La LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa presentada por el grupo legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) que busca adicionar una fracción II bis al artículo 30 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, a fin que las entidades públicas, en acuerdo con los trabajadores, implementen obligatoriamente protocolos para la prevención, atención y erradicación del acoso y hostigamiento sexuales y de cualquier otra forma de violencia laboral y discriminación.
A través de la Diputación Permanente se conoció y turnó a la Comisión Permanente de Gobernación esta propuesta, signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas, Antonio García Reyes y Rodrigo García Escalante, integrantes del citado grupo parlamentario.
De acuerdo al texto presentado, el PRI-PVEM considera necesario abonar al perfeccionamiento del marco jurídico relativo a la prevención y erradicación de las conductas de acoso sexual y hostigamiento, a fin de preservar los derechos a la libertad sexual, a la dignidad personal y al trabajo, entre otros, de mujeres y hasta hombres que cotidianamente se ven expuestos en el ejercicio de sus actividades laborales a esas manifestaciones de naturaleza lasciva que obstaculizan su pleno desarrollo.
La emisión de dichos protocolos serían de acuerdo con las y los trabajadores, los que prestan sus servicios a las entidades públicas consignadas en la Ley Estatal del Servicio Civil, en razón de la importancia de su participación en el diseño de disposiciones que les puedan ser aplicables, ya sea como sujetos activos o víctimas de las conductas reguladas, con lo que se evitará en su confección un esquema unilateral, en el que sólo intervengan los representantes de las entidades públicas.
Asimismo, se establece que si bien existe el Acuerdo por el que se expide el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, emitido por el Ejecutivo Estatal y publicado el 23 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial del Estado, es necesario dar mayor basamento jurídico a las medidas preventivas y de atención en la sede administrativa de las referidas conductas.
Así como ampliar normativamente el listado de sujetos obligados a expedir protocolos en la materia, particularmente para incluir entre éstos a las administraciones públicas municipales.
En el detalle de la propuesta legislativa, se prevé que el hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito laboral tienen principalmente entre sus víctimas a mujeres y constituyen, por tanto, algunas de las manifestaciones más evidentes de la violencia de género en los centros de trabajo.
También, de otros fenómenos socioculturales igualmente reprobables pero aún arraigados, entre ellos, la reproducción de estereotipos de supremacía en razón de pertenencia a un género determinado, y que, no en pocas ocasiones, son el preámbulo de otras conductas más extremas, como el abuso sexual y la violación.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.
A través de la Diputación Permanente se conoció y turnó a la Comisión Permanente de Gobernación esta propuesta, signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas, Antonio García Reyes y Rodrigo García Escalante, integrantes del citado grupo parlamentario.
De acuerdo al texto presentado, el PRI-PVEM considera necesario abonar al perfeccionamiento del marco jurídico relativo a la prevención y erradicación de las conductas de acoso sexual y hostigamiento, a fin de preservar los derechos a la libertad sexual, a la dignidad personal y al trabajo, entre otros, de mujeres y hasta hombres que cotidianamente se ven expuestos en el ejercicio de sus actividades laborales a esas manifestaciones de naturaleza lasciva que obstaculizan su pleno desarrollo.
La emisión de dichos protocolos serían de acuerdo con las y los trabajadores, los que prestan sus servicios a las entidades públicas consignadas en la Ley Estatal del Servicio Civil, en razón de la importancia de su participación en el diseño de disposiciones que les puedan ser aplicables, ya sea como sujetos activos o víctimas de las conductas reguladas, con lo que se evitará en su confección un esquema unilateral, en el que sólo intervengan los representantes de las entidades públicas.
Asimismo, se establece que si bien existe el Acuerdo por el que se expide el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, emitido por el Ejecutivo Estatal y publicado el 23 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial del Estado, es necesario dar mayor basamento jurídico a las medidas preventivas y de atención en la sede administrativa de las referidas conductas.
Así como ampliar normativamente el listado de sujetos obligados a expedir protocolos en la materia, particularmente para incluir entre éstos a las administraciones públicas municipales.
En el detalle de la propuesta legislativa, se prevé que el hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito laboral tienen principalmente entre sus víctimas a mujeres y constituyen, por tanto, algunas de las manifestaciones más evidentes de la violencia de género en los centros de trabajo.
También, de otros fenómenos socioculturales igualmente reprobables pero aún arraigados, entre ellos, la reproducción de estereotipos de supremacía en razón de pertenencia a un género determinado, y que, no en pocas ocasiones, son el preámbulo de otras conductas más extremas, como el abuso sexual y la violación.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.
