El Pleno de la LXIV Legislatura de
Veracruz aprobó el Dictamen por el cual se reforma el artículo 18 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, para establecer como facultad de
la Secretaría de Gobierno coordinar y ejecutar programas especiales y acciones
de protección y atención a favor de las personas migrantes veracruzanas y sus
familias, así como acciones de atención a favor de las personas migrantes
extranjeras asentadas o en tránsito por la entidad, con independencia de su
situación migratoria. Esta reforma –resultado de la iniciativa que presentó el
27 de noviembre de 2017 la diputada Miriam Judith González Sheridan- establece
en la legislación la obligación a cargo del estado de brindar atención a
migrantes, en particular en lo que respecta a la protección de sus derechos
humanos. El Dictamen registró 41 votos a favor de los diputados de los Grupos
Legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz; los legisladores
de los Partidos Nueva Alianza y Del Verde Ecologista de México, así como de las
diputadas independientes Miriam Judith González Sheridan y Eva Cadena Sandoval.
Señala que de los flujos de migrantes no veracruzanos el más visible es
el de los llamados migrantes en tránsito, quienes ingresan de manera irregular
por la frontera sur del país buscando atravesar el territorio mexicano para,
posteriormente, internarse en suelo estadounidense, también de manera
irregular. Para ellos –indica- Veracruz se convierte en paso obligado cuando
deciden realizar su recorrido a través de la llamada ruta del Golfo. Con la
reforma, en materia de derechos humanos, de 2011, a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la expedición de la Ley de Migración ese mismo
año, las obligaciones de respeto, promoción, protección y atención a los
derechos de los migrantes se extienden a las autoridades de los tres Poderes y
a los tres niveles de gobierno, lo que implica para todos ellos, generar las
condiciones legales e instrumentales para que tales derechos sean ejercidos por
sus titulares. La diputada Miriam Judith González Sheridan destacó la
importancia de esta modificación, toda vez que establece la obligación del
Estado de proteger a los migrantes y que permitirá avanzar en una adecuada
armonización de la legislación federal y los tratados internacionales en la
materia.
