un periodo de forma consecutiva, siendo necesario para el segundo periodo que la postulación sea realizada por la misma coalición o partidos que lo formó.

Siguiendo la reforma electoral aprobada el pasado 12 de mayo, en cuanto a la reducción de gastos en el desarrollo de comicios electorales, se suprimen los Consejos Electorales Municipales a efecto de conjuntar sus funciones con los Consejos Distritales. Asimismo, se incorporan nuevos elementos de seguridad a la paquetería electoral, tales como sobrebolsa de seguridad a prueba de roturas y formatos más resistentes, esto con la intención de abonar a la disminución de la comisión de fraudes electorales.

Por otra parte, se modifican o eliminan todo aquel articulado que tuviera por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Dando con ello cumplimiento a la reforma federal en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de abril.

Asimismo, se desarrolla un nuevo método para la asignación del financiamiento público a las organizaciones políticas garantizando las que correspondan tanto a partidos políticos locales como a partidos políticos nacionales con registro local.

El diputado Raymundo Andrade Rivera, presentó una Iniciativa de Decreto que Reforma y
Adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Veracruz, con el objetivo de eliminar cualquier vacío legal o falta de supuesto normativo
que pudiera generar parálisis funcional, contribuyendo a fortalecer al pleno del Tribunal y
al Consejo de la Judicatura, para que las actuaciones fluyan de mayor y mejor forma.

El Poder Judicial existe, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, los
que han sido mandatados para asumir un rol preponderante en la toma de decisiones ya
que el primero asume acciones de carácter jurisdiccional y el segundo en materia
administrativa.

Para el caso del Pleno del Tribunal, se integra por el Presidente del Tribunal y por los
presidentes de cada una de sus Salas colegiadas, es decir nueve integrantes; en cuanto
al Consejo, su conformación es por cinco funcionarios, el Presidente del Tribunal Superior
de Justicia, dos magistrados provenientes de Tribunal Superior de Justicia y otro, del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, un consejero propuesto por el Gobernador y un
consejero designado por el Congreso.

Esta integración impar de cada uno de ellos, provoca que la generación de los consensos
prevalezca, por lo que resulta importante proponer diversas reformas que permitan
garantizar que los principios, ideales y dogmas normativos vertidos en la Ley, sigan en
este proceso de evolución, añadió el diputado.
Con esto se propicia que las decisiones sean basadas en los consentimientos y no en los
desacuerdos, los temas que se sometan a sus consideraciones serán validados por el
diálogo, la razón y concordia, fomentando un consenso transitivo al conflicto permanente.

Con esta propuesta, también se faculta a la Secretaria de Acuerdos a convocar a
sesiones, previa petición realizada por cualquiera de sus miembros, con el afán de
garantizar que estos trabajos se lleven a cabo con la periodicidad que señala la Ley.

Por último, la propuesta adiciona la vicepresidencia de las sesiones del Consejo de la
Judicatura, cuyo objetivo atiende a instaurar una figura auxiliar de la presidencia, misma
que fungirá en el caso de sus ausencias en estas reuniones, asumiendo la función solo
por la sesión de que se trate, sin que exista un consejero nombrado bajo alguna
periodicidad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos para su estudio y
dictamen.