Diputadas y diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano promueven una iniciativa para adicionar el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social, con el fin de establecer que las y los trabajadores del campo tendrán derecho a una pensión para el retiro.

Dicha pensión será otorgada a través del Fondo de Pensión Rural, el cual será previsto cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación conforme a la legislación aplicable.

Define al Fondo de Pensión Rural como un instrumento de seguridad social universal en beneficio de las y los trabajadores del campo, que será administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social conforme a lo establecido en el reglamento respectivo y procurará la inscripción de las y los trabajadores del sector rural que cumplan los requisitos de edad previstos en la presente ley.

Además, indica que la cuantía de las pensiones del fondo antes mencionado deberá actualizarse conforme a la Línea de Bienestar para el sector rural establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Seguridad Social, en su exposición de motivos señala que las y los trabajadores del sector rural se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad a causa de los bajos ingresos que obtienen y de las carencias sociales que padecen, y que reproducen una dinámica de pobreza y falta de acceso a derechos fundamentales.

De acuerdo a datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), más de 16 millones de personas son trabajadoras del sector rural, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que más del 60 por ciento de los trabajadores de este sector cuenta con 40 o más años, y casi el 10 por ciento tiene entre 75 y 85 años.

La iniciativa destaca que el 45 por ciento de los trabajadores del campo son subordinados y remunerados, el 37.1 por ciento trabaja por cuenta propia, el 12.6 por ciento son trabajadores sin sueldo y tan solo el 5.3 por ciento son empleadores.

Agrega que los trabajadores del campo son el grupo económicamente activo de mayor edad, es decir se mantienen trabajando hasta los 70 años, lo que se explica en gran medida por la falta de un sistema de pensiones adecuado para el campo.

Considera necesario que el Estado mexicano tome acciones concretas para garantizar el acceso de todos los trabajadores del campo a un retiro digno, lo que constituye un derecho fundamental de las y los trabajadores.

La creación de un Fondo de Pensión Rural será en beneficio de todos los trabajadores del campo que cumplan con los requisitos de retiro por edad o cesantía en edad avanzada en los términos de la Ley de Seguridad Social, e independiente de otros programas sociales a cargo del Ejecutivo Federal, las entidades federativas y los municipios.

Destaca que esta medida contribuirá a garantizar el acceso a la seguridad social, un derecho fundamental que permitirá reducir la pobreza y las carencias en el sector rural mexicano, uno de los más vulnerables del país.

El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Encuentro Social), presentó una iniciativa de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para que a quienes hayan retirado dinero de su Afore, durante la pandemia, no se le descuenten semanas cotizadas.

El documento, que fue remitido a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, plantea añadir un Artículo Vigésimo Transitorio a la ley, para establecer que quienes, a través de su Afore, retiren o hayan retirado dinero bajo el concepto de ayuda parcial por desempleo, durante la pandemia, no se descontarán las semanas cotizadas.

Baldenebro Arredondo explica que el retiro por desempleo es un derecho de las y los trabajadores formales, el cual pueden realizar una vez cada cinco años y no debe ser superior al 11.5 por ciento del monto ahorrado; sin embargo, tiene afectaciones, pues además de reducir el monto para la jubilación también disminuye las semanas de cotización.

En la exposición de motivos subraya que los sistemas de ahorro para el retiro surgieron de la necesidad de generar un capital, con el objetivo de cubrir gastos básicos y mantener así un estilo de vida tranquilo y satisfactorio al momento de jubilarse.

Señala que ante el escenario actual derivado del confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19 y ante la falta de un seguro de desempleo, muchos empleados pertenecientes al sector laboral formal se quedaron sin una fuente de ingreso, por lo que tuvieron que hacer uso del retiro parcial por desempleo.

Agrega que datos de la Consar refieren que los retiros parciales de Afore por concepto de desempleo comenzaron el 2021 con un incremento de 30 por ciento, por lo que continúa la tendencia al alza, la cual se intensificó a inicios del 2020 como consecuencia de la crisis que provocó la pandemia de COVID-19.

Por Morena, la diputada María Del Carmen Almeida Navarro se sumó al acuerdo aprobado por unanimidad por las y los integrantes de la Comisión, para que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente solicite a la Cancillería información sobre la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a nuestro país.

Pidió que una vez que se hayan obtenido los documentos, la Segunda Comisión haga un pronunciamiento público de consenso y se evite desvirtuar el contenido de los temas, en especial en esta etapa del proceso electoral.

Sobre la agenda internacional, el diputado Marco Antonio Adame Castillo (PAN), destacó que existe la amenaza a la democracia en distintos puntos en el concierto de las naciones, en particular en América Latina, donde “populismos de distintos signos han estado acechando la vida democrática en el Continente”, como en los hechos del Congreso norteamericano y en algunas democracias de América Latina.

Consideró importante que nuestro país tenga una expresión sobre la delicada situación que atraviesa Nicaragua, “respecto del encarcelamiento ilegal de opositores a un régimen que preocupa en cuanto a los derechos humanos, pero también por el presente y futuro democrático de ese país”.

“No debemos olvidar que tenemos una responsabilidad en la agenda internacional, de participar siempre en defensa de los derechos universales y de la democracia. Exigir que nuestro país se pronuncie al respecto y exprese su deseo de paz, democracia y derechos humanos en esa nación”, planteó.

Por el PVEM, la diputada Zulma Espinoza Mata expresó el compromiso y disposición de trabajar y atender los asuntos turnados a la Segunda Comisión con la mayor oportunidad, toda vez que se tienen tres temas fundamentales, de gran transcendencia y relevancia para el desarrollo y avance del país. Felicitó a la presidenta de la Comisión, senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI).

El diputado de Morena, Marco Antonio Medina Pérez, comentó que los temas de la Segunda Comisión son esenciales para el fortalecimiento del desarrollo del país. Señaló que las condiciones materiales de los planteles, los contenidos educativos y el papel del maestro son revalorados con la participación de profesores y padres de familia.

Sobre la defensa nacional, subrayó, existe una revaloración integral del papel que las Fuerzas Armadas deben jugar en la actual época, como parte fundamental en la estrategia para reforzar la soberanía nacional.

Expresó que la pandemia regresó al origen de las relaciones internacionales para adquirir los materiales que se requerían, a través de los enlaces mundiales y el buen nombre de nuestro país en el orbe. “México ha estado a la vanguardia en el impulso de la colaboración internacional para hacer más equitativa la producción y distribución de la vacuna contra el COVID-19.”

Celebró el clima de buen entendimiento con los Estados Unidos, tanto en la administración de Donald Trump como en la de Joe Biden.

Se pronuncian en favor de una jornada electoral pacífica, con orden y legalidad que permita la más amplia participación ciudadana, en bien de nuestra democracia y el desarrollo del país.

Hacen un llamado a las autoridades de los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, para garantizar la seguridad de las candidatas y los candidatos, de los funcionarios de casilla y de la población en general, en el proceso electoral y en la jornada del 6 de junio de 2021.

A las autoridades electorales, se les exhortó a conducirse con apego estrictos a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El uso responsable de la comunicación institucional y sus implicaciones durante el proceso electoral en curso fueron abordados durante la capacitación impartida por la magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), a autoridades y personal del Congreso del Estado, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi.

Con la participación, asimismo, del coordinador de Comunicación Social de la LXV Legislatura, Aldo Valerio Zamudio, y colaboradores de esta área, la charla vía zoom tuvo como objetivo la actualización en materia electoral de las y los servidores públicos, a partir de la preocupación de las autoridades del Poder Legislativo por la capacitación para la operación de los procesos informativos, manteniendo como prioridad el cumplimiento pleno de la ley.

La Diputada Presidenta destacó la importancia fundamental de la estrecha colaboración entre el TEV y el Congreso del Estado para la exposición, seguimiento y aplicación de la normatividad vigente, privilegiando el conocimiento de las reglas, asegurando la recta conducción del trabajo informativo de la actividad legislativa y valorando la trascendencia del actuar de cada institución y servidor público.

Agradeció a la Magistrada la atención para con este Poder, los conceptos ampliados y compartidos durante su exposición, así como las respuestas dadas a las preguntas formuladas por las y los participantes. Dijo que la sociedad veracruzana merece y espera una actuación responsable de quienes les sirven desde las instituciones, en virtud de lo cual se procura este tipo de capacitaciones.

A su vez, la Magistrada expuso acerca de medidas y disposiciones normativas diseñadas para proteger la integridad del proceso electoral, las restricciones impuestas a las autoridades a fin de evitar cualquier forma de promoción de partidos, coaliciones o candidatos y la participación de subalternos en el proceso electoral, así como las sanciones previstas en la ley en caso de incumplimiento.

Además del conjunto de acciones procedimientos y normas conocido como blindaje electoral, habló también de los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes del proceso electoral en marcha, los criterios para la operación de los

programas sociales, las conductas de las y los servidores públicos consideradas delitos electorales y los supuestos no valorados como infracciones.

Invocó también los criterios relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre propaganda gubernamental y uso imparcial de los recursos públicos, las jurisprudencias en la materia. Por último, interactuó con las y los participantes y atendió cada uno de sus planteamientos.

El diputado Rubén Ríos Uribe presentó, ante la Diputación Permanente, una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 67, fracción VI, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, con la cual se busca fortalecer el actuar de los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), conforme a los principios de especialización, profesionalización y no distracción con actividades ajenas a las que jurisdiccionalmente estén encomendados.

En este sentido, la iniciativa propone que el TEJAV deberá contar con una Sala Superior, tres Salas Unitarias y una Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, siendo la Sala Superior la máxima autoridad administrativa y jurisdiccional del Tribunal.

Dicha Sala deberá componerse de tres magistrados, uno de los cuales será su presidente, quien deberá ser elegido de entre los integrantes, actuando también como Presidente del TEJAV. Por su parte, las Salas Unitarias y la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas deberán componerse por un magistrado.

Con estos ajustes, se propone la extinción del Pleno como máxima órgano administrativo y jurisdiccional del Tribunal, que bajo el principio de no distracción, los Magistrados de Sala se especializarán en los juicios de su competencia, que hoy se veían distraídos por integrar otros órganos como la Sala Superior y el Pleno del Tribunal.

Asimismo, detalla la propuesta, al ser tres juzgadores quienes resuelvan, se robustecerá el debate y el proceso deliberativo lo que se traduce en resoluciones de calidad en beneficio de la adecuada administración de justicia; además, se consolidarán las atribuciones jurisdiccionales de la Sala Superior como órgano de revisión en segunda instancia del TEJAV.

En el mismo sentido, la Sala Superior del Órgano Autónomo, tendrá la atribución de reglamentar las áreas administrativas en general, así como realizar nombramientos correspondientes y apoyar la gestión en Dirección de Administración que designe.

“Con la presente iniciativa con Proyecto de Decreto se busca fortalecer la especialización del Tribunal con la creación de una Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas que tenga competencia exclusiva en esa materia, que profundice en los

compromisos adquiridos a partir de la entrada del estado, y del Tribunal, al Sistema Nacional, y estatal, anticorrupción”, destaca el documento.

Al respecto, subraya que el objetivo es no limitar la autonomía constitucional del Tribunal, sino especializar su función ubicándolo a la par de los demás órganos de relevancia constitucional, por lo que “no busca la remoción o destitución de los Magistrados que conforman la actual integración del Tribunal”, concluye.

Para su estudio y análisis la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Debido a que la construcción del puente en el camino Tlacotalpan- Posa de Jolote, en la comunidad el Márquez, del municipio de Tlacotalpan, traería consigo beneficios a más de seis comunidades, generando un sinfín de oportunidades de progreso, el diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo, mediante el cual solicita a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) resolver el proceso legal y dar continuidad a esta obra.

Durante el desarrollo de la sexta sesión ordinaria, del primer receso, del tercer año de labores, la Mesa Directiva, dio entrada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) este documento, a fin que se le dé el trámite legislativo correspondiente.

Los detalles de este Acuerdo exponen que en 2012 la SIOP licitó, por un monto de 4, 305,851.00 la obra: “Estudio, proyecto y restauración de un puente en el camino Tlacotalpan-Posa de Jolote, en la comunidad El Márquez, del municipio de Tlacotalpan.

Sin embargo, añade, en el 2019, al quedar abandonada la obra, la Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales, de la SIOP instauró el procedimiento administrativo de rescisión a cargo de la Empresa Inmopuentes S.A de C. V.

“Hasta donde tenemos conocimiento, la obra se encuentra en proceso judicial, por una parte, el gobierno estatal exige la entrega y, por el otro, la empresa reclama dos pagos, uno por casi 268 mil163 pesos y otro por 113 mil 113 pesos; en tanto que la obra está detenida, los materiales deteriorándose y los habitantes de la región, sin poder disfrutar de sus beneficios”, precisa el legislador.

Asimismo, el legislador expone que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en su segundo informe de labores habló sobre el abatimiento de las desigualdades y el bienestar social. “Eran prioridad para su administración, por lo que se había redistribuido la obra pública y con ello se había podido llevar, accesos carreteros, centros de salud, espacios escolares y vivienda digna a las zonas rurales”.

Agregó que su deseo como diputado y representante popular es que el dinero público sea aplicado de manera correcta. Dijo que, al tiempo de distribuir las obras públicas, se debe continuar con la que ya se había prospectado, sobre todo donde se inició alguna obra, como

lo es el puente en mención, y evitar dejarla en el abandono, generando más pérdidas para el estado de Veracruz.

“Sabemos que estamos en tiempos electorales y es necesario evitar que se lucre electoralmente con dicha obra, por lo que es necesario corregir esto y contar con un plan de desarrollo y políticas públicas que de verdad, cumpla con las necesidades de las localidades veracruzanas”, concluyó.

Con una votación de 40 a favor, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Turismo, por la que se establece como obligación legal que los municipios, al cambio de administración, den continuidad a los programas o proyectos turísticos iniciados por las autoridades salientes, vigilando su permanencia y operación.

Al respecto, el documento refiere que para tales efectos, los Consejos Municipales de Turismo seguirán siendo encabezados por la o el Presidente Municipal, integrándose la, o el, edil encargado de la Comisión de Turismo y la, o el, titular de la Dirección de Turismo, que a su vez fungirá como secretario técnico.

Además, también deberán estar conformados por cuatro representantes de los sectores público y social y de Cámaras y organismos empresariales con incidencia en la actividad turística de cada municipio; a excepción de los municipios con vocación turística, cuyos Consejos deberán incluir a ocho miembros, que en cualquiera de los casos, tendrán una duración en el cargo de dos años, sin derecho a reelección hasta una vez concluido el mismo periodo inmediato.

De la misma forma, el dictamen define que entre las funciones de los Consejos Municipales, se encuentra diseñar productos turísticos estratégicos emergentes para la activación económica ante cualquier agente perturbador hidrometeorológico, geológico, químico tecnológico, sanitario o de cualquier otra índole fortuita.

Para los municipios con vocación turística, los Consejos comparecerán trimestralmente ante el Cabildo, con la finalidad de informar el avance de sus actividades, propuestas y evaluación de acciones.

Finalmente, la dictaminadora refiere coincidir con la diputada María Candelas Francisco Doce, autora de la iniciativa, que “el turismo le debe interesar a todas y todos, no solamente a quién lo atiende, siendo esta la premisa de un destino con vocación turística, lo mismo que para quienes lo hacen posible y para las y los Gobernantes”.

Con apego a las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la LXV Legislatura nombró a la ciudadana y ciudadanos Claudia Ocampo García, Juan José Rivera Castellanos y Américo Amadeo Fabbri Carrano como magistrada y magistrados del Poder Judicial del Estado, avalando así la propuesta del gobernador, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

Durante la sesión extraordinaria, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) puso a consideración del Pleno el Acuerdo con los nombres antes señalados y que, tras someterse a votación del Pleno, registró 41 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

En el Acuerdo, las y los integrantes de la Jucopo exponen que la ciudadana y ciudadano acreditaron los requisitos que exige la normativa constitucional, en relación a ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos últimos años a la designación, tener al menos 35 años cumplidos; poseer título de licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión.

Tras esta aprobación, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, designó a la diputada y diputados Judith Pineda Andrade, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Rodrigo García Escalante y Alexis Sánchez García para que condujeran hasta el Recinto Oficial de Sesiones a los nuevos magistrados, quienes rindieron la protesta de ley ante el Pleno.

-Ratifica Congreso a Consejera del Poder Judicial-

Con fundamento en la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de las leyes Orgánica del Poder Legislativo y la del Poder Judicial del Estado, así como en el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, el Pleno de la LXV Legislatura ratificó, con 41 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, a la ciudadana Claudia Marlene Galán Espinoza como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en representación del Ejecutivo del Estado, para un periodo de cinco años, a partir de esta fecha.

Lo anterior, a propuesta del gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, quien notificó a este Poder Legislativo sobre esta decisión.

Tras esta determinación, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, designó a las diputadas María Esther López Callejas, María Graciela Hernández Iñiguez, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y Jenny del Pilar Trinidad Herrera, para recibir y acompañar al Recinto Oficial de Sesiones a la ciudadana Claudia Marlene Galán Espinoza para la protesta de Ley ante el Pleno.