El trabajador del Congreso del Estado y arquero paralímpico, José de la Cruz Carrillo Flores, obtuvo la medalla de bronce en la competencia internacional de tiro con arco en la Online Archery Cup de las Américas, que reunió a los mejores de este deporte en el continente.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, lo felicitó este jueves y le expresó que “es un orgullo que un compañero de trabajo del Poder Legislativo sea un ejemplo de destreza deportiva, disciplina y carácter para superar una adversidad y lograr una hazaña que lo pone entre los mejores arqueros de América”.

No es el primer triunfo que compartes con nosotros y por ello te reitero que, para tus compañeros del Congreso, como para todo Veracruz, es un enorme aliento saber de tus éxitos y que nos haces parte de ellos, le dijo.

Recordó que el torneo internacional sólo admitía a dos arqueros por país, por lo que la mera inclusión de Carrillo Flores en la justa representó para él haber ganado su lugar compitiendo con los más destacados de México.

Carrillo Flores disputó el bronce con el competidor argentino Pablo Ezequiel Fernández, a quien superó por un marcador de 6-0.

La presidenta del Congreso del Estado, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, participó en la Decimoprimera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz, presidida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En este encuentro, que se llevó a cabo de manera virtual, la legisladora participó en calidad de consejera, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Número 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Las y los participantes dieron seguimiento a diversos acuerdos y, mediante una presentación, conocieron del Reporte Ejecutivo de acciones de Mejora Regulatoria, conforme a los pilares establecidos en el Índice Subnacional de Mejora Regulatoria, por parte del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, entre otros asuntos.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado reformaron la Ley para establecer que el correo electrónico oficial será el canal de comunicación institucional dentro de este Congreso local, atribuyéndole los plenos efectos de validez para ser una herramienta autorizada en la gestión administrativa de las y los servidores públicos de este Poder, optimizando los recursos materiales y, a su vez, disminuyendo el uso de papel impreso y los costos que éste implica.

Lo anterior, al aprobar -con 34 votos- el dictamen de decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior y del Reglamento de los Servicios Administrativos, ambos del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, resultado de la iniciativa presentada el pasado 22 de junio por la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Adriana Paola Linares Capitanachi.

De esta manera, queda establecido que la transferencia de información institucional, entre las y los diputados, y de éstos con los órganos y unidades administrativas podrá llevarse a cabo en forma digital a través de sus respectivas cuentas de correo electrónico oficial, o del sistema de transferencia de datos respectivo, que formen parte de la red institucional del Congreso, en los términos de los Lineamientos emitidos por la Junta de Trabajos Legislativos.

Se considera al correo electrónico oficial como el servicio de mensajería digital, de uso exclusivo y limitado para las actividades oficiales relacionadas con las atribuciones y competencias de las y los diputados; con lo cual se facilita y agiliza el envío de información oficial de manera inmediata, de forma segura y con acuse de recibo electrónico válido.

Asimismo, se incorpora el correo electrónico como medio oficial por el cual el presidente de alguna Comisión pueda convocar, con 48 horas de anticipación, a reunión en la fecha, lugar y hora que para tal efecto fije.

A través del segundo transitorio, se establece que en un plazo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Junta de Trabajos Legislativos deberá emitir los Lineamientos para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente reforma, en los que se especificarán las disposiciones que los servidores públicos del Congreso deberán observar para el uso correcto y adecuado del correo electrónico oficial, o del sistema de transferencia de datos respectivo, así como las

especificaciones técnicas y administrativas necesarias para su funcionalidad, mantenimiento y seguridad.

El texto del dictamen, coincide con lo establecido con la autora de la iniciativa, en relación a que con esta reforma se fortalecerán las medidas de protección y mitigación del virus del Covid-19, ya que coadyuvará a disminuir los traslados dentro del inmueble para la entrega e intercambio de documentación impresa y también evitando la concentración de personas.

Durante la primera sesión ordinaria, del tercer año de ejercicio constitucional, el Pleno de la LXV Legislatura avaló -con 33 votos- remitir ante el Congreso de la Unión la iniciativa presentada por la diputada Florencia Martínez Rivera, para incluir la sustracción de menores, entre los delitos que ameriten prisión preventiva, a través de la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política Federal.

Las integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales coinciden con la autora que el bien jurídico tutelado es el bienestar personal, físico, moral y psicológico del menor de edad, por lo que la retención, sustracción u ocultamiento de menores constituye un comportamiento delictivo que atenta contra el interés superior del menor, vulnerando su derecho a un sano desarrollo integral de la personalidad, vivir en condiciones de bienestar y a la convivencia sana, libre y armoniosa con ambos progenitores.

En el mismo sentido, el ente dictaminador concuerda que los actuales medios establecidos en la Constitución Mexicana no están dando los resultados óptimos para prevenir y solucionar el problema toda vez que, al no estar tipificado como delito en el artículo 19 de la Carta Magna, el familiar que sustrae al menor no forzosamente es privado de su libertad como consecuencia de la conducta delictiva.

Por tal razón, -finaliza el documento- se estima viable que esta Soberanía avale la propuesta legislativa, elevada al Congreso de la Unión, para que este flagelo se incluya en el catálogo de delitos que amerite prisión preventiva oficiosa, garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Para extender la competencia de la misma y con ello atender lo concerniente a temas de la Secretaría de Bienestar y los programas para el desarrollo en el estado de Veracruz, el Pleno avaló el cambio de nombre de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional, por el de Comisión Permanente de Bienestar y Desarrollo Social.

Durante la sesión extraordinaria, la Comisión Permanente de Gobernación puso a consideración del Pleno este dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 28 de mayo por el diputado José Andrés Castellanos Velázquez, con lo que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, en relación a la nomenclatura de la citada Comisión.

El dictamen, que registró 34 votos a favor y tres abstenciones, refiere que los programas para el desarrollo que implementa el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, tienen el objetivo de favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad, brindando apoyos como el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión par el Bienestar de las Personas con Discapacidad, entre otros.

Asimismo, considera que ante estas políticas públicas que favorecen a un gran número de veracruzanos, resulta necesario reformar la denominación de la Comisión Legislativa de Desarrollo Social a fin de tener competencia en ellos y realizar un mejor trabajo en beneficio de la sociedad.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó una Iniciativa de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil del estado, en materia de reconocimiento de hijos, turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

En concordancia con la progresividad de los Derechos Humanos, prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legisladora propone derogar la fracción II del artículo 299 que refiere a un acta especial para hacer constar el acto de reconocimiento de hijos que, eventualmente, se conflictúa con la disposición contenida en el artículo 704, que prevé la emisión de una nueva partida de nacimiento.

Asimismo, reformar el artículo 676, para establecer que los casos de reconocimiento de hijos quedan exceptuados de la anotación marginal que ahí se establece, y reformar el artículo 704 para precisar que, cuando se haga un reconocimiento de hijo o hija, se deberá expedir en lo subsecuente nueva acta de nacimiento con los datos objeto del reconocimiento conservando mismo número de acta y fecha de registro.

La reforma al artículo 706 eliminaría el plazo de quince días para enterar al Registro Civil en caso de que el reconocimiento se haga por cualquier otro medio, permitiendo que el trámite se pueda realizar en cualquier momento, garantizando la validez del acto jurídico. Además de reiterar que la nueva acta debe expedirse según las formalidades establecidas en el artículo 704.

Por último, plantea también reformar el artículo 708, para precisar que los actos registrales de reconocimiento de hija o hijo deben insertarse en el libro respectivo y, una vez asentada la nota marginal, no se publicará constancia del acta anterior.

Durante la primera sesión ordinaria del tercer año de ejercicio constitucional, el diputado León David Jiménez Reyes, presentó una iniciativa que reforma la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que dentro de las atribuciones de la Comisión Municipal de Comunicaciones y Obras Públicas, contemple cuando sea posible, en la denominación de nombres de calles, plazas, jardines y paseos públicos, una traducción del español a la lengua originaria que se hable en el municipio.

En su exposición de motivos, el legislador señaló que el objetivo de la propuesta es fomentar el conocimiento de las lenguas originarias arraigadas en la entidad, al tiempo de otorgar su justa dimensión e importancia generando con ello una inclusión social articulada a un sentimiento de pertenencia y de hermandad.

Además, continuó Jiménez Reyes, de promocionar la cultura y se incentive el turismo reactivando la economía, impulsando la creación y conservación de empleos.

Asimismo, señaló que en Veracruz de acuerdo a datos proporcionados por la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), se registran 12 lenguas con profunda presencia poblacional: Náhuatl, Totonaca, Huasteco, Popoluca, Otomí, Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Tepehua, Zoque, Mixteco y Mixe.

A pesar de los enormes esfuerzos gubernamentales, puntualizó el diputado, “no siempre son conocidas, incluso hasta por quienes habitan el municipio donde se hablan, lo que advierte que se tiene que hacer más al respecto”.

Finalmente, advirtió que siendo el Municipio el primer ente de gobierno, es fundamental realizar la presente propuesta con la intención que habitantes y visitantes, mientras utilizan los espacios mencionados, adquieran conocimientos en torno a la lengua originaria de la zona.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen.

Debido a la importancia que revisten los Centros Históricos de cualquier ciudad, al ser la parte más antigua, que contiene edificaciones y construcciones resultado de un producto social entre pobladores locales y foráneos, el diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una iniciativa que busca reformar y adicionar disposiciones a las Leyes de Patrimonio Cultural; Orgánica del Municipio Libre y a la de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El diputado del Distrito VI, de Papantla, expuso que el interés de esta iniciativa radica en modificar las leyes antes mencionadas para dotar a los Centros Históricos de los municipios el carácter de Patrimonio Cultural en el estado de Veracruz. Esto, debido a que resulta importante reconocer el patrimonio que se crea constantemente, cotidianamente, en los espacios públicos.

De esta manera, se pretende reformar el artículo 28 de la Ley de Patrimonio Cultural para establecer que bajo ninguna circunstancia serán modificados los Centros Históricos de su carácter original, salvo que por algún motivo exista causa que obligue su modificación por cuestiones de fuerza mayor, producto de un desastre natural y que ante tal situación se ponga en riesgo la integridad física y/o vida de la población.

Asimismo, se plantea adicionar la fracción XXX Bis al artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para incorporar como atribuciones del Ayuntamiento el proteger, preservar y mantener la originalidad de los Centros Históricos que albergan las cabeceras municipales.

Además, se reformaría el inciso e) de la fracción I del artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado para señalar que corresponde a los municipios, en el ámbito de sus jurisdicciones, promover inversiones y acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, con base en los programas de desarrollo urbano de orden municipal.

Así también, con la finalidad de conservar sus fachadas originales, se deberá mantener, preservar y resguardar el centro histórico de las ciudades que albergan las cabeceras municipales.

En su intervención en Tribuna, el diputado Domínguez Vázquez recordó que en 2001 la Secretaría de Turismo Federal creó el Programa Pueblos Mágicos, teniendo como principal objetivo proteger y resguardar la riqueza cultural de las ciudades o poblados. “Hasta el día de hoy hay 121 lugares en México que cuentan con esta denominación, de los cuales Veracruz tiene 6 lugares: Coatepec, Coscomatepec, Orizaba, Papantla, Xico y Zozocolco de Hidalgo”.

Destacó que Veracruz cuenta con dos patrimonios culturales de la humanidad, derivado del reconocimiento otorgado por la Unesco, los cuales son la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan y la ciudad prehispánica del Tajín, en Papantla. “Esta última ciudad, además, está inscrita desde el 2009 en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Ceremonia Ritual de los Voladores de Papantla”, precisó.

Tras su lectura en Tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir la iniciativa a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, para su estudio y dictamen.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó la Minuta remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.

En la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, puso a votación de las y los diputados esta Minuta, que registró 44 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra. Con ello se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 135 constitucional federal.

De esta manera, Veracruz respalda esta reforma federal, con lo que se darían facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación con los estados, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de los que México es parte.

En el artículo 4° se establece que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.

Se prevé que el Congreso de la Unión expedirá la Ley General en Materia de Personas Jóvenes, en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente decreto. En tanto, las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos, dentro de los 180 días siguientes a la expedición de la Ley General en materia de Personas Jóvenes.

-Aprueban Minuta de movilidad y seguridad vial-

De igual forma, la LXV Legislatura aprobó, con 40 votos, la Minuta de la Cámara de Diputados que reforma la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122; y se

adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial.

De esta manera se señala, en el artículo 4°, el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Se establece como facultad del Congreso de la Unión el expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, los estados, los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial.

Los municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, los estados y los municipios respectivos, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia.

Se precisa que el Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con los dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley.

La diputada Deysi Juan Antonio manifestó desde la Tribuna su respaldo a la Minuta, al considerar que el derecho humano a la movilidad garantizará a las y los ciudadanos el libre desplazamiento, con la implementación de políticas públicas y programas para el desarrollo de transporte de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Secundó la postura a favor la diputada Ana Miriam Ferraéz Centeno.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, para el fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

En su intervención, la legisladora señaló que esta propuesta pretende fortalecer y consolidar a los SIPINNA para que se visualicen como instancias primordiales de la organización municipal, debidamente instaladas y con los recursos que permitan su óptima operación, tanto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral y de la Procuraduría Municipal de Protección, así como para la ejecución del Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dijo que es necesario establecer una mayor y constante comunicación entre la Secretaría Ejecutiva Estatal con sus homólogas municipales, la cual contribuya al enriquecimiento de acciones de asesoría y capacitación especializada para el personal municipal, robusteciendo sus competencias en el ejercicio de sus funciones.

En el mismo sentido, continuó la representante del distrito V de Poza Rica, se propone el establecimiento de nuevas bases en el diseño y ejecución de los programas municipales de protección integral, actualizando las disposiciones establecidas en la actual Ley, para que las políticas públicas en la materia sean delineadas a partir de diagnósticos sobre el cumplimiento y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, con la participación de los sectores involucrados.

Con ello, la actuación de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección Integral y las Procuradurías Municipales de Protección, podrán desarrollar sus actividades en el marco de la planeación estratégica, siendo evaluados continuamente vinculándose con la política nacional y estatal en la materia.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su capítulo México, en lo referente Agenda para la Infancia y Adolescencia 2019-2024, señala que en el país aún persisten limitaciones en la operación de estas instituciones, puntualizó Linares Capitanachi, “lo que hace pertinente fortalecer y consolidar estas instituciones.”

“No omito señalar que en la confección de la presente iniciativa se contó con la participación y las observaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de otras instancias estatales con competencia en el sector”, finalizó la legisladora.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Derechos de la Niñez y la Familia.

Ante la licencia otorgada por el Pleno a la diputada propietaria del Distrito XXI, de Camerino Z. Mendoza, María Candelas Francisco Doce, la Mesa Directiva, presidida por la legisladora Adriana Paola Linares Capitanachi, tomó la protesta de la Ley a la ciudadana Libni Adaelsi Sánchez Núñez como diputada y así asumió el cargo, sumándose a los trabajos legislativos.

La licencia de la diputada Candelas Doce abarca del periodo comprendido del 30 de octubre de este año al 31 de enero de 2021.

En los asuntos desahogados durante la correspondencia, la diputada presidenta Adriana Paola Linares Capitanachi instruyó turnar a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 13, apartado A, fracción V, inciso A) del Código de Derechos para el Estado, estableciendo una excepción al cobro por la inscripción de un embargo en el Registro Público de la Propiedad, presentada por el ciudadano Omar Nieto Castro.

También, y para efectos del artículo 18 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, la denuncia de juicio político, promovida por el ciudadano José Clemente Zorrilla Rostro, en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial estatal.

Por otra parte, ante la presentación del Segundo Informe de Labores Legislativas del diputado Sergio Hernández Hernández, el Pleno se dio por enterado y la Mesa Directiva instruyó a la Secretaría General enviar a publicarlo en el órgano de difusión de este Congreso.

Con el objeto de mejorar el desempeño que viene realizando la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (Ceapp), en aras de velar por las adecuadas condiciones de las y los periodistas, el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico presentó una iniciativa de decreto que reformaría la fracción V del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su intervención, durante el inicio del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, el legislador subrayó que esta propuesta legislativa es producto de reuniones con respetados periodistas que –a su consideración- se sienten agraviados por el actuar de la Ceapp. “Algunos de ellos han expresado que no se sienten representados y mucho menos respaldados para ejercer su oficio de manera libre, sin censura y sin temor a la represión”.

La propuesta del diputado va encaminada en disminuir a cuatro los comisionados que integren la Ceapp, además del Secretario Ejecutivo. Por otra parte se incluiría al Jefe de la Oficina del Gobernador y el o la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de quien presida la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas del Congreso local, advirtiendo que éstos tendrán participación en las sesiones de la Comisión con voz, pero sin voto.

El también secretario de la Comisión Legislativo de Atención y Protección de Periodistas indicó que los servidores públicos mencionados, con voz, pero sin voto, son los que afrontan y atienden la problemática relacionada con la Ceapp. De esta manera, agregó, son los principales obligados en acatar las instrucciones del órgano autónomo, en beneficio de la profesión del periodismo y de la atención a las y los periodistas.

Expuso que, aunado a lo anterior, la iniciativa prevé la necesidad de la emisión de una convocatoria, la recepción de las solicitudes por parte de los interesados y el método que habría de ocuparse para la designación de los miembros de la Ceapp, con lo que se estaría generando un procedimiento público y transparente, precisó.

El legislador del Distrito XX, de Orizaba, expresó su preocupación por la violencia contra periodistas que, en los últimos meses, ha cobrado víctimas en la entidad. “Lo que ha generado temor entre los profesionales de la comunicación y la condena general por parte de los diversos sectores sociales afines a estos asuntos”.

Por otra parte, recordó que la Ceapp es un órgano autónomo, constituido formalmente el 18 de diciembre de 2012, el cual tiene el mandato constitucional de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como promover las condiciones para el adecuado ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libre expresión de ideas.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Atención y Protección de Periodistas.

En apoyo a la economía de las personas adultas mayores de 65 años, de jubilados y/o pensionados, el diputado Ricardo Arturo Serna Barajas presentó ante el Pleno una iniciativa que prevé otorgar, a este sector de la población, un subsidio del 50 por ciento en el pago de derechos por la expedición de las diversas licencias para conducir unidades automotoras.

En la iniciativa, presentada durante la primera sesión ordinaria, del tercer año de labores, se plantea adicionar un segundo párrafo al apartado D, del artículo 15 del Código de Derechos estatal, para señalar que el citado subsidio será para la expedición de licencias de chofer tipo B, C y D, respectivamente.

De esta manera serían beneficiados quienes soliciten las licencias antes señaladas que son para conducir toda clase de vehículos de motor de servicios públicos de carga y particular, de automóviles y motocicletas particulares, así como para conducir vehículos de dos o más ruedas.

En su intervención en Tribuna, el diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que acorde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), México, al igual que otros países, está inmerso en el proceso de envejecimiento de su población. “Según proyecciones del Consejo Nacional de Población existen más de 15 millones de personas mayores de 60 años, con una esperanza de vida al nacer en promedio de 75 años; 78 años para mujeres y 73 años para hombres”.

Manifestó que las personas jubiladas, pensionadas y adultas mayores de 65 años han contribuido a generar la riqueza con la que hoy cuenta el Estado de Veracruz. “Sin embargo, muchas veces, al encontrarse fuera de las actividades laborales, que se acentúan con la pandemia que vivimos, sufren dificultades económicas para poder cubrir el pago de impuestos o de derechos por los distintos servicios que requieren, entre ellos, el pago de derechos para obtener la licencia de conducir”, añadió.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Transporte, Tránsito y Vialidad.

De conformidad con las facultades que le otorga la Ley en la aplicación de los recursos públicos y como coadyuvante de la Comisión Permanente de Vigilancia y de los órganos de control de esta Soberanía, la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado realiza un trabajo ético, profesional, transparente y apegado a lo que marca la legislación vigente, afirmó su titular, Everardo Domínguez Landa.

Este martes, el servidor público encabezó una reunión de trabajo con los titulares de las jefaturas de Registro de Deuda Pública y Programas Institucionales, María del Carmen Morales Ramos; de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Juan Carlos Patiño Pérez, y de Auditoria y Análisis de Cuenta Pública, Yuriana Ríos Romero, en la que revisaron los procedimientos y técnicas para obtener una seguridad razonable en los estados financieros, anexos y demás información relativa a la glosa.

Domínguez Landa dijo que la calidad y exigencia que se mantienen en esta tarea son resultado de las revisiones instruidas por la Comisión Permanente de Vigilancia y a solicitud de ciudadanos, legisladores y funcionarios públicos sobre auditorías e intervenciones a los municipios.

Aseveró que la Secretaría a su cargo desarrolla un proceso sistemático en el que, de manera objetiva, se obtiene y evalúa la evidencia para determinar que la información financiera o las condiciones reales estén de acuerdo con la normatividad establecida y el sistema nacional de fiscalización.

Everardo Domínguez acotó que, en el caso de algunos entes donde la custodia de fondos y valores no cuenta con la confianza necesaria, recomendará la intervención de la tesorería municipal.

El Congreso del Estado recibió la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por la que se establece en términos medibles y cuantificables, la distribución entre los municipios de los ingresos derivados por los contribuyentes, en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Durante la Octava Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Diputación Permanente se dio por enterada de la iniciativa que propone que dicha distribución sea realizada de la misma forma como actualmente lo prevé el Fondo General de Participaciones Municipales y el Fondo de Fomento Municipal, siendo por el orden del 50 por ciento con base en el índice municipal de pobreza y el otro 50 por ciento con sustento en el coeficiente de participación municipal.

De acuerdo al decreto publicado el 19 diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), referente a las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial sobre producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, se estableció que las entidades federativas incorporadas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se enajenen bienes inmuebles en territorio estatal, y que causen impuestos en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obtendrán un incentivo del cien por ciento, siempre y cuando celebren convenio de colaboración administrativa en materia fiscal.

En el mismo sentido, también se estableció que dicha recaudación no formará parte de la federal participable, además que las entidades federativas deberán participar por lo menos del 20 por ciento del incentivo referido a los municipios o demarcaciones territoriales.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Hacienda del Estado.

En aras de generar mayor eficiencia en el Congreso del Estado y dar mejores resultados a la población veracruzana, el grupo legislativo mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México propuso una reingeniería en las comisiones, mediante la supresión, el reagrupamiento o la subdivisión de algunas de éstas, y el tránsito hacia la figura de comités, a fin de hacer más equilibrada la carga de trabajo de dichos órganos legislativos y dar mayor agilidad al proceso dictaminador.

Las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, presentaron ante la Diputación Permanente una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Mediante esta moción, proponen una reingeniería administrativa que, sin alterar los espacios de participación de los integrantes del Congreso en las comisiones, tienda a optimizar los recursos, así como agilizar las tareas de dictaminación encomendadas legal y reglamentariamente a las comisiones, entre ellas, las relacionadas con las solicitudes de los numerosos ayuntamientos de la entidad.

Así también, procurar el equilibrio en las cargas de trabajo entre las y los legisladores, en vista de la inoperancia de contar con comisiones a las que no se turnan asuntos o que el número de éstos es escaso, lo que motiva que no formulen dictámenes, e introducir en la normativa interior figuras ya exploradas en otras legislaciones locales, como los comités, más acordes con la naturaleza de las funciones de algunas de las actuales comisiones permanentes.

La problemática detectada y que con la iniciativa presentada se pretende solucionar –acotan las y los legisladores- no radica en el número existente de comisiones, sino en las materias de las que se ocupan algunas de ellas, ya que, en diversos casos, los asuntos dictaminados son sumamente reducidos o inclusive no se tiene registro de elaboración de proyectos de ley, decreto o acuerdo, a diferencia de unas cuantas comisiones que concentran la mayor actividad relacionada con asuntos turnados y dictaminados.

La adición de un Capítulo VI Bis “De los Comités”, al Título Segundo, y un artículo 39 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que: “Los comités son órganos

auxiliares de las actividades administrativas del Congreso del Estado, constituidos por el Pleno de éste, encargados del seguimiento, análisis y emisión de opiniones, informes y recomendaciones sobre los asuntos de su competencia, derivada de su denominación, así como de los encomendados por el Pleno, la Diputación Permanente o la Junta de Coordinación Política”.

En el mismo tenor, la adición del Capítulo VI Bis “De los Comités”, al Título Tercero, con un artículo 71 Bis, al Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, determina que: “El Congreso contará con los comités que establezca la Ley, los que estarán integrados por tres diputadas o diputados elegidos por el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Tendrán una presidencia, una secretaría y una vocalía y sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de sus integrantes”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi puso a consideración de la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que busca adicionar un párrafo segundo a la fracción I del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a fin de reconocer el derecho al voto por parte de las y los ciudadanos veracruzanos que residan en el extranjero.

Al ampliar detalles sobre su propuesta legislativa, la diputada puntualizó que Veracruz está considerado entre los 10 estados con mayor número de connacionales en el extranjero e indicó que, de acuerdo a estimaciones del Consejo Estatal de Población en Estados Unidos de América, en el 2000, residían cerca de un millón de veracruzanos, mismos que se establecieron en estados de la unión americana como California, Texas, Carolina del Norte, Florida, Illinois y Georgia.

Por otra parte, expuso que según el Informe Final de Actividades del Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los procesos electorales 2017-2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el total de ciudadanos veracruzanos que fueron registrados en la Lista Nominal de Electores de Residentes en el Extranjero ascendió a 7 mil 998, ocupando el noveno lugar nacional solo por debajo de entidades federativas como los son: la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

En su intervención, durante la octava sesión ordinaria, del segundo receso, la también presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, dijo que su propuesta conlleva el reconocimiento que tiene Veracruz hacia las y los veracruzanos que residen en el exterior. “Para que nunca más sean desplazados de su derecho a la participación democrática por encontrarse en otro país, pues la distancia en un mundo interconectado ya no es justificación para negarles su derecho”, agregó.

Asimismo, recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció a los migrantes mexicanos como “Héroes Vivientes”, debido a su significativo papel en el envío de remesas al país, que realizaron durante el primer trimestre del año, aún con la Pandemia del Covid-19. Al respecto, añadió, que, de acuerdo al Banco de México, Veracruz, durante el periodo de enero a junio de 2020, recibió remesas por un monto de 746 mil 91 millones de dólares, lo que representa un incremento del 3.58 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior.

Manifestó que en Veracruz debe aprobarse esta reforma, toda vez que en la actualidad son 21 entidades del país las que reconocen en sus respectivas constituciones locales el derecho al voto de sus migrantes. “Muchas de esas entidades están muy por debajo de Veracruz en la cantidad de connacionales en el extranjero, por ello se cree que tenemos un tema pendiente por la diáspora veracruzana en el exterior, la configuración legislativa aquí propuesta a la Constitución de Veracruz dará como resultado un impacto sociopolítico positivo en aquellos que por necesidad tuvieron que dejar el lugar que los vio nacer”.

De acuerdo a la propuesta de la legisladora la redacción del segundo párrafo, de la fracción I, del artículo 15 de la Carta Magna estatal sería: “La ciudadanía veracruzana que resida en el extranjero podrá ejercer su derecho al voto en la elección de Gobernadora o Gobernador del Estado, en los términos que disponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la legislación electoral en el Estado y demás disposiciones legales aplicables”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Se adhirieron a la propuesta las y los integrantes del Grupo Legislativo de Morena.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero presentó una iniciativa de decreto, ante el Congreso de la Unión, que busca reformar el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que el Estado garantice la protección y se alcance un estado de bienestar a las personas, principalmente a los grupos en situación de vulnerabilidad como son mujeres, hombres y las niñas y los niños que padecen alguna enfermedad catastrófica.

La propuesta del legislador, puesta a consideración durante la octava sesión ordinaria, busca señalar en la Carta Magna Federal que el Estado garantice la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan alguna enfermedad crónica o discapacidad permanente, en los términos que fije la ley.

Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las niñas y niños con cáncer, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los niños con cáncer y a los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

En su intervención, el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que el cáncer en las niños y niños en México es uno de los problemas más importantes de salud pública. “Su incidencia se ha incrementado en las últimas dos décadas y es actualmente la segunda causa de muerte en el grupo de 5 a 14 años”, añadió.

Dijo que el diagnóstico clínico del cáncer está basado en la historia clínica, el examen físico y un alto índice de sospecha. “Sin embargo, no todos los hospitales cuentan con la infraestructura, personal especializado ni recursos para realizar estudios y dar la atención adecuada”.

Agregó que si existe sospecha de cáncer, el paciente debe ser remitido a una institución especializada puesto que la sobrevivencia de un paciente con cáncer depende de un

diagnóstico temprano y remisión oportuna, de la atención por personal especializado, del adecuado funcionamiento del sistema de salud y de los factores tecnológicos.

Resultado de lo anterior, expuso el diputado Miranda Romero, resulta prioritario la defensa de los derechos humanos, pues de conformidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado tiene como obligación principal la tutela de estos, innatos a su integridad y dignidad, así como a la salud como protección social en el ámbito de los derechos sociales. “No hay ni puede haber desarrollo humano sin un sistema de salud y seguridad social universal e integral”.

De acuerdo a la iniciativa, en su segundo transitorio, los gastos y erogaciones necesarios para la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud o entidades del Gobierno Federal que correspondan, por lo que dichas instituciones deberán realizar los ajustes presupuestales para dar viabilidad financiera a lo establecido en el presente decreto.

Las legislaturas de las entidades federativas, dentro del plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán realizar los ajustes constitucionales y legales, a efecto de garantizar la protección y alcanzar el estado de bienestar de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como lo son las mujeres, hombres y las y los niños que padecen una enfermedad catastrófica.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui hizo un exhorto a la Secretaría de Salud de Veracruz para la implementación del Programa de Jornadas de Mastografías para los Municipios, con las medidas de cuidado, higiene y prevención ante la emergencia sanitaria.

Al invocar el contenido de la Ley para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama del Estado de Veracruz, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional dijo que ésta contempla todas las fases del programa de prevención y atención integral: acciones de promoción de la salud, prevención, consejería, detección, diagnóstico, referencia, tratamiento y rehabilitación.

Recordó que la detección de un cáncer de mama en su etapa inicial reduce 25 por ciento la probabilidad de muerte, en virtud de lo cual, dijo, la atención a la salud de las mujeres no puede esperar. En razón de esto, urgió a las autoridades correspondientes a garantizar el acceso gratuito y de calidad a los servicios y acciones contempladas en el programa, como son las jornadas de salud en los hospitales y clínicas ubicadas en los municipios y en los centros de reinserción social.

Nora Lagunes reconoció que para muchas mujeres esas jornadas podrían ser la única oportunidad de detección oportuna del cáncer, sobre todo para las que viven en zonas apartadas. Por lo que, al ser el municipio el ámbito más cercano a la población, consideró que es más fácil que las mujeres acudan a la cabecera municipal a realizarse una mastografía a que se desplacen a las clínicas y hospitales urbanos, sobre todo quienes no cuentan con seguridad social.

Durante su exposición en la Octava Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora señaló que Veracruz se coloca en un nivel “intermedio” de mortalidad por cáncer de mama, con una incidencia de entre 13 y 18 defunciones por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años.

En 2017, Veracruz registró más de 450 defunciones por este tipo de cáncer, precisó la Diputada, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), las jurisdicciones sanitarias con mayor mortalidad por cáncer de mama para ese año fueron:

Veracruz (105), Xalapa (70), Coatzacoalcos (63), Córdoba (44), Poza Rica (33) y Martínez de la Torre (31).

También mencionó lo dicho por el director de Salud Pública en Veracruz, Salvador Beristáin Hernández, en mayo de 2020: cada año se detectan entre 400 y 500 nuevos casos entre la población femenina, aunque también hay casos entre hombres.

El anteproyecto de la diputada Nora Jessica fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis.

La diputada María Candelas Francisco Doce presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Veracruz, para instalar como obligación legal que los municipios, al cambio de administración, den continuidad a los programas o proyectos turísticos iniciados por las autoridades salientes, vigilando su permanencia y operación.

Para tal fin, la reforma establece que los Consejos Municipales de Turismo seguirán siendo encabezados por el Presidente Municipal, integrándose la, o el, edil encargado de la Comisión de Turismo y la, o el, titular de la Dirección de Turismo, que a su vez fungirá como secretario técnico.

Además, también deberán estar conformados por cuatro representantes de los sectores público y social y de Cámaras y organismos empresariales con incidencia en la actividad turística de cada municipio; a excepción de los municipios con vocación turística, cuyos Consejos deberán incluir a ocho miembros, que en cualquiera de los casos, tendrán una duración en el cargo de cinco años, sin derecho a reelección hasta una vez concluido el mismo periodo inmediato.

Asimismo, la iniciativa presentada, por la también secretaria de la Comisión de Turismo, integra entre las funciones de los Consejos Municipales diseñar productos turísticos estratégicos emergentes para la activación económica ante cualquier agente perturbador hidrometeorológico, geológico, químico tecnológico, sanitario o de cualquier otra índole fortuita.

Para los municipios con vocación turística, se propone que los Consejos comparezcan trimestralmente ante el Cabildo, con la finalidad de informar el avance de sus actividades, propuestas y evaluación de acciones.

“El turismo está cambiando y Veracruz debe ser parte de ese cambio; los tiempos que se avecinan exigen ideas, decisión, integración y sobre todo, trabajo constante y de calidad”, apuntó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Turismo, para su estudio y dictamen.

Debido a la destacada participación que tienen las mujeres, principalmente las que habitan en zonas rurales, en la vida económica del estado y del país y con el objetivo de lograr igualdad de oportunidades, en relación con los hombres, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete presentó una iniciativa que buscar reformar la Ley de Fomento Económico para el Estado a fin de incrementar el presupuesto destinado al empoderamiento de la mujer.

En su iniciativa, presentada a la Diputación Permanente este 29 de octubre, la legisladora vicepresidenta de la Mesa Directiva explicó que su propuesta es mantener los porcentajes de 10 por ciento del recurso para jóvenes, 10 por ciento a personas con discapacidad. Asimismo, distribuir equitativamente el restante 80 por ciento, correspondiendo 40 por ciento a mujeres y 40 por ciento para hombres.

La diputada señala como necesario este cambio, toda vez que la actual redacción del artículo 14 de la citada Ley refiere que los Fondos se destinarán al otorgamiento de apoyos, estímulos e incentivos; sin embargo, la distribución corresponde a un 10 por ciento para financiar proyectos productivos de jóvenes, 10 por ciento para personas con discapacidad y, por lo menos, un 10 por ciento para proyectos de mujeres, dando preferencia a madres solteras, a través de microcréditos.

Al participar en Tribuna, puntualizó que a pesar de los avances que existen en materia de igualdad de género éste no se ve reflejado en el nivel de desarrollo económico que las mujeres tienen, en relación con los hombres. “Las mujeres a pesar de ser económicamente activas aún tienen muchos obstáculos que les impide el máximo nivel de bienestar y la equitativa distribución de la riqueza”.

Indicó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se observa que la condición de empleo informal por sexo, 57.6 por ciento de las mujeres y 55.3 por ciento de los hombres se encuentran en esta situación; sin embargo, por grupo de edad, las personas más jóvenes y las adultas mayores están en mayor proporción en la informalidad: 82.1 por ciento de jóvenes de 15 a 29 años y 72.5 de la población de 60 y más años.

Asimismo, expuso que “sabemos que las mujeres hoy por hoy ya no cumplimos una jornada doble, sino que con la llegada de la pandemia ejercemos la triple jornada laboral,

es decir, el trabajo de casa, el trabajo laboral y la educación de hijas e hijos que se encuentran en el hogar”.

Manifestó que lo anterior produce estrés y un fuerte desgaste emocional hacia las mujeres. “Si lo llevamos al peor de los escenarios donde miles de mujeres en México sufren algún tipo de violencia por parte de sus parejas, podemos concluir que en este país necesitamos de leyes y políticas públicas que lleven a un real empoderamiento femenino”.

Dijo que el ingreso que obtienen las mujeres debe verse reflejado en la mejora de sus condiciones de vida y su plena autonomía. Por otra parte, subrayó que en el ámbito rural se agrava la situación para las mujeres dado que impera el machismo en las comunidades, por la falta de oportunidades y porque la mayoría de programas sociales están dirigidos a la población masculina.

“Las mujeres de las zonas rurales requieren de esa confianza del estado para que las apoyen económicamente en el emprendimiento, por lo que resulta indispensable que sus autoridades les brinden las facilidades para desarrollar estos procesos productivos y aumenten presupuestos para ellas”, añadió la diputada.

De acuerdo a la iniciativa de la legisladora Kristel Hernández del presupuesto anual autorizado para la operación de los fondos de fomento económico, se destinará, el 10 por ciento para jóvenes y 10 por ciento para personas con discapacidad. El resto del recurso se destinará equitativamente a mujeres y hombres, es decir, como mínimo un 40 por ciento para proyectos productivos de mujeres, dando preferencia a madres solteras y mujeres que habitan zonas rurales a través de microcréditos, mismos que deberán ser entregados en forma directa y sin intermediarios.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico.

La Mesa Directiva de la Diputación Permanente tomó conocimiento de la solicitud de licencia de la diputada del Distrito XXI, Ciudad Mendoza, María Candelas Francisco Doce, por el periodo comprendido del 30 de octubre del presente año al 31 de enero de 2021, conforme a la ley será sometida dicha licencia en la próxima sesión.

Por otra parte, en los asuntos desahogados en la correspondencia, se dio entrada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la solicitud, planteada por el Gobernador del Estado, que busca autorización para enajenar a título gratuito y condicional, una superficie deducida de una superficie mayor, correspondiente a “La Parcela 8” de la ex hacienda Jalapilla, ubicada en el municipio de Orizaba, a favor del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para la edificación de una ciudad Judicial, tipo A.

Ante el fallecimiento del ciudadano Julián Carlos Rodríguez Bernal, que fungió como regidor quinto propietario del ayuntamiento de Tlacotalpan, este Congreso aprobó, por obvia resolución, llamar al suplente para que, previa protesta ante el Cabildo, asuma el cargo.

En tanto, el Secretario General de este Congreso, Domingo Bahena Corbalá, presentó a consideración de la Diputación Permanente el informe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, de la Secretaría de Fiscalización, en el que se detallan la entrega en tiempo y forma de los 212 proyectos de Leyes de Ingreso y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 de los ayuntamientos de la entidad. Este Informe fue remitido a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal para su estudio y dictamen.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura de Veracruz dio entrada a la Minuta, remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.

En la octava sesión ordinaria, el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva, instruyó turnar a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales la Minuta para complementar el trámite legislativo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 constitucional federal.

De esta manera, y de aprobarse esta reforma por la mayoría de las Legislaturas del país, se darían facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia en los que México es parte.

Asimismo, se busca plasmar en el artículo 4° que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.

Por otra parte, en los transitorios, se prevé que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en Materia de Personas Jóvenes, en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente decreto. En tanto, las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos, dentro de los 180 días siguientes a la expedición de la Ley General en materia de Personas Jóvenes.

-Turnan Minuta en materia de movilidad y seguridad vial-

En la misma sesión, la Mesa Directiva dio entrada a la Minuta de la Cámara de Diputados que busca reformar la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122; y se

adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial.

En esta propuesta, se plantea señalar, en el artículo 4°, el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

También, se propone establecer como facultad del Congreso de la Unión el expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial.

Los municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia.

En el artículo segundo transitorio, se precisa que el Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con los dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley.

Debido a que su contenido no corresponde al modelo vigente en cuanto a la atención y prevención de la violencia, la diputada Mónica Robles Barajas presentó a la Diputación Permanente una iniciativa que busca abrogar la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado, y con ello se evitarían posibles conflictos de aplicación de esta norma.

Durante la octava sesión ordinaria, del segundo receso, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género, esta propuesta legislativa que busca eliminar del marco jurídico estatal esta Ley, dado que está en desuso y no se aplica para la atención de las diversas formas de violencia.

La legisladora Robles Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, dijo que uno de los motivos por el cual se prevé abrogar la citada Ley es el caso de la violencia contra personas mayores y que se rigen por la recién aprobada Ley de los Derechos de las Personas Mayores del Estado de Veracruz, la cual considera que esta población debe ser sujeta de protección especializada, garantizándoles una vida libre de violencia.

Otro de los motivos, -expuso- radica en que el contenido de la Ley prevé, para el caso de violencia familiar, un procedimiento de conciliación, correspondiendo a los Jueces de Paz, o en su caso, a los Jueces Menores, conocer de ellos. Al respecto, destacó que en materia de violencia familiar la conciliación no debe utilizarse como mecanismo de solución de conflictos, de acuerdo a lo establecido en la fracción IV del artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Debe evitarse la mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima”, refiere la legisladora.

Asimismo, señala que, en cuanto a los estándares de garantía y protección de derechos de la infancia, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia no considera como violencia familiar los actos que tengan por objeto corregir mesuradamente a los menores de edad, siempre que éstos sean realizados por quienes participen en la formación y educación de los mismos, ejecutados por quienes ejercen la patria potestad o por los terceros a los que éstos, les hubieren dado consentimiento para ello.

Lo anterior, contradice lo establecido en las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que, en su calidad de órgano experto de supervisión de la Organización de las Naciones Unidas, ha emitido una serie de observaciones respecto al uso de la violencia física o de otras formas de castigo corporal en contra de niñas y niños, la cual calificó como “conducta incompatible” con la Convención.

La diputada Robles Barajas prevé necesario abrogar la citada Ley, ya que ésta considera como sujeto de protección contra la violencia, a la “familia en su conjunto”, destacando un enfoque eminentemente familista y no de derechos humanos y menos, con perspectiva de género, aludiendo a esta institución como un ente uniforme, estático, pasivo y privado.

De igual forma, expone que la prevención, atención y sanción de la violencia familiar está prevista en diversos ordenamientos que han sido formulados a partir de los estándares internacionales en la materia; como lo son las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de los Derechos de las Personas Mayores, el Código Civil y el Código Penal, todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

“En cada uno de ellos se ha incorporado tanto el enfoque de género, como el de la infancia y adolescencia, lo que las hace más efectivas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia familiar”.

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín recibió en el Palacio Legislativo a integrantes del colectivo “Personas de Talla Baja”, a quienes afirmó que los gobiernos de la Cuarta Transformación garantizarán la inclusión y participación de todos los sectores vulnerables de la sociedad.

Durante dicho encuentro, el presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que se continuará con las acciones afirmativas en pro de las personas de Talla Baja.

“En Veracruz seguiremos proponiendo iniciativas legislativas y acciones concretas que favorezcan el pleno desarrollo social de los grupos sociales en vulnerabilidad; junto al gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, hemos diseñado una agenda en beneficio de las y los ciudadanos de talla baja”, comentó durante la reunión.

El Pleno del Congreso del Estado emitió 44 votos a favor del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentado por la Comisión Permanente de Gobernación, para que los próximos ayuntamientos alineen sus Planes Municipales de Desarrollo a la Agenda 2030.

Este dictamen es resultado de la iniciativa presentada por las diputadas Mónica Robles Barajas, María Candelas Francisco Doce, María Esther López Callejas y Florencia Martínez Rivera y los diputados Omar Guillermo Miranda Romero y Rubén Ríos Uribe, con la adhesión de los grupos legislativos de Morena y mixto Del lado correcto de la historia

El objetivo fundamental del proyecto es incentivar y fortalecer la participación de los gobiernos municipales en las acciones internacionales, nacionales y estatales de los objetivos y metas de desarrollo, derivados de la Resolución 70/1 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, a través de su incorporación en sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo.

Lo anterior, en virtud de que el gobierno municipal es, por su propia naturaleza, el orden de gobierno más cercano a la población, con la posibilidad de localizar los objetivos de la agenda dentro de sus comunidades, pues tiene la capacidad de conocer cada contexto de su región y la posibilidad de alinear sus propias estrategias municipales de desarrollo, con los objetivos y metas globales que ya han sido interiorizados por el Estado mexicano para su implementación y coordinación por los tres órdenes de gobierno, en beneficio de las personas en su conjunto.

Para lograr los objetivos del desarrollo, de acuerdo con el dictamen, es necesario que las acciones institucionales de todos los niveles de gobierno provean a los sectores más vulnerables del acceso real a sus más básicos derechos humanos, para lograr establecer el apalancamiento de su desarrollo.

A partir de esta reforma, con la finalidad de que las localidades y asentamientos urbanos o rurales que forman parte del municipio, así como la administración municipal, sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, el Plan Municipal de Desarrollo deberá alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible y demás resoluciones e instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internacionales de los que el Estado mexicano es miembro y signatario.

Entre las atribuciones de los ayuntamientos, quedan establecidos: realizar estudios, programas de investigación, capacitación y orientación en materia de desarrollo municipal, comunitario, de participación social, perspectiva de género y desarrollo sostenible, así como la promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico, forestal y del equilibrio ecológico con un enfoque de igualdad y sostenibilidad.

Además, desarrollar planes y programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y de la fauna existentes en su territorio y al desarrollo forestal sustentable, así como para la prevención y el combate a la contaminación ambiental, mismos que deberán alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y demás resoluciones e instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internacionales de los que el Estado mexicano es miembro y signatario.

El Poder Judicial del Estado de Veracruz estará obligado a emitir una versión pública de todas sus sentencias, de acuerdo a una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada este jueves por el Congreso del Estado.

Veracruz es el primer estado del país en cumplir el mandato legal de homologar su legislación local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública –de aplicación en todo el país- reformada por el Congreso de la Unión el pasado 13 de agosto.

La propia reforma federal estableció un plazo de 180 días, que se vence el 9 de febrero del 2021, para que las entidades federativas hagan lo propio.

Se trata de una reforma parca en palabras pero de gran calado en sus consecuencias: sustituyó la obligación de emitir una versión pública de las sentencias “de interés público” por –así decía- por “todas” las sentencias, laudos y resoluciones que ponen fin a los juicios.

Ese cambio menor en la redacción cancela interpretaciones subjetivas a cargo del propio sujeto obligado sobre cuáles sentencias publicar y cuáles no, ambigüedad señalada como una deficiencia por los especialistas en materia de transparencia.

La adecuación fue propuesta por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi apenas el 25 de septiembre pasado y dictaminada favorablemente por la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, que preside el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez.

En sus consideraciones, señalaron que conocer todas las sentencias, laudos y resoluciones que ponen fin a los juicios –aun en su versión pública- representa “un mecanismo para evaluar la forma como se imparte justicia en todos los órganos jurisdiccionales del país, para visibilizar y dar seguimiento a sentencias discriminatorias o estereotipadas que afectan principalmente a las mujeres, y para detectar también actos de corrupción, nepotismo, amiguismo o pactos para los puestos”.

(Las “versiones públicas” a las que se refiere la Ley son, básicamente, documentos en los que se han emitido datos personales de los querellantes).

Asimismo, advirtieron que “es necesario fomentar la rendición de cuentas por parte de las juezas, jueces, magistradas o magistrados para sujetar su labor pública al escrutinio de la ciudadanía”.

La nueva obligación del Poder Judicial incluye al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y a los Juzgados de Primera Instancia.

El Poder Judicial del Estado contará con un plazo de 180 días para iniciar la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de agosto de 2020, en los términos de sus artículos primero y segundo transitorios.

Este dictamen registró 44 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones.

Las diputadas y diputados aprobaron el presupuesto que ejercerá la LXV Legislatura para el ejercicio fiscal 2021, el cual, atendiendo criterios de racionalidad del gasto y austeridad, será de 725 millones 835 mil 959 pesos, lo cual refleja una reducción de 50 millones 280 mil 141 pesos, representando una disminución del 6.47 por ciento en relación al que actualmente se aplica.

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al avalar en tiempo su presupuesto, mismo que será remitido al Poder Ejecutivo a fin de que sea incorporado en el Presupuesto General del Estado.

Este jueves, al término de la sesión extraordinaria, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, expuso que, de manera histórica y a diferencia de administraciones pasadas, las diputadas y diputados, conscientes de la actual situación económica del país, votaron y aprobaron un presupuesto austero, pero suficiente para el mantenimiento y el cumplimiento de las obligaciones de este Poder.

“Se trata de un acto de coherencia con la realidad del país y de solidaridad con un pueblo encarado a una de las peores crisis económicas del siglo”, refirió el legislador, quien agregó que como resultado de esto el Congreso de Veracruz pone en práctica una histórica muestra de austeridad al proponer para sí mismo un Presupuesto 2021 que por primera vez es menor al del año en curso.

Precisó que con la voluntad política han reducido el actual presupuesto de 776 millones 116 mil 100 pesos a 725 millones 835 mil 959 pesos, sumándose así a la demanda nacional de bajar los gastos en el Gobierno, aplicar criterios de ahorro y austeridad, y evitando en todo momento erogaciones no necesarias.

Asimismo, subrayó que esta Legislatura entiende a plenitud que para el sector público, en los tres órdenes de Gobierno y en los tres Poderes, el 2021 deberá ser un año de especial contención del gasto sin que ello implique eludir sus responsabilidades y mandatos.

Dijo que los diversos capítulos que forman este Presupuesto fueron, de manera responsable, disminuidos para atender el clamor social de ocupar los recursos con eficiencia y eficacia.

Detalló que el presupuesto se alinea con los esfuerzos que seguramente harán los otros dos Poderes estatales y que, como Poder Legislativo, en sus primeros dos años de ejercicio, han demostrado que se es capaz de alcanzar el mayor ahorro posible sin renunciar a sus encomiendas y sin la pérdida de la productividad.

Explicó que la distribución del Presupuesto, por capítulo, queda de la siguiente manera: Servicios personales, 456 millones 940 mil 497; materiales y suministros, 14 millones de pesos; servicios generales, 55 millones de pesos y para Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 199 millones 895 mil 462 pesos.

Por otra parte y como resultado de la disminución de los 50 millones de pesos, descartó la creación de nuevas plazas laborales y la contratación de servicios externos.

Cabe destacar que la aprobación de este Presupuesto fue realizada en sesión extraordinaria con carácter de privada, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 85, fracción V, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El delito de violación quedó configurado en las relaciones de pareja o de hecho, con la reforma al Artículo 184 del Código Penal del estado aprobada con 38 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones al Dictamen con Proyecto de Decreto suscrito y presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La iniciativa correspondiente fue presentada, el pasado 10 de septiembre, por el Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) que destaca que, así como ya se regula esa tutela en los casos de matrimonio y concubinato, ahora se incluya a quienes no están unidos en ese tipo de relaciones.

La comisión dictaminadora coincide con los proponentes en considerar pertinente y necesaria esta modificación para enfatizar, como ya sucede en los casos previstos de violación entre cónyuges o concubinos que, aun cuando existan o hayan existido relaciones afectivas y estables, no debe permitirse la vulneración del derecho a la libertad sexual de ninguna persona ni mucho menos la normalización social de esas conductas, al amparo de que entre el sujeto activo y la víctima haya una relación de pareja.

Además, en la mayoría de las entidades federativas de la República sus leyes punitivas, como ocurre con el Código Penal federal, establecen que el delito de violación puede ser cometido también entre cónyuges o concubinos, sobre la base de que el vínculo entre quienes se encuentren unidos mediante matrimonio o concubinato no justifica atentar contra la libertad sexual y la dignidad personal, como resultaría de practicar a alguien, sin su consentimiento y mediante violencia física o moral, la cópula o alguna conducta equiparable.

Las y los legisladores coincidieron en incluir como víctimas del delito de violación a quienes tengan una relación de pareja o de hecho con el sujeto activo, pues –consideran- en ocasiones existen relaciones de distinta naturaleza. Por lo que, se han establecido diversos criterios garantistas que establecen el carácter discriminatorio de derechos humanos en disposiciones jurídicas que llegan a excluir las relaciones de pareja distintas al matrimonio o concubinato.

Con una disposición como ésta, cualquier persona sabedora del delito puede denunciarlo y la autoridad puede iniciar de oficio las investigaciones al conocer del hecho. Sobre todo porque, en muchos casos, las víctimas no presentan las querellas por diversos factores como haber sufrido amenazas del agente activo, miedo a represalias, ignorancia de su procedencia jurídica, por necesidades económicas o cualquier otra circunstancia que impide, ante la falta de ese requisito de procedibilidad, accionar la potestad punitiva.