El diputado local Alexis Sánchez García presentó a la Diputación Permanente una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Veracruz a fin de fomentar y regular el reciclaje de llantas de desecho en la entidad.

La exposición de motivos de la iniciativa señala que en Veracruz se generan cada año 2.1 millones de neumáticos de desecho, cuyo destino principal son tiraderos a cielo abierto, por lo que son una fuente de contaminación y un riesgo para la salud pública.

Dentro de los problemas ambientales que más impacto acarrea el mal manejo del tratamiento final de las llantas usadas de desecho, encontramos los riesgos de incendios; la proliferación de fauna nociva; el volumen que ocupan en rellenos sanitarios acortando su vida útil; y la contaminación visual que degrada la calidad de vida de quienes habitan en sus cercanías.

La industria del reciclaje, señala el legislador, ofrece una serie de ventajas ambientales, sociales y económicas de gran beneficio para México, al crear fuentes de empleo, generar nuevos mercados de bienes de consumo como: topes, señalamiento de tránsito, materia prima para asfalto, cemento hidráulico, pisos, empaques, uso en pastos sintéticos, pistas deportivas, entre otras.

De ahí que se proponga, de manera específica, que las llantas que sean desechadas deban destinarse para su reciclado, tratamiento y disposición final, a centros de acopio, que cuenten con la tecnología necesaria para cumplir con dichos fines, añadió.

En caso de ser aprobada la iniciativa, las llantas deberán ser recogidas y transportadas como cualquier otro residuo sólido de los ya previstos en la ley, pero en lugar de ser destinadas a rellenos sanitarios o basureros como hasta ahora se realiza en algunos casos, deberán ser entregadas a dichos centros de acopio para su atención final.

Para su análisis y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero presentó a la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al Artículo 2280 del Código Civil para el Estado de Veracruz que tiene como finalidad proteger al adulto mayor, titular de una propiedad inmueble, su legitimación y voluntad del derecho a donar a favor de la o las personas que considere, evitando se abuse de la condición y la buena fe de ellos para obtener un beneficio.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que, de esta manera, no existirá la posibilidad que una vez donado su patrimonio sobrevenga el desinterés y la indiferencia por parte de sus descendientes y demás parientes e inclusive de aquellos quienes se vieron beneficiados mediante la donación y que el adulto mayor quede en condiciones de desamparo total.

Al presentar su iniciativa durante la Cuarta Sesión Ordinaria, del Segundo Receso, el legislador subrayó que actualmente el Código Civil estipula como nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias. “Es decir, se protege el derecho de la persona adulta mayor a contar con una vivienda en la parte de su vida que mayores desventajas le representa”.

Expone que la nulidad debe ser solicitada ante la autoridad jurisdiccional, pero no se establece de forma alguna que el notario tenga la facultad de establecer en el contrato de donación el usufructo vitalicio cuando el donante o su cónyuge, sea una persona mayor de 65 años.

En su propuesta, el diputado Omar Miranda destaca que como legisladores debe salvaguardarse la integridad y el patrimonio de todas las personas. Por lo que esta iniciativa busca garantizar que las personas mayores disfruten de los bienes, para que con esta medida se limite y prevenga que puedan ser víctimas de engaños o de abusos, así el Estado privilegia su protección.

De esta manera, la redacción del Artículo 2280 quedaría de la siguiente forma: “Es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias”.

“Cuando el o los donantes sean personas de 65 años o más, se deberá acreditar que no se comprende la totalidad de sus bienes, pudiendo acreditarse mediante una declaración bajo protesta de decir verdad ante el notario público que expida el instrumento público de donación, en caso de no hacerlo, se deberá incluir, obligadamente, la cláusula de usufructo vitalicio sobre los bienes otorgados a los donatarios”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 248 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo propósito es garantizar a hijas e hijos de personas divorciadas el derecho constitucional de recibir alimentos.

Las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes de este grupo legislativo, refieren que una de las figuras jurídicas más relevantes que prevé la ley civil es la de garantizar plenamente los alimentos a través del aseguramiento de los mismos.

El artículo en mención dispone que “el aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualquier otra forma de garantía suficiente a juicio del órgano jurisdiccional, siendo necesario solicitar que dicha garantía cubra mínimo un año la pensión alimenticia decretada, así como la fecha precisa a partir de la cual el deudor alimentario deberá realizar dicho aseguramiento”.

Los proponentes señalan que, en el nivel nacional, el estado de Veracruz se encuentra entre los primeros lugares en materia de denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de acuerdo con los reportes de incidencia delictiva del fuero común, emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En respuesta a la necesidad de establecer una garantía diversa a la pensión alimenticia “para asegurar que ante algún hecho que genere la imposibilidad de que el deudor alimentario continúe con el pago de la pensión, la garantía se pueda cobrar a efecto de salvaguardar los alimentos de los acreedores alimenticios”.

Consideran la posibilidad de que el deudor renuncie a su trabajo o sea despedido, caso en el cual, no habrá manera de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación con la inmediatez que requiere la satisfacción de los alimentos, en tanto que de ellos depende la subsistencia del acreedor, de ahí que el mismo monto no puede tener una doble naturaleza.

La propuesta del PRI-PVEM establece. “En ningún caso la forma de obtener el cumplimiento oportuno de la obligación alimentaria, consistente en la retención de un porcentaje o monto del salario del deudor alimenticio como pago de la pensión correspondiente, podrá considerarse, a la vez, como garantía para asegurar su cumplimiento, por lo que deberá constituirse otra para ese objeto, de entre las señaladas en este artículo, a fin de garantizar los derechos de las personas que reciban alimentos”.

Con dicha propuesta, consistente en reformar el artículo 248 del Código Civil del estado, estiman, puede contribuirse a evitar numerosos problemas que se presentan ante el recurrente incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y que dejan a los acreedores alimentarios, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, en un estado total de vulnerabilidad, por la naturaleza de las necesidades que deben satisfacerse a través de las pensiones alimenticias.

De acuerdo con el artículo 239, párrafo primero, del mismo Código Civil, se entiende por alimentos “lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo; gastos de educación desde educación inicial hasta el nivel licenciatura o equivalente; recreación, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por la persona beneficiada, para su normal desarrollo físico y psíquico”.

La iniciativa fue turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz para que el Poder Judicial de Veracruz esté obligado a presentar una versión pública de todas sus sentencias.

La reforma propuesta atendería al mandato del Congreso de la Unión cuyas reformas en ese sentido a la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública –vigente en todo el país- entraron en vigor el pasado 13 de agosto y que señalan un plazo de 180 días para que los Congresos de las entidades federativas homologuen las Leyes locales con aquella. El plazo se vence el 9 de febrero de 2021.

De acuerdo a la redacción actual de la Ley, el Poder Judicial debe presentar una versión pública de sus sentencias sólo en los casos que las considere “de interés público”, clasificación que recae en el propio criterio del sujeto obligado y que está abierta a una interpretación subjetiva. La reforma a la fracción primera del artículo 18 del ordenamiento veracruzano los obligaría a publicar “todas”.

Esta transparencia se traduce en un mecanismo para evaluar la forma en que se imparte justicia; para visibilizar y dar seguimiento a las sentencias discriminatorias o estereotipadas que en algunos casos afectan principalmente a las mujeres, y para detectar también actos de corrupción, nepotismo, amiguismo o pactos para los puestos, señaló la legisladora.

Recordó que los criterios del Congreso de la Unión, con los que se dijo coincidente, es necesario fomentar la rendición de cuentas por parte de las juezas, jueces, magistradas o magistrados, para sujetar su labor pública al escrutinio de la ciudadanía; y que la transparencia judicial es esencial para poder generar indicadores y análisis que permitan evaluar la función jurisdiccional.

Por lo que hace a los Poderes Judiciales, las sentencias son el indicador idóneo para medir el desempeño y cumplimiento de los objetivos y fines institucionales, añadió.

En algunos órganos del Poder Judicial de Veracruz ha prevalecido hasta ahora la práctica voluntaria de publicar todas sus sentencias. Sin embargo, la reforma es necesaria porque la medida ya no será voluntaria, sino obligatoria y por lo tanto será extensiva a todos los órganos jurisdiccionales, comentó.

La diputada Linares Capitanachi es presidenta de la Comisión de Gobernación y vocal de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

La diputada local Elizabeth Cervantes de la Cruz presentó este viernes a la Diputación Permanente la iniciativa de creación de la Ley Citrícola para el Estado de Veracruz, que de ser aprobada implicaría la creación del Instituto Veracruzano de la Citricultura y el Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Citricultura, éste último con recursos presupuestales de porcentaje mínimo garantizado.

En su argumentación, la legisladora recordó que en la industria citrícola de Veracruz participan 40 mil 500 productores cuyo quehacer genera 32 mil empleos directos y 97 mil indirectos, toda vez que la producción estatal de ocho millones de toneladas de limón, naranja, mandarina, tangerina y toronja está valorada en 23 mil millones de pesos.

A pesar de ello, este sector está amenazado por la falta de apoyo institucional producto del desinterés de las últimas administraciones estatales, señaló la también vocal de la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal.

Hablando a nombre de los corredactores de la iniciativa, el diputado Raymundo Andrade Rivera y la diputada Margarita Corro Mendoza –quienes integran junto con ella la citada Comisión-, la representante popular dijo que el propósito de la Ley propuesta, el Instituto y el Fondo contenidos en ella, es normar, fomentar y desarrollar de manera sustentable y orgánica la producción, comercialización y el consumo de los cítricos frescos y de sus subproductos y derivados industrializados.

También, promover la capitalización del sector, el suministro de insumos y la obtención de apoyos financieros para crear cadenas de valor; así como procurar una justa distribución del ingreso citrícola con criterios de competitividad técnica, factibilidad económica, desarrollo social y sustentabilidad.

Además, indicó la diputada Cervantes, incrementar la participación del sector citrícola veracruzano en los mercados nacional y extranjero, al tiempo que se implementen campañas agrícolas y fitosanitarias para el mantenimiento y el mejoramiento de la sanidad vegetal de los cítricos.

La redacción de la Ley es producto, subrayó, de haber escuchado las propuestas de los propios involucrados en la industria gracias a la celebración de foros en el corazón mismo de la zona citrícola veracruzana: los municipios de Álamo Temapache, Chicontepec, Martínez de la Torre y Cuitláhuac; contando con un aforo de más de dos mil personas, entre productores, comerciantes, empresarios de la transformación y demás agentes del sector.

Gracias a este ejercicio de escucha, se identificó la necesidad de contar con un Instituto como organismo descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la SEDARPA, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El Instituto tendría entre sus funciones planificar, diseñar e implementar políticas, estrategias y programas para aumentar la productividad, calidad, competitividad y posicionamiento del producto citrícola veracruzano en el marcado nacional e internacional.

Además, explicó la diputada, promover y ejecutar inversión pública y privada; incentivar el crédito agrícola y la capitalización de las unidades de producción rural; generar, incentivar y difundir innovaciones tecnológicas en materia de modernización de las técnicas del cultivo de los cítricos; y ofrecer asesoría jurídica, comercial, financiera y técnica a los agentes del sector.

Para cumplir estas encomiendas, el Instituto tendría el mandato legal de crear el Padrón Estatal de Productores, Industrializadores, Comercializadores y Exportadores de Cítricos, a fin de concentrar todo tipo de información estadística relacionada con la cadena productiva; y ser una herramienta que coadyuve y facilite la planeación, aplicación y evaluación de las políticas públicas en la materia.

En caso de ser aprobada la nueva Ley, el Instituto, también se ocuparía de elaborar un Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Citricultura, con el gran objetivo de detonar el desarrollo sustentable del sector citrícola veracruzano, con un especial énfasis en aquellas zonas que presentan niveles altos de marginación.

Los recursos para todo lo anterior provendrían del Fondo ya citado, al que proponen brindar una asignación de porcentaje mínimo garantizado por ley dentro del Presupuesto Estatal, a la usanza de lo que ocurre con la Universidad Veracruzana.

Poseemos una tierra fértil, con mujeres y hombres que saben trabajarla y hacerla producir, la citricultura es una actividad económica con la capacidad suficiente de detonar el desarrollo económico y social no sólo de los municipios citrícolas, sino en general de todo el Estado de Veracruz, concluyó la diputada.

Para su análisis y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y de Hacienda del Estado.

La decisión del gobierno federal de duplicar el número de plazas para médicos a través del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) es el primer paso hacia un nuevo sistema de salud en México, reconoció la diputada Andrea Yunes Yunes, Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local.

Dijo que la pandemia puso en evidencia las graves carencias del sistema hospitalario y las precarias condiciones laborales en las que se encuentran miles de médicos en el país, además de la falta de oportunidades para continuar su preparación. “México y Veracruz requieren de más médicos y especialistas para enfrentar la pandemia y otras enfermedades crónicas. La cobertura actual es insuficiente”, aseguró.

Explicó que por primera vez, el próximo año la cantidad de plazas disponibles pasará de 9,480 a 18,229, lo que aumentará la capacidad de especialistas en el país que tanta falta han hecho con la llegada de la pandemia del coronavirus. Destacó también que los médicos que han estado atendiendo a las pacientes de Covid19 puedan recibir una puntuación extra al momento de presentar el examen.

La diputada del Partido Verde recordó que a finales de agosto, tras el anuncio de que se cancelaría el proceso de basificación de médicos en todo el país, solicitó que se continuara con esta tarea y se ampliara el número de plazas que serán concursadas a través del ENARM. Apuntó que el año pasado, el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) concursó 9,480 plazas entre 42,680 aspirantes, por lo que 8 de cada diez médicos que presentan el examen son rechazados.

Andrea Yunes lamentó que México sea el país con más personal de salud que ha fallecido tras contraer Covid-19, con al menos 1,320 decesos confirmados. “La basificación y la ampliación de nuevas plazas también es un reconocimiento a quienes han enfrentado la pandemia todos los días. Debemos estar preparados para los retos que vamos a enfrentar en el futuro; tener más médicos no lo es todo pero sí es un gran avance”.

La propuesta de la Secretaría de Hacienda de aumentar en 9 por ciento el presupuesto en materia de salud –con lo que se podrá duplicar el número de plazas para médicos- deberá ser aprobada dentro del PEF 2021 por la Cámara de Diputados, por lo que confió en que sucederá durante el mes de noviembre.

El Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM presentó una Iniciativa para que las iniciativas de ley o decreto presentadas por las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México ante las Cámaras del Congreso de la Unión sean dictaminadas y discutidas en el Pleno en un plazo máximo de seis meses, debido a que el porcentaje de iniciativas de ese tipo que no son dictaminadas es alto.

Para tal efecto, las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes pusieron a consideración de esta Soberanía la Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo quinto al Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señalan que, durante las últimas cinco legislaturas, es decir, de septiembre de 2006 a la fecha, los congresos de las entidades federativas han presentado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 573 iniciativas de ley o decreto, con la intención de que se diera origen al proceso legislativo para realizar modificaciones a los ordenamientos jurídicos de la competencia exclusiva del Poder Legislativo Federal o, en su caso, del Poder Revisor Constitucional. Sin embargo, del total mencionado, 389 iniciativas no fueron dictaminadas en las Legislaturas LX, LXI, LXII y LXIII y 85, presentadas en la actual LXIV Legislatura, tampoco han sido dictaminadas hasta el momento, para un total de 476 iniciativas, cantidad que representa el 83.07 por ciento del total.

Además, en las relativamente escasas ocasiones en que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados sí han elaborado dictámenes sobre las iniciativas presentadas por los congresos locales en el período de referencia, la inmensa mayoría, el 76.28 por ciento, es en sentido negativo, es decir, se resuelven, por causas diversas, como improcedentes. En las legislaturas LX, LXI, LXII, LXIII y en la actual LXIV se han dictaminado negativamente 74 iniciativas, cifra equivalente apenas al 12.91 por ciento del gran total presentado en el lapso mencionado.

Por cuanto hace a los dictámenes en sentido positivo respecto de las iniciativas presentadas por los poderes legislativos de los estados de la República y por el del antes Distrito Federal y hoy Ciudad de México, advierten las y los proponentes, sólo se han elaborado 23 en las últimas cinco legislaturas, pero en 20 casos se trata de dictámenes

que se corresponden con diversas iniciativas, es decir, que no sólo se refieren a las presentadas por los congresos de las entidades federativas, sino que, generalmente, por abordar temas semejantes, se incluyeron éstas pero sobre la base de proyectos sometidos a la consideración de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo o legisladores federales.

Detallan que, de un total de 573 iniciativas, en sólo tres casos las comisiones de la Cámara Baja del Congreso de la Unión han formulado dictámenes en sentido positivo y que están referidos únicamente a proyectos presentados por las entidades federativas.

En la Cámara de Senadores, sólo en la actual LXIV Legislatura se han presentado 72 iniciativas de ley o decreto por parte de 11 Congresos locales, de las cuales en 69 casos, 95.83 por ciento, aún no han sido dictaminadas. En los restantes tres, dos dictámenes se formularon en sentido negativo y uno en sentido “positivo”, pero sólo para ordenar su archivo, junto con otras iniciativas presentadas para proponer modificaciones a dicho ordenamiento.

Consideran que una norma como la que proponen abonará a reforzar la participación de los congresos locales en el perfeccionamiento del orden jurídico nacional. “Si los órganos depositarios de los poderes legislativos de las entidades federativas procuran acuerdos políticos para aprobar la presentación ante el Congreso de la Unión de sus propuestas de reformas o adiciones al texto constitucional, a las leyes nacionales o únicas, a las generales y a las federales, en correspondencia a ese espíritu democrático y federalista que dio origen a esas iniciativas, se debe establecer la obligatoriedad de su valoración y dictamen”.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura realizó la declaratoria del decreto que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tras conocer el informe de la Secretaría General, mediante el cual la mayoría de los ayuntamientos de la entidad lo aprueban.

Esto, de conformidad en el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado, en materia de reformas constitucionales.

De esta manera se dio a conocer que 199 ayuntamientos avalaron el decreto (27 que enviaron su acta de Cabildo y en 172 se configuró la afirmativa ficta). Además de nueve que la rechazaron y se registró una acta con inconsistencia, por lo cual se determinó como “indefinida”.

De acuerdo al decreto, resultado de la iniciativa presentada el pasado 28 de enero por el Gobernador del Estado, los ingresos que reciban las dependencias centralizadas y entidades paraestatales en concepto de derechos, aprovechamientos y productos, deberán ingresar a la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Se establecen reglas especiales respecto del Presupuesto de Egresos, con la finalidad de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles.

Las finanzas públicas del Estado, deberán estar apegadas a un criterio de racionalidad y de estricta disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel de gasto que se establezca en el presupuesto de egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal, con el propósito de mantener la sostenibilidad del balance presupuestario, atendiendo a las reglas especiales establecidas para ello.

En el caso de órganos, organismos autónomos del Estado, o entes públicos que tengan asignados porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición.

En el mismo sentido, cuando las participaciones federales anuales al Estado se vean afectadas durante el ejercicio fiscal en curso, Sefiplan hará los ajustes en las ministraciones estatales correspondientes a las dependencias centralizadas y entidades

paraestatales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos, en la misma proporción y periodicidad que lo haga la Federación.

Por excepción, ante situaciones financieras extraordinarias o imprevistas de carácter general que disminuyan los ingresos estatales, declaradas y fundamentadas por el Poder Ejecutivo o el Congreso del Estado, previo a la aprobación al presupuesto de egresos, podrá realizar los ajustes necesarios a efecto de cumplir con los principios de balance presupuestario de recursos disponibles.

Tras esta declaratoria, el presidente de la Diputación Permanente, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El diputado José Manuel Pozos Castro presentó una iniciativa de decreto que declara la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, por ende, declarar abrogada la Ley estatal en la Materia.

El documento señala, que toda vez queen los distritos judiciales del Estado, la Ley Nacional de Extinción de Dominio entró en vigor el 10 de agosto de 2019, es necesaria su entrada en vigencia en la entidad para dar cumplimento con los estatutos Federales.

En consecuencia quedaría abrogada la Ley Número 307 de Extinción de Dominio publicada en la Gaceta Oficial del Estado número Extraordinario 476, de fecha 28 de noviembre de 2014; dando continuidad a los procedimientos penales que ya se encuentran en trámite, de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.

En este sentido, en medida en que cada uno de los procesos vigentesestén sustanciados, la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio que se venía aplicando previamente, será cesada.

La iniciativa también señala que a partir de la entrada en vigor de esta ley, dependencias, entidades, Poder Judicial y organismos autónomos relacionados con esta materia, contribuirán con la Legislatura local para armonizar la respectiva con la ley en comento.

“Se deberán incluir en las páginas de Internet, públicas y privadas, y en sus listados de leyes el texto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la leyenda que la Ley Estatal queda abrogada”, finaliza el texto.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada María Candelas Francisco Doce presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz, que tiene como finalidad dar certeza jurídica a los poseedores de predios que, por alguna razón, no han sido regularizados.

En su intervención durante la Tercera Sesión Ordinaria, la legisladora subrayó que actualmente existen miles de terrenos e inmuebles irregulares por causas ajenas a quienes los ocupan o por motivos indirectos, en los que la autoridad no puede hacer más, al encontrar muy poco espacio en el ámbito de la Ley para su regularización.

Indicó que en Veracruz grandes extensiones de tierra, con el paso del tiempo, han sido fraccionados e incorporados a zonas urbanas sin regularizarse, “zonas donde habitan familias que, en su mayoría, no cuentan con recursos para costear un juicio”.

De esta manera, la legisladora plantea adecuar el Código Civil con la finalidad de dar certeza jurídica a los actuales poseedores de estos predios y así puedan mejorar sus condiciones socioeconómicas. “Ser propietario con pleno derecho permite utilizar el bien de que se trate para emprender cualquier iniciativa económica individual o familiar”, refirió.

La Diputada expuso que actualmente, el Código Civil, en su Capítulo del Registro Público de la Propiedad, reglamenta que las informaciones testimoniales de posesión y propiedad deben inscribirse dentro de los documentos y sean provenientes de juicios en jurisdicción voluntaria.

También establece cuándo procede la inscripción provisional de documentos y sus efectos, así como el término perentorio para su cancelación o inscripción definitiva, esto último en estricto sentido; en lo que respecta al capítulo de las informaciones ad perpetuam de posesión, prevé la forma de adquirir la propiedad del bien material de la inscripción, estableciendo un término condicional para la realización de la gestión de dicho procedimiento.

La diputada Candelas Doce manifestó que esta reforma ofrece también seguridad en el derecho de propiedad de los titulares de inmuebles sujetos a regularización, que además es garantía de patrimonio familiar y posibilidad de los titulares de los inmuebles

regularizados, para realizar la transmisión onerosa vía contrato de compraventa o gratuita por contrato de donación y por vía sucesión testamentaria o intestamentaria.

Además, que los titulares de los predios regularizados cuenten con bienes para darlos en garantía en la obtención de créditos otorgados a su favor por parte de la banca o por programas gubernamentales de fomento al campo o empresarial.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó a la Diputación Permanente un anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual se prevé exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus competencias, incorporen en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 los recursos necesarios y suficientes para culminar el proyecto del corredor Interoceánico de la región del Istmo de Tehuantepec.

En su intervención, durante la Tercera Sesión Ordinaria, el legislador del Distrito XXX, Coatzacoalcos II, habló de lo que –consideró- serán grandes beneficios de este proyecto en la zona. “el Corredor está destinado a convertirse en una infraestructura de enorme trascendencia para el desarrollo de la región Sur- Sureste del país, posibilitando la intensificación y diversificación de las actividades económicas en la zona y convirtiéndose en una infraestructura que arrojará beneficios sociales de importancia en los municipios y comunidades istmeños”, agregó.

Previamente, expuso que este proyecto consiste en la conversión de la antigua ruta ferroviaria que comunica actualmente a las ciudades de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca; cuyo fin es que sea una ruta de transportación (de pasajeros y de carga) que contribuya al desarrollo del Istmo de Tehuantepec y a la modernización de esos dos importantes puertos.

Por ende, el diputado Guízar Valladares destacó que este Corredor Interoceánico no debe concebirse como un proyecto solitario, sino como un punto de inicio para otras obras como la remodelación y acondicionamiento de puertos, carreteras y aeropuertos en la zona. “Ofrecerá una mejor conectividad, múltiples ofertas de servicios, una red mundial de medios y, desde luego, un sistema de transporte”, indicó.

Asimismo, subrayó que traerá mejores condiciones de vida para la población, una economía incluyente y sustentable, respecto a la integridad de los pueblos indígenas, así como al medio ambiente, un nuevo modelo de crecimiento económico, nuevas bases de economía social y solidaria, proyectos productivos generadores de empleo e ingresos para la población local, entre otros.

Detalló que dicho proyecto tiene como finalidad otorgar diversos estímulos y beneficios como: crear una cortina de desarrollo en un tramo de 304 kilómetros para frenar la migración de mexicanos hacia el país vecino del norte; empleo con un enfoque de sustentabilidad ambiental y protección de la reserva de la biósfera de los Chimalapas; baja en los precios de los combustibles y reducción en el cobro de impuestos para quedar en tasas de 8 por ciento del IVA y 20 por ciento del ISR.

El legislador dijo que este proyecto pretende beneficiar a un millón 200 mil habitantes ubicados en 76 municipios de Oaxaca y Veracruz, en donde se ubican 788 localidades urbanas, de los cuales 11 mil 884 son hogares indígenas y 104 mil personas que viven en condiciones de alta marginación.

Por último, el diputado confió en que el Gobierno Federal impulse este proyecto, ya que –indicó- coincide con los que actualmente están previstos como la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la base militar de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco; las cuales significan progreso para México.

El anteproyecto fue turnado por la Mesa Directiva a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.

Con el propósito de visibilizar la Violencia en el noviazgo y la Violencia Mediática o Publicitaria, para así actuar en consecuencia y sean implementadas políticas públicas para avanzar hacia la igualdad sustantiva, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presentó la iniciativa de decreto que adiciona las fracciones VIII y IX del artículo 8, así como los artículos 13 Ter, 13 Quater y los capítulos IX y X del título segundo, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Al participar durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) planteó incorporar, como modalidad de violencia contra las mujeres, la violencia en el noviazgo, entendiéndose éste como el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, de manera particular a las adolescentes.

Lo anterior, mediante uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, una relación afectiva, de hecho o una relación sexual.

En tanto, la Violencia Mediática o Publicitaria, refiere que es la que vemos todos los días, que se manifiesta en la prensa escrita, en los portales de internet, en la radio y en la televisión, donde se publican y difunden mensajes e imágenes estereotipadas de las mujeres que, de manera directa o indirecta, promueven su explotación, vinculada a la construcción de símbolos e ideas en los que las mujeres son humilladas, maltratadas, utilizadas como objeto de placer y que reproducen y legitiman relaciones de desigualdad y discriminación.

A través del artículo 13 Ter se prevé establecer que los gobiernos estatal y municipal, así como las autoridades en la materia, en el marco de sus respectivas competencias y de manera concurrente, deben implementar políticas públicas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el noviazgo.

Asimismo, en el artículo 13 Quater se busca señalar que todos los poderes públicos, incluidos los organismos autónomos, deben promover acciones para evitar que los medios de comunicación con cobertura en el Estado, generen y reproduzcan estereotipos de género en sus notas e imágenes.

En su intervención, la diputada Nora Lagunes precisó que la violencia mediática o publicitaria es diferente a la digital, toda vez que ésta última se refiere a la generada en redes sociales y en todas las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S), donde pueden ejercerse figuras como el grooming o sextorsión. Mientras que la mediática es la que reproduce imágenes estereotipadas de las mujeres o hacen apología de la violencia en la prensa, en los anuncios publicitarios y en las noticias, que exhiben el cuerpo de las mujeres como objeto, incluidas aquellas imágenes relacionadas con la comisión de delitos en su contra, como son los feminicidios.

La legisladora indicó que, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el 59 por ciento de las mujeres que tienen pareja han sufrido violencia física, emocional o sexual.

Sostuvo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tres de cada diez adolescentes denuncian que sufren o han sufrido violencia en el noviazgo. Además, que en México el 76 por ciento de las adolescentes, de entre 15 y 17 años, han sufrido violencia psicológica.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero exhortó al Ejecutivo estatal a implementar en la entidad el programa Acompañarte, que promueve la Secretaría de Cultura del gobierno federal o, en su caso, un programa estatal, a fin de apoyar al sector de entretenimiento, oficios y servicios relacionados, perjudicado por la actual contingencia sanitaria.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional presentó a la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo mediante el cual ofrece una alternativa para atender dichas fuentes de empleo.

Consideró que, a diferencia del sector turístico, el cual redujo su actividad 70 por ciento, quienes se dedican a la literatura, teatro, artes escénicas, danza, música y arte sonoro, artes visuales y medios audiovisuales, ingenieros y staff, animadores, DJs y demás oficios y servicios relacionados con éstos enfrentan una disminución de hasta 95 por ciento.

Omar Miranda añadió que este mecanismo ya ha sido implementado en el estado de Michoacán con una bolsa inicial de 10 millones de pesos, por la que se otorga un apoyo de más de seis mil pesos por beneficiado, pero, acotó, debe considerarse que Veracruz duplica la población que existe en Michoacán conforme al último censo.

Finalizó su exposición valorando la intervención estatal para abatir los índices de desocupación y la necesidad de implantar programas de apoyo al empleo, la reactivación económica, la recomposición de la base laboral y la recuperación de la actividad productiva de quienes han perdido su fuente de ingresos a causa de la pandemia.

El Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó a la Diputación Permanente una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del Artículo 184 del Código Penal para el Estado de Veracruz, cuyo propósito es establecer que se configura el delito de violación cuando entre el activo y el pasivo existiese o haya existido, además de un vínculo matrimonial o de concubinato, una relación de pareja o de hecho.

La propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del PRI-PVEM, destaca que así como ya se regula esa tutela en los casos de matrimonio y concubinato ahora se pretende ampliar a quienes no están unidos en ese tipo de relaciones.

Considera como pertinente y necesaria esta modificación para enfatizar, como ya sucede en los casos previstos de violación entre cónyuges o concubinos que, aun cuando existan o hayan existido relaciones afectivas y estables, no debe permitirse la vulneración del derecho a la libertad sexual de ninguna persona ni mucho menos la normalización social de esas conductas, al amparo de que entre el sujeto activo y la víctima haya una relación de pareja.

Asimismo, expone que en la mayoría de las entidades federativas de la República sus leyes punitivas, como ocurre con el Código Penal federal, establecen que el delito de violación puede ser cometido también entre cónyuges o concubinos, sobre la base de que el vínculo entre quienes se encuentren unidos mediante matrimonio o concubinato no justifica atentar contra la libertad sexual y la dignidad personal, como resultaría de practicar a alguien, sin su consentimiento y mediante violencia física o moral, la cópula o alguna conducta equiparable.

El Poder Judicial de la Federación –se lee en la Iniciativa- ha emitido ya diversos criterios jurisprudenciales en el sentido de que, aun cuando se trate de personas unidas en matrimonio o en cualquier otro tipo de relación familiar similar, es válido interpretar que se trata de una violación, si la conducta se comete en contra de la voluntad de la víctima.

Las y los proponentes señalan que en la mayoría de los códigos locales de las entidades del país y en el Código Penal federal esa modalidad del delito de violación sólo es perseguible por querella. En tanto que en Veracruz, como sucede también en Coahuila,

Hidalgo, Sinaloa y Sonora, no se encuentra acotada la procedencia del inicio de la investigación a esa forma de hacer del conocimiento de la autoridad ministerial la comisión del ilícito.

Consideran que es necesaria una disposición como la descrita, a fin de que cualquier persona sabedora del delito lo pudiera denunciar a la autoridad o que ésta pudiera iniciar de oficio las investigaciones al conocer del hecho. Sobre todo porque, en muchos casos, las víctimas no presentan las querellas por diversos factores como haber sufrido amenazas del agente activo, miedo a represalias, ignorancia de su procedencia jurídica, por necesidades económicas o cualquier otra circunstancia que impide, ante la falta de ese requisito de procedibilidad, accionar la potestad punitiva, indica.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,presentó una iniciativa de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que el informe de las acciones municipales emprendidas durante el año de ejercicio constitucional, sean específicas y en concordancia con lo establecido con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) así como en lo concerniente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Asimismo, la iniciativa busca promover un lenguaje incluyente y con perspectiva de género, reconociendo el lugar de las mujeres que tienen la titularidad de un Gobierno Municipal, determinando las adecuaciones precisas en la redacción del artículo en comento, además de sustituir el término “los ciudadanos” por “la ciudadanía”, tal como lo mandata la Carta Magna en el artículo 35.

El legislador señaló que esta propuesta deriva de que se ha detectado que en ocasiones la rendición de cuentas que emiten las autoridades municipales para la población y el Ayuntamiento, no siempre enlazan lo enunciado en el PMD con lo presentado en su informe, generando frecuentemente impresión social “de que son simples lecturas de buenas intenciones y de hechos inalcanzables”, puntualizó.

En el mismo sentido, la propuesta coincide en que dicho acto siga efectuándose en sesión pública y solemne de Cabildo, pero para fortalecer esos principios, se plantea que el contenido íntegro del informe deberá publicarse, a más tardar el día siguiente de su presentación, en los medios de difusión con los que cuente el Ayuntamiento.

“En Veracruz, se viven tiempos de transformación, mismos que exigen servidoras y servidores públicos que se dirijan en la legalidad y que estén comprometidos cabalmente con sus respectivas responsabilidades, por lo que ya no hay cabida para administraciones en las que sus titulares simulaban e improvisaban, y sus actuaciones de ninguna manera mantenían concordancia entre el decir y el hacer”, concluyó.

A la iniciativa se adhirió el grupo legislativo de Morena y fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen y para su para opinión a la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín acompañó
al presidente municipal de Orizaba, Igor Rojí, en la entrega de
útiles escolares para las niñas y niños del municipio montañoso.

Durante dicho evento, el presidente de la Junta de
Coordinación Política en la LXV Legislatura de Veracruz reconoció el esfuerzo
del gobierno municipal por fomentar el desarrollo educativo de los
estudiantes orizabeños.

“Quiero felicitar al presidente municipal, Igor Rojí,
igual a las y los profesores que se encuentran presentes, por su compromiso y
vocación, por continuar educando a nuestros niños y niñas pese a las
dificultades que representa la pandemia de COVID-19”, fueron las palabras que
expresó el legislador, ante las autoridades del Ayuntamiento, así como las y
los docentes que fungieron como testigos de dicho acto.

En lo particular, Gómez Cazarín agradeció la invitación al
evento, ya que es importante que los representantes populares participen
y verifiquen las acciones positivas de cada Ayuntamiento del estado de
Veracruz.

“Con mucho gusto acepté la invitación del alcalde, porque
creo que es una obligación que tenemos como Diputados Locales, el comprobar que
las obras y los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan, como en este
caso, que se beneficiará a niñas y niños del municipio de Orizaba”, concluyó su
participación.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, encabezó la Guardia de Honor que legisladoras, legisladores y autoridades del Poder Legislativo montaron ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, con motivo del CCX aniversario del inicio de la guerra por la independencia nacional.

Después de colocar una ofrenda floral en memoria de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y de incontables hombres y mujeres “que lucharon a su lado y que vinieron después, pero no fueron menos heroicos”, exaltó la grandeza del pueblo mexicano a lo largo de sus dos primeros siglos de existencia.

Al referir esta breve ceremonia celebrada en el Parque Miguel Hidalgo, a la que asistieron la diputada federal Dorheny García Cayetano; el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá; el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín; las legisladoras y legisladores locales Rosalinda Galindo Silva y Erika Ayala Ríos, Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, dijo que “con este acto simbólico, expresamos nuestro respeto y rendimos honores a quienes nos dieron esta gran patria”.

Como cada año, dijo el legislador, “evocamos los obstáculos y desafíos y las amenazas que durante dos siglos nuestro pueblo ha enfrentado con heroísmo, dignidad, valor, solidaridad, patriotismo y entrega. Nuestra generación es legataria de mujeres y hombres inconformes con la injusticia, inquebrantables ante la calamidad, insumisos ante la tiranía y arrojados contra la amenaza”.

En referencia a la actual pandemia que ha significado una prueba histórica para México y el mundo, enfatizó que “a pesar de todo y contra todo, siempre ha prevalecido la poderosa capacidad del pueblo mexicano para imponerse sobre lo adverso. Nada ni nadie ha doblegado este pueblo de mujeres y hombres cuyo pasado hoy nos sirve de inspiración y de brújula”.

Ríos Uribe advirtió que “la historia dirá que el pueblo de México estuvo a la altura del desafío, a la altura de quienes protagonizaron los dos siglos anteriores de los hechos fundamentales de nuestra Nación”, de aquellos que “entendieron que la libertad era solo el primer paso y que la construcción de una patria justa es una tarea inacabada hasta nuestros días”.

Finalmente, recordó que, a lo largo de dos centurias, el pueblo de México ha pasado por invasiones extranjeras, traiciones internas, magnicidios, guerras fratricidas y desastres naturales, entre otras pruebas, sin embargo, “tenemos el deber de seguir adelante, transformando a México y a Veracruz. Las mexicanas y los mexicanos saldremos victoriosos de este trance. ¡Viva México!”.

Al término del acto solemne, las y los legisladores firmaron el Libro de Honor.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, diputado Rubén Ríos Uribe, izó la Bandera Nacional de este Poder Legislativo a media asta, en cumplimiento al Decreto emitido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como signo de solidaridad con el pueblo mexicano ante los lamentables decesos causados por la pandemia generada por el coronavirus Covid-19.

En punto de las 08:00 horas, el legislador participó en este acto, acompañado por el personal de seguridad y administrativo de esta Soberanía, cumpliendo así lo establecido en el citado Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de agosto.

Posteriormente, el diputado invitó a los asistentes a colaborar responsablemente en las acciones emprendidas por los gobiernos estatal y municipales para la contención de la pandemia. Asimismo, convocó a la unidad y al diálogo para establecer mejores mecanismos que permitan disminuir el número de personas contagiadas.

En sesión extraordinaria, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con lo que se establece un marco jurídico acorde con la nueva realidad socioeconómica, transparente y garante de los principios constitucionales y legales a las que deben sujetarse las contribuciones.

El dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 28 de julio por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, refiere que con esta reforma se incorpora el principio de legalidad al que debe circunscribirse toda actuación del sector público y, al mismo tiempo, propicia un escenario para que la administración pública esté en condiciones de favorecer el crecimiento económico de la entidad y el bienestar común.

Respecto a la ampliación de los catálogos para el pago de derechos de diversos servicios que prestan las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, el documento pone de relieve la coincidencia de la Comisión con los nuevos derechos, donde destacan los que regulan las diversas disposiciones locales que, en materia ambiental, buscan prevenir y mitigar el grave deterioro ecológico.

Así también en la incorporación de las actividades de pesca comercial y de fomento en aguas de jurisdicción estatal. Cuestión que -indica- otorga certidumbre jurídica a los contribuyentes al incorporarlos al marco legal aplicable para cada materia.

Expone que, con la adición de la fracción III del apartado A al Artículo 16, dentro de los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), los contadores públicos autorizados que emiten dictámenes de cumplimiento de obligaciones fiscales, que por alguna razón no cumplan con los requisitos o plazos previstos por la Ley y que, en consecuencia, les sea cancelado su registro, contarán con la oportunidad de solicitar su reinscripción al padrón de contador público autorizado, previo cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.

Por otra parte, con la reforma al Artículo 19 fracción IX incisos a), b), c) y d) y la adición de sus incisos e), f) y g), se actualiza el catálogo de los servicios diversos que presta la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), resultando acorde con el amplio marco jurídico vigente que regula sus acciones, las Leyes Estatal de Protección Ambiental, Estatal de

Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático y la de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, lo que hace necesaria su pronta inclusión en el Código en mención.

En tanto, con la reforma a los artículos 20 y 22, en diversas fracciones, se actualizan los servicios y las cuotas de los catálogos de derechos que corresponden a la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Contraloría General del Estado (CGE), respectivamente.

También, se adiciona el Capítulo Décimo Primero y el Artículo 22 Ter, con lo que se incorpora el catálogo de servicios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) para las actividades de pesca comercial y de fomento, entre otras, en aguas de jurisdicción estatal, con la finalidad de que los permisos para quienes se dedican a la pesca y la acuacultura tengan certidumbre jurídica.

Como parte de la reforma, fueron modificados los artículos 24 y 26, relativos a los servicios que presta el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev), con lo cual se otorga mayor certidumbre jurídica respecto de algunos servicios que otorgan estos organismos descentralizados.

Con la reforma y adición del Artículo 28, por los servicios que presta el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (Icatver) se amplía el catálogo de servicios con enfoques de calidad, evaluación y certificación siguiendo los estándares establecidos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Con la adición del Artículo 33 Bis, se incluye el catálogo de servicios prestados por el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem) para dar certidumbre jurídica respecto a sus costos y propiciar la transparencia para la recepción de los mismos a través de la oficina virtual de hacienda.

En el Artículo 33, se incluye al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), lo cual permitirá generar mejores condiciones para fomentar y sustentar una práctica deportiva de pleno acceso a la ciudadanía, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población. También se incorpora, en el Artículo 59 Quáter, a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), con el fin de abonar a la transparencia, rendición de cuentas y en materia anticorrupción.

En cuanto al Artículo 17, y toda vez que aún refería a la extinta Secretaría de Comunicación, se establece el nombre de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Siop), así como los servicios prestados por esta dependencia.

Debido a que las instituciones educativas tecnológicas buscan mejorar la prestación de sus servicios tecnológicos, de innovación técnica, laboratorios, deportivos, de conservación, equipamiento y herramientas, aunado a que los otorgan en diferentes zonas económicas, se actualiza su catálogo que, en más de un caso, disminuye el costo de los pagos de los estudiantes y en otros reconoce la necesidad de proporcionar

productos de calidad y de mejora continua para las comunidades educativas.

Por último y con la derogación de la fracción III del Articulo 61, relativa a la eliminación de la expedición de certificados de sanidad animal, se corrige la legislación estatal, toda vez que esta atribución está reservada para la autoridad federal.

Este Dictamen registró 22 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobaron el dictamen de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y que reforma diversas disposiciones del código de procedimientos administrativos.

El dictamen aprobado con 36 votos a favor, es resultado de la iniciativa presentada ante el Pleno por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, el pasado 30 de enero.

La Comisión Permanente de Hacienda Estatal, determinó como viable la modificación al Código Financiero de Veracruz, respecto al Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje que plantea la reforma del artículo 73 fracción VII, para que deje de formar parte de los impuestos a los que se aplican infracciones con multas cuantificadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), por no presentar oportunamente dictamen de contador público autorizado, toda vez que los contribuyentes de este impuesto no se encuentran obligados a presentar el dictamen referido.

Asimismo, se reforma el artículo 104 fracción III del Código se faculta a las autoridades fiscales estatales para emitir las Reglas de Carácter General a las que deberá sujetarse la elaboración del dictamen que presenten los contadores públicos autorizados y que es esencial para otorgar certeza jurídica a sujetos obligados de dicho impuesto, brindando uniformidad y accesibilidad a la interpretación de la norma fiscal.

En el mismo sentido, se realizó la corrección de los artículos 151 fracción XI y 152 primer párrafo del mismo Código, en relación con los servicios catastrales que presta directamente la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob) y no la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), lo que deriva en dar certeza jurídica a los ciudadanos respecto de los trámites que deban de realizar en materia de catastro.

Además, se aprobó la reforma al artículo 153 apartado B, segundo y último párrafo para establecer que los ingresos que se recauden por la venta de certificados holográficos se destinen al Fondo Ambiental Veracruzano en el porcentaje establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, además en el último párrafo se precisa el nombre del Fondo Forestal Estatal que se encuentra establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

Del mismo modo, las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos estatales, deberán reintegrar a la Secretaría de Finanzas y Planeación dentro de los 10 días hábiles siguientes al 31 de diciembre del ejercicio presupuestal inmediato anterior, los recursos públicos estatales que no hubieran sido devengados.

Lo anterior, en razón que se relaciona con la asignación de los recursos a los entes públicos que no pueden dejar de cumplir con sus objetivos sin rebasar las asignaciones aprobadas en sus respectivos presupuestos anuales, ni utilizarlos para otros fines, salvo que cuenten con autorización correspondiente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

En cuanto a la reforma del artículo 193 tercer párrafo del Código de Procedimientos Administrativos, se avaló el cambió a la referencia a salarios mínimos por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en su tercer párrafo decía equivalente al salario mínimo general vigente elevado al año.

En la reforma precitada se omitió la frase «elevada al año», consecuentemente este párrafo resulta contradictorio con el contenido del mismo, por lo que para su debida aplicación se considera necesario redactarlo en los términos originalmente aprobado para señalar que el monto máximo por gastos de ejecución será el de la UMA elevada al año.

Con estas modificaciones se otorgará certidumbre jurídica a los administrados respecto de los límites de actuación de los servidores públicos; precisar facultades de autoridades fiscales para el fortalecimiento de la Hacienda Pública y favorece la administración de los recursos públicos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

En Veracruz, el Estado de Derecho, las leyes y las instituciones, se ven fortalecidas con
una procuración de justicia que ha sido puesta a prueba, con resultados que marcan
tendencia y avalan la actuación de las autoridades que han procedido con probidad,
responsabilidad, claridad y firmeza, manifestó el presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe.

Al lado del titular del Poder Ejecutivo del estado, gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, magistrada Sofía Martínez Huerta, el legislador estuvo presente durante el
mensaje ofrecido por la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica
Hernández Giadáns, con motivo de su primer año al frente del organismo autónomo.

Ríos Uribe destacó que, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, durante el último año, en la entidad el delito de secuestro ha disminuido 41 por
ciento y las detenciones por orden de aprehensión han aumentado en más de 70 por
ciento, en comparación con 2018 y 2019, y han sido desarticulados 30 grupos delictivos
dedicados al secuestro, entre otros resultados.

En este reconocimiento a la labor realizada por la fiscal Hernández Giadáns y su equipo
de trabajo, el Presidente del Congreso no omitió ponderar el esfuerzo y la coordinación de
la Marina-Armada de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuyo espíritu de
sacrificio y entrega –expresó- ha ido devolviendo a las y los veracruzanos la tranquilidad.

“La procuración de justicia que Veracruz merece y necesita integridad, honorabilidad,
experiencia, conocimiento de la Ley, compromiso, lealtad y un alto sentido del deber, por
lo que, en nombre de la LXV Legislatura, expreso nuestro beneplácito al saber que
contamos con una Fiscal General del Estado que dignamente reúne estas
características”, manifestó el legislador.
Finalizó aseverando que “en Veracruz nadie está por encima de la Ley.

El compromiso
irrenunciable de esta LXV Legislatura es renovar y fortalecer nuestro marco legal, para
asegurar a las y los veracruzanos una vida más digna, en pleno respeto a sus derechos
humanos y en el imperativo de nuestras responsabilidades. En esta ardua labor, la
colaboración entre las instituciones es fundamental, indispensable e igualmente
irrenunciable”.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen de Decreto por el cual se autoriza al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla celebrar un contrato para la realización de una Asociación Público-Privada en la modalidad de concesión para llevar a cabo el Proyecto de Sustitución del Alumbrado Público para la Prevención del Delito en el Municipio de San Andrés Tuxtla, consistente en el cambio de alumbrado público con equipos de iluminación de tecnología LED.

Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 26 y 27 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como con apoyo en lo establecido por la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

De acuerdo con el Decreto, la instalación de la totalidad de los equipos y el mantenimiento por la duración del contrato deberá ser con la persona física y/o moral que resulte ganadora del concurso de licitación y que ofrezca las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, beneficio social y demás circunstancias pertinentes, por un plazo de hasta 15 años, con un monto de inversión pública productiva de hasta 166 millones 20 mil 992 pesos, previo análisis del destino y la capacidad de pago del municipio.

Este dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, refiere que la fuente de pago y/o garantía se constituirá con la afectación de las participaciones que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, de conformidad con lo establecido por el tercer párrafo de la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se autoriza al mismo ayuntamiento la constitución de un contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, como mecanismo de recepción, administración y fuente de pago, respecto de las fuentes y/o garantías de pago que hubiere otorgado el municipio.

En tanto, este Poder Legislativo determina que, al inicio de cada administración municipal durante la vigencia de la Asociación Público Privada, el ayuntamiento en funciones deberá realizar una revisión del contrato y del Fideicomiso de Administración.

Corresponderá al ayuntamiento en turno designar al administrador del Fideicomiso para el período constitucional que comprenda la administración pública municipal.

Este dictamen registró 38 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

En cumplimiento al proceso legislativo, establecido en la Constitución Política local y en la
Ley Orgánica de este Poder, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó las modificaciones al
Decreto número 582, relacionado con reformas a diversas disposiciones en materia de
paridad de género y violencia política en razón de género, resultado de las observaciones
enviadas por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.
En sesión extraordinaria, con 42 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, el
Pleno avaló estas modificaciones al Decreto 582 que reforma, deroga y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de
Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica
de la Fiscalía General y el Código Penal, ordenamientos todos del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Este Decreto fue aprobado por el Pleno de la esta legislatura el pasado 30 de julio y
registró el respaldo de 46 de los 50 diputadas y diputados locales.
Durante la Primera Sesión del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, celebrada este 18 de agosto, se dio entrada a este documento en el cual
el Ejecutivo, con apego a las atribuciones que le confiere el Artículo 36 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y cumpliendo el plazo señalado
remitió a esta Soberanía las observaciones, a fin que sean discutidas y revisadas por este
Poder.

En relación con el contenido de las observaciones planteadas por el Ejecutivo estatal, el
presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, subrayó que, tras haberse
avalado en sesión extraordinaria con 42 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra,
la LXV Legislatura da muestra de su coincidencia con el Gobernador al mejorar este
Decreto, que será de gran beneficio para la sociedad veracruzana, en especial para las
mujeres.
Asimismo, recordó que esta legislatura es la primera en la historia de Veracruz en contar
con una conformación paritaria, 25 mujeres y 25 hombres, lo cual refleja el respeto y
respaldo a las exigencias de la sociedad.

Los cambios avalados por el Pleno están relacionados con los artículos 8, 13 Quater, 13
Quinquies y 21 Bis, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Veracruz, con el propósito de no incurrir en alguna
interpretación que contravenga disposiciones ya vigentes, tales como la Ley de
Austeridad para el Estado, así como hacer prevalecer el principio de paridad de género, lo
cual incluye procedimientos y sanciones.
Asimismo, se mejoró la redacción de algunos términos, con el propósito de no caer en
redundancias, tomando como base que la ley debe contener disposiciones concretas;
además de señalar expresamente el papel de los miembros del Observatorio de la
Participación Política de las Mujeres en Veracruz en cuanto a su participación en este
órgano.

El Presidente del Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, aseveró que esta
LXV Legislatura está comprometida en perfeccionar y fortalecer el marco jurídico estatal
en favor de las y los veracruzanos, en la salvaguarda y protección de sus derechos, en
plena y estrecha colaboración de poderes, a fin de garantizar el irrestricto respeto al
Estado de Derecho.
De esta manera la LXV Legislatura cumple lo establecido en el párrafo cuarto del Artículo
36 de la Carta Magna estatal y el relativo del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.
Conforme al trámite legislativo, el Presidente instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El grupo legislativo mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de
México (PRI-PVEM) presentó una iniciativa para que la cédula profesional sea requisito
indispensable para ocupar las titularidades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP)
y del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado de Veracruz.

Las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los diputados
Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, promovieron ante la Diputación
Permanente una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.
Las y los proponentes plantean esta reforma con el fin de elevar la calidad del servicio
público, mediante su profesionalización, ya que, argumentan, no basta contar con el
grado académico correspondiente, sino que también debe poseerse el documento exigido
en la ley de la materia para poder ejercer profesionalmente.

Refieren que, en las leyes respectivas de dichos órganos autónomos, está establecida la
obligatoriedad de que quien ocupe la titularidad posea, al día de su nombramiento, título
que acredite estudios superiores afines a la naturaleza del cargo encomendado.
La reforma al Artículo 16, fracción III, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, establece que, para su designación, quien presida la CEDH deberá poseer, al
día del nombramiento, título de licenciado en Derecho expedido por autoridad o por
institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de cinco años, con su
respectiva cédula profesional, y contar con estudios de postgrado o con experiencia
profesional en derechos humanos.

De acuerdo con las fracciones V y VI añadidas a ese mismo artículo, el o la titular de la
CEDH no deberá desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal
o municipal en algún partido político, en el año anterior a su designación y no haber sido,
en el año anterior a la designación, secretario o subsecretario de despacho o equivalente
en la administración pública estatal, ni titular de la Fiscalía General del Estado.

En lo que se refiere a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, la reforma al artículo 87, fracciones I, II y III, el Auditor
General deberá no haber sido, durante el año previo al de su nombramiento, titular de
dependencia o entidad del Poder Ejecutivo del Estado, legisladora o legislador federal o
local, magistrada o magistrado, presidenta o presidente municipal, gobernadora o
gobernador del estado, titular o, en su caso, comisionada o comisionado de algún
organismo autónomo, dirigente o titular de la tesorería o de las finanzas o de la
administración de algún partido político, ni haber sido postulada o postulado para cargo
de elección popular.
Deberá poseer, al día del nombramiento, título profesional de cualquiera de las siguientes
licenciaturas: Contaduría Pública, Derecho, Economía, Administración, Administración
Pública, Finanzas, o cualquier otra relacionada con las actividades de fiscalización,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con una antigüedad
mínima de cinco años, y la cédula profesional respectiva.

Al momento de su nombramiento, deberá tener experiencia efectiva de cinco años en
actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público,
auditoría financiera, responsabilidades, política presupuestaria, evaluación del gasto
público, del desempeño y de políticas públicas, administración financiera o manejo de
recursos.
Finalmente, la reforma al artículo 5 de la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas señala dos aspectos: que serán integrantes del Pleno de la
Comisión los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la dependencia responsable
de la comunicación social en la administración pública estatal.

A su vez, al día del nombramiento, el Secretario Ejecutivo de la Comisión deberá poseer
título de licenciatura, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello,
con una antigüedad mínima de cinco años, y la respectiva cédula profesional, así como
contar, de preferencia, con estudios de posgrado.
De acuerdo con el tercero transitorio, en un plazo no mayor a sesenta días naturales,
contado a partir del siguiente al del inicio de vigencia de este decreto, los organismos
autónomos del Estado señalados en el mismo deberán realizar las adecuaciones
reglamentarias correspondientes.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio y, en su caso, dictaminación a la Comisión
Permanente de Justicia Puntos Constitucionales.

Con el propósito de garantizar la estabilidad laboral a algunos servidores públicos del
Poder Judicial, de categoría de Secretario, y así abonar a un mejor desempeño en sus
actividades, la diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó a la Diputación Permanente una
Iniciativa de Decreto que reformaría el Artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La legisladora indicó que el objeto de su propuesta es que las categorías de Secretario de
Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta, Secretario de Sala, Actuarios, Administradores
de Causa Judicial y Auxiliares de Sala no sean considerados personal de confianza,
siendo necesario para ello eliminarlos de dicho precepto legal.
De esta manera, expuso la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), se logrará la estabilidad en el empleo para los citados servidores públicos de
mérito. “No gozan de esta estabilidad al ser considerados dentro de la ley, como
trabajadores de confianza, sin serlo en la realidad, por la naturaleza propia de sus
actividades y responsabilidades”, añade.
Destacó la labor que desempeñan los servidores públicos de estas categorías en todo el
engranaje del sistema judicial.

Al respecto ejemplificó a los Secretarios de Estudio y
Cuenta que son quienes realizan la tramitación de los asuntos que competen a la
actividad jurisdiccional, estudian cualquier planteamiento jurídico -un expediente, una
demanda, un escrito, entre otros- y después de realizar el estudio dan cuenta al titular con
la posible solución de la cuestión que se plantea.
Asimismo, detalla que los denominados secretarios proyectistas se encargan de la
tramitación de los asuntos hasta ponerlos en estado de resolución “pues redactan los
proyectos de sentencia que se pronuncian en los tribunales, desde luego, bajo
supervisión de sus titulares”.

Dijo que el trabajo que realizan estos servidores públicos es complejo y requiere de horas
y días de dedicación, ya que –consideró- la impartición de justicia debe apegarse al
respeto de los derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales de la
mejor manera posible, pues el análisis de un expediente requiere no solo de técnica
jurídica, de experiencia, sino también de conocimientos del más alto nivel y preparación
académica para poder concluirlos.
La legisladora Ortega Ruiz manifestó que las funciones de los citados secretarios y
actuarios no son de confianza, por lo que no debe incluírseles en el Artículo 207.

Al
mismo tiempo, subrayó “tanto legal, doctrinaria y jurisprudencialmente no existe razón
válida para considerarlos como trabajadores de confianza, ya que, atendiendo a la
naturaleza de las funciones que desempeñan, éstas, en ningún momento tienen sustento
jurídico para que se les considere de esa naturaleza”.
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia
y Puntos Constitucionales.

Con la finalidad de abonar a la profesionalización en el servicio público y garantizar que en la designación o nombramiento de personas que ocupen cargos de importante responsabilidad en el ámbito estatal se privilegien los conocimientos y la experiencia profesional, el Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

La propuesta, turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, refiere que, de aprobarse estas reformas, se posibilitará un mejor desempeño de los servidores públicos en el ejercicio de las responsabilidades conferidas, lo cual se reflejará en beneficio de la colectividad.

De acuerdo con la iniciativa presentada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública, además de ser veracruzanas o veracruzanos y contar con título profesional, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, deberán contar la cédula profesional respectiva.

Al contar con su cédula profesional en el ejercicio de sus funciones, las personas designadas titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, magistradas o magistrados del Poder Judicial o titulares de los organismos autónomos del Estado garantizarían a la ciudadanía que no sólo cuentan con el grado académico exigido, sino que también han ejercido legalmente su profesión, lo cual se acredita con el mencionado documento.

Al respecto, la iniciativa refiere que en el Artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre está prevista la obligatoriedad de que quienes sean nombrados Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Director de Obras Públicas o de la Contraloría deberán contar con título profesional legalmente expedido y cédula profesional, afines a la naturaleza del cargo y con una antigüedad mínima de un año al día de su designación.

Expone que, si desde el orden de gobierno municipal se exige contar con cédula profesional para desempeñar determinados cargos públicos, no debería existir oposición lógica a establecer ese mismo requisito para quienes aspiren a ser nombrados titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal o de los organismos constitucionalmente autónomos.

Mismo caso para poder ser juez o jueza o a quienes pretendan obtener los nombramientos de magistrada o magistrado del Poder Judicial del Estado, como ya ocurre en otras entidades federativas.

Por otra parte, se prevé suprimir del Artículo 58 de la Carta Magna, relativo a los requisitos para ser Magistrada o Magistrado, la remisión contenida en su fracción V a los demás que señale la ley, toda vez que, para el caso concreto, los requisitos previstos en las primeras cinco fracciones del artículo citado se corresponden, en lo general con lo dispuesto al efecto por el artículo 95 de la Constitución federal.

Asimismo y para evitar remisiones innecesarias a la legislación secundaria en materia de requisitos para ocupar cargos públicos, proponen derogar el inciso f) de la fracción VI del Artículo 67 constitucional, relativo al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), ya que en dicho inciso se advierte que lo dispuesto en sus fracciones es idéntico a lo plasmado en el texto constitucional relativo.

Por último, en cuanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), proponen establecer la remisión o reenvío, en materia de requisitos para ocupar la presidencia de la primera y los cargos de comisionadas o comisionados y titular de la Secretaría Ejecutiva en la segunda, a lo que al efecto dispongan las leyes en la materia, de tal forma que exista base constitucional para el desarrollo normativo en la legislación secundaria.

La LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidados y Desarrollo Integral
Infantil para el Estado de Veracruz, enviada por el Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García
Jiménez, cuyo objeto es armonizar la normativa estatal vigente con la Ley General y las
demás normas oficiales aplicables en materia de protección civil.

En el mismo sentido, se prevé la instalación del Consejo Estatal de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil como instancia
normativa, de consulta, monitoreo, vigilancia y coordinación en la materia la cual fungirá
como ente rector en el funcionamiento integral de los Centros de Atención Infantil (CAI),
dando vigilancia a las disposiciones previstas.

Asimismo, determina que todos los CAI de los sectores público, privado y mixto, deberán
registrarse ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Veracruz (DIF Estatal), quien será la encargada de llevar el control del Registro Estatal y
las demás disposiciones de la Ley Estatal y su Reglamento.

Con esta propuesta, también se establece la obligatoriedad para que todos los CAI de
Veracruz, implementen un programa interno y específico de protección civil que permita
resguardar la integridad física de las niñas y niños que asisten diariamente a las
guarderías e instancias infantiles de la entidad.

El documento también detalla la forzosa supervisión de las condiciones en las que se
encuentren los inmuebles donde operen los CAI. Asimismo que cuenten con el equipo y
mobiliario idóneo para la prestación del servicio, con rutas de evacuación y señalización
adecuadas, así como la instalación de medidas de prevención relacionadas con ejercicios
de simulacros ante posibles contingencias.

Del mismo modo, se contará con un Programa Interno de Protección Civil, el cual deberá
ser aprobado por la Secretaría de Protección Civil o por las direcciones o área encargada
de la materia a nivel municipal, sometiéndose a evaluación periódica conforme al artículo
84 de la Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado de
Veracruz y demás normatividad en la materia.

La Ley General, publicada el 24 de Octubre de 2011 en el Diario Oficial de la
Federación, determina en uno de sus transitorios el deber de las entidades federativas
de regular el funcionamiento y obligación en todo CAI del país, de acuerdo a la realidad
y exigencias que surjan, dando garantías a las niñas y niños toda vez que se establecen
de manera clara y precisa las condiciones esenciales de protección civil.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la
Familia.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, y sus homólogas Rosalinda Galindo Silva y Margarita Corro Mendoza, así como el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, y personal administrativo de esta Soberanía, participaron en una jornada de chapeo y pinta de guarniciones y señalamientos en las inmediaciones del Palacio Legislativo, como colaboración a las labores de orden, limpieza y embellecimiento que realizan Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Xalapa en las calles de esta ciudad.

La Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social de la LXV Legislatura participó en
una reunión de trabajo interinstitucional que tuvo como propósito avanzar en la
elaboración del Proyecto de Ley para la creación del Centro de Conciliación Laboral y en
la armonización de la legislación local con la reforma federal en la materia.

La presidenta de esta comisión, diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, reconoció el
ánimo de colaboración de los tres poderes del Estado y advirtió que el Centro de
Conciliación Laboral facilitará el flujo de soluciones a los conflictos entre trabajadores,
patrones y demás sujetos del derecho laboral.

En presencia de la secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad de Gobierno
del Estado, Diana Aróstegui Carballo, y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, magistrada Sofía Martínez Huerta,
reconoció la visión del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al enviar a esta Soberanía
una Iniciativa que derivara en la expedición de una ley que regulara la organización y
atribuciones del Centro de Conciliación Laboral y otorgara al Poder Judicial la facultad
para dirimir controversias en la materia.

El pasado 9 de enero, las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la LXV Legislatura presentaron ante el
Pleno el Dictamen de Decreto correspondiente que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz en Materia de
Implementación a Nivel Local de la Reforma Federal al Sistema de Justicia Laboral.

De acuerdo con este Dictamen, aprobado con 41 votos, sin abstenciones ni votos en
contra, el Centro de Conciliación local en materia laboral será un organismo
descentralizado, dotado de autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de
gestión, así como de personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la función
conciliatoria a que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos jurídicos estatales.

También participaron en la reunión de trabajo el presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, Guillermo Benjamín Díaz Martínez; el subsecretario jurídico y de
Asuntos Legislativos de Gobierno del Estado, Diego Castañeda Aburto, así como
representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Secretaría de la
Comisión legislativa mencionada.

El trabajo de colaboración que realizan el Congreso del Estado y el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) tiene como único propósito asegurar el uso
responsable y transparente de los recursos públicos, mediante la aplicación irrestricta e
imparcial de la Ley, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe.

Al asistir, al acto cívico por el 199 aniversario de la firma de los Tratados de
Córdoba, en esta ciudad, el legislador dijo que esta conmemoración “nos recuerda que
México es un país de leyes y que Veracruz ha desempeñado un papel fundamental en la
conformación y la consolidación de las instituciones del Estado mexicano”.

Dijo que, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia y la Secretaría de
Fiscalización, “el Congreso del Estado cumple con la encomienda ciudadana de exigir a
los gobiernos municipales honradez absoluta en el destino de los recursos que son del
pueblo y dar la certeza de que cada peso que el contribuyente aporta redundará en mejor
educación, salud, seguridad e infraestructura”.

Para tal fin –refirió-, la mencionada comisión dictaminadora acordó la implementación de
Revisiones de Gabinete a 44 municipios de la entidad, al considerar que existen pruebas
suficientes para este procedimiento, con el fin de detectar posibles quebrantos, siempre
con apego escrupuloso a la norma, con objetividad y sin sesgo alguno.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez
Cazarín, también presente en el acto conmemorativo, aseveró que el Congreso de
Veracruz se conduce con apego incondicional a la Ley, respetando los mandamientos
judiciales que emanen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como
sucede con los casos de los magistrados que apelaron su separación del cargo.

Aseguró que, en el caso del Presidente Municipal suplente de Actopan, el Congreso se
mantiene a la espera del resolutivo final de la Suprema Corte y al pendiente de la
situación en que se encuentran los municipios de Coetzala y Rafael Delgado, cuya paz y
tranquilidad –dijo- no son negociables.
“Pueden tener la seguridad y la confianza de que donde sea imperativa la actuación del
Congreso ahí se hará valer la Ley, que es nuestro principal instrumento para vivir en
armonía y orden”, aseguró Gómez Cazarín.

“El respeto a la ley y la unidad de esfuerzos desde el servicio son primordiales e
indispensables para ejercer la gobernabilidad”, afirmó el presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, al recibir en sus oficinas al
presidente municipal de Coetzala, Joaquín Fortino Cocotle Damián, a la síndica Josefina
Gallardo Hernández y a la regidora Brenda Flores Apale.

Durante la reunión con los integrantes del Cabildo, el legislador dijo estar convencido de
que “el respeto a los principios que nos rigen en la Constitución Política del Estado y
consecuentemente en la Ley Orgánica del Municipio Libre asegura la gobernabilidad de
un municipio, lo que indudablemente redunda en favor de los habitantes de Coetzala”.

Al referirse a la necesidad de contar con servidores públicos comprometidos que
respalden a las y los veracruzanos, aseguró que confía en que este municipio de la zona
centro de la entidad no es la excepción, sin embargo, señaló, “para que exista legalidad
constitucional a favor de nuestra gente se tiene que dejar atrás las diferencias”.

Las autoridades de Coetzala, a su vez, le expusieron sus puntos de vista, expresaron
parte de su experiencia en el desempeño del mandato constitucional en el nivel local y
coincidieron con el Presidente del Congreso en la disposición de trabajar unidos,
manteniendo el diálogo respetuoso y constante, siempre dentro del marco legal vigente.

Ríos Uribe agradeció la visita de los servidores públicos, a quienes reiteró que las
diferencias se superan con diálogo y que “nuestro trabajo consiste en seguir siendo un
gobierno apegado incondicionalmente a la legalidad, demócrata y cuyas acciones
aseguren el bienestar de las y los veracruzanos”.

El diputado Henri Christophe Gómez Sánchez presentó una Iniciativa con Proyecto de
Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de que entre las atribuciones del Congreso del
Estado se encuentren nombrar y remover, con la aprobación de las dos terceras partes de
las diputadas y diputados presentes, a los secretarios ejecutivos de organismos
autónomos del estado.

De acuerdo con su autor, dicha iniciativa plantea erradicar actos de corrupción e
impunidad, para poner de relieve las atribuciones de los secretarios ejecutivos de los
órganos autónomos y que sean verdaderos garantes del cumplimiento de los programas
presupuestales controlados con austeridad, disciplina, honestidad, transparencia y
rendición de cuentas en los manejos de los recursos administrativo-financieros, y así,
estas figuras ostenten la representación legal de las instituciones y no los titulares de los
entes, facilitando así la transparencia y rendición de cuentas.

Los organismos autónomos citados en la Iniciativa son: Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz (CEDH), Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IVAI), Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV).

El legislador señala en su propuesta que en la mayoría de los organismos autónomos los
secretarios ejecutivos realizan toda clase de actividades, menos sus atribuciones
sustantivas, como ejercer el control de los recursos administrativos y financieros, por lo
que por ley debe respetarse las atribuciones de los secretarios ejecutivos.

Esta Iniciativa, por la que se busca reformar la fracción XLVI y adicionar la fracción XLVII
del artículo 33 y un último párrafo a las fracciones II, III, IV, y VI del artículo 67 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave respecto al nombramiento de los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

Dicho ordenamiento señala que los organismos autónomos del estado deben contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado.

En virtud de esto, las y los proponentes consideran pertinente establecer, como ocurre en la mayoría de las constituciones y leyes locales en materia de acceso a la información, un procedimiento que permita realizar el nombramiento de comisionados del organismo garante de tal derecho, en el supuesto de que en la votación de una propuesta no se obtenga la aprobación de, por lo menos, las dos terceras partes de los diputados presentes, ya que actualmente –advierten- no existe previsión alguna sobre el particular, como sí sucede en otros casos de nombramientos efectuados por este Poder Legislativo, por ejemplo, respecto de la persona que ocupe la titularidad de la Fiscalía General del Estado.

Plantean también que, en los casos en que una persona comisionada del organismo garante no concluya el período para el que fue designada, ya sea por renuncia, fallecimiento, ausencia, remoción, inhabilitación o cualquier otra circunstancia, el Congreso deba designar a la persona que la reemplace, conforme al procedimiento de consulta y selección previsto constitucionalmente, aunque con algunas variantes, respecto de las normas constitucionales vigentes.

Si la falta absoluta de una comisionada o comisionado nombrado para un período de siete años ocurriere en los primeros tres, la persona que cubra la vacante se desempeñará en el cargo sólo por el tiempo restante, en tanto que si dicha falta sucediere en los últimos cuatro años, la persona que la sustituya cubrirá un nuevo período de siete años, lo que igualmente sucedería si la comisionada o comisionado faltante hubiese sido designado

para sustituir a otro; con lo anterior, se garantiza el cumplimiento de la renovación escalonada de los miembros del Instituto, que es una obligación derivada de las disposiciones constitucionales federales y, en particular, de la ley general de la materia.

De aprobarse las reformas propuestas, añaden las y los autores de la propuesta, se evitará dar inicio a un procedimiento de consulta pública, recepción de candidaturas, revisión del cumplimiento de requisitos, entrevistas presenciales, presentación de una propuesta y votación plenaria de la misma para designar a una persona que desempeñaría el cargo por un lapso que podría ser sumamente reducido, incluso de unos cuantos meses, en relación con los siete años de un período, lo que podría generar escaso o nulo interés de la ciudadanía de participar en la mencionada consulta para proponer aspirantes al cargo.

Esta propuesta legislativa, signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, fue tunada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y a la de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

La Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, acordó la implementación de Revisiones de Gabinete a 44 municipios de la entidad, al considerar que existen pruebas suficientes para este procedimiento, con el fin de detectar posibles quebrantos y actuar en consecuencia, conforme lo marca la legislación.

Tras sesionar, vía plataforma digital, la Comisión determinó instaurar, a través de la Secretaría de Fiscalización de este Poder, este procedimiento, establecido en el artículo 50 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los ayuntamientos contemplados para esta diligencia son: Acayucan, Actopan, Agua Dulce, Alto Lucero, Altotonga, Alvarado, Ángel R. Cabada, Atzalan, Banderilla, Boca del Río, Calcahualco, Chalma, Coatzacoalcos, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cosoleacaque, Fortín, Huatusco, Ignacio de la Llave, Ixcatepec y Jalacingo.

Además, Jáltipan, La Antigua, La Perla, Las Choapas, Las Vigas, Martínez de la Torre, Mecayapan, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, Nogales, Papantla, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Rafael, Soteapan, Tecolutla, Tempoal, Tezonapa, Tihuatlán, Tlachichilco y Tuxpan. Así como a las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento de los municipios de Banderilla y Coatzacoalcos.

En entrevista, el legislador Domínguez Vázquez puntualizó que este tema por ningún motivo debe tomarse como de índole política u otra, toda vez que los gobiernos de los municipios a revisar son emanados de diversas fuerzas políticas, a las cuales se les ha detectado diversas inconsistencias que hacen presumir daño al erario.

Por consiguiente, agregó, estas Revisiones de Gabinete sólo buscan cumplir con la ley y verificar el cumplimiento de los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos.

Destacó que la conformación plural de la Comisión de Vigilancia permite el diálogo abierto y abona a la generación de acuerdos que son de gran beneficio para la transparencia y la rendición de cuentas en Veracruz.

La Comisión Permanente de Vigilancia, además del diputado Eric Domínguez, presidente, está integrada por la diputada Mónica Robles Barajas, secretaria, así como por las y los legisladores Enrique Cambranis Torres, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Deisy Juan Antonio, Henri Christophe Gómez Sánchez, Erika Ayala Ríos, Florencia Martínez Rivera, Wenceslao González Martínez, María Esther López Callejas, Bingen Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Magaly Armenta Oliveros, Alexis Sánchez García y Rodrigo García Escalante.

El trabajo de colaboración entre esta LXV Legislatura y los ayuntamientos veracruzanos
se ha visto reflejado en una mayor capacidad de gestión en beneficio de las y los
veracruzanos, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
diputado Rubén Ríos Uribe.

Al recibir en sus oficinas del Palacio Legislativo a la síndica de Sayula de Alemán, Claudia
Quiñones Garrido, con quien dialogó acerca de la regularización de predios en aquel
municipio, a fin de dar certeza jurídica a sus beneficiarios, reconoció el compromiso con la
población, que confía en sus representantes. Posteriormente, se reunió también con el
director de Planeación del municipio de Rafael Delgado, Alejandro López Luna.

Ante estas autoridades, señaló: “Puesto que los gobiernos municipales constituyen la
entidad de mayor acercamiento con la ciudadanía, esta legislatura prioriza la colaboración
con los ayuntamientos. Incluso en este tiempo extraordinario de contingencia estamos
prestos para atender a todas las autoridades que son portadoras de diversas solicitudes
de carácter social.

“En este Congreso actuamos de manera responsable y con disciplina. Atendemos cada
solicitud sin descuidar las medidas sanitarias establecidas por las autoridades
competentes”. Por otro lado, indicó que “actuar siempre dentro de nuestro marco
normativo es una convicción que de manera permanente compartimos con las y los ediles
que acuden a presentarnos algún planteamiento”.

Más tarde, estableció comunicación con el titular del Poder Ejecutivo del estado, el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y con la presidenta del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, magistrada Sofía Martínez Huerta, para
celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030.