Este jueves el Pleno de la LXV Legislatura avaló la propuesta del diputado Gonzalo Guízar Valladares y, como consecuencia, remitirá al Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para establecer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda exentar de pago a quienes comprueben la calidad de residentes, aledaños a casetas de peaje.

Esta medida aplicaría cuando no haya vías alternas que garanticen el libre peaje para las y los residentes.

En la sesión, tercera ordinaria, del primer periodo, correspondiente al tercer año de labores, la Mesa Directiva dio a conocer el dictamen de la Comisión Permanente de Comunicaciones y que, tras ponerlo a consideración del Pleno, registró 36 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

La Comisión considera necesario que la LXV Legislatura haga suya esta propuesta y la presente al Congreso Federal, ya que representa un acto de justicia social para miles de familias mexicanas que, al haberse construido en los alrededores de sus localidades vías terrestres de comunicación, generalmente en mejor estado, sufren afectaciones económicas al verse obligadas a transitar por las mismas y a cubrir las altas tarifas que cobran.

Además, coincide con el autor, el legislador Gonzalo Guízar, toda vez que esta reforma contribuiría a detonar el desarrollo económico de las regiones en las que estén instaladas casetas de peaje, al permitir a las familias residentes evitar pagos para poder movilizarse hacia sus centros de trabajo o a los establecimientos que prestan los servicios públicos o privados que requieren.

Asimismo, señala que la actual medida de pagar por el uso de las carreteras pone en desventaja a los residentes, en comparación con las personas que no habitan en localidades cercanas y que no padecen esa problemática cotidiana para realizar sus actividades.

Por otra parte, en el texto del dictamen se precisa que los incrementos en los servicios y sobre todo en los pagos de peajes para poder circular en vías terrestres, aunado al constante aumento de la gasolina, trae repercusiones de gran magnitud en la economía de

las familias, ya que disminuye su capacidad adquisitiva para solventar sus necesidades básicas.

Conforme al trámite legislativo, y tras haberse aprobado por el Congreso de Veracruz, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó mandar a publicar el presente decreto en la Gaceta Oficial del Estado, y a su vez, remitir la propuesta al Congreso de la Unión para su consideración.

La LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 29 de octubre por el diputado Omar Guillermo Miranda Romero, por el cual se propone al Congreso de la Unión reformar los párrafos 14 y 16 del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer que el Estado deberá garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan cáncer o alguna discapacidad permanente.

Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las niñas y niños con cáncer, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza, refiere el dictamen avalado por el Pleno de la LXV Legislatura de Veracruz, con 33 votos, sin abstenciones o votos en contra.

De igual forma, se precisa que el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los niños con cáncer y a los pertenecientes a las familias que estén en situación de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

El dictamen refiere, en el segundo transitorio, que los gastos y erogaciones necesarios para la entrada en vigor de la reforma se realizarán con el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud o entidades del Gobierno Federal que correspondan, por lo que dichas instituciones deberán realizar los ajustes presupuestales para dar viabilidad financiera a lo establecido en el decreto.

Por otra parte, se prevé que las legislaturas de las entidades federativas, dentro del plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia del decreto, tendrán que realizar los ajustes constitucionales y legales, a efectos de garantizar la protección y alcanzar el estado de bienestar de las personas que padezcan cáncer.

El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, expone que, de acuerdo a información del Centro Nacional para la Salud de la Infancia, se estima que en México existen anualmente entre cinco y seis mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. El promedio anual de muertes por cáncer infantil en la última década es de dos mil 150 defunciones.

Añade que el cáncer infantil se ha convertido en la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares 2013 reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones.

En representación del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Margarita Corro Mendoza, confió que el Congreso Federal estudie y dictamine esta propuesta para que a la brevedad sea un derecho reconocido en la Carta Magna. Asimismo adelantó el voto a favor de este dictamen, toda vez que –consideró- va en concordancia para salvaguardar el derecho a la salud de las y los mexicanos, pero sobre todo de las niñas y niños.

Tras su aprobación por parte del Pleno del Congreso de Veracruz, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el presente decreto a la Gaceta Oficial del Estado para su publicación, y a su vez, enviarlo al Congreso de la Unión para el trámite legislativo correspondiente.

Mediante una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal propuso una nueva medida económica consistente en eliminar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos como el cubrebocas y en todos aquellos necesarios para mantener la higiene y prevenir el contagio del Covid-19.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una Iniciativa ante el Congreso de la Unión por la que adiciona el inciso j) a la fracción I, del artículo 2° A; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El referido Artículo dispone los actos o actividades en los que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento. La propuesta del diputado De Unánue Abascal propone incluir sanitizantes, desinfectantes, gel o líquido antibacterial, cubrebocas y guantes quirúrgicos, además de los productos que la autoridad competente considere pertinente para hacer frente a una situación de emergencia declarada por el Consejo de Salubridad General en términos de la Ley General de Salud.

Desde la Tribuna, consideró que esta medida es una forma de apoyar la economía de las y los mexicanos que se preocupan por disminuir el contagio de esta pandemia. Recordó que el IVA es un impuesto que paga todo el pueblo y que implica 567 mil 435 millones de pesos anuales.

De Unánue Abascal hizo “un llamado a la sensatez” y apeló a la sensibilidad de las y los legisladores, para que esta iniciativa sea dictaminada y votada favorablemente por el Pleno, “por el bien de todas y de todos, por el bien común e interés general que anima nuestra representación popular y justifica la razón de ser de los parlamentos”.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura, recibió del Gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, la iniciativa de Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la cual se crean los Centros Conciliación Laboral para el estado, como instancia prejudicial obligatoria de conciliación.

El texto de la iniciativa refiere que ante la necesidad de mejorar la impartición de justicia laboral, en todos los ámbitos de las relaciones humanas, y garantizar efectivamente la tutela judicial efectiva del nuevo sistema de justica laboral, prioriza la conciliación como obligatoria, a reserva de sus excepciones; convirtiéndose en un requisito indispensable para pasar a la fase judicial, resultando de gran importancia en la solución de conflictos entre trabajadores y patrones.

En concordancia con la reforma de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la entidad, con fecha 4 de febrero del presente año, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política local, en referencia al nuevo Sistema de Justicia Laboral y que, en uno de sus transitorios, señala la obligación de expedir y reformar las leyes locales necesarias para su cumplimiento, de ahí la propuesta para la creación de dichos Centros.

Los Centros de Conciliación Laboral del estado de Veracruz, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, contarán con plena autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión. Basarán su operación a los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

El nuevo organismo público descentralizado, tendría su dirección oficial en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, contando con las delegaciones necesarias conforme a la disposición presupuestaria correspondiente, a fin de cumplir con su objeto.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

Durante la tercera sesión ordinaria de la LXV Legislatura, los diputados Bingen Rementería Molina y Gonzalo Guízar Valladares hicieron uso de la Tribuna para presentar, por separado, anteproyectos con punto de Acuerdo, cuyo propósito es exhortar –respetuosamente- al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República para que consideren la suscripción de la Declaración del Consenso de Ginebra, sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia.

En primer orden, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Bingen Rementería, pidió que esta LXV Legislatura exhorte al Poder Ejecutivo de la Federación a suscribir la citada Declaración, al considerar que el contenido y compromisos de este documento deben ser incorporados al derecho interno, de conformidad con lo que establece la Carta Magna Federal.

Dijo que la Declaración del Consenso de Ginebra resulta congruente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y es concordante con otros tratados internacionales firmados por México, en materia de derechos humanos como la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijín.

Indicó que la Declaración sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia reconoce que la cobertura sanitaria universal es fundamental para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud y el bienestar. Además de que reafirmar la importancia de la titularidad nacional y la función y responsabilidad que tienen los gobiernos para determinar su manera de lograr dicha cobertura sanitaria universal.

Destacó que además se comprometería a los Estados firmantes, entre otros aspectos, a: garantizar a las mujeres el pleno goce de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en todos los niveles de la vida política, económica y pública. Así como fomentar la capacidad del sistema de salud y movilizar recursos para implementar programas que atiendan las necesidades de mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, el diputado Gonzalo Guízar Valladares señaló que la familia es y seguirá siendo una institución fundatoria de la sociedad, por lo que –consideró- que garantizar los derechos del más débil constituye un reto y obligación para el Estado.

Recordó que el 22 de octubre, Estados Unidos fue sede de la firma de la Declaración del Consenso de Ginebra, que establece varios puntos en materia de salud y protección a la vida de los nacidos y no nacidos, a lo cual se unieron diversos representantes de las regiones del mundo.

Los copatrocinadores de este pacto son Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda, en representación de las distintas regiones (América Latina, Medio Oriente, Europa, Asia y África) de los 32 países adheridos a la Declaración.

Precisó que, de acuerdo al Departamento de Servicios Humanos y de Salud de los Estados Unidos, la Declaración establece cuatro metas principales en torno a la salud, las cuales son: mejores servicios de atención a la salud para las mujeres, preservación de la vida humana, fortalecimiento de la familia como unidad fundamental de la sociedad y el Derecho de cada país a proteger su soberanía de las políticas globales.

Por consiguiente, el legislador Guízar Valladares presentó su propuesta para exhortar al Senado de la República a que considere suscribirse a esta Declaración y también solicitar al Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, remita a esta Soberanía, en un plazo máximo de 30 días, un Informe sobre las causas por las cuales México no suscribió la citada Declaración.

En ambos casos, la Mesa Directiva instruyó remitir a la Junta de Coordinación Política los anteproyectos para el trámite legislativo correspondiente.

Con el objeto de generar espacios para la participación de la juventud veracruzana, la diputada María Graciela Hernández Iñiguez presentó al Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa que prevé reformar la fracción IV, del inciso C) del artículo 67 de la Constitución Política del Estado para bajar, de 35, a 30 los años de edad requeridos (al día de su designación) para ser Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

En su intervención en Tribuna, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que la misma Constitución, para el caso de ser Fiscal General, requiere una edad mínima de 30 años, mientras que para ser Comisionado del IVAI establece 35. “Es evidente que existe una marca diferencia en la propia legislación que los faculta en relación a la edad y que no está justificada pues no tiene nada que ver con las funciones que se desempeñan”.

Dijo que, en dado caso, debería exigirse mayor edad a quien investiga delitos y ejerce acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley. Sin embargo –añadió- es tan importante la función de procuración de justicia, como la de quien tutela el derecho humano de la sociedad a estar informados.

Expuso que uno de los objetivos de su iniciativa es generar espacios para personas que no solo han culminado sus estudios profesionales, sino también lograr integrarlos a un campo laboral donde desarrollen sus capacidades, de manera que sea reforzada con coherencia política en los ámbitos de interés de éstos.

Destacó que México cuenta con una población de 30.6 millones de personas jóvenes que oscilan en edades entre los 15 y 29 años, representando el 25.7 por ciento de la población total del país. En Veracruz, agregó, la juventud representa el 30.4 por ciento de la población total, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La legisladora María Graciela Hernández ocupa la vocalía de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, así como la secretaría en la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

Tras la lectura en tribuna de la iniciativa, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitirla a las Comisiones Permanentes Unidas de

Justicia y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, para su estudio y dictamen correspondiente.

Con la finalidad de que todo adulto que, por cualquier motivo, haya abandonado sus estudios, tenga la posibilidad de concluirlos y así poder apoyar de mejor manera a sus hijos o familiares a su cargo, en las tareas educativas, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno de la LXV Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 90 de la Ley de Educación estatal.

De acuerdo al texto vigente de la ley, las autoridades educativas estatales y municipales adoptarán medidas y acciones para propiciar el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad con equidad y la efectiva igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia en los servicios educativos, con preferencia a los grupos y regiones de mayor rezago educativo o en condiciones económicas y sociales de desventaja.

La propuesta de la diputada Trujillo Ortiz radica en que, para cumplir con lo señalado en la legislación, las autoridades educativas estatales y municipales deberán prestar servicios educativos apoyados en el uso de las herramientas tecnológicas, para atender a quienes abandonaron el sistema regular y están en situación de rezago educativo, con el fin de que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres.

El objetivo principal que busca esta modificación es que los adultos que tienen a su cuidado y responsabilidad a menores de edad, que reciben educación a través de las Tecnologías de la Información, tenga la posibilidad de culminar con su educación básica y media superior que les permita poder apoyar a sus hijos o familiares a su cargo en las tareas.

La legisladora expone que, dada la emergencia sanitaria que se vive por la Pandemia, del Covid-19, el Estado tiene la obligación de brindar los medios y herramientas de trabajo a las y los maestros, también con los millones de niñas, niños y adolescentes para brindarles el acceso a la educación, pues es un derecho Constitucional.

Señala que esta situación afecta a todos, principalmente, a los grupos vulnerables, toda vez que su capacidad para contar con los elementos de aprendizaje está disminuida. “En ese sentido, de todos los riesgos, el más grave para el sector educativo es el abandono escolar”, abundó.

Agrega que, de acuerdo al diagnóstico 2018 de la organización Mexicanos Primero, registró que de cada 100 niños que inician su educación primaria, una tercera parte deja de estudiar, 70 la terminan. De ellos 46 acreditan la secundaria, 23 la preparatoria, solo diez la licenciatura y dos, o tres, hacen un posgrado.

Posteriormente, indica que el Gobierno Mexicano le está apostando a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aprendizaje de diez millones de estudiantes de todos los niveles educativos que se han visto privados de la enseñanza presencial, lo cual –consideró- debe aprovecharse para apoyar a quienes por alguna razón dejaron sus estudios.

Tras la lectura en tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitir la iniciativa a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para el trámite legislativo correspondiente.

Durante el presente año, en infraestructura carretera, Veracruz realizó una inversión superior a los mil 761 millones de pesos (mdp), destinados a la ejecución de 118 obras, informó ante esta Soberanía el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

La comparecencia, celebrada en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, fue coordinada y conducida por la Comisión Permanente de Comunicaciones, integrada por los diputados Antonio García Reyes, Gonzalo Guízar Valladares y Omar Guillermo Miranda Romero, presidente, secretario y vocal, respectivamente.

Al hacer uso de la palabra, el servidor público destacó que una de las prioridades del Gobierno del Estado, que encabeza el Ingeniero Cuitláhuac García, es contribuir al mejoramiento de las vías de comunicación, para mejorar los canales de comercio local y para acercar a las localidades los beneficios sociales presentes en los centros urbanos, así como potenciar las actividades económicas en todas las regiones del estado.

El titular de la SIOP detalló que, a la fecha, se han abierto y construido 14 nuevos caminos, con una inversión de 221 mdp; pavimentado 31 caminos, con un monto de 620 mdp; para mantenimiento y rehabilitación en 60 caminos carreteros, más de 835 mdp y 21.8 mdp para obras complementarias en la red carretera estatal, como construcción de muros de contención, instalación de señalética y obras de drenaje.

Asimismo, cuatro puentes nuevos, en los que se invirtieron 38.5 mdp, dos puentes vehiculares rehabilitados, con casi 24 mdp. De las obras mencionadas, 47 se encuentran en proceso, 64 están terminadas y siete pendientes de registro.

Obras para cada región

El Secretario presentó evidencias fotográficas de las obras realizadas y detalló cada una por municipio y región con cada monto de inversión. En la Huasteca Alta, solo en este año, fueron destinados 235.2 mdp a ocho obras: construcción de un camino, cuatro pavimentaciones y tres rehabilitaciones de caminos carreteros. En la Región Huasteca Baja, 132.7 mdp en cinco obras: un camino nuevo, dos pavimentaciones, una rehabilitación de camino y la construcción de un puente.

En la Región Totonaca más de 240 millones de pesos en 11 obras: construcción de un camino nuevo, tres pavimentaciones, seis rehabilitaciones de caminos y la construcción de obras complementarias en una carretera. En la Región Nautla, 181.8 mdp en 13 obras: construcción de dos caminos nuevos, cuatro pavimentaciones y seis rehabilitaciones de caminos.

Además, en Las Montañas, se invirtió más de 210 mdp en 21 obras y tres complementarias. En la Región Papaloapan, en infraestructura carretera, 149.4 millones de pesos en 11 obras. En Los Tuxtlas, 185.7 mdp en 12 obras. En la Región Olmeca, la SIOP realizó 18 obras en las cuales invirtió 235.6 mdp.

Obra pública de infraestructura básica

Elio Hernández Gutiérrez expuso también que, este año, se invirtió más de 551 mdp en la construcción de 125 obras de infraestructura básica y espacios públicos del territorio estatal. De éstas, 40 se encuentran en proceso, 49 ya están terminadas y 36 pendientes de registro.

Igualmente, desglosó la realización de obras, por región, número y monto de inversión. En la Región Huasteca Alta, 11 obras, 40.8 mdp; Huasteca Baja, cinco obras; Totonaca, cinco obras, 26 mdp; Nautla, nueve obras, 38 mdp; Capital, 30 obras, 111.4 mdp y en Las Montañas, 16 obras, 96.6 mdp; Sotavento, seis obras, 51.6 mdp; Papaloapan, 11 obras, 49.5 mdp; Los Tuxtlas, 37.6 mdp para la pavimentación de seis calles, y para la Región Olmeca, 24 obras, 84.1 mdp.

Telecomunicaciones

El secretario Elio Hernández informó también de la instalación y mantenimiento de antenas y repetidores de voz y datos, para beneficio de más de 280 mil habitantes de 92 municipios, instalación de equipo de acceso a Internet en escuelas de nueve municipios y mantenimiento a repetidores de frecuencia y radios portátiles, para comunicar a 14 dependencias gubernamentales.

Maquinaria

La SIOP, dijo su titular, ha dado respuesta puntual a todas las solicitudes de apoyo a la población y a las autoridades municipales que solicitan el servicio de préstamo de maquinaria, principalmente para enfrentar los efectos de contingencias ambientales o cualquier eventualidad.

Se otorgó este apoyo a 27 municipios, para trabajos de conservación y rehabilitación de caminos y para la construcción de pozos de captación pluvial, beneficiando a más de 200 mil habitantes.

Presupuesto

De acuerdo con el titular de SIOP, para el presente ejercicio, esta dependencia obtuvo un presupuesto asignado inicialmente de 2 mil 041 mdp, mismo que fue modificado.

Precisó que, a la fecha de corte, 31 de octubre, se tiene un presupuesto modificado de 3 mil 019 mdp, del cual se han destinado recursos para estudios, supervisiones y obras contratadas de 2020 por un monto de 2 mil 577.98 mdp.

De tal monto, mil 814.06 mdp fueron destinados a infraestructura carretera, 551.58 mdp para infraestructura básica y los restantes 212.34 mdp corresponden a obras refrendadas de años anteriores.

Para este año, prosiguió el Secretario, las obras y acciones realizadas benefician directamente a la población asentada en 100 municipios de la entidad. De estos 100, 17 considerados como pueblos originarios fueron beneficiados con la construcción en conjunto de 43 obras, 26 en el rubro de infraestructura carretera y 17 de infraestructura básica, con inversión de 423.9 mdp.

En cuanto a las licitaciones de obras, éstas se realizan aplicando criterios de eficiencia y transparencia. A la fecha, han sido asignados 243 contratos de obra, de los cuales 241 fueron dados a empresas constructoras veracruzanas.

Elio Hernández concluyó su participación afirmando que “estamos cumpliendo para dar paso a la salud, educación, economía y seguridad de las y los veracruzanos. Seguiremos transformando nuestros caminos creando más oportunidades para todos”.

Participaciones

Tras la exposición de apertura, hicieron el uso de la voz los diputados y diputadas: José Manuel Pozos Castro (Morena), Omar Guillermo Miranda Romero (PAN), Jorge Moreno Salinas (PRI-PVEM), Brianda Kristel Hernández Topete (Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido), así como Gonzalo Guízar Valladares y Rodrigo García Escalante (sin grupo legislativo).

En la segunda ronda, participaron las y los diputados: Montserrat Ortega Ruiz, Eric Domínguez Vázquez, Raymundo Andrade Rivera, Ana Miriam Ferráez Centeno, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Antonio García Reyes, Elizabeth Cervantes de la Cruz y Gonzalo Guízar Valladares.

Con la conclusión de las dos rondas de preguntas, el diputado Antonio García Reyes agradeció al Secretario su presencia y, siendo las 13:03 horas, dio por terminada la comparecencia, iniciada a las 10:03.

Al considerar que actualmente el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos es deficiente y los cobros excesivos, siendo una de las principales quejas de las y los veracruzanos, la legisladora Florencia Martínez Rivera presentó al Pleno una iniciativa por la cual se prevé facultar al Ejecutivo estatal para expedir el Reglamento respectivo, con el objetivo de que este servicio público esté regulado y se brinde certeza jurídica a los usuarios y concesionarios.

En su iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la diputada propone que las personas físicas o morales, autorizadas para el arrastre de vehículos en determinado lugar, tengan un llamado de manera equitativa para prestar el servicio, el cual tendría que ser programado y publicado con el consenso de todos los concesionarios.

Al respecto y en caso de que algún concesionario otorgue el servicio sin haber sido programado, se prevé como castigo la suspensión de 30 días naturales de la unidad infractora y, en caso de reincidencia, se suspendería la licencia del operador.

Por otra parte, en caso de existir quejas de parte de los prestadores de servicios, en relación a la programación o llamados inequitativos y que sea verídico, el servidor público encargado de ello sería sancionado administrativamente con 30 días de suspensión del cargo, y en caso de reincidencia, podría ser removido de dicho cargo e inhabilitado para el mismo en un periodo mínimo de seis años.

De igual forma, también se busca que cuando un vehículo, particular o de transporte público, permanezca por más de seis meses en un corralón, pueda tramitarse, ante la autoridad correspondiente, la baja administrativa para no ocasionar un menoscabo en la recaudación de impuestos de derechos vehiculares.

Los concesionarios del servicio público auxiliar de arrastre, salvamento y depósito de vehículos deberán respetar las tarifas establecidas.

En su intervención, la diputada Florencia Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, puntualizó que, en reiteradas ocasiones, las personas afectadas por el citado servicio acuden a interponer quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), incluso con presidentes municipales y diputados para que intervengan ante los concesionarios por el mal servicio. “Esto, sin éxito alguno, ya que no existe el reglamento o instrumento jurídico idóneo que lo regule”.

Agregó que como diputados y representantes de la sociedad veracruzana debe garantizarse que el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos sea prestado con eficiencia, eficacia, honradez y apegado a la ley, protegiendo y salvaguardando el interés colectivo.

Tras la lectura en Tribuna de la iniciativa, la Mesa Directiva ordenó turnarla a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su análisis y dictamen.

Con la finalidad de atender la legítima demanda del sector ganadero del estado de Veracruz, el diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto ante el Congreso de la Unión para reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política Federal, a fin de que el delito de abigeato sea considerado como grave y el juez ordene la prisión preventiva para quien lo cometa.

Al participar durante la tercera sesión ordinaria, del primer periodo, correspondiente al tercer año de labores, el legislador García Escalante subrayó que es necesario atender esta demanda de las y los ganaderos veracruzanos. “Debemos ponernos en su lugar y sentir en carne propia la impotencia que significa que su patrimonio se vea mermado o en ocasiones totalmente arruinado por el robo de su ganado”.

Manifestó que en la zona norte de la entidad, además de los estragos de la pandemia, la sequía y el incremento del abigeato ha perjudicado reiteradamente a las y los ganaderos, afectando seriamente su patrimonio y la de sus familias.

Señaló que, de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de octubre de este año se han presentado 409 denuncias por robo de ganado, lo cual –consideró- comparado con el resto de las entidades que tienen mayor producción de ganado, la cifra es preocupante.

Ejemplificó que en el mismo periodo, el estado de Jalisco ha registrado 124 denuncias, Chiapas 63, Chihuahua 184 y Oaxaca 71. “Es decir, en Veracruz la incidencia por este delito es 250 por ciento mayor en comparación con Jalisco”, abundó.

Dijo que, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el inventario ganadero bovino del país -a diciembre de 2019- era de 35 millones 224 mil 490 cabezas de ganado de los cuales, el estado de Veracruz aportó 4 millones 325 mil 138, es decir, el 12.4 por ciento del total del inventario nacional.

Por último, el legislador García Escalante precisó que su iniciativa representa un acto de justicia para las y los ganaderos veracruzanos que a pesar de las adversidades continúan confiando su patrimonio en esta entidad, generando empleos, activando la economía local y poniendo el nombre de Veracruz, como uno de los estados más competitivos en este sector.

-Ajustarían Código Penal y Código de Procedimientos Penales-

Como consecuencia de la anterior iniciativa, el legislador Rodrigo García Escalante presentó también la propuesta de reforma, ante el Congreso de la Unión, para modificar el tercer párrafo del artículo 381 Ter del Código Penal Federal y la fracción VIII del artículo 318 Ter del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo propósito es elevar la pena por la comisión del delito de abigeato, de seis a quince años, así como establecer que dicho ilícito ameritará la prisión preventiva oficiosa.

Ambas iniciativas fueron turnadas, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. En caso de ser aprobadas por el Pleno de la LXV Legislatura estatal, serían remitidas al Congreso de la Unión para continuar con el trámite correspondiente.

Ante la adversidad, Veracruz mantiene su vocación turística trabajando en importantes proyectos de recuperación para consolidar al turismo como motor de desarrollo regional y local, aseguró la secretaria de Turismo y Cultura del estado, Xóchitl Arbesú Lago, al comparecer ante la Comisión Permanente de Turismo, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Las diputadas María Esther López Callejas, Libni Adaelsi Sánchez Núñez y Rosalinda Galindo Silva, presidenta, secretaria y vocal de la referida comisión, a las 17:05 horas, recibieron la presentación de la servidora pública en el Recinto Oficial de Sesiones y coordinaron los trabajos que comprendieron la exposición y las dos sesiones de preguntas formuladas por las y los diputados.

La Secretaria de Turismo y Cultura informó acerca de las actividades que Gobierno del Estado planeó para este año y de las acciones implementadas para la contención de las afecciones que la pandemia generó en el sector turístico y cultural. Habló también de los retos enfrentados durante el inicio de la reactivación económica y regreso a la nueva normalidad, en conjunto con el gabinete económico y con los actores del sector privado y sociedad civil.

Antes de la pandemia –dijo-, participamos en diversos eventos de promoción y atención turística como la tercera edición de México en el corazón de México, el Tianguis Turístico digital, la organización de dos Blitz, el webinar con PE-TRA operadora de viajes de las más importantes a nivel internacional así como 13 eventos locales.

En cuanto a reactivación económica, con Sectur federal, la Secretaría de Turismo de Oaxaca, el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), presidentes municipales y academia, Veracruz participó en la construcción de la Estrategia de Turismo Comunitario y Sostenible en el Istmo de Tehuantepec, en el marco del Programa para el Desarrollo de este importante polo económico, misma que se implementará a partir del próximo año.

En el estado –prosiguió la servidora pública- se realizaron 28 producciones audiovisuales que generaron una derrama económica de 1.3 millones de pesos, cifra que adelanta la reactivación de, al menos, ocho producciones audiovisuales para el primer semestre del 2021, entre las que destacan dos largometrajes y cortometrajes de Canadá y Francia.

Destacó que, al interior del estado, se fortalecieron los Encuentros de Turismo, lo que en este 2020 permitió involucrar a expertos en diversos temas de impacto en el sector; además de que la versión digital, celebrada en octubre pasado, permitió atravesar fronteras y hermanarse con seis países de Centro y Sudamérica.

Además, se logró llevar a cabo el programa de certificación, contribuyendo a la obtención de 162 sellos de calidad turística, 192 constancias de Registro Nacional de Turismo, 40 credenciales a guías de turistas, la formación de 52 consultores en programas de calidad y el sello Safe Travels al estado.

De acuerdo con su titular, la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz impulsó la firma de convenios con Fonart, la Universidad Veracruzana (UV), el Estado de Tabasco y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Arbesú Lago informó de la conformación de cinco Consejos Regionales de Turismo en las regiones Olmeca, Totonaca, Altas Montañas, Tuxtlas y Huasteca, a lo que añadió que 52 municipios están en proceso de obtener su Diagnóstico de Vocación Turística en Veracruz.

En cuanto a promoción, detalló que, con el Fideicomiso del Impuesto sobre el Hospedaje, se han realizado 32 campañas de difusión y 112 activaciones en 8 estados. Se han contabilizado más de 600 millones de impactos en diversos medios de comunicación tradicionales y virtuales y se realizará el próximo 10 de diciembre, la entrega del galardón turístico Mi Veracruz 2020.

Informó que la Sectur realizó tres campañas turísticas propias, 21 ruedas de prensa, 52 comunicados, vinculación con VisitMexico, principal portal de México con el extranjero y con casa de México en España, así como otras representaciones diplomáticas del país en el extranjero.

Por otro lado, el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, que formará parte de la estructura de la Secretaría de Turismo del estado, hasta antes de la pandemia, se realizaron 20 congresos, 20 exposiciones, 23 reuniones de negocios, 21 eventos sociales, con un total de más de 129 mil asistentes.

Del Fideicomiso del Parque Takilhsukut, se realizaron 71 eventos en el año, se logró llevar a cabo una nueva Cumbre Tajín con un programa extendido de casi 3 semanas, con más de mil asistentes de seis países diferentes; además de reuniones de pueblos originarios, encuentros de danzantes, ceremonias tradicionales como el Litlán, y durante los últimos días de su realización, contamos con más de cuatro mil actividades, cinco mil artistas invitados, más de 42 mil asistentes y la creación de más de seis mil empleos.

Asimismo, del Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz, a pesar de haber estado cerrado cerca de siete meses por respeto a los protocolos sanitarios, fueron recibidos más de 300 mil asistentes: 74 mil niños, 227 mil adultos y más de 11 mil adultos mayores.

Arbesú Lago ponderó también el trabajo del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), que llevó a cabo 2 mil 677 actividades culturales en 93 municipios, con 595 mil 317

personas beneficiadas. Durante la contingencia, impartió 714 cursos, diplomados y talleres de formación cultural y artística, 275 actividades de fomento a la lectura y 379 acciones de desarrollo cultural regional.

Esta dependencia entregó estímulos económicos por más de 3 millones de pesos y realizó mil 507 acciones culturales, presenciales y virtuales para la difusión de la producción artística y al patrimonio, como la exposición Creadores de nuestro Estado, en el Complejo Cultural Los Pinos, en diciembre pasado, la galería móvil Diego Rivera, y la presencia de la colección estatal de Diego Rivera en la Casa de México, en España, lo que permitió también tener una exposición de rutas y paquetes turísticos muy importante. Además, se realizó la inversión en mantenimiento y rehabilitación por 3 millones 788 mil pesos.

La titular de Sectur indicó que, en ocupación hotelera, lo pronosticado para cerrar el ejercicio 2020 es de 26 por ciento y una derrama económica de 907 millones de pesos aproximadamente.

Xochitl Arbesú concluyó su exposición invitando a cerrar filas, gobierno, ciudadanos, empresarios y comunidades en torno a Veracruz. “Nuestros prestadores de servicios turísticos están preparados, certificados y listos para recibir al nuevo turista, como ya lo estamos haciendo.

“Cabañas y centros ecoturísticos cierran ya el año con ocupaciones mayores al 80 por ciento y con reservaciones ya para el próximo año: la sierra de Zongolica, las laderas del Pico de Orizaba y los Tuxtlas serán ahora los faros que iluminen este turismo rural, comunitario y cultural, que ha de guiar los esfuerzos de nuestra gente para recibir turistas y aumentar el gasto per cápita en su paso por nuestro estado. Juntos podemos lograrlo”, finalizó.

Tras la exposición de apertura de la secretaria, hicieron el uso de la voz las diputadas María Esther López Callejas (Morena) y Libni Adaelsi Sánchez Núñez (independiente), quienes formularon sus preguntas a la funcionaria pública estatal.

En la segunda ronda, participaron la diputada Florencia Martínez Rivera y el legislador Raymundo Andrade Rivera, ambos del grupo legislativo de Morena.

Concluidas las dos rondas, la diputada María Esther López Callejas agradeció la presencia y participación de la Secretaria y, siendo las 18:41 horas, concluyó la comparecencia.

La diputada Deisy Juan Antonio, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura, un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el que exhorta al titular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), para que a través de las 67 oficinas operativas distribuidas en la entidad, se reactive el programa de descuento del cien por ciento en multas y recargos, para el mes de diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, en apoyo a las afectaciones económicas por la emergencia sanitaria por el Covid-19.

La legisladora, presidenta de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento, destacó que los efectos derivados de la pandemia han repercutido no solamente en la salud, sino también en la economía de las y los veracruzanos.

En este sentido, dijo que durante este periodo de confinamiento, el incremento en el uso de los servicios básicos como luz, agua, gas doméstico e internet, ha sido de cuando menos el 30 por ciento, lo que ha significado un fuerte golpe a la economía de las familias.

“Es por ello, que el estado debe garantizar el acceso a esos servicios, que a su vez son los medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales como a la salud, a la educación o la alimentación”, indicó.

Al respecto, puntualizó que, con la pandemia, tener agua potable se ha convertido en un factor prioritario. Sin embargo también se debe garantizar la recuperación de la economía, procurando combinar los elementos de la política para apoyar a las y los usuarios de este servicio, al tiempo de avalar la sostenibilidad de los organismos prestadores del servicio de agua, como la CAEV.

Asimismo, señaló que ante el contexto que se vive en la actualidad, se requiere de la colaboración entre autoridades y usuarios para procurar el funcionamiento adecuado de las estructuras que forman parte de la administración pública, “ya que si bien la economía de las familias veracruzanas se ha visto perjudicada con los efectos de esta crisis sanitaria que ha impedido el cumplimento puntual del pago del servicio de agua, también las instituciones en esta materia, han visto mermado su patrimonio ante la falta de aportaciones de los usuarios”, indicó.

Finalmente, detalló que ha quedado demostrado que la gestión hídrica es y será determinante para la salubridad y la supervivencia, por lo que hizo un llamado a darle la verdadera importancia que se merece y dejar que la reactivación económica en nuestro estado fluya con ayuda del agua.

Para el trámite legislativo correspondiente, este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 31 votos, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por la cual se acordó que la diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez asuma las comisiones que venía ocupando la diputada con licencia María Candelas Francisco Doce.

De esta manera, la legisladora Sánchez Núñez queda como presidenta de la Comisión Permanente de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión; secretaria en la Comisión de Turismo y vocal en la instancia legislativa de Desarrollo Social, Humano y Regional.

De esta manera, se da continuidad a los trabajos al interior de este Poder Legislativo y se desahogan los trámites que son turnados por el Pleno.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 35 votos, el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, por la que se establece en términos medibles y cuantificables, la distribución entre los municipios de los ingresos derivados por los contribuyentes, en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En este sentido, la iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y presentada ante esta Soberanía el pasado 29 de Octubre, establece que los municipios recibirán, además las participaciones establecidas en la Ley, el 20 por ciento del incentivo de la recaudación referida en dicha reforma, lo que contribuirá al aumento de los ingresos y fortalecimiento de las Haciendas Públicas Municipales.

Al respecto, el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, refiere que la distribución de este porcentaje se realizará en los mismos términos en que se distribuyen el Fondo General de Participaciones Municipales y el Fondo de Fomento Municipal, siendo por el orden del 50 por ciento con base en el índice municipal de pobreza y el otro 50 por ciento con sustento en el coeficiente de participación municipal.

De acuerdo al decreto publicado el 19 diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), referente a las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial sobre producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, se estableció que las entidades federativas incorporadas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se enajenen bienes inmuebles en territorio estatal, y que causen impuestos en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obtendrán un incentivo del cien por ciento, siempre y cuando celebren convenio de colaboración administrativa en materia fiscal.

Asimismo se estableció que dicha recaudación no formará parte de la federal participable, además que las entidades federativas deberán participar por lo menos del 20 por ciento del incentivo referido a los municipios o demarcaciones territoriales.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen por el cual se autoriza al Ejecutivo estatal la donación de una superficie de 4 mil 281.80 metros cuadrados, deducida de una superficie mayor correspondiente a la Parcela 8, de la Ex Hacienda de Jalapilla, en el municipio de Orizaba, a favor del Tribunal Superior de Justica y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para la edificación de una Ciudad Judicial, tipo A.

En el desahogo de los temas tratados durante la segunda sesión ordinaria, del primer periodo, correspondiente al tercer año de labores, la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, puso a consideración del Pleno este dictamen, el cual es resultado de la petición enviada por el gobernador Cuitláhuac García el pasado 29 de octubre.

Con esta autorización, la LXV Legislatura coadyuva a la construcción de una ciudad judicial que atenderá la exigencia social, ampliando las instalaciones y aplicando adelantos tecnológicos en los procesos de administración de justicia.

En el decreto se establece que la superficie donada será destinada única y exclusivamente para la edificación de ciudad judicial, tipo A; de manera que, si cambiara su destino, dicho inmueble se revertirá al patrimonio del Gobierno estatal, sin necesidad de declaración judicial.

La presente resolución será comunicada a los ciudadanos Gobernador Constitucional del estado de Veracruz, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, magistrada Isabel Inés Romero Cruz, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

El plazo para el registro de recién nacidos en Veracruz se reduciría, de acuerdo con la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 681 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México.

En nombre de dicha bancada, el diputado Jorge Moreno Salinas hizo uso de la tribuna, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, para poner a consideración del Pleno el planteamiento mencionado.

El referido artículo –recordó el legislador- establece que el padre y la madre tienen la obligación de declarar el nacimiento, de manera inmediata, si en el hospital donde nació el menor hubiere módulo del Registro Civil, o dentro de los 180 días de ocurrido aquél. Las y los diputados proponen que este acto de responsabilidad se lleve a cabo dentro de los sesenta días del nacimiento.

En el párrafo segundo del mismo artículo, plantean ampliar la hipótesis de los sujetos obligados a dar aviso al Registro Civil del nacimiento de una persona (los médicos, cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto), referente a que, si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación estará a cargo del Director o de la persona encargada de la Administración, a fin de que con ello se haga aun más extensiva la forma en que el Estado conozca del nacimiento de una persona y, con ello, garantizarle sus derechos a la identidad y a contar con un nombre.

El plazo propuesto en la Iniciativa para dar aviso por escrito del nacimiento pasaría de tres días a las 24 horas posteriores al alumbramiento.

Con estas modificaciones, a juicio de las y los proponentes, se contribuiría a ampliar aun más la cobertura de los registros de nacimientos en Veracruz que, con 98.5 por ciento, ocupa el octavo sitio entre las entidades federativas con mayor porcentaje de población con acta de nacimiento, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para su estudio, la Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Con inversión extranjera superior a la de 2019, un fuerte respaldo a emprendedores y promoción de una gran diversidad de productos y servicios, Veracruz mantiene su crecimiento, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) del estado de Veracruz, Enrique de Jesús Nachón García, en su comparecencia con motivo del Segundo Informe de Gobierno.

En el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, la Comisión de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico de la LXV Legislatura, integrada por los diputados Amado Jesús Cruz Malpica y Omar Guillermo Miranda Romero y la diputada Mónica Robles Barajas, presidente, secretario y vocal, respectivamente, dio cauce a la exposición del Secretario.

Nachón García informó que la Inversión Extranjera Directa (IED), durante el segundo trimestre, ascendió de 158.2 a 226.4 millones de dólares (mdd), 43 por ciento mayor con respecto al mismo trimestre de 2019. A esto añadió que el acumulado de la IED al tercer trimestre de 2020 es de 1,173 mdd, superior a los totales obtenidos anualmente desde 2016.

Ante la pandemia

Para hacer frente a la contingencia derivada por la pandemia, con la participación de la academia y el sector empresarial, dijo el Secretario, este gobierno implementó el Plan Emergente de Desarrollo Económico ante el Covid-19, cuyos diagnóstico y estrategia se realizaron mediante reuniones triple hélice.

Enrique Nachón dijo que a través de Promover, con una inversión de 100 mdp, se otorgaron 7 mil 050 microcréditos en 188 municipios, donde se conservan 16 mil 228 empleos para beneficio de 64 mil 912 ciudadanos, 60 por ciento de los cuales son mujeres y 40 son hombres.

Mediante una línea de crédito de 330 mdp, con el programa Impulso Nafin+Estados, 181 empresas fueron beneficiadas y se alcanzó un aumento del factor de apalancamiento a 16.5 por ciento, con un periodo de gracia de 6 meses y una tasa de interés 15.5 por ciento a 13.5 por ciento, precisó el servidor público.

Apoyo a emprendedores y al comercio

Las acciones de apoyo a emprendedores respaldaron a 685 personas asesoradas y 3 mil 863 capacitadas, 63 por ciento son mujeres y 37 por ciento son hombres. La estrategia De Emprendedor a Empresario derivó en 500 planes de negocios.

Durante este año, prosiguió el Secretario, el comercio recibió un impulso traducido en 627 asesorías para desarrollo de productos, 110 apoyos para microempresas, la generación de 27 códigos de barras, 41 estudios de vida de anaquel y 42 estudios de contenido nutrimental.

Con la marca Hecho en Veracruz, se atendió satisfactoriamente 520 solicitudes, 289 productores y artesanos participaron en cuatro ferias, 130 empresas fueron certificadas en 45 municipios de las 10 regiones. Gracias a 111 vinculaciones comerciales, 26 empresas concretaron con cadenas comerciales y se colocaron 47 productos en anaquel. Con esto, 620 personas fueron beneficiadas directamente y 2 mil 480 por vía indirecta.

A esto añadió que, con Empresa Veracruzana de Calidad, 36 talleres derivaron en 42 acciones de consultoría, 30 apoyos para obtener y mantener certificados de calidad; se entregó el Premio de calidad en cinco categorías; se logró un importante aumento en ventas acumuladas y la exportación de productos a 6 países: Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España, Holanda y Singapur. Beneficiadas mil 476 personas, 62 por ciento son mujeres y 38 por ciento, hombres.

Además, la Tienda Hecho en Veracruz, con cobertura en 30 estados de la República Mexicana, alcanzó 930 pedidos totales, 5 mil 805 artículos vendidos: 5 mil 042 productos (de 63 empresas) y 763 artesanías (de 80 artesanos).

Destacó también los proyectos de infraestructura financiados por capital privado (2019-2022) en las diversas regiones económicas del estado: Huasteca Baja, Sotavento, Capital, Olmeca y otras, que representan una inversión de casi 23 mil millones de pesos.

Capacitación, gestión y acompañamiento

Nachón García habló también de las acciones de gestión y acompañamiento que beneficiaron a 845 personas capacitadas, incluyendo el Diplomado en Negocios Internacionales, 71 asesorías en comercio exterior, 17 empresas vinculadas del sector industrial con 43 participantes y el inicio de operaciones del servicio de pesaje de contenedores en el parque industrial Olmeca. El total de personas beneficiadas con capacitaciones, asesorías y vinculaciones es de 931, 49 por ciento, mujeres; 51 por ciento, hombres.

Expuso un logro más: la realización de 51 mesas de negocios (Shanghái-Veracruz), con 11 empresas seleccionadas, para promover productos como café tostado y molido, chocolate en polvo y crema de licor; se inició la gestión de trámites de exportación y se concretó el envío de un contenedor.

De acuerdo con el Secretario, con una inversión de 5 mil 427 mdp, el Programa Istmo permitió la modernización ferroviaria (912 mdp), la ampliación del puerto de Coatzacoalcos (854 mdp), mantenimiento de infraestructura en la refinería Lázaro Cárdenas (3 mil 661 mdp), entre otras acciones y gestiones.

Enrique de Jesús Nachón García concluyó informando sobre las acciones realizadas en el sector energético, donde se invierten 5 mil mdd (Pemex y capital privado) y dos proyectos ejecutivos que dotó de luz a 16 comunidades aisladas.

Finalmente, en Mejora Regulatoria, se logró subir tres lugares en el registro nacional, al incorporar 58 municipios al proceso respectivo. En total, 6 mil 774 personas fueron capacitadas y/o asesoradas. 56 por ciento mujeres y 44 hombres.

Después de su exposición, el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario respondió las preguntas que le formularon las y los diputados en las dos rondas establecidas.

Para que exista la posibilidad que otras fuerzas políticas, diversas a la que ostente la mayoría, puedan acceder a presidir la Mesa Directiva del Congreso del Estado, estableciendo así un equilibrio político para el sano cumplimiento de las responsabilidades legislativas, el diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

De acuerdo al legislador, su iniciativa busca establecer un esquema de pluralidad en la integración de la Mesa Directiva, por lo cual prevé que ésta sea elegida por las dos terceras partes de los diputados presentes y, a excepción del primer año de ejercicio legislativo, la presidencia de este órgano de dirección recaería en un diputado o diputada que pertenezca a un grupo legislativo distinto al que presida la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

También, plantea precisar que la presidencia sería alternada en orden decreciente, por un integrante de los grupos legislativos con mayor número de diputados que no la hayan ejercido.

El diputado García Escalante destaca la importancia de la Mesa Directiva, toda vez que es el órgano que tiene facultades para asegurar el adecuado desarrollo y conducción de las sesiones del Pleno o de la Diputación Permanente; realizar la interpretación de las disposiciones de la Ley Orgánica y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.

Indica que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la Mesa Directiva se integrará con un presidente, un vicepresidente y un secretario, que funcionarán durante el año legislativo para el que fueron electos por mayoría simple de los diputados presentes. “Actualmente no existe la posibilidad de que participen otras fuerzas políticas en la Presidencia de la Mesa, ya que la decisión recae en aquel grupo legislativo que ostente la mayoría, contrario a lo que ocurre en las Cámaras de Diputados y Senadores”, expone.

En la propuesta legislativa, se propone que la elección de la Mesa Directiva, con excepción de la del primer año de ejercicio, se lleve a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de este órgano

directivo para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos legislativos con mayor número de diputados que no la hayan ejercido.

El proceso sería conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 10 del mes de noviembre con el fin de que se logren los acuerdos necesarios.

En ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo, en un diputado o diputada que pertenezca al grupo legislativo que presida la Jucopo.

En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva, los grupos legislativos procurarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

Veintiún años sería la edad mínima para la venta de bebidas alcohólicas en Veracruz, de acuerdo con la propuesta del diputado Gonzalo Guízar Valladares, que presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El legislador plantea reformar la denominación del Capítulo III Bis, así como los artículos 177 Bis; 177 Ter, párrafos primero y segundo; 177 Quinquies, párrafo primero; y 177 Nonies, fracciones IV, V y X, todos del referido ordenamiento estatal, donde quede establecida dicha edad para los efectos que se señalan.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Guízar Valladares sometió a consideración del Pleno su propuesta.

De acuerdo con ésta, el Capítulo III Bis, pasaría a denominarse “De la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de veintiún años de edad” y en el Artículo 177 Bis quedarían expresamente prohibidos el expendio y la venta de bebidas alcohólicas a menores de veintiún años de edad en cualquier establecimiento.

En virtud de esto, el Artículo 177 Ter asentaría como obligación de quien expenda o venda bebidas alcohólicas cerciorarse, en cada ocasión, que el comprador cuente con veintiún años de edad, comprobándolo a través de una identificación oficial. Asimismo, el establecimiento deberá contar en su exterior con un letrero visible, advirtiendo la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, así como la venta a menores de veintiún años de edad.

Asimismo, el Artículo 177 Quinquies establecería que el individuo que venda bebidas alcohólicas a menores de veintiún años de edad en un establecimiento, o que las suministre o provea para su consumo dentro o fuera del mismo, se hará acreedor a la imposición de una multa que no podrá ser menor a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAs), ni mayor a 600 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Entre las acciones prioritarias que el Gobierno del Estado promoverá con la Federación y con los ayuntamientos, relativas a la celebración de acuerdos en materia de prevención del alcoholismo y corrupción por consumo de alcohol en menores de veintiún años de

edad, deberá considerarse la prohibición de acceso a menores de veintiún años de edad a establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Junto con esto, la regulación de horarios y zonas para menores de veintiún años de edad, en establecimientos no específicos, en los cuales puede realizarse en forma accesoria la venta y consumo de bebidas alcohólicas para su consumo en el lugar, así como las sanciones correspondientes a quienes permitan la entrada a menores de veintiún años de edad a los establecimientos con licencia de venta de alcohol.

Esta Iniciativa fue turnada para su análisis y, en su caso, dictaminación a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado determinó llamar a la ciudadana Martha Montero Villalvazo para que asuma –previa protesta ante el Cabildo- la presidencia municipal de Jamapa, Veracruz, ante la lamentable pérdida de la vida de la edil propietaria, Florisel Ríos Delfín.

Con esta acción, aprobada por obvia resolución durante la segunda sesión ordinaria, del tercer año de labores, se da continuidad a la gobernabilidad en este municipio y se brinda certidumbre jurídica a los actos de gobierno.

En los temas desahogados durante la correspondencia, el Pleno se dio por enterado del segundo informe de actividades legislativas de la diputada María Josefina Gamboa Torales, representante del Distrito XIV, Veracruz I.

En tanto, será la Comisión de Gobernación la que analice y dictamine sobre el documento del ayuntamiento de Moloacán que informa sobre el fallecimiento de la ciudadana María del Carmen Prieto Mortera, presidenta municipal suplente en funciones.

El ayuntamiento de Álamo Temapache informó a esta Soberanía de la renuncia de Alberto Salas Guzmán y el fallecimiento de Antonio Carrasco Santiago, ambos subagentes municipales propietario y suplente, respectivamente, de la ranchería “Loma Larga”, perteneciente a ese municipio, enviando la convocatoria para la elección de dichos cargos. Será la Comisión de Organización Política y Procesos Electorales, la que analice y dictamen este asunto.

Las Comisiones Unidas de Hacienda Municipal y para la Igualdad de Género estudiarán y dictaminarán la solicitud del ayuntamiento de Benito Juárez, mediante la cual solicita autorización para crear el Instituto Municipal de las Mujeres de ese municipio.

-Da entrada Congreso a proyecto de decreto de Egresos 2021-

En la sesión, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2021, presentados a esta Soberanía el pasado 10 de noviembre por el gobierno estatal, a cargo del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

El diputado Sergio Hernández Hernández puso a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Veracruz una iniciativa a efecto de reconocer el derecho a la Seguridad Pública, a la protección de los bienes y a vivir en un entorno de tranquilidad social, libertad, paz y orden públicos, como derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la Carta Magna del Estado, en favor de todas las personas.

En el desarrollo de la segunda sesión ordinaria, correspondiente al primer periodo, del tercer año de labores, la Mesa Directiva dio entrada a esta propuesta, cuyo objeto es adicionar un tercer párrafo al Artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para reconocer como un derecho fundamental a la seguridad pública.

En la propuesta, su autor, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), señala que Veracruz vive una crisis de inseguridad que mantiene a todos los habitantes con temor e intranquilidad. “De ahí la urgente necesidad de atender esta problemática, siendo prioritario visualizar a la seguridad pública como una necesidad asociada a la propia existencia del ser humano, donde éste se encuentre y extendiendo su protección a su libertad y bienes”, añadió.

Destacó que entidades como Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Tabasco y Zacatecas han elevado a rango constitucional el derecho a la Seguridad Pública. En Veracruz no hay mención alguna al respecto, de ahí la necesidad de incluirlo en la Constitución Local para pasar de ser una “función” del Estado a un derecho fundamental del ciudadano, lo que implicaría una obligación del Gobierno para implementar políticas públicas eficientes y de largo plazo, puntualizó.

Expuso que esta iniciativa es resultado de las conclusiones del foro “Ciudades más Seguras”, celebrado en las instalaciones del Poder Legislativo estatal en 2019 y –refirió- que como representante de las y los veracruzanos, es su obligación buscar mecanismos adecuados para atender las necesidades de la población.

Enfatizó que la seguridad como valor intangible es uno de los pilares primordiales de la sociedad que está en la base de la libertad y la igualdad para el desarrollo pleno y equitativo de las personas.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

El compromiso social del actual gobierno se ha podido constatar en rubros como autosuficiencia alimentaria, atención a personas en situación de vulnerabilidad, impulso a mujeres emprendedoras, ordenamiento territorial y mejoramiento de viviendas, entre otros, mediante programas y acciones diversas, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Estado, Guillermo Fernández Sánchez, al presentar su comparecencia ante la LXV Legislatura del Congreso local.

Ante la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional, integrada por el diputado José Andrés Castellanos Velázquez y las diputadas Judith Pineda Andrade y Libni Adaelsi Sánchez Núñez, presidente, secretaria y vocal, respectivamente, el titular de Sedesol expuso los avances en materia de bienestar y desarrollo social, como parte de la Glosa del II Informe del gobierno encabezado por el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

Bienestar Social – Pueblos Originarios

En el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, el servidor público presentó un resumen de las obras, acciones y apoyos que la Secretaría a su cargo ha llevado, durante el reciente año, a las familias que menos tienen. En esto, recordó que la prioridad de esta administración es la atención a los grupos históricamente marginados y vulnerados, como los pueblos y comunidades rurales e indígenas.

La Sedesol –dijo su titular- ha privilegiado los programas de desarrollo social focalizados en el bienestar de los municipios de las regiones más desprotegidas de Veracruz, a fin de superar los rezagos en infraestructura, vivienda y otros servicios, para generar un desarrollo sustentable.

En cuanto a Bienestar Social Pueblos Originarios, Sedesol ha establecido programas específicos: Mujeres emprendedoras, Módulos hacia la autosuficiencia alimentaria, Mejoramiento a las condiciones de la vivienda, Infraestructura social básica y FISE: calidad y espacios de la vivienda, con los que logró atender 36 municipios indígenas, con un total de 15 mil 791 acciones, beneficiando a 60 mil 419 personas con una inversión de 324 millones 332 mil 939 pesos. Derivado de la contingencia sanitaria, añadió, se puso en marcha 8 mil 873 acciones emergentes en 46 municipios indígenas, lo que representó una inversión de 8 millones 873 mil pesos.

Bienestar Social – Vivienda

Guillermo Fernández Sánchez indicó que aproximadamente 140 mil veracruzanas y veracruzanos disponen ya de una vivienda o de mejores condiciones de vivienda y de energía eléctrica que se ha construido con la mano de obra de los habitantes de los municipios beneficiados.

Para mejorar la calidad de las viviendas, se logró beneficiar Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) rurales y urbanas en 106 municipios, firmando convenios de coordinación, con una inversión de 694.7 millones de pesos, de los cuales 71.9 millones de pesos se destinaron para obras de electrificación rural, con mil 810 viviendas beneficiando a 6 mil 516 personas. Estas acciones han generado aproximadamente 11 mil 549 empleos.

También, se construyeron 5 mil 793 cuartos dormitorio, 4 mil 443 estufas ecológicas, 5 mil 344 pisos, 669 techos, 203 muros firmes y 240 cuartos para baño, a lo que se destinó 622.8 millones de pesos, para 16 mil 692 acciones y beneficio de 61 mil 130 personas.

A esto añadió la dotación de viviendas a los familiares de integrantes de las instituciones de Seguridad Pública abatidos en cumplimiento de su deber. El Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) financiaron 20 millones de pesos (10 millones cada uno) para la adquisición de 46 viviendas, beneficiando a 175 personas (105 mujeres y 70 hombres), de conformidad con la Ley 290 del estado.

Además, Invivienda y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) construyen muros de contención en la zona habitacional Xalapa 2000, para beneficio de más de 2 mil 600 personas, con una inversión de 10 millones de pesos.

Apoyo a sectores vulnerables

A la conformación de 21 Unidades Sociales de Bienestar (USB) y a la elaboración de 15 diagnósticos comunitarios, añadió los alcances de los programas implementados este año. Mujeres Emprendedoras –destacó- apoya este año a 8 mil 937 de ellas en Zonas de Atención Prioritaria, en 56 municipios, con una inversión de 44.6 millones de pesos, beneficiando a 35 mil 748 personas.

Además, este año, se están entregando 2 mil 616 Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria en 54 municipios, beneficiando a 10 mil 464 personas de manera directa e indirecta, con una inversión de 18.3 millones de pesos. Junto con esto, se creó un Protocolo de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, así como un catálogo de instituciones gubernamentales, con los programas sociales que otorgan, para atender y canalizar 29 mil 195 solicitudes que llegaron a la Secretaría.

Destacó también la estrategia Proveer-Desarrollo y Bienestar, iniciativa del Gobernador, en la que, de manera coordinada y transversal, participan 11 dependencias, con el objetivo de fortalecer proyectos comunitarios productivos, favoreciendo el desarrollo humano desde un enfoque de economía social. Durante este año, en coordinación con 20

municipios, con este programa y 22 mil 891 acciones, se ha beneficiado a 42 mil 027 personas, con una inversión de 165.5 millones de pesos.

Habló también de los beneficios del Protocolo de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, creado para atender primordialmente las solicitudes de personas que tienen alguna discapacidad, necesidades de salud, alimentación y vivienda.

Bienestar Social – Ordenamiento Territorial

El Secretario también anunció que, este año, por primera vez, Veracruz contará con un Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 21 ayuntamientos tendrán su Programa Municipal de Desarrollo Urbano, promoviendo la participación ciudadana y garantizando el desarrollo sustentable, participativo y equitativo de la población

En su exposición dijo que, mediante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano y la Comisión Estatal de Movilidad, 71 estudiantes de diversas universidades respondieron a la convocatoria para el Proyecto Conceptual del Tren Urbano de la Región Capital. Los trabajos ganadores fueron presentados ante la SIOP y la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, ambas adscritas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Asimismo, en la tercera sesión de dicho Consejo, fue aprobada la Cartera de Proyectos 2020 susceptibles de financiamiento por el Fideicomiso del Fondo Metropolitano, con una inversión de 556.5 millones de pesos. Con esto, se contemplan 11 acciones: 4 proyectos de infraestructura pública (Poza Rica, Xalapa, Córdoba y Coatzacoalcos), 6 programas de ordenamiento territorial (Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Acayucan y Coatzacoalcos), así como equipamiento mobiliario y de cómputo en el Instituto Municipal para la Planeación y Desarrollo (Impladis) en Orizaba.

En el mismo rubro, con recursos estatales, con la celebración de convenios se logró la elaboración de Programas Municipales de Desarrollo Urbano con 15 municipios de norte, centro y sur del estado, con una inversión de 10 millones de pesos. Los municipios son: Naranjos, Nautla, Banderilla, Las Vigas, Ixhuatlán del Café, Orizaba, Alvarado, Agua Dulce, Chinameca, Jáltipan, Moloacán, Nanchital, Pajapan, Sayula de Alemán y Texistepec.

Frente a la pandemia

El titular de Sedesol informó también que, con la instrucción del titular del Ejecutivo, a través del Programa Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria, el gobierno estatal apoyó a las conductoras y conductores de taxi no concesionarios, beneficiando a 25,842 personas, con una inversión de 25.8 millones en 209 municipios.

Sumó a esto que, con una inversión de 30.9 millones de pesos, a través del Programa Apoyo a la Economía Familiar por Contingencia Sanitaria, en coordinación con la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), 30 mil 916 personas prestadoras de servicios turísticos y culturales en 193 municipios recibieron beneficios.

Respecto al programa Bienestar Social Cultura de Paz y Derechos Humanos, informó que, de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, se invierten 12.4 millones en promover ambientes libres de violencia en su comunidad, a través de la adquisición de 67 paquetes de juegos infantiles accesibles e inclusivos en localidades de igual número de municipios, que benefician a 46 mil 760 infantes y adolescentes. A esto añadió la entrega de sillas de ruedas a personas con discapacidad motriz en 16 municipios.

El secretario Guillermo Fernández Sánchez finalizó su comparecencia reafirmando el compromiso del gobierno estatal de seguir cumpliendo a las y los veracruzanos “llevando bienestar común a lugares que durante años habían sido olvidados”.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa, con proyecto ante el Congreso de la Unión, por la cual prevé reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de apuntalar el procedimiento para que las y los solicitantes de una declaración de Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las mujeres, tengan respuesta expedita de las autoridades, en beneficio de la prevención, atención y erradicación de la violencia que viven gran parte de las mujeres en México.

Al detallar su propuesta, la legisladora subrayó que, para darle nitidez e imparcialidad a la selección de las personas que finalmente habrán de investigar la solicitud de AVG, propone la existencia de un Grupo Interinstitucional amplio que tenga como objetivo la elección de las integrantes del Comité de Expertas, quienes a su vez deberán ser electas posterior a una convocatoria pública.

Por otra parte, expuso, se prevé una reestructuración del mecanismo, con la intención de dotarles de mayor eficacia, de tal manera que las modificaciones y adiciones propuestos contemplen cambios en la regulación de las Alertas, en cuanto a las atribuciones y obligaciones del Poder Ejecutivo Federal y las bases de coordinación, entre éste y las entidades federativas y municipios, para su ejecución.

En cuanto al Comité de Expertas, se señala que será un cuerpo técnico colegiado, con independencia de decisión, responsable de la recepción, análisis, evaluación, investigación, información y emisión de un informe en el que se determinen las violaciones a derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con los conceptos de la AVG.

La duración del encargo del Comité de Expertas será por un período de dos años, pudiendo reelegirse por una ocasión por otro periodo igual, garantizando la rotación de las integrantes de forma escalonada conforme al reglamento de la presente Ley.

La integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido, precisó que “tradicionalmente” la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, había tenido una posición negativa para todas las solicitudes de AVG. “Esto, partiendo de una evidente posición política, fincada en una pretensión de proteger al gobierno en turno”.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

La pandemia no detuvo a Veracruz, porque cuenta ahora con un gobierno sensible, responsable y cercano al pueblo, fortalecido con un Estado de Derecho pleno y vigente, que ha renovado la confianza ciudadana, afirmó el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, al comparecer ante la Comisión Permanente de Gobernación de la LXV Legislatura, con motivo de la glosa del II Informe de Gobierno.

Los diputados Rubén Ríos Uribe y Raymundo Andrade Rivera y la legisladora María Josefina Gamboa Torales, presidente, secretario y vocal respectivamente de la Comisión mencionada, atendieron la exposición del servidor público, que destacó las principales acciones emprendidas por la administración que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez durante el reciente año.

Ante autoridades de distintos municipios del estado y diputados federales, el Secretario de Gobierno afirmó que Veracruz ha recuperado el rumbo y la gobernabilidad. Como ejemplos de la actualización del marco normativo y del fortalecimiento al Estado de Derecho, mencionó el Proyecto de Ley de Archivos del Estado de Veracruz, el Proyecto Piloto del Mecanismo Estatal Forense y la firma del Convenio del Fideicomiso dirigido a la Comisión Estatal de Búsqueda.

Así como la reforma a la Ley de Adopciones, Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, presentada ante esta Soberanía y aprobada el pasado 28 de mayo, un proyecto de reforma al Código Civil, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Veracruz.

En materia de igualdad sustantiva y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, en vinculación con autoridades locales, se ha alcanzado una cobertura de 211 Institutos Municipales de las Mujeres; además, también se gestionaron ante el Instituto Nacional de las Mujeres, 25 centros para el desarrollo, cinco más que el año pasado.

Este gobierno –prosiguió- ha dado seguimiento al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que involucra a los poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Fiscalía General del Estado y representantes de la comunidad académica y social.

En el mismo sentido, impulsó una propuesta de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de armonizarla con el Código Penal, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al incluir el tipo de violencia digital. Además, a partir de la contingencia por covid-19, se intensificó la prevención de la violencia contra las mujeres, mediante campañas de difusión.

Recordó que, el 25 de noviembre de 2019, la autoridad estatal puso en operación el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, que ha atendido a más de 600 personas y otorgado más de 300 medidas de protección, asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social. A esto agregó las acciones emprendidas para la formación en empoderamiento económico, el fomento del liderazgo y la participación en el mercado laboral.

A su vez, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes involucró la participación de las 162 secretarías ejecutivas municipales del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) para la prevención, detección y denuncia de la violencia familiar.

Además, recibieron capacitación más de dos mil 300 padres, madres, tutores y/o cuidadores, como parte de la difusión de la Ley 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.

Al aseverar que, en dos años, Veracruz pasó del último al primer lugar en el otorgamiento de servicios de todo el país, detalló que la Dirección General del Registro Civil realizó 64 brigadas itinerantes en 61 municipios, donde beneficiaron a más de 92 mil personas. De esas brigadas, 21 fueron en municipios indígenas en favor de personas en rezago, lo que les permitirá ejercer su derecho a la identidad, origen, filiación, nombre y nacionalidad.

Cisneros Buros informó que, a la fecha, se han realizado más de 240 mesas de coordinación para la construcción de la paz, un trabajo de colaboración entre el Gobierno del Estado y las fuerzas armadas, las fiscalías generales federal y estatal.

Destacó también la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, que convirtió a Veracruz en el único estado que ha emprendido este compromiso como un decreto, fortaleciendo la procuración y la impartición de justicia.

Asimismo, se han realizado 24 mesas de justicia, homologando criterios entre defensores públicos y jueces, para brindar un mejor acceso a la impartición de justicia hacia los pueblos originarios.

El Gobierno del Estado mantiene mesas de atención con los colectivos y familiares de víctimas que incluyen la asesoría jurídica, seguimiento y canalización oportuna. A fin de optimizar la atención y reparación a víctimas, se han realizado reuniones con representantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, la

Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos y La Fiscalía General del Estado.

Para lograr su escalamiento y promoviendo su solución, este gobierno atendió a casi 130 mil personas involucradas en más de mil 600 actos de expresión social, realizó 111 convenios, minutas y/o acuerdos en beneficio de casi 600 mil personas.

Además, durante la contingencia sanitaria, se brindó asesoría sobre los programas, federales y estatales, de apoyo económico o alimentario.

En este gobierno –abundó el Secretario- acercamos las instituciones que otorgan servicios esenciales para la igualdad, seguridad jurídica y patrimonial, especialmente a nuestras comunidades más vulnerables.

“En materia registral tenemos un avance sustancial en la modernización que realiza el registro público de la propiedad y de inspección y archivo general de notarías, en las 25 zonas registrales de la entidad. Previo al inicio de nuestro gobierno, la inseguridad patrimonial por irregularidades en la propiedad privada en Veracruz afectaba a más del 37 por ciento de la población”, precisó.

El encargado de la gobernabilidad en el estado aseveró que “en los 212 municipios se vive un clima de civilidad, no hay un solo conflicto social que comprometa la estabilidad y tranquilidad. Se respeta y se gobierna para todos sin distinción, sin consigna, complicidad, ni represión”.

A pesar del panorama adverso ocasionado por la pandemia, “no nos cruzamos de brazos y emprendimos acciones de reactivación anímica, económica y de integración social que abonan al progreso, a la paz y a la gobernabilidad. ¡Estamos cumpliendo, seguiremos transformando!”, finalizó.

El trabajador del Congreso del Estado y arquero paralímpico, José de la Cruz Carrillo Flores, obtuvo la medalla de bronce en la competencia internacional de tiro con arco en la Online Archery Cup de las Américas, que reunió a los mejores de este deporte en el continente.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, lo felicitó este jueves y le expresó que “es un orgullo que un compañero de trabajo del Poder Legislativo sea un ejemplo de destreza deportiva, disciplina y carácter para superar una adversidad y lograr una hazaña que lo pone entre los mejores arqueros de América”.

No es el primer triunfo que compartes con nosotros y por ello te reitero que, para tus compañeros del Congreso, como para todo Veracruz, es un enorme aliento saber de tus éxitos y que nos haces parte de ellos, le dijo.

Recordó que el torneo internacional sólo admitía a dos arqueros por país, por lo que la mera inclusión de Carrillo Flores en la justa representó para él haber ganado su lugar compitiendo con los más destacados de México.

Carrillo Flores disputó el bronce con el competidor argentino Pablo Ezequiel Fernández, a quien superó por un marcador de 6-0.

La presidenta del Congreso del Estado, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, participó en la Decimoprimera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz, presidida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En este encuentro, que se llevó a cabo de manera virtual, la legisladora participó en calidad de consejera, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Número 281 de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Las y los participantes dieron seguimiento a diversos acuerdos y, mediante una presentación, conocieron del Reporte Ejecutivo de acciones de Mejora Regulatoria, conforme a los pilares establecidos en el Índice Subnacional de Mejora Regulatoria, por parte del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, entre otros asuntos.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado reformaron la Ley para establecer que el correo electrónico oficial será el canal de comunicación institucional dentro de este Congreso local, atribuyéndole los plenos efectos de validez para ser una herramienta autorizada en la gestión administrativa de las y los servidores públicos de este Poder, optimizando los recursos materiales y, a su vez, disminuyendo el uso de papel impreso y los costos que éste implica.

Lo anterior, al aprobar -con 34 votos- el dictamen de decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior y del Reglamento de los Servicios Administrativos, ambos del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, resultado de la iniciativa presentada el pasado 22 de junio por la diputada del Grupo Legislativo de Morena, Adriana Paola Linares Capitanachi.

De esta manera, queda establecido que la transferencia de información institucional, entre las y los diputados, y de éstos con los órganos y unidades administrativas podrá llevarse a cabo en forma digital a través de sus respectivas cuentas de correo electrónico oficial, o del sistema de transferencia de datos respectivo, que formen parte de la red institucional del Congreso, en los términos de los Lineamientos emitidos por la Junta de Trabajos Legislativos.

Se considera al correo electrónico oficial como el servicio de mensajería digital, de uso exclusivo y limitado para las actividades oficiales relacionadas con las atribuciones y competencias de las y los diputados; con lo cual se facilita y agiliza el envío de información oficial de manera inmediata, de forma segura y con acuse de recibo electrónico válido.

Asimismo, se incorpora el correo electrónico como medio oficial por el cual el presidente de alguna Comisión pueda convocar, con 48 horas de anticipación, a reunión en la fecha, lugar y hora que para tal efecto fije.

A través del segundo transitorio, se establece que en un plazo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Junta de Trabajos Legislativos deberá emitir los Lineamientos para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente reforma, en los que se especificarán las disposiciones que los servidores públicos del Congreso deberán observar para el uso correcto y adecuado del correo electrónico oficial, o del sistema de transferencia de datos respectivo, así como las

especificaciones técnicas y administrativas necesarias para su funcionalidad, mantenimiento y seguridad.

El texto del dictamen, coincide con lo establecido con la autora de la iniciativa, en relación a que con esta reforma se fortalecerán las medidas de protección y mitigación del virus del Covid-19, ya que coadyuvará a disminuir los traslados dentro del inmueble para la entrega e intercambio de documentación impresa y también evitando la concentración de personas.

Durante la primera sesión ordinaria, del tercer año de ejercicio constitucional, el Pleno de la LXV Legislatura avaló -con 33 votos- remitir ante el Congreso de la Unión la iniciativa presentada por la diputada Florencia Martínez Rivera, para incluir la sustracción de menores, entre los delitos que ameriten prisión preventiva, a través de la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política Federal.

Las integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales coinciden con la autora que el bien jurídico tutelado es el bienestar personal, físico, moral y psicológico del menor de edad, por lo que la retención, sustracción u ocultamiento de menores constituye un comportamiento delictivo que atenta contra el interés superior del menor, vulnerando su derecho a un sano desarrollo integral de la personalidad, vivir en condiciones de bienestar y a la convivencia sana, libre y armoniosa con ambos progenitores.

En el mismo sentido, el ente dictaminador concuerda que los actuales medios establecidos en la Constitución Mexicana no están dando los resultados óptimos para prevenir y solucionar el problema toda vez que, al no estar tipificado como delito en el artículo 19 de la Carta Magna, el familiar que sustrae al menor no forzosamente es privado de su libertad como consecuencia de la conducta delictiva.

Por tal razón, -finaliza el documento- se estima viable que esta Soberanía avale la propuesta legislativa, elevada al Congreso de la Unión, para que este flagelo se incluya en el catálogo de delitos que amerite prisión preventiva oficiosa, garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Para extender la competencia de la misma y con ello atender lo concerniente a temas de la Secretaría de Bienestar y los programas para el desarrollo en el estado de Veracruz, el Pleno avaló el cambio de nombre de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional, por el de Comisión Permanente de Bienestar y Desarrollo Social.

Durante la sesión extraordinaria, la Comisión Permanente de Gobernación puso a consideración del Pleno este dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 28 de mayo por el diputado José Andrés Castellanos Velázquez, con lo que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, en relación a la nomenclatura de la citada Comisión.

El dictamen, que registró 34 votos a favor y tres abstenciones, refiere que los programas para el desarrollo que implementa el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, tienen el objetivo de favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad, brindando apoyos como el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión par el Bienestar de las Personas con Discapacidad, entre otros.

Asimismo, considera que ante estas políticas públicas que favorecen a un gran número de veracruzanos, resulta necesario reformar la denominación de la Comisión Legislativa de Desarrollo Social a fin de tener competencia en ellos y realizar un mejor trabajo en beneficio de la sociedad.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó una Iniciativa de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil del estado, en materia de reconocimiento de hijos, turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

En concordancia con la progresividad de los Derechos Humanos, prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legisladora propone derogar la fracción II del artículo 299 que refiere a un acta especial para hacer constar el acto de reconocimiento de hijos que, eventualmente, se conflictúa con la disposición contenida en el artículo 704, que prevé la emisión de una nueva partida de nacimiento.

Asimismo, reformar el artículo 676, para establecer que los casos de reconocimiento de hijos quedan exceptuados de la anotación marginal que ahí se establece, y reformar el artículo 704 para precisar que, cuando se haga un reconocimiento de hijo o hija, se deberá expedir en lo subsecuente nueva acta de nacimiento con los datos objeto del reconocimiento conservando mismo número de acta y fecha de registro.

La reforma al artículo 706 eliminaría el plazo de quince días para enterar al Registro Civil en caso de que el reconocimiento se haga por cualquier otro medio, permitiendo que el trámite se pueda realizar en cualquier momento, garantizando la validez del acto jurídico. Además de reiterar que la nueva acta debe expedirse según las formalidades establecidas en el artículo 704.

Por último, plantea también reformar el artículo 708, para precisar que los actos registrales de reconocimiento de hija o hijo deben insertarse en el libro respectivo y, una vez asentada la nota marginal, no se publicará constancia del acta anterior.

Durante la primera sesión ordinaria del tercer año de ejercicio constitucional, el diputado León David Jiménez Reyes, presentó una iniciativa que reforma la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que dentro de las atribuciones de la Comisión Municipal de Comunicaciones y Obras Públicas, contemple cuando sea posible, en la denominación de nombres de calles, plazas, jardines y paseos públicos, una traducción del español a la lengua originaria que se hable en el municipio.

En su exposición de motivos, el legislador señaló que el objetivo de la propuesta es fomentar el conocimiento de las lenguas originarias arraigadas en la entidad, al tiempo de otorgar su justa dimensión e importancia generando con ello una inclusión social articulada a un sentimiento de pertenencia y de hermandad.

Además, continuó Jiménez Reyes, de promocionar la cultura y se incentive el turismo reactivando la economía, impulsando la creación y conservación de empleos.

Asimismo, señaló que en Veracruz de acuerdo a datos proporcionados por la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), se registran 12 lenguas con profunda presencia poblacional: Náhuatl, Totonaca, Huasteco, Popoluca, Otomí, Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Tepehua, Zoque, Mixteco y Mixe.

A pesar de los enormes esfuerzos gubernamentales, puntualizó el diputado, “no siempre son conocidas, incluso hasta por quienes habitan el municipio donde se hablan, lo que advierte que se tiene que hacer más al respecto”.

Finalmente, advirtió que siendo el Municipio el primer ente de gobierno, es fundamental realizar la presente propuesta con la intención que habitantes y visitantes, mientras utilizan los espacios mencionados, adquieran conocimientos en torno a la lengua originaria de la zona.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen.

Debido a la importancia que revisten los Centros Históricos de cualquier ciudad, al ser la parte más antigua, que contiene edificaciones y construcciones resultado de un producto social entre pobladores locales y foráneos, el diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una iniciativa que busca reformar y adicionar disposiciones a las Leyes de Patrimonio Cultural; Orgánica del Municipio Libre y a la de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El diputado del Distrito VI, de Papantla, expuso que el interés de esta iniciativa radica en modificar las leyes antes mencionadas para dotar a los Centros Históricos de los municipios el carácter de Patrimonio Cultural en el estado de Veracruz. Esto, debido a que resulta importante reconocer el patrimonio que se crea constantemente, cotidianamente, en los espacios públicos.

De esta manera, se pretende reformar el artículo 28 de la Ley de Patrimonio Cultural para establecer que bajo ninguna circunstancia serán modificados los Centros Históricos de su carácter original, salvo que por algún motivo exista causa que obligue su modificación por cuestiones de fuerza mayor, producto de un desastre natural y que ante tal situación se ponga en riesgo la integridad física y/o vida de la población.

Asimismo, se plantea adicionar la fracción XXX Bis al artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para incorporar como atribuciones del Ayuntamiento el proteger, preservar y mantener la originalidad de los Centros Históricos que albergan las cabeceras municipales.

Además, se reformaría el inciso e) de la fracción I del artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado para señalar que corresponde a los municipios, en el ámbito de sus jurisdicciones, promover inversiones y acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, con base en los programas de desarrollo urbano de orden municipal.

Así también, con la finalidad de conservar sus fachadas originales, se deberá mantener, preservar y resguardar el centro histórico de las ciudades que albergan las cabeceras municipales.

En su intervención en Tribuna, el diputado Domínguez Vázquez recordó que en 2001 la Secretaría de Turismo Federal creó el Programa Pueblos Mágicos, teniendo como principal objetivo proteger y resguardar la riqueza cultural de las ciudades o poblados. “Hasta el día de hoy hay 121 lugares en México que cuentan con esta denominación, de los cuales Veracruz tiene 6 lugares: Coatepec, Coscomatepec, Orizaba, Papantla, Xico y Zozocolco de Hidalgo”.

Destacó que Veracruz cuenta con dos patrimonios culturales de la humanidad, derivado del reconocimiento otorgado por la Unesco, los cuales son la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan y la ciudad prehispánica del Tajín, en Papantla. “Esta última ciudad, además, está inscrita desde el 2009 en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Ceremonia Ritual de los Voladores de Papantla”, precisó.

Tras su lectura en Tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir la iniciativa a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, para su estudio y dictamen.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó la Minuta remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.

En la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, puso a votación de las y los diputados esta Minuta, que registró 44 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra. Con ello se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 135 constitucional federal.

De esta manera, Veracruz respalda esta reforma federal, con lo que se darían facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación con los estados, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de los que México es parte.

En el artículo 4° se establece que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.

Se prevé que el Congreso de la Unión expedirá la Ley General en Materia de Personas Jóvenes, en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente decreto. En tanto, las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos, dentro de los 180 días siguientes a la expedición de la Ley General en materia de Personas Jóvenes.

-Aprueban Minuta de movilidad y seguridad vial-

De igual forma, la LXV Legislatura aprobó, con 40 votos, la Minuta de la Cámara de Diputados que reforma la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122; y se

adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial.

De esta manera se señala, en el artículo 4°, el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Se establece como facultad del Congreso de la Unión el expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, los estados, los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial.

Los municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, los estados y los municipios respectivos, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia.

Se precisa que el Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con los dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley.

La diputada Deysi Juan Antonio manifestó desde la Tribuna su respaldo a la Minuta, al considerar que el derecho humano a la movilidad garantizará a las y los ciudadanos el libre desplazamiento, con la implementación de políticas públicas y programas para el desarrollo de transporte de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Secundó la postura a favor la diputada Ana Miriam Ferraéz Centeno.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, para el fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

En su intervención, la legisladora señaló que esta propuesta pretende fortalecer y consolidar a los SIPINNA para que se visualicen como instancias primordiales de la organización municipal, debidamente instaladas y con los recursos que permitan su óptima operación, tanto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral y de la Procuraduría Municipal de Protección, así como para la ejecución del Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dijo que es necesario establecer una mayor y constante comunicación entre la Secretaría Ejecutiva Estatal con sus homólogas municipales, la cual contribuya al enriquecimiento de acciones de asesoría y capacitación especializada para el personal municipal, robusteciendo sus competencias en el ejercicio de sus funciones.

En el mismo sentido, continuó la representante del distrito V de Poza Rica, se propone el establecimiento de nuevas bases en el diseño y ejecución de los programas municipales de protección integral, actualizando las disposiciones establecidas en la actual Ley, para que las políticas públicas en la materia sean delineadas a partir de diagnósticos sobre el cumplimiento y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, con la participación de los sectores involucrados.

Con ello, la actuación de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección Integral y las Procuradurías Municipales de Protección, podrán desarrollar sus actividades en el marco de la planeación estratégica, siendo evaluados continuamente vinculándose con la política nacional y estatal en la materia.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su capítulo México, en lo referente Agenda para la Infancia y Adolescencia 2019-2024, señala que en el país aún persisten limitaciones en la operación de estas instituciones, puntualizó Linares Capitanachi, “lo que hace pertinente fortalecer y consolidar estas instituciones.”

“No omito señalar que en la confección de la presente iniciativa se contó con la participación y las observaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de otras instancias estatales con competencia en el sector”, finalizó la legisladora.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Derechos de la Niñez y la Familia.

Ante la licencia otorgada por el Pleno a la diputada propietaria del Distrito XXI, de Camerino Z. Mendoza, María Candelas Francisco Doce, la Mesa Directiva, presidida por la legisladora Adriana Paola Linares Capitanachi, tomó la protesta de la Ley a la ciudadana Libni Adaelsi Sánchez Núñez como diputada y así asumió el cargo, sumándose a los trabajos legislativos.

La licencia de la diputada Candelas Doce abarca del periodo comprendido del 30 de octubre de este año al 31 de enero de 2021.

En los asuntos desahogados durante la correspondencia, la diputada presidenta Adriana Paola Linares Capitanachi instruyó turnar a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 13, apartado A, fracción V, inciso A) del Código de Derechos para el Estado, estableciendo una excepción al cobro por la inscripción de un embargo en el Registro Público de la Propiedad, presentada por el ciudadano Omar Nieto Castro.

También, y para efectos del artículo 18 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, la denuncia de juicio político, promovida por el ciudadano José Clemente Zorrilla Rostro, en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial estatal.

Por otra parte, ante la presentación del Segundo Informe de Labores Legislativas del diputado Sergio Hernández Hernández, el Pleno se dio por enterado y la Mesa Directiva instruyó a la Secretaría General enviar a publicarlo en el órgano de difusión de este Congreso.

Con el objeto de mejorar el desempeño que viene realizando la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (Ceapp), en aras de velar por las adecuadas condiciones de las y los periodistas, el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico presentó una iniciativa de decreto que reformaría la fracción V del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su intervención, durante el inicio del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, el legislador subrayó que esta propuesta legislativa es producto de reuniones con respetados periodistas que –a su consideración- se sienten agraviados por el actuar de la Ceapp. “Algunos de ellos han expresado que no se sienten representados y mucho menos respaldados para ejercer su oficio de manera libre, sin censura y sin temor a la represión”.

La propuesta del diputado va encaminada en disminuir a cuatro los comisionados que integren la Ceapp, además del Secretario Ejecutivo. Por otra parte se incluiría al Jefe de la Oficina del Gobernador y el o la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de quien presida la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas del Congreso local, advirtiendo que éstos tendrán participación en las sesiones de la Comisión con voz, pero sin voto.

El también secretario de la Comisión Legislativo de Atención y Protección de Periodistas indicó que los servidores públicos mencionados, con voz, pero sin voto, son los que afrontan y atienden la problemática relacionada con la Ceapp. De esta manera, agregó, son los principales obligados en acatar las instrucciones del órgano autónomo, en beneficio de la profesión del periodismo y de la atención a las y los periodistas.

Expuso que, aunado a lo anterior, la iniciativa prevé la necesidad de la emisión de una convocatoria, la recepción de las solicitudes por parte de los interesados y el método que habría de ocuparse para la designación de los miembros de la Ceapp, con lo que se estaría generando un procedimiento público y transparente, precisó.

El legislador del Distrito XX, de Orizaba, expresó su preocupación por la violencia contra periodistas que, en los últimos meses, ha cobrado víctimas en la entidad. “Lo que ha generado temor entre los profesionales de la comunicación y la condena general por parte de los diversos sectores sociales afines a estos asuntos”.

Por otra parte, recordó que la Ceapp es un órgano autónomo, constituido formalmente el 18 de diciembre de 2012, el cual tiene el mandato constitucional de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como promover las condiciones para el adecuado ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libre expresión de ideas.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Atención y Protección de Periodistas.