La Cuenta Pública de 2016, del último año de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, presenta más de tres mil observaciones, señaló el auditor superior Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.
En entrevista, precisó que en el proceso de fiscalización se han detectado irregularidades administrativas, técnicas, y que actualmente están en la fase de solventación de estas, por lo que esperan terminar a finales de este mes.
“Lo que vamos a presentar son aquellos entes fiscalizables que solventaron las auditorías y aquellos que no se solventaron y donde hay presumiblemente daño patrimonial para que pasen a la segunda parte”.
Luego, el Informe de resultados será entregado el próximo 13 de octubre a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, y posteriormente se determinará el daño patrimonial detectado durante el último año de Javier Duarte de Ochoa al frente del estado, y que podría derivar en denuncias.
“Estamos por terminar la solventación de las auditorías de las cuentas públicas de 2016 y una vez que se entregue al Congreso local se darán a conocer los datos, ya estamos en un avance del 95 por ciento.”
El auditor rechazó que la Procuraduría General de la República (PGR) lo haya hecho comparecer por las irregularidades detectadas en administraciones pasadas, pero que estaría dispuesto a acudir en caso de que sea llamado.
“Hemos aportado información, lo que nos soliciten y estamos trabajando coordinadamente con la Fiscalía General y las instancias de procuración de justicia y los resultados se verán y se están viendo”.
Sobre las denuncias presentadas por el Orfis ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de autoridades municipales, negó que haya tardanza en las investigaciones, pues dijo que trabajan de manera coordinada con este órgano.
“Los auditores y los ministerios públicos tenemos un trabajo coordinado y seguramente los resultados se van a dar en su momento porque cada uno tiene sus ámbitos de competencia y se cumple en los tiempos establecidos”.
Habrá consecuencias para ayuntamientos que no usen FISM para abatir la pobreza
El auditor superior del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, advirtió que es responsabilidad de los ayuntamientos el uso de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de 2017 para obras inconclusas del año pasado.
Y es que dijo que si bien el acuerdo aprobado por los legisladores no viola la ley, sí existen requisitos para que los Ayuntamientos puedan acceder a este mecanismo y que solo se pueden usar para el combate a la pobreza y el resto social, pues de lo contrario habrá consecuencias para las autoridades municipales.
“Todos los Ayuntamientos deben aplicar el FISM para sus lineamientos que son el abatir el rezago social y la pobreza extrema, lo fiscalizaremos y de no ser así, entonces actuaremos en consecuencia”.
Detalló que el Congreso local estableció que los Ayuntamientos podrían usar el FISM de este año en obras que no se iniciaron y no se ejerció el recurso, así como en obras iniciadas pero inconclusas y que debían ser “finiquitadas”, además de aquellas obras pagadas total o parcialmente que requieren más recursos.
“Los requisitos son que todo debe contar con registro contable; es decir, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Todos los expedientes de obra pública deben estar integrados como estimaciones, generaciones de obra, fianzas, finiquitos y fotografías”.
Además, el auditor superior dijo que todo debe estar integrado en un expediente que debe verificar el Control Interno de casa Ayuntamiento.
En ese sentido, dijo desconocer el documento de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal en la que se acusa a los legisladores locales de extralimitar sus funciones al aprobar este mecanismo, pero insistió en que las reglas son claras.
“Siempre y cuando estén destinados para lo que son, abatir la pobreza y el rezago social no (habrá problema) los recursos tiene un fin y eso fue lo que el Congreso aprobó”.
Destacó que hasta ahora 79 municipios han notificado el uso del FISM de 2017 para obras pendientes, pero 23 no han hecho uso de ellos y solo 53 han aplicado el recurso.
Sobre la fiscalización de los recursos y bienes que se han reintegrado al estado y que habían sido desviados en la pasada administración, Portilla Vázquez señaló que será materia de revisión en la Cuenta Pública de 2017.
“Analizaremos ese punto y otros más m El Orfis está trabajando en tres momentos, en la Cuenta Pública 2015 y las denuncias que de presentaron, cerrando la cuenta pública 2016 y haciendo la planeación de la cuenta pública 2017”.
