Pide diputada a la Secretaría de Salud la creación de más Capasits en la entidad

Pide diputada a la Secretaría de Salud la creación de más Capasits en la entidad

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La diputada Brianda Kristel Hernández Topete presentó al Pleno del Congreso del Estado un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta a la Secretaría de Salud del estado (SS) para que considere la creación de más Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), de acuerdo al presupuesto anual que les corresponda, a fin de brindar una atención rápida, oportuna y eficiente a las personas con VIH-SIDA.

Al participar en la sexta sesión ordinaria, la diputada indicó que los Capasits son unidades que brindan el servicio de prevención y promoción como parte fundamental de sus funciones, además de otorgar apoyo psicológico y de trabajo social tanto a las personas afectadas como a sus familiares. “Además brindan acceso al tratamiento antirretroviral para todas las personas con VIH que no están cubiertos por regímenes de seguridad social”, añadió.

Subrayó que en Veracruz hay cinco centros de este tipo, ubicados a un costado de los hospitales de alta Especialidad en los municipios de Poza Rica, Río Blanco, Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos; sin embargo –consideró- éstos resultan insuficientes ya que las personas con estos padecimientos tienen que trasladarse a algunos de estos centros, pues viven en lugares alejados y les resulta costoso este proceso.

Al respecto, ejemplificó que una persona que radica en el municipio de Santiago Tuxtla y que se traslada a la unidad que le corresponda, en este caso Coatzacoalcos, recorre alrededor de 183 kilómetros y hace un tiempo de tres horas para llegar y así recibir su tratamiento, “en muchas ocasiones requiere de tres o cuatro visitas por mes, lo que representa un gasto excesivo y al no contar con el recurso para viajar, pierden su cita o interrumpen su tratamiento”, aseveró.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local dijo que el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible, por lo que los servicios de salud deben estar al alcance de las personas, “es decir cerca de ellas y, definitivamente, los grupos vulnerables son los que suelen tener menos posibilidades de recibir servicios de salud adecuados”.

Por todo lo anterior, la legisladora Kristel Hernández puntualizó que es necesario planificar y presupuestar la creación de más Capasits en la entidad, que tengan mayor cercanía con las comunidades y municipios, “en la medida de lo posible que exista un Centro de este tipo en cada uno de los municipios donde haya una jurisdicción sanitaria”.

Subrayó que, de ser factible, habría once Capasits en el estado, específicamente en los municipios de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para el trámite correspondiente. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena, PRI-PVEM y MC-PRD-DSP, así como la legisladora Libni Adaelsi Sánchez Núñez.

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Presenta PRI-PVEM iniciativa en materia de catastro

Presenta PRI-PVEM iniciativa en materia de catastro

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El Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una propuesta de reforma a distintos ordenamientos estatales, cuyo propósito es, mediante normas claras y precisas, dotar a los ayuntamientos de mayores elementos para la tramitación de sus propuestas de leyes de ingresos y de tablas de valores catastrales unitarios de suelo y construcciones.

La iniciativa, presentada durante la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, plantea, en primer lugar, establecer que, en concordancia con el principio constitucional de libre administración hacendaria y en apego a las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ayuntamientos sólo deberán remitir al Congreso del Estado sus proyectos de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal siguiente, mas no los referentes a los egresos, pues la aprobación de éstos corresponde exclusivamente a los ayuntamientos.

En segundo término, propone que en los proyectos anuales de leyes de ingresos, los ayuntamientos propongan las tasas, cuotas y tarifas aplicables para el cobro de las contribuciones municipales —impuestos, derechos y contribuciones por mejoras—, incluidas las relativas a la propiedad inmobiliaria. La única excepción sería la de los ayuntamientos que tengan incorporadas dichas tasas, cuotas y tarifas en un Código Hacendario Municipal propio.

En tercer lugar, contempla modificar la previsión relativa a los ayuntamientos que inician sus funciones con una ley de ingresos proyectada por las autoridades salientes, a efecto de que tengan la posibilidad de proponer, conforme al marco jurídico estatal, modificaciones a ese ordenamiento y no sólo “puntos de vista”. Con esto, no se limitará su participación a una mera opinión sobre la Ley que los regirá durante el año en que inician sus funciones, sino que podrán promover las modificaciones legales que estimen necesarias.

En cuarto lugar, detalla la conveniencia de que las cuotas y tarifas se fijen en las leyes de ingresos. De igual modo, se modificarían los plazos de aprobación edilicia de dichas tablas de valores y de remisión al Congreso, a efecto de que se encuentren homologados a los establecidos para los proyectos de leyes de ingresos; asimismo, se limitaría a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal la función de analizar y dictaminar las propuestas respectivas con el apoyo, en su caso, de la autoridad catastral estatal.

De acuerdo con sus proponentes, con las reformas planteadas se pretende no sólo que el marco jurídico estatal se encuentre acorde con los principios establecidos en la Constitución federal en materia municipal, sino también abonar a una mayor operatividad en la emisión de las propuestas de leyes de ingresos y de tablas de valores catastrales unitarios de suelo y construcciones que, se añade, son de fundamental importancia para la hacienda pública municipal.

Esta iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, de la Ley de Catastro, de la Ley que Regula el Procedimiento para Fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria y del Código Hacendario Municipal, todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Hacienda Municipal.

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Plantea diputada prisión para servidor público que difunda elementos de delitos

Plantea diputada prisión para servidor público que difunda elementos de delitos

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La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de decreto que adicionaría un párrafo al Código Penal estatal cuyo objetivo es sancionar las conductas que realicen cualquier persona servidora pública que, de manera indebida, revele o difundan imágenes, videos o grabaciones, así como archivos o información de una carpeta de investigación.

De acuerdo a la propuesta, se adicionaría el artículo 348 sexies para establecer que la persona servidora pública que, de forma indebida, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información, documentos de lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Estas sanciones incrementarían en una tercera parte, si la información que se difunda tiene el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares, se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o sea de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.

La legisladora, presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género en el Congreso local, recordó que el 9 de febrero de 2020 una mujer, de nombre Ingrid Escamilla, fue asesinada dentro de su casa en la colonia Vallejo, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México. Érick Francisco, su pareja, fue detenido por ser el presunto feminicida. “Policías llegaron al domicilio donde se había reportado el crimen y hallaron en el piso el cuerpo desollado de la joven”.

Destacó que al realizarse el reporte de los hechos las imágenes de la víctima de feminicidio fueron filtradas y difundidas en redes sociales y por algunos medios de comunicación. “Esto causó un gran enojo para muchas mujeres, quienes exigieron garantizar que estas acciones no ocurran más”, abundó.

Asimismo, puntualizó que la filtración de información por parte de personas servidoras públicas y la consecuente lesión a los derechos de las víctimas es un hecho ampliamente documentado y señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia, sobre la falta de investigación y filtración en los casos de posible feminicidio.

Subrayó que actualmente solo entidades como Colima, Oaxaca, la Ciudad de México y el Estado de México han tipificado esa conducta delictiva en su legislación local; en tanto que en los estados de Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, se encuentran en estudio las iniciativas para sancionar dichas conductas delictivas en sus respectivos Congresos.

La legisladora Ivonne Trujillo dijo que al sancionar y evitar las filtraciones se busca preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares; disminuir el daño que sufren las víctimas, al evitar que sean re victimizadas; erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, pero principalmente contra mujeres, niñas o adolescentes, y sancionar a los servidores públicos que incurran en estas prácticas.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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Exhorta Congreso a ayuntamientos a que emitan reglamentos de protección animal

Exhorta Congreso a ayuntamientos a que emitan reglamentos de protección animal

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El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), mediante el cual se exhorta a los Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que elaboren, actualicen o publiquen sus respectivos Reglamentos Municipales de Protección a los Animales, en términos de lo dispuesto por la ley en la materia.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno estatal para que, a la brevedad, coordine con los Ayuntamientos de la entidad, y en su conjunto, la elaboración y actualización de los citados Reglamentos.

Este exhorto, resultado del anteproyecto presentado el 25 de septiembre de 2019 por la diputada de Morena, Cristina Alarcón Gutiérrez, es para que las autoridades municipales cumplan con lo dispuesto en la ley estatal, respecto a la protección a los animales, procurando que en dichos reglamentos se erradique el maltrato y la crueldad.

Al participar en la sexta sesión ordinaria, celebrada este 27 de julio, la legisladora Cristina Alarcón, autora de la propuesta, agradeció al presidente de la Jucopo, diputado Juan Javier Gómez Cazarín y a la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, por su disposición para hacer posible este Acuerdo.

Posteriormente, subrayó que salvaguardar la vida e integridad de los animales debe ser un compromiso inquebrantable de la sociedad y sus autoridades, “ante diversas demandas ciudadanas, provenientes de asociaciones civiles, es como decidí presentar este exhorto, porque es un tema que no puede esperar más y que requiere nuestra inmediata atención”, agregó.

Dijo que un ayuntamiento que no cuente o no actualice su reglamentación en materia de protección a los animales, no solo demuestra incumplimiento a la ley, sino su nulo interés por prevenir, atender, erradicar y sancionar toda clase de práctica lesiva en contra de los animales.

Consideró de suma importancia que en los Reglamentos municipales sean fortalecidas las atribuciones de las autoridades competentes para que emprendan acciones oportunas y eficaces y así puedan sancionarse severamente a quienes atenten contra cualquier animal.

La diputada Alarcón Gutiérrez confió en que las actuales autoridades municipales acaten este exhorto del Poder Legislativo, “pero también espero que las autoridades electas lo retomen, ya que tienen un reto muy fuerte en éste y otros rubros”.

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Continuará diputada Janet Yepez representación del Distrito XIV, Veracruz I

Continuará diputada Janet Yepez representación del Distrito XIV, Veracruz I

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Como parte de los trabajos de la sexta sesión ordinaria, correspondiente al segundo periodo ordinario, del tercer año de labores de la LXV Legislatura, el Pleno aprobó, por obvia resolución, la licencia definitiva para separarse del cargo de la diputada María Josefina Gamboa Torales, por lo que continuará y concluirá las funciones la legisladora Janet Yepez Lara, quien rindió la protesta de ley ante el Pleno, el pasado 15 de julio.

Por otra parte, este Congreso aprobó a la ciudadana Citlali Medellín Careada separarse del cargo de presidenta municipal del ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, por lo que se hizo el llamado a la suplente para que, previa protesta de ley ante el Cabildo, asuma la titularidad y concluya el encargo.

Asimismo y a petición del Gobernador del Estado, esta Soberanía concedió la dispensa de ley al ciudadano Iaved Israel Venegas Durán para que asuma la titularidad de la Academia de Seguridad Pública del Sureste, al no cubrir el requisito de ser veracruzano.

Por otra parte, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Procuración de Justicia y de Hacienda del Estado el documento presentado por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, quien pide autorización para modificar contratos de asociación público-privado para llevar a cabo el diseño y planeación de la construcción, conservación y mantenimiento de hasta 20 centros de impartición de justicia de ese Poder.

Lo anterior, a realizarse en diversos municipios del estado, celebrados al amparo del decreto número 346, modificado a su vez mediante decreto número 624, ambos emitidos por este Poder Legislativo y publicados en la Gaceta Oficial del Estado el 16 de octubre de 2017 y el 7 de febrero de 2018.

Además, la Mesa Directiva instruyó remitir a las Comisiones Unidas de Hacienda Municipal y de Trabajo y Previsión social las peticiones de los ayuntamientos de Acayucan, Agua Dulce y Puente Nacional, que piden autorización para realizar diversas acciones para el cumplimiento de juicios laborales, emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial Estatal.

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Premian a ganadores de la Segunda Colección del Libro Artesanal 2021

Premian a ganadores de la Segunda Colección del Libro Artesanal 2021

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El Congreso del Estado y la Secretaría de Educación de Veracruz premiaron a los ejemplares más destacados de la Segunda Colección del Libro Artesanal Veracruzano 2021, en sus cuatro categorías: Primaria Baja, Primaria Alta, Secundaria y Educación Especial.

Se trata de un certamen a cargo de la SEV a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Coordinación del Programa de Estímulos a Estudiantes Destacados.

Durante la bienvenida, el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la LXV Legislatura, diputado León David Jiménez Reyes, señaló que es deber, como servidores públicos, garantizar el derecho a la educación de todos los niños, al tiempo que felicitó a todos los estudiantes que participaron en este concurso por el talento y trabajo realizado, “cuyo contenido se incorporará al acervo de la Primera Colección”.

“Este tipo de actividades fortalecen las capacidades lectoras, escritoras y artísticas en los estudiantes, involucrándolos en la parte activa de su educación”, dijo.

Durante su discurso inaugural, el Secretario de Educación del Estado, Zenyazen Escobar García, destacó que la elaboración de estos libros artesanales, está basada en contenidos de vida saludable, que pondera prácticas sanas físicas y emocionales en los autores de los mismos.

Asimismo, continuó, coadyuvará en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con acceso a ellos, apoyando al docente en el uso de contenidos relacionados con las materias de español, medio ambiente, salud, artes, entre otras.

“Las propuestas literarias en estos libros serán un reflejo de la diversidad cultural de nuestro estado, por lo que contribuirán de manera directa en el contagio por su lectura, así como en el ánimo de querer aprende y fomentar estas maravillosas historias, creando más lectores y lectoras”, indicó.

Los ganadores provienen de Coatzintla, Papantla, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tuxpan, Coyutla, Fortín de las Flores, Boca del Río, Chinampa de Gorostiza, Veracruz, Orizaba y Acatlán.

En total, fueron 832 libros artesanales inscritos en todo el estado, los cuales pasaron por diferentes etapas de selección: Zona Escolar, Región o Sector y Nivel Educativo, los cuales fueron evaluados por un jurado calificador.

Por parte del Congreso local también estuvieron presentes, el Secretario de la Comisión Permanente de Educación y Cultura, diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos; además de las autoridades educativas, Maritza Ramírez Aguilar, Subsecretaria de Educación Básica; Moisés Pérez Domínguez, Subsecretario de Desarrollo Educativo.


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Aprueban diputados reformas al Código Penal en materia de derechos reproductivos

Aprueban diputados reformas al Código Penal en materia de derechos reproductivos

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Con 25 votos a favor, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó la iniciativa que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y deroga el artículo 152, todos del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con lo que se establecen diversas disposiciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Este dictamen, puesto a consideración del Pleno durante la quinta sesión ordinaria por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, registró también 13 votos en contra y uno en abstención.

De acuerdo con las consideraciones del documento, esta reforma no despenaliza el aborto, sino que éste sigue siendo delito en el Código Penal estatal si es realizado después de la decimosegunda semana. “Antes de las doce semanas, las mujeres podrán decidir si quieren o no continuar con el embarazo de manera voluntaria, así como quedó en la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo”, refiere.

De esta manera, la redacción del artículo 149 queda de la siguiente manera: comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.

En cuanto al artículo 150, precisa que a la mujer que se provoque o consienta que le sea practicado un aborto, una vez transcurridas las primeras doce semanas de gestación, se le impondrán de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas integrales de salud, con respeto a sus derechos humanos.

Asimismo, se señala que a la persona que haga abortar a la mujer con su consentimiento, en los términos del párrafo anterior, se le impondrán de 15 días a dos meses de prisión o de 50 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, y multa de hasta 75 días de Unidad de Medida y Actualización (UMA). En este caso, el delito de aborto únicamente se sancionará cuando se haya consumado.

En el artículo 151, quedó plasmado que comete el delito de aborto forzado quien interrumpa el embarazo de una mujer sin el consentimiento de ella, en cualquier momento de la gestación. A quien cometa este delito se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de hasta 100 días de UMA; si se empleare la violencia física o moral, las sanciones serán de seis a 15 años de prisión y multa de hasta 150 días de UMA.

En este caso, el delito de aborto forzado podrá ser sancionado en grado de tentativa, en los términos dispuestos por este Código Penal. Como resultado de esta modificación, fue derogado el artículo 152.

Respecto al artículo 153, se estableció que el aborto forzado fuese causado por un médico, partero o enfermero, además de las sanciones que les correspondan, serán suspendidos de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.

Sobre las excluyentes de responsabilidad para el delito de aborto, quedó señalado en el artículo 154 que éstas son: si el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, independientemente de que exista o no causa penal sobre dichos delitos previo al aborto; de no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte o de riesgo de afectación a su salud, a juicio del médico que le asista.

También, cuando a juicio de un médico, exista razón suficiente para diagnosticar que el producto padece de una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre que se practique con el consentimiento de la mujer embarazada.

El documento, avalado por la mayoría de las diputadas y diputados, expone que una reforma de esta naturaleza garantiza a las mujeres el derecho a la salud y a no ser discriminadas cuando se vean en la necesidad de interrumpir su embarazo por cualquier razón antes de las doce semanas.

“Porque muchas mujeres que no tienen recursos tienen que acudir a servicios clandestinos que ponen en riesgo su vida, frente a otras que pueden hacerlo en la Ciudad de México o incluso en otros países, sin el riesgo de ser sancionadas o en peligro de muerte”, añade.

En tanto, puntualiza que no se obliga o impone a alguien el aborto, sino que la interrupción del embarazo, hasta las doce semanas, será solamente una decisión de las mujeres. Por ningún motivo afectará a aquellas mujeres que estén embarazadas incluso si su embarazado no fuera deseado.

Por último, subraya que desde 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró en Veracruz una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, porque las mujeres en la entidad están siendo obstaculizadas por las instituciones y por las leyes de ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. “Con esta reforma, el Congreso de Veracruz da cumplimiento a dicha Alerta”.

En Tribuna, la diputada Mónica Robles Barajas, autora de la iniciativa, declaró que este día se aprueba una reforma trascendental para la vida de las mujeres y hombres veracruzanos, para bien de todas y todos. “Así lo creemos en Morena y por eso lo apoyamos, no solo lo creemos nosotros, sino es lo que nos mandata el máximo tribunal del país y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que no estamos legislando en contra de la ley, sino a favor”.

La diputada resaltó que esta reforma no es inconstitucional, en clara referencia a la supuesta violación al artículo 4 de la Carta Magna local que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, toda vez que este mismo artículo expone la exclusión de su aplicación, salvo las excepciones previstas en las leyes. “Nuestro marco jurídico prevé que puede haber excepciones, por lo que no estamos contraviniendo la Constitución”, argumentó.

Además, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en diversos momentos, ha declarado constitucional que es posible la protección de la vida y el derecho de las mujeres a una vida sexual, emocional y física. “Así lo determinó la Corte cuando se aprobó en la Ciudad de México y así también lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, en la controversia Artavia Murillo y otros contra Costa Rica”.

Explicó que el estado de Veracruz tiene una Alerta de Violencia de Género desde 2016 y que el estado aceptó en 2017, por lo que este Congreso está obligado a legislar sobre el tema. “Qué sucede con las mujeres veracruzanas que no tienen acceso a un aborto libre y seguro, a diferencia de las mujeres en CDMX, Oaxaca o Hidalgo, que pueden acceder a servicios de salud. Una mujer que por diversas razones personales no puede o no quiere continuar con un embarazo es criminalizada”.

Posteriormente, hicieron uso de la voz para expresar sus posicionamientos, en contra, las diputadas Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda Andrade y los diputados Enrique Cambranis Torres y Omar Guillermo Miranda Romero, todos del Partido Acción Nacional (PAN). También, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES).

Tras concluirse los posicionamientos del debate y al ser aprobado por la mayoría del Pleno, la Presidencia de la Mesa Directiva instruyó remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

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Capacitación y certificación a policías municipales, propone Diputado

Capacitación y certificación a policías municipales, propone Diputado

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Capacitación permanente e integral en institutos y academias de formación que cuenten con la más alta certificación expedida por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, solicitó el diputado Carlos Manuel Jiménez Díaz al presentar ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Propuso, asimismo, que las y los elementos que integran las policías municipales participen de la misma capacitación que reciben las y los servidores públicos de los diversos niveles y áreas de la administración pública municipal, las y los agentes y subagentes municipales, la o el Comisario Municipal y las y los Jefes de Manzana.

Desde la tribuna, dijo que esta iniciativa tiene el propósito de dotar de capacitación permanente, integral y de calidad a las y los elementos de seguridad pública municipal, como ocurre en el nivel estatal. Consideró que, al reformarse la fracción décima octava del artículo 35 de la referida Ley, “se estaría ampliando la atribución que ya ejecutan los ayuntamientos con otros servidores públicos, relacionada a incorporar conocimientos sobre el respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la igualdad sustantiva”.

El Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública comentó que en las diversas regiones de la entidad ha escuchado las peticiones de policías municipales de recibir ese tipo de capacitación, que está contemplada en la Ley.

Para facilitar que los ayuntamientos desarrollen estas acciones, propuso modificar las atribuciones que corresponden a la Comisión de Policía y Prevención del Delito, particularmente la ubicada en la fracción novena del artículo 47 de la misma Ley, a efecto de promover la formación y el desempeño de las y los elementos de policía municipal, manteniendo el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y el imperio de la Ley.

En apego a una de las exigencias ciudadanas más recurrentes, propuso reformar el artículo 73 para establecer como requisito riguroso acreditar el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo y así poder ser nombrado Jefe o Comandante de la Policía Municipal, acatando adicionalmente otros requerimientos señalados en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Aclaró que esta propuesta mantiene el respeto irrestricto a la autonomía municipal y se articula con lo dispuesto en distintas disposiciones contenidas en la Ley Número 843 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, surgida, a su vez, de un ejercicio de armonización con el ordenamiento general vigente en la materia.

Esta iniciativa, a la que se adhirió el Grupo Legislativo de Morena, fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Gobernación y Seguridad Pública.

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Penas más severas por agresiones con sustancias

Penas más severas por agresiones con sustancias

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La aplicación de penas más severas para castigar a quienes, mediante el uso de sustancias, agredan a personas, especialmente a mujeres, propuso el diputado Rubén Ríos Uribe, mediante una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 137 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Al exponer el contenido de su propuesta, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el legislador señaló que quien agrede a una mujer, niña o a cualquier persona utilizando sustancias corrosivas o inflamables, ácidos u otras, atenta directamente contra la dignidad de la víctima y su derecho humano a una vida libre de violencia, además de causar un daño permanente en todos los aspectos de su vida.

Esta propuesta legislativa plantea incorporar al artículo 137 los incisos c) y d). El primero refiere la violencia psicológica que se ejerce contra mujeres y niñas por razones de género y que no es limitativa al acoso y hostigamiento sexuales contenidos en las fracciones I y XII del artículo 4º de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que se puede considerar cualquier conducta que implique violencia psicológica aunque no tenga necesariamente una connotación sexual.

El inciso d) prevé que en la utilización de sustancias corrosivas o inflamables, ácidos u otra sustancia, cuyo uso produzca una deformidad en la cara o cualquier parte del cuerpo de la víctima, se persigue una finalidad que da una significación a la conducta típica por pertenecer a una realidad psicológica reconocida como uno de los motivos de la violencia más grave en contra de mujeres y niñas por razones de género.

Advirtió que en 90 por ciento de los casos las agresiones son cometidas por hombres contra mujeres, sin embargo, no se puede excluir el diez por ciento restante y dejar impunes los ataques que pudieran cometerse contra cualquier persona, por tal razón –precisó-, se sancionará con la misma penalidad la conducta descrita en los incisos c) y d) la alteración en la salud de cualquier persona sin importar el género del sujeto activo o del sujeto pasivo.

Ríos Uribe indicó también que uno de los propósitos de su propuesta es incrementar la penalidad máxima para este delito que sería de hasta 12 años de prisión, en atención al grado de lesión que se produce en la vida de las víctimas.

Con la adhesión del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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Aprueban a la diputada María Josefina Gamboa separarse del cargo

Aprueban a la diputada María Josefina Gamboa separarse del cargo

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Como parte de los trabajos de la cuarta sesión ordinaria, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó -por obvia resolución- la licencia para separarse del cargo, solicitada por la diputada del Distrito XIV, Veracruz I, María Josefina Gamboa Torales, por el periodo comprendido del 15 al 31 de julio de este año.

Acto seguido, la Mesa Directiva instruyó a los diputados Wenceslao González Martínez, Juan Manuel de Unánue Abascal, Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez García recibir y conducir al Recinto Oficial de Sesiones a la ciudadana Janet Yepez Lara, suplente de la legisladora Gamboa Torales, quien rindió la protesta de ley y se incorporó a las actividades legislativas de este Poder.


A su vez, el Pleno aprobó la nueva licencia solicitada por la diputada del Distrito XXI, de Camerino Z. Mendoza, María Candelas Francisco Doce, a partir del 1 de agosto al 4 de noviembre próximo, por lo que continuará al frente de esta diputación local la legisladora Libni Adaelsi Sánchez Núñez.

Asimismo, este Congreso aprobó al presidente municipal de Agua Dulce, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, separarse del cargo a partir del 28 de junio y hasta el 31 de diciembre. Al ciudadano Freddy Ayala González, presidente municipal de Sayula de Alemán, le fue aprobada la licencia para separarse del cargo del 2 de julio y hasta el 31 de diciembre, en ambos casos, del presente año.

Resultado del fallecimiento del ciudadano Adrián Ramírez López, regidor tercero del ayuntamiento de Tantoyuca, este Congreso llamó a Luis Edgar Morales Zavala, regidor tercero suplente, para que ocupe el cargo.

Por otra parte, fue turnada a la Comisión de Hacienda del Estado la solicitud presentada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Estado, quien prevé enajenar, mediante subasta restringida, 28 vehículos de propiedad del Gobierno del Estado, asignados al Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, y mediante subasta pública, 2 vehículos de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

Ante la petición del ayuntamiento de Oteapan, que solicita la intervención de este Congreso para que, por la vía adversarial, se resuelva de forma definitiva la situación limítrofe con el municipio de Chinameca, respecto de la colonia La Tina, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales.

La Comisión de Seguridad Pública analizará y dictaminará la solicitud del ayuntamiento de Coatzacoalcos, que pide autorización para suscribir convenio específico para la restitución del servicio de seguridad pública y la reconstitución de la policía preventiva de dicho municipio.

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Nivel básico, tendría educación alimentaria y nutricional como obligatoria

Nivel básico, tendría educación alimentaria y nutricional como obligatoria

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Con la finalidad de incluir la educación alimentaria y nutricional en los planes de estudio de educación básica, el diputado José Andrés Castellanos Velázquez presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Veracruz.

En su intervención, el legislador indicó que con estas reformas, se podría garantizar en las niñas, niños y adolescentes, los conocimientos necesarios que fomenten los buenos hábitos alimenticios y prevenir el crecimiento de casos de obesidad y diabetes en la entidad.

En este sentido, señaló, la educación alimentaria y nutricional sería obligatoria en la educación básica, siendo parte de la formación integral del educando, sentando las bases necesarias para preservar la salud y la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la mala alimentación.

Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, agregó, tan solo en el 2020, se registraron 34 mil 311 pacientes con algún grado de obesidad y 37 mil 180 pacientes con algún tipo de diabetes, posicionando al estado como el tercero y primero, respectivamente, con más casos de estos padecimientos.

Al respecto, dijo, es un compromiso como legisladores, impulsar nuevas acciones que ayuden a prevenir estas enfermedades, principalmente en la niñez veracruzana, por lo que es indispensable, buscar las herramientas necesarias para fomentarles buenos hábitos alimenticios que les garanticen una mejor calidad de vida.

“El aprendizaje de hábitos alimenticios es un proceso de suma importancia durante los primeros años de vida, debido a que, además de aportar un buen estado nutricional y favorecer un crecimiento adecuado, ayuda a la adquisición de hábitos saludables para la edad adulta”, finalizó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.

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Plantea PRI-PVEM reforma para actualizar Derecho de Preferencia Alimentaria

Plantea PRI-PVEM reforma para actualizar Derecho de Preferencia Alimentaria

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El Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó al Pleno una iniciativa que busca reformar el Artículo 101 del Código Civil estatal para establecer una excepción al Derecho de Preferencia que tienen actualmente los cónyuges e hijos respecto de los ingresos y bienes de quien los sostenga económicamente, cuando exista una pensión alimenticia decretada, en favor de exparejas del mismo deudor.

De acuerdo con la propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y de los legisladores Jorge Moreno Salinas, Antonio García Reyes y Rodrigo García Escalante, se busca incorporar en el citado artículo que el Derecho Preferente a recibir alimentos no podrá ejercerse respeto de los excónyuges, exconcubinos o exparejas que gocen de una pensión alimenticia previamente determinada.

El documento precisa que con esta modificación al Código Civil no se pretende anular derechos alimentarios de cónyuges e hijos, sino otorgar a quienes sostuvieron una relación de pareja con esos mismos deudores alimentarios y que adquirieron con antelación idénticos derechos, la garantía de que éstos no podrán ser relegados como consecuencia de nuevos vínculos matrimoniales de las personas obligadas a proporcionarles alimentos.

Asimismo, indica que, en la mayoría de los casos, las personas que concluyen una relación matrimonial, de concubinato o de pareja estable y que tienen decretada a su favor una pensión alimenticia son mujeres, “Muchas de ellas sin posibilidades reales de acceder a un mercado laboral en el que se les retribuya adecuadamente, en razón de ubicarse en ciertos casos en un rango de edad que dificulta su contratación o por no haber tenido la oportunidad de acceder a una mayor preparación académica, al haberse dedicado preponderantemente al hogar o al cuidado de los hijos durante la relación de pareja”.

Por otra parte, refiere que uno de los puntos a considerar para esta modificación es el número creciente de divorcios en el país, toda vez que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019, en México se registraron 504 mil 923 matrimonios y 160 mil 107 divorcios. “Es decir, por cada 100 matrimonios ocurrieron 31.7 divorcios, y se detalla que, a través del tiempo, esta relación ha ido en incremento, al pasar de 15.1 en 2010 a 31.7 en 2019”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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Propone diputado Omar Miranda iniciativa de Ley del Uso de la Bicicleta

Propone diputado Omar Miranda iniciativa de Ley del Uso de la Bicicleta

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Con el propósito de alentar el uso de la bicicleta como medio para fomentar el desarrollo sostenible, reforzar la educación de niños y jóvenes, promover la salud y así prevenir enfermedades, el diputado Omar Guillermo Miranda Romero presentó al Pleno su iniciativa de decreto por la cual se expide la Ley del Uso de la Bicicleta como Medio de Movilidad Sostenible para el Estado de Veracruz.

En su participación durante la cuarta sesión ordinaria, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que es necesario que el Estado preste especial atención a la bicicleta en las estrategias de desarrollo intersectoriales y que sea incluida en las políticas públicas y los programas de desarrollo para mejorar la seguridad vial e integrarla en la planificación y el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte.

Dijo que lo anterior debe darse mediante la adopción de políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta, con el fin de obtener resultados más amplios en materia de salud, en particular la prevención de lesiones y enfermedades no transmisibles.

De acuerdo a la propuesta, integrada por 17 artículos y 5 transitorios, esta Ley tendría por objeto establecer medidas de promoción y regulación del uso de la bicicleta y de declaración de interés público, la adecuación progresiva de la infraestructura urbana y de transporte existente en el uso de la capacidad vial para facilitar la utilización de la bicicleta como medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye en la preservación del ambiente.

Las Secretarías estatales y los ayuntamientos velarían por la elaboración e implementación de las políticas públicas que sean emitidas para el diseño de obras de infraestructura vial y promoción de la planificación urbana y rural a favor del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.

El Poder Ejecutivo, a través de sus Secretarías, en coordinación con las instituciones educativas, públicas y privadas, de primaria y secundaria, establecerán actividades promocionales de educación vial con la finalidad de que los alumnos conozcan el uso adecuado de las normas de tránsito aplicables en la conducción de la bicicleta como medio de transporte.

En zonas rurales los gobiernos municipales instalarán la señalización de las vías, la incorporación de puntos de referencia y de guía que conduzcan a centros educativos, promoviendo la seguridad de los ciclistas.

Por otra parte, la iniciativa contempla que las autoridades competentes gestionen la interconectividad de ciclovías, cuando estas involucren dos o más circunscripciones de gobiernos locales contiguos, bajo la responsabilidad que prevean las normas de la materia.

Asimismo, se prevé que las entidades públicas y privadas, adecuen sus espacios para estacionamientos de bicicletas, en una proporción del tres por ciento del área que se destinan a los vehículos automotores.

Los Gobiernos, estatal y municipales, deberán incluir en sus presupuestos los recursos necesarios para implementar sistemas de bicicleta pública, consistente en préstamo o alquiler de bicicletas, priorizando este servicio para la intermodalidad a los sistemas de transporte masivo, con la finalidad de incentivar en la ciudadanía el uso de la bicicleta.

El diputado Omar Miranda precisó que el uso de bicicleta es una opción saludable y de bajo costo que poco a poco ha ido ganando terreno entre las personas de todo el estado, “razón por la cual es necesario legislar para dar garantías de seguridad vial, infraestructura y concientización sobre su importancia”, concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.

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Crearían municipios sus Comisiones de Atención a Personas con Discapacidad

Crearían municipios sus Comisiones de Atención a Personas con Discapacidad

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Dado a que el ayuntamiento es el ente más cercano a los ciudadanos, la diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó al Pleno del Congreso del Estado la iniciativa que reforma los artículos 35, 40 y 60 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para que puedan crearse, en cada municipio, la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, otorgándole atribuciones propias de la encomienda para garantizar la inclusión, promoción del empleo, cultura y artes, así como todos los derechos a este sector de la población.

La integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), expone que en su propuesta que la Atención a Personas con Discapacidad ha sido atendida tradicionalmente por la Comisión de Derechos Humanos; sin embargo –abundó- al ser tantas las actividades que se relacionan con este ámbito resultan insuficientes los esfuerzos, por lo que es necesario la participación de los ayuntamientos para consolidar una mejor estrategia.

De acuerdo a la legisladora, vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se crearía la Comisión edilicia de Atención a las Personas con Discapacidad, cuyas atribuciones serían el promover que el ayuntamiento asigne una partida presupuestal, a fin de generar políticas públicas para que, en el ámbito de su competencia, promueva y garantice la inclusión de las personas con discapacidad dentro del municipio.

De igual manera, se encargaría de la promoción de empleo ante las entidades públicas o privadas, asociaciones civiles y del propio municipio, para la contratación en su plantilla laboral a personas con discapacidad, a fin de lograr su desarrollo personal; debiendo, además, implementar un padrón de empleados y empleadores que deberán ser supervisados y evaluados a fin de evitar la discriminación en el ámbito laboral en el que éstos se desarrollen.

Implementaría campañas de educación a la población, así como a los servidores públicos, para promover el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad y promoverá actividades artísticas, culturales y artesanales, en las que participen las personas con discapacidad, a fin de lograr su inclusión integral dentro del municipio.

Esta misma Comisión fomentaría la creación del Consejo Municipal para Personas con Discapacidad, el cual generaría programas de inclusión que los beneficie, mismo que estaría integrado por: un presidente honorario; un presidente, que sería el titular de la Dirección de Salud y un Secretario Técnico, que sería el director del DIF municipal, así como por los titulares de las direcciones de Gobierno, Educación, Desarrollo Social, Ecología y Medio Ambiente, Turismo y Cultura, Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, Comunicación Social, o sus equivalentes.

Aunado a tres personas con discapacidad, preferentemente incorporadas a la vida productiva y perteneciente a organizaciones, propuestas por éstas y designadas por el Ayuntamiento, que serán: una persona con discapacidad física; un representante legal de personas con discapacidad intelectual; y una persona con discapacidad sensorial, visual o auditiva.

Además, de un representante de la sociedad civil, proveniente de organizaciones, con un mínimo de experiencia de tres años en el trabajo con personas con discapacidad, designado por el Ayuntamiento, a propuesta de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad.

Este Consejo sesionaría de manera ordinaria, por lo menos, cada dos meses y, en forma extraordinaria, las veces que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. Para la validez de las sesiones se requerirá de la asistencia de, por lo menos, la mitad más uno de sus miembros.

La iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la fracción LI al artículo 35, recorriéndose la subsecuente; la fracción XXXI al artículo 40 y el artículo 60 Sexdecies, todos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Gobernación.

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Aprueba Congreso acuerdos presentados por la Comisión de Hacienda del Estado

Aprueba Congreso acuerdos presentados por la Comisión de Hacienda del Estado

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Durante los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Tercer año de Ejercicio Constitucional, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó los dictámenes de acuerdo presentados por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, en materia de enajenación y otorgamiento en comodato de bienes inmuebles, propiedad del Gobierno estatal.

En primer término, se autorizó al Poder Ejecutivo celebrar contrato de comodato con la persona moral privada Territorio Águila de Veracruz S.A. de C.V., sobre el Estadio Parque de Béisbol Roberto Francisco Beto” Ávila González, ubicado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, por un plazo de 10 años.

Asimismo, le fue autorizado al Ejecutivo estatal entregar, en comodato, el inmueble conocido como Centro Recreativo Xalapeño, a favor del H. Ayuntamiento de Xalapa por un plazo de 10 años, con la finalidad de que se realicen actividades artísticas, educativas, culturales y de esparcimiento en beneficio de las y los ciudadanos de este municipio.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva, reconoció el trabajo de la actual administración municipal, toda vez que a la par de los órdenes de gobierno Estatal y Federal, ha promovido acciones de inversión pública para este inmueble, por lo que con la aprobación de este Acuerdo, se contribuye al fomento y difusión de la educación, ciencia y cultura en la ciudad capital, a nivel nacional e internacional.

También, las y los integrantes del Congreso local avalaron enajenar a título gratuito un inmueble de propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en Tuxpan, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de una compañía de la Guardia Nacional.

Asimismo, se autorizó enajenar a título gratuito y condicional, en su caso revocable, una fracción de terreno, ubicada en el municipio de Jalacingo, Veracruz, a favor del Poder Judicial del Estado, para uso de las instalaciones de la ciudad judicial de ese distrito, albergando en ella juzgados y salas de juicios orales.

Posteriormente, fue aprobado el acuerdo por el cual se autoriza al titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Estado enajenar, de manera onerosa, mediante el procedimiento de subasta pública, 14 unidades vehiculares asignadas al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, así como cuatro unidades vehiculares, asignadas a la Secretaría de Protección Civil.

Finalmente, el Pleno aprobó los dictámenes por los cuales, a solicitud del Ejecutivo, se deja sin efectos los acuerdos por los que se autorizó enajenar tres inmuebles ubicados en la avenida Jesús Reyes Heroles, fraccionamiento Costa Verde, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, a favor de las asociaciones civiles denominadas: Colegio de Abogados de Veracruz, Ver Autismo y al Colegio de Médicos del Estado de Veracruz.

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A comisiones, iniciativas en materia de aborto, paridad de género y violencia política

A comisiones, iniciativas en materia de aborto, paridad de género y violencia política

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La Mesa Directiva de la LXV Legislatura turnó a comisiones dos iniciativas de decreto: en materia de penalización del aborto y de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género, para lo cual propone reformar los Códigos Penal y Electoral, ambos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentadas por la diputada Mónica Robles Barajas.

Penalización del delito de aborto

La Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 y deroga el artículo 152, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que “comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima segunda semana de gestación”. Para tales efectos, indica que “el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”.

También establece que a “la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, una vez transcurridas las primeras doce semanas de gestación, se le impondrán de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas integrales de salud, con respeto a sus derechos humanos”.

Añade que a “la persona que haga abortar a la mujer con su consentimiento, en los términos del párrafo anterior, se le impondrán de quince días a dos meses de prisión o de cincuenta a cien días de trabajo en favor de la comunidad, y multa de hasta setenta y cinco días de salario. En este caso, el delito de aborto únicamente se sancionará cuando se haya consumado”.

Asimismo, comete el delito de aborto forzado “quien interrumpa el embarazo de una mujer sin el consentimiento de ella, en cualquier momento de la gestación. En este caso, el delito de aborto forzado podrá ser sancionado en grado de tentativa, en los términos dispuestos por el presente Código”.

Además, “quien hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento se le impondrán prisión de tres a diez años y multa de hasta cien días de salario. Si se empleare la violencia física o moral, las sanciones serán de seis a quince años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario”.

La propuesta agrega que “si el aborto forzado fuese causado por un médico, partero o enfermero, además de las sanciones que les correspondan serán suspendidos de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión”.

Finalmente, se consideran excluyentes de responsabilidad penal para el delito de aborto el embarazo que sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, independientemente de que exista o no causa penal sobre dichos delitos previo al aborto; cuando, de no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte o en riesgo de afectación a su salud, a juicio del médico que la asista, o cuando, a juicio de un médico, exista razón suficiente para diagnosticar que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre que se practique con el consentimiento de la mujer embarazada.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.


Paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género

La Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género, plantea el derecho de la ciudadanía a participar en los comicios electorales en condiciones de paridad de género.

También subraya la obligación del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado de Veracruz de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como una conceptualización de la violencia política contra las mujeres en razón de género similar a la establecida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Propone actualizar los supuestos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género armonizándolos también, con la reforma de la Ley General, y considera entre los requisitos de elegibilidad para ser candidatas o candidatos a puestos de elección popular que no se encuentren condenadas o condenados por el delito de violencia política contra las mujeres.

Busca, además, evitar que las mujeres sean postuladas en distritos electorales en los que el partido que las postule hubiera obtenido bajos porcentajes de votación e incorpora el principio de paridad de género tanto vertical como horizontal en las elecciones de ayuntamientos y la obligación de los partidos políticos de garantizar la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones.

Propone que el OPLE lleve a cabo programas de educación cívica, paridad de género y derechos humanos de las mujeres e instale la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, así como la incorporación de medidas cautelares y la aplicación de la declaratoria 3 de 3 contra la violencia de género, mecanismo implementado por el Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo con la proponente, estas reformas y adiciones en materia electoral buscan armonizar el Código Electoral del estado con la reforma federal que se realizó a diversos ordenamientos jurídicos: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En razón de esto, consideró imperativo que este Congreso lleve a cabo la armonización legislativa en estas materias en el Código Electoral, a fin de que las instituciones electorales, en el marco de sus atribuciones y competencias, pongan en marcha todo el andamiaje jurídico para garantizar a todas y todos los actores políticos y, en particular, a las mujeres veracruzanas interesadas en participar en futuras elecciones, una contienda paritaria y libre de violencia política en razón de género.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales.

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La Comisión de Educación logró un renovado marco constitucional en la materia

La Comisión de Educación logró un renovado marco constitucional en la materia

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La Comisión de Educación, presidida por el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Morena), aprobó su informe final de actividades del 16 de octubre de 2018 a julio de 2021, el cual destaca que se logró un renovado marco constitucional en materia educativa.

El diputado Sánchez Rodríguez dijo que Independientemente de las cuestiones políticas, “cumplimos con la misión establecida en los programas anuales de trabajo, nos regimos siempre bajo los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas, parlamento abierto y de transparencia”.

Puntualizó que la Comisión tuvo un papel protagónico para lograr las reformas a los artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, la expedición de las leyes General de Educación, del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, la Ley Reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de Mejora Continua de la Educación, así como la expedición de la Ley General de Educación Superior.

“Fueron muchos los logros de la Comisión y todo lo que se prometió en campaña se cumplió. Dejamos atrás una mal llamada reforma educativa, le quitamos lo punitivo a esta reforma que laceró los derechos laborales del magisterio y criminalizó a las maestras y a los maestros”, subrayó.

Al reconocer el trabajo de la diputada Adela Piña, el legislador informó que se realizaron 20 reuniones ordinarias, tres extraordinarias y dos de comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales, en las que se aprobaron tres programas anuales de trabajo, seis informes semestrales, uno final de actividades y 23 opiniones sobre diversos asuntos.

Asimismo, se avalaron 51 dictámenes por medio de los cuales se atendieron 159 iniciativas, 87 dictámenes que atendieron 119 proposiciones con punto de acuerdo, ocho minutas y cuatro acuerdos.

Destacó que durante el lapso en que se suspendieron las actividades por la pandemia, la Comisión continuó sus trabajos. Se llevaron a cabo 11 reuniones virtuales entre los meses de abril y septiembre de 2020.

Dio a conocer que se reunieron con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con el entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, así como con diversos funcionarios de la SEP y presidencias de las comisiones de educación de los 32 congresos locales.

También se realizaron, del 6 al 16 de febrero de 2019, foros y audiencias públicas en el marco del análisis y elaboración del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el se reformaron los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política presentada por el titular del Ejecutivo Federal.


Participación de diputadas y diputados

La diputada Laura Hernández Pichardo (PRI) puntualizó que es importante poner atención al tema del recurso presupuestal, ya que en el PEF de este año se eliminaron 10 programas importantes para el Sistema Educativo Nacional, entre ellos el de escuelas de Tiempo Completo. Hizo un exhorto a los legisladores que continuarán en la próxima Legislatura para que impulsen un presupuesto con mayor equidad y que permita al sistema reactivarse de manera integral.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) subrayó que durante la discusión de la ley de Educación Superior hubo un trabajo arduo y en estos tres años se lograron cosas muy importantes. “Los que somos profesores sabemos que no hay reforma perfecta, pero tuvimos la suerte de haberle dado carta de ciudadanía a la educación inicial y abrir el debate para dejar de satanizar a los profesores como responsables de la reprobación y deserción; son cosas que hay que valorar y aplaudir”.

De la misma fracción parlamentaria, el diputado José Luis Montalvo Luna expresó que las y los diputados integrantes de la Comisión que continuarán en la próxima Legislatura están obligados a atender los pendientes que quedan como el tema de la educación inicial. “Hay que hacer que el Gobierno se comprometa con darle respaldo total para que no quede en letra muerta y concretar lo relacionado a la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior”.

De Morena, la diputada María Teresa López Pérez dijo que está satisfecha porque participó en la discusión de la reforma al artículo 3º constitucional, ya que con ello se le dio sentido amplio a la educación para todos; sin embargo, agregó, falta proyectar la educación a través de los medios de comunicación para que llegue a sectores más amplios de la sociedad.

La diputada Tania Cruz Santos (Morena) refirió que el trabajo realizado tuvo el objetivo de transformar a la educación y al país, mencionó que los próximos diputados tendrán que continuar con los temas pendientes. “Creo que la parte filosófica-legal de las reformas a los artículo 3º, 31 y 73 constitucional ya está, dejamos las bases y el cimiento pero falta vigilar la parte de su aplicación, y el tema del presupuesto para que no quede en letra muerta lo que trabajamos”.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) dijo que hubo cuidado y discreción política durante el trabajo de la Comisión. “Después de escuchar los comentarios de algunos diputados me veo obligado a decir que en esta Legislatura se acuñó la frase de no mover un punto ni coma a algunas reformas en las que tenía especial interés el Presidente de la República. Dejemos al tiempo y a la opinión pública la evaluación final sobre el trabajo de fondo de la Comisión”.

La diputada María Chávez Pérez (Morena) mencionó que se lograron avances sustantivos y celebró que se le quitó lo punitivo a la ley para hacerla más integral e impartir la verdadera educación pública; “seguiremos trabajando de cerca con los próximos legisladores para continuar con lo pendiente”.

De la misma bancada, la diputada Lorena Jiménez Andrade subrayó que la Comisión cumplió su trabajo, quedan pendientes temas como garantizar la cancelación total de cualquier acto que en los hechos propicie la discriminación de los egresados de las universidades privadas; deberán hacerse efectivos también en su totalidad los enunciados referentes en el artículo 3º sobre la reincorporación de los maestros cesados por la reforma educativa de 2013.

La diputada Mildred Ávila Vera (Morena) mencionó que en la LXV Legislatura se tendrán que atender muchos de los pendientes que quedan. “Han sido muchos años de rezago y en tres años es difícil subsanar todas las necesidades y sobre todo porque muchas de ellas requieren de presupuesto. Estoy segura que siempre va a existir el gran compromiso de la nueva Legislatura para dar continuidad al trabajo de la Comisión”.

También de Morena, el diputado Oscar Rafael Novella Macías indicó que “dentro de los resultados destacados está el haber abrogado la reforma educativa de Peña Nieto, reivindicar el papel del magisterio, la cancelación de la evaluación punitiva y la reincorporación de los maestros cesados”. Estos fueron los logros más trascendentales.



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Mayoría encabezada por Morena garantizará un PEF 2022 enfocado a programas sociales y al desarrollo del país: Ignacio Mier

Mayoría encabezada por Morena garantizará un PEF 2022 enfocado a programas sociales y al desarrollo del país: Ignacio Mier

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El coordinador de las y los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que en la próxima Legislatura, que comienza el 1 de septiembre, estarán garantizados los votos de la mayoría parlamentaria a favor de un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 enfocado a fortalecer y garantizar la solvencia de los programas sociales, la educación y la infraestructura en salud.

“La atención de las causas que originan el rezago y la falta de desarrollo en varias zonas del país pasa indudablemente por ofrecer a la gente una mejor calidad de vida, para ayudarlos a superar la pobreza, garantizarles salud y educación y que puedan salir del abandono en el que estuvieron sumidos durante varios sexenios”, manifestó en un comunicado.

En el tema de la seguridad, dijo que a pesar de las voces que incitan al Estado a responder a la violencia con más violencia, “el Gobierno de México ha mantenido una postura de paz y atención a las causas que originan este problema, lo cual ha evitado que haya más derramamiento de sangre”.

Mier Velazco destacó las acciones que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender el fondo de este asunto, como es garantizar en el PEF recursos para programas sociales, becas a los jóvenes y generar empleos.

“Por primera vez en muchos años este Gobierno se ha dedicado a orientar los recursos del PEF cada año a lo que verdaderamente importa, como la salud, la educación, los jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores”, aseveró.

Sostuvo que una vez más los diputados de Morena van a garantizar un PEF orientado a garantizar recursos para programas sociales y rubros como la salud, finanzas sanas, educación y desarrollo.

“Nada nos va a detener para votar a favor de un presupuesto eficiente y eficaz, donde no regresen nunca más los moches y que el dinero de muchos fideicomisos, que representaban un barril sin fondo, sean dirigidos a lo que verdaderamente importa en el país”, insistió.

Agregó que habrá resistencias por parte de las fuerzas opositoras de derecha, “son entendibles, pero al final los partidos que conformamos la coalición Juntos Hacemos Historia sabremos imponer la voluntad del pueblo y el proyecto de la Cuarta Transformación”, puntualizó.


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Solicitará Verónica Juárez al Congreso apoyar a mujeres detenidas en Jalisco que exigían justicia para niñas y niños abusados sexualmente

Solicitará Verónica Juárez al Congreso apoyar a mujeres detenidas en Jalisco que exigían justicia para niñas y niños abusados sexualmente

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a coordinadora de las y los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, solicitará al Congreso de la Unión que se solidarice con las mujeres que fueron detenidas en Jalisco por reclamar justicia para niñas y niños abusados sexualmente, y exhorte a la Fiscalía General del Estado a desistirse de los cargos contra ellas.

En un comunicado, indicó que para concretar esa solidaridad y petición, propondrá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía a retirar las imputaciones a las mujeres que son: daño al patrimonio urbano, pandillerismo, lesiones y delitos contra la autoridad.

“El Estado mexicano, en lugar de perseguir a quienes protestan por la inacción de la autoridad contra pederastas y otros criminales, debería identificarse con su rabia, hartazgo y exigencia”, manifestó.

“Debemos hablar el lenguaje de las mujeres que, día a día, son violentadas e ignoradas, de las que destruyen monumentos y pintan vidrios, de las que les gritan a las policías que sus derechos también son violados porque cuando insultan, golpean, violan o detienen a una, lo hacen con todas”, destacó.

Agregó que no basta con que las detenidas hayan sido liberadas y que incluso se les retiren los cargos, sino que es necesario atender a la brevedad su reclamo de investigar los abusos contra las y los niños en escuelas de la entidad y procesar penalmente a quienes resulten responsables.

Esta falta de justicia, puntualizó, fue lo que provocó la protesta y posterior detención de Angélica “N”, de 18 años; Bethzabé “N”, de 24; Elia “N”, de 39; María “N”, de 40; Julieta “N”, de 19; Karla “N”, de 29, y Areli “N”, así como de dos adolescentes frente a instalaciones de la Secretaría de Educación de Jalisco.

Según la Fiscalía del estado, las mujeres dañaron cristales de la fachada del edificio, por lo cual intervinieron elementos del grupo Ateneas de la Secretaría de Seguridad estatal.

En realidad, precisó la coordinadora de la bancada del PRD, llegaron a expresar su rabia y resentimiento por un gobierno que no ha respondido a sus demandas y que las criminaliza, dejando libres a quienes realmente atentan en contra de la sociedad.

“Por todo ello, la Fiscalía del estado debe desistirse inmediatamente de los cargos y, a la brevedad, investigar las denuncias que hicieran las mujeres, porque como víctimas, todas y todos tenemos derecho a que esta situación no se repita”, señaló.


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En el Congreso, inscribirían con letras de oro reconocimiento a la Armada de México

En el Congreso, inscribirían con letras de oro reconocimiento a la Armada de México

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Como un reconocimiento y gratitud a la Armada de México, el diputado José Manuel Pozos Castro presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura, una iniciativa a través de la cual propone inscribir, con letras de oro, en el muro de honor del Recinto Oficial de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, la leyenda: “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México”.

En la exposición de motivos de su iniciativa, el legislador indicó que es de suma importancia que el Congreso estatal, como casa del Pueblo de Veracruz, se sume a los festejos que a nivel nacional, se prevén el próximo 4 de octubre, con motivo del Bicentenario de la creación de la Armada de México.

Detalló la grandeza histórica con la que la Armada de México ha contribuido a la construcción de la nación por medio de su valentía y amor a la patria; lo que trae como consecuencia que la sociedad actual replique sus conductas con las armas de la honestidad, unidad, solidaridad, igualdad y justicia, “es el mejor legado que nos ha concedido nuestra querida Armada de México para el pueblo”, señaló.

En este sentido, añadió que la Armada, además de ser una defensora de la Soberanía Nacional, se ha distinguido por su invaluable participación e intervención durante contingencias en desastres naturales, siendo una institución que inspira admiración, confianza y respeto entre la población mexicana.

“En estos tiempos de transformación, podemos tener certeza de que contamos con una Armada de México dispuesta a cerrar el paso a la corrupción y al crimen organizado, mediante la planeación y estrategias impulsadas desde la Federación”, puntualizó.

“Por lo que es de destacarse su valiosa colaboración con el Gobierno del Estado en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde se han obtenido grandes resultados positivos en materia de seguridad”, finalizó.

Al término de la lectura en Tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitir la iniciativa a la Comisión Permanente de Gobernación, para el trámite conducente.

A esta propuesta se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, PRI-PVEM y MC-PRD-DSP, así como, a título personal, los diputados Rubén Ríos Uribe y Florencia Martínez Rivera.

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La Comisión de Medio Ambiente se reúne con la titular de la Semarnat

La Comisión de Medio Ambiente se reúne con la titular de la Semarnat

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La Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, que preside el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo (PVEM), se reunió con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González.

Durante la reunión virtual Diálogo por la conclusión de los trabajos de la LXIV Legislatura, el diputado Rubio Montejo dijo que para la siguiente Legislatura quedan pendientes la Ley General de Aguas, Ley General de Costas Mexicanas, la regulación de plásticos y lo relacionado al bienestar animal.

Es importante exhortar a Pemex y a la Semarnat a que investiguen a fondo las causas y las consecuencias del incendio en el Golfo de México, así como evaluar el tema de la reparación ambiental en la zona.

Informó que durante la LXIV Legislatura trabajaron en coordinación con la Semarnat a fin de fortalecer el marco forestal y actualizar las atribuciones del sector para convenir acuerdos internacionales relacionados con la reducción de emisiones en el ámbito forestal y mejorar los mecanismos de las acciones de mitigación de los efectos del cambio climático.

También se actualizó y reforzó el marco normativo para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desarrolle procedimientos administrativos en materia de inspección y vigilancia, homologando en las leyes este procedimiento para fortalecer el trabajo.

Dijo que la importancia de esta reunión con la titular de la Semarnat es para dar continuidad al trabajo pendiente; asimismo, le agradeció su respaldo a través del enlace legislativo y áreas administrativas que brindaron siempre un gran apoyo en las reuniones de trabajo y solicitudes de atención sobre los temas de los diputados.

“Esperamos que en la siguiente legislatura las y los diputados que la integren puedan impulsar una opinión al presupuesto donde la Semarnat y dependencias que la integran sea favorecidas con mayores recursos, lo que les permita seguir garantizando el derecho a un medio ambiente sano para nuestro país”.

Participación de diputadas y diputados

El diputado Diego Eduardo Del Bosque Villarreal (Morena) indicó que en el pasado las dependencias encargadas de cuidar el medio ambiente fueron sometidas y puestas al servicio de una élite empresarial por encima de los derechos de la naturaleza y de los pueblos. Ahora reconocemos a todo el personal de la Semarnat por su gran esfuerzo, agregó.

Manifestó que uno de los temas pendientes de esta Legislatura fue la Ley General de Aguas para cambiar la actual normatividad que, aseguró, es contaminadora y privatizadora.

De la bancada del PAN, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas señaló que, en el 2021, el dióxido de carbono y azufre en la cuenca atmosférica de Salamanca e Irapuato han alcanzado niveles muy elevados, lo que constituye un serio peligro para la salud humana y de los animales. Pidió saber las acciones que se han tomado al respecto.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) comentó que se han dejado muchos proyectos de ley y cosas importantes por atender en para la siguiente Legislatura. “A los diputados de la siguiente Legislatura le tocará el presupuesto; este presupuesto tan austero no permite el trabajo correcto de la Semarnat”.

La diputada Laura Isabel Hernández Pichardo (PRI) comentó que México ha sido en Latinoamérica, y en muchas ocasiones a nivel mundial, un parteaguas en legislación y políticas ambientales. “Sin embargo, la asignación del presupuesto se ha ido reduciendo para el área ambiental, apenas el .11 por ciento del PIB para el 2020 y fue el porcentaje que se mantuvo para el 2021”.

Exhortó a trabajar con visión de largo plazo y sin populismo porque necesitamos salvar a nuestro país. Acompaño, dijo, la insistencia de las organizaciones civiles de impulsar la estrategia nacional para la implementación de la Agenda 2030, a visibilizar el medio ambiente como parte de la reactivación económica y frenar el deterioro a partir del uso sostenible de recursos naturales.

La diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) felicitó al presidente de la Comisión por esta reunión y agradeció a la secretaria Albores su disposición al diálogo. “Quedan muchos temas importantes pendientes y necesitamos saber qué se ha hecho durante estos meses que ha estado al frente de la secretaría”.

Dijo que en el tema de los humedales, los 142 sitios Ramsar que existen en el territorio nacional, tienen una seria problemática porque si bien el Estado mexicano es firmante de la Convención de Sitios Ramsar y que es el responsable de conservar y rescatar estas áreas, se ha hecho muy poco.

La diputada Ana Priscila González García (MC) indicó que quedan muchos temas pendientes que no pueden esperar por la importancia que tienen. Citó el cambio climático, el agua, la movilidad sustentable y la reducción en el presupuesto.

Y preguntó: “¿Cómo va el proceso de actualización respecto a la NOM-003 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se usen en servicios al público? Me gustaría conocer los riesgos jurídicos o técnicos que podrían impedir el cumplimiento de la actualización que por ley debe hacerse”.

Del PRD, la diputada Frida Esparza Márquez solicitó información sobre cómo se coordinan la Semarnat y la Secretaría de Bienestar para implementar el programa Sembrando Vida.

“Cómo se están coordinando para evitar deforestaciones, quemas, y evitar un beneficio económico del programa, porque es irónico que el programa busque totalmente lo contrario. Hasta el año pasado eran 73 mil hectáreas de selva y bosque perdidos a consecuencia de la mala operatividad del programa Sembrando Vida”.

La diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) reconoció que son muchos los avances en la materia; sin embargo, es importante trabajar en la atención de los efectos generados por la pandemia respecto de los residuos sólidos urbanos.

Desafortunadamente, agregó, la emergencia sanitaria aún no termina y ello nos lleva a redoblar esfuerzos para evitar su propagación y hacer un análisis para identificar las áreas donde se pueden reestructurar los planes. Preguntó ¿cuáles son los avances y el balance de la participación de las instituciones y la población en general respecto de la separación de los residuos contaminados con el SARS-Cov2?

Cámara de Diputados, aliada en materia ambiental

En su intervención inicial la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, informó que por el incendio del viernes pasado en el campo Ku, de Campeche, no hubo lesionados ni derrame de hidrocarburo que pudiera afectar al ecosistema marino.

Explicó que el incendio ocurrido el viernes pasado en uno de los gasoductos de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) estuvo relacionado con las condiciones meteorológicas que imperaban en la zona.

Resaltó que la acción inmediata de los protocolos establecidos en el Plan de Respuestas a Emergencias del personal operativo de Pemex permitió que el evento fuera controlado por medio del cierre de las válvulas submarinas del flujo del gas. Anunció que realizará esta semana una revisión en el sitio.

Por otra parte, expuso que la secretaría tiene entre sus ejes de acción orientados a la colaboración y coordinación del sector ambiental, la supervisión y creación de áreas naturales protegidas y la formación de guardianes de territorio.

Agregó que la dependencia también trabaja en el desarrollo sostenible, porque el crecimiento económico debe ir de la mano con el cuidado del medio ambiente y de la justicia social desde una planeación territorial ecológica y comunitaria, así como el reconocimiento de la organización social y la permanencia cultural.

Resaltó que la Cámara de Diputados es una aliada en materia ambiental, al apoyar la prohibición del uso del maíz transgénico, el glifosato y la minería en áreas protegidas, además de garantizar la participación de las comunidades en la política ambiental.

Respuestas de la titular de la Semanrnat

Al dar respuesta a los legisladores, la titular de la Semarnat apuntó que en el manejo de los desechos de residuos relacionados al COVID-19 se realizó un instrumento en la materia implementado por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). No obstante, aseguró, aún falta una promoción a nivel estatal y municipal.

Respecto al Programa Sembrando Vida detalló que está a cargo de la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), quienes a través de mapas sustentados comprueban que los beneficiarios sean dueños del territorio. “La meta es que en tres años se reforeste un millón de hectáreas”.

En el caso de las emisiones contaminantes, comentó que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) integra a la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Hidalgo y Querétaro, a quienes mediante un trabajo institucional se les dota de un laboratorio para hacer las mediciones del aire. Asimismo, se brinda capacitación y formación en la materia.

Respecto de la revisión de la Ley General de Aguas indicó que se iniciará un trabajo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mientras que en el asunto de los humedales refirió que se han presentado dos denuncias penales, toda vez que existe un problema ambiental, porque ellos mantienen la afluencia del agua de 60 mil habitantes de la región de San Cristóbal de la Casas, Chiapas.


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Pide diputada se desista formalmente de la instalación de parquímetros en Xalapa

Pide diputada se desista formalmente de la instalación de parquímetros en Xalapa

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La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que exhorta al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, a desistir formalmente del proyecto de instalación de parquímetros en la ciudad y, en cambio, proponga estrategias que garanticen la movilidad en el municipio de una forma más efectiva y oportuna.

Al respecto, la legisladora señaló que a pesar de que el edil, ya dio como cancelado dicho proyecto, existe mucha inquietud por parte de los habitantes, comerciantes y trabajadores de la zona, de que, de un momento a otro, pudiera retomarse la idea sin antes proporcionar información puntual y completa con la que se clarifiquen los alcances de la instalación de parquímetros.

En este sentido, señaló que en diálogo con la ciudadanía, en su carácter de diputada del distrito XI, Xalapa, Rural, ha recibido comentarios referentes a que este proyecto, podría ocasionar problemas mayores en materia de vialidad, por encima de solucionarlos.

Destacó, que las dificultades de vialidad en la ciudad capital, es una problemática añeja de varias administraciones atrás, por lo cual hizo un llamado a las autoridades municipales a implementar otras medidas y estrategias, que se traduzcan en soluciones reales e integrales en la materia, y que sean de beneficio para las y los xalapeños.

Indicó que ante los cuestionamientos surgidos sobre esta propuesta, el Presidente Municipal Electo, Ricardo Ahued Bardahuil, fijó su postura rechazando estas acciones, “a lo cual una servidora también se suma, pues se trata de una medida que, de ejecutarse, se estaría emprendiendo a tan sólo unos cuantos meses de que concluya la presente administración municipal, heredándose a la próxima como un pendiente”, finalizó.

En otro orden de ideas, la legisladora morenista se pronunció ante las expresiones peyorativas vertidas en un spot televisivo, en referencia a Los Voladores de Papantla.

Ante esto, Ferráez Centeno, indicó que a pesar de que la empresa y el actor, protagonistas de estas deplorables expresiones, ofrecieron una disculpa pública, “se debe buscar que este tipo de acciones se sancionen, toda vez que los términos de dicho spot, fueron humillantes y ofensivos para nuestra cultura Totonaca”, sentenció.

Así como el Gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, “como diputada y veracruzana, me sumo a las muestras de apoyo a nuestros voladores de Papantla, para que se busquen los mecanismos legales pertinentes y se sancione a la empresa así como a los involucrados, por tan discriminatorios comentarios”, concluyó.

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Para prevenir contagios Covid, necesario operativos que eviten taxis colectivos

Para prevenir contagios Covid, necesario operativos que eviten taxis colectivos

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El diputado del Grupo Legislativo de Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presentó al Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual exhorta a la Dirección General de Transporte estatal, a los 211 ayuntamientos y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, para que coadyuven en operativos para evitar que taxis presten sus servicios a manera de colectivo, con el objetivo de prevenir mayores contagios de Covid-19.

Al participar en la tercera sesión ordinaria, el legislador expuso que su anteproyecto deriva del hecho de que algunos concesionarios del transporte público estatal, en su modalidad de taxi, están prestando el servicio de traslado de personas a manera de colectivo de las centrales de autobuses de la ciudad de Veracruz hacia Xalapa y viceversa.

Agregó que tal hecho viola los artículos 2, 122 y 361 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado, pues en términos generales disponen que un taxi es un vehículo de transporte público de pasajeros que únicamente debe prestar el servicio a una persona y a sus acompañantes y que concluida la carrera, se puede ocupar por otra persona distinta, “prohibiéndose al respecto brindar el servicio en una localidad distinta a aquella para la cual se otorgó la concesión”.

Asimismo, el diputado Vargas Barrientos precisó que debe tomarse en consideración que el traslado colectivo que pudiera prestar un taxi de una central de autobuses a otra, implica que las y los pasajeros provienen de distintas partes del estado, del país o incluso del mundo, quienes viajan sin las medidas de sanidad adecuadas y tampoco guardando ninguna sana distancia.

Indicó que su propuesta respeta el principio constitucional de la autonomía municipal y se hace reconociendo que no todos los Ayuntamientos del estado ejercen la atribución de tránsito, “sin embargo, lo que se propone va dirigido a todos los Ayuntamientos y al actual Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, pues todas las autoridades pueden coadyuvar en un tema tan sensible, como lo es el combate al virus Sars-Cov 2”.

Por último, puntualizó que el cumplimiento de este exhorto de ninguna manera será definitivo o total para erradicar la pandemia, “pero si representa una medida más que, como autoridades y sociedad, podemos adoptar e implementar para protegernos y combatir desde distintos ámbitos el terrible problema que enfrentamos como humanidad”, concluyó.

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Exhorta Diputado a atender problema ambiental en la laguna El Farallón

Exhorta Diputado a atender problema ambiental en la laguna El Farallón

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El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó ante el Pleno un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente a modificar el Programa Estatal de Medio Ambiente, a fin de atender de manera inmediata la problemática de la laguna El Farallón, perteneciente al municipio de Actopan, Veracruz.

En su participación durante la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, propuso la revisión de dicho programa y la incorporación de objetivos, acciones, líneas de acción e indicadores de medición, puntuales y específicos, relacionados con la protección, cuidado, recuperación y aprovechamiento de los cuerpos de agua de jurisdicción estatal, y para que, a la brevedad, se realicen acciones concretas, efectivas y viables para atender el problema ambiental de El Farallón.

Guízar Valladares refirió las denuncias de habitantes de las localidades aledañas acerca de que tanto la sequía como la extracción del agua por parte de ranchos próximos han generado la disminución de la superficie de la laguna en 25 por ciento en 10 años por la extracción de agua para riego, y para actividades ganaderas. El Farallón, añadió el legislador, perdió más del 50 por ciento de su volumen de agua en un periodo de 35 años, de 1986 a 2020, y el espejo de agua disminuyó de 1.67 a 0.86 kilómetros cuadrados, una tasa de extinción de 23 mil 300 metros cuadrados por año.

El Diputado recordó también a los grupos ambientales que se han sumado a las denuncias y a la documentación de las afectaciones a ese cuerpo de agua, como la presencia de chapopote en las playas de dicha laguna y la posible participación de mineras extranjeras que buscan explotar los recursos de la zona, incluyendo a pescadores que advierten la inminente extinción de la laguna, lo que ocasionará la muerte de fauna en la zona.

Toda vez que los programas sectoriales son susceptibles de revisión y de modificación cuando así se requiera, el representante popular exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente del estado a revisar el Programa Sectorial Medio Ambiente 2019-2024 a fin de incorporar objetivos, acciones, líneas de acción e indicadores de medición, puntuales y específicos, relacionados con la protección, cuidado, recuperación y aprovechamiento de los cuerpos de agua de jurisdicción estatal.

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Turnan a Comisiones iniciativas de la diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez

Turnan a Comisiones iniciativas de la diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez

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La diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez presentó, durante los trabajos de la Tercera sesión Ordinaria del Segundo periodo del tercer año, una iniciativa por la cual se garantizaría el suministro de agua potable a través de bebederos o sistemas de abasto regular, a todas las instituciones educativas públicas de la entidad.

Con esta propuesta, que adicionaría un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, se pretende se establezca como norma la obligación por parte de las autoridades educativas, garantizar el vital líquido a alumnos, personal docente y personal de apoyo y asistencia a la educación, con todas las previsiones de higiene respectivas, para preservar su salud.

La iniciativa detalla que el próximo regreso a las aulas debe estar arropado de todo el esfuerzo gubernamental para garantizar espacios libres de contagio, derivado de la pandemia por Covid-19, así como condiciones de higiene que les protejan de cualquier otro mal biológico que pudiera afectarles, por lo que en este sentido, continúa el documento, además de mejorar la infraestructura de los servicios sanitarios en las escuelas, es indispensable generar el acceso seguro al consumo del agua potable.

Para su estudio y dictamen la iniciativa se turnó a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.


• Incluirían Casas de Cultura en la Ley Orgánica del Municipio Libre

Asimismo, la legisladora presentó otra iniciativa por la cual se adiciona un inciso a la fracción XXV del artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y una reforma a la fracción VIII del artículo 46, para incluir a las Casa de Cultura como parte de las atribuciones de los Ayuntamientos, otorgándole a la Comisión Edilicia del ramo, la atribución de fomentar la creatividad y valores culturales a la par del desarrollo económico a través de dicha comisión.

En este sentido, se busca favorecer a las y los veracruzanos artesanos de las diferentes zonas; proponiendo que las Casas de Cultura se institucionalicen con el rango de funciones y servicios municipales tal y como se encuentran ubicados otros ramos en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Con ello, se garantizará la continuidad entre cada administración municipal, además de crecimiento como institución promotora del desarrollo cultural y económico a favor de quienes hacen posible la conservación de las expresiones artísticas veracruzanas.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Educación y Cultura, para su estudio y dictamen.


• Presenta legisladora reformas a la Ley Estatal de Protección Ambiental

Finalmente, la legisladora presentó una iniciativa que reforma la fracción VI del Apartado “C” del artículo 6 y la fracción XIII del Apartado B del artículo de la Ley Estatal de Protección Ambiental, a través de la cual se obligaría a los servidores públicos responsables de efectuar inspecciones y aplicar sanciones en la materia, al estricto cumplimiento de los procedimientos y tiempos previstos hasta concluirlos como se encuentra dispuesto en la reglamentación.

En este sentido, para que aunado a la sanción correspondientes por las faltas aplicables, se fortalezca la inhibición de conductas ilícitas, las cuales continúan afectando la biodiversidad de las zonas afectadas.

Al respecto, se detalla que Veracruz es un estado pionero en legislación ambiental, contando con una Ley en la materia bien estructurada, sin embargo, “con base en observaciones de quienes están inmersos en esta problemática, presenta un desfase en la aplicación de los procedimientos administrativos previstos y sus correspondientes sanciones, toda vez que no ejecutan en los plazos previstos, teniendo como consecuencia la repetición de acciones dañinas en las regiones que deben protegerse.

La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.


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Se reincorporan al cargo los diputados Juan Manuel de Unánue y Deisy Juan Antonio

Se reincorporan al cargo los diputados Juan Manuel de Unánue y Deisy Juan Antonio

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El Pleno de la LXV Legislatura se dio por enterado de la reincorporación al cargo del diputado Juan Manuel de Unánue Abascal y de la diputada Deisy Juan Antonio y, a su vez, autorizó al legislador Amado Jesús Cruz Malpica la ampliación, al 15 de septiembre de este año, de su licencia para continuar separado del cargo.

En la sesión, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento la solicitud del Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado, quien pide a esta Soberanía resolver lo conducente a fin de conservar dentro del ámbito de su competencia los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del ayuntamiento de Alvarado.

Asimismo, se recibieron notificaciones de los ayuntamientos de Acayucan, Atzalan, Cerro Azul, Chontla, Misantla, Papantla, Tamiahua, Tres Valles y de Zozocolco de Hidalgo, que informan la reincorporación al cargo, respectivamente, de sus presidentes municipales.

Por otra parte, la Comisión de Hacienda del Estado analizará la solicitud de autorización, planteada por el gobernador del estado, para enajenar a título gratuito y condicional, en su caso revocable, una fracción de terreno, ubicada en el municipio de Jalacingo, Veracruz, a favor del Poder Judicial del Estado, para uso de las instalaciones de la ciudad judicial de ese distrito, albergando en ella juzgados y salas de juicios orales.

También, la solicitud del mandatario estatal, para enajenar a título gratuito un inmueble de propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en Tuxpan, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de una compañía de la Guardia Nacional. Además de la petición para otorgar en comodato el inmueble, conocido como Centro Recreativo Xalapeño, a favor del Ayuntamiento de Xalapa, por un periodo de diez años.

Asimismo, el Ejecutivo presentó a esta Soberanía solicitudes para dejar sin efectos los acuerdos por los que se autorizó enajenar tres inmuebles ubicados en la avenida Jesús Reyes Heroles, fraccionamiento Costa Verde, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, a favor de las asociaciones civiles denominadas: Colegio de Abogados de Veracruz, Verautismo y al Colegio de Médicos del Estado de Veracruz.

Por último, el Pleno aprobó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales una prórroga para la elaboración del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, presentada el 17 de diciembre de 2020.

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Propone diputada garantizar igualdad de oportunidades en cargos municipales

Propone diputada garantizar igualdad de oportunidades en cargos municipales

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Con el propósito de integrar administraciones municipales con funcionarios competentes y altamente capacitados, la diputada Judith Pineda Andrade presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa que reformaría el artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que a su vez busca generar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

En su propuesta, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) propone modificar el citado artículo para quedar de la siguiente manera: “con base en lo dispuesto en esta Ley, el Ayuntamiento deberá aprobar disposiciones reglamentarias para el nombramiento de servidores públicos titulares de las dependencias centralizadas o de órganos desconcentrados.

Así como de aquellos que desempeñen un empleo o cargo de naturaleza directiva en el Ayuntamiento, que realicen funciones relativas a los servicios públicos municipales, observando el principio de paridad de género y garantizando a las mujeres y hombres su acceso bajo las mismas oportunidades.

Para tal efecto, dichos servidores públicos deberán contar con título profesional legalmente expedido y cédula profesional, afines a la naturaleza del cargo, o en su defecto, experiencia acreditada en el ramo, a juicio de quien se encuentre facultado para nombrarlo”.

La diputada expuso que la legislación contempla actualmente que, tratándose de la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas y la Contraloría, mandata que deba cubrirse cierto perfil académico que sea afín a la naturaleza del cargo, “dejando de lado otro tipo de capacidades, experiencia probada en el cargo o desempeño análogo que haga viables a los aspirantes de dichos empleos públicos”, agregó.

Señaló que existe una diferenciación realizada por la Ley entre un grupo de sólo cuatro cargos públicos, y que para el resto que conforma la administración municipal no está sustentado en ninguna otra disposición, “por lo que se estima que debe mantenerse un esquema homogéneo y claro, pero que, sobre todo, no tienda a reproducir y maximizar las disparidades, tanto por cuestión de género, como históricas y económicas, que acontecen en los municipios de Veracruz”.

La iniciativa fue turnada, para el trámite legislativo correspondiente, a la Comisión Permanente de Gobernación.

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Propone GL Morena iniciativa para revocación de mandato

Propone GL Morena iniciativa para revocación de mandato

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El Grupo Legislativo de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio de la cual se plantea incorporar en ésta la figura de revocación de mandato para el cargo de Gobernadora o Gobernador del Estado y su ejecución como un derecho y una obligación ciudadana.

De acuerdo con la propuesta, dada a conocer al Pleno y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales durante la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, dicho proceso podrá realizarse en una sola ocasión durante cada periodo constitucional.

Así como en la elección, en el caso de revocación de mandato de la Gobernadora o del Gobernador del Estado se realizará bajo el principio de mayoría relativa, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. El o la titular del Ejecutivo estatal durará en su cargo seis años, con excepción del caso en que sea declarada procedente la revocación de mandato.

La iniciativa especifica que, durante el mes anterior a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional, la ciudadanía con derecho de votar en un proceso electoral local que esté interesada en promoverlo podrá comenzar a reunir una cantidad mínima equivalente al diez por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral de cuando menos la mitad más uno de los municipios.

Durante los tres meses subsiguientes, podrán presentar al Organismo Público Local Electoral sus intenciones para la celebración de dicho proceso, debiendo éste calificar de forma integral el cumplimiento de dicho requisito una vez vencido el periodo concedido; en caso de estarlo, expedirá de inmediato la convocatoria respectiva. A dichas actividades no podrán destinarse recurso público alguno.

Expedida la convocatoria, el proceso será difundido, organizado y desarrollado de forma exclusiva por el Organismo Público Local Electoral mediante votación universal, libre, secreta, directa, personal e intransferible de las y los ciudadanos; el resultado será vinculante si en el proceso sufraga al menos 40 por ciento del padrón electoral y la votación aprobatoria es de mayoría absoluta, para lo cual el Organismo realizará el cómputo y emitirá el resultado respectivo.

Desde la expedición de la convocatoria y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, especifica la iniciativa, quedará suspendida la difusión de propaganda institucional de todo ente estatal o municipal, con excepción de servicios educativos, salud y protección civil, previa validación del Organismo Público Local Electoral.

Finalmente, el Tribunal Electoral del Estado conocerá y resolverá los medios de impugnación correspondientes en términos constitucionales y de la legislación electoral. En caso de subsistir el resultado de mayoría absoluta, emitirá la declaratoria de procedencia de revocación de mandato, la cual ordenará publicar el mismo día en la Gaceta Oficial del Estado, notificando de forma inmediata al Congreso del Estado, el cual considerará ello como ausencia definitiva en términos de los artículos 33 fracción XXIII y 47 párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto.

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Plantea diputada iniciativa que busca prohibir discriminación a estudiantes “por apariencia”

Plantea diputada iniciativa que busca prohibir discriminación a estudiantes “por apariencia”

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La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó al Pleno del Congreso una iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 4 de la Ley de Educación estatal, cuya finalidad es prohibir cualquier tipo de discriminación en contra de las y los estudiantes, de cualquier nivel educativo, por apariencia o aspectos estéticos que obedezcan a estereotipos y que impida el acceso físico a las instalaciones escolares, limitando su derecho humano a la educación.

En su propuesta, la legisladora del Grupo Legislativo de Acción Nacional subrayó que esta reforma de ninguna manera busca menoscabar la autoridad de planteles educativos, sin embargo –añadió- es menester del Estado Mexicano, salvaguardar que los reglamentos escolares deban ser acordes a los valores, principios y fundamentos establecidos y reconocidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Precisando que las instituciones educativas no deben limitar el ejercicio al pleno y libre desarrollo de la personalidad condicionando a los alumnos al ingreso de los planteles educativos con base en su apariencia física, lo cual, se traduce en una conducta excluyente y discriminatoria, aseguró.

Dijo que la Constitución Federal prevé en todos los ámbitos, incluso en el educativo, la facultad abierta de que cada persona elija su plan de vida y actúe conforme a sus ideales, siempre que estos no atenten contra los derechos de terceros, sin atender a un modelo de virtud o fin perfeccionista, sino por el contrario el Estado mexicano, prohíbe todo tipo de discriminación.

De acuerdo a la propuesta de la diputada Montserrat Ortega la redacción del artículo 4, de la citada ley, quedaría de la siguiente forma: “el Estado garantizará que la educación se imparta sin distinción alguna de origen, raza, color, patrones estéticos o de apariencia personal referentes al cabello, accesorios, o algún otro aspecto físico, sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social que por su naturaleza no interfieren en su proceso de aprendizaje.

En consecuencia, las autoridades educativas tienen el deber de garantizar el acceso a la educación sin limitación alguna, así como generar y salvaguardar las condiciones necesarias para que la educación que se imparta se haga en el marco de los derechos humanos de libertad, igualdad, equidad, seguridad, no discriminación, honor, intimidad personal y familiar, libre desarrollo de la personalidad y protección de los datos personales de los maestros, alumnos y padres de familia.

Al efecto, deberán verificar que se permita el acceso físico a todas las instalaciones escolares, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Las autoridades escolares, directivos o maestros no podrán prohibir el acceso a la educación o el ingreso a las instalaciones escolares, aduciendo reglamentos internos fuera de la norma aplicable en esta ley, en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación y Cultura.

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Presenta PRI-PVEM iniciativa que agilizaría el trabajo legislativo de este Congreso

Presenta PRI-PVEM iniciativa que agilizaría el trabajo legislativo de este Congreso

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Con el objeto de establecer nuevas reglas orientadas a eficientar los trabajos legislativos, así como ampliar los espacios de participación de todas las expresiones políticas, las diputadas y diputados del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentaron al Pleno del Congreso una propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

La iniciativa, presentada durante la sesión de este 29 de junio, busca crear, en los ordenamientos antes citados, una Secretaría más en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, para un total de dos, con lo cual se contribuiría a agilizar la carga de trabajo propia de una Secretaría durante las sesiones.

Se plantea el establecimiento de la figura de las Suplencias Generales, específicamente dos en el caso del Pleno, de tal modo que las personas designadas para dichos cargos, sin tener que ocupar un espacio en el presídium, se encuentren disponibles para cubrir, en su caso, las ausencias de las y los secretarios y de quien ocupe la vicepresidencia, con lo que se evitaría el retraso en el inicio de las sesiones en las que, al no estar presente alguno de los integrantes de la Mesa Directiva, el Pleno tiene que nombrar a quienes los sustituyan por esa única sesión.

Asimismo, los autores proponen que en la integración de la Mesa Directiva del Pleno deba privilegiarse la participación del mayor número de grupos legislativos, a fin de reflejar la composición política plural del Congreso en su órgano de dirección.

Por otra parte, para el caso de la Diputación Permanente, por ser menor el número total de integrantes, plantean únicamente que se establezca una suplencia general, con la responsabilidad de su titular de cubrir, en su caso, las ausencias en sesión de las personas que se desempeñen en la vicepresidencia y en la Secretaría.

También, se prevé eliminar la actual prohibición reglamentaria de que los integrantes de la Mesa Directiva no pueden formar parte de las comisiones permanentes del Congreso, ya que dicha norma inhibe la participación en esos órganos de fundamental importancia, para el ejercicio de las atribuciones de este Poder, de los grupos legislativos que hayan tenido acceso a un cargo en ella, sobre todo cuando es reducido el número total de sus integrantes.

La limitante mencionada sólo se conservaría para quien ocupe la presidencia de la Mesa, en razón de la carga habitual de trabajo de quien funge como representante del Congreso, lo que guarda semejanza con el esquema empleado en el Poder Judicial del Estado, en que la persona que preside el Tribunal Superior de Justicia no integra alguna de las Salas.

Por otra parte, se busca modificar la disposición que señala que una diputada o diputado solo puede formar parte de un máximo de tres comisiones permanentes, de tal modo que ese número aumentaría a cuatro, aunque con la limitante consistente en que no podrá ocupar en las mismas más de una presidencia, a fin de propiciar la distribución plural de esos cargos al interior de los propios grupos legislativos.

Aunado a lo anterior y con el propósito de reflejar la pluralidad ideológica de la ciudadanía, se plantea establecer un esquema semejante al que se utiliza en la actualidad para la conformación de la Comisión de Vigilancia, para el caso de otras cuatro comisiones permanentes de fundamental importancia en los trabajos legislativos, las de Justicia y Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Hacienda del Estado, y de Hacienda Municipal, mismas que pasarían de tres a cinco, el número de sus integrantes.

Por último, proponen establecer expresamente el principio de paridad de género en lo relativo al número total de presidencias de comisiones permanentes y, a la vez, que en la conformación de esos órganos se refleje proporcionalmente la representación de todos los grupos legislativos y de las y los diputados que no alcancen a conformarlos.

De tal forma que no sea una decisión discrecional la que determine cuántas comisiones y presidencias corresponden a cada fuerza política, sino que sea resultado de la aplicación de una norma jurídica expresa.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Gobernación.

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Se reúnen titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado

Se reúnen titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado

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La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, recibieron, en el Palacio Legislativo, la visita del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

En presencia del secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, el mandatario y los representantes populares dialogaron acerca de la conclusión de la agenda legislativa correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional en curso.

Los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como legisladoras y legisladores asistentes a esta reunión, consignaron el compromiso de colaboración entre sí y con las próximas administraciones municipales en esta nueva etapa de la vida política del estado.

Participaron también en la reunión, el diputado local Raymundo Andrade Rivera, y la diputada local Margarita Corro Mendoza, entre otros funcionarios estatales.


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Prepara Comité Organizador el Parlamento de la Juventud Veracruzana 2021

Prepara Comité Organizador el Parlamento de la Juventud Veracruzana 2021

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Para dar cumplimiento al Artículo 68 de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud, el Comité Organizador inició los trabajos de la decimosexta edición del Parlamento de la Juventud Veracruzana, ejercicio democrático que impulsa la participación y proyección de las nuevas generaciones en la vida política y social de la entidad.
En virtud de lo anterior, las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz y Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta y secretaria de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad de la LXV Legislatura respectivamente, el director general del Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ), Jonathan Ramírez Martínez, y la titular de Unidad de Género de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Angélica Pineda Pérez, pusieron en marcha los preparativos.
Durante la reunión de trabajo celebrada en oficinas del Palacio Legislativo, coincidieron en la importancia de llevar a cabo el Parlamento con el propósito de fortalecer la colaboración de las y los jóvenes veracruzanos en la construcción de la sociedad a la que pertenecen y en ejercicio de los derechos y responsabilidades reconocidos y tutelados por la legislación estatal vigente.
Un aspecto a destacar en la organización es la modalidad en que se desarrollará el Parlamento en razón de las medidas sanitarias que deben mantenerse para evitar los contagios por Covid 19 sin detrimento de los objetivos del encuentro, que, según adelantaron, podrá realizarse en formato mixto, es decir, conferencias virtuales y presentación de iniciativas en modo presencial, o completamente virtual, priorizando la salud de las y los participantes.
La presidenta de la Comisión, diputada Elizabeth Cervantes, habló del deber y la responsabilidad del Poder Legislativo de hacer efectivo el mandato legal que protege los derechos de las y los jóvenes, protagonistas de las grandes transformaciones del país y del mundo y generadores de un futuro que genere confianza.
A su vez, la diputada Adriana Esther Martínez enfatizó que escuchar a las y los jóvenes es no solo un derecho que les asiste sino también una acción que redunda en beneficio de la sociedad por el valor que suman a la satisfacción de necesidades de tipo social y a la solución de conflictos desde una óptica nueva.
El Comité Organizador determinó que este año el Parlamento se lleve a cabo durante la segunda semana de octubre y anunció que, en próximos días, se dará a conocer la convocatoria respectiva.
De acuerdo con el Artículo 69 de la Ley en mención, el Comité Organizador se encargará de establecer las bases y lineamientos de la convocatoria, selección de aspirantes, logística y desarrollo del Parlamento de la Juventud, procurando en todo momento que los temas de la convocatoria sean de actualidad y tengan impacto directo en la juventud veracruzana.

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Justicia alternativa en Veracruz, referente de un estado moderno: Gómez Cazarín

Justicia alternativa en Veracruz, referente de un estado moderno: Gómez Cazarín

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La instauración y evolución de la justicia alternativa en Veracruz es muestra y referente de un Estado moderno, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, al asistir a la inauguración del Simposio de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos en la sede del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

En el marco del decimoquinto aniversario del establecimiento de la justicia alternativa en la entidad, el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz organizó este encuentro, encabezado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, magistrada Isabel Inés Romero Cruz.

Al término del acto inaugural, el legislador se congratuló porque, a 15 años de la instauración del Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, el 1 de junio de 2006, Veracruz ahora cuenta con el Centro Estatal de Justicia Alternativa, “una muestra de que nuestro estado cuenta con leyes e instituciones que evolucionan y se fortalecen para estar al servicio de la sociedad”.

Reconoció la labor del director del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Fernando Valerio Gutiérrez, por la conducción al frente de esta instancia dedicada a la mediación y conciliación y encargada de dotar a la sociedad de los medios alternativos como una solución, rápida, sencilla, gratuita, imparcial y confidencial de los conflictos legales.

El legislador ponderó el carácter indispensable de la respetuosa colaboración entre los poderes del Estado, el acatamiento obligatorio de las leyes que aseguran la convivencia armónica y el bienestar de las y los veracruzanos, así como el trabajo constante en la actualización, modernización y fortalecimiento de las instituciones destinadas a velar por la justicia y el derecho que es propio de cada ciudadana y ciudadano.

Al simposio asistieron autoridades estatales, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeras y consejeros de la Judicatura y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

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Plantean actualizar penas por violencia digital y mediática

Plantean actualizar penas por violencia digital y mediática

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Fortalecer la efectividad en la identificación de la violencia digital, establecer sanciones penales adecuadas contra la multiplicidad de conductas, facilitar el pleno acceso a la justicia y tipificar la violencia mediática, son algunos de los objetivos de la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas.

En la Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora presentó una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal ambos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su propuesta de modificación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define la violencia digital como “cualquier acto de violencia que se realiza a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales sistemas de mensajería instantánea, correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización”.

La fracción VIII a adicionar precisa que la violencia mediática es “todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida”.

A su vez, la reforma al artículo 190 Quindecies del Código Penal del estado establece que comete el delito de violación a la intimidad sexual quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

De acuerdo con la propuesta, se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de mil hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulguen, compartan, distribuyan o publiquen no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos.

Estas penas –añade el190 Sexdecies- aumentarán hasta en una mitad del máximo de la pena cuando: el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se haga con fines lucrativos o, a consecuencia de los efectos o impactos del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida.

Desde la tribuna, la proponente señaló que la digitalización de la convivencia social jamás debe ser territorio de la impunidad etérea. “Las violencias virtual y mediática contra las mujeres existen, dañan, destruyen, nos han lastimado a todas. Deben ser sancionadas y erradicadas con toda la contundencia de nuestras leyes”, indicó.

Esta iniciativa, a la que se adhirió la diputada Margarita Corro Mendoza, fue turnada a las comisiones permanentes unidas para la Igualdad de Género y de Justicia y Puntos Constitucionales.

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Congreso local y su Sindicato revisarán condiciones generales de trabajo 2021

Congreso local y su Sindicato revisarán condiciones generales de trabajo 2021

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Autoridades del Congreso del Estado y del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL) instalaron la mesa de negociación para el establecimiento de las condiciones generales de trabajo para el periodo 2021-2022.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín; el secretario general de la organización gremial, José de Jesús Rodríguez Hernández; la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, y el secretario general del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, coincidieron en la disposición y apertura al diálogo que redunde en beneficio para las y los trabajadores del Poder Legislativo.

De acuerdo con el Presidente de la Jucopo, la negociación mantendrá la austeridad de esta legislatura sin menoscabo de los derechos laborales. Reiteró que esta política de austeridad, impulsada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ha dado resultados en toda la administración pública.

Al menos en el Poder Legislativo, ejemplificó, se han eliminado gastos innecesarios, como la adquisición de parque vehicular y pago de servicios de telefonía celular, entre otros. “Ahora el presupuesto, que en realidad son los recursos de los veracruzanos, se aplica de manera correcta, con transparencia y honradez”, afirmó el legislador.

Dijo también que, aun cuando el Congreso del Estado ha mantenido el mismo presupuesto desde hace más de tres años y la política de austeridad, implementada por la actual administración, se hará un esfuerzo extraordinario para que sean mejoradas las condiciones de los más de 300 trabajadores sindicalizados, toda vez que es un compromiso de las y los diputados velar por los intereses de los veracruzanos.

El líder gremial, a su vez, agradeció a las autoridades del Congreso las facilidades concedidas al personal sindicalizado con motivo de la pandemia y expresó su confianza en que la negociación será benéfica para ambas partes. Aseguró que el diálogo entre el Sindicato y la autoridad patronal siempre ha sido de respeto y con plena coincidencia a la suficiencia presupuestal.

También participaron, por el Congreso del Estado, la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales; la jefa del Departamento de Finanzas, Marcela Cuevas Ramírez, y por el SUTSPL, la secretaria de Trabajos y Conflictos, Sugey Fiallo Ramos; el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Juan Pablo Díaz Moreno, y el secretario del Interior, Alejandro Rebolledo Zepeda.

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Autoriza Congreso al Ejecutivo donación de Las Mesas en favor de la Sedena

Autoriza Congreso al Ejecutivo donación de Las Mesas en favor de la Sedena

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Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, por el cual se autorizó al Ejecutivo estatal la enajenación, a título gratuito, del 66 por ciento de la superficie de 922 mil 319.30 metros cuadrados, del rancho ubicado en Las Mesas, municipio de Valle de Bravo, Estado de México, a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el desarrollo de actividades castrenses.

De acuerdo a lo aprobado por el Pleno, en caso que no se cumpliera con la finalidad establecida, la enajenación se entenderá por revocada y sin necesidad de declaración judicial, revertiéndose al patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Este dictamen es resultado del oficio enviado el pasado 31 de marzo por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien en la exposición de motivos señaló que la Sedena es una dependencia cuya misión es defender la integridad, independencia y la soberanía de la nación, garantizando la seguridad interior, auxiliando a la población civil en casos de necesidades, realizando acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país.

Al participar en la discusión y votación de este dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva, señaló que toda vez que ha sido legalmente recuperado este predio; “producto de los malos manejos, desvío, robo y peculado de los caudales públicos y de la corrupción de una administración pública anterior que no merece repetirse jamás, ya que los delitos graves que causó a la hacienda pública estatal, ofenden y agravian a todas las veracruzanas y veracruzanos”.

Agregó que la Sedena es una de las instituciones más queridas y respetas por el pueblo, ya que es la instancia encargada de la defensa del territorio y de la soberanía nacional, de garantizar la seguridad interior y de instrumentar el Plan DN-III, “por lo que seguramente todas y todos los presentes nos sentimos orgullosos de todos los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas”, añadió.

Indicó que la población de Veracruz, como la de todos los rincones del país, ha sido objeto de innumerables desastres naturales, en los cuales siempre se ha contado con el apoyo institucional, incondicional e invaluable de los soldados mexicanos, “en las recurrentes inundaciones, incendios y temblores, pero también en las fugas y explosiones petroleras, de gas y químicas, algunas veces graves y trágicas”.

Por otra parte, a propuesta de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, el Pleno aprobó a los ayuntamientos de Chinampa de Gorostiza y al de Zaragoza la donación de terrenos, pertenecientes al fundo legal, para que sean destinados a un centro de salud y de una escuela primaria, respectivamente.

Con el objeto de regularizar el estatus legal de diversos terrenos que actualmente ya tienen en posesión diversas personas, el Congreso del Estado aprobó los dictámenes por el cual se autoriza a los ayuntamientos de Isla y Saltabarranca la enajenación onerosa de lotes de terrenos a favor de 139 y 12 personas, respectivamente.

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Acortarían plazo para que autoridades respondan a peticiones ciudadanas

Acortarían plazo para que autoridades respondan a peticiones ciudadanas

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Con el objeto de abonar a la consolidación de una cultura de respeto por parte de los servidores públicos al derecho de petición de la ciudadanía, el Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó al Pleno del Congreso local una iniciativa que reformaría el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de disminuir, a 30 días, el plazo que tienen las autoridades para responder a los peticionarios.

Durante los trabajos de la segunda sesión ordinaria, correspondiente al segundo periodo de sesiones, del tercer año de labores, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales esta propuesta para su estudio y dictamen.

De acuerdo a los autores de la iniciativa hay muchos casos que, al amparo de la falta de precisión de la norma constitucional federal y de lo señalado en la local, los acuerdos recaídos a las peticiones son comunicados, inclusive deliberadamente, hasta la fecha en que se actualiza el límite máximo, aunque lo solicitado no hubiese requerido de un lapso tan prolongado para que la autoridad respondiera.

Asimismo, las diputadas y diputados exponen que el señalar este plazo de 30 días es para generar respuestas de las autoridades, por lo que no significa que lo solicitado por una persona tenga que ser acordado invariablemente en sentido positivo, “Solo se garantiza que una petición formal debe ser respondida en un término razonable, con independencia del trámite dado a la misma”.

Por otra parte, ejemplifican que entidades como Chiapas, Coahuila, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, han establecido plazos inferiores al de 45 días hábiles que se señala, actualmente, en la Constitución Política local.

Conforme a la iniciativa del Grupo Legislativo, la redacción del artículo 7 constitucional quedaría de la siguiente manera: “Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, las cuales estarán obligadas a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de treinta días hábiles”.

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Pide diputada implementación de políticas públicas en favor de pueblos originarios

Pide diputada implementación de políticas públicas en favor de pueblos originarios

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Al participar en la sesión ordinaria, la diputada Roxana Mina Joaquín presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta a las Dependencias e instituciones del Gobierno estatal para que, dentro del ámbito de su competencia, elaboren políticas públicas inclusivas que mejoren la calidad de vida y fomenten el progreso y desarrollo de los Pueblos Originarios que habitan en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La legisladora, representante del Distrito XXVII, de Acayucan, dijo que al tener más de un millón 100 mil habitantes pobladores indígenas, Veracruz se convierte en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de personas que forman parte de estas comunidades, por lo que –precisó- la conservación e inclusión de las etnias veracruzanas debe ser un compromiso conjunto de gobierno y sociedad.

Subrayó que ante el reclamo de estos grupos sociales y como digna representante de las etnias Mazateca y Chinanteca, del municipio de Playa Vicente, ha gestionado, ante diversas autoridades estatales y federales, para que provean de los servicios básicos a estos pueblos, con la finalidad que les sean asignadas obras, edificaciones, carreteras y programas, así como el mejoramiento de zonas deforestadas, que eleven su nivel calidad de vida.

Agregó que las autoridades están obligadas a impulsar e incluir a estas comunidades en proyectos productivos económicos; así como a fortalecer la educación de niñas, niños y jóvenes pertenecientes a estos pueblos que favorezcan la movilidad en la búsqueda de mayores ingresos; proponer el incremento y mejoramiento de las vías de comunicación que facilite el acceso de los productos indígenas para ofertar al Turismo a distintos niveles, “todo esto para fortalecer la presencia de muchas etnias que han sido desplazadas en la vida contemporánea”.

Concluida la lectura del anteproyecto, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó turnarlo a la Junta de Coordinación Política para el trámite correspondiente.

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Pleno da entrada a iniciativas del diputado Héctor Manuel Ponce García

Pleno da entrada a iniciativas del diputado Héctor Manuel Ponce García

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El Pleno de la LXV Legislatura dio entrada a tres iniciativas del diputado Héctor Manuel Ponce García, del grupo legislativo de Morena, durante los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria, del Segundo Periodo, correspondiente al Tercer año de ejercicio Constitucional, celebrada este día.

En primer término, el legislador propuso una iniciativa de decreto que reforma los artículos 3 y 4 de la Ley de Bienes del Estado, por la cual se fortalecerá el inventario de patrimonial estatal, incorporando la figura de la “Sujeción Administrativa”, la cual permitiría que los inmuebles que albergan edificios del servicio público del Gobierno del Estado y que no estén inscritos en el Registro Público de la Propiedad, sean inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estén sujetos a acción reivindicatoria o posesión provisional o definitiva a favor de terceros.

En el mismo sentido, continúa la propuesta, con esta reforma se pretende que los bienes de dominio público que estén en esta situación, puedan ser registrados a través del procedimiento administrativo de Sujeción de Dominio Público, incorporando a la contabilidad gubernamental el valor de dichos inmuebles para que sean acreditables y así recibir inversión gubernamental, mejorando con ello, los servicios que presta.

Al respecto, se detalla que por años se han obviado los numerales 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga a los entes públicos a registrar y mantener debidamente actualizada su contabilidad, mediante las altas y bajas de todos los bienes destinados a esos servicios públicos, dificultando la aplicación de recursos para construcción, reparación y mantenimiento de los inmuebles que se encuentran en esta situación.

La propuesta, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen.

Propone Ley de Prevención y Control de Dengue.

En una segunda iniciativa, el diputado Héctor Manuel Ponce García, propuso la modificación de la Ley para la Prevención y Control del Dengue para el Estado de Veracruz, que contemple a la Chikungunya y el Zika, toda vez que estos vectores trasmiten enfermedades y trastornos causados por agentes patógenos, siendo su mecánica de reproducción y control similares.

Para tal fin, el actual ordenamiento deberá denominarse “Ley para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores y Arbovirus para el Estado de Veracruz”, lo cual facultaría al Sistema de Salud Estatal y Nacional, para actuar en su control y vigilancia epidemiológica permitiendo se apliquen normas oficiales para la atención a los enfermos con estos males.

Asimismo, admitirá estos conceptos para que sean contemplados en la ampliación presupuestaria de todos los programas destinados a la prevención, control y erradicación de dichas enfermedades, resultando ser más eficaces.

Para su estudio y análisis la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

Incluirían en la normatividad local acciones claras referentes al acopio de neumáticos de desecho.

Finalmente, el legislador Héctor Manuel Ponce García presentó una iniciativa para reformar la fracción XV del artículo 5 de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, a efecto de que se incluya el acopio de los neumáticos de desecho, mediante reglas claras y precisas que permita a las autoridades estatales y a los Ayuntamientos, tener mejor control en el manejo de estos residuos.

Con ello, se facultaría a los Ayuntamientos para que elaboren sus propios Planes Municipales de Manejo de Residuos Sólidos, en especial al manejo o tratamiento de los neumáticos en desuso; así como su acopio, almacenamiento, transporte, posesión y comercialización a empresas autorizadas que cuenten con la infraestructura técnica y el debido proceso industrial para estos desechos.

De esta forma, el Ayuntamiento podría generar recursos económicos adicionales, a través de la comercialización de los neumáticos usados, conforme al respectivo Plan de Manejo de Residuos Sólidos Especiales, reactivando con ello, la economía municipal e incentivando la inversión privada.

La Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático se encargará del estudio y respectivo dictamen de la propuesta, además fue turnada a la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para su opinión.

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Quedaría prohibido el castigo corporal o humillante como método correctivo

Quedaría prohibido el castigo corporal o humillante como método correctivo

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La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, del grupo legislativo de Morena, presentó ante el Pleno una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, para prohibir el castigo corporal o humillante como método correctivo o disciplinario en niñas, niños y adolescentes.

Para ello, la legisladora propone homologar dicha normativa con la Ley General, añadiendo un inciso G de la fracción I del artículo 41, correspondiente al Capítulo VIII, denominado “Del Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal”, bajo el concepto de castigo corporal o físico, así como castigo humillante.

En este sentido, la también presidenta de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia destacó que, a pesar que en el país este tipo de correctivos prevalecen en los diversos entornos en donde niñas, niños y adolescentes crecen, conviven y se desarrollan, representa una violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, generando efectos adversos en las dimensiones físicas, emocionales de su desarrollo.

El objetivo de la presenta iniciativa, indicó, es privilegiar el interés superior de la niñez para que puedan disfrutar y satisfacer sus derechos, en rubros esenciales como son salud, educación y el sano esparcimiento en vías de su desarrollo integral.

La iniciativa señala la prohibición a quienes ejerzan la patria potestad de los menores, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados o personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, salud, asistencia social, el ejercicio del uso de castigos corporales o humillantes.

Al respecto, continúa la propuesta, deberá entenderse como castigo corporal, todo acto en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo, así como cualquier otro que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.

En cuanto castigo humillante, se referirá a cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación en contra de las y los menores de edad.

Agregó, que el Pleno del Congreso de la Unión, aprobó recientemente el dictamen por el que se exhorta a los Gobiernos de las 32 entidades federativas y a sus Congresos Locales a homologar sus legislaciones conforme a las reformas realizadas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal, en este mismo sentido, por lo que es esencial legislar al respecto.

Finalmente, agradeció a la diputada Rosalba Valencia Cruz, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados Federal, así como a José Manuel Villaseñor Campos, Secretario Técnico de la misma Comisión, “quienes con sus aportaciones facilitaron los trabajos en torno a la realización de esta propuesta legislativa”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia para su estudio y dictamen.

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