Familiares, amigos, empleados y hasta los albañiles que
trabajaban en las obras de construcción de las inmobiliarias y constructoras
relacionadas a la carpeta de investigación que se integró la Fiscalía General
de la República (FGR), sobre las empresas vinculadas a Libertad Servicios
Financieros S.A. de C.V. y que llevaron al abogado Juan Collado Mocelo a
prisión, eran usados como prestanombres.
Las empresas dedicadas a la comercialización de inmuebles
Administradora Cimatario S.A. de C.V., Administradora Ario S.A. de C.V.,
Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., y Despacho Integral de
inmuebles S.A. de C.V., fueron fundadas en Querétaro y desde su apertura han
tenido una rotación de los socios, apoderados y miembros del consejo e
inesperadamente cambiaron de domicilio fiscal.
Al buscar a algunos de los socios de las empresas
cuestionadas en Querétaro, se confirmó que si bien las personas aceptan haber
firmado documentos relacionados a las inmobiliarias, todas aseguran que fueron
para fines distintos a los que los usaron.
Es el caso de José David Aguilar Vega, de 74 de años, quien
aparece como socio de la Administradora Cimatario, fundada el 5 de agosto de
2009, quien asegura que fue su hermana la que le dio a firmar unos documentos,
pero dijo que eran para testificar sobre la compra-venta de una propiedad y no
vio nada malo en eso.
La hermana de David es la esposa de Sergio Hugo Bustamante
Figueroa, el demandante en el caso del jurista Collado Mocelo: «Supe que algo
no estaba bien, pues hace un año la fiscalía del estado me requirió para
declarar sobre esta empresa, les dije lo mismo que a ustedes», manifestó
José David.
«Yo no soy dueño de nada, yo trabajaba por mi cuenta
vendiendo casas, poniendo anuncios en el periódico, pero desde que enfermé ya
no he trabajado, estoy pensionado por el IMSS», aseguró.
José David vive en un barrio de clase media en la ciudad de
Querétaro y la inmobiliaria de la que supuestamente fue dueño lleva el nombre
del vecindario; él y su esposa Socorro viven de una pensión de dos mil 800
pesos mensuales y la ayuda que reciben de sus dos hijos residentes en Estados
Unidos. Refiere que hace tres años aceptó ser testigo en una transacción y no
recibió dinero alguno a cambio.
«Yo les dije a las autoridades que revisen todo lo que
tengo, si yo fuera dueño de empresas no viviría como vivo, vea usted mi carrito
tan modesto, ya está viejito. Busquen todo sobre mí, por esta casa he trabajado
toda mi vida», enfatizó.
Al cuestionarlo sobre Norma de Bustamante, aclaró que debido
al hecho de haber usurpado su identidad para fines probablemente ilícitos ya no
tiene contacto con ella, dice estar indignado y molesto, pues nunca pensó que
su hermana, la más pequeña, lo traicionara y metiera en dificultades de esta
naturaleza, «cuando pidió mi firma de nueva cuenta, me negué, ella se
molestó y me dejó de hablar».
Venta de Gallos Blancos, ligada a red de «lavado» de
la que acusan a Collado
El caso de Juana Guadalupe Ventura Gutiérrez no fue
distinto, acepta que hace siete años fue empleada en Administradora Ario y
firmó alguna vez como testigo en transacciones de compra-venta de propiedades y
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues el dueño de la
empresa le aseguró que le reducirían los impuestos.
Los padres de la supuesta comisaria de vigilancia de
Administradora Cimatario los recibieron en su casa y contactaron a Guadalupe,
quien estaba trabajando.
Relataron que hace 38 años llegaron al barrio, compraron el
terreno que entonces era el basurero de la zona: «Nos costó cuatro mil
pesos, y lo pagamos en abonos con mucho esfuerzo, apenas hace cinco años
pavimentaron la avenida, le padecimos mucho pero esta es nuestra casita,
recibimos a nuestros hijos y nietos», aseguró Antonia Gutiérrez madre de
Guadalupe.
¿Qué es Caja Libertad, empresa por la que se investiga a
Collado?
Lupita, como la conocen en la colonia Lomas de Casa Blanca,
asegura que no sabía que formó parte de la empresa Cimatario, dijo que el dueño
era Bustamante Figueroa: «No tengo nada que ver con esas empresas, ya no
trabajo en eso de las inmobiliarias, soy enfermera y ahora trabajo en mi
profesión».
Con cuatro hijos que atender, trabaja en una compañía de
material quirúrgico para hospitales, vive con sus padres, pues está reuniendo
los puntos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) para adquirir una vivienda.
«Si yo fuera socia en una inmobiliaria tuviera no una
sino muchas propiedades, nunca supe para que usaron mi identidad, ellos tenían
de todo, hasta equipos de futbol», aseguró Lupita vía telefónica.
«Recuerdo en una ocasión el dueño de la inmobiliaria habló
con los albañiles de la obra y les ofreció unos pesos a cambio de que le
firmaran unos documentos, ellos con necesidad de ganar más aceptaron, cuántas
personas más no habrán caído en sus engaños», refirió.
La situación de Lupita y David contrasta mucho con la de los
dueños y socios de inmobiliarias.
