La diputada Brianda Kristel Hernández Topete presentó, durante la tercera sesión ordinaria, una iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para la Accesibilidad en el Estado de Veracruz que tiene como objetivo atender la problemática que registran las personas con discapacidad en cuanto el acceso a todos los ámbitos de participación social, sin ningún tipo de barreras ni limitantes.

La legisladora del Distrito XXIV de Santiago Tuxtla destacó que la accesibilidad es un derecho fundamental, de ahí la necesidad de una Ley para que las personas con discapacidad en Veracruz puedan participar integralmente en la vida social, accediendo a todos los espacios, públicos y privados.

De igual modo, dijo que la accesibilidad se debe entender como un derecho en sí mismo y además como un principio que obliga al Estado mexicano a tomarlo en cuenta al momento de establecer sus normas y políticas públicas.

Aseguró que la presente Ley se emite en estricto apego y respeto a los derechos humanos y a la observancia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la cual promoverá, protegerá y garantizará, el disfrute pleno de las personas con discapacidad para cubrir una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad y la libertad de movimiento, la igualdad y la no discriminación en Veracruz.

Esta ley, integrada por 31 artículos y distribuida en VI capítulos, señaló la legisladora, nace de la necesidad de crear una normativa especializada en los ámbitos de la accesibilidad, por lo que la Secretaría de Gobierno (Segob) del Estado deberá contar con un área administrativa especializada en los ámbitos de la accesibilidad, para brindar apoyo y orientación a las autoridades establecidas para dar cumplimiento de la misma, así como dar seguimiento al trabajo que realizan en la materia.

Agregó, que debe entenderse como discapacidad la interacción entre las limitaciones funcionales de una persona y las barreras existentes en el entorno que impiden el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. En consecuencia, entre más se avance hacia entornos urbanos y rurales accesibles, menor sería el grado de afectación de la población con discapacidad.

“Cuantos más obstáculos hay, más se acentúa la discapacidad de una persona, por lo que es una obligación del Estado, lograr una integración total de las personas con discapacidad, en un ambiente de igualdad y respeto de sus derechos humanos”, puntualizó la diputada.

Asimismo, aseguró que con esta normatividad la población en general se verá beneficiada en cuanto a accesibilidad en la infraestructura, transporte, tecnologías de la información y comunicaciones, tomando en cuenta que no sólo las personas con discapacidad, sino también las personas mayores, o con enfermedades crónico-degenerativas, se enfrentan a esta problemática.

Finalmente, la diputada subrayó que con esta iniciativa se da un paso muy importante para cambiar la percepción de la discapacidad, pues es necesario reconocer que todas las personas tienen la oportunidad de vivir con plenitud y sin obstáculos, incrementando la calidad de vida y el desarrollo integral de las personas con discapacidad para combatir la desigualdad en la entidad.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la iniciativa, presentada el pasado 18 de septiembre por la diputada Erika Ayala Ríos, por la cual se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 26 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre y mediante la cual se suprime la intervención de este Poder Legislativo en materia de autorizaciones de licencias o renuncias de agentes y subagentes municipales.

De esta manera, quedaría esta facultad exclusiva para los Cabildos, toda vez que ante una licencia o renuncia de agente o subagente municipal, deberá hacerse el llamado del suplente respectivo e informarlo al Pleno o la Diputación Permanente del Congreso del Estado.

La coordinadora del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) expuso en la iniciativa que los agentes y subagentes municipales son servidores públicos que auxilian a los ayuntamientos en sus congregaciones y rancherías, además que representan el primer vínculo de los habitantes de esas demarcaciones con las autoridades de cualquier orden de gobierno.

De esta manera y tras aprobarse con 41 votos, el artículo 26 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre señala, “en el caso de las ausencias temporales de agentes y subagentes municipales, el Cabildo autorizará la licencia correspondiente y mandará llamar a la brevedad al suplente, a efecto de que ocupe el cargo por el tiempo señalado en la misma. En ningún caso se podrán conceder licencias por lapsos indeterminados”.

Asimismo, refiere “cuando se trate de ausencias definitivas de los agentes o subagentes municipales, por renuncia, incapacidad, inhabilitación, sentencia judicial o fallecimiento, el Cabildo acordará, en su caso, el llamado del suplente respectivo para que asuma la titularidad del cargo por el resto del periodo correspondiente”.

“En este supuesto de ausencia definitiva y en el previsto en el párrafo anterior, si la licencia temporal excede de dos meses, el Ayuntamiento lo informará al Congreso del Estado o, en su caso, la Diputación Permanente”, advirtió.

Como resultado de la conformación del Congreso del Estado para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional y con el propósito de continuar con el trabajo legislativo, fueron modificadas Comisiones Permanentes.

En primer término y dado que la diputada Brianda Kristel Hernández Topete asumió la vicepresidencia de la Mesa Directiva, el legislador Alexis Sánchez García fue nombrado presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, secretario en la Comisión de Hacienda del Estado y vocal en la Comisión de Vigilancia.

Por otra parte y derivado de la elección del diputado Rubén Ríos Uribe como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el legislador Víctor Emmanuel Vargas Barrientos asume la presidencia de la Comisión Instructora.

El diputado José Manuel Pozos Castro fue designado presidente de la Comisión de Procuración de Justicia y el legislador Raymundo Andrade Rivera ocupará la vocalía.

En la Comisión de Seguridad Pública fue elegido el diputado José Manuel Pozos Castro, como secretario.

Por otra parte, en la sesión, el Pleno de la LXV Legislatura del Estado fue notificado que el diputado Alexis Sánchez García fue elegido coordinador del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Movimiento Ciudadano y De la Revolución Democrática (MC-PRD), en sustitución de la legisladora Brianda Kristel Hernández Topete.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó, a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el calendario de comparecencias de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo estatal, para la glosa del Primer Informe de Gobierno, y acordó que éstas se realicen en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada de este Palacio Legislativo, quedando de la siguiente manera:

Día y hora	Dependencia	Comisión
Jueves 21 de noviembre / 10:00 horas.	Secretaría de Gobierno	Gobernación
Viernes 22 de noviembre / 10:00 horas.	Secretaría de Finanzas y Planeación.	Hacienda del Estado
Lunes 25 de noviembre / 10:00 horas.	Secretaría de Desarrollo Social.	Desarrollo Social, Humano y Regional.
Martes 26 de noviembre / 10:00 horas.	Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.	Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico.
Martes 26 de noviembre / 17:00 horas.	Secretaría de Turismo	Turismo.
Miércoles 27 de noviembre / 10:00 horas.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.	Comunicaciones.
Viernes 29 de noviembre / 10:00 horas.	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.	Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal.
Viernes 29 de noviembre / 17:00 horas.	Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.	Trabajo y Previsión Social.
Lunes 2 de diciembre /10:00 horas.	Secretaría de Seguridad Pública.	Seguridad Pública.
Martes 3 de diciembre / 16:00 horas.	Secretaría de Educación.	Educación y Cultura.
Miércoles 4 de diciembre / 10:00 horas.	Secretaría de Salud.	Salud y Asistencia.
Viernes 6 de diciembre / 10:00 horas.	Secretaría de Medio Ambiente.	Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
Viernes 6 de diciembre / 17:00 horas.	Coordinación General de Comunicación Social.	Gobernación.
Lunes 9 de diciembre / 10:00 horas.	Contraloría General del Estado.	Hacienda del Estado
Lunes 9 de diciembre / 17:00 horas.	Secretaría de Protección Civil.	Protección Civil.

Comparecerá gobernador el martes 10 de diciembre a las 11:00 horas

En la sesión y en cumplimiento al artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que prevé la comparecencia del Ejecutivo estatal ante el Congreso, fue aprobado el formato que habrá de guiar este acto.

En primera instancia, el gobernador iniciará, hasta por 20 minutos, con una exposición que se refiera al contenido del Primer Informe y, en su caso, ampliará detalles sobre el mismo.

Acto seguido participará un diputado por cada Grupo Legislativo, de mayor a menor representación, seguido de los legisladores que no forman grupo, para que en un lapso de 10 minutos hacer los planteamientos que considere pertinentes.

El Ejecutivo estatal dará, en cada caso, respuesta a lo planteado por las o los diputados.

Por último, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, hará uso de la tribuna y concluirá la comparecencia.

En memoria del diputado Juan Carlos Molina Palacios, las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz llevaron a cabo una sesión solemne en la que los Grupos Legislativos, de este Congreso del Estado, reafirmaron su exigencia de que las autoridades competentes den con los responsables de este crimen y los lleven ante la justicia para que sean castigados.

Del mismo modo, las diputadas y diputados que subieron a tribuna en nombre de su Grupo Legislativo coincidieron en la calidez humana, sinceridad, lealtad a sus convicciones, trabajo y compromiso con Veracruz del diputado Juan Carlos Molina.

Tras guardar un minuto de silencio en memoria del diputado Molina Palacios y en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el legislador José Magdaleno Rosales Torres exigió el esclarecimiento inmediato de este crimen. Asimismo, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) considerar todas las líneas de investigación y que lo más pronto posible sean capturados los autores intelectuales y materiales y ponerlos a disposición de la autoridad judicial.

Al hacer uso de la tribuna, el legislador Rosales Torres subrayó que para las y los diputados de Morena representa un enorme dolor la partida física de un hombre orgulloso de sus orígenes, sencillo en su trato y de genuinos sentimientos, quien en todo proyecto que emprendía aplicaba amplia visión, compromiso y esfuerzo sin ceder.

“Juan Carlos nos deja un claro ejemplo del respeto que debe otorgársele a esta Tribuna, la más alta de Veracruz. Cada vez que aquí se pronunció, sabía hacerlo con altura y pasión para defender los legítimos intereses de los sectores agrícola y ganadero que tanto conoció y por los cuales, en reiteradas veces, resultó premiado a nivel nacional e internacional”, detalló.

Puntualizó que en memoria del diputado Molina Palacios se impulsarán los trabajos que quedaron truncados, “vamos a refrendar nuestro compromiso con el campo para que recupere la grandeza por la que tanto luchó, así lo haremos”.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN]), el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal se sumó a las muestras de solidaridad hacia la familia del legislador

Molina Palacios e igualmente solicitó que la FGE esclarezca este crimen, “tengan la seguridad que la partida de Juan Carlos no será en vano, no vamos a descansar hasta hacer que las autoridades hagan su trabajo y logren dar con los responsables de este miserable acto”, añadió.

Tras citar frases de una canción, el diputado De Unánue Abascal dijo que la frase de la canción “cuando un amigo se va” es porque precisamente por la ausencia del legislador Juan Carlos Molina, “hoy compañeros, hay un Diputado menos, un Diputado que no decidió por voluntad propia retirarse, que no renunció a su labor, sino que de forma violenta le impidieron continuar con su vocación de servicio, dando voz a quien trabaja el campo veracruzano”.

La diputada Erika Ayala Ríos manifestó el pronunciamiento del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), recordó a Molina Palacios como “un hombre alegre, generoso, inteligente, emprendedor y solidario, atributos que le reconocimos en vida y que ahora reafirmamos”.

Su asesinato “nos lastima y mucho. No puede quedar impune, no puede servir sólo para aumentar las estadísticas de la violencia que se vive desde hace tiempo en Veracruz”. Evocó a su compañero como “portavoz de los ganaderos y los campesinos, entre otros sectores productivos, y siempre puso en alto el nombre de Veracruz”.

La legisladora dijo que en la responsabilidad y compromiso de garantizar el derecho a la vida en Veracruz, “no caben mezquindades políticas ni pretender sacar provecho partidista de un tema que lastima sensiblemente a la sociedad. No hagamos de esto un tema que dañe más de lo que ya duele”.

Aseguró que “los poderes del Estado trabajaremos en corresponsabilidad, con voluntad política y espíritu de servicio y velaremos por los intereses superiores del pueblo veracruzano. Como nos lo recordaba Juan Carlos Molina: Trabajemos por un mejor Veracruz”.

En nombre del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), el diputado Alexis Sánchez García dirigió sus palabras primeramente a la familia del extinto legislador, a quienes expresó condolencias.

“¿Cuándo tendremos la respuesta a la tan anhelada paz social que demandamos todos los veracruzanos? Que este infame asesinato no quede en palabras, dichos y discursos. Los veracruzanos rechazamos la impunidad, la falta de oficio, la displicencia, la opacidad”, subrayó.

Y se unió al reclamo de las y los legisladores para que el homicidio del representante popular se esclarezca y los demás crímenes que “han sacudido la paz de nuestro estado”. “Es necesario que como legisladores y gobierno, sigamos combatiendo el crimen, la corrupción, la desigualdad social y la pobreza, manteniendo instituciones sólidas, políticas públicas acordes con los tiempos que enfrentamos”.

La diputada Florencia Martínez Rivera lamentó la muerte del legislador Molina Palacios y señaló que la mejor manera de honrar su memoria es seguir luchando para que, en cada acción, se aporte algo a Veracruz.

Acto seguido, recordó el trabajo, entrega y humanismo de Molina Palacios, “nos enseñaste que la disposición de luchar en política no está reservada para unos pocos, sino que está abierta para los que venimos de abajo y queremos el progreso de la tierra y nuestra gente”.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo de los partidos Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática (MC-PRD), presentó una iniciativa de reforma a los artículos 90 y 91 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, cuyo propósito es otorgar a las niñas y adolescentes estudiantes embarazadas, la garantía de recibir los cuidados médicos adecuados hasta la conclusión del puerperio y, de ser posible, concluir el ciclo escolar que cursen.

Al exponer su iniciativa, durante la segunda sesión ordinaria, del segundo año de labores, la diputada Trujillo Ortiz dijo que el espíritu de esta propuesta dista mucho de alentar la existencia de casos que originan la problemática existente, como lo es el embarazo adolescente.

Por el contrario –agregó- se trata de contar con las herramientas normativas para dotar a las niñas y adolescentes estudiantes embarazadas de mejores condiciones de vida en general, que se traduzcan inicialmente en la facilitación de las condiciones académicas o escolares que promuevan su permanencia en el nivel escolar y coadyuven en consecuencia a lograr la eficiencia terminal de los estudios que actualmente estén cursando.

De esta manera, plantea que las autoridades educativas deberán establecer, en el ámbito de su competencia, mecanismos normativos, de operación, becas y demás apoyos en beneficio de niñas y adolescentes estudiantes embarazadas, los cuales les proporcionen las facilidades necesarias para que acudan a recibir los cuidados médicos que les correspondan, hasta la conclusión del puerperio.

Además que le sea permitido concluir el ciclo escolar que cursen, o bien, puedan permanecer o reingresar a la institución educativa de que se trate. Las universidades y demás instituciones de educación superior, deberán otorgar a las estudiantes embarazadas las facilidades referidas.

La también presidente de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género subrayó que el embarazo en niñas y adolescentes es la cuarta causa de deserción escolar. “Por ello debemos buscar garantizar el respeto a los derechos humanos, a la libertad y al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes”, detalló.

En tribuna, refirió que la fecundidad entre niñas y adolescente va en aumento por falta de acciones preventivas, educativas y de acceso a los servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva. “Desafortunadamente, la mayoría de los embarazos entre niñas y adolescentes son no deseados, algunos ocurren por desconocimiento sobre relaciones sexuales seguras”, indicó.

Destacó que las estudiantes embarazadas tienen derecho a ser tratadas con dignidad. Ejemplificó que en ocasiones, estas jóvenes se enfrentan a la discriminación en sus familias, comunidades y escuelas. “Esto no sólo aísla a la joven madre sino que coloca en riesgo su desarrollo personal, académico y profesional”.

Aseguró que reformas de este tipo tienen el carácter de acciones afirmativas, mismas que buscan materializar la equidad de género, proporcionando un avance significativo en cuanto a las condiciones de las jóvenes embarazadas o madres jóvenes se refiere.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos propuso reformas a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y al Código Penal, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de inhibir la comisión de delitos relacionados con la lotificación o fraccionamiento de terrenos y su posterior venta, mediante la actualización de multas y denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Primer Periodo del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia puso a consideración del Pleno estas adecuaciones para que así se establezca que la multa a que se refiere la fracción II del artículo 96 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda tenga como base las Unidades de Medida y Actualización (UMAS) y no el salario mínimo, como está vigente.

Así también, que se eleve el monto de la multa que la misma fracción II prevé, de “quinientas hasta cinco mil UMAS” a “quinientas hasta diez mil UMAS”, vigentes al momento de dictarse resolución definitiva en contra del o los infractores, con la finalidad de inhibir la comisión de infracciones a la Ley.

La iniciativa contempla además adicionar un tercero y cuarto párrafo al mismo artículo, para que se establezca de manera expresa que, cuando alguna autoridad estatal o municipal tenga conocimiento de alguna lotificación o fraccionamiento indebido o de una venta o promesa de venta indebida, interponga obligatoriamente y de inmediato la denuncia penal correspondiente ante la FGE y que el perdón judicial que se otorgue a los probables infractores proceda sólo por una vez.

De acuerdo con esto, las sanciones por transgredir las disposiciones de dicha Ley o su Reglamento podrán consistir en la clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, construcciones, obras y servicios; multa de quinientas hasta diez mil UMAs vigentes al momento de dictarse resolución definitiva en contra del o los infractores; demolición o retiro, a costa del infractor, de las construcciones o instalaciones efectuadas; intervención administrativa de la empresa y revocación de las autorizaciones, concesiones, permisos o licencias otorgadas.

Además, podrá imponerse al infractor sanciones y aplicar simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, independientemente de las sanciones penales a las que se haga acreedor.

Vargas Barrientos propuso también reformar el artículo 351 del Código Penal, para que el perdón judicial que se otorgue a favor de los probables responsables de los delitos de fraccionamiento indebido o promesa de venta indebida únicamente proceda por una sola vez y, por lo tanto, de haberse iniciado una segunda o más carpetas de investigación, causa penal o de dictarse una sentencia condenatoria en contra del mismo o mismos individuos, ya no procederá un segundo perdón.

En efecto, los delitos referidos se perseguirán por querella del particular afectado o de la autoridad facultada para conceder el permiso o la licencia correspondiente, quienes podrán otorgar el perdón judicial por una sola vez, cuando el infractor satisfaga los requisitos de la ley aplicable y sus reglamentos, acredite la reparación de los daños que pudiera haber causado y pague las multas que se le impongan.

La Iniciativa de Decreto fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal y a la de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Comisión Permanente para la Igualdad de Género se reunió con integrantes del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), quienes presentaron una Iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, adicionando una fracción al artículo 8 a esta Ley que contemple la Violencia Digital, con una modalidad de violencia contra las mujeres.

Por su parte la presidenta de la Comisión, diputada Ivonne Trujillo Ortiz dijo que este tipo de propuestas resultan ser de gran beneficio para este sector, pues muchas mujeres, en algún momento de su vida, han sido víctimas de algún ataque digital en cualquiera de sus modalidades, por lo que se comprometió a apoyarla para ser presentada lo antes posible.

Del mismo modo, la secretaria de la Comisión, diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, aseguró que el hecho de estar a principios del segundo periodo del segundo año de trabajo legislativo, es una excelente oportunidad para trabajar al respecto.

El planteamiento que el IVM realiza en esta iniciativa es que el concepto de Violencia Digital debe llevarse a la Ley que protege a las mujeres de una vida libre de violencia, lo cual conllevaría a regular todas las formas de violencia en este rubro contra la mujer, siendo una Ley referenciada que podría ser utilizada en los diferentes elementos de un juicio.

Asimismo, con esta reforma se definiría el método a través del cual se va a calificar el tipo de violencia digital a las que las mujeres pueden ser víctimas y que van desde el ciber acoso, extorsión, packs, ciber-bullying, robo de identidad, entre otros.

De esta forma, los diferentes tipos de violencia digital estarían incluidos en una Ley específica siendo un referente que abra el panorama a realizar los ejercicios de derecho de algún tipo de estos ilícitos que no esté contemplado en las reformas aprobadas hace algunos meses, mejor conocidas como “Ley Olympia”.

María del Rocío Villafuerte Martínez, encargada de despacho de la Dirección General del IVM y secretaria técnica del Sistema Estatal para la Igualdad de Género, destacó que éste organismo ha buscado tener sinergia con las instituciones y con el Poder Legislativo del Estado en particular con la Comisión, pues a partir de ella se impulsa a realizar trabajos comprometidos y serios respecto a la igualdad de género, por lo que esta no es la excepción para presentar esta propuesta.

En esta reunión también estuvieron presentes Emmanuel Rodríguez Reyes y el Consultor Internacional Jacobo Domínguez Gudini.

El Congreso del Estado es aliado de la cultura y quienes lo integramos somos sus promotores; es también un compromiso con la niñez y la juventud, manifestó el presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diputado Rubén Ríos Uribe, al celebrar con estudiantes el Día Nacional del Libro, en el marco del 371 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz.

En presencia de la titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado, Mónica Mendoza Madrigal, organizadora del evento, recordó el pensamiento del abogado, político, escritor, educador y filósofo mexicano José Vasconcelos acerca de la importancia de los libros como las nuevas armas y medios de engrandecimiento humano.

Al dirigirse a los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad de América Latina (UDAL), Campus Xalapa, acompañados por su docente Gabriela Mayans, y demás invitados, les animó a fomentar el gusto por el contacto con los libros. Acto seguido, procedió a inaugurar el evento, así como una expoventa, con la presencia de libreros independientes de Xalapa.

Posteriormente, la doctora Mónica Mendoza presentó a la promotora cultural Ana Valderrama, del colectivo Aves y Moras, quien compartió con los asistentes fragmentos de poesía contemporánea.

Con el Día Nacional del Libro, en México se recuerda el legado de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español, nacida el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, Estado de México.

Por invitación de la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, connotados especialistas en distintas ramas del Derecho y de la salud profundizarán en la protección que el Estado debe otorgar a las personas menores de edad. Este martes 12 de noviembre, a partir de las 15:30 horas, se celebrará el 1er Simposio La infancia es primero, en la explanada del Palacio Legislativo, abierto al público en general.

Ante medios de comunicación, la legisladora agradeció y reconoció la suma de esfuerzos de distintas instituciones y asociaciones civiles, así como la importante colaboración de juristas experimentados, funcionarios de los tres niveles de gobierno y académicos, con el propósito de generar un diálogo entre la sociedad civil organizada y autoridades de alto nivel.

Acompañada por la abogada litigante Ximena Azuara y por Miguel Ángel Platas Mejía y Alfredo Salomón Salazar, fundadores de la organización 1000 Pelotas para ti, refirió que, como lo señalan los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a que todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Este primer simposio es una iniciativa por la que se busca “fomentar el diálogo, el debate y el análisis y que sirva para dar plena vigencia al interés superior de la niñez, como principio jurídico garantista” a favor de las niñas, niños y adolescentes, “como sujetos de derechos, nunca más como objetos”, explicó la Diputada.

Dicho encuentro –dijo- representa una oportunidad de participación y consenso para que todos formen parte de una cultura de respeto y protección a los menores de la sociedad veracruzana. “Queremos construir sociedades más justas, igualitarias, prósperas e incluyentes”.

Ana Miriam Ferráez hizo extensiva la invitación a organizaciones, estudiantes, docentes, padres y madres de familia, a participar en este espacio en el que habrá “voces calificadas, expertos, conocedores y autoridades en la materia”, quienes compartirán sus ideas, experiencias y conocimientos.

En este simposio destaca la conferencia magistral “El interés superior de los niños y la inconstitucionalidad de leyes”, que impartirá el magistrado José Manuel de Alba de Alba, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.

Se tiene prevista también la participación de la presidenta de la fundación Lazos Protectores de la Familia, María Magdalena Cruces Galán, quien presentará “La importancia de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada y su relación con el interés superior del menor”, así como de la directora general de Servicios Psicológicos en América (PSIAME), Yazmín Fuentes Montpellier, con “Violencia psicoemocional en infantes en la modalidad de la Alienación Parental”.

La juez Sofía Llamas Góngora, del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, hablará del “Interés Superior del Menor en la actividad jurisdiccional”, y el presidente de la fundación Nunca Jamás, Antonio Selem Hurtado de Mendoza, desarrollará “El interés superior del menor: corresponsabilidad de todos en los procesos jurídicos familiares en Veracruz”.

El tema “Interés superior del niño: su consideración primordial es una obligación de todos” estará a cargo del juez Fernando José Oropesa Romero, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del XIV Distrito Judicial con residencia en Córdoba, Veracruz.

Finalmente, Miguel Ángel Platas Mejía y Alfredo Salomón Salazar, fundadores de 1000 Pelotas para ti, ofrecerán, respectivamente, “Datos duros de la separación forzada de niños por divorcios contenciosos” y “La impotencia de perder a un hijo vivo en un tribunal familiar”.

Durante la última sesión del Seminario de actualización para asesores y asesoras legislativos en materia de Derechos Humanos, realizada en la sala “Jesús Reyes Heroles”, del Congreso del Estado, se abordó el tema de “Derecho a la verdad, derecho a la reparación por violaciones a los Derechos Humanos y Derecho de Acceso a la Justicia”, por la doctora Adriana Pozos y el maestro Arturo Márquez Murrieta, quienes abordaron el tema y sobre el que desarrollaron sus ponencias.

Por su parte, la doctora Adriana Pozos Barcelata, quien es jefa del Departamento de Análisis de Contexto, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, realizó durante su exposición, un recuento histórico de la génesis de la desaparición de personas, desde que se le llama así, hasta el contexto actual, con una visión del fenómeno a través de su internacionalización y su llegada a Latinoamérica.

El maestro Arturo Márquez Murrieta, se desempeña actualmente en la Oficina del C. Gobernador del Estado, y su participación en esta sesión del Seminario, que se realizó en torno al tema de las víctimas, a sus derechos como tales, y sobre el marco jurídico en apoyo a éstas.

El artista plástico Víctor Ruiz-Acosta presenta parte de su obra en el Palacio Legislativo. Sagrado & Salvaje es el nombre de la exposición inaugurada este miércoles en uno de los pasillos del recinto, donde estará abierta al público hasta este 12 de noviembre.

En 12 piezas en técnica mixta, impresión giclée y acuarelas, plasma experiencias personales y representa problemas a través de animales. Esperanza, Zongolica, Los niños y el mar, La dama, Conductores suicidas, El borde entre la vida y la muerte, Hallelujah y Domingo son algunos de los títulos.

Sagrado & Salvaje muestra algunos proyectos editoriales que Víctor Ruiz ha desarrollado en los que trata de representar cuestiones que para él son al mismo tiempo sagradas y salvajes y todas las experiencias de la vida de las personas que transcurren en esos dos ámbitos.

De acuerdo con el autor, un ejemplo es la obra titulada Problemas, que trata de significar a éstos como un elefante blanco. “Están siempre en un lugar y los vemos todo el tiempo y los llevamos cargando a todos lados, pero no hacemos nada por resolverlos”.

Consideró importante que el espectador cuente con obra plástica de todo tipo, no sólo de fotografía, sino también de ilustración, como parte de las técnicas de arte contemporáneo modernas y que, además, pueda encontrarles una utilidad y un valor agregado.

Víctor Ruiz-Acosta estudió Psicología y Artes Plásticas en la Universidad Veracruzana, comenzó su carrera como artista profesional en 2014 y ha desarrollado arte para proyectos musicales, publicitarios, colectivos, libros y revistas.

En el inicio del segundo año de esta Legislatura, renovamos nuestro compromiso de trabajar para fortalecer el Estado de Derecho en Veracruz, en diálogo y coordinación con las distintas fuerzas políticas, expresó el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Luego de encabezar una reunión con la diputada Brianda Kristel Hernández Topete y el diputado Jorge Moreno Salinas, vicepresidenta y secretario del mismo órgano legislativo respectivamente, con quienes analizó diversos asuntos de la agenda local, destacó que existe la voluntad política para llevar adelante los grandes temas que más interesan a la población.

Reconoció que presidir el Congreso es un reto de suma importancia y gran responsabilidad, por lo que ha instado a sus homólogos “a unir fuerzas, siempre teniendo en mente a nuestro estado, sacarlo adelante con políticas que hagan crecer a Veracruz”.

Esto es posible, dijo, estrechando la relación del Legislativo con los poderes Ejecutivo, Judicial y con los organismos autónomos, manteniendo el diálogo, la apertura, el respeto a las instituciones, siempre cumpliendo y haciendo cumplir la Ley.

Posteriormente, Ríos Uribe recibió en su oficina al administrador del Hospital General Córdoba-Yanga, Juan José Pérez Ramírez, al representante del Registro Civil del municipio cordobés, Norman Jiménez Ramírez, y a ciudadanos de diferentes lugares del estado.

“Durante este año de labores, quienes nos visiten recibirán la atención que como veracruzanos se merecen. Las puertas del Congreso están siempre abiertas para todos”, aseguró.

Con el propósito de cumplir en tiempo y forma con lo establecido por el Congreso de la Unión en materia de armonización de la legislación en materia educativa, la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso de Veracruz, presidida por el diputado León David Jiménez Reyes, llevó a cabo una reunión con representantes de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), encabezados por el titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo de esta dependencia, Gilberto de Jesús Corro.

Lo anterior, con la finalidad de coordinarse para una adecuada calendarización de las iniciativas que se pondrán a consideración del Pleno y –confió el legislador León David Jiménez- serán presentadas durante este primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional y que abarca del 5 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020.

Durante la reunión, en la que participó la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, vocal de la misma Comisión, los representantes de la SEV y los diputados refrendaron el compromiso de seguir trabajando para alcanzar los acuerdos necesarios y ajustar la legislación local en materia educativa a las actuales necesidades de las y los maestros.

Estos trabajos son resultado de la cancelación por parte del Congreso de la Unión de la anterior Reforma Educativa y la aprobación de reformas y adiciones a los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, el pasado 14 de mayo, el Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó, con 34 votos, la Minuta proyecto de decreto –remitida por el Senado de la República- en la que se establece que corresponde al Estado la rectoría de la educación y que la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Refiere que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.

Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente.

Participaron en la reunión, además del diputado León David Jiménez, la diputada Adriana Esther Martínez y personal de la SEV, colaboradores de las y los diputados y asesores del Grupo Legislativo de Morena.

El diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, atendió a agentes municipales, encabezados por la regidora quinta del Ayuntamiento de Altotonga, María Elena Baltazar Pablo y la legisladora del Distrito IX, de Perote, Ivonne Trujillo Ortiz, quienes expusieron lo que –a su consideración- representa diversas irregularidades al interior de la administración municipal de Altotonga.

Las y los ciudadanos expresaron que no son tomados en cuenta en la planificación de obras que son de gran importancia para el municipio y prevén que haya un presunto daño patrimonial.

Al respecto, el legislador Ríos Uribe señaló que en Veracruz no se tolerarán acciones fuera de la Ley cometidas por ninguna autoridad. “Hoy vivimos nuevos tiempos, donde la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el crecimiento”, les dijo.

De igual manera, informó que, conforme al procedimiento legislativo, esta denuncia continuará su curso. Será turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia y se dará cuenta a la Secretaría de Fiscalización de esta Soberanía para lo conducente. Además –agregó- se hará un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que, a su vez, exhorte a la autoridad municipal de Altotonga, a fin de que favorezca una mayor apertura ciudadana.

Indicó que este Congreso es respetuoso de la autonomía municipal, “pero también vamos a garantizar que la aplicación de los recursos públicos se dé en cumplimiento a los mandatos legales, donde la ciudadanía debe ser tomada en cuenta en la formulación de los programas anuales de obra pública y de los servicios”.

“El diálogo es la mejor herramienta para superar diferencias. Necesitamos que nuestros municipios concilien intereses y que, en común acuerdo con la sociedad, diseñen el desarrollo urbano y social de sus demarcaciones”, concluyó.

Como un gran logro de las mujeres veracruzanas, calificó la diputada Mónica Robles Barajas la aprobación del dictamen que determina que la violencia política en razón de género sea causal para declarar nula una elección. “Para Veracruz éste es un momento histórico para nuestra vida democrática”, expresó desde la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones.

Este martes 5 de noviembre, con 36 votos a favor, el Congreso del Estado avaló el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y Para la Igualdad de Género, por el que se adiciona una fracción VIII y un párrafo IV y se reforma el párrafo segundo del artículo 396 del Código Electoral del Estado.

Mónica Robles es coautora de la iniciativa de decreto suscrita por 23 diputadas integrantes de diversos grupos legislativos y a la que se adhirieron los integrantes de las bancadas de Morena y Del Lado Correcto de la Historia, el pasado 18 de julio, cuando la misma legisladora la dio a conocer en sesión ordinaria.

A propósito de la aprobación del dictamen, la Presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales dijo que este paso representa la consolidación de todo un proceso que inició con la colaboración de la sociedad civil organizada, el Instituto Nacional Electoral, la academia y el Poder Legislativo.

“Hablar de violencia política contra las mujeres es hacer referencia a conductas que tienen la intención de menoscabar el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de participar en los asuntos políticos y que, en ocasiones, como lo hemos atestiguado desafortunadamente en Veracruz, pueden llevarles a la muerte”, puntualizó.

Este tipo de violencia –abundó- constituye una forma cobarde de truncar, mediante prácticas discriminatorias absolutamente reprobables y condenables, las legítimas aspiraciones de servir a la sociedad a través de un cargo de elección popular.

“Como en toda expresión de violencia, era ya inaplazable actuar en torno a la búsqueda, diseño y ejecución de soluciones para frenar y erradicar la violencia política en razón de género, porque ni multas ni riesgo de prisión ni llamados a la razón con la Ley en la mano han detenido la violencia política de género ni en Veracruz ni en el país”.

Robles Barajas dijo también que no había mejor camino para lograr tal objetivo que el de proponer el establecimiento de la violencia política en razón de género como causal para declarar nula la elección de gobernador, diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio.

“No puede haber democracia exitosa si no es igualitaria, incluyente, efectivamente representativa, legal, legítima y respetuosa de las voces y anhelos de las mayorías y las minorías, que deben ser consideradas y atendidas en sus reclamos y propuestas”, concluyó.

En entrevista, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete del Grupo Legislativo MC-PRD, se manifestó contenta y emocionada por la oportunidad de ser parte de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura para este segundo año de ejercicio constitucional, toda vez que las mujeres son tomadas en cuenta para este tipo de cargos.

Destacó que junto con los compañeros diputados que integrarán con ella la Mesa Directiva, tiene la certeza que podrán hacer un gran equipo de trabajo, logrando consenso y diálogo, viendo siempre en beneficio de los compañeros diputados pero sobre todo de las y los veracruzanos.

En cuanto a sus expectativas para este segundo periodo, la legisladora señaló que su enfoque principal es trabajar en armonía procurando el constante diálogo y consenso con cada uno de los grupos legislativos.

Hernández Topete, puntualizó sentirse muy comprometida con las mujeres ya que desde la Vicepresidencia de la Mesa Directiva se encuentra en un espacio representándolas; anunció que en lo personal estará presente de los temas importantes y que son de interés para este sector.

Aseguró que es un gran reto ser contemplada para este cargo lo que la impulsa a seguir trabajando y preparándose para que las veracruzanas puedan sentirse muy orgullosas de estar representadas en este espacio.

Finalmente, dijo que el estar trabajando en la Mesa Directiva es como estar trabajando en cualquier Comisión, y aunque ahora no las podrá tener, seguirá estando cercana a la gente pues las puertas de su oficina siempre estarán abiertas para quien lo necesite.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC), secretaria de la
Comisión de Gobernación y Población, aseguró que el incremento de recursos en
programas sociales no ha disminuido la pobreza, y no debe invertirse en aquellos
que no dan resultados.

Durante el foro “Índice de desempeño de programas públicos
federales”, la legisladora, quien lo organizó, sostuvo que se requiere una
revisión para que los recursos de los programas que no han funcionado sean
utilizados en otros temas.

“Los indicadores señalan que la mayoría de programas no
aprobaron la evaluación, son opacos y la opacidad puede llevar a la corrupción,
por lo que en este presupuesto se le puede dar la vuelta a esto”.

Tagle Martínez dijo que aún hay programas presupuestados
para el siguiente ejercicio que reprobaron las evaluaciones o son opacos, por
lo que la Cámara de Diputados debe retomar la facultad de darle seguimiento al
gasto a lo largo del año.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo señaló que se pueden
hacer mil observaciones, “pero si no se hacen en el lugar adecuado es hablar al
aire”. Preguntó si existe vinculación entre los programas opacos y aquellos que
no sirven. “¿Qué se debe hacer para que en donde están los grupos más
vulnerables del país no sigan existiendo estas fugas?”

Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, aseguró que en
el PEF 2020 se ven más programas importantes que sólo se rigen por lineamientos
frágiles, que no establecen población objetivos, metas a alcanzar ni
estrategias de atención. “En el 2020 nos vamos a enfrentar a un empobrecimiento
de los sistemas de seguimiento y evaluación del gasto en general,
particularmente de la política social”.

Thania Paola de la Garza Navarrete, directora general
adjunta de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), comentó que las mujeres indígenas del ámbito rural
son las que tienen las brechas más grandes de desigualdad. “Si las comparamos
con hombres urbanos no indígenas la diferencia es de 50 puntos porcentuales”.

Por ello, es necesario de orientar más recursos a estos
grupos, distribuidos mediante políticas y programas que decida el gobierno.

Antes de discutir la parte programática del PEF, deben
señalarse las prioridades a atenderse y los objetivos que quieren lograrse. “El
problema de México es más la desigualdad”, sostuvo.

Dijo que la evaluación y generación de evidencia es una
apuesta segura para mejorar la política pública a mediano y largo plazos. “Cada
día los ejecutores de programas retoman esa información para mejorar”.

Alfredo Elizondo Rosales, coordinador general de GESOC AC,
que analiza la calidad del diseño de programas sociales, su capacidad para
cumplir con las metas y la cobertura de población beneficiaria, explicó que la
calificación promedio de los 117 programas considerados en el Índice de
Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) —sin contar cinco que se
encuentran en la clasificación de “Caja negra” y que por su opacidad impiden
calcular su desempeño— fue de 64.27, y 44 reprobaron en su calificación final.

Al presentar el INDEP 2019, señaló que se encontraron 12
programas en un nivel de desempeño óptimo, que obtuvieron una calificación de
89.74 por ciento; entre ellos está el Sistema Nacional de Investigadores,
Seguro Popular, Becas de Posgrados y Apoyos a la Calidad.

Los programas con Nivel de Desempeño Alto Potencial fueron
10 y alcanzaron una calificación de 79.44, entre ellos está el programa Pensión
para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Prevención y Control de
Enfermedades. Propuso incrementar su presupuesto, pues cada peso será una
inversión justificada.

Los nueve programas con Nivel de Desempeño Mejorable, entre
los que se encuentra el programa para el Desarrollo del Personal Docente, el de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el de Formación y
Capacitación de Recursos Humanos para la Salud, obtuvieron una calificación de
83.92. Planteó que antes de incrementar recursos, el Congreso piense en una
agenda que eleve su calidad y fortalecer la capacidad de gestión.

Los 43 programas con Nivel de Desempeño Escaso, entre ellos
IMSS-Bienestar, Protección y Restitución de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y el de Derechos Indígenas, obtuvieron una calificación de 53.27.
Refirió que no se justifica un incremento presupuestal, sino hacer una revisión
integral para mejorar su calidad de diseño y fortalecer su avance de metas.

De los programas evaluados, 43 reflejaron dispersión
programática y presupuestal, como el de Apoyo a la Vivienda, apoyo a Pequeños
Productores y el Nacional de Inglés, alcanzaron una calificación promedio de
60.52. “Son ejemplo de la dispersión de esfuerzos del gobierno para responder a
los problemas sociales relevantes, por lo que se recomienda una revisión
integral de la política social para identificar los que recibirán más
presupuesto y aumentar su cobertura.

Expresó que 81.98 por ciento de los programas sociales del
gobierno federal, que representan 55.76 por ciento del total del presupuesto
asignado a programas sociales de 2019, no permiten estimar su desempeño debido
a su opacidad, o bien, no tienen posibilidad de resolver el problema público
que abordarán, por la dispersión programática y presupuestal o condiciones de
opacidad que tienen.

Elizondo Rosales refirió que el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2020 se inserta en un contexto fiscal limitado por la desaceleración
en el crecimiento económico y por los bajos precios de los hidrocarburos,
factores que restringen la capacidad para aumentar el presupuesto público y
reorientarlo a la ampliación de la administración.

Pidió que la Cámara de Diputados dote de mayor racionalidad
las asignaciones presupuestales de los programas, orientarlas a las carencias
sociales más apremiantes y fortalecer su transparencia y rendición de cuentas.

Propuso endurecer medidas de transparencia y rendición de
cuentas en el Decreto de Presupuesto 2020, a los cinco programas
presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su
desempeño, y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria
conjunta para el año 2020 de 1 mil 416 millones de pesos (mdp), 3.95 por ciento
más que en 2019.

Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 12
programas que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo, y para los que el
Ejecutivo propone una asignación conjunta en 2020, de 124 mil 456 mdp.

Priorizar en los incrementos a los 10 programas que poseen
un Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una
asignación presupuestaria conjunta para 2020 de 250 mil 097 mdp. No aumentar
recursos a programas con medio/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de
mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.

Con 46 votos, el Pleno Legislativo avaló el dictamen presentado por las Comisiones Permanentes Unidas Para la Igualdad de Género y De Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, por el que se busca garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres en el desempeño de trabajos iguales dentro de la Administración Pública Estatal y Municipal, en los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos y ámbitos social y privado.

Dicho dictamen derivó de la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada el 18 de julio del año en curso por la diputada María Candelas Francisco Doce, a nombre del Grupo Legislativo de Morena, y a la cual se adhieren los diputados Juan Manuel de Unánue Abascal, María Josefina Gamboa Torales, María Graciela Hernández Íñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda Andrade.

De acuerdo con el dictamen, se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 35 y la fracción V del artículo 38 y se adicionan las fracciones IX y X al artículo 35, todos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Así, en el Capítulo Tercero titulado De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Económico y Laboral, se determina que “las autoridades y organismos públicos deberán diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza para lograr la igualdad, establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que apliquen políticas y prácticas en la materia”.

Así también, garantizar el otorgamiento de salarios iguales a mujeres y hombres por trabajos iguales, desempeñados en puestos, jornadas y condiciones de eficiencia idénticas, dentro de la administración pública estatal y municipal, poderes Legislativo y Judicial, en los organismos autónomos y en los ámbitos social y privado. Junto con esto, establecer el principio de paridad de género en la conformación de la planta laboral de la administración pública estatal y municipal.

En lo que respecta al Capítulo Sexto, De la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Civil, el Artículo 39 mandata que “para lograr la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito civil, las autoridades garantizarán la promoción de la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en el cuidado de niñas, niños, personas enfermas, personas de la tercera edad y en el trabajo doméstico”.

Nulidad de elección por violencia política en razón de género

La violencia política en razón de género ya es causal para declarar nula una elección de Gobernador, de diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio.

Con 36 votos a favor, el Congreso del Estado avaló el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Organización Política y Procesos Electorales y Para la Igualdad de Género.

El dictamen deriva de la iniciativa de decreto presentada por diputadas integrantes de diversos Grupos Legislativos, y a la que se adhirieron los integrantes de las bancadas de Morena y Mixto Del Lado Correcto de la Historia, el 18 de julio del año en curso, para adicionar una fracción VIII y un párrafo cuarto y reformar el párrafo segundo, todos del artículo 396 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Mónica Robles Barajas, indicó que “no puede haber democracia exitosa si no es igualitaria, incluyente, efectivamente representativa, legal, legítima y respetuosa de las voces y anhelos de las mayorías y las minorías, que deben ser consideradas y atendidas en sus reclamos y propuestas”.

La democracia que nos conduce al progreso, al bienestar, al crecimiento y al robustecimiento del Estado de Derecho –manifestó la Presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales- debe comentarse en la inclusión y participación de las mujeres, quienes, en plenitud de su ciudadanía, tiene que ejercer sus derechos humanos sin pretextos ni condiciones.

“Hablar de violencia política contra las mujeres es hacer referencia a conductas que tienen la intención de menoscabar el ejercicio de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho de participar en los asuntos políticos y que pueden llevarles a la muerte”, agregó.

Este tipo de violencia –definió- constituye una forma cobarde de truncar, mediante prácticas discriminatorias absolutamente reprobables y condenables, las legítimas aspiraciones de servir a la sociedad a través de un cargo de elección popular.

Al determinarse la violencia política en razón de género como causal para declarar nula la elección de gobernador, diputados locales de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, se facilitará la persecución y aplicación de sanciones por parte de la autoridad que corresponda.

Al actualizarse dicha causal, el respectivo expediente se remitirá a la Fiscalía General del Estado para los fines legales que correspondan. La declaratoria de nulidad invalida todos los actos electorales incluidos los resultados. “Tiene que ser la mejor herramienta para contribuir a erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género”.

La coordinadora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), diputada Erika Ayala Ríos, presentó ante el Pleno la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 134 del Código Financiero para el Estado que prevé exceptuar el pago del Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, los derechos por servicios prestados por los institutos tecnológicos superiores, universidades tecnológicas y universidades politécnicas del Estado.

La legisladora indicó que el actual Ejecutivo estatal expidió un decreto, publicado el 13 de diciembre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado, mediante el cual se eximen del Impuesto Adicional, los pagos por concepto de derechos que se generen por servicios prestados por institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y universidades politécnicas, que suman 25 planteles distribuidos en todo el territorio estatal.

Señaló que el referido decreto es similar al emitido por el anterior gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de marzo de 2017.

Refirió que el objeto del citado Impuesto Adicional es la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos. Que son sujetos del mismo quienes realicen los pagos por esas contribuciones; que la base es el importe de los pagos realizados y que se causará y pagará a razón del 15 por ciento sobre dicha base.

Destacó que entre los servicios más comunes prestados por las instituciones tecnológicas se encuentran los relativos a los trámites de expedición de certificados; de fichas de cumplimiento de requisitos para presentar exámenes de admisión o globales y de cédulas de inscripción a licenciatura o de reinscripción.

Así como duplicados de constancias de calificaciones o boletas; de reposición de credenciales; de constancias de servicio social; y de expedición y registro de títulos profesionales.

La diputada Ayala Ríos explicó al igual que en el número de servicios prestados, las tarifas para el pago de derechos no son homogéneas en los diversos planteles, siendo la más alta la del trámite de expedición de cédula para curso de titulación. Ejemplificó que en el tecnológico de Acayucan es de 238 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivale a más de 20 mil pesos.

Con relación a lo anterior consideró conveniente la medida decretada de eximir del pago del Impuesto Adicional, ya que en el ejemplo mencionado, de no existir ese beneficio la persona que tramite la expedición de esa cédula tendría que erogar también alrededor de 3 mil pesos por concepto del impuesto de referencia.

Para evitar conflictos interpretativos acerca de la procedencia o improcedencia de lo plasmado en los decretos citados, el Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM considera que esto debe estar previsto directamente en la ley, con lo que se dará mayor certeza jurídica al beneficio que dicha exención, “sin estar sujeto a concesiones que quieran realizar o no los gobernantes en turno o a temporalidades específicas”, abundó

Con la medida que se plantea –subrayó- se contribuiría a fortalecer la economía de las familias veracruzanas que, en muchas ocasiones, con grandes esfuerzos procuran que sus hijas e hijos accedan a la educación superior para tener mayores oportunidades de desarrollo y un mejor nivel de vida.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Educación.

El diputado José Manuel Pozos Castro presentó ante el Pleno el Informe de labores de la Diputación Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

En su mensaje, pronunciado durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, hizo un reconocimiento a las y los diputados de esta Legislatura, a los coordinadores de los diferentes Grupos Legislativos, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, Cuitláhuac García Jiménez y Edel Humberto Álvarez Peña, respectivamente, a los representantes populares del orden federal y a los senadores de la República.

La Diputación Permanente, elegida por el Pleno de esta Soberanía el pasado 31 de julio, estuvo integrada por los diputados José Manuel Pozos Castro, presidente; Erika Ayala Ríos, vicepresidenta; Alexis Sánchez García, secretario; Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Juan Manuel de Unánue Abascal, Adriana Paola Linares Capitanachi, Florencia Martínez Rivera, Judith Pineda Andrade, Rubén Ríos Uribe y José Magdaleno Rosales Torres, en calidad de vocales.

Durante dicho periodo, que comprendió del 1 de agosto al 4 de noviembre de este año, el total de correspondencia recibida fue de 492 asuntos de diversa índole, provenientes de diferentes autoridades, instituciones y ciudadanos, turnándose según su competencia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a las comisiones permanentes y otras que se trataron por obvia resolución.

Asimismo, se llevaron a cabo 10 sesiones, se convocó a cuatro sesiones extraordinarias y se efectuaron dos sesiones solemnes con motivo de la entrega de la Medalla “Heberto Castillo Martínez 2019” y por el CVI aniversario del sacrificio del senador Belisario Domínguez Palencia.

La Diputación Permanente recibió 28 iniciativas de decreto que reforman y adicionan diversas leyes y ordenamientos, de las cuales, el Ejecutivo estatal presentó un proyecto, relativo a modificar el Código de Derechos y la Ley del Ejercicio Profesional de la entidad, con la finalidad de que los títulos profesionales y grados académicos se emitan de forma electrónica, tal como se dispone a nivel federal.

Por otra parte, fueron presentadas 25 iniciativas por las diputadas y diputados. La Jucopo presentó dos iniciativas para reformar la Constitución Política en materia de paridad de género y para ajustar las fechas de inicio y conclusión de los periodos de sesiones de esta Soberanía y las de inicio y conclusión de funciones de las autoridades estatal y municipales.

En lo que se refiere a iniciativas, el Grupo Legislativo de Morena presentó 10, con el propósito de modificar disposiciones de carácter civil, de igualdad sustantiva y paridad de género, de naturaleza penal, de reconocimiento a la Universidad Veracruzana (UV), de adecuación de Unidades de Medida y Actualización (UMA), de protección al medio ambiente y de procuración de justicia con enfoque de género.

Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), se conocieron cinco propuestas para reformar ordenamientos relacionados con el Turismo, las prácticas parlamentarias adoptadas en este Congreso, así como la coordinación institucional entre poderes.

Las y los diputados del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México presentaron cuatro proyectos de reformas en materia de disposiciones fiscales, de intervención de esta Soberanía en trámites de agentes y subagentes municipales, así como en materia de salud y derechos humanos.

El disuelto grupo legislativo mixto Del Lado Correcto de la Historia, en voz de la diputada Florencia Martínez Rivera, presentó la iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, y la que Regula las Construcciones Públicas y Privadas.

Asimismo, el grupo legislativo mixto movimiento Ciudadano–Partido de la Revolución Democrática dio a conocer una iniciativa del diputado Alexis Sánchez García, cuya finalidad es actualizar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable de Veracruz.

A título personal, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui planteó una reforma a la normativa interior del Congreso para regular los procedimientos de prórrogas y excitativas que se formulen para dictaminar las iniciativas que sean presentadas.

Por su parte, las y los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas propusieron modificaciones a los Códigos Hacendarios General y particulares, con el objeto de exentar del pago de derechos por servicios de inhumaciones y referendo de fosas, a las víctimas indirectas del delito de desaparición forzada. Propuesta dictaminada y aprobada durante la Quinta Sesión Extraordinaria.

En lo que respecta a diferentes sujetos legitimados para iniciar proyectos de reforma, se recibieron las propuestas del Ayuntamiento de Cosoleacaque, en materia de contribuciones municipales y UMAs, así como del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para realizar notificaciones electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional.

Por otra parte, diputados de diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso presentaron un total de 10 anteproyectos de punto de acuerdo, mismos que fueron turnados a la Junta de Coordinación Política para los efectos procedentes. De dicho órgano, surgieron cuatro proyectos de punto de acuerdo, entre los que destacan haber llamado a comparecer a los integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, así como la separación temporal, como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, del Fiscal General del Estado.

De igual manera, se formularon siete pronunciamientos relativos a asuntos de interés general de los que debía conocer esta Soberanía.

Además, las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, Gobernación, Hacienda del Estado, Hacienda Municipal, Organización y Procesos Electorales, Para la Igualdad de Género, y de Trabajo y Previsión Social emitieron 67 dictámenes, mediante los cuales se resolvieron diferentes asuntos.

Finalmente, en el mismo periodo, la Diputación Permanente emitió cuatro convocatorias para la celebración de periodos de sesiones extraordinarias del Pleno de esta Soberanía, en los que se trataron los asuntos como la elección de la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la designación del Encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el nombramiento de magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado, la aprobación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2020, la no aprobación de las Cuentas Públicas y los Informes General y Particulares de los Entes Fiscalizables del ejercicio 2018, así como la elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Legislatura.

La LXV Legislatura de Veracruz aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 25 de julio por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, que reforma la fracción III del artículo 23 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado que establece un perfil profesional y una adecuada capacitación como requisito necesario para poder prestar el servicio de asistencia médica, psicológica y jurídica a las denunciantes de violencia.

De esta manera, en el capítulo De la Atención a las Víctimas, queda establecido que las autoridades estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención a la víctima consistente en atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita; por profesionales especializados y con la capacitación probada que asegure el trato digno, profesional y de respeto en todos los casos.

Además tendrá que ser en el idioma que hable la víctima y si ésta fuere indígena deberá ser asistida por un intérprete que hable exactamente su misma lengua.

El dictamen, puesto a consideración del Pleno por la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, refiere que la profesionalización y certificación en el tema de violencia contra las mujeres, permitirá que los prestadores de servicios y el o los funcionarios públicos tengan un enfoque diferenciado y especializado que fortalezca el conocimiento.

A su vez permitirá una mayor ramificación de las acciones aplicadas a la problemática concerniente, minimizando así la victimización secundaria, añade.

Este dictamen, presentado durante los trabajos de la primera sesión ordinaria, del segundo año de labores de la LXV Legislatura, registró 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

-Reconocerá Veracruz a los pueblos y comunidades afromexicanas-

En la sesión, el Pleno aprobó el dictamen de decreto que reforma el párrafo séptimo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con lo que se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su denominación, como parte de la composición pluricultural de Veracruz.

Asimismo, tendrán en lo conducente los derechos señalados en el presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión.

Este dictamen, aprobado con 46 votos, es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 30 de mayo el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente del H. Congreso del Estado e integrante del Grupo Legislativo de Morena.

Cabe destacar que al tratarse de una reforma constitucional y tras ser aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, esta reforma será enviada a los ayuntamientos de la entidad y de ser avalado por al menos 107, la LXV Legislatura hará la declaratoria respectiva y sería enviada al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La creación de un Consejo Ciudadano Municipal del Agua en cada uno de los 212 municipios del estado y la aplicación de tarifas fijas y de cuotas preferenciales por consumo para sectores sociales vulnerables, propuso la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, mediante una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Secretaria de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y Vocal de la Comisión de Hacienda Municipal planteó reformar los artículos 4, 15, 33, 36, 99, 100, 101, 102 y 104, realizar adiciones a los artículos 36, 41 y 104 y derogar la fracción III del artículo 38 de la referida Ley.

De acuerdo con la propuesta de Ivonne Trujillo, integrante del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano – PRD, el mencionado Consejo estará conformado por el Presidente Municipal, el Director del Organismo Operador Municipal, el Regidor que tenga a su cargo la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales y el titular del Órgano de Control Interno, en función de Comisario.

Además de cinco representantes de las distintas organizaciones ciudadanas y de usuarios, tres representantes de instituciones académicas y colegios de profesionales, tres representantes de organizaciones de comerciantes, prestadores de servicio o turismo y tres representantes de organizaciones del sector empresarial e industrial.

Destaca el establecimiento de una cuota fija por medidor de agua acorde con las necesidades de cada uno de los municipios, así como tarifas, cuotas fijas y tarifas preferenciales con obligatoriedad a personas de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, jubilados, pensionados, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad física, intelectual o sensorial.

El Consejo Ciudadano Municipal del Agua del organismo operador podrá acordar, otorgar subsidios o tarifas preferenciales por cuanto al pago de los servicios a particulares de escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, previo estudio socioeconómico que deberá realizar el organismo operador o concesionario, así como a dependencias o entidades federales, estatales o municipales, instituciones educativas o de asistencia pública o privada.

A su vez, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) propondrá a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua las cuotas y tarifas fijas que se causen con motivo de la prestación de los servicios, así como de los subsidios que se otorgarán, de conformidad con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Los Organismos Operadores Municipales podrán proponer a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua las cuotas y tarifas fijas, efectuar su cobro en los términos de esta ley y, en su caso, de la legislación fiscal aplicable, y realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para la más completa prestación de los servicios públicos.

La legisladora detalló que el Consejo tendrá la atribución de aprobar y establecer anualmente las cuotas fijas y las tarifas conforme a lo establecido en esta Ley. Con los concesionarios, aprobará las cuotas fijas y tarifas para el cobro de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo.

Las tarifas fijas –aclaró Ivonne Trujillo- deberán ser suficientes para cubrir los costos derivados de la operación, el mantenimiento y administración de los sistemas, la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, la amortización de las inversiones realizadas, los gastos financieros de los pasivos y las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura.

Además, corresponderá al Consejo Ciudadano Municipal del Agua del organismo operador establecer las reglas para el otorgamiento de las tarifas preferenciales y de los subsidios, la forma de acreditación y la condición de que por ningún motivo se extenderá el beneficio del subsidio a más de un inmueble por persona.

Finamente, el Sistema Veracruzano del Agua vigilará la correcta aplicación de las metodologías y dictaminará lo conducente, pudiendo hacer observaciones a los Consejos Ciudadanos Municipales del Agua.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Agua Potable y Saneamiento y De Gobernación para el trámite correspondiente.

El diputado Jorge Moreno Salinas, del grupo legislativo PRI-Verde Ecologista, dijo estar muy agradecido con sus compañeras y compañeros diputados, por haber sido electo para ocupar la secretaría de la Mesa Directiva en el segundo año de labores, el cual dará inicio el 5 de noviembre de 2019.

El legislador, afirmó que ha sido un honor pertenecer a la Mesa Directiva durante el primer año de ejercicio constitucional y sobre todo tener la oportunidad de volver a ser parte para este segundo año, agregó que usará toda su experiencia para que se puedan lograr mayores acuerdos y obtener mejores resultados en esta LXV Legislatura.

Subrayó, que durante este primer año se logró dar trámite a algunos temas que habían quedado rezagados como el nombramiento de los magistrados y cambios en organismos autónomos, además destacó el nombramiento de la ciudadana Delia González Cobos como la primera mujer Auditora General del Orfis.

El legislador Jorge Moreno, calificó este primer año como productivo, sin embargo -reconoció- quedaron algunos temas pendientes que deberán abordarse en este segundo año de ejercicio.

“En este segundo año, con la experiencia del anterior esperemos se logre un mayor trabajo en las bancadas, que puedan salir adelante los dictámenes pendientes por parte de las comisiones, que se puedan dar los acuerdos necesarios que el estado necesita, para que salgan los temas que la ciudadanía reclama y espera pronta respuesta”, dijo.

Finalmente, aseguró que Veracruz es un estado que requiere de su poder legislativo para que realice sus funciones dando resultados tangibles y comprobables para la sociedad, por lo que espera que este segundo año sea más productivo.

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena, rendirá protesta ante Pleno como Presidente de la Mesa Directiva el día de mañana al iniciar el segundo año del ejercicio constitucional.

En entrevista, el diputado Ríos Uribe aseguró que su compromiso es con las y los veracruzanos que depositaron su confianza en él, por lo que “trabajara en armonía por el bien y la gobernabilidad del Estado, y de forma diplomática con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para avanzar en la agenda legislativa de Veracruz”.

Asimismo agradeció a sus compañeros de bancada y así como integrantes de otros Grupos Legislativos que respaldaron su postulación, al mismo tiempo que se comprometió a actuar desde la Mesa Directiva por el interés supremo de la entidad, resguardando ante todo el bienestar de la población.

El legislador por el Distrito XIX, de Córdoba, trabajará en la Mesa Directiva con la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, en la vicepresidencia, y Jorge Moreno Salinas, en la secretaría; quien refrendó el compromiso de atender el trabajo legislativo de todas las fracciones partidistas.

Finalmente, Ríos Uribe reconoció el papel realizado por el diputado local José Manuel Pozos Castro durante el primer año del ejercicio constitucional, calificándolo de un gran demócrata, “al maestro se le admira y resta, hoy asumimos el reto de presidir la Mesa Directiva por el segundo año legislativo, en su momento, habremos de respetar a las mayorías cuando tengamos que renovar la directiva del Congreso”, agregó.

El diputado José Manuel Pozos Castro afirmó que a Veracruz se le puede servir desde una curul o una posición, cualquiera que sea, siempre y cuando exista el compromiso y deseo de servirle.

Lo anterior al anunciar, durante los trabajos de la Décima Sesión Ordinaria, su desistimiento de participar en el proceso para la conformación de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que comprenderá del 5 de noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020.

“Me voy contento y convencido de que en esta transformación se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y cariño a Veracruz”, expresó el legislador, y agregó: “Es momento de brindar oportunidades a otras personas”.

Ante los integrantes de la Diputación Permanente, reiteró su agradecimiento a todos las y los diputados, de manera especial a los coordinadores de los grupos legislativos, y reconoció el trabajo político y liderazgo del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Legislativo de Morena, diputado Juan Javier Gómez y Cazarín.

A unas horas del inicio del segundo año de esta Legislatura, comentó que se trata de una decisión pensada y tomada con antelación, desde la seguridad de que quienes integren la Mesa Directiva a partir de este 5 de noviembre realizarán un excelente trabajo.

“Hemos sido uno de los congresos más reconocidos en el ámbito nacional. Mi relación con el Congreso de la Unión y el Senado nos ha permitido que Veracruz transite en el cumplimiento de su agenda legislativa, sobre todo con su agenda política”.

El diputado Pozos Castro informó que, de acuerdo con lo previsto en la Ley, este 5 de noviembre, entregará el informe de actividades desarrolladas por la Diputación Permanente y agradeció a los medios informativos y de comunicación la cobertura de dichos trabajos.

Los diputados Rubén Ríos Uribe y Jorge Moreno Salinas, así como la legisladora Brianda Kristel Hernández Topete, fueron elegidos por el Pleno de la LXV Legislatura del Estado como presidente, secretario y vicepresidenta, respectivamente, de la Mesa Directiva que funcionará durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que abarcará del 5 de noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020.

Lo anterior, al ser aprobado con 23 votos el proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), durante los trabajos de la sesión extraordinaria, celebrada este 4 de noviembre, en apego a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

De esta manera, el Grupo Legislativo de Morena mantiene la presidencia de la Mesa Directiva; en tanto Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática (MC-PRD), asume la vicepresidencia y el de los partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), queda en la secretaría.

El proyecto de Punto de Acuerdo de la Jucopo también registró 9 votos en contra, 3 abstenciones y una cédula en blanco.

En la sesión fueron justificadas las inasistencias de las diputadas Montserrat Ortega Ruiz, María Graciela Hernández Iñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, así como la de los legisladores Rodrigo García Escalante, Enrique Cambranis Torres, Juan Manuel de Unánue Abascal y Juan Carlos Molina Palacios.

Este 5 de noviembre a partir de las 11:00 horas la LXV Legislatura del Estado, en el Recinto Oficial de Sesiones, celebrará la primera sesión ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en la que se tiene previsto el Informe de labores del diputado José Manuel Pozos Castro sobre las acciones realizadas al frente de la Diputación Permanente, durante el segundo receso, que abarcó del 1 de agosto al 4 de noviembre de 2019.

Con el respaldo de los Grupos Legislativos de Morena y de Movimiento Ciudadano-PRD, con 31 votos a favor y por primera vez en la historia, la LXV Legislatura del Estado de Veracruz determinó no aprobar la Cuenta Pública 2018 y, por ende, rechazó los informes individuales y el Informe General Ejecutivo, presentados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), el pasado 25 de septiembre.

Lo anterior, con fundamento en los preceptos señalados en la Constitución Política del Estado de Veracruz, de la Ley Orgánica para el Poder Legislativo, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y al considerar que no existen elementos para aprobar la Cuenta Pública 2018.

Asimismo, la LXV Legislatura avaló instruir al Orfis que, en un plazo no mayor a 90 días naturales, efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del procedimiento de fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

Incluyendo la documentación entregada en sede legislativa y emita los correspondientes informes individuales e Informe General Ejecutivo que deberá remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que en los 15 días hábiles siguientes se elabore el dictamen correspondiente y, en su caso, aprobación del Pleno.

Este dictamen, que registró además 12 votos en contra (11 del Grupo Legislativo del PAN y del diputado Gonzalo Guízar Valladares) y una abstención del diputado Erik Iván Aguilar López, señala en las consideraciones que de las reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Vigilancia se observaron numerosas discrepancias entre las aclaraciones y Ia documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones y los montos solventados en las correspondientes revisiones.

De esta manera –refiere el documento- no ha sido posible evaluar efectivamente los resultados de Ia gestión financiera de dichos entes fiscalizables, comprobar si se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto ni verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Razón por la que se enfatiza la necesidad de una nueva revisión exhaustiva por parte del Orfis a la Cuenta Pública 2018, apegada a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad establecidos por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, añade.

-Debate-

En la etapa de posicionamientos y en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Eric Domínguez Vázquez manifestó que, una vez realizado el análisis de todos los entes fiscalizables y ante diversas inconsistencias y poca confiabilidad de los resultados presentados por la anterior administración del Orfis, los diputados de Morena que integran la Comisión Permanente de Vigilancia acordaron no aprobar en su totalidad la Cuenta Pública 2018.

Lo anterior, señaló el Presidente de la Comisión de Vigilancia, con la finalidad de que esta Soberanía instruya una nueva valoración de toda la documentación aportada por los 328 entes fiscalizables en la etapa de solventación del pliego de observaciones.

Tras anunciar el voto a favor del dictamen, indicó que esto tiene el firme objetivo de transparentar y dar certeza a todo el pueblo de Veracruz sobre el uso y destino que se le dio a los recursos públicos durante el año 2018. “En el Grupo Legislativo de Morena, estamos seguros de que en coordinación con la nueva titular del Orfis, podremos llevar a cabo una nueva revisión de las cuentas públicas con mayor confiabilidad y transparencia”, abundó.

Por el Grupo Legislativo del PAN, el diputado Rodrigo García Escalante dijo que “el proceso de fiscalización conlleva una serie de etapas que los entes fiscalizables deben respetar, sometiéndose a diferentes auditorias y debiendo solventar las observaciones y recomendaciones que el Orfis realiza, todo con la finalidad de permitir la transparencia en la rendición de cuentas de los recursos públicos”.

Participaron en el debate en lo general los diputados del PAN, Bingen Rementería Molina, Rodrigo García Escalante y María Josefina Gamboa Torales, y por Morena, Mónica Robles Barajas, Rubén Ríos Uribe y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

Durante su novena sesión, la Diputación Permanente de la LXV legislatura dio entrada a la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos y de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que, en el marco de sus atribuciones legales, envió y puso a consideración de este Poder el magistrado presidente de ese Tribunal, Pedro José María García Montañez.

Esta iniciativa tiene como finalidad la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional en los Juicios Contenciosos Administrativos, así como del Juicio en Línea, en atención a la dispersión geográfica de la población en el estado.

Así como la centralización de la justicia administrativa en la ciudad capital, el volumen de promociones a las que debe recaer un pronunciamiento por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y el universo de acuerdos cuya comunicación debe realizarse a las partes interesadas conforme a la normatividad aplicable.

Una correcta y eficiente impartición de justicia en estas condiciones -destaca la reforma- requiere el uso regulado de las tecnologías de la información, a través de mecanismos que garanticen el acceso a la justicia a aquellas personas que radican en municipios y poblaciones alejados de la ciudad de Xalapa.

Esto permitirá que la justicia en sede administrativa esté al alcance de más personas en la entidad veracruzana, mediante acciones que consideren la reducción en los costos por traslados físicos o envíos por correo –tradicional o escrito- a las oficinas del Tribunal, refiere.

De acuerdo con la iniciativa, resulta fundamental actualizar las disposiciones que permitan la utilización de las tecnologías de la información en los juicios que son competencia de ese Tribunal, como es la Internet, y la realización de notificaciones electrónicas a través del Boletín Jurisdiccional; modalidad que considera conveniente, tomando en consideración que éste funciona de forma adecuada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que la experiencia y el funcionamiento en el ámbito federal son susceptibles de utilizarse como referente para el caso de Veracruz.

La impartición de justicia en la entidad debe transitar hacia la actualización progresiva de los procedimientos, a fin de permitir la posibilidad de que los justiciables opten por el uso de las tecnologías de la información a su alcance, de forma adecuada, segura y confiable, debidamente instrumentada, en observancia de los principios de objetividad, profesionalismo, certeza jurídica, transparencia, austeridad y excelencia en el servicio, expone el documento.

Esta iniciativa de decreto fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

A rescatar los valores del constitucionalismo transformador, a encontrar la ruta equilibrada entre la fuerza del Estado, los derechos de las personas y la función protectora, bajo los límites del derecho y el beneficio de todos, convocó la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, al darles la bienvenida a los asistentes y ponentes al foro de la Actuación Policial en el Uso Legítimo de la Fuerza, cuyos trabajos son posibles gracias a la actividad conjunta entre los tres poderes de la entidad.

El propósito de este encuentro, destacó Linares Capitanachi, es reconocer y discutir a fondo, desde los diversos enfoques institucionales y académicos, que el uso legítimo de la fuerza del Estado, a través de sus instituciones policiales y el ejercicio de la función de seguridad, deben ser una decisión estratégica y razonada, basada en la utilización de técnicas, tácticas y métodos profesionales y objetivos, exclusivamente para controlar, repeler o neutralizar actos que atacan o amenazan bienes jurídicos protegidos.

Correspondió al presidente municipal de la ciudad de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, hacer la declaratoria inaugural del foro, en el cual agradeció a los ponentes por compartir sus conocimientos.

“El fin es tener excelentes equipos de seguridad, que los conocimientos compartidos este día permitan un mejor desempeño de los cuerpos policiales, que en Veracruz, como en el país, existe el compromiso por impulsar una cultura de paz, una cultura de la legalidad, que nos permita avanzar hacia un Estado en que todas las personas cuenten con seguridad y la protección de sus derechos”, agregó.

Posteriormente, dieron inicio las mesas de trabajo, la primera, Marco jurídico del actuar policial, fue moderada por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, y participaron en la misma, el Magistrado Raúl Pimentel Murrieta y el licenciado Ernesto López Portillo Vargas; con los temas La justificación del actuar policial desde el ámbito jurídico penal mexicano y los tratados internacionales y Generalidades y principios jurídicos a los que debe sujetarse el uso legítimo de la fuerza, respectivamente.

En la segunda mesa de trabajo, denominada Uso legítimo de la fuerza policial en México, participaron el doctor Alejandro de la Fuente Alonso, con el tema Significado y consecuencia del uso excesivo de la fuerza policial, y el maestro Bernardo M. Sánchez Vigil, abordó el tema de los Derechos Humanos en México.

La tercera y última mesa, El actuar policial y los Derechos Humanos, contó con la participación del licenciado Francisco Felipe Villa Campa, y abordó El actuar policial desde el punto de vista de las Instituciones de Seguridad Pública.

En cumplimiento a la convocatoria, aprobada el pasado 11 de octubre por el Pleno de la LXV Legislatura, inició el proceso de entrevistas a seis de los once aspirantes registrados para ocupar la titularidad de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para un periodo de cinco años.

Correspondió a los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez García, secretario y vicepresidente respectivamente de la Mesa Directiva, entrevistar a Rafael Ambrosio Caballero Verdejo, Luis Ignacio Correa García, Miguel Ángel Cruz Vega, Norberto Mario Gallegos Hipólito, Rolando Guzmán Hernández y José Alberto Hernández Melgarejo.

Reunidos en la sala de sesiones Venustiano Carranza, los legisladores cuestionaron a los ciudadanos mencionados en relación con los principales ordenamientos jurídicos que rigen el Sistema Estatal Anticorrupción, el proceso de entrega-recepción de las unidades administrativas, las principales atribuciones de la Contraloría General de la FGE y qué acciones propondrían para mejorar este órgano, en caso de ser elegidos para el cargo.

Los aspirantes detallaron su formación académica y los principales cargos que han ocupado y que están relacionados con la materia, su participación en la evaluación y el manejo de los recursos públicos, así como con responsabilidades administrativas.

En este ejercicio de transparencia y legalidad, los diputados formularon sus preguntas a los aspirantes, quienes contaron con tres minutos para responder cada cuestionamiento. Al término de cada entrevista, se les agradeció su interés y se informó a cada uno que, en caso de pasar a la siguiente fase, se le notificará con anticipación.

Este procedimiento para elegir al titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado es resultado de la renuncia, con carácter de irrevocable, que presentó al cargo la ciudadana María del Pilar Beltrán Cisneros.

Este miércoles 30 de octubre, a partir de las 12:00 horas, continuará el proceso de entrevistas con los cinco aspirantes restantes que son: Osbal Moncayo Martínez, Claudia

Pérez Burguete, Carlo Omar Rizo Contreras, David Sánchez Barradas y Hernán Solís Contreras.

Al dar la bienvenida a los asistentes al foro Hacia una Cafeticultura Sustentable en Veracruz, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui expresó que este espacio tiene como fin discutir, con los representantes de las 10 regiones productoras de café del Estado, los intereses comunes como el precio del café, el bienestar de los productores, los problemas ambientales y la sostenibilidad.

Ante la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín y del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Eduardo Cadena Cerón, la legisladora Lagunes Jáuregui dijo que es de alta prioridad atender lo relativo a la renovación de las fincas, el aumento a la productividad, la trasferencia técnica y tecnológica, así como la capacitación, la gestión oportuna y transparente de apoyos y el impulso a la calidad del aromático.

La diputada invitó a los involucrados a aportar experiencias, conocimientos y capacidades para la construcción de una reforma integral a la Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano.

Informó que hay una Comisión de Redacción, instancia encargada de la creación del proyecto de iniciativa para la reforma integral a la Ley, y que con el apoyo de la Comisión Especial se fortalecerán todos los eslabones de la cadena productiva cafetalera de la entidad. “Esta es una oportunidad de unir esfuerzos para que en el campo nos vaya mejor, en particular, le vaya mejor a las y los cafeticultores”, agregó.

La presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Comercialización del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, del Congreso del Estado, Nora Jessica Lagunes pidió aprovechar el foro y revisar las prioridades, sumar capacidades y promover el reconocimiento de la actividad cafetalera. Asimismo convocó a trabajar unidos a favor de la calidad, de la productividad, de la comercialización, sustentabilidad, sostenibilidad de las fincas y de los procesos que fortalezcan al sector.

Con la asistencia de los diputados Jorge Moreno Salinas, Raymundo Andrade Rivera y Omar Miranda Romero, así como las legisladoras Deisy Juan Antonio e Ivonne Trujillo Ortiz, el diputado Juan Javier Gómez explicó que la Comisión Especial del Café fue

creada por acuerdo de todas y todos los diputados de la LXV Legislatura en diciembre de 2018 y que es una instancia plural, toda vez que está representada por las distintas fuerzas políticas.

“Yo creo que el mejor café de Veracruz es el de los Tuxtlas, pero habrá quien piense que el mejor sea de Huatusco, de Misantla, Huayacocotla, Córdoba o Coatepec, pero en lo que sí nos ponemos de acuerdo las y los diputados es en escuchar a los protagonistas de la industria del café”, detalló.

Por lo anterior, el diputado Gómez Cazarín subrayó que habrá de legislarse en coherencia con los desafíos, necesidades y propuestas de los productores de café, “pero esto se logrará escuchando a los especialistas, sus inquietudes y problemáticas que viven todos los días. El segundo estado productor de café en el país merece que construyamos un marco legal que respalde a este sector”.

Manifestó que la industria cafetalera es y ha sido un orgullo de Veracruz por dos siglos, por lo que está en manos de todos impulsarla y protegerla para que las próximas generaciones sigan sintiéndose orgullosos de su café y viviendo de su industria.

Posteriormente se desarrollaron, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, las ponencias La cafeticultura veracruzana en un nuevo escenario agroalimentario, a cargo del doctor Esteban Escamilla Prado; Iniciativa de Ley para el desarrollo sustentable del café, impartida por el diputado federal Juan Enrique Farrera Esponda y Proyecto de reforma integral de la Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano, por la doctora Estela Cessa Flores.

Asistieron la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema), María del Rocío Pérez Pérez; la diputada federal Zaira Ochoa Valdivia; el agrónomo e investigador especialista en cafeticultura integral sustentable, doctor Esteban Escamilla Prado, así como funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipales, investigadores y público en general.

“Es momento de construir en la frontera una puerta con doble chapa, una que le permita a México seguir cumpliendo su compromiso de contener el flujo ilegal de personas y estupefacientes, y otra donde los Estados Unidos despliegue su capacidad operativa y tecnológica para frenar el flujo de armas. La frontera no puede ser una puerta que cierre sólo de un lado”, afirmó el diputado federal Héctor Yunes Landa durante su participación en la LIV Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.

El combate a la inseguridad y la delincuencia organizada exige frenar el tráfico de armas en la frontera con Estados Unidos. “Sólo tendremos éxito si se garantizan esfuerzos compartidos por encima de las responsabilidades individuales”, dijo el legislador veracruzano ante los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Yunes Landa asistió a este encuentro parlamentario como vicepresidente del Grupo de Amistad con EU y secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Explicó que si bien la decisión del gobierno mexicano de desplegar casi una tercera parte de los elementos de la Guardia Nacional al cuidado de nuestras fronteras “ha dado buenos resultados a la política migratoria de los Estados Unidos, ha disminuido de manera muy importante la capacidad del Estado mexicano en tareas de seguridad y combate a la delincuencia.”

Actualmente, informó, 21 mil elementos de los 72 mil que son el total del personal operativo de la Guardia Nacional están concentrados en tareas de vigilancia de nuestras fronteras.

En su intervención, dijo que se requiere de una visión más amplia de la seguridad, en donde el desarrollo tenga un carácter prioritario como solución a la violencia. “La pobreza empodera al crimen; el bienestar empodera a la democracia”.

Dijo que un paso importante en la lucha contra estos grupos delincuenciales se logrará cuando ambos países consoliden una estrategia integral que incluya un verdadero control del tráfico de armas. Actualmente, señaló, la Browning M2 calibre .50 -una de las más poderosas utilizadas por la infantería de Estados Unidos-, la Barret calibre 50 así como los AR15, AK47, bazucas, morteros, granadas y lanzacohetes, todas ellas de origen estadunidense, son ya parte del arsenal básico de la mayoría de los grupos del crimen organizado.

Por otra parte, lamentó que en los casos de criminales que han sido detenidos y extraditados por el gobierno de México, los procesos judiciales se han desarrollado desde una narrativa “que desprestigia más a nuestro país que a las organizaciones criminales. El mismo juicio de Joaquín Guzmán es la prueba más reciente de ello.”

Finalmente, hizo un llamado a sus homólogos estadunidenses para hacer de la circunstancia geográfica un punto de encuentro entre los parlamentarios y no de discordia entre ambos países.

San Diego, CA, Estados Unidos, 27 de octubre de 2019.- El diputado federal veracruzano Héctor Yunes Landa se reunió con el congresista Henry Cuéllar, jefe de la delegación norteamericana, en el marco de la LIV Interparlamentaria México-USA celebrada en San Diego, California, que concluyó este domingo.

El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa que propone diversas medidas para otorgar protección a las personas menores de edad, en caso de que sus progenitores se separen mediante el proceso de divorcio.

En su intervención durante la octava sesión ordinaria del segundo receso de la LXV Legislatura, el diputado, vocal de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto del artículo 157 del Código Civil y un último párrafo al artículo 329 del Código Penal, ambos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En la adición al Código Civil, se establece que “la sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo cual el Juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos”.

Detalla que “la protección para los menores incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos previstos por el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles”.

Diversas sanciones por desobediencia y otros delitos

En la adición al Código Penal, el diputado Rubén Ríos plantea la imposición de entre seis meses y un año de prisión y una multa de hasta 20 días de salario a quien rehúse prestar un servicio de interés público y que la ley lo obligue o desobedezca un mandato legítimo de autoridad.

Asimismo, la aplicación de entre seis meses y dos años de prisión y multa hasta de 40 días de salario a quien impida que la autoridad ejerza sus funciones o resista el cumplimiento de una orden cuya ejecución se lleve a cabo en forma legal. De emplearse violencia física o moral –advierte-, la sanción se agravará hasta en un año.

Considera también que “comete de igual forma el delito de desobediencia y resistencia de particulares y se aplicará la sanción mencionada, a quien tenga o detente la guarda y custodia de hecho o por derecho, de un menor de edad, que se niegue a presentarlo sin causa justificada ante el juez que lo ordene, en las audiencias que se requiera su presencia”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó ante la Diputación Permanente una iniciativa que reforma la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, cuya finalidad es que las comisiones legislativas dictaminen, a favor o en contra, las propuestas y de no hacerlo exista la determinación del Pleno, previa votación, para que se proceda al desechamiento correspondiente de las mismas.

En su intervención, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que las comisiones de este Congreso tienen la encomienda de analizar el contexto de la iniciativa presentada, su vialidad jurídica, social y económica; el impacto que tendría en los destinatarios, las acciones que habrán de llevar a cabo las autoridades para concretarla, las consecuencias que acarrearía en su implementación, entre otros muchos factores que se ponderan al momento de dictaminar.

De esta manera, la diputada Lagunes Jáuregui propone reformar el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que si presentada una iniciativa, de ley o decreto y transcurrido un año, contado a partir de que fue turnada a la comisión respectiva, no es discutida en el Pleno del Congreso -siempre que no conste excitativa presentada para la elaboración del dictamen- se podrá considerar desechada.

Asimismo, de solicitarse prórroga para la dictaminación referida y en caso de concederse, se fijará un plazo para la presentación del dictamen respectivo.

Transcurrido el lapso referido o negada la prórroga solicitada, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso informará al Pleno para que se determine el desechamiento de la iniciativa.

También se prevé incorporar en el citado artículo que tras ser desechada alguna iniciativa de ley o decreto, no podrá ser propuesta de nuevo en el mismo periodo de sesiones. Pero esto no impedirá que alguno de sus artículos forme parte de otra. Esta disposición no regirá tratándose de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

La iniciativa contempla adicionar un último párrafo al artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo para señalar que: presentada la excitativa correspondiente o por la solicitud de una prórroga para la dictaminación referida y en caso de concederse la misma por el Pleno, se fijará un plazo para la presentación del dictamen respectivo.

De no presentarse el mismo, el presidente exhortará de nueva cuenta a la comisión o comisiones correspondientes para motivar su omisión, en el caso de persistir la negativa de dictaminación o cumplirse el plazo establecido en el artículo 51 de la Ley, informará al Pleno para que se determine sobre el desechamiento de la iniciativa.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

La diputada Margarita Corro Mendoza propuso, mediante una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la formulación y ejecución de acciones relativas a la venta y el uso de productos sólidos urbanos plásticos de un solo uso.

Durante la octava sesión ordinaria, del segundo receso, del primer año de ejercicio constitucional, la presidenta de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático presentó dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 1, 3, 6, 7, 173, 174, 175, 176, 177 y 178 de la referida ley.

Bajo el concepto de productos plásticos de un solo uso, la propuesta enumera: bolsas, vasos, popotes, recipientes de comida, cubiertos, aplicadores de todo tipo, globos, embalajes y todo objeto cuyo uso es momentáneo y que tarda cientos o miles de años en degradarse contaminando al planeta.

Define también los plásticos de un solo uso como los objetos fabricados de diferentes polímeros, artefactos o utensilios cuyo uso es temporalmente muy corto y cuya degradación en el medio ambiente es muy larga (de décadas a cientos de años) y contaminante.

Precisa, además, que los residuos sólidos urbanos son los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, de los productos que se consumen y de sus envases, embalajes o empaques, así como los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la referida ley como residuos de otra índole.

La adición al Capítulo V, titulado Manejo y Disposición de Residuos Sólidos No Peligrosos y Plásticos de Un Solo Uso, indica en el artículo 174 que “para el manejo y disposición final de residuos sólidos no peligrosos y de plásticos de un solo uso, los municipios podrán coordinarse o asociarse en la creación de un organismo operador, sentando ellos mismos los lineamientos para su funcionamiento y administración que conlleven a la mejor prestación de sus servicios públicos, bajo la figura jurídica que estimen pertinente”.

El artículo 178 permitirá al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos celebrar acuerdos de coordinación y asesoría con las instituciones correspondientes para: la implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso.

Así como la identificación de alternativas de minimización, reutilización, reciclaje y disposición final de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras. Además la instalación y operación de centros de acopio de residuos sólidos municipales y de plásticos de un solo uso domésticos orgánicos o inorgánicos, para su clasificación, reúso, tratamiento y reciclaje.

La integrante del Grupo Legislativo de Morena añadió que, de acuerdo con el segundo transitorio, los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar sus reglamentos en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para dar cumplimiento al Decreto.

Y el tercero transitorio dispone que este Congreso, en coordinación con el Poder Ejecutivo y la Federación, considere un plazo perentorio para que en 2021 esté prohibida la comercialización y el uso de residuos sólidos plásticos de un solo uso.

Finalmente, precisó que esta ley tiene por objeto la conservación, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, así como la prevención, la reducción en la generación, comercialización y uso de residuos sólidos plásticos de un solo uso y la procuración del desarrollo sustentable.

Esta iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Congreso del Estado, el activista y defensor de los derechos humanos, José Alejandro Solalinde Guerra, presentó el libro Paradigmas del Nuevo Sistema Penal Acusatorio: Los Dilemas de su Implementación, realizado en coautoría con Teresita Reyes Alpirez, Magda Zayas Muñoz, Adriana Morales García, José Alfredo Gómez Reyes y Ángel Rosas Solano.

Ante la presencia del diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, del magistrado Raúl Pimentel Murrieta, así como de estudiantes de la carrera de Derecho de diversas instituciones educativas y público en general, cada uno de los coautores hizo una breve reseña de los temas abordados en su artículo, coincidiendo en la necesidad de mejorar la operación de este sistema, instaurado a partir de 2008.

Con el propósito de homologar disposiciones de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad para el Estado con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en relación con incluir los trastornos de talla como un elemento por el que no debe hacerse distinciones para gozar de los derechos establecidos en el orden jurídico, el diputado Jorge Moreno Salinas, presentó una iniciativa de decreto ante la Diputación Permanente.

El integrante del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) informó que el 12 de julio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el párrafo primero de la citada Ley General, mediante el cual se agregaron los trastornos de talla a las condiciones o características que no deben motivar distinciones para que las personas con discapacidad gocen de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano.

Refirió que la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, que tiene por objeto promover, proteger y asegurar -en condiciones de igualdad- el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, no ha sido reformada en ese mismo sentido.

Por lo anterior, el legislador priista propone en su iniciativa reformar los artículos 2, fracción XI, y 4, primer párrafo, de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad de la entidad, a fin de contribuir a crear una cultura de respeto e inclusión plena de las personas con trastornos de talla en los sectores social, laboral, cultural, educativo y deportivo, entre otros.

Dijo que todo esto se origina a partir del principio constitucional de no discriminación y que las personas con esa condición deban ser, no sólo visualizadas, sino también atendidas para facilitar su vida digna en la sociedad.

“Las personas con talla baja padecen limitantes físicas que les generan exclusiones, marginación y hasta rechazo, que como sociedad civilizada no podemos permitir, como tampoco que su condición les impida una vida plena en igualdad de condiciones que el resto de la población”, detalló.

En el mismo sentido el también secretario de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura recordó que en abril pasado presentó la iniciativa, misma que fue aprobada por unanimidad del Pleno el pasado 6 de junio, mediante la cual se declaró que cada 25 de octubre es el Día Estatal de las Personas de Talla Baja.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó, durante la octava sesión ordinaria, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz en materia de identidad de género autopercibida.

Esta propuesta tiene como finalidad permitir a quienes ostentan una identidad de género autopercibida, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el acta primigenia, obtener sus documentos identitarios a través de un procedimiento administrativo, ajustando la norma a los principios constitucionales federal y local.

En su exposición de motivos, la legisladora aseguró que esta problemática provoca un escenario de potenciales violaciones graves a derechos humanos que, por la interdependencia e indivisibilidad, merman la dignidad, integridad, libre desarrollo de la personalidad y proyecto de vida, al no contar con documentos identitarios que reflejen su real identidad.

La Diputada del distrito V de Poza Rica, añadió que parte de las reformas y adiciones propuestas contempla que las copias expedidas de estas actas no deberán contener referencia de la anotación realizada en el apéndice en el acta original correspondiente.

Asimismo, destacó que los efectos de la nueva acta de nacimiento de identidad de género autopercibida, son oponibles a terceros desde su levantamiento y que no constituye extinción o desconocimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades contraídas con anterioridad al proceso administrativo, los cuales permanecerán inmodificables.

Del mismo modo, que la solicitud de la nueva acta deberá estar basada en el consentimiento libre e informado, confidencial, expedito, tendiente a la falta de fundamento y sin la exigencia de intervenciones quirúrgicas, hormonales o que atente contra la dignidad.

Los requisitos para llevar a cabo este trámite administrativo son: ser de nacionalidad mexicana, tener acta de nacimiento registrada en Veracruz, presentar ante el Registro Civil estatal la solicitud debidamente requisitada en la que se especifiquen el nombre completo y los datos del acta primigenia y el nombre solicitado sin apellidos y, de ser el caso, el género auto percibido.

Además de presentar copia certificada del acta primigenia para efecto de realizar la reserva correspondiente.

Finalmente la legisladora aseguró que tanto la Constitución Federal como la Local, impone a todas las autoridades promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las que personas.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

–Propone la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres por Razón de Género-

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presentó también una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz en materia de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la cual propone que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con fiscales especializadas que atiendan de manera exclusiva los delitos de género, feminicidio y violencia familiar, cuando las víctimas sean niñas o mujeres.

En su intervención la legisladora precisó que en la investigación de estos delitos se requiere de un grado de especialización mayor que comprenda y analice el contexto de la discriminación contra las mujeres por razón de su género, de ahí la necesidad de esta reforma.

Agregó que esta propuesta pretende el fortalecimiento del personal a cargo de estos casos, calidad de la investigación penal, recaudo y protección efectiva de la prueba y la participación efectiva de las víctimas y sus representantes, apegado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, garantizando el derecho al acceso a la justicia.

Precisó que actualmente estos delitos son investigados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas. Sin embargo, -señaló- estas fiscalías tienen que atender diversos delitos que por su propia naturaleza deberían ser atendidos por fiscales con una mayor especialización formal y material, debido a los factores jurídicos, sociales y culturales que intervienen.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas para la Igualdad de Género y de Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen.

Como parte de las actividades del seminario de actualización para asesoras y asesores legislativos en materia de derechos humanos, que coordina la doctora Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH), del Congreso del Estado, se realizó la presentación del tema: Derecho a la Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública, a cargo del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, miembro del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones, de la Universidad de Xalapa (UX).

El doctor Vázquez Azuara señaló que este tema es de la más alta relevancia frente al andamiaje que se está forjando sobre derechos humanos, toda vez que obliga a todas las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, a poder esgrimir ordenamientos jurídicos, disposiciones normativas, que respondan a la cada vez más creciente exigencia de la sociedad.

Dijo que en concreto, desde una visión legislativa, se ponderen cuáles derechos humanos, giran en torno a esta estructura de acceso a la información y protección de datos, y sobre todo, cuáles son las recomendaciones que se pueden generar, para que desde el Congreso, se consoliden normas locales que se armonicen adecuadamente a los espectros nacionales, internacionales.

Sobre todo –abundó- para que las disposiciones contenidas en dichas normas no violen derechos humanos que bajo el principio de interdependencia de los mismos, son también de la más amplia relevancia.

-Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas-

Por otra parte, el doctor Martín Cadena Barajas, quien actualmente funge como catedrático de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana (UV) y de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en el Colegio de Veracruz (Colver), habló sobre Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas, en el que subrayó que es un tema que ha tenido su interés debido a su experiencia laboral y por su relación con áreas de tecnologías de la información.

Además –agregó- porque las comunicaciones privadas están dentro del celular, en los correos electrónicos, en el correo impreso y están protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, el párrafo doceavo de dicho ordenamiento legal, nos dice que “las comunicaciones privadas son inviolables”.

Manifestó que la ley sanciona cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto, cuando sean aportadas, en forma voluntaria, por alguno de los particulares que participen en ellas.

Por lo anterior hizo un llamado a la responsabilidad con que se deben manejar las comunicaciones privadas y con los contenidos de los correos institucionales.

Durante el desarrollo de ambas ponencias, los asesores y asesoras legislativos participaron activamente presentando sus dudas y comentarios, en un enriquecedor diálogo e intercambio de ideas con los ponentes, de esta onceava fecha del Seminario.