Durante la administración de Enrique Peña Nieto, que incluye
una Legislatura del Senado y dos Legislaturas de la Cámara de Diputados, el
Gobierno federal le depositará al Congreso de la Unión más de 66 mil 522
millones de pesos para el gasto corriente y el pago de la nómina de los
senadores y diputados, incluyendo todos sus equipos. Esta cifra dividida entre
los 128 senadores y los 500 diputados arroja que cada legislador federal
costará 105.9 millones de pesos al erario en promedio en los últimos seis años.
Mientras tanto, existe un factor común en el trabajo
legislativo: si bien hay dos mil 96 leyes, reformas o decretos aprobados en las
dos Cámaras, existen otras cuatro mil 557 que están pendientes en temas
prioritarios para la población.
El ejemplo emblemático es el tema de la inseguridad y la
procuración de justicia. La reforma del mando mixto policial se encuentra
congelada desde hace cuatro años, la Ley de Seguridad Interior aún no entra en
vigor por las acciones de inconstitucionalidad promovidas en su contra. Las
reformas al nuevo sistema de justicia penal también están en el cajón, a pesar
de la inconformidad de gobernadores y alcaldes.
Lo que sigue en aumento es el gasto en los privilegios, como
el seguro de gastos médicos, las dietas, autos oficiales, celulares y el
desembolso discrecional en las asignaciones a los grupos parlamentarios, una
bolsa millonaria que algunos sectores de la sociedad civil han acusado de ser
la “caja chica” de los coordinadores.
El Partido Movimiento Ciudadano defiende el recorte a los
privilegios, pero el tema causa revuelo tras la propuesta emitida por la
bancada de Morena, que tendrá la mayoría en la siguiente legislatura. Pretende
una reducción de cuatro mil millones de pesos en el presupuesto anual del
Congreso de la Unión. En otras palabras, si este año se cuenta con un
presupuesto de 13 mil 344 millones de pesos, para el siguiente año quedaría en
nueve mil 344 millones de pesos en las dos Cámaras.
La propuesta del recorte va de la mano con el plan de
austeridad del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Martí
Batres, próximo senador de Morena, explica que el ahorro se lograría a partir
de la eliminación de prestaciones o sueldos, la supresión de partidas a grupos
parlamentarios y comisiones, la disminución de viajes al extranjero, la
reducción de contratos por honorarios, la desaparición del seguro de gastos médicos
y la no adquisición de parque vehicular, entre otros.
El tema será discutido en los siguientes meses, de cara al
análisis y la aprobación del presupuesto federal 2019.
Estamos a favor de la austeridad: Esquer
Alberto Esquer, quien será coordinador de la bancada de
Movimiento Ciudadano en la próxima Legislatura en la Cámara de Diputados,
aseguró que el grupo parlamentario está de acuerdo en la eliminación de los
excesos. Y señaló que tienen una postura a favor de la austeridad.
“Todos estos presupuestos deben ser en beneficio de los
mexicanos, quitando el derroche económico que se ha venido dando en la Cámara
de Diputados. En esa misma agenda estamos proponiendo que se quiten las
pensiones a los ex presidentes, el gasto excesivo en la imagen pública de los
funcionarios federales y que todo ese dinero de ahorros se vaya a una pensión
para los jornaleros agrícolas y para que puedan tener una pensión digna para el
retiro”.
Explicó que impulsarán una agenda para nombrar a un fiscal
autónomo y llevarán al Congreso los mecanismos de participación ciudadana que
impulsó el partido en Jalisco, con la intención de legislar la revocación de
mandato, el presupuesto participativo y el gobierno abierto.
“La participación ciudadana debe ser un verdadero ejercicio
de Gobierno tanto en lo federal, en lo estatal y en lo municipal. Esa agenda
ciudadana la vamos a estar impulsando en lo federal”.
Señaló que su compromiso es sacar de la congeladora la
reforma para eliminar el fuero a todos los funcionarios. Acentuó que también
impulsarán una agenda verde que privilegie las energías limpias y sustentables
en el país.
En materia del campo buscarán que los programas sean
transparentes y el dinero llegue a quienes verdaderamente lo necesitan.
Morena va por recorte de 4 mil millones
La bancada de Morena en el Congreso de la Unión pretende
replicar el plan de austeridad del Presidente electo Andrés Manuel López
Obrador en el Legislativo federal. Proponen ahorros por cuatro mil millones de
pesos cada año en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Los morenistas pretenden recortar dos mil millones del
presupuesto anual de cada Cámara. Con ese planteamiento, la bolsa anual del
Senado pasaría a dos mil 905 millones y la Cámara de Diputados bajaría a seis
mil 439 millones de pesos.
El senador electo Martí Batres explicó que en la Cámara
Alta, los ahorros se lograrían aplicando fuertes recortes a las dietas,
prestaciones, salarios de altos mandos, estructura administrativa, contrato por
honorarios, aportaciones a grupos parlamentarios y comisiones, pasajes,
viáticos y en materiales y suministros.
“Ya estamos hablando de los privilegios de los senadores,
pero ahora también vamos a hablar de los privilegios de los altos mandos de la
Cámara de Senadores”.
En una década, fracasan cinco intentos para recortar a los
“pluris”
Durante una década se han presentado varias iniciativas para
recortar el gasto del Congreso de la Unión mediante la disminución de
legisladores plurinominales. Sin embargo, ninguna ha prosperado.
En 2009, el entonces Presidente Felipe Calderón envió una iniciativa
para reducir de 200 a 100 los diputados plurinominales. La propuesta fue
rechazada por la bancada del PRI, al señalar que se necesitaba una reforma al
Congreso para volver funcional al Poder Legislativo. El PAN insistió en el tema
en mayo de 2011, pero de nueva cuenta se topó con pared.
En octubre de ese mismo año, el entonces aspirante a la
Presidencia de la República Enrique Peña Nieto propuso eliminar 100 diputados
plurinominales, poco antes de ganar la candidatura del tricolor.
En 2014, el PRI retomó la propuesta y lanzó una consulta
popular para disminuir 100 diputados federales y 32 senadurías por el principio
de representación proporcional. La consulta fue declarada inconstitucional por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Casi tres años más tarde, en enero de 2017, en medio de las
protestas por el aumento de los combustibles, el PRI insistió en el tema una
vez más y el Grupo Parlamentario del tricolor presentó ante la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución
para disminuir el número de legisladores federales.
La propuesta de la bancada priista, que tampoco vería la
luz, explicaba que se lograrían ahorros de 178 millones de pesos al año en la
Cámara de Diputados y de 62 millones en el Senado de la República.
En su momento, el vicecoordinador parlamentario Jorge Carlos
Ramírez Marín aseguró que el Congreso se había convertido en una onerosa
burocracia que dificultaba el trabajo legislativo. Además, pidió no caer en el
simplismo de recortar viajes o seguros de vida.
“Eso es responder a la coyuntura… eso es querer ponerse un
traje que no le queda hoy a nadie en esta generación de políticos, que han
visto pasar la transformación del país y no han intervenido para hacer la
transformación del Congreso, su real y auténtica transformación. No es
comprensible un Congreso de este tamaño en un país con este tamaño de
desigualdades. Tenemos un país que exige acciones más rápidas, determinaciones
más rápidas, legislaciones más eficientes”.
La propuesta fue calificada por expertos como un intento por
aprovecharse del descontento social y advirtieron que desaparecería del
espectro a las minorías en el Congreso al otorgarle una mayoría absoluta al
PRI. Finalmente, la iniciativa no pasó.
Opacidad en el gasto
Falta de transparencia en las asignaciones presupuestarias
para los grupos parlamentarios, el otorgamiento de bonos y recursos para
gestoría, son algunas de las prácticas opacas que prevalecen en el Congreso de
la Unión.
Así lo reveló el último Reporte Legislativo de Integralia,
donde se señala que en los últimos años hay un aumento sistemático del
presupuesto sin justificación alguna.
De acuerdo con el documento, que analiza el primer año de la
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de 2000 a 2016, el presupuesto de
la Cámara de Diputados aumentó un 85%, al pasar de cuatro mil millones a siete
mil 559 millones de pesos. En el mismo periodo, en el Senado de la República
esta bolsa aumentó de dos mil 136 millones a cuatro mil 422 millones, un
incremento de 107 por ciento.
Mientras que en el último año de la Legislatura, los
incrementos no se han detenido. El presupuesto actual en ambas Cámaras es de
ocho mil 439 millones para los Diputados y de cuatro mil 905 millones para los
Senadores.
Por su parte, los incrementos en las asignaciones
presupuestarias para los grupos parlamentarios no paran. En la Cámara Baja
estas subvenciones se incrementaron 40% entre la Legislatura de 2009-2012 y
2012-2015, al pasar de dos mil 615 millones de pesos a tres mil 671 millones.
En el Senado, de enero de 2014 a junio de 2015 se gastaron
mil 848 millones de pesos por este concepto.
El problema con las asignaciones a los grupos parlamentarios
es la opacidad. Se buscó información actualizada a este año del gasto y en el
Senado no se localizó un documento que informara con precisión sobre la partida
3993, sólo se encontraron informes trimestrales del presupuesto ejercido que lo
incluyen de forma general en la partida de Otros servicios generales. Aunque
según varios medios nacionales, en 2018, las bancadas podrán disponer de mil 51
millones de pesos.
Por otro lado, en la Cámara de Diputados no se localizó
documento alguno que precisara este desembolso. La información presupuestaria
disponible en su página web sólo especifica por capítulo y lo mismo en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot).
De acuerdo con el estudio de Integralia, los vacíos legales
para justificar y transparentar el gasto de las bancadas ha permitido que estos
recursos funcionen en algunas ocasiones como la “caja chica” de los
coordinadores parlamentarios.
A principios de este año, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) detectó en su revisión a la Cuenta Pública 2016 del Congreso
de la Unión, irregularidades por al menos mil 616 millones de pesos, en
particular en Subvenciones y otros conceptos asociados a la actividad
legislativa. En el Senado, los legisladores no aclararon ni justificaron el uso
de mil 16 millones de pesos en “Asignaciones a los grupos parlamentarios”.
En junio pasado se dio a conocer que la senadora con
licencia del PT, Layda Sansores, facturó a nombre del Senado gastos personales
que ascienden a 700 mil pesos durante 2016 y 2017. Tales como tintes para el
cabello, desodorantes, pasta de dientes y ropa, entre otros. La legisladora
negó que fueran gastos personales.
