Resultado de las licencias para separarse del cargo de tres diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, tomó la protesta de Ley a los ciudadanos Jesús Armando Martínez Mendoza, Mizraim Eligio Castelán Enríquez y Carlos Alberto Triana García, como diputados a la LXV Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los legisladores desarrollarán sus tareas en tanto dura la licencia solicitada por el diputado propietario. Jesús Armando Martínez suple a Amado Jesús Cruz Malpica; Mizraim Eligio Castelán Enríquez a Sergio Hernández Hernández y Carlos Alberto Triana García a Juan Manuel de Unánue Abascal.

De igual forma, en la sesión, última del periodo ordinario, el Pleno aprobó la solicitud de licencia, sin goce de sueldo, al cargo y función de diputado del legislador Bingen Rementería Molina, por el periodo comprendido del 21 de enero al 30 de junio del presente año.

Asimismo, las diputadas y diputados aprobaron las solicitudes de licencias para separarse, temporalmente, de sus cargos de los presidentes municipales de Agua Dulce, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, y de Tres Valles, José Manuel Díaz Rodríguez.

También, fue avalada la solicitud de licencia de la regidora segunda, Eusebia Cortés Pérez, y de la Sindica, Yazmín Martínez Irigoyen, ambas del ayuntamiento de Coatzacoalcos y de la vocal primera del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Socorro Alba Sandoval Cuevas.

Por otra parte, el Pleno se dio por enterado de la presentación del Segundo Informe de Labores de las diputadas Judith Pineda Andrade, Montserrat Ortega Ruiz y Mónica Robles Barajas, así como de los legisladores Henri Christophe Gómez Sánchez y Augusto Nahúm Álvarez Pellico.

En otros de los asuntos de la correspondencia, se turnó a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la solicitud de ampliación presupuestal planteada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

El Congreso del Estado turnó a la comisión respectiva la Iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, remitida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en atención a la necesidad de armonizar el marco normativo en la materia, en beneficio de la sociedad veracruzana y con el objetivo de cumplir con las nuevas disposiciones relativas al Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública.

De acuerdo con la propuesta, el proyecto de ley, que consta de 398 artículos, busca impulsar el fortalecimiento institucional y la mejora continua en el desempeño de los elementos y de las instancias integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, equidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Aunado lo anterior a la necesidad de contar con un instrumento fundamental para la implementación coordinada, coherente y uniforme de las políticas de seguridad pública, además de la institución de las competencias para determinar las estrategias a seguir en materia de prevención, atención integral a víctimas, participación ciudadana, procedimiento de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, certificación, promoción y retiro de los miembros de las instituciones de seguridad pública, los sistemas de estímulos y recompensas, así como los disciplinarios y, de manera imprescindible, el suministro y sistematización de la información al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.

Se advierte, pues, que la Ley Número 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de observancia general para toda la entidad, tiene como propósito regular la coordinación entre el Estado y los municipios y de ambos con la Federación, mediante la integración, organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, estableciendo un marco jurídico aplicable al Servicio Profesional de Carrera en las instituciones de seguridad pública, obedeciendo a la distribución de competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

No obstante esto y ante las recientes reformas en materia de seguridad pública en el nivel federal, el proponente considera indispensable armonizar el contenido de la norma referida con su similar para mantener al Estado en un ambiente progresista y de continua

mejora respecto al Sistema Estatal de Seguridad Pública, permitiendo con ello la idónea ejecución de sus preceptos y la comunicación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para su discusión análisis y, en su caso, dictaminación, esta Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, integrada por el diputado Alexis Sánchez García, presidente, y las legisladoras Deysi Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, secretaria y vocal respectivamente, entrevistaron a los siete últimos aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dando cumplimento a los requisitos establecidos en la respectiva convocatoria.

Cuidando todas las medidas sanitarias y cumpliendo con las disposiciones legales correspondientes, el diputado Alexis Sánchez, dio la bienvenida a cada uno de los entrevistados quienes expusieron sus motivaciones, experiencia en el ramo, así como sus propuestas de trabajo, en caso de ser elegidos para ocupar la presidencia del Organismo Autónomo.

Una vez cumplido con los requisitos, las y los ciudadanos Gabriela Rodríguez Rodríguez, Gustavo Souza Escamilla, Yunuen Marisol Hernández Hernández, José Luis Francisco Saenz Álvarez, Norma Perea Sangabriel, Zósimo Hernández Ramírez y María Guadalupe Argüelles Lozano, respondieron a los cuestionamientos realizados por los integrantes de la Comisión, para conocer más a fondo el que pudiera ser su plan de trabajo al frente la CEDH.

Corresponderá a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables emitir el dictamen con la terna, la cual será sometida al Pleno en la próxima sesión, quien por votación de las dos terceras partes, determine quien ocupe la presidencia del CEDH para el periodo comprendido del 30 de enero de 2021 al 29 de enero de 2026.

La diputada Florencia Martínez Rivera, vocal de la Comisión Especial para el seguimiento a la problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, se reunió con integrantes de los diversos Colectivos de Búsqueda, con la finalidad de dar a conocer un anteproyecto de iniciativa, que fortalecerá los mecanismos de identificación de personas desaparecidas, a partir de fichas odontológicas.

En dicha reunión estuvieron presentes la diputada Deysi Juan Antonio vocal de la misma Comisión Especial, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) el Director de Servicios Periciales de Veracruz, Héctor Ronzón García, la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya y representantes del Consejo Estatal Ciudadano.

El Congreso del Estado inició el periodo de entrevistas a las y los aspirantes a presidir la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para el periodo comprendido del 30 de
enero de 2021 al 29 de enero de 2026, de acuerdo con la convocatoria emitida por esta
Soberanía el pasado 6 de enero.

En la Sala “Venustiano Carranza” del Palacio Legislativo, la Comisión Permanente de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, integrada por el diputado Alexis
Sánchez García y por las diputadas Deysi Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz,
presidente, secretaria y vocal, respectivamente, recibió a las y los aspirantes y encabezó
los trabajos observando las disposiciones legales y medidas sanitarias determinadas.
Este lunes, habiendo cumplido los requisitos previstos en la convocatoria y acudiendo al
llamado de la Comisión respectiva, se presentaron las ciudadanas Namiko Matzumoto
Benítez e Itzel Jurado Ortiz y los ciudadanos José Hernández Hernández e Irvin Uriel
López Bonilla.

En seguimiento al procedimiento establecido, expusieron sus motivaciones para presidir el
órgano autónomo, abundaron sobre su perfil y experiencia profesional, explicaron ante la
Comisión su proyecto de trabajo y respondieron a las preguntas formuladas por el y las
integrantes de la Comisión.

El martes 26 de enero, continuarán las entrevistas a las y los aspirantes.

Una vez
concluida esta etapa, la Comisión legislativa emitirá el dictamen que contendrá la terna de
candidatos y que será sometido al Pleno legislativo, para que, mediante el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes, nombre a la persona titular de la CEDH.

En caso de que ninguna de las personas propuestas obtenga las dos terceras partes de la
votación del Pleno, se emitiría un nuevo dictamen dentro de los cinco días posteriores a la
sesión, que contendría una terna de aspirantes al cargo de la que no podrán formar parte
las personas originalmente propuestas.

Para que las mujeres veracruzanas y las que transitan por la entidad tengan garantizados sus derechos humanos y ante la vulnerabilidad que viven mujeres migrantes en su paso por el estado, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó una iniciativa de reforma a la Ley con la que autoridades tendrían que implementar acciones para prevenir y atender la violencia que se ejerce en contra de ellas.

A través de su iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la diputada Lagunes Jáuregui prevé que en el diseño e implementación de las políticas públicas, las autoridades incorporen la perspectiva de género en sus políticas para garantizar a las mujeres migrantes el ejercicio de sus derechos humanos, incluido su derecho a vivir libres de violencia.

Al reformar el artículo 25, fracción XXI, busca que el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes tenga la obligación de garantizar mecanismos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).

Asimismo, se incorporaría la obligación de los Ayuntamientos de generar programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres migrantes en coordinación con el IVM.

De acuerdo a la iniciativa, se reformaría el artículo 44, en sus fracciones II y III, para que el IVM implemente programas y acciones para mejorar las condiciones de vida de las mujeres migrantes, en coordinación con los Ayuntamientos y la obligación de brindar capacitación especializada para garantizar a las mujeres y niñas migrantes una atención con perspectiva de género.

La legisladora Nora Lagunes subrayó que el IVM como ente rector de la igualdad y responsable de promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de igualdad de género que elimine los obstáculos para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y sus libertades fundamentales es la instancia que debe generar las acciones en coordinación con los Ayuntamientos y con el Instituto de Atención a Migrantes, para prevenir y atender la violencia contra las mujeres migrantes.

Destacó que el derecho a vivir sin violencia debe ser garantizado a todas las mujeres migrantes que se encuentren en cualquier circunstancia, “es obligación de todas las autoridades responsables, coordinar esfuerzos para su atención”, abundó.

Por otra parte, indicó que en la entidad hay cinco albergues y lugares de acogida para personas migrantes: Oasis Caridad Sin Fronteras A.C. en Coatzacoalcos; Casa del Migrante, Diócesis de Coatzacoalcos, A.C. en Coatzacoalcos; Albergue Monseñor Guillermo Ranzahuer González, en Acayucan; Albergue Decanal Guadalupano, en Tierra Blanca; y el Albergue-Comedor “La Esperanza del Migrante”, dirigido por Las Patronas, en Amatlán de los Reyes.

“Es en estos lugares donde se debe trabajar de manera coordinada con el IVM, para implementar programas de prevención y atención de la violencia, con personal especializado”, refirió.

Dijo que para estos servicios hay recursos federales por parte de Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), tal como se hizo en 2019.

Previamente, la diputada Nora Lagunes, vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, expuso que las mujeres migrantes que transitan por México representan entre 10 y 30 por ciento de las personas migrantes en tránsito. “En 2010 las mujeres representaron 14.2 por ciento de los eventos de detención en estaciones migratorias en México, las cuales son en su mayoría de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador; en los últimos años las niñas representan aproximadamente 23 por ciento de estos eventos de detención”.

Sostuvo que la violencia contra las personas migrantes es una problemática que debe ser abordada desde distintos ámbitos de atención. Agregó que en su transitar se encuentran bajo una violencia cotidiana, la que experimentan con sus compañeros de viaje, otros migrantes, con agentes de las instituciones estatales, garroteros, choferes de tráiler, personas que viven en las rutas de tránsito, personal de los albergues que atienden a migrantes, entre otros.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Población y Atención a Migrantes y Para la Igualdad de Género.

La diputada Deisy Juan Antonio presentó al Pleno de la LXV Legislatura una iniciativa de Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual garantiza que el gasto destinado para este fin cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como con respeto a los topes presupuestales.

La legisladora expuso que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se declaró la invalidez de la Ley número 248 de Comunicación Social, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de mayo de 2019, con lo cual se obliga a esta Soberanía “se inicie un nuevo procedimiento legislativo y se emita la ley correspondiente a más tardar dentro del periodo ordinario inmediato posterior a la notificación de la sentencia”.

De acuerdo a la iniciativa, esta Ley tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a la vez que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

De igual forma se establece que, en el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar los siguientes principios rectores: eficacia en el uso de los recursos públicos; eficiencia de los recursos destinados a la contratación o gasto de comunicación social; economía y racionalidad presupuestaria, que comprende la administración prudente de los recursos destinados a la comunicación social, y transparencia y máxima publicidad, garantizándose el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos destinados para ellos de los entes públicos, entre otros.

Asimismo, la propuesta contempla que las campañas de comunicación social deban promover la difusión y conocimiento de valores, principios y derechos constitucionales; impulsar turismo, educación, salud y protección civil, entre otros; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, de aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos.

Además, cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable; anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de

daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente; difundir las lenguas originarias y el patrimonio histórico del Estado; comunicar programas y actuaciones públicas, y otros establecidos en las leyes.

En el artículo 9 se prevé que las campañas de comunicación social evitarán, además de lo previsto en el artículo 16 de esta Ley, difundir contenidos que tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales; que inciten a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico, e induzcan a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizados por cualquier organización política o social.

En el artículo 16 queda asentado que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación.

Se exceptúan de lo anterior: las campañas de información de las autoridades electorales; las relativas a servicios educativos y de salud; las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, y cualquier otra que autoricen los órganos electorales competentes, de manera específica durante los procesos electorales.

En el capítulo VII, “Del Padrón Estatal de Medios de Comunicación”, se establece que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere la presente Ley deberán inscribirse en dicho Padrón. La información contenida en el padrón estatal de medios de comunicación será pública y accesible a distancia, añade.

A través de los artículos transitorios, se prevé que la Coordinación General de Comunicación Social cuente con un término de 30 días naturales para emitir los lineamientos y de 90 días naturales para integrar el Padrón Estatal de Medios de Comunicación conforme a esta Ley.

Las erogaciones que, en su caso, deban realizar los entes públicos con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley deberán cubrirse con cargo a su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021. El Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a partir del ejercicio fiscal del año 2022 preverá para cada ente público una partida especial que se destinará al gasto de comunicación social.

La Mesa Directiva instruyó remitir la iniciativa a la Comisión Permanente de Gobernación para el trámite legislativo correspondiente.

La LXV Legislatura recibió del gobernador Cuitláhuac García Jiménez una Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave gestionar y contratar uno o varios financiamientos hasta por dos mil millones de pesos, con destino a inversión pública productiva durante el ejercicio fiscal 2021 y subsiguientes.

De acuerdo con la propuesta, presentada en la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, dicha gestión a ejecutar por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), se realizaría ante cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado.

Destaca que el Estado deberá destinar los recursos que obtengan con el o los financiamientos que contrate con base en dicho decreto para financiar inversión pública productiva, en los rubros de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y de salud, infraestructura educativa y deportiva, infraestructura en vialidades urbanas, interurbanas y metropolitanas, en obra pública en materia inmobiliaria, de suelos, agropecuaria, medioambiental, hidráulica y de electrificación y de equipamiento, infraestructura vehicular operativa y equipamiento para seguridad pública y toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social.

Se expone también que el origen y destino de los recursos a obtener permitirá garantizar obras y acciones de inversión productiva, es decir, erogaciones realizadas con recursos provenientes de financiamientos, destinadas a la ejecución de obras, adquisición de bienes que generen un aumento en la capacidad o vida útil de los mismos y así lograr estabilidad y mejora en la economía estatal.

Mediante esta acción, se autorizaría al Estado para que, a través de la Sefiplan, realice la constitución, el empleo, la utilización, modificación y operación del fideicomiso y la obtención, en su caso, de la calificación de calidad crediticia de la estructura de los financiamientos que el Estado contrate con base en el referido decreto y se adhieran al fideicomiso; en el entendido de que el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo a través de Sefiplan, podrá pagar los gastos y demás erogaciones, directamente o mediante aportación al fideicomiso de los recursos que se necesiten para tal efecto.

En virtud de lo cual, el Estado deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan obligaciones pendientes de pago a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con base en dicho decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, hasta su liquidación total.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su análisis y, en su caso, dictaminación.

El pleno de la LXV legislatura aprobó el calendario de comparecencias de los órganos autónomos del estado, presentado a través de un Proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 33, fracción II, este Congreso citó a comparecer a las y los titulares de los organismos ante las comisiones permanentes respectivas en el siguiente orden:

En seguimiento de las medidas preventivas que las autoridades sanitarias han previsto para la mitigación y control de los riesgos ocasionados por la enfermedad generada por el

virus SARS-CoV2 (COVID-19), las comparecencias se realizarán en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, conforme a lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 42 votos, la Minuta remitida por el Congreso de la Unión, por la que se reforma la fracción ll del inciso a), del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, indica que la presente reforma garantizará el acceso a la nacionalidad mexicana a todos los ciudadanos que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o padre mexicano, con la finalidad de brindarles certeza jurídica.

Asimismo la instancia dictaminadora coincidió con los proponentes, en que toda persona tiene derecho a la nacionalidad, toda vez que este es el vínculo jurídico que existe entre un Estado, sus leyes y las personas que les permiten el ejercicio de sus derechos políticos, económicos y sociales.

La actual norma analizada por el H. Congreso de la Unión, dicta el documento, impide a quienes son nietos de mexicanos nacidos en territorio nacional pero hijos de personas ya nacidas en el extranjero de recibir la nacionalidad mexicana, lo que a criterio de los integrantes de la Comisión, coarta y limita de sobremanera el derecho de las dos generaciones precedentes de heredarles a título jurídico la cultura nacional, dejando a un segmento de población en posibilidad de resultar ser apátrida, motivo que avala la importancia de la presente Minuta.

Por su parte, la integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, diputada Deisy Juan Antonio, destacó que la nacionalidad reviste a los individuos con un sentido de pertenencia, considerado como un vínculo jurídico entre una persona y un Estado determinado, en virtud del cual se declaran y establecen de forma recíproca obligaciones y deberes.

Asimismo indicó que es obligación de todo Gobierno garantizar una nacionalidad en condiciones de igualdad, asegurando para con sus nacionales, el ejercicio pleno de los derechos asociados a ella.

Dicha Minuta fue remitida por la cámara de Diputados del Congreso de la Unión al Congreso local el pasado 14 de diciembre, y presentada al Pleno durante la Sexta Sesión Ordinaria del Tercer año de ejercicio Constitucional.

Con la finalidad de proteger el patrimonio de productores de frutos en la entidad veracruzana, la diputada María de Jesús Martínez Díaz presentó al Pleno del Congreso de Veracruz una iniciativa que prevé reformar el Código Penal estatal para establecer sanciones a quien transporte frutos, del servicio público o privado, sin haberse cerciorado de la legitima procedencia de los mismos.

Al participar durante la séptima sesión ordinaria, la también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, subrayó que frutos como los cítricos, que se siembran en la zona de Martínez de la Torre o de Álamo-Temapache son robados, sin que la ley obligue a quien los transporta a cerciorarse de su legítima procedencia, lo que repercute directamente en el patrimonio de las personas.

De esta manera, la diputada propone reformar las fracciones I, II y III y se adiciona un último párrafo al artículo 206 del Código Penal estatal para considerar como valor de lo robado a las Unidades de Medida y Actualización (UMA), en sustitución de los días de salario mínimo, aunado a que éstas sanciones se incrementan al doble, con el propósito de inhibir estas prácticas que laceran la economía de las y los productores.

Asimismo, refiere la iniciativa, las sanciones ya previstas se aplicarán a quien, con carácter de arrendador, propietario o conductor, transporte frutos robados en un vehículo automotor, ya sea público o privado, o quien se encuentre detentando, custodiando, vigilando o resguardando vehículos con frutos robados, y que, en cualquiera de estos casos, omita cerciorarse de la legítima propiedad o posesión de los frutos que le solicitaron transportar.

La integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que en ocasiones el robo antes mencionado se realiza en motocicletas, cargando cajas de plástico donde sustraen limón o naranja, para posteriormente venderlos en el mercado local. “Saqueando literalmente de poco en poco los predios que en los que se siembran estos productos, impactando de manera importante los ingresos de nuestros productores, de ahí la necesidad de proteger el derecho de las personas que siembran estos cultivos”, abundó.

Además, la legisladora indicó que, a partir de la entrada en vigor de su propuesta, la autoridad investigadora deberá acreditar la participación o coparticipación o complicidad con quienes resulten ser autores materiales o intelectuales del delito y ello obligará a las personas, principalmente transportistas o conductores, a conocer y requerir documento idóneo que acredite la legitima procedencia de los frutos que transporta en cualquiera de las formas que autorice la ley para hacer los traslados.

Así se evitará que se limiten a señalar que fueron contratados o requeridos verbalmente, y con ello se impida la acción de la justicia y no puedan ser vinculados, generando impunidad. “Siendo esta, la forma que generalmente resulta el modus operandi de las organizaciones que se dedican a este tipo de actividad ilícita y que afecta a las zonas, organizaciones y ciudadanos que se dedican al cultivo y producción de frutos”.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para el trámite legislativo correspondiente.

Con el objetivo de aumentar la oferta, la calidad y se logre incentivar el cultivo del maíz, a través de la profesionalización y tecnificación de esta actividad primaria, la diputada Florencia Martínez Rivera, presentó al Pleno la iniciativa de Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable y Producción del maíz en el estado de Veracruz.

Con esta propuesta, se pretende que agricultores y productores de maíz puedan acceder a mayores fuentes de financiamiento, toda vez que el desarrollo y fomento de este sector primario coadyuvaría a la creación de más y mejores fuentes de empleo, además de la posibilidad de ampliar la capacidad productiva de las fincas y el desarrollo y crecimiento económico regional de las zonas productoras de maíz.

“La presente ley contempla disposiciones jurídicas con la finalidad que el cultivo de maíz se posicione como una fuente generadora de empleo e ingreso, buscando en el largo plazo pasar de una industria de materia prima o cosecha a una de tipo transformativa, es decir, agroindustria que produzca bienes con un valor agregado y se venda mejor en el mercado interno y posiblemente en el externo”, indicó la integrante del Grupo Legislativo de Morena.

La propuesta, compuesta por siete apartados, expone los objetivos de la Ley para el fomento de la producción y oferta de maíz para satisfacer el mercado interno estatal y nacional, regulando las relaciones entre los participantes en la cadena de producción e impulsando el desarrollo integral de las regiones agrícolas de la entidad.

Asimismo, expone la distribución de las competencias de las autoridades estatales para dar cumplimiento al cuerpo normativo, señalando que será el titular del Ejecutivo quien fomente el desarrollo sustentable del cultivo de maíz mediante incentivos en infraestructura, insumos, financiamiento y asesoramiento técnico a los productores, destinando mayores recursos para investigación.

Por su parte, también determina las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), en cuanto a la capacitación, desarrollo, vinculación con la academia, sustentabilidad, promoción y comercialización del maíz en el estado.

En el mismo sentido, se establecen los derechos y obligaciones de los productores de maíz, el Programa Integral para el Desarrollo Sustentable del Cultivo del maíz a cargo de la

Sedarpa, así como el establecimiento, administración y gestión de almacenes para salvaguardar en las mejores condiciones el grano.

De la misma forma, se propone la creación de un fideicomiso de garantías líquidas que opere un programa especial del cultivo de maíz, el cual, con aportaciones del Gobierno del Estado y productores, pueda otorgar financiamiento para la adquisición de tecnología e insumos mediante transferencias directas, coadyuvando a que las instituciones financieras destinen un mayor flujo de recursos crediticios al campo, facilitando el acceso al financiamiento formal a productores del sector rural.

A través de la Sedarpa, se integraría un Registro Estatal de Productores de Maíz, el cual permitirá a los productores gozar de los beneficios que otorgaría la presente propuesta.

Para su estudio y análisis, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y de Hacienda del Estado.

Con el objeto de tipificar, en el Código Penal Federal, como delito la tala clandestina de árboles, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Congreso del Estado una iniciativa con proyecto ante el Congreso de la Unión, con lo que se buscaría imponer de uno a nueve años de prisión y de 300 a tres mil los días de multa, a quien cometa el citado ilícito.

Al participar durante la sesión ordinaria, la legisladora plantea reformar el párrafo primero del artículo 419 del Código Penal Federal para señalar que las penas antes mencionadas se aplicarían a quien ilícitamente realice la actividad de tala de árboles, transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada.

En su intervención en Tribuna, la diputada Trujillo Ortiz precisó que la tala excesiva trae consecuencias que no sólo afectan a la diversidad de flora y fauna sino a la misma vida humana, ya que con la deforestación se liberan miles de toneladas de bióxido de carbono en la atmosfera, “la deforestación causa aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones de carbono producidas por el hombre”.

Subrayó que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 70 por ciento de la madera que se comercializa en México tiene origen ilegal, lo cual da como resultado que la tasa de deforestación de México sea de aproximadamente 155 mil hectáreas por año, de las cuales 60 mil tienen su origen en la tala clandestina.

La representante del Distrito IX, con cabecera en Perote, indicó que el Gobierno Federal ha reconocido que Veracruz es de los estados de la República con mayores índices de tala ilegal. “Además, nuestro estado está entre las diez entidades del país donde no hay investigaciones por tala clandestina”.

Asimismo, recordó que en 1998 -en el Cofre de Perote- una pareja de talamontes dejó encendidas dos antorchas con las que se iluminaban mientras trabajaban al amparo de la noche. Cuando una de ellas cayó al suelo, inició uno de los peores incendios que ha visto el país, que devastó tres mil hectáreas de bosque de pino y oyamel, añadió.

La diputada Ivonne Trujillo señaló que el caso más grave de reducción forestal lo presenta el Cofre de Perote con el 52 por ciento de su extensión desaparecida, ya que de las 11 mil 530 hectáreas que abarcan el Parque Nacional, poco más de seis mil ya no tienen árboles.

A decir de pobladores de la región del Cofre de Perote, expuso la legisladora, bastan apenas unos minutos para derribar árboles a los que les tomaron más de cien años crecer. “Una vez talados, podados y apilados, las vigas de madera de pino y oyamel, especies endémicas, viajan algunos kilómetros a empresas que ya los esperan para convertirlos en tarimas o cajas para empacar fruta” abundó.

La iniciativa, a la que se adhirió el Grupo Legislativo del PAN, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. De aprobarse por el Pleno, el Congreso de Veracruz remitiría al Congreso de la Unión para el trámite legislativo correspondiente.

El Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) propuso, mediante diversas reformas y adiciones al Código Penal del estado, actualizar las sanciones para quien cometa alguno de los delitos previstos en la legislación contra personas mayores de 60 años.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, los integrantes de dicha bancada presentaron una iniciativa de decreto que reforma los artículos 171, 186, 205 y 218 e incorpora adiciones en los artículos 171, 185, 205, 213, 216, 222 y 249, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su propuesta, consideran que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece, en su artículo 3° Bis, los tipos de violencia en contra de esas personas: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y otras. Refieren, además, los resultados de distintos estudios de instituciones que muestran un incremento en este grupo de edad en los niveles nacional, estatal y municipal, así como del documento titulado Maltrato de las personas mayores, publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2020.

De acuerdo con la propuesta, en el caso de asalto, se propone una multa hasta de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y que “si la víctima fuere persona mayor de sesenta años de edad, la pena se incrementará una tercera parte”.

Se contempla, asimismo, que, cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad, la violación sea considerada agravada y se sancione con pena de 10 a 30 años de prisión y multa hasta de mil días de salario.

Referente al delito de abuso sexual, la prisión de cinco a diez años y la multa de hasta doscientos cincuenta días de salario aplican en los casos en que la víctima sea persona mayor de 60 años de edad.

En los casos de abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, despojo y maltrato, cuando el delito se cometa en contra de una persona mayor de 60 años de edad, las penas que correspondan se incrementarán una tercera parte.

La iniciativa, suscrita por las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, fue turnada a la comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

En sesión ordinaria y por obvia resolución, el Pleno de la LXV Legislatura avaló las licencias para separarse del cargo a los diputados Amado Jesús Cruz Malpica, de Morena; Sergio Hernández Hernández y Juan Manuel de Unánue Abascal, del Grupo Legislativo del PAN.

La licencia del legislador Amado Cruz Malpica abarca el periodo comprendido del 28 de enero al 30 de junio; del diputado Sergio Hernández, del 22 de enero al 15 de febrero, y la del diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, 30 días, contados a partir del 21 de enero de este año.

En consecuencia, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General convocar a los respectivos suplentes para que asuman el cargo, en tanto dura cada licencia.

En el desarrollo de la sesión, la coordinadora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), Erika Ayala Ríos, notificó al Pleno la adhesión del diputado del Distrito I, de Pánuco, Rodrigo García Escalante, a esta bancada. Por ende, se instruyó a la Secretaría General realizar los registros correspondientes.

Asimismo, las diputadas y diputados aprobaron, por obvia resolución, la solicitud de licencia del ciudadano Eduardo Rojas Camacho, para separarse del cargo de presidente municipal propietario del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, a partir del 20 de enero y hasta el 7 de junio de la presente anualidad.

Por otra parte, el Pleno se dio por enterado de la remisión del Segundo Informe de Actividades de las diputadas Adriana Paola Linares Capitanachi, Brianda Kristel Hernández Topete, María Esther López Callejas, Florencia Martínez Rivera, Erika Ayala Ríos y Adriana Esther Martínez Sánchez, así como de los legisladores José Magdaleno Rosales Torres, Juan Javier Gómez Cazarín, Rubén Ríos Uribe, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Jorge Moreno Salinas, Wenceslao González Martínez, Antonio García Reyes y Raymundo Andrade Rivera.

Además, se dio entrada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la respuesta de la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) en relación al exhorto de este

Poder Legislativo de realizar una auditoría integral al Organismo Público Descentralizado de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, denominado Instituto Metropolitano del Agua, a fin de determinar el cumplimiento de sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, conforme con el título de concesión otorgado para la prestación de los servicios de agua y saneamiento.

De igual forma, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la solicitud de autorización, enviada por el Gobernador del Estado, para enajenar a título gratuito una superficie, deducida de una mayor, de la parcela 15 z-1 p 1/1 del ex ejido Emiliano Zapata, actualmente municipio de Xalapa, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de una compañía de la Guardia Nacional.

La misma Comisión Legislativa analizará la documentación enviada por el Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (Ople), mediante los cuales solicitan a este Poder una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, para el proceso electoral ordinario 2020-2021.

En los temas desahogados de la correspondencia, este Congreso se dio por enterado de la designación de la C. Nayeli Toral Ruiz como presidenta municipal y del ciudadano José Altamirano Ramírez, como Síndico Único, de Actopan, informado por el propio ayuntamiento.

Debido a que con la pandemia la demanda del servicio de transporte público ha disminuido y los ingresos de concesionarios y choferes se ha visto mermado drásticamente, aunado a que tienen que realizar actividades diarias y trámites que repercuten en su economía, la diputada Magaly Armenta Oliveros presentó una iniciativa de decreto que reforma la Ley 589 de Tránsito y Transporte y se deroga el artículo 59 de la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial, ambas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su intervención en Tribuna, la también presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad de la LXV Legislatura subrayó que los prestadores del servicio público de transporte, en sus diversas modalidades, requieren el apoyo de sus representantes populares, toda vez que se vive una crisis económica y es necesario crear los mecanismos que les permitan a este sector continuar prestando el servicio y además seguir llevando el sustento a sus familias.

De acuerdo a la iniciativa, se busca evitar que los ciudadanos que posean una o varias concesiones de transporte y además cuenten con vehículo particular, tengan que realizar doble gasto al momento de sacar la licencia de conducir.

Ya que la ley señala los tipos de licencia, como lo son: la A, para vehículos de transporte público; la B, para unidades de servicio de transporte público y de carga; la C, para particular y la D, para vehículos de dos o tres ruedas, así como la E, para vehículos de maquinaria para construcción o agrícolas

La propuesta de la diputada del Grupo Legislativo de Morena radica en unificar los criterios, con la finalidad de que la licencia de chofer tipo A, permita a su titular la conducción de automotores especificados para las licencias tipos B y C, y en su caso la primera de estas, acredite la conducción de vehículos en el que se requiera la tipo C, sin necesidad de obtener y portar una licencia distinta para cada uno de los tipos establecidos.

De igual modo y en apoyo a la economía de las y los transportistas, en su modalidad de taxi, se prevé ampliar, de ocho a diez, los años la vida útil de las unidades destinadas a prestar este servicio, “siempre y cuando las condiciones físicas y mecánicas de la unidad sean idóneas para el traslado cómodo y seguro de pasajeros”, agregó.

Se propone que parte del contenido de la fracción VII del artículo 134 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, en relación a la prevención de la contaminación, sea trasladado al artículo 132 de la misma Ley, a fin de que no se actualice la revocación de la concesión de que se trate, por no contar con la verificación vehicular y el engomado correspondiente, sino que se inicie con la suspensión de los derechos de concesión, como una medida de apoyo para los concesionarios.

“No es que se tolere la falta de la verificación, si no que se evite emitir resoluciones de revocación de concesión, cuando por una omisión u olvido del concesionario, no acuda al centro de verificación en la fecha que le correspondía, no obstante que la misma se encuentre en buenas condiciones y sea apta para aprobar la verificación”, puntualizó.

Posterior a su lectura en Tribuna, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad. Se adhirieron los integrantes del Grupo Legislativo de Morena y del Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM).

El Congreso del Estado recibió al titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) de Gobierno del Estado, Iván Joseph Luna Landa, quien presentó ante la Comisión Permanente de Gobernación los resultados de su gestión durante el segundo año de la presente administración estatal.

En presencia de los diputados Rubén Ríos Uribe y Raymundo Andrade Rivera y de la diputada María Josefina Gamboa Torales, presidente, secretario y vocal, respectivamente, el servidor público dio cuenta de las acciones realizadas desde esa dependencia para que las y los veracruzanos tengan acceso a la información oportuna y relevante sobre los programas, acciones y servicios de la administración pública.

Luna Landa reconoció a esta LXV Legislatura por la aprobación de la Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, que –dijo- proporciona el marco de actuación del cual emana el Padrón Estatal de Medios de Comunicación, que permite garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Informó también que, hasta el 30 de noviembre del presente año, han obtenido su registro en el Padrón 307 medios, de los cuales 187 son digitales, 52 electrónicos, 49 impresos, 18 complementarios y 1 público, tanto estatales como nacionales.

De acuerdo con su titular, la CGCS ha colaborado con todas las dependencias de la administración pública informando sobre las distintas acciones realizadas desde el Gobierno del Estado, con la finalidad de promover bienestar a toda la población, sin embargo, ha tenido que adecuarse a las circunstancias atípicas y los nuevos modelos de consumo de medios que se presentaron ante la pandemia por Covid-19.

Pormenorizó las campañas implementadas por este gobierno para así cumplir los objetivos institucionales en apoyo de las secretarías que con gran capacidad atendieron el tema económico, antes y durante la pandemia.

Especial mención hizo de la campaña de prevención contra el Covid-19, para difundir las medidas sanitarias entre la población, desde las primeras indicaciones con la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el uso correcto del cubrebocas. Esto –dijo- ha permitido coadyuvar a que la población conozca y atienda dichas indicaciones para el adecuado control de la epidemia.

Destacó el trabajo que la CGCS y Radio Televisión de Veracruz realizan en apoyo a la

Secretaría de Educación de Veracruz para mantener informada a la sociedad sobre los temas y horarios de la programación Aprende en Casa, para lo cual se puso a disposición de los estudiantes y profesores distintas producciones para la enseñanza y el aprendizaje de distintas materias.

Luna Landa aclaró que, desde el inicio de esta administración, la CGCS no destina recursos en la contratación de terceros para el diseño y elaboración de los productos informativos y publicitarios difundidos a través de distintos medios; todo el trabajo es realizado por servidores públicos de la dependencia.

De manera cotidiana, la CGCS informa sobre las actividades, obras y servicios de la Administración Pública Estatal. En el año reciente, envió a medios mil 608 comunicados, proporcionando información de las actividades que realiza cada una de las dependencias, sobre los temas fundamentales para el actual gobierno.

En colaboración con la Secretaría de Salud de Veracruz, remitió 439 comunicados, con la información más actualizada sobre la situación actual del coronavirus, información oportuna sobre las acciones y campañas que realiza la dependencia para combatir el dengue, o el trabajo que ha realizado esta Secretaría con la histórica rehabilitación y construcción de clínicas, principalmente en las comunidades más apartadas.

Como parte de un gobierno itinerante, hasta el momento, la CGCS ha realizado mil 494 coberturas en las 10 regiones de la entidad, lo que –consideró el funcionario- se refleja en información diaria en beneficio de la sociedad.

En redes sociales, a través de las cuentas institucionales del Gobierno del Estado se han alcanzado más de 184 millones de impactos y casi 4 millones de interacciones en las más de 17 mil publicaciones realizadas en el último año.

En lo que va de la contingencia, esta dependencia envió 260 boletines de la Estrategia Estatal contra el Coronavirus y como parte de las acciones que realizan todas las dependencias se enviaron 162 más para reforzar medidas, acciones y estrategias para el bienestar de la población.

Asimismo, para combatir la desinformación, desde el pasado 16 de marzo, fecha en que se presentaron los primeros casos sospechosos en la entidad, inició la transmisión de actualizaciones diarias de Covid-19 en las que participa el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, con su equipo de epidemiólogos. Éstas se transmiten a través de Radio Televisión de Veracruz y redes sociales del Gobierno del Estado. A la fecha, se han realizado 255 transmisiones.

El servidor público hizo un llamado a los legisladores y legisladoras, medios de comunicación, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y ciudadanía en general “para que se sumen a los esfuerzos que estamos realizando para combatir esta otra epidemia, la de la desinformación, pues más que afectar a un gobierno,

afectan a la sociedad, y tienen consecuencias negativas, principalmente entre las personas más vulnerables”.

Finalmente, agradeció a todos los servidores públicos de la CGCS y de Radio Televisión de Veracruz y enlaces de cada Secretaría, principalmente, a aquellos que durante esta pandemia han trabajado de manera ininterrumpida a fin de mantener informada a la sociedad veracruzana. “Su compromiso ha sido fundamental en la labor que todos los días realiza el Gobierno del Estado para hacer frente a esta contingencia”.

La Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la LXV Legislatura atendió la comparecencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), María del Rocío Pérez Pérez, quien dio cuenta de las acciones en la materia llevadas a cabo durante el reciente año de la administración estatal.

Durante su exposición, detalló acciones implementadas tanto por la Secretaría como por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) en desarrollo forestal, reforestación, combate a incendios forestales, control de la contaminación, gestión ambiental y presupuesto, entre otras.

En presencia de la diputada Margarita Corro Mendoza y de los diputados Juan Manuel de Unanue Abascal y Antonio García Reyes, presidenta, secretario y vocal de la Comisión, respectivamente, habló de las acciones que la Sedema realizó en relación con los indicadores del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 orientados a contribuir al cumplimiento de los Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 y 15 de la Agenda 2030.

Desarrollo forestal y reforestación

La funcionaria destacó que, en el marco del programa federal Sembrando Vida, con una inversión de 30 millones 640 mil pesos (mdp), provenientes de la Secretaría de Bienestar, se logró la producción de cuatro millones de plantas.

Con el Programa Estatal de Reforestación, se alcanzó la producción de 670 mil plantas, lo que permitió apoyar a 21 municipios a través de la asistencia técnica y la recuperación de vegetación en áreas afectadas por incendios.

En estas acciones, mencionó también las 150 hectáreas reforestadas del Área Verde Reservada para la Educación Ecológica de San Juan del Monte (1.5 mdp), 205 hectáreas del municipio de Las Vigas de Ramírez (1.8 mdp) y 56.4 hectáreas de bosques y selvas del estado, mediante la donación de 5 mil 970 plantas en beneficio de 18 municipios.

Incendios forestales

La Secretaria informó que, de noviembre de 2019 a octubre de 2020, 144 incendios forestales se suscitaron en 33 municipios de la entidad y afectaron una superficie de 3 mil 759.2 hectáreas.

La inversión para prevenir, controlar y combatir los incendios forestales fue de 6.998 mdp, aplicados en el pago de los brigadistas, gastos de campo y la adquisición de equipo básico de protección, señaló la Secretaria y detalló también las acciones del Programa Fortalecimiento del Centro Estatal de Incendios Forestales y las de control, combate y liquidación de 63 incendios forestales.

Ponderó también la aplicación Incendios Móvil, gracias a la cual, dijo, fueron atendidas oportunamente 77 áreas siniestradas en las Unidades de Manejo Forestal de Los Tuxtlas, Orizaba-Sierra de Zongolica y Perote, sumando con ello más de 3 mil hectáreas atendidas por brigadistas oficiales.

Control de la contaminación y participación social

De acuerdo con su titular, a la fecha, la Sedema tiene registrados 29 rellenos sanitarios, de los cuales sólo cinco cumplen con las condiciones establecidas por la NOM-083-Semarnat-2003: Tampico Alto, Poza Rica, Gutiérrez Zamora, “El Tronconal” en Xalapa y “El Guayabo”, en Medellín.

Este año, la Sedema participó en la organización de tres reciclones para la colecta de Residuos de Manejo Especial en los municipios de Xalapa e Ixtaczoquitlán, con un acopio de 31 mil 459 litros de aceite vegetal usado y 167.62 toneladas de residuos como: llantas, electrónicos y pilas.

Del 24 al 30 de octubre, con los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán, Jilotepec, La Antigua y Xalapa y la empresa Geocycle, en el Llantatón 2020 se logró recolectar 137 toneladas de neumáticos para su correcta disposición final y evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Del 14 al 26 de septiembre, brigadas forestales de Uxpanapa y Los Tuxtlas, pescadores, ejidatarios, los ayuntamientos de Ignacio de la Llave y Cuichapa y la PMA realizaron labores de limpieza en el Río Blanco y recolectaron 103 toneladas de palizada y 3 mil 100 kilos de pet y otros residuos.

Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, destacó la Secretaria, fueron impartidas más de 100 charlas virtuales dirigidas a la sociedad en general en temas de interés común como: Bienestar Animal, Contaminación del agua, Cambio Climático, Residuos, Impacto Ambiental, Deforestación y Participación Social, entre otros.

A esto sumó los simposios virtuales en los que participaron 864 personas entre autoridades municipales y estatales, representantes de organizaciones civiles y de la sociedad en general de 73 municipios, así como la participación de 6 mil 507 personas en el programa Promotores Ambientales.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente

En lo que se refiere a las acciones de la PMA, en el marco del Convenio de Coordinación para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, la Procuraduría suscribió 10 convenios, un total de 40 en lo que va de la presente administración, con varias instituciones académicas, instituciones gubernamentales, empresas y asociaciones civiles.

A esto añadió el convenio de cooperación técnica firmado por la PMA y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) con el propósito de garantizar la aplicación de las leyes en materia medioambiental para la correcta utilización de los recursos públicos.

En atención a las denuncias ciudadanas respecto de algunos ayuntamientos que arrojan los residuos sólidos urbanos a cielo abierto, la PMA llevó a cabo 97 clausuras, de las cuales, 8 han sido por una incorrecta disposición de residuos sólidos urbanos.

Como parte de las acciones de prevención para evitar la propagación del COVID-19, la PMA preparó un total de 240 mil litros de solución sanitizante antiviral, que ha sido aplicada en 12 mil 452 unidades de transporte público, 64 centros de salud, 22 dependencias de gobierno, 10 cuerpos de bomberos, ocho palacios municipales, cuatro escuelas, dos mercados, dos bancos rurales, dos oficinas de prensa, un comedor comunitario, en diversas empresas y en el edificio de la PMA, beneficiando a 30 mil 360 personas con estas actividades en 40 municipios.

Al término de su exposición, la Secretaria respondió las preguntas formuladas por las y los diputados.