La Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, integrada por el diputado Alexis Sánchez García, presidente, y las legisladoras Deysi Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, secretaria y vocal respectivamente, entrevistaron a los siete últimos aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dando cumplimento a los requisitos establecidos en la respectiva convocatoria.

Cuidando todas las medidas sanitarias y cumpliendo con las disposiciones legales correspondientes, el diputado Alexis Sánchez, dio la bienvenida a cada uno de los entrevistados quienes expusieron sus motivaciones, experiencia en el ramo, así como sus propuestas de trabajo, en caso de ser elegidos para ocupar la presidencia del Organismo Autónomo.

Una vez cumplido con los requisitos, las y los ciudadanos Gabriela Rodríguez Rodríguez, Gustavo Souza Escamilla, Yunuen Marisol Hernández Hernández, José Luis Francisco Saenz Álvarez, Norma Perea Sangabriel, Zósimo Hernández Ramírez y María Guadalupe Argüelles Lozano, respondieron a los cuestionamientos realizados por los integrantes de la Comisión, para conocer más a fondo el que pudiera ser su plan de trabajo al frente la CEDH.

Corresponderá a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables emitir el dictamen con la terna, la cual será sometida al Pleno en la próxima sesión, quien por votación de las dos terceras partes, determine quien ocupe la presidencia del CEDH para el periodo comprendido del 30 de enero de 2021 al 29 de enero de 2026.

La diputada Florencia Martínez Rivera, vocal de la Comisión Especial para el seguimiento a la problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, se reunió con integrantes de los diversos Colectivos de Búsqueda, con la finalidad de dar a conocer un anteproyecto de iniciativa, que fortalecerá los mecanismos de identificación de personas desaparecidas, a partir de fichas odontológicas.

En dicha reunión estuvieron presentes la diputada Deysi Juan Antonio vocal de la misma Comisión Especial, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) el Director de Servicios Periciales de Veracruz, Héctor Ronzón García, la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya y representantes del Consejo Estatal Ciudadano.

El Congreso del Estado inició el periodo de entrevistas a las y los aspirantes a presidir la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para el periodo comprendido del 30 de
enero de 2021 al 29 de enero de 2026, de acuerdo con la convocatoria emitida por esta
Soberanía el pasado 6 de enero.

En la Sala “Venustiano Carranza” del Palacio Legislativo, la Comisión Permanente de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, integrada por el diputado Alexis
Sánchez García y por las diputadas Deysi Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz,
presidente, secretaria y vocal, respectivamente, recibió a las y los aspirantes y encabezó
los trabajos observando las disposiciones legales y medidas sanitarias determinadas.
Este lunes, habiendo cumplido los requisitos previstos en la convocatoria y acudiendo al
llamado de la Comisión respectiva, se presentaron las ciudadanas Namiko Matzumoto
Benítez e Itzel Jurado Ortiz y los ciudadanos José Hernández Hernández e Irvin Uriel
López Bonilla.

En seguimiento al procedimiento establecido, expusieron sus motivaciones para presidir el
órgano autónomo, abundaron sobre su perfil y experiencia profesional, explicaron ante la
Comisión su proyecto de trabajo y respondieron a las preguntas formuladas por el y las
integrantes de la Comisión.

El martes 26 de enero, continuarán las entrevistas a las y los aspirantes.

Una vez
concluida esta etapa, la Comisión legislativa emitirá el dictamen que contendrá la terna de
candidatos y que será sometido al Pleno legislativo, para que, mediante el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes, nombre a la persona titular de la CEDH.

En caso de que ninguna de las personas propuestas obtenga las dos terceras partes de la
votación del Pleno, se emitiría un nuevo dictamen dentro de los cinco días posteriores a la
sesión, que contendría una terna de aspirantes al cargo de la que no podrán formar parte
las personas originalmente propuestas.

Para que las mujeres veracruzanas y las que transitan por la entidad tengan garantizados sus derechos humanos y ante la vulnerabilidad que viven mujeres migrantes en su paso por el estado, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó una iniciativa de reforma a la Ley con la que autoridades tendrían que implementar acciones para prevenir y atender la violencia que se ejerce en contra de ellas.

A través de su iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la diputada Lagunes Jáuregui prevé que en el diseño e implementación de las políticas públicas, las autoridades incorporen la perspectiva de género en sus políticas para garantizar a las mujeres migrantes el ejercicio de sus derechos humanos, incluido su derecho a vivir libres de violencia.

Al reformar el artículo 25, fracción XXI, busca que el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes tenga la obligación de garantizar mecanismos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).

Asimismo, se incorporaría la obligación de los Ayuntamientos de generar programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres migrantes en coordinación con el IVM.

De acuerdo a la iniciativa, se reformaría el artículo 44, en sus fracciones II y III, para que el IVM implemente programas y acciones para mejorar las condiciones de vida de las mujeres migrantes, en coordinación con los Ayuntamientos y la obligación de brindar capacitación especializada para garantizar a las mujeres y niñas migrantes una atención con perspectiva de género.

La legisladora Nora Lagunes subrayó que el IVM como ente rector de la igualdad y responsable de promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de igualdad de género que elimine los obstáculos para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y sus libertades fundamentales es la instancia que debe generar las acciones en coordinación con los Ayuntamientos y con el Instituto de Atención a Migrantes, para prevenir y atender la violencia contra las mujeres migrantes.

Destacó que el derecho a vivir sin violencia debe ser garantizado a todas las mujeres migrantes que se encuentren en cualquier circunstancia, “es obligación de todas las autoridades responsables, coordinar esfuerzos para su atención”, abundó.

Por otra parte, indicó que en la entidad hay cinco albergues y lugares de acogida para personas migrantes: Oasis Caridad Sin Fronteras A.C. en Coatzacoalcos; Casa del Migrante, Diócesis de Coatzacoalcos, A.C. en Coatzacoalcos; Albergue Monseñor Guillermo Ranzahuer González, en Acayucan; Albergue Decanal Guadalupano, en Tierra Blanca; y el Albergue-Comedor “La Esperanza del Migrante”, dirigido por Las Patronas, en Amatlán de los Reyes.

“Es en estos lugares donde se debe trabajar de manera coordinada con el IVM, para implementar programas de prevención y atención de la violencia, con personal especializado”, refirió.

Dijo que para estos servicios hay recursos federales por parte de Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), tal como se hizo en 2019.

Previamente, la diputada Nora Lagunes, vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, expuso que las mujeres migrantes que transitan por México representan entre 10 y 30 por ciento de las personas migrantes en tránsito. “En 2010 las mujeres representaron 14.2 por ciento de los eventos de detención en estaciones migratorias en México, las cuales son en su mayoría de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador; en los últimos años las niñas representan aproximadamente 23 por ciento de estos eventos de detención”.

Sostuvo que la violencia contra las personas migrantes es una problemática que debe ser abordada desde distintos ámbitos de atención. Agregó que en su transitar se encuentran bajo una violencia cotidiana, la que experimentan con sus compañeros de viaje, otros migrantes, con agentes de las instituciones estatales, garroteros, choferes de tráiler, personas que viven en las rutas de tránsito, personal de los albergues que atienden a migrantes, entre otros.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Población y Atención a Migrantes y Para la Igualdad de Género.

La diputada Deisy Juan Antonio presentó al Pleno de la LXV Legislatura una iniciativa de Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual garantiza que el gasto destinado para este fin cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como con respeto a los topes presupuestales.

La legisladora expuso que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se declaró la invalidez de la Ley número 248 de Comunicación Social, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de mayo de 2019, con lo cual se obliga a esta Soberanía “se inicie un nuevo procedimiento legislativo y se emita la ley correspondiente a más tardar dentro del periodo ordinario inmediato posterior a la notificación de la sentencia”.

De acuerdo a la iniciativa, esta Ley tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a la vez que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

De igual forma se establece que, en el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar los siguientes principios rectores: eficacia en el uso de los recursos públicos; eficiencia de los recursos destinados a la contratación o gasto de comunicación social; economía y racionalidad presupuestaria, que comprende la administración prudente de los recursos destinados a la comunicación social, y transparencia y máxima publicidad, garantizándose el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos destinados para ellos de los entes públicos, entre otros.

Asimismo, la propuesta contempla que las campañas de comunicación social deban promover la difusión y conocimiento de valores, principios y derechos constitucionales; impulsar turismo, educación, salud y protección civil, entre otros; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, de aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos.

Además, cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable; anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de

daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente; difundir las lenguas originarias y el patrimonio histórico del Estado; comunicar programas y actuaciones públicas, y otros establecidos en las leyes.

En el artículo 9 se prevé que las campañas de comunicación social evitarán, además de lo previsto en el artículo 16 de esta Ley, difundir contenidos que tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales; que inciten a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico, e induzcan a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizados por cualquier organización política o social.

En el artículo 16 queda asentado que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación.

Se exceptúan de lo anterior: las campañas de información de las autoridades electorales; las relativas a servicios educativos y de salud; las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, y cualquier otra que autoricen los órganos electorales competentes, de manera específica durante los procesos electorales.

En el capítulo VII, “Del Padrón Estatal de Medios de Comunicación”, se establece que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere la presente Ley deberán inscribirse en dicho Padrón. La información contenida en el padrón estatal de medios de comunicación será pública y accesible a distancia, añade.

A través de los artículos transitorios, se prevé que la Coordinación General de Comunicación Social cuente con un término de 30 días naturales para emitir los lineamientos y de 90 días naturales para integrar el Padrón Estatal de Medios de Comunicación conforme a esta Ley.

Las erogaciones que, en su caso, deban realizar los entes públicos con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley deberán cubrirse con cargo a su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021. El Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a partir del ejercicio fiscal del año 2022 preverá para cada ente público una partida especial que se destinará al gasto de comunicación social.

La Mesa Directiva instruyó remitir la iniciativa a la Comisión Permanente de Gobernación para el trámite legislativo correspondiente.

La LXV Legislatura recibió del gobernador Cuitláhuac García Jiménez una Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave gestionar y contratar uno o varios financiamientos hasta por dos mil millones de pesos, con destino a inversión pública productiva durante el ejercicio fiscal 2021 y subsiguientes.

De acuerdo con la propuesta, presentada en la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, dicha gestión a ejecutar por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), se realizaría ante cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado.

Destaca que el Estado deberá destinar los recursos que obtengan con el o los financiamientos que contrate con base en dicho decreto para financiar inversión pública productiva, en los rubros de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y de salud, infraestructura educativa y deportiva, infraestructura en vialidades urbanas, interurbanas y metropolitanas, en obra pública en materia inmobiliaria, de suelos, agropecuaria, medioambiental, hidráulica y de electrificación y de equipamiento, infraestructura vehicular operativa y equipamiento para seguridad pública y toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social.

Se expone también que el origen y destino de los recursos a obtener permitirá garantizar obras y acciones de inversión productiva, es decir, erogaciones realizadas con recursos provenientes de financiamientos, destinadas a la ejecución de obras, adquisición de bienes que generen un aumento en la capacidad o vida útil de los mismos y así lograr estabilidad y mejora en la economía estatal.

Mediante esta acción, se autorizaría al Estado para que, a través de la Sefiplan, realice la constitución, el empleo, la utilización, modificación y operación del fideicomiso y la obtención, en su caso, de la calificación de calidad crediticia de la estructura de los financiamientos que el Estado contrate con base en el referido decreto y se adhieran al fideicomiso; en el entendido de que el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo a través de Sefiplan, podrá pagar los gastos y demás erogaciones, directamente o mediante aportación al fideicomiso de los recursos que se necesiten para tal efecto.

En virtud de lo cual, el Estado deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan obligaciones pendientes de pago a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con base en dicho decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, hasta su liquidación total.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su análisis y, en su caso, dictaminación.

El pleno de la LXV legislatura aprobó el calendario de comparecencias de los órganos autónomos del estado, presentado a través de un Proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 33, fracción II, este Congreso citó a comparecer a las y los titulares de los organismos ante las comisiones permanentes respectivas en el siguiente orden:

En seguimiento de las medidas preventivas que las autoridades sanitarias han previsto para la mitigación y control de los riesgos ocasionados por la enfermedad generada por el

virus SARS-CoV2 (COVID-19), las comparecencias se realizarán en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, conforme a lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 42 votos, la Minuta remitida por el Congreso de la Unión, por la que se reforma la fracción ll del inciso a), del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, indica que la presente reforma garantizará el acceso a la nacionalidad mexicana a todos los ciudadanos que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o padre mexicano, con la finalidad de brindarles certeza jurídica.

Asimismo la instancia dictaminadora coincidió con los proponentes, en que toda persona tiene derecho a la nacionalidad, toda vez que este es el vínculo jurídico que existe entre un Estado, sus leyes y las personas que les permiten el ejercicio de sus derechos políticos, económicos y sociales.

La actual norma analizada por el H. Congreso de la Unión, dicta el documento, impide a quienes son nietos de mexicanos nacidos en territorio nacional pero hijos de personas ya nacidas en el extranjero de recibir la nacionalidad mexicana, lo que a criterio de los integrantes de la Comisión, coarta y limita de sobremanera el derecho de las dos generaciones precedentes de heredarles a título jurídico la cultura nacional, dejando a un segmento de población en posibilidad de resultar ser apátrida, motivo que avala la importancia de la presente Minuta.

Por su parte, la integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, diputada Deisy Juan Antonio, destacó que la nacionalidad reviste a los individuos con un sentido de pertenencia, considerado como un vínculo jurídico entre una persona y un Estado determinado, en virtud del cual se declaran y establecen de forma recíproca obligaciones y deberes.

Asimismo indicó que es obligación de todo Gobierno garantizar una nacionalidad en condiciones de igualdad, asegurando para con sus nacionales, el ejercicio pleno de los derechos asociados a ella.

Dicha Minuta fue remitida por la cámara de Diputados del Congreso de la Unión al Congreso local el pasado 14 de diciembre, y presentada al Pleno durante la Sexta Sesión Ordinaria del Tercer año de ejercicio Constitucional.

Con la finalidad de proteger el patrimonio de productores de frutos en la entidad veracruzana, la diputada María de Jesús Martínez Díaz presentó al Pleno del Congreso de Veracruz una iniciativa que prevé reformar el Código Penal estatal para establecer sanciones a quien transporte frutos, del servicio público o privado, sin haberse cerciorado de la legitima procedencia de los mismos.

Al participar durante la séptima sesión ordinaria, la también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, subrayó que frutos como los cítricos, que se siembran en la zona de Martínez de la Torre o de Álamo-Temapache son robados, sin que la ley obligue a quien los transporta a cerciorarse de su legítima procedencia, lo que repercute directamente en el patrimonio de las personas.

De esta manera, la diputada propone reformar las fracciones I, II y III y se adiciona un último párrafo al artículo 206 del Código Penal estatal para considerar como valor de lo robado a las Unidades de Medida y Actualización (UMA), en sustitución de los días de salario mínimo, aunado a que éstas sanciones se incrementan al doble, con el propósito de inhibir estas prácticas que laceran la economía de las y los productores.

Asimismo, refiere la iniciativa, las sanciones ya previstas se aplicarán a quien, con carácter de arrendador, propietario o conductor, transporte frutos robados en un vehículo automotor, ya sea público o privado, o quien se encuentre detentando, custodiando, vigilando o resguardando vehículos con frutos robados, y que, en cualquiera de estos casos, omita cerciorarse de la legítima propiedad o posesión de los frutos que le solicitaron transportar.

La integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que en ocasiones el robo antes mencionado se realiza en motocicletas, cargando cajas de plástico donde sustraen limón o naranja, para posteriormente venderlos en el mercado local. “Saqueando literalmente de poco en poco los predios que en los que se siembran estos productos, impactando de manera importante los ingresos de nuestros productores, de ahí la necesidad de proteger el derecho de las personas que siembran estos cultivos”, abundó.

Además, la legisladora indicó que, a partir de la entrada en vigor de su propuesta, la autoridad investigadora deberá acreditar la participación o coparticipación o complicidad con quienes resulten ser autores materiales o intelectuales del delito y ello obligará a las personas, principalmente transportistas o conductores, a conocer y requerir documento idóneo que acredite la legitima procedencia de los frutos que transporta en cualquiera de las formas que autorice la ley para hacer los traslados.

Así se evitará que se limiten a señalar que fueron contratados o requeridos verbalmente, y con ello se impida la acción de la justicia y no puedan ser vinculados, generando impunidad. “Siendo esta, la forma que generalmente resulta el modus operandi de las organizaciones que se dedican a este tipo de actividad ilícita y que afecta a las zonas, organizaciones y ciudadanos que se dedican al cultivo y producción de frutos”.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para el trámite legislativo correspondiente.

Con el objetivo de aumentar la oferta, la calidad y se logre incentivar el cultivo del maíz, a través de la profesionalización y tecnificación de esta actividad primaria, la diputada Florencia Martínez Rivera, presentó al Pleno la iniciativa de Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable y Producción del maíz en el estado de Veracruz.

Con esta propuesta, se pretende que agricultores y productores de maíz puedan acceder a mayores fuentes de financiamiento, toda vez que el desarrollo y fomento de este sector primario coadyuvaría a la creación de más y mejores fuentes de empleo, además de la posibilidad de ampliar la capacidad productiva de las fincas y el desarrollo y crecimiento económico regional de las zonas productoras de maíz.

“La presente ley contempla disposiciones jurídicas con la finalidad que el cultivo de maíz se posicione como una fuente generadora de empleo e ingreso, buscando en el largo plazo pasar de una industria de materia prima o cosecha a una de tipo transformativa, es decir, agroindustria que produzca bienes con un valor agregado y se venda mejor en el mercado interno y posiblemente en el externo”, indicó la integrante del Grupo Legislativo de Morena.

La propuesta, compuesta por siete apartados, expone los objetivos de la Ley para el fomento de la producción y oferta de maíz para satisfacer el mercado interno estatal y nacional, regulando las relaciones entre los participantes en la cadena de producción e impulsando el desarrollo integral de las regiones agrícolas de la entidad.

Asimismo, expone la distribución de las competencias de las autoridades estatales para dar cumplimiento al cuerpo normativo, señalando que será el titular del Ejecutivo quien fomente el desarrollo sustentable del cultivo de maíz mediante incentivos en infraestructura, insumos, financiamiento y asesoramiento técnico a los productores, destinando mayores recursos para investigación.

Por su parte, también determina las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), en cuanto a la capacitación, desarrollo, vinculación con la academia, sustentabilidad, promoción y comercialización del maíz en el estado.

En el mismo sentido, se establecen los derechos y obligaciones de los productores de maíz, el Programa Integral para el Desarrollo Sustentable del Cultivo del maíz a cargo de la

Sedarpa, así como el establecimiento, administración y gestión de almacenes para salvaguardar en las mejores condiciones el grano.

De la misma forma, se propone la creación de un fideicomiso de garantías líquidas que opere un programa especial del cultivo de maíz, el cual, con aportaciones del Gobierno del Estado y productores, pueda otorgar financiamiento para la adquisición de tecnología e insumos mediante transferencias directas, coadyuvando a que las instituciones financieras destinen un mayor flujo de recursos crediticios al campo, facilitando el acceso al financiamiento formal a productores del sector rural.

A través de la Sedarpa, se integraría un Registro Estatal de Productores de Maíz, el cual permitirá a los productores gozar de los beneficios que otorgaría la presente propuesta.

Para su estudio y análisis, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y de Hacienda del Estado.

Con el objeto de tipificar, en el Código Penal Federal, como delito la tala clandestina de árboles, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Congreso del Estado una iniciativa con proyecto ante el Congreso de la Unión, con lo que se buscaría imponer de uno a nueve años de prisión y de 300 a tres mil los días de multa, a quien cometa el citado ilícito.

Al participar durante la sesión ordinaria, la legisladora plantea reformar el párrafo primero del artículo 419 del Código Penal Federal para señalar que las penas antes mencionadas se aplicarían a quien ilícitamente realice la actividad de tala de árboles, transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada.

En su intervención en Tribuna, la diputada Trujillo Ortiz precisó que la tala excesiva trae consecuencias que no sólo afectan a la diversidad de flora y fauna sino a la misma vida humana, ya que con la deforestación se liberan miles de toneladas de bióxido de carbono en la atmosfera, “la deforestación causa aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones de carbono producidas por el hombre”.

Subrayó que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 70 por ciento de la madera que se comercializa en México tiene origen ilegal, lo cual da como resultado que la tasa de deforestación de México sea de aproximadamente 155 mil hectáreas por año, de las cuales 60 mil tienen su origen en la tala clandestina.

La representante del Distrito IX, con cabecera en Perote, indicó que el Gobierno Federal ha reconocido que Veracruz es de los estados de la República con mayores índices de tala ilegal. “Además, nuestro estado está entre las diez entidades del país donde no hay investigaciones por tala clandestina”.

Asimismo, recordó que en 1998 -en el Cofre de Perote- una pareja de talamontes dejó encendidas dos antorchas con las que se iluminaban mientras trabajaban al amparo de la noche. Cuando una de ellas cayó al suelo, inició uno de los peores incendios que ha visto el país, que devastó tres mil hectáreas de bosque de pino y oyamel, añadió.

La diputada Ivonne Trujillo señaló que el caso más grave de reducción forestal lo presenta el Cofre de Perote con el 52 por ciento de su extensión desaparecida, ya que de las 11 mil 530 hectáreas que abarcan el Parque Nacional, poco más de seis mil ya no tienen árboles.

A decir de pobladores de la región del Cofre de Perote, expuso la legisladora, bastan apenas unos minutos para derribar árboles a los que les tomaron más de cien años crecer. “Una vez talados, podados y apilados, las vigas de madera de pino y oyamel, especies endémicas, viajan algunos kilómetros a empresas que ya los esperan para convertirlos en tarimas o cajas para empacar fruta” abundó.

La iniciativa, a la que se adhirió el Grupo Legislativo del PAN, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. De aprobarse por el Pleno, el Congreso de Veracruz remitiría al Congreso de la Unión para el trámite legislativo correspondiente.

El Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) propuso, mediante diversas reformas y adiciones al Código Penal del estado, actualizar las sanciones para quien cometa alguno de los delitos previstos en la legislación contra personas mayores de 60 años.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, los integrantes de dicha bancada presentaron una iniciativa de decreto que reforma los artículos 171, 186, 205 y 218 e incorpora adiciones en los artículos 171, 185, 205, 213, 216, 222 y 249, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su propuesta, consideran que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece, en su artículo 3° Bis, los tipos de violencia en contra de esas personas: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y otras. Refieren, además, los resultados de distintos estudios de instituciones que muestran un incremento en este grupo de edad en los niveles nacional, estatal y municipal, así como del documento titulado Maltrato de las personas mayores, publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2020.

De acuerdo con la propuesta, en el caso de asalto, se propone una multa hasta de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y que “si la víctima fuere persona mayor de sesenta años de edad, la pena se incrementará una tercera parte”.

Se contempla, asimismo, que, cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad, la violación sea considerada agravada y se sancione con pena de 10 a 30 años de prisión y multa hasta de mil días de salario.

Referente al delito de abuso sexual, la prisión de cinco a diez años y la multa de hasta doscientos cincuenta días de salario aplican en los casos en que la víctima sea persona mayor de 60 años de edad.

En los casos de abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, despojo y maltrato, cuando el delito se cometa en contra de una persona mayor de 60 años de edad, las penas que correspondan se incrementarán una tercera parte.

La iniciativa, suscrita por las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, fue turnada a la comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

En sesión ordinaria y por obvia resolución, el Pleno de la LXV Legislatura avaló las licencias para separarse del cargo a los diputados Amado Jesús Cruz Malpica, de Morena; Sergio Hernández Hernández y Juan Manuel de Unánue Abascal, del Grupo Legislativo del PAN.

La licencia del legislador Amado Cruz Malpica abarca el periodo comprendido del 28 de enero al 30 de junio; del diputado Sergio Hernández, del 22 de enero al 15 de febrero, y la del diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, 30 días, contados a partir del 21 de enero de este año.

En consecuencia, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General convocar a los respectivos suplentes para que asuman el cargo, en tanto dura cada licencia.

En el desarrollo de la sesión, la coordinadora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), Erika Ayala Ríos, notificó al Pleno la adhesión del diputado del Distrito I, de Pánuco, Rodrigo García Escalante, a esta bancada. Por ende, se instruyó a la Secretaría General realizar los registros correspondientes.

Asimismo, las diputadas y diputados aprobaron, por obvia resolución, la solicitud de licencia del ciudadano Eduardo Rojas Camacho, para separarse del cargo de presidente municipal propietario del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, a partir del 20 de enero y hasta el 7 de junio de la presente anualidad.

Por otra parte, el Pleno se dio por enterado de la remisión del Segundo Informe de Actividades de las diputadas Adriana Paola Linares Capitanachi, Brianda Kristel Hernández Topete, María Esther López Callejas, Florencia Martínez Rivera, Erika Ayala Ríos y Adriana Esther Martínez Sánchez, así como de los legisladores José Magdaleno Rosales Torres, Juan Javier Gómez Cazarín, Rubén Ríos Uribe, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Jorge Moreno Salinas, Wenceslao González Martínez, Antonio García Reyes y Raymundo Andrade Rivera.

Además, se dio entrada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la respuesta de la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) en relación al exhorto de este

Poder Legislativo de realizar una auditoría integral al Organismo Público Descentralizado de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, denominado Instituto Metropolitano del Agua, a fin de determinar el cumplimiento de sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, conforme con el título de concesión otorgado para la prestación de los servicios de agua y saneamiento.

De igual forma, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la solicitud de autorización, enviada por el Gobernador del Estado, para enajenar a título gratuito una superficie, deducida de una mayor, de la parcela 15 z-1 p 1/1 del ex ejido Emiliano Zapata, actualmente municipio de Xalapa, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de una compañía de la Guardia Nacional.

La misma Comisión Legislativa analizará la documentación enviada por el Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (Ople), mediante los cuales solicitan a este Poder una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, para el proceso electoral ordinario 2020-2021.

En los temas desahogados de la correspondencia, este Congreso se dio por enterado de la designación de la C. Nayeli Toral Ruiz como presidenta municipal y del ciudadano José Altamirano Ramírez, como Síndico Único, de Actopan, informado por el propio ayuntamiento.

Debido a que con la pandemia la demanda del servicio de transporte público ha disminuido y los ingresos de concesionarios y choferes se ha visto mermado drásticamente, aunado a que tienen que realizar actividades diarias y trámites que repercuten en su economía, la diputada Magaly Armenta Oliveros presentó una iniciativa de decreto que reforma la Ley 589 de Tránsito y Transporte y se deroga el artículo 59 de la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial, ambas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su intervención en Tribuna, la también presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad de la LXV Legislatura subrayó que los prestadores del servicio público de transporte, en sus diversas modalidades, requieren el apoyo de sus representantes populares, toda vez que se vive una crisis económica y es necesario crear los mecanismos que les permitan a este sector continuar prestando el servicio y además seguir llevando el sustento a sus familias.

De acuerdo a la iniciativa, se busca evitar que los ciudadanos que posean una o varias concesiones de transporte y además cuenten con vehículo particular, tengan que realizar doble gasto al momento de sacar la licencia de conducir.

Ya que la ley señala los tipos de licencia, como lo son: la A, para vehículos de transporte público; la B, para unidades de servicio de transporte público y de carga; la C, para particular y la D, para vehículos de dos o tres ruedas, así como la E, para vehículos de maquinaria para construcción o agrícolas

La propuesta de la diputada del Grupo Legislativo de Morena radica en unificar los criterios, con la finalidad de que la licencia de chofer tipo A, permita a su titular la conducción de automotores especificados para las licencias tipos B y C, y en su caso la primera de estas, acredite la conducción de vehículos en el que se requiera la tipo C, sin necesidad de obtener y portar una licencia distinta para cada uno de los tipos establecidos.

De igual modo y en apoyo a la economía de las y los transportistas, en su modalidad de taxi, se prevé ampliar, de ocho a diez, los años la vida útil de las unidades destinadas a prestar este servicio, “siempre y cuando las condiciones físicas y mecánicas de la unidad sean idóneas para el traslado cómodo y seguro de pasajeros”, agregó.

Se propone que parte del contenido de la fracción VII del artículo 134 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, en relación a la prevención de la contaminación, sea trasladado al artículo 132 de la misma Ley, a fin de que no se actualice la revocación de la concesión de que se trate, por no contar con la verificación vehicular y el engomado correspondiente, sino que se inicie con la suspensión de los derechos de concesión, como una medida de apoyo para los concesionarios.

“No es que se tolere la falta de la verificación, si no que se evite emitir resoluciones de revocación de concesión, cuando por una omisión u olvido del concesionario, no acuda al centro de verificación en la fecha que le correspondía, no obstante que la misma se encuentre en buenas condiciones y sea apta para aprobar la verificación”, puntualizó.

Posterior a su lectura en Tribuna, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad. Se adhirieron los integrantes del Grupo Legislativo de Morena y del Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM).

El Congreso del Estado recibió al titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) de Gobierno del Estado, Iván Joseph Luna Landa, quien presentó ante la Comisión Permanente de Gobernación los resultados de su gestión durante el segundo año de la presente administración estatal.

En presencia de los diputados Rubén Ríos Uribe y Raymundo Andrade Rivera y de la diputada María Josefina Gamboa Torales, presidente, secretario y vocal, respectivamente, el servidor público dio cuenta de las acciones realizadas desde esa dependencia para que las y los veracruzanos tengan acceso a la información oportuna y relevante sobre los programas, acciones y servicios de la administración pública.

Luna Landa reconoció a esta LXV Legislatura por la aprobación de la Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, que –dijo- proporciona el marco de actuación del cual emana el Padrón Estatal de Medios de Comunicación, que permite garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Informó también que, hasta el 30 de noviembre del presente año, han obtenido su registro en el Padrón 307 medios, de los cuales 187 son digitales, 52 electrónicos, 49 impresos, 18 complementarios y 1 público, tanto estatales como nacionales.

De acuerdo con su titular, la CGCS ha colaborado con todas las dependencias de la administración pública informando sobre las distintas acciones realizadas desde el Gobierno del Estado, con la finalidad de promover bienestar a toda la población, sin embargo, ha tenido que adecuarse a las circunstancias atípicas y los nuevos modelos de consumo de medios que se presentaron ante la pandemia por Covid-19.

Pormenorizó las campañas implementadas por este gobierno para así cumplir los objetivos institucionales en apoyo de las secretarías que con gran capacidad atendieron el tema económico, antes y durante la pandemia.

Especial mención hizo de la campaña de prevención contra el Covid-19, para difundir las medidas sanitarias entre la población, desde las primeras indicaciones con la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el uso correcto del cubrebocas. Esto –dijo- ha permitido coadyuvar a que la población conozca y atienda dichas indicaciones para el adecuado control de la epidemia.

Destacó el trabajo que la CGCS y Radio Televisión de Veracruz realizan en apoyo a la

Secretaría de Educación de Veracruz para mantener informada a la sociedad sobre los temas y horarios de la programación Aprende en Casa, para lo cual se puso a disposición de los estudiantes y profesores distintas producciones para la enseñanza y el aprendizaje de distintas materias.

Luna Landa aclaró que, desde el inicio de esta administración, la CGCS no destina recursos en la contratación de terceros para el diseño y elaboración de los productos informativos y publicitarios difundidos a través de distintos medios; todo el trabajo es realizado por servidores públicos de la dependencia.

De manera cotidiana, la CGCS informa sobre las actividades, obras y servicios de la Administración Pública Estatal. En el año reciente, envió a medios mil 608 comunicados, proporcionando información de las actividades que realiza cada una de las dependencias, sobre los temas fundamentales para el actual gobierno.

En colaboración con la Secretaría de Salud de Veracruz, remitió 439 comunicados, con la información más actualizada sobre la situación actual del coronavirus, información oportuna sobre las acciones y campañas que realiza la dependencia para combatir el dengue, o el trabajo que ha realizado esta Secretaría con la histórica rehabilitación y construcción de clínicas, principalmente en las comunidades más apartadas.

Como parte de un gobierno itinerante, hasta el momento, la CGCS ha realizado mil 494 coberturas en las 10 regiones de la entidad, lo que –consideró el funcionario- se refleja en información diaria en beneficio de la sociedad.

En redes sociales, a través de las cuentas institucionales del Gobierno del Estado se han alcanzado más de 184 millones de impactos y casi 4 millones de interacciones en las más de 17 mil publicaciones realizadas en el último año.

En lo que va de la contingencia, esta dependencia envió 260 boletines de la Estrategia Estatal contra el Coronavirus y como parte de las acciones que realizan todas las dependencias se enviaron 162 más para reforzar medidas, acciones y estrategias para el bienestar de la población.

Asimismo, para combatir la desinformación, desde el pasado 16 de marzo, fecha en que se presentaron los primeros casos sospechosos en la entidad, inició la transmisión de actualizaciones diarias de Covid-19 en las que participa el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, con su equipo de epidemiólogos. Éstas se transmiten a través de Radio Televisión de Veracruz y redes sociales del Gobierno del Estado. A la fecha, se han realizado 255 transmisiones.

El servidor público hizo un llamado a los legisladores y legisladoras, medios de comunicación, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y ciudadanía en general “para que se sumen a los esfuerzos que estamos realizando para combatir esta otra epidemia, la de la desinformación, pues más que afectar a un gobierno,

afectan a la sociedad, y tienen consecuencias negativas, principalmente entre las personas más vulnerables”.

Finalmente, agradeció a todos los servidores públicos de la CGCS y de Radio Televisión de Veracruz y enlaces de cada Secretaría, principalmente, a aquellos que durante esta pandemia han trabajado de manera ininterrumpida a fin de mantener informada a la sociedad veracruzana. “Su compromiso ha sido fundamental en la labor que todos los días realiza el Gobierno del Estado para hacer frente a esta contingencia”.

La Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la LXV Legislatura atendió la comparecencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), María del Rocío Pérez Pérez, quien dio cuenta de las acciones en la materia llevadas a cabo durante el reciente año de la administración estatal.

Durante su exposición, detalló acciones implementadas tanto por la Secretaría como por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) en desarrollo forestal, reforestación, combate a incendios forestales, control de la contaminación, gestión ambiental y presupuesto, entre otras.

En presencia de la diputada Margarita Corro Mendoza y de los diputados Juan Manuel de Unanue Abascal y Antonio García Reyes, presidenta, secretario y vocal de la Comisión, respectivamente, habló de las acciones que la Sedema realizó en relación con los indicadores del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 orientados a contribuir al cumplimiento de los Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 y 15 de la Agenda 2030.

Desarrollo forestal y reforestación

La funcionaria destacó que, en el marco del programa federal Sembrando Vida, con una inversión de 30 millones 640 mil pesos (mdp), provenientes de la Secretaría de Bienestar, se logró la producción de cuatro millones de plantas.

Con el Programa Estatal de Reforestación, se alcanzó la producción de 670 mil plantas, lo que permitió apoyar a 21 municipios a través de la asistencia técnica y la recuperación de vegetación en áreas afectadas por incendios.

En estas acciones, mencionó también las 150 hectáreas reforestadas del Área Verde Reservada para la Educación Ecológica de San Juan del Monte (1.5 mdp), 205 hectáreas del municipio de Las Vigas de Ramírez (1.8 mdp) y 56.4 hectáreas de bosques y selvas del estado, mediante la donación de 5 mil 970 plantas en beneficio de 18 municipios.

Incendios forestales

La Secretaria informó que, de noviembre de 2019 a octubre de 2020, 144 incendios forestales se suscitaron en 33 municipios de la entidad y afectaron una superficie de 3 mil 759.2 hectáreas.

La inversión para prevenir, controlar y combatir los incendios forestales fue de 6.998 mdp, aplicados en el pago de los brigadistas, gastos de campo y la adquisición de equipo básico de protección, señaló la Secretaria y detalló también las acciones del Programa Fortalecimiento del Centro Estatal de Incendios Forestales y las de control, combate y liquidación de 63 incendios forestales.

Ponderó también la aplicación Incendios Móvil, gracias a la cual, dijo, fueron atendidas oportunamente 77 áreas siniestradas en las Unidades de Manejo Forestal de Los Tuxtlas, Orizaba-Sierra de Zongolica y Perote, sumando con ello más de 3 mil hectáreas atendidas por brigadistas oficiales.

Control de la contaminación y participación social

De acuerdo con su titular, a la fecha, la Sedema tiene registrados 29 rellenos sanitarios, de los cuales sólo cinco cumplen con las condiciones establecidas por la NOM-083-Semarnat-2003: Tampico Alto, Poza Rica, Gutiérrez Zamora, “El Tronconal” en Xalapa y “El Guayabo”, en Medellín.

Este año, la Sedema participó en la organización de tres reciclones para la colecta de Residuos de Manejo Especial en los municipios de Xalapa e Ixtaczoquitlán, con un acopio de 31 mil 459 litros de aceite vegetal usado y 167.62 toneladas de residuos como: llantas, electrónicos y pilas.

Del 24 al 30 de octubre, con los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán, Jilotepec, La Antigua y Xalapa y la empresa Geocycle, en el Llantatón 2020 se logró recolectar 137 toneladas de neumáticos para su correcta disposición final y evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Del 14 al 26 de septiembre, brigadas forestales de Uxpanapa y Los Tuxtlas, pescadores, ejidatarios, los ayuntamientos de Ignacio de la Llave y Cuichapa y la PMA realizaron labores de limpieza en el Río Blanco y recolectaron 103 toneladas de palizada y 3 mil 100 kilos de pet y otros residuos.

Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, destacó la Secretaria, fueron impartidas más de 100 charlas virtuales dirigidas a la sociedad en general en temas de interés común como: Bienestar Animal, Contaminación del agua, Cambio Climático, Residuos, Impacto Ambiental, Deforestación y Participación Social, entre otros.

A esto sumó los simposios virtuales en los que participaron 864 personas entre autoridades municipales y estatales, representantes de organizaciones civiles y de la sociedad en general de 73 municipios, así como la participación de 6 mil 507 personas en el programa Promotores Ambientales.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente

En lo que se refiere a las acciones de la PMA, en el marco del Convenio de Coordinación para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, la Procuraduría suscribió 10 convenios, un total de 40 en lo que va de la presente administración, con varias instituciones académicas, instituciones gubernamentales, empresas y asociaciones civiles.

A esto añadió el convenio de cooperación técnica firmado por la PMA y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) con el propósito de garantizar la aplicación de las leyes en materia medioambiental para la correcta utilización de los recursos públicos.

En atención a las denuncias ciudadanas respecto de algunos ayuntamientos que arrojan los residuos sólidos urbanos a cielo abierto, la PMA llevó a cabo 97 clausuras, de las cuales, 8 han sido por una incorrecta disposición de residuos sólidos urbanos.

Como parte de las acciones de prevención para evitar la propagación del COVID-19, la PMA preparó un total de 240 mil litros de solución sanitizante antiviral, que ha sido aplicada en 12 mil 452 unidades de transporte público, 64 centros de salud, 22 dependencias de gobierno, 10 cuerpos de bomberos, ocho palacios municipales, cuatro escuelas, dos mercados, dos bancos rurales, dos oficinas de prensa, un comedor comunitario, en diversas empresas y en el edificio de la PMA, beneficiando a 30 mil 360 personas con estas actividades en 40 municipios.

Al término de su exposición, la Secretaria respondió las preguntas formuladas por las y los diputados.

Combatir la corrupción, vigilar el adecuado manejo de los recursos públicos y romper el círculo de la impunidad, son los tres ejes de acción de la Contraloría General del Estado (CGE), definió su titular, Mercedes Santoyo Domínguez, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Ante la diputada Rosalinda Galindo Silva y el diputado Alexis Sánchez García, presidenta y secretario de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, respectivamente, la servidora pública aseguró que el trabajo realizado a lo largo de este año sienta las bases para crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, que rindan cuentas y garanticen el acceso público a la información.

Fiscalización

La titular de la CGE informó sobre la realización de 434 evaluaciones financieras a 17 dependencias y 52 entidades, así como la validación de 114 evaluaciones Programático-Presupuestales y de Calidad y Consistencia a programas presupuestarios y actividades institucionales. En 2020 –añadió- la CGE ha duplicado el número de evaluaciones respecto al ejercicio anterior.

Destacó también las 10 fiscalizaciones de obra pública realizadas a seis dependencias y entidades de la administración pública estatal, con un total de 97 obras revisadas. Además, se registraron 19 mil 591 operaciones que, conforme a su modalidad de contratación, se clasificaron en 23 licitaciones públicas nacionales, cuatro licitaciones públicas estatales, 164 licitaciones públicas simplificadas y 19 mil 400 adjudicaciones directas; de las cuales, 171 fueron adjudicaciones directas por excepción de ley. Del total, 17 mil 475 operaciones se realizaron con empresas veracruzanas y 2 mil 116 con empresas con residencia fiscal en otras entidades federativas, representando el 89% para las empresas locales.

De acuerdo con su titular, la CGE dio seguimiento a 850 procedimientos de contratación de obra pública; de los cuales, 85 corresponden a la modalidad de Licitación Pública Nacional, 175 a Invitación a Cuando Menos Tres Personas, 25 a Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley y 565 a Adjudicación Directa.

Como parte del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Estado de Veracruz, la CGE dio seguimiento a mil 247 incidencias derivadas de la inspección, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet). De éstas, 559 corresponden a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 97 a organismos autónomos y 591 a municipios del estado.

En su calidad de ente fiscalizador, mediante los entes internos de control, dijo Mercedes Santoyo, la CGE ha realizado auditorías y revisiones periódicas a la comprobación del gasto y la aplicación de los recursos públicos: 31 auditorías a 13 dependencias y a 13 entidades de la administración pública estatal.

Transparencia, anticorrupción y función pública

En 2020, la CGE ha recibido y procesado en el Sistema Declaranet Plus un total de 23 mil 033 declaraciones patrimoniales y de intereses, de las cuales 7 mil 578 se generaron por inicio de funciones, 1 mil 747 por conclusión de servicio y 13 mil 708 de modificación de situación patrimonial. Con corte al 30 de noviembre, la dependencia ha emitido 30 mil 938 constancias de no inhabilitación.

La servidora pública prosiguió: en el reciente año, ha emitido 557 resoluciones, de este total, 183 inhabilitaciones sin sanción económica, 18 sanciones económicas con inhabilitación, una destitución, 96 amonestaciones, 11 apercibimientos y 309 resoluciones fueron absolutorias.

Durante el mismo periodo, añadió, la CGE ha recibido 183 solicitudes de información. En colaboración con el Instituto Veracruzano de Información y Protección de Datos Personales (IVAI), 162 servidores públicos de la Contraloría fueron capacitados.

Capacitación

Durante el mismo periodo, la CGE proporcionó a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal capacitaciones en: Principios y Valores Éticos, Vocación de Servicio Público, Responsabilidades de los Servidores Públicos, Sistema de Control Interno, Gestión de Riesgos, Herramientas de Control, Estructuras Orgánicas, Elaboración de Manuales Administrativos, Bitácora Electrónica de Obra Pública, Plataforma Compranet, Contraloría Social y Ciudadana y en reforzamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal.

Mediante la Plataforma Virtual, el Programa Anual de Capacitación fue abierto el 10 de agosto del 2020 y, con corte al 30 de noviembre, se han habilitado 3 mil 614 accesos, de los cuales 1 mil 447 servidores públicos han concluido y los demás están en proceso.

El 8 de abril del presente año, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado el acuerdo por el cual se emite el Sistema de Control Interno (SICI), de aplicación para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

A la fecha, han recibido capacitación relativa al SICI a través de salas virtuales y de manera presencial 1 mil 507 servidores públicos de mandos superiores y medios, y por primera vez, los titulares de las dependencias y entidades.

En marzo de este año, fueron publicados en la Gaceta Oficial el Acuerdo que emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y el Código de Conducta de la CGE. A la fecha, se ha autorizado un total de 70 Códigos de Conducta.

La Contralora habló también de las diferentes actividades realizadas para reforzar la capacitación contra el hostigamiento y el acoso sexual en la administración pública estatal: carteles, campañas, pláticas y mesas de trabajo, entre otras.

Santoyo Domínguez finalizó su participación informando que, en atención a lo señalado en el Programa General de Trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), a través de la Universidad de Xalapa (UX), la CGE impartió el diplomado en línea en materia del Portal Nacional de Transparencia y Políticas de Gobierno Abierto, en el que participaron 29 estados del país.

“Estamos trabajando en el eje transversal de honestidad, austeridad, planeación, ejecución, control y evaluación de los recursos públicos del estado con la finalidad de gestionar, en todo momento, el bienestar de la sociedad veracruzana”, concluyó la Contralora antes de responder a las preguntas que las y los diputados le formularon.

El diputado José Magdaleno Rosales Torres, representante del Distrito XVII de Medellín, puso a consideración del Pleno un anteproyecto por el cual se prevé exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que revise y resuelva los problemas relacionados con las altas tarifas y cobros excesivos a habitantes de diversas comunidades de la zona de Manlio Fabio Altamirano.

Al participar durante la cuarta sesión ordinaria, el integrante del Grupo Legislativo de Morena señaló que, en días pasados, realizó un recorrido por la zona mencionada, donde los pobladores le solicitaron su intervención, ante las autoridades competentes, debido a que el cobro por el servicio de electricidad se les ha incrementado considerablemente, a pesar de tener el mismo consumo habitual.

El legislador Rosales Torres puntualizó que hasta el momento ha atendido a más de 10 casos que presentan esta misma situación; sin embargo, a través de diversos medios de comunicación, se ha hecho público que este tipo de inconformidad se viene presentando en diversos sectores en todo el territorio veracruzano.

“Se hace imprescindible hacer un llamado urgente a la CFE y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que realicen verificaciones a estos casos y se den soluciones a los usuarios, con la finalidad de que sigan gozando del servicio sin desembolsar las excesivas cantidades que les exigen cada bimestre”, concluyó.

Tras su lectura en Tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitir el anteproyecto a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para el trámite legislativo correspondiente.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Magaly Armenta Oliveros exhortó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) para que, a la brevedad, informe a esta Soberanía respecto al seguimiento dado a las denuncias interpuestas por este órgano fiscalizador contra exservidores públicos, como resultado de los dictámenes de las cuentas públicas aprobados por esta Soberanía.

Refirió lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber, que “el Órgano entregará al Congreso, durante los primeros cinco días de los meses de marzo y septiembre de cada año, los Informes de Seguimiento correspondientes a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los Informes Individuales que hubiere presentado.

“Los Informes de Seguimiento serán públicos y deberán incluir los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos, como consecuencia de las acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos de cualquier otra índole que se hubieren llevado a cabo”, sentenció.

Al citar también el Artículo 72 de la misma Ley, la representante popular expresó que la sociedad tiene el derecho de conocer el destino de las denuncias interpuestas por el Orfis en contra de diversos servidores públicos a los cuales les resulta presunto daño patrimonial.

La legisladora se pronunció por que se dé a conocer “a cuántos se les ejerció acción penal, a cuántas se les sentenció y tuvieron que reparar el daño, cuántos regresaron lo robado y el monto que ha recuperado el Orfis por motivo de estas denuncias. Queremos saber si el Ministerio Público o la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal y qué hizo el Orfis para combatir esta resolución”, concluyó.

El diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, para dotar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), de una herramienta digital y tecnológica denominada Buzón Fiscalizador, que permita la práctica de auditorías en vía remota, a fin de simplificar, facilitar, agilizar y reducir gastos durante el Procedimiento de Fiscalización Superior.

Con esta plataforma, dijo el también presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, el Orfis mantendría comunicación constante con los entes a fiscalizar, propiciando una efectiva realización de notificaciones apegadas a la legalidad, intercambio de información y envío y recepción de documentos con respaldo digital y físico, dando certeza jurídica en cuanto a su autenticidad, a través del uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

El integrante del Grupo Legislativo de Morena puntualizó que esta plataforma virtual sería controlada y administrada por el Orfis, proporcionando a cada ente fiscalizable una cuenta con clave de acceso -única e intransferible-, con la que podrá recibir las notificaciones y requerimientos que emita el Órgano.

Por su parte, refiere, los titulares de los entes fiscalizables deberán designar, de entre sus servidores públicos, al responsable del manejo y atención del Buzón Fiscalizador. Asimismo, deberán integrar y mantener actualizado un archivo físico con la documentación remitida al Órgano a través de la plataforma o de cualquier otro medio electrónico, para su disposición y/o remisión inmediata a cualquier autoridad que la requiera.

El legislador Domínguez Vázquez señaló que esta herramienta permitirá la interacción con los entes fiscalizables a distancia, evitando desplazamientos innecesarios, reduciendo costos de traslado y utilización de recursos materiales.

Finalmente, señaló que el Buzón Fiscalizador, representará un avance hacia la modernidad en la fiscalización, consolidando un gobierno electrónico, con inmediatez en las actuaciones realizadas por las autoridades, constituyendo una mayor eficacia en la revisión que se hace al ejercicio de los recursos públicos, concluyó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su estudio y dictamen.

A la Comisión Permanente de Gobernación fue turnada la Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada por el Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en materia de conformación y funcionamiento de los ayuntamientos en caso de ausencia de ediles propietarios.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, se dio a conocer que, según esta propuesta, en primer lugar, las ausencias temporales de ediles propietarios hasta por cinco días naturales no requerirán de licencia previa del ayuntamiento pero se suplirán conforme al modelo vigente, con una variante respecto de la ausencia de la o el síndico, sin requerirse de acuerdo previo.

En segundo lugar, las ausencias temporales de más de cinco días naturales y hasta por sesenta días de las y los ediles requerirán de licencia del Cabildo y serían cubiertas por las y los suplentes respectivos.

La iniciativa propone eliminar del artículo 24 de la ley el carácter potestativo de la disposición referente al acuerdo para cubrir las suplencias de las personas que ocupen las presidencias y sindicaturas, a fin de que se establezca expresamente quiénes las sustituirían en sus funciones de forma temporal, de tal modo que no se retrasen ni obstaculicen los trabajos al interior de los ayuntamientos.

Asimismo, proponen señalar un plazo razonable en que no se requiera licencia para ausentarse del cargo, pero en el que sí se prevea una sustitución y, por otra parte, facultar a los cabildos a llamar a las y los suplentes de ediles, en los casos de faltas mayores de cinco días pero que no excedan de sesenta.

A través de este proyecto legislativo, las diputadas y los diputados procuran sentar las bases jurídicas para que no se violente, aunque fuere de manera temporal, la voluntad popular respecto de la representación política en la conformación de los ayuntamientos, al ser éstos la expresión institucional del orden de gobierno de mayor proximidad a la ciudadanía.

Debido a que el uso del cubrebocas representa una acción efectiva y que si el gobierno promueve su uso y lo pone al alcance de todos los ciudadanos se lograrán reducir los contagios de coronavirus, el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo estatal y a las 212 autoridades municipales, para que en ocasión de la emergencia sanitaria implementen una política pública que conlleve la entrega masiva y gratuita de esta medida de protección a la población veracruzana.

Al presentar detalles sobre su anteproyecto, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que si bien es cierto que lograr el uso generalizado del cubrebocas requiere concientizar a la población, también es necesario que las autoridades, además de poner el ejemplo, establezcan los mecanismos para aminorar el gasto que hoy genera en los hogares el adquirir estos productos, los cuales –consideró- se han convertido ya en un gasto básico familiar.

Subrayó que la emergencia sanitaria y la crisis económica han provocado la pérdida de empleos, disminución de ingresos, afectaciones emocionales por el confinamiento, dolor por el fallecimiento de seres queridos; aunado a que ha obligado a las familias a adquirir productos de protección como el gel antibacterial, jabón de manos, caretas y cubrebocas. “En la medida en la que la movilidad se incrementa, los gastos por estos insumos aumentan para la gente”, abundó.

El legislador De Unánue Abascal señaló que el precio de los citados insumos oscila entre los 100 y los mil pesos, de acuerdo a las marcas, durabilidad y estilos de los mismos. “Pero son necesarios, ya que las personas deben cuidarse dentro o fuera de sus hogares, de tal forma que resulta impensable salir a la calle sin cubrebocas, porque la movilidad se verá limitada y condicionado en espacios públicos y privados”, expuso.

Además, refirió que si bien los gobiernos Federal y Estatal no han podido frenar el incremento de contagios, en Veracruz podría implementarse una medida que ayude a salir pronto de la pandemia, por lo cual solicitó que el Estado impulse la autoprotección sanitaria, “de lo contrario la curva nunca se aplanará, ni mucho menos podremos salir de esta oscura etapa de la realidad nacional y mundial”.

Reiteró su llamado al Ejecutivo estatal y a los ayuntamientos para adoptar esta medida, toda vez que el gasto invertido en los cubrebocas será de gran ayuda y contribuirá a reducir la propagación del virus y en consecuencia los gastos médicos y hospitalarios que el sector salud emplea para la atención de los enfermos.

Este Anteproyecto fue turnado, para su estudio y dictamen, a la Junta de Coordinación Política.

En el marco de los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y la próxima conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui se pronunció ante el Pleno por realizar un llamado social a construir esquemas de actuación que garanticen los derechos humanos para todas las personas.

En lo referente a la violencia contra las mujeres, la legisladora por el Distrito de XVIII de Huatusco, dijo que es necesario trabajar en conjunto para sumarse a la Campaña Únete 2020: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar”, gestionada por ONU Mujeres.

Esta campaña, continuó, implica etiquetar recursos para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, asegurar servicios esenciales para salvar la vida de las mujeres, a través de las acciones de las autoridades encargadas de proteger su integridad, prevenir la violencia, además de recabar datos, actualizados y fidedignos, que permitan analizar el problema y trabajar al respecto.

Dijo que en el contexto del confinamiento, derivado por la emergencia sanitaria, el número de reportes por violencia familiar y violencia de género se han incrementado considerablemente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, en cuanto a feminicidios, no ha dejado de ser un problema constante a nivel nacional, puntualizó la diputada.

En este sentido, señaló que erradicar la violencia contra las mujeres es un reto con el que todas y todos deben comprometerse, contemplando una mayor inversión de recursos y modelos de atención más eficaces con Fiscalías móviles, creación de Centros de Reeducación para Personas Agresoras, mayor capacitación con perspectiva de género, y creatividad para que las campañas y modelos sean adaptados a los diversos contextos e interseccionalidades, como la pobreza o pertenecer a una comunidad indígena.

“En Acción Nacional creemos en la solidaridad como un principio fundamental para el respeto a la dignidad humana, a través de la empatía con el otro y la otra”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a repensar en cómo proteger los derechos humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, adultos mayores y las niñas, niños y adolescentes.

“En este contexto de pandemia, velar por los derechos humanos, es complicado, pero es obligación irrenunciable del gobierno y compromiso de toda la sociedad, solo así podremos trascender este tiempo crítico de salud, sin atentar contra la dignidad humana”, concluyó.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó la adición de un tercer párrafo al artículo 83 de la Ley de Salud del Estado, resultado de la iniciativa presentada el 31 de julio de 2019 por la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, con lo que se establece que en la capacitación y actualización de recursos humanos para la salud deberá incorporarse la perspectiva de género, a efecto de garantizar servicios que promuevan un trato igualitario y con enfoque diferenciado en la población usuaria.

Este dictamen, presentado al Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y para la Igualdad de Género, fue aprobado con 43 votos, sin abstenciones o votos en contra.

Con esta reforma se busca erradicar, en los servicios de salud, los estereotipos de género por parte del personal y que afecta, principalmente, a las mujeres en el momento de ser atendidas, expone el dictamen.

Refiere que es imprescindible capacitar y actualizar al personal médico y administrativo en la perspectiva de género, lo cual implicará que quienes son encargados de la salud de las personas sean sensibles a las distintas realidades tanto de mujeres y hombres; lo cual implicará un cambio de mentalidad y actitud respecto a la atención brindada, que existan actitudes diferentes en el trato, que sean erradicados los citados estereotipos y consecuentemente la violencia de cualquier índole.

Indica que, trabajar con perspectiva de género permitirá eliminar ideas que son injustas y que derivan de creencias arraigadas originadas en una cultura patriarcal; por lo cual resulta necesario que en el proceso de salud, enfermedad y atención, sean otorgadas con un trato diferenciado, en el que se atienda al paciente de acuerdo a sus necesidades específicas.

Durante el debate del dictamen, la legisladora Brianda Kristel Hernández Topete, autora de la propuesta, agradeció a las comisiones dictaminadoras y, agregó, que esta modificación permitirá un cambio de mentalidad y actitud respecto a la atención brindada y generará actitudes diferentes en el trato, que deberá reflejarse en la eliminación de estereotipos de género y consecuentemente la violencia de cualquier índole.

Puntualizó que, el trabajar con perspectiva de género permite eliminar ideas injustas y que son producto de creencias arraigadas originadas en la cultura patriarcal, por lo que –

consideró- necesario que en el proceso de salud, enfermedad y atención sea brindado bajo un trato diferenciado, en el que se atienda al paciente de acuerdo a sus necesidades específicas.

Tras su aprobación por parte del Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y por ende entre en vigor.

El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 44 votos, el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a través del cual, la Comisión Municipal de Comunicaciones y Obras Públicas tendrá que contemplar, cuando sea posible, en la denominación de nombres de calles, plazas, jardines y paseos públicos, una traducción del español a la lengua originaria que se hable en el municipio.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Gobernación y derivado de la iniciativa presentada el pasado 5 de noviembre por el diputado León David Jiménez Reyes, asegura que el objetivo es fomentar el conocimiento de las lenguas originarias arraigadas en la entidad, al tiempo de otorgar su justa dimensión e importancia, generando con ello una inclusión social articulada a un sentimiento de pertenencia y de hermandad.

La instancia dictaminadora señaló su coincidencia con el iniciante, toda vez que esta reforma promocionará la cultura e incentivará el turismo, reactivando la economía, impulsando la creación y conservación de empleos.

El imponente y maravilloso patrimonio que emana de la diversidad cultural y lingüística de México, hace indispensable procurar su preservación, difusión y respeto, con el firme propósito de que sea admirado por esta generación y las venideras, señala el documento.

En Veracruz, de acuerdo a datos proporcionados por la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), se registran 12 lenguas con profunda presencia poblacional: Náhuatl, Totonaca, Huasteco, Popoluca, Otomí, Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Tepehua, Zoque, Mixteco y Mixe.

Tras su aprobación por parte del Pleno, se instruyó remitir el presente dictamen de decreto al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Como una acción para garantizar una infraestructura educativa apta en medidas preventivas de higiene y así contar con un regreso seguro a las escuelas, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Veracruz.

En su propuesta, la legisladora prevé reformar el artículo 23 Bis a fin de señalar en este que, en caso de emergencia sanitaria declarada por la autoridad correspondiente, el Estado, en coordinación con los municipios, se encargará de implementar protocolos preventivos en materia de higiene escolar, que al menos contengan aspectos como la aplicación de filtros de sanitización al ingreso y salida de los planteles.

Así como, evaluar que las personas que ingresen a los planteles no cuenten con síntomas asociados a enfermedades contagiosas, procurar la sanitización constante de espacios, superficies y objetos al interior de las aulas, propiciar que alumnos y docentes cuenten con distancia adecuada al interior de la escuela, impulsar el constante lavado de manos y el uso obligatorio de cubre bocas.

También, la implementación de campañas informativas y de concientización respecto de la importancia de las medidas preventivas de higiene. Asimismo, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en colaboración con la Secretaría de Salud (SS), mantendría el control de higiene preventivo escolar y supervisará el cumplimiento de esas medidas.

En su intervención en Tribuna, la legisladora Ivonne Trujillo manifestó que aun cuando no hay fecha para que los alumnos veracruzanos regresen a clases presenciales, es necesario analizar las condiciones que deberán tenerse para ese momento y garantizar que sea en un ambiente de higiene y libre de posibles infecciones.

Previamente, expuso que debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, México se vio obligado a suspender actividades en todas las escuelas, orillando a millones de estudiantes a no salir a de sus casas y continuar con su educación a distancia.

Agregó que el cierre de escuelas, desde el 20 de marzo de 2020, se debió a la implementación de un plan de acción, por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para contener el número de contagios en todos los planteles del país, pero al mismo

tiempo implicó el diseño de una estrategia basada en el uso de la tecnología para seguir aprendiendo, con las “clases a distancia”.

La legisladora precisó que ante los reiterados anuncios por parte de la autoridad federal, del posible regreso a clases, y derivado del nuevo programa para atender la contingencia sanitaria, en el marco de la denominada nueva normalidad, que prevé el regreso presencial a las aulas, resulta indispensable realizar un diagnóstico con anticipación para evitar un retorno a los salones que arroje resultados opuestos a los que se esperan.

Esta iniciativa, presentada durante la cuarta sesión ordinaria, fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen correspondiente.

Incentivar la contratación de las personas con discapacidad es el principal objetivo de la Iniciativa de Decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y el Código Financiero, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Bingen Rementería Molina.

Esta propuesta, de acuerdo con el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), permitirá que las empresas que contraten a personas con discapacidad apuesten por “personal de inclusión” y realicen las adaptaciones en sus procesos, instalaciones o manuales para que sumen con su talento a la empresa.

Desde la tribuna, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el Diputado refirió que en Veracruz, según la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, el 13.56 por ciento de personas con discapacidad no estaba afiliado a alguna institución de salud, lo equivalente a 91 mil 364 personas que, además de las dificultades para realizar sus labores cotidianas, no reciben atención médica gratuita ni privada.

Añadió a esto que en México aproximadamente un millón de personas con discapacidad tienen posibilidades de trabajar y no son incluidas en el mercado laboral. En razón de lo cual, planteó en su iniciativa una modificación al Código Financiero donde se establece que tanto el Gobierno del Estado como las empresas deban integrar en su planilla laboral al menos al 5 por ciento de personas con discapacidad.

Al considerar que esta medida no puede ir acompañada sin un incentivo fiscal a las empresas, propuso también que se exente del pago del Impuesto sobre la Nómina para el doble del porcentaje de personas con discapacidad contratadas. Es decir, quien contrate al menos un 5 por ciento de “trabajadores de inclusión” quedará exento del pago de este impuesto en un 10 por ciento.

Asimismo, se amplía de tres a cinco por ciento el número mínimo de vacantes disponibles para las personas con discapacidad en el servicio público estatal, en la administración pública centralizada y paraestatal, “siempre que cumplan con los requisitos de ingreso y cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes”.

La Iniciativa de Decreto que reforma las fracciones XIII y XIV y adiciona las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del Artículo 10 y reforma el Artículo 21 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y deroga el inciso d) de la fracción IV y adiciona la fracción VI del Artículo 103 del Código Financiero, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Hacienda del Estado

El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la que se busca establecer que, para el ejercicio fiscal 2021, los fondos de participaciones, señalados en los artículos 9 y 14; el de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; de Fiscalización y el de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2020, en sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de esta misma Ley.

De acuerdo a la propuesta del presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal la recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de gasolina y diésel, en su porcentaje correspondiente al 9/11, se distribuirá a los municipios de la entidad en 70 por ciento con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y en 30 por ciento con base en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) vigentes en 2020.

En su intervención en Tribuna, el integrante del Grupo Legislativo de Morena subrayó que la Ley de Coordinación Fiscal vigente fue expedida en 1999 y se previó entonces que su aplicación inmediata de los porcentajes provocaría una disminución sensible en los ingresos de la mayoría de los municipios veracruzanos, en razón de la capacidad recaudatoria de los Ayuntamientos respecto de distintas contribuciones, que resulta un elemento fundamental para la asignación de recursos.

Por lo anterior –indicó- en los artículos transitorios de la misma se dispuso que esos porcentajes se utilizarían hasta el año 2010 y se establecieron fórmulas sustitutivas de éstos para su aplicación gradual.

Explicó que en el ejercicio fiscal del 2000, primero en el que se aplicaron las formulas sustitutivas, un considerable número de municipios, sobre todo los de mayores índices de marginación y dependencia de esos recursos, sufrió decremento en sus percepciones de participaciones federales, lo que obligó, desde 2001, a reformar cada año los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley mencionada, para mantener vigentes los factores de distribución de ejercicios anteriores.

Dijo que en junio de 2008 y con la finalidad de dar certidumbre a los municipios, en cuanto a la distribución de esos recursos, se derogó el artículo cuarto transitorio y se reformó el artículo 15 de la Ley de Coordinación Fiscal, para trasladar a este precepto los referidos factores de distribución, que se contenían en la disposición transitoria derogada.

Por todo lo anterior, detalló el legislador, ahora únicamente es necesario reformar el artículo tercero transitorio de este ordenamiento.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

Con el objeto de que el padre trabajador cuente con la certeza de que no perderá su empleo y a la vez puedan generarse las condiciones para fortalecer su participación en el proceso de integración, cooperación y reconocimiento de los nuevos integrantes de su núcleo familiar, el Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), puso a consideración del Pleno una iniciativa que amplía, de 5 a 60, los días concedidos por licencia de paternidad.

La iniciativa, presentada en voz de la diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, también busca señalar en la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz que el padre trabajador gozaría de una licencia -con goce de sueldo- de 90 días, en caso de adopción de una niña o niño de hasta seis meses de edad. Cuando se trate de una niña o niño mayor a los seis meses de nacido, la licencia sería concedida por el periodo de seis semanas, con el propósito de garantizar su integración familiar y social.

Asimismo y a fin de que los padres puedan participar en el cuidado de la salud de sus hijos, la iniciativa prevé incorporar el artículo 51 bis, a fin de establecer que podría otorgarse una licencia por Enfermedad Infantil hasta de 15 días hábiles al año, con goce de sueldo, a los padres y madres trabajadoras, que ejerzan la guarda y custodia de las hijas e hijos menores de 18 años de edad, por causa de enfermedad grave que ponga en riesgo la vida de la niña o el niño.

Dicha licencia se solicitará por alguno de los padres y tendrá que estar debidamente acreditada mediante constancia médica.

De igual forma, en la propuesta legislativa se propone modificar la redacción que se refiere a la licencia en comento como “periodo de descanso” y en la cual se le asigna a la madre una condición de “incapacidad”, al considerarse como términos discriminatorios.

En su intervención, la legisladora Andrea de Guadalupe Yunes expresó que la licencia de paternidad no debe visualizarse como un privilegio o una concesión laboral, sino como un acto de igualdad de respecto a la condición de padres, y al mismo tiempo, se tiende a eliminar los estereotipos que discriminan a la mujer y la obligar a desempeñar ciertos roles como lo son la maternidad y la crianza exclusiva de los hijos.

Dijo que el descanso de cinco días, establecido actualmente en la Ley, es un lapso demasiado corto comparado con el promedio de ocho semanas que se brinda en otros

países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México también forma parte.

Agregó que en 25 de las 34 naciones de la OCDE existe algún ordenamiento jurídico relacionado con la licencia de paternidad. Ejemplificó que, en Noruega se brindan 10 semanas de permiso; en Islandia 13; en Bélgica 19; en Francia 26, y en Corea del Sur, 53. Es decir –puntualizó- un año completo, reconociendo también la importancia de los derechos de las pequeñas y los pequeños recién nacidos.

En el plano nacional, la diputada Yunes Yunes, presidenta de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso local, subrayó que entidades como Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Ciudad de México y Oaxaca han ido creando mecanismos que garantizan y homologan estos derechos, tanto padres como para madres. “Por lo cual Veracruz no puede quedarse rezagado”, precisó.

Por último, calificó esta iniciativa, signada también por los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, además de la legisladora Erika Ayala Ríos, como una acción que atiende el interés superior de la niñez, que a su vez fomenta que el empleo femenino no se resienta desproporcionado por la maternidad, sino que el derecho laboral sea equilibrado entre hombres y mujeres, para alcanzar la corresponsabilidad en el hogar y la familia.

Tras la lectura de la iniciativa, la presidencia de la Mesa Directiva instruyó remitirla a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen.

Previamente se adhirieron a la iniciativa, a título personal, las diputadas Florencia Martínez Rivera y Libni Adaelsi Sánchez Núñez, así como los Grupos Legislativos de Morena y el Mixto Movimiento Ciudadano-PRD- Diputado sin Partido.

Durante este año, la inversión en infraestructura sanitaria en Veracruz ascendió a 283.8 millones de pesos (mdp), destinados a 142 obras y acciones de mantenimiento, rehabilitación, ampliación y conclusión de centros de salud, obras nuevas y Centros de Atención Médica Expandida (CAME-C19), informó el titular de la Secretaría de Salud (SS) y de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Roberto Ramos Alor, al comparecer ante el Congreso del Estado.

Las diputadas Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, Magaly Armenta Oliveros y Margarita Corro Mendoza, presidenta, secretaria y vocal de la Comisión Permanente de Salud y Asistencia, respectivamente, condujeron los trabajos de esta jornada correspondiente a la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

El servidor público informó también que al rubro de protección y vigilancia sanitaria fueron canalizadas 300 muestras de agua y expedidas 935 cédulas de manejo higiénico de alimentos, 3 mil 457 cédulas de evaluación de riesgos y 149 distintivos de espacios 100% libres de humo de tabaco.

En su exposición, presentó un resumen de las actividades implementadas por la Secretaría de Salud durante el reciente año, los programas prioritarios en salud pública y atención médica, la continuidad del rescate de programas y obras abandonadas en administraciones anteriores y las acciones implementadas por el actual gobierno para lograr una eficiente administración de todos los recursos disponibles en beneficio de la sociedad.

Covid-19

El responsable de la salud en el estado precisó que, al 29 de noviembre de este año, 39 mil 710 veracruzanos fueron confirmados como casos positivos de Covid-19; de los cuales, 31 mil 753, el 80 por ciento, se encuentran recuperados; 2 mil 329, el 6 por ciento, se encuentran en vigilancia, y 5 mil 628, el 14 por ciento, perdió la vida.

Roberto Ramos hizo una pormenorizada exposición de las acciones puestas en marcha para la prevención y atención del virus Sars-Cov-2 (Covid-19), entre las que se

encuentran la integración del Comité Técnico Permanente de Sesver sobre Covid-19, la realización de conferencias diarias informativas y la actuación del comando operativo de emergencia.

Con esto también, la implementación de la semaforización estatal y regional, los nueve decretos para reducir la movilidad, el Código QR para el sector comercial, la atención a la población a través de un call center que registró 5 mil 621 llamadas, la Jornada Nacional de Sana Distancia, las medidas Quédate en casa y de lavado de manos y los protocolos sanitarios de higiene y saludo.

Más aun, la atención directa a la población en tres etapas: Preparación, con planes de contingencia y supervisión a distancia, Implementación, con Unidades de Salud Monitoras de Enfermedades Respiratorias, y Reconversión, con 10 hospitales Covid-19 con 489 camas y 520 ventiladores y cuatro Centros de Atención Médica Expandida Covid-19.

A esto añadió la administración eficiente para afrontar la pandemia mediante 909 contrataciones para reforzar la atención, la inversión de 502 millones de pesos para medicamentos e insumos y las 25 mil 050 muestras realizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Reconoció la suma de 35 mil 684 establecimientos comerciales registrados en código QR en los municipios de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.

Alcance de la atención universal

En atención primaria a la salud, se ha contado con 839 Unidades de Primer Nivel, se ofreció un total de 2 millones 094 mil 358 consultas generales y atención a 272 mil pueblos originarios.

De acuerdo con el Secretario, la atención a las mujeres embarazadas se tradujo en 196 mil 945 consultas prenatales, 17 mil 482 cesáreas y 18 mil 978 partos; la salud de la mujer, en 106 mil 540 exploraciones de mama y 11 mil 609 detecciones cáncer cérvico-uterino.

Además de 46 mil 272 consultas para infecciones respiratorias agudas y 7 mil 205 consultas para enfermedades diarreicas agudas, para menores de edad, y la aplicación de un millón 074 mil 823 vacunas.

Por lo que respecta a enfermedades transmisibles –prosiguió- se atendió a mil 390 enfermos de tuberculosis, 223 mil 193 con obesidad, 242 mil 358 con diabetes mellitus y 230 mil 859 con hipertensión arterial.

Con el programa Médico Amigo, se logró la cifra de 17 mil 592 servicios domiciliarios. En la atención a pueblos originarios participaron 438 médicos tradicionales y se dispuso de 23 centros educativos medicinales.

El Secretario de Salud destacó la inversión en medicamentos, material de curación, equipamiento médico y administrativo, ambulancias, vehículos utilitarios, ropa hospitalaria, materiales y útiles de oficina, que ascendió a mil 826 mdp, con un abasto promedio de 73 por ciento de medicamentos y 78 por ciento en material de curación.

Ramos Alor finalizó diciendo que “este gobierno estatal ha ido fortaleciendo la consolidación de una administración sana, transparente, incluyente e igualitaria que se traduce en una gobernabilidad con justicia social basada en el respeto de los derechos humanos que impulsa el bienestar de los veracruzanos”.

Al término de su presentación, respondió a las preguntas de las y los diputados en las dos rondas establecidas.

Este lunes, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), legislador Juan Javier Gómez Cazarín, firmaron el acta por la cual se dio por concluida la negociación con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), encabezado por su secretario general, José de Jesús Rodríguez Hernández, correspondiente a este 2020 y mediante la cual se mejoran las percepciones de las y los integrantes de esta organización.

Este convenio laboral, con el cual concluye la negociación entre el Congreso y su Sindicato, representa un logro de las y los trabajadores, toda vez que fueron otorgadas algunas prestaciones que servirán en gran medida en esta temporada de pandemia, afirmó el legislador Juan Javier Gómez Cazarín.

Asimismo, agradeció la apertura al diálogo por parte del Sindicato, ya que –consideró- esto permitió un consenso entre las partes para acordar mejoras en las prestaciones que recibe cada integrante de esta organización sindical.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi destacó que, aun cuando el Congreso del Estado redujo en más de 50 millones de pesos (mdp) su presupuesto para 2021, se cumple con la ley, pero sobre todo con las y los trabajadores al revisar y mejorar diversos capítulos de las condiciones generales de trabajo.

Por otra parte, el Secretario General del SUTSPL, José de Jesús Rodríguez Hernández, agradeció la apertura de las autoridades de la LXV Legislatura para lograr incrementos en las prestaciones de los trabajadores y refrendó el compromiso de las y los integrantes del gremio sindical de profesionalizarse para otorgar un mejor servicio a las y los diputados y, por ende, a la ciudadanía en general.

En la negociación entre el Congreso y su Sindicato, se logró un 3.4 por ciento de incremento al salario base y 1.9 por ciento en las prestaciones adjuntas al salario, entre otras.

Además de la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi y el legislador Juan Javier Gómez Cazarín, firmaron el acta del convenio laboral la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales, y la directora de Tesorería, Diana

Leydi Zacarías Carrasco; por parte del Sindicato, Alejandro Rebolledo Zepeda y Sugey Fiallo Ramos, secretario del Interior y secretaria de Trabajos y Conflictos, respectivamente.

La educación en Veracruz enfrenta uno de los retos más grandes de su historia, la pandemia provocada por el virus Sars-Cov-2 (Covid-19), y la respuesta ante la nueva realidad, que representaron el distanciamiento social y el cierre de los centros escolares, ha requerido y motivado la colaboración y un esfuerzo, aun mayor, entre gobierno, docentes, padres y madres de familia, con la esperanza de volver pronto a las aulas, expresó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, al comparecer ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

El funcionario presentó los resultados más sobresalientes en la materia, ante la Comisión Permanente de Educación y Cultura de la LXV Legislatura, integrada por los diputados León David Jiménez Reyes y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos y la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presidente, secretario y vocal respectivamente, en tres grandes rubros: los aspectos administrativos atendidos por la dependencia a su cargo, las respuestas ante la pandemia y la deuda histórica con las instituciones escolares que carecen de lo básico para funcionar.

Aspectos administrativos

Dio cuenta de 61 procesos formativos estatales realizados por la SEV para atender las necesidades de actualización de docentes de los diferentes niveles y modalidades educativas, la mayoría de ellos en modalidad virtual; en solo dos de los cuales participaron 99 mil 318 directivos y docentes. En educación media-superior y superior, implementó 99 cursos y una especialidad para docentes y directivos.

Refirió también el Segundo Foro Estatal Proyecto Educativo para la Formación de Docentes en las Escuelas Normales Públicas del Estado de Veracruz y el Primer Congreso Iberoamericano de Educación Media Superior: Perspectivas, Sujetos y Procesos, así como la capacitación a 9 mil 923 docentes a través de la Coordinación de Centros Rébsamen.

Con el propósito de asegurar la prestación del servicio educativo, con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, se llevó a cabo el proceso de admisión con todas las medidas preventivas derivadas de la contingencia sanitaria, por lo que fueron otorgadas 2 mil 046 plazas.

A la entrega de 14 mil 676 basificaciones a trabajadores, añadió diferentes estímulos económicos, incentivos y medallas por antigüedad, capacitación a personal de apoyo, becas para cursar posgrados, la profesionalización de 550 funcionarios en materia de transparencia y la integración de 17 mil 161 Comités de Contraloría Social y 154 Comités Municipales de Participación Social en Educación.

Destacó también que, mediante aplicaciones informáticas, se logró expedir 415 mil 556 certificados de estudios de educación básica y media superior, la validación y el registro de 16 mil 831 títulos profesionales y la descarga de un millón 37 mil 938 boletas de calificaciones.

Respuesta a la contingencia

Como respuesta a la contingencia sanitaria, dijo el Secretario, la SEV promovió la lectoescritura y la activación física de los estudiantes en las primeras semanas de confinamiento, adoptó la estrategia nacional “Aprende en casa” e implementó el programa “Matemáticas para todos”. A pesar de la pandemia, Veracruz concluyó de manera exitosa el ciclo escolar 2019-2020 e inició el 2020-2021.

Además, llevó a cabo las acciones de promoción, innovación y desarrollo de la ciencia y la tecnología garantizando el suministro de energía eléctrica en 11 mil 635 planteles e Internet para el desarrollo ininterrumpido de las actividades educativas.

Asimismo, logró otorgar descuentos y condonaciones de inscripciones o reinscripciones a 57 mil 439 estudiantes de educación media-superior y superior, becas a 570 mil 766 estudiantes, alimentación, hospedaje y educación a mil 011 alumnos de primaria y secundaria en albergues e internados, recursos a 15 mil 425 estudiantes de educación básica, media-superior y superior con algún tipo de discapacidad.

Añadió a esto la entrega de apoyos a 4 mil 030 figuras educativas con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo; material de apoyo didáctico y cívico, de limpieza; materia prima, alimentos, utensilios de cocina y útiles escolares a instituciones educativas con población vulnerable; 27 mil 829 cuadernillos de apoyo para mejorar la competencia lectora y matemática para bachillerato y mil 573 anteojos a estudiantes de educación básica.

El servidor público pormenorizó los apoyos entregados a la población en rezago educativo o situación de vulnerabilidad a lo que sumó la profesionalización de docentes de educación indígena y la acciones de alfabetización y de educación a distancia.

Informó también acerca de las condiciones de los planteles educativos que se encuentran en las zonas con mayor índice delictivo de los 11 municipios contemplados en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

En este rubro, la SEV capacitó a servidoras y servidores públicos, docentes, personal directivo y estudiantes en materia de perspectiva de género, prevención de la violencia, prevención del consumo de drogas, toma de decisiones y manejo de materiales del Programa Nacional de Convivencia Escolar, Protocolos ante el Abuso Sexual Infantil,

Acoso Escolar y Maltrato, Equidad de Género, Cultura de Paz y Derechos Humanos, así como el respeto irrestricto de los derechos de las mujeres.

Infraestructura educativa

En una tercera parte de su exposición, el titular de la SEV, dijo que, en medio de la pandemia, esta dependencia dio continuidad al Programa Escuela Garantizada, Escritura Garante, con lo que incrementó a 191 el número de municipios con convenios firmados, así como la generación de 326 escrituras y títulos de propiedad, así como la recopilación de información y documentación de 3 mil 164 inmuebles para su regularización.

Además, 93 ayuntamientos validaron 157 obras educativas financiadas del ramo 033. Con el recurso proveniente de las tiendas escolares, se logró la adquisición e instalación de 300 equipos de cómputo, y con el programa Castor-Taller Móvil, la rehabilitación de mobiliario en 323 planteles educativos de 84 municipios.

Zenyazen Escobar comentó que, a través del Instituto de Espacios Educativos, se asignó un presupuesto de mil 391 millones 877 mil 630 pesos provenientes de los Fondos de Aportaciones Múltiples 2020, Remanentes y Potenciado, así como del Fondo Regional (Fonregión), a fin de dinamizar las economías locales y contrarrestar los efectos de la pandemia manteniendo las fuentes de trabajo. Todo esto –añadió- ha permitido programar mil 202 acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y/o equipamiento en el estado.

Informó que “en la zona norte, tendremos 343 obras de infraestructura en 45 de 49 municipios, en escuelas de educación básica, media-superior y superior, en la zona centro, haremos presencia este año en 91 de 102 municipios con 336 obras, y en la zona sur, tendremos 567 obras, en 48 de 51 municipios”.

Según su titular, esta dependencia atendió las 10 líneas ejecutivas enmarcadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, que contemplan de manera directa las 10 metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030.

Finalmente, el Secretario de Educación hizo un reconocimiento al personal administrativo y operativo de la dependencia, a las y los docentes, así como a las madres y padres de familia y tutores, por su gran compromiso y trabajo por mantener y asegurar la continuidad de la educación en Veracruz.

En el reciente año, en Veracruz se ha logrado reducir los delitos en 24.65 por ciento, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, al comparecer ante la Comisión Permanente de Seguridad Pública de la LXV Legislatura, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Ante los diputados Carlos Manuel Jiménez Díaz y José Manuel Pozos Castro y la legisaldora Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presidente, secretario y vocal de esa comisión respectivamente, explicó que el homicidio doloso ha descendido 15.15 por ciento; la extorsión, 11.12; el secuestro, 60.75; el robo, 25.12 y el feminicidio 19.05.

Combate al delito

Hugo Gutiérrez dijo que, durante este año, se fortaleció la Estrategia Estatal de Seguridad, basada en cinco ejes: Reforzamiento del despliegue operativo, Fortalecimiento y profesionalización policial, Implementación de operativos interestatales con siete entidades colindantes, Coordinación con fuerzas federales, a través de las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Trabajos de inteligencia para la ubicación y captura de objetivos importantes.

Durante su exposición, destacó que, con trabajo de inteligencia e intercambio de información con autoridades federales, se logró la detención de 17 jefes de plaza de organizaciones criminales. En detenciones del fuero común, fueron intervenidas 5 mil 606 personas y en delitos del fuero federal, 2 mil 567 personas.

En operativos de rescate humanitario –prosiguió-, fueron resguardadas 2 mil 493 personas de origen extranjero, en tránsito por el país; se rescató a 240 personas privadas ilegalmente de su libertad y a 61 personas secuestradas. En colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda, a través de la Compañía K9, este gobierno apoyó a 18 colectivos y a la Embajada Suiza en 235 diligencias de búsqueda y acompañamiento, realizadas en 34 municipios.

El Secretario de Seguridad Pública destacó que, en profesionalización policial, a la fecha, el estado cuenta con 2 mil 337 policías graduados en Formación Inicial y 3 mil 161 policías han sido capacitados en Formación Continua y Competencias Básicas.

Respecto a los Servicios de Atención a Llamadas de Emergencia, mediante la línea de emergencia 9-1-1, se ha atendido 2.11 millones de llamadas, 98 mil llamadas en el 089

para denuncia anónima, 423 alertas empresariales y 7 mil 926 asesorías sobre engaño telefónico.

A esto agregó que la Unidad de la Policía Científica atendió 2 mil 557 llamadas relacionadas con fraude en comercio electrónico, amenazas, cyberbullying, sextorsión, suplantación de identidad, pornografía infantil y casos de conductas antisociales como grooming, phishing, hackeo en redes sociales, sexting y extorsión a través de redes sociales.

Asimismo, fueron canalizadas mil 924 personas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer denuncias; se iniciaron 142 carpetas de investigación y se logró evitar fraudes electrónicos por 793 millones 506 mil 514 pesos.

De acuerdo con las principales líneas de acción establecidas en el Programa de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres –informó el servidor público-, la Secretaría a su cargo cumplió con la Elaboración del Protocolo de Actuación Policial para Atención a Casos de Violencia por Razones de Género contra las Mujeres.

Así también, la Capacitación a mandos operativos en desarrollo de competencias en materia de violencia contra las mujeres por razón de género, la Integración del Programa Único de Capacitación a la malla curricular del Curso de Formación Policial Inicial para Policía Preventivo Aspirante, la Elaboración del Diagnóstico de zonas de mayor riesgo para las mujeres y la Certificación de 60 personas replicadoras en Estándares de Competencias.

En cuanto a las acciones preventivas frente al Covid-19, informó el compareciente, la Secretaría implementó la instalación de filtros en las entradas y desinfección de oficinas, donde se mantiene al personal con sana distancia, distribución permanente de caretas, guantes y cubrebocas para uso obligatorio durante la jornada laboral.

La SSP participó en el cierre de vialidades en la zona centro de 38 municipios y en la aplicación de medidas preventivas y de identificación de síntomas en 173 mil 833 personas y proporcionó un total de 70 mil 209 cubrebocas y mil 955 caretas protectoras.

Además, mediante la instalación de 3 mil 263 filtros se desinfectaron 532 mil 646 taxis, 58 mil 555 autobuses, 551 mil 121 vehículos particulares, 77 mil 791 motocicletas, 58 mil 304 camiones de carga.

Una vez concluida la exposición del Secretario, las y los diputados le solicitaron dar respuesta a las preguntas que le formularon en dos rondas, según lo establecido.

Ningún pueblo puede crecer y ser próspero, si no combatimos ni derrotamos a la violencia contra las mujeres, expresó la coordinadora del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional–Partido Verde Ecologista de México, diputada Erika Ayala Ríos, durante un pronunciamiento relativo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Ante el Pleno reunido con motivo de la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora dijo que los delitos relacionados con este tipo de violencia no han sido prevenidos, atendidos y erradicados de manera efectiva, pese a contar con legislación en la materia, a que los Derechos Humanos y la Paridad de Género son constitucionales, a que el Estado Mexicano es parte de los organismos internacionales y signante de los tratados al respecto y pese a que hay instituciones, recursos y programas de gobierno enfocados a este propósito.

Al lamentar que, según cifras oficiales y observatorios ciudadanos, Veracruz continúa en segundo lugar nacional por feminicidios, esta problemática ha venido evolucionando a lo largo de varias administraciones, por lo que consideró que la sociedad y las instituciones deben hacer un trabajo coordinado, para lograr erradicar la violencia de género, que no es propia de un gobierno, sino un problema estructural de raíces profundas que debe dejar de politizarse y atenderse con la urgencia que amerita.

“Debemos trabajar en la eficacia de esta estrategia, los avances, los resultados y acciones en proceso. Los efectos de la pandemia en la salud pública y en la economía estatal también se han agravado en materia de Derechos Humanos y de violencias de género. La contingencia sanitaria tomó al mundo por sorpresa, es cierto, pero tuvimos tiempo para prepararnos y prever que el confinamiento podría desatar la violencia familiar, donde las mujeres y sus hijas e hijos serían las víctimas primeras de los agresores”, manifestó.

Ante la proximidad del año 2021, dijo que éste ya se pronostica complicado para millones de familias, jefas de hogar, empresarias, maestras, trabajadoras, empleadas, obreras, campesinas, productoras, vendedoras en la economía informal que acumula más del 65%

de la población económicamente activa y que, hoy no saben si podrán sostener su empleo y a sus hogares o si les alcanzará para comer.

Finalizó pronunciándose, en nombre de su grupo legislativo, “por el establecimiento de un diálogo estatal propositivo y respetuoso que permita aprender de los desafíos que enfrentamos, dada la contingencia y sus efectos nocivos, y definir las prioridades que le urgen a Veracruz, las que deben establecer como premisa la salvaguarda de la integridad y dignidad humana de las mujeres en riesgo de ser violentadas, de la niñez, la juventud, de las personas mayores, indígenas y con discapacidades”.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse cada 25 de noviembre, la diputada Mónica Robles Barajas, se pronunció por los derechos de las veracruzanas a convivir y contribuir en paz, en concordia, justicia, e igualdad.

Asimismo, dijo que las mujeres con representación popular o cargo en el servicio público, no tienen inmunidad, ni blindaje contra la violencia de género, que por su labor y encomienda, vocación y posturas, ideología y propuestas, pero sobre todo, por el simple hecho de ser mujeres y participar en la toma de decisiones, pueden ser víctimas.

En este sentido, señaló que publicaciones infundadas y degradantes, en su contra, a través de un medio de comunicación regional del sur del estado, han puesto en evidencia la malicia efectiva que busca amedrentar su trabajo como legisladora, toda vez que se sienten amenazados en sus intereses ilícitos; situación que han puesto en riesgo su vida y la de su familia.

Al respecto, manifestó, “acudí al Organismo Público Local Electoral, a la Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República a presentar una denuncia por violencia política en razón de género y también, al Tribunal de Justicia, por daño moral en contra de mi persona”.

“Con estas denuncias le doy voz a miles de mujeres y niñas violentadas, quedarme callada hubiese significado claudicar en la lucha por nuestros derechos”, enfatizó la legisladora, quien agregó que este tipo de acciones ocurren porque los imputados confían en que la corrupción y la impunidad atroz, que por décadas se viven en el país, continuará para siempre.

“Desde esta Tribuna hago un llamado a las autoridades federales y del Ejecutivo estatal, a las autoridades de procuración y administración de justicia para que cumplan con su deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mí y contra todas las mujeres”, finalizó.

Tras su participación, el Secretario de la Mesa Directiva, Jorge Moreno Salinas, y la Coordinadora del Grupo Legislativo PRI-PVEM, diputada Erika Ayala Ríos, refrendaron su respaldo con el firme compromiso de no permitir más violencia por razón de género.

Con 39 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, el Pleno de Congreso aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia del reconocimiento de hijas e hijos ante el Registro Civil.

El dictamen, suscrito por las integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, deriva de la iniciativa presentada el pasado 5 de noviembre por la diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) de esta LXV Legislatura local.

La intención de esta reforma, se lee en el dictamen, es fortalecer la garantía del ejercicio del derecho al reconocimiento, para lo que se consideró necesario actualizar los artículos 299, 704, 706 y 708 del Código Civil del estado, lo que le dará mayor certidumbre jurídica a este acto de levantamiento de la partida o acta de nacimiento ante el Registro Civil.

Esta reforma contempla que el reconocimiento de una hija o hijo nacido fuera del matrimonio deberá hacerse en la partida de nacimiento, ante la persona responsable del Registro Civil, por escritura pública, por testamento y por confesión judicial directa y expresa.

Además, que todo acto del estado civil relativo a otro ya registrado deberá anotarse en el acta correspondiente y el documento que dé lugar a la anotación se insertará en el apéndice respectivo; que en el caso de no haberlo, se formará, con excepción de las actas derivadas de un reconocimiento, para lo cual, se atenderá lo dispuesto en el artículo 708.

Junto con esto, si el reconocimiento de una hija o un hijo nacido fuera del matrimonio se hiciere después de haber sido registrado su nacimiento, se expedirá una nueva acta de nacimiento con los datos objeto del reconocimiento conservando mismo número de acta y fecha de registro.

Finalmente, si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios establecidos en el Código Civil, se presentará al Encargado del Registro Civil el original o copia certificada del documento que lo compruebe. En el acta de nacimiento primigenia, se insertará la

nota marginal relativa al reconocimiento y la expedición de la nueva acta de nacimiento en términos del artículo 704.

La Comisión Especial para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Congreso del Estado exhortó a la titular de la Secretaría de Protección Civil (SPC) del Gobierno del Estado de Veracruz, para que verifique e informe a esta Soberanía el debido cumplimiento de la colocación de señalética en sistema Braille, ordenada en el Decreto 548, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 28 de febrero de 2020.

La presidenta de esta comisión, diputada Montserrat Ortega Ruiz, en nombre de la diputada Florencia Martínez Rivera y de los legisladores Jorge Moreno Salinas y Alexis Sánchez García, integrantes de la misma, presentó al Pleno, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario, un Anteproyecto de Punto de Acuerdo.

Recordó que, el 28 de febrero del presente año fue publicado el Decreto 548 que adiciona un párrafo segundo al artículo 63 y el artículo 63 Bis a la Ley de Protección Civil del Estado, estableciendo que en los inmuebles públicos y privados de acceso público la señalización de protección civil deberá incluir placas en el sistema Braille para las personas con discapacidad visual o ceguera, conforme a las Normas Oficiales y Tratados Internacionales aplicables.

Para el debido cumplimiento de este ordenamiento, el artículo Segundo Transitorio del Decreto referido dispuso un término de 180 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor.

Contando los días hábiles –prosiguió la Diputada-, iniciando el lunes 2 de marzo de 2020 y hasta el 11 de noviembre del presente año, es el plazo de 180 días hábiles que se concedió para que en todos los inmuebles públicos y privados de acceso público se coloquen la señalización de protección civil usando el sistema Braille, como una acción a favor de las personas con discapacidad visual o ceguera.

Señaló además que las personas con discapacidad enfrentan enormes desigualdades de participación e inclusión efectiva en la sociedad lo que constituye una grave violación a sus derechos humanos, reconocidos en los diversos tratados internacionales, así como en el marco constitucional y legal del Estado Mexicano.

“La población con algún tipo de discapacidad continúa enfrentando múltiples barreras relativas a la participación adecuada en los procesos de toma de decisiones, acceso a la

educación inclusiva y de calidad, a la salud, al empleo, a la justicia, a la recreación y la cultura, entre otras”.

En Veracruz –finalizó la legisladora-, de acuerdo con la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto (2013), alrededor del 6 por ciento de la población presenta algún tipo de discapacidad, por lo que “la colocación de señalética en sistema Braille ayudará a las personas con discapacidad visual o ceguera a desplazarse de modo más seguro e independiente en los establecimientos que deseen acudir”.

El Pleno de la LXV Legislatura avaló, con 33 votos, remitir al Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto que el delito de extorsión quede señalado entre las conductas delictivas que ameritan oficiosamente la imposición de la prisión preventiva por parte de los jueces.

El dictamen presentado a esta Soberanía por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, resultado de la iniciativa presentada el pasado 22 de junio por el Grupo Legislativo PRI-PVEM, señala que el delito de extorsión ha ido en incremento en toda la República Mexicana y ha sido, junto con el secuestro, un potencial económico para la delincuencia organizada.

Por sus características, este delito, no solo produce daño patrimonial, al verse obligadas las víctimas a entregar a delincuentes parte importante del fruto de su trabajo, ante el temor de la posibilidad perder sus vidas o sus bienes, entre éstos los inmuebles y los productos con que honradamente se ganan la vida y que permiten su contribución al desarrollo económico nacional.

Sino, que además, genera en la víctima una afectación emocional, desde el momento mismo en que el agente activo se comunica para obligarla a hacer o dejar de hacer determinada conducta, establece el dictamen.

El documento refiere que en razón de la gravedad del delito, del impacto individual y social del mismo, así como de la necesidad de garantizar al máximo la seguridad de las víctimas y de la peligrosidad de los sujetos activos, es imperante que la extorsión se encuentre señalada de manera expresa en la carta Magna.

De esta forma, se evitaría la evasión de los imputados durante los juicios correspondientes, dando las facultades al Ministerio Público de solicitar al juez la prisión preventiva por este delito, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, garantizando con ello la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Al ser aprobado por el Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto a la Gaceta Oficial del Estado para su

publicación y, en consecuencia, enviar la propuesta al Congreso de la Unión para su consideración y trámite correspondiente.