Se capacita Congreso en materia electoral

Se capacita Congreso en materia electoral

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El uso responsable de la comunicación institucional y sus implicaciones durante el proceso electoral en curso fueron abordados durante la capacitación impartida por la magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), a autoridades y personal del Congreso del Estado, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi.

Con la participación, asimismo, del coordinador de Comunicación Social de la LXV Legislatura, Aldo Valerio Zamudio, y colaboradores de esta área, la charla vía zoom tuvo como objetivo la actualización en materia electoral de las y los servidores públicos, a partir de la preocupación de las autoridades del Poder Legislativo por la capacitación para la operación de los procesos informativos, manteniendo como prioridad el cumplimiento pleno de la ley.

La Diputada Presidenta destacó la importancia fundamental de la estrecha colaboración entre el TEV y el Congreso del Estado para la exposición, seguimiento y aplicación de la normatividad vigente, privilegiando el conocimiento de las reglas, asegurando la recta conducción del trabajo informativo de la actividad legislativa y valorando la trascendencia del actuar de cada institución y servidor público.

Agradeció a la Magistrada la atención para con este Poder, los conceptos ampliados y compartidos durante su exposición, así como las respuestas dadas a las preguntas formuladas por las y los participantes. Dijo que la sociedad veracruzana merece y espera una actuación responsable de quienes les sirven desde las instituciones, en virtud de lo cual se procura este tipo de capacitaciones.

A su vez, la Magistrada expuso acerca de medidas y disposiciones normativas diseñadas para proteger la integridad del proceso electoral, las restricciones impuestas a las autoridades a fin de evitar cualquier forma de promoción de partidos, coaliciones o candidatos y la participación de subalternos en el proceso electoral, así como las sanciones previstas en la ley en caso de incumplimiento.

Además del conjunto de acciones procedimientos y normas conocido como blindaje electoral, habló también de los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes del proceso electoral en marcha, los criterios para la operación de los

programas sociales, las conductas de las y los servidores públicos consideradas delitos electorales y los supuestos no valorados como infracciones.

Invocó también los criterios relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre propaganda gubernamental y uso imparcial de los recursos públicos, las jurisprudencias en la materia. Por último, interactuó con las y los participantes y atendió cada uno de sus planteamientos.


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Propone diputado reconfigurar y especializar las Salas del TEJAV

Propone diputado reconfigurar y especializar las Salas del TEJAV

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El diputado Rubén Ríos Uribe presentó, ante la Diputación Permanente, una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 67, fracción VI, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, con la cual se busca fortalecer el actuar de los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), conforme a los principios de especialización, profesionalización y no distracción con actividades ajenas a las que jurisdiccionalmente estén encomendados.

En este sentido, la iniciativa propone que el TEJAV deberá contar con una Sala Superior, tres Salas Unitarias y una Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, siendo la Sala Superior la máxima autoridad administrativa y jurisdiccional del Tribunal.

Dicha Sala deberá componerse de tres magistrados, uno de los cuales será su presidente, quien deberá ser elegido de entre los integrantes, actuando también como Presidente del TEJAV. Por su parte, las Salas Unitarias y la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas deberán componerse por un magistrado.

Con estos ajustes, se propone la extinción del Pleno como máxima órgano administrativo y jurisdiccional del Tribunal, que bajo el principio de no distracción, los Magistrados de Sala se especializarán en los juicios de su competencia, que hoy se veían distraídos por integrar otros órganos como la Sala Superior y el Pleno del Tribunal.

Asimismo, detalla la propuesta, al ser tres juzgadores quienes resuelvan, se robustecerá el debate y el proceso deliberativo lo que se traduce en resoluciones de calidad en beneficio de la adecuada administración de justicia; además, se consolidarán las atribuciones jurisdiccionales de la Sala Superior como órgano de revisión en segunda instancia del TEJAV.

En el mismo sentido, la Sala Superior del Órgano Autónomo, tendrá la atribución de reglamentar las áreas administrativas en general, así como realizar nombramientos correspondientes y apoyar la gestión en Dirección de Administración que designe.

“Con la presente iniciativa con Proyecto de Decreto se busca fortalecer la especialización del Tribunal con la creación de una Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas que tenga competencia exclusiva en esa materia, que profundice en los

compromisos adquiridos a partir de la entrada del estado, y del Tribunal, al Sistema Nacional, y estatal, anticorrupción”, destaca el documento.

Al respecto, subraya que el objetivo es no limitar la autonomía constitucional del Tribunal, sino especializar su función ubicándolo a la par de los demás órganos de relevancia constitucional, por lo que “no busca la remoción o destitución de los Magistrados que conforman la actual integración del Tribunal”, concluye.

Para su estudio y análisis la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.


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Aprueba Congreso reformas a la Ley Ganadera del estado

Aprueba Congreso reformas a la Ley Ganadera del estado

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El Pleno de este Congreso emitió 27 votos a favor, 12 en contra y una abstención respecto del Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, derivado de la Iniciativa remitida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Esta reforma, aprobada en Sesión Extraordinaria, especifica las zonas de inspección ganadera, considerando puntos de verificación estatales, que tienen como objetivo vigilar el cumplimiento legal del pago de impuestos, comprobación de propiedad y, de manera prioritaria, la sanidad animal.

Estipula que la recaudación por conceptos de ley se hará a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH). Dicha recaudación será etiquetada para el mantenimiento de los puntos de verificación y el pago de personal, así como programas y proyectos que favorezcan la productividad de la ganadería, infraestructura y tecnología que coadyuve al mejoramiento de la sanidad ganadera en Veracruz.

Siendo esta ley de utilidad pública y de interés social, prevé como obligatorias las campañas nacionales para la protección de la ganadería contra plagas y enfermedades que la afectan, atendiendo lo que normen las autoridades correspondientes en la materia, la Norma Oficial Mexicana vigente, así como la implementación de certificaciones en materia de sanidad animal a que haya lugar.

De igual forma, la reforma establece que el gobierno determine un nuevo instrumento de identificación para la trazabilidad y rastreabilidad de los animales. Dicho sistema deberá ser afín al Sistema Informático de Trazabilidad de Mercancías Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras (Sitma) establecido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Con la implementación de Puntos de Verificación estatales, se atenderá de manera más eficaz el tránsito del ganado en territorio estatal y se podrá verificar la propiedad del mismo a través de personal debidamente capacitado y autorizado, que actuará en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, en su caso, coadyuvará con las autoridades competentes en materia de salud animal. De esta manera, se fortalece la actividad pecuaria, al permitir la intervención estatal y generar el desplazamiento controlado de las especies ganaderas y se coadyuva a fin de evitar la propagación de enfermedades.

La reforma prevé que, en un lapso no mayor a 160 días hábiles, el Ejecutivo del Estado deberá emitir el Reglamento de esta Ley.

Posicionamientos

Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Margarita Corro Mendoza informó que la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, en la que funge como secretaria, se reunió con distintas dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de detallar dicha reforma, y escuchó a diversas organizaciones ganaderas, que dieron sus puntos de vista para enriquecerla y garantizar que el desarrollo ganadero en Veracruz sea una realidad.


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Solicita diputado a la SIOP dar continuidad a obra en Tlacotalpan

Solicita diputado a la SIOP dar continuidad a obra en Tlacotalpan

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Debido a que la construcción del puente en el camino Tlacotalpan- Posa de Jolote, en la comunidad el Márquez, del municipio de Tlacotalpan, traería consigo beneficios a más de seis comunidades, generando un sinfín de oportunidades de progreso, el diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo, mediante el cual solicita a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) resolver el proceso legal y dar continuidad a esta obra.

Durante el desarrollo de la sexta sesión ordinaria, del primer receso, del tercer año de labores, la Mesa Directiva, dio entrada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) este documento, a fin que se le dé el trámite legislativo correspondiente.

Los detalles de este Acuerdo exponen que en 2012 la SIOP licitó, por un monto de 4, 305,851.00 la obra: “Estudio, proyecto y restauración de un puente en el camino Tlacotalpan-Posa de Jolote, en la comunidad El Márquez, del municipio de Tlacotalpan.

Sin embargo, añade, en el 2019, al quedar abandonada la obra, la Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales, de la SIOP instauró el procedimiento administrativo de rescisión a cargo de la Empresa Inmopuentes S.A de C. V.

“Hasta donde tenemos conocimiento, la obra se encuentra en proceso judicial, por una parte, el gobierno estatal exige la entrega y, por el otro, la empresa reclama dos pagos, uno por casi 268 mil163 pesos y otro por 113 mil 113 pesos; en tanto que la obra está detenida, los materiales deteriorándose y los habitantes de la región, sin poder disfrutar de sus beneficios”, precisa el legislador.

Asimismo, el legislador expone que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en su segundo informe de labores habló sobre el abatimiento de las desigualdades y el bienestar social. “Eran prioridad para su administración, por lo que se había redistribuido la obra pública y con ello se había podido llevar, accesos carreteros, centros de salud, espacios escolares y vivienda digna a las zonas rurales”.

Agregó que su deseo como diputado y representante popular es que el dinero público sea aplicado de manera correcta. Dijo que, al tiempo de distribuir las obras públicas, se debe continuar con la que ya se había prospectado, sobre todo donde se inició alguna obra, como

lo es el puente en mención, y evitar dejarla en el abandono, generando más pérdidas para el estado de Veracruz.

“Sabemos que estamos en tiempos electorales y es necesario evitar que se lucre electoralmente con dicha obra, por lo que es necesario corregir esto y contar con un plan de desarrollo y políticas públicas que de verdad, cumpla con las necesidades de las localidades veracruzanas”, concluyó.


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Aprueba Congreso de Veracruz reformas a la Ley de Turismo

Aprueba Congreso de Veracruz reformas a la Ley de Turismo

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El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 39 votos, diversas reformas a la Ley de Turismo del Estado de Veracruz, con el objetivo de que servidores públicos involucrados en los municipios con vocación turística, se capaciten gratuitamente, por lo menos una vez al año, con el objetivo de obtener las herramientas adecuadas para que ellos a su vez instruyan a las y los prestadores de servicios turísticos de su municipalidad, en materia de sanitaria.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Turismo, coincidió con la propuesta de la iniciante, diputada María Esther López Callejas, en que, la Secretaría de Turismo a través de acuerdos con la Secretaría Federal, autoridades educativas y laborales, implemente programas de capacitación a prestadores de servicios turísticos, trabajadores y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, para reintegrarse en marco de la “nueva normalidad”, con las medidas adecuadas.

La capacitación dirigida a los municipios con vocación turística, permitirá obtener los instrumentos necesarios enfocados en el aprendizaje de nuevos métodos e ideas para la mejora continua de un establecimiento, además fomentará los criterios de higiene e interacción entre los trabajadores y visitantes, siguiendo las recomendaciones de salud realizadas por la autoridad competente.

Por su parte, las empresas turísticas deberán cumplir con las obligaciones que en materia de capacitación, seguridad, migración y salud les imponga la legislación y/o los reglamentos municipales vigentes, concluye el dictamen.


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Habrá continuidad a programas turísticos iniciados por autoridades salientes

Habrá continuidad a programas turísticos iniciados por autoridades salientes

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Con una votación de 40 a favor, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Turismo, por la que se establece como obligación legal que los municipios, al cambio de administración, den continuidad a los programas o proyectos turísticos iniciados por las autoridades salientes, vigilando su permanencia y operación.

Al respecto, el documento refiere que para tales efectos, los Consejos Municipales de Turismo seguirán siendo encabezados por la o el Presidente Municipal, integrándose la, o el, edil encargado de la Comisión de Turismo y la, o el, titular de la Dirección de Turismo, que a su vez fungirá como secretario técnico.

Además, también deberán estar conformados por cuatro representantes de los sectores público y social y de Cámaras y organismos empresariales con incidencia en la actividad turística de cada municipio; a excepción de los municipios con vocación turística, cuyos Consejos deberán incluir a ocho miembros, que en cualquiera de los casos, tendrán una duración en el cargo de dos años, sin derecho a reelección hasta una vez concluido el mismo periodo inmediato.

De la misma forma, el dictamen define que entre las funciones de los Consejos Municipales, se encuentra diseñar productos turísticos estratégicos emergentes para la activación económica ante cualquier agente perturbador hidrometeorológico, geológico, químico tecnológico, sanitario o de cualquier otra índole fortuita.

Para los municipios con vocación turística, los Consejos comparecerán trimestralmente ante el Cabildo, con la finalidad de informar el avance de sus actividades, propuestas y evaluación de acciones.

Finalmente, la dictaminadora refiere coincidir con la diputada María Candelas Francisco Doce, autora de la iniciativa, que “el turismo le debe interesar a todas y todos, no solamente a quién lo atiende, siendo esta la premisa de un destino con vocación turística, lo mismo que para quienes lo hacen posible y para las y los Gobernantes”.


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Nombra LXV Legislatura a tres nuevos magistrados del Poder Judicial

Nombra LXV Legislatura a tres nuevos magistrados del Poder Judicial

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Con apego a las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la LXV Legislatura nombró a la ciudadana y ciudadanos Claudia Ocampo García, Juan José Rivera Castellanos y Américo Amadeo Fabbri Carrano como magistrada y magistrados del Poder Judicial del Estado, avalando así la propuesta del gobernador, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

Durante la sesión extraordinaria, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) puso a consideración del Pleno el Acuerdo con los nombres antes señalados y que, tras someterse a votación del Pleno, registró 41 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

En el Acuerdo, las y los integrantes de la Jucopo exponen que la ciudadana y ciudadano acreditaron los requisitos que exige la normativa constitucional, en relación a ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos últimos años a la designación, tener al menos 35 años cumplidos; poseer título de licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión.

Tras esta aprobación, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, designó a la diputada y diputados Judith Pineda Andrade, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Rodrigo García Escalante y Alexis Sánchez García para que condujeran hasta el Recinto Oficial de Sesiones a los nuevos magistrados, quienes rindieron la protesta de ley ante el Pleno.

-Ratifica Congreso a Consejera del Poder Judicial-

Con fundamento en la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de las leyes Orgánica del Poder Legislativo y la del Poder Judicial del Estado, así como en el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, el Pleno de la LXV Legislatura ratificó, con 41 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, a la ciudadana Claudia Marlene Galán Espinoza como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en representación del Ejecutivo del Estado, para un periodo de cinco años, a partir de esta fecha.

Lo anterior, a propuesta del gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, quien notificó a este Poder Legislativo sobre esta decisión.

Tras esta determinación, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, designó a las diputadas María Esther López Callejas, María Graciela Hernández Iñiguez, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y Jenny del Pilar Trinidad Herrera, para recibir y acompañar al Recinto Oficial de Sesiones a la ciudadana Claudia Marlene Galán Espinoza para la protesta de Ley ante el Pleno.


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Aprueban diputados juicio político contra expresidenta del Poder Judicial

Aprueban diputados juicio político contra expresidenta del Poder Judicial

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El Pleno de la LXV Legislatura en Veracruz por primera vez en la historia del Congreso, en sesión extraordinaria, con carácter de privada y con 35 votos a favor, aprobó el dictamen, por el cual se determina que la magistrada Sofía Martínez Huerta, siendo presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Veracruz, afectó los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho.

Al término de la sesión, el presidente de la Comisión Permanente Instructora, diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, informó sobre esta decisión del Pleno y argumentó que ello es resultado de un trabajo transparente y con estricto apego a lo señalado en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Al precisar que el Congreso de Veracruz actúa en estricto apego a derecho, dio cuenta de la rectitud y transparencia en todas las etapas del proceso iniciado en las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, en observancia permanente de la ley y respeto de las instancias y los tiempos legalmente establecidos.

Indicó que el dictamen es resultado de la denuncia de juicio político presentada por el juez José Clemente Zorrilla, quien, en noviembre del año pasado, fue removido del juzgado a su cargo por la magistrada, siendo que esta decisión es exclusiva del Consejo de la Judicatura y no de una persona en particular; motivo por el que se determina que podría existir usurpación de funciones en el Poder Judicial.

Además de los 35 votos a favor, este resolutivo registró 9 votos en contra, sin abstenciones. Tras ser aprobado por esta Soberanía, se instruyó remitir al Tribunal Superior de Justicia el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento, a fin que los magistrados integrantes de la Sala Constitucional notifiquen a la denunciada para que formule los alegatos a su favor y será la Comisión Instructora la que ratifique dicha acusación.

Posteriormente, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 al 32 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia y siguiendo la secuela procesal, podría negarse la declaración de inhabilitación o destitución, si la resolución del Jurado de Sentencia es absolutoria o si no se obtiene la mayoría calificada que exige este ordenamiento.

Por otra parte, si la resolución resulta condenatoria, se sancionará a la servidora pública, si está en funciones, con la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta diez años, atendiendo a la gravedad de la infracción. Si no está en funciones, se decretará su inhabilitación en los términos indicados.

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Conmemora Congreso nacionalización de la industria petrolera

Conmemora Congreso nacionalización de la industria petrolera

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Con el izamiento de la bandera nacional, el Congreso del Estado conmemoró el LXXXIII aniversario de la nacionalización de la industria petrolera. En el acto cívico, las y los funcionarios públicos del Poder Legislativo recordaron este acontecimiento histórico que fue encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, el 18 de marzo de 1938, mediante la emisión del decreto por el que fueron expropiados los activos de las empresas extranjeras.
Participaron la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales; la directora de Tesorería, Diana Leydi Zacarias Carrasco, así como la y los titulares del Departamento de Finanzas, Marcela Cuevas Ramírez, del Departamento de Programación y Presupuesto, Eber Jardiel Pérez Zúñiga, y de la Oficina de Seguridad, Simón Díaz Íñiguez.

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Con aval del Congreso, ayuntamientos donan terrenos para instituciones públicas

Con aval del Congreso, ayuntamientos donan terrenos para instituciones públicas

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En la quinta sesión de la Diputación Permanente, del primer receso, correspondiente al tercer año de labores, las diputadas y diputados aprobaron el dictamen por el cual se autoriza a los ayuntamientos de Córdoba, Naranjos Amatlán y Xalapa donar, de manera condicional y, en su caso, revocable, fracciones de terreno de propiedad municipal a favor de instituciones públicas.

En el caso de Córdoba, donará un predio de terreno con una superficie total de 20 mil metros cuadrados, ubicado en el rancho El Garbanzal, dentro de la Congregación 20 de Noviembre, a favor del gobierno federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.

Naranjos Amatlán hará lo propio con un lote de terreno, de propiedad municipal, con una superficie total de 378.26 metros cuadrados, ubicado en la calle Francisco Márquez, con el propósito de que sea utilizado para la ejecución del proyecto para la mejora de la producción, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable en esa jurisdicción.

En tanto, Xalapa donará una fracción de terreno de propiedad municipal con una superficie total de 5 mil 285.52 metros cuadrados, ubicado en el andador Noche Buena y andador Claveles y retorno Pantochica en la unidad habitacional Lomas Verdes, a favor del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, para la administración y funcionamiento de la primaria Amalia Pabello Acosta con clave 30EPR3647Z.

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Atiende Congreso del Estado solicitudes de diversos ayuntamientos

Atiende Congreso del Estado solicitudes de diversos ayuntamientos

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En desahogo a los asuntos que son competencia del Poder Legislativo, este día, la Diputación Permanente llevó a cabo su quinta sesión ordinaria, en la cual autorizó al Ayuntamiento de Coscomatepec la enajenación, a título gratuito, de 22 lotes de terreno de propiedad municipal a favor de igual número de ciudadanos, con lo que se garantiza la situación legal a las y los posesionarios.

De esta manera, el ayuntamiento otorga a las familias de ese municipio las facilidades para que puedan regularizar y escriturar sus predios o terrenos donde tienen construidas sus casas habitación y que son considerados patrimonio familiar.

Entre los asuntos agendados, este Congreso aprobó la solicitud de licencia de la presidenta municipal de Camarón de Tejeda, Susana Guadalupe Ameca Parissi, quien se ausentará, sin goce de sueldo, del 6 de marzo al 7 de junio de este año.

Asimismo, se dio a conocer que la diputada Magaly Armenta Oliveros, representante plurinominal, cumplió con la entrega de su segundo informe de labores legislativas.

Posteriormente, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, puso a consideración de este órgano legislativo los dictámenes de la Comisión de Hacienda Municipal, por los que, al no satisfacer los requisitos que impone la Ley, se declara improcedente atender las peticiones de los ayuntamientos de Acayucan, Chinameca, Las Choapas, Naranjos Amatlán y Soconusco, en relación con el cumplimiento de sentencias recaídas sobre juicios laborales del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Por otra parte y dado que se cumplen los requisitos señalados en la Ley Orgánica del Municipio Libre, este Congreso otorgó su aval para que los ayuntamientos de Fortín, Ixhuatlán de Madero y Jamapa enajenen, a título oneroso, respectivamente, una, 15 y cuatro unidades vehiculares de propiedad municipal, debido a las malas condiciones mecánicas y fallas técnicas que presentan.

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Designa Congreso del Estado a quienes gobernarán Chontla y Zozocolco

Designa Congreso del Estado a quienes gobernarán Chontla y Zozocolco

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El Pleno de la LXV Legislatura aprobó los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mediantes los cuales se resuelve, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución local, lo relativo a quienes ocuparán las presidencias municipales de Chontla y de Zozocolco de Hidalgo, ante las solicitudes de licencias de los munícipes propietarios y debido al deseo de no ocupar el cargo por parte de sus respectivos suplentes.

Ante la licencia concedida al presidente municipal propietario del ayuntamiento de Chontla, Eric Abraham Sosa Mar, quien estará ausente del periodo comprendido del 3 de marzo al 11 de junio, este Poder Legislativo resolvió que la ciudadana Estefanía Tena Sosa, quien se desempeñaba como Síndica propietaria, ocupe la presidencia municipal, durante el tiempo que dure la licencia.

Resultado de lo anterior, se hizo el llamado a la ciudadana Lilia Longinos Benito, Síndica suplente, para que, previa protesta de ley ante el Cabildo, asuma el cargo de referencia durante el tiempo que dure la licencia respectiva.

Ante la solicitud de licencia para separarse del cargo, de manera temporal, del presidente municipal propietario del ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Faustino Ramiro Velásquez, por el periodo comprendido del 4 de marzo al 10 de junio de este año, este Congreso resolvió concederle dicha licencia y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, fue designado el ciudadano Francisco Pérez Pérez, quien se desempeñaba como regidor único, para que ejerza el cargo de presidente municipal.

Como resultado de lo anterior, se hizo el llamado del ciudadano Mateo de Luna Dorantes, regidor único suplente del Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, para que, previa protesta de ley ante el Cabildo, asuma el cargo de referencia durante el tiempo que dure la licencia mencionada.

-Conceden licencia a diputados-

En la sesión, el Pleno concedió licencia para separarse del cargo al diputado Wenceslao González Martínez, por el periodo comprendido del 5 de marzo al 6 de junio próximo. Como resultado de esta acción, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, tomó la protesta de ley al ciudadano Leonel Herrera Zapata, quien ocupará el cargo durante el tiempo señalado anteriormente.

Asimismo, le fue concedida licencia para separarse del cargo a la diputada Deisy Juan Antonio, para el periodo que comprende del 1 de abril al 15 de junio de este año. En consecuencia se instruyó a la Secretaría General convocar a la suplente, ciudadana Roxana Mina Joaquín, para que asuma el cargo, previa protesta de ley ante el Pleno.

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Aprueban diputados diversas reformas al Código Penal estatal

Aprueban diputados diversas reformas al Código Penal estatal

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El Pleno de la LXV Legislatura avaló con 34 votos a favor, el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Seguridad Pública que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Veracruz, en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública, y contra la seguridad de la comunidad.

Con las modificaciones en la redacción de los delitos planteados, se actualiza la codificación proporcionando mayores herramientas para enfrentar los problemas de criminalidad en el Estado ante el aumento de la incidencia y violencia con el que son cometidos.

Con dichas reformas, puestas a consideración el pasado 11 de febrero por el gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, se amplían y endurecen las penas y multas en delitos contra la libertad, estableciendo a la extorsión en este rubro, ya que además de afectar el patrimonio, la misma libertad de la víctima se ve coartada al no poder realizar las actividades habituales ante el temor del mismo acto intimidatorio.

Asimismo, incorpora el delito de extorsión contra la comunidad comercial y de trabajo, además de duplicar las penas cuando los delincuentes sean servidores públicos y/o estén o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública.

Además, se incrementan las penas a las conductas de ultraje a la autoridad, con el objeto de que sean acorde con el hecho criminal que representa, ya que trastoca, en el marco del ejercicio de las funciones del servidor público, la protección del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana.

De la misma forma, se cambia el nombre del Capítulo I del Título XXII, del Código Penal de la entidad, correspondiente a espionaje contra Instituciones de Seguridad Pública, por Delitos contra las Instituciones de Seguridad Pública, toda vez que comprende un mayor número de infracciones cometidos en contra de dichas instituciones.

Será acusado de Delitos contra las Instituciones de Seguridad Pública, quien dañe o impida el paso de vehículos de Seguridad Pública Estatal o Municipal, utilizando cualquier tipo de instrumento dañino, a quienes posean equipo o artefactos de comunicación para acechar, vigilar o realizar cualquier acto encaminado a obtener o intervenir canales de comunicación que afecte el trabajo de las Instituciones.


También, a quien proporcione información a cualquier persona sobre las acciones, actividades o labores de los integrantes de las instituciones públicas estatal o municipal; de la misma forma, continúa el dictamen, a quienes posean identificaciones falsas, insignias, uniformes o vehículos que emulen ser oficiales, así como quienes resguarden información, documentación o mensajes físicos o tecnológicos, relacionados con actividades ilícitas.

Se añade un Capítulo IV, del Título XXII referente a Delitos contra la Seguridad de la Comunidad, a través del cual se sancionará a quien porte o resguarde equipos de comunicación contratados con documentación falsa o de terceros sin consentimiento, así como quien posea equipos de cualquier tipo utilizados para la intervención, escucha o transmisión de información privada, sin un fin lícito.

Quien posea identificaciones falsas o alteradas, tenga uno o más inmuebles, en calidad de arrendatario, adquirido a través de documentación falsa; resguarde, posea o porte mensajes producidos por cualquier medio que tenga relación con bandas, pandillas, grupos o actividades delictivas con la finalidad de favorecerlos.

Las penas se incrementarán, para quienes en la ejecución de dichos delitos, induzcan u obliguen a niñas, niños o adolescentes, personas que no tengan la capacidad de comprender la magnitud de los actos, personas adultas mayores o cuando el responsable sea un servidor público o haya estado en funciones dentro de los 5 años anteriores de la comisión del delito.

Al hacer uso de la voz, por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, señaló que la propuesta es la punta de lanza de una estrategia acordada en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para combatir conductas que, además de afectar el patrimonio de las personas, se realizan con una gran carga de violencia, afectando la libertad, tranquilidad y la seguridad de veracruzanas y veracruzanos.

Agregó que esta estrategia, es derivada del análisis de datos duros, y de escuchar las voces y exigencias ciudadanas, por lo que su objetivo “es proporcionar mayores herramientas jurídico penales con las cuales se pueda combatir principalmente el robo con violencia; el delito de extorsión que se viene realizando a las personas que ejercen actividades comerciales, empresariales o profesionales; el despojo y, reconfigurando los delitos en contra de la seguridad pública y ultrajes a la autoridad”.

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Pide diputado proteger derechos de usuarios de telecomunicaciones

Pide diputado proteger derechos de usuarios de telecomunicaciones

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El diputado José Magdaleno Rosales Torres, presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, a través del cual realizó un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para la protección de los derechos de los usuarios, de la región de Huatusco ante la inconsistencia y mala calidad del servicio de telecomunicaciones, prestado por empresas particulares.

Asimismo, hizo un llamado para su restitución, o bien para que el IFT imponga las sanciones por incumplimiento de obligaciones a los concesionarios involucrados en la falla del servicio de telecomunicación.

Al respecto, el legislador señaló que ciudadanos de la zona Huatusco han indicado que desde 2020, el servicio de telefonía e internet ha sido deficiente, reflejándose en frecuentes cortes y fallas, las cuales puedes prolongarse hasta dos días para reestablecerse.

En este sentido, continuó, la Profeco, junto con el IFT, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expidieron la “Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones”, la cual protege a los usuarios de estos servicios.

De tal forma que en su Capítulo V, Derecho a la Calidad en el Servicio y en el Equipo Terminal, se detalla el derecho del usuario a exigir calidad en el servicio, obligando al proveedor cumplir con lo pactado en el contrato o publicidad en términos de calidad en el servicio.

Expresó que el documento también contempla que “si el servicio no es prestado conforme a la calidad y condiciones convenidas en el contrato, o por fallas o cargos indebidos por causas imputables al proveedor, se deberá bonificar al menos el 20 por ciento del monto del periodo de afectación y del precio del servicio, sin la necesidad de presentar una reclamación y sin perjuicio de ejercer las acciones legales respectivas para reclamar dicha indemnización”.

Por su parte, dijo, que corresponde a la Profeco promover, proteger, asesorar, defender, conciliar, y representar a los usuarios y consumidores, frente a los concesionarios o autorizados de servicios de telecomunicaciones, siendo informado por el IFT, del monitoreo en cuanto a la calidad del servicio de los prestadores o concesionarios.

“El Instituto y la Profeco intercambiarán información relacionada con las quejas de los usuarios, el comportamiento comercial de los concesionarios, la verificación del cumplimiento de sus obligaciones, así como las sanciones que impongan a fin de que determinen proceder en el ámbito de su competencia”, enfatizó.

Finalmente, indicó que el acceso a la información constituye una herramienta esencial en cualquier democracia, por lo que el Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones.


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Incorpora Congreso modificaciones a decreto sobre centros históricos

Incorpora Congreso modificaciones a decreto sobre centros históricos

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Con 43 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, en Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado aprobó las observaciones al Decreto número 838, formuladas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en materia de centros históricos, en términos de lo establecido en el Artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El oficio enviado por el Ejecutivo precisa que “los centros históricos no se circunscriben a las cabeceras municipales únicamente y las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población o centros históricos sólo puede ser eficaz cuando se integra a la política de desarrollo económico y social, considerado en la planificación física del territorio, esta intervención debe ser precedida por un estudio multidisciplinario que avale el plan que debe especificar las edificaciones a proteger, que defina que los valores a conservar son el carácter histórico y la suma de elementos materiales y espirituales que determinan la imagen de la población”.

De acuerdo con las observaciones incorporadas a la reforma al artículo 28 y la adición de la fracción XIV del artículo 5 de la Ley de Patrimonio Cultural, queda definido el concepto de Centro Histórico como: “Todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo. Como tales se comprenden tanto asentamientos que se mantienen íntegros, desde aldeas o ciudades, como aquellos que a causa de su crecimiento, constituyen hoy parte o partes de una estructura mayor”.

Además, con la adición de la fracción XIV al mismo artículo, se establece que “en ninguna circunstancia serán modificados los centros históricos de su carácter original, excepto cuando formen parte de un proyecto de aprovechamiento del sitio, debidamente justificado y apegado a la Ley Federal vigente y bajo los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), incluyendo la introducción de elementos de carácter contemporáneo, siempre que no perturbe la armonía del conjunto y que contribuyan a su enriquecimiento”.

Asimismo, la adición de la fracción XXX Bis al artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, precisa que la protección, preservación y mantenimiento de la originalidad de los centros históricos, atribuciones de los ayuntamientos ya establecidos en dicho ordenamiento, no se circunscriben sólo a las cabeceras municipales, sino que extiende estas acciones a los municipios, considerándolos como “agentes del desarrollo social”.

Finalmente, la reforma al inciso e) de la fracción I del Artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, incorpora que los intereses propiamente culturales y los del desarrollo integral se conjuguen en cuanto concierne a la debida preservación y utilización del patrimonio monumental y artístico de los centros históricos, en la labor municipal de promover inversiones y acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, con base en los programas de desarrollo urbano de orden municipal.

En cumplimiento del mandato constitucional en mención, una vez verificada la votación, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, declaró aprobada la propuesta modificatoria al Decreto 838, instruyó la incorporación de las modificaciones a éste y su turno al titular del Poder Ejecutivo del estado para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

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Aprueba Congreso del Estado creación de Juzgados en Materia Laboral

Aprueba Congreso del Estado creación de Juzgados en Materia Laboral

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El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 41 votos a favor, sin abstenciones y 2 votos en contra, el dictamen por el cual se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, mismo que contempla la creación, en su estructura administrativa, de los Juzgados en Materia Laboral, que la Constitución General de la República y la Ley Federal del Trabajo mandatan en sus respectivas reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017 y el 1 de mayo de 2019, respectivamente.

Estas modificaciones son resultado del análisis hecho por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales a la iniciativa presentada el pasado 11 de febrero por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz.

Estos Juzgados tendrán las atribuciones para conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. De Igual forma, los conflictos laborales de las universidades e instituciones de educación dotadas de autonomía en el Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, por conducto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores; entre la administración pública estatal y municipal y sus empleados, así como entre los organismos autónomos de la entidad y sus empleados.

En el artículo 40 queda asentado que en la entidad habrá el número necesario de Juzgados de Primera Instancia, en Material Laboral o especializados que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para el buen funcionamiento de la administración de justicia, quien fijará la competencia territorial y por materia de dichos órganos jurisdiccionales, conforme a la disponibilidad presupuestal.

Los Juzgados en Material Laboral se integrarán por una persona titular que se denominará Jueza o Juez, el número de secretarios y demás personal que el Consejo de la Judicatura determine y el presupuesto permita.

Las labores de los Juzgados en Materias Penal y Familiar no se interrumpirán durante las vacaciones. En materia civil y laboral, se suspenderán el trámite procesal y los términos judiciales hasta que se reanuden dichas labores, con observancia de lo dispuesto en la normatividad aplicable, en materia de términos judiciales.

A través de los transitorios, se expone que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado realizará las adaptaciones necesarias al marco jurídico administrativo y expedirá, en el ámbito de su competencia, todas aquellas medidas para dar cumplimiento al presente decreto. Una vez entrado en vigor, el Poder Judicial realizará las adecuaciones presupuestarias propias enfocadas a la implementación del decreto, y en su caso, las gestiones necesarias a efecto de contar con los recursos que requiera para tal efecto.

En los posicionamientos y por parte del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez dijo que resulta indispensable contar con un marco jurídico que atienda una por una las demandas, sobre todo aquellas que provienen de grupos en vulnerabilidad.

Tras adelantar el voto a favor del Decreto, la legisladora subrayó que, a partir de que entre en vigencia esta reforma, Veracruz afianzará la implementación de un sistema de Justicia Laboral innovador y eficiente, encaminado a brindar celeridad a conflictos por la vía de la conciliación y, en caso de no ser suficiente ésta, por medio de la autoridad jurisdiccional.

Destacó que el Grupo Legislativo al cual pertenece celebra la trascendencia de las reformas y adiciones propuestas por el Poder Judicial del Estado, advirtiéndolas como las herramientas necesarias que concretarán su intervención, sumamente relevante, para resolver conflictos laborales, y por significar, la continuación de un proceso por el cual se ha venido trabajando y avalando a lo largo de esta Legislatura.

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Resuelven suplencias en ayuntamientos de Ixhuatlancillo, Ozuluama y Tamiahua

Resuelven suplencias en ayuntamientos de Ixhuatlancillo, Ozuluama y Tamiahua

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A propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Diputación Permanente de la LXV Legislatura autorizó la licencia para separarse del cargo, sin goce de sueldo, a los presidentes municipales propietarios de los ayuntamientos de Ixhuatlancillo y Ozuluama y resolvió el caso de Tamiahua, haciendo el llamado a la persona que ocupará el cargo, en tanto dura la licencia respectiva.

En primer término, fue autorizada la licencia al presidente municipal de Ixhuatlancillo, Israel Pérez Villegas, para ausentarse del cargo, sin goce de sueldo, del 1 de marzo al 10 de junio del año en curso.

Asimismo, y ante la renuncia del presidente municipal suplente, Fernando Ochoa Vergara, con apego a la legislación vigente, se hizo el llamado al ciudadano Germán Francisco Cenobio Mora, regidor único propietario, para asumir la presidencia municipal en tanto dura la licencia y, como consecuencia, se llamó al ciudadano Juan Pablo Rosas, regidor único suplente para ejercer el cargo.

Por otra parte, se le concedió al presidente municipal propietario de Ozuluama, Armando Antonio Gómez Betancourt, licencia para separarse del cargo del 6 de marzo al 15 de junio, del presente año.

Debido a que el presidente municipal suplente, Enrique Delgado del Ángel, manifestó su deseo de no ocupar el cargo, el Congreso resolvió llamar a la ciudadana Daniela Sosa Sosa, síndica propietaria, para ocupar el cargo de presidenta municipal. En consecuencia la regidora primera propietaria, Guadalupe del Carmen Castellanos Nieto ocupará la sindicatura y se llamó a la regidora primera suplente, Consuelo del Ángel Castellanos, para asumir el cargo, en tanto dura la licencia.

Por último, ante la licencia otorgada a la presidenta municipal propietaria de Tamiahua, Citlalli Medellín Careaga y debido a la renuncia de la ciudadana Ana Bertha Hernández Correa, presidenta municipal suplente, este Congreso determinó llamar al regidor primero propietario, José Luis Vicencio Santiago, para que ocupe la presidencia; en tanto, se llamó al regidor primero suplente, Eleazar Santiago Hernández, para ejercer funciones.

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Recibe Congreso iniciativa del Gobernador en materia de seguridad pública

Recibe Congreso iniciativa del Gobernador en materia de seguridad pública

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La LXV Legislatura recibió una propuesta de actualización en las atribuciones de la persona titular de Seguridad Pública, remitida a esta Soberanía por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, mediante una Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 18 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su planteamiento, el titular del Ejecutivo considera necesario combatir las conductas que tengan por objeto encubrir o disimular el origen ilícito de los recursos, con la consecuente afectación a la economía estatal, a la dinámica social, a la administración pública y, sobre todo, a la seguridad pública, siendo de suma relevancia el establecimiento de una estrategia integral para prevenir y disminuir tal fenómeno delictivo.

Reconoce también que uno de los retos fundamentales que enfrenta la administración pública estatal es implementar y fortalecer las acciones dirigidas a mermar las estructuras financieras y el poder económico de diversos grupos criminales, dada la magnitud del daño que éstas ocasionan a la sociedad y a la economía veracruzana.

Advierte, asimismo, la necesidad de tomar como referencia el marco normativo que regula las instituciones de seguridad pública en el nivel nacional, a fin de realizar las modificaciones correspondientes a las atribuciones que son conferidas a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

En virtud de esto, la actualización a las atribuciones propuesta en la iniciativa del Gobernador son: Controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifique el órgano jurisdiccional, así como organizar la administración y operación del Sistema Penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción social de la persona sentenciada.

Además, administrar, con estricto apego a los derechos humanos, los centros penitenciarios, así como proponer ante los órganos jurisdiccionales los beneficios preliberacionales, libertades anticipadas, sanciones no privativas de libertad y traslado de personas privadas de su libertad, así como atender las solicitudes de extradición, amnistía e indulto.

Coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de prevención y reinserción social, de evaluación y supervisión de medidas cautelares, así como de la suspensión condicional del proceso, de conformidad con las leyes de la materia.

También, supervisar las instalaciones de los Centros Penitenciarios, para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal y de los asistentes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para su buen funcionamiento.

Asimismo, administrar y resguardar los Centros Especializados para Adolescentes, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás disposiciones aplicables.

Realizar los traslados ordenados por los órganos jurisdiccionales de las personas privadas de su libertad a los recintos judiciales en donde se celebran sus audiencias, brindándoles la seguridad y custodia en dichos recintos, así como cumplir los mandamientos judiciales solicitados por los jueces y autoridades ministeriales.

Al mismo tiempo, dirigir y supervisar la Unidad de Análisis e Inteligencia, bajo su adscripción, para la selección de información y el desarrollo de estrategias que coadyuven en la preservación de la seguridad pública estatal.

Así como dirigir y supervisar la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, para generar, obtener, analizar y evaluarla información patrimonial, fiscal y económica proveniente de actividades consideradas irregulares o ilícitas por la ley, a través de la colaboración con las autoridades competentes en la materia.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad.

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Propone PRI-PVEM protocolos para la prevención del acoso sexual

Propone PRI-PVEM protocolos para la prevención del acoso sexual

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La LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa presentada por el grupo legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) que busca adicionar una fracción II bis al artículo 30 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, a fin que las entidades públicas, en acuerdo con los trabajadores, implementen obligatoriamente protocolos para la prevención, atención y erradicación del acoso y hostigamiento sexuales y de cualquier otra forma de violencia laboral y discriminación.

A través de la Diputación Permanente se conoció y turnó a la Comisión Permanente de Gobernación esta propuesta, signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas, Antonio García Reyes y Rodrigo García Escalante, integrantes del citado grupo parlamentario.

De acuerdo al texto presentado, el PRI-PVEM considera necesario abonar al perfeccionamiento del marco jurídico relativo a la prevención y erradicación de las conductas de acoso sexual y hostigamiento, a fin de preservar los derechos a la libertad sexual, a la dignidad personal y al trabajo, entre otros, de mujeres y hasta hombres que cotidianamente se ven expuestos en el ejercicio de sus actividades laborales a esas manifestaciones de naturaleza lasciva que obstaculizan su pleno desarrollo.

La emisión de dichos protocolos serían de acuerdo con las y los trabajadores, los que prestan sus servicios a las entidades públicas consignadas en la Ley Estatal del Servicio Civil, en razón de la importancia de su participación en el diseño de disposiciones que les puedan ser aplicables, ya sea como sujetos activos o víctimas de las conductas reguladas, con lo que se evitará en su confección un esquema unilateral, en el que sólo intervengan los representantes de las entidades públicas.

Asimismo, se establece que si bien existe el Acuerdo por el que se expide el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, emitido por el Ejecutivo Estatal y publicado el 23 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial del Estado, es necesario dar mayor basamento jurídico a las medidas preventivas y de atención en la sede administrativa de las referidas conductas.

Así como ampliar normativamente el listado de sujetos obligados a expedir protocolos en la materia, particularmente para incluir entre éstos a las administraciones públicas municipales.

En el detalle de la propuesta legislativa, se prevé que el hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito laboral tienen principalmente entre sus víctimas a mujeres y constituyen, por tanto, algunas de las manifestaciones más evidentes de la violencia de género en los centros de trabajo.

También, de otros fenómenos socioculturales igualmente reprobables pero aún arraigados, entre ellos, la reproducción de estereotipos de supremacía en razón de pertenencia a un género determinado, y que, no en pocas ocasiones, son el preámbulo de otras conductas más extremas, como el abuso sexual y la violación.


Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

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Proponen reforma para facilitar acceso a candidaturas independientes

Proponen reforma para facilitar acceso a candidaturas independientes

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El Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una iniciativa en materia electoral para reducir los porcentajes del apoyo ciudadano requerido para participar en los procesos comiciales mediante la modalidad de candidaturas independientes en el estado.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, se turnó a la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales la Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 269 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para facilitar el acceso de las y los ciudadanos a participar en la elección sin el aval de un partido político, la reforma a dicho artículo contempla que, para la candidatura a gobernador, la cédula de respaldo contenga, cuando menos, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1 por ciento de la lista nominal de electores, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por electores de la mitad de los distritos electorales, que sumen cuando menos el 1 por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.

Para las fórmulas de diputados locales de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2 por ciento de la lista nominal de electores del distrito correspondiente, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de los municipios que integran el distrito que sumen como mínimo el 1 por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellos.

En lo que respecta a la fórmula de presidente y síndico, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1 por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al municipio en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de, por lo menos, la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 1 por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores del municipio.

Las diputadas y los diputados proponentes señalaron que, de acuerdo con el padrón registrado en Veracruz, con corte al 22 de enero de 2021, y si éste fuese definitivo para el actual proceso electoral, para formar un partido político local se requiere de solo 15 mil 647 militantes.

En cambio –añaden-, los requisitos establecidos para un candidato independiente que, además de solicitar su registro, conformar una asociación civil que lo apoye y abrir una cuenta bancaria, debe obtener firmas de apoyo ciudadano, equivalentes para el caso de: gobernador del estado, 3 por ciento de la lista nominal, es decir, 173 mil 277 ciudadanos, para diputado local, 3 por ciento de la lista nominal del distrito de que se trate, y para las presidencias municipales, 3 por ciento de la lista nominal del municipio.

Destacan también que el acceso de las y los ciudadanos al poder público por la vía independiente, a pesar de sus actuales obstáculos, representa un avance en el fortalecimiento de la democracia y la eliminación del monopolio de los partidos políticos, permitiendo la vigencia de un régimen mixto en el que conviven candidaturas de partido y candidaturas independientes.

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Propone diputada que copias de acta de nacimiento no tengan caducidad

Propone diputada que copias de acta de nacimiento no tengan caducidad

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La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, integrante del grupo legislativo de Morena, presentó una iniciativa que prevé adicionar un último párrafo al artículo 684 del Código Civil del Estado a fin de establecer que las copias certificadas de acta de nacimiento, expedidas por la autoridad competente, no tendrán caducidad, por lo que podrían utilizarse en la realización de trámites ante cualquier instancia, pública o privada.

Lo anterior, siempre y cuando estén legibles y no presenten alteraciones visibles en su contenido. Para tal efecto, la Dirección General del Registro Civil estatal, establecerá las medidas necesarias en todas las oficialías de la entidad para su cumplimiento.

De acuerdo a la diputada Cervantes de la Cruz de materializarse esta reforma se impactaría de manera positiva en la economía de los veracruzanos, además que se evitarían trámites y aglomeraciones innecesarias en las 212 Oficialías del Registro Civil, aunado a que se estaría en armonía con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se refiere a la inconstitucionalidad de fijar una vigencia o fecha de expiración a las actas de nacimiento.

Al exponer su propuesta en la Tribuna, la legisladora indicó que el acta o certificado de nacimiento constituye un documento indispensable en la vida de todo ser humano, al ser necesaria para realizar multiplicidad de trámites y así ejercer plenamente derechos, como inscribirse a una escuela y tener acceso a la educación; para acceder a los servicios de salud, tramitar un pasaporte, una credencial de elector, una licencia de conducir, para abrir una cuenta bancaria, aplicar para una beca, un empleo o heredar propiedades, entre otros.

Destacó la inconformidad ciudadana ante la habitual exigencia de instituciones, públicas y privadas, de solicitar el acta de nacimiento actualizada a quien concurre a realizar trámites que le son urgentes y necesarios como los ya mencionados, “siendo que jurídicamente no existe normativa alguna que señale la pérdida de vigencia de dicho documento”, abundó.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación manifestó que dicho requerimiento en ocasiones retrasa la realización de trámites o los detiene, “no todas las personas tienen la facilidad o la solvencia económica suficiente para poder pagar sin dificultad el derecho que se genera por la expedición de las copias certificadas del acta de nacimiento”.

Dijo que a esto se suma que no todos los ayuntamientos tienen un costo único por este concepto, sino que varía de uno a otro, oscilando entre los 100 y 200 pesos, aunado al costo de traslado y demás que se generan derivado del viaje.

La legisladora precisó que en el año 2008, 3 millones 879 mil personas se encontraban en situación de pobreza, esto representaba al 51.2 por ciento de la población y para 2018 el número ascendió a más de 5 millones 88 mil personas, lo que significa un 61.8 por ciento de la población total en esta difícil situación.

Detalló que, a fin de hacer efectivas estas nuevas disposiciones, la Dirección General del Registro Civil del Estado establecería las medidas necesarias en todas las oficialías de la entidad para su cumplimiento. “Ello en atención a que después de la aprobación de estas reformas, será necesario que la Dirección instruya a las 212 Oficialías a que difundan e informen al público en general sobre la no caducidad de las actas de nacimiento, esto por medios físicos y electrónicos de difusión a disposición de cada oficial”.

Con esta medida, no sólo estaríamos poniendo a nuestra legislación civil a la vanguardia, sino además estaríamos apoyando la economía y facilitando la vida de las y los veracruzanos que hoy por hoy hacen filas interminables por un acta de nacimiento, concluyó.

Tras la lectura de la iniciativa en Tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitirla a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Se adhirieron las y los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena y del Mixto PRI-PVEM.

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Autoriza Congreso licencia para separarse del cargo a diversos servidores públicos

Autoriza Congreso licencia para separarse del cargo a diversos servidores públicos

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Durante los trabajos de la cuarta sesión ordinaria la Diputación Permanente aprobó, por obvia resolución, las solicitudes de licencia presentadas a este Congreso por los presidentes municipales de los ayuntamientos de Cuitláhuac, Santiago Sochiapan, Tatahuicapan de Juárez, Vega de Alatorre y Villa Aldama, llamando al suplente respectivo a ocupar la presidencia, en tanto dura la licencia de cada uno de los munícipes.

El presidente municipal de Cuitláhuac, Santiago Gregorio Morales Rendón, solicitó licencia de 95 días contados a partir del 3 de marzo; de Santiago Sochiapan, Ignacio Pablo Sánchez, del periodo comprendido del 6 de marzo al 7 de junio; por Tatahuicapan de Juárez, Esteban Bautista Hernández, del 7 de marzo al 7 de junio; Vega de Alatorre, Román Benedicto Bastida Huesca, del 6 de marzo al 6 de junio, y de Villa Aldama, Gisela Ramón Contreras, del 4 de marzo al 8 de junio, en todos los casos del presente año.

Las diputadas y diputados también aprobaron, por obvia resolución, la licencia para separarse del cargo de diversos regidores y regidoras.

Quienes obtuvieron licencia son: Benjamín Sánchez Flores, regidor octavo de Coatepec, del 5 de marzo al 13 de junio; Ángel Etiem Jiménez Castañeda, regidor quinto de Córdoba, del 16 de febrero al 15 de junio; Humberto Rosas Luna, regidor segundo de Maltrata, del 4 de marzo al 10 de junio; Emmanuel Gómez García, regidor primero de Orizaba, del 5 de marzo al 14 de junio y Rocío Sosa Luna, regidora tercera de Orizaba, del 7 de marzo al 7 de junio, todos, del presente año.

También, Francisco José Aguilar Ramírez, regidor quinto de Orizaba, del 6 de marzo al 7 de junio; Laura Catalina Reyes Romero, regidora tercera de Tierra Blanca, del 2 de marzo al 8 de junio; Beatriz Piña Vergara, regidora quinta de Tuxpan, 90 días, contados a partir del 5 de marzo y Miguel David Hermida Copado, regidor tercero de Veracruz, del 5 de marzo al 14 de junio.

Ante el fallecimiento de la C. Alejandrina Morales Maza, regidora única propietaria del ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste, el Congreso hizo el llamado a la C. Josefina Martínez Aguilar, regidora suplente, para que asuma el cargo, previa protesta ante el Cabildo.

Ante el conocimiento que el C. Freddy García del Ángel, presidente municipal suplente de Chontla, se encuentra imposibilitado para asumir el cargo de presidente municipal de ese lugar, en tanto dura la licencia del edil propietario, se acordó turnar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que se determine lo conducente.

Por otra parte, y ante la solicitud de licencia del presidente municipal propietario del ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Faustino Ramiro Velásquez, por 99 días naturales y teniendo conocimiento que el C. Serafín Pérez Carmona, presidente municipal suplente, manifiesta que no desea ocupar dicho cargo, será la Jucopo la que analice y dictamine al respecto.

Asimismo, este Congreso recibió, del Ejecutivo estatal, las observaciones al decreto número 838 que reforma el artículo 28 y se adiciona la fracción XIV del artículo 5 ambos de la Ley de Patrimonio Cultural; se adiciona la fracción XXX bis al artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y se reforma el inciso e) de la fracción I del artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, todos ordenamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por último, el diputado Bingen Rementería Molina solicitó dejar sin efectos su licencia temporal presentada el pasado 21 de enero, reincorporándose a las tareas legislativas. En tanto el legislador Eric Domínguez Vázquez y las legisladoras María de Jesús Martínez Díaz y Vicky Virginia Tadeo Ríos, presentaron, respectivamente, su segundo informe de labores.

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Destaca diputada la participación de la mujer en la vida política de Veracruz

Destaca diputada la participación de la mujer en la vida política de Veracruz

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, subrayó la importancia de continuar el trabajo para garantizar, desde la legislación, la igualdad en todos los ámbitos de la vida y que permita a la mujer acceder a los puestos clave de toma de decisiones, ya que -consideró- la participación de ellas es de suma importancia en la vida política de Veracruz.

En entrevista, la legisladora por Poza Rica manifestó que el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no solo representa una fecha más, sino un día que invita a la reflexión sobre qué se ha hecho y qué falta por hacer para consolidar la igualdad sustantiva y constatar que las diversas autoridades estén respetando los derechos de las mujeres veracruzanas.

Recordó que la actual Legislatura es la primera en la historia de Veracruz al ser conformada de manera paritaria, 25 mujeres y 25 hombres, lo que ha permitido un balance en los temas a los que da entrada el Congreso del Estado así como en el análisis de las respectivas iniciativas en pro de las mujeres.

Destacó que la lucha por el reconocimiento pleno de todos los derechos de las mujeres aún debe continuar, por lo que convocó a autoridades y sociedad a velar por los intereses de la mujer veracruzana y sumarse al movimiento que, desde 2018, ha iniciado y que ha dado como resultado que más mujeres accedan a cargos de suma relevancia.

“En Veracruz y, a diferencia del pasado, tenemos una mujer al frente de la Fiscalía; otra mujer al mando del Poder Judicial; otra con la alta responsabilidad del órgano fiscalizador estatal, así como varias compañeras en las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo o así, como una servidora, con la enorme responsabilidad del Congreso local, eso es motivo de orgullo y debemos trabajar para que haya más espacios”, concluyó.


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Mujer veracruzana, sinónimo de honradez y eficiencia: Gómez Cazarín

Mujer veracruzana, sinónimo de honradez y eficiencia: Gómez Cazarín

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La participación de la mujer veracruzana es sinónimo de honradez y eficiencia, ya que han demostrado muy buenos resultados en el ejercicio de los cargos que ocupan, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura estatal, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien añadió que el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, es una fecha para refrendar el compromiso para seguir atendiendo y fortaleciendo las leyes estatales en aras de la igualdad sustantiva.

El legislador manifestó que hoy en día en Veracruz son reconocidos los derechos de las mujeres y muestra de ello es que actualmente muchas de ellas ocupan puestos clave en la administración pública estatal, “El Congreso del Estado, la Fiscalía General y la Anticorrupción, así como el Poder Judicial, el IVAI y el Orfis son presididos por mujeres, a las cuales expreso mi reconocimiento y admiración por el notable trabajo que han hecho”, agregó.

Por otra parte, explicó que el trabajo al interior de la LXV Legislatura es y siempre ha sido a favor de generar las mejores condiciones de vida para las mujeres veracruzanas; por lo que, dijo, las diputadas y diputados apoyan y respaldan las propuestas que vayan encaminadas a la igualdad, no discriminación, bienestar social, entre otros rubros y que son esenciales en el empoderamiento de la mujer.

El diputado Gómez Cazarín indicó, que es momento de conmemorar a este sector, a través de un trabajo arduo y de verdadero compromiso para crear condiciones que permitan una igualdad sustantiva y que dé como resultado el arribo de más mujeres a puestos de toma de decisiones, igualdad salarial y de jornadas de laborables, cero discriminaciones y el respeto a todos sus derechos.

“En el Congreso de Veracruz reafirmamos nuestro compromiso de trabajar para que esas condiciones sean una realidad y nos sumamos a la lucha de las mujeres para que la igualdad sea respetada por todas y todos”, concluyó.


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Aprueba la Cámara de Diputados iniciativa de la diputada Dulce Méndez de la Luz en favor de las personas con discapacidad

Aprueba la Cámara de Diputados iniciativa de la diputada Dulce Méndez de la Luz en favor de las personas con discapacidad

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 446 votos a favor una iniciativa presentada por las diputadas Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Olga Juliana Elizondo Guerra del Partido del Trabajo—que armoniza la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que juzgadores y autoridades administrativas se dirijan a las personas con discapacidad utilizando formatos de fácil lectura en donde expliquen de forma sencilla, clara y llana el contenido de sus determinaciones.

En su posicionamiento, la diputada Méndez de la Luz afirmó: “Todas las personas tienen el derecho de participar en las expresiones de la vida social recibiendo un trato digno, justo y apropiado; sin embargo, históricamente a las personas con discapacidad se les ha negado el acceso a la justicia y el trato igualitario en actuaciones judiciales y en dependencias del ámbito público”.

Ante esta condición desfavorable, el Pleno de la Cámara de Diputados respaldó el dictamen para realizar ajustes razonables al contenido de los documentos y a la redacción que las autoridades de impartición de justicia deben utilizar para comunicar sus determinaciones a las personas con discapacidad con el fin de garantizar su acceso a la información en igualdad de condiciones, con absoluto reconocimiento y respeto a sus diferencias.

“Los dictámenes y resoluciones deberán favorecer la lectura fácil y explicar al quejoso en la sentencia por qué ganó o perdió, cuáles son sus derechos, y las consecuencias que tiene el juicio en su esfera jurídica; todo ello con un lenguaje de fácil lectura, redactado con tipografía clara, con enunciados cortos, tamaño de letra conveniente y utilizando una construcción gramatical sencilla”, explicó la diputada Méndez de la Luz.

La reforma contribuirá a disminuir la desigualdad, en tanto juzgadores y autoridades sean capaces de explicar a una persona con discapacidad–de forma clara y llana–el contenido de sus determinaciones, pues no todos los documentos que se dirigen a estas personas se encuentran en formato accesible para entender fácilmente su contenido.

“México—en especial don Gilberto Rincón Gallardo—fue el principal promotor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento jurídico que contempla un Modelo Social en el que los derechos humanos de las personas con discapacidad se convierten en el centro de la acción social teniendo como eje estructurado la igualdad y la dignidad humana. Con sentencias entendibles y documentos administrativos claros, avanzaremos en la construcción del Modelo Social de la Discapacidad”, añadió la legisladora federal.

“Las adecuaciones, los ajustes razonables y los cambios de actitud, disminuirán esas barreras para lograr una sociedad igualitaria favorable a la realidad de cada persona. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la discapacidad es parte de la diversidad humana, por lo cual es indispensable adecuar las normas de forma progresiva a los requerimientos derivados de las capacidades y deficiencias de las personas, garantizando su inclusión y seguridad jurídica”, finalizó la diputada Méndez de la Luz Dauzón.


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Trabaja Cristina Alarcón por la protección de las niñas y niños veracruzanos

Trabaja Cristina Alarcón por la protección de las niñas y niños veracruzanos

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La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia, se reunió con su homónima federal, diputada Rosalba Valencia Cruz, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Congreso de la Unión, para tratar asuntos relacionados con mecanismos para la protección de niñas, niños y adolescentes veracruzanos en contra de la violencia.

En entrevista, la legisladora señaló que en próximos días continuarán los trabajos con la diputada federal, toda vez que la protección a la niñez y adolescencia, como parte integral de la familia, es fundamental para el funcionamiento y armonía de la sociedad.


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Reducen plazos para el registro de recién nacidos en la entidad

Reducen plazos para el registro de recién nacidos en la entidad

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El Pleno de la LXV Legislatura reformó el artículo 681 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con lo que se reducen los plazos para el registro de recién nacidos en la entidad, prevaleciendo el interés superior del menor.

Durante la sesión extraordinaria y con 41 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, este Congreso avaló el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, que es resultado de la iniciativa presentada el 19 de noviembre de 2020 por las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), leída en tribuna por el diputado Jorge Moreno Salinas.

De esta manera, la redacción del Artículo 681 refiere que “tienen la obligación de declarar el nacimiento: el padre y la madre, de manera inmediata, si en el hospital donde nació el menor hubiere módulo del Registro Civil, o dentro de los sesenta días de ocurrido aquél” a diferencia de la anterior redacción que señalaba 180 días. Con esta modificación se da celeridad al procedimiento.

El dictamen refiere que con esta modificación se armoniza el Código Civil con lo previsto tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en términos del plazo del registro en 60 días.

Por otra parte, se amplía la hipótesis de los sujetos obligados a dar aviso al Registro Civil del nacimiento de una persona, quedando de la siguiente manera: “El personal médico, cirujano, de partería y matronas que hubieren asistido al parto tienen obligación de dar aviso por escrito del nacimiento a la persona responsable del Registro Civil, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

“Si el nacimiento tuviere lugar en un hospital o sanatorio particular o público, la obligación estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración, dentro del mismo plazo”.

De acuerdo con el texto del dictamen y con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de los nacimientos registrados durante 2018, un millón 932 mil 085 fueron atendidos en una clínica u hospital (con un incremento de 0.4 por ciento respecto a 2017) y 81 mil 585 en domicilio particular (con una disminución del 0.1 por ciento respecto al año anterior), lo que da viabilidad a la propuesta de reforma.



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Autoriza Congreso donación de terreno en Nogales a favor de la Fiscalía General

Autoriza Congreso donación de terreno en Nogales a favor de la Fiscalía General

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El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, mediante el cual se autoriza al ayuntamiento de Nogales, Veracruz, la enajenación, a título gratuito, de un predio suburbano de propiedad municipal, a favor de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la ampliación del cementerio ministerial y de estacionamiento del servicio médico forense de la Unidad Integral en ese lugar.

Este aval, otorgado por el Poder Legislativo durante la sesión extraordinaria celebrada este jueves, se otorga de conformidad con lo establecido en el Artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y de manera concurrente, por los párrafos primero y segundo del Artículo 467 del Código Hacendario Municipal para el Estado, por lo que si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración judicial, se revertirá al patrimonio del municipio de Nogales.

El predio en mención cuenta con una superficie total de 2 mil 014.14 metros cuadrados y está ubicado en la calle Reventón, número seis, dentro de la colonia Los Colorines en la localidad El Encinar, perteneciente al municipio.

Asimismo, en la sesión, las diputadas y diputados le autorizaron al Ayuntamiento de Nogales la donación de un bien inmueble urbano, de propiedad municipal, a favor del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la construcción y el uso exclusivo de una Ciudad Judicial en ese municipio, con la finalidad de que la instalación de ese recinto sirva en beneficio de las y los ciudadanos del Distrito Judicial XV.

La fracción de terreno urbano es deducida de una mayor, de propiedad municipal, con una superficie total de mil 425.00 metros cuadrados, ubicados en el Andador número 1, esquina Andador Rafael Moreno, 1 y 2, Colonia Centro, dentro de la cabecera perteneciente a dicho municipio.



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Con licencia tipo A podrá conducirse también unidades particulares y de carga

Con licencia tipo A podrá conducirse también unidades particulares y de carga

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Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron reformas a la ley con las que se establece que el poseedor de la licencia tipo “A” podrá conducir los vehículos señalados en la tipo B y C, aunado a que se amplía a diez años la vida útil de las unidades destinadas para el servicio de taxi, siempre y cuando cuenten con las adecuadas condiciones mecánicas y de seguridad.

Durante la sesión extraordinaria, celebrada este 25 de febrero, el Pleno aprobó, con 41 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, el dictamen de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, resultado de las iniciativas presentadas por la diputada Magaly Armenta Oliveros y el Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM).

Con esta modificación, queda asentado en el artículo 54 de la Ley Número 589 de Tránsito y Transporte para el Estado que la licencia de chofer tipo “A” autoriza a su titular a conducir vehículos de motor dedicados al servicio de transporte público de pasajeros y los descritos en los dos párrafos subsecuentes (tipo B y C).

Los vehículos que sean utilizados para prestar el servicio de transporte público reunirán las características, condiciones técnicas, mecánicas, electromecánicas, de seguridad e higiene necesarias y deberán portar los engomados respectivos, uniformidad de color por municipio y demás requisitos establecidos.

De igual forma, se establece que la Dirección de Transporte podrá suspender, de uno a tres meses, los derechos derivados de una concesión cuando los vehículos dedicados a la prestación del servicio de transporte público no cumplan con lo establecido en los artículos 47 al 51 de la ley, siempre y cuando el engomado de la verificación vehicular no exceda de seis meses de vigencia, de lo contrario, será causal de revocación.

Por otra parte, fue derogado el Artículo 59 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, que estaba relacionado con la obligación de que conductores y operadores deban portar la licencia de la categoría y tipo que corresponda al vehículo que estén utilizando.

La Comisión dictaminara coincidió con los autores en relación con que no se actualizará la revocación de concesión por no contar con la verificación vehicular y el engomado, sino que se iniciará con la suspensión de los derechos de la concesión, como una medida de apoyo para los concesionarios, a fin que se regulen a la brevedad.





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Aprueban Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia

Aprueban Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia

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La LXV Legislatura del Estado aprobó la creación de la Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultado de la iniciativa presentada a este Poder Legislativo, el pasado 28 de enero, por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Esta nueva Ley, aprobada con 40 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, destaca que la prevención social de la violencia y la delincuencia se entenderá como el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a combatir y reducir los factores de riesgo que favorezcan la generación de la violencia y la delincuencia en perjuicio de la sociedad veracruzana.

De acuerdo con la norma aprobada, la prevención social de la violencia y la delincuencia se llevará a cabo mediante la implementación de programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte, desarrollo urbano y seguridad pública.

También, con la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión, el fomento de la solución pacífica de conflictos, a través de los medios alternativos que determine la normatividad respectiva y con estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y la paz respetando las diversas identidades culturales, incluye programas generales y aquellos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad.

Aunado lo anterior a programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo, especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad o afectación.

En el artículo 10 queda asentado que el acceso a la justicia y la atención a víctimas de violencia y delincuencia debe considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la revictimización, a través de la atención inmediata y efectiva a víctimas de delitos, en términos del impacto emocional y el proceso legal, velando por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria.

Asimismo, con atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente realizada por profesionales, considerando diferentes modalidades terapéuticas, brindando respuesta a las peticiones o solicitudes de intervención presentadas por las víctimas de la violencia y la delincuencia, a través de los mecanismos creados para ese fin y la reparación integral del daño que incluye el reconocimiento público, la reparación del daño moral y material, así como las garantías de no repetición.

Se contempla que el Consejo Estatal de Seguridad Pública sea la máxima instancia para la coordinación y definición de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana. Este Consejo contará con la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública para coordinar e implementar la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, misma que se apoyará en el Centro Estatal, en los términos que señalan las leyes y demás normativa aplicable.

Para llevar a cabo los objetivos y fines del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Consejo Estatal contará con el apoyo de instancias auxiliares en las que participen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que cuenten con atribuciones o ejecuten acciones o programas relacionados con la materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, y con la intervención de organizaciones de la sociedad civil.

La participación ciudadana se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, las organizaciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los Comités de Participación Ciudadana, en los comités escolares, en el Centro Estatal o a través de cualquier otro mecanismo local o legal, creado en virtud de sus necesidades.

Los Comités de Participación Ciudadana son los órganos establecidos con el objeto de coadyuvar en la función pública, conformados por integrantes de la sociedad civil, con la finalidad de colaborar en los procesos de planeación, evaluación y supervisión de las políticas de prevención social de la violencia y de la delincuencia.

Los programas municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana, que deban incluirse en los Planes Municipales de Desarrollo, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos y se sujetarán a las bases que establecen esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Manuel Pozos Castro señaló que esta Ley se armoniza con la disposición general, además que privilegia la participación ciudadana en la prevención de delito, estableciendo reglas que propician el buen desarrollo del entorno social y fortaleciendo la convivencia y la cohesión, para disminuir, principalmente, los factores de riesgo que generen violencia e incidencia delictiva.

Tras su aprobación por el Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.




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Aprueba Congreso Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Aprueba Congreso Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública

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El Congreso del Estado aprobó, con 32 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, la creación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto regular la coordinación entre el estado y los municipios y de ambos con la federación, mediante la integración, la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Así también, establece el marco jurídico aplicable al Servicio Profesional de Carrera en las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a la distribución de competencias señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El dictamen con proyecto de ley, emitido por la Comisión Permanente de Seguridad Pública y votado por el Pleno en Sesión Extraordinaria del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, deriva de la Iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el 27 de enero del presente año.

En el proyecto se expone que la reforma al marco jurídico constitucional federal del 29 de enero de 2016 incluye la prevención de los delitos, la investigación y persecución de los mismos, para hacer efectiva la seguridad pública; así también, comprende la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley, conforme las competencias que la Constitución señala y que la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución de la República.

El dictamen advierte que dichas adecuaciones son tan extensas que, a juicio del proponente, resulta conveniente la creación de una nueva ley que considere todos los aspectos señalados por las nuevas necesidades dadas con las reformas y leyes.

A la consolidación de la estructura del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con nuevas atribuciones y facultades de los órganos que lo componen, se agregan de manera explícita la responsabilidad y obligaciones de las autoridades municipales y se observa la adición de la participación de los Comités de Participación Ciudadana, homologándolos al Sistema de Seguridad Pública.

Además, se asegura la correcta, profesional, satisfactoria y segura integración, administración, gestión y resguardo de las diversas bases de datos del Sistema Estatal de Información en Seguridad Pública, armonizando la legislación estatal con las disposiciones de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Se asegura también la transparencia durante el debido proceso y la existencia de procesos abreviados.

Con esta nueva ley, quedan abrogados la Ley Número 310 y el Título Décimo, el Capítulo II del Título Tercero y los artículos 21 y 21 Bis de la Ley Número 553, ambas del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, se contempla que los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor del ordenamiento, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establecen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esta Ley, en un plazo no mayor a un año.

A su vez, el personal adscrito a las unidades, áreas u órganos de la Secretaría que cambien de denominación serán readscritos a las nuevas estructuras administrativas que absorban las funciones específicas que desempeñaban, y les serán respetados su antigüedad y derechos que les correspondiere al momento de la entrada en vigor del ordenamiento.

La discusión

El diputado Carlos Manuel Jiménez Díaz, del Grupo Legislativo de Morena, dijo desde la tribuna que uno de los legítimos anhelos de la sociedad veracruzana es vivir en un ambiente en el que imperen el orden, el respeto y la armonía en aras de consolidar una cultura de paz y legalidad.

Consideró indispensable generar, con irrestricto respeto a los derechos humanos y las libertades, las condiciones necesarias que garanticen a la población bienestar y progreso. Además, señaló que “la lucha contra la inseguridad debe ser de frente, con estrategia y leyes situadas a la altura de las circunstancias y los retos imperantes”.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Omar Guillermo Miranda Romero manifestó que la seguridad pública es una atribución concurrente, que compete a todos los órdenes de gobierno, consignada en la Constitución Política del país.

Se pronunció por que se transparente desde la Ley los montos o porcentajes que se destinarán en el ejercicio presupuestal correspondiente al fortalecimiento de las acciones de seguridad pública en el Estado y los municipios, propiciando la certeza en el gasto público.





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Autoriza Congreso a cinco munícipes licencia para separarse del cargo

Autoriza Congreso a cinco munícipes licencia para separarse del cargo

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Durante el desarrollo de la tercera sesión ordinaria, la Diputación Permanente de la LXV Legislatura, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, puso a consideración de este órgano legislativo las licencias para separarse del cargo, sin goce de sueldo, de cinco presidentes municipales, mismas que fueron aprobadas por obvia resolución.

Los presidentes municipales que les fue autorizada la licencia son: Chontla, Eric Abraham Sosa Mar, del periodo del 3 de marzo al 11 de junio; Orizaba, Igor Fidel Rojí López, del 8 de marzo al 7 de junio; Papantla, Mariano Romero González, del 26 de febrero al 11 de junio; Pueblo Viejo, Luis Fernando Cervantes Cruz, del 5 de marzo al 15 de junio y Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, del 7 de marzo al 7 de junio, todas del presente año.

De igual forma les fue autorizada la licencia a quienes ostentan regidurías: Isabel Jiménez Morales, regidora segunda de Papantla, del 6 de marzo al 10 de junio; Gregoria Miguel Reyes, regidora segunda de Poza Rica de Hidalgo, del 6 de marzo al 15 de junio, y Zoila Aguilar Aguilar, regidora tercera de Tlapacoyan, del 2 de marzo al 8 de junio, en todos los casos, del presente año.

Además, fueron turnadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las solicitudes de licencia de presidentes municipales, quienes a su vez hacen del conocimiento que el respectivo presidente municipal suplente manifiesta su deseo de no ocupar el cargo. Este es el caso del presidente municipal de Ixhuatlancillo, Israel Pérez Villegas, quien se ausentará del 1 de marzo al 10 de junio, y del munícipe Armando Antonio Gómez Betancourt, de Ozuluama, que solicita licencia para el periodo del 6 de marzo al 15 de junio, en ambos casos, de esta anualidad.

Por otra parte, fue turnado a la Jucopo el oficio por el cual el Cabildo de Tamiahua informa sobre la renuncia de la C. Ana Bertha Hernández Correa, presidenta municipal suplente, y a la vez se propone que el C. José Luis Vicencio Santiago, regidor primero, pase a ocupar el cargo, en tanto dure la licencia respectiva.

Asimismo, se dio entrada al oficio enviado por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción mediante el cual remite recomendación, no vinculante, dirigida a los Congresos de las Entidades que en sus leyes locales anticorrupción hayan dispuesto la creación de Sistemas Estatales de Fiscalización para que realicen las reformas legales conducentes para la correcta integración y funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción, en términos de la Ley General del Sistema Anticorrupción.

En la sesión, esta Soberanía conoció de las renuncias de agentes y subagentes municipales y del trámite correspondiente.


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Plantea PRI-PVEM ley que haría obligatorio el uso de cubrebocas en la entidad

Plantea PRI-PVEM ley que haría obligatorio el uso de cubrebocas en la entidad

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La Diputación Permanente de la LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa con proyecto de Ley que Regula el Uso de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad Provocada por el Virus SARS-COV-2 (Covid-19) en el Estado de Veracruz, propuesta por las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM).

De acuerdo a la iniciativa, esta nueva Ley establecería, como medida de prevención y cuidado a la salud pública, el uso obligatorio de cubrebocas en las personas, con los casos de excepción previstos, así como otras medidas para prevenir la transmisión y riesgos de contagio de Covid-19, durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria ocasionada por dicha pandemia y hasta que la autoridad sanitaria competente declare oficialmente su conclusión.

El uso de cubrebocas sería obligatorio para todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos comerciales, de industrias o servicios, centros de trabajo, centros y plazas comerciales, considerados como esenciales o no esenciales; así como para usuarios, operadores de los servicios de transporte público, en las modalidades señaladas en la Ley de la materia.

Esta obligatoriedad no sustituye lo dictado por la autoridad sanitaria, por lo que continúa la medida de sana distancia de un metro con cincuenta centímetros de otras personas, así como las recomendaciones de que, al toser o estornudar, debe cubrirse con el ángulo interior del brazo, evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos y cara en general y de lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, así como usar gel antibacterial y demás medidas que haya emitido o emita la autoridad sanitaria.

Quedan excluidos del uso de cubrebocas: los menores de dos años de edad, para evitar ahogamientos; cualquier persona que tenga problemas para respirar; personas que no puedan quitarse el cubrebocas sin ayuda, y personas que viajen solos en automóvil.

Los jornaleros agrícolas podrán utilizar como cubrebocas el paliacate, el pañuelo u otro artículo de tela que usen en el desarrollo de sus actividades laborales.

Por otra parte, se establece que los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos; y los trabajadores de cualquier centro laboral deberán portar, por lo menos, cubrebocas higiénicos, que le será dotado por su empleador, cuando se encuentren en funciones; además, se deberán observar y cumplir todas las medidas y prácticas sanitarias emitidas por las autoridades sanitarias.

Asimismo, se determina como obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que ingresen a oficinas públicas, privadas o cualquier centro de trabajo a realizar un trámite, solicitar un servicio o cualquier otra actividad.

En caso de que alguna persona pretenda ingresar sin cubrebocas, se le informará e instruirá que, por disposición oficial, no podrá acceder ni recibir atención hasta que lo porte; y en el supuesto de no contar con el cubrebocas, se le otorgará de manera gratuita, ponderando en todo momento a las personas con mayor índice de vulnerabilidad.

De igual forma, se plantea que en los centros de trabajo, de los ámbitos público y privado, así como en el transporte público, se deberá contar con un filtro sanitario que ofrezca alcohol en gel con una concentración mínima del 70 por ciento y asegurarse que cada usuario que ingrese lo utilice; tener tapetes sanitizantes, mantener la sana distancia y desinfectar los espacios con regularidad, y tratándose del transporte público, al término de cada ruta.

En cuanto a las sanciones, se prevé que la persona física o moral que incumpla con las medidas sanitarias previstas en esta Ley, le serán aplicadas: amonestación con apercibimiento; trabajo comunitario; bajo su responsabilidad, entrega de material médico, y multa.

Esta propuesta legislativa, integrada por 31 artículos, a través de seis capítulos y cinco transitorios, fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

Para el PRI-PVEM, integrado por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas, Antonio García Reyes y Rodrigo García Escalante, esta nueva legislación representa un andamiaje jurídico protector y de intervención por parte del Poder Público, en favor de la prevención y no propagación de la enfermedad, tal como ya se ha realizado en entidades como Chihuahua, Colima, Michoacán, Morelos, Sonora y Zacatecas, en las que ya existen leyes que regulan el uso del cubrebocas.



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Exhortan a CMAS dejar sin efecto el cobro por Servicios Ambientales a usuarios

Exhortan a CMAS dejar sin efecto el cobro por Servicios Ambientales a usuarios

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El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el cual hace un exhorto a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), para que deje sin efectos el acuerdo por el cual aprobó y autorizó el cobro del 2 por ciento sobre el recibo mensual de agua al usuario, como aportación voluntaria por el concepto de pago de Servicios Ambientales.

Asimismo, realizó un llamado al Organismo Descentralizado Municipal, para que establezca un método alterno de recaudación voluntaria por este concepto, debiendo emitir un recibo específico por “donación” a efecto de que pueda ser deducible de impuestos.

En este sentido, el legislador señaló que dicho acuerdo, a pesar de estar estipulado como “aportación voluntaria mensual”, aparece en el recibo dentro de un gran total global.

Al respecto, indicó que al imponerse la aportación en el recibo de consumo de agua y demás servicios anexos, lo convierte en un acto ilegal toda vez que no es una aportación económica que los sujetos deban pagar como derechos por los servicios que presta CMAS, como es el caso de los impuestos, por lo que introducir elementos para su cobro que no reflejan el consumo real, viola el principio de proporcionalidad que rige dicho pago.

De la misma forma, dijo no estar en contra que el gobierno municipal implemente acciones para mejorar los servicios ambientales; sin embargo, es imperante que esta aportación sea “verdaderamente voluntaria, y sobretodo, ir acompañada de una estrategia donde el gobierno municipal informe sobre el uso y disposición de estos recursos”, finalizó.





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Ante proceso electoral, pide diputado que SSP y Fiscalía brinden garantías

Ante proceso electoral, pide diputado que SSP y Fiscalía brinden garantías

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En la tercera sesión ordinaria, la Diputación Permanente dio entrada al anteproyecto propuesto por el diputado Gonzalo Guízar Valladares, mediante el cual se exhortaría a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General (FGE), ambas del Estado, así como a las autoridades electorales estatales, para que, en el marco de sus atribuciones y obligaciones constitucionales, en la materia, generen una estrategia que garantice la seguridad de la población y la certeza del actual proceso electoral, con motivo del incremento de la violencia en la entidad.

De acuerdo al documento del legislador, en este proceso electoral, deberían confrontarse las propuestas de gobierno y las políticas públicas para solucionar los problemas históricos de los veracruzanos. “Lo que menos debiera preocupar a los partidos, a los candidatos y a la ciudadanía es el tema de la seguridad en torno a quienes, de manera directa o indirecta, intervienen en la vida política del Estado”.

Expone que los acontecimientos antes registrados en la entidad, enrarecen el clima electoral, inhiben la participación ciudadana, dificultan al árbitro electoral el ejercicio de sus atribuciones y, por consiguiente, contribuyen a la perpetuación del clima actualmente prevaleciente.

“Necesitamos que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de manera coordinada, generen las acciones para que la sociedad en conjunto, tenga las condiciones propicias para que en el presente proceso electoral ejerza de manera libre, sus derechos político electorales”.


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Autoriza Congreso a cinco munícipes licencia para separarse del cargo

Autoriza Congreso a cinco munícipes licencia para separarse del cargo

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Durante el desarrollo de la tercera sesión ordinaria, la Diputación Permanente de la LXV Legislatura, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, puso a consideración de este órgano legislativo las licencias para separarse del cargo, sin goce de sueldo, de cinco presidentes municipales, mismas que fueron aprobadas por obvia resolución.

Los presidentes municipales que les fue autorizada la licencia son: Chontla, Eric Abraham Sosa Mar, del periodo del 3 de marzo al 11 de junio; Orizaba, Igor Fidel Rojí López, del 8 de marzo al 7 de junio; Papantla, Mariano Romero González, del 26 de febrero al 11 de junio; Pueblo Viejo, Luis Fernando Cervantes Cruz, del 5 de marzo al 15 de junio y Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, del 7 de marzo al 7 de junio, todas del presente año.

De igual forma les fue autorizada la licencia a quienes ostentan regidurías: Isabel Jiménez Morales, regidora segunda de Papantla, del 6 de marzo al 10 de junio; Gregoria Miguel Reyes, regidora segunda de Poza Rica de Hidalgo, del 6 de marzo al 15 de junio, y Zoila Aguilar Aguilar, regidora tercera de Tlapacoyan, del 2 de marzo al 8 de junio, en todos los casos, del presente año.

Además, fueron turnadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las solicitudes de licencia de presidentes municipales, quienes a su vez hacen del conocimiento que el respectivo presidente municipal suplente manifiesta su deseo de no ocupar el cargo. Este es el caso del presidente municipal de Ixhuatlancillo, Israel Pérez Villegas, quien se ausentará del 1 de marzo al 10 de junio, y del munícipe Armando Antonio Gómez Betancourt, de Ozuluama, que solicita licencia para el periodo del 6 de marzo al 15 de junio, en ambos casos, de esta anualidad.

Por otra parte, fue turnado a la Jucopo el oficio por el cual el Cabildo de Tamiahua informa sobre la renuncia de la C. Ana Bertha Hernández Correa, presidenta municipal suplente, y a la vez se propone que el C. José Luis Vicencio Santiago, regidor primero, pase a ocupar el cargo, en tanto dure la licencia respectiva.

Asimismo, se dio entrada al oficio enviado por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción mediante el cual remite recomendación, no vinculante, dirigida a los Congresos de las Entidades que en sus leyes locales anticorrupción hayan dispuesto la creación de Sistemas Estatales de Fiscalización para que realicen las reformas legales conducentes para la correcta integración y funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción, en términos de la Ley General del Sistema Anticorrupción.

En la sesión, esta Soberanía conoció de las renuncias de agentes y subagentes municipales y del trámite correspondiente.


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Pide diputado que Serafín Olarte sea inscrito en el muro de honor del Congreso

Pide diputado que Serafín Olarte sea inscrito en el muro de honor del Congreso

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El diputado Eric Domínguez Vázquez, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que propone inscribir con letras de oro, en el muro de honor del H. Congreso de Veracruz, el nombre del caudillo papanteco Serafín Olarte, como reconocimiento a su destacable intervención en la lucha por la independencia de México.

En su exposición de motivos, el legislador señaló que en el marco del aniversario de los doscientos años de la consumación de la independencia nacional, es un acto de justicia honrar a este personaje, toda vez que fue parteaguas en la lucha indígena insurgente por alcanzar la libertad, en la zona norte de la entidad.

Asimismo, puntualizó que para que exista el México contemporáneo que conocemos hoy en día, fue necesaria la aportación de innumerables hombres y mujeres, cuyos nombres han quedado inscritos como leyendas a largo de la historia, sin embargo, existen algunos otros, que a pesar de la trascendencia de su lucha, han pasado desapercibidos, “tal es el caso del caudillo Serafín Olarte”.

Precisó en la importancia de resaltar la participación de los pueblos originarios en esta lucha, así como los personajes que la protagonizaron, como es el caso de Serafín Olarte “ya que su recuerdo y legado siguen vivos a través de los cronistas papantecos, fuentes indígenas que utilizan preponderantemente la tradición oral y no escrita”.

El éxito de este caudillo al frente de la insurgencia totonaca, enorgullecen al pueblo papanteco, exaltó Domínguez Vázquez, por lo que al ser parte determinante en la consolidación de la independencia en Veracruz, es necesario honrarlo y reconocerlo, concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

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Autoriza Congreso ampliación presupuestal al Ople, Fiscalía, UV y TEV

Autoriza Congreso ampliación presupuestal al Ople, Fiscalía, UV y TEV

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El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, mediante el cual se autorizan las ampliaciones presupuestales solicitadas por el Organismo Público Local Electoral del estado (Ople), la Universidad Veracruzana (UV), Fiscalía General del Estado (FGE) y Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

Lo anterior, a través del Decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a los artículos 16, 18, 21 y 22 del Decreto número 823 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ejercicio fiscal 2021.

De esta manera, la Legislatura local autoriza al Ople una ampliación de recursos presupuestales hasta por 352 millones de pesos (mdp), en virtud de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deriva de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la vigencia de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos y además para gastos relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados, mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales y material electoral diverso.

Al TEV le fue autorizada la ampliación de recursos por un monto de 4 millones 612 mil pesos, lo cual fue sustentado derivado del incremento en las labores ordinarias, consecuencia del proceso electoral, la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación.

Del mismo modo, a la FGE le fue autorizada la ampliación por un monto de 347 millones 147 mil 918 pesos, que fue fundada a partir de que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los periodos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, y por Arrendamientos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Para la UV fue autorizado un monto de mil 682 millones 467 mil 895 pesos que, al igual que la Fiscalía, le fueron determinados los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios, a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas al pago del Impuesto sobre la Renta por sueldos y Salarios en los periodos del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015, así como las multas y recargos correspondientes.

La comisión legislativa de Hacienda del Estado, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, presidente, y por los diputados Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vázquez, secretario y vocal respectivamente, considera necesaria la continuación de políticas que permitan la aplicación de medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible del Presupuesto de Egresos.

En todos los casos, la Comisión consideró lo expuesto por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado.

Este dictamen registró 38 votos a favor y uno en contra, sin abstenciones.

Resultado de lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Al participar en el debate de este dictamen, la diputada del grupo legislativo de Morena, Rosalinda Galindo Silva, indicó que la aplicación oportuna de políticas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo; de austeridad republicana, disciplina financiera y de contención del gasto, permitirán hacer frente a estas contingencias, no previstas inicialmente por los propios organismos autónomos solicitantes.

Tras ampliar detalles sobre cada una de las ampliaciones presupuestales, la legisladora sostuvo que cumplir con estos compromisos es por una democracia más justa y competitiva, así como el saneamiento de las finanzas públicas del gobierno estatal, es pensar en el beneficio de las futuras generaciones.

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Instalaciones públicas traducirían, a lenguas originarias, los servicios que prestan

Instalaciones públicas traducirían, a lenguas originarias, los servicios que prestan

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Con el objetivo de visibilizar los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas, así como privilegiar sus legítimos anhelos de conservar sus raíces e identidad, el diputado León David Jiménez Reyes presentó al Pleno una iniciativa que busca establecer la obligación, a cualquier edificación de servicio público, el contar con letreros, en los cuales se especifique, de acuerdo a la lengua originaria del lugar, nombre, descripción del servicio que presta y las medidas de seguridad, así como atención de emergencias.

A través de la iniciativa que busca adicionar un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado el diputado Jiménez Reyes destacó que esta propuesta complementa, en esencia, la presentada el año pasado y que reformó la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que en su conjunto busca resarcir lo que falta por hacer en torno al adeudo histórico que se tiene con los pueblos indígenas.

Al participar en la sesión, subrayó que Veracruz posee 47 municipios indígenas en los que, mayoritariamente, se enfrentan problemas de pobreza extrema. “Esto, debido a causa del olvido y la falta de empatía de las autoridades que, por décadas, en vez de emprender esfuerzos institucionales para disminuir y erradicar muchos de los males que les impidieron crecer, terminaban por vulnerarles derechos y libertades”, abundó.

Explicó que uno de los problemas que enfrentan las y los ciudadanos originarios de pueblos indígenas radica cuando acuden a instalaciones que prestan diversos servicios al público y que, ante cuestiones inherentes a la comunicación lingüística, se ven impedidos para identificar fácilmente las edificaciones en las que se brinda algún servicio, las actividades realizadas en ellas y las respectivas medidas preventivas, en caso de suscitarse un incidente vinculado a la seguridad y la protección civil.

Al respecto, ejemplificó las clínicas de salud en las que las y los usuarios que hablan la lengua originaria de una determinada municipalidad, no logran comprender qué especialidades se prestan en ella, como tampoco en lo relativo a las reglas de funcionamiento del inmueble. “Así como éste, les ocurren más casos cada que requieren cualquier servicio público”.

El también presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso local manifestó que su iniciativa está inspirada en lo previsto en el apartado A, fracción IV del artículo 2° de la Constitución Política Federal, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

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Víctor Manuel de la Fuente, nuevo diputado de la LXV Legislatura

Víctor Manuel de la Fuente, nuevo diputado de la LXV Legislatura

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Como parte de los trabajos de la sesión extraordinaria y ante la licencia otorgada al legislador Bingen Rementería Molina, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, tomó la protesta de ley al ciudadano Víctor Manuel de la Fuente Meléndez, quien asume el cargo de diputado a la LXV Legislatura.

Asimismo, en la sesión, se aprobó la nueva licencia a la diputada María Candelas Francisco Doce, por el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de julio de este año. De esta forma, la diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez continuará al frente de la Diputación local, como representante del Distrito XXI, de Ciudad Mendoza.

Además, fue autorizada la licencia al diputado Rubén Ríos Uribe, por el periodo comprendido del 30 de enero al 7 de junio de este año. Al legislador Juan Manuel de Unánue Abascal le fue aprobada la licencia para separarse del cargo de diputado por un periodo de 30 días, contados a partir del 20 de febrero del presente año.

Como resultado de la nueva conformación política en la LXV Legislatura, y a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue modificada la integración de diversas comisiones, a fin de que las diputadas y diputados que recién asumen la diputación local se incorporen a los trabajos legislativos.

De esta manera, el diputado Jesús Armando Martínez Mendoza asume la presidencia de la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico; el legislador Carlos Manuel Jiménez Díaz la vocalía de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y el legislador Víctor Manuel de la Fuente Meléndez, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz ocupará la presidencia de la Comisión Permanente de Gobernación; el legislador Carlos Alberto Triana García la secretaría de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; el diputado Jesús Armando Martínez Mendoza, la secretaría de la Comisión de Organización Política y Procesos Electorales y el diputado Carlos Alberto Triana García, la presidencia de la Comisión de Población y Atención a Migrantes.

Por último, el legislador Víctor Manuel de la Fuente Meléndez será el secretario de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión y el legislador Jesús Armando Martínez Mendoza ocupará la vocalía. En tanto, el legislador De la Fuente Meléndez fue designado vocal en la Comisión de Vigilancia.

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