El Pleno del Congreso del Estado emitió 44 votos a favor del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentado por la Comisión Permanente de Gobernación, para que los próximos ayuntamientos alineen sus Planes Municipales de Desarrollo a la Agenda 2030.

Este dictamen es resultado de la iniciativa presentada por las diputadas Mónica Robles Barajas, María Candelas Francisco Doce, María Esther López Callejas y Florencia Martínez Rivera y los diputados Omar Guillermo Miranda Romero y Rubén Ríos Uribe, con la adhesión de los grupos legislativos de Morena y mixto Del lado correcto de la historia

El objetivo fundamental del proyecto es incentivar y fortalecer la participación de los gobiernos municipales en las acciones internacionales, nacionales y estatales de los objetivos y metas de desarrollo, derivados de la Resolución 70/1 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, a través de su incorporación en sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo.

Lo anterior, en virtud de que el gobierno municipal es, por su propia naturaleza, el orden de gobierno más cercano a la población, con la posibilidad de localizar los objetivos de la agenda dentro de sus comunidades, pues tiene la capacidad de conocer cada contexto de su región y la posibilidad de alinear sus propias estrategias municipales de desarrollo, con los objetivos y metas globales que ya han sido interiorizados por el Estado mexicano para su implementación y coordinación por los tres órdenes de gobierno, en beneficio de las personas en su conjunto.

Para lograr los objetivos del desarrollo, de acuerdo con el dictamen, es necesario que las acciones institucionales de todos los niveles de gobierno provean a los sectores más vulnerables del acceso real a sus más básicos derechos humanos, para lograr establecer el apalancamiento de su desarrollo.

A partir de esta reforma, con la finalidad de que las localidades y asentamientos urbanos o rurales que forman parte del municipio, así como la administración municipal, sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, el Plan Municipal de Desarrollo deberá alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible y demás resoluciones e instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internacionales de los que el Estado mexicano es miembro y signatario.

Entre las atribuciones de los ayuntamientos, quedan establecidos: realizar estudios, programas de investigación, capacitación y orientación en materia de desarrollo municipal, comunitario, de participación social, perspectiva de género y desarrollo sostenible, así como la promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico, forestal y del equilibrio ecológico con un enfoque de igualdad y sostenibilidad.

Además, desarrollar planes y programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y de la fauna existentes en su territorio y al desarrollo forestal sustentable, así como para la prevención y el combate a la contaminación ambiental, mismos que deberán alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y demás resoluciones e instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internacionales de los que el Estado mexicano es miembro y signatario.

El Poder Judicial del Estado de Veracruz estará obligado a emitir una versión pública de todas sus sentencias, de acuerdo a una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada este jueves por el Congreso del Estado.

Veracruz es el primer estado del país en cumplir el mandato legal de homologar su legislación local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública –de aplicación en todo el país- reformada por el Congreso de la Unión el pasado 13 de agosto.

La propia reforma federal estableció un plazo de 180 días, que se vence el 9 de febrero del 2021, para que las entidades federativas hagan lo propio.

Se trata de una reforma parca en palabras pero de gran calado en sus consecuencias: sustituyó la obligación de emitir una versión pública de las sentencias “de interés público” por –así decía- por “todas” las sentencias, laudos y resoluciones que ponen fin a los juicios.

Ese cambio menor en la redacción cancela interpretaciones subjetivas a cargo del propio sujeto obligado sobre cuáles sentencias publicar y cuáles no, ambigüedad señalada como una deficiencia por los especialistas en materia de transparencia.

La adecuación fue propuesta por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi apenas el 25 de septiembre pasado y dictaminada favorablemente por la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, que preside el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez.

En sus consideraciones, señalaron que conocer todas las sentencias, laudos y resoluciones que ponen fin a los juicios –aun en su versión pública- representa “un mecanismo para evaluar la forma como se imparte justicia en todos los órganos jurisdiccionales del país, para visibilizar y dar seguimiento a sentencias discriminatorias o estereotipadas que afectan principalmente a las mujeres, y para detectar también actos de corrupción, nepotismo, amiguismo o pactos para los puestos”.

(Las “versiones públicas” a las que se refiere la Ley son, básicamente, documentos en los que se han emitido datos personales de los querellantes).

Asimismo, advirtieron que “es necesario fomentar la rendición de cuentas por parte de las juezas, jueces, magistradas o magistrados para sujetar su labor pública al escrutinio de la ciudadanía”.

La nueva obligación del Poder Judicial incluye al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y a los Juzgados de Primera Instancia.

El Poder Judicial del Estado contará con un plazo de 180 días para iniciar la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de agosto de 2020, en los términos de sus artículos primero y segundo transitorios.

Este dictamen registró 44 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones.

Las diputadas y diputados aprobaron el presupuesto que ejercerá la LXV Legislatura para el ejercicio fiscal 2021, el cual, atendiendo criterios de racionalidad del gasto y austeridad, será de 725 millones 835 mil 959 pesos, lo cual refleja una reducción de 50 millones 280 mil 141 pesos, representando una disminución del 6.47 por ciento en relación al que actualmente se aplica.

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al avalar en tiempo su presupuesto, mismo que será remitido al Poder Ejecutivo a fin de que sea incorporado en el Presupuesto General del Estado.

Este jueves, al término de la sesión extraordinaria, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, expuso que, de manera histórica y a diferencia de administraciones pasadas, las diputadas y diputados, conscientes de la actual situación económica del país, votaron y aprobaron un presupuesto austero, pero suficiente para el mantenimiento y el cumplimiento de las obligaciones de este Poder.

“Se trata de un acto de coherencia con la realidad del país y de solidaridad con un pueblo encarado a una de las peores crisis económicas del siglo”, refirió el legislador, quien agregó que como resultado de esto el Congreso de Veracruz pone en práctica una histórica muestra de austeridad al proponer para sí mismo un Presupuesto 2021 que por primera vez es menor al del año en curso.

Precisó que con la voluntad política han reducido el actual presupuesto de 776 millones 116 mil 100 pesos a 725 millones 835 mil 959 pesos, sumándose así a la demanda nacional de bajar los gastos en el Gobierno, aplicar criterios de ahorro y austeridad, y evitando en todo momento erogaciones no necesarias.

Asimismo, subrayó que esta Legislatura entiende a plenitud que para el sector público, en los tres órdenes de Gobierno y en los tres Poderes, el 2021 deberá ser un año de especial contención del gasto sin que ello implique eludir sus responsabilidades y mandatos.

Dijo que los diversos capítulos que forman este Presupuesto fueron, de manera responsable, disminuidos para atender el clamor social de ocupar los recursos con eficiencia y eficacia.

Detalló que el presupuesto se alinea con los esfuerzos que seguramente harán los otros dos Poderes estatales y que, como Poder Legislativo, en sus primeros dos años de ejercicio, han demostrado que se es capaz de alcanzar el mayor ahorro posible sin renunciar a sus encomiendas y sin la pérdida de la productividad.

Explicó que la distribución del Presupuesto, por capítulo, queda de la siguiente manera: Servicios personales, 456 millones 940 mil 497; materiales y suministros, 14 millones de pesos; servicios generales, 55 millones de pesos y para Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 199 millones 895 mil 462 pesos.

Por otra parte y como resultado de la disminución de los 50 millones de pesos, descartó la creación de nuevas plazas laborales y la contratación de servicios externos.

Cabe destacar que la aprobación de este Presupuesto fue realizada en sesión extraordinaria con carácter de privada, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 85, fracción V, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El delito de violación quedó configurado en las relaciones de pareja o de hecho, con la reforma al Artículo 184 del Código Penal del estado aprobada con 38 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones al Dictamen con Proyecto de Decreto suscrito y presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La iniciativa correspondiente fue presentada, el pasado 10 de septiembre, por el Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) que destaca que, así como ya se regula esa tutela en los casos de matrimonio y concubinato, ahora se incluya a quienes no están unidos en ese tipo de relaciones.

La comisión dictaminadora coincide con los proponentes en considerar pertinente y necesaria esta modificación para enfatizar, como ya sucede en los casos previstos de violación entre cónyuges o concubinos que, aun cuando existan o hayan existido relaciones afectivas y estables, no debe permitirse la vulneración del derecho a la libertad sexual de ninguna persona ni mucho menos la normalización social de esas conductas, al amparo de que entre el sujeto activo y la víctima haya una relación de pareja.

Además, en la mayoría de las entidades federativas de la República sus leyes punitivas, como ocurre con el Código Penal federal, establecen que el delito de violación puede ser cometido también entre cónyuges o concubinos, sobre la base de que el vínculo entre quienes se encuentren unidos mediante matrimonio o concubinato no justifica atentar contra la libertad sexual y la dignidad personal, como resultaría de practicar a alguien, sin su consentimiento y mediante violencia física o moral, la cópula o alguna conducta equiparable.

Las y los legisladores coincidieron en incluir como víctimas del delito de violación a quienes tengan una relación de pareja o de hecho con el sujeto activo, pues –consideran- en ocasiones existen relaciones de distinta naturaleza. Por lo que, se han establecido diversos criterios garantistas que establecen el carácter discriminatorio de derechos humanos en disposiciones jurídicas que llegan a excluir las relaciones de pareja distintas al matrimonio o concubinato.

Con una disposición como ésta, cualquier persona sabedora del delito puede denunciarlo y la autoridad puede iniciar de oficio las investigaciones al conocer del hecho. Sobre todo porque, en muchos casos, las víctimas no presentan las querellas por diversos factores como haber sufrido amenazas del agente activo, miedo a represalias, ignorancia de su procedencia jurídica, por necesidades económicas o cualquier otra circunstancia que impide, ante la falta de ese requisito de procedibilidad, accionar la potestad punitiva.

Las y los diputados de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado avalaron, con 46 votos, la abrogación de la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz para la elección del Poder Legislativo del Mismo, toda vez que carece de aplicación en el territorio estatal, al estar sus normas superadas constitucionalmente.

La iniciativa, autoría de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como de los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, fue presentada el pasado 7 de Julio y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio.

La dictaminadora coincidió con los diputados iniciantes, que la Ley en comento carece de positividad, toda vez que la determinación del número de distritos electorales locales y su integración ya no es atribución de las entidades federativas sino del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014.

En dicho decreto se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, derivando en la inaplicabilidad para la entidad, de Ley de División Territorial del Estado.

En este sentido, dice el dictamen, con la abrogación de esta Ley, se evitarían confusiones acerca de la conformación de los distritos electorales uninominales, que incluye el establecimiento de las demarcaciones territoriales ya que es una materia en la que no pueden legislar las entidades federativas, detalla.

Con estas disposiciones, finaliza el texto, “se evitarán confusiones acerca de la conformación de los distritos electorales uninominales, por lo que es necesario expulsar del marco jurídico veracruzano un ordenamiento, que aunque vigente, ya no tiene aplicación en la entidad al estar sus normas superadas constitucionalmente.

Los padres o tutores de los menores de edad que participen en un accidente de tránsito tendrán responsabilidad legal solidaria de los daños que hayan causado, con independencia de que el vehículo siniestrado pertenezca a otra persona.

Diputadas y diputados integrantes del Pleno del Congreso, en sesión extraordinaria, aprobaron este miércoles una reforma en ese sentido al artículo 148 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz, propuesta en julio de este año por la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez.

La diputada Magaly Armenta Oliveros y el diputado Wenceslao González Martínez, presidenta y secretario, respectivamente, de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, postulantes del dictamen a favor, tomaron en cuenta que los menores de edad, entre 16 y 18 años, son susceptibles de recibir permisos de conducir, a pesar de que no han adquirido la ciudadanía.

Hasta ahora la Ley consideraba la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo, pero no era explícita en el caso de los padres o tutores cuando las y los jóvenes estuvieran al volante de un automóvil ajeno.

Con esta reforma se busca “fomentar en la sociedad mejores prácticas educativas viales para fortalecer una convivencia ciudadana a través de los principios de respeto, tolerancia y atención”, consideraron los postulantes.

Este dictamen registró 38 votos a favor, siete abstenciones, sin votos en contra.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen por el cual se reforma el cuarto párrafo del artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz con lo que se reorientará el trámite de las excitativas, plasmando reglas claras y precisas en torno a este procedimiento, con lo cual se evitará dilatar las sesiones de este Poder Legislativo.

La excitativa (exhorto que se realiza a alguna comisión para agilizar la presentación de un dictamen, o en su caso, conocer el motivo del retraso) deberá ser formulada por el autor de la iniciativa y entregada a la Junta de Trabajos Legislativos, por lo menos con 48 horas previas a la celebración de la siguiente sesión.

De acuerdo a la Comisión Permanente de Gobernación, instancia dictaminadora, con la medida citada, al reunirse la Junta de Trabajos Legislativos, se podrá tener conocimiento de la excitativa y se estará en condiciones de proceder al respecto en la sesión conducente. Además que el presidente de la Comisión -a la que esté dirigida- participará con la debida preparación, toda vez que quien coordine el Grupo Legislativo al que pertenezca le dará aviso sobre el particular.

Además, con esta modificación se suprime la intervención del secretario de la Comisión, ya que, en apego a lo enunciado en el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, quien resulta responsable de los expedientes que les son turnados por el Pleno o la Permanente, es el presidente y no el secretario.

De este modo, la redacción del cuarto párrafo del artículo 66 queda de la siguiente manera: “Si mediare excitativa del Presidente para la presentación de un dictamen, entregada por el autor de la iniciativa a la Junta de Trabajos Legislativos, por lo menos con cuarenta y ocho horas previas a la celebración de la siguiente sesión, el presidente de la comisión explicará al Pleno o a la Permanente las razones de la demora”.

“Si no se cumpliera el requisito del término, el presidente de la comisión, remitirá el escrito de su respuesta al Presidente, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la notificación de la excitativa, quien la enviará al interesado y ordenará su publicación en la página de Internet del Congreso”.

Esta reforma, resultado de la iniciativa presentada el 5 de noviembre de 2019 por el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, registró 33 votos a favor, 12 en contra, sin abstenciones.

En el debate de este dictamen participaron los diputados Omar Guillermo Miranda Romero y Judith Pineda Andrade, quienes argumentaron su voto en contra.

Los Informes de Gobierno que las y los presidentes municipales de Veracruz presenten en el mes de diciembre deberán hacer referencia a los cumplimientos de metas de sus respetivos Planes Municipales de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Lo anterior, debido a que el Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves, en sesión extraordinaria, una reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que añade nuevas obligaciones de los Ayuntamientos en ese sentido.

Hasta ahora, la Ley sólo mandataba a informar “sobre el estado que guarda la administración pública”, ambigüedad que era aprovechada en algunos casos para presentar informes sin sustento metodológico.

La iniciativa presentada el 10 de septiembre pasado por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos y que fue aprobada sin modificaciones, incluye además la nueva obligación de que el “contenido íntegro (del Informe) deberá publicarse, a más tardar el día siguiente de su presentación, en los medios de difusión con los que cuente el Ayuntamiento”.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidenta y secretario, respectivamente, de la Comisión Permanente de Gobernación fueron los encargados de dictaminar favorablemente la iniciativa. Ellos contaron con la opinión técnica, también a favor, de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que preside la diputada Mónica Robles Barajas.

Toda la actividad municipal debe estar sustentada en su Plan Municipal de Desarrollo, como lo mandata la Ley Estatal de Planeación y las Constituciones federal y local.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por su parte, es un instrumento de las Naciones Unidas de la que México forma parte y que incluye una serie de compromisos de los Estados en 17 objetivos y 169 metas en materia ambiental, social y económica.

Este dictamen registró 45 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

El Congreso del Estado aprobó este jueves en sesión extraordinaria del pleno la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el estado de Veracruz.

Con la aprobación de esta Ley se solventa una obligación que Veracruz tenía pendiente desde el 2012, mandatada por el Congreso de la Unión, de homologar los ordenamientos locales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, surgida a raíz de la tragedia de la Guardería ABC de Sonora.

De hecho, la propuesta contó con la aprobación de las y los 46 diputados asistentes a la sesión, sin abstenciones y sin votos en contra.

Al establecer el posicionamiento del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez señaló que la nueva Ley otorga “un conjunto de disposiciones en las que se establecen bases y procedimientos de regulación específica para la creación, funcionamiento y vigilancia de los servicios” donde se brinde atención a niñas y niños.

El objetivo de la Ley, que consta de 73 artículos y nueve transitorios, es “garantizar el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad, salud y protección adecuadas”, apuntó la Legisladora.

El dictamen de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia, condensó y armonizó sendas iniciativas presentadas, por un lado, por el titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, y por otro lado, por diputadas y diputados integrantes de la bancada de Morena.

La nueva legislación señala que “la rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, corresponde al Estado y a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes tendrán una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios”.

Asimismo, crea el Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presidido por el titular de la Secretaría de Salud y en el que concurren, además, Secretarías como la de Gobierno, de Desarrollo Social, de Protección Civil, de Educación y de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

Su objetivo será diseñar políticas públicas, estrategias y acciones coordinadas para la atención integral a las niñas y los niños.

Otro aspecto de la Ley es crear el Registro Estatal a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado, en el que los centros públicos y privados tendrán la obligación de inscribirse. Dicho Registro se orientará por los principios de máxima publicidad, transparencia y legalidad.

Además, cuenta con un capítulo especial para las medidas de seguridad y protección civil, donde se establece, por ejemplo, la necesidad de una zona de seguridad de mínimo 50 metros de cualquier establecimiento de riesgo, la obligación de contar con instalaciones de seguridad física acordes con las Normas Oficiales Mexicanas.

Los prestadores de servicios que ya estén funcionando tendrán un plazo de 90 días hábiles para adecuar sus instalaciones.

El Congreso de Veracruz aprobó este jueves la Ley de Juntas de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades del Estado. La nueva legislación abroga a la que existía del año 2018.

Con el nuevo ordenamiento, propuesto por la diputada Deysi Juan Antonio, se fortalece la articulación entre el Gobierno del Estado, los Municipios y esta forma de organización social.

El dictamen favorable de las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal tomó en cuenta que “es necesario continuar con el fortalecimiento de los valores cívicos, culturales y morales que abonen al trabajo y participación colectivos de la ciudadanía en su propio beneficio”.

Asimismo, reconocieron que las Juntas de Mejoras son un “mecanismo organizado de participación social, que actúan de forma conjunta y auxilian a las autoridades en el mejoramiento de sus localidades, por lo que es necesario fortalecerlas a través de una participación estatal y municipal más articulada y coordinada”.

La Ley de siete capítulos y 30 artículos, puntualiza que la Coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de la Comunidades será a partir de ahora un órgano administrativo de la Secretaría de Gobierno.

Entre sus facultades estará emitir las convocatorias donde se establecerán los requisitos y procedimientos para la elección de las y los integrantes de las Juntas de Mejoras, así como llevar un registro de las Juntas constituidas en el Estado.

Además, deberá brindar capacitación a los miembros de las Juntas a fin de que realicen un adecuado desempeño de sus funciones.

Un artículo transitorio de la nueva Ley prevé que al entrar en vigor “quedan sujetas a las disposiciones de la misma aquellas Juntas legalmente constituidas que se encuentren en funciones, acrediten su correcta integración y hayan cumplido con oportunidad la obligación de haber rendido sus informes financieros y de actividades”.

El Poder Ejecutivo tendrá 60 días hábiles, a partir de la publicación del correspondiente Decreto, para expedir el Reglamento de la citada Ley.

El dictamen, registró 34 votos a favor, 10 en contra, sin abstenciones.

Al participar en nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Florencia Martínez Rivera señaló que la base fundamental de toda transformación es la participación ciudadana, por lo que con esta nueva ley se dota a la Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras de un nuevo esquema de atribuciones, otorgándoles la rectoría sobre las diversas acciones a implementar, ello en beneficio de las comunidades de la entidad.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa presentada por el Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), por la cual se prevé facultar a esta Soberanía de las atribuciones para ratificar los nombramientos, que realice el Gobernador o Gobernadora del Estado, de los titulares de las dependencias responsables de las finanzas y planeación y del Control Interno en el Poder Ejecutivo.

De esta manera, a través de la iniciativa de decreto que adiciona la fracción XIX Bis al Artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la bancada legislativa señala que se generarían los contrapesos democráticos indispensables en asuntos de suma relevancia en el quehacer público estatal.

De acuerdo al texto propuesto, “las personas titulares de las dependencias mencionadas entrarán en funciones el día de su nombramiento, pero cuando no sean ratificadas en los términos de esta Constitución dejarán de ejercer su encargo. Si el Congreso del Estado no ratifica en dos ocasiones un nombramiento ocupará el cargo la persona que designe la Gobernadora o el Gobernador del Estado”.

La propuesta, signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, exponen que en Veracruz y México se necesita pasar de las discusiones y acusaciones mutuas de corrupción, entre los actores políticos, a la construcción de un andamiaje jurídico acorde a la realidad social y a las demandas de la población.

También, al establecimiento de un marco normativo que procure equilibrios en el ejercicio del poder, el fortalecimiento de las atribuciones de control del Poder depositario de la Representación Popular, el diálogo y la búsqueda de consensos en los asuntos públicos y que contribuya a combatir eficazmente la corrupción, la impunidad y la inobservancia de la ley.

La iniciativa plantea establecer en la entidad el modelo adoptado en el ámbito federal, en el que el Senado de la República ratifica el nombramiento del titular de la dependencia responsable del control interno en el Poder Ejecutivo, y la Cámara de Diputados el del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Estamos convencidos de que mayores grados de autonomía, como los que podrían generarse a partir de que los respectivos nombramientos tengan que ratificarse por otro Poder, alientan la posibilidad de desempeños más independientes, sin compromisos políticos ni conflictos de intereses y, en todo momento, con apego a la legalidad”, refiere el Grupo Legislativo Mixto.

Tras conocerse la iniciativa, el presidente de la Diputación Permanente, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó remitirla a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para el trámite legislativo correspondiente.

Debido a que la contaminación atmosférica es un problema ambiental latente, que va en aumento y que pone en riesgo la salud y bienestar de los más de ocho millones de veracruzanos, la diputada Florencia Martínez Rivera presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de decreto que busca establecer acciones concretas para que automovilistas cumplan debidamente con la normatividad aplicable y que las autoridades difundan debidamente la información sobre el índice de calidad de aire y los riesgos a la salud.

La legisladora puso a consideración su propuesta de reforma a la Ley número 62 Estatal de Protección Ambiental, la cual busca adicionar una fracción tercera al artículo 123 para que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), difundan a la población la información ambiental relativa al monitoreo de contaminantes atmosféricos expresados en el Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, así como las acciones para reducir su exposición a dichos contaminantes.

A través de la adición del Artículo 143 ter, se busca otorgarle facultades a la PMA en materia de prevención de la contaminación atmosférica producida por fuentes móviles de competencia estatal, con el fin de que pueda inspeccionar las fuentes móviles para vigilar el cumplimiento de la verificación vehicular obligatoria y la normatividad aplicable en la materia.

También, deberá integrar y mantener actualizado un registro de los resultados obtenidos de la medición de las emisiones contaminantes de las fuentes móviles; y estaría facultada para imponer sanciones y medidas por infracciones a las leyes y reglamentos de la materia aplicables y normas oficiales mexicanas.

En consecuencia, se plantea que la misma PMA pueda realizar, en coordinación con las autoridades correspondientes, actos de inspección y vigilancia en materia de contaminación atmosférica para verificar la debida observancia de las Normas Oficiales Mexicanas y las demás disposiciones aplicables, y en caso de incumplimiento a la normatividad ambiental, imponga las sanciones administrativas que correspondan.

Asimismo, esta Procuraduría podría requerir a los responsables de la operación de fuentes móviles de su competencia, el cumplimiento de los criterios ecológicos, las normas técnicas

ambientales y la normatividad aplicable en materia de contaminación atmosférica, y en caso contrario, podría imponer las sanciones correspondientes.

Al participar durante la séptima sesión ordinaria, la diputada Florencia Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, subrayó que su propuesta busca garantizar el derecho de acceso a la información y la protección a la salud de la población veracruzana. “Entre todas y todos, sumando esfuerzos desde nuestro actuar cotidiano podemos reducir la contaminación del aire que respiramos, mejorar nuestra salud pulmonar y heredar un ambiente más sano a las generaciones próximas”, concluyó.

A la propuesta se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena y PAN, y los Mixtos, PRI-PVEM y Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido.

Posterior a su lectura en tribuna, la Mesa Directiva instruyó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su estudio y dictamen.

La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, mediante el cual exhorta al Gobernador del Estado para que, a través de las instancias correspondientes, apoye a los prestadores del servicio de transporte público en la modalidad de taxis, con el otorgamiento de prórrogas y permisos durante la contingencia sanitaria.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad dijo haber recibido solicitudes de apoyo por parte de concesionarios y trabajadores del volante, quienes le han manifestado encontrarse en una grave situación económica, a causa de la escasa solicitud del servicio por la contingencia.

Una de dichas peticiones, expuso la legisladora, es que se les dispense, mientras dura la contingencia sanitaria, el trámite de la licencia tipo A, cuyo costo aproximado es de 850 pesos, y recibir el curso de manejo cuya constancia sea válida para realizar su labor. Asimismo, que se les exima el cambio de vehículo o se les permita el uso de un vehículo de modelo anterior, que esté en buen estado y cumpla lo que la ley señala.

Otra solicitud es que el trámite de bajas administrativas por cambio de vehículo se realice en esta ciudad de Xalapa y no en la ciudad de Veracruz. La apertura de una oficina en la capital del Estado –explica la Diputada- evitaría gastos de traslado y el riesgo de contagio de Covid-19, debido a que el municipio porteño es el que registra el mayor número de casos en la entidad.

Finalmente, Magaly Armenta propuso que, en los casos en que el vehículo infraccionado pueda desplazarse por sí solo para presentarse en la delegación de Transporte correspondiente, se prescinda del servicio de grúa, cuyo costo es de hasta 4 mil pesos.

Se adhirieron a este Anteproyecto de Punto de Acuerdo los grupos legislativos de Morena y Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México, así como la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

Durante la séptima sesión permanente del segundo receso, del segundo año del ejercicio constitucional, la diputada Mónica Robles Barajas presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma y adiciona, diversas disposiciones al Código Financiero para el Estado de Veracruz a efecto de incorporar, como responsabilidad gubernamental, el contenido relativo a la igualdad de género y la erradicación de la violencia, contenido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La iniciativa señala que en Veracruz existe la normatividad que respalda dicha pretensión legislativa, prevista en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual determina elaborar los presupuestos de egresos del Estado con enfoque de género, incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento, en el ámbito de su competencia de las políticas de igualdad.

Asimismo, las obligaciones del Poder Legislativo, garantiza la asignación de recursos suficientes y con perspectiva de género en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado.

La legisladora Robles Barajas explicó que el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024 contempla en el Eje de Derechos Humanos, las políticas y programas implementados por las Secretarías de Gobierno (Segob), Educación (SEV), Seguridad Pública (SSP) y la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), a través de sus respectivos programas sectoriales, sumándose las acciones realizadas por los institutos veracruzanos de Asuntos Indígenas, de las Mujeres y de la Juventud.

De este modo, los tres ejes coinciden en el cumplimiento de políticas públicas con enfoque de Cultura de Paz, Derechos Humanos y Perspectiva de Género, de una manera transversal, por lo que los presupuestos públicos que se destinen deberán tener esta dirección como perspectiva primordial, añadió.

De igual forma, refirió la integrante del Grupo Legislativo de Morena, Veracruz incorpora al Presupuesto de Egresos del Estado, Anexos Presupuestales en materia de igualdad de género y violencia contra las mujeres, sin embargo, “a pesar de tales inserciones, no se ha logrado que los administradores públicos, responsables de la ejecución del gasto público y los operadores de los programas ahí establecidos, hagan permear tal visión en la actividad

integral del aparato burocrático, “por lo que se hace necesario reforzar las disposiciones legales respecto a ello, pasando de ser temporales y discrecionales, a permanentes y obligadas, como se plantean en la presente iniciativa”, enfatizó.

Finalmente, la diputada señaló que la incorporación de la Perspectiva de Género en los procesos de planeación, presupuestación, instrumentación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, de programas y acciones gubernamentales, para lograr la Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ha sido una exigencia permanente de las mujeres, de la sociedad civil organizada y del movimiento feminista.

“La iniciativa que hoy pongo a su consideración, podrá garantizar la institucionalización y la transversalización de la Perspectiva de Género en el presupuesto estatal, mediante reformas a nuestro Código Financiero”, concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y para la Igualdad de Género.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó diversas reformas al Código Electoral estatal, resultado de las iniciativas presentadas los días 25 y 30 de septiembre pasado por la diputada Mónica Robles Barajas, con lo que se establecen disposiciones necesarias en la legislación para mejorar la eficiencia del sistema electoral, mediante la eliminación de duplicidades en la organización y funcionamiento de los entes públicos, así como el establecimiento de criterios objetivos con los cuales se armoniza los principios que rigen esta materia, teniendo como finalidad el ahorro de recursos económicos sustanciales.

Este 1 de octubre, en sesión extraordinaria, la Mesa Directiva puso a consideración del Pleno el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales. Tras el debate público entre las diversas fuerzas políticas, se instruyó abrir el tablero de votación, que registró 31 votos a favor y 14 en contra, sin abstenciones.

El documento refiere las reformas a la Constitución Política del Estado y al Código Electoral, aprobadas por esta Soberanía y publicadas en la Gaceta Oficial del Estado el pasado 22 de junio y 28 de julio del año en curso. Por tanto, añade, resulta importante correlacionar los criterios para calcular y ministrar los montos a que tengan derecho los partidos políticos y candidatos independientes por concepto de financiamiento público y franquicias postales para evitar interpretaciones -por parte de la autoridad administrativa electoral- en el cálculo de éstos.

De esta manera, en aras de eficientar el gasto público con base en el principio de austeridad, se establece que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado será el ente encargado de llevar a cabo de forma exclusiva el programa de resultados electorales preliminares.

Además de recuperar, concentrar y reutilizar el material electoral y organizar debates tanto virtuales como presenciales e incrementar la vigilancia del voto público, evitando la comisión de actos u omisiones que tengan como propósito la violación del mandato popular expresado en las urnas.

A partir de estas reformas, las áreas y personal del OPLE y del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) deberán atender el criterio de sustancialidad con el objeto constitucional y legal que es la organización de elecciones y la solución de controversias en la materia, evitando las áreas no sustantivas.

Por otro lado, entre las causas de inelegibilidad para ser candidatas o candidatos está el que sean condenadas o condenados por virtud de sentencia firme por el delito de violencia política en razón de género.

Asimismo, la reforma precisa disposiciones relativas que aseguran el principio de paridad de género en la asignación de candidatas y candidatos, así como la fecha de instalación de los Consejos Distritales con la de los Municipales Especiales.

Por último, el dictamen refiere que Veracruz, al igual que el resto del país, ha vivido cambios políticos en tiempos recientes que son resultado de la competencia democrática y de la creciente participación de la ciudadanía en las elecciones. “Si bien se ha dado un paso importante hacia la consolidación de un Estado justo y plural, existen retos que deben superarse respecto a la relación entre el pueblo y sus representantes”, agrega.

A propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Pleno de la LXV Legislatura aprobó la modificación de la integración de dos comisiones permanentes, resultado de las decisiones de las diputadas y diputados que las conforman.

De esta manera, en la Comisión Permanente de Administración y Presupuesto el diputado Wenceslao González Martínez asume la vocalía, en sustitución de la legisladora Ana Miriam Ferráez Centeno.

En tanto, la diputada Ferráez Centeno presidirá la Comisión Permanente de Seguridad Social, supliendo con ello al legislador Wenceslao González.

En consecuencia, la Jucopo consideró pertinente este cambio, atendiendo la normativa interna, en la cual prevalece la representación de los diversos grupos legislativos.

Este 1 de octubre inició la campaña nacional de vacunación contra influenza y como resultado de esta acción la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a cargo del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, instruyó al Servicio Médico del H. Congreso del Estado aplicar el biológico a las y los trabajadores de este Poder.

De esta manera, la Jefa del Servicio Médico, doctora Claudia del Rosario García Pérez, implementó, con el respaldo de la Secretaría de Salud estatal (SS), la campaña dirigida a trabajadores y sus familias, aplicando las dosis gratuitamente.

La funcionaria del Poder Legislativo recordó que el Servicio Médico a su cargo genera durante el año diversas campañas, enfocadas en el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades de las y los trabajadores.

Explicó que estas medidas preventivas son fundamentales ante la presencia de diversos virus respiratorios.

En el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-Cov-2, la funcionaria señaló. “Es imprescindible aplicarse la vacuna de la influenza, ya que tener Covid y tener influenza, pondría a la ciudadanía en una situación de extrema vulnerabilidad”.

Finalmente, puntualizó que el presidente de la Jucopo, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, ha instruido reiteradamente al personal del Servicio Médico del Congreso local que se dé prioridad a la salud de los trabajadores. Por esa razón, “poner la vacuna el primer día del inicio de la campaña nacional, pone a los trabajadores en ventaja ante la próxima llegada de la temporada invernal”.

Para que los Ayuntamientos de Álamo Temapache y Amatlán de los Reyes, puedan obtener sustento legal en la aprobación de las diversas disposiciones de sus respectivos Códigos Hacendarios Municipales, fueron presentados durante la Quinta Sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la LXV Legislatura, las concernientes iniciativas.

Las propuestas presentadas por autoridades municipales y aprobadas por unanimidad en días pasados por sus respectivos cabildos, fueron recibidas por el Congreso del Estado para su estudio y análisis.

Ambas iniciativas, fueron turnadas a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

La diputada Mónica Robles Barajas presentó a la Diputación Permanente una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con algunos preceptos, con vistas a una adecuada planeación y desarrollo de los procesos electorales.

En la propuesta legislativa, presentada durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, respecto al principio constitucional de paridad de género en el acceso a los cargos de elección popular, la diputada estima oportuno incorporar las bases para el desarrollo del mecanismo de asignación de los bloques de competitividad en el registro de candidatas y candidatos por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional.

El pasado 28 de julio de 2020, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número extraordinario 300 tomo II, el Decreto número 580, emitido por esta LXV Legislatura, con fecha 28 de julio de 2020, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, relacionadas con el desarrollo del inminente proceso electoral 2021.

En dicha reforma, uno de los preceptos modificados fue el artículo 169 del Código Electoral, que ahora dispone que, el proceso electoral ordinario, inicia en la primera semana del año de la elección; esto es, a más tardar el 10 de enero de 2021, conforme al Calendario Gregoriano.

A partir de lo anterior, cualquier reforma que se pretenda realizar al citado Código, que modifique las fases de realización del citado proceso electoral local 2020-2021, debe realizarse en todas sus fases legislativas, a más tardar el próximo 5 de octubre, acorde a lo establecido para el caso, por el artículo 105 fracción II párrafo segundo de la Constitución General de la República; ante la cual, la presente iniciativa cumple la expectativa de tiempo y forma.

En este tenor, la reforma llevada a cabo el pasado 28 de julio, asienta las bases para que, los procesos electorales del estado, sean llevados a cabo con una reducción sustancial

de recursos, lo que representa una prioridad en estos tiempos en que, la austeridad en el gasto público, es un eje fundamental de nuestra Agenda Legislativa.

Además, la reforma introduce una avanzada regulación en materia de derechos político-electorales, al desarrollar lo relativo al fenómeno de violencia política contra las mujeres en razón de género, que establece las reglas para lograr de manera definitiva, la paridad de género en el acceso a los cargos públicos de elección popular.

Por otra parte, la reforma también tocó temas adicionales como la reelección de ediles, el sistema de medios de impugnación, ajustes al calendario electoral al compactar etapas del proceso electoral, entre otros.

Sin embargo, aún resulta necesario realizar precisiones al citado Código Electoral para un mejor desarrollo de la próxima jornada electoral, a efecto de contar con mayor certeza al momento del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, por lo que se propone reformar algunos preceptos para evitar el mayor número de incidentes durante su desarrollo.

En otras palabras, se proponen modificaciones que pueden mejorar técnicamente el contenido del Código en estudio, evitando redacciones imprecisas en el contexto de la materia que pretenden regular.

La diputada Robles Barajas considera en su propuesta que es “necesario realizar precisiones al Código Electoral para un mejor desarrollo de la próxima jornada electoral, a efecto de contar con mayor certeza al momento del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales.

Con el objeto de restructurar los preceptos relativos al incumplimiento de obligaciones alimentarias en el Código Penal estatal, las y los integrantes del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentaron una iniciativa de reforma a la denominación del capítulo II del título VIII “Delitos contra la Familia” del Libro Segundo y los artículos 236, párrafos primero y segundo, y 238, del citado Código.

De acuerdo a la propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y de los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, a quien sin motivo justificado deje de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a cualquier persona respecto de quien tenga la obligación legal de hacerlo, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Las sanciones se incrementarán en un tercio, si la persona a la que no se le proporcionen alimentos cuenta con alguna discapacidad, trastorno o condición que le impida allegarse, por sí misma, de los recursos para atender sus necesidades de subsistencia.

Por otra parte se establece que este delito, Incumplimiento de la Obligación de Dar Alimentos, se perseguirá por querella del ofendido o de su representante legal y, a falta de éste, por el Ministerio Público, a reserva de que el juez que corresponda designe un tutor especial para los efectos de este precepto.

Tras exponer detalles sobre las sanciones establecidas en diferentes legislaciones de entidades del país respecto a este delito, se advierte que la obligación de dar alimentos puede estar a cargo de diversas personas; por lo que los autores de la iniciativa no consideran adecuado que el delito expresamente previsto en la ley penal para ese caso sólo se limite al supuesto de que el obligado sea el progenitor y que las víctimas únicamente puedan serlo las hijas o hijos.

Lo anterior, debido a que también podrían ser sujetos activos los ascendientes distintos a los padres, las y los hijos o descendientes diversos a éstos, las hermanas o hermanos y otros parientes colaterales, los tutores, las y los cónyuges y ex cónyuges y las y los concubinos y ex concubinos. En tanto que los pasivos, además de los hijos, podrían ser

los padres, hermanos, sobrinos, nietos, pupilos y quienes sostengan o hayan sostenido una relación de matrimonio o de concubinato con el deudor alimentario.

De esta manera, el PRI-PVEM propone, como sucede en otras entidades del país, que el delito de Incumplimiento de la obligación de dar alimentos se actualice no sólo cuando las víctimas sean las hijas e hijos sino, en general, cuando quien no los reciba sea cualquier persona con la que se tenga la obligación legal de hacerlo.

Con ello, se suprimiría el tipo penal de abandono de familiares, por carecer de razonabilidad jurídica y porque, adicionalmente, de la actual descripción de éste se desprende que, a pesar de su denominación, no en todos los casos se actualiza la relación familiar.

La iniciativa fue turnada, para el trámite legislativo correspondiente, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Diputación Permanente aprobó este miércoles la enajenación de diversos terrenos de los municipios de Coatzintla, Filomeno Mata, Lerdo de Tejada y Oluta.

Diputadas y diputados conocieron y respaldaron los respectivos dictámenes de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal que analizó cada caso y se pronunció a favor de ellos.

En el caso de Coatzintla, el Congreso autorizó al Ayuntamiento a vender ocho terrenos de su Fundo Legal a favor de igual número de posesionarios. Es decir: la medida tendrá por objeto regularizar y dar certeza jurídica a las familias que de por sí ya ocupan esos inmuebles.

Al Ayuntamiento de Filomeno Mata, por su parte, se le aprobó donar un terreno de poco más de tres mil metros cuadrados en la calle Tulipán, de la colonia Los Vázquez, a favor de la Secretaría de Educación de Veracruz, ya que en dicha superficie se encuentra asentada la Secundaria Técnica Agropecuaria 159. La donación permitirá normalizar la situación jurídica del plantel.

En Lerdo de Tejada, se autorizó al Ayuntamiento enajenar nueve lotes en el Centro de la cabecera municipal, mismos que también se encuentran en posesión de particulares y que, de esta manera, se podrán adquirir títulos de propiedad.

La mayor autorización fue el caso de Oluta, donde el Ayuntamiento podrá vender 51 terrenos que, al igual que los casos anteriores, ya se encuentran habitados por quienes se beneficiarán con la venta.

El artículo 33 de la Constitución de Veracruz señala que, entre otras, es atribución del Congreso autorizar a los Ayuntamientos “la enajenación, gravamen, transmisión de posesión o dominio de bienes” que formen parte de la hacienda municipal.

Integran la citada Comisión los diputados Bingen Rementería Molina, Ricardo Arturo Serna Barajas y Carlos Manuel Jiménez Díaz, presidente, secretario y vocal, respectivamente.

La Diputación Permanente del Congreso del Estado autorizó a 50 personas trabajadoras del sector salud a ocupar dos plazas laborales en horarios de servicio que resultan compatibles entre sí.

Se trata de un trámite regular que permite a servidoras y servidores públicos desempeñar, por ejemplo, un trabajo en las mañanas y otro por las tardes; o cumplir con una jornada de lunes a viernes y otra los sábados y domingos.

La Constitución del Estado –artículo 82- expresamente prohíbe que una persona ocupe dos encargos públicos, “salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Permanente”.

En este caso, diputadas y diputados conocieron los 50 dictámenes a favor emitidos por las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social y se pronunciaron por la aprobación de todos.

De la ciudad de Xalapa fueron autorizados Federico Aguirre Hernández (médico), Zaira Beatriz Ávila García (administrativa), María del Carmen Borromé Martínez (enfermera), Faraón Borromeo Gallardo (dentista), Diana Aurora Bretón Espino (administrativa), Irving René Franyutti Barradas (técnico mecánico), David García García (químico), Bertha Patricia Genaro García (administrativa), Rached Osorio Elías (médico), Isidro Quiñones Hernández (administrativo), Lidia Seseña Ángeles (psicóloga) y Heriberto Vite Chávez (médico).

De Martínez de la Torre: Juana Guevara Aggi (enfermera), María del Rocío Guzmán Morales (médica), Yerson Abraham Hernández Santiago (médico), Rosa María Herrera López (psicóloga), Andrés Ledezma Infante (médico), María de los Ángeles León Hernández (médico), Rodrigo Marín del Moral (médico), Carlo Arend Marín Rojas (laboratorista), Armando Ruiz Sánchez (técnico), Alfredo Santoyo Portilla (administrativo) y Victoria Téllez Reyes (médica).

De Tuxpan: Catalina Capistrán Malerva (enfermera), Eneida Cruz Bautista (enfermera), Nallely del Ángel Ortiz (enfermera), Aldegunda Franco Domínguez (enfermera), Rocío Gorrochotegui Escalante (administrativa), Silvia Hernández Francisco (enfermera), Carlos Hiram Hernández Martínez (técnico radiólogo), Julio César Méndez Pérez (médico), Héctor Mario Pérez Pérez (médico), Juan Carlos Quintal Martínez (médico), Leonor Reyes de la Cruz (enfermera), Yolanda Reyes Ramírez (enfermera), Julio César Salazar Cortés

(médico), Beatriz Suet Hernández (técnica radióloga), Idalit Uribe Santiago (enfermera) y Daniel Vargas Santés (médico).

De Veracruz: Fabiola Cruz Garrido (médica), Darío Antonio Rizo Nájera (médico) y Jorge Alberto Rodríguez Sánchez (médico).

De Ixhuatlán del Sureste: Idelfonso García Arenas (médico) y Mireya Margarita León Cázares (médica).

Asimismo: David Carrera Ortega (médico, Tlalixcoyan-Boca del Río), Carlos Miled Castro Rodríguez (médico, Huatusco), Érika Durán Cruz (enfermera, Emiliano Zapata-La Antigua), Loreto García Gómez (médico, Orizaba-Río Blanco), Modesto Martínez Bello (médico, Atzalan) y Adán Pérez Castillo (médico, Altotonga-Atzalan).

La Diputación Permanente turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por la diputada Mónica Robles Barajas.

De acuerdo con la propuesta, tras las reformas a la Constitución local y al Código Electoral, para evitar malinterpretaciones en el cálculo del mismo por parte de la autoridad administrativa electoral, resulta importante correlacionar los criterios para calcular y ministrar los montos a que tengan derecho los partidos políticos y candidatos independientes por concepto de financiamiento público y franquicias postales.

En aras de eficientar el ejercicio del gasto público, tomando como base el principio de austeridad republicana, la iniciativa propone suprimir el monitoreo de medios que realiza el Organismo Público Electoral, en atención a que se trata de una atribución del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, propone que sea la autoridad citada la que lleve a cabo de forma exclusiva el programa de resultados electorales preliminares; recupere, concentre y reutilice el material electoral; organice debates de forma virtual e incremente la vigilancia del voto público, evitando la comisión de actos u omisiones que tengan como propósito la violación del voto público.

Contempla, además, que la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad sean atribuciones exclusivas del Organismo, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral.

Así también, organizar los debates entre los candidatos a cargos de elección popular local, así como accionar de forma oportuna cualquier medida legal necesaria para impedir la perturbación del voto público y el fraude electoral durante los actos preparatorios, la jornada electoral y los procesos de cómputo que le corresponda vigilar.

Finalmente, propone que las áreas y personal tanto del Organismo Público Local Electoral y del Tribunal Electoral de Veracruz atiendan el criterio de sustancialidad con el objeto constitucional y legalmente que es el de organizar elecciones y dirimir las controversias en

la materia, evitando aquellas áreas no sustantivas. Todo esto, con el fin de que los Órganos Electorales del Estado garanticen el uso de los recursos económicos destinados a los procesos electorales de forma eficaz y eficiente.

Al conmemorarse este 25 de septiembre un Día Naranja para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui hizo un llamado a todas las autoridades responsables de esta materia para que coordinen sus esfuerzos y llegar a los sectores que están en situación de mayor vulnerabilidad.

Al participar durante la Cuarta Sesión Ordinaria, del Segundo Receso, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que es necesario, desde todos los frentes, promover una cultura de paz que esté encaminada a la prevención de la violencia para que las mujeres vivan en entornos seguros, con la certeza que el Estado les garantiza el ejercicio libre de sus derechos humanos.

Señaló que para su Grupo Legislativo la defensa de los derechos humanos es el principio central de su doctrina y es la base del respeto a la dignidad de la persona, por ello, -agregó- la igualdad sustantiva y la eliminación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres, es prioridad de su acción política.

Refirió que conforme a datos de Incidencia Delictiva del Fuero Común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Veracruz, de enero al 31 de agosto de este año, se han cometido 61 feminicidios. “Seguimos en el segundo lugar a nivel nacional, siendo febrero, marzo, junio y agosto los meses de mayor incidencia con 12, 9, 10 y 9 casos, respectivamente”, añadió.

Además, de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, donde fueron denunciados mil 741 casos, siendo el abuso sexual con 436, la violación con 257 y el hostigamiento sexual con 183 casos, los de mayor incidencia, expuso.

Asimismo, precisó los delitos en contra de la familia, siendo 9 mil 168 denuncias: del delito de violencia familiar, 6 mil 681 casos; del cometido en contra de las mujeres, 720; incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, 675 denuncias y por otros delitos en contra de la familia, 1,092 casos.

Por otra parte, la también vocal de la Comisión para la Igualdad de Género, puntualizó el trabajo hecho por esta LXV Legislatura para avanzar en la igualdad sustantiva y para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres.

Entre ellos citó el fortalecimiento del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), dándole atribuciones en su ley, como su vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias.

También, respecto a los Institutos Municipales de las Mujeres, el IVM ya tiene la obligación legal de asesorarlos y capacitarlos de manera permanente sobre la atención que deben brindar a las mujeres en materia de derechos humanos y de su acceso a una vida libre de violencia.

La diputada Lagunes Jáuregui manifestó que es una realidad que a medida que las mujeres ocupan espacios de toma de decisiones, las barreras y obstáculos llegan para denostar su trabajo solo por el hecho de ser mujeres. Contamos con protocolos contra el acoso y hostigamiento sexual en todas las dependencias, pero las mujeres siguen siendo objeto de estos actos de violencia en todas partes.

“Los delitos sexuales menoscaban la vida de las mujeres y niñas, el miedo, el terror y la angustia que les genera es un atentado a su integridad y libertad; se vive en un estado de indefensión y de riesgo constante, sea en el transporte público, en la calle, en la escuela o en sus casas”, concluyó.

La diputada María Josefina Gamboa Torales presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a las y los Diputados integrantes de la LXIV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2021, una partida presupuestal destinada al Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG).

El objetivo de dicha propuesta es con la finalidad de favorecer a los municipios y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de acuerdo al problema de inseguridad que aqueja a la sociedad.

En el documento, Gamboa Torales señala que el compromiso como legisladores es crear herramientas que permitan combatir la inseguridad, y recobrar la tranquilidad que todo mexicano merece, lo anterior cobra mayor importancia. “Toda vez que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, ya no está contemplada una partida destinada al Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública, mejor conocido como FORTASEG”.

Además, los recursos se aplican a la compra de equipamiento adecuado, construcción de infraestructura, prevención del delito, así como, a la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.

“Es por ello que solicitamos, respetuosa pero a su vez enérgicamente, a las y los diputados del Congreso de la Unión, que incluyan al FORTASEG dentro del presupuesto de egresos para el año próximo, y cumplan con su deber de generar las vías para la recuperación de la tranquilidad social”, concluye el escrito.

La Mesa Directiva instruyó remitir este Anteproyecto a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.

La Diputación Permanente aprobó este viernes al Gobierno del Estado la donación gratuita y condicional del terreno de más de 42 mil metros cuadrados que ocupan las instalaciones centrales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, lo que implicará regularizar a favor de esta última el predio que de por sí ya ocupa.

La extinta Procuraduría General de Justicia del Estado recibió el inmueble el 11 de febrero de 2005 mediante un Acuerdo de Destino de la entonces Secretaría de Desarrollo Regional y la Dirección de Patrimonio del Estado. En 2015, cuando desapareció la Procuraduría y se creó la Fiscalía como organismo autónomo la superficie continuó siendo propiedad del Gobierno del Estado.

Además de cumplir con un elemental orden administrativo, regularizar la propiedad del inmueble permitirá a la Fiscalía cumplir con los requisitos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas a fin de construir, dentro del mismo polígono, los nuevos edificios de la Policía Ministerial y de su Contraloría Interna. Dicha Ley impide a los órganos públicos construir en una finca de cuya propiedad se carezca de certeza jurídica.

Para resolver esta situación, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez solicitó a la Legislatura su autorización para donar el bien.

Todo lo anterior fue considerado por la diputada Rosalinda Galindo Silva y los diputados Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vázquez, presidenta, secretario y vocal, respectivamente, de la Comisión de Hacienda del Estado y ponentes del dictamen favorable a la donación presentado a la votación de la Diputación Permanente.

La diputada María Candelas Francisco Doce presentó a la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz con la finalidad de permitir que menores de edad, veracruzanos y residentes, tengan acceso a un documento único de identidad con fotografía, lo cual sería una medida de protección en algunas circunstancias.

La legisladora expone que su iniciativa busca que sea el Gobierno estatal, mediante el Consejo Estatal de Población, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Dirección General del Registro civil, las dependencias encargadas de emitir este documento exclusivo para menores.

Indicó que sería de esta manera, porque el Consejo Estatal de Población tiene su equivalente para todos los efectos en el Gobierno Federal y al Registro Civil tienen acceso todas las personas en cualquier municipio de la Entidad.

Detalló que su propuesta legislativa cuida que no se trate de una medida obligatoria, pero sí adecuada a la forma de vida que se tiene hoy en día y que lleva a buscar mayores márgenes de seguridad en el cuidado de los menores en cualquiera de sus movimientos o cuando se colocan al cuidado de terceras personas con relación a sus familias.

“Hay adolescentes a pocos meses de cumplir la mayoría de edad, que por falta de un documento de este tipo, ven negado su ingreso a lugares adecuados para ellos, o cuando abordan un autobús foráneo y se les exige identificarse, cuando no van acompañados de mayores se suscitan problemas”, citó la legisladora.

Recordó que a nivel federal hubo una propuesta en 2010 para crear una Cédula de Identidad para todos los mexicanos. “Quedó truncado en 2012, sin embargo, esto no debe ser impedimento para que en Veracruz logremos este objetivo con voluntad política y total apego a la Ley”, añadió.

De acuerdo a la iniciativa, se adicionaría un párrafo quinto con el corrimiento del actual quinto a sexto al artículo 18 de la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para establecer que el Consejo Estatal de

Población, en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, emitirán el documento de identificación con fotografía.

Mismo que incluiría el nombre completo; nombre de padres y en su caso, también tutor; fecha y lugar de nacimiento destinado exclusivamente a menores de edad nacidos o residentes en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y denominado: Cédula de Identidad Única para Menores Veracruzanos; del que llevarán registro, administrarán con debida custodia sus datos y contenido. Su emisión se llevará a cabo a petición de padres, madres o quienes ejerzan la tutoría del destinatario.

La Mesa Directiva, presidida por el diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia para su análisis y dictamen correspondiente.

La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz aprobó hoy las dispensas legales a seis personas trabajadoras del sector salud para que cada una de ellas pueda desempeñar dos encargos públicos cuyos horarios de labores resultan compatibles.

Y es que el artículo 82 de la Constitución del Estado señala que “no podrán reunirse en una sola persona dos o más cargos de carácter remunerado del Estado, de este y la Federación, del Estado y el municipio, y de éste último y la Federación, salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Permanente en los términos que señale la ley”.

En este caso se trata de los médicos Gerardo Bajonero Saavedra, Armando Demetrio Romero, Jorge Guerrero Alarcón y Érik Torres Mora; la auxiliar de enfermería Laura Isabel Sánchez Tovar y el enfermero Óscar Arión Cervón Cárdenas, quienes trabajan en diversas dependencias de salud mayoritariamente estatales –sólo dos de ellos laboran también en el IMSS-.

Con la aprobación votada en la Cuarta Sesión del Segundo Receso del Segundo Año de la Sexagésima Quinta Legislatura ahora tienen vía libre para contar con dos empleos en jornadas que no interfieren: por ejemplo, si trabajan de lunes a viernes en un hospital y sábado y domingo en otro; o si tienen un empleo por las mañanas y otro por las tardes.

Los dictámenes de las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social, que se tramitan y se votan por separado, tomaron en consideración las declaraciones escritas de sus superiores jerárquicos en cada empleo avalando lo anterior.

La diputada Deisy Juan Antonio exhortó, a través de un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, a la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), para que remita a la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento el informe y documentación respectiva sobre el avance de la auditoría integral ordenada, en diciembre de 2019, a organismos relacionados con el servicio de agua a fin de conocer el estado que guarda dicho procedimiento.

Ante la importancia y derecho inherente de todo ciudadano para contar con servicios públicos de mayor y mejor cobertura, principalmente en lo que refiere al servicio de agua potable, dijo la legisladora, autoridades u órganos públicos atienden esta necesidad a través de concesionarios o cualquier otro medio legal sujeto a un régimen de derecho público o privado, procurando garantizar cobertura en el servicio con calidad, eficiencia, sustentabilidad ambiental y equilibrio financiero.

Sin embargo, señaló, en la entidad ha habido casos en los que no se ha procedido con la transparencia y legalidad adecuada para otorgar las concesiones que regulan este servicio. “Tal fue el caso de la propuesta presentada por el Consorcio integrado por Odebrecht Ambiental, S.A. e Interagbar de México S.A. de C.V., comercialmente conocido como Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de C.V.

En años anteriores, en un acto de ilegalidad, continuó, se autorizó a los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín de Bravo, para que a través del organismo público descentralizado Sistema de Agua y Saneamiento, se otorgara la concesión de este servicio a la empresa conocida comercialmente como Grupo MAS, por un término de treinta años, puntualizó.

En este sentido, destacó, desde el inicio de sus operaciones, la empresa demostró la falta de transparencia y eficiencia para brindar el servicio de agua potable y saneamiento en dichos municipios, teniendo fugas en red del agua bombeada, averías, subcontaje, medidores sin reparar, abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales, falta de inversión de infraestructura hidráulica, contaminación por descargas de agua no tratadas, así como cobros excesivos por el consumo de agua de una pésima calidad.

Dichas demandas han sido constantes por parte de los usuarios del servicio, indicó la diputada, por lo que el pasado 18 de agosto fue turnada a las Comisiones Unidas de

Hacienda Municipal y de Agua Potable y Saneamiento, la solicitud ciudadana para retirar la concesión por el servicio de agua a estas empresas.

Al respecto, manifestó la presidenta de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento que se ha realizado un análisis de la situación con base en todos los elementos posibles para estar en condiciones de llegar a un acuerdo; para que en caso de proceder a la revocación del título, se generen los menores costos posibles al estado y no afecte el financiamiento de proyectos y obras para la sociedad.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.

Con el objeto de procurar que el marco normativo que rige al Poder Judicial en el Estado no contenga disposiciones erróneas o contradictorias, el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los proponentes, diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, ponderan la necesidad de garantizar experiencia y profesionalismo en el desempeño de quienes tienen señaladas atribuciones de máxima importancia en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

La reforma al Artículo 17 de la referida ley precisa entre las atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia la señalada en la fracción XXI, consistente en nombrar, mediante votación secreta, a dos magistradas o magistrados para que formen parte del Consejo de la Judicatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 95 de la misma ley.

Proponen también actualizar el Artículo 71 para que cada una de las Salas de los Tribunales del Poder Judicial cuente con una secretaria o secretario de Acuerdos, quien deberá reunir los mismos requisitos que para ser magistrada o magistrado, así como haber asistido y aprobado el curso de capacitación autorizado por el Consejo de la Judicatura. A su vez, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia contará con una secretaria o secretario General de Acuerdos.

En lo que respecta a las atribuciones del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, contempladas en el Artículo 88, plantean reformar la fracción XVII, que le faculte tramitar los asuntos de la competencia del Pleno hasta ponerlos en estado de resolución, con excepción de los previstos en las fracciones I, II y III del artículo 17 de esta Ley.

Por cuanto toca al Tribunal Superior de Justicia, para los efectos de la imposición de las sanciones disciplinarias, el procedimiento señalado en el Artículo 171 incluiría que, cuando se trate del personal del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de éste, previa audiencia del acusado, acorde con el procedimiento previsto en los artículos 167 y 168 de esta Ley, dictará su resolución y, en su caso, impondrá la sanción respectiva.

Para su estudio y análisis, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.