El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 46 votos, el dictamen presentado por la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, por la que se reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, la Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código Electoral, la Ley
Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, todas del estado
de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

La iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas, en nombre de diputadas y
diputados de diferentes partidos políticos, respalda que la creciente participación política
de las mujeres ha visibilizado otras caras de la violencia de género y de discriminación en
contra de quienes aspiran y contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y
militan en partidos políticos, extendiéndose a servidoras públicas que deciden y
encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.

Además, tiene como propósito fortalecer la participación política de las mujeres en
Veracruz y garantizar su acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de
los procesos electorales en el desempeño de sus cargos públicos, y en todo tipo de
participación o actuación en dicho ámbito.

El documento considera que la reforma federal aprobada en el Congreso de la Unión, en
febrero y frente al Proceso Electoral 2021, permitirá que más de siete millones de
electores en la entidad decidan mediante el voto la integración de 30 diputaciones locales,
20 diputaciones federales de mayoría relativa y los gobiernos de los 212 municipios.

Con la aprobación del dictamen, se inscribe en la régimen local, hacer efectivo el derecho
a la igualdad y no discriminación en materia político y electoral para las mujeres
inscribiendo que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra
las mujeres que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de
elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género.

Los partidos políticos o coaliciones deberán postular a mujeres en el 50 por ciento de sus
candidaturas, tanto en la elección para diputaciones como para la conformación de los
ayuntamientos en los que también deberá prevalecer la paridad vertical, es decir, la
alternancia de género en los cargos edilicios y en la conformación de las direcciones de
los ayuntamientos.

Además mencionó que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y en el Código Electoral se renueva el concepto de Violencia Política, dotando de nuevas
atribuciones al OPLE como procurar el respeto de los derechos humanos de las mujeres,
promover una cultura de la no violencia, prevenir, atender, sancionar y, en su caso,
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Con la armonización al Código Electoral estatal, la persona que haya sido sancionada o
sentenciada por violencia política en razón de género no podrá cubrir el requisito de
elegibilidad, si se postula a una candidatura, y se considerará como una falta grave si
comenten violencia política contra mujeres que ejerzan un cargo público o político.

La propuesta es resultado de un trabajo de análisis y consulta con los diversos
representantes de instituciones competentes en la materia, como el OPLE, el Tribunal
Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Sala
Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos
del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, que
permitió enriquecer la propuesta con todas las perspectivas.

El Congreso del Estado aprobó un Proyecto de Punto de Acuerdo, emitido por la Junta de
Coordinación Política, por el que, de manera excepcional y en virtud de la emergencia
sanitaria nacional derivada de la propagación del virus SARS CoV-2, se prorrogan los
procedimientos de otorgamiento de las medallas y premios establecidos en la Ley de
Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se establece que, los procedimientos que concluyan en la designación de personas
merecedoras de medallas y premios concedidos por el Poder Legislativo se realizarán
hasta que existan las condiciones sanitarias adecuadas y no exista riesgo para la
población, prorrogándose los plazos que fija dicha ley.

Asimismo, se prorroga, de manera indefinida y hasta que se resuelva la condición
sanitaria en la entidad, la celebración de la sesión solemne del 24 de agosto en
conmemoración de la firma de los Tratados de Córdoba en dicha ciudad, así como la
sesión solemne conmemorativa por el sacrificio del senador Belisario Domínguez Palencia
en el mes de octubre.
Del mismo modo, se prorroga la entrega del Premio Estatal a la Mujer, de la Medalla al
Mérito por la Defensa y Mejora del Medio Ambiente y de la Medalla Adolfo Ruiz Cortines,
relativas al año 2020.

La Ley de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave rige el otorgamiento de
la Medalla Veracruz, la Medalla Adolfo Ruiz Cortines, el Premio Veracruz, la Medalla
General Ignacio de la Llave, las Medallas Carlos A. Carrillo y Enrique C. Rébsamen, el
Premio Estatal a la Mujer, la Medalla Heberto Castillo Martínez y la Medalla al Mérito por
la Defensa y Mejora del Medio Ambiente, que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del
Estado conceden a las personas físicas o morales distinguidas por su conducta y
acciones en los términos que la misma establece.

Medalla Heberto Castillo Martínez

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen con Proyecto de Acuerdo emitido por
la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, por el que se determina, como medida
extraordinaria por la propagación del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad
Covid 19, prorrogar el procedimiento de designación de la persona merecedora de la
Medalla Heberto Castillo Martínez, correspondiente al año 2020, hasta que existan las
condiciones sanitarias adecuadas.

Esta determinación aplica como mecanismo preventivo y de control de riesgo, de las
personas que busquen participar en la obtención de dicha condecoración y de las
personas que de manera directa o indirecta se involucran en dicho acontecimiento,
privilegiando ante todo el derecho a la vida, a la salud y a la integridad de las y los
veracruzanos ante la pandemia.

Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del
Congreso del Estado, hicieron del conocimiento del Pleno el Proyecto de Punto de
Acuerdo, por el que se concede prórroga al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), para
la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las
Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, y en consecuencia una
prórroga para, en su caso, su aprobación por parte del H. Congreso del Estado.

De manera excepcional y definitiva, y debido a las causas extraordinarias derivadas de la
contingencia sanitaria por COVID-19, se autorizó dar un plazo el cual vence el 31 de
enero de 2021, para que dicho Órgano realice la entrega de los Informes Individuales y el
Informe General Ejecutivo de la revisión de las cuentas públicas en comento.
En el mismo sentido, se autorizó una prórroga para la aprobación por parte del H.
Congreso del Estado de las citadas Cuentas Públicas, dando como fecha máxima el día 2
de marzo del año 2021.

Dicha prórroga, señala el Punto de Acuerdo, es en atención al escrito signado por la
auditora general de dicho Órgano, Delia González Cobos, y que hace del conocimiento
que varios entes políticos se vieron en la necesidad de suspender labores, atendiendo a
las recomendaciones estatales y federales derivadas de la contingencia sanitaria por
COVID-19, lo que ha generado que algunos entes fiscalizables suspendieran actividades,
creando un desfase en la entrega de información financiera y técnica a la obra pública.

En todo lo concerniente al proceso de fiscalización superior, el Orfis deberá sujetarse a
los principios y bases establecidos en los capítulos II, III y IV de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz.

Con la aprobación de más de las dos terceras partes de sus integrantes, el Congreso del
Estado nombró y tomó la protesta de ley a cinco magistradas y un magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, a propuesta del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez.

Se trata de Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro
Castillo, María Lilia Viveros Ramírez y Aileth García Cayetano y Antonio Sobrevilla
Castillo, quienes contaron con 39 votos a favor para su designación.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, se designó a los diputados Juan Javier Gómez
Cazarín, presidente, Omar Guillermo Miranda Romero, Erika Ayala Ríos y Alexis Sánchez
García, integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para recibirles y
conducirles hasta el Recinto Oficial de Sesiones, donde rindieron la protesta de ley ante el
Pleno.

El Pleno legislativo aprobó por unanimidad cuatro dictámenes en materia de igualdad de
género y protección a las mujeres, emitidos por la Comisión Permanente para la Igualdad
de Género, por los que se refuerza las acciones del Estado a favor de quienes se
encuentran en situación de vulnerabilidad y en riesgo de sufrir violencia.

El primer Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, es resultado de una Iniciativa de la diputada Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, presentada el 13 de febrero de 2020.
En éste ofrecen una definición de los términos Empoderamiento de las mujeres y
Perspectiva de género y determina las acciones y políticas públicas que corresponderán a
cada uno de los poderes del Estado, en el ámbito de su competencia, para garantizar la
igualdad entre hombres y mujeres.

El dictamen fue aprobado con 49 votos.
Por otra parte, con 50 votos fue aprobado el dictamen con proyecto de Decreto por el que
se reforman las fracciones I y XII del artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, derivado de la
Iniciativa presentada por la diputada Erika Ayala Ríos y sus homólogos Jorge Moreno
Salinas y Antonio García Reyes, el 13 de febrero de 2020.

La reforma a la fracción I redefine el Acoso sexual como “forma de violencia consistente
en cualquier tipo de molestia de connotación sexual hacia la mujer, valiéndose de una
posición jerárquica derivada de relaciones laborales, escolares, domésticas o de cualquier
otra índole que implique subordinación, sea ésta emocional, de género o psicológica”.

A su vez, la reforma a la fracción XII precisa que debe entenderse por Hostigamiento
sexual el “ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a
la persona agresora en los ámbitos laboral o escolar, entre otros, que se expresa en
conductas verbales, física o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación
lasciva”.

En tercer lugar, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 9
de la segunda ley referida, derivado de la Iniciativa puesta a consideración del Pleno por
la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, 12 de mayo de 2020, fue aprobado con 49 votos.
De acuerdo con esto, los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación que
establezcan los gobiernos estatal y municipal, para proteger a las víctimas de violencia en
el ámbito familiar, deberán favorecer la separación y alejamiento de la persona agresora
respecto de la víctima, especialmente durante resguardo domiciliario dictado por autoridad
competente, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades
transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe.

Finalmente, con 49 votos quedó aprobado el dictamen con proyecto de Decreto por el que
se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitido por las
Comisiones Permanentes Unidas Para la Igualdad de Género y de Justicia y Puntos
Constitucionales.

Este dictamen, resultado de la Iniciativa presentada por la diputada Montserrat Ortega
Ruiz el 23 de enero de 2020, establece una definición de Violencia digital y dispone que
“el gobierno municipal, así como las autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de su
competencia, garantizarán a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia digital y
tomarán en consideración los daños que ésta pueda generar en las víctimas”.

El Congreso del Estado aprobó, con 34 votos a favor, la abrogación de la Ley 223 que
reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de 70 años de edad, que no tengan
ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la
Federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado.

Este dictamen, cuya votación contó también con 14 votos en contra y 0 abstenciones,
puesto a consideración del Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda
del Estado y de Seguridad Social, explica el sentido de la Iniciativa presentada por el
diputado Wenceslao González Martínez, el 22 de junio de 2020, que le dio origen.

Expone que dicha abrogación es resultado de la reciente adición a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos del derecho universal de las personas mayores de 68
años y, en el caso de las personas indígenas y afrodescendientes a recibir una pensión
del Estado mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de
2020.

Este derecho incluye a las personas físicas mayores de 70 años de edad y
residentes del estado de Veracruz.
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 223, publicada en la Gaceta Oficial del
Estado el 14 de febrero de 2005, la protección para recibir una pensión de las personas
mayores de 70 años se motiva a partir de la falta de ingresos y sin la protección de los
sistemas de seguridad o ante el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad
establecidos en el programa equivalente que para tal efecto creó el gobierno federal a
favor de las personas de 68 años en adelante actualmente denominado Pensión para el
Bienestar de los Adultos Mayores.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso de Veracruz una
iniciativa con proyecto de decreto por el cual busca establecer normativas en el orden
municipal orientadas a la atención inmediata a víctimas de violencia de género, para lo
cual prevé la creación de un Código Naranja y la conformación de la Unidad de Policía
Especializada en la Atención de Víctimas de Violencia contra las Mujeres.

El documento plantea que las autoridades municipales instauren Unidades de Policía
Especializada en la Atención a Víctimas de Violencia contra la Mujeres, con elementos
que posean perfiles específicos y especializados.
Dicha Unidad contará con un equipo multidisciplinario y profesional en las áreas de
trabajo social, psicología, derecho y demás afines, las cuales brindarán asesoría gratuita
a las víctimas y a su vez contarán con el personal operativo para la conformación de la
base de datos de órdenes de protección emitidas y que correspondan al municipio.

Podrá solicitar a las Instituciones de Procuración de Justicia del Estado la información que
exista en sus registros de datos correspondiente al Municipio de su competencia y en
relación a las órdenes de protección generadas cada veinticuatro horas, misma que
deberá entregarse sin dilación alguna por éste.

Asimismo, tendrá a su cargo la conformación de una base de datos con la información de
los registros señalados anteriormente. Esta base de datos contará con al menos: número
de folio, fechas de recepción y de orden de protección; origen, carpeta de investigación,
nombre, calle, colonia, tipo de orden, teléfono de la víctima, nombre del generador de
violencia, parentesco, observaciones y visita domiciliaria.

La propuesta legislativa establece que los gobiernos estatal y municipal tendrán la
responsabilidad de salvaguardar la vida y la integridad emocional de las mujeres. Ante
cualquier reporte de desaparición deberán actuar sin dilación alguna de manera
inmediata, coordinada y eficaz para activar los Protocolos de Actuación indispensables, a
efecto de localizar y poner en resguardo a quienes hayan sido víctimas de desaparición y,
en su caso, iniciar las diligencias indispensables para su investigación.

La integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Movimiento Ciudadano-PRD, Diputado Sin Partido recordó que uno de los compromisos asumidos por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), 1999, es la implementación de la campaña Únete para
poner fin a la violencia contra las mujeres, y en ella se ha proclamado el día 25 de cada
mes como Día Naranja.

“Un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia
contra mujeres y niñas”, abundó.
Con esta propuesta, el Código Naranja queda definido como “la clave operativa asignada
a todas las mujeres integradas en la base de datos de órdenes de protección del
municipio, a través de la Unidad de Policía Especializada en la Atención a Víctimas de
Violencia contra las Mujeres”.

El cual será parte de las atribuciones de las autoridades
municipales.
La iniciativa, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue
turnado para su estudio a las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de
Género y Seguridad Pública.

Con 33 votos a favor, el pleno del Congreso del Estado, aprobó el dictamen presentado
por la Comisión Permanente de Educación y Cultura por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones de la Ley orgánica del Colegio de Veracruz (COLVER).

La iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, determina que el
organismo descentralizado, estará sectorizado a la Secretaría de Educación de Veracruz,
teniendo como atribuciones celebrar acuerdos y convenios con otras instituciones de
educación, asociaciones civiles, gobiernos y todo tipo de personas físicas o morales,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acciones de coordinación, colaboración de
carácter docente, o de investigación, innovación y difusión del conocimiento; los cuales
podrán ser incorporados a los planes y programas de estudio del COLVER.

Respecto a la Junta de Gobierno se prevé que el Presidente de ésta sea el Gobernador;
el Vicepresidente, quien fungirá como Presidente en las ausencias de éste, sea el
Secretario de Educación del Estado y que el Secretario Técnico sea el Rector del
COLVER, que tendrá derecho a voz, pero no a voto.

Además, se plantea que la Junta de Gobierno sesione de manera ordinaria cuando
menos cuatro veces al año, y de manera extraordinaria las veces que sea necesario, a
convocatoria de su Vicepresidente.

En el mismo sentido se propone, como atribuciones de la Junta, nombrar al rector del
COLVER, a propuesta del presidente de la Junta. Así como removerlo libremente,
además de que contará con un Órgano Interno de Control dependiente de la Contraloría
General del Estado, cuyo titular, así como la designación del personal y sus funciones y
atribuciones, deberán realizarse de acuerdo a la normatividad aplicable.

El Grupo Legislativo Mixto del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde
Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una iniciativa de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave en materia de ratificación en el cargo de magistradas y magistrados del Poder
Judicial del Estado.

La propuesta suscrita por las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes
Yunes y por los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del
referido grupo legislativo, presentada durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo
Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, consiste en
reformar los artículos 209, 210, 211 y 212 de la mencionada ley.

Mediante esta Iniciativa, plantean que, en el artículo 209 se incluya la previsión de que la
magistrada o el magistrado que esté por concluir su encargo de diez años comunique al
Consejo de la Judicatura, con cuatro meses de antelación a la fecha de que fenezca su
nombramiento, su interés en ser ratificado en el cargo, lo que obliga a la emisión de los
dictámenes en todos los casos.
Ante la omisión de dicho comunicado o si éste se realiza fuera del plazo establecido,
añaden en su propuesta, se entenderá que quien se encuentre en ese supuesto renuncia
a ejercer su derecho de participar en el procedimiento de ratificación y que, finalmente,
también se prevean los casos de renuncias expresas.

Por otra parte, en el caso del artículo 210, se propone que la autoevaluación que el
interesado puede proporcionar expresando las razones por las cuales considera ser
merecedor a la ratificación, no sea entregada “por lo menos un mes antes de la fecha en
que se deba remitir el dictamen correspondiente al Congreso del Estado”, como
actualmente se prevé, sino en forma anexa al comunicado que haga la magistrada o el
magistrado de pretender participar en el procedimiento de ratificación.

En lo que respecta al artículo 211, proponen su reforma integral, en la que se establezca
únicamente lo relativo a la obligación del Consejo de la Judicatura de remitir su dictamen
técnico en el que se establezca que la remisión o envío se pueda hacer también a la
Diputación Permanente, en los recesos del Congreso, y que se realice a más tardar dos
meses antes de la fecha en que concluya el cargo de la persona evaluada y no “en plazo
no mayor a cuatro meses a partir de que se inició el procedimiento de ratificación”, como
actualmente se dispone.

Finalmente, la reforma propuesta para el artículo 212 consiste en señalar el trámite que
debe darse en el caso de que el dictamen técnico emitido sea en sentido no favorable,
precisándose la obligación del Consejo de la Judicatura de notificar de lo anterior a la
magistrada o el magistrado correspondiente, a efecto de que se encuentre en aptitud legal
de interponer el recurso de reclamación que en este dispositivo se prevé.
Esta Iniciativa fue turnada, para su análisis y, en su caso, dictaminación, a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jauregui presentó al Pleno de la LXV Legislatura una
iniciativa con proyecto de decreto la cual tiene como finalidad incorporar atribuciones a las
autoridades del sector salud para fortalecer la atención brindada a personas con
discapacidad para que disfruten de este derecho humano en todo tiempo y de manera
especial, en tiempos de epidemias, pandemias o de situaciones de riesgo de contagio.
En su propuesta, la representante del Distrito de Huatusco también plantea modificar el
nombre de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad por el de Ley
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz.

“Es
importante que nuestra ley cambie de nombre para que esté acorde al nuevo paradigma
de derechos humanos y sean las instituciones y autoridades quienes adapten los
ambientes para que las personas con discapacidad sean incluidas con todas las demás
personas”.
Asimismo, indica el texto “no podemos seguir con el paradigma de integración que
mandata a la persona a integrarse, a adaptarse, sino generar todas las medidas de
accesibilidad para que convivan y se desarrollen con las demás personas sin
segregaciones o discriminación alguna”.

La diputada Lagunes Jauregui expone en su propuesta que para fortalecer al sector salud
en sus atribuciones, se plantea reformar el artículo 11, para establecer que dichas
autoridades deberán elaborar y difundir información al personal de salud a fin de que
conozcan las posibles consecuencias sociales y para la salud que una epidemia,
pandemia o crisis sanitaria puede acarrear para las personas con discapacidad.
También, prevé incorporar medidas que adoptaría la Secretaría de Salud (SS) estatal en
materia de accesibilidad a servicios médicos, información comprensible y adaptable sobre
los servicios de salud, atención a distancia y teleconsultas en todo tiempo y sobre las
medidas de contención y atención en tiempos de epidemia o pandemia, de conformidad
con las recomendaciones de Organismos Internacionales especializados en la materia.

En cuanto a la atención a las personas con discapacidad, en tiempos de epidemia o
pandemia, se propone la adición de un artículo 14 Bis que señala las medidas especiales
que deberán tomar las autoridades de salud, como las de: mantenerlas debidamente
informadas de las acciones que realizan para la prevención y autocuidado.
Así como la obligación de establecer protocolos de atención que anticipen situaciones de
escases de recursos médicos para garantizarles que cuenten con atención en salud
oportuna y sin discriminación y se señala la obligación de que las autoridades de salud se
coordinen con las instituciones conducentes para la atención de las personas con
discapacidad que se encuentren privadas de su libertad y las que estén en albergues de
migrantes , para tomar todas las medidas de control de infecciones en los casos de
epidemias.

La diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que es
necesario que el sector salud prevea acciones especiales en la atención de la salud, en
casos de pandemias, y que las personas con discapacidad gocen de las mismas
oportunidades para acceder a su derecho a la salud en las mismas condiciones que las
demás personas y sin ningún tipo de discriminación.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Unidas de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Salud y Asistencia.

La diputada Florencia Martínez Rivera, presentó ante el pleno una propuesta que adiciona
un Capítulo II Bis al Título VIII del Código Penal del Estado de Veracruz, para sancionar
penalmente a las madres o padres que impidan, obstaculicen o nieguen las convivencias
con sus menores hijas o hijos, previamente decretadas por resolución judicial.

El documento señala que actualmente en México 38 mil menores sufren los efectos de la
Interferencia Parental, considerada un tipo de violencia familiar psicoemocional, en la que
el progenitor que posee la guardia y custodia, impide que el niño o los niños puedan
convivir con el otro progenitor.

En este sentido, ante el desacuerdo entre progenitores que hace imposible la convivencia
de los infantes con alguno de ellos, dijo la diputada, el Estado debe encontrar
mecanismos que garanticen el derecho de los menores, manteniendo las relaciones
personales con cada uno de sus padres, cuando esté establecido judicialmente,
asegurando la continuación de la convivencia familiar y sano desarrollo de su
personalidad.

“Al ser un derecho de las niñas y niños, cuyas familias están separadas, a convivir de
modo regular con sus familiares, un progenitor no puede ni debe obstaculizar la
convivencia de un menor con su otro progenitor porque además de causarle un daño a la
ex pareja, causa un daño emocional irreparable al hijo”, enfatiza la propuesta.

Asimismo, destaca que este tipo conductas es motivada principalmente por cuestiones
personales entre la ex pareja, sin embargo estas acciones son contraproducentes
para el desarrollo del bienestar del menor, toda vez que no se privilegia el interés
superior de los mismos.

En la medida que logre prevenir estas conductas traumáticas y dañinas para los menores,
y se preserve el interés superior del menor a toda costa, se podrá garantizar el pleno
desarrollo de las niñas y niños veracruzanos, concluye el texto.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia
y Puntos Constitucionales.

Durante los trabajos de la séptima Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de Sesiones de
la LXV Legislatura, fue presentado ante el pleno una Iniciativa ciudadana con Proyecto de
Decreto que crea la Ley de la Renta Básica Universal Veracruzana, cuyo objetivo es
contener la situación económica de la ciudadanía, en el contexto de la pandemia por
COVID-19, así como prepararse para futuras situaciones similares a las que hoy se
enfrentan las y los veracruzanos.

En el texto signado por el ciudadano Mauricio Iván Aguirre Marin, representante de la
propuesta, se destaca que la Renta Básica Universal es de interés social y de orden
público, sin distingo alguno hacia la ciudadanía en momentos difíciles de contingencia
sanitaria o catástrofes naturales.
En las consideraciones, el documento explica que este concepto ha sido un instrumento
eficaz para sacar a diversas naciones de crisis, toda vez que está orientada a fortalecer el
mercado interno con la finalidad de aumentar el bienestar social.

“Es necesario concretar el acceso al nuevo derecho básico, subjetivo y de ciudadanía,
que garantice a su vez una cuantía económica mínima con que las personas con carencia
de ingresos suficientes puedan cubrir sus necesidades alimentarias en sus hogares”,
señala la iniciativa.
En la propuesta, se sostienen las vertientes primordiales de universalidad de la Renta
Básica, su aplicación en tiempo limitado (cuando existan emergencias sanitarias o
desastres naturales), garantía a una alimentación digna como un derecho para las y los
veracruzanos, así como el monto equivalente del uno por ciento del presupuesto anual
general destinado a este fondo especial dispuesto para activarse en los casos
mencionados y que ponga en confinamiento a las y los ciudadanos.

Finalmente, se destaca que la Renta Básica Universal deberá pagarse a título individual
no importado nivel socioeconómico de los solicitantes, consistente en dos Unidades de
Medida y Actualización (UMAS), exceptuando cuando ya sean subsidiados por algún otro
programa social activo en momentos de la contingencia.

Asimismo, sería cada municipio de la entidad el encargado de implementar una ventanilla
especial para la solicitud de la Renta Básica Universal Veracruzana, para que los
ciudadanos, a través de una tarjeta activada para estos momentos de crisis, puedan
adquirir exclusivamente alimentos de la canasta básica en los negocios previamente
autorizados.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y
Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) llevó a cabo la etapa de entrevistas a quienes aspiran al cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, de acuerdo con la propuesta enviada a esta Soberanía por el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este 28 de julio, durante la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, este Congreso dio entrada a dicha propuesta, que fue turnada por la Mesa Directiva a la Jucopo para su atención procedente.

Mediante el oficio signado por el Ejecutivo, propuso a las ciudadanas Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez y Aileth García Cayetano y al ciudadano Antonio Sobrevilla Castillo, para que ocupen las magistraturas del Poder Judicial.

Los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente, Omar Guillermo Miranda Romero, Erika Ayala Ríos y Alexis Sánchez García, integrantes de la Jucopo, escucharon y conocieron de voz del y las aspirantes sus propuestas en caso de asumir el cargo.

Posteriormente, la Jucopo elaborará el Punto de Acuerdo respectivo que, en sesión legislativa, pondrá a consideración del Pleno y, de esta manera, cumplir la fracción XIX del Artículo 33 de la Constitución Política del estado, que establece como atribuciones del Congreso del Estado nombrar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a magistradas y magistrados del Poder Judicial.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de
Acuerdo que tiene como propósito exhortar a los integrantes de la primera sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación a garantizar plenamente el derecho humano a la
vida y, por ende, sobreseer el Juicio de Amparo en revisión, identificado como 639/2019
de esta Sala.
En el uso de la voz, reiteró su respeto al Estado de Derecho “sobre todo, cuando se
busca salvaguardar los derechos fundamentales del más débil. El activismo judicial es
bienvenido cuando se busca salvaguardar los valores que nos identifican en común y
como una sociedad racional”.

Precisó que “bajo ningún supuesto podemos estar de acuerdo con el activismo judicial de
la Corte cuando con su decisión podría constituir un verdadero atentado contra los
derechos humanos de los más débiles de nuestra especie. La persona concebida en el
vientre de una mujer, mismo que frente a sus semejantes no tiene voz ni voto para decidir
sobre el futuro de su vida”.
En su participación en tribuna, durante la sexta sesión ordinaria, el diputado Gonzalo
Guízar expuso.

“Señores ministros de la Suprema Corte, hasta ahora no existe ningún
mandato constitucional que obligue a esta legislatura a despenalizar el aborto; sus
interpretaciones producto de su activismo judicial, rompen con el sistema de control
constitucional y, sobre todo, legitiman argumentos e interpretaciones excesivas de los
derechos humanos, producto de una ideología no acorde con nuestra función en
sociedad”.

Destacó que no debe pasarse por alto la necesidad de exigir respeto a la libertad de
configuración legislativa que tiene el estado de Veracruz, en especial su Congreso.
Por otra parte, indicó que asumir una función activa como legislador es para crear y
generar un verdadero andamiaje jurídico para salvaguardar los derechos de las mujeres
en problemas de embarazos no deseados y acompañarlas hasta el nacimiento de la
persona que lleva en su vientre.

“El Estado no puede ser cómplice en la muerte de una persona, sobre todo, cuando ésta
se encuentra indefensa. Por el contrario, debe buscar los mecanismos para garantizar su
nacimiento, debe acompañar a la madre para que puede ejercer sus derechos, en
especial el de libertad de ejercer o no la maternidad”, concluyó.

La Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen derivado de la iniciativa con Proyecto de Decreto, ante el Congreso de la Unión, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para que contemple los términos que pueda utilizar el titular del Ejecutivo Federal para la interrupción de actividades esenciales y no esenciales, y que sean motivo para suspender las relaciones laborales de forma indefinida.

La iniciativa, autoría de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, propone agregar los términos “contingencia sanitaria”, “estado de emergencia” o “casos de fuerza mayor” a la Ley Federal del trabajo, toda vez que la omisión normativa de los mismas, han sido utilizados por patrones para evadir su responsabilidad laboral al suspender la relación con sus empleados, ante el argumento de no estar estipulado en la Ley en comento.

El dictamen detalla que con respecto a las bajas salariales, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 42 Bis y 429, hace mención que el patrón estará obligado a continuar pagando el salario íntegro en caso de una suspensión laboral por la declaración de contingencia sanitaria por una autoridad competente; sin embargo al haberse declarado “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, se ha desprotegido al sector laboral para que ante cualquier anomalía puedan ejecutar las demandas correspondientes.

Con esta propuesta se prevé fortalecer la tutela jurídica de las y los trabajadores ante futuros escenarios de esta índole, asimismo, hace referencia a los procedimientos necesarios para que la conciliación sea la pieza fundamental para evitar un mayor declive económico.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, presentó ante el pleno un Anteproyecto con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de Veracruz para que por
conducto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realicen y presenten los protocolos
de actuación para la prevención de la delincuencia por los efectos de la pandemia por el
virus COVID-19.

En su exposición de motivos, el legislador señaló que uno de los mayores impactos negativos ocasionados por la pandemia es el económico, derivado de la pérdida de empleos,
traduciéndose en México y en Veracruz en un aumento en la inseguridad.

En el mes de junio, con la entrada de la “nueva normalidad”, puntualizó el legislador, se
observó un aumento en la incidencia delictiva del 25% con relación al mes de mayo.
“Debemos apuntar que sin seguridad, las demás funciones del Estado se ven mermadas,
pues debemos entender que la seguridad provista por el Estado es indispensable para la
permanencia y subsistencia de éste, derivando directamente en la gobernabilidad o no del
mismo”, enfatizó Miranda Romero.

Finalmente, agregó que como legisladores se busca el bien de Veracruz, a través de
coadyuvar en las acciones del Estado para el combate a la violencia, la procuración de
justicia y la estrategia de seguridad pública, concluyó.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó con 42 votos el dictamen por el que se busca
involucrar de una manera más efectiva y activa a las juventudes veracruzanas en la
protección, cuidado y preservación del medio ambiente.

Este dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, deriva de una iniciativa presentada por las y los integrantes del extinto Grupo
Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Juventud, Deporte y Atletas con Discapacidad y
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, signantes del dictamen,
coincidieron con las y los proponentes en que involucrar a las y los jóvenes en el cuidado
y preservación del medio ambiente, como contribución al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible previstos en la Agenda 2030.

La adición de la fracción VI al Artículo 39 de dicha ley, a través de la cual se estipula que
las y los jóvenes deberán “involucrarse en la preservación de un medio ambiente
sustentable, procurando generar, a través de la participación ciudadana, las condiciones
que permitan el desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las
generaciones futuras”.

El proyecto plantea también dar al Poder Ejecutivo la atribución de “implementar
campañas y políticas públicas dirigidas a la juventud veracruzana, orientadas a la
protección y preservación de un medio ambiente sano y sustentable”, a través del Instituto
Veracruzano de la Juventud.

La diputada Mónica Robles Barajas, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que solicita a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se exhorte al Congreso de la Unión, a proceder con la expedición de la Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar, a fin de que, la justicia efectiva, pronta y expedita, pueda llevarse a cabo entidades del país.

En su intervención en tribuna, la legisladora señaló que el pasado el 15 de septiembre de 2017, el Congreso de la Unión aprobó la reforma a la fracción XXX, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual, se estableció su facultad para expedir la Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar, sin embargo, actualmente aún no se cuenta con dicha normativa.

En este contexto, continuó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las legislaciones procesales al respecto de las entidades federativas, deberán permanecer vigentes mientras no se emita el Código Nacional correspondiente.

En este sentido, abundó Robles Barajas, la demora en la expedición de la Legislación Única, ha repercutido en los Congresos locales, ya que carecen de facultades para legislar sobre la Materia Procesal Civil y Familiar, toda vez que mientras no se expida la Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar por parte del Congreso de la Unión, las reformas aprobadas en nuestro Código Civil, en específico a lo referente al Divorcio Incausado, no podrán llevarse a la práctica.

El Divorcio Incausado, dijo la diputada, cumple con el principio de celeridad procesal que garantiza el total acceso y rapidez a la justicia, procurando resolver lo más pronto posible el conflicto, gestionando la paz y la concordia social e individual, así como la certidumbre jurídica de las personas, por lo que su práctica permitirá mayor certeza jurídica para los ciudadanos.

“Sin embargo, en tanto no se expida la Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar, por parte del Congreso de la Unión, las reformas aprobadas en nuestro Código Civil, en lo referente al Divorcio Incausado, no podrán llevarse a la práctica, ni manifestar su amplitud de garantías y libertades a las y los veracruzanos”, concluyó.

La diputada María Esther López Callejas, presentó ante el pleno de la LXV Legislatura,
una iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas
disposiciones de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), con el que
se pretende homologar la figura del nombramiento de la Directora del IVM, desplazando
esas facultades a la Junta de Gobierno, garantizando que las políticas públicas se
desarrollen en un contexto institucional.

En este sentido, es necesario homologar los procedimientos administrativos, trayendo las
figuras de la ley que rige al propio Instituto Nacional de las Mujeres a las locales
optimizando recursos y concentrando las propias instituciones en la forma más eficiente
de ejecución, como lo es la obtención de decisiones, tanto en la Junta de Gobierno como
en la conformación de los Consejos auxiliares.

Asimismo, la iniciativa propone la incorporación a la Junta de Gobierno de la o el titular de
la Secretaría de Gobierno para que tenga voz y voto dentro del máximo órgano de
decisión.
Para la elección de la titular del IVM este deberá alcanzar por acuerdo de las tres quintas
partes de la totalidad de sus integrantes de la Junta de Gobierno, de no ser así, una terna
se someterá a consideración de la o el titular del Poder Ejecutivo, quien designará a la
titular del IVM. Ante la ausencia de la titular, será la Secretaria Ejecutiva del Instituto
asumirá las funciones de Directora, como Encargada de Despacho.

En el mismo sentido, destaca la propuesta, el Consejo Consultivo estará integrado por un
número no menor de cinco ni mayor a ocho mujeres que propongan las diferentes
organizaciones sociales, asociaciones civiles, instituciones académicas, campesinas e
indígenas con experiencia o formación en el ámbito de la igualdad de género y derechos
humanos de las mujeres.
Además, faculta al Consejo Consultivo a colaborar con el IVM en el acompañamiento en
las gestiones que requieran mayor impulso y promoción a las acciones para la igualdad
de oportunidades y no discriminación contra las mujeres.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la
Igualdad de Género.

El Congreso del Estado, aprobó con 38 votos, remitir al Congreso de la Unión la iniciativa presentada por la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, por la que se realiza una adición al artículo 64 Bis al Capítulo II del Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo, a fin de otorgar facilidades a las madres y padres o tutores trabajadores que necesiten acudir a los centros educativos para recoger a sus hijas e hijos sin que esto afecte el cumplimiento de las responsabilidades laborales.

Las y los integrantes de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, concuerdan con lo señalado en la iniciativa ante la necesidad de que la madre, padre o tutor trabajador, que así lo requiera, necesiten salir de su centro laboral para recoger a sus hijas e hijos de los centros educativos en los que estudien, utilizando una a dos horas máximo de su jornada laboral para esta actividad, incorporándose posteriormente a su centro de trabajo para reponer el tiempo utilizado, de acuerdo a su horario de trabajo establecido sin exceder los máximos legales.

La propuesta reconoce que el actual sistema educativo no es compatible con los horarios laborales y que la necesidad de trabajar deriva en jornadas mayores de ocho horas, sin posibilidad de pedir permiso por el riesgo de perder el empleo.

Con la propuesta ante el Poder Legislativo Federal, no se pretende reducir las jornadas laborales, sino facilitar a las madres, padres de familia o tutores trabajadores, cumplir con el compromiso y responsabilidad del cuidado de sus hijas e hijos protegiéndolos de cualquier riesgo o peligro al que pudieran estar expuestos.

La LXV Legislatura dio entrada a la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Derechos para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador del estado, Cuitláhuac
García Jiménez.

En el contenido, destaca la adición de una fracción al Artículo 16, que contiene los
servicios que presta la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para que los
contadores públicos autorizados que fungen como coadyuvantes con las autoridades
fiscales en la emisión de los dictámenes de cumplimiento de obligaciones fiscales, en
caso de no presentar constancia del cumplimiento de la educación continua dentro del
plazo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y como consecuencia de ello,
les sea cancelado su registro, tendrán la oportunidad de solicitar su reinscripción al
padrón de contador público autorizado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
en las disposiciones jurídicas aplicables.

También se propone añadir el Artículo 22 Ter, a fin de establecer el catálogo de servicios
que presta la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) para las
actividades de pesca comercial y de fomento en aguas de jurisdicción estatal, tiene la
finalidad de transparentar los permisos que se otorgan a quienes se dedican a la pesca y
la acuacultura, con lo que se les otorga certidumbre jurídica y se propicia una mejor
supervisión y control sobre estas actividades.

La propuesta de reforma y adición del Artículo 28 tiene como objeto precisar el catálogo
de servicios para cumplir adecuadamente con la política laboral del gobierno para
impulsar el empleo y la ocupación productiva de las y los veracruzanos.
En la adición del Artículo 33 Bis se incluye el catálogo de servicios prestados por el
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem) para dar certidumbre jurídica
respecto a sus costos y propiciar la transparencia para la recepción de los mismos.

Se incorpora también la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), en el
Artículo 59 Quáter, así como el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), en el Artículo 33.
Esta Iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado
y de Hacienda Municipal.

Con 45 votos a favor, el Pleno legislativo aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto,
presentado por la Comisión Permanente de Turismo, por el que se regula la prestación de
servicios de hospedaje y turísticos en relación con el uso y aprovechamiento de
aplicaciones tecnológicas.

El Dictamen aprobado es resultado de la Iniciativa presentada el 16 de enero de 2020 por
la diputada María Esther López Callejas, quien propuso para tal efecto reformar diversas
disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La reforma y la adición al artículo 4 de la referida ley definen que los prestadores de
servicios turísticos son “quienes ofrezcan, proporcionen o contraten servicios para las y
los visitantes, incluyendo los ofertados por medio de aplicaciones, redes sociales,
plataformas digitales o cualquier otro medio de aplicación similar”.

Para esto, precisa que debe entenderse por plataforma digital “la aplicación tecnológica
mediante la cual la persona física o moral administradora opera en su carácter de gestor,
intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, que permite a las y
los usuarios contratar servicios de hospedaje”.

La reforma al Artículo 5, señala como atribución de la Secretaría de Turismo y Cultura del
estado (Sectur) coadyuvar con el Ejecutivo federal en materia de clasificación de
establecimientos de hospedaje y servicios turísticos, en los términos de la regulación
correspondiente, “incluyendo los ofertados por medio de aplicaciones, redes sociales,
plataformas digitales o cualquier otro medio de aplicación similar”.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero presentó una Iniciativa con proyecto de
reforma parcial a la Constitución para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en materia de ingreso básico universal frente a contingencias sanitarias.

El integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional dijo, al presentar su
propuesta, que la situación derivada de la pandemia originada por el Covid-19 es
apremiante y que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), antes de ésta, existían en la entidad veracruzana más de 5
millones de personas que se encontraban en situación de pobreza y casi un millón y
medio en pobreza extrema.

La pandemia, de la que se contabilizan más de 395 mil infectados y más de 44 mil
defunciones –prosiguió el legislador-, ocasionó que el número de mexicanos en pobreza
laboral creciera en 24.4 millones ocasionando así que en México 69.6 millones de
personas no tengan para la canasta básica.
En cuanto a certidumbre laboral, de los más de 9 millones de mujeres que no contaron
con un empleo en abril, el 72 por ciento indica no tener certeza de regresar a su trabajo al
término de la pandemia y de los más de 6 millones de hombres, 61 por ciento se
encuentra en la misma situación, añadió.

La adición de un segundo párrafo de la fracción V del Artículo 49 establece que “en caso
de emergencia sanitaria, epidemia, pandemia, o derivado de cualquier situación en
materia de salud o desastre natural que impida el desarrollo de la educación pública, la
protección a la salud, la seguridad humana y el progreso y bienestar social y económico
de la ciudadanía, el Gobernador deberá garantizar el derecho a una renta mínima
asegurada para las personas en situación de vulnerabilidad”.

A su vez, la reforma al Artículo 74 señala que las autoridades estatales, en caso de
emergencia sanitaria, epidemia, pandemia, o derivado de cualquier situación en materia
de salud o desastre natural, deberán “garantizar derecho a una renta mínima asegurada
para las personas en situación de vulnerabilidad, para el bienestar social y económico de
la ciudadanía”.
La Iniciativa del diputado Omar Guillermo Miranda Romero fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Hacienda del Estado,
para su análisis y, en su caso, dictaminación.

Con 33 votos, el Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz avaló el dictamen por el cual se reforman diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado y de la Ley Orgánica del Municipio Libre de la entidad, a fin de ajustarlos a la reforma constitucional en materia electoral, aprobada por este Poder el pasado 12 de mayo y avalado posteriormente por 127 cabildos, con lo cual se asegura la disminución del gasto en procesos electorales, se prevé la reelección de ediles y mejora el sistema de medios de impugnación.

Este dictamen es resultado de las iniciativas presentadas por el Gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez; del diputado Sin Partido, Alexis Sánchez García y aun cuando solo fue turnada a una sola Comisión, se retoman disposiciones de la presentada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, según registra el documento firmado por los integrantes de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales.

Cabe destacar que estas modificaciones al Código Electoral para el Estado y a la Ley Orgánica del Municipio Libre es para dar cumplimiento al artículo tercero transito del decreto 576, relativo a la reforma electoral constitucional, aprobada por el Pleno el pasado 12 de mayo y avalada por 127 ayuntamientos. En este citado artículo se establece que las reformas deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Estado a más tardar el último día del mes de julio y se aplicarán para el proceso electoral 2020-2021.

En primera instancia se prevé en el Código Electoral las disposiciones relativas a la reelección de ediles; la modificación del Instituto Electoral Veracruzano por Organismo Público Local Electoral (OPLE), en la creación de unidades administrativas de éste deberá atenderse los principios de austeridad y eficiencia del gasto público.

En relación a los casos de nulidad de elecciones de gubernatura, diputaciones y cargos edilicios se incorpora como violaciones graves, dolosas y determinantes exceder el gasto de campaña en un 5 por ciento del total autorizado; comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos de la ley y recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita. En caso de nulidad se convocará a elección extraordinaria en la cual no podrá ser candidato o candidata la persona sancionada.

Baja de cuatro, a tres años, la duración de los ediles en su cargo, con la cual podrán reelegirse para un periodo de forma consecutiva, siendo necesario para el segundo periodo que la postulación sea realizada por la misma coalición o partidos que lo formó.

Siguiendo la reforma electoral aprobada el pasado 12 de mayo, en cuanto a la reducción de gastos en el desarrollo de comicios electorales, se suprimen los Consejos Electorales Municipales a efecto de conjuntar sus funciones con los Consejos Distritales. Asimismo, se incorporan nuevos elementos de seguridad a la paquetería electoral, tales como sobrebolsa de seguridad a prueba de roturas y formatos más resistentes, esto con la intención de abonar a la disminución de la comisión de fraudes electorales.

Por otra parte, se modifican o eliminan todo aquel articulado que tuviera por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Dando con ello cumplimiento a la reforma federal en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de abril.

Asimismo, se desarrolla un nuevo método para la asignación del financiamiento público a las organizaciones políticas garantizando las que correspondan tanto a partidos políticos locales como a partidos políticos nacionales con registro local.

El diputado Raymundo Andrade Rivera, presentó una Iniciativa de Decreto que Reforma y
Adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Veracruz, con el objetivo de eliminar cualquier vacío legal o falta de supuesto normativo
que pudiera generar parálisis funcional, contribuyendo a fortalecer al pleno del Tribunal y
al Consejo de la Judicatura, para que las actuaciones fluyan de mayor y mejor forma.

El Poder Judicial existe, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, los
que han sido mandatados para asumir un rol preponderante en la toma de decisiones ya
que el primero asume acciones de carácter jurisdiccional y el segundo en materia
administrativa.

Para el caso del Pleno del Tribunal, se integra por el Presidente del Tribunal y por los
presidentes de cada una de sus Salas colegiadas, es decir nueve integrantes; en cuanto
al Consejo, su conformación es por cinco funcionarios, el Presidente del Tribunal Superior
de Justicia, dos magistrados provenientes de Tribunal Superior de Justicia y otro, del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, un consejero propuesto por el Gobernador y un
consejero designado por el Congreso.

Esta integración impar de cada uno de ellos, provoca que la generación de los consensos
prevalezca, por lo que resulta importante proponer diversas reformas que permitan
garantizar que los principios, ideales y dogmas normativos vertidos en la Ley, sigan en
este proceso de evolución, añadió el diputado.
Con esto se propicia que las decisiones sean basadas en los consentimientos y no en los
desacuerdos, los temas que se sometan a sus consideraciones serán validados por el
diálogo, la razón y concordia, fomentando un consenso transitivo al conflicto permanente.

Con esta propuesta, también se faculta a la Secretaria de Acuerdos a convocar a
sesiones, previa petición realizada por cualquiera de sus miembros, con el afán de
garantizar que estos trabajos se lleven a cabo con la periodicidad que señala la Ley.

Por último, la propuesta adiciona la vicepresidencia de las sesiones del Consejo de la
Judicatura, cuyo objetivo atiende a instaurar una figura auxiliar de la presidencia, misma
que fungirá en el caso de sus ausencias en estas reuniones, asumiendo la función solo
por la sesión de que se trate, sin que exista un consejero nombrado bajo alguna
periodicidad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos para su estudio y
dictamen.

El pleno de la LXV legislatura del Congreso del Estado, aprobó con 45 votos el dictamen
presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y Hacienda del Estado referente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto
que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 72 de la Constitución Política del
Estado, enviada a esta Soberanía por el titular del Poder Ejecutivo estatal, el ingeniero
Cuitláhuac García Jiménez.
En la propuesta presentada el pasado 28 de enero, se establece que los ingresos que
reciban las dependencias centralizadas y entidades paraestatales en concepto de
derechos, aprovechamientos y productos, deberán ingresar a la Oficina Virtual de
Hacienda (OVH), de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y establecer
reglas especiales respecto del Presupuesto de Egresos, con la finalidad de cumplir con el
principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de
recursos disponibles.
Todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, deberán ingresar a la Secretaría
del Despacho competente en materia de Finanzas, salvo en los casos que establezca
esta Constitución y las leyes.

Todos los ingresos derivados de derechos,
aprovechamientos y productos que tengan las dependencias centralizadas o entidades
paraestatales en ejercicio de sus atribuciones deberán ingresar a la oficina virtual de
hacienda de esa Secretaría.

Las finanzas públicas del Estado, deberán estar apegadas a un criterio de racionalidad y
de estricta disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel de gasto que se
establezca en el presupuesto de egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos para
el mismo ejercicio fiscal, con el propósito de mantener la sostenibilidad del balance
presupuestario, atendiendo a las reglas especiales establecidas para ello.
En el caso de órganos, organismos autónomos del Estado, o entes públicos que tengan
asignados porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su
cálculo será el total de los ingresos de libre disposición.

En el mismo sentido, cuando las participaciones federales anuales al Estado se vean
afectadas durante el ejercicio fiscal en curso, Sefiplan hará los ajustes en las
ministraciones estatales correspondientes a las dependencias centralizadas y entidades
paraestatales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y
demás entes públicos, en la misma proporción y periodicidad que lo haga la Federación.

Por excepción, ante situaciones financieras extraordinarias o imprevistas de carácter
general que disminuyan los ingresos estatales, declaradas y fundamentadas por el Poder
Ejecutivo o el Congreso del Estado, previo a la aprobación al presupuesto de egresos,
podrá realizar los ajustes necesarios a efecto de cumplir con los principios de balance
presupuestario de recursos disponibles.
Las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública
estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes
públicos que ejerzan recursos y no hubieran devengado al 31 de diciembre del
correspondiente ejercicio fiscal, deberán reintegrarlos a Sefiplan dentro de los 10 días
hábiles siguientes al cierre del ejercicio.

Mediante una Iniciativa, la diputada Deisy Juan Antonio propuso la creación de la Ley de
Junta de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo propósito principal es promover la participación
activa de la ciudadanía organizada representada en las instituciones gubernamentales.
Durante la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, se puso a consideración del pleno la propuesta
de la legisladora, que parte de la necesidad de generar y aplicar mecanismos para
asegurar una gobernabilidad bajo los principios de inclusión social, pluralidad y
conciliación.

Plantea que la Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras de la Secretaría de Gobierno
del Estado, que tiene la finalidad de fomentar el desarrollo de las comunidades
veracruzanas, se encargue de organizar, capacitar, dirigir e instrumentalizar mecanismos
de inclusión y contraloría social entre las Juntas de Mejoras Municipales.

Esta Coordinación Estatal, según la propuesta, tendrá como encomienda promover y
fortalecer los valores cívicos y culturales, mediante la construcción de una estructura de
participación social cuyo alcance incluya fomentar mejores niveles de vida en las
comunidades del estado.
Las acciones que se promueven en la Iniciativa, de acuerdo con su promovente,
fortalecerán la coordinación entre el gobierno estatal y los ayuntamientos en la
elaboración y ejecución de proyectos de carácter material y económico.

La propuesta,
además, privilegia la cultura de la gestión y la vinculación de los tres poderes del Estado
en los distintos órdenes de gobierno, con los sectores privado y académico.
Busca también generar objetividad, transparencia, imparcialidad y certeza jurídica en la
conformación de las Juntas de Mejoras, y comprende la conformación de mecanismos de
inclusión social que fortalezcan la fiscalización tanto de las Juntas de Mejoras como del
Gobierno del Estado, tratándose de obras y acciones realizadas.
La referida ley consta de seis capítulos: I. Disposiciones generales, II. De la Coordinación
Estatal de las Juntas para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades, III.

De las Juntas
de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades, IV. De las atribuciones de
los integrantes de las mesas directivas de las Juntas para el Desarrollo y Bienestar de las
Comunidades, V. Del patrimonio de las Juntas de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar
de las Comunidades y VI. De las responsabilidades y sanciones.

Esta Iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó al Pleno de la LXV Legislatura una
propuesta de reforma a la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del
Estado que tiene como finalidad establecer que las autoridades estatales y municipales
deberán incorporar en todas las transmisiones en vivo que realicen el recuadro destinado
para la interpretación del contenido a lengua de señas mexicana.

En su participación, la diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN)
señaló que, además, con esta propuesta se busca incorporar a los organismos públicos, a
los que la Constitución Local otorga autonomía. “Así todas las personas pueden acceder
a la información que generan el Organismo Público Local Electoral, el Tribunal Electoral
de Veracruz, la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros”.

De esta manera, las autoridades estatales y municipales deberán garantizar la
accesibilidad a la información, para ello, todas las transmisiones en vivo en los medios de
comunicación televisiva, plataformas digitales o redes sociales de tipo audiovisual que
difundan; deberán proyectar, de manera simultánea, un recuadro que incluya la
interpretación en lengua de señas mexicana.
El recuadro para la interpretación en lengua de señas se ubicará en la parte inferior
derecha de la pantalla, ocupando al menos una sexta parte de ésta.
La imagen del intérprete debe abarcar desde la cabeza hasta la cintura y debe contar con
espacio a los lados y por encima de la cabeza a fin de que la visibilidad de las señas no
sea eliminada o disminuida, respetando los Lineamientos del Instituto Federal de
Telecomunicaciones en la materia.

Al participar en la sexta sesión, la legisladora puntualizó que las barreras de
comunicación impiden a las personas con discapacidad auditiva comprender
adecuadamente los mensajes que reciben, ocasionando aislamiento de los grupos
sociales en que se desarrollan y segregándolos de la sociedad en general, lo que resulta
en un acto de discriminación masiva, al ser excluidos de los mensajes de comunicación
oficial de los distintos espacios del poder público.

Recordó que, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica de 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), 6.3 por ciento de la población son consideradas como personas en situación de
discapacidad, de los cuales presentan discapacidad auditiva el 18.4 por ciento, esto es,
un millón 449 mil 516 personas.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

Debido a que el turismo es un motor que moviliza la economía del país y procura mejores
condiciones de vida para la población, el diputado Alexis Sánchez García presentó al
Pleno una iniciativa con la cual propone que el Fondo de Garantía para la Promoción de
la Actividad Turística y Cultural del Estado, se destine a la inversión física con un impacto
social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.
En su propuesta, el legislador plantea reformar diversas disposiciones de la Ley de
Turismo del Estado de Veracruz para implantar programas de fomento y desarrollo del
turismo en la generación de micro, pequeñas y medianas empresas turísticas y culturales
en la entidad.

De acuerdo al diputado del Grupo Legislativo Mixto MC-PRD y el Diputado Sin Partido los
recursos del citado Fondo de Garantía serían distribuidos de conformidad con los
lineamientos que apruebe la Comisión Ejecutiva para el Fomento del Turismo de
Veracruz, a propuesta de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado (Sectur), teniendo
como objetivo apoyar a los municipios con vocación turística, con inversión física, impacto
social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.

Lo anterior, deberá incluir: la construcción, remodelación y equipamiento de centros
escolares; la pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la
instalación y mantenimiento de alumbrado público; la construcción y/o rehabilitación de
rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras
de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire; en tres otras
obras tendientes al mejoramiento de la salud pública y para el fomento a la vivienda
digna.

Al participar durante la sexta sesión ordinaria, el legislador Alexis Sánchez manifestó que
para determinar en qué municipios deba aplicarse, se utilizará la información disponible
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en los registros estadístico de
producción turística que para tales efectos elabore anualmente la Sectur.
Subrayó que estas modificaciones son necesarias ya que la mayoría de los municipios
turísticos, más que una derrama económica.

“Sufren un efecto embudo, por el que el
grueso de los ingresos que genera el sector turístico se concentra en algunas zonas de
las poblaciones, creando a su alrededor cinturones de miseria”.
El contenido íntegro de la iniciativa puede consultarse libremente en la Gaceta Legislativa
número 96, publicada en la página oficial www.legisver.gob.mx
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente Unidas de
Turismo y Hacienda del Estado.

Con el propósito de ampliar los supuestos de configuración del delito de feminicidio en la entidad, el Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentó la iniciativa de decreto que reforma las fracciones I y V y que adiciona la fracción V Bis al artículo 367 Bis del Código Penal para el Estado de Veracruz.

El texto de la iniciativa refiere que el fenómeno de la violencia feminicida debe ser combatido en diversos frentes, pues como sociedad que aspira a la convivencia civilizada no puede ser indolente ni permitirse jamás la perpetuación de la normalización de las violencias contra las mujeres.

Añade que, por el contrario, deben reforzarse las acciones y políticas públicas, destinar los recursos materiales, financieros y humanos necesarios y, como lo propone la iniciativa, reformar el marco jurídico, todo ello orientado a hacer realidad la justicia, la igualdad y el derecho de las mujeres veracruzanas a una vida libre de violencia.

De esta manera, considera pertinente la incorporación al Código Penal de una nueva circunstancia que actualice la existencia de razones de género en la comisión del delito de feminicidio, consistente en el ocultamiento, la incineración o inhumación clandestinas, la colocación en lugares inaccesibles o la desintegración con cualquier tipo de sustancias, actos realizados sobre el cadáver o los restos mortales de la víctima.

Previamente, expone que la violencia feminicida es definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Agrega que esto es un fenómeno inaceptable en cualquier Estado democrático, porque surge de actos de discriminación y poder, fomentados desde las propias estructuras sociales.

Asimismo, detalla que el incremento en el número de feminicidios en México y Veracruz en los últimos años es una constante llamada de atención no sólo a las autoridades en materia de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia, sino también para todo el conjunto social. “Pues no podemos permitir que este flagelo siga avanzando y cobrando cada vez más víctimas ni que ante su recurrencia se genere la normalización de ese tipo de violencia”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura un decreto que reforma el primer párrafo y las fracciones IV y V del artículo 21; y se adiciona la fracción VI al artículo 21, de la Ley de Educación del Estado de Veracruz para que las autoridades estatales y municipales garanticen en forma permanente el acceso, disposición y saneamiento del agua en los planteles educativos.

En su intervención en tribuna, la legisladora señaló que el objetivo de su propuesta radica en que las escuelas se encuentren en condiciones de sanidad óptimas para un buen desempeño escolar, “que todas las niñas, niños y jóvenes que asistan tengan acceso al agua potable y al saneamiento, entendiéndose este como las instalaciones, tecnología y servicios básicos que permitan tener un medio ambiente limpio y sano”, destacó.

Asimismo, enfatizó que en el marco de la pandemia por COVID-19, la estrategia inicial de la Secretaría de Educación Pública fue la suspensión de clases presenciales en los niveles básicos, media y media superior, implementando clases en línea y por televisión, a efecto de llevar educación a miles de niñas y niños mexicanos hasta los rincones más alejados de nuestro país.

Sin embargo, continuó, se ha anunciado por parte de esta misma Secretaría que para el 10 agosto las y los niños de este país iniciarán este nuevo ciclo escolar de manera presencial, dependiendo del semáforo epidemiológico que emitan las autoridades de salud y con base en un protocolo para evitar contagios.

La representante del distrito XXIV de Santiago Tuxtla, detalló que entre los puntos del protocolo para el reinicio de clases presenciales en la nueva normalidad, se contempla garantizar el acceso a jabón y agua o gel antibacterial en la institución educativa, por lo que será necesario establecer las garantías procurando el bienestar de los estudiantes veracruzanos.

En este sentido, añadió, todas las escuelas de la entidad deberán contar con acceso a agua y salubridad, toda vez que son fundamentales para el desarrollo y el bienestar humano.

Finalmente la legisladora puntualizó que “el derecho al acceso al agua debe ser incluido en las leyes educativas tanto federales como estatales, pues siendo un derecho humano de las y los estudiantes, el Estado debe asegurar la dotación de este vital líquido para un buen desarrollo educativo y para el cuidado de su salud de niñas, niños y jóvenes”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión permanente de Educación y Cultura, para su estudio y dictamen.

El diputado José Andrés Castellanos Velázquez, presentó una Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Veracruz con el propósito de incluir la educación financiera en los planes de estudio desde educación primaria a educación media superior, garantizando los conocimientos necesarios para un buen manejo de los recursos financieros que evite mecanismos informales que comprometan el patrimonio futuro de las niñas, niños y jóvenes veracruzanos.

La iniciativa señala que una sociedad educada es uno de los pilares fundamentales para el progreso como nación, para el desarrollo humano de quienes la integran, y del crecimiento y desarrollo económico del país, por lo que es necesario que la sociedad comprenda los instrumentos financieros para lograr estos objetivos.

Debe entenderse como educación financiera, al proceso por la cual se adquieren conocimientos de los diferentes productos y servicios financieros, así como sus riesgos, beneficios, además de desarrollar habilidades que permiten una mejor toma de decisiones en la gestión de las finanzas personales.

En mismo sentido se destaca, que debe desterrarse la idea que sólo empresarios, comerciantes o inversionistas, conocen el manejo del dinero para el ahorro o para invertirlo, “por lo que es necesario incentivar de manera formal la cultura del ahorro y del conocimiento de las finanzas básicas para elevar la calidad de bienestar social y económico de la población.

De esta forma, la iniciativa propone reformar las fracciones VI, VII y VIII del Artículo 101, el Artículo 104, las fracciones VI y VII del Artículo 109; se adiciona la fracción IX al Artículo 101, la fracción VIII al Artículo 109 y el capítulo XVI BIS todos de Ley de Educación del Estado de Veracruz, para que los educandos adquieran conocimientos en esta materia.

La educación financiera que se impartiría en las instituciones educativas estará basada para nivel primaria y secundaria en fomentar el ahorro, además de generar en las y los jóvenes conocimientos de finanzas personales; en cuanto a la educación media superior se priorizará, conjuntamente de los puntos anteriores, la generación de conocimientos sobre el uso de instrumentos financieros, enseñanza de matemáticas financieras y fomento a la inversión.

Estas nuevas estrategias podrán generar conocimientos básicos de finanzas en nuestras niñas, niños y adolescentes que fomenten la cultura del ahorro, que conozcan cómo y cuándo gastar, utilicen mecanismos financieros para invertir sus ahorros, así como saber el uso de las tarjetas de débito y crédito, y demás instrumentos del sistema financiero.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen.

La Coordinación de Trabajo Social de la Oficina de Representación en Veracruz Norte, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha intensificado las estrategias de atención durante la emergencia sanitaria, lo cual se ve reflejado en más de 73 mil acciones que han beneficiado a sus derechohabientes.

Las actividades que desarrolla el personal que integra Trabajo Social, no sólo se centran en la intervención de situaciones que enfrentan los pacientes y sus familiares, también cumplen la función de detectar necesidades, con el objetivo de trasformar un entorno de adversidad e incertidumbre, en un ambiente de confianza y tranquilidad.

‘‘Mi labor durante la pandemia, ha sido un gran reto porque es la primera vez que me enfrento a un problema así, nuestras funciones principales con los familiares de los pacientes, es apoyarles y orientarles sobre los procesos que llevamos a cabo’’, comentó Alejandra Ariyama Castañeda, trabajadora social del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11.

De las acciones realizadas por Trabajo Social, cabe destacar que se han impartido mil 711 sesiones educativas sobre temas relacionados con la COVID-19, se ha informado a 18 mil 371 derechohabientes y entrevistado a 19 mil 380 sobre la enfermedad ocasionada por el coronavirus.

Asimismo, el personal de esta área ha brindado 21 mil 495 atenciones a familiares, en filtros de acceso, y aplicado dos mil 982 protocolos de seguimiento a pacientes crónico degenerativos.

Santiago Tuxtla, Veracruz., 11 de Julio de 2020.- Al acompañar al secretario de Gobierno, ingeniero Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en el arranque de la construcción del Puente Río Grande, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que las acciones de la Cuarta Transformación resuelven los añejos problemas y necesidades de las comunidades más abandonadas.

«Reconocemos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez porque donde unos sólo vinieron a pedir votos, él está haciendo las obras y acciones que por décadas demandó la población más necesitada», fueron las palabras del legislador de MORENA.

Junto a su compañera diputada Brianda Kristel Hernández Topete y al presidente municipal de Santiago Tuxtla, Argeniz Vázquez Copete, el también coordinador del Grupo Legislativo de MORENA dijo que el Gobierno de Veracruz trabaja de forma cercana y coordinada con los 211 municipios y el Consejo Municipal de Mixtla de Altamirano, pues los proyectos de obra benefician por igual todas las regiones de la entidad.

«La gestión de nuestro gobernador es histórica, porque nunca se había visto que una administración estatal hiciera tantas acciones de beneficio directo a la ciudadanía, siendo evidencia de que el Gobierno del cambio ha cumplido su palabra», expresó Gómez Cazarín.

Respecto al inicio de la rehabilitación del «Puente Río Grande», el diputado adelantó que se beneficiará a más de 60 mil personas, ya que es un paso obligado para comerciantes, agricultores y familias de las localidades de Santiago Tuxtla, así como de municipios vecinos.

«Este puente tenía un deterioro impresionante, con la rehabilitación servirá como una vía de acceso rápida y segura para la ciudadanía, por ello agradecemos al gobernador Cuitláhuac García de que se cumpla un compromiso más», concluyó el representante popular del Distrito XXV (San Andrés Tuxtla).

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), por el cual se determina la existencia de dos vacantes
definitivas de magistraturas del Poder Judicial del Estado, al aplicarse el retiro forzoso, por
haber cumplido los 70 años de edad, a los ciudadanos Roberto Dorantes Romero y Marco
Antonio Lezama Moo.
Por ende, y a través del numeral segundo, se establece que esta Soberanía determina
iniciar de manera oficiosa el procedimiento contemplado en el artículo 205 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el fin de cumplir lo exigido por la Constitución
Política local.

De igual forma, este Congreso exhorta al titular del Poder Ejecutivo a cumplir la
Constitución acatando lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 59 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz y por la fracción III del artículo 205 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, e inicie el procedimiento de nombramiento de los magistrados,
enviando a esta Legislatura la propuesta respectiva, para que, a su vez, esta Soberanía
pueda cumplir con el mandato legal y proceda a nombrar a magistrados del Poder Judicial
del Estado.

Asimismo, este Poder Legislativo exhorta al Poder Judicial para que acate las
consecuencias jurídicas y administrativas del presente, particularmente que garantice la
pensión, jubilación y haber de retiro que en derecho proceda, pues es evidente que la
declaración de vacancia se hace en beneficio de quienes han servido al Poder Judicial fiel
y eficazmente y se encuentran de manera objetiva en un punto en el que ha quedado
demostrado su compromiso y entrega a la función judicial.
Previamente y debido a la conclusión del periodo de diez años, el Pleno determinó no
ratificar a los ciudadanos Fernando Charleston Salinas, Gladys de Lourdes Pérez
Maldonado, Edel Humberto Álvarez Peña y Víctor Manuel César Rincón, como
magistrados del Poder Judicial para un segundo periodo de cinco años, previsto en la
Carta Magna estatal.

La diputada Jessica Ramírez Cisneros, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura un
Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que exhorta al Cabildo del Minatitlán a atender
la problemática en materia tributaria por la contribución del uso y disfrute del derecho del
agua de los pobladores de la localidad, en el contexto de la contracción económica ante la
actual contingencia sanitaria por Covid-19.

Asimismo, realizó un llamado a la Tesorera de este municipio para poder generar un
esquema financiero que prevea y dé solución a esta problemática, además solicitó al
Director Municipal de Agua y Alcantarillado de esta ciudad, a que informe, sobre el
consumo de agua y si éste ha incrementado a partir de la contingencia sanitaria,
elaborando un padrón y proyecto, coadyuvando a la solución de este conflicto.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que ante el contexto que se vive por la
pandemia generada por Covid-19, es necesario tomar conciencia sobre la importancia del
suministro de agua a los hogares y negocios, toda vez que el lavado correcto de manos
es una de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, continuó, esta situación también ha generado que se incremente el uso del
vital líquido, incidiendo directamente en el alza del cobro, circunstancia que afecta la
economía de la población que al no poder cumplir con el pago correspondiente, los deja
en estado de indefensión ante la posibilidad de corte en el suministro.

“A fin de que se apoye a la economía familiar, y de los pequeños negocios que han
resultado afectados por el aislamiento social por esta pandemia, exhorto a que se
condone el cobro por el servicio de agua potable en el municipio de Minatitlán, medida
que debe ser aplicada urgentemente”, enfatizó Ramírez Cisneros.
Asimismo, la representante del distrito XXVIII de Minatitlán indicó que el Cabildo de este
municipio está facultado para emitir el acuerdo de subsidio sobre el rubro referido, “pues
recientemente ha sido municipalizada el agua, lo que da margen a ser una medida de
carácter urgente y pronta resolución, sin que obste que haya sido aprobada con
anterioridad la ley de ingresos de dicho Ayuntamiento, pues estamos en presencia de una
causa justificada para su modificación”, dijo.

Finalmente, puntualizó la legisladora, con estas medidas se podrá implementar un método
para que los usuarios puedan acceder a ese beneficio por un periodo determinado, así
como aquéllos usuarios que ya estén en mora, les sean condonados los créditos fiscales
que se hayan generado por el retraso o la falta de pago del servicio.

Piden diputada atender problemática por
costos excesivos de agua en Minatitlán