Combatir la corrupción, vigilar el adecuado manejo de los recursos públicos y romper el círculo de la impunidad, son los tres ejes de acción de la Contraloría General del Estado (CGE), definió su titular, Mercedes Santoyo Domínguez, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Ante la diputada Rosalinda Galindo Silva y el diputado Alexis Sánchez García, presidenta y secretario de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, respectivamente, la servidora pública aseguró que el trabajo realizado a lo largo de este año sienta las bases para crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, que rindan cuentas y garanticen el acceso público a la información.

Fiscalización

La titular de la CGE informó sobre la realización de 434 evaluaciones financieras a 17 dependencias y 52 entidades, así como la validación de 114 evaluaciones Programático-Presupuestales y de Calidad y Consistencia a programas presupuestarios y actividades institucionales. En 2020 –añadió- la CGE ha duplicado el número de evaluaciones respecto al ejercicio anterior.

Destacó también las 10 fiscalizaciones de obra pública realizadas a seis dependencias y entidades de la administración pública estatal, con un total de 97 obras revisadas. Además, se registraron 19 mil 591 operaciones que, conforme a su modalidad de contratación, se clasificaron en 23 licitaciones públicas nacionales, cuatro licitaciones públicas estatales, 164 licitaciones públicas simplificadas y 19 mil 400 adjudicaciones directas; de las cuales, 171 fueron adjudicaciones directas por excepción de ley. Del total, 17 mil 475 operaciones se realizaron con empresas veracruzanas y 2 mil 116 con empresas con residencia fiscal en otras entidades federativas, representando el 89% para las empresas locales.

De acuerdo con su titular, la CGE dio seguimiento a 850 procedimientos de contratación de obra pública; de los cuales, 85 corresponden a la modalidad de Licitación Pública Nacional, 175 a Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 25 a Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley y 565 a Adjudicación Directa.

Como parte del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Estado de Veracruz, la CGE dio seguimiento a mil 247 incidencias derivadas de la inspección, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet). De éstas, 559 corresponden a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 97 a organismos autónomos y 591 a municipios del estado.

En su calidad de ente fiscalizador, mediante los entes internos de control, dijo Mercedes Santoyo, la CGE ha realizado auditorías y revisiones periódicas a la comprobación del gasto y la aplicación de los recursos públicos: 31 auditorías a 13 dependencias y a 13 entidades de la administración pública estatal.

Transparencia, anticorrupción y función pública

En 2020, la CGE ha recibido y procesado en el Sistema Declaranet Plus un total de 23 mil 033 declaraciones patrimoniales y de intereses, de las cuales 7 mil 578 se generaron por inicio de funciones, 1 mil 747 por conclusión de servicio y 13 mil 708 de modificación de situación patrimonial. Con corte al 30 de noviembre, la dependencia ha emitido 30 mil 938 constancias de no inhabilitación.

La servidora pública prosiguió: en el reciente año, ha emitido 557 resoluciones, de este total, 183 inhabilitaciones sin sanción económica, 18 sanciones económicas con inhabilitación, una destitución, 96 amonestaciones, 11 apercibimientos y 309 resoluciones fueron absolutorias.

Durante el mismo periodo, añadió, la CGE ha recibido 183 solicitudes de información. En colaboración con el Instituto Veracruzano de Información y Protección de Datos Personales (IVAI), 162 servidores públicos de la Contraloría fueron capacitados.

Capacitación

Durante el mismo periodo, la CGE proporcionó a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal capacitaciones en: Principios y Valores Éticos, Vocación de Servicio Público, Responsabilidades de los Servidores Públicos, Sistema de Control Interno, Gestión de Riesgos, Herramientas de Control, Estructuras Orgánicas, Elaboración de Manuales Administrativos, Bitácora Electrónica de Obra Pública, Plataforma Compranet, Contraloría Social y Ciudadana y en reforzamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal.

Mediante la Plataforma Virtual, el Programa Anual de Capacitación fue abierto el 10 de agosto del 2020 y, con corte al 30 de noviembre, se han habilitado 3 mil 614 accesos, de los cuales 1 mil 447 servidores públicos han concluido y los demás están en proceso.

El 8 de abril del presente año, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el acuerdo por el cual se emite el Sistema de Control Interno (SICI), de aplicación para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

A la fecha, han recibido capacitación relativa al SICI a través de salas virtuales y de manera presencial 1 mil 507 servidores públicos de mandos superiores y medios, y por primera vez, los titulares de las dependencias y entidades.

En marzo de este año, fueron publicados en la Gaceta Oficial el Acuerdo que emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y el Código de Conducta de la CGE. A la fecha, se ha autorizado un total de 70 Códigos de Conducta.

La Contralora habló también de las diferentes actividades realizadas para reforzar la capacitación contra el hostigamiento y el acoso sexual en la administración pública estatal: carteles, campañas, pláticas y mesas de trabajo, entre otras.

Santoyo Domínguez finalizó su participación informando que, en atención a lo señalado en el Programa General de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), a través de la Universidad de Xalapa (UX), la CGE impartió el diplomado en línea en materia del Portal Nacional de Transparencia y Políticas de Gobierno Abierto, en el que participaron 29 estados del país.

“Estamos trabajando en el eje transversal de honestidad, austeridad, planeación, ejecución, control y evaluación de los recursos públicos del estado con la finalidad de gestionar, en todo momento, el bienestar de la sociedad veracruzana”, concluyó la Contralora antes de responder a las preguntas que las y los diputados le formularon.

El diputado José Magdaleno Rosales Torres, representante del Distrito XVII de Medellín, puso a consideración del Pleno un anteproyecto por el cual se prevé exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que revise y resuelva los problemas relacionados con las altas tarifas y cobros excesivos a habitantes de diversas comunidades de la zona de Manlio Fabio Altamirano.

Al participar durante la cuarta sesión ordinaria, el integrante del Grupo Legislativo de Morena señaló que, en días pasados, realizó un recorrido por la zona mencionada, donde los pobladores le solicitaron su intervención, ante las autoridades competentes, debido a que el cobro por el servicio de electricidad se les ha incrementado considerablemente, a pesar de tener el mismo consumo habitual.

El legislador Rosales Torres puntualizó que hasta el momento ha atendido a más de 10 casos que presentan esta misma situación; sin embargo, a través de diversos medios de comunicación, se ha hecho público que este tipo de inconformidad se viene presentando en diversos sectores en todo el territorio veracruzano.

“Se hace imprescindible hacer un llamado urgente a la CFE y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que realicen verificaciones a estos casos y se den soluciones a los usuarios, con la finalidad de que sigan gozando del servicio sin desembolsar las excesivas cantidades que les exigen cada bimestre”, concluyó.

Tras su lectura en Tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitir el anteproyecto a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para el trámite legislativo correspondiente.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Magaly Armenta Oliveros exhortó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) para que, a la brevedad, informe a esta Soberanía respecto al seguimiento dado a las denuncias interpuestas por este órgano fiscalizador contra exservidores públicos, como resultado de los dictámenes de las cuentas públicas aprobados por esta Soberanía.

Refirió lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber, que “el Órgano entregará al Congreso, durante los primeros cinco días de los meses de marzo y septiembre de cada año, los Informes de Seguimiento correspondientes a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los Informes Individuales que hubiere presentado.

“Los Informes de Seguimiento serán públicos y deberán incluir los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos, como consecuencia de las acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos de cualquier otra índole que se hubieren llevado a cabo”, sentenció.

Al citar también el Artículo 72 de la misma Ley, la representante popular expresó que la sociedad tiene el derecho de conocer el destino de las denuncias interpuestas por el Orfis en contra de diversos servidores públicos a los cuales les resulta presunto daño patrimonial.

La legisladora se pronunció por que se dé a conocer “a cuántos se les ejerció acción penal, a cuántas se les sentenció y tuvieron que reparar el daño, cuántos regresaron lo robado y el monto que ha recuperado el Orfis por motivo de estas denuncias. Queremos saber si el Ministerio Público o la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal y qué hizo el Orfis para combatir esta resolución”, concluyó.

El diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, para dotar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), de una herramienta digital y tecnológica denominada Buzón Fiscalizador, que permita la práctica de auditorías en vía remota, a fin de simplificar, facilitar, agilizar y reducir gastos durante el Procedimiento de Fiscalización Superior.

Con esta plataforma, dijo el también presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, el Orfis mantendría comunicación constante con los entes a fiscalizar, propiciando una efectiva realización de notificaciones apegadas a la legalidad, intercambio de información y envío y recepción de documentos con respaldo digital y físico, dando certeza jurídica en cuanto a su autenticidad, a través del uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

El integrante del Grupo Legislativo de Morena puntualizó que esta plataforma virtual sería controlada y administrada por el Orfis, proporcionando a cada ente fiscalizable una cuenta con clave de acceso -única e intransferible-, con la que podrá recibir las notificaciones y requerimientos que emita el Órgano.

Por su parte, refiere, los titulares de los entes fiscalizables deberán designar, de entre sus servidores públicos, al responsable del manejo y atención del Buzón Fiscalizador. Asimismo, deberán integrar y mantener actualizado un archivo físico con la documentación remitida al Órgano a través de la plataforma o de cualquier otro medio electrónico, para su disposición y/o remisión inmediata a cualquier autoridad que la requiera.

El legislador Domínguez Vázquez señaló que esta herramienta permitirá la interacción con los entes fiscalizables a distancia, evitando desplazamientos innecesarios, reduciendo costos de traslado y utilización de recursos materiales.

Finalmente, señaló que el Buzón Fiscalizador, representará un avance hacia la modernidad en la fiscalización, consolidando un gobierno electrónico, con inmediatez en las actuaciones realizadas por las autoridades, constituyendo una mayor eficacia en la revisión que se hace al ejercicio de los recursos públicos, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su estudio y dictamen.

A la Comisión Permanente de Gobernación fue turnada la Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada por el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en materia de conformación y funcionamiento de los ayuntamientos en caso de ausencia de ediles propietarios.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, se dio a conocer que, según esta propuesta, en primer lugar, las ausencias temporales de ediles propietarios hasta por cinco días naturales no requerirán de licencia previa del ayuntamiento pero se suplirán conforme al modelo vigente, con una variante respecto de la ausencia de la o el síndico, sin requerirse de acuerdo previo.

En segundo lugar, las ausencias temporales de más de cinco días naturales y hasta por sesenta días de las y los ediles requerirán de licencia del Cabildo y serían cubiertas por las y los suplentes respectivos.

La iniciativa propone eliminar del artículo 24 de la ley el carácter potestativo de la disposición referente al acuerdo para cubrir las suplencias de las personas que ocupen las presidencias y sindicaturas, a fin de que se establezca expresamente quiénes las sustituirían en sus funciones de forma temporal, de tal modo que no se retrasen ni obstaculicen los trabajos al interior de los ayuntamientos.

Asimismo, proponen señalar un plazo razonable en que no se requiera licencia para ausentarse del cargo, pero en el que sí se prevea una sustitución y, por otra parte, facultar a los cabildos a llamar a las y los suplentes de ediles, en los casos de faltas mayores de cinco días pero que no excedan de sesenta.

A través de este proyecto legislativo, las diputadas y los diputados procuran sentar las bases jurídicas para que no se violente, aunque fuere de manera temporal, la voluntad popular respecto de la representación política en la conformación de los ayuntamientos, al ser éstos la expresión institucional del orden de gobierno de mayor proximidad a la ciudadanía.

Debido a que el uso del cubrebocas representa una acción efectiva y que si el gobierno promueve su uso y lo pone al alcance de todos los ciudadanos se lograrán reducir los contagios de coronavirus, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo estatal y a las 212 autoridades municipales, para que en ocasión de la emergencia sanitaria implementen una política pública que conlleve la entrega masiva y gratuita de esta medida de protección a la población veracruzana.

Al presentar detalles sobre su anteproyecto, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que si bien es cierto que lograr el uso generalizado del cubrebocas requiere concientizar a la población, también es necesario que las autoridades, además de poner el ejemplo, establezcan los mecanismos para aminorar el gasto que hoy genera en los hogares el adquirir estos productos, los cuales –consideró- se han convertido ya en un gasto básico familiar.

Subrayó que la emergencia sanitaria y la crisis económica han provocado la pérdida de empleos, disminución de ingresos, afectaciones emocionales por el confinamiento, dolor por el fallecimiento de seres queridos; aunado a que ha obligado a las familias a adquirir productos de protección como el gel antibacterial, jabón de manos, caretas y cubrebocas. “En la medida en la que la movilidad se incrementa, los gastos por estos insumos aumentan para la gente”, abundó.

El legislador De Unánue Abascal señaló que el precio de los citados insumos oscila entre los 100 y los mil pesos, de acuerdo a las marcas, durabilidad y estilos de los mismos. “Pero son necesarios, ya que las personas deben cuidarse dentro o fuera de sus hogares, de tal forma que resulta impensable salir a la calle sin cubrebocas, porque la movilidad se verá limitada y condicionado en espacios públicos y privados”, expuso.

Además, refirió que si bien los gobiernos Federal y Estatal no han podido frenar el incremento de contagios, en Veracruz podría implementarse una medida que ayude a salir pronto de la pandemia, por lo cual solicitó que el Estado impulse la autoprotección sanitaria, “de lo contrario la curva nunca se aplanará, ni mucho menos podremos salir de esta oscura etapa de la realidad nacional y mundial”.

Reiteró su llamado al Ejecutivo estatal y a los ayuntamientos para adoptar esta medida, toda vez que el gasto invertido en los cubrebocas será de gran ayuda y contribuirá a reducir la propagación del virus y en consecuencia los gastos médicos y hospitalarios que el sector salud emplea para la atención de los enfermos.

Este Anteproyecto fue turnado, para su estudio y dictamen, a la Junta de Coordinación Política.

En el marco de los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y la próxima conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui se pronunció ante el Pleno por realizar un llamado social a construir esquemas de actuación que garanticen los derechos humanos para todas las personas.

En lo referente a la violencia contra las mujeres, la legisladora por el Distrito de XVIII de Huatusco, dijo que es necesario trabajar en conjunto para sumarse a la Campaña Únete 2020: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar”, gestionada por ONU Mujeres.

Esta campaña, continuó, implica etiquetar recursos para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, asegurar servicios esenciales para salvar la vida de las mujeres, a través de las acciones de las autoridades encargadas de proteger su integridad, prevenir la violencia, además de recabar datos, actualizados y fidedignos, que permitan analizar el problema y trabajar al respecto.

Dijo que en el contexto del confinamiento, derivado por la emergencia sanitaria, el número de reportes por violencia familiar y violencia de género se han incrementado considerablemente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, en cuanto a feminicidios, no ha dejado de ser un problema constante a nivel nacional, puntualizó la diputada.

En este sentido, señaló que erradicar la violencia contra las mujeres es un reto con el que todas y todos deben comprometerse, contemplando una mayor inversión de recursos y modelos de atención más eficaces con Fiscalías móviles, creación de Centros de Reeducación para Personas Agresoras, mayor capacitación con perspectiva de género, y creatividad para que las campañas y modelos sean adaptados a los diversos contextos e interseccionalidades, como la pobreza o pertenecer a una comunidad indígena.

“En Acción Nacional creemos en la solidaridad como un principio fundamental para el respeto a la dignidad humana, a través de la empatía con el otro y la otra”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a repensar en cómo proteger los derechos humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, adultos mayores y las niñas, niños y adolescentes.

“En este contexto de pandemia, velar por los derechos humanos, es complicado, pero es obligación irrenunciable del gobierno y compromiso de toda la sociedad, solo así podremos trascender este tiempo crítico de salud, sin atentar contra la dignidad humana”, concluyó.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó la adición de un tercer párrafo al artículo 83 de la Ley de Salud del Estado, resultado de la iniciativa presentada el 31 de julio de 2019 por la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, con lo que se establece que en la capacitación y actualización de recursos humanos para la salud deberá incorporarse la perspectiva de género, a efecto de garantizar servicios que promuevan un trato igualitario y con enfoque diferenciado en la población usuaria.

Este dictamen, presentado al Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y para la Igualdad de Género, fue aprobado con 43 votos, sin abstenciones o votos en contra.

Con esta reforma se busca erradicar, en los servicios de salud, los estereotipos de género por parte del personal y que afecta, principalmente, a las mujeres en el momento de ser atendidas, expone el dictamen.

Refiere que es imprescindible capacitar y actualizar al personal médico y administrativo en la perspectiva de género, lo cual implicará que quienes son encargados de la salud de las personas sean sensibles a las distintas realidades tanto de mujeres y hombres; lo cual implicará un cambio de mentalidad y actitud respecto a la atención brindada, que existan actitudes diferentes en el trato, que sean erradicados los citados estereotipos y consecuentemente la violencia de cualquier índole.

Indica que, trabajar con perspectiva de género permitirá eliminar ideas que son injustas y que derivan de creencias arraigadas originadas en una cultura patriarcal; por lo cual resulta necesario que en el proceso de salud, enfermedad y atención, sean otorgadas con un trato diferenciado, en el que se atienda al paciente de acuerdo a sus necesidades específicas.

Durante el debate del dictamen, la legisladora Brianda Kristel Hernández Topete, autora de la propuesta, agradeció a las comisiones dictaminadoras y, agregó, que esta modificación permitirá un cambio de mentalidad y actitud respecto a la atención brindada y generará actitudes diferentes en el trato, que deberá reflejarse en la eliminación de estereotipos de género y consecuentemente la violencia de cualquier índole.

Puntualizó que, el trabajar con perspectiva de género permite eliminar ideas injustas y que son producto de creencias arraigadas originadas en la cultura patriarcal, por lo que –

consideró- necesario que en el proceso de salud, enfermedad y atención sea brindado bajo un trato diferenciado, en el que se atienda al paciente de acuerdo a sus necesidades específicas.

Tras su aprobación por parte del Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y por ende entre en vigor.

El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 44 votos, el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a través del cual, la Comisión Municipal de Comunicaciones y Obras Públicas tendrá que contemplar, cuando sea posible, en la denominación de nombres de calles, plazas, jardines y paseos públicos, una traducción del español a la lengua originaria que se hable en el municipio.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Gobernación y derivado de la iniciativa presentada el pasado 5 de noviembre por el diputado León David Jiménez Reyes, asegura que el objetivo es fomentar el conocimiento de las lenguas originarias arraigadas en la entidad, al tiempo de otorgar su justa dimensión e importancia, generando con ello una inclusión social articulada a un sentimiento de pertenencia y de hermandad.

La instancia dictaminadora señaló su coincidencia con el iniciante, toda vez que esta reforma promocionará la cultura e incentivará el turismo, reactivando la economía, impulsando la creación y conservación de empleos.

El imponente y maravilloso patrimonio que emana de la diversidad cultural y lingüística de México, hace indispensable procurar su preservación, difusión y respeto, con el firme propósito de que sea admirado por esta generación y las venideras, señala el documento.

En Veracruz, de acuerdo a datos proporcionados por la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), se registran 12 lenguas con profunda presencia poblacional: Náhuatl, Totonaca, Huasteco, Popoluca, Otomí, Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Tepehua, Zoque, Mixteco y Mixe.

Tras su aprobación por parte del Pleno, se instruyó remitir el presente dictamen de decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Como una acción para garantizar una infraestructura educativa apta en medidas preventivas de higiene y así contar con un regreso seguro a las escuelas, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Veracruz.

En su propuesta, la legisladora prevé reformar el artículo 23 Bis a fin de señalar en este que, en caso de emergencia sanitaria declarada por la autoridad correspondiente, el Estado, en coordinación con los municipios, se encargará de implementar protocolos preventivos en materia de higiene escolar, que al menos contengan aspectos como la aplicación de filtros de sanitización al ingreso y salida de los planteles.

Así como, evaluar que las personas que ingresen a los planteles no cuenten con síntomas asociados a enfermedades contagiosas, procurar la sanitización constante de espacios, superficies y objetos al interior de las aulas, propiciar que alumnos y docentes cuenten con distancia adecuada al interior de la escuela, impulsar el constante lavado de manos y el uso obligatorio de cubre bocas.

También, la implementación de campañas informativas y de concientización respecto de la importancia de las medidas preventivas de higiene. Asimismo, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en colaboración con la Secretaría de Salud (SS), mantendría el control de higiene preventivo escolar y supervisará el cumplimiento de esas medidas.

En su intervención en Tribuna, la legisladora Ivonne Trujillo manifestó que aun cuando no hay fecha para que los alumnos veracruzanos regresen a clases presenciales, es necesario analizar las condiciones que deberán tenerse para ese momento y garantizar que sea en un ambiente de higiene y libre de posibles infecciones.

Previamente, expuso que debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, México se vio obligado a suspender actividades en todas las escuelas, orillando a millones de estudiantes a no salir a de sus casas y continuar con su educación a distancia.

Agregó que el cierre de escuelas, desde el 20 de marzo de 2020, se debió a la implementación de un plan de acción, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para contener el número de contagios en todos los planteles del país, pero al mismo

tiempo implicó el diseño de una estrategia basada en el uso de la tecnología para seguir aprendiendo, con las “clases a distancia”.

La legisladora precisó que ante los reiterados anuncios por parte de la autoridad federal, del posible regreso a clases, y derivado del nuevo programa para atender la contingencia sanitaria, en el marco de la denominada nueva normalidad, que prevé el regreso presencial a las aulas, resulta indispensable realizar un diagnóstico con anticipación para evitar un retorno a los salones que arroje resultados opuestos a los que se esperan.

Esta iniciativa, presentada durante la cuarta sesión ordinaria, fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen correspondiente.

Incentivar la contratación de las personas con discapacidad es el principal objetivo de la Iniciativa de Decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y el Código Financiero, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Bingen Rementería Molina.

Esta propuesta, de acuerdo con el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), permitirá que las empresas que contraten a personas con discapacidad apuesten por “personal de inclusión” y realicen las adaptaciones en sus procesos, instalaciones o manuales para que sumen con su talento a la empresa.

Desde la tribuna, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el Diputado refirió que en Veracruz, según la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, el 13.56 por ciento de personas con discapacidad no estaba afiliado a alguna institución de salud, lo equivalente a 91 mil 364 personas que, además de las dificultades para realizar sus labores cotidianas, no reciben atención médica gratuita ni privada.

Añadió a esto que en México aproximadamente un millón de personas con discapacidad tienen posibilidades de trabajar y no son incluidas en el mercado laboral. En razón de lo cual, planteó en su iniciativa una modificación al Código Financiero donde se establece que tanto el Gobierno del Estado como las empresas deban integrar en su planilla laboral al menos al 5 por ciento de personas con discapacidad.

Al considerar que esta medida no puede ir acompañada sin un incentivo fiscal a las empresas, propuso también que se exente del pago del Impuesto sobre la Nómina para el doble del porcentaje de personas con discapacidad contratadas. Es decir, quien contrate al menos un 5 por ciento de “trabajadores de inclusión” quedará exento del pago de este impuesto en un 10 por ciento.

Asimismo, se amplía de tres a cinco por ciento el número mínimo de vacantes disponibles para las personas con discapacidad en el servicio público estatal, en la administración pública centralizada y paraestatal, “siempre que cumplan con los requisitos de ingreso y cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes”.

La Iniciativa de Decreto que reforma las fracciones XIII y XIV y adiciona las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del Artículo 10 y reforma el Artículo 21 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y deroga el inciso d) de la fracción IV y adiciona la fracción VI del Artículo 103 del Código Financiero, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Hacienda del Estado

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la que se busca establecer que, para el ejercicio fiscal 2021, los fondos de participaciones, señalados en los artículos 9 y 14; el de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; de Fiscalización y el de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2020, en sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de esta misma Ley.

De acuerdo a la propuesta del presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal la recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de gasolina y diésel, en su porcentaje correspondiente al 9/11, se distribuirá a los municipios de la entidad en 70 por ciento con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 30 por ciento con base en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) vigentes en 2020.

En su intervención en Tribuna, el integrante del Grupo Legislativo de Morena subrayó que la Ley de Coordinación Fiscal vigente fue expedida en 1999 y se previó entonces que su aplicación inmediata de los porcentajes provocaría una disminución sensible en los ingresos de la mayoría de los municipios veracruzanos, en razón de la capacidad recaudatoria de los Ayuntamientos respecto de distintas contribuciones, que resulta un elemento fundamental para la asignación de recursos.

Por lo anterior –indicó- en los artículos transitorios de la misma se dispuso que esos porcentajes se utilizarían hasta el año 2010 y se establecieron fórmulas sustitutivas de éstos para su aplicación gradual.

Explicó que en el ejercicio fiscal del 2000, primero en el que se aplicaron las formulas sustitutivas, un considerable número de municipios, sobre todo los de mayores índices de marginación y dependencia de esos recursos, sufrió decremento en sus percepciones de participaciones federales, lo que obligó, desde 2001, a reformar cada año los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley mencionada, para mantener vigentes los factores de distribución de ejercicios anteriores.

Dijo que en junio de 2008 y con la finalidad de dar certidumbre a los municipios, en cuanto a la distribución de esos recursos, se derogó el artículo cuarto transitorio y se reformó el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal, para trasladar a este precepto los referidos factores de distribución, que se contenían en la disposición transitoria derogada.

Por todo lo anterior, detalló el legislador, ahora únicamente es necesario reformar el artículo tercero transitorio de este ordenamiento.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

Con el objeto de que el padre trabajador cuente con la certeza de que no perderá su empleo y a la vez puedan generarse las condiciones para fortalecer su participación en el proceso de integración, cooperación y reconocimiento de los nuevos integrantes de su núcleo familiar, el Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), puso a consideración del Pleno una iniciativa que amplía, de 5 a 60, los días concedidos por licencia de paternidad.

La iniciativa, presentada en voz de la diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, también busca señalar en la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz que el padre trabajador gozaría de una licencia -con goce de sueldo- de 90 días, en caso de adopción de una niña o niño de hasta seis meses de edad. Cuando se trate de una niña o niño mayor a los seis meses de nacido, la licencia sería concedida por el periodo de seis semanas, con el propósito de garantizar su integración familiar y social.

Asimismo y a fin de que los padres puedan participar en el cuidado de la salud de sus hijos, la iniciativa prevé incorporar el artículo 51 bis, a fin de establecer que podría otorgarse una licencia por Enfermedad Infantil hasta de 15 días hábiles al año, con goce de sueldo, a los padres y madres trabajadoras, que ejerzan la guarda y custodia de las hijas e hijos menores de 18 años de edad, por causa de enfermedad grave que ponga en riesgo la vida de la niña o el niño.

Dicha licencia se solicitará por alguno de los padres y tendrá que estar debidamente acreditada mediante constancia médica.

De igual forma, en la propuesta legislativa se propone modificar la redacción que se refiere a la licencia en comento como “periodo de descanso” y en la cual se le asigna a la madre una condición de “incapacidad”, al considerarse como términos discriminatorios.

En su intervención, la legisladora Andrea de Guadalupe Yunes expresó que la licencia de paternidad no debe visualizarse como un privilegio o una concesión laboral, sino como un acto de igualdad de respecto a la condición de padres, y al mismo tiempo, se tiende a eliminar los estereotipos que discriminan a la mujer y la obligar a desempeñar ciertos roles como lo son la maternidad y la crianza exclusiva de los hijos.

Dijo que el descanso de cinco días, establecido actualmente en la Ley, es un lapso demasiado corto comparado con el promedio de ocho semanas que se brinda en otros

países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México también forma parte.

Agregó que en 25 de las 34 naciones de la OCDE existe algún ordenamiento jurídico relacionado con la licencia de paternidad. Ejemplificó que, en Noruega se brindan 10 semanas de permiso; en Islandia 13; en Bélgica 19; en Francia 26, y en Corea del Sur, 53. Es decir –puntualizó- un año completo, reconociendo también la importancia de los derechos de las pequeñas y los pequeños recién nacidos.

En el plano nacional, la diputada Yunes Yunes, presidenta de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso local, subrayó que entidades como Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Ciudad de México y Oaxaca han ido creando mecanismos que garantizan y homologan estos derechos, tanto padres como para madres. “Por lo cual Veracruz no puede quedarse rezagado”, precisó.

Por último, calificó esta iniciativa, signada también por los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, además de la legisladora Erika Ayala Ríos, como una acción que atiende el interés superior de la niñez, que a su vez fomenta que el empleo femenino no se resienta desproporcionado por la maternidad, sino que el derecho laboral sea equilibrado entre hombres y mujeres, para alcanzar la corresponsabilidad en el hogar y la familia.

Tras la lectura de la iniciativa, la presidencia de la Mesa Directiva instruyó remitirla a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen.

Previamente se adhirieron a la iniciativa, a título personal, las diputadas Florencia Martínez Rivera y Libni Adaelsi Sánchez Núñez, así como los Grupos Legislativos de Morena y el Mixto Movimiento Ciudadano-PRD- Diputado sin Partido.

Durante este año, la inversión en infraestructura sanitaria en Veracruz ascendió a 283.8 millones de pesos (mdp), destinados a 142 obras y acciones de mantenimiento, rehabilitación, ampliación y conclusión de centros de salud, obras nuevas y Centros de Atención Médica Expandida (CAME-C19), informó el titular de la Secretaría de Salud (SS) y de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Roberto Ramos Alor, al comparecer ante el Congreso del Estado.

Las diputadas Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, Magaly Armenta Oliveros y Margarita Corro Mendoza, presidenta, secretaria y vocal de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia, respectivamente, condujeron los trabajos de esta jornada correspondiente a la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

El servidor público informó también que al rubro de protección y vigilancia sanitaria fueron canalizadas 300 muestras de agua y expedidas 935 cédulas de manejo higiénico de alimentos, 3 mil 457 cédulas de evaluación de riesgos y 149 distintivos de espacios 100% libres de humo de tabaco.

En su exposición, presentó un resumen de las actividades implementadas por la Secretaría de Salud durante el reciente año, los programas prioritarios en salud pública y atención médica, la continuidad del rescate de programas y obras abandonadas en administraciones anteriores y las acciones implementadas por el actual gobierno para lograr una eficiente administración de todos los recursos disponibles en beneficio de la sociedad.

Covid-19

El responsable de la salud en el estado precisó que, al 29 de noviembre de este año, 39 mil 710 veracruzanos fueron confirmados como casos positivos de Covid-19; de los cuales, 31 mil 753, el 80 por ciento, se encuentran recuperados; 2 mil 329, el 6 por ciento, se encuentran en vigilancia, y 5 mil 628, el 14 por ciento, perdió la vida.

Roberto Ramos hizo una pormenorizada exposición de las acciones puestas en marcha para la prevención y atención del virus Sars-Cov-2 (Covid-19), entre las que se

encuentran la integración del Comité Técnico Permanente de Sesver sobre Covid-19, la realización de conferencias diarias informativas y la actuación del comando operativo de emergencia.

Con esto también, la implementación de la semaforización estatal y regional, los nueve decretos para reducir la movilidad, el Código QR para el sector comercial, la atención a la población a través de un call center que registró 5 mil 621 llamadas, la Jornada Nacional de Sana Distancia, las medidas Quédate en casa y de lavado de manos y los protocolos sanitarios de higiene y saludo.

Más aun, la atención directa a la población en tres etapas: Preparación, con planes de contingencia y supervisión a distancia, Implementación, con Unidades de Salud Monitoras de Enfermedades Respiratorias, y Reconversión, con 10 hospitales Covid-19 con 489 camas y 520 ventiladores y cuatro Centros de Atención Médica Expandida Covid-19.

A esto añadió la administración eficiente para afrontar la pandemia mediante 909 contrataciones para reforzar la atención, la inversión de 502 millones de pesos para medicamentos e insumos y las 25 mil 050 muestras realizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Reconoció la suma de 35 mil 684 establecimientos comerciales registrados en código QR en los municipios de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.

Alcance de la atención universal

En atención primaria a la salud, se ha contado con 839 Unidades de Primer Nivel, se ofreció un total de 2 millones 094 mil 358 consultas generales y atención a 272 mil pueblos originarios.

De acuerdo con el Secretario, la atención a las mujeres embarazadas se tradujo en 196 mil 945 consultas prenatales, 17 mil 482 cesáreas y 18 mil 978 partos; la salud de la mujer, en 106 mil 540 exploraciones de mama y 11 mil 609 detecciones cáncer cérvico-uterino.

Además de 46 mil 272 consultas para infecciones respiratorias agudas y 7 mil 205 consultas para enfermedades diarreicas agudas, para menores de edad, y la aplicación de un millón 074 mil 823 vacunas.

Por lo que respecta a enfermedades transmisibles –prosiguió- se atendió a mil 390 enfermos de tuberculosis, 223 mil 193 con obesidad, 242 mil 358 con diabetes mellitus y 230 mil 859 con hipertensión arterial.

Con el programa Médico Amigo, se logró la cifra de 17 mil 592 servicios domiciliarios. En la atención a pueblos originarios participaron 438 médicos tradicionales y se dispuso de 23 centros educativos medicinales.

El Secretario de Salud destacó la inversión en medicamentos, material de curación, equipamiento médico y administrativo, ambulancias, vehículos utilitarios, ropa hospitalaria, materiales y útiles de oficina, que ascendió a mil 826 mdp, con un abasto promedio de 73 por ciento de medicamentos y 78 por ciento en material de curación.

Ramos Alor finalizó diciendo que “este gobierno estatal ha ido fortaleciendo la consolidación de una administración sana, transparente, incluyente e igualitaria que se traduce en una gobernabilidad con justicia social basada en el respeto de los derechos humanos que impulsa el bienestar de los veracruzanos”.

Al término de su presentación, respondió a las preguntas de las y los diputados en las dos rondas establecidas.

Este lunes, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), legislador Juan Javier Gómez Cazarín, firmaron el acta por la cual se dio por concluida la negociación con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), encabezado por su secretario general, José de Jesús Rodríguez Hernández, correspondiente a este 2020 y mediante la cual se mejoran las percepciones de las y los integrantes de esta organización.

Este convenio laboral, con el cual concluye la negociación entre el Congreso y su Sindicato, representa un logro de las y los trabajadores, toda vez que fueron otorgadas algunas prestaciones que servirán en gran medida en esta temporada de pandemia, afirmó el legislador Juan Javier Gómez Cazarín.

Asimismo, agradeció la apertura al diálogo por parte del Sindicato, ya que –consideró- esto permitió un consenso entre las partes para acordar mejoras en las prestaciones que recibe cada integrante de esta organización sindical.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi destacó que, aun cuando el Congreso del Estado redujo en más de 50 millones de pesos (mdp) su presupuesto para 2021, se cumple con la ley, pero sobre todo con las y los trabajadores al revisar y mejorar diversos capítulos de las condiciones generales de trabajo.

Por otra parte, el Secretario General del SUTSPL, José de Jesús Rodríguez Hernández, agradeció la apertura de las autoridades de la LXV Legislatura para lograr incrementos en las prestaciones de los trabajadores y refrendó el compromiso de las y los integrantes del gremio sindical de profesionalizarse para otorgar un mejor servicio a las y los diputados y, por ende, a la ciudadanía en general.

En la negociación entre el Congreso y su Sindicato, se logró un 3.4 por ciento de incremento al salario base y 1.9 por ciento en las prestaciones adjuntas al salario, entre otras.

Además de la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi y el legislador Juan Javier Gómez Cazarín, firmaron el acta del convenio laboral la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales, y la directora de Tesorería, Diana

Leydi Zacarías Carrasco; por parte del Sindicato, Alejandro Rebolledo Zepeda y Sugey Fiallo Ramos, secretario del Interior y secretaria de Trabajos y Conflictos, respectivamente.

La educación en Veracruz enfrenta uno de los retos más grandes de su historia, la pandemia provocada por el virus Sars-Cov-2 (Covid-19), y la respuesta ante la nueva realidad, que representaron el distanciamiento social y el cierre de los centros escolares, ha requerido y motivado la colaboración y un esfuerzo, aun mayor, entre gobierno, docentes, padres y madres de familia, con la esperanza de volver pronto a las aulas, expresó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, al comparecer ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

El funcionario presentó los resultados más sobresalientes en la materia, ante la Comisión Permanente de Educación y Cultura de la LXV Legislatura, integrada por los diputados León David Jiménez Reyes y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos y la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presidente, secretario y vocal respectivamente, en tres grandes rubros: los aspectos administrativos atendidos por la dependencia a su cargo, las respuestas ante la pandemia y la deuda histórica con las instituciones escolares que carecen de lo básico para funcionar.

Aspectos administrativos

Dio cuenta de 61 procesos formativos estatales realizados por la SEV para atender las necesidades de actualización de docentes de los diferentes niveles y modalidades educativas, la mayoría de ellos en modalidad virtual; en solo dos de los cuales participaron 99 mil 318 directivos y docentes. En educación media-superior y superior, implementó 99 cursos y una especialidad para docentes y directivos.

Refirió también el Segundo Foro Estatal Proyecto Educativo para la Formación de Docentes en las Escuelas Normales Públicas del Estado de Veracruz y el Primer Congreso Iberoamericano de Educación Media Superior: Perspectivas, Sujetos y Procesos, así como la capacitación a 9 mil 923 docentes a través de la Coordinación de Centros Rébsamen.

Con el propósito de asegurar la prestación del servicio educativo, con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, se llevó a cabo el proceso de admisión con todas las medidas preventivas derivadas de la contingencia sanitaria, por lo que fueron otorgadas 2 mil 046 plazas.

A la entrega de 14 mil 676 basificaciones a trabajadores, añadió diferentes estímulos económicos, incentivos y medallas por antigüedad, capacitación a personal de apoyo, becas para cursar posgrados, la profesionalización de 550 funcionarios en materia de transparencia y la integración de 17 mil 161 Comités de Contraloría Social y 154 Comités Municipales de Participación Social en Educación.

Destacó también que, mediante aplicaciones informáticas, se logró expedir 415 mil 556 certificados de estudios de educación básica y media superior, la validación y el registro de 16 mil 831 títulos profesionales y la descarga de un millón 37 mil 938 boletas de calificaciones.

Respuesta a la contingencia

Como respuesta a la contingencia sanitaria, dijo el Secretario, la SEV promovió la lectoescritura y la activación física de los estudiantes en las primeras semanas de confinamiento, adoptó la estrategia nacional “Aprende en casa” e implementó el programa “Matemáticas para todos”. A pesar de la pandemia, Veracruz concluyó de manera exitosa el ciclo escolar 2019-2020 e inició el 2020-2021.

Además, llevó a cabo las acciones de promoción, innovación y desarrollo de la ciencia y la tecnología garantizando el suministro de energía eléctrica en 11 mil 635 planteles e Internet para el desarrollo ininterrumpido de las actividades educativas.

Asimismo, logró otorgar descuentos y condonaciones de inscripciones o reinscripciones a 57 mil 439 estudiantes de educación media-superior y superior, becas a 570 mil 766 estudiantes, alimentación, hospedaje y educación a mil 011 alumnos de primaria y secundaria en albergues e internados, recursos a 15 mil 425 estudiantes de educación básica, media-superior y superior con algún tipo de discapacidad.

Añadió a esto la entrega de apoyos a 4 mil 030 figuras educativas con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo; material de apoyo didáctico y cívico, de limpieza; materia prima, alimentos, utensilios de cocina y útiles escolares a instituciones educativas con población vulnerable; 27 mil 829 cuadernillos de apoyo para mejorar la competencia lectora y matemática para bachillerato y mil 573 anteojos a estudiantes de educación básica.

El servidor público pormenorizó los apoyos entregados a la población en rezago educativo o situación de vulnerabilidad a lo que sumó la profesionalización de docentes de educación indígena y la acciones de alfabetización y de educación a distancia.

Informó también acerca de las condiciones de los planteles educativos que se encuentran en las zonas con mayor índice delictivo de los 11 municipios contemplados en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

En este rubro, la SEV capacitó a servidoras y servidores públicos, docentes, personal directivo y estudiantes en materia de perspectiva de género, prevención de la violencia, prevención del consumo de drogas, toma de decisiones y manejo de materiales del Programa Nacional de Convivencia Escolar, Protocolos ante el Abuso Sexual Infantil,

Acoso Escolar y Maltrato, Equidad de Género, Cultura de Paz y Derechos Humanos, así como el respeto irrestricto de los derechos de las mujeres.

Infraestructura educativa

En una tercera parte de su exposición, el titular de la SEV, dijo que, en medio de la pandemia, esta dependencia dio continuidad al Programa Escuela Garantizada, Escritura Garante, con lo que incrementó a 191 el número de municipios con convenios firmados, así como la generación de 326 escrituras y títulos de propiedad, así como la recopilación de información y documentación de 3 mil 164 inmuebles para su regularización.

Además, 93 ayuntamientos validaron 157 obras educativas financiadas del ramo 033. Con el recurso proveniente de las tiendas escolares, se logró la adquisición e instalación de 300 equipos de cómputo, y con el programa Castor-Taller Móvil, la rehabilitación de mobiliario en 323 planteles educativos de 84 municipios.

Zenyazen Escobar comentó que, a través del Instituto de Espacios Educativos, se asignó un presupuesto de mil 391 millones 877 mil 630 pesos provenientes de los Fondos de Aportaciones Múltiples 2020, Remanentes y Potenciado, así como del Fondo Regional (Fonregión), a fin de dinamizar las economías locales y contrarrestar los efectos de la pandemia manteniendo las fuentes de trabajo. Todo esto –añadió- ha permitido programar mil 202 acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y/o equipamiento en el estado.

Informó que “en la zona norte, tendremos 343 obras de infraestructura en 45 de 49 municipios, en escuelas de educación básica, media-superior y superior, en la zona centro, haremos presencia este año en 91 de 102 municipios con 336 obras, y en la zona sur, tendremos 567 obras, en 48 de 51 municipios”.

Según su titular, esta dependencia atendió las 10 líneas ejecutivas enmarcadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, que contemplan de manera directa las 10 metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030.

Finalmente, el Secretario de Educación hizo un reconocimiento al personal administrativo y operativo de la dependencia, a las y los docentes, así como a las madres y padres de familia y tutores, por su gran compromiso y trabajo por mantener y asegurar la continuidad de la educación en Veracruz.

En el reciente año, en Veracruz se ha logrado reducir los delitos en 24.65 por ciento, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, al comparecer ante la Comisión Permanente de Seguridad Pública de la LXV Legislatura, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Ante los diputados Carlos Manuel Jiménez Díaz y José Manuel Pozos Castro y la legisaldora Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidente, secretario y vocal de esa comisión respectivamente, explicó que el homicidio doloso ha descendido 15.15 por ciento; la extorsión, 11.12; el secuestro, 60.75; el robo, 25.12 y el feminicidio 19.05.

Combate al delito

Hugo Gutiérrez dijo que, durante este año, se fortaleció la Estrategia Estatal de Seguridad, basada en cinco ejes: Reforzamiento del despliegue operativo, Fortalecimiento y profesionalización policial, Implementación de operativos interestatales con siete entidades colindantes, Coordinación con fuerzas federales, a través de las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Trabajos de inteligencia para la ubicación y captura de objetivos importantes.

Durante su exposición, destacó que, con trabajo de inteligencia e intercambio de información con autoridades federales, se logró la detención de 17 jefes de plaza de organizaciones criminales. En detenciones del fuero común, fueron intervenidas 5 mil 606 personas y en delitos del fuero federal, 2 mil 567 personas.

En operativos de rescate humanitario –prosiguió-, fueron resguardadas 2 mil 493 personas de origen extranjero, en tránsito por el país; se rescató a 240 personas privadas ilegalmente de su libertad y a 61 personas secuestradas. En colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda, a través de la Compañía K9, este gobierno apoyó a 18 colectivos y a la Embajada Suiza en 235 diligencias de búsqueda y acompañamiento, realizadas en 34 municipios.

El Secretario de Seguridad Pública destacó que, en profesionalización policial, a la fecha, el estado cuenta con 2 mil 337 policías graduados en Formación Inicial y 3 mil 161 policías han sido capacitados en Formación Continua y Competencias Básicas.

Respecto a los Servicios de Atención a Llamadas de Emergencia, mediante la línea de emergencia 9-1-1, se ha atendido 2.11 millones de llamadas, 98 mil llamadas en el 089

para denuncia anónima, 423 alertas empresariales y 7 mil 926 asesorías sobre engaño telefónico.

A esto agregó que la Unidad de la Policía Científica atendió 2 mil 557 llamadas relacionadas con fraude en comercio electrónico, amenazas, cyberbullying, sextorsión, suplantación de identidad, pornografía infantil y casos de conductas antisociales como grooming, phishing, hackeo en redes sociales, sexting y extorsión a través de redes sociales.

Asimismo, fueron canalizadas mil 924 personas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer denuncias; se iniciaron 142 carpetas de investigación y se logró evitar fraudes electrónicos por 793 millones 506 mil 514 pesos.

De acuerdo con las principales líneas de acción establecidas en el Programa de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres –informó el servidor público-, la Secretaría a su cargo cumplió con la Elaboración del Protocolo de Actuación Policial para Atención a Casos de Violencia por Razones de Género contra las Mujeres.

Así también, la Capacitación a mandos operativos en desarrollo de competencias en materia de violencia contra las mujeres por razón de género, la Integración del Programa Único de Capacitación a la malla curricular del Curso de Formación Policial Inicial para Policía Preventivo Aspirante, la Elaboración del Diagnóstico de zonas de mayor riesgo para las mujeres y la Certificación de 60 personas replicadoras en Estándares de Competencias.

En cuanto a las acciones preventivas frente al Covid-19, informó el compareciente, la Secretaría implementó la instalación de filtros en las entradas y desinfección de oficinas, donde se mantiene al personal con sana distancia, distribución permanente de caretas, guantes y cubrebocas para uso obligatorio durante la jornada laboral.

La SSP participó en el cierre de vialidades en la zona centro de 38 municipios y en la aplicación de medidas preventivas y de identificación de síntomas en 173 mil 833 personas y proporcionó un total de 70 mil 209 cubrebocas y mil 955 caretas protectoras.

Además, mediante la instalación de 3 mil 263 filtros se desinfectaron 532 mil 646 taxis, 58 mil 555 autobuses, 551 mil 121 vehículos particulares, 77 mil 791 motocicletas, 58 mil 304 camiones de carga.

Una vez concluida la exposición del Secretario, las y los diputados le solicitaron dar respuesta a las preguntas que le formularon en dos rondas, según lo establecido.

Ningún pueblo puede crecer y ser próspero, si no combatimos ni derrotamos a la violencia contra las mujeres, expresó la coordinadora del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México, diputada Erika Ayala Ríos, durante un pronunciamiento relativo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Ante el Pleno reunido con motivo de la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora dijo que los delitos relacionados con este tipo de violencia no han sido prevenidos, atendidos y erradicados de manera efectiva, pese a contar con legislación en la materia, a que los Derechos Humanos y la Paridad de Género son constitucionales, a que el Estado Mexicano es parte de los organismos internacionales y signante de los tratados al respecto y pese a que hay instituciones, recursos y programas de gobierno enfocados a este propósito.

Al lamentar que, según cifras oficiales y observatorios ciudadanos, Veracruz continúa en segundo lugar nacional por feminicidios, esta problemática ha venido evolucionando a lo largo de varias administraciones, por lo que consideró que la sociedad y las instituciones deben hacer un trabajo coordinado, para lograr erradicar la violencia de género, que no es propia de un gobierno, sino un problema estructural de raíces profundas que debe dejar de politizarse y atenderse con la urgencia que amerita.

“Debemos trabajar en la eficacia de esta estrategia, los avances, los resultados y acciones en proceso. Los efectos de la pandemia en la salud pública y en la economía estatal también se han agravado en materia de Derechos Humanos y de violencias de género. La contingencia sanitaria tomó al mundo por sorpresa, es cierto, pero tuvimos tiempo para prepararnos y prever que el confinamiento podría desatar la violencia familiar, donde las mujeres y sus hijas e hijos serían las víctimas primeras de los agresores”, manifestó.

Ante la proximidad del año 2021, dijo que éste ya se pronostica complicado para millones de familias, jefas de hogar, empresarias, maestras, trabajadoras, empleadas, obreras, campesinas, productoras, vendedoras en la economía informal que acumula más del 65%

de la población económicamente activa y que, hoy no saben si podrán sostener su empleo y a sus hogares o si les alcanzará para comer.

Finalizó pronunciándose, en nombre de su grupo legislativo, “por el establecimiento de un diálogo estatal propositivo y respetuoso que permita aprender de los desafíos que enfrentamos, dada la contingencia y sus efectos nocivos, y definir las prioridades que le urgen a Veracruz, las que deben establecer como premisa la salvaguarda de la integridad y dignidad humana de las mujeres en riesgo de ser violentadas, de la niñez, la juventud, de las personas mayores, indígenas y con discapacidades”.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse cada 25 de noviembre, la diputada Mónica Robles Barajas, se pronunció por los derechos de las veracruzanas a convivir y contribuir en paz, en concordia, justicia, e igualdad.

Asimismo, dijo que las mujeres con representación popular o cargo en el servicio público, no tienen inmunidad, ni blindaje contra la violencia de género, que por su labor y encomienda, vocación y posturas, ideología y propuestas, pero sobre todo, por el simple hecho de ser mujeres y participar en la toma de decisiones, pueden ser víctimas.

En este sentido, señaló que publicaciones infundadas y degradantes, en su contra, a través de un medio de comunicación regional del sur del estado, han puesto en evidencia la malicia efectiva que busca amedrentar su trabajo como legisladora, toda vez que se sienten amenazados en sus intereses ilícitos; situación que han puesto en riesgo su vida y la de su familia.

Al respecto, manifestó, “acudí al Organismo Público Local Electoral, a la Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República a presentar una denuncia por violencia política en razón de género y también, al Tribunal de Justicia, por daño moral en contra de mi persona”.

“Con estas denuncias le doy voz a miles de mujeres y niñas violentadas, quedarme callada hubiese significado claudicar en la lucha por nuestros derechos”, enfatizó la legisladora, quien agregó que este tipo de acciones ocurren porque los imputados confían en que la corrupción y la impunidad atroz, que por décadas se viven en el país, continuará para siempre.

“Desde esta Tribuna hago un llamado a las autoridades federales y del Ejecutivo estatal, a las autoridades de procuración y administración de justicia para que cumplan con su deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mí y contra todas las mujeres”, finalizó.

Tras su participación, el Secretario de la Mesa Directiva, Jorge Moreno Salinas, y la Coordinadora del Grupo Legislativo PRI-PVEM, diputada Erika Ayala Ríos, refrendaron su respaldo con el firme compromiso de no permitir más violencia por razón de género.

Con 39 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, el Pleno de Congreso aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia del reconocimiento de hijas e hijos ante el Registro Civil.

El dictamen, suscrito por las integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, deriva de la iniciativa presentada el pasado 5 de noviembre por la diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) de esta LXV Legislatura local.

La intención de esta reforma, se lee en el dictamen, es fortalecer la garantía del ejercicio del derecho al reconocimiento, para lo que se consideró necesario actualizar los artículos 299, 704, 706 y 708 del Código Civil del estado, lo que le dará mayor certidumbre jurídica a este acto de levantamiento de la partida o acta de nacimiento ante el Registro Civil.

Esta reforma contempla que el reconocimiento de una hija o hijo nacido fuera del matrimonio deberá hacerse en la partida de nacimiento, ante la persona responsable del Registro Civil, por escritura pública, por testamento y por confesión judicial directa y expresa.

Además, que todo acto del estado civil relativo a otro ya registrado deberá anotarse en el acta correspondiente y el documento que dé lugar a la anotación se insertará en el apéndice respectivo; que en el caso de no haberlo, se formará, con excepción de las actas derivadas de un reconocimiento, para lo cual, se atenderá lo dispuesto en el artículo 708.

Junto con esto, si el reconocimiento de una hija o un hijo nacido fuera del matrimonio se hiciere después de haber sido registrado su nacimiento, se expedirá una nueva acta de nacimiento con los datos objeto del reconocimiento conservando mismo número de acta y fecha de registro.

Finalmente, si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios establecidos en el Código Civil, se presentará al Encargado del Registro Civil el original o copia certificada del documento que lo compruebe. En el acta de nacimiento primigenia, se insertará la

nota marginal relativa al reconocimiento y la expedición de la nueva acta de nacimiento en términos del artículo 704.

La Comisión Especial para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Congreso del Estado exhortó a la titular de la Secretaría de Protección Civil (SPC) del Gobierno del Estado de Veracruz, para que verifique e informe a esta Soberanía el debido cumplimiento de la colocación de señalética en sistema Braille, ordenada en el Decreto 548, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 28 de febrero de 2020.

La presidenta de esta comisión, diputada Montserrat Ortega Ruiz, en nombre de la diputada Florencia Martínez Rivera y de los legisladores Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez García, integrantes de la misma, presentó al Pleno, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario, un Anteproyecto de Punto de Acuerdo.

Recordó que, el 28 de febrero del presente año fue publicado el Decreto 548 que adiciona un párrafo segundo al artículo 63 y el artículo 63 Bis a la Ley de Protección Civil del Estado, estableciendo que en los inmuebles públicos y privados de acceso público la señalización de protección civil deberá incluir placas en el sistema Braille para las personas con discapacidad visual o ceguera, conforme a las Normas Oficiales y Tratados Internacionales aplicables.

Para el debido cumplimiento de este ordenamiento, el artículo Segundo Transitorio del Decreto referido dispuso un término de 180 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor.

Contando los días hábiles –prosiguió la Diputada-, iniciando el lunes 2 de marzo de 2020 y hasta el 11 de noviembre del presente año, es el plazo de 180 días hábiles que se concedió para que en todos los inmuebles públicos y privados de acceso público se coloquen la señalización de protección civil usando el sistema Braille, como una acción a favor de las personas con discapacidad visual o ceguera.

Señaló además que las personas con discapacidad enfrentan enormes desigualdades de participación e inclusión efectiva en la sociedad lo que constituye una grave violación a sus derechos humanos, reconocidos en los diversos tratados internacionales, así como en el marco constitucional y legal del Estado Mexicano.

“La población con algún tipo de discapacidad continúa enfrentando múltiples barreras relativas a la participación adecuada en los procesos de toma de decisiones, acceso a la

educación inclusiva y de calidad, a la salud, al empleo, a la justicia, a la recreación y la cultura, entre otras”.

En Veracruz –finalizó la legisladora-, de acuerdo con la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto (2013), alrededor del 6 por ciento de la población presenta algún tipo de discapacidad, por lo que “la colocación de señalética en sistema Braille ayudará a las personas con discapacidad visual o ceguera a desplazarse de modo más seguro e independiente en los establecimientos que deseen acudir”.

El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 33 votos, remitir al Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto que el delito de extorsión quede señalado entre las conductas delictivas que ameritan oficiosamente la imposición de la prisión preventiva por parte de los jueces.

El dictamen presentado a esta Soberanía por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, resultado de la iniciativa presentada el pasado 22 de junio por el Grupo Legislativo PRI-PVEM, señala que el delito de extorsión ha ido en incremento en toda la República Mexicana y ha sido, junto con el secuestro, un potencial económico para la delincuencia organizada.

Por sus características, este delito, no solo produce daño patrimonial, al verse obligadas las víctimas a entregar a delincuentes parte importante del fruto de su trabajo, ante el temor de la posibilidad perder sus vidas o sus bienes, entre éstos los inmuebles y los productos con que honradamente se ganan la vida y que permiten su contribución al desarrollo económico nacional.

Sino, que además, genera en la víctima una afectación emocional, desde el momento mismo en que el agente activo se comunica para obligarla a hacer o dejar de hacer determinada conducta, establece el dictamen.

El documento refiere que en razón de la gravedad del delito, del impacto individual y social del mismo, así como de la necesidad de garantizar al máximo la seguridad de las víctimas y de la peligrosidad de los sujetos activos, es imperante que la extorsión se encuentre señalada de manera expresa en la carta Magna.

De esta forma, se evitaría la evasión de los imputados durante los juicios correspondientes, dando las facultades al Ministerio Público de solicitar al juez la prisión preventiva por este delito, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, garantizando con ello la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Al ser aprobado por el Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto a la Gaceta Oficial del Estado para su

publicación y, en consecuencia, enviar la propuesta al Congreso de la Unión para su consideración y trámite correspondiente.

Este jueves el Pleno de la LXV Legislatura avaló la propuesta del diputado Gonzalo Guízar Valladares y, como consecuencia, remitirá al Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para establecer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda exentar de pago a quienes comprueben la calidad de residentes, aledaños a casetas de peaje.

Esta medida aplicaría cuando no haya vías alternas que garanticen el libre peaje para las y los residentes.

En la sesión, tercera ordinaria, del primer periodo, correspondiente al tercer año de labores, la Mesa Directiva dio a conocer el dictamen de la Comisión Permanente de Comunicaciones y que, tras ponerlo a consideración del Pleno, registró 36 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

La Comisión considera necesario que la LXV Legislatura haga suya esta propuesta y la presente al Congreso Federal, ya que representa un acto de justicia social para miles de familias mexicanas que, al haberse construido en los alrededores de sus localidades vías terrestres de comunicación, generalmente en mejor estado, sufren afectaciones económicas al verse obligadas a transitar por las mismas y a cubrir las altas tarifas que cobran.

Además, coincide con el autor, el legislador Gonzalo Guízar, toda vez que esta reforma contribuiría a detonar el desarrollo económico de las regiones en las que estén instaladas casetas de peaje, al permitir a las familias residentes evitar pagos para poder movilizarse hacia sus centros de trabajo o a los establecimientos que prestan los servicios públicos o privados que requieren.

Asimismo, señala que la actual medida de pagar por el uso de las carreteras pone en desventaja a los residentes, en comparación con las personas que no habitan en localidades cercanas y que no padecen esa problemática cotidiana para realizar sus actividades.

Por otra parte, en el texto del dictamen se precisa que los incrementos en los servicios y sobre todo en los pagos de peajes para poder circular en vías terrestres, aunado al constante aumento de la gasolina, trae repercusiones de gran magnitud en la economía de

las familias, ya que disminuye su capacidad adquisitiva para solventar sus necesidades básicas.

Conforme al trámite legislativo, y tras haberse aprobado por el Congreso de Veracruz, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó mandar a publicar el presente decreto en la Gaceta Oficial del Estado, y a su vez, remitir la propuesta al Congreso de la Unión para su consideración.

La LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 29 de octubre por el diputado Omar Guillermo Miranda Romero, por el cual se propone al Congreso de la Unión reformar los párrafos 14 y 16 del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer que el Estado deberá garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan cáncer o alguna discapacidad permanente.

Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las niñas y niños con cáncer, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza, refiere el dictamen avalado por el Pleno de la LXV Legislatura de Veracruz, con 33 votos, sin abstenciones o votos en contra.

De igual forma, se precisa que el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los niños con cáncer y a los pertenecientes a las familias que estén en situación de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

El dictamen refiere, en el segundo transitorio, que los gastos y erogaciones necesarios para la entrada en vigor de la reforma se realizarán con el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud o entidades del Gobierno Federal que correspondan, por lo que dichas instituciones deberán realizar los ajustes presupuestales para dar viabilidad financiera a lo establecido en el decreto.

Por otra parte, se prevé que las legislaturas de las entidades federativas, dentro del plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia del decreto, tendrán que realizar los ajustes constitucionales y legales, a efectos de garantizar la protección y alcanzar el estado de bienestar de las personas que padezcan cáncer.

El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, expone que, de acuerdo a información del Centro Nacional para la Salud de la Infancia, se estima que en México existen anualmente entre cinco y seis mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. El promedio anual de muertes por cáncer infantil en la última década es de dos mil 150 defunciones.

Añade que el cáncer infantil se ha convertido en la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares 2013 reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones.

En representación del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Margarita Corro Mendoza, confió que el Congreso Federal estudie y dictamine esta propuesta para que a la brevedad sea un derecho reconocido en la Carta Magna. Asimismo adelantó el voto a favor de este dictamen, toda vez que –consideró- va en concordancia para salvaguardar el derecho a la salud de las y los mexicanos, pero sobre todo de las niñas y niños.

Tras su aprobación por parte del Pleno del Congreso de Veracruz, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el presente decreto a la Gaceta Oficial del Estado para su publicación, y a su vez, enviarlo al Congreso de la Unión para el trámite legislativo correspondiente.

Mediante una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal propuso una nueva medida económica consistente en eliminar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos como el cubrebocas y en todos aquellos necesarios para mantener la higiene y prevenir el contagio del Covid-19.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una Iniciativa ante el Congreso de la Unión por la que adiciona el inciso j) a la fracción I, del artículo 2° A; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El referido Artículo dispone los actos o actividades en los que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento. La propuesta del diputado De Unánue Abascal propone incluir sanitizantes, desinfectantes, gel o líquido antibacterial, cubrebocas y guantes quirúrgicos, además de los productos que la autoridad competente considere pertinente para hacer frente a una situación de emergencia declarada por el Consejo de Salubridad General en términos de la Ley General de Salud.

Desde la Tribuna, consideró que esta medida es una forma de apoyar la economía de las y los mexicanos que se preocupan por disminuir el contagio de esta pandemia. Recordó que el IVA es un impuesto que paga todo el pueblo y que implica 567 mil 435 millones de pesos anuales.

De Unánue Abascal hizo “un llamado a la sensatez” y apeló a la sensibilidad de las y los legisladores, para que esta iniciativa sea dictaminada y votada favorablemente por el Pleno, “por el bien de todas y de todos, por el bien común e interés general que anima nuestra representación popular y justifica la razón de ser de los parlamentos”.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura, recibió del Gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, la iniciativa de Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la cual se crean los Centros Conciliación Laboral para el estado, como instancia prejudicial obligatoria de conciliación.

El texto de la iniciativa refiere que ante la necesidad de mejorar la impartición de justicia laboral, en todos los ámbitos de las relaciones humanas, y garantizar efectivamente la tutela judicial efectiva del nuevo sistema de justica laboral, prioriza la conciliación como obligatoria, a reserva de sus excepciones; convirtiéndose en un requisito indispensable para pasar a la fase judicial, resultando de gran importancia en la solución de conflictos entre trabajadores y patrones.

En concordancia con la reforma de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la entidad, con fecha 4 de febrero del presente año, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política local, en referencia al nuevo Sistema de Justicia Laboral y que, en uno de sus transitorios, señala la obligación de expedir y reformar las leyes locales necesarias para su cumplimiento, de ahí la propuesta para la creación de dichos Centros.

Los Centros de Conciliación Laboral del estado de Veracruz, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, contarán con plena autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión. Basarán su operación a los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

El nuevo organismo público descentralizado, tendría su dirección oficial en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, contando con las delegaciones necesarias conforme a la disposición presupuestaria correspondiente, a fin de cumplir con su objeto.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

Durante la tercera sesión ordinaria de la LXV Legislatura, los diputados Bingen Rementería Molina y Gonzalo Guízar Valladares hicieron uso de la Tribuna para presentar, por separado, anteproyectos con punto de Acuerdo, cuyo propósito es exhortar –respetuosamente- al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República para que consideren la suscripción de la Declaración del Consenso de Ginebra, sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia.

En primer orden, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Bingen Rementería, pidió que esta LXV Legislatura exhorte al Poder Ejecutivo de la Federación a suscribir la citada Declaración, al considerar que el contenido y compromisos de este documento deben ser incorporados al derecho interno, de conformidad con lo que establece la Carta Magna Federal.

Dijo que la Declaración del Consenso de Ginebra resulta congruente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y es concordante con otros tratados internacionales firmados por México, en materia de derechos humanos como la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijín.

Indicó que la Declaración sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia reconoce que la cobertura sanitaria universal es fundamental para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud y el bienestar. Además de que reafirmar la importancia de la titularidad nacional y la función y responsabilidad que tienen los gobiernos para determinar su manera de lograr dicha cobertura sanitaria universal.

Destacó que además se comprometería a los Estados firmantes, entre otros aspectos, a: garantizar a las mujeres el pleno goce de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades en todos los niveles de la vida política, económica y pública. Así como fomentar la capacidad del sistema de salud y movilizar recursos para implementar programas que atiendan las necesidades de mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, el diputado Gonzalo Guízar Valladares señaló que la familia es y seguirá siendo una institución fundatoria de la sociedad, por lo que –consideró- que garantizar los derechos del más débil constituye un reto y obligación para el Estado.

Recordó que el 22 de octubre, Estados Unidos fue sede de la firma de la Declaración del Consenso de Ginebra, que establece varios puntos en materia de salud y protección a la vida de los nacidos y no nacidos, a lo cual se unieron diversos representantes de las regiones del mundo.

Los copatrocinadores de este pacto son Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda, en representación de las distintas regiones (América Latina, Medio Oriente, Europa, Asia y África) de los 32 países adheridos a la Declaración.

Precisó que, de acuerdo al Departamento de Servicios Humanos y de Salud de los Estados Unidos, la Declaración establece cuatro metas principales en torno a la salud, las cuales son: mejores servicios de atención a la salud para las mujeres, preservación de la vida humana, fortalecimiento de la familia como unidad fundamental de la sociedad y el Derecho de cada país a proteger su soberanía de las políticas globales.

Por consiguiente, el legislador Guízar Valladares presentó su propuesta para exhortar al Senado de la República a que considere suscribirse a esta Declaración y también solicitar al Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, remita a esta Soberanía, en un plazo máximo de 30 días, un Informe sobre las causas por las cuales México no suscribió la citada Declaración.

En ambos casos, la Mesa Directiva instruyó remitir a la Junta de Coordinación Política los anteproyectos para el trámite legislativo correspondiente.

Con el objeto de generar espacios para la participación de la juventud veracruzana, la diputada María Graciela Hernández Iñiguez presentó al Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa que prevé reformar la fracción IV, del inciso C) del artículo 67 de la Constitución Política del Estado para bajar, de 35, a 30 los años de edad requeridos (al día de su designación) para ser Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

En su intervención en Tribuna, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que la misma Constitución, para el caso de ser Fiscal General, requiere una edad mínima de 30 años, mientras que para ser Comisionado del IVAI establece 35. “Es evidente que existe una marca diferencia en la propia legislación que los faculta en relación a la edad y que no está justificada pues no tiene nada que ver con las funciones que se desempeñan”.

Dijo que, en dado caso, debería exigirse mayor edad a quien investiga delitos y ejerce acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley. Sin embargo –añadió- es tan importante la función de procuración de justicia, como la de quien tutela el derecho humano de la sociedad a estar informados.

Expuso que uno de los objetivos de su iniciativa es generar espacios para personas que no solo han culminado sus estudios profesionales, sino también lograr integrarlos a un campo laboral donde desarrollen sus capacidades, de manera que sea reforzada con coherencia política en los ámbitos de interés de éstos.

Destacó que México cuenta con una población de 30.6 millones de personas jóvenes que oscilan en edades entre los 15 y 29 años, representando el 25.7 por ciento de la población total del país. En Veracruz, agregó, la juventud representa el 30.4 por ciento de la población total, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La legisladora María Graciela Hernández ocupa la vocalía de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, así como la secretaría en la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

Tras la lectura en tribuna de la iniciativa, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitirla a las Comisiones Permanentes Unidas de

Justicia y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, para su estudio y dictamen correspondiente.

Con la finalidad de que todo adulto que, por cualquier motivo, haya abandonado sus estudios, tenga la posibilidad de concluirlos y así poder apoyar de mejor manera a sus hijos o familiares a su cargo, en las tareas educativas, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno de la LXV Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 90 de la Ley de Educación estatal.

De acuerdo al texto vigente de la ley, las autoridades educativas estatales y municipales adoptarán medidas y acciones para propiciar el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad con equidad y la efectiva igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia en los servicios educativos, con preferencia a los grupos y regiones de mayor rezago educativo o en condiciones económicas y sociales de desventaja.

La propuesta de la diputada Trujillo Ortiz radica en que, para cumplir con lo señalado en la legislación, las autoridades educativas estatales y municipales deberán prestar servicios educativos apoyados en el uso de las herramientas tecnológicas, para atender a quienes abandonaron el sistema regular y están en situación de rezago educativo, con el fin de que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres.

El objetivo principal que busca esta modificación es que los adultos que tienen a su cuidado y responsabilidad a menores de edad, que reciben educación a través de las Tecnologías de la Información, tenga la posibilidad de culminar con su educación básica y media superior que les permita poder apoyar a sus hijos o familiares a su cargo en las tareas.

La legisladora expone que, dada la emergencia sanitaria que se vive por la Pandemia, del Covid-19, el Estado tiene la obligación de brindar los medios y herramientas de trabajo a las y los maestros, también con los millones de niñas, niños y adolescentes para brindarles el acceso a la educación, pues es un derecho Constitucional.

Señala que esta situación afecta a todos, principalmente, a los grupos vulnerables, toda vez que su capacidad para contar con los elementos de aprendizaje está disminuida. “En ese sentido, de todos los riesgos, el más grave para el sector educativo es el abandono escolar”, abundó.

Agrega que, de acuerdo al diagnóstico 2018 de la organización Mexicanos Primero, registró que de cada 100 niños que inician su educación primaria, una tercera parte deja de estudiar, 70 la terminan. De ellos 46 acreditan la secundaria, 23 la preparatoria, solo diez la licenciatura y dos, o tres, hacen un posgrado.

Posteriormente, indica que el Gobierno Mexicano le está apostando a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aprendizaje de diez millones de estudiantes de todos los niveles educativos que se han visto privados de la enseñanza presencial, lo cual –consideró- debe aprovecharse para apoyar a quienes por alguna razón dejaron sus estudios.

Tras la lectura en tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitir la iniciativa a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para el trámite legislativo correspondiente.

Durante el presente año, en infraestructura carretera, Veracruz realizó una inversión superior a los mil 761 millones de pesos (mdp), destinados a la ejecución de 118 obras, informó ante esta Soberanía el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

La comparecencia, celebrada en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, fue coordinada y conducida por la Comisión Permanente de Comunicaciones, integrada por los diputados Antonio García Reyes, Gonzalo Guízar Valladares y Omar Guillermo Miranda Romero, presidente, secretario y vocal, respectivamente.

Al hacer uso de la palabra, el servidor público destacó que una de las prioridades del Gobierno del Estado, que encabeza el Ingeniero Cuitláhuac García, es contribuir al mejoramiento de las vías de comunicación, para mejorar los canales de comercio local y para acercar a las localidades los beneficios sociales presentes en los centros urbanos, así como potenciar las actividades económicas en todas las regiones del estado.

El titular de la SIOP detalló que, a la fecha, se han abierto y construido 14 nuevos caminos, con una inversión de 221 mdp; pavimentado 31 caminos, con un monto de 620 mdp; para mantenimiento y rehabilitación en 60 caminos carreteros, más de 835 mdp y 21.8 mdp para obras complementarias en la red carretera estatal, como construcción de muros de contención, instalación de señalética y obras de drenaje.

Asimismo, cuatro puentes nuevos, en los que se invirtieron 38.5 mdp, dos puentes vehiculares rehabilitados, con casi 24 mdp. De las obras mencionadas, 47 se encuentran en proceso, 64 están terminadas y siete pendientes de registro.

Obras para cada región

El Secretario presentó evidencias fotográficas de las obras realizadas y detalló cada una por municipio y región con cada monto de inversión. En la Huasteca Alta, solo en este año, fueron destinados 235.2 mdp a ocho obras: construcción de un camino, cuatro pavimentaciones y tres rehabilitaciones de caminos carreteros. En la Región Huasteca Baja, 132.7 mdp en cinco obras: un camino nuevo, dos pavimentaciones, una rehabilitación de camino y la construcción de un puente.

En la Región Totonaca más de 240 millones de pesos en 11 obras: construcción de un camino nuevo, tres pavimentaciones, seis rehabilitaciones de caminos y la construcción de obras complementarias en una carretera. En la Región Nautla, 181.8 mdp en 13 obras: construcción de dos caminos nuevos, cuatro pavimentaciones y seis rehabilitaciones de caminos.

Además, en Las Montañas, se invirtió más de 210 mdp en 21 obras y tres complementarias. En la Región Papaloapan, en infraestructura carretera, 149.4 millones de pesos en 11 obras. En Los Tuxtlas, 185.7 mdp en 12 obras. En la Región Olmeca, la SIOP realizó 18 obras en las cuales invirtió 235.6 mdp.

Obra pública de infraestructura básica

Elio Hernández Gutiérrez expuso también que, este año, se invirtió más de 551 mdp en la construcción de 125 obras de infraestructura básica y espacios públicos del territorio estatal. De éstas, 40 se encuentran en proceso, 49 ya están terminadas y 36 pendientes de registro.

Igualmente, desglosó la realización de obras, por región, número y monto de inversión. En la Región Huasteca Alta, 11 obras, 40.8 mdp; Huasteca Baja, cinco obras; Totonaca, cinco obras, 26 mdp; Nautla, nueve obras, 38 mdp; Capital, 30 obras, 111.4 mdp y en Las Montañas, 16 obras, 96.6 mdp; Sotavento, seis obras, 51.6 mdp; Papaloapan, 11 obras, 49.5 mdp; Los Tuxtlas, 37.6 mdp para la pavimentación de seis calles, y para la Región Olmeca, 24 obras, 84.1 mdp.

Telecomunicaciones

El secretario Elio Hernández informó también de la instalación y mantenimiento de antenas y repetidores de voz y datos, para beneficio de más de 280 mil habitantes de 92 municipios, instalación de equipo de acceso a Internet en escuelas de nueve municipios y mantenimiento a repetidores de frecuencia y radios portátiles, para comunicar a 14 dependencias gubernamentales.

Maquinaria

La SIOP, dijo su titular, ha dado respuesta puntual a todas las solicitudes de apoyo a la población y a las autoridades municipales que solicitan el servicio de préstamo de maquinaria, principalmente para enfrentar los efectos de contingencias ambientales o cualquier eventualidad.

Se otorgó este apoyo a 27 municipios, para trabajos de conservación y rehabilitación de caminos y para la construcción de pozos de captación pluvial, beneficiando a más de 200 mil habitantes.

Presupuesto

De acuerdo con el titular de SIOP, para el presente ejercicio, esta dependencia obtuvo un presupuesto asignado inicialmente de 2 mil 041 mdp, mismo que fue modificado.

Precisó que, a la fecha de corte, 31 de octubre, se tiene un presupuesto modificado de 3 mil 019 mdp, del cual se han destinado recursos para estudios, supervisiones y obras contratadas de 2020 por un monto de 2 mil 577.98 mdp.

De tal monto, mil 814.06 mdp fueron destinados a infraestructura carretera, 551.58 mdp para infraestructura básica y los restantes 212.34 mdp corresponden a obras refrendadas de años anteriores.

Para este año, prosiguió el Secretario, las obras y acciones realizadas benefician directamente a la población asentada en 100 municipios de la entidad. De estos 100, 17 considerados como pueblos originarios fueron beneficiados con la construcción en conjunto de 43 obras, 26 en el rubro de infraestructura carretera y 17 de infraestructura básica, con inversión de 423.9 mdp.

En cuanto a las licitaciones de obras, éstas se realizan aplicando criterios de eficiencia y transparencia. A la fecha, han sido asignados 243 contratos de obra, de los cuales 241 fueron dados a empresas constructoras veracruzanas.

Elio Hernández concluyó su participación afirmando que “estamos cumpliendo para dar paso a la salud, educación, economía y seguridad de las y los veracruzanos. Seguiremos transformando nuestros caminos creando más oportunidades para todos”.

Participaciones

Tras la exposición de apertura, hicieron el uso de la voz los diputados y diputadas: José Manuel Pozos Castro (Morena), Omar Guillermo Miranda Romero (PAN), Jorge Moreno Salinas (PRI-PVEM), Brianda Kristel Hernández Topete (Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido), así como Gonzalo Guízar Valladares y Rodrigo García Escalante (sin grupo legislativo).

En la segunda ronda, participaron las y los diputados: Montserrat Ortega Ruiz, Eric Domínguez Vázquez, Raymundo Andrade Rivera, Ana Miriam Ferráez Centeno, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Antonio García Reyes, Elizabeth Cervantes de la Cruz y Gonzalo Guízar Valladares.

Con la conclusión de las dos rondas de preguntas, el diputado Antonio García Reyes agradeció al Secretario su presencia y, siendo las 13:03 horas, dio por terminada la comparecencia, iniciada a las 10:03.

Al considerar que actualmente el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos es deficiente y los cobros excesivos, siendo una de las principales quejas de las y los veracruzanos, la legisladora Florencia Martínez Rivera presentó al Pleno una iniciativa por la cual se prevé facultar al Ejecutivo estatal para expedir el Reglamento respectivo, con el objetivo de que este servicio público esté regulado y se brinde certeza jurídica a los usuarios y concesionarios.

En su iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la diputada propone que las personas físicas o morales, autorizadas para el arrastre de vehículos en determinado lugar, tengan un llamado de manera equitativa para prestar el servicio, el cual tendría que ser programado y publicado con el consenso de todos los concesionarios.

Al respecto y en caso de que algún concesionario otorgue el servicio sin haber sido programado, se prevé como castigo la suspensión de 30 días naturales de la unidad infractora y, en caso de reincidencia, se suspendería la licencia del operador.

Por otra parte, en caso de existir quejas de parte de los prestadores de servicios, en relación a la programación o llamados inequitativos y que sea verídico, el servidor público encargado de ello sería sancionado administrativamente con 30 días de suspensión del cargo, y en caso de reincidencia, podría ser removido de dicho cargo e inhabilitado para el mismo en un periodo mínimo de seis años.

De igual forma, también se busca que cuando un vehículo, particular o de transporte público, permanezca por más de seis meses en un corralón, pueda tramitarse, ante la autoridad correspondiente, la baja administrativa para no ocasionar un menoscabo en la recaudación de impuestos de derechos vehiculares.

Los concesionarios del servicio público auxiliar de arrastre, salvamento y depósito de vehículos deberán respetar las tarifas establecidas.

En su intervención, la diputada Florencia Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, puntualizó que, en reiteradas ocasiones, las personas afectadas por el citado servicio acuden a interponer quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), incluso con presidentes municipales y diputados para que intervengan ante los concesionarios por el mal servicio. “Esto, sin éxito alguno, ya que no existe el reglamento o instrumento jurídico idóneo que lo regule”.

Agregó que como diputados y representantes de la sociedad veracruzana debe garantizarse que el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos sea prestado con eficiencia, eficacia, honradez y apegado a la ley, protegiendo y salvaguardando el interés colectivo.

Tras la lectura en Tribuna de la iniciativa, la Mesa Directiva ordenó turnarla a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su análisis y dictamen.

Con la finalidad de atender la legítima demanda del sector ganadero del estado de Veracruz, el diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto ante el Congreso de la Unión para reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política Federal, a fin de que el delito de abigeato sea considerado como grave y el juez ordene la prisión preventiva para quien lo cometa.

Al participar durante la tercera sesión ordinaria, del primer periodo, correspondiente al tercer año de labores, el legislador García Escalante subrayó que es necesario atender esta demanda de las y los ganaderos veracruzanos. “Debemos ponernos en su lugar y sentir en carne propia la impotencia que significa que su patrimonio se vea mermado o en ocasiones totalmente arruinado por el robo de su ganado”.

Manifestó que en la zona norte de la entidad, además de los estragos de la pandemia, la sequía y el incremento del abigeato ha perjudicado reiteradamente a las y los ganaderos, afectando seriamente su patrimonio y la de sus familias.

Señaló que, de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de octubre de este año se han presentado 409 denuncias por robo de ganado, lo cual –consideró- comparado con el resto de las entidades que tienen mayor producción de ganado, la cifra es preocupante.

Ejemplificó que en el mismo periodo, el estado de Jalisco ha registrado 124 denuncias, Chiapas 63, Chihuahua 184 y Oaxaca 71. “Es decir, en Veracruz la incidencia por este delito es 250 por ciento mayor en comparación con Jalisco”, abundó.

Dijo que, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el inventario ganadero bovino del país -a diciembre de 2019- era de 35 millones 224 mil 490 cabezas de ganado de los cuales, el estado de Veracruz aportó 4 millones 325 mil 138, es decir, el 12.4 por ciento del total del inventario nacional.

Por último, el legislador García Escalante precisó que su iniciativa representa un acto de justicia para las y los ganaderos veracruzanos que a pesar de las adversidades continúan confiando su patrimonio en esta entidad, generando empleos, activando la economía local y poniendo el nombre de Veracruz, como uno de los estados más competitivos en este sector.

-Ajustarían Código Penal y Código de Procedimientos Penales-

Como consecuencia de la anterior iniciativa, el legislador Rodrigo García Escalante presentó también la propuesta de reforma, ante el Congreso de la Unión, para modificar el tercer párrafo del artículo 381 Ter del Código Penal Federal y la fracción VIII del artículo 318 Ter del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo propósito es elevar la pena por la comisión del delito de abigeato, de seis a quince años, así como establecer que dicho ilícito ameritará la prisión preventiva oficiosa.

Ambas iniciativas fueron turnadas, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. En caso de ser aprobadas por el Pleno de la LXV Legislatura estatal, serían remitidas al Congreso de la Unión para continuar con el trámite correspondiente.

Ante la adversidad, Veracruz mantiene su vocación turística trabajando en importantes proyectos de recuperación para consolidar al turismo como motor de desarrollo regional y local, aseguró la secretaria de Turismo y Cultura del estado, Xóchitl Arbesú Lago, al comparecer ante la Comisión Permanente de Turismo, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Las diputadas María Esther López Callejas, Libni Adaelsi Sánchez Núñez y Rosalinda Galindo Silva, presidenta, secretaria y vocal de la referida comisión, a las 17:05 horas, recibieron la presentación de la servidora pública en el Recinto Oficial de Sesiones y coordinaron los trabajos que comprendieron la exposición y las dos sesiones de preguntas formuladas por las y los diputados.

La Secretaria de Turismo y Cultura informó acerca de las actividades que Gobierno del Estado planeó para este año y de las acciones implementadas para la contención de las afecciones que la pandemia generó en el sector turístico y cultural. Habló también de los retos enfrentados durante el inicio de la reactivación económica y regreso a la nueva normalidad, en conjunto con el gabinete económico y con los actores del sector privado y sociedad civil.

Antes de la pandemia –dijo-, participamos en diversos eventos de promoción y atención turística como la tercera edición de México en el corazón de México, el Tianguis Turístico digital, la organización de dos Blitz, el webinar con PE-TRA operadora de viajes de las más importantes a nivel internacional así como 13 eventos locales.

En cuanto a reactivación económica, con Sectur federal, la Secretaría de Turismo de Oaxaca, el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), presidentes municipales y academia, Veracruz participó en la construcción de la Estrategia de Turismo Comunitario y Sostenible en el Istmo de Tehuantepec, en el marco del Programa para el Desarrollo de este importante polo económico, misma que se implementará a partir del próximo año.

En el estado –prosiguió la servidora pública- se realizaron 28 producciones audiovisuales que generaron una derrama económica de 1.3 millones de pesos, cifra que adelanta la reactivación de, al menos, ocho producciones audiovisuales para el primer semestre del 2021, entre las que destacan dos largometrajes y cortometrajes de Canadá y Francia.

Destacó que, al interior del estado, se fortalecieron los Encuentros de Turismo, lo que en este 2020 permitió involucrar a expertos en diversos temas de impacto en el sector; además de que la versión digital, celebrada en octubre pasado, permitió atravesar fronteras y hermanarse con seis países de Centro y Sudamérica.

Además, se logró llevar a cabo el programa de certificación, contribuyendo a la obtención de 162 sellos de calidad turística, 192 constancias de Registro Nacional de Turismo, 40 credenciales a guías de turistas, la formación de 52 consultores en programas de calidad y el sello Safe Travels al estado.

De acuerdo con su titular, la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz impulsó la firma de convenios con Fonart, la Universidad Veracruzana (UV), el Estado de Tabasco y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Arbesú Lago informó de la conformación de cinco Consejos Regionales de Turismo en las regiones Olmeca, Totonaca, Altas Montañas, Tuxtlas y Huasteca, a lo que añadió que 52 municipios están en proceso de obtener su Diagnóstico de Vocación Turística en Veracruz.

En cuanto a promoción, detalló que, con el Fideicomiso del Impuesto sobre el Hospedaje, se han realizado 32 campañas de difusión y 112 activaciones en 8 estados. Se han contabilizado más de 600 millones de impactos en diversos medios de comunicación tradicionales y virtuales y se realizará el próximo 10 de diciembre, la entrega del galardón turístico Mi Veracruz 2020.

Informó que la Sectur realizó tres campañas turísticas propias, 21 ruedas de prensa, 52 comunicados, vinculación con VisitMexico, principal portal de México con el extranjero y con casa de México en España, así como otras representaciones diplomáticas del país en el extranjero.

Por otro lado, el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, que formará parte de la estructura de la Secretaría de Turismo del estado, hasta antes de la pandemia, se realizaron 20 congresos, 20 exposiciones, 23 reuniones de negocios, 21 eventos sociales, con un total de más de 129 mil asistentes.

Del Fideicomiso del Parque Takilhsukut, se realizaron 71 eventos en el año, se logró llevar a cabo una nueva Cumbre Tajín con un programa extendido de casi 3 semanas, con más de mil asistentes de seis países diferentes; además de reuniones de pueblos originarios, encuentros de danzantes, ceremonias tradicionales como el Litlán, y durante los últimos días de su realización, contamos con más de cuatro mil actividades, cinco mil artistas invitados, más de 42 mil asistentes y la creación de más de seis mil empleos.

Asimismo, del Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz, a pesar de haber estado cerrado cerca de siete meses por respeto a los protocolos sanitarios, fueron recibidos más de 300 mil asistentes: 74 mil niños, 227 mil adultos y más de 11 mil adultos mayores.

Arbesú Lago ponderó también el trabajo del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), que llevó a cabo 2 mil 677 actividades culturales en 93 municipios, con 595 mil 317

personas beneficiadas. Durante la contingencia, impartió 714 cursos, diplomados y talleres de formación cultural y artística, 275 actividades de fomento a la lectura y 379 acciones de desarrollo cultural regional.

Esta dependencia entregó estímulos económicos por más de 3 millones de pesos y realizó mil 507 acciones culturales, presenciales y virtuales para la difusión de la producción artística y al patrimonio, como la exposición Creadores de nuestro Estado, en el Complejo Cultural Los Pinos, en diciembre pasado, la galería móvil Diego Rivera, y la presencia de la colección estatal de Diego Rivera en la Casa de México, en España, lo que permitió también tener una exposición de rutas y paquetes turísticos muy importante. Además, se realizó la inversión en mantenimiento y rehabilitación por 3 millones 788 mil pesos.

La titular de Sectur indicó que, en ocupación hotelera, lo pronosticado para cerrar el ejercicio 2020 es de 26 por ciento y una derrama económica de 907 millones de pesos aproximadamente.

Xochitl Arbesú concluyó su exposición invitando a cerrar filas, gobierno, ciudadanos, empresarios y comunidades en torno a Veracruz. “Nuestros prestadores de servicios turísticos están preparados, certificados y listos para recibir al nuevo turista, como ya lo estamos haciendo.

“Cabañas y centros ecoturísticos cierran ya el año con ocupaciones mayores al 80 por ciento y con reservaciones ya para el próximo año: la sierra de Zongolica, las laderas del Pico de Orizaba y los Tuxtlas serán ahora los faros que iluminen este turismo rural, comunitario y cultural, que ha de guiar los esfuerzos de nuestra gente para recibir turistas y aumentar el gasto per cápita en su paso por nuestro estado. Juntos podemos lograrlo”, finalizó.

Tras la exposición de apertura de la secretaria, hicieron el uso de la voz las diputadas María Esther López Callejas (Morena) y Libni Adaelsi Sánchez Núñez (independiente), quienes formularon sus preguntas a la funcionaria pública estatal.

En la segunda ronda, participaron la diputada Florencia Martínez Rivera y el legislador Raymundo Andrade Rivera, ambos del grupo legislativo de Morena.

Concluidas las dos rondas, la diputada María Esther López Callejas agradeció la presencia y participación de la Secretaria y, siendo las 18:41 horas, concluyó la comparecencia.

La diputada Deisy Juan Antonio, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura, un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el que exhorta al titular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), para que a través de las 67 oficinas operativas distribuidas en la entidad, se reactive el programa de descuento del cien por ciento en multas y recargos, para el mes de diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, en apoyo a las afectaciones económicas por la emergencia sanitaria por el Covid-19.

La legisladora, presidenta de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento, destacó que los efectos derivados de la pandemia han repercutido no solamente en la salud, sino también en la economía de las y los veracruzanos.

En este sentido, dijo que durante este periodo de confinamiento, el incremento en el uso de los servicios básicos como luz, agua, gas doméstico e internet, ha sido de cuando menos el 30 por ciento, lo que ha significado un fuerte golpe a la economía de las familias.

“Es por ello, que el estado debe garantizar el acceso a esos servicios, que a su vez son los medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales como a la salud, a la educación o la alimentación”, indicó.

Al respecto, puntualizó que, con la pandemia, tener agua potable se ha convertido en un factor prioritario. Sin embargo también se debe garantizar la recuperación de la economía, procurando combinar los elementos de la política para apoyar a las y los usuarios de este servicio, al tiempo de avalar la sostenibilidad de los organismos prestadores del servicio de agua, como la CAEV.

Asimismo, señaló que ante el contexto que se vive en la actualidad, se requiere de la colaboración entre autoridades y usuarios para procurar el funcionamiento adecuado de las estructuras que forman parte de la administración pública, “ya que si bien la economía de las familias veracruzanas se ha visto perjudicada con los efectos de esta crisis sanitaria que ha impedido el cumplimento puntual del pago del servicio de agua, también las instituciones en esta materia, han visto mermado su patrimonio ante la falta de aportaciones de los usuarios”, indicó.

Finalmente, detalló que ha quedado demostrado que la gestión hídrica es y será determinante para la salubridad y la supervivencia, por lo que hizo un llamado a darle la verdadera importancia que se merece y dejar que la reactivación económica en nuestro estado fluya con ayuda del agua.

Para el trámite legislativo correspondiente, este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 31 votos, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por la cual se acordó que la diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez asuma las comisiones que venía ocupando la diputada con licencia María Candelas Francisco Doce.

De esta manera, la legisladora Sánchez Núñez queda como presidenta de la Comisión Permanente de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión; secretaria en la Comisión de Turismo y vocal en la instancia legislativa de Desarrollo Social, Humano y Regional.

De esta manera, se da continuidad a los trabajos al interior de este Poder Legislativo y se desahogan los trámites que son turnados por el Pleno.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 35 votos, el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, por la que se establece en términos medibles y cuantificables, la distribución entre los municipios de los ingresos derivados por los contribuyentes, en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En este sentido, la iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y presentada ante esta Soberanía el pasado 29 de Octubre, establece que los municipios recibirán, además las participaciones establecidas en la Ley, el 20 por ciento del incentivo de la recaudación referida en dicha reforma, lo que contribuirá al aumento de los ingresos y fortalecimiento de las Haciendas Públicas Municipales.

Al respecto, el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, refiere que la distribución de este porcentaje se realizará en los mismos términos en que se distribuyen el Fondo General de Participaciones Municipales y el Fondo de Fomento Municipal, siendo por el orden del 50 por ciento con base en el índice municipal de pobreza y el otro 50 por ciento con sustento en el coeficiente de participación municipal.

De acuerdo al decreto publicado el 19 diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), referente a las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial sobre producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, se estableció que las entidades federativas incorporadas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se enajenen bienes inmuebles en territorio estatal, y que causen impuestos en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obtendrán un incentivo del cien por ciento, siempre y cuando celebren convenio de colaboración administrativa en materia fiscal.

Asimismo se estableció que dicha recaudación no formará parte de la federal participable, además que las entidades federativas deberán participar por lo menos del 20 por ciento del incentivo referido a los municipios o demarcaciones territoriales.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen por el cual se autoriza al Ejecutivo estatal la donación de una superficie de 4 mil 281.80 metros cuadrados, deducida de una superficie mayor correspondiente a la Parcela 8, de la Ex Hacienda de Jalapilla, en el municipio de Orizaba, a favor del Tribunal Superior de Justica y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para la edificación de una Ciudad Judicial, tipo A.

En el desahogo de los temas tratados durante la segunda sesión ordinaria, del primer periodo, correspondiente al tercer año de labores, la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, puso a consideración del Pleno este dictamen, el cual es resultado de la petición enviada por el gobernador Cuitláhuac García el pasado 29 de octubre.

Con esta autorización, la LXV Legislatura coadyuva a la construcción de una ciudad judicial que atenderá la exigencia social, ampliando las instalaciones y aplicando adelantos tecnológicos en los procesos de administración de justicia.

En el decreto se establece que la superficie donada será destinada única y exclusivamente para la edificación de ciudad judicial, tipo A; de manera que, si cambiara su destino, dicho inmueble se revertirá al patrimonio del Gobierno estatal, sin necesidad de declaración judicial.

La presente resolución será comunicada a los ciudadanos Gobernador Constitucional del estado de Veracruz, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, magistrada Isabel Inés Romero Cruz, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

El plazo para el registro de recién nacidos en Veracruz se reduciría, de acuerdo con la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 681 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México.

En nombre de dicha bancada, el diputado Jorge Moreno Salinas hizo uso de la tribuna, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, para poner a consideración del Pleno el planteamiento mencionado.

El referido artículo –recordó el legislador- establece que el padre y la madre tienen la obligación de declarar el nacimiento, de manera inmediata, si en el hospital donde nació el menor hubiere módulo del Registro Civil, o dentro de los 180 días de ocurrido aquél. Las y los diputados proponen que este acto de responsabilidad se lleve a cabo dentro de los sesenta días del nacimiento.

En el párrafo segundo del mismo artículo, plantean ampliar la hipótesis de los sujetos obligados a dar aviso al Registro Civil del nacimiento de una persona (los médicos, cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto), referente a que, si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación estará a cargo del Director o de la persona encargada de la Administración, a fin de que con ello se haga aun más extensiva la forma en que el Estado conozca del nacimiento de una persona y, con ello, garantizarle sus derechos a la identidad y a contar con un nombre.

El plazo propuesto en la Iniciativa para dar aviso por escrito del nacimiento pasaría de tres días a las 24 horas posteriores al alumbramiento.

Con estas modificaciones, a juicio de las y los proponentes, se contribuiría a ampliar aun más la cobertura de los registros de nacimientos en Veracruz que, con 98.5 por ciento, ocupa el octavo sitio entre las entidades federativas con mayor porcentaje de población con acta de nacimiento, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para su estudio, la Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Con inversión extranjera superior a la de 2019, un fuerte respaldo a emprendedores y promoción de una gran diversidad de productos y servicios, Veracruz mantiene su crecimiento, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) del estado de Veracruz, Enrique de Jesús Nachón García, en su comparecencia con motivo del Segundo Informe de Gobierno.

En el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, la Comisión de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico de la LXV Legislatura, integrada por los diputados Amado Jesús Cruz Malpica y Omar Guillermo Miranda Romero y la diputada Mónica Robles Barajas, presidente, secretario y vocal, respectivamente, dio cauce a la exposición del Secretario.

Nachón García informó que la Inversión Extranjera Directa (IED), durante el segundo trimestre, ascendió de 158.2 a 226.4 millones de dólares (mdd), 43 por ciento mayor con respecto al mismo trimestre de 2019. A esto añadió que el acumulado de la IED al tercer trimestre de 2020 es de 1,173 mdd, superior a los totales obtenidos anualmente desde 2016.

Ante la pandemia

Para hacer frente a la contingencia derivada por la pandemia, con la participación de la academia y el sector empresarial, dijo el Secretario, este gobierno implementó el Plan Emergente de Desarrollo Económico ante el Covid-19, cuyos diagnóstico y estrategia se realizaron mediante reuniones triple hélice.

Enrique Nachón dijo que a través de Promover, con una inversión de 100 mdp, se otorgaron 7 mil 050 microcréditos en 188 municipios, donde se conservan 16 mil 228 empleos para beneficio de 64 mil 912 ciudadanos, 60 por ciento de los cuales son mujeres y 40 son hombres.

Mediante una línea de crédito de 330 mdp, con el programa Impulso Nafin+Estados, 181 empresas fueron beneficiadas y se alcanzó un aumento del factor de apalancamiento a 16.5 por ciento, con un periodo de gracia de 6 meses y una tasa de interés 15.5 por ciento a 13.5 por ciento, precisó el servidor público.

Apoyo a emprendedores y al comercio

Las acciones de apoyo a emprendedores respaldaron a 685 personas asesoradas y 3 mil 863 capacitadas, 63 por ciento son mujeres y 37 por ciento son hombres. La estrategia De Emprendedor a Empresario derivó en 500 planes de negocios.

Durante este año, prosiguió el Secretario, el comercio recibió un impulso traducido en 627 asesorías para desarrollo de productos, 110 apoyos para microempresas, la generación de 27 códigos de barras, 41 estudios de vida de anaquel y 42 estudios de contenido nutrimental.

Con la marca Hecho en Veracruz, se atendió satisfactoriamente 520 solicitudes, 289 productores y artesanos participaron en cuatro ferias, 130 empresas fueron certificadas en 45 municipios de las 10 regiones. Gracias a 111 vinculaciones comerciales, 26 empresas concretaron con cadenas comerciales y se colocaron 47 productos en anaquel. Con esto, 620 personas fueron beneficiadas directamente y 2 mil 480 por vía indirecta.

A esto añadió que, con Empresa Veracruzana de Calidad, 36 talleres derivaron en 42 acciones de consultoría, 30 apoyos para obtener y mantener certificados de calidad; se entregó el Premio de calidad en cinco categorías; se logró un importante aumento en ventas acumuladas y la exportación de productos a 6 países: Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España, Holanda y Singapur. Beneficiadas mil 476 personas, 62 por ciento son mujeres y 38 por ciento, hombres.

Además, la Tienda Hecho en Veracruz, con cobertura en 30 estados de la República Mexicana, alcanzó 930 pedidos totales, 5 mil 805 artículos vendidos: 5 mil 042 productos (de 63 empresas) y 763 artesanías (de 80 artesanos).

Destacó también los proyectos de infraestructura financiados por capital privado (2019-2022) en las diversas regiones económicas del estado: Huasteca Baja, Sotavento, Capital, Olmeca y otras, que representan una inversión de casi 23 mil millones de pesos.

Capacitación, gestión y acompañamiento

Nachón García habló también de las acciones de gestión y acompañamiento que beneficiaron a 845 personas capacitadas, incluyendo el Diplomado en Negocios Internacionales, 71 asesorías en comercio exterior, 17 empresas vinculadas del sector industrial con 43 participantes y el inicio de operaciones del servicio de pesaje de contenedores en el parque industrial Olmeca. El total de personas beneficiadas con capacitaciones, asesorías y vinculaciones es de 931, 49 por ciento, mujeres; 51 por ciento, hombres.

Expuso un logro más: la realización de 51 mesas de negocios (Shanghái-Veracruz), con 11 empresas seleccionadas, para promover productos como café tostado y molido, chocolate en polvo y crema de licor; se inició la gestión de trámites de exportación y se concretó el envío de un contenedor.

De acuerdo con el Secretario, con una inversión de 5 mil 427 mdp, el Programa Istmo permitió la modernización ferroviaria (912 mdp), la ampliación del puerto de Coatzacoalcos (854 mdp), mantenimiento de infraestructura en la refinería Lázaro Cárdenas (3 mil 661 mdp), entre otras acciones y gestiones.

Enrique de Jesús Nachón García concluyó informando sobre las acciones realizadas en el sector energético, donde se invierten 5 mil mdd (Pemex y capital privado) y dos proyectos ejecutivos que dotó de luz a 16 comunidades aisladas.

Finalmente, en Mejora Regulatoria, se logró subir tres lugares en el registro nacional, al incorporar 58 municipios al proceso respectivo. En total, 6 mil 774 personas fueron capacitadas y/o asesoradas. 56 por ciento mujeres y 44 hombres.

Después de su exposición, el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario respondió las preguntas que le formularon las y los diputados en las dos rondas establecidas.