Diputados locales reprocharon al titular de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernández Gutiérrez, la asignación
directas de obras a empresas de estados como Guanajuato, Puebla, Querétaro,
Hidalgo, Jalisco y Estado de México, dejando de lado a las locales; así como la
asignación de contratos a firmas que reportan domicilios fiscales de casas
habitación, lo que hace presumir que son fantasmas.
Durante la comparecencia de los resultados del primer año de
trabajo de la administración estatal, fueron preguntas constantes la forma de
asignar las obras, el poco recursos invertido, lo que representan un
subejercicio, incluso, el regalo que le enviaron Hernández Gutiérrez, y que
regresó.
Los diputados, incluidos de Morena, pidieron realizar obras
y acciones en sus distritos, pues muchos fueron marginados del programa de
obras de este año, a lo que el funcionario respondió que le den más dinero para
poder apoyar a más demarcaciones.
La priista Erika Ayala Ríos, cuestionó porque el 40 por
ciento de las obras programas para este año se concentra en cinco municipios
administrados por Morena entre ellos Agua Dulce, Moloacan, Xalapa, Poza Rica y
Emiliano Zapata.
“Mi preocupación radica en que se está dejando fuera a
municipios que son de los más empobrecidos y marginados de nuestro Estado, y
que no encuentro en los reportes nada que me haga pensar lo contrario, que es
el caso de Ilamatlán, Chiconamel, Chumatlán, Mecatlán, Xoxocotla, Astacinga,
Aquila, Tlalchichilco y Uxpanapa”.
Además, existe la queja de constructores locales que no hay
piso parejo para el apoyo de empresas estatales, “han hecho llamados públicos
al Gobernador (representantes) de CMIC, Coparmex y Canacintra, por esta
afectación”.
La SIOP es una dependencia obligada a generar un círculo
virtuoso, pues para que haya más presupuesto se necesita una mayor recaudación,
en ese sentido, se hace necesario dar obra pública a los locales, para que
tributen ante la hacienda estatal, eso generaría los ingresos necesarios para
dar más financiamiento a las dependencias estatales.
Por su parte, el diputado local Gonzalo Guízar Valladares,
pidió al funcionario dar prioridad a empresas locales, que están sufriendo los
estragos de la falta de reactivación económica, incluso, son extorsionados por
el cobro de piso de grupos delincuenciales.
“No hay empleo, los está extorsionado la delincuencia
organizada, están cerrando empresas constructoras, hay un doble juego, pago de
impuestos, al gobierno por su actividad económica, y por otro lado el pago de
piso.
“Los empresarios están pidiendo que se les den juego en las
asignaciones directas, entonces -se me hace un acto de cinismo- decirle a la
sociedad y los empresarios: en esta asignación no vas tú, pero va un poblano,
lastima por el clima que vivimos los veracruzanos”.
Se observó que el 60 por ciento de las obras municipales se
asignaron de manera directa, y que algunas de las empresas contratadas
despachas desde bodegas de Correos de México o en casas particulares, lo que
hacer presumir una irregularidad.
“Por ejemplo Grupo Constructor Tamasa está instalado en una
bodega; se le asignó 25 millones de pesos, su dirección es Mérida 928, Colonia,
Progreso Macultepetl, Xalapa, Veracruz; tengo varias.
“Por ejemplo Construcciones Macom, mantenimiento camino
Crucero, Puente Anáhuac, 15 millones de pesos, con domicilio Fiscal en Ignacio
Allende en Ciudad Madero, es decir, tan solo por la imagen nos podemos dar
cuenta si es una empresas debidamente instalada, sin prejuicio alguno”,
planteó.
El legislador comentó que no se puede decir diferentes a los
que se fueron, si siguen haciendo lo mismo y con menos eficiencia, “todos
llegamos por el efecto de Andrés Manuel (…) pero si nos toca dar resultado de
transparencia y honestidad al pueblo”.
En la sesión de presuntas se denunció un padrón claro para
entregar la obra a unos cuantos, pues se han asignado 120 millones de pesos, de
esos se declararon desiertas licitaciones públicas por 80 millones, y el resto,
40 millones de pesos, se asignarían por invitación a tres empresas, pero
tampoco se asignaron, “es una norma de conducta”.
La panista María Graciela Hernández Iñiguez reclamó que a
Misantla, municipio administrado por su papá Othón Hernández Candanedo, no recibió
ni una sola obra, a pesar de que presentó un proyecto, pero la SIOP determinó
declarar desierta la licitación y no se asignaron los recursos que se suman al
subejercicio de la dependencia estatal.
Se le cuestionó si hay veto a los alcaldes o diputados
locales, pues cuando van de visita a la Siop no se les atiende, pero descartó
el hecho al afirmar que se realiza obra en 81 municipios, sin importar su
filiación partidista.
