Organizaciones civiles y estudiantes protestaron este domingo en la Ciudad de México por el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante poblana.

También se movilizaron en diferentes estados del país para protestar por el asesinato de Mara y pedir seguridad para las mujeres en el país. Ciudadanos salieron a las calles en los estados de Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Yucatán y Sinaloa

La marcha inició en la plancha del Zócalo capitalino rumbo a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PRG) en la Avenida Reforma. En redes sociales se convocó a la movilización con las consignas #NiUnaMás, #TodasSomosMara y #JusticiaParaMara.

“El feminismo es una lucha de todos”, “Mara no fue hallada muerta, fue asesinada”, dicen las pancartas.

La madrugada del viernes 8 de septiembre, Castilla Miranda pidió una unidad de Cabify. El chofer, identificado por autoridades poblanas como Ricardo Alexis N, la raptó, violó y asesinó en un hotel de Tlaxcala.

El cadáver de la joven, quien formaba parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), fue hallado el viernes 15.

Se espera que en Jalisco, Coahuila, Michoacán, Veracruz y Puebla se lleven a cabo acciones por el caso de Mara entre hoy y mañana, lunes 18 de septiembre.

Flora, integrante de la organización “Pan y Rosas”, explicó a SinEmbargo que la manifestación es necesaria por los ataques que sufren las mujeres diario en México.

“Este Gobierno corrupto, señores, nos quiere desaparecer”, “América Latina será toda feminista”, “ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, entonaron a la altura de Eje Central.

Tambores retumbaban a la altura de Reforma, mientras personas seguían arribando a los contingentes.

Los manifestantes portaban mensajes en banderas y cartulinas donde exigían la renuncia de Enrique Peña Nieto, Presidente de México, y cárcel para tratantes de mujeres en Tlaxcala.

Mara compartía su segundo nombre con María Fernanda Gutiérrez Manzano, de 27 años de edad, quien fue apuñalada por Ricardo Cuevas Jiménez, su esposo, tras un arranque de celos. Ambas fueron asesinadas por ser mujeres. Ambas se unieron a la lista de feminicidios en el estado gobernado por el panista José Antonio Gali Fayad.

En nueve meses del 2017, 83 casos de feminicidio se presentaron en Puebla. Ayer, sábado 16 de septiembre, activistas urgieron a las autoridades activar la Alerta de Género en la entidad.

Sólo había pasado una semana del 2017 cuando ocurrió el primer caso. El 7 de enero, María Antonia Ruiz Bautista, de 43 años, fue degollada y golpeada hasta la muerte. Su novio, un sujeto identificado como Javier Maldonado, confesó el crimen con descaro. “Sí, yo la maté porque me provocó”, dijo el asesino.

A Mara, María y Antonia se unen Giselin López, Laura Pérez Reyes, Cristina Leyva, Mercedes N., Sandra Dolores Téllez, Aida Hermia Muñoz, Sofía Baltazar Salas, Flor Eleonora Becerra Gutierrez, Eusebia Hernández López, Ángeles N., María de Jesús H., Apolonia Contreras Alba, Efigenia Sosa, Viviana García Gastón, Miriam, Metzli Sarabia, Clara Díaz, Aidé Moreno, Dalia Ramírez, María N., Roberta Ángeles María, Maricela Gálvez Rico, Patricia Verónica Rosales, Concepción Martínez, Aurora Navarreta Nájera, Laura N., Virginia Morales Lucero, María Azucena Lara Hernández, Yolanda Badillo Cruz, Tulia Ginés Morales, Bárbara N., Emilia Ruiz, Celia Juárez Mineros, Bernarda E., Rosalía N., Miriam, Griselda, Soledad Sánchez, Lizeth Edith Guzmán Ramírez, María Luisa, Jessica Patricia Pérez, Noemí Guadalupe Vergara, Maura Luna Motolonía, Julia Rodríguez Corte, Rosario Morales, Cecilia Torres Rosales, Elvia Martínez, Minerva Hernández, Reyna Angélica Solís Aracén, Lucía Diego Ángeles, Alondra Magaly Romero, Juana de los Santos, Felícitas N., Enriqueta Trujillo, Socorro N., Araceli Gómez, Alma Rosa, Consuelo Salazar, María Luisa M., Dulce Castillo Mendoza, Dominga Vargas, Carmen Peñaloza Córdoba, María del Rocío Gómez Flores, María del Carmen Gabriela Valentín y 17 mujeres más -cuyas identidades no fueron reveladas-.

CIUDADANOS SALEN A LAS CALLES

En diferentes estados comenzaron a movilizarse para protestar por el asesinato de Mara y pedir seguridad para las mujeres en el país.

En Guadalajara, Jalisco, cerca de las 12:00 horas de este domingo dio inicio la marcha.

Aproximadamente 800 personas salieron desde el Paraninfo en avenida Juárez con rumbo a Plaza Liberación.

De acuerdo con medios locales, mujeres, hombres y familias enteras salieron a manifestarse al grito de “Vivas las queremos y “Ni una más”.

En Culiacán, Sinaloa, mujeres y hombres de distintos colectivos salieron esta tarde en Culiacán para manifestarse por la joven asesinada en Puebla.

Los grupos se instalaron en la calle Álvaro Obregón, donde desplegaron una manta en la que escribieron #NiUnaMás, alzaron banderas y en breves periodos de tiempo se atravesaron la calle para gritar consignas en contra de los feminicidios en México.

Magali Reyes, activista y directora del Centro de Político de la UAS, señaló que el caso de Mara Castilla no puede tomarse como un acto pasajero por el nivel de violencia que se utilizó para su asesinato.

Recordó que Mara Castilla fue agredida por un chofer de Cabify, una empresa de servicio de taxi, quien la privó de su libertad y luego abusó de ella de manera sexual, luego la estranguló y golpeó hasta quitarle la vida.

Reyes insistió en que las políticas que se han implementado en el País para disminuir la violencia en contra de las mujeres no ha sido efectiva, pese a que existen mecanismos económicos para poder crear campañas que traten de bajar los índices a través de programas de educación con perspectiva de género.

En León, Guanajuato, alrededor de 200 personas se reunieron en el arco de la calzada para exigir justicia en el caso de Mara Castilla y de otras mujeres asesinadas.

La marcha se llevó a acabo por todo la calle Madero, hasta llegar al edificio de presidencia municipal, cerca de la 1:20 de la tarde.

En la movilización estuvieron presentes los familiares de Francia Ruth Ibarra Ramírez, de 26 años, quien fue reportada por sus familiares como desaparecida el 3 de diciembre del año pasado.

En Torreón, Coahuila, ciudadanos marcharon esta mañana ante la indignación del asesinato de Mara.

Valeria López Luévanos, del Colectivo Activistas Feministas de La Laguna, dijo en entrevista a medios que la protesta es con el fin de exigir justicia y evitar que continúe la violencia contra las mujeres del país.

La movilización culminó con la lectura de un pronunciamiento condenando las agresiones contra las mujeres y exigiendo la Alerta de Género para Torreón.

Las oaxaqueñas también denunciaron que las autoridades no prestan atención ni investigan los delitos de género, lo que mantiene al estado sumergido en la impunidad.

En Coahuila, la protesta se realizó al medio día desde la avenida Hidalgo hasta el boulevar Independencia, en el centro histórico.

Las mujeres, al igual que en Oaxaca, exigieron mayor atención por parte de las autoridades, a la vez que pidieron que fortalezcan y blinden los requisitos para la contratación de choferes en servicios como Uber y Cabify.

“Señor no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Las mujeres de la Laguna no quemo muerta a ninguna”, “Las mujeres de Torreón no queremos más violación”, “¡Mara: no fue tu culpa”, “no no me da la gana ser una mujer sumisa abnegada” fueron las principales consignas que se gritaron en el recorrido.​

La Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Electoral (OPLE), declaró medidas cautelares preventivas en el caso de la asociación Yunete AC. En sesión extraordinaria, presidida por la consejera Julia Hernández, se resolvió la queja interpuesta por el representante de Morena, Rafael Carvajal.

Cabe señalar que la organización entregó apoyos durante el sismo de 8.4 grados en la región de Coatzacoalcos en camiones con logotipos y leyenda de Yunete AC, frase alusiva a la campaña que hizo el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en el pasado proceso electoral.

La comisión determinó sancionar a esta asociación, pues los colores y tipografía de las lonas con que entregaron los apoyos sí guardan similitud con los utilizados por Yunes en campaña.

Se determinó que Rafael Jesús Ponce Abreu, ex director de la Comisión de Agua de Veracruz, promocionó de forma ilícita la imagen del mandatario estatal, lo que puede generar una ventaja indebida en el próximo proceso electoral y viola el principio de equidad de la contienda.

Las medidas cautelares ordenan el retiro inmediato de la promoción de la asociación Yunete, así como el uso de colores, emblemas o figuras que relacionen a esta organización con la figura de Miguel Ángel Yunes Linares. Además tendrá que evitar realizar nuevos eventos donde se puedan vulnerar las normas electorales.

Claudia Suárez fue asesinada con una navaja por su exnovio, a tan solo unas cuadras de su casa. Su familia aún busca a su asesino.

Su asesinato dista del de Mara Castilla en lugar, día y persona que lo hizo pero tiene mucho en común: ambos fueron feminicidios efectuados por hombres, en ambos la respuesta de las autoridades demoró y ambos fueron en espacios que pudieran considerarse seguros pero no lo fueron.

Mara, una joven xalapeña que estudiaba en Puebla, fue asesinada por un conductor de un servicio de “taxi seguro” (Cabify). La repercusión que tuvo en medios de comunicación y redes sociales llevó a las autoridades a acelerar la actuación en el caso para localizar su cuerpo.

Claudia salió a platicar con su exnovio, Luis, y caminó unas calles cerca de ahí. Sus vecinos los vieron discutir pero no prestaron atención. Unas horas después los mismos vecinos la encontraron en un charco de sangre.

A pesar de los testimonios, en su caso no han detenido a quien vieron agrediéndola; e inclusive a su mamá, Claudia, la Fiscalía General del Estado no la ha dejado ver la carpeta de investigación.

Sus casos no son únicos. Durante este año, tan solo en Veracruz, el Proyecto “Asesinatos de Mujeres y Niñas por razón de género. Feminicidios en la entidad Veracruzana” de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana ha registrado 169 homicidios de mujeres hasta el mes de agosto, de los cuales 118 pueden ser considerados como feminicidios. A nivel nacional no hay un conteo que señale cuantas mujeres han sido asesinadas.

Los casos de homicidios de mujeres y feminicidios se ven plasmados de una constante impunidad, ya que sólo el 40 por ciento de los casos de homicidios dolosos contra mujeres entre el año 2000 y 2015 fueron presentados ante un juez.

Lo anterior, según el informe del Grupo de Trabajo presentado el año pasado en la Solicitud de Declaratoria de Alerta de Género, donde se señala que de los 1109 averiguaciones previas más de la mitad fueron declaradas en reserva, incompetencia, no ejercicio de la acción penal o en trámites.

Claudia Correa, la mamá de Claudia, solo espera que el asesinato de su hija no se una a los expedientes de impunidad, por lo que exige a los funcionarios que hagan su trabajo.

Aún con la impunidad tras la desaparición y asesinato de Mara Castilla, la Fiscalía General del Estado colocó en sus redes sociales algunas recomendaciones para las personas que vayan a abordar un taxi como verificar número o ir acompañada si se toman algunas copas.

“En lugar de que realmente hagan su trabajo, se pongan así, me ofende que crean que me debo de cuidar para no ser levanta un día”, sentenció Adriana Osorio ante esa campaña.

“¿O sea soy yo la que debe tener miedo de andar en la calle y no el puto delincuente de que si me hace algo se lo carga la chingada?. Digo, yo hago eso siempre e incluso me lo recomendó un señor taxista pero por qué debo ser yo quien tenga miedo”, aseveró Arlet Guerrero.

Las desapariciones también continúan

A casi una semana de la desaparición de Luisa María Pichardo no se ha activado la Alerta Ámber que debería ser implementada en las primeras horas.

Cuando su mamá, Leticia Zavaleta Páez, intentó solicitarle a la Fiscal que lleva su caso un oficio para llevar a la central camionera y que ayudaran a buscarla, la funcionaria se negó.

“La Fiscalía por lo que yo noto va exageradamente lenta, la Fiscal la verdad ha sido un poquito grosera (…) le dije oiga como ve si le podemos llevar al ADO porque tiene cámaras y ella dice ‘yo no voy a poder estar dando diestra y siniestra copias porque usted me lo pide’”, señaló.

La Alerta Ámber, ese mecanismo de búsqueda inmediata que le fue negado con el pretexto de que estaba en análisis, se basa en acudir a lugares como las centrales camioneras, hospitales y otros puntos en las primeras 48 horas. Sin embargo, el caso se ha quedado en “prealerta”.

En el estado de Veracruz no se ha contabilizado la cantidad de mujeres que permanecen desaparecidas ya que las bases de datos no son actualizadas por parte de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el último reporte que existe en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (que a pesar de lo que marcan las leyes, no incluye ningún caso de este año) en la entidad había 166 mujeres cuyas familias no podían localizar, de los que se desconoce en cuantos casos los funcionarios no activaron todas las alertas, mecanismos y recursos a su alcance para encontrarlas.

Mientras, Leticia y toda su familia, exigen a las autoridades que den celeridad al caso para encontrar con vida a la joven de 15 años.

Presuntos “chupaductos”, ocasionaron anoche una gigantesca fuga de gasolina en un ducto que pasa por la calle 5 de Mayo del ejido Zacate Colorado, en el municipio de Tihuatlán, muy cerca del cementerio, en el sitio conocido como “Las Cruces”.

Ante la gravedad de los hechos fue necesario evacuar a cientos de personas, además de que se dio una gran movilización por parte de personal de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y personal de Pemex.

El hecho, de acuerdo con informes, ocurrió alrededor de las 21:00 horas y cerca de la media noche se decía que ya habían cerrado la válvula de distribución y que todo estaba controlado, aunque el temor cundía entre los vecinos dada la magnitud de la fuga, pues el líquido seguía corriendo en el área.

Personal especializado de Pemex laboraba anoche para contener la fuga, en tanto que personal de Protección Civil se hacía cargo de la situación.

Tras el feminicidio de la joven originaria de Veracruz, Claudia Alondra Suarez Correa, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Belem Palmeros Exsome, dijo que la Fiscalía se encuentra en las indagatorias para determinar la identidad del presunto homicida.

En las últimas investigaciones, apuntan a que fue el ex novio con quien sostuvo el último encuentro con quien se le vio tras ser asesinada apuñaladas.

“La chica se encontraba con su expareja y la encontraron al otro día ensangrentada a unas cuadras de su casa, sabemos que algunas personas los vieron discutiendo esa noche pero pues nadie se metió pensando que era una discusión de pareja entonces la omisión de la ciudadanía ante estos caso de la violencia de las mujeres y pasa esto que paso en la semana con Claudia”, comentó Palmeros Exsome.

Dijo que hasta el momento las autoridades correspondientes no han dado a conocer la identidad del responsable, sin embargo ante las declaraciones hechas por testigos, fue el ex novio con quien se le vio la última ocasión.

“Sabemos que es el presunto responsable y a decir de los familiares y vecinos todos los señalan y tan lo señalan que huyó”, indicó.

“Con esto que ha pasado está semana, el grupo de mujeres feministas estamos de luto porque es muy triste lo que está pasando, es muy triste la impunidad y es muy triste que ya estamos harta de la violencia que estamos sufriendo las mujeres, tenemos una alerta de genero actualmente en el estado de Veracruz y yo no veo cartelones de se busca por un millón de pesos como muchas veces es de la Seguridad Pública buscando a otros delincuentes como es el caso de los asesinatos de mujeres”, exigió.

Para exigir justicia, se realizará este domingo a las 12 de día en la Ciudad de México una marcha que tiene como objetivo exigir justicia por el feminicidio de la joven estudiante de 19 años, donde se suman los estados de Puebla y el Estado de México.

Los rayos del sol se hicieron más intensos, pero las altas temperaturas jamás lograron calentar los corazones de la familia de la joven universitaria que fue asesinada a manos de un chofer de Cabify en Puebla.

El hoyo en medio del montículo del panteón Bosques del Recuerdo, en la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz, esperaba los restos de la joven de 19 años de edad, cuya partida rompió el corazón de miles de personas.

Y mientras las hojas de esos rehiletes, colocados en cada una de las tumbas del campo santo, se dejaban acariciar y llevar por el viento; Mara y su familia se dejaban guiar a la última morada de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Decenas de familiares, amigos e incluso desconocidos se unieron para decirle adiós a Mara, la niña y mujer, que se convirtió en la hija de todos los que llegaron a decirle adiós.

Karen, su hermana mayor, con el rostro limpio de tanta agua salada que escurría por sus mejillas, cerraba los ojos y de repente sacaba de sus entrañas un gemido hondo que se escuchaba hasta el infinito en medio del silencio sepulcral con que era recibido el ataúd.

Su madre, Gabriela, estoica. Con lentes oscuros, rostro adusto sólo observaba, ante el silencio constante, como colocaban la caja de madera.

La voz de una mujer rompió con la quietud… “Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas…”, decía.

Con el sol en su apogeo, durante media hora rogaron a Dios por el eterno descanso de la joven que abandonó Xalapa para estudiar Ciencias Políticas en Puebla, con la esperanza de mejores estudios y una mejor vida lejos de tierras violentas.

Era el tiempo de quietud, que se vio quebrado cuando cuatro jóvenes pusieron sus manos sobre los instrumentos musicales y cantaron a Dios.

“Llévame al cielo oh señor / porque morir es con mucho lo mejor, / es con mucho lo mejor…”.

El dolor contenido salió de lo más profundo del alma, los rostros contraídos, las lágrimas cual ríos y dos palabras que no dejaban de repetir mientras acariciaban el féretro: “mi niña, mi niña, mi niña”.

Ver bajar los restos en medio de la tierra, fue la peor parte, porque esa escena era el verdadero adiós, el dejar que el cuerpo de Mara se convierta en polvo y su alma vaya al cielo con el viento, ese mismo que hacia girar los rehiletes.

La tarde de este viernes, fue hallado el cuerpo sin vida de Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de la UPAEP, desaparecida el pasado viernes 8 de septiembre, tras abordar una unidad del servicio Cabify.

La información fue publicada en la cuenta del periodista poblano Javier López Díaz y, minutos más tarde, confirmada por el gobernador del estado de Puebla, Tony Gali.

Tony Gali, gobernador de Puebla, dio a conocer la muerte de la joven Mara Fernanda Castilla, desparecida desde el pasado 7 de septiembre tras abordar una unidad Cabify.

En su cuenta de Twitter informó: “Con profundo dolor envío mi pésame a los familiares de #MaraCastilla. QDEP. El presunto responsable está detenido y pagará por este crimen”.

Con profundo dolor envío mi pésame a los familiares de #MaraCastilla. QDEP. El presunto responsable está detenido y pagará por este crimen. pic.twitter.com/88k05Z1ryl

— Tony Gali (@TonyGali) 15 de septiembre de 2017

Como se sabe, elementos ministeriales realizaron un cateo a una vivienda del estado de Tlaxcala, donde fueron localizadas prendas de la joven universitaria Mara Fernanda, desaparecida hace una semana en Puebla.

De acuerdo con fuentes policiacas, el cateo fue en el Fraccionamiento Malintzi de la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec del estado de Tlaxcala, donde los agentes ministeriales de Puebla y Tlaxcala localizaron ropa y pertenencias de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Ante los hallazgos, en los cuales se incluían rastros de sangre, la Fiscalía General del Estado solicitó ante el Juez de Control pruebas de sangre de Ricardo “N”, el chofer de Cabify detenido acusado de la privación ilegal de la libertad de la muchacha.

Las primeras indagatorias señalan que Mara Fernanda estuvo conviviendo en un Bar de Cholula el jueves en la noche y madrugada del viernes con amigos; el viernes en la madrugada solicitó un auto de alquiler de la empresa Cabify para que la llevara a su fraccionamiento en San Andrés Cholula, zona conurbada a la capital poblana.

Sin embargo, las cámaras de videovigilancia, según los familiares, detectaron la llegada del auto al fraccionamiento donde vive la joven, a un costado de la Recta a Cholula, pero ella no descendió y después la unidad se retiró del lugar.

259 obras no fueron concluidas por las administraciones municipales ante el retraso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) que retuvo la pasada administración estatal. Al respecto se contemplará un apartado dentro del informe de la cuenta pública 2016, dijo el auditor del Órgano del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

El informe de la cuenta pública 2016 será entregado el 13 de octubre a los legisladores locales, dijo el auditor, quien no descartó iniciar una auditoría especial, por instrucción de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el manejo financiero de los fondos federales del presente ejercicio fiscal.

79 ayuntamientos habían notificado al Orfis que harían uso de recursos del FISM 2017 para concluir obras de 2016 que quedaron pendientes, de los cuales 56 ya están ejerciendo esos recursos y 23 desistieron, pero si en su momento deciden hacerlo, están dentro del proceso de fiscalización.

El funcionario manifestó que existe un convenio con la ASF para auditar los recursos federales, por lo que no descartó la posibilidad de que se haga una revisión conjunta a la aplicación de ese fondo en el caso concreto del FISM 2017 para la conclusión de obras que no se pudieron terminar el año pasado.

En enero comienzan el escrutinio al ejercicio 2017

Hay que recordar que el Congreso local validó que los alcaldes usarán recursos del FISM 2017 para pagar obras que quedaron inconclusas en 2016. Ese hecho generó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal emitiera recomendaciones por la autorización local, ya que eso contraviene las reglas de operación del programa.

En entrevista en el marco del Foro de Empoderamiento a funcionarias municipales electas, el auditor general afirmó que a la fecha un total de 56 municipios hicieron uso del FISM 2017 para pagar obras del año pasado.

En el caso de otros 23 alcaldes notificaron al Orfis que desistieron de la autorización que otorgó la Cámara local. El dinero, explicó, se destinó al pago de obras parcialmente terminadas, al llegar a un acuerdo para terminarlas de manera anticipada, y para liquidar otras que ya se habían terminado.

Adelantó que a partir del 2 de enero se iniciará la revisión del manejo financiero de 2017 y se verificará que los municipios que sí aplicaron los fondos, cumplan con los requisitos que impuso la Cámara y las obras que se pagaron permitan abatir los índices de pobreza extrema.

«Lo verificaremos en la cuenta pública 2017. Estamos ya en la planeación en qué municipios son y las obras que terminaron o están por ejecutar», dijo y comentó que la revisión desde el primer día del año 2018 se atribuye a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Comisariados de siete municipios indígenas del sur del estado de Veracruz constituyeron un frente con la finalidad de proteger sus propiedades y ecosistemas de la amenaza del fracking, método que utilizarán las compañías petroleras para la extracción de hidrocarburos como resultado de la Reforma Energética.

El comisariado ejidal de Amamaloya, municipio de Soteapan, Aciano Ramírez Morales, señaló que el fracking amenaza con afectar recursos como el suelo y el agua, así como a la producción de alimentos.

En ese sentido, el líder indígena reconoció que se avecina un grave problema para sus comunidades con la explotación y extracción de hidrocarburos.

“Estamos enterados ya de este grave problema que viene para nuestros sitios eco turísticos y no solo para ellos sino que también el agua y nuestras tierras, como pueblos indígenas vamos a estar afectados con estas empresas que vienen a afectar el suelo, el agua, vienen a afectar la vida de cada uno de nosotros”, puntualizó.

Aciano Ramírez Morales refirió que se celebró recientemente una asamblea donde participaron ejidatarios indígenas de los municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan, Pajapan, Hueyapan de Ocampo, Zaragoza y Cosoleacaque, quienes se oponen a la explotación de hidrocarburos en sus tierras. Ramírez Morales manifestó que Petróleos Mexicanos (Pemex) todavía no se acerca a las comunidades indígenas a informarles sobre los proyectos de explotación y extracción de hidrocarburos que existe para esa zona del estado de Veracruz.

El comisariado ejidal aseguró que los indígenas defenderán sus tierras y los ecosistemas mediante los usos y las costumbres y recurrirán al amparo en última instancia.

“Hemos estado trabajando con los diferentes comisariados ejidales para que en cada ejido hagamos como un frente para decir que no estamos de acuerdo porque nos va a acabar la vida de la tierra y nuestra propia vida (…) Hasta ahorita a nosotros, como ejido, Pemex no se ha acercado, nada, si llegaran a nuestras comunidades no vamos a permitirlo”, finalizó.

En Veracruz circula un número importante de vehículos sin placas que pueden ser usados para la comisión de delitos, como el ocurrido la tarde noche del miércoles en Xalapa, cuando arrojaron tres cuerpos en la avenida Murillo Vidal, desde una camioneta sin placas.

Así lo reconoció el director general de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, Luis Emilio Díaz Ibarra quien indicó que se han detenido estos vehículos como medida de seguridad, incluso reveló que en la misma corporación que preside se recibieron unidades (patrullas) sin documentación.

Confirmó que se ha detenido un número importante de vehículos que circulan sin placas en el estado, y aunque no precisó la cifra, explicó que son producto de los recorridos cotidianos de sus elementos.

“El número exacto no lo tengo, pero si hemos detenido un buen número de unidades por circular sin placas, porque es parte de los operativos normales en todo el estado. Si detenemos una unidad por falta al reglamento, lo primero que vamos a pedir es la licencia de conducir, su tarjeta de circulación, si no tiene alguna de ellas se hace la infracción”

De igual manera, expuso que cuando se detiene algún auto con placas de otro estado, se verifica que los documentos que porta el conductor pertenezcan a la unidad, y dijo, no se les puede prohibir el libre tránsito.

Hizo un llamado a la población para que pongan en regla sus vehículos, pues no se puede permitir que la delincuencia se aproveche de que algunos ciudadanos no tengan placas.

Por otra parte, reconoció que a su llegada a la corporación se encontró con casi 40 unidades de Tránsito del Estado que circulaban sin placas, debido a que la pasada administración dejó de pagar derechos vehiculares y otros trámites.

«De la administración pasada recibimos un montón de faltas a la corporación, recibimos unidades sin pago de derechos, sin pago de tenencias, pero eso es lo que recibimos, obviamente todo requiere recursos, hay que obtener recursos para hacer esos pagos. Ya pagamos todos los derechos vehiculares de todas las unidades de la dirección de Tránsito”, finalizó.

Empresarios que no han obtenido pagos por parte de Gobierno del Estado, se dijeron preocupados debido a que los quieren hacer pasar por empresas fantasma para no liquidar sus adeudos, señaló la empresaria Brenda Zeron Chagoya, quien anuncio la campaña #YoNoSoyUnaEmpresaFantasma, que estará en Facebook.

Dentro del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) destinado a Veracruz en 2016, se provocó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 754 millones 221 mil pesos, además se detectaron adjudicaciones directas a 10 empresas, por lo que no se justificaron las mejores condiciones de calidad, transparencia y tiempo de entrega de los medicamentos y material de curación.

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5 mil 684 millones 721 mil 300 pesos, que representó 99.2 por ciento de los 5 mil 728 millones 549 mil 200 pesos transferidos al estado de Veracruz mediante el Fassa.

El estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y de la Ley de Coordinación Fiscal, que causaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 754 millones 221 mil 300, el cual representa el 13.3 por ciento de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 545 mil pesos y 166 millones 214 mil 300 miles de pesos de retenciones no enteradas a las instancias correspondientes; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 166 millones 214 mil 319 pesos 52/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su entero al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Issste), por no realizar el entero de las retenciones realizadas a los trabajadores de las cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) del personal pagado con recursos del Fassa 2016; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental del entero ante el Issste.

Con la revisión de 107 contratos de adquisiciones y servicios financiadas con recursos del Fassa 2016, se verificó que el organismo Sesver adjudicó directamente 10 contratos de adquisiciones por excepción a la licitación pública, y dicha excepción la fundó y motivó por la adhesión a la adquisición de medicamento y material de curación en la compra consolida realizada por el IMSS para el ejercicio 2016, argumentando que los proveedores presentan mejor cotización y precio, sin embargo, no proporcionó la evidencia de que pertenecen a dicha adhesión, toda vez que no están registrados dentro de los fallos de la licitación, por lo que no se justificaron las mejores condiciones de calidad, transparencia y tiempo de entrega para el estado.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) analiza el reacomodo de más empleados tras la desaparición de al menos cinco juzgados menores en Xalapa, Orizaba, Veracruz y Córdoba, informó el magistrado presidente Edel Humberto Álvarez Peña.

Entrevistado posterior a su guardia de honor ante el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, indicó que hasta el momento han realizado el reacomodo de 50 empleados, pero adelantó que podría haber más.

«Más o menos se reacomodó y algunos se jubilaron, pero fueron como 50 personas más o menos y ahorita el Consejo de la Judicatura está estudiando para que desaparezca otra cantidad de juzgados».​

A la mayoría de los padres de las personas desaparecidas la certeza de la muerte de su ser querido les da tranquilidad, pero a Pedro Mavil y su esposa, Gema Hernández, saber que su hija –secuestrada el 3 de mayo de 2011 en la ciudad de xalapa– no respira, más les provoca dolor.

“El estado de Veracruz me robó a mi hija”, sostiene el abatido don Pedro, contador público egresado de la Universidad Autónoma de Veracruz, durante la entrevista con la reportera en el panteón municipal de esta ciudad, donde presuntamente están los restos de Gemma Mavil Hernández. El problema es que nunca fueron inhumados en el área de fosa común, como corresponde a las personas no identificadas.

Ubicado en un amplio predio de pequeñas colinas, el cementerio tiene pasillos pavimentados sólo en su primera área; al fondo, en una franja de dos hectáreas, se encuentran las tumbas plenamente identificadas al lado de la zona de las fosas comunes.

Durante cinco años la familia Mavil Hernández albergó la esperanza de encontrar viva a Gemma, luego de que un operativo policiaco fallido para detener a los presuntos plagiarios.

Al principio fueron detenidas tres personas, una de las cuales incluso ya fue sentenciada; otra fue liberada el mismo día de su detención, y la tercera –el exagente de tránsito Efrén Landa Méndez– murió en los separos de la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS) durante los interrogatorios a los que fue sometido por agentes ministeriales.

“Desde aquel 3 de mayo que Gemma salió de Xico hacia Xalapa a una entrevista de trabajo, no he parado de buscar a mi hija”, relata don Pedro.

“La última vez que tuve comunicación con los secuestradores fue al mes siguiente, pero en la UECS no hicieron lo necesario para encontrarla. El caso también está en el fuero federal, en la SEIDO(Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.”

La carpeta 844/2011

El pasto y la espesa hierba silvestre, propia de la fértil tierra veracruzana, impiden distinguir dónde empiezan o terminan las tumbas, por lo que uno termina por caminar sobre ellas.

Es en esa área, la de las fosas comunes, donde el cuerpo de Gemma reposa, según la carpeta de investigación 844/2011, que don Pedro descubrió en 2016, durante sus investigaciones sobre el paradero de hija, que entonces tenía 29 años.

El legajo estaba archivado y se refería a la localización del cuerpo sin vida de una mujer en una bolsa de plástico abandonada en calles de una colonia de Xalapa.

“Quien la levantó dijo que el cuerpo no presentaba ninguna larva de descomposición, aunque posiblemente la habían asesinado en julio (de 2011). Eso quiere decir que debió haber estado en refrigeración”, detalla don Pedro.

Una vez ingresada en Servicios Periciales, relata, a Gemma se le tomó una muestra ósea para obtener su perfil genético, pero éste nunca fue ingresado a la base de datos de personas no identificadas, según un documento de la dirección de Servicios Periciales fechado el 1 de junio de 2016.

No fue hasta que don Pedro descubrió la carpeta de investigación que se cotejaron los perfiles genéticos de él y su esposa con el del cuerpo desconocido.

Ello, dice, pese a que a él se le tomaron muestras de ADN en 2012 y a su cónyuge en 2014. Y en febrero de 2015 se hizo un primer cotejo infructuoso con la base de datos de personas no identificadas de acuerdo con documentos de la Dirección de Servicios Periciales.

Pese a saber que Gemma estaba muerta, el calvario de la familia Mavil Hernández, representada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), continúa.

De agosto a septiembre de 2016, don Pedro y su representante del IMDHD, Volga de Pina Ravest, promovieron exhumaciones en tres fosas para localizar a Gemma. Esas exhumaciones pusieron al descubierto las irregularidades en cinco de los 10 cuerpos examinados. Ninguno era el de Gemma.

Ella debería estar en una fosa junto con otros dos cadáveres masculinos inhumados en octubre de 2011. A los sepultureros se les ordenó cavar tres fosas, pero sólo se depositaron dos cuerpos; el otro, presuntamente el de Gemma, se quedó en un ataúd dentro de la camioneta de Servicios Periciales.

Reclamos infructuosos

Entre agosto de 2014 y septiembre de 2015, Luis Ángel Bravo y Gilberto Aguirre Garza, funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz y de la Dirección de Servicios Periciales, respectivamente, realizaron varias exhumaciones e inhumaciones en esas mismas fosas, según el entrevistado.

Ambos, dice don Pedro, “sabían desde 2014 que en esas fosas no estaba mi hija, pero me lo ocultaron. No sé por qué lo sabían, pues no se había hecho el cotejo de ADN. Eso habla de las complicidades que hubo en el caso de mi hija”, que incluso ameritó la recomendación 02/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Según el ómbudsman veracruzano, “la mayoría de las acciones encaminadas a la búsqueda de la verdad han resultado infructuosas por haber actuado de manera tardía e ineficiente, trayendo como consecuencia la negativa de acceso a la justicia, aunado a la indignación del señor PMM y de sus familiares”.

En la actual administración el caso permitió un acuerdo de cooperación entre el Comité de la Cruz Roja Internacional y la Fiscalía General del Estado de Veracruz para poner orden en los panteones municipales, destinar un espacio para fosa común y no inhumar cuerpos sin perfil genético de las personas no identificadas.

“Los servicios de fosa común en el estado de Veracruz son un caos –insiste don Pedro–. Se supone que en Xalapa hay 192 cuerpos en calidad de desconocidos que fueron localizados entre 2010 y 2016, y que en el puerto de Veracruz hay 3 mil 600, pero el caso de mi hija demostró el desastre que hay en los panteones municipales.”

Visiblemente cansado por su búsqueda infructuosa, don Pedro comenta: “He acompañado a otras familias a recuperar cuerpos de sus desaparecidos. En mi caso no he podido cerrar el duelo; mi herida es más grande y más profunda. Antes albergaba la esperanza de encontrar con vida a mi hija, pero no es así.

“Gemma sigue desaparecida aun fallecida. Por eso digo que a mi hija se la robó el estado. La tenía en sus manos y no me entregó los restos”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el amparo promovido por Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los jóvenes involucrados en el caso de «Los Porkys de Costa de Oro» en Veracruz, en el que se denunció la violación de una menor de edad.

El pasado 4 de septiembre el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en Veracruz fue notificado de que la SCJN admitió a trámite la solicitud de facultad de atracción número 401/2017 y turnó el expediente a la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

«El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que se admitió a trámite la solicitud a que se hace referencia promovida por el pleno de este órgano jurisdiccional y turnó el expediente para su estudio a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Primera Sala de ese Alto Tribunal», se lee en el acuerdo publicado por el Segundo Tribunal Colegiado.

En consecuencia, la ministra será la encargada de analizar la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito de Veracruz, en la que consideró que Diego Cruz realizó tocamientos vaginales a la menor de edad pero sin intención de cópula, por lo que no había elementos suficientes para juzgarlo por pederastia y le concedió la protección de la justicia federal contra el auto de formal prisión que se le dictó por el delito de pederastia.

La publicación del decreto que extingue los fideicomisos que se crearon para el pago de pasivos circulantes de la pasada administración con el impuesto a la nómina, obliga a encontrar nuevas formas de pago a todos aquellos proveedores y prestadores de servicio que tiene pendiente el cobro de facturas.

Así lo expresó el diputado local, presidente de la comisión de Hacienda Municipal de integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Carlos Morales Guevara, quien consideró que al reestructurarse la deuda pública se lograrán ahorros que permitirán a los empresarios poder cobrar sus deudas.

De acuerdo al Segundo Informe Trimestral el monto heredado de cuentas por pagar es de 52 mil millones de pesos y se establece que 10 mil 891.9 millones de pesos se incluyeron en el rubro “Otras Provisiones a Largo Plazo”, pues se logró comprobar que hay facturas de obras y acciones que se tendrán que liquidar.

Por lo anterior, el monto de pasivos a corto plazo se transfirió a cuentas de orden, para poder programar su pago y el monto asciende a 41,110.2mdp, que se tendrá que depurar y validar.

En el mes de diciembre el Congreso local revocó la posibilidad de que el Estado pagara pasivos por un monto de 12 mil millones de pesos con los ingresos de la nómina y se emitió un decreto que se publicó en la Gaceta Oficial, el 30 de diciembre, por el que se extinguen los fideicomisos públicos.

Nunca se determinó de qué fondos o rubro se podrá pagar esos pasivos, y aunque la extinción del fideicomiso se interpretó como el desconocimiento de la deuda, está es institucional por lo que aun y cuando no se haya depurado el listado de proveedores y prestadores de servicio se tendrá que asumir el pago de los pasivos.

Al cuestionar al legislador local sobre la extinción del fideicomiso, reconoció que ya no se podrán pagar el pasivo circulante, pero ahora se tendrá que buscar algún otro mecanismo de pago ante la Sefiplan o las dependencias a las que le ejecutaron las obras.

“Y si no se quiere reconocer se puede buscar un mecanismo civil, penal o mercantil alguna acción contra el gobierno, porque al final es una deuda institucional, no de una persona física o de un grupo (…) muchos de los casos se tendrán que judicializar”.

Al cuestionarle cómo se podrían pagar el pasivo circulante cuando no hay fondos etiquetados para ese gasto, comentó que es posible que cómo parte de la reestructuración, ahora que se va a generar un ahorro en el pago del servicio de la deuda, se pueda ir pagando a los empresarios y proveedores, así como a los municipios con los que se tiene pasivos desde el 2016.

Afirmó que desde el Congreso local estarán muy atentos que al liberar las participaciones federales se atiende el déficit que tiene el Gobierno del Estado a corto plazo.

Lo que se debe según la información oficial, publicada en la página 68 del Segundo Informe Trimestral, se tiene pendiente de validar el pago de 662 millones 979 mil 775 pesos por concepto de servicios personales.

A Proveedores se les reconocen una deuda de 3 mil 722 millones 428 mil 81 pesos, a contratistas -por Obras Públicas- se les debe pagar 3 mil 114 millones 277 mil 437 pesos; por concepto de Participaciones y Aportaciones se tiene pendiente de transferir 19 millones 569 mil 214 pesos. Transferencias Otorgadas Por Pagar a Corto Plazo 23 mil 601 millones 783 mil 6 pesos; además se informa que se debían 26 mil 700 pesos por intereses, comisiones y Otros Gastos de la Deuda; Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo 248 millones 10 mil 233 pesos; Devoluciones de la Ley de Ingresos de menos mil 791 millones 47 mil 835 pesos.

Además hay conceptos tales como: Otras Cuentas Por Pagar 2 mil 419 millones 895 mil 55 pesos; Otros Pasivos Diferidos 3 mil 408 millones 103 mil 960 pesos; Fondos en Garantía a Corto Plazo 23 millones 244 mil 956 pesos; Fondos en Administración 26 millones 933 mil 890 pesos.

En reporte del manejo de finanzas hasta junio se reportan pasivos por otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración por 723 millones 154 mil 941 pesos; Otras Provisiones a Corto Plazo mil 635 millones 449 mil 607 pesos.

Hay ingresos por clasificar por 634 millones 549 mil 322 pesos que representan un pasivo, a los municipios se les deben 2 mil 660 millones 894 mil 964 pesos

A pesar de que se encuentra vigente la Alerta de Violencia de Género en Veracruz, para once municipios de la entidad, cada día y medio se reporta un feminicidio en la entidad.

En los primeros ocho meses de 2017 se han registrado 243 asesinatos de mujeres, de los cuales 118 presentan características de feminicidio, reportó el Proyecto Asesinatos de mujeres y niñas por razón de Género. Feminicidio en la entidad veracruzana, de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana.

Esto representa que en promedio se han registrado 21.1 casos por mes en lo que va del año, aunque se reporta a julio como el mes más violento para las mujeres en la entidad, con un asesinato por día, prácticamente.

De acuerdo con las cifras del mencionado estudio, que dirige la académica Estela Casados González, sólo en el mes de agosto se reportaron 23 asesinatos de mujeres, de los cuales 17 reúnen las características del feminicidio.

Además en agosto desaparecieron 24 mujeres, lo que representa cerca de una por día, a lo que se suman 74 reportes de agresiones contra mujeres de diferentes edades.

En el estudio también se reporta que del primero de enero al 31 de julio se habían registrado 146 asesinatos de mujeres, de los cuales 101 presentaban características de feminicidio.

El feminicidio es considerado la expresión máxima de la violencia de género hacia las mujeres, pues se les asesina por el hecho de ser mujeres y los crímenes presentan características distintivas, que de acuerdo al Código Penal de Veracruz, son las lesiones infamantes, la exposición del cuerpo en sitios públicos y la violencia sexual entre otras.

Los representantes de los partidos políticos Acción Nacional y Morena se reprocharon desde la Mesa del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) la entrega de apoyos a damnificados de fenómenos naturales en el estado; se acusaron mutuamente de aprovecharse de una desgracia.

La sesión de trabajo fue el marco para que el panista Mizraim Eligio Castelán Enríquez se deslindara de los exfuncionarios municipales de Coatzacoalcos al señalar que cualquiera puede tomar un logo de «Yunete» y hacer una lona para partidizar la entrega de apoyos a damnificados.

En el caso del PRD, Fredy Marcos Valor criticó que con un discurso demagógico se «involucre» al Sol Azteca en una supuesta precampaña, sobre todo cuando no se ha definido a un abanderar partidista.

Recordó que Andrés Manuel Lopez Obrador lleva más de 12 años de campaña a la presidencia y ninguna autoridad lo ha frenado.

En el caso de Morena, Rafael Carvajal Rosado salió a la defensa de Rocío Nahle al afirmar que los apoyos los compró de su salario y no incurrió en actos de proselitismo al llevar material de construcción a afectados en Coatzacoalcos.

Pidió al OPLE tomar el «toro por los cuernos» y aplicar la ley para evitará el uso de recursos públicos en beneficio de un potencial candidato partidista.

El estado de Veracruz oscila entre el séptimo y noveno lugar nacional en la producción de maíz.

Sin embargo, la producción de maíz se estatizó en la entidad veracruzana en los últimos años, la cual es de alrededor de un millón 250 mil toneladas anuales pese a que se trata del segundo estado del país que destina la mayor cantidad de hectáreas al cultivo de dicho grano.

Al respecto, el presidente de la Unión Agrícola Estatal de Productores de Maíz del estado de Veracruz (Unaeproma), José Ángel Contreras Carrera, refirió que cada hectárea destinada al cultivo del grano en la entidad veracruzana apenas produce 2.5 toneladas.

Reconoció que el rendimiento es bajo en comparación con otras entidades federativas, como Sinaloa, donde se obtienen hasta 10 toneladas de maíz, es decir, cuatro veces lo que Veracruz obtiene de promedio.

En ese sentido, consideró que se requiere una mayor inversión por parte de las autoridades federales y estatales para apoyar al sector, lo cual permitiría adquirir insumos e incluso maquinaria que contribuya a tecnificar el campo para aumentar el rendimiento de la producción.

“Estamos prácticamente estáticos, producimos alrededor de un millón 200 mil toneladas, si vemos las cifras llevamos muchos años ahí, paralizados, no crecemos, somos poco productivos porque nuestro rendimiento supera las dos toneladas y media”, subrayó.

Contreras Carrera señaló que los apoyos del gobierno para los productores de maíz resultan paliativos, por lo que se necesita aumentar el monto de los mismos para dotar de infraestructura al agro.

“Nos hace falta un apoyo de mayor calado, nos hace falta voltear al campo yno solo apoyos que sean, digamos, paliativos o pequeños incentivos, tenemos que detonar la infraestructura, que es la que va a venir a cambiar el rostro a los productores de Veracruz”, finalizó.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) podría atraer las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por la entrega de despensas que realizaran la diputada federal Rocío Nahle y la organización “Yúnete”, en esta última con la participación de funcionarios del Gobierno del Estado.

El fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, aseguró que tanto la Fiscalía a su cargo como la FEPADE abrieron carpetas de investigación por estos hechos y dado el ámbito de competencia, éstas podrían ser atraídas por la instancia federal.

Sin embargo, comentó que no se relacionan con las quejas de quienes han señalado parcialidad y hasta protección de la Fiscalía hacia los servidores públicos afiliados al Partido Acción Nacional (PAN).

“Por razón de competencia la FEPADE puede ejercer la facultad de atracción y llevar a cabo las investigaciones conclusivas. Nosotros estamos investigando y en razón de que la FEPADE es una instancia federal pudiera decidir atraer los dos asuntos. Siempre hay uso parejo para todas las personas, no hay beneficio para nadie”, dijo.

Entrevistado previo a la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo señaló que en caso de comprobar que los funcionarios cometieron un delito la ley marca una sanción de entre dos y nueve años de cárcel, determinación que se tendrá tras la investigación realizada para señalar si hubo coacción de voto mediante la entrega de apoyos.

Además, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación 124/2017/EE surgida a partir de una noticia criminal, por hechos donde se cita a integrantes del Partido Morena en la entrega de recursos realizada a personas damnificadas que habitan en el sur del estado.

Las indagatorias se realizarán mediante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales dependiente de la FGE con el fin de esclarecer la probable ilegalidad de la actividad protagonizada por la diputada federal Rocío Nahle, en la cual la legisladora menciona que le acompañan miembros del citado partido político.

La investigación inició de manera oficiosa al tener conocimiento del video difundido a través del portal digital PROCESO.COM.MX, el cual fue difundido a través de la liga electrónica http://www.proceso.com.mx/502755/morena-emula-al-pri-al-pan-reparte-materiales-construccion-en-sur-veracruz, dio a conocer la Fiscalía General del Estado.

La investigación continuará su curso hasta deslindar en su totalidad las responsabilidades del caso y sancionar a quienes resulten responsables, se informó.

En el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se fiscaliza la gestión de los recursos federales de nueve fondos, en donde se observaron daños a la Hacienda Pública federal y las mayores cifras de incumplimiento se presentaron en Veracruz (3 mil 376.2 millones), Estado de México (3 mil 303.5 millones) y Michoacán (2 mil 709.3 millones).

En la cuenta pública 2016 los gobiernos estatales y municipales incurrieron en irregularidades en la aplicación de fondos federales, lo cual generó un posible daño a la Hacienda Pública federal por un monto de 22 mil 145.9 millones de pesos.

Los estados que presentaron mayores irregularidades en la aplicación de los fondos federales son Veracruz, con 3 mil 376.2 millones; Estado de México, con 3 mil 303.5 millones y Michoacán con 2 mil 709.3 millones. En contraparte, las montos más bajos por este concepto se registraron en San Luis Potosí con 22 millones; Baja California Sur, con 24.9 millones; y Colima con 27.5 millones.

De los 2 mil 856 millones 863 mil 200 pesos ministrados al gobierno del estado de Veracruz con cargo en el Fortafin y Fortalece en el ejercicio de 2016, se determinó un monto de mil 304 millones 866 mil 900 pesos que debe ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, en virtud de que no se acreditó documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, aplicación y ejercicio de dicho importe en los proyectos autorizados.

Precisa la ASF que no se autorizaron recursos para los fondos Regional y Metropolitano (Fonregión y Fonmetro) debido a que las carteras de proyectos que el gobierno del estado presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la obtención de dichos recursos contenían inconsistencias que no pudo corregir en el plazo estipulado para ello; sin embargo, a pesar de que el Fondo Regional no recibió recursos de parte de la SHCP en su cartera de inversión, se celebraron 17 contratos de obra a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) sin contar con la suficiencia presupuestaria.

Con la revisión del Programa de Fortalecimiento Financiero (Fortafin), se constató que la SHCP transfirió al gobierno de Veracruz el total de los recursos autorizados en 2016 por 2 mil 212 millones 129 mil 700 pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2016 la entidad fiscalizada únicamente comprometió recursos por 2 mil 212 millones 62 mil 300 pesos, por lo que existe una diferencia que no se encuentra vinculada con compromisos y obligaciones formales de pago por 67 mil 400 de pesos.

Asimismo, se verificó que de los tres convenios formalizados entre la SHCP y el gobierno estatal el 2 de mayo, 17 agosto y 13 de octubre de 2016 por un total de 2 mil 212 millones 129 mil 700 pesos, la Sefiplan formalizó convenios de coordinación con 76 municipios para la ejecución de 339 proyectos; por otra parte, la SIOP formalizó contratos de obras públicas para la ejecución de nueve proyectos por un total de mil 112 millones 62 mil 300 miles de pesos del Programa de Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión 2016; sin embargo, a la fecha de la revisión (marzo de 2017) se verificó que sólo se transfirió a los municipios un importe total de 484 millones 392 mil 900 pesos, por lo que se determinó una diferencia no transferida de 627 millones 669 mil 400 pesos en el plazo establecido.

Por otra parte, del convenio formalizado entre la SHCP y el gobierno del estado de Veracruz el 19 de diciembre de 2016 por mil 100 millones de pesos del mismo fondo para el Fortafin, la Sefiplan transfirió a la SEV un total de 696 millones162 mil 500 pesos; sin embargo, no se acreditó el ejercicio de 403 millones 837 mil 500 pesos al 31 de diciembre de 2016, por lo que en total la entidad fiscalizada no acreditó el ejercicio de recursos de dicho fondo por 1 mil 31 millones 506 mil 900 pesos, los cuales debieron ser reintegrados a la Tesofe, así como los rendimientos financieros generados y las cargas financieras; tampoco se acreditaron las fechas de ejecución y pago mediante las notas técnicas de los proyectos o programas y el anexo de la cartera de proyectos de su calendario de ejecución y gasto.

La red de prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es propietaria de un edificio de cuatros pisos ubicado sobre la avenida Presidente Masaryk.

El inmueble marcado con el número 203 de esa lujosa avenida –entre las calles Lamartine y Arquímedes–, está registrado legalmente a nombre de la empresa Mazaryk 261 SA de CV, cuyos miembros del Consejo de Administración son Moisés Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez y Javier Nava Soria, los tres acusados de ser operadores de Duarte.

Según el Acta Constitutiva -de la que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copia- la empresa fue creada el 6 de mayo de 2011 y sus socios fundadores fueron María Eugenia Ruiz Obregón -quien tenía el 50% de las acciones-, Eugenio Peralta Ruiz -con el 25% – y Eugenia Peralta Ruiz -también con el 25% de las participaciones-.

Cuatro meses después, el 30 de septiembre de 2011, se realizó una asamblea en la que el Consejo de Administración de Mazaryk 261 SA de CV se renovó por completo e integró a Moisés Mansur Cysneiros, como Presidente; José Juan Janeiro Rodríguez, como Secretario; y como Comisario de la Sociedad a el Contador Público Javier Nava Soria.

Un hombre más ligado a la red de prestanombres de Duarte se integró casi un mes después. Según la Asamblea registrada el 20 de octubre de ese mismo año, José Juan Janeiro Rodríguez, representante de la empresa, otorgó un poder general a Álvaro Larrondo García.

Es la firma de Larrondo García la que aparece en la Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial del edificio ubicado en Masaryk 203. Según esa constancia, el inmueble es propiedad de la empresa Mazaryk 261 SA de CV, en la que el representante legal es Álvaro Larrondo García.

Mencionada en un juicio

El edificio ubicado sobre la avenida Masaryk fue mencionado en la declaración ministerial de uno de los delatores de Javier Duarte llamado Alfonso Ortega López. Aunque en su declaración sólo hacía mención de uno de los departamentos del inmueble, esta investigación revela que todo el edificio es propiedad de la empresa ligada a Duarte.

Ortega López ha sido considerado por la Procuraduría General de la República (PGR), como un personaje clave en las investigaciones en contra de Duarte por haber constituido decenas de empresas fachadas y hacer millonarias inversiones en inmuebles. Según su propia declaración, el patrimonio inmobiliario de Javier Duarte alcanza un valor de casi mil millones de pesos.

Animal Político publicó a finales de octubre de 2016 información relacionada con la declaración que el abogado Alfonso Ortega López rindió ante los fiscales de la PGR.

Dicha declaración quedó videograbada y fue reproducida en la audiencia de vinculación a proceso por el caso de las hermanas Arzate Peralta, realizada el domingo 23 de octubre de 2016.

Las hermanas figuran como accionistas y representantes legales de una compañía fantasma creada con la única finalidad de triangular recursos de origen público que a su vez fueron entregados a otras empresas también falsas.

Arturo Ángel, periodista de Animal Político que estuvo presente durante la reproducción de la declaración deAlfonso Ortega López, atestiguó la siguiente declaración del abogado:

“… Quiero decir que otra propiedad que también era de Duarte, aunque no estaba a su nombre, es un departamento de un edificio que está en Masaryk, no recuerdo el número, pero al lado del Hotel HABITA“, declaró Ortega López durante la audiencia.

El hotel “HABITA” está ubicado en la Avenida Presidente Masaryk 201, justo al lado del edificio de departamentos de cuatro pisos marcado con el número 203. Aunque la declaración de Alfonso Ortega hace referencia a uno de los departamentos del edificio, los documentos obtenidos por MCCI vía Acceso a la Información confirman que todo el inmueble es propiedad de la empresa en la que la red de prestanombres de Duarte tiene el control total del Consejo.

El edificio de Masaryk 203, cuenta en la planta baja con un negocio comercial de venta de trajes llamado “Novios de Protocolo”. El resto del edificio es de uso habitacional. Un elemento de seguridad privada resguarda las 24 horas el acceso al inmueble.

Sobre esta construcción, la Dirección de Acervos Registrales y Certificados, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, no tiene antecedentes registrales, según consta en una petición de búsqueda que Mexicanos Contra la Corrupción realizó el pasado 23 de marzo de 2017.

Sin embargo, en una consulta cartográfica en la Oficina Virtual de Catastro (OVICA), al que se puede acceder vía internet, se constata que la construcción de Masaryk 203 sí se visualiza dentro de los mapas interactivos de información catastral de los inmuebles de la Ciudad de México.

¿Quiénes son los hombres detrás de la propiedad?

Moisés Mansur Cysneiros es identificado por las autoridades mexicanas como el principal prestanombres del exgobernador de Veracruz y tanto él como José Juan Janeiro Rodríguez habían sido mencionados dentro del listado de testaferros con los que Javier Duarte había adquirido dos propiedades en zonas de lujo de la Ciudad de México: uno en la calle Arquímedes 189, en la colonia Polanco y otro más en Prado Norte 135, en Lomas de Chapultepec.

Álvaro Larrondo García también había sido mencionado en una nota del diario Reforma como quien maneja la firma Smart Parking responsable de las estructuras metálicas colocadas en la propiedad de Prado Norte 135, que sirven como estacionamientos inteligentes. Estas estructuras permiten estacionar 16 autos en sus ocho niveles de estacionamiento robotizado, ocupando el espacio de solo dos automóviles. Se buscó vía telefónica a Larrondo en sus oficinas y dijeron que no lo conocían.

El Contador Público Javier Nava Soria es perseguido por las autoridades mexicanas por los delitos de Delincuencia Organizada y la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En abril de este año fue arrestado en España.

Según testigos de la PGR, todos ellos forman parte del esquema de testaferros por medio de los cuales Javier Duarte de Ochoa construyó y adquirió un patrimonio inmobiliario de casi mil millones de pesos en México y EU.

Según un estudio realizado por la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield’s, publicado a finales de noviembre de 2016, Masaryk es la tercera calle comercial más cara de Latinoamérica, con un valor de renta que asciende a los 100 dólares por pie cuadrado al año.

La renta por un año en esta zona puede alcanzar un valor promedio de 22 mil 281 pesos el metro cuadrado.

Esta avenida es altamente popular por estar “decorada” con las marcas más exclusivas como: Louis Vuitton, Tiffany & Co., Montblanc, Rolex, Gucci, Cartier, Dolce & Gabbana o Hugo Boss, las cuales tienen sus tiendas comerciales a lo largo de esta avenida de Polanco.

A nivel mundial, la avenida Presidente Masaryk ocupa el número 43 de las avenidas con los más altos valores de renta.

¿Para quién son las rentas de ese edificio?

¿En manos de quién o para quién están destinadas las rentas que generan mensualmente los 11 departamentos que están disponibles en el edifico?

Hasta hace unos días, todos los departamentos de ese inmueble estaban rentados, según se pudo constatar. Vía telefónica MCCI solicitó informes sobre alguno que estuviera disponible para renta.

La persona que atendió informó que en próximas semanas estaría disponible uno de los departamentos. Y con él se hizo una cita para visitar el lugar.

Por 92 metros cuadrados de ese departamento, ubicado en el primer piso, el interesado debe pagar 27 mil pesos al mes de renta, más IVA si se requiere factura; misma que es expedida por la empresa Mazaryk 261, según explicó el administrador del edificio en la visita realizada de manera anónima por reporteros de MCCI.

Para que alguien pueda rentar uno de esos departamentos necesita proporcionar los datos de un aval con alguna propiedad en la Ciudad de México, que no tenga gravamen; o dejar de uno a tres meses de depósito en garantía. El administrador informó que el Penthouse no está en renta.

Como amenidades los departamentos ofrecen cocina equipada y en el pago de la renta está incluido el servicio de teléfono, cable, internet y agua. La atención para los que rentan es tan próxima que incluso si se te descompone la licuadora te la cambian. Te advierten que el costo de la luz puede ser elevado pues el boiler es eléctrico.

La visita de los reporteros al departamento que estaba por desocuparse fue a mediados de agosto.

Nada en inmueble hace pensar al próximo inquilino que estaría rentándole un departamento ni más ni menos que a la red de prestanombres de uno de los gobernadores que pasará a la historia por sus escándalos de corrupción.

El Fiscal General del Estado (FGE) determinó la conclusión de funciones y supresión de las agencias del ministerio público investigadoras, adscritas a la Fiscalía Regional Zona Centro-Xalapa, con base en el nuevo sistema de justicia penal.

En la gaceta 362 extraordinaria del lunes se informa de un acuerdo para suprimir las Agencias de Ministerio Público Investigador de Coatepec, Naolinco, Jalacingo, Misantla, Primera y Segunda de Martínez de la Torre, Perote, SERPICO Perote y SERPICO Palma Sola, adscritas a la Fiscalía Regional Zona Centro-Xalapa.

La gaceta señala que el Código Nacional de Procedimientos penales establece con fecha 11 de noviembre del 2014 que este entraría en vigor de manera gradual en los Distritos Judiciales y señalaba que las agencias del ministerio público estaría vigentes en tanto concluyeran las investigaciones ministeriales iniciadas antes de la entrada en vigor del Código de Procedimientos Penales.

En la gaceta se señala que estas Agencias del Ministerio Público no tienen rezago en las investigaciones ministeriales , por lo que a fin de cuidar los recursos financieros de la institución, es viable suprimir dichas Agencias.Xalapa, Ver.- (AVC) El Fiscal General del Estado (FGE) determinó la conclusión de funciones y supresión de las agencias del ministerio público investigadoras, adscritas a la Fiscalía Regional Zona Centro-Xalapa, con base en el nuevo sistema de justicia penal.

En la gaceta 362 extraordinaria del lunes se informa de un acuerdo para suprimir las Agencias de Ministerio Público Investigador de Coatepec, Naolinco, Jalacingo, Misantla, Primera y Segunda de Martínez de la Torre, Perote, SERPICO Perote y SERPICO Palma Sola, adscritas a la Fiscalía Regional Zona Centro-Xalapa.

La gaceta señala que el Código Nacional de Procedimientos penales establece con fecha 11 de noviembre del 2014 que este entraría en vigor de manera gradual en los Distritos Judiciales y señalaba que las agencias del ministerio público estaría vigentes en tanto concluyeran las investigaciones ministeriales iniciadas antes de la entrada en vigor del Código de Procedimientos Penales.

En la gaceta se señala que estas Agencias del Ministerio Público no tienen rezago en las investigaciones ministeriales , por lo que a fin de cuidar los recursos financieros de la institución, es viable suprimir dichas Agencias.

Este martes, en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma Veracruzana, que preside el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, se designó al maestro Carlos Raúl Velázquez Hernández como rector de dicha institución de educación superior.

La propuesta del académico veracruzano, oriundo de Córdoba, fue aprobada de manera unánime por los integrantes de la Junta, ante quienes rindió protesta para inmediatamente comenzar a trabajar en favor de la UPAV, su población estudiantil, docentes y personal administrativo.

Velázquez Hernández expuso ante los presentes su plan de trabajo para seguir elevando el nivel educativo, fortalecer las áreas académicas y continuar con el reordenamiento administrativo de la Universidad.

El estado de Veracruz viven una etapa de emergencia a causa del huracán Katia y el sismo, en el que la secretaria de Protección Civil realiza un censo aproximado de 25 mil viviendas dañadas, informó la titular de SPC, Yolanda Baizabal Silva.

El censo a las viviendas lo realizan los presidentes municipales, en coordinación con el gobierno federal y las reglas del Fonden, en el que se visitan a las familias para conocer los daños en presencia de funcionarios del gobierno del estado.

“Se hace casa por casa, apuntando nombre y dirección y sacando el requerimiento de cada vivienda, con ello solicitaremos para completar insumos a las viviendas de colchonetas, agua, despensas, paquetes de aseo personal y limpieza y láminas”, dijo

Los municipios con más daños por el huracán Katia son los ubicados en la costa veracruzana principalmente en el norte de Veracruz porque es ahí donde anteriormente había impactado el huracán Franklin, expuso la secretaria. Informó que los fenómenos de huracán y sismo afectaron a 40 municipios, mismos que solicitaron Declaratoria de Emergencia por el huracán Franklin y de lluvias atípicas que se registraron hace unos días.

Hasta el 11 de septiembre, el corte es que hay 25 mil 387 viviendas y 101 mil 548 habitantes afectados por estos fenómenos meteorológicos, enumeró la secretaria, por lo que se han distribuido 365 mil 170 insumos por parte del gobierno del estado y el gobierno federal.

En tanto que el sismo con una magnitud de 8.1 grados de Richter y el huracán Katia perjudicaron ocho carreteras; originó 84 derrumbes y deslizamientos; 19 daños en accesos a puentes vehiculares; 235 escuelas con algún tipo de afectación y 23 unidades médicas, de las cuales tres presentan mayores daños, explicó.

Ahora continúa la etapa de evaluación de daños para la solicitud de una Declaratoria de Desastre, firmada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y entregarla ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) en el que se incluyen a 210 municipios con afectaciones por el huracán Katia y 32 municipios en el sur por efecto del sismo ocurrido el 07 de septiembre.

Tras haber aceptado la solicitud de Declaratoria de Desastres la SHyCP, entonces la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) acudirá a Veracruz verificar los daños en los siguientes tres días hábiles.

“Una vez revisados tendríamos la posibilidad de utilizar apoyos parciales e inmediatos que son recursos que nos otorga la federación para hacer obras de remediación inmediata con periodo de ejecución en 30 días” explicó.

La población debe extremar precauciones y estar atenta a los llamados de las autoridades en esta temporada de huracanes, pues de acuerdo con datos de la Secretaria de Salud (SS), en este periodo son frecuentes las muerte por ahogamientoy asfixia, indicó el secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), Pedro Múzquiz Peña.

“En épocas de septiembre, octubre y noviembre, cuando tenemos lluvias e inundaciones, se incrementa el número de ahogamientos por sumersión, esto es con base a los registros que tenemos, hay que estar atentos y alerta”, subrayó.

Refirió que estos decesos tienen que ver con omisiones de la ciudadanía, pues con la crecida de ríos y arroyos minimizando el peligro. “En esta época se incrementa el número de ahogamientos, no en las playas, sino en las riberas de los ríos, no de gente que esté vacacionando, sino de gente que no atiende las recomendaciones de Protección Civil“.

Enfatizó que los ríos de respuesta rápida representan un riesgo latente para la población e insistió que el descuido humano genera tragedias que pueden ser evitadas.

Múzquiz Peña abundó que para obtener las mediciones de estas muertes, se cuantifican estadísticamente tres “picos” anualmente, y tras su análisis se identifica que durante esta temporada, la Semana Santa y vacaciones de verano los ahogamientos son comunes.

Además, el titular de Coepra dijo que la saturación de agua en el suelo genera deslaves y deslizamientos, donde personas pierden la vida por asfixia, así como por traumatismos en distintas partes del cuerpo, al resbalarse y caer.

“La saturación del agua en la tierra, en las sierras, hace que se reblandezca y las casas se caigan, vengan derrumbes y la gente muera o bien por traumatismos múltiples o por asfixia por sofocación; el llamado a la gente para que siga las indicaciones de Protección Civil”, concluyó.

El Panteón Municipal de la ciudad de Veracruz exhumará los restos que tengan siete años sepultados por cual se exhortó a los familiares a acudir a las oficinas del cementerio o pasarán a la fosa común.

La regidora de Veracruz Yadira Carrillo informó que martes y miércoles publicarán en medios de circulación local la lista de quienes deben acudir a efectuar el trámite.

Las personas contarán con 10 días naturales para pasar a las oficinas o sus familiares serán enviados a la fosa común.

“Tienen que exhumarlo a los 7 porque debe haber fosas disponibles aparte porque la Ley de Salud lo permite que deban ser exhumados porque el Panteón Municipal no vende los lotes, esos son los particulares como el caso del Panteón Jardín o Particular donde el ciudadano sí es propietario de sus lotes. El panteón municipal debe de tener siempre disponibilidad para cuando se necesite”.

Si en 10 días naturales las personas no realizan la exhumación los restos son canalizados a la fosa común.

Si los familiares directos no se encuentran en Veracruz pueden otorgar una carta poder a alguna otra persona para efectuar el proceso.

Los empresarios del sur de Veracruz aseguran que el desconocimiento de las deudas del gobierno del estado con varias empresas desatará un nuevo colapso y hasta el momento, el mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes se ha comprometido con ellos a ver un esquema de pago.

Luego que se diera a conocer que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares emitió un decreto en la Gaceta Oficial del Estado, en el que se establece que no reconocerá la deuda heredada por Javier Duarte y que mantuvo oculta la publicación, los empresarios señalaron que eso traerá severas consecuencias al estado.

Jaime Morales Silva, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Coatzacoalcos indicó que después de diciembre del 2016, fecha en la que se emitió el decreto, ellos han sostenido reuniones con funcionarios del estado y se les han reconocido los adeudos.

Indicó que el mandatario sólo ha mostrado su preocupación por obras que fueron infladas en la anterior administración y que no cumplen con las especificaciones técnicas de las licitaciones, sin embargo, dijo que sus agremiados no están en esos casos.

El líder constructor señaló que comprenden la preocupación del estado sobre los pagos a ciertas empresas que se crearon durante el duartismo, sin embargo no se puede aplicar la misma sanción a todos pues muchos dependen de estos pagos para sobrevivir.

El empresario indicó que no tienen conocimiento del decreto, sin embargo consideró que eso les perjudicaría mucho, pues están pagando mes con mes el interés de los préstamos que ellos pidieron para poder financiar las obras.

El constructor indicó que están de acuerdo de que se haga una revisión de cada una de las obras que se construyeron, pero que no se les deje de pagar, ya que para muchos este dinero los puede sostener mientras ganan otras obras. En el caso del sur de Veracruz, los constructores son los que tienen pagos pendientes del gobierno del estado.

Por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las 65 delegaciones federales en el estado de Veracruz realizaron todas las medidas preventivas para que los veracruzanos resultaran con el menor número de daños, tras el paso del huracán “Katia”, y se espera que los próximos días se siga otorgando el apoyo a los damnificados, así lo dio a conocer el delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado, Ángel Isaac Ochoa Pérez.

Ochoa Pérez, informó que las 65 delegaciones trabajaron de manera coordinada y ordenada para reportar todos los incidentes que se presentaron, de tal suerte que la atención hacia el pueblo veracruzano fuera eficiente de acuerdo a sus necesidades.

“Hemos intensificado el trabajo en estos días con el paso del huracán ‘Katia’ y con el sismo que se registró, el día jueves, los delegados federales tenemos la obligación de atender y apoyar a las familias veracruzanas”.

El delegado de Segob informó que las delegaciones federales que estuvieron en constante y permanente monitoreo de daños fueron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conagua, Conafort, ISSSTE e IMSS.

El Director General del Centro SCT en Veracruz, Miguel Ángel Vega Vargas, informó, que desde el pasado 6 de septiembre se emitió una alerta en las carreteras federales del estado, mismas en las que se hizo un monitoreo permanente de daños.

Asimismo, Vega Vargas, asistió a tres reuniones con el Comité Estatal de Protección Civil, en las que dijo los recursos de emergencia con los que se cuenta para atender las necesidades de los veracruzanos: 6 Residencias de obra de Conservación de Carreteras, 11 Residencias de Carreteras Alimentadoras, manejo de equipo propio adquirido por el Fonden, así como equipo diverso de 24 empresas para la conservación de carreteras para atender una emergencia en caso de ser necesario.

De igual forma, el Director General del Centro SCT en Veracruz aseguró que a lo largo de este fenómeno meteorológico se atendieron 41 rutas de evacuación, disponiendo de un promedio de 178 elementos que conformaron la fuerza de tarea.

Finalmente, Miguel Ángel Vega Vargas dijo que las carreteras que sufrieron daños y en las que estuvieron cerradas del 8 de septiembre desde las 18 horas hasta el sábado 9 del presente hasta las 5 horas fueron: Carreteras federales; Perote-Tlapacoyan, Orizaba-Zongolica, Cardel-Nautla-Gutiérrez Zamora-Papantla.

Por otra parte, el delegado de Conagua, César Triana Ramírez, realizó un recorrido de supervisión en el municipio de Tlacotalpan, para solucionar los problemas de saturación de drenajes, así como monitoreo de los niveles de agua. De igual forma coordinó a su personal para realizar un trabajo de limpieza y desazolve para reducir riesgos en futuras inundaciones.

Asimismo, Triana Ramírez informó que los niveles de los ríos Cazones, Tecolutla, Nautla y la Antigua continúan en descenso, después de haber alcanzado sus escalas máximas pero debajo de los niveles de desbordamiento. Por su parte los ríos Actopan, Jamapa, Cotaxtla, Blanco alcanzaron niveles críticos pero fueron descendiendo de manera considerable gracias a los trabajos de Conagua y Protección Cilvil.

La encargada de la Delegación de la Conafor en Veracruz, Valeria Madrigal Sánchez, estuvo presente en las reuniones de seguimiento organizadas por el Comité Estatal de Emergencias y desplegó brigadas de protección, equipadas con motosierra para el derribo y poda de árboles que obstruyeran vialidades, viviendas o infraestructura desde Las Vigas hasta Tecolutla.

En cuanto a sector salud, la delegada del ISSSTE en Veracruz, Elízabeth Morales García y el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social zona norte, Antonio Benítez Lucho, estuvieron presentes en la Sesión Extraordinaria del Comité Jurisdiccional, en la que reportaron que no hubo daños mayores en las Unidades Médicas del estado, así como una jornada de prevención contra riesgos sanitarios y enfermedades transmitidas por vectores.

En México, cada 5 minutos es robado un menor en alguna parte del país, siendo una estadística muy preocupante y que muchas personas no lo quieren reconocer, afirmó el delegado estatal de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, Víctor Arturo Gutiérrez, quien aseguró que es una realidad que no se puede ocultar.

De igual manera detalló que en cada estado se llega a presentar el robo de los menores siendo ello muy grave, “por lo que la fundación no cesa en su labor de prevención, a pesar de las vicisitudes, de los obstáculos y de la falta de apoyos”.

Dijo que las niñas, son las que mayormente son robadas, “hablamos un 70 por ciento de niñas y en los niños un 30 por ciento y las edades en las cuales están siendo robadas, es de los 12 a los 16 años, anteriormente era de los 14 a los 16, lo que significa que en cuanto más pequeña, es mayor demanda tienen por estos sujetos sin escrúpulo”.

En cuanto al estado detalló que Veracruz hasta hace algún tiempo estaba considerado como uno de los estados con los primeros lugares, “es un estado en donde se ha estado trabajando y a pesar de la campaña preventiva se sigue dando”.

Así mismo reveló que a pesar de que los niños han sido vacunados por la prevención, se sigue presentando ello, “pero consideramos que es una escala menor, por las campañas de prevención tienen un efecto positivo”.

En otro tenor, explicó que la fundación “decidió venir al estado de Oaxaca; ya que es uno de los estados con focos rojos a nivel nacional y se cree que el estado ocupa el 7 lugar a nivel nacional en robo y tráfico de menores, así como en trata de personas”.

Incluso aseveró que “se le cataloga también como un estado, en donde este fenómeno social, es origen, destino y tránsito de menores, es por ello que decidimos venir a trabajar una temporada en el estado y ya iniciamos en nuestra campaña de prevención”, sin embargo con la presencia del terremoto se suspendió, finalizó.

Arturo Bermúdez Zurita seguirá en el penal de Pacho Viejo, luego de que se le dictara una prórroga de medidas cautelares por seis meses más, solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual le imputa los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Bermúdez Zurita se encuentra en Pacho desde el 03 de febrero del presente año, donde ya ha cumplido los seis meses de prisión preventiva que la jueza de control del juzgado Segundo Penal Oral en Pacho Viejo, Estrella Iglesias Gutiérrez, le dictó en el segundo mes de este año.

El ex funcionario estatal se presentó el domingo a la audiencia celebrada en la sala de juicios orales de Pacho Vieja, en la cual la juez de control aceptó la solicitud de la Fiscalía General del Estado para que Bermúdez permanezca otros seis meses en prisión preventiva.

De esta manera, Bermúdez Zurita estará impedido para salir del país, a fin de que no se distraiga de la acción de la justicia y el depósito de un millón de pesos como garantía.

La prórroga otorgada a Bermúdez Zurita para que permanezca otros seis meses en Pacho Viejo es independiente de los procesos penales que enfrenta por enriquecimiento ilícito.