El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, diputado Rubén Ríos Uribe, izó la Bandera Nacional de este Poder Legislativo a media asta, en cumplimiento al Decreto emitido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como signo de solidaridad con el pueblo mexicano ante los lamentables decesos causados por la pandemia generada por el coronavirus Covid-19.

En punto de las 08:00 horas, el legislador participó en este acto, acompañado por el personal de seguridad y administrativo de esta Soberanía, cumpliendo así lo establecido en el citado Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de agosto.

Posteriormente, el diputado invitó a los asistentes a colaborar responsablemente en las acciones emprendidas por los gobiernos estatal y municipales para la contención de la pandemia. Asimismo, convocó a la unidad y al diálogo para establecer mejores mecanismos que permitan disminuir el número de personas contagiadas.

En sesión extraordinaria, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con lo que se establece un marco jurídico acorde con la nueva realidad socioeconómica, transparente y garante de los principios constitucionales y legales a las que deben sujetarse las contribuciones.

El dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 28 de julio por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, refiere que con esta reforma se incorpora el principio de legalidad al que debe circunscribirse toda actuación del sector público y, al mismo tiempo, propicia un escenario para que la administración pública esté en condiciones de favorecer el crecimiento económico de la entidad y el bienestar común.

Respecto a la ampliación de los catálogos para el pago de derechos de diversos servicios que prestan las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, el documento pone de relieve la coincidencia de la Comisión con los nuevos derechos, donde destacan los que regulan las diversas disposiciones locales que, en materia ambiental, buscan prevenir y mitigar el grave deterioro ecológico.

Así también en la incorporación de las actividades de pesca comercial y de fomento en aguas de jurisdicción estatal. Cuestión que -indica- otorga certidumbre jurídica a los contribuyentes al incorporarlos al marco legal aplicable para cada materia.

Expone que, con la adición de la fracción III del apartado A al Artículo 16, dentro de los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), los contadores públicos autorizados que emiten dictámenes de cumplimiento de obligaciones fiscales, que por alguna razón no cumplan con los requisitos o plazos previstos por la Ley y que, en consecuencia, les sea cancelado su registro, contarán con la oportunidad de solicitar su reinscripción al padrón de contador público autorizado, previo cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.

Por otra parte, con la reforma al Artículo 19 fracción IX incisos a), b), c) y d) y la adición de sus incisos e), f) y g), se actualiza el catálogo de los servicios diversos que presta la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), resultando acorde con el amplio marco jurídico vigente que regula sus acciones, las Leyes Estatal de Protección Ambiental, Estatal de

Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático y la de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, lo que hace necesaria su pronta inclusión en el Código en mención.

En tanto, con la reforma a los artículos 20 y 22, en diversas fracciones, se actualizan los servicios y las cuotas de los catálogos de derechos que corresponden a la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Contraloría General del Estado (CGE), respectivamente.

También, se adiciona el Capítulo Décimo Primero y el Artículo 22 Ter, con lo que se incorpora el catálogo de servicios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) para las actividades de pesca comercial y de fomento, entre otras, en aguas de jurisdicción estatal, con la finalidad de que los permisos para quienes se dedican a la pesca y la acuacultura tengan certidumbre jurídica.

Como parte de la reforma, fueron modificados los artículos 24 y 26, relativos a los servicios que presta el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev), con lo cual se otorga mayor certidumbre jurídica respecto de algunos servicios que otorgan estos organismos descentralizados.

Con la reforma y adición del Artículo 28, por los servicios que presta el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (Icatver) se amplía el catálogo de servicios con enfoques de calidad, evaluación y certificación siguiendo los estándares establecidos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Con la adición del Artículo 33 Bis, se incluye el catálogo de servicios prestados por el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem) para dar certidumbre jurídica respecto a sus costos y propiciar la transparencia para la recepción de los mismos a través de la oficina virtual de hacienda.

En el Artículo 33, se incluye al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), lo cual permitirá generar mejores condiciones para fomentar y sustentar una práctica deportiva de pleno acceso a la ciudadanía, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población. También se incorpora, en el Artículo 59 Quáter, a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), con el fin de abonar a la transparencia, rendición de cuentas y en materia anticorrupción.

En cuanto al Artículo 17, y toda vez que aún refería a la extinta Secretaría de Comunicación, se establece el nombre de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Siop), así como los servicios prestados por esta dependencia.

Debido a que las instituciones educativas tecnológicas buscan mejorar la prestación de sus servicios tecnológicos, de innovación técnica, laboratorios, deportivos, de conservación, equipamiento y herramientas, aunado a que los otorgan en diferentes zonas económicas, se actualiza su catálogo que, en más de un caso, disminuye el costo de los pagos de los estudiantes y en otros reconoce la necesidad de proporcionar

productos de calidad y de mejora continua para las comunidades educativas.

Por último y con la derogación de la fracción III del Articulo 61, relativa a la eliminación de la expedición de certificados de sanidad animal, se corrige la legislación estatal, toda vez que esta atribución está reservada para la autoridad federal.

Este Dictamen registró 22 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobaron el dictamen de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y que reforma diversas disposiciones del código de procedimientos administrativos.

El dictamen aprobado con 36 votos a favor, es resultado de la iniciativa presentada ante el Pleno por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, el pasado 30 de enero.

La Comisión Permanente de Hacienda Estatal, determinó como viable la modificación al Código Financiero de Veracruz, respecto al Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje que plantea la reforma del artículo 73 fracción VII, para que deje de formar parte de los impuestos a los que se aplican infracciones con multas cuantificadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), por no presentar oportunamente dictamen de contador público autorizado, toda vez que los contribuyentes de este impuesto no se encuentran obligados a presentar el dictamen referido.

Asimismo, se reforma el artículo 104 fracción III del Código se faculta a las autoridades fiscales estatales para emitir las Reglas de Carácter General a las que deberá sujetarse la elaboración del dictamen que presenten los contadores públicos autorizados y que es esencial para otorgar certeza jurídica a sujetos obligados de dicho impuesto, brindando uniformidad y accesibilidad a la interpretación de la norma fiscal.

En el mismo sentido, se realizó la corrección de los artículos 151 fracción XI y 152 primer párrafo del mismo Código, en relación con los servicios catastrales que presta directamente la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno (Segob) y no la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), lo que deriva en dar certeza jurídica a los ciudadanos respecto de los trámites que deban de realizar en materia de catastro.

Además, se aprobó la reforma al artículo 153 apartado B, segundo y último párrafo para establecer que los ingresos que se recauden por la venta de certificados holográficos se destinen al Fondo Ambiental Veracruzano en el porcentaje establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, además en el último párrafo se precisa el nombre del Fondo Forestal Estatal que se encuentra establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

Del mismo modo, las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos estatales, deberán reintegrar a la Secretaría de Finanzas y Planeación dentro de los 10 días hábiles siguientes al 31 de diciembre del ejercicio presupuestal inmediato anterior, los recursos públicos estatales que no hubieran sido devengados.

Lo anterior, en razón que se relaciona con la asignación de los recursos a los entes públicos que no pueden dejar de cumplir con sus objetivos sin rebasar las asignaciones aprobadas en sus respectivos presupuestos anuales, ni utilizarlos para otros fines, salvo que cuenten con autorización correspondiente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

En cuanto a la reforma del artículo 193 tercer párrafo del Código de Procedimientos Administrativos, se avaló el cambió a la referencia a salarios mínimos por el de Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en su tercer párrafo decía equivalente al salario mínimo general vigente elevado al año.

En la reforma precitada se omitió la frase «elevada al año», consecuentemente este párrafo resulta contradictorio con el contenido del mismo, por lo que para su debida aplicación se considera necesario redactarlo en los términos originalmente aprobado para señalar que el monto máximo por gastos de ejecución será el de la UMA elevada al año.

Con estas modificaciones se otorgará certidumbre jurídica a los administrados respecto de los límites de actuación de los servidores públicos; precisar facultades de autoridades fiscales para el fortalecimiento de la Hacienda Pública y favorece la administración de los recursos públicos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

En Veracruz, el Estado de Derecho, las leyes y las instituciones, se ven fortalecidas con
una procuración de justicia que ha sido puesta a prueba, con resultados que marcan
tendencia y avalan la actuación de las autoridades que han procedido con probidad,
responsabilidad, claridad y firmeza, manifestó el presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe.

Al lado del titular del Poder Ejecutivo del estado, gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, magistrada Sofía Martínez Huerta, el legislador estuvo presente durante el
mensaje ofrecido por la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica
Hernández Giadáns, con motivo de su primer año al frente del organismo autónomo.

Ríos Uribe destacó que, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, durante el último año, en la entidad el delito de secuestro ha disminuido 41 por
ciento y las detenciones por orden de aprehensión han aumentado en más de 70 por
ciento, en comparación con 2018 y 2019, y han sido desarticulados 30 grupos delictivos
dedicados al secuestro, entre otros resultados.

En este reconocimiento a la labor realizada por la fiscal Hernández Giadáns y su equipo
de trabajo, el Presidente del Congreso no omitió ponderar el esfuerzo y la coordinación de
la Marina-Armada de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuyo espíritu de
sacrificio y entrega –expresó- ha ido devolviendo a las y los veracruzanos la tranquilidad.

“La procuración de justicia que Veracruz merece y necesita integridad, honorabilidad,
experiencia, conocimiento de la Ley, compromiso, lealtad y un alto sentido del deber, por
lo que, en nombre de la LXV Legislatura, expreso nuestro beneplácito al saber que
contamos con una Fiscal General del Estado que dignamente reúne estas
características”, manifestó el legislador.
Finalizó aseverando que “en Veracruz nadie está por encima de la Ley.

El compromiso
irrenunciable de esta LXV Legislatura es renovar y fortalecer nuestro marco legal, para
asegurar a las y los veracruzanos una vida más digna, en pleno respeto a sus derechos
humanos y en el imperativo de nuestras responsabilidades. En esta ardua labor, la
colaboración entre las instituciones es fundamental, indispensable e igualmente
irrenunciable”.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el Dictamen de Decreto por el cual se autoriza al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla celebrar un contrato para la realización de una Asociación Público-Privada en la modalidad de concesión para llevar a cabo el Proyecto de Sustitución del Alumbrado Público para la Prevención del Delito en el Municipio de San Andrés Tuxtla, consistente en el cambio de alumbrado público con equipos de iluminación de tecnología LED.

Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 26 y 27 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como con apoyo en lo establecido por la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

De acuerdo con el Decreto, la instalación de la totalidad de los equipos y el mantenimiento por la duración del contrato deberá ser con la persona física y/o moral que resulte ganadora del concurso de licitación y que ofrezca las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, beneficio social y demás circunstancias pertinentes, por un plazo de hasta 15 años, con un monto de inversión pública productiva de hasta 166 millones 20 mil 992 pesos, previo análisis del destino y la capacidad de pago del municipio.

Este dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, refiere que la fuente de pago y/o garantía se constituirá con la afectación de las participaciones que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, de conformidad con lo establecido por el tercer párrafo de la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se autoriza al mismo ayuntamiento la constitución de un contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, como mecanismo de recepción, administración y fuente de pago, respecto de las fuentes y/o garantías de pago que hubiere otorgado el municipio.

En tanto, este Poder Legislativo determina que, al inicio de cada administración municipal durante la vigencia de la Asociación Público Privada, el ayuntamiento en funciones deberá realizar una revisión del contrato y del Fideicomiso de Administración.

Corresponderá al ayuntamiento en turno designar al administrador del Fideicomiso para el período constitucional que comprenda la administración pública municipal.

Este dictamen registró 38 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

En cumplimiento al proceso legislativo, establecido en la Constitución Política local y en la
Ley Orgánica de este Poder, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó las modificaciones al
Decreto número 582, relacionado con reformas a diversas disposiciones en materia de
paridad de género y violencia política en razón de género, resultado de las observaciones
enviadas por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.
En sesión extraordinaria, con 42 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, el
Pleno avaló estas modificaciones al Decreto 582 que reforma, deroga y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de
Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica
de la Fiscalía General y el Código Penal, ordenamientos todos del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Este Decreto fue aprobado por el Pleno de la esta legislatura el pasado 30 de julio y
registró el respaldo de 46 de los 50 diputadas y diputados locales.
Durante la Primera Sesión del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, celebrada este 18 de agosto, se dio entrada a este documento en el cual
el Ejecutivo, con apego a las atribuciones que le confiere el Artículo 36 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y cumpliendo el plazo señalado
remitió a esta Soberanía las observaciones, a fin que sean discutidas y revisadas por este
Poder.

En relación con el contenido de las observaciones planteadas por el Ejecutivo estatal, el
presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, subrayó que, tras haberse
avalado en sesión extraordinaria con 42 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra,
la LXV Legislatura da muestra de su coincidencia con el Gobernador al mejorar este
Decreto, que será de gran beneficio para la sociedad veracruzana, en especial para las
mujeres.
Asimismo, recordó que esta legislatura es la primera en la historia de Veracruz en contar
con una conformación paritaria, 25 mujeres y 25 hombres, lo cual refleja el respeto y
respaldo a las exigencias de la sociedad.

Los cambios avalados por el Pleno están relacionados con los artículos 8, 13 Quater, 13
Quinquies y 21 Bis, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Veracruz, con el propósito de no incurrir en alguna
interpretación que contravenga disposiciones ya vigentes, tales como la Ley de
Austeridad para el Estado, así como hacer prevalecer el principio de paridad de género, lo
cual incluye procedimientos y sanciones.
Asimismo, se mejoró la redacción de algunos términos, con el propósito de no caer en
redundancias, tomando como base que la ley debe contener disposiciones concretas;
además de señalar expresamente el papel de los miembros del Observatorio de la
Participación Política de las Mujeres en Veracruz en cuanto a su participación en este
órgano.

El Presidente del Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, aseveró que esta
LXV Legislatura está comprometida en perfeccionar y fortalecer el marco jurídico estatal
en favor de las y los veracruzanos, en la salvaguarda y protección de sus derechos, en
plena y estrecha colaboración de poderes, a fin de garantizar el irrestricto respeto al
Estado de Derecho.
De esta manera la LXV Legislatura cumple lo establecido en el párrafo cuarto del Artículo
36 de la Carta Magna estatal y el relativo del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.
Conforme al trámite legislativo, el Presidente instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El grupo legislativo mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de
México (PRI-PVEM) presentó una iniciativa para que la cédula profesional sea requisito
indispensable para ocupar las titularidades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP)
y del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado de Veracruz.

Las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los diputados
Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, promovieron ante la Diputación
Permanente una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.
Las y los proponentes plantean esta reforma con el fin de elevar la calidad del servicio
público, mediante su profesionalización, ya que, argumentan, no basta contar con el
grado académico correspondiente, sino que también debe poseerse el documento exigido
en la ley de la materia para poder ejercer profesionalmente.

Refieren que, en las leyes respectivas de dichos órganos autónomos, está establecida la
obligatoriedad de que quien ocupe la titularidad posea, al día de su nombramiento, título
que acredite estudios superiores afines a la naturaleza del cargo encomendado.
La reforma al Artículo 16, fracción III, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, establece que, para su designación, quien presida la CEDH deberá poseer, al
día del nombramiento, título de licenciado en Derecho expedido por autoridad o por
institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de cinco años, con su
respectiva cédula profesional, y contar con estudios de postgrado o con experiencia
profesional en derechos humanos.

De acuerdo con las fracciones V y VI añadidas a ese mismo artículo, el o la titular de la
CEDH no deberá desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal
o municipal en algún partido político, en el año anterior a su designación y no haber sido,
en el año anterior a la designación, secretario o subsecretario de despacho o equivalente
en la administración pública estatal, ni titular de la Fiscalía General del Estado.

En lo que se refiere a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, la reforma al artículo 87, fracciones I, II y III, el Auditor
General deberá no haber sido, durante el año previo al de su nombramiento, titular de
dependencia o entidad del Poder Ejecutivo del Estado, legisladora o legislador federal o
local, magistrada o magistrado, presidenta o presidente municipal, gobernadora o
gobernador del estado, titular o, en su caso, comisionada o comisionado de algún
organismo autónomo, dirigente o titular de la tesorería o de las finanzas o de la
administración de algún partido político, ni haber sido postulada o postulado para cargo
de elección popular.
Deberá poseer, al día del nombramiento, título profesional de cualquiera de las siguientes
licenciaturas: Contaduría Pública, Derecho, Economía, Administración, Administración
Pública, Finanzas, o cualquier otra relacionada con las actividades de fiscalización,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con una antigüedad
mínima de cinco años, y la cédula profesional respectiva.

Al momento de su nombramiento, deberá tener experiencia efectiva de cinco años en
actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público,
auditoría financiera, responsabilidades, política presupuestaria, evaluación del gasto
público, del desempeño y de políticas públicas, administración financiera o manejo de
recursos.
Finalmente, la reforma al artículo 5 de la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas señala dos aspectos: que serán integrantes del Pleno de la
Comisión los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la dependencia responsable
de la comunicación social en la administración pública estatal.

A su vez, al día del nombramiento, el Secretario Ejecutivo de la Comisión deberá poseer
título de licenciatura, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello,
con una antigüedad mínima de cinco años, y la respectiva cédula profesional, así como
contar, de preferencia, con estudios de posgrado.
De acuerdo con el tercero transitorio, en un plazo no mayor a sesenta días naturales,
contado a partir del siguiente al del inicio de vigencia de este decreto, los organismos
autónomos del Estado señalados en el mismo deberán realizar las adecuaciones
reglamentarias correspondientes.

Esta Iniciativa fue turnada para su estudio y, en su caso, dictaminación a la Comisión
Permanente de Justicia Puntos Constitucionales.

Con el propósito de garantizar la estabilidad laboral a algunos servidores públicos del
Poder Judicial, de categoría de Secretario, y así abonar a un mejor desempeño en sus
actividades, la diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó a la Diputación Permanente una
Iniciativa de Decreto que reformaría el Artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La legisladora indicó que el objeto de su propuesta es que las categorías de Secretario de
Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta, Secretario de Sala, Actuarios, Administradores
de Causa Judicial y Auxiliares de Sala no sean considerados personal de confianza,
siendo necesario para ello eliminarlos de dicho precepto legal.
De esta manera, expuso la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), se logrará la estabilidad en el empleo para los citados servidores públicos de
mérito. “No gozan de esta estabilidad al ser considerados dentro de la ley, como
trabajadores de confianza, sin serlo en la realidad, por la naturaleza propia de sus
actividades y responsabilidades”, añade.
Destacó la labor que desempeñan los servidores públicos de estas categorías en todo el
engranaje del sistema judicial.

Al respecto ejemplificó a los Secretarios de Estudio y
Cuenta que son quienes realizan la tramitación de los asuntos que competen a la
actividad jurisdiccional, estudian cualquier planteamiento jurídico -un expediente, una
demanda, un escrito, entre otros- y después de realizar el estudio dan cuenta al titular con
la posible solución de la cuestión que se plantea.
Asimismo, detalla que los denominados secretarios proyectistas se encargan de la
tramitación de los asuntos hasta ponerlos en estado de resolución “pues redactan los
proyectos de sentencia que se pronuncian en los tribunales, desde luego, bajo
supervisión de sus titulares”.

Dijo que el trabajo que realizan estos servidores públicos es complejo y requiere de horas
y días de dedicación, ya que –consideró- la impartición de justicia debe apegarse al
respeto de los derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales de la
mejor manera posible, pues el análisis de un expediente requiere no solo de técnica
jurídica, de experiencia, sino también de conocimientos del más alto nivel y preparación
académica para poder concluirlos.
La legisladora Ortega Ruiz manifestó que las funciones de los citados secretarios y
actuarios no son de confianza, por lo que no debe incluírseles en el Artículo 207.

Al
mismo tiempo, subrayó “tanto legal, doctrinaria y jurisprudencialmente no existe razón
válida para considerarlos como trabajadores de confianza, ya que, atendiendo a la
naturaleza de las funciones que desempeñan, éstas, en ningún momento tienen sustento
jurídico para que se les considere de esa naturaleza”.
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia
y Puntos Constitucionales.

Con la finalidad de abonar a la profesionalización en el servicio público y garantizar que en la designación o nombramiento de personas que ocupen cargos de importante responsabilidad en el ámbito estatal se privilegien los conocimientos y la experiencia profesional, el Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

La propuesta, turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, refiere que, de aprobarse estas reformas, se posibilitará un mejor desempeño de los servidores públicos en el ejercicio de las responsabilidades conferidas, lo cual se reflejará en beneficio de la colectividad.

De acuerdo con la iniciativa presentada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública, además de ser veracruzanas o veracruzanos y contar con título profesional, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, deberán contar la cédula profesional respectiva.

Al contar con su cédula profesional en el ejercicio de sus funciones, las personas designadas titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, magistradas o magistrados del Poder Judicial o titulares de los organismos autónomos del Estado garantizarían a la ciudadanía que no sólo cuentan con el grado académico exigido, sino que también han ejercido legalmente su profesión, lo cual se acredita con el mencionado documento.

Al respecto, la iniciativa refiere que en el Artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre está prevista la obligatoriedad de que quienes sean nombrados Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Director de Obras Públicas o de la Contraloría deberán contar con título profesional legalmente expedido y cédula profesional, afines a la naturaleza del cargo y con una antigüedad mínima de un año al día de su designación.

Expone que, si desde el orden de gobierno municipal se exige contar con cédula profesional para desempeñar determinados cargos públicos, no debería existir oposición lógica a establecer ese mismo requisito para quienes aspiren a ser nombrados titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal o de los organismos constitucionalmente autónomos.

Mismo caso para poder ser juez o jueza o a quienes pretendan obtener los nombramientos de magistrada o magistrado del Poder Judicial del Estado, como ya ocurre en otras entidades federativas.

Por otra parte, se prevé suprimir del Artículo 58 de la Carta Magna, relativo a los requisitos para ser Magistrada o Magistrado, la remisión contenida en su fracción V a los demás que señale la ley, toda vez que, para el caso concreto, los requisitos previstos en las primeras cinco fracciones del artículo citado se corresponden, en lo general con lo dispuesto al efecto por el artículo 95 de la Constitución federal.

Asimismo y para evitar remisiones innecesarias a la legislación secundaria en materia de requisitos para ocupar cargos públicos, proponen derogar el inciso f) de la fracción VI del Artículo 67 constitucional, relativo al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), ya que en dicho inciso se advierte que lo dispuesto en sus fracciones es idéntico a lo plasmado en el texto constitucional relativo.

Por último, en cuanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), proponen establecer la remisión o reenvío, en materia de requisitos para ocupar la presidencia de la primera y los cargos de comisionadas o comisionados y titular de la Secretaría Ejecutiva en la segunda, a lo que al efecto dispongan las leyes en la materia, de tal forma que exista base constitucional para el desarrollo normativo en la legislación secundaria.

La LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidados y Desarrollo Integral
Infantil para el Estado de Veracruz, enviada por el Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García
Jiménez, cuyo objeto es armonizar la normativa estatal vigente con la Ley General y las
demás normas oficiales aplicables en materia de protección civil.

En el mismo sentido, se prevé la instalación del Consejo Estatal de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil como instancia
normativa, de consulta, monitoreo, vigilancia y coordinación en la materia la cual fungirá
como ente rector en el funcionamiento integral de los Centros de Atención Infantil (CAI),
dando vigilancia a las disposiciones previstas.

Asimismo, determina que todos los CAI de los sectores público, privado y mixto, deberán
registrarse ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Veracruz (DIF Estatal), quien será la encargada de llevar el control del Registro Estatal y
las demás disposiciones de la Ley Estatal y su Reglamento.

Con esta propuesta, también se establece la obligatoriedad para que todos los CAI de
Veracruz, implementen un programa interno y específico de protección civil que permita
resguardar la integridad física de las niñas y niños que asisten diariamente a las
guarderías e instancias infantiles de la entidad.

El documento también detalla la forzosa supervisión de las condiciones en las que se
encuentren los inmuebles donde operen los CAI. Asimismo que cuenten con el equipo y
mobiliario idóneo para la prestación del servicio, con rutas de evacuación y señalización
adecuadas, así como la instalación de medidas de prevención relacionadas con ejercicios
de simulacros ante posibles contingencias.

Del mismo modo, se contará con un Programa Interno de Protección Civil, el cual deberá
ser aprobado por la Secretaría de Protección Civil o por las direcciones o área encargada
de la materia a nivel municipal, sometiéndose a evaluación periódica conforme al artículo
84 de la Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado de
Veracruz y demás normatividad en la materia.

La Ley General, publicada el 24 de Octubre de 2011 en el Diario Oficial de la
Federación, determina en uno de sus transitorios el deber de las entidades federativas
de regular el funcionamiento y obligación en todo CAI del país, de acuerdo a la realidad
y exigencias que surjan, dando garantías a las niñas y niños toda vez que se establecen
de manera clara y precisa las condiciones esenciales de protección civil.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la
Familia.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, y sus homólogas Rosalinda Galindo Silva y Margarita Corro Mendoza, así como el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, y personal administrativo de esta Soberanía, participaron en una jornada de chapeo y pinta de guarniciones y señalamientos en las inmediaciones del Palacio Legislativo, como colaboración a las labores de orden, limpieza y embellecimiento que realizan Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Xalapa en las calles de esta ciudad.

La Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social de la LXV Legislatura participó en
una reunión de trabajo interinstitucional que tuvo como propósito avanzar en la
elaboración del Proyecto de Ley para la creación del Centro de Conciliación Laboral y en
la armonización de la legislación local con la reforma federal en la materia.

La presidenta de esta comisión, diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, reconoció el
ánimo de colaboración de los tres poderes del Estado y advirtió que el Centro de
Conciliación Laboral facilitará el flujo de soluciones a los conflictos entre trabajadores,
patrones y demás sujetos del derecho laboral.

En presencia de la secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad de Gobierno
del Estado, Diana Aróstegui Carballo, y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, magistrada Sofía Martínez Huerta,
reconoció la visión del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al enviar a esta Soberanía
una Iniciativa que derivara en la expedición de una ley que regulara la organización y
atribuciones del Centro de Conciliación Laboral y otorgara al Poder Judicial la facultad
para dirimir controversias en la materia.

El pasado 9 de enero, las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la LXV Legislatura presentaron ante el
Pleno el Dictamen de Decreto correspondiente que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz en Materia de
Implementación a Nivel Local de la Reforma Federal al Sistema de Justicia Laboral.

De acuerdo con este Dictamen, aprobado con 41 votos, sin abstenciones ni votos en
contra, el Centro de Conciliación local en materia laboral será un organismo
descentralizado, dotado de autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de
gestión, así como de personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la función
conciliatoria a que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos jurídicos estatales.

También participaron en la reunión de trabajo el presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, Guillermo Benjamín Díaz Martínez; el subsecretario jurídico y de
Asuntos Legislativos de Gobierno del Estado, Diego Castañeda Aburto, así como
representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Secretaría de la
Comisión legislativa mencionada.

El trabajo de colaboración que realizan el Congreso del Estado y el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) tiene como único propósito asegurar el uso
responsable y transparente de los recursos públicos, mediante la aplicación irrestricta e
imparcial de la Ley, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe.

Al asistir, al acto cívico por el 199 aniversario de la firma de los Tratados de
Córdoba, en esta ciudad, el legislador dijo que esta conmemoración “nos recuerda que
México es un país de leyes y que Veracruz ha desempeñado un papel fundamental en la
conformación y la consolidación de las instituciones del Estado mexicano”.

Dijo que, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia y la Secretaría de
Fiscalización, “el Congreso del Estado cumple con la encomienda ciudadana de exigir a
los gobiernos municipales honradez absoluta en el destino de los recursos que son del
pueblo y dar la certeza de que cada peso que el contribuyente aporta redundará en mejor
educación, salud, seguridad e infraestructura”.

Para tal fin –refirió-, la mencionada comisión dictaminadora acordó la implementación de
Revisiones de Gabinete a 44 municipios de la entidad, al considerar que existen pruebas
suficientes para este procedimiento, con el fin de detectar posibles quebrantos, siempre
con apego escrupuloso a la norma, con objetividad y sin sesgo alguno.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez
Cazarín, también presente en el acto conmemorativo, aseveró que el Congreso de
Veracruz se conduce con apego incondicional a la Ley, respetando los mandamientos
judiciales que emanen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como
sucede con los casos de los magistrados que apelaron su separación del cargo.

Aseguró que, en el caso del Presidente Municipal suplente de Actopan, el Congreso se
mantiene a la espera del resolutivo final de la Suprema Corte y al pendiente de la
situación en que se encuentran los municipios de Coetzala y Rafael Delgado, cuya paz y
tranquilidad –dijo- no son negociables.
“Pueden tener la seguridad y la confianza de que donde sea imperativa la actuación del
Congreso ahí se hará valer la Ley, que es nuestro principal instrumento para vivir en
armonía y orden”, aseguró Gómez Cazarín.

“El respeto a la ley y la unidad de esfuerzos desde el servicio son primordiales e
indispensables para ejercer la gobernabilidad”, afirmó el presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, al recibir en sus oficinas al
presidente municipal de Coetzala, Joaquín Fortino Cocotle Damián, a la síndica Josefina
Gallardo Hernández y a la regidora Brenda Flores Apale.

Durante la reunión con los integrantes del Cabildo, el legislador dijo estar convencido de
que “el respeto a los principios que nos rigen en la Constitución Política del Estado y
consecuentemente en la Ley Orgánica del Municipio Libre asegura la gobernabilidad de
un municipio, lo que indudablemente redunda en favor de los habitantes de Coetzala”.

Al referirse a la necesidad de contar con servidores públicos comprometidos que
respalden a las y los veracruzanos, aseguró que confía en que este municipio de la zona
centro de la entidad no es la excepción, sin embargo, señaló, “para que exista legalidad
constitucional a favor de nuestra gente se tiene que dejar atrás las diferencias”.

Las autoridades de Coetzala, a su vez, le expusieron sus puntos de vista, expresaron
parte de su experiencia en el desempeño del mandato constitucional en el nivel local y
coincidieron con el Presidente del Congreso en la disposición de trabajar unidos,
manteniendo el diálogo respetuoso y constante, siempre dentro del marco legal vigente.

Ríos Uribe agradeció la visita de los servidores públicos, a quienes reiteró que las
diferencias se superan con diálogo y que “nuestro trabajo consiste en seguir siendo un
gobierno apegado incondicionalmente a la legalidad, demócrata y cuyas acciones
aseguren el bienestar de las y los veracruzanos”.

El diputado Henri Christophe Gómez Sánchez presentó una Iniciativa con Proyecto de
Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de que entre las atribuciones del Congreso del
Estado se encuentren nombrar y remover, con la aprobación de las dos terceras partes de
las diputadas y diputados presentes, a los secretarios ejecutivos de organismos
autónomos del estado.

De acuerdo con su autor, dicha iniciativa plantea erradicar actos de corrupción e
impunidad, para poner de relieve las atribuciones de los secretarios ejecutivos de los
órganos autónomos y que sean verdaderos garantes del cumplimiento de los programas
presupuestales controlados con austeridad, disciplina, honestidad, transparencia y
rendición de cuentas en los manejos de los recursos administrativo-financieros, y así,
estas figuras ostenten la representación legal de las instituciones y no los titulares de los
entes, facilitando así la transparencia y rendición de cuentas.

Los organismos autónomos citados en la Iniciativa son: Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz (CEDH), Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IVAI), Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV).

El legislador señala en su propuesta que en la mayoría de los organismos autónomos los
secretarios ejecutivos realizan toda clase de actividades, menos sus atribuciones
sustantivas, como ejercer el control de los recursos administrativos y financieros, por lo
que por ley debe respetarse las atribuciones de los secretarios ejecutivos.

Esta Iniciativa, por la que se busca reformar la fracción XLVI y adicionar la fracción XLVII
del artículo 33 y un último párrafo a las fracciones II, III, IV, y VI del artículo 67 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave respecto al nombramiento de los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

Dicho ordenamiento señala que los organismos autónomos del estado deben contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado.

En virtud de esto, las y los proponentes consideran pertinente establecer, como ocurre en la mayoría de las constituciones y leyes locales en materia de acceso a la información, un procedimiento que permita realizar el nombramiento de comisionados del organismo garante de tal derecho, en el supuesto de que en la votación de una propuesta no se obtenga la aprobación de, por lo menos, las dos terceras partes de los diputados presentes, ya que actualmente –advierten- no existe previsión alguna sobre el particular, como sí sucede en otros casos de nombramientos efectuados por este Poder Legislativo, por ejemplo, respecto de la persona que ocupe la titularidad de la Fiscalía General del Estado.

Plantean también que, en los casos en que una persona comisionada del organismo garante no concluya el período para el que fue designada, ya sea por renuncia, fallecimiento, ausencia, remoción, inhabilitación o cualquier otra circunstancia, el Congreso deba designar a la persona que la reemplace, conforme al procedimiento de consulta y selección previsto constitucionalmente, aunque con algunas variantes, respecto de las normas constitucionales vigentes.

Si la falta absoluta de una comisionada o comisionado nombrado para un período de siete años ocurriere en los primeros tres, la persona que cubra la vacante se desempeñará en el cargo sólo por el tiempo restante, en tanto que si dicha falta sucediere en los últimos cuatro años, la persona que la sustituya cubrirá un nuevo período de siete años, lo que igualmente sucedería si la comisionada o comisionado faltante hubiese sido designado

para sustituir a otro; con lo anterior, se garantiza el cumplimiento de la renovación escalonada de los miembros del Instituto, que es una obligación derivada de las disposiciones constitucionales federales y, en particular, de la ley general de la materia.

De aprobarse las reformas propuestas, añaden las y los autores de la propuesta, se evitará dar inicio a un procedimiento de consulta pública, recepción de candidaturas, revisión del cumplimiento de requisitos, entrevistas presenciales, presentación de una propuesta y votación plenaria de la misma para designar a una persona que desempeñaría el cargo por un lapso que podría ser sumamente reducido, incluso de unos cuantos meses, en relación con los siete años de un período, lo que podría generar escaso o nulo interés de la ciudadanía de participar en la mencionada consulta para proponer aspirantes al cargo.

Esta propuesta legislativa, signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, fue tunada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y a la de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

La Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, acordó la implementación de Revisiones de Gabinete a 44 municipios de la entidad, al considerar que existen pruebas suficientes para este procedimiento, con el fin de detectar posibles quebrantos y actuar en consecuencia, conforme lo marca la legislación.

Tras sesionar, vía plataforma digital, la Comisión determinó instaurar, a través de la Secretaría de Fiscalización de este Poder, este procedimiento, establecido en el artículo 50 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los ayuntamientos contemplados para esta diligencia son: Acayucan, Actopan, Agua Dulce, Alto Lucero, Altotonga, Alvarado, Ángel R. Cabada, Atzalan, Banderilla, Boca del Río, Calcahualco, Chalma, Coatzacoalcos, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cosoleacaque, Fortín, Huatusco, Ignacio de la Llave, Ixcatepec y Jalacingo.

Además, Jáltipan, La Antigua, La Perla, Las Choapas, Las Vigas, Martínez de la Torre, Mecayapan, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, Nogales, Papantla, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Rafael, Soteapan, Tecolutla, Tempoal, Tezonapa, Tihuatlán, Tlachichilco y Tuxpan. Así como a las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento de los municipios de Banderilla y Coatzacoalcos.

En entrevista, el legislador Domínguez Vázquez puntualizó que este tema por ningún motivo debe tomarse como de índole política u otra, toda vez que los gobiernos de los municipios a revisar son emanados de diversas fuerzas políticas, a las cuales se les ha detectado diversas inconsistencias que hacen presumir daño al erario.

Por consiguiente, agregó, estas Revisiones de Gabinete sólo buscan cumplir con la ley y verificar el cumplimiento de los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos.

Destacó que la conformación plural de la Comisión de Vigilancia permite el diálogo abierto y abona a la generación de acuerdos que son de gran beneficio para la transparencia y la rendición de cuentas en Veracruz.

La Comisión Permanente de Vigilancia, además del diputado Eric Domínguez, presidente, está integrada por la diputada Mónica Robles Barajas, secretaria, así como por las y los legisladores Enrique Cambranis Torres, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Deisy Juan Antonio, Henri Christophe Gómez Sánchez, Erika Ayala Ríos, Florencia Martínez Rivera, Wenceslao González Martínez, María Esther López Callejas, Bingen Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Magaly Armenta Oliveros, Alexis Sánchez García y Rodrigo García Escalante.

El trabajo de colaboración entre esta LXV Legislatura y los ayuntamientos veracruzanos
se ha visto reflejado en una mayor capacidad de gestión en beneficio de las y los
veracruzanos, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
diputado Rubén Ríos Uribe.

Al recibir en sus oficinas del Palacio Legislativo a la síndica de Sayula de Alemán, Claudia
Quiñones Garrido, con quien dialogó acerca de la regularización de predios en aquel
municipio, a fin de dar certeza jurídica a sus beneficiarios, reconoció el compromiso con la
población, que confía en sus representantes. Posteriormente, se reunió también con el
director de Planeación del municipio de Rafael Delgado, Alejandro López Luna.

Ante estas autoridades, señaló: “Puesto que los gobiernos municipales constituyen la
entidad de mayor acercamiento con la ciudadanía, esta legislatura prioriza la colaboración
con los ayuntamientos. Incluso en este tiempo extraordinario de contingencia estamos
prestos para atender a todas las autoridades que son portadoras de diversas solicitudes
de carácter social.

“En este Congreso actuamos de manera responsable y con disciplina. Atendemos cada
solicitud sin descuidar las medidas sanitarias establecidas por las autoridades
competentes”. Por otro lado, indicó que “actuar siempre dentro de nuestro marco
normativo es una convicción que de manera permanente compartimos con las y los ediles
que acuden a presentarnos algún planteamiento”.

Más tarde, estableció comunicación con el titular del Poder Ejecutivo del estado, el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y con la presidenta del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, magistrada Sofía Martínez Huerta, para
celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030.

En la reunión también estuvieron presentes las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno y Jessica Ramírez Cisneros, además de los diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José Magdaleno Rosales Torres.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura del Estado, presidida por el diputado Rubén Ríos Uribe, determinó, por obvia resolución, llamar a la ciudadana María del Carmen Prieto Mortera para que asuma la presidencia municipal de Moloacán, Veracruz, ante el fallecimiento de la presidenta municipal propietaria de ese lugar, Victoria Rasgado Pérez.

En el desahogo de los temas de correspondencia, de la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Receso, y tras el informe de la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, en funciones de secretaria de la Mesa Directiva, el legislador Ríos Uribe puso a votación de la Diputación Permanente este punto, mismo que fue avalado por unanimidad.

En tanto, se remitió a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal, y de Agua Potable y Saneamiento, la documentación del Ayuntamiento de Boca del Río que solicita a este Poder decrete la extinción de la concesión otorgada a la empresa, de nombre comercial Grupo CAB, por las quejas del servicio prestado en el suministro de agua.

Las comisiones legislativas antes citadas también atenderán la petición de los ayuntamientos de Veracruz y Medellín, que piden sea decretada la extinción de la concesión otorgada a la empresa, denominada comercialmente GRUPO MÁS, por las quejas del servicio prestado.

Por otra parte y para efectos de lo señalado en los artículos 36 de la Constitución Política del Estado, y 50 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, este Congreso recibió del gobernador Cuitláhuac García Jiménez el decreto número 582 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y el Código Penal, ordenamientos todos del Estado de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por ende, este decreto fue depositado en la Secretaría General de este Congreso para su posterior discusión en alguna sesión.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura del Estado, presidida por el diputado Rubén Ríos Uribe, determinó, por obvia resolución, llamar a la ciudadana María del Carmen Prieto Mortera para que asuma la presidencia municipal de Moloacán, Veracruz, ante el fallecimiento de la presidenta municipal propietaria de ese lugar, Victoria Rasgado Pérez.

El diputado León David Jiménez Reyes presentó a la Diputación Permanente un
anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta al Ayuntamiento de Coyutla a
realizar las acciones necesarias para la rehabilitación de calles, puentes y drenajes
afectados por las inundaciones provocadas por la Onda Tropical número 25, además de
iniciar una investigación y emitir un informe de las causas que provocaron el
desbordamiento y la consecuente inundación en zonas de este municipio por parte de
algunos arroyos.

En el documento, puesto a consideración de la Asamblea durante la primera sesión
ordinaria, del segundo receso y turnado a la Junta de Coordinación Política, el legislador
plantea exhortar a la Secretaría de Protección Civil (SPC) del estado de Veracruz a emitir
las recomendaciones necesarias para la rehabilitación de la infraestructura afectada por
las inundaciones provocadas por la onda tropical número 25.

Asimismo, prevé solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado realice
una brigada para el levantamiento de censos en la zona afectada por las inundaciones
provocadas por esta onda tropical, para la inclusión de los pobladores en el Padrón Único
de Sujetos de Derecho y ser considerados en los programas sociales emanados de dicha
dependencia.

Asimismo, pide que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) realice un recorrido
por las escuelas de las zonas afectadas por las inundaciones provocadas por la onda
tropical, con la finalidad de verificar la existencia de daños y, en caso de haber, ejecute
las acciones necesarias para su reparación.
En su intervención, el diputado León David Jiménez señaló que puede atestiguarse las
severas dificultades que continúan enfrentando los habitantes, principalmente de
Papantla, quienes “entre la desolación y la nula actuación de sus autoridades
municipales”, exigen pronta respuesta para empezar los trabajos de limpieza y
reconstrucción.

“Pero, además, advertimos que les asiste un legítimo reclamo: el hacer que quienes
hicieron mal las cosas sean sancionados y reparen los daños”, agregó.
En tanto, el Diputado invitó a sus homólogos a sumarse a este exhorto, toda vez que su
finalidad es atender y solucionar una situación que afecta a los habitantes del norte de la
entidad, pero -consideró- a quienes en el sur viven lo mismo a causa del desbordamiento
de diversos ríos.

Por último, dijo que no debe olvidarse que, en México, como en el resto del mundo, se
enfrentan tiempos difíciles por la pandemia. “Por lo que la ciudadanía lucha por curarse,
recuperar su empleo, reabrir su negocio, razón por la que es injusto que en algo que se
pudo haber prevenido, ahora ésta tenga que preocuparse también por arreglar su
vivienda y, en el peor de los casos, encontrar otro espacio para vivir”, concluyó.

La Diputación Permanente turnó a comisión una iniciativa ante el Congreso de la Unión,
autoría de la diputada Deisy Juan Antonio, por la que busca reformar la Ley General de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar el derecho que tienen éstos a
una alimentación saludable, por lo que la obesidad y desnutrición se entenderán como un
problema de salud pública.

Esta propuesta de reforma surgió ante la necesidad de hacer compatible la legislación
mexicana con los instrumentos internacionales y regionales en los que se ha reconocido
el derecho a la alimentación, con el fin de evitar conflictos dentro del sistema jurídico
nacional.
Consecuentemente, las entidades federativas llevarían a cabo en sus legislaciones las
adecuaciones pertinentes, con la finalidad de evitar conflictos, contradicciones, lagunas
normativas e incertidumbre que impediría una adecuada aplicación y cumplimiento de la
ley.

De acuerdo con la propuesta de la integrante del Grupo Legislativo de Morena, se
reformaría el artículo 16 Bis de la citada ley para indicar que niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a una alimentación saludable que asegure su pleno desarrollo físico y
mental, por lo que la desnutrición y la obesidad en estos sectores de la población nacional
se entenderán como un problema de salud pública.

Mediante la reforma al artículo 16 Ter se prevé que, para contribuir en la eliminación de
malnutrición de niñas, niños y adolescentes, se prohíbe la distribución, venta, regalo o
suministro a éstos de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido
calórico en el territorio mexicano; misma acción aplicaría si ocurre en instituciones
educativas, públicas y privadas, de educación básica y media-superior; incluye si esta
acción ocurre a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras.

De acuerdo con la diputada Deisy Juan Antonio, “la urgencia de hacernos socialmente
responsables desde nuestras distintas perspectivas: madres, padres y tutores de familia,
educadores, legisladores, entre otros, para eliminar hábitos nocivos para la salud de
niñas, niños y adolescentes, como el consumo de este tipo de productos altamente
adictivos”.
La iniciativa, presentada durante la Primera Sesión del Segundo Receso de este año, fue
turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y
la Familia.

Integrantes del Grupo Legislativo de Morena presentaron un Anteproyecto con Punto de
Acuerdo, por el cual exhortan a las autoridades competentes a sumarse, en forma
coordinada, a la revisión de la propuesta de Iniciativa de Ley para erradicar el sobrepeso
y la obesidad en niñas, niñas y adolescentes del estado de Veracruz.

En representación de sus homólogos, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno hizo un
llamado al Gobierno del Estado de Veracruz para que, a través de los Consejos Estatales
de Educación y Salud, así como a las organizaciones públicas, privadas y grupos de
estudio, trabajen conjuntamente en la conformación de esta ley por la que se busca
controlar los factores que intervienen en los problemas de sobrepeso y obesidad infantil
en la entidad.

La legisladora refirió, en la exposición de motivos, que, de acuerdo con autoridades de
salud en el nivel federal, las enfermedades crónicas asociadas con la mala alimentación
han sido un factor determinante en el número de fallecimientos por COVID-19, lo que
hace primordial vigilar la salud de las niñas, niños y adolescentes como bien público.

Para llegar a este objetivo, destacó, se deberá partir de la organización interinstitucional,
la alineación de políticas públicas con el gobierno federal, la participación de la sociedad y
la colaboración entre los poderes y órdenes de gobierno, por lo que, mediante esta
Iniciativa de Ley, desde el Congreso del Estado se impulsa el compromiso para fortalecer
mejores condiciones de salud y la construcción de ambientes más saludables.
Según datos de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (Ensanut), en
México, el sobrepeso y la obesidad se presentan en más de 4.1 millones de niñas y niños.

En el estado, los municipios de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Poza Rica
ocupan los primeros lugares.
Finalmente, Ferráez Centeno puntualizó que esta Iniciativa de Ley representa la
integración de ejes y líneas de acción necesarios y significa una propuesta solidaria con
los esfuerzos institucionales y la sociedad en su conjunto para fomentar la prevención,
detección temprana y atención médica oportuna tanto de la enfermedad base como de
sus complicaciones, para propiciar así cambios en el estilo de vida.

El Anteproyecto con Punto de Acuerdo suscrito por las diputadas Ana Miriam Ferráez
Centeno, Cristina Alarcón Gutiérrez y Jessica Ramírez Cisneros y por los diputados
Augusto Nahúm Álvarez Pellico, José Andrés Castellanos Velázquez, José Magdaleno
Rosales Torres y León David Jiménez Reyes fue turnada a la Junta de Coordinación
Política.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez presentó un pronunciamiento en la
conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Día Internacional de
la Juventud, que se celebran los días 9 y 12 de agosto de cada año, respectivamente.

En su discurso, la legisladora destacó la importancia de los pueblos originarios en la
conformación de la identidad México y reconoció la gran labor que realizan en el
fortalecimiento de su derecho a la libre autodeterminación sobre sus usos y costumbres
que recaen sobre el desenvolvimiento de sus instituciones políticas, sociales y culturales.

“Es importante generar una deconstrucción social sobre la visualización que tenemos
acerca de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ejemplo de ello sería observar las
artesanías como producto del ingenio tradicional, como dignas obras de arte de México,
como es el caso de los muralistas y escultores”, puntualizó Martínez Sánchez.

Al señalar que en estas comunidades habitan personas jóvenes de entre 12 y 29 años de
edad, consideró importante visibilizar el papel que las juventudes en el sustento de las
tradiciones del país, por lo que expresó su felicitación a este sector social de México y de
Veracruz.

“Al considerarse la juventud un sector fundamental para el desarrollo de nuestro país, es
importante que el Estado mexicano tome las medidas necesarias para el reconocimiento
efectivo de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, dijo.

Finalmente, la representante del Distrito VII de Martínez de la Torre, refirió que en el Plan
Veracruzano de Desarrollo se procura dar garantía y protección a los derechos de los
Pueblos Originarios, como parte fundamental de la agenda pública del gobierno estatal;
asimismo, abrir espacios de participación para la juventud veracruzana para el libre
desarrollo de la personalidad con base en los principios de respeto e igualdad.

El personal de instituciones públicas y privadas de salud podrá utilizar, sin costo, el
servicio de transporte público de pasajeros en las modalidades de urbano, suburbano y
foráneo, acreditándose mediante una identificación vigente, de acuerdo con la Iniciativa
presentada por el diputado Raymundo Andrade Rivera ante la Diputación Permanente.

Se trata de una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 144 Bis a la
Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dada a
conocer durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional.
La propuesta contempla a médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos y toda persona
que labora en el sector salud.

El legislador refirió que, de acuerdo con cifras del Gobierno
de México, la actual pandemia ha causado la muerte de más de 56 mil personas, cantidad
que “podría ser más alta si no fuera por el profesionalismo, la dedicación y la entrega con
la que diariamente prestan sus servicios en sus puestos de trabajo”.

Desafortunadamente, el personal sanitario, además de sacrificar tiempo familiar, “han sido
víctimas de discriminación, violencia, lesiones, amenazas o agresiones, razón por la que
este Congreso, en mayo pasado, se condujo con absoluta responsabilidad al proponer y
aprobar diversas adiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave, con la finalidad de salvaguardarles y sancionar severamente a
quien pretenda lastimarles. Pero se evidencia que, para continuar reconociéndoles, se
puede hacer más”.

El diputado Raymundo Andrade apeló a la generosidad de las y los transportistas de
Veracruz “para aportar un granito de arena a la enorme contribución de mujeres y
hombres que, sin importar contraer la enfermedad, con el riesgo que implica el transmitirla
a sus familias, ni tampoco los cansancios surgidos de jornadas extenuantes, en el
presente están salvando miles de vidas, pero que en el pasado pudieron haber sido
indispensables para sanarnos o en el futuro, todas y todos podríamos necesitarles”.

Esta iniciativa, fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad,
para su análisis y, en su caso, dictaminación.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó a la Diputación Permanente una
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del
Café Veracruzano, a fin de establecer condiciones que fortalezcan la cadena
agroalimentaria del café, sobre todo, en los sectores que lo requieren con mayor urgencia.

En nombre de los diputados Raymundo Andrade Rivera, Rubén Ríos Uribe, Jorge Moreno
Salinas y Alexis Sánchez García, integrantes de la Comisión Especial para la Atención y
Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café
Veracruzano, la legisladora subrayó que se prevé establecer como objeto de la citada ley
el fomento y promoción del sector cafetalero en la entidad.

Durante su intervención en la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional, expuso que, además de presentar las atribuciones de las
secretarías que participarán activamente en el cumplimiento, desde su marco de
competencia, se anexa a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema), con la
finalidad de promover estrategias amigables con el medio ambiente y que fortalezcan la
sustentabilidad en el sector cafetalero.
Por otra parte, detalló que, para fortalecer la cadena agroalimentaria del café, por primera
vez se tocan temas específicos y relativos al proceso de producción, transformación,
comercialización y promoción del café veracruzano.

“Como un capítulo especial se anexa
el fomento a la producción de pequeña escala, ante una realidad innegable: el 95.4 por
ciento de los productores de café poseen menos de cinco hectáreas”, explicó.
Respecto a este apartado, la diputada Lagunes Jáuregui propone un monitoreo de los
precios en mercados nacionales e internacionales, oportunidades para los cafés de
especialidad de Veracruz y garantizar mayor competitividad para todos los sectores.

Asimismo, se establece una regulación específica para que, en las plantaciones de café
bajo sombra pueda promoverse la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad
con énfasis en los usos tradicionales, la diversificación de cultivos asociados al café y de
prácticas productivas sustentables que permitan el mantenimiento de los servicios
ambientales contemplados en la estrategia para la conservación y el uso sustentable de la
biodiversidad del estado de Veracruz.
La legisladora añadió que, con la pretensión de un nuevo actuar del servicio público,
propone un Consejo Consultivo Tripartito que involucre a los tres sectores de la
economía: público, privado y social, ya que es a partir de este Consejo que se reformula
el actuar del Instituto del Café Veracruzano “en el entendido de que no requerimos
instituciones con marcos acotados de acción, sino establecer estrategias coordinadas
entre las que ya existen y un cumplimiento cabal de sus atribuciones”.

La propuesta incluye que el Padrón de Productores utilice prácticas estadísticas y
geográficas avanzadas y que funcione como una plataforma dinámica hacia el encuentro
entre diferentes actores de la cadena agroalimentaria del café y que permita una nueva
relación entre productores, agroindustriales y comercializadores.
La diputada del Grupo Legislativo del PAN destacó la creación de un precio de referencia
del café en la entidad como un mecanismo de justicia social, así como contemplar un
capítulo sobre la responsabilidad social para visibilizar el trabajo femenino y familiar en la
producción del aromático.

Por último, la legisladora recordó que esta propuesta es el resultado de un arduo trabajo
realizado en conjunto con productores, integrantes de la academia y de diferentes
dependencias relacionadas con el aromático, a quienes agradeció sus opiniones y
aportaciones que –dijo- sirvieron para la elaboración de un documento sólido y que, de
aprobarse en breve, será de gran beneficio para las y los veracruzanos.
La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes
Unidas de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y de Hacienda del Estado.

Con el propósito de combatir los índices de obesidad en niñas, niños y adolescentes, la
legisladora Magaly Armenta Oliveros presentó a la Diputación Permanente una Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reformaría diversas disposiciones a la Ley de Salud del
Estado de Veracruz, cuyo fin es reglamentar el acceso que tiene este sector de la
población al consumo de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico,
conocido también como “comida chatarra”.

Al participar durante la Prima Sesión Ordinaria del Segundo Receso correspondiente al
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la integrante del Grupo Legislativo de Morena
subrayó que su propuesta va encaminada a la implementación de un programa para
prevenir y combatir la obesidad y el sobrepeso en niñas, niños y adolescentes, donde
converjan los esfuerzos y cooperación de instituciones como las secretarías de Salud
(SS) y de Educación, (SEV), así como el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) de los 211 ayuntamientos y del Concejo municipal.

Este programa –explicó- buscaría implementar cambios en la actividad física y en los
deportes que realizan las niñas, niños y adolescentes en centros escolares públicos y
privados y elaborar un censo escolar en cada uno de los planteles del Sistema Educativo
estatal y definir una estrategia de alimentación saludable.
Además, comprenderá acciones como la prevención y el tratamiento de padecimientos
originados por la obesidad y el sobrepeso; contempla la educación sobre los efectos de la
obesidad en la salud, a través de métodos individuales, colectivos o de comunicación
masiva, incluyendo orientación para evitar consumir alimentos con bajo valor nutricional.

Para prevenir, atender y combatir la obesidad y el sobrepeso, en cualquier parte del
territorio estatal, se prohíbe vender o regalar a niñas, niños y adolescentes bebidas
azucaradas y alimentos de alto contenido calórico; lo mismo en instituciones educativas,
públicas o privadas de los niveles básico y medio-superior, así como distribuidores
automáticos o máquinas distribuidas.
Cualquier establecimiento que prepare y venda comida al público deberá incluir en sus
menús, cartas o escaparates las calorías que contiene cada platillo.

El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a las sanciones administrativas como:
apercibimiento, multa de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) vigentes,
clausura parcial del establecimiento o total, en caso de reincidencia.

La SS, en coordinación con los DIF municipales, elaborará una estrategia de alimentación
saludable que resulte aplicable para las niñas, niños y adolescentes tanto en los medios
urbanos como rurales y que incluya diversos tipos de dietas.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa de la diputada Magaly Armenta fue turnada a las
Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Educación y Cultura.

• El Plan Veracruzano de Desarrollo contempla garantías y protección para los Pueblos Originarios, así como abrir espacios de participación para la juventud veracruzana.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez presentó un pronunciamiento en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Día Internacional de la Juventud, que se celebran los días 9 y 12 de agosto de cada año, respectivamente.

En su discurso, la legisladora destacó la importancia de los pueblos originarios en la conformación de la identidad México y reconoció la gran labor que realizan en el fortalecimiento de su derecho a la libre autodeterminación sobre sus usos y costumbres que recaen sobre el desenvolvimiento de sus instituciones políticas, sociales y culturales.

“Es importante generar una deconstrucción social sobre la visualización que tenemos acerca de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ejemplo de ello sería observar las artesanías como producto del ingenio tradicional, como dignas obras de arte de México, como es el caso de los muralistas y escultores”, puntualizó Martínez Sánchez.

Al señalar que en estas comunidades habitan personas jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, consideró importante visibilizar el papel que las juventudes en el sustento de las tradiciones del país, por lo que expresó su felicitación a este sector social de México y de Veracruz.

“Al considerarse la juventud un sector fundamental para el desarrollo de nuestro país, es importante que el Estado mexicano tome las medidas necesarias para el reconocimiento efectivo de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, dijo.

Finalmente, la representante del Distrito VII de Martínez de la Torre, refirió que en el Plan Veracruzano de Desarrollo se procura dar garantía y protección a los derechos de los Pueblos Originarios, como parte fundamental de la agenda pública del gobierno estatal; asimismo, abrir espacios de participación para la juventud veracruzana para el libre desarrollo de la personalidad con base en los principios de respeto e igualdad.

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Para garantizar una adecuada planeación de la promoción turística del estado de Veracruz, a través de la inversión en productos estratégicos y de alta calidad, el diputado Bingen Rementería Molina presentó a la Diputación Permanente una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adicionaría un párrafo al artículo 113 del Código Financiero estatal, para establecer que, con independencia de emergencias económicas, el Gobierno del Estado dará, de recursos propios, el monto presupuestado para este fin.

En su participación, durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Receso, el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que, de esta manera, si la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado detecta una baja en los ingresos provenientes del Impuesto al Hospedaje, deberá reponer las diferencias faltantes con base en las expectativas de recaudación que se estimaron al momento de aprobar el presupuesto anual.

El legislador plantea en su iniciativa dos medidas adicionales con carácter de transitorias. La primera, para que el Gobierno del Estado comience en este 2020 a aportar las diferencias que ha dejado de captar el Fideicomiso del Impuesto al Hospedaje, y la segunda, para garantizar a este Fideicomiso un presupuesto para 2021 igual al proyectado para este año.

Precisó, además, que se trata de medidas oportunas que garantizarían, para lo que resta del año y el siguiente, que la promoción turística no será frenada y que será una actividad ininterrumpida que, además, beneficiará a las familias que viven de ella.

Previamente, refirió que, a pesar de la actual pandemia por Covid-19, el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo ha señalado que “el turismo puede servir de puntal para superar la pandemia”.

Para el actual ejercicio fiscal –añadió-, el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de 50 millones de peso (mdp) para promoción turística, con base en las estimaciones de recaudación que para este año presentó el Poder Ejecutivo en diciembre pasado.

Agregó que las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad han tenido “paralizada” la industria turística y al sector hotelero, cuya falta de ingreso corriente ha impactado en el pago de cuotas mensuales que este sector aporta al gobierno estatal vía el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Turismo.

Dando cumplimiento al artículo 40 de la Constitución Política del Estado, 41 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, y tras
clausurarse los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura
del segundo año de ejercicio constitucional, quedó instalada la Diputación Permanente
que funcionará durante el Segundo Periodo de Receso del Segundo año de Ejercicio
Constitucional.

En sesión Solemne el órgano legislativo quedó integrado por el diputado Rubén Ríos
Uribe y las diputadas Erika Ayala Ríos y Brianda Kristel Hernández Topete como
presidente, vicepresidente y secretaria respectivamente.
Como vocales fungirán las diputadas Adriana Esther Martínez Sánchez, María Esther
López Callejas, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, así como los diputados Henri Christophe
Gómez Sánchez, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, José Andrés Castellanos Velázquez y
Enrique Cambranis Torres.
Asimismo, fueron convocados los legisladores Elizabeth Cervantes de la Cruz, Rosalinda
Galindo Silva, Vicky Virginia Tadeo Ríos, Magaly Armenta Oliveros, Jorge Moreno
Salinas, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Wenceslao González Martínez, Omar
Guillermo Miranda Romero, Bingen Rementaría Molina y Ricardo Arturo Serna Barajas,
en carácter de sustitutos.

Siendo las 17:15 horas fue declarada legalmente instalada la diputación permanente, la
cual tendrá su primera sesión ordinaria el día martes 18 de agosto del año en curso, a las
14 horas en la sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada María de Jesús
Martínez Díaz, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
diversas autoridades a tomar medidas urgentes relacionadas con los servicios y
tratamientos oncológicos destinados a niñas y niños con cáncer.

La legisladora expresó que si bien el Interés Superior del Niño en cualquier situación debe
ser salvaguardado, las autoridades están obligadas a ofrecer alternativas efectivas e
idóneas, para cumplir con el derecho fundamental a la salud.
Aunado a esto, continuó Martínez Díaz, la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19
ha puesto al sistema de salud en México, en una situación extrema toda vez que ha
desplazado los demás padecimientos, entre ellos el cáncer.

Asimismo, puntualizó que al no contar con suficientes medicamentos oncológicos para
suministrar a las niñas y niños, resulta determinante “ya que de detectarse a tiempo y con
el tratamiento completo, la supervivencia de los pequeños suele ser de 80 por ciento, pero
si se interrumpe, por lo menos un día, la tasa se reduce a la mitad”.

La diputada hizo un llamado a las autoridades Federales y Estatales competentes a realizar
una investigación en los hospitales públicos y determinar qué medicamentos oncológicos
faltan, además de garantizar el debido abasto de medicamentos sin interrupción.

En el mismo sentido, solicitó que a través del titular de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, instrumente los procedimientos para agilizar la
comercialización y distribución de dichos medicamentos bajo supervisión y control sanitario.
Finalmente, exhortó a que a través de la titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad
Veracruzana, agilice los procesos de compra de medicamentos para tratamientos
oncológicos y, con ello se garantice el abasto.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presentó un Anteproyecto de Punto de
Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita a la
brevedad al Senado de la República del H. Congreso de la Unión, la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, aprobada por la Conferencia
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, para su ratificación.

En el mismo sentido, solicita a la instancia legislativa que interprete y reserve el artículo 1
de la Convención, a la luz del derecho nacional y bajo la definición del principio pro
persona, en razón de edad, toda vez que la legislación de Veracruz es más protectora al
ejercicio de este derecho.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que la Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes, es el primer tratado internacional centrado en los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, lo que lo
convierte en una normativa obligatoria interna de cumplimiento para los Estados que la
han ratificado.

Asimismo, es en documento orientador para el diseño e implementación de políticas,
programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de derechos, que
puede ser referenciado y aplicado tanto por los gobiernos como por las y los ciudadanos.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes fue suscrita por el
representante de México, estampando a un lado de su firma la leyenda ad referéndum,
que de acuerdo a la normatividad requiere de la ratificación o aprobación por el Senado
de la República.

Sin embargo, Senado de la República ha aprobado 9 Puntos de Acuerdo, entre 2007 y
2019, mediante los cuales ha exhortado a los titulares en turno del Poder Ejecutivo
Federal para que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores remita la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes para ratificación.

Sin embargo, “la Secretaría de Relaciones Exteriores ha argumentado que no ha podido
enviarse al Senado de la República la ratificación de la Convención debido a que hay un
desfase sobre el rango de edades planteadas con lo establecido en el marco jurídico
nacional”.

Ante este panorama, y debido a la respuesta que ha dado la Secretaría, Martínez
Sánchez hizo un llamado al Senado de la República a que, una vez haya sido enviada la
Convención para su ratificación, analice y genere una reserva para que se ponderen los
derechos reconocidos en nuestro marco jurídico nacional.

Durante los trabajos efectuados en la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo
Periodo Ordinario, fue turnado a la Junta de Coordinación Política un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los 212 Ayuntamientos de Veracruz,
así como a los 3 poderes de Gobierno en Veracruz a implementar acciones de
concientización sobre el uso de cubrebocas, con el fin mitigar las infecciones
ocasionadas por el COVID-19.

El documento, autoría del diputado Omar Guillermo Mirando Romero, expone que la
Organización Mundial de la Salud, ha referido que el uso de cubrebocas forma parte
de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la
propagación de determinadas enfermedades respiratorias, causadas por un virus, y
en el caso concreto por el virus SARS-Cov-2 o COVID-19.

Ante este contexto, reconoció que es necesario que el uso de este instrumento de
salud sea obligatorio, tanto para lugares públicos, como para oficinas y comercios,
por lo que las autoridades deben reglamentarlo mediante medidas provisionales
claras e incluyentes.
En el mismo sentido, continúa el documento, se deben de emprender campañas
inmediatas de concientización en medios masivos de comunicación; y otorgar los
cubrebocas de manera gratuita a las personas que conforman grupos vulnerables,
para así poder mitigar la propagación de la enfermedad.

Finalmente, concluye el Anteproyecto, es un hecho que la probabilidad de contagio
disminuye en más de un noventa por ciento por el uso correcto de un cubrebocas,
de modo que, derivado de la presente pandemia, su uso obligatorio debe de ser
adoptado como medida personal y comunitaria.