Reducen plazos para el registro de recién nacidos en la entidad

Reducen plazos para el registro de recién nacidos en la entidad

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El Pleno de la LXV Legislatura reformó el artículo 681 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con lo que se reducen los plazos para el registro de recién nacidos en la entidad, prevaleciendo el interés superior del menor.

Durante la sesión extraordinaria y con 41 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, este Congreso avaló el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, que es resultado de la iniciativa presentada el 19 de noviembre de 2020 por las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), leída en tribuna por el diputado Jorge Moreno Salinas.

De esta manera, la redacción del Artículo 681 refiere que “tienen la obligación de declarar el nacimiento: el padre y la madre, de manera inmediata, si en el hospital donde nació el menor hubiere módulo del Registro Civil, o dentro de los sesenta días de ocurrido aquél” a diferencia de la anterior redacción que señalaba 180 días. Con esta modificación se da celeridad al procedimiento.

El dictamen refiere que con esta modificación se armoniza el Código Civil con lo previsto tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en términos del plazo del registro en 60 días.

Por otra parte, se amplía la hipótesis de los sujetos obligados a dar aviso al Registro Civil del nacimiento de una persona, quedando de la siguiente manera: “El personal médico, cirujano, de partería y matronas que hubieren asistido al parto tienen obligación de dar aviso por escrito del nacimiento a la persona responsable del Registro Civil, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

“Si el nacimiento tuviere lugar en un hospital o sanatorio particular o público, la obligación estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración, dentro del mismo plazo”.

De acuerdo con el texto del dictamen y con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de los nacimientos registrados durante 2018, un millón 932 mil 085 fueron atendidos en una clínica u hospital (con un incremento de 0.4 por ciento respecto a 2017) y 81 mil 585 en domicilio particular (con una disminución del 0.1 por ciento respecto al año anterior), lo que da viabilidad a la propuesta de reforma.



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Autoriza Congreso donación de terreno en Nogales a favor de la Fiscalía General

Autoriza Congreso donación de terreno en Nogales a favor de la Fiscalía General

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El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, mediante el cual se autoriza al ayuntamiento de Nogales, Veracruz, la enajenación, a título gratuito, de un predio suburbano de propiedad municipal, a favor de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la ampliación del cementerio ministerial y de estacionamiento del servicio médico forense de la Unidad Integral en ese lugar.

Este aval, otorgado por el Poder Legislativo durante la sesión extraordinaria celebrada este jueves, se otorga de conformidad con lo establecido en el Artículo 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, y de manera concurrente, por los párrafos primero y segundo del Artículo 467 del Código Hacendario Municipal para el Estado, por lo que si el bien inmueble se destinara a un fin distinto al señalado, sin necesidad de declaración judicial, se revertirá al patrimonio del municipio de Nogales.

El predio en mención cuenta con una superficie total de 2 mil 014.14 metros cuadrados y está ubicado en la calle Reventón, número seis, dentro de la colonia Los Colorines en la localidad El Encinar, perteneciente al municipio.

Asimismo, en la sesión, las diputadas y diputados le autorizaron al Ayuntamiento de Nogales la donación de un bien inmueble urbano, de propiedad municipal, a favor del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la construcción y el uso exclusivo de una Ciudad Judicial en ese municipio, con la finalidad de que la instalación de ese recinto sirva en beneficio de las y los ciudadanos del Distrito Judicial XV.

La fracción de terreno urbano es deducida de una mayor, de propiedad municipal, con una superficie total de mil 425.00 metros cuadrados, ubicados en el Andador número 1, esquina Andador Rafael Moreno, 1 y 2, Colonia Centro, dentro de la cabecera perteneciente a dicho municipio.



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Con licencia tipo A podrá conducirse también unidades particulares y de carga

Con licencia tipo A podrá conducirse también unidades particulares y de carga

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Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron reformas a la ley con las que se establece que el poseedor de la licencia tipo “A” podrá conducir los vehículos señalados en la tipo B y C, aunado a que se amplía a diez años la vida útil de las unidades destinadas para el servicio de taxi, siempre y cuando cuenten con las adecuadas condiciones mecánicas y de seguridad.

Durante la sesión extraordinaria, celebrada este 25 de febrero, el Pleno aprobó, con 41 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, el dictamen de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, resultado de las iniciativas presentadas por la diputada Magaly Armenta Oliveros y el Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM).

Con esta modificación, queda asentado en el artículo 54 de la Ley Número 589 de Tránsito y Transporte para el Estado que la licencia de chofer tipo “A” autoriza a su titular a conducir vehículos de motor dedicados al servicio de transporte público de pasajeros y los descritos en los dos párrafos subsecuentes (tipo B y C).

Los vehículos que sean utilizados para prestar el servicio de transporte público reunirán las características, condiciones técnicas, mecánicas, electromecánicas, de seguridad e higiene necesarias y deberán portar los engomados respectivos, uniformidad de color por municipio y demás requisitos establecidos.

De igual forma, se establece que la Dirección de Transporte podrá suspender, de uno a tres meses, los derechos derivados de una concesión cuando los vehículos dedicados a la prestación del servicio de transporte público no cumplan con lo establecido en los artículos 47 al 51 de la ley, siempre y cuando el engomado de la verificación vehicular no exceda de seis meses de vigencia, de lo contrario, será causal de revocación.

Por otra parte, fue derogado el Artículo 59 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, que estaba relacionado con la obligación de que conductores y operadores deban portar la licencia de la categoría y tipo que corresponda al vehículo que estén utilizando.

La Comisión dictaminara coincidió con los autores en relación con que no se actualizará la revocación de concesión por no contar con la verificación vehicular y el engomado, sino que se iniciará con la suspensión de los derechos de la concesión, como una medida de apoyo para los concesionarios, a fin que se regulen a la brevedad.





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Aprueban Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia

Aprueban Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia

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La LXV Legislatura del Estado aprobó la creación de la Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultado de la iniciativa presentada a este Poder Legislativo, el pasado 28 de enero, por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Esta nueva Ley, aprobada con 40 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, destaca que la prevención social de la violencia y la delincuencia se entenderá como el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a combatir y reducir los factores de riesgo que favorezcan la generación de la violencia y la delincuencia en perjuicio de la sociedad veracruzana.

De acuerdo con la norma aprobada, la prevención social de la violencia y la delincuencia se llevará a cabo mediante la implementación de programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte, desarrollo urbano y seguridad pública.

También, con la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión, el fomento de la solución pacífica de conflictos, a través de los medios alternativos que determine la normatividad respectiva y con estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y la paz respetando las diversas identidades culturales, incluye programas generales y aquellos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad.

Aunado lo anterior a programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo, especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad o afectación.

En el artículo 10 queda asentado que el acceso a la justicia y la atención a víctimas de violencia y delincuencia debe considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la revictimización, a través de la atención inmediata y efectiva a víctimas de delitos, en términos del impacto emocional y el proceso legal, velando por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria.

Asimismo, con atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente realizada por profesionales, considerando diferentes modalidades terapéuticas, brindando respuesta a las peticiones o solicitudes de intervención presentadas por las víctimas de la violencia y la delincuencia, a través de los mecanismos creados para ese fin y la reparación integral del daño que incluye el reconocimiento público, la reparación del daño moral y material, así como las garantías de no repetición.

Se contempla que el Consejo Estatal de Seguridad Pública sea la máxima instancia para la coordinación y definición de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana. Este Consejo contará con la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública para coordinar e implementar la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, misma que se apoyará en el Centro Estatal, en los términos que señalan las leyes y demás normativa aplicable.

Para llevar a cabo los objetivos y fines del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Consejo Estatal contará con el apoyo de instancias auxiliares en las que participen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que cuenten con atribuciones o ejecuten acciones o programas relacionados con la materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, y con la intervención de organizaciones de la sociedad civil.

La participación ciudadana se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, las organizaciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los Comités de Participación Ciudadana, en los comités escolares, en el Centro Estatal o a través de cualquier otro mecanismo local o legal, creado en virtud de sus necesidades.

Los Comités de Participación Ciudadana son los órganos establecidos con el objeto de coadyuvar en la función pública, conformados por integrantes de la sociedad civil, con la finalidad de colaborar en los procesos de planeación, evaluación y supervisión de las políticas de prevención social de la violencia y de la delincuencia.

Los programas municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana, que deban incluirse en los Planes Municipales de Desarrollo, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos y se sujetarán a las bases que establecen esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Manuel Pozos Castro señaló que esta Ley se armoniza con la disposición general, además que privilegia la participación ciudadana en la prevención de delito, estableciendo reglas que propician el buen desarrollo del entorno social y fortaleciendo la convivencia y la cohesión, para disminuir, principalmente, los factores de riesgo que generen violencia e incidencia delictiva.

Tras su aprobación por el Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.




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Aprueba Congreso Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Aprueba Congreso Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública

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El Congreso del Estado aprobó, con 32 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, la creación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto regular la coordinación entre el estado y los municipios y de ambos con la federación, mediante la integración, la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Así también, establece el marco jurídico aplicable al Servicio Profesional de Carrera en las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a la distribución de competencias señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El dictamen con proyecto de ley, emitido por la Comisión Permanente de Seguridad Pública y votado por el Pleno en Sesión Extraordinaria del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, deriva de la Iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el 27 de enero del presente año.

En el proyecto se expone que la reforma al marco jurídico constitucional federal del 29 de enero de 2016 incluye la prevención de los delitos, la investigación y persecución de los mismos, para hacer efectiva la seguridad pública; así también, comprende la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley, conforme las competencias que la Constitución señala y que la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución de la República.

El dictamen advierte que dichas adecuaciones son tan extensas que, a juicio del proponente, resulta conveniente la creación de una nueva ley que considere todos los aspectos señalados por las nuevas necesidades dadas con las reformas y leyes.

A la consolidación de la estructura del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con nuevas atribuciones y facultades de los órganos que lo componen, se agregan de manera explícita la responsabilidad y obligaciones de las autoridades municipales y se observa la adición de la participación de los Comités de Participación Ciudadana, homologándolos al Sistema de Seguridad Pública.

Además, se asegura la correcta, profesional, satisfactoria y segura integración, administración, gestión y resguardo de las diversas bases de datos del Sistema Estatal de Información en Seguridad Pública, armonizando la legislación estatal con las disposiciones de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Se asegura también la transparencia durante el debido proceso y la existencia de procesos abreviados.

Con esta nueva ley, quedan abrogados la Ley Número 310 y el Título Décimo, el Capítulo II del Título Tercero y los artículos 21 y 21 Bis de la Ley Número 553, ambas del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, se contempla que los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor del ordenamiento, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establecen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esta Ley, en un plazo no mayor a un año.

A su vez, el personal adscrito a las unidades, áreas u órganos de la Secretaría que cambien de denominación serán readscritos a las nuevas estructuras administrativas que absorban las funciones específicas que desempeñaban, y les serán respetados su antigüedad y derechos que les correspondiere al momento de la entrada en vigor del ordenamiento.

La discusión

El diputado Carlos Manuel Jiménez Díaz, del Grupo Legislativo de Morena, dijo desde la tribuna que uno de los legítimos anhelos de la sociedad veracruzana es vivir en un ambiente en el que imperen el orden, el respeto y la armonía en aras de consolidar una cultura de paz y legalidad.

Consideró indispensable generar, con irrestricto respeto a los derechos humanos y las libertades, las condiciones necesarias que garanticen a la población bienestar y progreso. Además, señaló que “la lucha contra la inseguridad debe ser de frente, con estrategia y leyes situadas a la altura de las circunstancias y los retos imperantes”.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Omar Guillermo Miranda Romero manifestó que la seguridad pública es una atribución concurrente, que compete a todos los órdenes de gobierno, consignada en la Constitución Política del país.

Se pronunció por que se transparente desde la Ley los montos o porcentajes que se destinarán en el ejercicio presupuestal correspondiente al fortalecimiento de las acciones de seguridad pública en el Estado y los municipios, propiciando la certeza en el gasto público.





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Autoriza Congreso a cinco munícipes licencia para separarse del cargo

Autoriza Congreso a cinco munícipes licencia para separarse del cargo

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Durante el desarrollo de la tercera sesión ordinaria, la Diputación Permanente de la LXV Legislatura, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, puso a consideración de este órgano legislativo las licencias para separarse del cargo, sin goce de sueldo, de cinco presidentes municipales, mismas que fueron aprobadas por obvia resolución.

Los presidentes municipales que les fue autorizada la licencia son: Chontla, Eric Abraham Sosa Mar, del periodo del 3 de marzo al 11 de junio; Orizaba, Igor Fidel Rojí López, del 8 de marzo al 7 de junio; Papantla, Mariano Romero González, del 26 de febrero al 11 de junio; Pueblo Viejo, Luis Fernando Cervantes Cruz, del 5 de marzo al 15 de junio y Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, del 7 de marzo al 7 de junio, todas del presente año.

De igual forma les fue autorizada la licencia a quienes ostentan regidurías: Isabel Jiménez Morales, regidora segunda de Papantla, del 6 de marzo al 10 de junio; Gregoria Miguel Reyes, regidora segunda de Poza Rica de Hidalgo, del 6 de marzo al 15 de junio, y Zoila Aguilar Aguilar, regidora tercera de Tlapacoyan, del 2 de marzo al 8 de junio, en todos los casos, del presente año.

Además, fueron turnadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las solicitudes de licencia de presidentes municipales, quienes a su vez hacen del conocimiento que el respectivo presidente municipal suplente manifiesta su deseo de no ocupar el cargo. Este es el caso del presidente municipal de Ixhuatlancillo, Israel Pérez Villegas, quien se ausentará del 1 de marzo al 10 de junio, y del munícipe Armando Antonio Gómez Betancourt, de Ozuluama, que solicita licencia para el periodo del 6 de marzo al 15 de junio, en ambos casos, de esta anualidad.

Por otra parte, fue turnado a la Jucopo el oficio por el cual el Cabildo de Tamiahua informa sobre la renuncia de la C. Ana Bertha Hernández Correa, presidenta municipal suplente, y a la vez se propone que el C. José Luis Vicencio Santiago, regidor primero, pase a ocupar el cargo, en tanto dure la licencia respectiva.

Asimismo, se dio entrada al oficio enviado por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción mediante el cual remite recomendación, no vinculante, dirigida a los Congresos de las Entidades que en sus leyes locales anticorrupción hayan dispuesto la creación de Sistemas Estatales de Fiscalización para que realicen las reformas legales conducentes para la correcta integración y funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción, en términos de la Ley General del Sistema Anticorrupción.

En la sesión, esta Soberanía conoció de las renuncias de agentes y subagentes municipales y del trámite correspondiente.


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Plantea PRI-PVEM ley que haría obligatorio el uso de cubrebocas en la entidad

Plantea PRI-PVEM ley que haría obligatorio el uso de cubrebocas en la entidad

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La Diputación Permanente de la LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa con proyecto de Ley que Regula el Uso de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad Provocada por el Virus SARS-COV-2 (Covid-19) en el Estado de Veracruz, propuesta por las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM).

De acuerdo a la iniciativa, esta nueva Ley establecería, como medida de prevención y cuidado a la salud pública, el uso obligatorio de cubrebocas en las personas, con los casos de excepción previstos, así como otras medidas para prevenir la transmisión y riesgos de contagio de Covid-19, durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria ocasionada por dicha pandemia y hasta que la autoridad sanitaria competente declare oficialmente su conclusión.

El uso de cubrebocas sería obligatorio para todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos comerciales, de industrias o servicios, centros de trabajo, centros y plazas comerciales, considerados como esenciales o no esenciales; así como para usuarios, operadores de los servicios de transporte público, en las modalidades señaladas en la Ley de la materia.

Esta obligatoriedad no sustituye lo dictado por la autoridad sanitaria, por lo que continúa la medida de sana distancia de un metro con cincuenta centímetros de otras personas, así como las recomendaciones de que, al toser o estornudar, debe cubrirse con el ángulo interior del brazo, evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos y cara en general y de lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, así como usar gel antibacterial y demás medidas que haya emitido o emita la autoridad sanitaria.

Quedan excluidos del uso de cubrebocas: los menores de dos años de edad, para evitar ahogamientos; cualquier persona que tenga problemas para respirar; personas que no puedan quitarse el cubrebocas sin ayuda, y personas que viajen solos en automóvil.

Los jornaleros agrícolas podrán utilizar como cubrebocas el paliacate, el pañuelo u otro artículo de tela que usen en el desarrollo de sus actividades laborales.

Por otra parte, se establece que los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos; y los trabajadores de cualquier centro laboral deberán portar, por lo menos, cubrebocas higiénicos, que le será dotado por su empleador, cuando se encuentren en funciones; además, se deberán observar y cumplir todas las medidas y prácticas sanitarias emitidas por las autoridades sanitarias.

Asimismo, se determina como obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que ingresen a oficinas públicas, privadas o cualquier centro de trabajo a realizar un trámite, solicitar un servicio o cualquier otra actividad.

En caso de que alguna persona pretenda ingresar sin cubrebocas, se le informará e instruirá que, por disposición oficial, no podrá acceder ni recibir atención hasta que lo porte; y en el supuesto de no contar con el cubrebocas, se le otorgará de manera gratuita, ponderando en todo momento a las personas con mayor índice de vulnerabilidad.

De igual forma, se plantea que en los centros de trabajo, de los ámbitos público y privado, así como en el transporte público, se deberá contar con un filtro sanitario que ofrezca alcohol en gel con una concentración mínima del 70 por ciento y asegurarse que cada usuario que ingrese lo utilice; tener tapetes sanitizantes, mantener la sana distancia y desinfectar los espacios con regularidad, y tratándose del transporte público, al término de cada ruta.

En cuanto a las sanciones, se prevé que la persona física o moral que incumpla con las medidas sanitarias previstas en esta Ley, le serán aplicadas: amonestación con apercibimiento; trabajo comunitario; bajo su responsabilidad, entrega de material médico, y multa.

Esta propuesta legislativa, integrada por 31 artículos, a través de seis capítulos y cinco transitorios, fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

Para el PRI-PVEM, integrado por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas, Antonio García Reyes y Rodrigo García Escalante, esta nueva legislación representa un andamiaje jurídico protector y de intervención por parte del Poder Público, en favor de la prevención y no propagación de la enfermedad, tal como ya se ha realizado en entidades como Chihuahua, Colima, Michoacán, Morelos, Sonora y Zacatecas, en las que ya existen leyes que regulan el uso del cubrebocas.



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Exhortan a CMAS dejar sin efecto el cobro por Servicios Ambientales a usuarios

Exhortan a CMAS dejar sin efecto el cobro por Servicios Ambientales a usuarios

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El diputado Omar Guillermo Miranda Romero, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el cual hace un exhorto a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), para que deje sin efectos el acuerdo por el cual aprobó y autorizó el cobro del 2 por ciento sobre el recibo mensual de agua al usuario, como aportación voluntaria por el concepto de pago de Servicios Ambientales.

Asimismo, realizó un llamado al Organismo Descentralizado Municipal, para que establezca un método alterno de recaudación voluntaria por este concepto, debiendo emitir un recibo específico por “donación” a efecto de que pueda ser deducible de impuestos.

En este sentido, el legislador señaló que dicho acuerdo, a pesar de estar estipulado como “aportación voluntaria mensual”, aparece en el recibo dentro de un gran total global.

Al respecto, indicó que al imponerse la aportación en el recibo de consumo de agua y demás servicios anexos, lo convierte en un acto ilegal toda vez que no es una aportación económica que los sujetos deban pagar como derechos por los servicios que presta CMAS, como es el caso de los impuestos, por lo que introducir elementos para su cobro que no reflejan el consumo real, viola el principio de proporcionalidad que rige dicho pago.

De la misma forma, dijo no estar en contra que el gobierno municipal implemente acciones para mejorar los servicios ambientales; sin embargo, es imperante que esta aportación sea “verdaderamente voluntaria, y sobretodo, ir acompañada de una estrategia donde el gobierno municipal informe sobre el uso y disposición de estos recursos”, finalizó.





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Ante proceso electoral, pide diputado que SSP y Fiscalía brinden garantías

Ante proceso electoral, pide diputado que SSP y Fiscalía brinden garantías

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En la tercera sesión ordinaria, la Diputación Permanente dio entrada al anteproyecto propuesto por el diputado Gonzalo Guízar Valladares, mediante el cual se exhortaría a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General (FGE), ambas del Estado, así como a las autoridades electorales estatales, para que, en el marco de sus atribuciones y obligaciones constitucionales, en la materia, generen una estrategia que garantice la seguridad de la población y la certeza del actual proceso electoral, con motivo del incremento de la violencia en la entidad.

De acuerdo al documento del legislador, en este proceso electoral, deberían confrontarse las propuestas de gobierno y las políticas públicas para solucionar los problemas históricos de los veracruzanos. “Lo que menos debiera preocupar a los partidos, a los candidatos y a la ciudadanía es el tema de la seguridad en torno a quienes, de manera directa o indirecta, intervienen en la vida política del Estado”.

Expone que los acontecimientos antes registrados en la entidad, enrarecen el clima electoral, inhiben la participación ciudadana, dificultan al árbitro electoral el ejercicio de sus atribuciones y, por consiguiente, contribuyen a la perpetuación del clima actualmente prevaleciente.

“Necesitamos que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de manera coordinada, generen las acciones para que la sociedad en conjunto, tenga las condiciones propicias para que en el presente proceso electoral ejerza de manera libre, sus derechos político electorales”.


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Autoriza Congreso a cinco munícipes licencia para separarse del cargo

Autoriza Congreso a cinco munícipes licencia para separarse del cargo

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Durante el desarrollo de la tercera sesión ordinaria, la Diputación Permanente de la LXV Legislatura, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, puso a consideración de este órgano legislativo las licencias para separarse del cargo, sin goce de sueldo, de cinco presidentes municipales, mismas que fueron aprobadas por obvia resolución.

Los presidentes municipales que les fue autorizada la licencia son: Chontla, Eric Abraham Sosa Mar, del periodo del 3 de marzo al 11 de junio; Orizaba, Igor Fidel Rojí López, del 8 de marzo al 7 de junio; Papantla, Mariano Romero González, del 26 de febrero al 11 de junio; Pueblo Viejo, Luis Fernando Cervantes Cruz, del 5 de marzo al 15 de junio y Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, del 7 de marzo al 7 de junio, todas del presente año.

De igual forma les fue autorizada la licencia a quienes ostentan regidurías: Isabel Jiménez Morales, regidora segunda de Papantla, del 6 de marzo al 10 de junio; Gregoria Miguel Reyes, regidora segunda de Poza Rica de Hidalgo, del 6 de marzo al 15 de junio, y Zoila Aguilar Aguilar, regidora tercera de Tlapacoyan, del 2 de marzo al 8 de junio, en todos los casos, del presente año.

Además, fueron turnadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las solicitudes de licencia de presidentes municipales, quienes a su vez hacen del conocimiento que el respectivo presidente municipal suplente manifiesta su deseo de no ocupar el cargo. Este es el caso del presidente municipal de Ixhuatlancillo, Israel Pérez Villegas, quien se ausentará del 1 de marzo al 10 de junio, y del munícipe Armando Antonio Gómez Betancourt, de Ozuluama, que solicita licencia para el periodo del 6 de marzo al 15 de junio, en ambos casos, de esta anualidad.

Por otra parte, fue turnado a la Jucopo el oficio por el cual el Cabildo de Tamiahua informa sobre la renuncia de la C. Ana Bertha Hernández Correa, presidenta municipal suplente, y a la vez se propone que el C. José Luis Vicencio Santiago, regidor primero, pase a ocupar el cargo, en tanto dure la licencia respectiva.

Asimismo, se dio entrada al oficio enviado por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción mediante el cual remite recomendación, no vinculante, dirigida a los Congresos de las Entidades que en sus leyes locales anticorrupción hayan dispuesto la creación de Sistemas Estatales de Fiscalización para que realicen las reformas legales conducentes para la correcta integración y funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción, en términos de la Ley General del Sistema Anticorrupción.

En la sesión, esta Soberanía conoció de las renuncias de agentes y subagentes municipales y del trámite correspondiente.


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Pide diputado que Serafín Olarte sea inscrito en el muro de honor del Congreso

Pide diputado que Serafín Olarte sea inscrito en el muro de honor del Congreso

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El diputado Eric Domínguez Vázquez, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que propone inscribir con letras de oro, en el muro de honor del H. Congreso de Veracruz, el nombre del caudillo papanteco Serafín Olarte, como reconocimiento a su destacable intervención en la lucha por la independencia de México.

En su exposición de motivos, el legislador señaló que en el marco del aniversario de los doscientos años de la consumación de la independencia nacional, es un acto de justicia honrar a este personaje, toda vez que fue parteaguas en la lucha indígena insurgente por alcanzar la libertad, en la zona norte de la entidad.

Asimismo, puntualizó que para que exista el México contemporáneo que conocemos hoy en día, fue necesaria la aportación de innumerables hombres y mujeres, cuyos nombres han quedado inscritos como leyendas a largo de la historia, sin embargo, existen algunos otros, que a pesar de la trascendencia de su lucha, han pasado desapercibidos, “tal es el caso del caudillo Serafín Olarte”.

Precisó en la importancia de resaltar la participación de los pueblos originarios en esta lucha, así como los personajes que la protagonizaron, como es el caso de Serafín Olarte “ya que su recuerdo y legado siguen vivos a través de los cronistas papantecos, fuentes indígenas que utilizan preponderantemente la tradición oral y no escrita”.

El éxito de este caudillo al frente de la insurgencia totonaca, enorgullecen al pueblo papanteco, exaltó Domínguez Vázquez, por lo que al ser parte determinante en la consolidación de la independencia en Veracruz, es necesario honrarlo y reconocerlo, concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

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Autoriza Congreso ampliación presupuestal al Ople, Fiscalía, UV y TEV

Autoriza Congreso ampliación presupuestal al Ople, Fiscalía, UV y TEV

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El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, mediante el cual se autorizan las ampliaciones presupuestales solicitadas por el Organismo Público Local Electoral del estado (Ople), la Universidad Veracruzana (UV), Fiscalía General del Estado (FGE) y Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

Lo anterior, a través del Decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a los artículos 16, 18, 21 y 22 del Decreto número 823 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ejercicio fiscal 2021.

De esta manera, la Legislatura local autoriza al Ople una ampliación de recursos presupuestales hasta por 352 millones de pesos (mdp), en virtud de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deriva de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la vigencia de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos y además para gastos relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados, mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales y material electoral diverso.

Al TEV le fue autorizada la ampliación de recursos por un monto de 4 millones 612 mil pesos, lo cual fue sustentado derivado del incremento en las labores ordinarias, consecuencia del proceso electoral, la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación.

Del mismo modo, a la FGE le fue autorizada la ampliación por un monto de 347 millones 147 mil 918 pesos, que fue fundada a partir de que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los periodos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, y por Arrendamientos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Para la UV fue autorizado un monto de mil 682 millones 467 mil 895 pesos que, al igual que la Fiscalía, le fueron determinados los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios, a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas al pago del Impuesto sobre la Renta por sueldos y Salarios en los periodos del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015, así como las multas y recargos correspondientes.

La comisión legislativa de Hacienda del Estado, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, presidente, y por los diputados Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vázquez, secretario y vocal respectivamente, considera necesaria la continuación de políticas que permitan la aplicación de medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible del Presupuesto de Egresos.

En todos los casos, la Comisión consideró lo expuesto por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado.

Este dictamen registró 38 votos a favor y uno en contra, sin abstenciones.

Resultado de lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Al participar en el debate de este dictamen, la diputada del grupo legislativo de Morena, Rosalinda Galindo Silva, indicó que la aplicación oportuna de políticas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo; de austeridad republicana, disciplina financiera y de contención del gasto, permitirán hacer frente a estas contingencias, no previstas inicialmente por los propios organismos autónomos solicitantes.

Tras ampliar detalles sobre cada una de las ampliaciones presupuestales, la legisladora sostuvo que cumplir con estos compromisos es por una democracia más justa y competitiva, así como el saneamiento de las finanzas públicas del gobierno estatal, es pensar en el beneficio de las futuras generaciones.

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Instalaciones públicas traducirían, a lenguas originarias, los servicios que prestan

Instalaciones públicas traducirían, a lenguas originarias, los servicios que prestan

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Con el objetivo de visibilizar los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas, así como privilegiar sus legítimos anhelos de conservar sus raíces e identidad, el diputado León David Jiménez Reyes presentó al Pleno una iniciativa que busca establecer la obligación, a cualquier edificación de servicio público, el contar con letreros, en los cuales se especifique, de acuerdo a la lengua originaria del lugar, nombre, descripción del servicio que presta y las medidas de seguridad, así como atención de emergencias.

A través de la iniciativa que busca adicionar un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado el diputado Jiménez Reyes destacó que esta propuesta complementa, en esencia, la presentada el año pasado y que reformó la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que en su conjunto busca resarcir lo que falta por hacer en torno al adeudo histórico que se tiene con los pueblos indígenas.

Al participar en la sesión, subrayó que Veracruz posee 47 municipios indígenas en los que, mayoritariamente, se enfrentan problemas de pobreza extrema. “Esto, debido a causa del olvido y la falta de empatía de las autoridades que, por décadas, en vez de emprender esfuerzos institucionales para disminuir y erradicar muchos de los males que les impidieron crecer, terminaban por vulnerarles derechos y libertades”, abundó.

Explicó que uno de los problemas que enfrentan las y los ciudadanos originarios de pueblos indígenas radica cuando acuden a instalaciones que prestan diversos servicios al público y que, ante cuestiones inherentes a la comunicación lingüística, se ven impedidos para identificar fácilmente las edificaciones en las que se brinda algún servicio, las actividades realizadas en ellas y las respectivas medidas preventivas, en caso de suscitarse un incidente vinculado a la seguridad y la protección civil.

Al respecto, ejemplificó las clínicas de salud en las que las y los usuarios que hablan la lengua originaria de una determinada municipalidad, no logran comprender qué especialidades se prestan en ella, como tampoco en lo relativo a las reglas de funcionamiento del inmueble. “Así como éste, les ocurren más casos cada que requieren cualquier servicio público”.

El también presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso local manifestó que su iniciativa está inspirada en lo previsto en el apartado A, fracción IV del artículo 2° de la Constitución Política Federal, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

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Víctor Manuel de la Fuente, nuevo diputado de la LXV Legislatura

Víctor Manuel de la Fuente, nuevo diputado de la LXV Legislatura

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Como parte de los trabajos de la sesión extraordinaria y ante la licencia otorgada al legislador Bingen Rementería Molina, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, tomó la protesta de ley al ciudadano Víctor Manuel de la Fuente Meléndez, quien asume el cargo de diputado a la LXV Legislatura.

Asimismo, en la sesión, se aprobó la nueva licencia a la diputada María Candelas Francisco Doce, por el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de julio de este año. De esta forma, la diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez continuará al frente de la Diputación local, como representante del Distrito XXI, de Ciudad Mendoza.

Además, fue autorizada la licencia al diputado Rubén Ríos Uribe, por el periodo comprendido del 30 de enero al 7 de junio de este año. Al legislador Juan Manuel de Unánue Abascal le fue aprobada la licencia para separarse del cargo de diputado por un periodo de 30 días, contados a partir del 20 de febrero del presente año.

Como resultado de la nueva conformación política en la LXV Legislatura, y a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue modificada la integración de diversas comisiones, a fin de que las diputadas y diputados que recién asumen la diputación local se incorporen a los trabajos legislativos.

De esta manera, el diputado Jesús Armando Martínez Mendoza asume la presidencia de la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico; el legislador Carlos Manuel Jiménez Díaz la vocalía de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y el legislador Víctor Manuel de la Fuente Meléndez, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz ocupará la presidencia de la Comisión Permanente de Gobernación; el legislador Carlos Alberto Triana García la secretaría de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; el diputado Jesús Armando Martínez Mendoza, la secretaría de la Comisión de Organización Política y Procesos Electorales y el diputado Carlos Alberto Triana García, la presidencia de la Comisión de Población y Atención a Migrantes.

Por último, el legislador Víctor Manuel de la Fuente Meléndez será el secretario de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión y el legislador Jesús Armando Martínez Mendoza ocupará la vocalía. En tanto, el legislador De la Fuente Meléndez fue designado vocal en la Comisión de Vigilancia.

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Aprueban diputados nueva Ley de Comunicación Social para el estado

Aprueban diputados nueva Ley de Comunicación Social para el estado

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Con 27 votos a favor, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada, el pasado 19 de enero, por la diputada Deisy Juan Antonio, de la nueva Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual garantizará que el gasto destinado para esto cumpla con los requisitos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como con respeto a los topes presupuestales asignados.

Esta Ley establece que, en el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar los siguientes principios rectores: eficacia en el uso de los recursos públicos, eficiencia de los recursos destinados a la contratación o gasto de comunicación social, economía y racionalidad presupuestaria, que comprende la administración prudente de los recursos destinados a la comunicación social, transparencia y máxima publicidad, garantizando el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos destinados para ellos de los entes públicos, entre otros.

Asimismo, contempla que las campañas de comunicación social deberán promover la difusión y conocimiento de valores, principios y derechos constitucionales; impulsar turismo, educación, salud y protección civil, entre otros; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, de aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos.

Además, de cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable; anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente; difundir las lenguas originarias y el patrimonio histórico del estado; comunicar programas y actuaciones públicas, y otros establecidos en las leyes.

En el artículo 9 se prevé que las campañas de comunicación social evitarán, además de lo previsto en el artículo 16 de esta ley, difundir contenidos cuya finalidad sea destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales; que inciten a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico e induzcan a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizados por cualquier organización política o social.

En el artículo 16 queda asentado que, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación. Se exceptúan de lo anterior: las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, las necesarias para la protección civil en casos de emergencia y cualquier otra que autoricen los órganos electorales competentes de manera específica durante los procesos electorales.

En el capítulo VII, Del Padrón Estatal de Medios de Comunicación, se establece que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere esta ley deberán inscribirse en dicho padrón. La información contenida en el padrón estatal de medios de comunicación será pública y accesible a distancia, añade.

En los artículos transitorios, se prevé que la Coordinación General de Comunicación Social cuente con un término de 30 días naturales para emitir los lineamientos y de 90 días naturales para integrar el Padrón Estatal de Medios de Comunicación conforme a esta ley.

Las erogaciones que, en su caso, deban realizar los entes públicos con motivo de la entrada en vigor de este ordenamiento deberán cubrirse con cargo a su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021. El Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a partir del ejercicio fiscal 2022 preverá para cada ente público una partida especial que se destinará al gasto de comunicación social.

En el dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación, se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se declaró la invalidez de la Ley número 248 de Comunicación Social, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de mayo de 2019, con lo cual se obliga a esta Soberanía “se inicie un nuevo procedimiento legislativo y se emita la ley correspondiente a más tardar dentro del periodo ordinario inmediato posterior a la notificación de la sentencia”.

Además de los 27 votos a favor, este dictamen registró ocho votos en contra y cuatro abstenciones.

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Se suma Congreso de Veracruz a crear conciencia sobre cáncer infantil

Se suma Congreso de Veracruz a crear conciencia sobre cáncer infantil

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El Congreso del Estado de Veracruz se suma a las acciones de concienciación sobre el cáncer y el cáncer infantil. En Sesión Extraordinaria, el Pleno aprobó que el frente del edificio sede de este Poder Legislativo sea iluminado de color dorado durante febrero, Mes del Cáncer, con motivo del Día Mundial del Cáncer y Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.

Por medio de un Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, emanado de un Anteproyecto presentado por la diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, se instruye al secretario general del Congreso del Estado de Veracruz, Domingo Bahena Corbalá, implementar las gestiones necesarias para la realización de dicha propuesta.

De acuerdo con su proponente, el propósito de esta acción es generar conciencia y sensibilizar a la población respecto esta enfermedad, que en el mundo afecta cada año a alrededor de 300 mil niños de entre 0 y 18 años. En México, es la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad.

Se estima que, con la detección temprana y tratamiento adecuado, entre ocho y nueve de cada 10 pacientes con cáncer de cero a 18 años pueden curarse, para lo cual, considera la proponente, es necesaria la suma de esfuerzos entre sociedad, maestros e instituciones de salud.

Mediante esta acción, se exhorta a las y los integrantes de la LXV Legislatura a crear y promover conciencia en la sociedad, a fin de que una mayor atención a los síntomas permita obtener un diagnóstico oportuno y salvar vidas.

El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, el 15 del mismo mes es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y en México febrero es el Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil.

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Avalan diputados licencias de presidentes municipales de Misantla y Tamiahua

Avalan diputados licencias de presidentes municipales de Misantla y Tamiahua

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Durante la segunda sesión ordinaria de la Diputación Permanente se aprobó -por obvia resolución- las solicitudes de licencia para separarse del cargo del presidente municipal de Misantla, Othón Hernández Candanedo, del 22 de febrero al 15 de junio de este año, y de la presidenta municipal de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, del 6 de marzo al 13 de junio próximo.

También, fueron aprobadas las licencias para separarse del cargo del regidor tercero del ayuntamiento de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, para el periodo comprendido del 16 de febrero y hasta el 15 de junio de este año, y del regidor único del ayuntamiento de Coacoatzintla, Armando Córdoba Hernández, del 26 de febrero al 7 de junio de la presente anualidad.

Por otra parte y ante la solicitud de licencia del presidente municipal de Sayula de Alemán, Fredy Ayala González, este Congreso hizo el llamado presidente municipal suplente, para que, previa protesta ante el Cabildo, asuma la titularidad del cargo, en tanto dura la licencia del edil propietario.

Ante la licencia otorgada a la síndica del ayuntamiento de Sayula de Alemán, Claudia Quiñones Garrido, este Congreso determinó llamar a la suplente respectiva para que, previa protesta de ley ante el Cabildo, asuma el cargo, del periodo comprendido del 5 de marzo al 7 de junio de este año.

Asimismo y como resultado del fallecimiento del ciudadano, Cenobio Romero Romero, regidor único del ayuntamiento de La Perla, la Diputación Permanente hizo el llamado al ciudadano Leonardo Gerardo Sánchez Reyes para que asuma el cargo, previa protesta ante el Cabildo.

En la sesión, las diputadas y diputados aprobaron las solicitudes de licencia para separarse del cargo del regidor quinto propietario del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Efraín Chagala Chontal, y de la regidora decimotercera del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Adriana Herrera Martínez. En ambos casos fue llamado el suplente para ocupar el cargo.

El Pleno se dio por enterado de la presentación de los informes de actividades legislativas de las diputadas Jessica Ramírez Cisneros y Ana Miriam Ferráez Centeno, así como de los diputados Carlos Manuel Jiménez Díaz, José Manuel Pozos Castro y Alexis Sánchez García.

Por último y a propuesta de la Junta de Coordinación Política, la Diputación Permanente aprobó la licencia para separarse del cargo del presidente municipal propietario de Atzalan, José Homero Domínguez Landa, del 27 de enero hasta el 10 de junio próximo.

En consecuencia y de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se determinó que la Sindica de ese Ayuntamiento, Algimira Alarcón Andrade, asuma la presidencia municipal de Atzalan y, a su vez, la ciudadana María del Carmen Arcos Aburto ocupe el cargo de la sindicatura, previa protesta ante el Cabildo.

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Concede Congreso al Orfis prórroga para entrega de cuentas públicas 2019

Concede Congreso al Orfis prórroga para entrega de cuentas públicas 2019

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La LXV Legislatura autorizó la prórroga solicitada por el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) para la entrega de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con el Proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura.

Dicho proyecto consigna que mediante el oficio número OFS/AG_DGAJ/0649/02/2021 de fecha 12 de febrero del presente año, la Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado solicita a esta Soberanía el ejercicio de la atribución establecida en el artículo 33 fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado.

El órgano estatal solicita a esta Soberanía la dispensa del cumplimiento del plazo establecido en el primer párrafo de la fracción III del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por virtud del cual la revisión de las Cuentas Públicas ha de efectuarse en un periodo no mayor de un año.

En su solicitud, la Auditora General considera indispensable efectuar dicha autorización, a fin de asegurar mayor certeza respecto del plazo al que se encuentra sujeto el procedimiento de fiscalización superior de las Cuentas Públicas de referencia, siguiendo los principios constitucionales de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

El Punto de Acuerdo determina que, de forma extraordinaria, y como consecuencia de la prórroga aprobada para la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, que deba efectuar el Órgano de Fiscalización Superior del Estado a este Congreso, se conceda dispensa de ley por causa justificada para el cumplimiento del plazo establecido.

Asimismo, en todo lo concerniente al proceso de fiscalización superior, el Órgano deberá sujetarse a los principios y bases establecidos en los Capítulos II, III y IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado.

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Rinde cuentas Presidente de la CEAPP ante la Legislatura

Rinde cuentas Presidente de la CEAPP ante la Legislatura

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En cumplimiento al mandato constitucional relativo a la rendición de cuentas por parte de los organismos autónomos del Estado, esta LXV Legislatura recibió la comparecencia de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), presentada por su presidente, Silverio Quevedo Elox, relativa al ejercicio 2020.

En el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas, integrada por la diputada María Josefina Gamboa Torales y los diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José Manuel Pozos Castro, presidenta, secretario y vocal, respectivamente, dieron consecución a este ejercicio.

Procedimientos de protección

El titular de la CEAPP informó que en el período señalado se atendió un total de 106 expedientes y se procedió a realizar 308 acciones consistentes en la implementación de medidas de atención, preventivas y de protección, así como apoyos por concepto de ayuda social.

Respecto al procedimiento de atención por afectación al derecho de libertad de expresión por autoridad o un particular, fueron atendidos expedientes de atención, dentro de los cuales se otorgaron 16 medidas de atención.

En razón de lo anterior, la CEAPP recibió 19 solicitudes de Procedimientos de Atención bajo la vertiente de ayuda social y apoyo de periodistas del estado de Veracruz, de las cuales tres fueron sobreseídas por no cumplir requisitos en las peticiones hechas a este organismo autónomo.

Asesorías jurídicas y acompañamiento legal

De acuerdo con su titular, la CEAPP ha dado acompañamiento a los periodistas y sus familiares, para efecto de presentar denuncias, quejas, amparos, promociones de diligencias que fomenten el actuar dentro de los expedientes iniciados ante instancias defensoras de derechos humanos y autoridades de procuración y administración de la justicia, tanto a nivel local como federal.

En este tenor, 73 carpetas internas de atención jurídica fueron iniciadas y 24 denuncias presentadas ante las fiscalías especializadas; la CEAPP mantuvo el seguimiento a siete denuncias interpuestas por periodistas en diversas fiscalías y cuenta con seis carpetas en materia laboral iniciadas.

Apoyo a periodistas ante el Covid-19

Quevedo Elox precisó que, ante los efectos de la pandemia por Covid-19, el Pleno de la CEAPP propuso y aprobó asignar 55 apoyos económicos a igual número de periodistas que padecieron o se les ordenó aislamiento por haber presentado síntomas de la enfermedad, o recibieron indicaciones especiales por ser población vulnerable a este padecimiento.

A cada beneficiario se le otorgó un monto de 50 salarios mínimos por apoyo único, ya que cumplieron con los criterios y reglas legales para obtener dicho recurso que suman un monto total por 338 mil 855 pesos.

Finanzas, profesionalización y logros

El funcionario expuso que el Presupuesto de Egresos de la CEAPP para el ejercicio fiscal 2020 sumó un total de 19 millones 457 mil 430 pesos. El organismo efectuó un total de tres licitaciones simplificadas. En cuanto a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, el gremio periodístico ha sido beneficiado por un monto de 2 millones 760 mil 503 pesos.

En 11 actividades –agregó-, de las cuales dos fueron presenciales y nueve virtuales, se capacitó a 372 periodistas y 78 servidores públicos, con la participación de corresponsales de medios nacionales e internacionales y organizaciones como Social TIC o el Festival Internacional de Fotografía Periodística Mirar Distinto.

A esto añadió la cuarta edición del Premio Periodismo de Investigación, en el que participaron 49 postulaciones, 42 fueron de periodistas y siete de estudiantes, evaluados por un jurado externo e independiente conformado por destacados periodistas locales y nacionales.

La creación de la Unidad de Archivos de la CEAPP es otro logro destacado durante la comparecencia, así como la instalación del Grupo Interdisciplinario de Archivos, lo que permitió ser el primer Sujeto Obligado del Estado de Veracruz en obtener la validación y registro del Archivo General del Estado. Junto con esto, la transferencia de 499 expedientes de periodistas generados entre 2013 y 2018.

Transparencia y contraloría interna

El Comisionado Presidente informó también que la Unidad de Transparencia de la CEAPP atendió y respondió 28 solicitudes de acceso a la información. Destacó que la CEAPP tiene un Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia de 95.52 por ciento y el cien por ciento de cumplimiento de conformidad con el Órgano de Gobierno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

En materia de vigilancia y evaluación, la Contraloría Interna realizó la Auditoría Financiera, Presupuestal, de Legalidad y de Consecución de Metas correspondiente al segundo semestre del 2019, sin inconsistencias que dieran lugar a la presunción de daño patrimonial. Además, se practicaron nueve intervenciones, mediante las cuales se verificó que las áreas revisadas cumplieran con las atribuciones y obligaciones legalmente establecidas.

Silverio Quevedo Elox, quien asumió la titularidad de la institución el 21 de diciembre de 2020, aseguró a las y los periodistas del estado su compromiso con la defensa de sus derechos y los invitó a acercarse a esta instancia con la confianza de que cuentan con el respaldo de un organismo renovado.

Antes de responder las preguntas de las y los diputados, aseguró que el organismo autónomo a su cargo ha emprendido una ambiciosa campaña de comunicación y atención con todos los sectores del periodismo de Veracruz, bajo la premisa de que la CEAPP debe garantizar un trato igualitario, profesional, oportuno y efectivo en la protección a las y los periodistas en razón de su labor informativa.

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Con presentación del Orfis, cumple Congreso recepción de comparecencias

Con presentación del Orfis, cumple Congreso recepción de comparecencias

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Con la presentación de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos, ante la Comisión de Vigilancia, la LXV Legislatura concluyó el periodo de comparecencias de los organismos autónomos del Estado correspondiente al ejercicio 2020.

El diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de dicha comisión, y las diputadas Mónica Robles Barajas y Erika Ayala Ríos, secretaria y vocal respectivamente, condujeron a la titular del órgano auditor hasta el Recinto Oficial de Sesiones, donde se llevó a cabo la exposición de acciones y resultados y las dos rondas de preguntas por parte de las y los legisladores.

De acuerdo con su titular, el Orfis mantiene una vinculación efectiva con otras instancias involucradas en el combate a la corrupción, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior, el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, las organizaciones civiles, los colegios de profesionistas y la academia.

Dentro de las actividades relevantes en este rubro, mencionó la planeación estratégica 2018-2026 con sede en la ASF, los programas de capacitación para las Entidades de Fiscalización Superior Locales del periodo 2019-2020 y el análisis de la Ley de Disciplina Financiera a partir de los resultados de la fiscalización, entre otras.

Destacó también que 166 entes evaluaron su sistema de control interno, 155 órganos internos de control supervisaron y evaluaron sus obligaciones de transparencia, 72 más se inscribieran en el programa de Auditorías Integrales, los 212 municipios emitieron su Código de Ética y mil 075 asesorías impartidas a entes municipales.

En materia de transparencia y acceso a la información pública, el Orfis recibió y atendió 908 solicitudes de información y fueron interpuestos siete recursos de revisión y presentados los Informes que establecen las disposiciones en esa materia.

Respecto al uso de las tecnologías de la información y comunicación, refirió el perfeccionamiento de herramientas como el Sigmaver, a través del cual 236 entes registran y entregan su información financiera armonizada, y el Simver, por el que los entes municipales cumplen con la obligación de presentar información financiera y programática; a lo que agregó la impartición de 2 mil 318 asesorías a servidores públicos sobre la operación del sistema.

Para promover la participación ciudadana, las jornadas Capacítate en Casa incluyeron a 121 municipios, 144 consejos de Desarrollo Municipal, 311 comités de Contraloría Social y 53 consejos de Planeación y Desarrollo Municipal, así como 452 estudiantes y docentes pertenecientes a ocho planteles educativos.

En cuanto a la fiscalización superior, la Auditora Superior mencionó el Seguimiento a la cuenta pública 2017, la nueva valoración y seguimiento a la Cuenta Pública 2018, la fiscalización a la Cuenta Pública 2019 y la planeación de la Cuenta Pública 2020.

Delia González aseguró que el Órgano de Fiscalización Superior está cumpliendo en materia de integridad, calidad y confiabilidad en los trabajos realizados, prueba de esto es la obtención de la Certificación en la ISO 37001 relativa al Sistema de Gestión Antisoborno.

Esta certificación –dijo- da seguridad a la sociedad que la función del Orfis se encuentra blindada contra actos de corrupción, ya que la efectúan servidoras y servidores públicos profesionales, íntegros, que han sido evaluados conforme a normas de la más alta calidad.

Por último, reiteró que la prioridad del organismo a su cargo es fomentar la cultura de la prevención a fin de evitar que se cometan actos que por error o desconocimiento de la normatividad pudieran lesionar el patrimonio público; sin embargo, en caso de que se detecten conductas que hagan presumible la comisión de hechos ilícitos, aseguró, “se aplicará la ley sin distingo alguno. Porque la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la democracia”.

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Comparece titular del IVAI ante el Congreso

Comparece titular del IVAI ante el Congreso

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Integrantes de la LXV Legislatura atendieron la comparecencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI). La comisionada presidenta del Instituto, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, desarrolló el contenido del informe entregado a esta Soberanía y que da cuenta del trabajo realizado por el organismo local de enero a diciembre de 2020.

En la primera etapa de la comparecencia, la funcionaria destacó la transformación administrativa, jurídica y social lograda en el Instituto durante los últimos seis meses y expuso que el órgano garante local incrementó la promoción del acceso a la información pública como un derecho y una obligación y aplica la ley sin sesgos.

Austeridad y control del gasto público

De acuerdo con su titular, el IVAI se ha conducido con austeridad, ahora con una administración responsable en la aplicación de los recursos y el control del gasto público, luego de la toma de medidas como la cancelación de los bonos extraordinarios a excomisionados y titulares de las secretarías Ejecutiva y De Acuerdos.

También mencionó la reducción de entre 70 a 100 por ciento en comparación con lo ejercido en 2019 en gastos en viáticos, atención a visitantes y combustibles. Además, en 2020, se logró liquidar el impuesto estatal que se adeudaba de 2017, así como el pasivo de rentas correspondientes a 2016 y 2017.

La Comisionada Presidenta informó también que la sede del IVAI fue trasladada a un inmueble rescatado y remodelado por el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), además del equipo tecnológico incorporado a las áreas que contaban con dispositivos deficientes, con una inversión cercana a un millón de pesos, producto de las medidas de ahorro implementadas.

Ante las y los diputados, reconoció que el Instituto enfrenta situaciones jurídicas y administrativas complejas, debido a 12 juicios laborales: tres en etapa de ejecución con un monto de 8 millones de pesos y nueve como pasivo contingente y sumados al adeudo heredado del ISR sobre sueldos y salarios.

Transparencia y acceso a la información

Al destacar que, con un padrón de 380 entes públicos, Veracruz es el tercer estado del país con más sujetos obligados, precisó que, durante 2020, la ciudadanía realizó más de 21 mil 600 solicitudes de acceso a la información a diferentes sujetos obligados, a través de la plataforma nacional de transparencia y del sistema Infomex-Veracruz. Además, con 138 mil solicitudes entre 2016 y 2020, Veracruz ocupa el cuarto lugar en el país en número de peticiones.

Con mil 345 –prosiguió la funcionaria-, el IVAI fue la institución que más solicitudes de información recibió en ambas plataformas. Como sujeto obligado, atendió las solicitudes remitiendo una respuesta en un tiempo promedio de 5.5 días y recibió más de 2 mil 600 solicitudes de información enviadas al Instituto durante 2019 y que no fueron atendidas y dio trámite a casi la mitad de éstas.

En cumplimiento a la Ley de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el IVAI recibió 222 informes sobre solicitudes de acceso a la información y 212 índices por rubros temáticos de los expedientes clasificados como reservados, ambos correspondientes al primer semestre de 2020.

Además, señaló la Comisionada Presidenta, se encontró un rezago de más de tres mil recursos de revisión en trámite de los años 2018, 2019 y del primer trimestre de 2020, además 885 denuncias por obligaciones de transparencia sin resolver.

Añadió que, en 2020, la ciudadanía interpuso mil 200 recursos de revisión en materia de acceso a la información y 17 denuncias de datos personales. En calidad de sujeto obligado, el IVAI recibió un total de 110 recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas emitidas por las distintas áreas; el 98 por ciento cumplió con las expectativas ciudadanas.

Capacitación y socialización de la información

En el contexto de la pandemia por Covid-19, el IVAI ha privilegiado los espacios virtuales para la realización de capacitaciones, asesorías, promoción y resolución de medios de impugnación. En este sentido, fueron impartidos 108 cursos, 23 presenciales y 85 virtuales, lo que permitió llegar a más de 7 mil participantes, con un incremento superior al 200 por ciento en relación con 2019 y de 122 por ciento en relación con el número de cursos programados para ese año.

Naldy Patricia Rodríguez destacó también la participación de Veracruz en el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI), una política pública cuyo objetivo es incrementar en la población el aprovechamiento del acceso a la información.

La servidora pública concluyó su exposición asegurando que desde el IVAI “buscamos incidir en las generaciones presentes y futuras conscientes de los derechos que tienen para ejercer. El derecho a la información es una necesidad social, es una llave que permite el acceso al bienestar colectivo solidario, responsable y copartícipe al que aspira toda verdadera democracia”, finalizó.

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Trabaja Congreso en la implementación del Sistema de Justicia laboral

Trabaja Congreso en la implementación del Sistema de Justicia laboral

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La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, sostuvo una reunión de trabajo interinstitucional para estudiar y analizar la propuesta para la implementación del Sistema de Justicia Laboral en la entidad.

En dicha reunión, participaron la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Diana Estela Aróstegui Carballo, titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, así como representantes de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Finanzas y Planeación.


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Presenta Héctor Yunes Punto de Acuerdo en el Congreso para que se investiguen caso Orizaba

Presenta Héctor Yunes Punto de Acuerdo en el Congreso para que se investiguen caso Orizaba

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Ciudad de México, 16 de febrero de 2021.-
El diputado federal Héctor Yunes Landa presentó hoy, ante el Pleno de la Cámara
de Diputados, un Punto de Acuerdo para condenar la intervención arbitraria de
las fuerzas de seguridad federal y estatal en el municipio de Orizaba y
exhortar al gobierno de Veracruz para que actúe en estricto apego a derecho y
en un marco de absoluta transparencia para que no ponga en riesgo la paz y la
seguridad de la población.

El legislador veracruzano también propuso
un exhorto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz para que, en el
marco de sus atribuciones, garantice los derechos humanos y garantías
constitucionales de los elementos de la policía municipal y a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para que se pronuncie sobre las acciones
realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado en
aquel municipio.

En el documento se señala que es
fundamental transparentar los hechos ocurridos en la ciudad de Orizaba, con el
propósito de garantizar la paz y legalidad, y que no se utilice como pretexto
para sacar ventaja político-electoral.

Yunes Landa dijo que la policía municipal
de Orizaba ha sido reconocida como una de las mejor preparadas del país, donde
todos sus elementos han sido evaluados mediante exámenes de control de
confianza; insistió en que la detención de dos de sus elementos fue ilegal,
como lo confirmó el juez del caso, por lo que ayer mismo obtuvieron su
libertad.

Recordó que en 2019, durante la presente
administración, Orizaba fue el único municipio del país que participó
activamente en el Encuentro Nacional de la Red de Mesas Ciudadanas de Seguridad
y Justicia de la Fundación México SOS. En este evento, con la participación de
autoridades y sociedad civil, se expuso el modelo de seguridad del municipio
siendo reconocido como un modelo a seguir y una muestra tangible de la voluntad
conjunta de autoridades y ciudadanos.

Dijo también que el gobierno municipal y
su policía recibieron el apoyo de la ciudadanía, luego de que cámaras
empresariales, comerciantes, transportistas y hasta la Diócesis de Orizaba, la
activista de derechos humanos María Elena Morena y el exdirector del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello Peón, expresaron su
rechazo a la intervención del gobierno estatal.

El Punto de Acuerdo también fue signado
por las diputadas y diputados Anilú Ingram Vallines, Juan Ortiz
Guarneros, Manuel Hernández Limón, Enrique Ochoa Reza, Mariana Rodríguez Mier y
Terán, Fernando Galindo Favela, María Lucero Saldaña Pérez, Claudia Pastor
Badilla, Benito Medina Herrera, Ximena Puente de la Mora y Eduardo Zarzosa
Sánchez.


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Recibe Congreso comparecencia de la Fiscal General del Estado

Recibe Congreso comparecencia de la Fiscal General del Estado

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La LXV Legislatura inició el período de comparecencias de los organismos autónomos del Estado correspondiente al ejercicio 2020. La Comisión Permanente de Procuración de Justicia recibió la comparecencia de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns.

En el Recinto Oficial de Sesiones y observando las medidas sanitarias prescritas, el diputado José Manuel Pozos Castro, la legisladora María Josefina Gamboa Torales y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidente, secretaria y vocal respectivamente, condujeron los trabajos.

En su exposición, la servidora pública aseguró que en Veracruz la procuración de justicia se aplica sin distingos bajo los principios de legalidad, honradez, objetividad, profesionalismo, autonomía y rendición de cuentas. Dijo que, aun con las condiciones actuales por la pandemia, se ha logrado optimizar la procuración de justicia en el estado.

Más atención, menos incidencia delictiva

Al informar del inicio de 86 mil 571 carpetas de investigación iniciadas, un total de 69 mil 030 determinadas y un incremento de 102 por ciento, destacó la solventación total del rezago en materia de registro de carpetas de investigación y el abatimiento del 52 por ciento del atraso del sistema penal acusatorio y 80 por ciento del sistema inquisitivo penal.

Mencionó también el incremento en el número de personas detenidas puestas a disposición, 21.4 por ciento; en la productividad en audiencia de control, 24.8 por ciento; las vinculaciones a proceso, 40.9 por ciento, y las sentencias condenatorias, 50.6 por ciento.

En contraste, señaló el descenso de delitos de alto impacto, 11.7 por ciento; homicidio doloso y extorsiones, 10 por ciento; secuestro, 59 por ciento; feminicidio 19.2 por ciento y robo de vehículo automotor, 21.3 por ciento.

Las detenciones de presuntos secuestradores incrementaron en casi 62 por ciento respecto a 2019, fueron desarticuladas 31 bandas que operaban en el estado y se lograron sentencias condenatorias de hasta 72 años.

A esto sumó el fortalecimiento de las Unidades de Atención Temprana (UAT), que registró 84 mil 423 atenciones, y la implementación del Sistema de Citas UAT para agilizar los tiempos de espera y gestión.

Colectivos y familiares de víctimas de desaparición

Verónica Hernández Giadáns informó también que se ha incrementado el número de fiscales en la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, dándole autonomía operativa para la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Informó que, el 3 de diciembre el año pasado, en el municipio de Nogales, se dio el banderazo inicial de la construcción de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses, que –explicó- permitirá avanzar en el proceso de identificación y duplicará la capacidad de operación.

La Fiscal General del Estado, expuso también que, en la atención a pueblos indígenas, se realizaron 643 visitas a comunidades y 77 visitas a centros penitenciarios; además, las y los intérpretes traductores incrementaron la atención 108 por ciento respecto a 2019.

Fortalecimiento estructural de la FGE

En materia administrativa y gestión de recursos públicos, la titular de la FGE habló de la inversión de 56 millones de pesos para lograr la homologación salarial de mil 294 servidores públicos, beneficiando a 437 fiscales, 550 policías, 266 peritos y 41 fiscales facilitadores.

Añadió la regularización de la situación laboral de 247 servidores públicos con más de 20 años de servicio y la entrega de estímulos económicos a 237 servidores públicos por años de servicio. Además, dijo la Fiscal, se duplicó el suministro de combustible, refacciones, reactivos, municiones, equipo de cómputo y radiocomunicación, entre otros.

Refirió que derivado del convenio con el Instituto de Pensiones (IPE) se realizó el pago de contribuciones patronales por la cantidad de 43 millones 368 mil 924 pesos para regularizar el rezago que presentaba un agravio para trabajadores de la FGE. A la fecha, agregó, se han logrado incorporar un total de 346 servidores públicos de nuevo ingreso, entre fiscales, policías ministeriales, peritos y personal administrativo.

De acuerdo con su titular, con 422 elementos que han obtenido su Certificado Único Policial, la FGE ocupa uno de los primeros lugares en el nivel nacional en cuanto al Servicio Profesional de Carrera.

Finalmente, Verónica Hernández hizo un reconocimiento a las y los trabajadores del órgano especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que con solo el 40 por ciento del personal operativo laborando elevó en un 10 por ciento las personas atendidas y en un 34 por ciento las Carpetas de Investigación determinadas.

Al término de la exposición de la Fiscal General del Estado, la Comisión Permanente de Procuración de Justicia procedió a coordinar las dos rondas de preguntas de las y los diputados presentes.

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Plantea Gobernador reformas al Código Penal del estado

Plantea Gobernador reformas al Código Penal del estado

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El gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió a este Congreso una Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal de Veracruz, en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y delitos contra la seguridad de la comunidad.

La iniciativa propone ampliar y endurecer penas y multas concernientes a los delitos en contra de la libertad, incorporando la extorsión contra la comunidad comercial y de trabajo, duplicándose las penas cuando los delincuentes sean servidores públicos y/o estén o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública.

En este sentido, señala la propuesta, es necesario reforzar las acciones legislativas para la correcta aplicación de la Ley garantizando el estado de derecho a la ciudadanía, toda vez que algunas conductas de extorsión encuadran con lo tipificado como “Cobro de derecho de piso”, coartando la libertad de los agraviados.

Asimismo, se plantea el incremento de las penas a las conductas de ultraje a la autoridad, con el objetivo de que sean acorde con el hecho criminal que representa, ya que trastoca, en el marco del ejercicio de las funciones del servidor público, la protección del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana.

Además, aunque la normativa actual regula la utilización de equipos de comunicación ocupados para el “halconeo” o “espionaje”, estos conceptos resultan muy subjetivos, dificultando la imputación del delito por parte de la Fiscalía General del Estado, por lo que la iniciativa propone que se omitan estos conceptos para referirse solo a los que posean, porten o utilicen tecnologías de comunicación, las cuales no puedan justificar el medio u objeto de su adquisición, presumiendo una conducta ilícita.

La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

Armonización de Códigos Financiero y de Procedimientos Administrativos

Asimismo, el Ejecutivo del estado envió a la LXV Legislatura una iniciativa por la que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y del Código de Procedimientos Administrativos, ambos para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La propuesta tiene como finalidad que el Estado cuente con procedimientos homologados con los establecidos por el Congreso de la Unión en los rubros de disciplina financiera, transparencia, rendición de cuentas, los cuales se encuentran orientados al buen uso de los recursos públicos.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.

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Pide diputado implementación de Convivencias Familiares virtuales

Pide diputado implementación de Convivencias Familiares virtuales

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La Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado dio entrada al anteproyecto de Punto de Acuerdo, presentado por el diputado Gonzalo Guízar Valladares, quien expone la necesidad de exhortar al Poder Judicial del estado para que lleve a cabo actos encaminados en la implementación de Convivencias Familiares virtuales, a fin de tutelar el interés superior de los menores.

En su propuesta, enviada para su análisis a la Junta de Coordinación Política, el legislador subrayó la necesidad de que el Poder Judicial implemente estas medidas para poner a Veracruz a la vanguardia en los nuevos retos y con la utilización de herramientas tecnológicas, como ya sucede en otras parte del país, como la Ciudad de México, en la cual no se ha paralizado este derecho, agregó.

De esta manera, el representante del Distrito XXX, Coatzacoalcos II, propone solicitar a la magistrada presidenta del Poder Judicial que lleve a cabo una revisión exhaustiva en los procedimientos de convivencia de los Centros de Convivencia Familiar, cuando menos, en aquellos distritos judiciales que cuenten con Juzgados Especializados en Materia Familiar.

Al respecto, Guízar Valladares expone que, en 2018, como parte del fortalecimiento y ampliación de la red de justicia familiar en el estado, el Poder Judicial puso en marcha 4 nuevos Centros de Convivencia Familiar en los Distritos Judiciales de Veracruz, Córdoba, Pánuco y San Andrés Tuxtla.

Añadió que en noviembre de 2019 inició labores el de Jalacingo, mismo que se sumó al que entró en funciones en Xalapa desde 2017. “El estado se compone de veintiún distritos judiciales, por lo que los actuales Centros no representan ni el 30 por ciento del universo de Distritos, constituyendo así una considerable desventaja y desproporcionalidad familiar”.

Refiere que hoy en día las medidas de confinamiento han traído y aumentado la violencia familiar, poniendo a niñas y niños en riesgo.

Sostuvo que no solo se merma la salud física, sino que pueden registrarse casos de afectación a la salud mental de las niñas y los niños al no haber convivencia. “El hecho de que un niño no vea a su padre o madre, puede propiciar que los hijos sufran alienación por parte del padre o madre custodio”, abundó.

Se pronunció a favor de las convivencias familiares virtuales, ya que, considera, “cuando el semáforo epidemiológico de la entidad sea verde, esta herramienta tecnológica pueda convertirse en un complemento de los encuentros físicos de convivencia familiar, para padres que radican en otro lugar distinto o cuando los horarios laborales no permitan el encuentro físico o bien sea un complemento más, aparte de la convivencia presencial, lo cual resultará en algo positivo que dejará la pandemia”, concluyó.

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Autoriza Congreso Local licencia a tres presidentes municipales

Autoriza Congreso Local licencia a tres presidentes municipales

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La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz autorizó –por la vía de obvia resolución- la separación temporal de sus cargos a los presidentes municipales de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, del 26 de febrero al 14 de junio; Cerro Azul, Carlos Vicente Reyes Juárez, del 19 de febrero al 15 de junio, y Tecolutla, Juan Ángel Espejo Maldonado, de 61 días, a partir del 2 de febrero, en todos los casos, del año en curso.

Además, fue turnada a la Junta de Coordinación Política la solicitud presentada por el presidente municipal de Atzalan, José Homero Domínguez Landa, quien prevé ausentarse del cargo del 27 de enero al 10 de junio de 2021.

También, fue aprobada la licencia del regidor décimo del ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, quien se ausentará por un periodo de seis meses, surtiendo efectos a partir del 28 de febrero de este año.

Asimismo, se dio entrada a la solicitud de licencia de la diputada del Distrito XXI, de Ciudad Mendoza, María Candelas Francisco Doce, por el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de julio de este año. Así como la del legislador del Distrito XIX, de Córdoba Rubén Ríos Uribe, del 30 de enero al 7 de junio próximo.

Los diputados Rodrigo García Escalante y León David Jiménez Reyes, informaron al Pleno de la presentación de su Segundo Informe de Labores, respectivamente.

La Comisión Permanente de Hacienda del Estado analizará la solicitud presentada por la titular de la Fiscalía General del Estado, quien pide una ampliación presupuestal con motivo de los créditos fiscales, comprendidos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, determinados por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz, 1 del Servicio de Administración Tributaria.

En tanto, la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento determinará la procedencia de la solicitud del Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del estado, quien pide a esta Soberanía resolver lo conducente a fin de conservar dentro del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo estatal, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, solicitado por el ayuntamiento de Acayucan.

La Comisión de Gobernación dictaminará lo conducente ante la renuncia de la ciudadana Concepción Sánchez González, sindica propietaria del ayuntamiento de Yanga.

Por otra parte, los ayuntamientos de Martínez de la Torre y Tuxpan solicitan al Congreso la autorización para crear sus Institutos Municipales de las Mujeres, como organismos públicos descentralizados. Los oficios fueron turnados a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

Fue turnada, para efectos del artículo 141 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, la iniciativa promovida por el ciudadano César Abraham Vignola Valencia, que busca reformar el artículo 2 de la Ley de Protección a los Animales para el estado, con la finalidad de excluir la actividad de peleas de gallos.

Por último, la Diputación Permanente determinó llamar al ciudadano Héctor Velázquez Sánchez, presidente municipal suplente de Atzacan, para que –previa protesta ante el Cabildo- asuma la titularidad del cargo, ante el fallecimiento del presidente municipal propietario, Octavio Misael Lorenzo Morales.

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Congreso da entrada a iniciativa que crea los Juzgados Laborales

Congreso da entrada a iniciativa que crea los Juzgados Laborales

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La Diputación Permanente de la LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa, remitida por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, con la cual se prevé una armonización legislativa a fin de contar con un andamiaje jurídico sólido y eficaz, que dé certeza a los justiciables en materia laboral.

La propuesta, presentada durante la primera sesión ordinaria, del primer receso, correspondiente al tercer año de labores, contempla la creación de los juzgados en materia laboral, los cuales se encargarán de resolver los conflictos que se susciten entre los trabajadores y los patrones.

“Solo entre aquellos o solo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al apartado A, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo y de igual forma, los conflictos laborales de las universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía en el Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables, así como agotar la instancia conciliatoria conforme al marco legal aplicable”.

Asimismo, por conducto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores: entre la administración pública estatal y municipal con sus empleados; así como entre los organismos autónomos del Estado y sus empleados, en los términos que fijen las leyes locales, refiere la iniciativa.

En tanto, se establece que en material laboral, deberá existir por lo menos un juzgado por cada Centro de Conciliación, con independencia de los Distritos Judiciales, los cuales tendrán la misma competencia que abarca cada centro.

De igual manera, se prevé que las labores de los Juzgados en Materias Penal y Familiar no se interrumpan durante las vacaciones. En materia civil y laboral, se suspenderán el trámite procesal y los términos judiciales hasta que se reanuden dichas labores, con observancia de lo dispuesto en la normatividad aplicable, en materia de términos judiciales.

Esta iniciativa, viene a dar cumplimiento a lo señalado en el decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de mayo del 2019.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue remitida a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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Presentan iniciativa para participación ciudadana en legislación municipal

Presentan iniciativa para participación ciudadana en legislación municipal

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A fin de fortalecer la democracia participativa en el orden de gobierno más próximo a la población, el grupo legislativo mixto de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), propuso, mediante una iniciativa, que se faculte a la ciudadanía para proponer ante los ayuntamientos nuevos ordenamientos municipales o modificaciones a los mismos.

La iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre y a la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, presentada ante la Diputación Permanente, plantea que, bajo las mismas reglas que ya existen para la iniciativa ciudadana en el ámbito estatal, las y los veracruzanos puedan participar en el ámbito municipal.

Los proponentes refieren que el derecho de la ciudadanía de iniciar leyes o decretos, mismo que en el artículo 34 de la Carta Magna federal se establecería hasta 2012, para proponer modificaciones a los ordenamientos jurídicos locales mediante la llamada “iniciativa popular”, actualmente denominada “iniciativa ciudadana”, toma particular relevancia en el ámbito municipal.

Explican que la materialización en el orden normativo estatal de ese mecanismo de participación ciudadana aún es incompleta y, por tanto, perfectible, ya que no está previsto para incidir directamente en el orden de gobierno de mayor proximidad para la población, es decir, el Municipio Libre.

Las y los diputados del referido grupo legislativo proponen incorporar en la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el capítulo referente a la participación social, el derecho ciudadano de proponer a los ayuntamientos nuevos ordenamientos municipales o modificaciones a los mismos.

Añaden que en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, publicada el 29 de noviembre de 2018 y en la que se prevén actualmente los mecanismos denominados “Audiencia pública”, “Cabildo en sesión abierta” y “Asamblea vecinal”, se incluiría el de “Iniciativa ciudadana en el ámbito municipal”, para lo que se adicionarían las disposiciones correspondientes, en las que se regularía el procedimiento para tramitar dichas iniciativas, en los casos en los que la reglamentación municipal no contuviera normas aplicables para tales efectos.

Con esta propuesta –añaden-, sin detrimento de la facultad reglamentaria conferida constitucionalmente a los ayuntamientos, se daría a las y los ciudadanos veracruzanos la posibilidad de participar activamente en la actualización o expedición de los ordenamientos, cuya aplicación incide en mayor medida que los de carácter estatal en el entorno de sus cotidianas actividades, pues en ellos se establece la regulación de las relaciones de la población con sus autoridades municipales, mismas que son las que les resultan más cercanas y cuyo ejercicio de poder les beneficia o afecta de diversas maneras.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

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Propone diputada considerar programas de reforestación en escuelas

Propone diputada considerar programas de reforestación en escuelas

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Con el objetivo de fomentar la educación del medio ambiente y reforestación en la entidad, la diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 20 y adiciona una fracción V Ter al artículo 18 de la Ley de Educación de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La propuesta señala que en dicha Ley, se considere el diseño y ejecución de programas de reforestación en los esquemas y programas académicos, los cuales deberán ajustarse al calendario lectivo y a las condiciones ambientales de cada zona escolar en general y planteles en particular. Asimismo, dichos programas deberán promoverse a la par a las actividades de expresiones artísticas, culturales y deportivas.

En este sentido, dijo Sánchez Núñez, Veracruz ha perdido gran parte de su riqueza forestal debido a la tala inmoderada que no renueva árboles o flora derribados, repercutiendo directamente en climas extremos, estaciones atípicas, sequías prolongadas o lluvias torrenciales que dañan cultivos y arrasan poblaciones cada año.

“Educar, implica enseñar a la niñez valores que les permitan convivir en un mundo de respeto y civilidad y entre ellos está motivar la conciencia hacia el cuidado y preservación del medio ambiente; este esfuerzo debe ser un conjunto de voluntades de quienes integran las comunidades escolares, en cada barrio, en cada congregación, en cada municipio”, indicó.

Finalmente, precisó que madres y padres de familia, maestras y maestros, así como autoridades de los tres niveles de gobierno, deben trabajar juntos para inculcar y preservar en niños y jóvenes el amor por la naturaleza.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen.

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Propone diputada Kristel Hernández iniciativa que combate la deserción escolar

Propone diputada Kristel Hernández iniciativa que combate la deserción escolar

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Con el objeto de solventar la laguna legal existente que impide a las autoridades intervenir ampliamente en los casos de deserción escolar, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete presentó a la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Educación y la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su propuesta, la legisladora prevé otorgarle atribuciones a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para que diseñe estrategias y acciones para la prevención y erradicación del abandono escolar, así como capacitar a los directivos y docentes respecto a las acciones que deben seguirse, una vez que sea detectado un posible caso de deserción escolar, de acuerdo a los lineamientos del Protocolo de Actuación correspondiente.

La autoridad educativa deberá hacer del conocimiento de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuando detecte la vulneración del derecho a la educación, así como la negativa de padres o tutores a inscribir a sus hijos o pupilos al grado correspondiente según su edad escolar, o que, a pesar de inscribirlos, dejen de enviarlos a recibir la educación obligatoria establecida en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se intervenga de inmediato.

Asimismo, se plantea incorporar en el artículo 48 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado que las autoridades, estatales y municipales, para garantizar la consecución de una educación de calidad, deberán diseñar estrategias y acciones para la prevención y erradicación del abandono escolar, así como capacitar a docentes y directivos respecto a las acciones que deberán seguir cuando detecten un posible caso de deserción.

Al participar en la primera sesión ordinaria, del primer receso de la Diputación Permanente, del tercer año de ejercicio constitucional, la diputada Kristel Hernández puntualizó que, aun cuando existen disposiciones constitucionales respecto al derecho a la educación, durante el periodo 2012-2018, 5 millones 353 mil 711 niños y jóvenes han abandonado la educación primaria y secundaria.

“Veracruz, contribuyó al total de dicha cifra, con un aproximado de 147 mil 648 niños y jóvenes, ocupando así el segundo lugar nacional en casos de deserción educativa”, agregó.

Indicó que los motivos que podrían causar el abandono escolar son: inserción laboral, embarazo, bajas expectativas de los padres, nivel académico de los padres, bajos ingresos en el hogar y problemas de traslado; falta de motivación o interés, problemas de conducta o aprendizaje, rendimiento bajo y reprobación, entre otros.

Sostuvo que debe dársele la importancia al abandono escolar, así como lo han hecho países como Estados Unidos y Alemania, los cuales establecieron lineamientos a seguir por parte de las autoridades educativas.

“En Estados Unidos se considera absentismo escolar si el alumno tiene cuatro ausencias injustificadas en un mes, o diez ausencias injustificadas en un año escolar, esto último es considerado un problema grave y en caso de identificarse, la escuela puede llamar al Departamento de Niños y Familias y denunciar a los padres por negligencia educativa, los cuales pueden ser multados u obligados a realizar trabajo comunitario”.

Para la diputada resulta necesario establecer mecanismos, pautas y un protocolo para la atención de tal problemática, toda vez que no existe disposición alguna respecto al proceso que debe seguirse en caso de que un padre o madre de familia deje de enviar a su hijo a la escuela, como tampoco existe uno que mencione las consecuencias y sanciones que dicha conducta merece.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de Derechos de la Niñez y la Familia, para su estudio y dictamen. Se adhirieron a la propuesta las y los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena y PAN, así como el Mixto PRI-PVEM.

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Enfoque humano y reforzar formación en salud, plantea Diputada Margarita Corro

Enfoque humano y reforzar formación en salud, plantea Diputada Margarita Corro

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La diputada Margarita Corro Mendoza propuso una reforma a la Ley de Salud para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que el Gobierno del Estado, en su responsabilidad de promover la formación de recursos humanos para la salud, implemente un enfoque basado en la persona y sus derechos humanos y el reforzamiento de la formación profesional.

Ante la Diputación Permanente, durante la Primera Sesión Ordinaria del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la referida ley.

De acuerdo con su autora, la propuesta tiene dos objetivos fundamentales: el primero, garantizar una educación continua centrada en la persona y el respeto a los derechos humanos y el segundo, constituir la instancia administrativa de carácter educativo que permita crear unidades donde se forme, capacite y actualice el personal médico, de enfermería y técnico.

Así, según la reforma a la fracción IV del Artículo 84, en las unidades médicas-escuela será obligatoria la participación de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en actividades docentes y de supervisión de estudiantes.

Entre los objetivos del Sistema Estatal de Salud, señalados en el Artículo 6° del mismo ordenamiento, la legisladora propone coadyuvar a la formación de recursos humanos para la salud con el enfoque de la salud basado en la persona y sus derechos humanos.

En el Artículo 83 se adiciona un tercer párrafo que establece que la formación, capacitación y actualización del personal de las instituciones estarán siempre basadas en el enfoque de la persona y sus derechos humanos.

Así también, para una mayor coordinación entre las instituciones sanitarias y educativas, plantea la creación del Comité Veracruzano Interinstitucional para la Formación, Capacitación y Actualización de los Recursos Humanos e Investigación en Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Este Comité deberá elaborar y presentar su respectivo Reglamento interior, en el que considerará explícitamente: la creación y las características de las unidades médicas-escuela, la normatividad aplicable y los responsables en estas unidades de cada uno de los elementos propios del derecho a la educación, así como la integración y las atribuciones de un órgano colegiado intersectorial en cada unidad.

Margarita Corro finalizó diciendo que “la pandemia por el Covid 19 ha mostrado las graves deficiencias de los sistemas de salud en el mundo, lo que obliga a que los procesos de formación, capacitación y actualización de todo el personal médico se reformen sustantivamente y estén enfocados a la persona y la garantía de los derechos humanos, de tal suerte que podamos hacer frente de manera asertiva a las enfermedades propias de nuestra población y hasta futuras pandemias”.

Con la adhesión de los grupos legislativos de Morena, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática-Diputados sin partido, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

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Propone diputado que Xalapa brinde subsidios en el pago de agua

Propone diputado que Xalapa brinde subsidios en el pago de agua

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Como una medida para apoyar la economía de las familias xalapeñas, el diputado Omar Guillermo Miranda Romero, presentó al Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto con Punto de Acuerdo, el cual busca exhortar a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Xalapa a realizar diversas acciones que son necesarias, relacionadas con subsidios a la población.

En su propuesta, presentada durante la octava sesión ordinaria, el legislador pide a la citada Comisión que condone o subsidie del pago del servicio de agua potable en un 50 por ciento a los estratos bajos; de 25 por ciento a quienes tengan tomas de interés social; del 15 por ciento para el sector medio y del 5 por ciento para el sector alto o residencial.

Asimismo, sea condonado o subsidiado del pago del servicio de agua potable al 100 por ciento a los adultos mayores, personas con discapacidad y los jubilados.

Al participar en la sesión, el legislador Miranda Romero precisó que ante la prospectiva económica del país, y en el caso particular, de la entidad veracruzana, se hace necesario realizar el acuerdo para subsidiar, total o parcialmente, los cobros por el servicio de agua, toda vez que ésta es vital para el combate a la pandemia de Covid-19.

Indicó que sobre todo deben ser beneficiados los adultos mayores, personas con discapacidad y los jubilados. “Lo cual fue solicitado en su momento por un servidor en conjunto con Canacintra al municipio de Xalapa en marzo de 2020 y fue atendido por el Organismo operador en el mes de abril de 2020, beneficiando a toda la ciudadanía xalapeña desde el estrato bajo, de intereses social, sector medio hasta el alto o residencial”, agregó.

Manifestó que durante los casi once meses de ser reconocida por el Gobierno Mexicano el inicio de la pandemia, el Gobierno Federal y el Estatal han impuesto medidas, sin que se tomen en cuenta los efectos adversos que esto conlleva en la economía de las familias.

“Se han condonado impuestos a personas físicas y morales por montos millonarios, se utiliza como botín político el suprimir o extender los plazos en los pagos de tenencia y hoy, ante esta pandemia sólo se afirma que no se subirán impuestos”, refirió.

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Solidaridad y empatía, pide Diputado ante pandemia por Covid 19

Solidaridad y empatía, pide Diputado ante pandemia por Covid 19

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Un llamado a la solidaridad y la empatía en tiempos de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2, hizo el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, al advertir que, así como “hemos sido testigos de valiosos actos por parte de la sociedad en general y del personal de los hospitales de nuestra entidad” también “algunos miembros de nuestra misma sociedad están actuando como si la situación no fuera grave”.

Al referir datos contenidos en el último informe de la Secretaría de Salud del estado, advirtió que los casos por Covid 19 aumentan todos los días en los niveles local, nacional y mundial. Si bien expuso la actitud de personas que organizan y participan en eventos masivos, también evidenció que hay quienes se están aprovechando del dolor ajeno para beneficiarse económicamente.

Vargas Barrientos señaló que muchos negocios y particulares están encareciendo desmedidamente el costo de los tanques de oxígeno y su recarga. “En estos últimos días, extrañamente hay supuesta escasez de tanques de oxígeno, por lo que su costo se ha duplicado o triplicado y para muchos se les está haciendo imposible conseguirlos en negocios establecidos y únicamente se encuentran a través de redes sociales”.

Se dirigió a quienes, dijo, lucran con la necesidad de los enfermos de Covid y les pidió “que se pongan en el lugar de todos aquellos que necesitan un tanque de oxígeno o una recarga. Pensemos en la dolorosa situación emocional y de salud en que ellos y sus familiares se encuentran”.

Si algo nos distingue como seres humanos –añadió- es precisamente la capacidad de comprender situaciones de necesidad como en la que actualmente nos encontramos, por ello debemos ser solidarios con los enfermos y con sus familiares.

“La situación que enfrentamos por la pandemia, no es para aprovechar, para lucrar con la necesidad de los enfermos. El momento que vivimos mundialmente es para conocer nuestra capacidad de ser empáticos con nuestros semejantes”, finalizó el Diputado.

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Instalan la Diputación Permanente que fungirá durante el primer receso

Instalan la Diputación Permanente que fungirá durante el primer receso

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Con la conclusión de los trabajos del primer periodo ordinario, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV Legislatura, quedó instalada la Diputación Permanente que habrá de fungir durante el primer receso, comprendiendo el periodo del 1 de febrero al último día del mes de abril del presente año.

En sesión solemne, siendo las 17:40 horas, quedó legalmente instalado este órgano legislativo cuya presidencia recae en la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi; la diputada Erika Ayala Ríos, como vicepresidenta y la legisladora Brianda Kristel Hernández Topete, en calidad de secretaria.

Además, en las vocalías están las diputadas Margarita Corro Mendoza, Mónica Robles Barajas, Florencia Martínez Rivera, Cristina Alarcón Gutiérrez y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, además de los legisladores Jesús Armando Martínez Mendoza y Enrique Cambranis Torres.

Como sustitutos fungirán las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno, Vicky Virginia Tadeo Ríos, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Magaly Armenta Oliveros, Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda Andrade, además de los legisladores Rodrigo García Escalante, Omar Guillermo Miranda Romero, Wenceslao González Martínez y León David Jiménez Reyes.

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo la Diputación Permanente estará compuesta por el 40 por ciento del total de los integrantes del Congreso, de los cuales la mitad actuará como propietarios y los demás como sustitutos.

La presidenta del H. Congreso del Estado, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, concluyó la sesión solemne y citó a la primera ordinaria para el jueves 18 de febrero a las 17:00 horas, en la sala de sesiones Venustiano Carranza.

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Como una medida para apoyar la economía de las familias xalapeñas, el diputado Omar Guillermo Miranda Romero, presentó al Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto con Punto de Acuerdo, el cual busca exhortar a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Xalapa a realizar diversas acciones que son necesarias, relacionadas con subsidios a la población.

Como una medida para apoyar la economía de las familias xalapeñas, el diputado Omar Guillermo Miranda Romero, presentó al Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto con Punto de Acuerdo, el cual busca exhortar a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Xalapa a realizar diversas acciones que son necesarias, relacionadas con subsidios a la población.

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Con 34 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, el Congreso del Estado aprobó reformar el Artículo 205 del Código Penal del estado, a fin de que se considere como motivo de sanción, además del delito de robo de material o equipo, cualquier tipo de sustracción a las escuelas que impida el desempeño de sus funciones.

En la Octava Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales puso a consideración del Pleno el dictamen emanado de la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada, el 5 de noviembre de 2020, por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

En dicha iniciativa, el legislador propuso ajustes a la redacción de la agravante de sustracción de mobiliario o equipo de escuelas en el delito de robo. A su vez, las diputadas integrantes de la Comisión dictaminadora estimaron adecuado ajustar la redacción propuesta al caso, a efecto de hacerla más armónica e integral con su objetivo.

A partir de esta reforma a los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 205 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se aplicarán al responsable de robo las sanciones previstas, cuando sustraiga mobiliario, equipo o cualquier otro bien de una escuela que impida el desempeño de sus funciones y cuando se adquiera, oculte o comercie los bienes producto del robo a escuelas.

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Aprueban reformas para apoyar economía de familiares de personas desaparecidas

Aprueban reformas para apoyar economía de familiares de personas desaparecidas

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Con el objetivo de apoyar la economía de familiares de personas desparecidas, el Pleno del H. Congreso del Estado, aprobó con 35 votos, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Hacendario Municipal de ciertos Municipios, así como al Código de Derechos y a la Ley de Caminos y Puentes, todos del Estado de Veracruz, presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, de Hacienda del Estado y de Hacienda Municipal.

Los Códigos Hacendarios contemplados para dicha reforma corresponden a los municipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Medellín, Minatitlán, Misantla, Orizaba, Papantla, Tierra Blanca, Veracruz y Xalapa.

En este sentido, las reformas prevén, que por acuerdo del Cabildo, se exente a los familiares de las personas desaparecidas del pago del derecho por la expedición de copias certificadas de las actas de nacimiento propias o perteneciente al desaparecido, toda vez que en su incesante búsqueda, se ven obligados a realizar diversos trámites ante los diferentes órdenes de gobierno, que en ocasiones les implica años de erogar por dichos documentos.

Asimismo, continúa el dictamen, se otorgará un descuento del 50 por ciento en el pago del impuesto predial, toda vez que muchas de las personas desaparecidas constituían el sostén familiar, por lo que las víctimas indirectas se beneficiarían en este sentido.

En cuanto al descuento del 50 por ciento en las tarifas de casetas estatales, será el Gobierno del Estado quien se encargue de su establecimiento, en coordinación con los concesionarios, en este sentido, y para hacer efectivo el descuento, las víctimas deberán presentar la credencial de identificación que les expida la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

La dictaminadora señala que este proyecto legislativo presenta una profunda necesidad, ante los beneficios que traerá a las familias de las víctimas de desaparición forzada de personas y del delito de desaparición cometida por particulares, al gozar de la exención y los descuentos, que se refiere en el dictamen.

La propuesta fue presentada durante los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones del Segundo año de Ejercicio Constitucional, por la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz.

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Modifica Congreso calendario de comparecencias de órganos autónomos

Modifica Congreso calendario de comparecencias de órganos autónomos

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Como un de las acciones tendientes a evitar la propagación del virus causante de la enfermedad Covid-19 y atendiendo a las medidas anunciadas por el Gobernador para evitar contagios, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por el cual se modifica el calendario para las comparecencias de los titulares de los órganos autónomos ante esta Soberanía.

De esta manera, las citadas comparecencias, previstas a desarrollarse del 2 al 4 de febrero, cambian para llevarse a cabo en el Recinto Oficial de Sesiones del 16 al 18 de febrero del presente año.

La Fiscalía General del Estado (FGE) acudirá el 16 de febrero a las 10:00 horas ante la comisión de Procuración de Justicia. Este mismo día, a las 16:00 horas corresponderá el turno a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

El 17 de febrero, a las 10:00 horas, se presentará el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), ante la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto. A las 16:00 horas, de este día, corresponde el turno a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), ante la comisión de Atención y Protección de Periodistas.

Por último, el 18 de febrero, a las 10:00 horas, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) acudirá ante la Comisión de Vigilancia.

Las comparecencias se realizarán en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, conforme a lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado.

Deberán seguirse las medidas preventivas que las autoridades sanitarias han previsto para la mitigación y control de los riesgos ocasionados por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

-Pide Congreso de Veracruz expedición de Legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar-

En la sesión, el Pleno aprobó el Acuerdo, resultado del anteproyecto presentado por la diputada Mónica Robles Barajas, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a expedir a la brevedad la legislación única en materia procesal civil y familiar prevista en el Artículo 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto, en cumplimiento al Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares).

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Además, en diversos programas, se otorga un descuento no solo a las madres solteras que sean jefas de familia, sino que el supuesto se amplía a las Familias Monoparentales primarias y secundarias, término previamente incorporado y definido en el marco jurídico en concordancia con el lenguaje incluyente, esto con la intención de brindar la protección más amplia a los tipos de familias que hoy en día se presentan.

Además, en diversos programas, se otorga un descuento no solo a las madres solteras que sean jefas de familia, sino que el supuesto se amplía a las Familias Monoparentales primarias y secundarias, término previamente incorporado y definido en el marco jurídico en concordancia con el lenguaje incluyente, esto con la intención de brindar la protección más amplia a los tipos de familias que hoy en día se presentan.

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El Pleno de la LXV Legislatura avaló con 40 votos, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.

Con ello, se busca fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como Supremo Tribunal Constitucional y lograr que los espacios de decisión judicial sean ocupados por los mejores hombres y mujeres, que un verdadero sistema de carrera judicial pueda ofrecer a los mexicanos, asimismo se impedirá que los poderes constituidos rebasen la competencia que expresamente le señala la Carta Magna, separando la jurisdicción ordinaria de la del ámbito constitucional.

En este sentido, se abonará al fortalecimiento del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos. Asimismo, permitirá combatir la corrupción, nepotismo y acoso, al dotar al Consejo de la Judicatura de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra integrantes del Poder Judicial que desvirtúen sus funciones, además de adoptar la paridad género.

Se consolidará una verdadera carrera judicial para todas las categorías, a las que se acceda por concurso de oposición, al indicar que el Consejo de la Judicatura Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares.

Además, se eleva a rango constitucional el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, el cual será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Por su parte, la Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de llevar a cabo la capacitación y profesionalización del personal otorgándole un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también, la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos, brindando acceso a la justicia a los sectores más vulnerables de la población, que requieran de una asistencia gratuita y de calidad que garantice la defensa de sus derechos.

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Aprueba Congreso reformas al Código Hacendario y Ley de Ingresos de Xalapa

Aprueba Congreso reformas al Código Hacendario y Ley de Ingresos de Xalapa

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El Pleno de la LXV Legislatura del Estado avaló, con 33 votos, el dictamen de decreto por el que se adiciona y reforman diversas disposiciones del Código Hacendario y de la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, ambos del municipio de Xalapa.

Se establece que, de acuerdo a su vocación comercial y de servicios que se brindan en el municipio de Xalapa, y con la finalidad de tener una mejor claridad y regulación de cada uno de los giros comerciales, se estandariza el periodo en el cual se debe realizar el refrendo anual de las cédulas de empadronamiento y licencias de funcionamiento de las actividades económicas.

Además, en diversos programas, se otorga un descuento no solo a las madres solteras que sean jefas de familia, sino que el supuesto se amplía a las Familias Monoparentales primarias y secundarias, término previamente incorporado y definido en el marco jurídico en concordancia con el lenguaje incluyente, esto con la intención de brindar la protección más amplia a los tipos de familias que hoy en día se presentan.

También, se regula el procedimiento para el trámite de apertura de empresas y se modifican las condiciones comerciales de los establecimientos.

A partir de esta modificación, el Código en mención estará alineado a los objetivos principales de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los aspectos generales del Clasificador por Rubro de Ingresos que de ella emanan. Los cuales son de observancia obligatoria para los ayuntamientos con el objetivo de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como de contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

La Comisión de Hacienda Municipal, instancia dictaminadora, refiere que en el ánimo de coadyuvar con la petición formulada para optimizar el desempeño público de los servicios públicos municipales, bajo un ejercicio de transparencia, estima procedente la reforma, con la finalidad de incorporar al texto legal las propuestas vertidas por ese Ayuntamiento.

El dictamen también registró 10 votos en contra, sin abstenciones.


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