De interponer un recurso de revisión contra la sentencia de un juez federal que ordena legislar para permitir el aborto bajo ciertas causales, los diputados locales podrían enfrentar consecuencias legales.
La integrante de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Esmeralda Lecxiur Ferreira advirtió que los efectos de no acatar la sentencia del juez podría alcanzar a todos los legisladores, repitan o no en el cargo.
La abogada forma parte de una de las organizaciones civiles que interpuso la demanda ante el poder judicial federal planteando que los legisladores vulneraron diversos derechos humanos de las mujeres, entre ellos los sexuales, reproductivos, a la salud y a la vida con su negativa a trabajar en este tema.
Hay que recordar que en 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) decretó la segunda Alerta de Género para la entidad, proponiendo modificaciones a los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, mismas que fueron desatendidas por los diputados locales que dejaron este tema en comisiones.
Pese a lo anterior, tras conseguir el amparo del juez federal la experta lamentó que el presidente de dicho órgano al interior del Poder Legislativo, Sergio Hernández Hernández, haya anunciado que “apelarán” la sentencia del amparo, mostrando con ello su completo desconocimiento en esta materia así como dando pie a que en esta ocasión los integrantes del Congreso puedan ser señalados directamente de violentar las garantías de las mujeres en Veracruz.
Al respecto, Lecxiur Ferreira recordó que la instrucción del juez federal Decimoctavo de Distrito es que la JUCOPO debe de cumplir como máximo el 31 de julio de este año para ampliar las causales en torno a la Interrupción legal del embarazo, lo que no significa legalizar el aborto como tal.
«Ya lo habíamos dicho, las consecuencias pueden ser jurídicas, desde el punto de vista de un amparo, como cualquier otro amparo lo sería: si no cumples hay sanciones y procedimientos a seguir en tu contra”, subrayó.
Es de mencionar que la resolución del Poder Judicial ordena al Poder Legislativo de Veracruz despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, reformando el Código Penal, para que el aborto sea tratado como un tema de salud pública y no de política criminal.
