Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron la nueva Ley en Materia
de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz, cuyo objeto es
establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre
el Estado y sus municipios, para buscar a las Personas Desaparecidas y No
Localizadas y esclarecer los hechos.
De
igual forma, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en
materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, así como los delitos vinculados señalados por la Ley General.
Esta
Ley, resultado de las iniciativas que presentaron el diputado Rogelio Arturo
Rodríguez García, del Grupo Legislativo de MORENA y la diputada María Josefina
Gamboa Torales, del Partido Acción Nacional (PAN), fue avalada con 46 votos a
favor, sin votos en contra o abstenciones.
Esta
Ley tiene como objeto, también, establecer el Mecanismo Estatal de Coordinación
en Materia de Búsqueda de Personas; crear la Comisión Estatal de Búsqueda;
garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas
hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia,
la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no
repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable.
De
igual forma, está el garantizar la participación de los familiares en el
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e
identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar
la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter
sus opiniones, recibir Información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a
los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional.
Se
prevé un Banco Nacional de Datos
Forenses, como herramienta del Sistema Nacional que concentre las bases
de datos de las entidades federativas y de la federación; así como, otras bases
de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e
identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No
Identificadas, como el Registro que concentre la información forense
procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los
restos tanto de la Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera que
sea su origen.
Los
servidores públicos que incumplan injustificadamente con alguna de las
obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán
sancionados en términos de lo
establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado.
La
Comisión Estatal de Búsqueda es un
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno,
dependiente directamente de la persona titular de ésta, que determina, ejecuta
y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No
Localizadas, en todo el territorio del Estado de Veracruz.
El
poder Ejecutivo del Estado deberá establecer un fondo para las funciones,
obligaciones y atribuciones inherentes a la Comisión Estatal de Búsqueda; y
para el cumplimiento del objetivo que
establece la presente Ley y la Ley General.
Este
fondo deberá contemplar, al menos: recursos suficientes para el funcionamiento
adecuado de la Comisión Estatal de Búsqueda; para la implementación y ejecución
del Programa Nacional de Búsqueda; la función adecuada de los Registros y el
Banco que prevé la Ley General; el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa
Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y para la implementación y
ejecución de las acciones de búsqueda.
En
los posicionamientos, la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales detalló
que esta reforma fue resultado de las aportaciones de colectivos de
desaparecidos. Destacó la creación del mecanismo por el cual participan más
autoridades en la búsqueda de desaparecidos y exhortó a continuar trabajando
para mejorar la legislación.
Del
Grupo Legislativo de MORENA, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García dijo
que Veracruz se pone a la vanguardia en esta materia. Esta reforma culmina el
esfuerzo de colectivos de diversas regiones y organismos de defensa de derechos
humanos. Consideró como urgente la publicación de esta ley, ya que la
desaparición de personas es un tema lacerante que daña a la sociedad.
De
igual forma manifestaron sus posicionamientos a favor del Dictamen las
diputadas Guadalupe Osorno Maldonado y Cinthya Lobato Calderón.
