La diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz presentó ante el pleno de la
LXV Legislatura un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que propone la
creación de la Comisión Especial para el Seguimiento de las Alertas de
Violencia de Género Contra las Mujeres y por Agravio Comparado para el Estado
de Veracruz.

La legisladora Robles Barajas, presidenta de la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales destacó que la discriminación,
la inseguridad, los feminicidios, asesinatos y desapariciones representan una
lacerante realidad que viven cientos de mujeres y niñas veracruzanas, marcando
por siempre su vida, la de sus familias
y con ello la de la sociedad entera.

“Una realidad que a
todas y a todos nos indigna, nos preocupa y nos conmina a tomar acciones
en colectivo”, destacó.

Señaló que hoy toma la palabra desde la máxima
tribuna del Estado para expresar de manera categórica que su partido,
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tiene un compromiso irrestricto
con el respeto y la garantía al libre ejercicio
de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y de la ciudadanía
veracruzana en su conjunto.

“A pesar de haber heredado de las administraciones
anteriores los índices de violencia más alarmantes en la historia de nuestro
estado, de ninguna manera justificaremos o promoveremos medidas que atenten contra la libertad de las
personas”, refirió.

Dijo que en
Veracruz es y debe ser, asunto de la más alta prioridad en la Agenda
estatal, para los tres órdenes de gobierno, para el Poder Ejecutivo, como para
los Poderes Legislativo y Judicial, que se acentúen de forma efectiva, las
acciones para atender las recomendaciones de las Declaratorias de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres, por Feminicidio y por Agravio Comparado
para el estado.

Agregó que como diputadas y diputados de la
Sexagésima Quinta Legislatura, primera
integrada con paridad de género, es una extraordinaria oportunidad para saldar
la deuda de igualdad sustantiva, y consideró de gran importancia y emergencia,
proponer ante el Pleno, la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la
implementación de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y por
Agravio Comparado.

Destacó que esta Comisión Especial debe estar conformada con la representación de cada una de las
fracciones parlamentarias por las y los diputados que deseen demostrar acciones
y decisiones.

Además, propuso que en esta instancia participen
también, las y los presidentes integrantes de las siguientes Comisiones
permanentes de: Para la Igualdad de Género; de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables; de Salud y Asistencia; de Educación y Cultura; de
Procuración de Justicia; de Asuntos Indígenas; de Derechos de la Niñez y la
Familia, de Seguridad Pública; de Justicia y Puntos Constitucionales y de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

Para finalizar, la diputada de Morena, apuntó que esta
Sexagésima Quinta Legislatura puede
hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre la libertad, el respeto y
la inclusión para las veracruzanas, al romper inercias, al superar tabúes y
prejuicios, para escribir la historia que debe transformar el entorno, la
cultura de Igualdad y la vida de todas.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de
Veracruz aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por
el cual este Poder exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)
del estado a revisar, en conjunto con las Comisiones Permanentes para la
Igualdad de Género y de Hacienda del Estado, el presupuesto para atender
eficazmente las alertas de violencia de género contra las mujeres, declaradas
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Incluye la revisión del presupuesto para fortalecer
la capacidad institucional de las Unidades de Género de la Administración
Pública Estatal, de los organismos autónomos y del Poder Judicial y para
retomar, como referentes, los anexos X y XI del Decreto de Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016, a
fin de crear un nuevo anexo de presupuesto etiquetado para el ejercicio fiscal
2019.

Lo anterior, para implementar políticas públicas en
las dependencias de la Administración Pública Estatal, que refuercen las
acciones y los programas para la igualdad de género, la prevención y atención
de la violencia y el empoderamiento de las veracruzanas.

En este Acuerdo, resultado del anteproyecto que
presentó el pasado 8 de enero la diputada del Grupo Legislativo de Morena,
Mónica Robles Barajas, los integrantes de la Jucopo coinciden en relación a que
el Presupuesto de Egresos es el instrumento de política pública que refleja las
prioridades económicas y sociales de los gobiernos en términos monetarios, por
este motivo debe considerar las necesidades e intereses de las mujeres y los
hombres.

Destacan la aportación, por parte de la legisladora,
de información estadística respecto a que Veracruz se ubica entre los primeros
lugares en la incidencia de feminicidios a nivel nacional, así como en
embarazos de adolescentes, lo que revela una constante de violencia contra las
mujeres, a quienes además se criminaliza por decidir interrumpir su embarazo.

La diputada Robles Barajas, presidenta de la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, consideró legítimo
el reclamo de las Unidades de Género y Enlaces para la Igualdad de la
Administración Pública Estatal, de los organismos autónomos y del Poder
Judicial de mayores recursos para el desempeño de sus tareas, por lo que estima
necesario elaborar un anexo que permita fortalecer políticas públicas que
materialicen acciones y programas en la materia y se combatan las violaciones a
los derechos humanos de las mujeres y niñas.

En cumplimiento al artículo 23 nonies, de la Ley de
Premios del Estado, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó la creación de la
Comisión Especial del Premio
Estatal a la Mujer cuya instancia será la encargada de
realizar los trabajos para la elección de la mujer acreedora a esta distinción.

La Comisión Especial quedó integrada por las
diputadas Magaly Armenta Oliveros, presidenta; María Graciela Hernández
Iñiguez, secretaria, así como por las legisladoras Andrea de Guadalupe Yunes
Yunes, Florencia Martínez Rivera, Ivonne Trujillo Ortiz, María Candelas
Francisco Doce, Jessica Ramírez Cisneros y Cristina Alarcón Gutiérrez, vocales.

De acuerdo con la normatividad vigente, esta
comisión legislativa emitirá la convocatoria para recibir las propuestas
correspondientes y posteriormente formulará un dictamen con el nombre de la
mujer que se considere merecedora al premio estatal, mismo que será sometido al
Pleno para su votación antes de que concluya el primer periodo ordinario de
sesiones.

Cabe destacar que el Premio Estatal a la Mujer es un
reconocimiento que se otorga a las veracruzanas destacadas por su trayectoria
de vida, obra, méritos académicos, científicos, artísticos, literarios o de
otra índole, o que desde cualquier ámbito de acción hayan contribuido al
cumplimiento en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de
género en la Entidad.

El Premio Estatal a la Mujer consistirá en una
medalla que se entregará en el mes de marzo, en sesión solemne del Pleno, en el
marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer como lo establece
la ley en la materia.

Este Acuerdo será comunicado a los ciudadanos Gobernador del Estado y al Presidente
del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Además de será publicado la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de
Veracruz aprobó la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el
artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos con la que se dota a la figura de “extinción de
dominio” de viabilidad y eficacia.

De esta manera, la Sexagésima Quinta Legislatura de Veracruz
cumple con lo señalado en el artículo 135 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de reformas constitucionales.

La Minuta, que registró 42 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra, establece que la acción de extinción de dominio
se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento
jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma del penal. Las autoridades
competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el
cumplimiento de esta función.

La Ley establecerá los mecanismos para que las
autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio,
incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la
autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y
monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de
oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.

“Será procedente sobre bienes de carácter
patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren
relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción,
encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia
organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra
la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.

A toda persona que se considere afectada, se le
deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la
procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento.

No se considerará confiscación la aplicación de
bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos,
ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad
civil derivada de la comisión de un delito.

En la Minuta se establece como facultad del Congreso
de la Unión el expedir la legislación única en materia procesal civil y
familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22
de la Constitución Política Federal.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz
presentó ante el Pleno la iniciativa con proyecto de Ley para la Declaración
Especial de Ausencia por Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz
que tiene como objeto, entre otros, establecer el procedimiento local para la
emisión de la Declaración Especial de
Ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio
del procedimiento.

Así como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los Familiares
o personas legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por el Órgano
Jurisdiccional competente.

La diputada Cervantes de la Cruz, integrante del Grupo
Legislativo de Morena, subrayó que esta ley regirá la problemática y
dará solución a los daños producidos de las necesidades de las victimas
indirectas, con un enfoque de derechos humanos, respetando el principio de
presunción de vida de la persona desaparecida hasta su localización, o bien,
hasta que el resultado de una investigación y búsqueda efectiva indiquen lo
contrario.

Aseguró que la práctica de la desaparición forzada de personas
viola los derechos humanos, tanto de víctimas directas como indirectas, y ante
este contexto los familiares, no sólo sufren la ausencia por desaparición de su
familiar, sino que también se enfrentan a la anulación de la posibilidad de ejercer
los derechos del desaparecido y hacerse cargo de sus obligaciones, por lo que
el reconocimiento de su personalidad jurídica queda suprimido hasta en tanto se
localice.

Lo
anterior –agregó- representa un problema más, pues en muchos de los casos la
persona desaparecida puede ser el sustento de la familia, y que derivado de su
desaparición sus bienes o propiedades quedan en la incertidumbre, ya que la
mayoría de las veces no hay posibilidad de que sean administrados para
garantizar la subsistencia de la familia o de las personas dependientes, de lo
que se desprende afectaciones
económicas, emocionales, sociales y jurídicas que sufren las familias en estas
circunstancias.

Dijo
que en Veracruz, el incremento de ésta conducta se torna preocupante y más aún
cuando desafortunadamente se encuentra la falta de voluntad política para la búsqueda
eficiente, la poca impartición de justicia y la ausente reparación del daño por
parte de las autoridades competentes en la investigación de las personas desaparecidas
que hacen aun más difícil el camino para familiares que atraviesan ésta
situación.

En
este afán por encontrar respuestas que familiares y amigos se han unido en
grupos, asociaciones y colectivos para alzar la voz y que les ha permitido
colocar ésta problemática en la agenda pública y gubernamental del país, abundó
Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a
la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz.

Precisó
que “con la presente ley no sólo se
estará dando cumplimiento a los mandatos establecidos por la Ley General en
Materia de Desaparición y operatividad a los de la Ley Estatal, sino lo más
importante, se estará escuchando la voz y el sentir de los colectivos de
familiares de personas desaparecidas, quienes han trabajado arduamente en la
configuración de esta Ley y en general, en la configuración de un marco
jurídico sensible y acorde a las necesidades que engendra la desaparición de
personas”.

Afirmó
que dicho proyecto está compuesto de 34 artículos sistematizados en cuatro
capítulos, los cuales se han trabajo en conjunto con colectivos y especialistas
en materia legislativa, para dar solución a ésta problemática.

Esta
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

El Pleno de la LXV Legislatura modificó el
calendario de comparecencias de órganos autónomos para el solo efecto que tanto
los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) acudan ante las comisiones
respectivas, a las 10:00 y 16:00 horas, respectivamente, teniendo como sede la
sala de sesiones “Venustiano Carranza” del Congreso del Estado.

Cabe destacar que el calendario, aprobado por el
Pleno el pasado 17 de enero, establecía que las comparecencias se realizarán en
el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”. Sin embargo este 23 de enero, del año
en curso, a las 10:00 horas será la audiencia del titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE) ante la Comisión Permanente Instructora.

Por lo anterior, las y los integrantes de la Jucopo
consideraron viable cambiar la sede de las comparecencias de la CEDH y del
Orfis, a petición del área administrativa de este Poder.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó la
iniciativa que busca crear la Comisión Permanente de Atención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad en el Congreso del Estado cuya instancia
tendría, entre sus principales objetivos, impulsar la debida y oportuna atención a una
parte de la población que requiere leyes, acciones y programas de gobierno
permanentes, que les garanticen el pleno ejercicio de sus derechos humanos y su
incorporación a la vida social y productiva.

Durante su intervención en la décima tercera sesión
ordinaria, del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura planteó adicionar
la fracción IV, recorriéndose las subsecuentes,
al artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz
a fin de crear la citada Comisión Permanente.

La diputada Ortega
Ruiz subrayó que la creación de la Comisión Permanente de Atención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad no implicaría costo adicional a los trabajos
legislativos que se realizan en este Congreso, “por el contrario, será un mensaje
claro del esfuerzo de esta Legislatura a favor de los Derechos Humanos de todas
las personas”.

Enfatizó que en México las personas con discapacidad se enfrentan a enormes
desigualdades de oportunidades de participación e inclusión efectiva en la sociedad,
lo cual impacta en una grave violación a sus derechos más fundamentales, siendo
que en el país existe una amplia legislación sobre los derechos de las Personas
con Discapacidad, incluidos de modo amplio en la Reforma Constitucional del 10
de junio de 2011, en materia de Derechos Humanos.

Sin
embargo, -agregó- éste sector aún enfrenta múltiples barreras relativas a la
participación adecuada en los procesos de toma de decisiones, acceso a la
educación inclusiva y de calidad, a la salud, al empleo, a la justicia, a la
recreación y la cultura, entre muchas más.

La
diputada Montserrat Ortega, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN) señaló que datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el Banco Mundial (2011), registran a nivel global alrededor de mil millones de
personas con discapacidad, física, sensorial, intelectual y psicosocial, es
decir, cerca del 15 por ciento de la población mundial.

Expuso que
la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto (2013), reporta que el 7.1 por ciento de la
población en México expresa algún tipo de discapacidad, en Veracruz se estima
que alrededor del 6 por ciento de la población presenta algún tipo de
discapacidad, esto es el 19 por ciento de los hogares.

La también secretaria de la Comisión Permanente de
Derechos de las Niñez y la Familia expuso que su iniciativa va en concordancia con el anuncio del Gobierno Federal,
hecho en días pasados, sobre el programa de pensión para personas con
discapacidad.

Para su análisis y estudio, la iniciativa fue
turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables y a la de Gobernación.

El Pleno de la LXV Legislatura modificó el
calendario de comparecencias de órganos autónomos para el solo efecto que tanto
los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) acudan ante las comisiones
respectivas, a las 10:00 y 16:00 horas, respectivamente, teniendo como sede la
sala de sesiones “Venustiano Carranza” del Congreso del Estado.

Cabe destacar que el calendario, aprobado por el
Pleno el pasado 17 de enero, establecía que las comparecencias se realizarán en
el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”. Sin embargo este 23 de enero, del año
en curso, a las 10:00 horas será la audiencia del titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE) ante la Comisión Permanente Instructora.

Por lo anterior, las y los integrantes de la Jucopo
consideraron viable cambiar la sede de las comparecencias de la CEDH y del
Orfis, a petición del área administrativa de este Poder.

El diputado José Magdaleno Rosales Torres presentó
ante el Pleno de la LXV Legislatura un anteproyecto que busca exhortar a los
Gobiernos federal y estatal, para que a través de las dependencias competentes, instrumenten acciones
concernientes a la prevención, atención, supervisión, erradicación y sanción,
respecto a la problemática surgida del ecocidio del Río Atoyac, ubicado al
margen de los municipios de Cuitláhuac, Atoyac, Carrillo Puerto y Cotaxtla.

El
legislador, representante del Distrito XVII, con cabecera en Medellín, solicita
en su anteproyecto exhortar a los
Ayuntamientos de Atoyac, Carrillo Puerto, Cotaxtla y Cuitláhuac a
incluir en sus programas de obras la gestión, construcción y mantenimiento de
plantas de tratamientos de aguas residuales, así como su implementación por las
industrias asentadas en sus demarcaciones, y a cumplir lo previsto sobre este
particular en sus respectivos planes municipales de desarrollo.

En el
mismo sentido y de acuerdo al artículo 9 y 10 de la Ley General de Aguas Nacionales,
pide a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informe a esta soberanía los
resultados de las evaluaciones aplicadas a las industrias asentadas en la
cuenca del Río Atoyac.

En su
intervención, durante la décima tercera sesión ordinaria, el diputado Rosales
Torres señaló que el Río Atoyac es dañado por una cantidad inmensa de
sustancias contaminantes, vertidas sin control por diversas industrias
asentadas en la zona. Agregó que las granjas porcinas envían sus excrementos y
desechos, la Alcoholera de Zapopan vierte vinaza y junto a los ingenios
azucareros como “El Potrero” desechos agroquímicos.

Dijo que
los municipios aledaños descargan sus drenajes y residuos de aguas negras;
además de los lixiviados de un creciente número de basureros a cielo abierto,
como el de Medellín de Bravo, y aguas residuales sin tratar del rastro
municipal de Atoyac.

Aunado a
lo anterior –subrayó- la contaminación ambiental empeora debido a que los
ingenios azucareros arrojan humo y tizne de forma continua, los cuales son una
presencia permanente en las casas, escuelas, calles y en los pulmones de los
habitantes de las comunidades, en mayor grado durante la época de zafra que
dura entre seis y ocho meses.

El
diputado expuso que es cierto que el ingenio, la alcoholera y las granjas han
dado trabajo por muchos años a la población e invierten en innovación
tecnológica. Pero, agregó, han sido dejados de lado proyectos de apoyo al medio
ambiente como plantas de tratamiento de aguas residuales, no sólo del ingenio
sino de las demás empresas de la zona y de los ayuntamientos.

Por
último, recordó que el artículo cuarto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos garantiza, entre otros, que toda persona tiene derecho
a la protección de la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Para generar alianzas con las dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado e implementar acciones que puedan impactar en la
transformación de la sociedad, el Centro de Estudios para la Igualdad de Género
y Derechos Humanos del Congreso del Estado, convocó al taller “Sexualidad,
mucho más que sexo. Nociones básicas para hablar de sexualidad”.

La candidata a doctora, María Elena García Filobello,
encargada del Centro, dio la bienvenida a titulares y auxiliares de las
unidades de género de distintas dependencias del Gobierno del Estado, con
quienes espera trabajar de cerca para generar cambios al interior de sus
centros de trabajo pero también, de acuerdo con sus respectivas atribuciones,
promover acciones y políticas con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos.

Tras destacar que el evento se convocó en el marco
del día 25, dedicado –cada mes- a generar conciencia sobre la situación de
violencia que viven millones de mujeres, García Filobello mencionó que
erradicar la violencia de género es una lucha de día a día que involucra al Sector
Público, al Privado y a la Academia.

“Muchas de las obligaciones que hay en el tema de la
violencia de género, recaen en las autoridades, sobre todo en las que tienen la
capacidad para implementar las acciones dentro de la Alerta de Violencia de Género.
Yo espero que las unidades de género den seguimiento firme y puntual al
cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género en sus dependencias”, expresó.

Reunidos en la sala Jesús Reyes Heroles del Congreso
del Estado, los representantes de las Secretarías de Salud (SS), de Desarrollo
Económico y Portuario (Sedecop), de Seguridad Pública (SSP), de Educación de
Veracruz (SEV), de Finanzas y Planeación (Sefiplan), así como de Dirección
General de Archivo del Estado, el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
(INVEDEM) y otras dependencias estatales, participaron en el taller impartido
por el Colectivo Multidisciplinario BRIO por una educación sexual integral.

Este 23 de enero, se replica el curso, ahora con
representantes de organismos autónomos.

La Sexagésima Quinta Legislatura actúa con estricto
apego a legalidad y respeto a derechos humanos, señaló el diputado Rubén Ríos
Uribe, presidente de la Comisión Permanente Instructora, durante la audiencia
de pruebas y alegatos, celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Poder Legislativo, como parte del proceso de Juicio Político en contra del
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La audiencia tuvo carácter de privada, en atención
al artículo 7 de la Ley de Juicio Política y Declaración de Procedencia para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que dicta “en el juicio político y la
declaración de procedencia, los acuerdos del Congreso del Estado y las
resoluciones del Tribunal Superior de Justicia se tomarán en sesión pública o
privada, según puedan afectarse las buenas costumbres o el interés general”.

El legislador Ríos Uribe subrayó que la Comisión
Instructora tiene una conformación plural, toda vez que él, en su calidad de
presidente, pertenece al Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”,
la diputada Jessica Ramírez Cisneros, secretaria, de Morena y el diputado
Enrique Cambranis Torres, vocal, del Partido Acción Nacional (PAN).

Dijo que esta instancia legislativa, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley, tiene la obligación de desahogar los
asuntos que le son turnados por el Pleno y en esta ocasión corresponde escuchar
las pruebas que presenten el denunciante y el denunciado y, con base en el
artículo 22 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, dictaminar –tres días posteriores a la fecha
de la audiencia- los hechos denunciados.

El diputado Rubén Ríos descartó “tintes políticos o
partidistas” en este proceso de Juicio Político y –aseguró- que se trata del
cumplimiento de la ley. “Como diputados nos corresponde hacer nuestra labor en
el Congreso del Estado, viendo en todo momento por el interés superior de las y
los ciudadanos. Considero que es el pueblo quien juzga y ellos no se
equivocan”.

Por último, el legislador hizo un llamado a los
actores políticos involucrados en el tema a conducirse con civilidad y respeto,
toda vez que la división y el encono perjudican a las instituciones y a la
sociedad en su conjunto.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,
integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, al hacer
uso de la tribuna presentó un pronunciamiento relativo al robo de hidrocarburos,
que durante la alternancia democrática, destacó, fue notable y exponencial, como
el nulo interés que se tuvo por combatir esta ilegalidad, de tal manera que el
actual Presidente lo está resolviendo, no es una estrategia al vapor, es un
protocolo de PEMEX que nunca se llevó a cabo.

Esta práctica, continuó el legislador Vagas
Barrientos, aparte de ser un delito grave, representa un peligro para los que de manera ilegal
perforan y roban los hidrocarburos. “La semana pasada en el estado de Hidalgo
sucedió una tragedia, la cual lamentamos mucho el grupo legislativo de Morena”.

Por tanto, agregó, es necesario generar las medidas
para que estas prácticas dejen de lacerar al país y lograr que quienes se
dedican a esto dejen de hacerlo, con ello entender que es un delito y que se
pone en riesgo la vida.

Desde hace un par de semanas que López Obrador
anunció medidas frontales, abundó el diputado del Grupo Legislativo de Morena,
para el combate al robo de gasolinas y ha habido resultados positivos, ya que,
se informó que se ha logrado pasar del equivalente de setecientos ochenta y
siete camiones cisternas robadas diariamente a solamente ciento setenta y
siete. Una reducción notable que, en números, significa un ahorro de ciento
treinta millones de dólares en solamente unos días.

El diputado Vargas Barrientos, apuntó que “quisiera
reservarme en ese momento, opinar sobre las gasolineras que se presume
compraban gasolina robada, este tema es también delicado y de ser cierto, serán
sancionadas con apego a la ley.”

Iniciamos una Cuarta Transformación, subrayó durante
su participación, “hay muchas cosas por hacer, esto empieza y empieza bien, se
están cumpliendo las promesas de campaña, se erradicara la corrupción, se
erradicara el robo de combustible que tanto daño ha hecho al país y que a pocos
días de que el señor Presidente tomo cargo, se decidió frenar el saqueo de
PEMEX y a nuestro país”.

Al finalizar su participación, el legislador de Morena
hizo un llamado para que “quienes pretendan que el Gobierno Federal dé marcha
atrás para que se sigan robando miles y millones de litros de hidrocarburos,
pensando que no es la manera, les pedimos su comprensión, se está regularizando
y pronto todo se normalizará.”

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presentó un
Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhortaría al Gobernador para
que instruya a la autoridad del Transporte Público, respeto a lo establecido en
el artículo 361 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial,
referente al servicio que prestan los taxistas en la entidad veracruzana.

El exhorto estaría dirigido también al Secretario de
Seguridad Pública para que instruya al Titular de la Dirección General de
Transporte, a que sus delegaciones cesen la persecución y hostigamiento a los
compañeros de los diversos gremios de taxistas de la entidad, permitiéndoles brindar
el servicio a la sociedad veracruzana.

Durante su intervención en la Décima Tercera Sesión
Ordinaria de la LXV Legislatura del Estado, la legisladora precisó que el
transporte público de pasajeros en su modalidad de taxis representa uno de los
mayores medios de movilidad en el Estado y en ocasiones, es el único medio de
transporte para miles de hombres y mujeres.

Dijo que diariamente, cerca de 79 mil taxistas
prestan sus servicios a los veracruzanos y sin embargo, algunos prestadores del
servicio abusan de la concesión, levantando pasaje fuera de la demarcación
territorial a la que corresponden y utilizando sus unidades como “taxis
colectivos”.

Esta falta –explicó-, es aprovechada por agentes de
tránsito para detener a cualquier taxista y pedir “mochada”, con la amenaza de
que si no acceden, remitirán sus unidades al corralón.

La integrante del Grupo Legislativo Movimiento
Ciudadano – Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), precisó que en el
distrito de Perote, al cual pertenece,
taxistas de Altotonga se han visto acosados por elementos pertenecientes
de la Dirección General de Transporte del Estado, bajándoles el pasaje,
acusándolos de hacer corridas fuera de su jurisdicción o demarcación
territorial y amenazándolos con retirarles las unidades y las concesiones si no
pagan las cantidades que les requieren, cuando únicamente prestan su servicio
en viaje redondo.

Por lo anteriormente expuesto, la legisladora
presentó el Anteproyecto, mismo que fue turnado a la Junta de Coordinación
Política para su análisis y dictamen correspondiente.

El diputado Erik Iván Aguilar López, integrante del
Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia” en el Congreso de
Veracruz, presentó una iniciativa de decreto que reformaría la Ley Orgánica del
Municipio Libre para otorgar a las Contralorías Municipales la facultad para
realizar las diligencias de notificaciones personales que vía exhorto u oficio
les encomienden el Órgano de Fiscalización del Estado (Orfis) u otros Órganos Internos
de Control (OIC), una vez diligenciado deberá remitirlo al Órgano Interno de
Control requirente.

Del mismo modo, modificaría el Código de
Procedimientos Administrativos para señalar que “cuando la persona a notificar
radique fuera de la residencia del Órgano Interno de Control respectivo, esta
diligencia podrá hacerse mediante exhorto u oficio dirigido a la autoridad del
Órgano Interno de Control ubicado en el domicilio donde se tenga que llevar la
misma. Una vez diligenciado el exhorto u oficio, el órgano Interno de Control,
sin más trámite, deberá remitirlo con las constancias que acrediten el debido
cumplimiento de la diligencia practicada en auxilio del Órgano requirente.”

El legislador subrayó que esta medida, además de
agilizar los procedimientos, evitará que el personal se traslade a las
diferentes partes de Estado e implicará un ahorro considerable de recursos
económicos en viáticos y demás gastos inherentes.

De la misma manera –agregó- se estima eficaz, pues las
notificaciones se realizarán por un Órgano de similar naturaleza, que por tanto
es conocedor de los principios que rigen las notificaciones.

Aseguró
que por una parte los OIC son los responsables de notificar personalmente a
cualquier servidor público de algún procedimiento que se le ha iniciado, sin
embargo el funcionamiento de los adecuados procesos administrativos se complica
ante la distribución geográfica de algunas dependencias en la entidad, sea por
distancia, viáticos, entre otros, lo que impide que los procedimientos se
cumplan en tiempo y forma como se encuentra inscrito en la ley.

En
su iniciativa, el legislador Aguilar López, propone que las Contralorías
municipales (respetando sus autonomías) coadyuven con los OIC responsables de
fiscalizar a las Dependencias y Organismo Autónomos, a notificar a todo
servidor público que se encuentren requerido por un proceso administrativo y
que lógicamente su área de trabajo se encuentra ubicada en el Municipio o
región donde se le realizará la notificación.

La
iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Permanentes
Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Gobernación.

Durante los trabajos del Pleno de la LXV Legislatura
del Estado, en su décimo tercera Sesión Ordinaria, se presentó la Iniciativa de
Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado, y que a nombre de los
diputados integrantes del Grupo Legislativo de Morena, dio lectura la diputada Deisy
Juan Antonio.

Reconoció, durante su intervención y
en referencia a como se encuentra actualmente redactado el artículo 19, que se
trata de una disposición de gran alcance por propiciar que en las
construcciones que realice el sector público se considere a los veracruzanos,
destacando la visión por acercar al ámbito laboral a las personas con
discapacidad, medida que promueve en ellos una verdadera inclusión social.

La legisladora Deisy Juan Antonio
subrayó que esta iniciativa plantea reformar el contenido del primer párrafo
del artículo antes citado para que, con base en el ejemplo existente de
adentrar a la vida productiva a las personas con discapacidad, esta medida
también pueda impactar positivamente en los adultos mayores, quienes tienen
mucho que contribuir sin que la edad constituya limitante alguna para ello.

Asimismo hizo un llamado a los
diputados a que se generen oportunidades
para nuestros adultos mayores, “gente de gran valía de la que tenemos mucho que
aprender, y que, en correspondencia, incansablemente debemos proteger y
respetar desde el orden jurídico”.

El valor de los adultos mayores,
destacó, es de suma importancia, por tanto su aportación en el desarrollo de
Veracruz debe ser reconocida con la creación de oportunidades que les permitan
seguir siendo partícipes en el proceso de transformación que hoy vivimos,
subrayando que los esfuerzos institucionales y legales impulsados en su
beneficio nos advierten que debemos hacer más por ellos.

De acuerdo con la Iniciativa de
Decreto, se propone reformar el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado para quedar como
sigue: En la planeación, programación, presupuestación, contratación, construcción,
ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las
obras públicas y los servicios relacionados con ellas, se tomará en cuenta,
preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de
personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de
maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

La iniciativa fue turnada a la
Comisión Permanente de Comunicaciones.

Otorgaría
certeza al denunciante y al denunciado respecto a los alcances de las
autoridades que intervienen.

La diputada María Josefina Gamboa Torales,
integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz, presentó la
iniciativa que busca reformar la Ley número 556 de Juicio Político y
Declaración de Procedencia con el propósito de dar certeza al denunciante y al
denunciado, de los alcances de las actuaciones de las autoridades
intervinientes, les reconoce la posibilidad de hacer uso de mecanismos de
defensa ante actos arbitrarios o desapegados a derecho, en el desarrollo de un
juicio político o declaración de procedencia.

La legisladora refiere que la Constitución Política
Federal ha sido objeto de diversas
reformas que han impactado a la Ley de Juicio Político y Declaración de
Procedencia para Veracruz. Por lo que –consideró- se hace necesario realizar
una revisión de esta última norma, para poder armonizar y adecuar su texto con
la realidad jurídica imperante actual.

Lo anterior, agrega, con la única finalidad de que
los servidores públicos que atenten contra los intereses públicos fundamentales
y su correcto despacho, sean objeto de un proceso que le exija una rendición de
cuentas puntual, pero que no sirva de instrumento meramente mediático, sino que
sea un mecanismo más, de control constitucional.

De esta manera, propone que las infracciones de las
que se adolezcan las partes (denunciante/denunciado), sean materia de estudio a
través del Juicio de Protección de los Derechos Humanos, previsto por la
Constitución Política del Estado. Medida que ayudará a reforzar la legitimidad
de las actuaciones llevadas a cabo en los Poderes intervinientes de declarar la
responsabilidad política, abundó.

Se considera como una medida adecuada, que ciertas
previsiones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento para el
Gobierno Interior, sean incluidas de una vez en el texto de la Ley de Juicio
Político.

Un ejemplo de esto, se tiene en la redacción
propuesta para los párrafos 3 y 4 del artículo 3º, en donde se señala de forma
puntual la manera en que se tomarán las decisiones dentro de las Comisiones
Permanentes, así como, los derechos y obligaciones de los Diputados y las Diputadas involucrados en la
deliberación de un asunto objeto de juicio político o declaración de
procedencia.

Prevé que tanto el Congreso del Estado, como el
Tribunal Superior, deben guardar ciertas actuaciones en similitud, como lo son:
a) El guardar reserva de los asuntos puestos a su consideración, tal como se
les exige a los jueces actualmente; b) Abstenerse de presentar al denunciado
como culpable ante la sociedad, obligación que ya se fija en la fracción
primera, del apartado B, del artículo 20 constitucional, así como lo señala el
Código Nacional de Procedimientos Penales.

La iniciativa plantea que las sesiones en donde se
deban tratar los asuntos de juicio político y declaración de procedencias, sean
totalmente públicas, con acceso a todo aquel que desee informarse sobre la
tramitación de los mismos. Sin que ello quiera decir, que las actuaciones de
los Diputados y Magistrados, no se verán sujetas a la obligación de guardar
reserva de la información que manejen.

Por otra parte, se propone que el término que tenga
las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos
Constitucionales, no sea de tres días, sino de cinco, con la finalidad que el
estudio que hagan de la procedencia de la denuncia sea de calidad, exhaustiva,
legal y profesional, ya que de la misma ha de depender el inicio de todo un
procedimiento legal y que ha de impactar en gran medida a toda la sociedad
veracruzana.

De igual forma
y a fin de que el servidor público denunciado pueda defenderse, la
Secretaría General tendría la obligación de entregarle copias del expediente,
el dictamen previo y los votos concurrentes o particulares que hubiere.

También se plantea que la Comisión Permanente
Instructora pueda contar con un plazo no de tres, sino de 10 días, para emitir
su dictamen, en donde haga un estudio exhaustivo de los argumentos y del
material de convicción ofertados por el denunciante y el denunciado.

La iniciativa fue turnada, para su análisis, a las
Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación; de Justicia y Puntos
Constitucionales y la Instructora.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, sostuvo una reunión
con la Unión de Asociaciones Civiles, Turísticas y de Servicios de Tuxpan,
encabezados por su presidente, Gabriel Gómez Ruiz, a quienes expresó su
respaldo para impulsar, desde el Congreso de Veracruz, las acciones que
permitan fortalecer a este sector.

El legislador destacó que actualmente existe
coordinación institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo
que confía que la administración estatal, a cargo del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, apoye la zona norte de la entidad, con mejores vías de comunicación,
infraestructura, promoción al lugar y seguridad pública, que permitan atraer
más visitantes.

El diputado Pozos Castro, representante del Distrito
III, con cabecera en Tuxpan, propuso la realización de Foros Ciudadanos en
materia de turismo, a fin que los prestadores de servicios, autoridades del
ramo y sociedad en general expongan sus ideas que permitan detonar el turismo
en esta región; actividad de la cual viven cientos de familias veracruzanas,
abundó.

Gabriel Gómez Ruiz subrayó que la Unión de
Asociaciones Civiles, Turísticas y de Servicios de Tuxpan la integran 32
organizaciones que además del turismo, se dedican a las acciones de medio
ambiente, gastronomía, animalista, entre otros.

De igual manera, agradeció la apertura y espacio que
brinda el diputado Pozos Castro.

Tenemos una ideología muy clara: garantizar las
libertades de las mujeres veracruzanas», afirmó el diputado Juan Javier
Gómez Cazarín, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO), así como de líder del grupo legislativo de Morena en el Congreso
Local.

Lo anterior, en relación a la declaración de su
homóloga, Ana Miriam Ferráez Centeno sobre la propuesta de instaurar un ‘toque
de queda’ para las mujeres de nuestra entidad, con el objetivo de prevenir los
feminicidios en Veracruz; “respeto su ideología, pero no comparto su opinión
sobre el tema, dijo Gómez Cazarín.

«En la bancada de Morena existe un respeto
total a la libertad de expresión de nuestras y nuestros compañeros, quiero
celebrar que hay pluralidad de ideas. Sin embargo, soy claro en este aspecto:
tanto mujeres como hombres sin distinción tenemos derecho a la seguridad de
transitar libremente en cualquier horario, en paz y tranquilidad», expresó
el representante popular del distrito XXV, con cabecera en San Andrés Tuxtla.

Por lo tanto, Gómez Cazarín celebró el compromiso de
las y los legisladores de Morena en impulsar y fortalecer las políticas
públicas necesarias para evitar la violencia de género en nuestro estado.

De igual modo, refrendó su solidaridad con las mujeres
veracruzanas que han sido víctimas de algún tipo de maltrato y de las familias
de aquellas asesinadas cobardemente en razón de género «¡Ni una más! es la
exigencia de la ciudadanía y de nosotros como legisladores».

En este tenor, reconoció el esfuerzo que está
llevando a cabo la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, con la
finalidad de poner punto final a la ola de violencia que ha padecido el estado
en los últimos años.

En el auditorio
Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso de Veracruz, se llevó a cabo el Foro Jurídico
Interamericano “Política criminal, prisiones y proyecto inocencia en el estado
de Veracruz”, inaugurado por el secretario de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado Jorge Moreno Salinas y que tuvo la participación
de Tomás Mundo Arriasa, Rubén Pacheco Inclán, el
escritor José León Sánchez y el poeta Juan Hernández.

El objetivo de este foro fue realizar un análisis acerca de
la capacidad de procuración e impartición de justicia en el estado y la defensa
de los derechos humanos para aplicarse a los veracruzanos que se encuentran
recluidos en prisiones injustamente, así como defender el debido proceso de una
persona que está acusada, además del plantear el proyecto “veracruzano
inocente” para apoyar a reclusos juzgados inadecuadamente.

El poeta
Juan Hernández Ramírez, destacó que en Veracruz más de 500 indígenas purgan
condena y que fueron juzgados, en muchos casos, sin contar con una legítima
defensa que garantizara la correcta aplicación de justicia, o bien llevado su
juicio sin presencia de un traductor o intérprete, lo que entre otras cosas,
coloca a la entidad en el lugar 31 a nivel nacional en procuración e impartición
de justicia.

De esta
forma, Hernández Ramírez pidió a la Barra Interamericana de Abogados, a través
de su presidente Rubén Pacheco Inclán, Tomás Mundo Arriasa y al escritor José
León Sánchez, se unan en una sola voz y solicitar la revisión de los
expedientes de los indígenas que se encuentran recluidos en las diferentes
cárceles de Veracruz.

Durante
su participación, Tomás Mundo Arriasa, dijo que en Veracruz también se han detectado algunos casos de
mujeres privadas de su libertad, víctimas del Síndrome de la Mujer Maltratada,
y que sus casos no han sido llevados adecuadamente, por lo que aseguró “vamos a tramitar la
liberación de todas aquellas, que probatoriamente, sustentadas y a la luz de lo
que mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales, demostraremos tal
excluyente y que responsabilidad
dan y así lograr por ende su liberación”.

Al
hablar de “veracruzano inocente”, Mundo Arriasa aseguró que es un proyecto que
se basa en reuniones con todos los ediles del estado y revisar los casos de los
ciudadanos originarios de sus municipios; firmar convenios con los abogados de
cada uno de los municipios para trabajar en conjunto y detectar los casos de
sus respectivas jurisdicciones; firmar convenios con las universidades del
estado para que los estudiantes de derecho formen parte de las clínicas
procesales y apoyen en la revisión de expediente.

Asimismo,
se pedirá firmar un convenio con la Legislatura del Estado, que les permita a
los abogados integrantes de este proyecto sugerir o plantear reformas legales
necesarias al Código Penal del estado en lo referente a las sanciones que se
deben dar a las autoridades que consientan una detención arbitraria.

Agregó
que confían plenamente que las autoridades ante quienes se presenten las
respectivas demandas de la liberación de los presos indígenas y de las mujeres
que sufren del Síndrome de la Mujer Maltratada, se rijan por los principios de
excelencia y profesionalismo e imparcialidad.

Hizo un
llamado y aseguró que en el proyecto “veracruzano inocente” se necesita la
asesoría de la sociedad en general, empresarios, abogados, líderes sociales,
funcionarios, políticos, académicos, entre otros.

Por su
parte Rubén Pacheco Inclán, Presidente de la Barra Interamericana de abogados,
destacó el beneficio que traerá el proyecto “veracruzano inocente”, y aseguró
estar en completo apoyo para que se puedan concretar los objetivos de este
proyecto y lograr una impartición de justicia digna y apegada a los derechos
humanos, ya que aplicar lo que las leyes y la Constitución dicen es difícil y
para ello se debe trabajar conjuntamente como sociedad.

Finalmente,
el escritor José León Sánchez, después de su experiencia de estar encarcelado
por 30 años en el presidio de la Isla San Lucas en Costa Rica, acusado de un
delito que no cometió y donde los abogados firmaron un documento en el que
aceptan cualquier pena antes de defenderlo, dio sus apreciaciones referente a
la impartición de justicia en México, destacando que la ley no tiene que ser
nula, sino que tiene que ser ley, por lo que todos tenemos los mismos derechos.

En el
marco de este Foro se otorgó por parte de la Barra Interamericana de Abogados
el Doctorado Honoris Causa a Tomás Mundo Arriasa y José León Sánchez.

Estuvieron
presentes en éste evento la diputada, Adriana Esther Martínez Sánchez, el Diputado
Federal, Héctor Yunes Landa y Susana Granada Armas.

Al respaldar el pronunciamiento de la diputada
Cristina Alarcón Gutiérrez, quien exigió desde la tribuna el Congreso del
Estado un alto a los feminicidios en la entidad, la legisladora María Candelas
Francisco Doce lamentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no brinde
resultados para esclarecer el asesinato de la joven enfermera del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Beatriz Vázquez Osorio. En su intervención, durante la décima segunda sesión
ordinaria, la representante del Distrito XXI, de Ciudad Mendoza, indicó que el
cuerpo de la joven Vázquez Osorio fue abandonado el pasado 15 de enero, en la
carretera federal Ixtaczoquitlán-Fortín, y hasta el momento no hay avances ni
datos para dar con los responsables. La legisladora exigió a la Fiscalía, toda vez que es
la instancia de esta materia, acelerar las investigaciones y dar con los
responsables de este delito. Asimismo trabajar a fin de esclarecer a la brevedad los feminicidios, así como los
diversos crímenes, registrados en la entidad y que siguen impunes. “Solicito al fiscal Jorge Winckler a que, en
cumplimiento de su responsabilidad y con el personal de su dependencia,
esclarezca a la brevedad este feminicidio y todos los nombrados con
anterioridad” enfatizó.

Al expresar su solidaridad hacia la familia de la
joven Beatriz Vázquez la diputada María Candelas Francisco hizo un llamado a
las autoridades para que asuman su responsabilidad, así como la implementación
de medidas para evitar más casos como este.

La paridad de género es el primer paso y ahora
corresponde hacerla válida, desde los espacios de poder, al tomar las
decisiones adecuadas que se reflejen en cambios para mejorar la vida de las
mujeres, expresó la diputada federal Martha Angélica Tagle Martínez al impartir
la conferencia “Los retos y desafíos de la paridad de género en la política
mexicana”, celebrada este 18 de enero, en el auditorio Sebastián Lerdo de
Tejada del Congreso de Veracruz.

Esta conferencia fue organizada por la diputada
Ivonne Trujillo Ortiz, representante del Distrito IX, de Perote y presidenta de
la Comisión Permanente para la Igualdad de Género del Congreso del Estado.

En su ponencia, Tagle Martínez habló sobre cómo se
ha ido consolidando la paridad de género y explicó que, en su experiencia, ha
constatado como los partidos políticos ven con desagrado el cumplimiento de la
cuota de género en las candidaturas.

De igual forma se pronunció por eliminar esas
barreras que aún persisten en la misma sociedad, relativas a la forma de pensar
que las mujeres deben llegar a los espacios de poder “por sus capacidades”,
toda vez que, a la par de que no se evalúa a los hombres, las mujeres pueden y
deben estar en los lugares donde se toman las decisiones públicas.

La también politóloga recordó una experiencia en un
evento, donde un varón señaló abiertamente que “las mujeres se han empeñado en
quitarles los espacios a los hombres”, por lo que Tagle Martínez subrayó que
debe cambiarse ese estigma que los hombres, por el solo hecho de ser hombres,
ya tienen los espacios asignados y las mujeres “deben ganárselos”.

Indicó que al involucrar a toda la población
(hombres y mujeres) las decisiones públicas deben contener una visión conjunta,
ya que “por años los hombres han tomado las decisiones, pero solo sobre las
cuestiones que les afectan, por esta razón las mujeres no deben quedar fuera”.

Citó como ejemplo la respuesta a la inseguridad,
basado en la decisión de un hombre y que se refleja en más patrullas y policías;
en tanto las mujeres pugnarían por una decisión más integral y, además de
policías, debe haber alumbrado público y calles en buenas condiciones.

En otro sentido refirió que el tema de la Guardia
Nacional es un reto, toda vez que además de una policía militar sólida,
capacitada en derechos humanos y con recursos para su óptima operación, debe
trabajarse para evitar abusos cometidos en el pasado y que se reflejan en
recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De igual forma pidió trabajar para quitar lo que
consideró “mitos geniales” respecto a “mujeres juntas, ni difuntas”, ya que los
logros alcanzados en materia de paridad de género son resultado del trabajo de
unidad y armonía entre las propias mujeres.

Asimismo, el mito “entre mujeres podremos
despedazarnos, pero jamás hacernos daño” ya que sí existen daños entre mismas
mujeres, pero –recomendó- analizar siempre y, antes de actuar, pensar al
respecto.

Por último, hizo un llamado a olvidarse de las
siglas o colores partidistas e implementar, unidas, acciones para exigir frenar
la violencia hacia las mujeres, asignación de mayores presupuestos a los
Institutos de la Mujer, entre otros.

Al término de la conferencia, la legisladora Ivonne
Trujillo, integrante del Grupo Legislativo de los partidos de la Revolución
Democrática-Movimiento Ciudadano, a nombre del Congreso del Estado de Veracruz,
entregó un reconocimiento a la ponente por su destacable aportación.

Asistieron las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno,
Montserrat Ortega Ruiz, Adriana Esther Martínez Sánchez, Mónica Robles Barajas,
Brianda Kristel Hernández Topete, Margarita Corro Mendoza, así como los
legisladores Alexis Sánchez García y Henri Christophe Gómez Sánchez, además de
representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil,
medios de comunicación y público en general.

La diputada Florencia Martínez Rivera, presidenta de
la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de la LXV Legislatura, y
el director del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM) Rafael
Castillo Zugasti, anunciaron la realización de tres foros regionales para
integrar la nueva Agenda Municipal del Estado de Veracruz. El primero se llevará a cabo el 26 de enero en
Acayucan, con la participación confirmada del Director del Sistema Estatal de
Planeación, quien hablará a los funcionarios municipales sobre la nueva Ley de
Planeación. En febrero, los foros se realizarán en Boca del Río y Poza Rica. En conferencia de prensa y luego de participar en la
Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Veracruzano
de Desarrollo Municipal que encabezó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
la legisladora destacó la importancia de trabajar de cerca con los titulares de
los ayuntamientos, para conocer sus necesidades y ofrecer el apoyo conjunto de
los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por su parte, Castillo Zugasti consideró la fecha
muy importante para la vida municipalista del Estado de Veracruz, pues dieron a
conocer el Plan de Trabajo 2019 que contempla 18 acciones con las que pretenden
impulsar el desarrollo integral de los municipios del Estado, a través de la
integración de una Agenda Municipalista. Además de los foros que deberán abonar a la
integración del Plan Veracruzano de Desarrollo y a la armonización de los
Planes Municipales de Desarrollo, el Poder Ejecutivo y Legislativo –en conjunto–,
pretenden impulsar una red que afiliará a los 45 mil servidores públicos
municipales que, de acuerdo con cifras del INEGI, laboran en los 212
ayuntamientos del Estado.

“Vamos a credencializar a todos y a buscarles un
beneficio adicional, como becas o descuentos en algunas áreas comerciales de
todo el territorio estatal”, explicó el funcionario. La Junta de Gobierno está conformada por el
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez como Presidente; el Secretario de Gobierno,
Eric Cisneros Burgos; el Director del INVEDEM; la Comisión de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal de la LXV Legislatura que integran las diputadas
Florencia Martínez Rivera, Ivonne Trujillo Ortiz y Judith Pineda Andrade; así
como cinco presidentes municipales, un independiente y cuatro de diferentes
filiaciones partidistas: Victoria Rasgado Pérez, de Moloacán; Bogar Ruiz Rosas,
de Alvarado; Luis Fernando Cervantes Cruz, de Pueblo Viejo; Octavio Pérez
Garay, de San Andrés Tuxtla y Esteban Bautista Hernández, de Tatahuicapan.

La Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado, que preside el diputado Eric Domínguez
Vázquez, llevó a cabo su primera sesión, con la asistencia de 13 de los 15
diputados que la conforman.

Como primer punto, la Comisión de Vigilancia aprobó
elaborar dictámenes para informar a los cuatro ayuntamientos que solicitaron
autorización para realizar auditorías de tipo financiero presupuestal y técnica
a la obra pública, que derivado de la reforma al artículo 33 de la Constitución
Política local, realizada el 27 de noviembre de 2017, se remueve la facultad
del Congreso del Estado para autorizar a los ayuntamientos la celebración de
convenios con personas físicas y morales.

Siete ayuntamientos más, informaron al Congreso la
contratación de un despacho externo para las auditorías.

Con base en el artículo 52 del Reglamento de los
Servicios Administrativos para el Estado de Veracruz, la Comisión de
Vigilancia, acordó solicitar a la Secretaría de Fiscalización un informe del
cumplimiento de las obligaciones de los ayuntamientos y de los organismos
paramunicipales, como son estados financieros, corte de caja, reporte de obra
pública, deuda pública, entre otros; con la finalidad de que la Comisión
conozca el estado que guarda y en caso de ser necesario, realizar los
requerimientos y sanciones correspondientes a los municipios que no cumplieran
con dicha obligación.

En otro tema y a propuesta del diputado Bingen
Rementería Molina, los integrantes de la Comisión Permanente acordaron remitir
una copia de las 12 quejas presentadas por diversos ayuntamientos a cada uno de
los integrantes de la Comisión, para determinar en la siguiente sesión, pueden
solventar y cuáles no.

Entre los municipios que presentaron alguna queja
destaca Ixtaczoquitlán, Minatitlán, Jamapa y Martínez de la Torre

Acordaron elaborar una iniciativa de reforma al
artículo 18 fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin de
homologarlo con las facultades del Congreso de Veracruz, conferidas en el
artículo 33 de la Constitución Política del Estado. Esto, debido a que el
decreto número 343 que reforma la propia Constitución, publicado el 2 de
octubre de 2017, así lo instruye y no se ha hecho.

A puerta cerrada, los legisladores abordaron los
asuntos generales referentes a una denuncia presentada ante la Contraloría
Interna del Congreso del Estado y a la Comparecencia del Titular del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), programada para el
próximo miércoles 23 de enero.

A esta primera sesión acudieron la diputada
secretaria Mónica Robles Barajas y los diputados vocales Rodrigo García
Escalante, Bingen Rementería Molina, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Deisy
Juan Antonio, Henri Christophe Gómez Sánchez, Juan Manuel De Unánue Abascal,
Florencia Martínez Rivera, Wenceslao González Martínez, María Esther López
Callejas, María Graciela Hernández Iñiguez y Magaly Armenta Oliveros.

Con 45 votos a favor, tres en contra y cero
abstenciones, el Congreso del Estado aprobó el nombramiento de las personas que
integrarán el Consejo Estatal Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación
en Materia de Búsqueda de Personas.

El diputado presidente de la Mesa Directiva, José
Manuel Pozos Castro, designó a los diputados Elizabeth Cervantes de la Cruz, Henri
Christophe Gómez Sánchez, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Erika Ayala Ríos,
Florencia Martínez Rivera y Brianda Kristel Hernández Topete, para recibir y
conducir al recinto legislativo a los integrantes del Consejo, para rendir la
protesta de ley.

Los ciudadanos María Celia Torres Melo, Ramón López
Anaya, Rosalía Castro Toss, Marcela Zurita Rosas, Lenit Enríquez Orozco, José
Casas Chávez, Teresa Anaís Palacios Pérez, Alejandra Jiménez Ramírez, Jesús
Granada Bautista y Marcela Flores Dionicio, protestaron guardar y hacer guardar
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mirando en
todo por el bien del Estado.

El 21 de noviembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial
del Estado el decreto por el que se reforma la Ley en Materia de Desaparición,
con el que se amplió el plazo para realizar el nombramiento de los integrantes
del Consejo Estatal Ciudadano

Del 7 al 9 de enero de este 2019, la Comisión
Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en
Veracruz, entrevistó a los ciudadanos aspirantes al Consejo Estatal Ciudadano
que hoy rindieron protesta de ley.

De acuerdo con la Gaceta Legislativa número 15, se
publicará una Convocatoria Pública Extraordinaria para cubrir las vacantes que
han quedado pendientes, bajo los criterios y en los plazos que la Comisión
Especial para el Seguimiento estime pertinentes.

El diputado León David Jiménez Reyes, integrante del
Grupo Legislativo de Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo que
exhortaría al Rector del Colegio de Veracruz (COLVER) a entregar un informe al
Congreso del Estado en el que precise el estatus que guarda la situación
laboral de todo el personal docente y administrativo de esa casa de estudios. Lo anterior, en atención a los señalamientos
presentados por alumnos que lo acusan de supuestos despidos injustificados,
detalló el legislador, presidente de la Comisión Permanente de Educación y
Cultura del Congreso del Estado. Al exponer sus consideraciones, explicó que la
educación es uno de los pilares fundamentales para la construcción del progreso
social. De ahí que resulte indispensable para quienes ostentan una
representación popular, permanecer atentos al contexto imperante en este tema
tan sensible, con miras a impulsar acciones destinadas a la solución de sus
problemáticas. En el caso concreto del sector educativo –acotó-,
los tiempos actuales evidencian la urgencia de establecer un modelo incluyente
y vanguardista, diseñado con una visión en la que verdaderamente se tome en
cuenta la participación de todos sus actores, particularmente alumnos y docentes.
Quien así no lo advierta –refirió-, estará demostrando escasez de compromiso
con la educación de calidad. Luego de reconocer al COLVER como una institución
pública de gran prestigio, narró que en diciembre pasado, un grupo de estudiantes
se manifestó afuera de sus instalaciones, para denunciar la pretensión de
despedir a los catedráticos investigadores, Laura Ruelas, quien imparte cátedra
en el Doctorado en Desarrollo Sustentable y Noé Hernández, quien hace lo propio
en el Doctorado en Ciencias Políticas. En consecuencia, decidió presentar el Anteproyecto
de Punto de Acuerdo con el propósito de que el Congreso del Estado, exhorte al
Rector del Colegio de Veracruz para que, por escrito y a la brevedad, entregue
un informe mediante el cual precise no solamente la situación que han señalado
los alumnos del plantel respecto a los dos docentes afectados, sino también, el
estatus laboral en el que se encuentran cada una de las personas que prestan
sus servicios en él.

La diputada del Distrito XIV, Veracruz I, María
Josefina Gamboa Torales presentó, ante el Pleno de la LXV Legislatura, un anteproyecto
con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado, con fundamento en el artículo cuarto transitorio del Decreto de
Presupuesto de Egresos 2019, incluya en la propuesta de ajuste presupuestal que
remita a esta Soberanía, recursos por 29.5 millones de pesos para el pago
correspondiente a la conclusión de diversas obras en el municipio de Veracruz.

En su
intervención en tribuna, durante la décima segunda sesión ordinaria, la
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que las
obras corresponden a: construcción del colector pluvial y cruce de la Laguna
Olmeca; parque Zaragoza; rescate de la Laguna el Encanto y la trotapista Laguna
de Lagartos, en Veracruz.

De igual forma plantea exhortar a los titulares de la Comisión de Agua del Estado
(CAEV), de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), de la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y de la Secretaría de Medio
Ambiente (Sedema), a dar cumplimiento financiero a las estimaciones correspondientes
a cada una de las obras descritas.

La legisladora Gamboa Torales precisó que el Ayuntamiento de Veracruz es el de mayor
población en la entidad y que tiene grandes retos para seguir siendo uno de los
principales atractivos turísticos del país, “por su historia y la calidez de su
gente y desde luego por su infraestructura”.

Por ello,
agregó, es necesario el mantenimiento y
rehabilitación de la misma y la construcción de nuevos espacios que atiendan
las necesidades y demandas de una ciudad en constante crecimiento como lo es el
puerto de Veracruz.

Destacó que en 2018 fueron iniciados importantes proyectos con recursos estatales,
obras cuyo avance fue significativo y que hoy corren el riesgo de no ser
concluidas por falta de pago.

Refirió
que frente a los cambios que se han dado en el Gobierno del Estado, se debe
preponderar el interés de los ciudadanos por encima de cuestiones partidistas o
políticas.

El diputado Alexis Sánchez García presentó ante el
Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto
con Punto de Acuerdo que tiene como propósito la creación de la Comisión
Especial de la Industria Azucarera, Alcoholera y sus Derivados, que
representará un área de gestión y posicionamiento legal para apoyar a los
productores de la caña de azúcar de la entidad. En su intervención, durante la décima segunda sesión
ordinaria, el legislador hizo un llamado a los productores de caña, a los
poderes federal y estatal, así como al Congreso de la Unión para sumar
esfuerzos, hacer frente a la grave crisis que enfrenta este sector y frenar las
importaciones de alta fructuosa, que representan un “enemigo” del consumo de
azúcar. De igual manera, subrayó el legislador, deberán
implementarse políticas públicas acorde a los nuevos tiempos que exigen los productores
de caña, desde los procesos de siembra, cultivo, cosecha, y acarreo, hasta su
venta y/o exportación del azúcar, “porque de ahí dependen los buenos precios
para nuestro productores de esta gramínea”, agregó. El también vicepresidente de la Mesa Directiva de la
LXV Legislatura indicó que Veracruz vive actualmente una etapa crítica
alrededor de la producción de caña de azúcar, toda vez que México importó en un
año 1.5 millones de toneladas de alta fructuosa, provenientes de Estados
Unidos. “Estas importaciones tienen repercusiones muy graves
en el sector azucarero; están en riesgo los 18 ingenios azucareros instalados
en la entidad y con ello, productores de caña, obreros, transportistas,
cortadores y todas las mujeres y hombres que hacen posible la cadena productiva
de este noble cultivo donde dependen más de 500 mil familias”, señaló. El diputado Alexis Sánchez manifestó que la alta
fructosa ocupa el 28 por ciento del consumo nacional de edulcorantes calóricos,
lo que es preocupante porque es elaborado con maíz transgénico que es principal
promotor de las enfermedades degenerativas. Recordó que Veracruz es un referente histórico del
sector azucarero, ya que siempre se ha caracterizado por ser el mayor productor
de caña y azúcar en México, porque de los 18 ingenios trabajando actualmente en
la entidad, generan anualmente el 40 por ciento de la producción en el país. Por último, refirió que debe trabajarse para frenar
el cierre de ingenios azucareros y que tienen un impacto negativo económico y social
en las comunidades, como lo fueron los ingenios de Cuatotolapan, en la
región de Hueyapan de Ocampo; La Concepción, en la zona de Jilotepec; el San
Francisco, en Lerdo de Tejada y el Independencia, en la zona de Martínez de la
Torre. Este
anteproyecto fue turnado, para su análisis y dictamen, a la Junta de
Coordinación Política.

El
Grupo Legislativo Mixto de los Partidos
Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), a
través de la diputada Erika Ayala Ríos presentó, durante la Décimo Segunda Sesión
Ordinaria, un Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
del Poder Ejecutivo Estatal a realizar diversas acciones a fin de dar
cumplimiento a las Alertas de Violencia de Género, decretadas para Veracruz.

La
legisladora afirmó que debe realizarse un exhorto contundente a las autoridades
competentes para que le den seguimiento y atiendan los casos de violencia de
género en Veracruz, “no se puede hablar de una democracia, crecimiento y paz
social si el 51 por ciento de la población se encuentra en constante amenaza,
desigualdad, agravios y exclusión”.

Aseguró
que la realidad que viven las mujeres, en especial las de Veracruz, es crítica
pues de acuerdo con especialistas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y reportes del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz ocupa el segundo lugar con mayor
número de feminicidios con 85 casos de enero a noviembre 2018.

Cifra
que se eleva a 118 en todo el año, según
el observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la Universidad
Veracruzana. Asimismo, de los 100 municipios más violentos en el país, ocho son
de Veracruz: Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Xalapa, Poza
Rica, Tierra Blanca y Tuxpan, agregó.

Lamentó
que a tres años de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declaró la Alerta de Violencia de Género
por feminicidios en 11 municipios, sus recomendaciones aún no hayan sido
atenidas.

Además,
detalló Ríos Ayala, sin dejar de lado el fenómeno de municipios indígenas donde
por circunstancias sociales, económicas, desconocimiento de sus derechos
humanos y de usos y costumbres, el número de estos actos ilícitos está en
constante ascenso. Asimismo, señaló la creciente cifra de mujeres y jóvenes
desaparecidas, que del mes de julio a diciembre fue de 128 casos.

En
tribuna, la diputada Erika Ayala manifestó que es obligación del Ejecutivo
desplegar todos los esfuerzos y recursos para combatir la violencia contra las
veracruzanas.

De
esta manera exhortó a la Dirección General de Cultura y Paz y Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobierno, informe cuáles serán sus responsabilidades y plan
de trabajo, así como quien dará seguimiento al cumplimiento de las Alertas de
Violencia de Género.

También
solicitó la integración de una Comisión Técnica de Seguimiento a las Alertas de
Violencia de Género, como mecanismo de monitoreo y vigilancia de los programas
y recomendaciones, donde participen autoridades competentes, colectivos, redes
y organizaciones sociales y especialistas en la materia.

Aunado
a la instalación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, y que este al igual que
el Programa Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, se elaboren con
alineación a las acciones que indican las Alertas de Violencia de Género,
emitidas por la CONAVIM y que sean incorporados al Plan Veracruzano de
Desarrollo.

Se
pronunció por exhortar a la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado (SSP) a revisar y reforzar el programa de
atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que opera el C4; así
como pedir al Ejecutivo declarar públicamente y comprometerse a trabajar por la
tolerancia cero a la violencia de género y a reunirse periódicamente con las víctimas directas e indirectas de
feminicidios y violencia de género.

Finalmente,
afirmó que la sororidad de las 25 diputadas con el resto de las veracruzanas es
bandera de acción para una vida libre de violencia, y que en la LXV Legislatura
existe voluntad, coincidencias y disposición para cerrar filas para trabajar en
unidad y coordinación.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, puso a consideración del Pleno
de la LXV Legislatura del Estado una Iniciativa con proyecto de Decreto que
adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden
natural, al artículo 332 del Código de Procedimientos Administrativos para Estado
de Veracruz. Esto, señaló, porque en términos reales y efectivos,
la norma es omisa para prevenir aquellas situaciones en que se presenta un
cambio, sustitución o relevo de autoridades y, aunque ello supone, formalmente,
la misma autoridad, lo cierto es que, materialmente, nos encontramos con un
servidor público diverso, recién nombrado aunque sujeto, como su antecesor, a
responsabilidades administrativas de naturaleza objetiva o subjetiva. Así como de gravedad o no gravedad, sobre las que,
además, se imponen previsiones legales de entrega-recepción, suscripción de
instrumentos específicos en vías de anexos e informes. Además, agrega, a menudo sucede, como se sabe en la
praxis administrativa real, que quienes han conocido inicialmente (en las fases
previas a la audiencia o la sentencia) la impugnación de un acto o
procedimiento administrativo mediante juicio contencioso, prolongan, en
perjuicio de los particulares, su secuela, la resolución o el cumplimiento de
las sentencias, por advertirse condenatorias en contra de la autoridad, con el
consecuente daño patrimonial, y afectación del interés público. La legisladora dijo que hay ineficacia de actuación
de la autoridad que conlleva una dilación causada por el servidor público
responsable para no afrontar las consecuencias que derivan del cumplimiento de
la sentencia y, lo que es peor, omiten informar a la autoridad entrante que los
sustituye en la función pública, el estado procesal de los asuntos ventilados
mediante juicio contencioso, sobre todo, la inmediatez de las consecuencias del
incumplimiento de sentencias condenatorias para la autoridad que representan. Ante esta “laguna legal”, propone la citada reforma
para que el Tribunal, cuando el incumplimiento de la sentencia se dé al término
o al inicio de una administración del Poder Ejecutivo del Estado, de oficio
informe por escrito a las autoridades responsables, el estado que guarden los
asuntos en vía de ejecución, para que estos estén en posibilidades de cumplir
cabalmente con la sentencia emitida. La modificación al artículo 332 del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado, busca establecer que el
Tribunal, informe de oficio y por escrito a las autoridades entrantes el estado
que guardan los asuntos que se encuentren en vía de ejecución, para que éstos
analicen el trámite que realizó la anterior administración y envíen a los
diversos entes públicos, un dictamen de los trámites que realizaron los
titulares de la administración anterior, esto para efecto de poder atender
debidamente a la parte actora al tiempo de deslindar responsabilidades. Esta Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, integrante
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del
Estado, presentó, durante la décimo segunda Sesión Ordinaria, un pronunciamiento
para la ampliación de la base fiscalizable y optimizar, con ello, la rendición
de cuentas de parte de los gobiernos municipales de la entidad. La legisladora destacó que la transparencia y la
rendición de cuentas son benéficas para la sociedad, ya que fortalecen el
ejercicio de gobierno, procuran los recursos públicos y en conjunto promueven
una mejor calidad democrática en la vida nacional. Subrayó que ante el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado (ORFIS) diversos ayuntamientos simulan la conclusión de obra pública, lo que
es un ejemplo del uso inadecuado de las capacidades técnicas y el marco normativo
de este organismo autónomo, lo que afecta tanto las finanzas públicas como los
derechos de todos los veracruzanos. “Esta simulación me lleva a pronunciarme para hacer
un llamado a la autoridad fiscalizadora a fin de que revise sus procedimientos
de monitoreo, seguimiento y quejas; y cumpla, de manera estrictica, con sus atribuciones”, abundó. Agregó que hay por lo menos dos asignaturas
pendientes en el actuar del ORFIS: se requiere que la autoridad fiscalizadora
revise su procedimiento de seguimiento y atención a quejas a fin de mejorar sus
prácticas y la respuesta al ciudadano. Es necesario, indicó, que el ORFIS revise sus reglas
técnicas de auditoría, pida ampliar la base fiscalizable y perfeccione su
monitoreo a dichos proyectos, para evitar que obras, con presupuestos
relativamente menores, se conviertan en potenciales “focos” de corrupción.

Aseveró que la falta de aplicación estricta de las
atribuciones del ORFIS tiene un efecto negativo tanto en la aplicación de los
recursos públicos como en la calidad de vida de los veracruzanos.

La diputada María de Jesús Martínez Díaz, integrante
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de
Veracruz, puso a consideración del Pleno un Anteproyecto de Punto de Acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del
Gobierno Federal para que informe a esta Soberanía el avance físico de la obra
de reconstrucción del camino Martínez de la Torre-Las Cañadas, en el municipio
de Martínez de la Torre, así como el monto pagado a la empresa Consorcio
Constructor e Industrial Trasnacional del Golfo, S.A. de C.V. a quien fue
adjudicada la obra. Asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y a la SCT a iniciar una auditoría técnica, física, financiera
y documental de la obra y en su caso empezar los procedimientos legales
necesarios para sancionar a los responsables de que esta obra al día de hoy, se
encuentre inconclusa y abandonada. Lo anterior, señaló la diputada del PAN, y tomando
en consideración que una parte fundamental para fortalecer el comercio y las
actividades económicas es el contar con infraestructura para el traslado de
mercancías, bienes y personas, resulta una exigencia que en Veracruz cuente con
una red carretera en óptimas condiciones, que acorten los tiempos, sean seguras
y que cumplan la función de comunicar. La diputada indicó que se trata de un tramo
carretero del distrito de Martínez de la Torre, que comunica la localidad de
Las Cañadas con la ciudad de Martínez de la Torre y que representa una
importante vía de comunicación, pues a través de ella se trasladan diariamente
los productores de cítricos de los estados de Veracruz y Puebla. “El pasado 6 de enero realicé un recorrido por esta
obra y es lamentable que se encuentre literalmente abandonada, sólo se
encuentran pavimentados 3.3 kilómetros de los 11.70 que contempla el contrato,
se encuentra destrozada en muchos tramos y sólo quitaron la carpeta que estaba
anteriormente sin colocar la nueva”, refirió. Subrayó que hace algunos meses se realizaron trabajos
de rehabilitación en algunas zonas que resultaban intransitables e inseguras,
sin embargo, es necesario que se dé atención prioritaria y de manera permanente
a esta vía de comunicación, de lo contrario, los productores y la población en
general se verán obligados a hacer uso de vías alternas o en todo caso
transitar de manera forzosa en la misma, arriesgando no solamente sus unidades
de transporte, sino incluso su integridad. “Para los habitantes de mi distrito la conclusión de
esta tiene gran relevancia en la realización de sus actividades cotidianas”,
expuso. Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a
la Junta de Coordinación Política.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Dictamen por el que se deja sin efectos el Acuerdo de
autorización, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario
264 de fecha 4 de julio de 2016, relativo a la enajenación, a título gratuito,
de dos bienes muebles en favor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
(FGE). Los bienes consisten en un helicóptero, marca Bell
Helicopter Textron, modelo 407, año de fabricación 2009, con matrícula XC-CTZ y
número de serie 53964, así como el helicóptero marca Eurocopter, modelo
AS365N3, año de fabricación 2007 con
matrícula XC-GEV y número de serie 6766. En las consideraciones del Dictamen, la Comisión de
Hacienda del Estado, señala que el 30 de
diciembre del año 2016, la FGE, a través del oficio 3670, signado por la
Oficial Mayor, manifiesta que no tiene condiciones de aceptar la Enajenación a
Título Gratuito de los bienes muebles consistentes en dos helicópteros, en
razón a que no cuentan con los recursos necesarios para el mantenimiento y
operación de los muebles, además de que no se cuenta con las instalaciones
adecuadas para su resguardo. Este Dictamen registró 36 votos a favor y 13 en
contra. En la sesión, el Pleno avaló el Dictamen por el cual
se autoriza al Ejecutivo del Estado enajenar la superficie de terreno de seis
hectáreas, 54 áreas, cinco centiáreas, expropiados por causa de utilidad
pública, al ejido “El Potrerillo”, perteneciente al municipio de
Ixtaczoquitlán, en favor de la empresa Fermentaciones Mexicanas S.A de C.V,
(Fermex), hecha por el Gobierno del Estado desde 2013, en términos del contrato
de subrogación suscrito con ésta. De igual forma se autorizó al Ayuntamiento de
Zaragoza dar en donación condicional, en su caso revocable, una fracción de
terreno perteneciente al fundo legal del municipio con una superficie total de
1,192.706 metros cuadrados, a favor del Gobierno del Estado de Veracruz, a
través de la Secretaría de Educación de Veracruz, con destino y para uso final
del jardín de niños Manuel Gómez Pedroza, con clave 30DJN0595Z. Al ayuntamiento de Coatzacoalcos le fue autorizado
celebrar convenio de vinculación y colaboración con el Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar número 15 (CETMAR), ubicado en dicha ciudad. En tanto, al Ayuntamiento de Veracruz se le concedió
anuencia para celebrar Convenio de Colaboración Educativa con el Centro de
Capacitación para el Trabajo Industrial número 42.

El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso
de Veracruz, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo que exhorta a
diversas autoridades a implementar acciones tendientes a proteger y garantizar
los derechos humanos de la población migrante en su recorrido por el territorio
veracruzano. El anteproyecto, con fundamento en el artículo
cuarto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio
2019, también solicita al titular del Poder Ejecutivo que, en la propuesta de
ajuste presupuestal que remita al Congreso del Estado y con la finalidad de
incorporar las previsiones necesarias en materia de protección a migrantes, se
asignen recursos a este rubro a fin de poner en marcha el Instituto Veracruzano
de Atención a Migrantes e implementar las acciones contenidas en la Ley de Atención
a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz. El legislador del Distrito XVI, refirió que migrantes
son todos los centroamericanos que en su camino a la Unión Americana pasan por
nuestro país y estado para llegar a su destino, pero también son migrantes los
miles de veracruzanos que dejan el país o el estado para ir a establecerse a
otro lugar en busca de un mejor futuro. Indicó que a la población migrante, independientemente
de su condición jurídica en el país, le son reconocidos los mismos derechos que
al resto de las personas, por lo que deben ser respetados, y este respeto
irrestricto de los derechos humanos es uno de los principios en los que el Estado
debe sustentar su actuación. “Los migrantes tienen derecho a la nacionalidad, a
la seguridad jurídica y al debido proceso, a la atención consular, a no ser
discriminado, a la protección de la unidad familiar -principalmente cuando se
trata de niñas, niños y adolescentes en movilidad por contextos de
vulnerabilidad-; a la dignidad humana e incluso a no ser criminalizado”,
destacó durante su participación en Tribuna.

Recordó que la frontera de México con Estados Unidos
es la más transitada del mundo, donde ocurre la explotación de mano de obra y
donde se violan los derechos humanos de manera constante y rememoró que durante
los meses de octubre y noviembre del año pasado, los medios de comunicación
siguieron puntualmente la ruta de la Caravana Migrante en la que más de dos mil
500 centroamericanos llegaron a la frontera sur del país con la intención de
llegar a los Estados Unidos. “Esto nos dio un panorama muy claro de las
necesidades y dificultades del tránsito de las personas migrantes: falta de
alimentos, agua, alojamiento y atención médica”, mencionó.

Recordó que el 5 de octubre de 2018, se publicó en
la Gaceta Oficial del Estado la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias
para el Estado de Veracruz, que tiene por objeto garantizar la protección y
promoción de los derechos de todas las personas migrantes y organizar la
estructura y atribuciones del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes. El Anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su análisis.

Luego de los hechos ocurridos el pasado 14 de enero,
en la Ciudad de Orizaba, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, se pronunció ante la
problemática de los feminicidios en el marco del incremento de la ola de
violencia de género y exigió que sean esclarecidos todos los casos, registrados
a en territorio veracruzano.

Destacó que en Veracruz, desde el 23 de noviembre
del 2016, se emitió la primera Alerta de Violencia de Género (AVG) Contra las
Mujeres en 11 municipios. Asimismo, el 13 de diciembre del 2017, se realizó la segunda
declaratoria de la Alerta por Agravio Comparado.

Agregó
que las mujeres, en el estado viven una realidad que las “arroja” a niveles de
violencia extrema, y que si bien la AVG
contra las mujeres, es un mecanismo de protección de los derechos humanos y que
se encuentra establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida
libre de violencia y su trámite para emitirla o concederla, en Veracruz desde
el año 2008 existe esta ley.

Aseguró
que el caso particular del municipio de Orizaba, los discursos en materia de
seguridad pública contrastan con el argumento municipal de tener a la mejor
policía municipal del Estado; cuando han ocurrido hechos en donde integrantes
de ésta corporación se han visto involucrados en actos ilícitos, como es el
caso de los jóvenes asesinados en diciembre de 2018 y ahora el feminicidio de una
menor de 16 años.

“Recuerdo
en esta tribuna los nombres de Arely Ramírez, Karina Patiño, Luz de Carmen y su
hija Karen Yamel, Vanessa López, y hoy de la pequeña de 16 años, Ana Karen
Castro Aguilar, todas asesinadas en los últimos meses en la ciudad de Orizaba,
para que sus nombres no sean olvidados”, agregó.

Finalmente la presidenta de la Comisión Permanente de los
Derechos de la Niñez y la Familia, aseguró que como mujer y como veracruzana,
se une a la pena que embarga a estas familias.

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