Durante los dos años del gobierno del panista Miguel Ángel
Yunes Linares fueron pagados más de 56 millones de pesos en la contratación de
despachos externos para realizar auditorías, sin embargo las revisiones de
organismos autónomos detectaron anomalías.
De acuerdo con documentos oficiales, en total fueron 104
despachos contables los contratados durante los ejercicios fiscales del 2017 y
2018 para revisar el uso de recursos de manera interna en el gobierno de
Veracruz.
Dos despachos de los más beneficiados con contratos son:
Velasco Ramírez & Cía Consultores, cuyo integrante es el actual presidente
del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, AC,Luis
Javier Velasco Ramírez con un total de siete contratos por un monto de cinco
millones 390 mil pesos.
Además la empresa Contadores Públicos y Consultores, cuyo
representante legal es Nahum Moreno Prado y pertenece al Colegio de Contadores
Públicos de Xalapa con seis contratos con cinco millones 682 mil pesos.
Para realizar la revisión del ejercicio fiscal del 2017,
fueron contratadas 80 compañías por un monto de 32 millones 305 mil pesos.
Con cargo a la Contraloría General del Estado se destinaron
32 millones de pesos y una mínima parte (casi cuatro millones) pagado por
dependencias e institutos.
A pesar de ello, el Órgano de Fiscalización Superior de
Veracruz detectó irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el
año 2017 por más de 338 millones de pesos.
De acuerdo con el Informe General Ejecutivo del Resultado de
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, los auditores encontraron
un presunto daño patrimonial en el primer año de gobierno del panista Miguel
Angel Yunes Linares.
El informe reportó que en tres dependencias del Poder
Ejecutivo, 11 entidades y dos fideicomisos se detectaron anomalías en el uso de
recursos públicos.
Se encontraron presuntas inconsistencias en las
adjudicaciones directas de cuatro dependencias del estado por 262 millones de
pesos.
Se trata de las secretarías de Desarrollo Social de Veracruz
(Sedesol) por 40.5 millones de pesos, Infraestructura y Obras Públicas (SIOP)
por 71.7 millones, el Instituto de Espacios Educativos (IEEV) por 78.8 millones
y en los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) por 71.7 millones de pesos.
En tanto, para revisar el ejercicio fiscal del 2018, el
gobierno yunista contrató a 24 empresas por un monto de 23 millones 456 mil
pesos.
Del total pagado, 14 millones erogados por las propias
dependencias e institutos y el resto con cargo a la Contraloría General del
Estado.
Sin embargo, han sido presentadas 18 denuncias penales por
presuntos desvíos de recursos públicos en contra del ex gobernador y sus
colaboradores.
Las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización
Superior (Orfis) detectaron un presunto daño patrimonial de casi mil 400
millones de pesos.
Se trata de 17 denuncias por irregularidades en el ejercicio
fiscal del 2017 donde se encontró un presunto desvío de recursos por 328
millones de pesos y una del 2018 por mil 44 millones de supuesto daño
patrimonial al erario público.
