El coordinador ejecutivo de Justicia de Derechos Humanos de Género, Rodolfo Domínguez Márquez, afirmó que según datos de 2015, alrededor de 500 niñas veracruzanas de entre 10 y 14 años no se les garantizó su derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo, lo que puso en riesgo su integridad física y su vida.
En el marco del Foro “Situación de las mujeres y sus derechos reproductivos en Veracruz, a la luz de la alerta por agravio comparado”, el activista señaló que es urgente que el estado de Veracruz, a través de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, acaten las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) por la declaratoria de la segunda alerta de género para la entidad.
Sostuvo que Veracruz es un estado que se ha vuelto un “foco rojo” a nivel nacional por la grave situación de violencia que están viviendo las mujeres en la entidad.
Se pronunció por hacer un frente común para exigir a las autoridades que permitan el acceso al aborto en casos de violencia sexual, pues aseguró que no se permitirá, desde la sociedad civil, que las mujeres y las niñas sigan siendo puestas en riesgo.
“No vamos a permitir que las mujeres y las niñas sigan siendo criminalizadas porque el estado no les garantiza poder interrumpir de forma legal y segura los embarazos sobre todo cuando son consecuencia de una violación sexual. Más de 500 niñas han sido obligadas a parir, niñas entre 10 y 14 años, eso es tortura”.
Y es que, dijo, no solo se pone en riesgo la vida, sino la salud y estabilidad de las niñas que quedaron embarazadas en una violación.
Destacó que esta cifra, si bien es de 2015, sí dimensional la problemática que se está vivienda en la entidad, pues es una cifra que no está actualizada por falta de información del estado.
“La propia ONU ha reconocido que estas niñas, entre 10 y 14 años, se encuentran expuestas cuando están embarazadas a que puedan morir, o contraer enfermedades producto de este embarazo”, dijo.
