En apoyo a la economía de las personas adultas mayores de 65 años, de jubilados y/o pensionados, el diputado Ricardo Arturo Serna Barajas presentó ante el Pleno una iniciativa que prevé otorgar, a este sector de la población, un subsidio del 50 por ciento en el pago de derechos por la expedición de las diversas licencias para conducir unidades automotoras.

En la iniciativa, presentada durante la primera sesión ordinaria, del tercer año de labores, se plantea adicionar un segundo párrafo al apartado D, del artículo 15 del Código de Derechos estatal, para señalar que el citado subsidio será para la expedición de licencias de chofer tipo B, C y D, respectivamente.

De esta manera serían beneficiados quienes soliciten las licencias antes señaladas que son para conducir toda clase de vehículos de motor de servicios públicos de carga y particular, de automóviles y motocicletas particulares, así como para conducir vehículos de dos o más ruedas.

En su intervención en Tribuna, el diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que acorde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), México, al igual que otros países, está inmerso en el proceso de envejecimiento de su población. “Según proyecciones del Consejo Nacional de Población existen más de 15 millones de personas mayores de 60 años, con una esperanza de vida al nacer en promedio de 75 años; 78 años para mujeres y 73 años para hombres”.

Manifestó que las personas jubiladas, pensionadas y adultas mayores de 65 años han contribuido a generar la riqueza con la que hoy cuenta el Estado de Veracruz. “Sin embargo, muchas veces, al encontrarse fuera de las actividades laborales, que se acentúan con la pandemia que vivimos, sufren dificultades económicas para poder cubrir el pago de impuestos o de derechos por los distintos servicios que requieren, entre ellos, el pago de derechos para obtener la licencia de conducir”, añadió.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Transporte, Tránsito y Vialidad.

De conformidad con las facultades que le otorga la Ley en la aplicación de los recursos públicos y como coadyuvante de la Comisión Permanente de Vigilancia y de los órganos de control de esta Soberanía, la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado realiza un trabajo ético, profesional, transparente y apegado a lo que marca la legislación vigente, afirmó su titular, Everardo Domínguez Landa.

Este martes, el servidor público encabezó una reunión de trabajo con los titulares de las jefaturas de Registro de Deuda Pública y Programas Institucionales, María del Carmen Morales Ramos; de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Juan Carlos Patiño Pérez, y de Auditoria y Análisis de Cuenta Pública, Yuriana Ríos Romero, en la que revisaron los procedimientos y técnicas para obtener una seguridad razonable en los estados financieros, anexos y demás información relativa a la glosa.

Domínguez Landa dijo que la calidad y exigencia que se mantienen en esta tarea son resultado de las revisiones instruidas por la Comisión Permanente de Vigilancia y a solicitud de ciudadanos, legisladores y funcionarios públicos sobre auditorías e intervenciones a los municipios.

Aseveró que la Secretaría a su cargo desarrolla un proceso sistemático en el que, de manera objetiva, se obtiene y evalúa la evidencia para determinar que la información financiera o las condiciones reales estén de acuerdo con la normatividad establecida y el sistema nacional de fiscalización.

Everardo Domínguez acotó que, en el caso de algunos entes donde la custodia de fondos y valores no cuenta con la confianza necesaria, recomendará la intervención de la tesorería municipal.

El Congreso del Estado recibió la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por la que se establece en términos medibles y cuantificables, la distribución entre los municipios de los ingresos derivados por los contribuyentes, en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Durante la Octava Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Diputación Permanente se dio por enterada de la iniciativa que propone que dicha distribución sea realizada de la misma forma como actualmente lo prevé el Fondo General de Participaciones Municipales y el Fondo de Fomento Municipal, siendo por el orden del 50 por ciento con base en el índice municipal de pobreza y el otro 50 por ciento con sustento en el coeficiente de participación municipal.

De acuerdo al decreto publicado el 19 diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), referente a las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial sobre producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, se estableció que las entidades federativas incorporadas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se enajenen bienes inmuebles en territorio estatal, y que causen impuestos en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obtendrán un incentivo del cien por ciento, siempre y cuando celebren convenio de colaboración administrativa en materia fiscal.

En el mismo sentido, también se estableció que dicha recaudación no formará parte de la federal participable, además que las entidades federativas deberán participar por lo menos del 20 por ciento del incentivo referido a los municipios o demarcaciones territoriales.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Hacienda del Estado.

En aras de generar mayor eficiencia en el Congreso del Estado y dar mejores resultados a la población veracruzana, el grupo legislativo mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México propuso una reingeniería en las comisiones, mediante la supresión, el reagrupamiento o la subdivisión de algunas de éstas, y el tránsito hacia la figura de comités, a fin de hacer más equilibrada la carga de trabajo de dichos órganos legislativos y dar mayor agilidad al proceso dictaminador.

Las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, presentaron ante la Diputación Permanente una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Mediante esta moción, proponen una reingeniería administrativa que, sin alterar los espacios de participación de los integrantes del Congreso en las comisiones, tienda a optimizar los recursos, así como agilizar las tareas de dictaminación encomendadas legal y reglamentariamente a las comisiones, entre ellas, las relacionadas con las solicitudes de los numerosos ayuntamientos de la entidad.

Así también, procurar el equilibrio en las cargas de trabajo entre las y los legisladores, en vista de la inoperancia de contar con comisiones a las que no se turnan asuntos o que el número de éstos es escaso, lo que motiva que no formulen dictámenes, e introducir en la normativa interior figuras ya exploradas en otras legislaciones locales, como los comités, más acordes con la naturaleza de las funciones de algunas de las actuales comisiones permanentes.

La problemática detectada y que con la iniciativa presentada se pretende solucionar –acotan las y los legisladores- no radica en el número existente de comisiones, sino en las materias de las que se ocupan algunas de ellas, ya que, en diversos casos, los asuntos dictaminados son sumamente reducidos o inclusive no se tiene registro de elaboración de proyectos de ley, decreto o acuerdo, a diferencia de unas cuantas comisiones que concentran la mayor actividad relacionada con asuntos turnados y dictaminados.

La adición de un Capítulo VI Bis “De los Comités”, al Título Segundo, y un artículo 39 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que: “Los comités son órganos

auxiliares de las actividades administrativas del Congreso del Estado, constituidos por el Pleno de éste, encargados del seguimiento, análisis y emisión de opiniones, informes y recomendaciones sobre los asuntos de su competencia, derivada de su denominación, así como de los encomendados por el Pleno, la Diputación Permanente o la Junta de Coordinación Política”.

En el mismo tenor, la adición del Capítulo VI Bis “De los Comités”, al Título Tercero, con un artículo 71 Bis, al Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, determina que: “El Congreso contará con los comités que establezca la Ley, los que estarán integrados por tres diputadas o diputados elegidos por el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Tendrán una presidencia, una secretaría y una vocalía y sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de sus integrantes”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi puso a consideración de la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que busca adicionar un párrafo segundo a la fracción I del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a fin de reconocer el derecho al voto por parte de las y los ciudadanos veracruzanos que residan en el extranjero.

Al ampliar detalles sobre su propuesta legislativa, la diputada puntualizó que Veracruz está considerado entre los 10 estados con mayor número de connacionales en el extranjero e indicó que, de acuerdo a estimaciones del Consejo Estatal de Población en Estados Unidos de América, en el 2000, residían cerca de un millón de veracruzanos, mismos que se establecieron en estados de la unión americana como California, Texas, Carolina del Norte, Florida, Illinois y Georgia.

Por otra parte, expuso que según el Informe Final de Actividades del Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los procesos electorales 2017-2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el total de ciudadanos veracruzanos que fueron registrados en la Lista Nominal de Electores de Residentes en el Extranjero ascendió a 7 mil 998, ocupando el noveno lugar nacional solo por debajo de entidades federativas como los son: la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

En su intervención, durante la octava sesión ordinaria, del segundo receso, la también presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, dijo que su propuesta conlleva el reconocimiento que tiene Veracruz hacia las y los veracruzanos que residen en el exterior. “Para que nunca más sean desplazados de su derecho a la participación democrática por encontrarse en otro país, pues la distancia en un mundo interconectado ya no es justificación para negarles su derecho”, agregó.

Asimismo, recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció a los migrantes mexicanos como “Héroes Vivientes”, debido a su significativo papel en el envío de remesas al país, que realizaron durante el primer trimestre del año, aún con la Pandemia del Covid-19. Al respecto, añadió, que, de acuerdo al Banco de México, Veracruz, durante el periodo de enero a junio de 2020, recibió remesas por un monto de 746 mil 91 millones de dólares, lo que representa un incremento del 3.58 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior.

Manifestó que en Veracruz debe aprobarse esta reforma, toda vez que en la actualidad son 21 entidades del país las que reconocen en sus respectivas constituciones locales el derecho al voto de sus migrantes. “Muchas de esas entidades están muy por debajo de Veracruz en la cantidad de connacionales en el extranjero, por ello se cree que tenemos un tema pendiente por la diáspora veracruzana en el exterior, la configuración legislativa aquí propuesta a la Constitución de Veracruz dará como resultado un impacto sociopolítico positivo en aquellos que por necesidad tuvieron que dejar el lugar que los vio nacer”.

De acuerdo a la propuesta de la legisladora la redacción del segundo párrafo, de la fracción I, del artículo 15 de la Carta Magna estatal sería: “La ciudadanía veracruzana que resida en el extranjero podrá ejercer su derecho al voto en la elección de Gobernadora o Gobernador del Estado, en los términos que disponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la legislación electoral en el Estado y demás disposiciones legales aplicables”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Se adhirieron a la propuesta las y los integrantes del Grupo Legislativo de Morena.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero presentó una iniciativa de decreto, ante el Congreso de la Unión, que busca reformar el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que el Estado garantice la protección y se alcance un estado de bienestar a las personas, principalmente a los grupos en situación de vulnerabilidad como son mujeres, hombres y las niñas y los niños que padecen alguna enfermedad catastrófica.

La propuesta del legislador, puesta a consideración durante la octava sesión ordinaria, busca señalar en la Carta Magna Federal que el Estado garantice la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan alguna enfermedad crónica o discapacidad permanente, en los términos que fije la ley.

Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las niñas y niños con cáncer, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los niños con cáncer y a los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

En su intervención, el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que el cáncer en las niños y niños en México es uno de los problemas más importantes de salud pública. “Su incidencia se ha incrementado en las últimas dos décadas y es actualmente la segunda causa de muerte en el grupo de 5 a 14 años”, añadió.

Dijo que el diagnóstico clínico del cáncer está basado en la historia clínica, el examen físico y un alto índice de sospecha. “Sin embargo, no todos los hospitales cuentan con la infraestructura, personal especializado ni recursos para realizar estudios y dar la atención adecuada”.

Agregó que si existe sospecha de cáncer, el paciente debe ser remitido a una institución especializada puesto que la sobrevivencia de un paciente con cáncer depende de un

diagnóstico temprano y remisión oportuna, de la atención por personal especializado, del adecuado funcionamiento del sistema de salud y de los factores tecnológicos.

Resultado de lo anterior, expuso el diputado Miranda Romero, resulta prioritario la defensa de los derechos humanos, pues de conformidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado tiene como obligación principal la tutela de estos, innatos a su integridad y dignidad, así como a la salud como protección social en el ámbito de los derechos sociales. “No hay ni puede haber desarrollo humano sin un sistema de salud y seguridad social universal e integral”.

De acuerdo a la iniciativa, en su segundo transitorio, los gastos y erogaciones necesarios para la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud o entidades del Gobierno Federal que correspondan, por lo que dichas instituciones deberán realizar los ajustes presupuestales para dar viabilidad financiera a lo establecido en el presente decreto.

Las legislaturas de las entidades federativas, dentro del plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán realizar los ajustes constitucionales y legales, a efecto de garantizar la protección y alcanzar el estado de bienestar de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como lo son las mujeres, hombres y las y los niños que padecen una enfermedad catastrófica.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui hizo un exhorto a la Secretaría de Salud de Veracruz para la implementación del Programa de Jornadas de Mastografías para los Municipios, con las medidas de cuidado, higiene y prevención ante la emergencia sanitaria.

Al invocar el contenido de la Ley para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama del Estado de Veracruz, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional dijo que ésta contempla todas las fases del programa de prevención y atención integral: acciones de promoción de la salud, prevención, consejería, detección, diagnóstico, referencia, tratamiento y rehabilitación.

Recordó que la detección de un cáncer de mama en su etapa inicial reduce 25 por ciento la probabilidad de muerte, en virtud de lo cual, dijo, la atención a la salud de las mujeres no puede esperar. En razón de esto, urgió a las autoridades correspondientes a garantizar el acceso gratuito y de calidad a los servicios y acciones contempladas en el programa, como son las jornadas de salud en los hospitales y clínicas ubicadas en los municipios y en los centros de reinserción social.

Nora Lagunes reconoció que para muchas mujeres esas jornadas podrían ser la única oportunidad de detección oportuna del cáncer, sobre todo para las que viven en zonas apartadas. Por lo que, al ser el municipio el ámbito más cercano a la población, consideró que es más fácil que las mujeres acudan a la cabecera municipal a realizarse una mastografía a que se desplacen a las clínicas y hospitales urbanos, sobre todo quienes no cuentan con seguridad social.

Durante su exposición en la Octava Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora señaló que Veracruz se coloca en un nivel “intermedio” de mortalidad por cáncer de mama, con una incidencia de entre 13 y 18 defunciones por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años.

En 2017, Veracruz registró más de 450 defunciones por este tipo de cáncer, precisó la Diputada, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), las jurisdicciones sanitarias con mayor mortalidad por cáncer de mama para ese año fueron:

Veracruz (105), Xalapa (70), Coatzacoalcos (63), Córdoba (44), Poza Rica (33) y Martínez de la Torre (31).

También mencionó lo dicho por el director de Salud Pública en Veracruz, Salvador Beristáin Hernández, en mayo de 2020: cada año se detectan entre 400 y 500 nuevos casos entre la población femenina, aunque también hay casos entre hombres.

El anteproyecto de la diputada Nora Jessica fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis.

La diputada María Candelas Francisco Doce presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Veracruz, para instalar como obligación legal que los municipios, al cambio de administración, den continuidad a los programas o proyectos turísticos iniciados por las autoridades salientes, vigilando su permanencia y operación.

Para tal fin, la reforma establece que los Consejos Municipales de Turismo seguirán siendo encabezados por el Presidente Municipal, integrándose la, o el, edil encargado de la Comisión de Turismo y la, o el, titular de la Dirección de Turismo, que a su vez fungirá como secretario técnico.

Además, también deberán estar conformados por cuatro representantes de los sectores público y social y de Cámaras y organismos empresariales con incidencia en la actividad turística de cada municipio; a excepción de los municipios con vocación turística, cuyos Consejos deberán incluir a ocho miembros, que en cualquiera de los casos, tendrán una duración en el cargo de cinco años, sin derecho a reelección hasta una vez concluido el mismo periodo inmediato.

Asimismo, la iniciativa presentada, por la también secretaria de la Comisión de Turismo, integra entre las funciones de los Consejos Municipales diseñar productos turísticos estratégicos emergentes para la activación económica ante cualquier agente perturbador hidrometeorológico, geológico, químico tecnológico, sanitario o de cualquier otra índole fortuita.

Para los municipios con vocación turística, se propone que los Consejos comparezcan trimestralmente ante el Cabildo, con la finalidad de informar el avance de sus actividades, propuestas y evaluación de acciones.

“El turismo está cambiando y Veracruz debe ser parte de ese cambio; los tiempos que se avecinan exigen ideas, decisión, integración y sobre todo, trabajo constante y de calidad”, apuntó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Turismo, para su estudio y dictamen.

Debido a la destacada participación que tienen las mujeres, principalmente las que habitan en zonas rurales, en la vida económica del estado y del país y con el objetivo de lograr igualdad de oportunidades, en relación con los hombres, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete presentó una iniciativa que buscar reformar la Ley de Fomento Económico para el Estado a fin de incrementar el presupuesto destinado al empoderamiento de la mujer.

En su iniciativa, presentada a la Diputación Permanente este 29 de octubre, la legisladora vicepresidenta de la Mesa Directiva explicó que su propuesta es mantener los porcentajes de 10 por ciento del recurso para jóvenes, 10 por ciento a personas con discapacidad. Asimismo, distribuir equitativamente el restante 80 por ciento, correspondiendo 40 por ciento a mujeres y 40 por ciento para hombres.

La diputada señala como necesario este cambio, toda vez que la actual redacción del artículo 14 de la citada Ley refiere que los Fondos se destinarán al otorgamiento de apoyos, estímulos e incentivos; sin embargo, la distribución corresponde a un 10 por ciento para financiar proyectos productivos de jóvenes, 10 por ciento para personas con discapacidad y, por lo menos, un 10 por ciento para proyectos de mujeres, dando preferencia a madres solteras, a través de microcréditos.

Al participar en Tribuna, puntualizó que a pesar de los avances que existen en materia de igualdad de género éste no se ve reflejado en el nivel de desarrollo económico que las mujeres tienen, en relación con los hombres. “Las mujeres a pesar de ser económicamente activas aún tienen muchos obstáculos que les impide el máximo nivel de bienestar y la equitativa distribución de la riqueza”.

Indicó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se observa que la condición de empleo informal por sexo, 57.6 por ciento de las mujeres y 55.3 por ciento de los hombres se encuentran en esta situación; sin embargo, por grupo de edad, las personas más jóvenes y las adultas mayores están en mayor proporción en la informalidad: 82.1 por ciento de jóvenes de 15 a 29 años y 72.5 de la población de 60 y más años.

Asimismo, expuso que “sabemos que las mujeres hoy por hoy ya no cumplimos una jornada doble, sino que con la llegada de la pandemia ejercemos la triple jornada laboral,

es decir, el trabajo de casa, el trabajo laboral y la educación de hijas e hijos que se encuentran en el hogar”.

Manifestó que lo anterior produce estrés y un fuerte desgaste emocional hacia las mujeres. “Si lo llevamos al peor de los escenarios donde miles de mujeres en México sufren algún tipo de violencia por parte de sus parejas, podemos concluir que en este país necesitamos de leyes y políticas públicas que lleven a un real empoderamiento femenino”.

Dijo que el ingreso que obtienen las mujeres debe verse reflejado en la mejora de sus condiciones de vida y su plena autonomía. Por otra parte, subrayó que en el ámbito rural se agrava la situación para las mujeres dado que impera el machismo en las comunidades, por la falta de oportunidades y porque la mayoría de programas sociales están dirigidos a la población masculina.

“Las mujeres de las zonas rurales requieren de esa confianza del estado para que las apoyen económicamente en el emprendimiento, por lo que resulta indispensable que sus autoridades les brinden las facilidades para desarrollar estos procesos productivos y aumenten presupuestos para ellas”, añadió la diputada.

De acuerdo a la iniciativa de la legisladora Kristel Hernández del presupuesto anual autorizado para la operación de los fondos de fomento económico, se destinará, el 10 por ciento para jóvenes y 10 por ciento para personas con discapacidad. El resto del recurso se destinará equitativamente a mujeres y hombres, es decir, como mínimo un 40 por ciento para proyectos productivos de mujeres, dando preferencia a madres solteras y mujeres que habitan zonas rurales a través de microcréditos, mismos que deberán ser entregados en forma directa y sin intermediarios.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico.

La Mesa Directiva de la Diputación Permanente tomó conocimiento de la solicitud de licencia de la diputada del Distrito XXI, Ciudad Mendoza, María Candelas Francisco Doce, por el periodo comprendido del 30 de octubre del presente año al 31 de enero de 2021, conforme a la ley será sometida dicha licencia en la próxima sesión.

Por otra parte, en los asuntos desahogados en la correspondencia, se dio entrada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la solicitud, planteada por el Gobernador del Estado, que busca autorización para enajenar a título gratuito y condicional, una superficie deducida de una superficie mayor, correspondiente a “La Parcela 8” de la ex hacienda Jalapilla, ubicada en el municipio de Orizaba, a favor del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para la edificación de una ciudad Judicial, tipo A.

Ante el fallecimiento del ciudadano Julián Carlos Rodríguez Bernal, que fungió como regidor quinto propietario del ayuntamiento de Tlacotalpan, este Congreso aprobó, por obvia resolución, llamar al suplente para que, previa protesta ante el Cabildo, asuma el cargo.

En tanto, el Secretario General de este Congreso, Domingo Bahena Corbalá, presentó a consideración de la Diputación Permanente el informe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, de la Secretaría de Fiscalización, en el que se detallan la entrega en tiempo y forma de los 212 proyectos de Leyes de Ingreso y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 de los ayuntamientos de la entidad. Este Informe fue remitido a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal para su estudio y dictamen.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura de Veracruz dio entrada a la Minuta, remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.

En la octava sesión ordinaria, el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva, instruyó turnar a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales la Minuta para complementar el trámite legislativo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 constitucional federal.

De esta manera, y de aprobarse esta reforma por la mayoría de las Legislaturas del país, se darían facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia en los que México es parte.

Asimismo, se busca plasmar en el artículo 4° que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.

Por otra parte, en los transitorios, se prevé que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en Materia de Personas Jóvenes, en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente decreto. En tanto, las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos, dentro de los 180 días siguientes a la expedición de la Ley General en materia de Personas Jóvenes.

-Turnan Minuta en materia de movilidad y seguridad vial-

En la misma sesión, la Mesa Directiva dio entrada a la Minuta de la Cámara de Diputados que busca reformar la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122; y se

adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial.

En esta propuesta, se plantea señalar, en el artículo 4°, el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

También, se propone establecer como facultad del Congreso de la Unión el expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial.

Los municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia.

En el artículo segundo transitorio, se precisa que el Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con los dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley.

Debido a que su contenido no corresponde al modelo vigente en cuanto a la atención y prevención de la violencia, la diputada Mónica Robles Barajas presentó a la Diputación Permanente una iniciativa que busca abrogar la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado, y con ello se evitarían posibles conflictos de aplicación de esta norma.

Durante la octava sesión ordinaria, del segundo receso, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género, esta propuesta legislativa que busca eliminar del marco jurídico estatal esta Ley, dado que está en desuso y no se aplica para la atención de las diversas formas de violencia.

La legisladora Robles Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, dijo que uno de los motivos por el cual se prevé abrogar la citada Ley es el caso de la violencia contra personas mayores y que se rigen por la recién aprobada Ley de los Derechos de las Personas Mayores del Estado de Veracruz, la cual considera que esta población debe ser sujeta de protección especializada, garantizándoles una vida libre de violencia.

Otro de los motivos, -expuso- radica en que el contenido de la Ley prevé, para el caso de violencia familiar, un procedimiento de conciliación, correspondiendo a los Jueces de Paz, o en su caso, a los Jueces Menores, conocer de ellos. Al respecto, destacó que en materia de violencia familiar la conciliación no debe utilizarse como mecanismo de solución de conflictos, de acuerdo a lo establecido en la fracción IV del artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Debe evitarse la mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima”, refiere la legisladora.

Asimismo, señala que, en cuanto a los estándares de garantía y protección de derechos de la infancia, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia no considera como violencia familiar los actos que tengan por objeto corregir mesuradamente a los menores de edad, siempre que éstos sean realizados por quienes participen en la formación y educación de los mismos, ejecutados por quienes ejercen la patria potestad o por los terceros a los que éstos, les hubieren dado consentimiento para ello.

Lo anterior, contradice lo establecido en las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que, en su calidad de órgano experto de supervisión de la Organización de las Naciones Unidas, ha emitido una serie de observaciones respecto al uso de la violencia física o de otras formas de castigo corporal en contra de niñas y niños, la cual calificó como “conducta incompatible” con la Convención.

La diputada Robles Barajas prevé necesario abrogar la citada Ley, ya que ésta considera como sujeto de protección contra la violencia, a la “familia en su conjunto”, destacando un enfoque eminentemente familista y no de derechos humanos y menos, con perspectiva de género, aludiendo a esta institución como un ente uniforme, estático, pasivo y privado.

De igual forma, expone que la prevención, atención y sanción de la violencia familiar está prevista en diversos ordenamientos que han sido formulados a partir de los estándares internacionales en la materia; como lo son las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de los Derechos de las Personas Mayores, el Código Civil y el Código Penal, todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

“En cada uno de ellos se ha incorporado tanto el enfoque de género, como el de la infancia y adolescencia, lo que las hace más efectivas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia familiar”.

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín recibió en el Palacio Legislativo a integrantes del colectivo “Personas de Talla Baja”, a quienes afirmó que los gobiernos de la Cuarta Transformación garantizarán la inclusión y participación de todos los sectores vulnerables de la sociedad.

Durante dicho encuentro, el presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que se continuará con las acciones afirmativas en pro de las personas de Talla Baja.

“En Veracruz seguiremos proponiendo iniciativas legislativas y acciones concretas que favorezcan el pleno desarrollo social de los grupos sociales en vulnerabilidad; junto al gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, hemos diseñado una agenda en beneficio de las y los ciudadanos de talla baja”, comentó durante la reunión.

El Pleno del Congreso del Estado emitió 44 votos a favor del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentado por la Comisión Permanente de Gobernación, para que los próximos ayuntamientos alineen sus Planes Municipales de Desarrollo a la Agenda 2030.

Este dictamen es resultado de la iniciativa presentada por las diputadas Mónica Robles Barajas, María Candelas Francisco Doce, María Esther López Callejas y Florencia Martínez Rivera y los diputados Omar Guillermo Miranda Romero y Rubén Ríos Uribe, con la adhesión de los grupos legislativos de Morena y mixto Del lado correcto de la historia

El objetivo fundamental del proyecto es incentivar y fortalecer la participación de los gobiernos municipales en las acciones internacionales, nacionales y estatales de los objetivos y metas de desarrollo, derivados de la Resolución 70/1 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, a través de su incorporación en sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo.

Lo anterior, en virtud de que el gobierno municipal es, por su propia naturaleza, el orden de gobierno más cercano a la población, con la posibilidad de localizar los objetivos de la agenda dentro de sus comunidades, pues tiene la capacidad de conocer cada contexto de su región y la posibilidad de alinear sus propias estrategias municipales de desarrollo, con los objetivos y metas globales que ya han sido interiorizados por el Estado mexicano para su implementación y coordinación por los tres órdenes de gobierno, en beneficio de las personas en su conjunto.

Para lograr los objetivos del desarrollo, de acuerdo con el dictamen, es necesario que las acciones institucionales de todos los niveles de gobierno provean a los sectores más vulnerables del acceso real a sus más básicos derechos humanos, para lograr establecer el apalancamiento de su desarrollo.

A partir de esta reforma, con la finalidad de que las localidades y asentamientos urbanos o rurales que forman parte del municipio, así como la administración municipal, sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, el Plan Municipal de Desarrollo deberá alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible y demás resoluciones e instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internacionales de los que el Estado mexicano es miembro y signatario.

Entre las atribuciones de los ayuntamientos, quedan establecidos: realizar estudios, programas de investigación, capacitación y orientación en materia de desarrollo municipal, comunitario, de participación social, perspectiva de género y desarrollo sostenible, así como la promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico, forestal y del equilibrio ecológico con un enfoque de igualdad y sostenibilidad.

Además, desarrollar planes y programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y de la fauna existentes en su territorio y al desarrollo forestal sustentable, así como para la prevención y el combate a la contaminación ambiental, mismos que deberán alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y demás resoluciones e instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internacionales de los que el Estado mexicano es miembro y signatario.

El Poder Judicial del Estado de Veracruz estará obligado a emitir una versión pública de todas sus sentencias, de acuerdo a una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada este jueves por el Congreso del Estado.

Veracruz es el primer estado del país en cumplir el mandato legal de homologar su legislación local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública –de aplicación en todo el país- reformada por el Congreso de la Unión el pasado 13 de agosto.

La propia reforma federal estableció un plazo de 180 días, que se vence el 9 de febrero del 2021, para que las entidades federativas hagan lo propio.

Se trata de una reforma parca en palabras pero de gran calado en sus consecuencias: sustituyó la obligación de emitir una versión pública de las sentencias “de interés público” por –así decía- por “todas” las sentencias, laudos y resoluciones que ponen fin a los juicios.

Ese cambio menor en la redacción cancela interpretaciones subjetivas a cargo del propio sujeto obligado sobre cuáles sentencias publicar y cuáles no, ambigüedad señalada como una deficiencia por los especialistas en materia de transparencia.

La adecuación fue propuesta por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi apenas el 25 de septiembre pasado y dictaminada favorablemente por la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, que preside el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez.

En sus consideraciones, señalaron que conocer todas las sentencias, laudos y resoluciones que ponen fin a los juicios –aun en su versión pública- representa “un mecanismo para evaluar la forma como se imparte justicia en todos los órganos jurisdiccionales del país, para visibilizar y dar seguimiento a sentencias discriminatorias o estereotipadas que afectan principalmente a las mujeres, y para detectar también actos de corrupción, nepotismo, amiguismo o pactos para los puestos”.

(Las “versiones públicas” a las que se refiere la Ley son, básicamente, documentos en los que se han emitido datos personales de los querellantes).

Asimismo, advirtieron que “es necesario fomentar la rendición de cuentas por parte de las juezas, jueces, magistradas o magistrados para sujetar su labor pública al escrutinio de la ciudadanía”.

La nueva obligación del Poder Judicial incluye al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y a los Juzgados de Primera Instancia.

El Poder Judicial del Estado contará con un plazo de 180 días para iniciar la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de agosto de 2020, en los términos de sus artículos primero y segundo transitorios.

Este dictamen registró 44 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones.

Las diputadas y diputados aprobaron el presupuesto que ejercerá la LXV Legislatura para el ejercicio fiscal 2021, el cual, atendiendo criterios de racionalidad del gasto y austeridad, será de 725 millones 835 mil 959 pesos, lo cual refleja una reducción de 50 millones 280 mil 141 pesos, representando una disminución del 6.47 por ciento en relación al que actualmente se aplica.

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al avalar en tiempo su presupuesto, mismo que será remitido al Poder Ejecutivo a fin de que sea incorporado en el Presupuesto General del Estado.

Este jueves, al término de la sesión extraordinaria, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, expuso que, de manera histórica y a diferencia de administraciones pasadas, las diputadas y diputados, conscientes de la actual situación económica del país, votaron y aprobaron un presupuesto austero, pero suficiente para el mantenimiento y el cumplimiento de las obligaciones de este Poder.

“Se trata de un acto de coherencia con la realidad del país y de solidaridad con un pueblo encarado a una de las peores crisis económicas del siglo”, refirió el legislador, quien agregó que como resultado de esto el Congreso de Veracruz pone en práctica una histórica muestra de austeridad al proponer para sí mismo un Presupuesto 2021 que por primera vez es menor al del año en curso.

Precisó que con la voluntad política han reducido el actual presupuesto de 776 millones 116 mil 100 pesos a 725 millones 835 mil 959 pesos, sumándose así a la demanda nacional de bajar los gastos en el Gobierno, aplicar criterios de ahorro y austeridad, y evitando en todo momento erogaciones no necesarias.

Asimismo, subrayó que esta Legislatura entiende a plenitud que para el sector público, en los tres órdenes de Gobierno y en los tres Poderes, el 2021 deberá ser un año de especial contención del gasto sin que ello implique eludir sus responsabilidades y mandatos.

Dijo que los diversos capítulos que forman este Presupuesto fueron, de manera responsable, disminuidos para atender el clamor social de ocupar los recursos con eficiencia y eficacia.

Detalló que el presupuesto se alinea con los esfuerzos que seguramente harán los otros dos Poderes estatales y que, como Poder Legislativo, en sus primeros dos años de ejercicio, han demostrado que se es capaz de alcanzar el mayor ahorro posible sin renunciar a sus encomiendas y sin la pérdida de la productividad.

Explicó que la distribución del Presupuesto, por capítulo, queda de la siguiente manera: Servicios personales, 456 millones 940 mil 497; materiales y suministros, 14 millones de pesos; servicios generales, 55 millones de pesos y para Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 199 millones 895 mil 462 pesos.

Por otra parte y como resultado de la disminución de los 50 millones de pesos, descartó la creación de nuevas plazas laborales y la contratación de servicios externos.

Cabe destacar que la aprobación de este Presupuesto fue realizada en sesión extraordinaria con carácter de privada, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 85, fracción V, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El delito de violación quedó configurado en las relaciones de pareja o de hecho, con la reforma al Artículo 184 del Código Penal del estado aprobada con 38 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones al Dictamen con Proyecto de Decreto suscrito y presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La iniciativa correspondiente fue presentada, el pasado 10 de septiembre, por el Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) que destaca que, así como ya se regula esa tutela en los casos de matrimonio y concubinato, ahora se incluya a quienes no están unidos en ese tipo de relaciones.

La comisión dictaminadora coincide con los proponentes en considerar pertinente y necesaria esta modificación para enfatizar, como ya sucede en los casos previstos de violación entre cónyuges o concubinos que, aun cuando existan o hayan existido relaciones afectivas y estables, no debe permitirse la vulneración del derecho a la libertad sexual de ninguna persona ni mucho menos la normalización social de esas conductas, al amparo de que entre el sujeto activo y la víctima haya una relación de pareja.

Además, en la mayoría de las entidades federativas de la República sus leyes punitivas, como ocurre con el Código Penal federal, establecen que el delito de violación puede ser cometido también entre cónyuges o concubinos, sobre la base de que el vínculo entre quienes se encuentren unidos mediante matrimonio o concubinato no justifica atentar contra la libertad sexual y la dignidad personal, como resultaría de practicar a alguien, sin su consentimiento y mediante violencia física o moral, la cópula o alguna conducta equiparable.

Las y los legisladores coincidieron en incluir como víctimas del delito de violación a quienes tengan una relación de pareja o de hecho con el sujeto activo, pues –consideran- en ocasiones existen relaciones de distinta naturaleza. Por lo que, se han establecido diversos criterios garantistas que establecen el carácter discriminatorio de derechos humanos en disposiciones jurídicas que llegan a excluir las relaciones de pareja distintas al matrimonio o concubinato.

Con una disposición como ésta, cualquier persona sabedora del delito puede denunciarlo y la autoridad puede iniciar de oficio las investigaciones al conocer del hecho. Sobre todo porque, en muchos casos, las víctimas no presentan las querellas por diversos factores como haber sufrido amenazas del agente activo, miedo a represalias, ignorancia de su procedencia jurídica, por necesidades económicas o cualquier otra circunstancia que impide, ante la falta de ese requisito de procedibilidad, accionar la potestad punitiva.

Las y los diputados de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado avalaron, con 46 votos, la abrogación de la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz para la elección del Poder Legislativo del Mismo, toda vez que carece de aplicación en el territorio estatal, al estar sus normas superadas constitucionalmente.

La iniciativa, autoría de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como de los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, fue presentada el pasado 7 de Julio y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio.

La dictaminadora coincidió con los diputados iniciantes, que la Ley en comento carece de positividad, toda vez que la determinación del número de distritos electorales locales y su integración ya no es atribución de las entidades federativas sino del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014.

En dicho decreto se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, derivando en la inaplicabilidad para la entidad, de Ley de División Territorial del Estado.

En este sentido, dice el dictamen, con la abrogación de esta Ley, se evitarían confusiones acerca de la conformación de los distritos electorales uninominales, que incluye el establecimiento de las demarcaciones territoriales ya que es una materia en la que no pueden legislar las entidades federativas, detalla.

Con estas disposiciones, finaliza el texto, “se evitarán confusiones acerca de la conformación de los distritos electorales uninominales, por lo que es necesario expulsar del marco jurídico veracruzano un ordenamiento, que aunque vigente, ya no tiene aplicación en la entidad al estar sus normas superadas constitucionalmente.

Los padres o tutores de los menores de edad que participen en un accidente de tránsito tendrán responsabilidad legal solidaria de los daños que hayan causado, con independencia de que el vehículo siniestrado pertenezca a otra persona.

Diputadas y diputados integrantes del Pleno del Congreso, en sesión extraordinaria, aprobaron este miércoles una reforma en ese sentido al artículo 148 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz, propuesta en julio de este año por la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez.

La diputada Magaly Armenta Oliveros y el diputado Wenceslao González Martínez, presidenta y secretario, respectivamente, de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, postulantes del dictamen a favor, tomaron en cuenta que los menores de edad, entre 16 y 18 años, son susceptibles de recibir permisos de conducir, a pesar de que no han adquirido la ciudadanía.

Hasta ahora la Ley consideraba la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo, pero no era explícita en el caso de los padres o tutores cuando las y los jóvenes estuvieran al volante de un automóvil ajeno.

Con esta reforma se busca “fomentar en la sociedad mejores prácticas educativas viales para fortalecer una convivencia ciudadana a través de los principios de respeto, tolerancia y atención”, consideraron los postulantes.

Este dictamen registró 38 votos a favor, siete abstenciones, sin votos en contra.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen por el cual se reforma el cuarto párrafo del artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz con lo que se reorientará el trámite de las excitativas, plasmando reglas claras y precisas en torno a este procedimiento, con lo cual se evitará dilatar las sesiones de este Poder Legislativo.

La excitativa (exhorto que se realiza a alguna comisión para agilizar la presentación de un dictamen, o en su caso, conocer el motivo del retraso) deberá ser formulada por el autor de la iniciativa y entregada a la Junta de Trabajos Legislativos, por lo menos con 48 horas previas a la celebración de la siguiente sesión.

De acuerdo a la Comisión Permanente de Gobernación, instancia dictaminadora, con la medida citada, al reunirse la Junta de Trabajos Legislativos, se podrá tener conocimiento de la excitativa y se estará en condiciones de proceder al respecto en la sesión conducente. Además que el presidente de la Comisión -a la que esté dirigida- participará con la debida preparación, toda vez que quien coordine el Grupo Legislativo al que pertenezca le dará aviso sobre el particular.

Además, con esta modificación se suprime la intervención del secretario de la Comisión, ya que, en apego a lo enunciado en el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, quien resulta responsable de los expedientes que les son turnados por el Pleno o la Permanente, es el presidente y no el secretario.

De este modo, la redacción del cuarto párrafo del artículo 66 queda de la siguiente manera: “Si mediare excitativa del Presidente para la presentación de un dictamen, entregada por el autor de la iniciativa a la Junta de Trabajos Legislativos, por lo menos con cuarenta y ocho horas previas a la celebración de la siguiente sesión, el presidente de la comisión explicará al Pleno o a la Permanente las razones de la demora”.

“Si no se cumpliera el requisito del término, el presidente de la comisión, remitirá el escrito de su respuesta al Presidente, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la notificación de la excitativa, quien la enviará al interesado y ordenará su publicación en la página de Internet del Congreso”.

Esta reforma, resultado de la iniciativa presentada el 5 de noviembre de 2019 por el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, registró 33 votos a favor, 12 en contra, sin abstenciones.

En el debate de este dictamen participaron los diputados Omar Guillermo Miranda Romero y Judith Pineda Andrade, quienes argumentaron su voto en contra.

Los Informes de Gobierno que las y los presidentes municipales de Veracruz presenten en el mes de diciembre deberán hacer referencia a los cumplimientos de metas de sus respetivos Planes Municipales de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Lo anterior, debido a que el Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves, en sesión extraordinaria, una reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que añade nuevas obligaciones de los Ayuntamientos en ese sentido.

Hasta ahora, la Ley sólo mandataba a informar “sobre el estado que guarda la administración pública”, ambigüedad que era aprovechada en algunos casos para presentar informes sin sustento metodológico.

La iniciativa presentada el 10 de septiembre pasado por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos y que fue aprobada sin modificaciones, incluye además la nueva obligación de que el “contenido íntegro (del Informe) deberá publicarse, a más tardar el día siguiente de su presentación, en los medios de difusión con los que cuente el Ayuntamiento”.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidenta y secretario, respectivamente, de la Comisión Permanente de Gobernación fueron los encargados de dictaminar favorablemente la iniciativa. Ellos contaron con la opinión técnica, también a favor, de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que preside la diputada Mónica Robles Barajas.

Toda la actividad municipal debe estar sustentada en su Plan Municipal de Desarrollo, como lo mandata la Ley Estatal de Planeación y las Constituciones federal y local.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por su parte, es un instrumento de las Naciones Unidas de la que México forma parte y que incluye una serie de compromisos de los Estados en 17 objetivos y 169 metas en materia ambiental, social y económica.

Este dictamen registró 45 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

El Congreso del Estado aprobó este jueves en sesión extraordinaria del pleno la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el estado de Veracruz.

Con la aprobación de esta Ley se solventa una obligación que Veracruz tenía pendiente desde el 2012, mandatada por el Congreso de la Unión, de homologar los ordenamientos locales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, surgida a raíz de la tragedia de la Guardería ABC de Sonora.

De hecho, la propuesta contó con la aprobación de las y los 46 diputados asistentes a la sesión, sin abstenciones y sin votos en contra.

Al establecer el posicionamiento del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez señaló que la nueva Ley otorga “un conjunto de disposiciones en las que se establecen bases y procedimientos de regulación específica para la creación, funcionamiento y vigilancia de los servicios” donde se brinde atención a niñas y niños.

El objetivo de la Ley, que consta de 73 artículos y nueve transitorios, es “garantizar el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad, salud y protección adecuadas”, apuntó la Legisladora.

El dictamen de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia, condensó y armonizó sendas iniciativas presentadas, por un lado, por el titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, y por otro lado, por diputadas y diputados integrantes de la bancada de Morena.

La nueva legislación señala que “la rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, corresponde al Estado y a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes tendrán una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios”.

Asimismo, crea el Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presidido por el titular de la Secretaría de Salud y en el que concurren, además, Secretarías como la de Gobierno, de Desarrollo Social, de Protección Civil, de Educación y de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

Su objetivo será diseñar políticas públicas, estrategias y acciones coordinadas para la atención integral a las niñas y los niños.

Otro aspecto de la Ley es crear el Registro Estatal a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado, en el que los centros públicos y privados tendrán la obligación de inscribirse. Dicho Registro se orientará por los principios de máxima publicidad, transparencia y legalidad.

Además, cuenta con un capítulo especial para las medidas de seguridad y protección civil, donde se establece, por ejemplo, la necesidad de una zona de seguridad de mínimo 50 metros de cualquier establecimiento de riesgo, la obligación de contar con instalaciones de seguridad física acordes con las Normas Oficiales Mexicanas.

Los prestadores de servicios que ya estén funcionando tendrán un plazo de 90 días hábiles para adecuar sus instalaciones.

El Congreso de Veracruz aprobó este jueves la Ley de Juntas de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades del Estado. La nueva legislación abroga a la que existía del año 2018.

Con el nuevo ordenamiento, propuesto por la diputada Deysi Juan Antonio, se fortalece la articulación entre el Gobierno del Estado, los Municipios y esta forma de organización social.

El dictamen favorable de las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal tomó en cuenta que “es necesario continuar con el fortalecimiento de los valores cívicos, culturales y morales que abonen al trabajo y participación colectivos de la ciudadanía en su propio beneficio”.

Asimismo, reconocieron que las Juntas de Mejoras son un “mecanismo organizado de participación social, que actúan de forma conjunta y auxilian a las autoridades en el mejoramiento de sus localidades, por lo que es necesario fortalecerlas a través de una participación estatal y municipal más articulada y coordinada”.

La Ley de siete capítulos y 30 artículos, puntualiza que la Coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de la Comunidades será a partir de ahora un órgano administrativo de la Secretaría de Gobierno.

Entre sus facultades estará emitir las convocatorias donde se establecerán los requisitos y procedimientos para la elección de las y los integrantes de las Juntas de Mejoras, así como llevar un registro de las Juntas constituidas en el Estado.

Además, deberá brindar capacitación a los miembros de las Juntas a fin de que realicen un adecuado desempeño de sus funciones.

Un artículo transitorio de la nueva Ley prevé que al entrar en vigor “quedan sujetas a las disposiciones de la misma aquellas Juntas legalmente constituidas que se encuentren en funciones, acrediten su correcta integración y hayan cumplido con oportunidad la obligación de haber rendido sus informes financieros y de actividades”.

El Poder Ejecutivo tendrá 60 días hábiles, a partir de la publicación del correspondiente Decreto, para expedir el Reglamento de la citada Ley.

El dictamen, registró 34 votos a favor, 10 en contra, sin abstenciones.

Al participar en nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Florencia Martínez Rivera señaló que la base fundamental de toda transformación es la participación ciudadana, por lo que con esta nueva ley se dota a la Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras de un nuevo esquema de atribuciones, otorgándoles la rectoría sobre las diversas acciones a implementar, ello en beneficio de las comunidades de la entidad.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa presentada por el Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), por la cual se prevé facultar a esta Soberanía de las atribuciones para ratificar los nombramientos, que realice el Gobernador o Gobernadora del Estado, de los titulares de las dependencias responsables de las finanzas y planeación y del Control Interno en el Poder Ejecutivo.

De esta manera, a través de la iniciativa de decreto que adiciona la fracción XIX Bis al Artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la bancada legislativa señala que se generarían los contrapesos democráticos indispensables en asuntos de suma relevancia en el quehacer público estatal.

De acuerdo al texto propuesto, “las personas titulares de las dependencias mencionadas entrarán en funciones el día de su nombramiento, pero cuando no sean ratificadas en los términos de esta Constitución dejarán de ejercer su encargo. Si el Congreso del Estado no ratifica en dos ocasiones un nombramiento ocupará el cargo la persona que designe la Gobernadora o el Gobernador del Estado”.

La propuesta, signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, exponen que en Veracruz y México se necesita pasar de las discusiones y acusaciones mutuas de corrupción, entre los actores políticos, a la construcción de un andamiaje jurídico acorde a la realidad social y a las demandas de la población.

También, al establecimiento de un marco normativo que procure equilibrios en el ejercicio del poder, el fortalecimiento de las atribuciones de control del Poder depositario de la Representación Popular, el diálogo y la búsqueda de consensos en los asuntos públicos y que contribuya a combatir eficazmente la corrupción, la impunidad y la inobservancia de la ley.

La iniciativa plantea establecer en la entidad el modelo adoptado en el ámbito federal, en el que el Senado de la República ratifica el nombramiento del titular de la dependencia responsable del control interno en el Poder Ejecutivo, y la Cámara de Diputados el del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Estamos convencidos de que mayores grados de autonomía, como los que podrían generarse a partir de que los respectivos nombramientos tengan que ratificarse por otro Poder, alientan la posibilidad de desempeños más independientes, sin compromisos políticos ni conflictos de intereses y, en todo momento, con apego a la legalidad”, refiere el Grupo Legislativo Mixto.

Tras conocerse la iniciativa, el presidente de la Diputación Permanente, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó remitirla a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para el trámite legislativo correspondiente.

Debido a que la contaminación atmosférica es un problema ambiental latente, que va en aumento y que pone en riesgo la salud y bienestar de los más de ocho millones de veracruzanos, la diputada Florencia Martínez Rivera presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de decreto que busca establecer acciones concretas para que automovilistas cumplan debidamente con la normatividad aplicable y que las autoridades difundan debidamente la información sobre el índice de calidad de aire y los riesgos a la salud.

La legisladora puso a consideración su propuesta de reforma a la Ley número 62 Estatal de Protección Ambiental, la cual busca adicionar una fracción tercera al artículo 123 para que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), difundan a la población la información ambiental relativa al monitoreo de contaminantes atmosféricos expresados en el Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, así como las acciones para reducir su exposición a dichos contaminantes.

A través de la adición del Artículo 143 ter, se busca otorgarle facultades a la PMA en materia de prevención de la contaminación atmosférica producida por fuentes móviles de competencia estatal, con el fin de que pueda inspeccionar las fuentes móviles para vigilar el cumplimiento de la verificación vehicular obligatoria y la normatividad aplicable en la materia.

También, deberá integrar y mantener actualizado un registro de los resultados obtenidos de la medición de las emisiones contaminantes de las fuentes móviles; y estaría facultada para imponer sanciones y medidas por infracciones a las leyes y reglamentos de la materia aplicables y normas oficiales mexicanas.

En consecuencia, se plantea que la misma PMA pueda realizar, en coordinación con las autoridades correspondientes, actos de inspección y vigilancia en materia de contaminación atmosférica para verificar la debida observancia de las Normas Oficiales Mexicanas y las demás disposiciones aplicables, y en caso de incumplimiento a la normatividad ambiental, imponga las sanciones administrativas que correspondan.

Asimismo, esta Procuraduría podría requerir a los responsables de la operación de fuentes móviles de su competencia, el cumplimiento de los criterios ecológicos, las normas técnicas

ambientales y la normatividad aplicable en materia de contaminación atmosférica, y en caso contrario, podría imponer las sanciones correspondientes.

Al participar durante la séptima sesión ordinaria, la diputada Florencia Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, subrayó que su propuesta busca garantizar el derecho de acceso a la información y la protección a la salud de la población veracruzana. “Entre todas y todos, sumando esfuerzos desde nuestro actuar cotidiano podemos reducir la contaminación del aire que respiramos, mejorar nuestra salud pulmonar y heredar un ambiente más sano a las generaciones próximas”, concluyó.

A la propuesta se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena y PAN, y los Mixtos, PRI-PVEM y Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido.

Posterior a su lectura en tribuna, la Mesa Directiva instruyó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su estudio y dictamen.

La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, mediante el cual exhorta al Gobernador del Estado para que, a través de las instancias correspondientes, apoye a los prestadores del servicio de transporte público en la modalidad de taxis, con el otorgamiento de prórrogas y permisos durante la contingencia sanitaria.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad dijo haber recibido solicitudes de apoyo por parte de concesionarios y trabajadores del volante, quienes le han manifestado encontrarse en una grave situación económica, a causa de la escasa solicitud del servicio por la contingencia.

Una de dichas peticiones, expuso la legisladora, es que se les dispense, mientras dura la contingencia sanitaria, el trámite de la licencia tipo A, cuyo costo aproximado es de 850 pesos, y recibir el curso de manejo cuya constancia sea válida para realizar su labor. Asimismo, que se les exima el cambio de vehículo o se les permita el uso de un vehículo de modelo anterior, que esté en buen estado y cumpla lo que la ley señala.

Otra solicitud es que el trámite de bajas administrativas por cambio de vehículo se realice en esta ciudad de Xalapa y no en la ciudad de Veracruz. La apertura de una oficina en la capital del Estado –explica la Diputada- evitaría gastos de traslado y el riesgo de contagio de Covid-19, debido a que el municipio porteño es el que registra el mayor número de casos en la entidad.

Finalmente, Magaly Armenta propuso que, en los casos en que el vehículo infraccionado pueda desplazarse por sí solo para presentarse en la delegación de Transporte correspondiente, se prescinda del servicio de grúa, cuyo costo es de hasta 4 mil pesos.

Se adhirieron a este Anteproyecto de Punto de Acuerdo los grupos legislativos de Morena y Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México, así como la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

Durante la séptima sesión permanente del segundo receso, del segundo año del ejercicio constitucional, la diputada Mónica Robles Barajas presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma y adiciona, diversas disposiciones al Código Financiero para el Estado de Veracruz a efecto de incorporar, como responsabilidad gubernamental, el contenido relativo a la igualdad de género y la erradicación de la violencia, contenido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La iniciativa señala que en Veracruz existe la normatividad que respalda dicha pretensión legislativa, prevista en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual determina elaborar los presupuestos de egresos del Estado con enfoque de género, incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento, en el ámbito de su competencia de las políticas de igualdad.

Asimismo, las obligaciones del Poder Legislativo, garantiza la asignación de recursos suficientes y con perspectiva de género en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado.

La legisladora Robles Barajas explicó que el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024 contempla en el Eje de Derechos Humanos, las políticas y programas implementados por las Secretarías de Gobierno (Segob), Educación (SEV), Seguridad Pública (SSP) y la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), a través de sus respectivos programas sectoriales, sumándose las acciones realizadas por los institutos veracruzanos de Asuntos Indígenas, de las Mujeres y de la Juventud.

De este modo, los tres ejes coinciden en el cumplimiento de políticas públicas con enfoque de Cultura de Paz, Derechos Humanos y Perspectiva de Género, de una manera transversal, por lo que los presupuestos públicos que se destinen deberán tener esta dirección como perspectiva primordial, añadió.

De igual forma, refirió la integrante del Grupo Legislativo de Morena, Veracruz incorpora al Presupuesto de Egresos del Estado, Anexos Presupuestales en materia de igualdad de género y violencia contra las mujeres, sin embargo, “a pesar de tales inserciones, no se ha logrado que los administradores públicos, responsables de la ejecución del gasto público y los operadores de los programas ahí establecidos, hagan permear tal visión en la actividad

integral del aparato burocrático, “por lo que se hace necesario reforzar las disposiciones legales respecto a ello, pasando de ser temporales y discrecionales, a permanentes y obligadas, como se plantean en la presente iniciativa”, enfatizó.

Finalmente, la diputada señaló que la incorporación de la Perspectiva de Género en los procesos de planeación, presupuestación, instrumentación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, de programas y acciones gubernamentales, para lograr la Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ha sido una exigencia permanente de las mujeres, de la sociedad civil organizada y del movimiento feminista.

“La iniciativa que hoy pongo a su consideración, podrá garantizar la institucionalización y la transversalización de la Perspectiva de Género en el presupuesto estatal, mediante reformas a nuestro Código Financiero”, concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y para la Igualdad de Género.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó diversas reformas al Código Electoral estatal, resultado de las iniciativas presentadas los días 25 y 30 de septiembre pasado por la diputada Mónica Robles Barajas, con lo que se establecen disposiciones necesarias en la legislación para mejorar la eficiencia del sistema electoral, mediante la eliminación de duplicidades en la organización y funcionamiento de los entes públicos, así como el establecimiento de criterios objetivos con los cuales se armoniza los principios que rigen esta materia, teniendo como finalidad el ahorro de recursos económicos sustanciales.

Este 1 de octubre, en sesión extraordinaria, la Mesa Directiva puso a consideración del Pleno el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales. Tras el debate público entre las diversas fuerzas políticas, se instruyó abrir el tablero de votación, que registró 31 votos a favor y 14 en contra, sin abstenciones.

El documento refiere las reformas a la Constitución Política del Estado y al Código Electoral, aprobadas por esta Soberanía y publicadas en la Gaceta Oficial del Estado el pasado 22 de junio y 28 de julio del año en curso. Por tanto, añade, resulta importante correlacionar los criterios para calcular y ministrar los montos a que tengan derecho los partidos políticos y candidatos independientes por concepto de financiamiento público y franquicias postales para evitar interpretaciones -por parte de la autoridad administrativa electoral- en el cálculo de éstos.

De esta manera, en aras de eficientar el gasto público con base en el principio de austeridad, se establece que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado será el ente encargado de llevar a cabo de forma exclusiva el programa de resultados electorales preliminares.

Además de recuperar, concentrar y reutilizar el material electoral y organizar debates tanto virtuales como presenciales e incrementar la vigilancia del voto público, evitando la comisión de actos u omisiones que tengan como propósito la violación del mandato popular expresado en las urnas.

A partir de estas reformas, las áreas y personal del OPLE y del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) deberán atender el criterio de sustancialidad con el objeto constitucional y legal que es la organización de elecciones y la solución de controversias en la materia, evitando las áreas no sustantivas.

Por otro lado, entre las causas de inelegibilidad para ser candidatas o candidatos está el que sean condenadas o condenados por virtud de sentencia firme por el delito de violencia política en razón de género.

Asimismo, la reforma precisa disposiciones relativas que aseguran el principio de paridad de género en la asignación de candidatas y candidatos, así como la fecha de instalación de los Consejos Distritales con la de los Municipales Especiales.

Por último, el dictamen refiere que Veracruz, al igual que el resto del país, ha vivido cambios políticos en tiempos recientes que son resultado de la competencia democrática y de la creciente participación de la ciudadanía en las elecciones. “Si bien se ha dado un paso importante hacia la consolidación de un Estado justo y plural, existen retos que deben superarse respecto a la relación entre el pueblo y sus representantes”, agrega.

A propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Pleno de la LXV Legislatura aprobó la modificación de la integración de dos comisiones permanentes, resultado de las decisiones de las diputadas y diputados que las conforman.

De esta manera, en la Comisión Permanente de Administración y Presupuesto el diputado Wenceslao González Martínez asume la vocalía, en sustitución de la legisladora Ana Miriam Ferráez Centeno.

En tanto, la diputada Ferráez Centeno presidirá la Comisión Permanente de Seguridad Social, supliendo con ello al legislador Wenceslao González.

En consecuencia, la Jucopo consideró pertinente este cambio, atendiendo la normativa interna, en la cual prevalece la representación de los diversos grupos legislativos.