Este 1 de octubre inició la campaña nacional de vacunación contra influenza y como resultado de esta acción la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a cargo del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, instruyó al Servicio Médico del H. Congreso del Estado aplicar el biológico a las y los trabajadores de este Poder.

De esta manera, la Jefa del Servicio Médico, doctora Claudia del Rosario García Pérez, implementó, con el respaldo de la Secretaría de Salud estatal (SS), la campaña dirigida a trabajadores y sus familias, aplicando las dosis gratuitamente.

La funcionaria del Poder Legislativo recordó que el Servicio Médico a su cargo genera durante el año diversas campañas, enfocadas en el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades de las y los trabajadores.

Explicó que estas medidas preventivas son fundamentales ante la presencia de diversos virus respiratorios.

En el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-Cov-2, la funcionaria señaló. “Es imprescindible aplicarse la vacuna de la influenza, ya que tener Covid y tener influenza, pondría a la ciudadanía en una situación de extrema vulnerabilidad”.

Finalmente, puntualizó que el presidente de la Jucopo, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, ha instruido reiteradamente al personal del Servicio Médico del Congreso local que se dé prioridad a la salud de los trabajadores. Por esa razón, “poner la vacuna el primer día del inicio de la campaña nacional, pone a los trabajadores en ventaja ante la próxima llegada de la temporada invernal”.

Para que los Ayuntamientos de Álamo Temapache y Amatlán de los Reyes, puedan obtener sustento legal en la aprobación de las diversas disposiciones de sus respectivos Códigos Hacendarios Municipales, fueron presentados durante la Quinta Sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la LXV Legislatura, las concernientes iniciativas.

Las propuestas presentadas por autoridades municipales y aprobadas por unanimidad en días pasados por sus respectivos cabildos, fueron recibidas por el Congreso del Estado para su estudio y análisis.

Ambas iniciativas, fueron turnadas a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

La diputada Mónica Robles Barajas presentó a la Diputación Permanente una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con algunos preceptos, con vistas a una adecuada planeación y desarrollo de los procesos electorales.

En la propuesta legislativa, presentada durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, respecto al principio constitucional de paridad de género en el acceso a los cargos de elección popular, la diputada estima oportuno incorporar las bases para el desarrollo del mecanismo de asignación de los bloques de competitividad en el registro de candidatas y candidatos por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional.

El pasado 28 de julio de 2020, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número extraordinario 300 tomo II, el Decreto número 580, emitido por esta LXV Legislatura, con fecha 28 de julio de 2020, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, relacionadas con el desarrollo del inminente proceso electoral 2021.

En dicha reforma, uno de los preceptos modificados fue el artículo 169 del Código Electoral, que ahora dispone que, el proceso electoral ordinario, inicia en la primera semana del año de la elección; esto es, a más tardar el 10 de enero de 2021, conforme al Calendario Gregoriano.

A partir de lo anterior, cualquier reforma que se pretenda realizar al citado Código, que modifique las fases de realización del citado proceso electoral local 2020-2021, debe realizarse en todas sus fases legislativas, a más tardar el próximo 5 de octubre, acorde a lo establecido para el caso, por el artículo 105 fracción II párrafo segundo de la Constitución General de la República; ante la cual, la presente iniciativa cumple la expectativa de tiempo y forma.

En este tenor, la reforma llevada a cabo el pasado 28 de julio, asienta las bases para que, los procesos electorales del estado, sean llevados a cabo con una reducción sustancial

de recursos, lo que representa una prioridad en estos tiempos en que, la austeridad en el gasto público, es un eje fundamental de nuestra Agenda Legislativa.

Además, la reforma introduce una avanzada regulación en materia de derechos político-electorales, al desarrollar lo relativo al fenómeno de violencia política contra las mujeres en razón de género, que establece las reglas para lograr de manera definitiva, la paridad de género en el acceso a los cargos públicos de elección popular.

Por otra parte, la reforma también tocó temas adicionales como la reelección de ediles, el sistema de medios de impugnación, ajustes al calendario electoral al compactar etapas del proceso electoral, entre otros.

Sin embargo, aún resulta necesario realizar precisiones al citado Código Electoral para un mejor desarrollo de la próxima jornada electoral, a efecto de contar con mayor certeza al momento del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, por lo que se propone reformar algunos preceptos para evitar el mayor número de incidentes durante su desarrollo.

En otras palabras, se proponen modificaciones que pueden mejorar técnicamente el contenido del Código en estudio, evitando redacciones imprecisas en el contexto de la materia que pretenden regular.

La diputada Robles Barajas considera en su propuesta que es “necesario realizar precisiones al Código Electoral para un mejor desarrollo de la próxima jornada electoral, a efecto de contar con mayor certeza al momento del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales.

Con el objeto de restructurar los preceptos relativos al incumplimiento de obligaciones alimentarias en el Código Penal estatal, las y los integrantes del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentaron una iniciativa de reforma a la denominación del capítulo II del título VIII “Delitos contra la Familia” del Libro Segundo y los artículos 236, párrafos primero y segundo, y 238, del citado Código.

De acuerdo a la propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y de los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, a quien sin motivo justificado deje de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a cualquier persona respecto de quien tenga la obligación legal de hacerlo, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Las sanciones se incrementarán en un tercio, si la persona a la que no se le proporcionen alimentos cuenta con alguna discapacidad, trastorno o condición que le impida allegarse, por sí misma, de los recursos para atender sus necesidades de subsistencia.

Por otra parte se establece que este delito, Incumplimiento de la Obligación de Dar Alimentos, se perseguirá por querella del ofendido o de su representante legal y, a falta de éste, por el Ministerio Público, a reserva de que el juez que corresponda designe un tutor especial para los efectos de este precepto.

Tras exponer detalles sobre las sanciones establecidas en diferentes legislaciones de entidades del país respecto a este delito, se advierte que la obligación de dar alimentos puede estar a cargo de diversas personas; por lo que los autores de la iniciativa no consideran adecuado que el delito expresamente previsto en la ley penal para ese caso sólo se limite al supuesto de que el obligado sea el progenitor y que las víctimas únicamente puedan serlo las hijas o hijos.

Lo anterior, debido a que también podrían ser sujetos activos los ascendientes distintos a los padres, las y los hijos o descendientes diversos a éstos, las hermanas o hermanos y otros parientes colaterales, los tutores, las y los cónyuges y ex cónyuges y las y los concubinos y ex concubinos. En tanto que los pasivos, además de los hijos, podrían ser

los padres, hermanos, sobrinos, nietos, pupilos y quienes sostengan o hayan sostenido una relación de matrimonio o de concubinato con el deudor alimentario.

De esta manera, el PRI-PVEM propone, como sucede en otras entidades del país, que el delito de Incumplimiento de la obligación de dar alimentos se actualice no sólo cuando las víctimas sean las hijas e hijos sino, en general, cuando quien no los reciba sea cualquier persona con la que se tenga la obligación legal de hacerlo.

Con ello, se suprimiría el tipo penal de abandono de familiares, por carecer de razonabilidad jurídica y porque, adicionalmente, de la actual descripción de éste se desprende que, a pesar de su denominación, no en todos los casos se actualiza la relación familiar.

La iniciativa fue turnada, para el trámite legislativo correspondiente, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Diputación Permanente aprobó este miércoles la enajenación de diversos terrenos de los municipios de Coatzintla, Filomeno Mata, Lerdo de Tejada y Oluta.

Diputadas y diputados conocieron y respaldaron los respectivos dictámenes de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal que analizó cada caso y se pronunció a favor de ellos.

En el caso de Coatzintla, el Congreso autorizó al Ayuntamiento a vender ocho terrenos de su Fundo Legal a favor de igual número de posesionarios. Es decir: la medida tendrá por objeto regularizar y dar certeza jurídica a las familias que de por sí ya ocupan esos inmuebles.

Al Ayuntamiento de Filomeno Mata, por su parte, se le aprobó donar un terreno de poco más de tres mil metros cuadrados en la calle Tulipán, de la colonia Los Vázquez, a favor de la Secretaría de Educación de Veracruz, ya que en dicha superficie se encuentra asentada la Secundaria Técnica Agropecuaria 159. La donación permitirá normalizar la situación jurídica del plantel.

En Lerdo de Tejada, se autorizó al Ayuntamiento enajenar nueve lotes en el Centro de la cabecera municipal, mismos que también se encuentran en posesión de particulares y que, de esta manera, se podrán adquirir títulos de propiedad.

La mayor autorización fue el caso de Oluta, donde el Ayuntamiento podrá vender 51 terrenos que, al igual que los casos anteriores, ya se encuentran habitados por quienes se beneficiarán con la venta.

El artículo 33 de la Constitución de Veracruz señala que, entre otras, es atribución del Congreso autorizar a los Ayuntamientos “la enajenación, gravamen, transmisión de posesión o dominio de bienes” que formen parte de la hacienda municipal.

Integran la citada Comisión los diputados Bingen Rementería Molina, Ricardo Arturo Serna Barajas y Carlos Manuel Jiménez Díaz, presidente, secretario y vocal, respectivamente.

La Diputación Permanente del Congreso del Estado autorizó a 50 personas trabajadoras del sector salud a ocupar dos plazas laborales en horarios de servicio que resultan compatibles entre sí.

Se trata de un trámite regular que permite a servidoras y servidores públicos desempeñar, por ejemplo, un trabajo en las mañanas y otro por las tardes; o cumplir con una jornada de lunes a viernes y otra los sábados y domingos.

La Constitución del Estado –artículo 82- expresamente prohíbe que una persona ocupe dos encargos públicos, “salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Permanente”.

En este caso, diputadas y diputados conocieron los 50 dictámenes a favor emitidos por las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social y se pronunciaron por la aprobación de todos.

De la ciudad de Xalapa fueron autorizados Federico Aguirre Hernández (médico), Zaira Beatriz Ávila García (administrativa), María del Carmen Borromé Martínez (enfermera), Faraón Borromeo Gallardo (dentista), Diana Aurora Bretón Espino (administrativa), Irving René Franyutti Barradas (técnico mecánico), David García García (químico), Bertha Patricia Genaro García (administrativa), Rached Osorio Elías (médico), Isidro Quiñones Hernández (administrativo), Lidia Seseña Ángeles (psicóloga) y Heriberto Vite Chávez (médico).

De Martínez de la Torre: Juana Guevara Aggi (enfermera), María del Rocío Guzmán Morales (médica), Yerson Abraham Hernández Santiago (médico), Rosa María Herrera López (psicóloga), Andrés Ledezma Infante (médico), María de los Ángeles León Hernández (médico), Rodrigo Marín del Moral (médico), Carlo Arend Marín Rojas (laboratorista), Armando Ruiz Sánchez (técnico), Alfredo Santoyo Portilla (administrativo) y Victoria Téllez Reyes (médica).

De Tuxpan: Catalina Capistrán Malerva (enfermera), Eneida Cruz Bautista (enfermera), Nallely del Ángel Ortiz (enfermera), Aldegunda Franco Domínguez (enfermera), Rocío Gorrochotegui Escalante (administrativa), Silvia Hernández Francisco (enfermera), Carlos Hiram Hernández Martínez (técnico radiólogo), Julio César Méndez Pérez (médico), Héctor Mario Pérez Pérez (médico), Juan Carlos Quintal Martínez (médico), Leonor Reyes de la Cruz (enfermera), Yolanda Reyes Ramírez (enfermera), Julio César Salazar Cortés

(médico), Beatriz Suet Hernández (técnica radióloga), Idalit Uribe Santiago (enfermera) y Daniel Vargas Santés (médico).

De Veracruz: Fabiola Cruz Garrido (médica), Darío Antonio Rizo Nájera (médico) y Jorge Alberto Rodríguez Sánchez (médico).

De Ixhuatlán del Sureste: Idelfonso García Arenas (médico) y Mireya Margarita León Cázares (médica).

Asimismo: David Carrera Ortega (médico, Tlalixcoyan-Boca del Río), Carlos Miled Castro Rodríguez (médico, Huatusco), Érika Durán Cruz (enfermera, Emiliano Zapata-La Antigua), Loreto García Gómez (médico, Orizaba-Río Blanco), Modesto Martínez Bello (médico, Atzalan) y Adán Pérez Castillo (médico, Altotonga-Atzalan).

El diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado, Juan Javier Gomez Cazarin, sostuvo que los programas sociales y políticas públicas emprendidas por el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, han significado para Veracruz una nueva esperanza, en la búsqueda de un mejor porvenir.

Respecto de la visita del mandatario federal a tierras veracruzanas, comenzando este sábado en la capital del estado con la Evaluación de los Programas del Bienestar, el legislador señaló que estos proyectos son la prioridad para la Cuarta Transformación, pues resolverán el rezago y abandono que dejaron a su paso los gobiernos neoliberales.

“El Presidente ha destacado los Programas del Bienestar, porque cada uno tiene su propio enfoque social y cada uno se encarga de atender diferentes necesidades de todos los grupos vulnerables de la población. En lo particular, debemos reconocer que Veracruz ha sido uno de los estados más beneficiados con la entrega de diversos apoyos”, dijo en entrevista.

Gómez Cazarín recordó que cientos de miles de veracruzanas y veracruzanos han sido atendidos mediante las Pensiones para el Bienestar de los Adultos Mayores, personas con discapacidad, Becas “Benito Juárez”, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar, Microcréditos a la Palabra y otros proyectos de la 4T.

“La histórica inversión que ha realizado el Gobierno Federal en nuestro estado es de celebrar y agradecer. Por ejemplo, tan solo en materia de Pensiones a personas mayores y con discapacidad se han apoyado a casi 800 mil ciudadanas y ciudadanos veracruzanos”, informó el diputado por MORENA.

Finalmente, el Presidente de la JUCOPO en la LXV Legislatura recalcó que todos estos proyectos y programas con perspectiva social han dado esperanzas del pueblo veracruzano, en un futuro más promisorio y con mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Juan Javier Gomez Cazarin

Mojigangas Colonia Esperanza

La Diputación Permanente turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por la diputada Mónica Robles Barajas.

De acuerdo con la propuesta, tras las reformas a la Constitución local y al Código Electoral, para evitar malinterpretaciones en el cálculo del mismo por parte de la autoridad administrativa electoral, resulta importante correlacionar los criterios para calcular y ministrar los montos a que tengan derecho los partidos políticos y candidatos independientes por concepto de financiamiento público y franquicias postales.

En aras de eficientar el ejercicio del gasto público, tomando como base el principio de austeridad republicana, la iniciativa propone suprimir el monitoreo de medios que realiza el Organismo Público Electoral, en atención a que se trata de una atribución del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, propone que sea la autoridad citada la que lleve a cabo de forma exclusiva el programa de resultados electorales preliminares; recupere, concentre y reutilice el material electoral; organice debates de forma virtual e incremente la vigilancia del voto público, evitando la comisión de actos u omisiones que tengan como propósito la violación del voto público.

Contempla, además, que la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad sean atribuciones exclusivas del Organismo, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral.

Así también, organizar los debates entre los candidatos a cargos de elección popular local, así como accionar de forma oportuna cualquier medida legal necesaria para impedir la perturbación del voto público y el fraude electoral durante los actos preparatorios, la jornada electoral y los procesos de cómputo que le corresponda vigilar.

Finalmente, propone que las áreas y personal tanto del Organismo Público Local Electoral y del Tribunal Electoral de Veracruz atiendan el criterio de sustancialidad con el objeto constitucional y legalmente que es el de organizar elecciones y dirimir las controversias en

la materia, evitando aquellas áreas no sustantivas. Todo esto, con el fin de que los Órganos Electorales del Estado garanticen el uso de los recursos económicos destinados a los procesos electorales de forma eficaz y eficiente.

El diputado Alexis Sánchez García presentó a la Diputación Permanente un anteproyecto
con Punto de Acuerdo, por el cual prevé exhortar al titular de la Secretaría de Educación
de Veracruz (SEV) a que provea de las herramientas necesarias a las niñas, niños y
adolescentes de las localidades serranas que no cuenten con servicio de internet,
computadoras, televisiones, puntos de internet abiertos y cercanos a sus domicilios.

Lo anterior, indicó el legislador, con la finalidad que las y los niños y jóvenes cumplan con
el ciclo escolar de forma adecuada, ante la modalidad de clases a distancia.
En su intervención, también solicita que el titular de la SEV provea de las herramientas a
niñas, niños y adolescentes de las localidades serranas y que no cuentan con energía
eléctrica, a fin de establecer las medidas necesarias que permitan a los profesores tener
un acercamiento directo con los educandos, guardando las medidas sanitarias
pertinentes.

Puntualizó que no se busca descalificar el esfuerzo de la autoridad educativa estatal.
“Necesitamos que en estos momentos de pandemia la Secretaría voltee a ver a los que
menos tienen, a los que más necesitan y se les provea de las herramientas que son
indispensables para que no pierdan el ciclo escolar, como son computadoras,
televisiones, puntos de internet abiertos y cercanos a sus domicilios”.

Al ofrecer detalles sobre su propuesta, el diputado Alexis Sánchez expuso que en
Veracruz existen 47 municipios con población indígena, de los cuales 12 son los de mayor
prioridad por los altos índices de marginación, pobreza y analfabetismo que presentan.

Estos son: Tehuipango, Filomeno Mata, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, Astacinga,
Soledad de Atzompa, Coahuitlán, Texcatepec, Chumatlán, Ilamatlán, Mecayapan y
Soteapan, en los cuales se registran índices de entre 51.1 por ciento a 69.8 por ciento de
la población en pobreza extrema.
Recordó que a partir de la pandemia por el coronavirus Covid-19, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) puso en marcha el modelo de enseñanza a distancia en todo el
país, utilizando la televisión como medio de trasmisión.
Al respecto, subrayó que esta interrupción en los sistemas educativos afectará en mayor
medida a las personas más vulnerables.

“En los municipios serranos la gran mayoría de
las familias carece de las condiciones materiales mínimas para poder acceder a la
educación a distancia: conexión a la Internet, tecnología, como lo es la televisión,
computadoras, laptops, teléfonos inteligentes, tabletas, así como lo más indispensable
energía eléctrica”.
Para su estudio y dictamen, el anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación
Política.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares, presentó ante la diputación permanente un
Anteproyecto de Punto de Acuerdo donde se exhorta al Gobierno del Estado, a través de
las diferentes dependencias de la Administración Pública Centralizada, a ejercer el
presupuesto de egresos con apego a la normatividad aplicable, y evitar caer en subejercicio
para el presente ejercicio fiscal.

El documento señala que en Veracruz, al cierre de la cuenta pública de 2019, se advirtió
un subejercicio que ascendía a 3 mil 983 millones 910 mil 788 pesos, sin embargo, de
acuerdo al primer informe trimestral 2020 que presentó la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan), se da como devengada la cantidad de 3 mil 850 millones 991 mil 689
pesos, toda vez que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios, aun se cuenta, con el siguiente trimestre para ejercer el refrendo.

Según información publicada por diversos medios informativos, hasta el 30 de junio se
habían devengado 83 mil 743 millones 232 mil 779 pesos, de los cuales, el Poder Ejecutivo
registra un subejercicio de 38 mil 602 millones 793 mil 161 pesos, además de que 13 de
las 17 dependencias centralizadas, también presentan un rezago superior al 50 por ciento
de sus presupuestos asignados.

“El presupuesto público está llamado a ejercerse de manera correcta y racional, de
conformidad con el marco regulatorio que lo define y ser aplicado en las tareas sustanciales
y sustantivas del Estado; más allá de las justificaciones técnicas que implica el
aplazamiento de acciones que requieren ejecución inmediata, como la reactivación
económica de la entidad”.

Al conmemorarse este 25 de septiembre un Día Naranja para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui hizo un llamado a todas las autoridades responsables de esta materia para que coordinen sus esfuerzos y llegar a los sectores que están en situación de mayor vulnerabilidad.

Al participar durante la Cuarta Sesión Ordinaria, del Segundo Receso, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que es necesario, desde todos los frentes, promover una cultura de paz que esté encaminada a la prevención de la violencia para que las mujeres vivan en entornos seguros, con la certeza que el Estado les garantiza el ejercicio libre de sus derechos humanos.

Señaló que para su Grupo Legislativo la defensa de los derechos humanos es el principio central de su doctrina y es la base del respeto a la dignidad de la persona, por ello, -agregó- la igualdad sustantiva y la eliminación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres, es prioridad de su acción política.

Refirió que conforme a datos de Incidencia Delictiva del Fuero Común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Veracruz, de enero al 31 de agosto de este año, se han cometido 61 feminicidios. “Seguimos en el segundo lugar a nivel nacional, siendo febrero, marzo, junio y agosto los meses de mayor incidencia con 12, 9, 10 y 9 casos, respectivamente”, añadió.

Además, de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, donde fueron denunciados mil 741 casos, siendo el abuso sexual con 436, la violación con 257 y el hostigamiento sexual con 183 casos, los de mayor incidencia, expuso.

Asimismo, precisó los delitos en contra de la familia, siendo 9 mil 168 denuncias: del delito de violencia familiar, 6 mil 681 casos; del cometido en contra de las mujeres, 720; incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, 675 denuncias y por otros delitos en contra de la familia, 1,092 casos.

Por otra parte, la también vocal de la Comisión para la Igualdad de Género, puntualizó el trabajo hecho por esta LXV Legislatura para avanzar en la igualdad sustantiva y para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres.

Entre ellos citó el fortalecimiento del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), dándole atribuciones en su ley, como su vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias.

También, respecto a los Institutos Municipales de las Mujeres, el IVM ya tiene la obligación legal de asesorarlos y capacitarlos de manera permanente sobre la atención que deben brindar a las mujeres en materia de derechos humanos y de su acceso a una vida libre de violencia.

La diputada Lagunes Jáuregui manifestó que es una realidad que a medida que las mujeres ocupan espacios de toma de decisiones, las barreras y obstáculos llegan para denostar su trabajo solo por el hecho de ser mujeres. Contamos con protocolos contra el acoso y hostigamiento sexual en todas las dependencias, pero las mujeres siguen siendo objeto de estos actos de violencia en todas partes.

“Los delitos sexuales menoscaban la vida de las mujeres y niñas, el miedo, el terror y la angustia que les genera es un atentado a su integridad y libertad; se vive en un estado de indefensión y de riesgo constante, sea en el transporte público, en la calle, en la escuela o en sus casas”, concluyó.

La diputada María Josefina Gamboa Torales presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a las y los Diputados integrantes de la LXIV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2021, una partida presupuestal destinada al Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG).

El objetivo de dicha propuesta es con la finalidad de favorecer a los municipios y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de acuerdo al problema de inseguridad que aqueja a la sociedad.

En el documento, Gamboa Torales señala que el compromiso como legisladores es crear herramientas que permitan combatir la inseguridad, y recobrar la tranquilidad que todo mexicano merece, lo anterior cobra mayor importancia. “Toda vez que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, ya no está contemplada una partida destinada al Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública, mejor conocido como FORTASEG”.

Además, los recursos se aplican a la compra de equipamiento adecuado, construcción de infraestructura, prevención del delito, así como, a la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.

“Es por ello que solicitamos, respetuosa pero a su vez enérgicamente, a las y los diputados del Congreso de la Unión, que incluyan al FORTASEG dentro del presupuesto de egresos para el año próximo, y cumplan con su deber de generar las vías para la recuperación de la tranquilidad social”, concluye el escrito.

La Mesa Directiva instruyó remitir este Anteproyecto a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.

La Diputación Permanente aprobó este viernes al Gobierno del Estado la donación gratuita y condicional del terreno de más de 42 mil metros cuadrados que ocupan las instalaciones centrales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, lo que implicará regularizar a favor de esta última el predio que de por sí ya ocupa.

La extinta Procuraduría General de Justicia del Estado recibió el inmueble el 11 de febrero de 2005 mediante un Acuerdo de Destino de la entonces Secretaría de Desarrollo Regional y la Dirección de Patrimonio del Estado. En 2015, cuando desapareció la Procuraduría y se creó la Fiscalía como organismo autónomo la superficie continuó siendo propiedad del Gobierno del Estado.

Además de cumplir con un elemental orden administrativo, regularizar la propiedad del inmueble permitirá a la Fiscalía cumplir con los requisitos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas a fin de construir, dentro del mismo polígono, los nuevos edificios de la Policía Ministerial y de su Contraloría Interna. Dicha Ley impide a los órganos públicos construir en una finca de cuya propiedad se carezca de certeza jurídica.

Para resolver esta situación, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez solicitó a la Legislatura su autorización para donar el bien.

Todo lo anterior fue considerado por la diputada Rosalinda Galindo Silva y los diputados Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vázquez, presidenta, secretario y vocal, respectivamente, de la Comisión de Hacienda del Estado y ponentes del dictamen favorable a la donación presentado a la votación de la Diputación Permanente.

La diputada María Candelas Francisco Doce presentó a la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz con la finalidad de permitir que menores de edad, veracruzanos y residentes, tengan acceso a un documento único de identidad con fotografía, lo cual sería una medida de protección en algunas circunstancias.

La legisladora expone que su iniciativa busca que sea el Gobierno estatal, mediante el Consejo Estatal de Población, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Dirección General del Registro civil, las dependencias encargadas de emitir este documento exclusivo para menores.

Indicó que sería de esta manera, porque el Consejo Estatal de Población tiene su equivalente para todos los efectos en el Gobierno Federal y al Registro Civil tienen acceso todas las personas en cualquier municipio de la Entidad.

Detalló que su propuesta legislativa cuida que no se trate de una medida obligatoria, pero sí adecuada a la forma de vida que se tiene hoy en día y que lleva a buscar mayores márgenes de seguridad en el cuidado de los menores en cualquiera de sus movimientos o cuando se colocan al cuidado de terceras personas con relación a sus familias.

“Hay adolescentes a pocos meses de cumplir la mayoría de edad, que por falta de un documento de este tipo, ven negado su ingreso a lugares adecuados para ellos, o cuando abordan un autobús foráneo y se les exige identificarse, cuando no van acompañados de mayores se suscitan problemas”, citó la legisladora.

Recordó que a nivel federal hubo una propuesta en 2010 para crear una Cédula de Identidad para todos los mexicanos. “Quedó truncado en 2012, sin embargo, esto no debe ser impedimento para que en Veracruz logremos este objetivo con voluntad política y total apego a la Ley”, añadió.

De acuerdo a la iniciativa, se adicionaría un párrafo quinto con el corrimiento del actual quinto a sexto al artículo 18 de la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para establecer que el Consejo Estatal de

Población, en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, emitirán el documento de identificación con fotografía.

Mismo que incluiría el nombre completo; nombre de padres y en su caso, también tutor; fecha y lugar de nacimiento destinado exclusivamente a menores de edad nacidos o residentes en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y denominado: Cédula de Identidad Única para Menores Veracruzanos; del que llevarán registro, administrarán con debida custodia sus datos y contenido. Su emisión se llevará a cabo a petición de padres, madres o quienes ejerzan la tutoría del destinatario.

La Mesa Directiva, presidida por el diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia para su análisis y dictamen correspondiente.

La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz aprobó hoy las dispensas legales a seis personas trabajadoras del sector salud para que cada una de ellas pueda desempeñar dos encargos públicos cuyos horarios de labores resultan compatibles.

Y es que el artículo 82 de la Constitución del Estado señala que “no podrán reunirse en una sola persona dos o más cargos de carácter remunerado del Estado, de este y la Federación, del Estado y el municipio, y de éste último y la Federación, salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Permanente en los términos que señale la ley”.

En este caso se trata de los médicos Gerardo Bajonero Saavedra, Armando Demetrio Romero, Jorge Guerrero Alarcón y Érik Torres Mora; la auxiliar de enfermería Laura Isabel Sánchez Tovar y el enfermero Óscar Arión Cervón Cárdenas, quienes trabajan en diversas dependencias de salud mayoritariamente estatales –sólo dos de ellos laboran también en el IMSS-.

Con la aprobación votada en la Cuarta Sesión del Segundo Receso del Segundo Año de la Sexagésima Quinta Legislatura ahora tienen vía libre para contar con dos empleos en jornadas que no interfieren: por ejemplo, si trabajan de lunes a viernes en un hospital y sábado y domingo en otro; o si tienen un empleo por las mañanas y otro por las tardes.

Los dictámenes de las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social, que se tramitan y se votan por separado, tomaron en consideración las declaraciones escritas de sus superiores jerárquicos en cada empleo avalando lo anterior.

La diputada Deisy Juan Antonio exhortó, a través de un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, a la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), para que remita a la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento el informe y documentación respectiva sobre el avance de la auditoría integral ordenada, en diciembre de 2019, a organismos relacionados con el servicio de agua a fin de conocer el estado que guarda dicho procedimiento.

Ante la importancia y derecho inherente de todo ciudadano para contar con servicios públicos de mayor y mejor cobertura, principalmente en lo que refiere al servicio de agua potable, dijo la legisladora, autoridades u órganos públicos atienden esta necesidad a través de concesionarios o cualquier otro medio legal sujeto a un régimen de derecho público o privado, procurando garantizar cobertura en el servicio con calidad, eficiencia, sustentabilidad ambiental y equilibrio financiero.

Sin embargo, señaló, en la entidad ha habido casos en los que no se ha procedido con la transparencia y legalidad adecuada para otorgar las concesiones que regulan este servicio. “Tal fue el caso de la propuesta presentada por el Consorcio integrado por Odebrecht Ambiental, S.A. e Interagbar de México S.A. de C.V., comercialmente conocido como Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V.

En años anteriores, en un acto de ilegalidad, continuó, se autorizó a los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, para que a través del organismo público descentralizado Sistema de Agua y Saneamiento, se otorgara la concesión de este servicio a la empresa conocida comercialmente como Grupo MAS, por un término de treinta años, puntualizó.

En este sentido, destacó, desde el inicio de sus operaciones, la empresa demostró la falta de transparencia y eficiencia para brindar el servicio de agua potable y saneamiento en dichos municipios, teniendo fugas en red del agua bombeada, averías, subcontaje, medidores sin reparar, abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales, falta de inversión de infraestructura hidráulica, contaminación por descargas de agua no tratadas, así como cobros excesivos por el consumo de agua de una pésima calidad.

Dichas demandas han sido constantes por parte de los usuarios del servicio, indicó la diputada, por lo que el pasado 18 de agosto fue turnada a las Comisiones Unidas de

Hacienda Municipal y de Agua Potable y Saneamiento, la solicitud ciudadana para retirar la concesión por el servicio de agua a estas empresas.

Al respecto, manifestó la presidenta de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento que se ha realizado un análisis de la situación con base en todos los elementos posibles para estar en condiciones de llegar a un acuerdo; para que en caso de proceder a la revocación del título, se generen los menores costos posibles al estado y no afecte el financiamiento de proyectos y obras para la sociedad.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.

Con el objeto de procurar que el marco normativo que rige al Poder Judicial en el Estado no contenga disposiciones erróneas o contradictorias, el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los proponentes, diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, ponderan la necesidad de garantizar experiencia y profesionalismo en el desempeño de quienes tienen señaladas atribuciones de máxima importancia en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

La reforma al Artículo 17 de la referida ley precisa entre las atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia la señalada en la fracción XXI, consistente en nombrar, mediante votación secreta, a dos magistradas o magistrados para que formen parte del Consejo de la Judicatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 95 de la misma ley.

Proponen también actualizar el Artículo 71 para que cada una de las Salas de los Tribunales del Poder Judicial cuente con una secretaria o secretario de Acuerdos, quien deberá reunir los mismos requisitos que para ser magistrada o magistrado, así como haber asistido y aprobado el curso de capacitación autorizado por el Consejo de la Judicatura. A su vez, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia contará con una secretaria o secretario General de Acuerdos.

En lo que respecta a las atribuciones del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, contempladas en el Artículo 88, plantean reformar la fracción XVII, que le faculte tramitar los asuntos de la competencia del Pleno hasta ponerlos en estado de resolución, con excepción de los previstos en las fracciones I, II y III del artículo 17 de esta Ley.

Por cuanto toca al Tribunal Superior de Justicia, para los efectos de la imposición de las sanciones disciplinarias, el procedimiento señalado en el Artículo 171 incluiría que, cuando se trate del personal del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de éste, previa audiencia del acusado, acorde con el procedimiento previsto en los artículos 167 y 168 de esta Ley, dictará su resolución y, en su caso, impondrá la sanción respectiva.

Para su estudio y análisis, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado local Alexis Sánchez García presentó a la Diputación Permanente una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Veracruz a fin de fomentar y regular el reciclaje de llantas de desecho en la entidad.

La exposición de motivos de la iniciativa señala que en Veracruz se generan cada año 2.1 millones de neumáticos de desecho, cuyo destino principal son tiraderos a cielo abierto, por lo que son una fuente de contaminación y un riesgo para la salud pública.

Dentro de los problemas ambientales que más impacto acarrea el mal manejo del tratamiento final de las llantas usadas de desecho, encontramos los riesgos de incendios; la proliferación de fauna nociva; el volumen que ocupan en rellenos sanitarios acortando su vida útil; y la contaminación visual que degrada la calidad de vida de quienes habitan en sus cercanías.

La industria del reciclaje, señala el legislador, ofrece una serie de ventajas ambientales, sociales y económicas de gran beneficio para México, al crear fuentes de empleo, generar nuevos mercados de bienes de consumo como: topes, señalamiento de tránsito, materia prima para asfalto, cemento hidráulico, pisos, empaques, uso en pastos sintéticos, pistas deportivas, entre otras.

De ahí que se proponga, de manera específica, que las llantas que sean desechadas deban destinarse para su reciclado, tratamiento y disposición final, a centros de acopio, que cuenten con la tecnología necesaria para cumplir con dichos fines, añadió.

En caso de ser aprobada la iniciativa, las llantas deberán ser recogidas y transportadas como cualquier otro residuo sólido de los ya previstos en la ley, pero en lugar de ser destinadas a rellenos sanitarios o basureros como hasta ahora se realiza en algunos casos, deberán ser entregadas a dichos centros de acopio para su atención final.

Para su análisis y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero presentó a la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al Artículo 2280 del Código Civil para el Estado de Veracruz que tiene como finalidad proteger al adulto mayor, titular de una propiedad inmueble, su legitimación y voluntad del derecho a donar a favor de la o las personas que considere, evitando se abuse de la condición y la buena fe de ellos para obtener un beneficio.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que, de esta manera, no existirá la posibilidad que una vez donado su patrimonio sobrevenga el desinterés y la indiferencia por parte de sus descendientes y demás parientes e inclusive de aquellos quienes se vieron beneficiados mediante la donación y que el adulto mayor quede en condiciones de desamparo total.

Al presentar su iniciativa durante la Cuarta Sesión Ordinaria, del Segundo Receso, el legislador subrayó que actualmente el Código Civil estipula como nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias. “Es decir, se protege el derecho de la persona adulta mayor a contar con una vivienda en la parte de su vida que mayores desventajas le representa”.

Expone que la nulidad debe ser solicitada ante la autoridad jurisdiccional, pero no se establece de forma alguna que el notario tenga la facultad de establecer en el contrato de donación el usufructo vitalicio cuando el donante o su cónyuge, sea una persona mayor de 65 años.

En su propuesta, el diputado Omar Miranda destaca que como legisladores debe salvaguardarse la integridad y el patrimonio de todas las personas. Por lo que esta iniciativa busca garantizar que las personas mayores disfruten de los bienes, para que con esta medida se limite y prevenga que puedan ser víctimas de engaños o de abusos, así el Estado privilegia su protección.

De esta manera, la redacción del Artículo 2280 quedaría de la siguiente forma: “Es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias”.

“Cuando el o los donantes sean personas de 65 años o más, se deberá acreditar que no se comprende la totalidad de sus bienes, pudiendo acreditarse mediante una declaración bajo protesta de decir verdad ante el notario público que expida el instrumento público de donación, en caso de no hacerlo, se deberá incluir, obligadamente, la cláusula de usufructo vitalicio sobre los bienes otorgados a los donatarios”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 248 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo propósito es garantizar a hijas e hijos de personas divorciadas el derecho constitucional de recibir alimentos.

Las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes de este grupo legislativo, refieren que una de las figuras jurídicas más relevantes que prevé la ley civil es la de garantizar plenamente los alimentos a través del aseguramiento de los mismos.

El artículo en mención dispone que “el aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualquier otra forma de garantía suficiente a juicio del órgano jurisdiccional, siendo necesario solicitar que dicha garantía cubra mínimo un año la pensión alimenticia decretada, así como la fecha precisa a partir de la cual el deudor alimentario deberá realizar dicho aseguramiento”.

Los proponentes señalan que, en el nivel nacional, el estado de Veracruz se encuentra entre los primeros lugares en materia de denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de acuerdo con los reportes de incidencia delictiva del fuero común, emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En respuesta a la necesidad de establecer una garantía diversa a la pensión alimenticia “para asegurar que ante algún hecho que genere la imposibilidad de que el deudor alimentario continúe con el pago de la pensión, la garantía se pueda cobrar a efecto de salvaguardar los alimentos de los acreedores alimenticios”.

Consideran la posibilidad de que el deudor renuncie a su trabajo o sea despedido, caso en el cual, no habrá manera de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación con la inmediatez que requiere la satisfacción de los alimentos, en tanto que de ellos depende la subsistencia del acreedor, de ahí que el mismo monto no puede tener una doble naturaleza.

La propuesta del PRI-PVEM establece. “En ningún caso la forma de obtener el cumplimiento oportuno de la obligación alimentaria, consistente en la retención de un porcentaje o monto del salario del deudor alimenticio como pago de la pensión correspondiente, podrá considerarse, a la vez, como garantía para asegurar su cumplimiento, por lo que deberá constituirse otra para ese objeto, de entre las señaladas en este artículo, a fin de garantizar los derechos de las personas que reciban alimentos”.

Con dicha propuesta, consistente en reformar el artículo 248 del Código Civil del estado, estiman, puede contribuirse a evitar numerosos problemas que se presentan ante el recurrente incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y que dejan a los acreedores alimentarios, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, en un estado total de vulnerabilidad, por la naturaleza de las necesidades que deben satisfacerse a través de las pensiones alimenticias.

De acuerdo con el artículo 239, párrafo primero, del mismo Código Civil, se entiende por alimentos “lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo; gastos de educación desde educación inicial hasta el nivel licenciatura o equivalente; recreación, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por la persona beneficiada, para su normal desarrollo físico y psíquico”.

La iniciativa fue turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz para que el Poder Judicial de Veracruz esté obligado a presentar una versión pública de todas sus sentencias.

La reforma propuesta atendería al mandato del Congreso de la Unión cuyas reformas en ese sentido a la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública –vigente en todo el país- entraron en vigor el pasado 13 de agosto y que señalan un plazo de 180 días para que los Congresos de las entidades federativas homologuen las Leyes locales con aquella. El plazo se vence el 9 de febrero de 2021.

De acuerdo a la redacción actual de la Ley, el Poder Judicial debe presentar una versión pública de sus sentencias sólo en los casos que las considere “de interés público”, clasificación que recae en el propio criterio del sujeto obligado y que está abierta a una interpretación subjetiva. La reforma a la fracción primera del artículo 18 del ordenamiento veracruzano los obligaría a publicar “todas”.

Esta transparencia se traduce en un mecanismo para evaluar la forma en que se imparte justicia; para visibilizar y dar seguimiento a las sentencias discriminatorias o estereotipadas que en algunos casos afectan principalmente a las mujeres, y para detectar también actos de corrupción, nepotismo, amiguismo o pactos para los puestos, señaló la legisladora.

Recordó que los criterios del Congreso de la Unión, con los que se dijo coincidente, es necesario fomentar la rendición de cuentas por parte de las juezas, jueces, magistradas o magistrados, para sujetar su labor pública al escrutinio de la ciudadanía; y que la transparencia judicial es esencial para poder generar indicadores y análisis que permitan evaluar la función jurisdiccional.

Por lo que hace a los Poderes Judiciales, las sentencias son el indicador idóneo para medir el desempeño y cumplimiento de los objetivos y fines institucionales, añadió.

En algunos órganos del Poder Judicial de Veracruz ha prevalecido hasta ahora la práctica voluntaria de publicar todas sus sentencias. Sin embargo, la reforma es necesaria porque la medida ya no será voluntaria, sino obligatoria y por lo tanto será extensiva a todos los órganos jurisdiccionales, comentó.

La diputada Linares Capitanachi es presidenta de la Comisión de Gobernación y vocal de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

La diputada local Elizabeth Cervantes de la Cruz presentó este viernes a la Diputación Permanente la iniciativa de creación de la Ley Citrícola para el Estado de Veracruz, que de ser aprobada implicaría la creación del Instituto Veracruzano de la Citricultura y el Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Citricultura, éste último con recursos presupuestales de porcentaje mínimo garantizado.

En su argumentación, la legisladora recordó que en la industria citrícola de Veracruz participan 40 mil 500 productores cuyo quehacer genera 32 mil empleos directos y 97 mil indirectos, toda vez que la producción estatal de ocho millones de toneladas de limón, naranja, mandarina, tangerina y toronja está valorada en 23 mil millones de pesos.

A pesar de ello, este sector está amenazado por la falta de apoyo institucional producto del desinterés de las últimas administraciones estatales, señaló la también vocal de la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal.

Hablando a nombre de los corredactores de la iniciativa, el diputado Raymundo Andrade Rivera y la diputada Margarita Corro Mendoza –quienes integran junto con ella la citada Comisión-, la representante popular dijo que el propósito de la Ley propuesta, el Instituto y el Fondo contenidos en ella, es normar, fomentar y desarrollar de manera sustentable y orgánica la producción, comercialización y el consumo de los cítricos frescos y de sus subproductos y derivados industrializados.

También, promover la capitalización del sector, el suministro de insumos y la obtención de apoyos financieros para crear cadenas de valor; así como procurar una justa distribución del ingreso citrícola con criterios de competitividad técnica, factibilidad económica, desarrollo social y sustentabilidad.

Además, indicó la diputada Cervantes, incrementar la participación del sector citrícola veracruzano en los mercados nacional y extranjero, al tiempo que se implementen campañas agrícolas y fitosanitarias para el mantenimiento y el mejoramiento de la sanidad vegetal de los cítricos.

La redacción de la Ley es producto, subrayó, de haber escuchado las propuestas de los propios involucrados en la industria gracias a la celebración de foros en el corazón mismo de la zona citrícola veracruzana: los municipios de Álamo Temapache, Chicontepec, Martínez de la Torre y Cuitláhuac; contando con un aforo de más de dos mil personas, entre productores, comerciantes, empresarios de la transformación y demás agentes del sector.

Gracias a este ejercicio de escucha, se identificó la necesidad de contar con un Instituto como organismo descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la SEDARPA, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El Instituto tendría entre sus funciones planificar, diseñar e implementar políticas, estrategias y programas para aumentar la productividad, calidad, competitividad y posicionamiento del producto citrícola veracruzano en el marcado nacional e internacional.

Además, explicó la diputada, promover y ejecutar inversión pública y privada; incentivar el crédito agrícola y la capitalización de las unidades de producción rural; generar, incentivar y difundir innovaciones tecnológicas en materia de modernización de las técnicas del cultivo de los cítricos; y ofrecer asesoría jurídica, comercial, financiera y técnica a los agentes del sector.

Para cumplir estas encomiendas, el Instituto tendría el mandato legal de crear el Padrón Estatal de Productores, Industrializadores, Comercializadores y Exportadores de Cítricos, a fin de concentrar todo tipo de información estadística relacionada con la cadena productiva; y ser una herramienta que coadyuve y facilite la planeación, aplicación y evaluación de las políticas públicas en la materia.

En caso de ser aprobada la nueva Ley, el Instituto, también se ocuparía de elaborar un Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Citricultura, con el gran objetivo de detonar el desarrollo sustentable del sector citrícola veracruzano, con un especial énfasis en aquellas zonas que presentan niveles altos de marginación.

Los recursos para todo lo anterior provendrían del Fondo ya citado, al que proponen brindar una asignación de porcentaje mínimo garantizado por ley dentro del Presupuesto Estatal, a la usanza de lo que ocurre con la Universidad Veracruzana.

Poseemos una tierra fértil, con mujeres y hombres que saben trabajarla y hacerla producir, la citricultura es una actividad económica con la capacidad suficiente de detonar el desarrollo económico y social no sólo de los municipios citrícolas, sino en general de todo el Estado de Veracruz, concluyó la diputada.

Para su análisis y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y de Hacienda del Estado.

La decisión del gobierno federal de duplicar el número de plazas para médicos a través del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) es el primer paso hacia un nuevo sistema de salud en México, reconoció la diputada Andrea Yunes Yunes, Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local.

Dijo que la pandemia puso en evidencia las graves carencias del sistema hospitalario y las precarias condiciones laborales en las que se encuentran miles de médicos en el país, además de la falta de oportunidades para continuar su preparación. “México y Veracruz requieren de más médicos y especialistas para enfrentar la pandemia y otras enfermedades crónicas. La cobertura actual es insuficiente”, aseguró.

Explicó que por primera vez, el próximo año la cantidad de plazas disponibles pasará de 9,480 a 18,229, lo que aumentará la capacidad de especialistas en el país que tanta falta han hecho con la llegada de la pandemia del coronavirus. Destacó también que los médicos que han estado atendiendo a las pacientes de Covid19 puedan recibir una puntuación extra al momento de presentar el examen.

La diputada del Partido Verde recordó que a finales de agosto, tras el anuncio de que se cancelaría el proceso de basificación de médicos en todo el país, solicitó que se continuara con esta tarea y se ampliara el número de plazas que serán concursadas a través del ENARM. Apuntó que el año pasado, el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) concursó 9,480 plazas entre 42,680 aspirantes, por lo que 8 de cada diez médicos que presentan el examen son rechazados.

Andrea Yunes lamentó que México sea el país con más personal de salud que ha fallecido tras contraer Covid-19, con al menos 1,320 decesos confirmados. “La basificación y la ampliación de nuevas plazas también es un reconocimiento a quienes han enfrentado la pandemia todos los días. Debemos estar preparados para los retos que vamos a enfrentar en el futuro; tener más médicos no lo es todo pero sí es un gran avance”.

La propuesta de la Secretaría de Hacienda de aumentar en 9 por ciento el presupuesto en materia de salud –con lo que se podrá duplicar el número de plazas para médicos- deberá ser aprobada dentro del PEF 2021 por la Cámara de Diputados, por lo que confió en que sucederá durante el mes de noviembre.

El Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM presentó una Iniciativa para que las iniciativas de ley o decreto presentadas por las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México ante las Cámaras del Congreso de la Unión sean dictaminadas y discutidas en el Pleno en un plazo máximo de seis meses, debido a que el porcentaje de iniciativas de ese tipo que no son dictaminadas es alto.

Para tal efecto, las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes pusieron a consideración de esta Soberanía la Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo quinto al Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señalan que, durante las últimas cinco legislaturas, es decir, de septiembre de 2006 a la fecha, los congresos de las entidades federativas han presentado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 573 iniciativas de ley o decreto, con la intención de que se diera origen al proceso legislativo para realizar modificaciones a los ordenamientos jurídicos de la competencia exclusiva del Poder Legislativo Federal o, en su caso, del Poder Revisor Constitucional. Sin embargo, del total mencionado, 389 iniciativas no fueron dictaminadas en las Legislaturas LX, LXI, LXII y LXIII y 85, presentadas en la actual LXIV Legislatura, tampoco han sido dictaminadas hasta el momento, para un total de 476 iniciativas, cantidad que representa el 83.07 por ciento del total.

Además, en las relativamente escasas ocasiones en que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados sí han elaborado dictámenes sobre las iniciativas presentadas por los congresos locales en el período de referencia, la inmensa mayoría, el 76.28 por ciento, es en sentido negativo, es decir, se resuelven, por causas diversas, como improcedentes. En las legislaturas LX, LXI, LXII, LXIII y en la actual LXIV se han dictaminado negativamente 74 iniciativas, cifra equivalente apenas al 12.91 por ciento del gran total presentado en el lapso mencionado.

Por cuanto hace a los dictámenes en sentido positivo respecto de las iniciativas presentadas por los poderes legislativos de los estados de la República y por el del antes Distrito Federal y hoy Ciudad de México, advierten las y los proponentes, sólo se han elaborado 23 en las últimas cinco legislaturas, pero en 20 casos se trata de dictámenes

que se corresponden con diversas iniciativas, es decir, que no sólo se refieren a las presentadas por los congresos de las entidades federativas, sino que, generalmente, por abordar temas semejantes, se incluyeron éstas pero sobre la base de proyectos sometidos a la consideración de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo o legisladores federales.

Detallan que, de un total de 573 iniciativas, en sólo tres casos las comisiones de la Cámara Baja del Congreso de la Unión han formulado dictámenes en sentido positivo y que están referidos únicamente a proyectos presentados por las entidades federativas.

En la Cámara de Senadores, sólo en la actual LXIV Legislatura se han presentado 72 iniciativas de ley o decreto por parte de 11 Congresos locales, de las cuales en 69 casos, 95.83 por ciento, aún no han sido dictaminadas. En los restantes tres, dos dictámenes se formularon en sentido negativo y uno en sentido “positivo”, pero sólo para ordenar su archivo, junto con otras iniciativas presentadas para proponer modificaciones a dicho ordenamiento.

Consideran que una norma como la que proponen abonará a reforzar la participación de los congresos locales en el perfeccionamiento del orden jurídico nacional. “Si los órganos depositarios de los poderes legislativos de las entidades federativas procuran acuerdos políticos para aprobar la presentación ante el Congreso de la Unión de sus propuestas de reformas o adiciones al texto constitucional, a las leyes nacionales o únicas, a las generales y a las federales, en correspondencia a ese espíritu democrático y federalista que dio origen a esas iniciativas, se debe establecer la obligatoriedad de su valoración y dictamen”.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura realizó la declaratoria del decreto que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tras conocer el informe de la Secretaría General, mediante el cual la mayoría de los ayuntamientos de la entidad lo aprueban.

Esto, de conformidad en el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado, en materia de reformas constitucionales.

De esta manera se dio a conocer que 199 ayuntamientos avalaron el decreto (27 que enviaron su acta de Cabildo y en 172 se configuró la afirmativa ficta). Además de nueve que la rechazaron y se registró una acta con inconsistencia, por lo cual se determinó como “indefinida”.

De acuerdo al decreto, resultado de la iniciativa presentada el pasado 28 de enero por el Gobernador del Estado, los ingresos que reciban las dependencias centralizadas y entidades paraestatales en concepto de derechos, aprovechamientos y productos, deberán ingresar a la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Se establecen reglas especiales respecto del Presupuesto de Egresos, con la finalidad de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles.

Las finanzas públicas del Estado, deberán estar apegadas a un criterio de racionalidad y de estricta disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel de gasto que se establezca en el presupuesto de egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal, con el propósito de mantener la sostenibilidad del balance presupuestario, atendiendo a las reglas especiales establecidas para ello.

En el caso de órganos, organismos autónomos del Estado, o entes públicos que tengan asignados porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición.

En el mismo sentido, cuando las participaciones federales anuales al Estado se vean afectadas durante el ejercicio fiscal en curso, Sefiplan hará los ajustes en las ministraciones estatales correspondientes a las dependencias centralizadas y entidades

paraestatales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y demás entes públicos, en la misma proporción y periodicidad que lo haga la Federación.

Por excepción, ante situaciones financieras extraordinarias o imprevistas de carácter general que disminuyan los ingresos estatales, declaradas y fundamentadas por el Poder Ejecutivo o el Congreso del Estado, previo a la aprobación al presupuesto de egresos, podrá realizar los ajustes necesarios a efecto de cumplir con los principios de balance presupuestario de recursos disponibles.

Tras esta declaratoria, el presidente de la Diputación Permanente, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

El diputado José Manuel Pozos Castro presentó una iniciativa de decreto que declara la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, por ende, declarar abrogada la Ley estatal en la Materia.

El documento señala, que toda vez queen los distritos judiciales del Estado, la Ley Nacional de Extinción de Dominio entró en vigor el 10 de agosto de 2019, es necesaria su entrada en vigencia en la entidad para dar cumplimento con los estatutos Federales.

En consecuencia quedaría abrogada la Ley Número 307 de Extinción de Dominio publicada en la Gaceta Oficial del Estado número Extraordinario 476, de fecha 28 de noviembre de 2014; dando continuidad a los procedimientos penales que ya se encuentran en trámite, de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.

En este sentido, en medida en que cada uno de los procesos vigentesestén sustanciados, la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio que se venía aplicando previamente, será cesada.

La iniciativa también señala que a partir de la entrada en vigor de esta ley, dependencias, entidades, Poder Judicial y organismos autónomos relacionados con esta materia, contribuirán con la Legislatura local para armonizar la respectiva con la ley en comento.

“Se deberán incluir en las páginas de Internet, públicas y privadas, y en sus listados de leyes el texto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la leyenda que la Ley Estatal queda abrogada”, finaliza el texto.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada María Candelas Francisco Doce presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz, que tiene como finalidad dar certeza jurídica a los poseedores de predios que, por alguna razón, no han sido regularizados.

En su intervención durante la Tercera Sesión Ordinaria, la legisladora subrayó que actualmente existen miles de terrenos e inmuebles irregulares por causas ajenas a quienes los ocupan o por motivos indirectos, en los que la autoridad no puede hacer más, al encontrar muy poco espacio en el ámbito de la Ley para su regularización.

Indicó que en Veracruz grandes extensiones de tierra, con el paso del tiempo, han sido fraccionados e incorporados a zonas urbanas sin regularizarse, “zonas donde habitan familias que, en su mayoría, no cuentan con recursos para costear un juicio”.

De esta manera, la legisladora plantea adecuar el Código Civil con la finalidad de dar certeza jurídica a los actuales poseedores de estos predios y así puedan mejorar sus condiciones socioeconómicas. “Ser propietario con pleno derecho permite utilizar el bien de que se trate para emprender cualquier iniciativa económica individual o familiar”, refirió.

La Diputada expuso que actualmente, el Código Civil, en su Capítulo del Registro Público de la Propiedad, reglamenta que las informaciones testimoniales de posesión y propiedad deben inscribirse dentro de los documentos y sean provenientes de juicios en jurisdicción voluntaria.

También establece cuándo procede la inscripción provisional de documentos y sus efectos, así como el término perentorio para su cancelación o inscripción definitiva, esto último en estricto sentido; en lo que respecta al capítulo de las informaciones ad perpetuam de posesión, prevé la forma de adquirir la propiedad del bien material de la inscripción, estableciendo un término condicional para la realización de la gestión de dicho procedimiento.

La diputada Candelas Doce manifestó que esta reforma ofrece también seguridad en el derecho de propiedad de los titulares de inmuebles sujetos a regularización, que además es garantía de patrimonio familiar y posibilidad de los titulares de los inmuebles

regularizados, para realizar la transmisión onerosa vía contrato de compraventa o gratuita por contrato de donación y por vía sucesión testamentaria o intestamentaria.

Además, que los titulares de los predios regularizados cuenten con bienes para darlos en garantía en la obtención de créditos otorgados a su favor por parte de la banca o por programas gubernamentales de fomento al campo o empresarial.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó a la Diputación Permanente un anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual se prevé exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus competencias, incorporen en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 los recursos necesarios y suficientes para culminar el proyecto del corredor Interoceánico de la región del Istmo de Tehuantepec.

En su intervención, durante la Tercera Sesión Ordinaria, el legislador del Distrito XXX, Coatzacoalcos II, habló de lo que –consideró- serán grandes beneficios de este proyecto en la zona. “el Corredor está destinado a convertirse en una infraestructura de enorme trascendencia para el desarrollo de la región Sur- Sureste del país, posibilitando la intensificación y diversificación de las actividades económicas en la zona y convirtiéndose en una infraestructura que arrojará beneficios sociales de importancia en los municipios y comunidades istmeños”, agregó.

Previamente, expuso que este proyecto consiste en la conversión de la antigua ruta ferroviaria que comunica actualmente a las ciudades de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca; cuyo fin es que sea una ruta de transportación (de pasajeros y de carga) que contribuya al desarrollo del Istmo de Tehuantepec y a la modernización de esos dos importantes puertos.

Por ende, el diputado Guízar Valladares destacó que este Corredor Interoceánico no debe concebirse como un proyecto solitario, sino como un punto de inicio para otras obras como la remodelación y acondicionamiento de puertos, carreteras y aeropuertos en la zona. “Ofrecerá una mejor conectividad, múltiples ofertas de servicios, una red mundial de medios y, desde luego, un sistema de transporte”, indicó.

Asimismo, subrayó que traerá mejores condiciones de vida para la población, una economía incluyente y sustentable, respecto a la integridad de los pueblos indígenas, así como al medio ambiente, un nuevo modelo de crecimiento económico, nuevas bases de economía social y solidaria, proyectos productivos generadores de empleo e ingresos para la población local, entre otros.

Detalló que dicho proyecto tiene como finalidad otorgar diversos estímulos y beneficios como: crear una cortina de desarrollo en un tramo de 304 kilómetros para frenar la migración de mexicanos hacia el país vecino del norte; empleo con un enfoque de sustentabilidad ambiental y protección de la reserva de la biósfera de los Chimalapas; baja en los precios de los combustibles y reducción en el cobro de impuestos para quedar en tasas de 8 por ciento del IVA y 20 por ciento del ISR.

El legislador dijo que este proyecto pretende beneficiar a un millón 200 mil habitantes ubicados en 76 municipios de Oaxaca y Veracruz, en donde se ubican 788 localidades urbanas, de los cuales 11 mil 884 son hogares indígenas y 104 mil personas que viven en condiciones de alta marginación.

Por último, el diputado confió en que el Gobierno Federal impulse este proyecto, ya que –indicó- coincide con los que actualmente están previstos como la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la base militar de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco; las cuales significan progreso para México.

El anteproyecto fue turnado por la Mesa Directiva a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.

Con el propósito de visibilizar la Violencia en el noviazgo y la Violencia Mediática o Publicitaria, para así actuar en consecuencia y sean implementadas políticas públicas para avanzar hacia la igualdad sustantiva, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presentó la iniciativa de decreto que adiciona las fracciones VIII y IX del artículo 8, así como los artículos 13 Ter, 13 Quater y los capítulos IX y X del título segundo, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Al participar durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) planteó incorporar, como modalidad de violencia contra las mujeres, la violencia en el noviazgo, entendiéndose éste como el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, de manera particular a las adolescentes.

Lo anterior, mediante uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, una relación afectiva, de hecho o una relación sexual.

En tanto, la Violencia Mediática o Publicitaria, refiere que es la que vemos todos los días, que se manifiesta en la prensa escrita, en los portales de internet, en la radio y en la televisión, donde se publican y difunden mensajes e imágenes estereotipadas de las mujeres que, de manera directa o indirecta, promueven su explotación, vinculada a la construcción de símbolos e ideas en los que las mujeres son humilladas, maltratadas, utilizadas como objeto de placer y que reproducen y legitiman relaciones de desigualdad y discriminación.

A través del artículo 13 Ter se prevé establecer que los gobiernos estatal y municipal, así como las autoridades en la materia, en el marco de sus respectivas competencias y de manera concurrente, deben implementar políticas públicas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el noviazgo.

Asimismo, en el artículo 13 Quater se busca señalar que todos los poderes públicos, incluidos los organismos autónomos, deben promover acciones para evitar que los medios de comunicación con cobertura en el Estado, generen y reproduzcan estereotipos de género en sus notas e imágenes.

En su intervención, la diputada Nora Lagunes precisó que la violencia mediática o publicitaria es diferente a la digital, toda vez que ésta última se refiere a la generada en redes sociales y en todas las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S), donde pueden ejercerse figuras como el grooming o sextorsión. Mientras que la mediática es la que reproduce imágenes estereotipadas de las mujeres o hacen apología de la violencia en la prensa, en los anuncios publicitarios y en las noticias, que exhiben el cuerpo de las mujeres como objeto, incluidas aquellas imágenes relacionadas con la comisión de delitos en su contra, como son los feminicidios.

La legisladora indicó que, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el 59 por ciento de las mujeres que tienen pareja han sufrido violencia física, emocional o sexual.

Sostuvo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tres de cada diez adolescentes denuncian que sufren o han sufrido violencia en el noviazgo. Además, que en México el 76 por ciento de las adolescentes, de entre 15 y 17 años, han sufrido violencia psicológica.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero exhortó al Ejecutivo estatal a implementar en la entidad el programa Acompañarte, que promueve la Secretaría de Cultura del gobierno federal o, en su caso, un programa estatal, a fin de apoyar al sector de entretenimiento, oficios y servicios relacionados, perjudicado por la actual contingencia sanitaria.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional presentó a la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo mediante el cual ofrece una alternativa para atender dichas fuentes de empleo.

Consideró que, a diferencia del sector turístico, el cual redujo su actividad 70 por ciento, quienes se dedican a la literatura, teatro, artes escénicas, danza, música y arte sonoro, artes visuales y medios audiovisuales, ingenieros y staff, animadores, DJs y demás oficios y servicios relacionados con éstos enfrentan una disminución de hasta 95 por ciento.

Omar Miranda añadió que este mecanismo ya ha sido implementado en el estado de Michoacán con una bolsa inicial de 10 millones de pesos, por la que se otorga un apoyo de más de seis mil pesos por beneficiado, pero, acotó, debe considerarse que Veracruz duplica la población que existe en Michoacán conforme al último censo.

Finalizó su exposición valorando la intervención estatal para abatir los índices de desocupación y la necesidad de implantar programas de apoyo al empleo, la reactivación económica, la recomposición de la base laboral y la recuperación de la actividad productiva de quienes han perdido su fuente de ingresos a causa de la pandemia.

El Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó a la Diputación Permanente una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del Artículo 184 del Código Penal para el Estado de Veracruz, cuyo propósito es establecer que se configura el delito de violación cuando entre el activo y el pasivo existiese o haya existido, además de un vínculo matrimonial o de concubinato, una relación de pareja o de hecho.

La propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del PRI-PVEM, destaca que así como ya se regula esa tutela en los casos de matrimonio y concubinato ahora se pretende ampliar a quienes no están unidos en ese tipo de relaciones.

Considera como pertinente y necesaria esta modificación para enfatizar, como ya sucede en los casos previstos de violación entre cónyuges o concubinos que, aun cuando existan o hayan existido relaciones afectivas y estables, no debe permitirse la vulneración del derecho a la libertad sexual de ninguna persona ni mucho menos la normalización social de esas conductas, al amparo de que entre el sujeto activo y la víctima haya una relación de pareja.

Asimismo, expone que en la mayoría de las entidades federativas de la República sus leyes punitivas, como ocurre con el Código Penal federal, establecen que el delito de violación puede ser cometido también entre cónyuges o concubinos, sobre la base de que el vínculo entre quienes se encuentren unidos mediante matrimonio o concubinato no justifica atentar contra la libertad sexual y la dignidad personal, como resultaría de practicar a alguien, sin su consentimiento y mediante violencia física o moral, la cópula o alguna conducta equiparable.

El Poder Judicial de la Federación –se lee en la Iniciativa- ha emitido ya diversos criterios jurisprudenciales en el sentido de que, aun cuando se trate de personas unidas en matrimonio o en cualquier otro tipo de relación familiar similar, es válido interpretar que se trata de una violación, si la conducta se comete en contra de la voluntad de la víctima.

Las y los proponentes señalan que en la mayoría de los códigos locales de las entidades del país y en el Código Penal federal esa modalidad del delito de violación sólo es perseguible por querella. En tanto que en Veracruz, como sucede también en Coahuila,

Hidalgo, Sinaloa y Sonora, no se encuentra acotada la procedencia del inicio de la investigación a esa forma de hacer del conocimiento de la autoridad ministerial la comisión del ilícito.

Consideran que es necesaria una disposición como la descrita, a fin de que cualquier persona sabedora del delito lo pudiera denunciar a la autoridad o que ésta pudiera iniciar de oficio las investigaciones al conocer del hecho. Sobre todo porque, en muchos casos, las víctimas no presentan las querellas por diversos factores como haber sufrido amenazas del agente activo, miedo a represalias, ignorancia de su procedencia jurídica, por necesidades económicas o cualquier otra circunstancia que impide, ante la falta de ese requisito de procedibilidad, accionar la potestad punitiva, indica.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,presentó una iniciativa de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que el informe de las acciones municipales emprendidas durante el año de ejercicio constitucional, sean específicas y en concordancia con lo establecido con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) así como en lo concerniente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Asimismo, la iniciativa busca promover un lenguaje incluyente y con perspectiva de género, reconociendo el lugar de las mujeres que tienen la titularidad de un Gobierno Municipal, determinando las adecuaciones precisas en la redacción del artículo en comento, además de sustituir el término “los ciudadanos” por “la ciudadanía”, tal como lo mandata la Carta Magna en el artículo 35.

El legislador señaló que esta propuesta deriva de que se ha detectado que en ocasiones la rendición de cuentas que emiten las autoridades municipales para la población y el Ayuntamiento, no siempre enlazan lo enunciado en el PMD con lo presentado en su informe, generando frecuentemente impresión social “de que son simples lecturas de buenas intenciones y de hechos inalcanzables”, puntualizó.

En el mismo sentido, la propuesta coincide en que dicho acto siga efectuándose en sesión pública y solemne de Cabildo, pero para fortalecer esos principios, se plantea que el contenido íntegro del informe deberá publicarse, a más tardar el día siguiente de su presentación, en los medios de difusión con los que cuente el Ayuntamiento.

“En Veracruz, se viven tiempos de transformación, mismos que exigen servidoras y servidores públicos que se dirijan en la legalidad y que estén comprometidos cabalmente con sus respectivas responsabilidades, por lo que ya no hay cabida para administraciones en las que sus titulares simulaban e improvisaban, y sus actuaciones de ninguna manera mantenían concordancia entre el decir y el hacer”, concluyó.

A la iniciativa se adhirió el grupo legislativo de Morena y fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen y para su para opinión a la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín acompañó
al presidente municipal de Orizaba, Igor Rojí, en la entrega de
útiles escolares para las niñas y niños del municipio montañoso.

Durante dicho evento, el presidente de la Junta de
Coordinación Política en la LXV Legislatura de Veracruz reconoció el esfuerzo
del gobierno municipal por fomentar el desarrollo educativo de los
estudiantes orizabeños.

“Quiero felicitar al presidente municipal, Igor Rojí,
igual a las y los profesores que se encuentran presentes, por su compromiso y
vocación, por continuar educando a nuestros niños y niñas pese a las
dificultades que representa la pandemia de COVID-19”, fueron las palabras que
expresó el legislador, ante las autoridades del Ayuntamiento, así como las y
los docentes que fungieron como testigos de dicho acto.

En lo particular, Gómez Cazarín agradeció la invitación al
evento, ya que es importante que los representantes populares participen
y verifiquen las acciones positivas de cada Ayuntamiento del estado de
Veracruz.

“Con mucho gusto acepté la invitación del alcalde, porque
creo que es una obligación que tenemos como Diputados Locales, el comprobar que
las obras y los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan, como en este
caso, que se beneficiará a niñas y niños del municipio de Orizaba”, concluyó su
participación.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, encabezó la Guardia de Honor que legisladoras, legisladores y autoridades del Poder Legislativo montaron ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, con motivo del CCX aniversario del inicio de la guerra por la independencia nacional.

Después de colocar una ofrenda floral en memoria de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y de incontables hombres y mujeres “que lucharon a su lado y que vinieron después, pero no fueron menos heroicos”, exaltó la grandeza del pueblo mexicano a lo largo de sus dos primeros siglos de existencia.

Al referir esta breve ceremonia celebrada en el Parque Miguel Hidalgo, a la que asistieron la diputada federal Dorheny García Cayetano; el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá; el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín; las legisladoras y legisladores locales Rosalinda Galindo Silva y Erika Ayala Ríos, Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, dijo que “con este acto simbólico, expresamos nuestro respeto y rendimos honores a quienes nos dieron esta gran patria”.

Como cada año, dijo el legislador, “evocamos los obstáculos y desafíos y las amenazas que durante dos siglos nuestro pueblo ha enfrentado con heroísmo, dignidad, valor, solidaridad, patriotismo y entrega. Nuestra generación es legataria de mujeres y hombres inconformes con la injusticia, inquebrantables ante la calamidad, insumisos ante la tiranía y arrojados contra la amenaza”.

En referencia a la actual pandemia que ha significado una prueba histórica para México y el mundo, enfatizó que “a pesar de todo y contra todo, siempre ha prevalecido la poderosa capacidad del pueblo mexicano para imponerse sobre lo adverso. Nada ni nadie ha doblegado este pueblo de mujeres y hombres cuyo pasado hoy nos sirve de inspiración y de brújula”.

Ríos Uribe advirtió que “la historia dirá que el pueblo de México estuvo a la altura del desafío, a la altura de quienes protagonizaron los dos siglos anteriores de los hechos fundamentales de nuestra Nación”, de aquellos que “entendieron que la libertad era solo el primer paso y que la construcción de una patria justa es una tarea inacabada hasta nuestros días”.

Finalmente, recordó que, a lo largo de dos centurias, el pueblo de México ha pasado por invasiones extranjeras, traiciones internas, magnicidios, guerras fratricidas y desastres naturales, entre otras pruebas, sin embargo, “tenemos el deber de seguir adelante, transformando a México y a Veracruz. Las mexicanas y los mexicanos saldremos victoriosos de este trance. ¡Viva México!”.

Al término del acto solemne, las y los legisladores firmaron el Libro de Honor.